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Inclusión socioeconómica de personas refugiadas y migrantes en Chile: el camino hacia un trabajo decente
"La certificación de competencias para personas refugiadas y migrantes es especialmente relevante", destaca Montserrat López, Coordinadora del Proyecto MPTF, en este artículo.
Por Montserrat López, Coordinadora Proyecto "Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales de Santiago de Chile y Ciudad de México para fortalecer la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas”, OIT Cono Sur
¿Contribuyen las personas refugiadas y migrantes al desarrollo de los países de acogida? Sí, y la evidencia señala que en todos los países de destino, las personas refugiadas y migrantes contribuyen tanto al PIB como a la diversidad cultural (OECD-ILO, 2018). Chile, principalmente país de destino, recibe a personas en contexto de movilidad humana de diversas nacionalidades. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio Nacional de Migraciones, la población extranjera residente en Chile alcanza a 1.482.390 personas en 2021. Esto representa el 7.5% de la población total.
Dicha población enfrenta enormes desafíos para su efectiva inclusión, especialmente la sociolaboral, que como en Chile y la región, es determinante para la regularidad de su situación migratoria, el pleno respeto a sus derechos fundamentales y el bienestar de sus familias. Dado lo anterior, entre noviembre de 2021 y mayo de 2023, la Organización Internacional del Trabajo en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el apoyo de las Oficinas de Coordinación Residente en Chile y México, implementaron el proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales de Santiago de Chile y Ciudad de México para fortalecer la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas a través del acceso al trabajo decente, medios de vida sostenibles y diálogo social”.
En Chile, a través del trabajo conjunto con la Ilustre Municipalidad de Santiago, el proyecto implementó acciones para fortalecer sus servicios públicos, entregó asistencia para incrementar el éxito de los emprendimientos liderados por personas refugiadas y migrantes y de la comunidad de acogida, realizó intercambios técnicos entre países de América Latina para compartir buenas prácticas en materia de gobernanza migratoria, y promovió procesos de certificación de competencias e intermediación laboral.
La certificación de competencias para personas refugiadas y migrantes es especialmente relevante, pues constituye una política de inclusión efectiva para una población que enfrenta significativas dificultades para demostrar su experiencia laboral y educacional en el país de destino. Para reducir dicha barrera de inclusión sociolaboral, junto a ChileValora, institución tripartita nacional encargada de la certificación de competencias laborales, se implementó un proceso de certificación de competencias en seis perfiles ocupacionales, tres correspondientes al sector gastronomía y otros tres al sector comercio. Lo anterior, en base a un estudio prospectivo para identificar competencias que contribuyan a mejorar la empleabilidad de las personas migrantes y refugiadas, y también responder a la demanda laboral de esos sectores productivos.
En el diseño de la implementación del proyecto, se identificó la necesidad de acompañar a las personas refugiadas y migrantes en este proceso a fin de asegurar la adhesión y reducir su deserción. Para ello, el proyecto buscó alianzas con la sociedad civil como la Fundación Emplea, organización que trabaja para transformar trayectorias de vida de las personas que se encuentran excluidas del mercado laboral. Así, la Fundación Emplea entregó un acompañamiento muy relevante para las personas inscritas en la certificación, y apoyó el riguroso proceso de evaluación al que se deben someter las personas para contar con un certificado otorgado por ChileValora. Asimismo, esta Fundación entregó herramientas para apoyar la búsqueda de empleo de las personas que participaron en el programa, incorporando los servicios públicos de empleo.
Los procesos de certificación de competencias buscan por una parte fomentar la inclusión de la población migrante y refugiada de manera sostenible, por otra, que dicha población cuente con un documento oficial que respalde sus habilidades y así mejorar sus condiciones laborales y alcanzar un trabajo decente.
Finalmente cabe destacar que las acciones recientes de la OIT en Chile, en conjunto con sus constituyentes tripartitos, se encuentran plenamente alineadas con la recientemente adoptada Recomendación sobre Aprendizaje de Calidad en la la 111ª Conferencia Internacional del Trabajo, finalizada el 16 de junio pasado. Esta Recomendación señala que los Estados miembros “deberían establecer un marco que regule los aprendizajes de calidad, así como marcos o sistemas de cualificaciones que faciliten el reconocimiento de las competencias adquiridas mediante los aprendizajes”. Asimismo, se insta a que los miembros tomen medidas “a fin de promover la igualdad, la diversidad y la inclusión social en los aprendizajes, prestando especial atención a la situación y a las necesidades de las personas que pertenecen a uno o más grupos vulnerables o a grupos en situación de vulnerabilidad”.
