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El trabajo doméstico remunerado en América Latina: avances y retos para la protección de una ocupación eminentemente femenina

Esta nota aborda la evolución del trabajo doméstico en América Latina, la situación y retos actuales y los principales desafíos que enfrenta a futuro.

Opinión | 13 de diciembre de 2019
Por María Elena Valenzuela, ex funcionaria OIT, especialista en políticas de empleo y  género y Juan Jacobo Velasco, Oficial Nacional de Información Laboral, de OIT Cono Sur.

María Elena Valenzuela
Jacobo Velasco
Historia y presente del trabajo doméstico en América Latina

Todas las sociedades requieren para su funcionamiento básico que se garanticen tanto la producción como el cuidado de la vida individual y colectiva. El trabajo de cuidado implica aquellas actividades físicas, mentales y emocionales necesarias para la generación, crianza y socialización de niños y niñas, así como el mantenimiento de las familias y las personas desde la infancia hasta la vejez. Es un trabajo fundamentalmente relacional y asignado a las mujeres como una responsabilidad naturalmente femenina (Brites, 2007). En estas condiciones, puede ser realizado de forma no remunerada, es decir, como una “obligación” que asumen por lo general las mujeres respecto a los miembros de su hogar; o remunerada a través de la contratación, también casi siempre de una mujer, para actividades de servicio, cuidado y preocupación por los miembros de la familia. La noción de cuidado supone de tal modo tareas realizadas esencialmente por mujeres, tanto por miembros de la familia o a través de la contratación de servicios personales. Además de ser concebida como una actividad femenina, tiene escaso reconocimiento y valoración social.

El trabajo reproductivo que realizan las mujeres permaneció por muchos años invisible, tanto en la agenda pública como en los estudios académicos. La falta de reconocimiento social de dichas actividades como trabajo llevaba a clasificar a las mujeres dedicadas a las tareas de cuidado de la familia como inactivas y considerar a las mujeres que se integraban a la ocupación como fuerza de trabajo secundaria. En particular, el trabajo doméstico remunerado (TDR) ha sido tratado como una categoría laboral híbrida: pese a tener relaciones laborales que por su naturaleza corresponden al trabajo asalariado, en la práctica ha funcionado con condiciones laborales propias del empleo informal. Ha contribuido a esto el lento proceso de equiparación de las condiciones del TDR con otros asalariados, así como la debilidad institucional para hacer cumplir la legislación que regula sus relaciones laborales. El TDR ha sido considerado también como una ocupación de baja productividad, asociado a la generación de productos o servicios tangibles, sin reconocer que facilita que los miembros del hogar puedan participar en el trabajo remunerado.

El TDR ha sido particularmente simbólico de los desafíos que la inserción laboral ha tenido para las mujeres en América Latina dado que es una de las categorías ocupacionales femeninas más importantes, aunque, como se señaló, con escaso reconocimiento y valoración social. En 2017 representaba el 14,6% del total de las trabajadoras ocupadas en América Latina (OIT, 2018). Históricamente, concentró a mujeres pobres y con menor nivel de educación, muchas de ellas indígenas y afrodescendientes. Por muchos años fue la puerta de entrada al mundo laboral de mujeres jóvenes que migraban del campo a la ciudad en busca de ingresos para ellas y sus familias. Sus condiciones laborales estaban marcadas por la precariedad, las largas jornadas laborales, los bajos salarios y la discriminación. Por lo general, los marcos laborales para proteger a las trabajadoras domésticas remuneradas les otorgaban menos derechos que al resto de los trabajadores asalariados y, a pesar de esto, los niveles de incumplimiento han sido tradicionalmente altos (Valenzuela y Mora, 2009).

Sin embargo, recientemente se han generado importantes cambios en el marco normativo que rige al TDR. En particular, la adopción del Convenio núm. 189 sobre trabajadores y trabajadoras domésticas en 2011 marcó un hito en el reconocimiento del carácter laboral de esta ocupación y los derechos que corresponden a quienes la desempeñan.

América Latina, al igual que el resto del mundo, enfrenta hoy una crisis de los cuidados, por lo que la discusión sobre el TDR es particularmente importante. El incremento en la participación laboral de las mujeres no ha ido acompañado de una redistribución de los tiempos dedicados al cuidado de la familia entre hombres y mujeres. A esto se añade el impacto de los cambios en la organización y en los tiempos de trabajo, la falta de inversiones públicas para proveer servicios de cuidado, lo que, sumado a la concentración urbana que demanda largos tiempos de desplazamiento, ha generado una presión aún mayor sobre las mujeres y los hombres ocupadas/os para responder a las crecientes demandas de cuidado. En el marco de políticas fiscales restrictivas, se ha tendido además a poner en el ámbito privado de las familias la responsabilidad de resolver las demandas de cuidado de niños y niñas, adultos mayores, personas discapacitadas y enfermos. Esto, en la práctica, ha aumentado las desigualdades, ya que solo las familias de mayor nivel de ingreso pueden contratar apoyo para enfrentar las necesidades de cuidado, mientras la mayoría de los hogares –entre ellos los que tienen trabajadoras domésticas– no están en condiciones de afrontar este déficit de cuidado.

