Documento de referencia para la mesa redonda de Jefes de Estado y de Gobierno y Directores de Organismos: «Cómo abordar las consecuencias de la crisis financiera»

En esta mesa redonda se discuten posibles medios para salir de la crisis. Dada la gravedad de la situación del empleo que atraviesa Europa es indispensable estudiar el margen de acción para una estrategia de recuperación intensiva en empleo.

Las diferentes fases de la respuesta a la crisis

Inmediatamente después de la crisis financiera mundial de 2008-2009 se puso en marcha una estrategia coordinada de respuesta que arrojó buenos resultados. Dicha estrategia incluía medidas de estímulo fiscal que con frecuencia se adoptaron apoyándose en procesos de diálogo social con los interlocutores sociales. Ello impidió una disminución drástica de las tasas de crecimiento y ayudó a limitar la pérdida de puestos de trabajo.

Ahora bien, el rescate de las instituciones financieras y la asignación de recursos para las medidas de estímulo produjeron en muchos países un brusco incremento del déficit de las finanzas públicas, lo que a su vez ocasionó incertidumbre en los mercados financieros, con un impacto negativo en los costos del servicio de la deuda y la deuda soberana.

En respuesta a estos problemas se adoptaron posteriormente, sin mediar procesos de diálogo social o con procesos de diálogo social muy limitados, políticas de consolidación fiscal que incluían drásticos recortes en la inversión pública, los salarios, los recursos destinados a las políticas de mercado de trabajo y las prestaciones sociales.

Se esperaba que estas medidas estabilizaran los mercados financieros, restablecieran los flujos de crédito para el sector empresarial y fomentaran la inversión privada y la creación de empleo. Estas expectativas no se cumplieron y la débil demanda agregada de los mercados nacionales se contrajo todavía más. Por otra parte, debido al incremento desproporcionado de los tipos de interés de los préstamos, muchas empresas no pudieron mejorar su competitividad ni crear empleo ante la falta de incentivos para invertir y la imposibilidad de hacerlo. Estas medidas, que condujeron a un derrumbe de la demanda agregada, no contribuyeron a reducir el déficit fiscal ni el nivel de endeudamiento público sino que dieron lugar a nuevas medidas de consolidación fiscal, creando de este modo un círculo vicioso de más medidas fiscales que debilitaban aún más la economía. Además, esta estrategia no abordaba una serie de desequilibrios estructurales que existían antes de la crisis (por ejemplo las ineficiencias de los mercados financieros o, en algunos países, las limitaciones de la base de exportación) y, de manera más general, las crecientes desigualdades del mercado de trabajo y de los ingresos.

El impacto en Europa y Asia Central

La zona del euro se contrajo un 0,6 por ciento en el último trimestre de 2012, con repercusiones importantes en otros países de la región. Los países de Europa Meridional afectados por la crisis están experimentando una profunda y prolongada recesión, y la tasa de desempleo ha alcanzado niveles sin precedentes en la UE y Europa Sudoriental. En noviembre de 2012 el número de desempleados en la UE-27 había aumentado más de 2 millones en comparación con el año anterior. La situación de los jóvenes es particularmente grave ya que casi uno de cada cuatro no tiene trabajo en este momento, proporción que en algunos países de Europa Meridional es de más de uno de cada dos. En todos los países afectados por la crisis, la alta tasa de desempleo, la creciente inseguridad del empleo y los ingresos, y los recortes en las prestaciones de seguridad social a consecuencia de las medidas de austeridad han agudizado la percepción de las injusticias y dado pie a manifestaciones pacíficas y expresiones de descontento social algo más violentas. En estas circunstancias, el efecto de contagio a otros países de Europa es sólo una cuestión de tiempo.

Responder a los desafíos: medios para salir de la crisis

Se reconoce cada vez más que el diálogo social y una dimensión social son dos elementos imprescindibles de las medidas para superar la crisis actual e impedir que vuelva a repetirse. Un ejemplo en este sentido es el paquete de medidas de inversión social adoptado por la Comisión Europea el 20 de febrero, cuyo énfasis en que la inversión social es un elemento indispensable para generar crecimiento y crear empleo representa un cambio de paradigma. En este sentido, el diálogo social tripartito es un instrumento eficaz para formular estrategias apropiadas encaminadas a aumentar las inversiones en la economía real y lograr un crecimiento intensivo en empleo. Sin este tipo de estrategias no es posible consolidar un crecimiento económico sostenible basado en una buena coordinación de las políticas sociales, económicas y de empleo. Es necesario equilibrar cuidadosamente la consolidación fiscal mediante la adopción de medidas que promuevan el crecimiento sostenible, las inversiones en la economía real, así como el cambio estructural y la transformación tecnológica, de modo que se rectifiquen distorsiones estructurales, aumenten la productividad y la competitividad, y se favorezca la creación de empleo productivo, reduciendo gradualmente la segmentación del mercado laboral.

Ahora bien, una política de estas características conlleva ciertos costos, de ahí que haya que plantearse la pregunta de dónde encontrar o cómo generar el margen fiscal que ello requiere. Esta cuestión es inseparable de la orientación de las inversiones y políticas fiscales de los Estados.

Los participantes tal vez estimen oportuno examinar las siguientes cuestiones:

- ¿Cómo deberían modificarse las respuestas a la crisis a fin de neutralizar sus efectos negativos en los ámbitos social y del empleo? ¿Cómo puede garantizarse un margen fiscal adecuado que permita imprimir un giro a las políticas?

- ¿Es necesaria una gobernanza económica que concilie los objetivos del crecimiento económico y la competitividad con unas políticas sociales y de empleo sostenibles? ¿En qué consistiría este modelo y qué papel desempeñaría en él el diálogo social?

- ¿Cómo puede contribuir la OIT a la formulación de políticas regionales y nacionales que promuevan la creación de empleo y el crecimiento sostenible y, al mismo tiempo, mitiguen las desigualdades en el mundo del trabajo?

Documento de referencia para la mesa redonda tripartita de alto nivel OIT/FMI/EC: «La recuperación de la crisis: políticas coherentes para el crecimiento y el empleo»

La finalidad de esta mesa redonda es examinar de qué manera pueden contribuir las políticas económicas, sociales y de empleo a la recuperación de la crisis y a un crecimiento sostenido e incluyente intensivo en empleo. Establecer sinergias más sólidas entre las políticas y estrategias fiscales, monetarias y financieras con el fin de aumentar la cantidad y la calidad del empleo es una cuestión de suma importancia. La mesa redonda examinará, pues, de qué manera el mundo del trabajo, representado por los mandantes tripartitos de la OIT, puede interactuar de forma eficaz con los responsables de la política económica para alcanzar los objetivos comunes del crecimiento económico sostenible y la justicia social.

