Santiago de Chile.- Los cambios demográficos y del futuro del trabajo están tensionando la capacidad de los sistemas de jubilaciones y pensiones para avanzar hacia la cobertura universal y la suficiencia de las prestaciones en un marco de sostenibilidad financiera y social. En este contexto, las reformas y adaptaciones se hacen necesarias en todos los países y tendrán más posibilidades de éxito en el marco de un proceso de diálogo social.

Este es el caso de Uruguay, que el 9 de julio de 2020 estableció la Comisión de Expertos en Seguridad Social, con el fin de avanzar en un diagnóstico del sistema de jubilaciones y pensiones y que recientemente entregó sus primeras recomendaciones.

En este proceso de más de un año, la OIT contribuyó con experiencias y elementos técnicos en materia de seguridad social, aportando insumos clave para el análisis de materias como la integración y articulación de un pilar no contributivo con el pilar contributivo, los desafíos que suponen la extensión de las vidas laborales y la incorporación de las formas atípicas de empleo en la seguridad social contributiva.

El nuevo Informe Técnico de OIT Cono Sur: “Aportes de la experiencia internacional para el diálogo social sobre la reforma de la seguridad social en Uruguay”, dado a conocer hoy, entrega detalles de esta cooperación, realizando un análisis de la situación del sistema de jubilaciones y pensiones de Uruguay y las experiencias que compartieron expertos de la Unión Europea, y Canadá sobre las reformas llevadas a cabo en ambos lugares.

El informe destaca la importante transformación que están ocasionando tanto los cambios demográficos como los del mundo del trabajo, como la mayor incidencia de formas atípicas de empleo, que están afectando profundamente el futuro de la protección social.

Estos factores han tensionado además la capacidad de asegurar la cobertura y la suficiencia de los sistemas de pensiones. Este fenómeno también se aprecia en Uruguay, que, a pesar de los logros obtenidos en cobertura y suficiencia de su sistema de jubilaciones y pensiones, se enfrenta a un envejecimiento acelerado de la población y a los límites que supone para la expansión y sostenibilidad de la seguridad social, la informalidad laboral y la creciente precarización del empleo.

En este contexto, el informe señala que las reformas a la protección social deberán buscar el financiamiento sostenible de la seguridad social al mismo tiempo que mantiene o aumenta la cobertura y suficiencia de las prestaciones con el fin de entregar seguridad económica a lo largo del ciclo de vida. Además, destaca la necesidad de construir sistemas de protección social bajo arreglos multi-pilar con un pilar básico universal y énfasis en la integración de sus componentes.

Aspectos referentes a la edad de retiro y la extensión de trayectorias laborales surgen como alternativa a los desafíos de sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones uruguayo. Este debate – señala el informe - muestra la relevancia de repensar cualquier proceso de adaptación o reforma de la seguridad social en coordinación con políticas de empleo y productividad.

Por ejemplo, para el caso del aumento de la edad de retiro, éste debe ir acompañado de estrategias para disminuir el déficit de empleo decente, fomentando así la transición hacia la formalización laboral y fortaleciendo mecanismos de fiscalización y regulación de toda forma de empleo.

Finalmente, el informe destaca la relevancia y centralidad del diálogo social en todos los procesos de reforma que se están llevando adelante, brindando las bases para acuerdos sostenibles y que contribuyan a una mayor generación de trabajo decente y protección de las y los trabajadores a lo largo de todo su ciclo de vida.