En síntesis, esta norma laboral busca que todas las personas trabajadoras cuenten con oportunidades de cualificarse y perfeccionarse, promoviendo también que dichos aprendizajes puedan ser portables para promover el trabajo decente de aquellos en contexto de movilidad.
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¿Contribuyen las personas refugiadas y migrantes al desarrollo de los países de acogida? Sí, y la evidencia señala que en todos los países de destino, las personas refugiadas y migrantes contribuyen tanto al PIB como a la diversidad cultural (OECD-ILO, 2018). Chile, principalmente país de destino, recibe a personas en contexto de movilidad humana de diversas nacionalidades. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio Nacional de Migraciones, la población extranjera residente en Chile alcanza a 1.482.390 personas en 2021. Esto representa el 7.5% de la población total.
Dicha población enfrenta enormes desafíos para su efectiva inclusión, especialmente la sociolaboral, que como en Chile y la región, es determinante para la regularidad de su situación migratoria, el pleno respeto a sus derechos fundamentales y el bienestar de sus familias. Dado lo anterior, entre noviembre de 2021 y mayo de 2023, la Organización Internacional del Trabajo en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el apoyo de las Oficinas de Coordinación Residente en Chile y México, implementaron el proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales de Santiago de Chile y Ciudad de México para fortalecer la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas a través del acceso al trabajo decente, medios de vida sostenibles y diálogo social”.
En Chile, a través del trabajo conjunto con la Ilustre Municipalidad de Santiago, el proyecto implementó acciones para fortalecer sus servicios públicos, entregó asistencia para incrementar el éxito de los emprendimientos liderados por personas refugiadas y migrantes y de la comunidad de acogida, realizó intercambios técnicos entre países de América Latina para compartir buenas prácticas en materia de gobernanza migratoria, y promovió procesos de certificación de competencias e intermediación laboral.
La certificación de competencias para personas refugiadas y migrantes es especialmente relevante, pues constituye una política de inclusión efectiva para una población que enfrenta significativas dificultades para demostrar su experiencia laboral y educacional en el país de destino. Para reducir dicha barrera de inclusión sociolaboral, junto a ChileValora, institución tripartita nacional encargada de la certificación de competencias laborales, se implementó un proceso de certificación de competencias en seis perfiles ocupacionales, tres correspondientes al sector gastronomía y otros tres al sector comercio. Lo anterior, en base a un estudio prospectivo para identificar competencias que contribuyan a mejorar la empleabilidad de las personas migrantes y refugiadas, y también responder a la demanda laboral de esos sectores productivos.
En el diseño de la implementación del proyecto, se identificó la necesidad de acompañar a las personas refugiadas y migrantes en este proceso a fin de asegurar la adhesión y reducir su deserción. Para ello, el proyecto buscó alianzas con la sociedad civil como la Fundación Emplea, organización que trabaja para transformar trayectorias de vida de las personas que se encuentran excluidas del mercado laboral. Así, la Fundación Emplea entregó un acompañamiento muy relevante para las personas inscritas en la certificación, y apoyó el riguroso proceso de evaluación al que se deben someter las personas para contar con un certificado otorgado por ChileValora. Asimismo, esta Fundación entregó herramientas para apoyar la búsqueda de empleo de las personas que participaron en el programa, incorporando los servicios públicos de empleo.
Los procesos de certificación de competencias buscan por una parte fomentar la inclusión de la población migrante y refugiada de manera sostenible, por otra, que dicha población cuente con un documento oficial que respalde sus habilidades y así mejorar sus condiciones laborales y alcanzar un trabajo decente.
Finalmente cabe destacar que las acciones recientes de la OIT en Chile, en conjunto con sus constituyentes tripartitos, se encuentran plenamente alineadas con la recientemente adoptada Recomendación sobre Aprendizaje de Calidad en la la 111ª Conferencia Internacional del Trabajo, finalizada el 16 de junio pasado. Esta Recomendación señala que los Estados miembros “deberían establecer un marco que regule los aprendizajes de calidad, así como marcos o sistemas de cualificaciones que faciliten el reconocimiento de las competencias adquiridas mediante los aprendizajes”. Asimismo, se insta a que los miembros tomen medidas “a fin de promover la igualdad, la diversidad y la inclusión social en los aprendizajes, prestando especial atención a la situación y a las necesidades de las personas que pertenecen a uno o más grupos vulnerables o a grupos en situación de vulnerabilidad”.
En síntesis, esta norma laboral busca que todas las personas trabajadoras cuenten con oportunidades de cualificarse y perfeccionarse, promoviendo también que dichos aprendizajes puedan ser portables para promover el trabajo decente de aquellos en contexto de movilidad.
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