Indicios prometedores

Desde el inicio de la crisis el sistema multilateral, las organizaciones internacionales y las instituciones regionales han propuesto respuestas a la crisis que incluyen iniciativas en favor de políticas coherentes para el crecimiento y el empleo.

- En la Cumbre de Pittsburgh del G-20, celebrada en 2009, los líderes mundiales reconocieron la importancia del Pacto Mundial para el Empleo de la OIT y se comprometieron a aplicar planes de recuperación que apoyen el trabajo decente, ayuden a preservar el empleo y den prioridad a la creación de puestos de trabajo.

- En la Conferencia de alto nivel FMI/OIT sobre «Los desafíos del crecimiento, el empleo y la cohesión social» que se celebró en Oslo en septiembre de 2010, ambas instituciones coincidieron en que era necesario tener debidamente en cuenta las consecuencias sociales de la crisis, lo que requería intensificar su colaboración en ámbitos tales como la aplicación de los pisos nacionales de protección social, el crecimiento generador de empleo y un diálogo social efectivo. Entretanto, la OIT y el FMI han seguido colaborando a nivel de los países, también en la UE: en las reuniones tripartitas OIT/FMI celebradas en Bulgaria y Rumania los mandantes nacionales tuvieron la ocasión de profundizar el diálogo económico y social; en el caso de Rumania, los mandantes nacionales pudieron discutir el impacto de las reformas en las organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como en los mecanismos y resultados de la negociación colectiva.

- En un informe conjunto de la OIT, la OCDE, el FMI y el Banco Mundial para la Cumbre del G-20 de Los Cabos (2012), se afirmaba que al examinar nuevas medidas para acelerar el ritmo de la recuperación del empleo, los países del G-20 tal vez estimen oportuno centrarse en esferas concretas que abarquen tanto la demanda como la oferta del mercado de trabajo. En su Declaración, un Plan de Acción para el Crecimiento y el Empleo, los líderes del G-20 convinieron en que si las condiciones económicas se deterioraban de forma significativa, varios países del G-20 estarían dispuestos a coordinar e implementar medidas discrecionales para apoyar la demanda interna.

- En una reunión que tuvo lugar en Berlín en octubre de 2012 cinco grandes organizaciones internacionales, entre las que se contaban el FMI y la OIT, insistieron una vez más en la necesidad de adoptar políticas macroeconómicas que fueran acompañadas de medidas de fomento del empleo.

- En la reunión del Consejo Europeo celebrada en diciembre de 2012, el Presidente del Consejo Europeo presentó un nuevo proyecto de hoja de ruta para completar la Unión Económica y Monetaria en el que figuraba explícitamente una dimensión social que incluía el diálogo social y mecanismos de solidaridad.

- Por último, el paquete de medidas de inversión social puesto en marcha por la Comisión Europea el 20 de febrero supuso un cambio de paradigma por su insistencia en que la inversión social constituía un elemento inevitable para generar crecimiento y empleo.

Deterioro del modelo social europeo

Inmediatamente después de la crisis varios países plantearon iniciativas en las que se propugnaba la aplicación de políticas coherentes en materia de crecimiento y empleo. Sin embargo, cuando la responsabilidad de los créditos incobrables acumulados pasó del sector privado al sector público, en 2010 las políticas comenzaron a orientarse hacia la consolidación fiscal. Los países más expuestos se han visto en la obligación de adoptar políticas de austeridad estrictas. En concreto, los programas de ajuste económico que la «troika» — la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional — ha aplicado en los países de la UE afectados por la crisis se han centrado sobre todo en la reducción del déficit fiscal y la deuda pública. La conjunción en varios países de una recesión de origen financiero y una drástica contracción fiscal ha repercutido negativamente en el empleo, sobre todo en el empleo de los jóvenes, así como en los salarios y la protección social. El nivel de desempleo ha alcanzado niveles que no se registraban desde hacía más de 70 años. Muchos hogares, especialmente los más vulnerables, han caído en la pobreza.

Por lo general, las respuestas de política a la crisis, incluidos los cambios en las políticas sociales y de empleo, se han adoptado sin recurrir al diálogo social. Ello ha dañado en muchos países la estructura y el funcionamiento del diálogo social, así como los sistemas de relaciones laborales. El ejemplo más destacado en este sentido fue abordado por el Consejo de Administración en su reunión de noviembre de 2012, cuando solicitó a Grecia que volviera a poner su sistema de relaciones laborales en conformidad con los derechos fundamentales en el trabajo.

Reconstrucción basada en valores comunes

La aplicación de políticas internacionales coherentes en materia de crecimiento y empleo constituye un gran desafío político, sobre todo en períodos de crisis, en los que es mayor la propensión a dar preferencia a enfoques nacionales que perjudican las perspectivas de recuperación de otros países y amenazan con desencadenar una espiral descendente de diferentes formas de proteccionismo. La mejor garantía política para propiciar una mayor colaboración y coordinación es el compromiso con unos valores y principios comunes.

Las normas internacionales del trabajo, y en particular los principios y derechos fundamentales en el trabajo, proporcionan un conjunto de normas y valores con que se identifican los trabajadores y las trabajadoras de todos los países. Ofrecen, pues, una plataforma a partir de la cual pueden formularse políticas coherentes para alcanzar objetivos sociales, de crecimiento y de empleo. La libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva, además de ser derechos humanos fundamentales, son también medios muy valiosos para alcanzar el consenso, incluso en los casos en que las opciones son difíciles y el progreso un proyecto que necesariamente debe concebirse a largo plazo.

Uno de los principios rectores de la Declaración de Filadelfia de la OIT, que proporcionó la plataforma de valores que guió la recuperación de la Segunda Guerra Mundial tras la Gran Depresión, establece que cualquier política y medida internacional de carácter económico y financiero deberá juzgarse desde el punto de vista del objetivo fundamental de la justicia social.

Estos valores también están consagrados en los tratados de la UE. El Tratado de Lisboa propugna «una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social», incluida la promoción de la justicia social. También hace hincapié en la necesidad de garantizar la coherencia de las políticas en relación con el fomento del empleo, la protección social, la lucha contra la exclusión social, la educación y la formación. Este llamamiento para que se adopten políticas que fomenten la inversión en la economía real y promuevan el empleo de calidad es lo que suele faltar en las respuestas a la crisis en los momentos en que esas políticas son más necesarias.

Los participantes tal vez estimen oportuno examinar las siguientes cuestiones:

- ¿Qué políticas se necesitan para fortalecer la economía real y promover un crecimiento e inversión vigorosos en empresas productivas?

- ¿Cómo puede restablecerse el modelo social europeo para contrarrestar la crisis social?

- ¿Cómo pueden ajustarse el ritmo y el contenido de la consolidación fiscal de modo que pueda crearse un margen para la recuperación del empleo?