Cambios estructurales del trabajo doméstico remunerado

La composición de la fuerza de trabajo que se ocupa en el TDR y en las modalidades en que se ejerce esta ocupación ha experimentado cambios importantes. Aun cuando sigue siendo desempeñada casi exclusivamente por mujeres, la edad promedio de las trabajadoras ha ido aumentando. Las mujeres jóvenes –con mayor nivel de educación– prefieren otras opciones laborales, ya que las tareas asociadas al TDR en general aún tienen peores condiciones laborales y todavía están estigmatizadas. Además, en algunos países de la región, el TDR se ha convertido en un nicho importante para mujeres migrantes.

Por otra parte, las modalidades tradicionales del TDR han tendido a cambiar hacia formas de trabajo acordes con relaciones laborales más modernas. En la actualidad, la gran mayoría de las trabajadoras se desempeña puertas afuera y una creciente proporción trabaja para más de un empleador. La duración de sus jornadas laborales ha disminuido, asemejándose más a las del resto de los trabajadores asalariados. En materia de los servicios que proveen, se está dando una creciente especialización y algunas asumen responsabilidades que en otros contextos corresponden a trabajadoras calificadas de áreas como salud o enseñanza. Adicionalmente, la irrupción de la economía digital también está impactando sobre los procesos de búsqueda de trabajo y ya se han creado plataformas digitales que ofrecen servicios domiciliarios de limpieza y cuidado de personas. Además, factores asociados a la mayor demanda por trabajo doméstico y marcos legales que otorgan mayor protección han sido claves para mejorar sus condiciones laborales. Los salarios en el TDR se han incrementado a una tasa mayor que la del resto de las mujeres ocupadas, impulsados en muchos casos por los aumentos en el salario mínimo, por lo que esta ocupación ha adquirido en los últimos años un mayor nivel de reconocimiento.

El rol de las organizaciones de trabajadoras domésticas

El papel de las organizaciones de trabajadoras domésticas ha sido relevante en este proceso de transformación. América Latina cuenta con una rica tradición de organización de las trabajadoras domésticas remuneradas. A mediados del siglo XX, ya existían organizaciones en varios países de la región (Chile, la Argentina y Brasil), que buscaban un trato digno y condiciones mínimas de trabajo para esta ocupación. Las organizaciones fueron evolucionando, al mismo tiempo que aumentaba el número de países que contaban con ellas. En 1988 se creó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), que actualmente agrupa a 23 organizaciones de 14 países de la región. Con el apoyo de la OIT en 2005, se realizó el primer encuentro regional entre representantes de las organizaciones en el marco de la CONLACTRAHO y de organizaciones sindicales (Comité Continental de Mujeres de la ORIT). Este encuentro concluyó con un acuerdo en que hacían un llamado conjunto a la OIT para adoptar un Convenio internacional para proteger sus derechos.

Pese a las dificultades para articularse, debido a los factores de aislamiento y dispersión que caracterizan al sector, las organizaciones de trabajadoras domésticas a nivel nacional y regional se han movilizado exitosamente para promover cambios en la legislación y en las políticas nacionales. Un logro importante ha sido establecer procesos de negociación colectiva en Uruguay, la Argentina y el municipio de San Pablo (en Brasil). Uruguay desempeñó un papel pionero, al realizar la primera ronda de negociación colectiva de trabajo doméstico en 2008, en un proceso no exento de dificultades. A pesar de que la ley adoptada en 2006 incorporaba por primera vez al sector de trabajo doméstico al proceso de negociación colectiva, pasaron dos años para efectuarlo debido a la ausencia de contraparte empleadora, rol que asumió la Liga de Amas de Casa. El apoyo técnico brindado por la OIT junto a otros actores contribuyó a fortalecer tanto a las representantes sindicales como del sector empleador. Desde esa fecha, se han realizado varias rondas de negociación, que han establecido salario por categoría y otras condiciones laborales.

La importancia del Convenio núm. 189 en América Latina

El Convenio núm. 189 y la Recomendación núm. 201 de la OIT (2011) reconocen a los trabajadores domésticos el respeto de sus derechos fundamentales y el derecho a disfrutar condiciones laborales no inferiores respecto de otros trabajadores en relación de dependencia. El Convenio núm. 189 destaca además el reconocimiento del derecho de asociación y la posibilidad de suscribir convenios colectivos. También hace hincapié en su acceso a la justicia laboral y en su necesidad de contar con inspección laboral. En virtud de su contenido y directrices, el Convenio núm. 189 se convirtió en una guía para el reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas en un marco de igualdad respecto del resto de trabajadores en relación de dependencia.

