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Conducta empresarial responsable: hacia empresas constructoras del desarrollo sostenible en América Latina

La presente nota revisa las nuevas oportunidades y desafíos de la conducta empresarial responsable para la Región, especialmente en un complejo contexto político, económico y social marcado por múltiples encrucijadas.

Opinión | 10 de enero de 2020
Por Nicolás Torres, Coordinador Nacional Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina.

Nicolás Torres
Las empresas en América Latina

América Latina está viviendo tiempos de nuevos desafíos sociales. Las democracias de la región enfrentan desaceleración económica, menor creación de empleo y se han visto a prueba por importantes manifestaciones sociales. También han emergido nuevas preocupaciones como el deterioro del medio ambiente y el patrimonio natural, que se suman al hecho de que la región continúa siendo la más desigual del planeta. Ante este escenario, cobra más relevancia que nunca la necesidad de renovar el contrato social para adoptar medidas más efectivas. Estas deberían orientarse a lograr un desarrollo inclusivo, justo y sostenible, capaz de absorber las demandas sociales, promover el crecimiento económico armonioso con el medio ambiente y consolidar instituciones sólidas y democráticas.

Las empresas, sin distinción del origen de su propiedad, también están atravesando una crisis, vinculada principalmente con la falta de confianza de los consumidores y de los ciudadanos. En este sentido, la contribución al desarrollo sostenible es tarea de todos los actores: de los gobiernos, los trabajadores, las empresas y la sociedad civil. Escándalos de corrupción, financiamiento ilegal de la política, destrucción del medio ambiente, acompañados de altos niveles de informalidad laboral y bajos salarios, han llevado en muchas ocasiones a una falta de legitimidad social de las empresas. Pero el desarrollo sostenible no es posible sin crecimiento económico, el cual depende en una inmensa medida de las empresas del sector privado, principal motor de la economía y generador de prosperidad.

Para eso, las empresas deben comprometerse íntegramente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que establece 17 objetivos orientados a alcanzar la erradicación de la pobreza y el hambre, la protección del medio ambiente y promover la paz y facilitar el acceso a la justicia, entre otros. Es así como iniciativas como la Red Pacto Global buscan movilizar la contribución del sector privado para la consecución del desarrollo sostenible, transformando la forma de hacer empresa.

Numerosos de los objetivos de la Agenda 2030 se vinculan directamente con el mundo del trabajo y la relación de las empresas con la promoción del trabajo decente. Por ejemplo, el objetivo 8, “Trabajo decente y crecimiento económico”, establece una serie de metas específicas orientadas a la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, al logro del empleo pleno y productivo y del trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad. El objetivo también promueve la igualdad de remuneraciones por trabajo de igual valor, la protección de los derechos laborales y lugares de trabajo seguros y sin riesgos, entre otras metas.

Las normas internacionales del trabajo y las declaraciones de principios de la OIT

El mundo del trabajo ha estado en el centro de la actividad normativa de la OIT en sus cien años de existencia, expresada principalmente mediante convenios y recomendaciones, los cuales fijan las normas internacionales del trabajo.

Más contemporáneamente, la OIT adoptó el concepto de trabajo decente definiéndolo como aquel que dignifica a la persona humana y permite el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, es respetuoso de los derechos fundamentales en el trabajo y tiene aparejado un ingreso justo que permite la subsistencia digna. También señala que el trabajo decente se realiza de manera segura e informada, está socialmente protegido, permite y promueve el diálogo social y el tripartismo, sin dar cabida a la discriminación arbitraria.

Dentro de las decenas de convenios de la OIT, el Consejo de Administración, órgano ejecutivo de la OIT, ha establecido que ocho convenios son fundamentales por cuanto regulan y abarcan principios y derechos fundamentales en el trabajo. Se trata de los convenios sobre la libertad de asociación y la libertad sindical, y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil; y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Como se señaló anteriormente, el trabajo decente es aquel que se desarrolla con observancia de estos principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Ahora bien, la promoción y la protección del trabajo decente se realizan no solo a través de la adopción de normas internacionales del trabajo. Las declaraciones de la OIT son resoluciones de la Conferencia Internacional del Trabajo que contienen una declaración formal y autoritativa e importan un compromiso simbólico y político de los Estados miembros sobre ciertos principios y valores, o para hacer frente a momentos significativos de la historia de la humanidad o a los avances y cambios en el mundo del trabajo. A lo largo de su historia, la OIT ha adoptado una serie de declaraciones, siendo las más importantes las que se citan a continuación. La Declaración de Filadelfia (1944), incorporada a la Constitución de la OIT, constituye la carta de propósitos y objetivos de la organización. La Declaración sobre la igualdad de género (1975) establece la igualdad de oportunidades y de trato de trabajadores y trabajadoras y llama a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres. La Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) determina una serie de derechos y principios fundamentales en el trabajo contenidos en convenios fundamentales, los cuales deben ser observados por las partes con independencia de las ratificaciones efectuadas.

La Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008) expresa la visión contemporánea del mandato de la OIT en la era de la globalización. La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración EMN) fue adoptada en 1977 y actualizada por última vez en el año 2017, y constituye el único instrumento internacional tripartito dirigido a empresas multinacionales, a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores con orientaciones en materia de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida y relaciones laborales. La Declaración del centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo (2019) hace un llamado a volver a centrar la mirada en las personas frente a las profundas transformaciones tecnológicas y demográficas, el cambio climático y los posibles efectos de la automatización y la cuarta revolución industrial.