- ¿La coordinación internacional de las políticas puede abrir paso a una conciliación más adecuada de los objetivos de la reducción de los niveles de endeudamiento público y privados y de la inversión sostenida en políticas sociales y de empleo?

- ¿Cómo puede ayudar la OIT a los países en la formulación de políticas equilibradas para un crecimiento sostenible e incluyente?

- ¿Es posible lograr una mayor coherencia internacional de las políticas sobre la base de análisis, investigaciones y cooperación en materia de políticas entre la OIT, el FMI y la Comisión Europea? ¿Cómo pueden seguir colaborando la OIT y el FMI a partir del avance decisivo que supuso la Conferencia de Oslo de 2010?

Documento de referencia para la mesa redonda tripartita de alto nivel: «Crecimiento intensivo en empleo y empleos de calidad»

Esta mesa redonda trata sobre dos de los principales pilares del crecimiento económico sostenible, a saber, el crecimiento intensivo en empleo y los empleos de calidad. Su objetivo es discutir opciones de política concretas, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas que puedan aportar los Ministros de Trabajo, los Ministros de Finanzas, los interlocutores sociales y la Comisión Europea.

Desempleo, segmentación del mercado laboral y calidad del empleo

El desempleo está aumentando en la mayoría de los países de Europa, y restablecer la situación del empleo anterior al inicio de la crisis financiera mundial es un objetivo cada vez más remoto. En noviembre de 2012 el número de desempleados en la UE había aumentado más de dos millones en comparación con el año anterior. La situación de los jóvenes es particularmente grave ya que casi uno de cada cuatro no tiene trabajo en este momento, proporción que en algunos países de Europa Meridional se eleva a más de uno de cada dos.

El aumento del desempleo va acompañado de una mayor proporción de formas de empleo atípicas, como el empleo temporal involuntario y el empleo a tiempo parcial, el empleo a través de agencias de trabajo temporal y el empleo en el sector de bajos salarios con pocas posibilidades de avance profesional. La incidencia de las formas de empleo atípicas — a menudo menos seguras, peor remuneradas y con menor cobertura de la protección social y de la negociación colectiva que las modalidades de empleo regulares — ya estaba aumentando antes de sobrevenir la crisis. Estas modalidades de empleo afectan de forma desproporcionada a los jóvenes, las personas poco calificadas, las mujeres con responsabilidades familiares y los trabajadores migrantes. Muchos trabajadores aceptan contra su voluntad este tipo de empleos ante la imposibilidad de encontrar empleos regulares. Aunque en ocasiones el empleo atípico puede servir de trampolín hacia el empleo regular, las empresas también lo han usado como «amortiguador» para ajustar sus niveles de empleo a las variaciones coyunturales de la demanda. La crisis ha propiciado una mayor segmentación del mercado laboral europeo. Además, la crisis ha provocado un crecimiento del empleo informal, que en cierto modo consiste en trabajo no declarado para reducir los costos laborales y evadir impuestos. En los países menos desarrollados el empleo informal puede formar parte de una estrategia de supervivencia de muchos hogares ante la falta de empleos regulares o formales satisfactorios.

Esta evolución va acompañada de crecientes desequilibrios en el aumento de los salarios, que en muchos países está muy por debajo del crecimiento de la productividad, discrepancia que se refleja en la disminución a largo plazo de la participación de los salarios en el producto interior bruto. La crisis también ha reforzado las tendencias a largo plazo de los bajos salarios y de la pobreza en la región. En 2011, 18,6 millones de personas eran trabajadores pobres en la UE-27, mientras que en Europa Sudoriental, Europa Oriental y Asia Central 8 millones de trabajadores vivían con menos de 2 dólares de los Estados Unidos al día. En muchos países también se ha recortado el gasto en medidas de seguridad y salud en el trabajo (SST).

El proceso de descentralización de la negociación colectiva se ha acelerado en el curso de la crisis, y las recientes reformas de la legislación laboral han socavado la función de los interlocutores sociales tanto en la negociación de los salarios y las condiciones de trabajo como en el proceso más amplio de la formulación de las políticas. Todo ello podría acentuar las tendencias del empleo atípico y frenar el crecimiento de los salarios reales con respecto al aumento de la productividad.

Opciones de política

Todo lo anterior pone de manifiesto que es necesario formular políticas macroeconómicas favorables al empleo que también permitan abordar la transformación estructural y la modernización tecnológica de la economía. En concreto, es necesario crear un entorno propicio para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME), que favorezca la inversión en la economía real y ayude así a la creación de empleo. Esto fortalecerá a su vez la demanda interna y el crecimiento económico, y permitirá aumentar los ingresos públicos para poder invertir en políticas activas de mercado de trabajo eficaces y en medidas de consolidación fiscal.

En cuanto a la maximización de los ingresos fiscales, habría que examinar dos cuestiones en particular: cómo mejorar los sistemas de recaudación de impuestos en general, y cómo adoptar políticas de fiscalidad progresiva que no afecten negativamente el crecimiento económico ni las necesidades asociadas con la competitividad.

También es necesario prestar ayuda a quienes se desempeñan en formas de empleo atípicas; para ello hay que tomar medidas que mejoren su acceso a la protección social y, en términos más generales, aumentar la inversión en las calificaciones y capacidades de los trabajadores que sean pertinentes para mantener y mejorar su empleabilidad. Ello supone apoyar el mantenimiento de los puestos de trabajo o la reorganización interna en las empresas de los trabajadores que de otro modo serían despedidos, así como mejorar el acceso de los solicitantes de empleo a políticas de mercado de trabajo eficaces que faciliten su colocación. Por último, habría que examinar la función de la negociación colectiva, el diálogo social y los interlocutores sociales en el diseño y aplicación de políticas macroeconómicas favorables al empleo, políticas salariales equilibradas, y políticas activas de mercado de trabajo y protección social eficaces encaminadas a reducir la segmentación del mercado laboral y mejorar la calidad del empleo para todos los grupos de trabajadores vulnerables. Esto último también guarda relación con la cuestión de cómo asegurar la participación de los interlocutores sociales en procesos tales como la promoción del empleo formal y decente, la lucha contra el trabajo no declarado, el apoyo a la formalización de las empresas y el trabajo informales, y la formulación y aplicación de leyes y políticas en materia de SST.

Los participantes tal vez estimen oportuno examinar las siguientes cuestiones:

- ¿Qué medidas podrían propiciar la creación de más y mejores empleos? ¿Cuáles son los factores decisivos para promover políticas macroeconómicas favorables al empleo y la inversión productiva? ¿Qué función desempeñan los interlocutores sociales en la formulación de estas políticas?

