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Pensiones en Chile: la imperiosa necesidad de diálogo social para una reforma urgente
En este artículo Fabio Bertranou, Director de OIT Cono Sur, destaca que el contexto actual demanda conjugar la necesidad de continuar asumiendo los desafíos que había en materia de pensiones en la prepandemia y agregar las nuevas circunstancias que ésta última ha generado, desafío en el que el dialogo social, será una herramienta clave para alcanzar acuerdos.
Por Fabio Bertranou, Director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina
El 1º de octubre fue designado por Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas de Edad. En el marco de esta conmemoración, resulta clave reflexionar sobre el presente y futuro de las pensiones en Chile. No hay país en el mundo en el que el sistema para otorgar seguridad económica en la vejez no sea parte prioritaria de la agenda pública, más aún en países con sistemas maduros y con transiciones demográficas avanzadas, en el que las personas mayores constituyen una proporción importante y creciente de la población.
Las pensiones han sido parte de intensos debates y discusiones de política económica y social de Chile en las últimas cuatro décadas, y el modelo de provisión de seguridad económica para la vejez ha transcendido las fronteras con sus virtudes y sus defectos.
Hasta antes de la pandemia había un diagnóstico con cierto consenso sobre los principales desafíos: insuficiente financiamiento, especialmente de naturaleza contributiva, traducido en prestaciones bajas; brechas de cobertura; desigualdades e inequidades; falta de confianza con el sistema e insostenibilidad social; entre otros. Estos desafíos quedaron en mayor evidencia aún a partir de octubre de 2019, momento en que se manifestaron socialmente estas limitaciones.
La pandemia, además, trajo nuevos problemas. Por un lado, el impacto en el mercado de trabajo, en el empleo y los ingresos laborales ha sido de gran envergadura y perduran incertezas sobre cuándo podrá recuperarse la situación prepandemia. Esto ha implicado menores cotizaciones e interrupciones de las trayectorias laborales, especialmente para jóvenes y mujeres.
Por otro lado, los retiros de los fondos de pensiones, si bien colaboraron para mitigar los efectos de la pandemia en los ingresos de las familias, han dejado más frágil al componente contributivo del sistema, en la medida que han disminuido fuertemente los ahorros previsionales. Esto ha puesto en riesgo la capacidad del sistema para dar respuesta a las necesidades de seguridad económica futura de varias generaciones.
Hoy el contexto demanda conjugar la necesidad de continuar asumiendo los desafíos que había en la prepandemia y agregar las nuevas circunstancias que ésta última ha generado.
Desde la OIT hemos destacado que, en el marco de los principios de la seguridad social, los efectos económicos y sociales de la pandemia constituyen una oportunidad para refundar un pacto social en el que convergen las distintas visiones en materia de pensiones. Incluir un componente de seguro social, financiado tripartitamente, legitimado por empleadores y trabajadores, con solidaridad intra e intergeneracional es una oportunidad, y una necesidad, más urgente que nunca. Ello no implica eliminar o cambiar completamente los componentes actuales del sistema, sino pensar en su reconfiguración.
Implica generar un camino de consenso para construir un sistema que transite de uno centrado en la “capitalización individual subsidiada por recursos fiscales” hacia un sistema de “seguridad social complementado por la capitalización individual”, lo que permitiría aprovechar las ventajas de ambos componentes en un auténtico sistema mixto en el que participen plenamente en su gobernanza, junto al Estado, tanto empleadores como trabajadores.
Para alcanzar estos objetivos, sobre todo en tiempos de crisis, el diálogo social es una institución y herramienta clave para el mundo del trabajo. Es la piedra angular del funcionamiento de la OIT que, a lo largo de sus 102 años de historia, ha permitido la adopción en forma tripartita de 190 convenios internacionales del trabajo y colaborado para traer más justicia social al mundo del trabajo.
Hay que continuar ampliando y modernizando los espacios de diálogo social, por ello, los distintos caminos que han seguido países como Francia, Uruguay y España en materia de pensiones, pueden entregarnos elementos claves para la actual reflexión en Chile. Estamos en un momento especial en materia política e institucional, con elecciones presidenciales muy próximas y con el proceso para una nueva Constitución en marcha, situación a la que se han sumado nuevos actores y generaciones que pueden hacer contribuciones relevantes en estos espacios de diálogo.
