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OIT e Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP publican primer boletín jurisprudencial sobre trata de personas, trabajo forzoso y otras formas de explotación en Perú

La iniciativa busca esclarecer las complejidades presentes en el tratamiento del delito de trata de personas, realizando comentarios, reconocimientos u observaciones críticas a determinadas piezas procesales.

Noticia | 15 de marzo de 2022

Lima — Se publicó el primer número del Boletín jurisprudencial sobre trata de personas, trabajo forzoso y otras formas de explotación con el propósito de contribuir con un sistema de justicia penal y tutelar de los derechos de las víctimas de trata de personas y de los principios del debido proceso.

La herramienta fue desarrollada por la Oficina para los Países Andinos de la OIT —en el marco de las actividades del Proyecto Alianzas en Acción para terminar con la trata de Niñas, Niños y Adolescentes en Perú— y el Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción, Lavado de Activos, Trata de Personas y otras formas de criminalidad organizada (DEPECCO), adscrito al Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP.

Existe una gran complejidad en el tratamiento del delito de trata de personas, la que se expresa, por ejemplo, en la comprensión de un medio de comisión que ha sido extraño al sistema jurídico peruano —el abuso de una situación de vulnerabilidad— o en el entendimiento de conceptos altamente jurídico-normativos, como la esclavitud —la servidumbre o el trabajo forzoso—.

Esta complejidad se agrava sustancialmente con la aparición de diversas modalidades de explotación sexual o laboral, o la reforma de los delitos de proxenetismo y favorecimiento a la prostitución, toda vez que hacen difícil el tratamiento del concurso de delitos o leyes.

Todo ello motiva a que, en un afán constructivo, en cada número de este boletín se puedan realizar comentarios, reconocimientos u observaciones críticas a determinadas piezas procesales —resoluciones judiciales o dictámenes fiscales— consideradas significativas para, en algunos casos, estimular su seguimiento y fortalecimiento dogmático–penal o procesal–penal, así como cuestionar su fundamentación o evitar su consolidación. Esto último debido a que revelarían una doctrina contraria a los derechos de las víctimas y, por el contrario, podrían significar la promoción arbitraria de lagunas de impunidad.

El equipo que ha trabajado esta primera edición está conformado por:

  • Yvan Montoya Vivanco. Profesor Principal de Derecho Penal en el Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Consultor Externo de la Oficina para los Países Andinos de la OIT y Coordinador del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción, Lavado de Activos, Trata de Personas y otras formas de criminalidad organizada (DEPECCO) adscrito al IDEH-PUCP.
  • Héctor Campos García. Profesor contratado de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Coordinador de la Clínica de Derecho Privado (PUCP) y Asociado Senior de Linares Abogados.
  • Pamela Morales Nakandakari. Ha sido asistente de Investigación en la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago. Becaria Fullbright. Candidata a LL.M por la Universidad de Chicago (EE.UU.) y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
  • Daniel Quispe Meza. Profesor contratado de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ha sido Secretario de Confianza de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Corrupción, Lavado de Activos, Trata de Personas y otras formas de criminalidad organizada (DEPECCO) adscrito al IDEH-PUCP.
  • Y como invitado especial, Héctor Campos García. Profesor contratado de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Coordinador de la Clínica de Derecho Privado (PUCP) y Asociado Senior de Linares Abogados.

En este número se han comentado tres resoluciones judiciales. La primera es la Casación 1190–2018 Cusco, que trata un caso de trata de menores de edad con fines de explotación sexual, específicamente el caso de las adolescentes como damas de compañía. La segunda es una cuestionable sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Tumbes (N° 00109–2019–33–2602–JR–PE–01), la misma que aborda un caso de trata de menores de edad con fines de explotación laboral. Finalmente, la tercera resolución judicial es la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Madre de Dios–Tambopata, mediante la Sentencia emitida en el Exp. N.º 01047–2017–26–2701–JR–PE–02.