- ¿Cómo deberían abordarse la segmentación del mercado laboral y las formas de empleo atípicas? ¿Cómo podría mejorarse la calidad y la seguridad del empleo? ¿Cómo podrían ampliar los gobiernos las políticas de educación, formación y demás políticas activas de mercado de trabajo eficaces a los trabajadores que se desempeñen en empleos de baja calidad y a las personas desempleadas y desalentadas, de modo que promuevan su permanencia en el mercado de trabajo, el perfeccionamiento de sus competencias y la integración? ¿Cómo pueden abordarse el trabajo no declarado y el empleo informal? ¿Cómo deberían abordarse el estrés y los trastornos psicológicos relacionados con el trabajo?

- ¿Cuáles son las modalidades de diálogo social y negociación colectiva más eficaces en tiempos de crisis? ¿El diálogo social puede consolidar la relación entre salarios y productividad?

- ¿Qué esperan los Ministros de Trabajo de los Ministros de Finanzas en lo que se refiere a la creación de un entorno propicio a la creación de empleo? ¿Qué opciones proponen los Ministros de Finanzas para encontrar o crear un margen fiscal para la inversión en la economía real? ¿Qué función desempeñan las políticas fiscales en este sentido?

- ¿Cuál sería la función más importante de la OIT para mejorar los resultados del empleo en la región?

Documento de referencia para la reunión informal de Ministros de Trabajo: «El empleo de los jóvenes durante la crisis»

En esta mesa redonda podrán discutirse los enfoques de política adoptados para afrontar la crisis del empleo juvenil y la experiencia adquirida en su aplicación, a la luz de la resolución sobre «La crisis del empleo juvenil: un llamado a la acción» adoptada en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2012, así como de las medidas de seguimiento aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT en su reunión de noviembre de 2012[1].

Altas tasas de desempleo y empleos de baja calidad

Aunque la difícil situación del empleo de los jóvenes no constituye un fenómeno nuevo a escala europea ni a escala mundial, la crisis europea ha dado lugar a niveles de desempleo sin precedentes. La tasa de desempleo juvenil duplica la tasa de desempleo de los adultos en los países de ingresos bajos, medios y altos de toda la región de Europa y Asia Central, pero en algunos países de Europa Meridional esta proporción es de más de uno de cada dos (Grecia, España y la ex República Yugoslava de Macedonia). A esto se suma un aumento paulatino del desempleo juvenil de larga duración. En la Unión Europea, donde la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 23,7 por ciento en noviembre de 2012 (afectando a 5,8 millones de jóvenes), un tercio de los jóvenes ha estado sin trabajo durante más de 12 meses.

Además, el desempleo juvenil sólo constituye la parte visible de un fenómeno más profundo, pues un gran número de trabajadores jóvenes sufre de forma desproporcionada los déficits de trabajo decente. El deterioro de la calidad de los empleos a los que pueden acceder los trabajadores jóvenes se refleja en el incremento de las formas atípicas de empleo (como el empleo temporal involuntario y el empleo a tiempo parcial) y el empleo informal. Los jóvenes, que a menudo no tienen más opción que aceptar estas formas de empleo atípicas, perciben salarios más bajos, tienen menos oportunidades de formación en el trabajo, carecen de cobertura de la seguridad social y de la negociación colectiva (o cuentan con coberturas inadecuadas). La crisis también ha producido un aumento del número de jóvenes desalentados en toda la región, así como una creciente desvinculación del mercado de trabajo. En 2011, 7,5 millones de jóvenes de la UE (es decir, el 12,9 por ciento) no tenían estudios, trabajo ni formación (la llamada generación «ni-ni»).

Riesgos y amenazas para la cohesión social

Los jóvenes han sido el grupo más afectado por la crisis y se corre el peligro real de perder una generación, esto es, una cohorte de jóvenes descontentos y desalentados abocados a vivir al margen del mercado laboral, lo que obliga a plantearse la cuestión relativa al costo del desempleo juvenil tanto para los jóvenes como para el conjunto de la sociedad. Este nivel de desempleo juvenil sin precedentes también constituye una amenaza para la cohesión social. En efecto, el desempleo en una fase temprana de la vida laboral y la concentración en empleos inestables y mal remunerados pueden tener efectos perjudiciales para las personas, ya que ello puede incidir negativamente tanto en sus perspectivas de ingresos a largo plazo como en sus oportunidades de empleo. A ello deben añadirse los efectos negativos a largo plazo en la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones a causa de la disminución del nivel de las cotizaciones, lo que a su vez propiciará un incremento de la pobreza de las personas de edad. Todos estos elementos conjugados ponen en grave peligro el modelo social europeo.

Posibles soluciones: sugerencias de la OIT y de la UE

En los últimos años los países han tendido a incluir cada vez más la cuestión del empleo juvenil en sus prioridades de política nacional e internacional. Un número creciente de gobiernos ha convertido el empleo de los jóvenes en un tema transversal de sus políticas nacionales de empleo o ha elaborado planes de acción y estrategias nacionales de empleo juvenil. En la UE, el desempleo juvenil no sólo se ha convertido en un ámbito prioritario de medidas de política sino que además ha entrado a formar parte integrante de la Estrategia Europa 2020. En diciembre de 2012, la Comisión Europea adoptó un plan de empleo juvenil basado en cuatro pilares cuyo objetivo consiste en facilitar la transición de la escuela al trabajo mediante sistemas de garantía de empleo juvenil, velar por que los programas de formación ofrezcan experiencia laboral de gran calidad, mejorar la calidad y el número de plazas de aprendizaje, y promover la movilidad de los jóvenes dentro de la UE.

En respuesta a esta crisis del empleo juvenil sin precedentes, en junio de 2012 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó una resolución titulada «La crisis del empleo juvenil: un llamado a la acción». En ella se afirma que crear puestos de trabajo para los jóvenes es una cuestión de máxima prioridad mundial, subrayando que es necesario adoptar un enfoque multidimensional con medidas para impulsar un crecimiento favorable al empleo y la creación de trabajo decente. La resolución proporciona orientaciones en cinco ámbitos de política: i) empleo y políticas macroeconómicas favorables al empleo para impulsar el crecimiento de la demanda agregada y mejorar el acceso a la financiación; ii) educación y formación para facilitar la transición de la escuela al trabajo; iii) políticas de mercado de trabajo bien orientadas que ayuden a los jóvenes más desfavorecidos; iv) iniciativa empresarial y empleo por cuenta propia para prestar asistencia a los jóvenes aspirantes a convertirse en empresarios; y v) derechos laborales para velar por que los jóvenes disfruten de igualdad de trato y por que se les concedan sus derechos en el trabajo. El plan de seguimiento adoptado por el Consejo de Administración en su 316.ª reunión de noviembre de 2012 prevé la prestación de apoyo técnico y consultivo a los mandantes de la OIT, apunta al fortalecimiento de las capacidades de la OIT para el desarrollo y la difusión de conocimientos, y destaca la función de liderazgo de la OIT en la promoción de alianzas y actividades de sensibilización en favor del trabajo decente para los jóvenes.