Si bien en varios países de la región se venían produciendo diversas modificaciones legales para ampliar sus derechos con anterioridad a la adopción del Convenio núm. 189, América Latina ha ejercido el liderazgo en materia de ratificación y protección legal de las trabajadoras domésticas. De los 29 países que han ratificado este Convenio, 16 son de América Latina y el Caribe; 8 países de Europa, 4 de África y apenas uno de Asia. Uruguay fue el primer país a nivel mundial en suscribir el Convenio núm. 189 en 2012. Posteriormente, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Guayana lo hicieron en 2013; Costa Rica, la Argentina y Colombia en 2014; Chile, Panamá y República Dominicana en 2015; Jamaica en 2016 y Brasil, Perú y Granada en 2018.

El Convenio núm. 189 establece con claridad las condiciones laborales básicas que se deben aplicar para esta ocupación. Su ratificación ha llevado a varios países a impulsar reformas en la legislación laboral a fin de adecuarla a los principios que este plantea, acercando o equiparando los derechos al resto de los asalariados. Entre los principales avances para eliminar la discriminación y equiparar derechos, está la normativa referente al tiempo de trabajo y la fijación de límites máximos a la jornada semanal y diaria. En 8 países la normativa vigente equipara la jornada máxima al resto de los asalariados (la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) y en un número mayor establece la obligatoriedad de pausas o descansos durante la jornada diaria.

En 8 países el salario mínimo está equiparado al salario mínimo nacional (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Paraguay) en tanto en 2 países el salario mínimo se fija a través de un proceso de negociación colectiva (la Argentina y Uruguay). Si bien en varios países se permite el pago en especie para las trabajadoras que habitan en la vivienda de sus empleadores, en la mayoría no se considera parte integrante de la remuneración, con lo cual no afecta sus salarios. En 11 países las reformas incluyen la obligación del pago de horas extraordinarias, aunque en algunos casos se limitan a las horas trabajadas en días feriados o de fin de semana. Adicionalmente, las reformas han tendido a eliminar discriminaciones al acceso de la seguridad social.

El proceso de ratificación del Convenio núm. 189 también ha contribuido a modificar el marco normativo que rige al trabajo doméstico remunerado en varios países de la región durante la década de 2010. En particular, se destacan las reformas que se implementaron en la Argentina (2013), Brasil (2013, 2015), Chile (2014) y Paraguay (2015), que incorporan buena parte de las recomendaciones del Convenio o generan adecuaciones novedosas al marco general que norma a los trabajadores en relación de dependencia. Junto a estas reformas, sobresalen avances recientes en el marco legal de las trabajadoras domésticas. En 2018 la Corte Suprema de México calificó como “inconstitucional” el no registro de las trabajadoras domésticas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y determinó la obligatoriedad de la afiliación de dos millones de trabajadoras domésticas mexicanas en el plazo de tres años. En Paraguay, la obligación del pago del salario mínimo nacional fue decretada por ley en junio de 2019.

Los desafíos para el trabajo doméstico remunerado

Contratar los servicios de una trabajadora doméstica remunerada es la estrategia de muchos hogares de ingresos medio-altos y altos en la región para resolver sus necesidades de cuidado, permitiendo a sus miembros adultos desempeñarse en ocupaciones bien remuneradas. Si bien en los últimos años se ha producido un creciente reconocimiento y profesionalización de este trabajo y se han llevado a cabo cambios en los marcos legales para equiparar sus derechos y mejorar sus condiciones laborales, el TDR es todavía una de las ocupaciones con menores salarios, mayores niveles de informalidad y menor cobertura de seguridad social. El TDR en América Latina debe ser parte de una política integral de cuidados, que asuma tanto las condiciones laborales de las trabajadoras como las condiciones para su profesionalización y reconocimiento social. Junto con este objetivo, los esfuerzos institucionales y de políticas deben realizar acciones complementarias para responder a las necesidades de cuidado de toda la población y no solo de parte de quienes están en condiciones de contratar los servicios de TDR. Frente a la disminución del flujo de ingreso de jóvenes al TDR y al posible incremento de trabajadoras migrantes a este sector, se abre el interrogante sobre el futuro de esta ocupación.

Referencias bibliográficas

  • Brites, J. (2007). “Afeto e desigualdade: gênero, geração e classe entre empregadas domésticas e seus empregadores”, en Cadernos Pagu, Nº 29, pp. 91-109.
  • OIT (2018). Panorama Laboral 2018, Lima.
  • Valenzuela, M. E. y C. Mora (eds.) (2009). Trabajo doméstico: un largo camino hacia el trabajo decente, Santiago, OIT.