La Declaración de la OIT para promover una conducta empresarial responsable

La consecución del trabajo decente para todos depende de diversos actores. Por una parte, están los gobiernos, que, junto con la promoción económica y del empleo, a través de su actividad legislativa, reglamentaria, judicial y fiscalizadora, promueven y protegen los derechos humanos y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Por otra parte, se encuentran los trabajadores, quienes, mediante su organización y la defensa colectiva de sus intereses, promueven mejores condiciones de trabajo, salarios, seguridad y balance con la vida familiar. El tercer actor son las empresas, que, en el marco de sus actividades, tienen la obligación de respetar los derechos humanos y los derechos fundamentales en el trabajo y cumplir con las leyes nacionales.

Existe un consenso en que la conducta empresarial debe ir más allá del mero cumplimiento de mínimos normativos. Las empresas, especialmente las multinacionales, mediante su actividad económica, impactan también de manera positiva sobre las comunidades en donde operan. Así, pueden contribuir, por ejemplo, a la promoción del bienestar económico y social, a la mejora en el nivel de vida y la satisfacción de las necesidades básicas, a la creación de oportunidades de empleo, al desarrollo y la transferencia de tecnología y a la promoción y realización del trabajo decente, entre muchas otras cuestiones.

Esta combinación entre la prevención y la mitigación de los impactos negativos en los derechos humanos, así como los derechos y principios fundamentales en el trabajo, por una parte, y la promoción de los efectos positivos de la actividad empresarial, por la otra, constituyen la conducta empresarial responsable. Muchos términos se han usado para describir esto: responsabilidad social empresarial (RSE), responsabilidad social corporativa (RSC), conducta empresarial responsable (CER), empresas y derechos humanos (EyDDHH). Sin embargo, todos estos conceptos se relacionan con la idea de que las empresas deben considerar los impactos tanto negativos como positivos de sus operaciones y cadenas de suministro sobre las personas, el planeta y la sociedad como parte de sus operaciones comerciales principales y no como un complemento. De esta forma, la conducta empresarial responsable va más allá del simple cumplimiento de las leyes nacionales y no debe entenderse como equivalente a filantropía.

Para promover esta contribución positiva de las empresas al progreso económico y social de los países, la OIT aprobó en 1977 la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, que fue actualizada en 2017. Se trata de una serie de directrices a los gobiernos y a las empresas, cualquiera sea su tamaño, ubicación geográfica o la estructura de su propiedad, para la consecución del trabajo decente, el verdadero diálogo social y la plena protección de los derechos y principios fundamentales en el trabajo. La Declaración tripartita busca relevar la contribución positiva de las empresas en el desarrollo social y cubre materias específicas para el mundo del trabajo. Algunas de ellas son la necesidad de contar con una política activa del gobierno para el pleno empleo productivo y libremente elegido y el trabajo decente, consultas tripartitas antes del inicio de sus operaciones comerciales, tecnologías que produzcan empleo, transición a la economía formal, pisos de seguridad social, eliminación del trabajo forzoso e infantil, discriminación, protección de empleos, seguridad y salud, formación continua, libertad sindical y negociación colectiva, así como mecanismos de reparación y solución de conflictos laborales.

Esta Declaración se enmarca en una serie de instrumentos internacionales destinados a fomentar una conducta empresarial responsable, tales como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que cubren todas las áreas de responsabilidad de las empresas, incluyendo cuestiones laborales, derechos humanos, medio ambiente, transparencia de la información, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia y pago de impuestos y cargas fiscales. Otro de los instrumentos son los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que establecen la obligación del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales, el deber de las empresas de cumplir con todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos y el acceso efectivo a mecanismos de reclamación y reparación en caso de incumplimiento.

Los desafíos de la conducta empresarial responsable en América Latina

Alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es especialmente complejo en América Latina por las múltiples encrucijadas en que se encuentra. El continente presenta una serie de difíciles desafíos para la adopción de políticas, estrategias y programas efectivos y eficaces que permitan erradicar la pobreza, el hambre, contar con instituciones transparentes y alcanzar el trabajo decente para todos.

En este sentido, la conducta empresarial responsable no está ajena a estos desafíos. América Latina no solo presenta desigualdad en los ingresos, sino también en el ejercicio de derechos, de género y étnica; la destrucción del medio ambiente debido a una extrema dependencia de la explotación de recursos naturales y productos primarios, incluyendo estos últimos en las cadenas mundiales de suministro; así como la situación de sus pueblos indígenas, históricamente excluidos y discriminados del desarrollo nacional. A esto se suman los conocidos desafíos en materia de legitimación social de los actores políticos y empresariales y las limitaciones en la confianza respecto a las instituciones democráticas.

Este escenario, sin embargo, se presenta como una gran oportunidad para las empresas en América Latina, sean estas multinacionales, multilatinas o locales, para contribuir a un auténtico desarrollo inclusivo y sostenible, y así legitimarse ante las sociedades de los países en donde operan. Los desafíos, si bien complejos, no son imposibles de enfrentar, especialmente si las empresas adoptan una conducta empresarial responsable como parte esencial de sus operaciones. Para eso, los instrumentos internacionales ya mencionados, en especial la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT, permiten que, de manera dialogada, constructiva y conjunta, los gobiernos, las empresas, los trabajadores y todas las partes interesadas puedan crear condiciones de trabajo decente, diálogo social y empresas sostenibles.