Fomentar la oferta y la demanda

Para abordar la crisis del empleo juvenil es indispensable garantizar una combinación pertinente y equilibrada de políticas relativas a la oferta y la demanda. La eficacia de los servicios públicos de empleo, el desarrollo de competencias profesionales y su adecuación a las necesidades del mercado de trabajo son elementos esenciales de la oferta; sin embargo, también es necesario hacer hincapié en la demanda, adoptando políticas macroeconómicas favorables al empleo que ofrezcan el margen fiscal necesario para las inversiones en políticas activas de mercado de trabajo y un entorno propicio para las pequeñas y medianas empresas (PYME). En este contexto también deben considerarse las inversiones públicas en sistemas de garantía de empleo juvenil e incentivos que propicien la contratación de trabajadores jóvenes por empleadores públicos y privados. Esto último obliga a plantear la cuestión del margen fiscal necesario para invertir en el empleo de los jóvenes.

Los participantes tal vez estimen oportuno examinar las siguientes cuestiones:

- ¿De qué manera podría integrarse el diseño y aplicación de un enfoque equilibrado y multidimensional como el que se propone en el llamado a la acción de la CIT de 2012 en las prioridades nacionales o europeas en materia de empleo juvenil? ¿Qué asistencia podría prestar la OIT en este sentido?

- ¿Es adecuada la colaboración interministerial en lo tocante al diseño y ejecución de los planes nacionales de empleo juvenil? ¿Qué medidas pueden adoptarse para definir y crear un margen fiscal adecuado para la inversión en políticas que fomenten el empleo juvenil?

- ¿Cuáles son las enseñanzas extraídas de las medidas de activación y para facilitar la transición de la escuela al trabajo que han arrojado mejores resultados, incluidos los programas de educación y formación técnica y profesional, los sistemas duales de aprendizaje profesional y los sistemas de garantía de empleo juvenil? ¿Cómo pueden adaptarse y trasladarse a otros países las buenas prácticas de un país? ¿La adopción de una norma internacional del trabajo podría servir para asegurar una aplicación más amplia de dichas prácticas?

- ¿De qué manera el diseño, la definición de grupos beneficiarios y los mecanismos institucionales para la ejecución de esos programas permiten llegar de forma más eficaz a los jóvenes desfavorecidos y desalentados?

- ¿Cómo pueden utilizarse los mecanismos de financiación, por ejemplo el Fondo Social Europeo, para promover el empleo de los jóvenes?

- ¿Pueden reforzarse las alianzas nacionales y regionales en favor del trabajo decente para los jóvenes?

- ¿Qué mecanismos deberían implantarse para impulsar el intercambio de conocimientos y experiencias en relación con las tendencias, las políticas, los programas y las buenas prácticas en materia de empleo juvenil? ¿Qué papel debería desempeñar la OIT en este sentido?

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1 A fin de garantizar una discusión interactiva, se pide a los participantes que limiten la duración de sus intervenciones a cuatro o cinco minutos como máximo. Téngase presente que los ministros o jefes de delegación pueden estar acompañados por un asesor.

Nota introductoria para el debate de la mesa redonda temática sobre el capítulo 1: Configurar las políticas con miras a un crecimiento intensivo en empleo

Desde 2008, la región de Europa y Asia Central se ha visto gravemente afectada por una crisis económica y financiera de consecuencias devastadoras para la economía real y para el mercado de trabajo. Muchos países afrontaron con éxito la fase inicial de esta crisis mediante la puesta en marcha coordinada de medidas de estímulo fiscal que con frecuencia descansaban en un proceso de diálogo social tripartito. Ahora bien, el rescate de las instituciones financieras, unido a los fondos asignados a las medidas de estímulo, tuvo como resultado un drástico aumento del déficit público en muchos países. Las políticas de consolidación fiscal adoptadas a posteriori, tomando poco o nada en consideración el diálogo social, con objeto de estabilizar los mercados financieros y restablecer el flujo de créditos a las empresas han vuelto a conducir a estos países a la recesión, mientras el desempleo ha alcanzado niveles sin precedentes en la Unión Europea y en particular en los países de Europa Meridional afectados por la crisis. La elevada tasa de desempleo asociada a la disminución de los salarios reales y al recorte de las prestaciones sociales, que tiene como telón de fondo un aumento del costo de la vida para los hogares, han provocado protestas sociales cada vez más numerosas en muchos países de Europa y Asia Central. Además, hay pruebas de que las medidas de austeridad pueden socavar el crecimiento económico sostenible y el desarrollo social a largo plazo debido a los desequilibrios estructurales existentes y al incremento de las desigualdades en los salarios y en el mercado de trabajo.

En el informe se analizan los enfoques de políticas macroeconómicas favorables al empleo que podrían ser compatibles con los objetivos fiscales. Este tipo de estrategias, más equilibradas, permitirían liberar fondos para impulsar las transformaciones productivas y estructurales y la modernización tecnológica necesarias en las economías de Europa y Asia Central mediante una ralentización gradual del ritmo de la consolidación fiscal, y propiciarían la introducción de tecnologías verdes que mejorarían la competitividad y la productividad. Las políticas podrían promover la sostenibilidad y la capacidad de creación de empleo de las empresas a través del establecimiento de un entorno favorable para las empresas, la mejora de las infraestructuras, el restablecimiento de los flujos de crédito a las empresas (en particular las PYME, que son las principales generadoras de empleo), y el estímulo de la inversión productiva privada. Se podría habilitar un margen fiscal adicional para esas políticas a través de la ampliación de la base tributaria por medio de iniciativas que tengan por objeto mejorar los sistemas de recaudación de impuestos, reducir la evasión y las exenciones fiscales, aumentar la progresividad en los impuestos e introducir una tasa medioambiental y un impuesto sobre las transacciones financieras. Las políticas salariales que garanticen una remuneración equitativa para todos los trabajadores e incrementos salariales acordes a la productividad contribuirían a que el consumo de los hogares se base en los ingresos y no en el endeudamiento, así como a impulsar aún más el crecimiento económico. Paralelamente, las políticas económicas centradas en el empleo deben ir acompañadas de políticas de mercado de trabajo eficaces, que apoyen el aprendizaje permanente y la inclusión en el mercado de trabajo de los grupos vulnerables, en particular los jóvenes, así como de políticas sociales cuyo objetivo sea luchar contra la pobreza, subsanar las deficiencias relativas a la cobertura y proporcionar una protección social adecuada. El diálogo social, las alianzas y la colaboración estratégica entre las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y los gobiernos son fundamentales a la hora de configurar esta estrategia y determinar y aplicar políticas más eficaces.