Desde la OIT nos ponemos a disposición para dar continuidad a los debates de una materia pública compleja, pero sumamente necesaria para el desarrollo y progreso social de todas las personas en Chile, pero particularmente para las actuales y futuras personas de edad.
El 1º de octubre fue designado por Naciones Unidas como el Día Internacional de las Personas de Edad. En el marco de esta conmemoración, resulta clave reflexionar sobre el presente y futuro de las pensiones en Chile. No hay país en el mundo en el que el sistema para otorgar seguridad económica en la vejez no sea parte prioritaria de la agenda pública, más aún en países con sistemas maduros y con transiciones demográficas avanzadas, en el que las personas mayores constituyen una proporción importante y creciente de la población.
Las pensiones han sido parte de intensos debates y discusiones de política económica y social de Chile en las últimas cuatro décadas, y el modelo de provisión de seguridad económica para la vejez ha transcendido las fronteras con sus virtudes y sus defectos.
Hasta antes de la pandemia había un diagnóstico con cierto consenso sobre los principales desafíos: insuficiente financiamiento, especialmente de naturaleza contributiva, traducido en prestaciones bajas; brechas de cobertura; desigualdades e inequidades; falta de confianza con el sistema e insostenibilidad social; entre otros. Estos desafíos quedaron en mayor evidencia aún a partir de octubre de 2019, momento en que se manifestaron socialmente estas limitaciones.
La pandemia, además, trajo nuevos problemas. Por un lado, el impacto en el mercado de trabajo, en el empleo y los ingresos laborales ha sido de gran envergadura y perduran incertezas sobre cuándo podrá recuperarse la situación prepandemia. Esto ha implicado menores cotizaciones e interrupciones de las trayectorias laborales, especialmente para jóvenes y mujeres.
Por otro lado, los retiros de los fondos de pensiones, si bien colaboraron para mitigar los efectos de la pandemia en los ingresos de las familias, han dejado más frágil al componente contributivo del sistema, en la medida que han disminuido fuertemente los ahorros previsionales. Esto ha puesto en riesgo la capacidad del sistema para dar respuesta a las necesidades de seguridad económica futura de varias generaciones.
Hoy el contexto demanda conjugar la necesidad de continuar asumiendo los desafíos que había en la prepandemia y agregar las nuevas circunstancias que ésta última ha generado.
Desde la OIT hemos destacado que, en el marco de los principios de la seguridad social, los efectos económicos y sociales de la pandemia constituyen una oportunidad para refundar un pacto social en el que convergen las distintas visiones en materia de pensiones. Incluir un componente de seguro social, financiado tripartitamente, legitimado por empleadores y trabajadores, con solidaridad intra e intergeneracional es una oportunidad, y una necesidad, más urgente que nunca. Ello no implica eliminar o cambiar completamente los componentes actuales del sistema, sino pensar en su reconfiguración.
Implica generar un camino de consenso para construir un sistema que transite de uno centrado en la “capitalización individual subsidiada por recursos fiscales” hacia un sistema de “seguridad social complementado por la capitalización individual”, lo que permitiría aprovechar las ventajas de ambos componentes en un auténtico sistema mixto en el que participen plenamente en su gobernanza, junto al Estado, tanto empleadores como trabajadores.
Para alcanzar estos objetivos, sobre todo en tiempos de crisis, el diálogo social es una institución y herramienta clave para el mundo del trabajo. Es la piedra angular del funcionamiento de la OIT que, a lo largo de sus 102 años de historia, ha permitido la adopción en forma tripartita de 190 convenios internacionales del trabajo y colaborado para traer más justicia social al mundo del trabajo.
Hay que continuar ampliando y modernizando los espacios de diálogo social, por ello, los distintos caminos que han seguido países como Francia, Uruguay y España en materia de pensiones, pueden entregarnos elementos claves para la actual reflexión en Chile. Estamos en un momento especial en materia política e institucional, con elecciones presidenciales muy próximas y con el proceso para una nueva Constitución en marcha, situación a la que se han sumado nuevos actores y generaciones que pueden hacer contribuciones relevantes en estos espacios de diálogo.
Desde la OIT nos ponemos a disposición para dar continuidad a los debates de una materia pública compleja, pero sumamente necesaria para el desarrollo y progreso social de todas las personas en Chile, pero particularmente para las actuales y futuras personas de edad.