Los participantes tal vez estimen oportuno examinar las siguientes cuestiones:

1. En el informe se presenta una estrategia de crecimiento equilibrada e intensiva en empleo que estimula la sostenibilidad del desarrollo, el crecimiento económico y la creación de empleos de calidad, no sólo a nivel nacional sino también a nivel regional y local (por ejemplo, en las denominadas regiones/ciudades monoindustriales o en las regiones económicamente deprimidas). Para que esas estrategias contribuyan con eficacia a superar y prevenir las crisis, es preciso que sus líneas generales se hayan consensuado a través del diálogo social en los planos nacional y regional. ¿Cree que actualmente existe en su país un compromiso real del gobierno y los interlocutores sociales para lograr un consenso que favorezca la recuperación económica (por ejemplo, bajo la forma de un pacto social)? ¿Qué habría que hacer para fortalecer ese compromiso y esa colaboración?

2. En el informe se analizan políticas macroeconómicas que favorecen la creación de empleo y estimulan la inversión tanto pública como privada en el mundo del trabajo y la economía real. Para muchos países que están sujetos a enormes restricciones fiscales, es muy difícil aplicar esas políticas. ¿Está de acuerdo con esto o cree que existen diferentes caminos y opciones para conciliar las restricciones fiscales con la urgente necesidad de reactivar el empleo en Europa? ¿Cómo se podría crear margen fiscal adicional e invertir para este fin? ¿Ha diseñado su país políticas propicias en ese sentido? ¿Podrían los interlocutores sociales y el diálogo social desempeñar una función importante en ese ámbito? ¿Qué otro tipo de asistencia podría brindar la OIT en general y, más específicamente, por lo que respecta a su país?

3. Las políticas salariales y fiscales pueden ayudar a reducir las crecientes desigualdades de ingresos y a superar la crisis actual potenciando la demanda interna, la inversión, el crecimiento y la generación de empleo. En su opinión, ¿podría aplicarse a su país este argumento en relación con el contexto político y económico actual? y ¿es el diálogo social lo suficientemente sólido para permitir los cambios necesarios en las políticas salariales y fiscales?

4. La acumulación de los conocimientos y las competencias pertinentes en la fuerza de trabajo y de la experiencia en gestión y los conocimientos técnicos adecuados en el sector empresarial es un elemento clave de una nueva política industrial que impulsaría la competitividad, la recuperación sostenible y el crecimiento y la creación de empleo decente, especialmente en los países que dependen principalmente de la exportación de materias primas o cuyo sector exportador está poco desarrollado. Una estrategia integral para reforzar los sistemas de educación y formación técnica y profesional (EFTP) destinados a los jóvenes y los adultos, y que proporcione apoyo específico a las empresas nacionales para que aprendan de la cooperación con las empresas extranjeras, incluidas las empresas multinacionales, ayudaría a lograr este objetivo. A ese respecto, ¿cuáles son los principales obstáculos con que se enfrenta su país y qué tipo de asistencia solicitaría a la OIT para tratar de superarlos?

5. Se considera que la economía verde es un ejemplo de una política industrial exitosa. Mientras que por un lado crea nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible y la creación de empleo decente, también aborda las repercusiones sociales negativas de las industrias en declive y de las regiones que dependen de esas industrias. El marco de la OIT para una transición justa sugiere una serie de políticas sociales y de mercado de trabajo para hacer frente a este problema. ¿Cómo puede la OIT ayudar a su país a reforzar esas políticas para lograr los mejores resultados posibles en el proceso de adaptación al cambio de los trabajadores y los empleadores?

6. En la actualidad, se considera que las PYME y las empresas de la economía social son las que más empleo generan. ¿Es propicio el marco legislativo, institucional, normativo y de inversiones de su país para el desarrollo de esas empresas y para aumentar su capacidad de creación de empleo? ¿Cuáles son los principales obstáculos y qué tipo de asistencia solicitaría a la OIT para superar esos obstáculos?

Nota introductoria para el debate de la mesa redonda temática sobre el capítulo 2: Promover el empleo de calidad mediante el diálogo social y la negociación colectiva

La crisis ha provocado un aumento importante de las formas atípicas de empleo, como el trabajo a tiempo parcial involuntario y el empleo temporal. Por lo general, los trabajadores en esas modalidades de empleo tienen sueldos más bajos y menos acceso a la formación, están expuestos a mayores riesgos profesionales, disponen de menos protección social y están menos amparados por la negociación colectiva que los trabajadores con empleos regulares a tiempo completo. Si bien estas formas atípicas de empleo pueden servir como trampolín hacia un empleo permanente, en muchos casos incrementan la segmentación del mercado de trabajo. Las reformas de la legislación laboral que se han introducido recientemente acentúan estas tendencias a través de la flexibilización de la legislación en materia de protección del empleo y la descentralización y desregulación de la negociación colectiva. Por consiguiente, es necesario aplicar un enfoque equilibrado en materia de políticas, que combine una adecuada protección de los trabajadores con medidas de apoyo a las empresas para que se ajusten a los cambios en el mercado. El diálogo social tripartito es la herramienta adecuada para conseguir este equilibrio.

El empleo informal también ha seguido aumentando durante la crisis. Mientras el trabajo no declarado, motivado por la reducción de los costos de la mano de obra y la evasión fiscal, es la forma de empleo predominante en los países desarrollados, en los países menos adelantados la falta de buenos empleos en la economía formal impulsa a los trabajadores a refugiarse en la economía informal y el trabajo de subsistencia. El empleo informal suele relacionarse con malas condiciones de trabajo y con la falta de protección social y jurídica. Para garantizar la transición del empleo informal al empleo formal y decente, el diálogo social puede ser fundamental a la hora de elaborar un plan de acción a largo plazo. Esto comprendería el fomento de la creación formal de empleos de buena calidad, incentivos y sanciones para luchar contra el empleo informal y medidas destinadas a fortalecer la capacidad y mejorar la protección de las empresas y trabajadores informales para ayudarles a salir de esa situación. También es importante seguir fortaleciendo las inspecciones nacionales de trabajo para luchar contra el trabajo no declarado y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral. Además, una inspección del trabajo más fuerte y eficaz y la mejora de la legislación y las políticas tripartitas nacionales en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (SST) también contribuirían a compensar la reducción de los fondos asignados a las medidas de SST que se produjo durante la crisis.

La negociación colectiva y el diálogo social pueden ser poderosos instrumentos para configurar políticas eficaces que contribuyan a generar más y mejores empleos y a recabar el apoyo de los círculos empresariales, los trabajadores y la población en general. Las reformas de la legislación laboral referidas se adoptaron en su mayoría mediante un proceso de diálogo social limitado, o bien prescindiendo de éste por completo. Deberían reconsiderarse desde un punto de vista tripartito teniendo en cuenta su impacto sobre las relaciones laborales y la autonomía de los interlocutores sociales. Para poder llevar a cabo estas importantes tareas, se deben seguir fortaleciendo la negociación colectiva y las capacidades técnicas de los interlocutores sociales. Esto es especialmente importante en el caso de las negociaciones salariales, habida cuenta de la necesidad de que los salarios estén estrechamente unidos al aumento de la productividad.

Los participantes tal vez estimen oportuno examinar las siguientes cuestiones:

1. ¿En qué área(s) considera que se concentran el (los) principal (es) déficit en relación con la calidad de los puestos de trabajo y del empleo en su país?

2. Junto con la aplicación de políticas activas y pasivas de mercado de trabajo, ¿constituye el enfoque sugerido para fortalecer las medidas de retención del empleo la herramienta adecuada para luchar contra la segmentación y facilitar las transiciones del mercado de trabajo?

3. ¿Considera que la transición de la economía informal a la economía formal y el trabajo decente es pertinente y factible en su país? ¿En qué componente consideraría que la ayuda de la OIT es más importante: i) promover una mayor creación de empleo formal; ii) aumentar la inspección de trabajo para aplicar con eficacia la legislación laboral en todo el mercado de trabajo; iii) reducir el empleo informal mediante el incremento del costo de la informalidad; y iv) utilizar la formación y otros incentivos para facilitar la salida de la economía informal?

4. ¿Cómo podrían fortalecerse los mecanismos de negociación colectiva y diálogo social tripartito en su país para que la opinión de los interlocutores sociales sobre las políticas económicas, de empleo y salariales y sobre su papel en la recuperación económica y del mercado de trabajo quede plenamente reflejada en las decisiones en materia de políticas?

5. ¿Cuáles son los principales obstáculos para fortalecer la negociación salarial, negociar los incrementos salariales para que sean acordes a la productividad y establecer el salario mínimo de modo que refleje los objetivos sociales y económicos de su país? ¿Podría la OIT contribuir a superar esos obstáculos?

6. ¿Es la inspección nacional del trabajo suficientemente eficaz para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, ofrecer unas condiciones de trabajo seguras y luchar contra el trabajo no declarado en su país? ¿Consideraría que su apoyo debe ser una de las prioridades de la ayuda de la OIT?

Nota introductoria para el debate de la mesa redonda temática sobre el capítulo 3: Afrontar la crisis del desempleo juvenil y los desafíos de una sociedad que envejece

Los trabajadores jóvenes y los trabajadores de edad — los dos grupos que están, respectivamente, al comienzo y al final del ciclo vital del empleo — son particularmente vulnerables a las alteraciones del mercado de trabajo. En la actual crisis del empleo, el desempleo juvenil ha aumentado considerablemente. Ha superado el 20 por ciento en dos tercios de los países de Europa y Asia Central y afecta a más de uno de cada dos jóvenes en España, Grecia y la ex República Yugoslava de Macedonia. Además, una tercera parte de los jóvenes desempleados de la UE está desocupada desde hace más de 12 meses. Los jóvenes también se ven afectados en forma desproporcionada por las formas atípicas e informales de empleo. Si no se toman medidas urgentes y decisivas para solucionar estos problemas, se corre el riesgo inminente de que haya una generación perdida, lo que acarreará graves repercusiones políticas, económicas y sociales. Sin embargo, el desempleo de los trabajadores de edad es relativamente bajo porque en caso de despido suelen retirarse del mercado de trabajo. Ahora bien, en lo relativo al progresivo envejecimiento de la población, en muchos países estas tendencias agudizarán la pobreza debido a la disminución del presupuesto asignado a la protección social.

En la resolución de la CIT La crisis del empleo juvenil: Un llamado a la acción, adoptada en 2012, se insta a los gobiernos y a los interlocutores sociales a que apliquen un enfoque multidimensional que combine políticas macroeconómicas favorables al empleo con políticas que estimulen el desarrollo de las competencias adecuadas en los jóvenes, a través de la puesta a disposición de políticas de mercado de trabajo eficaces y selectivas para los jóvenes y de programas de fomento de la iniciativa empresarial juvenil, así como de la promoción de los derechos de los jóvenes. Este enfoque debe implementarse a través de medidas concretas que faciliten la transición de la escuela al trabajo, como los programas de garantía del empleo de los jóvenes, los programas de prácticas, las medidas de apoyo para los jóvenes desalentados, los incentivos a los empleadores que contraten a jóvenes y los programas de fomento de la iniciativa empresarial de los jóvenes. Se debe prestar atención al desarrollo en los jóvenes de las competencias adecuadas y requeridas por el mercado, mediante el fortalecimiento de los sistemas de educación y formación técnica y profesional.

La ampliación de los fondos destinados a financiar políticas activas de mercado de trabajo eficaces, incluido el fortalecimiento de la ayuda personalizada a la colocación a través de los servicios públicos de empleo, es fundamental para impulsar el empleo en general, y en particular el de los jóvenes y las personas de edad. También se debería adoptar una estrategia integral de envejecimiento activo que, además de mejorar el acceso a políticas de mercado de trabajo específicas, como los incentivos a la contratación para empleadores y trabajadores, garantice condiciones de trabajo seguras y saludables y apoye la adaptación de las condiciones de trabajo a las necesidades de los trabajadores de edad.

Los sistemas de protección social de muchos países son muy deficitarios y cada vez más jóvenes y personas de edad carecen de una protección social adecuada. Es urgente reformar estos sistemas para subsanar esas deficiencias, hacer que los sistemas sean financieramente sostenibles y adecuar las prestaciones a lo dispuesto en el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) de la OIT. El diálogo social es una herramienta fundamental para lograr un amplio consenso en torno a los parámetros de esas reformas. Además, los países necesitan establecer una cobertura universal de la seguridad social básica, de conformidad con la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202).

Los participantes tal vez estimen oportuno examinar las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuáles son las cuestiones clave que deberían abordar las políticas sobre el empleo juvenil en su país? ¿En qué medida esas políticas reflejan el recientemente inaugurado Plan de Acción de la OIT para el seguimiento de la resolución La crisis del empleo juvenil: Un llamado a la acción, adoptada en junio de 2012, y qué ayuda puede proporcionar la OIT?

2. Un sólido sistema dual de educación y formación técnica y profesional que incluya el aprendizaje y los regímenes de garantías para los jóvenes es un instrumento fundamental para promover el empleo juvenil. ¿Le gustaría que se adoptara una norma internacional del trabajo que hiciera obligatoria su amplia implantación en la región (y a nivel mundial)?

3. ¿Cuáles son los obstáculos principales con que se tropieza en su país para ampliar el acceso de las personas desempleadas y desalentadas, en primer lugar los jóvenes, así como de los trabajadores amenazados por el desempleo, a las políticas activas de mercado de trabajo, incluida la asistencia para la colocación laboral? ¿Cómo se deberían diseñar esas políticas en lo relativo al desarrollo de las calificaciones, la conformidad de las calificaciones con las necesidades del mercado de trabajo, la previsión de esas necesidades mediante mecanismos ad hoc, y el fortalecimiento de las instituciones del mercado de trabajo, en particular los servicios públicos de empleo?

4. ¿Prevé para su país una futura escasez de mano de obra a causa del envejecimiento de la población? ¿Sería la respuesta correcta una estrategia integral de envejecimiento activo que extendiera la utilización productiva de la vida laboral de las personas de edad mediante la combinación del aprendizaje permanente con condiciones de trabajo seguras y saludables, un amplio acceso a la asistencia para la colocación laboral y políticas activas de mercado de trabajo apropiadas y bien coordinadas con la protección social? ¿Cuáles son los desafíos más importantes y cómo puede ayudar la OIT a solventarlos?

5. ¿Existe un amplio consenso en su país sobre qué parámetros de la reforma de la protección social podrían lograr el equilibrio de la sostenibilidad financiera del sistema con una buena cobertura y adecuación de las prestaciones, inclusive para las personas que buscan trabajo por primera vez y aquellas con corta duración de empleo? ¿Ha llevado a cabo su país reformas de este tipo, y en caso afirmativo, con qué resultados?

6. En los países que actualmente no tienen un sistema de protección social integral, ¿se puede alcanzar un consenso sobre la necesidad de establecer un piso de protección social nacional que, en una primera fase, garantice la cobertura universal por medio de una seguridad social básica? ¿Qué ayuda puede aportar la OIT a este respecto?

Nota introductoria para el debate de la mesa redonda temática sobre el capítulo 4: Promover las normas internacionales del trabajo y la coherencia de las políticas en Europa y Asia Central

Regularmente se reivindica el objetivo de la coherencia de las políticas económicas, sociales y de empleo, pero la crisis financiera y económica mundial ha puesto a prueba estas aspiraciones políticas. Las decisiones en materia de políticas centradas en la austeridad fiscal se acompañan a veces de una aplicación poco sistemática de las normas internacionales del trabajo, y en algunos casos se han desatendido o infringido los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en particular el derecho de libertad sindical y de asociación y de negociación colectiva. Esto ha acarreado un deterioro del mercado de trabajo en esos países y un aumento del riesgo de pobreza, así como repercusiones negativas en el clima social, la sostenibilidad económica y el crecimiento intensivo en empleo. El modelo social europeo está en peligro y es necesario restablecerlo para evitar una crisis social masiva y una reacción política violenta.

Al marcar un nuevo rumbo para la recuperación sostenible, la OIT y sus mandantes tripartitos deberán insistir en la coherencia de las políticas nacionales, regionales e internacionales.

El primer paso para lograr esta coherencia entre las políticas es reconocer la necesidad de aplicar a las políticas sociales y económicas un enfoque común basado en los derechos y en los valores que garantice el carácter central de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Las políticas macroeconómicas, sociales y de empleo únicamente lograrán promover el crecimiento y la justicia social si se basan en el respeto de los valores y principios comunes consagrados en las normas internacionales del trabajo. Estas normas proporcionan una guía normativa para lograr la coherencia de las políticas económicas y sociales, lo que permitirá que el crecimiento económico se traduzca en mejoras en la cantidad y la calidad de los empleos, las condiciones de trabajo, los programas de desarrollo de las calificaciones y la protección social, y por consiguiente en la justicia social, que es un principio rector de la Declaración de Filadelfia de la OIT y que también está consagrada en los valores fundacionales de la Unión Europea. Sin embargo, esto exige que todas las partes reconozcan la necesidad de dar pleno cumplimiento a las normas internacionales del trabajo ratificadas, y por esa vía impulsar el desarrollo social y económico.

Un segundo paso hacia la conciliación del desarrollo económico y social sería la consideración de un nuevo modelo centrado en el empleo, en el que se reconozca que el empleo es fuente de crecimiento y se persigan objetivos en materia de empleo además de objetivos económicos, de conformidad con los principios y derechos fundamentales en el trabajo y dentro del respeto del diálogo social. Esto también afecta a las políticas internacionales, regionales y nacionales.

La amplia participación de los interlocutores sociales en ese enfoque de políticas es importante para garantizar un proceso incluyente y coherente. Además, el uso de mecanismos globales de alerta temprana puede evitar desequilibrios y facilitar la coordinación de las políticas económicas, sociales y de empleo.

Los participantes tal vez estimen oportuno examinar las siguientes cuestiones:

1. En su experiencia, ¿qué papel cumplen los principios y derechos fundamentales en el trabajo y otras normas internacionales del trabajo en el diseño de respuestas de políticas en su país, y cómo puede mejorarse ese papel para lograr políticas macroeconómicas equilibradas con miras a generar un crecimiento intensivo en empleo y empleos de calidad? ¿Cuál debería ser la función del diálogo social a este respecto?

2. ¿En qué áreas considera que hay mayores deficiencias para una correcta aplicación de las normas internacionales del trabajo en su país? ¿Cómo podría la OIT ayudar a su país a fortalecer la coherencia de las políticas a través de la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y otras normas internacionales del trabajo?

3. Las instituciones de la UE han puesto en marcha numerosas estrategias, iniciativas y políticas favorables a los objetivos sociales y de empleo. Al mismo tiempo, las medidas de consolidación fiscal en muchos países afectados por la crisis han tenido efectos muy negativos en las relaciones laborales, el empleo (también entre los jóvenes), los salarios y la protección social. ¿Cómo pueden revisarse las políticas nacionales y europeas en el ámbito económico y financiero para evaluar el grado en que promueven o frenan el crecimiento económico sostenible y la justicia social? ¿Deberían los ministerios de trabajo y los interlocutores sociales tener más voz en los procesos de formulación de políticas de esa índole? ¿Qué papel puede desempeñar la OIT a este respecto?

4. La coherencia de las políticas en aras del trabajo decente también depende de la coordinación y la cooperación entre las organizaciones internacionales y las instituciones regionales, en particular el FMI, la OCDE, el Banco Mundial, la OIT y la UE. ¿Cómo puede conciliar la coordinación regional el objetivo de la consolidación fiscal con la inversión continuada en políticas sociales y de empleo? ¿Cómo pueden la OIT y el FMI traducir las conclusiones de la Conferencia de Oslo de 2010 en una cooperación más amplia e intensiva, en particular en los países que adoptan reformas del mercado de trabajo muy controvertidas?

5. Para poner en práctica respuestas de políticas oportunas, preventivas y correctivas, los países deberían establecer sistemas nacionales de control y alerta temprana basados en una serie de indicadores clave para poder anticipar y detectar los riesgos económicos, los desequilibrios fiscales, las altas tasas de desempleo y subempleo, las desigualdades y las deficiencias con respecto al cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social. ¿Existen esos mecanismos en su país? ¿En caso de que no los haya, podría la OIT prestar su ayuda al respecto?