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América Latina

Baja protección social e invisibilidad estadística aumenta vulnerabilidad de 55 millones de personas indígenas

La pandemia por COVID-19 afecto desproporcionadamente a más de 800 pueblos indígenas con sobrerrepresentación en la informalidad y entre los más pobres, pocas oportunidades de trabajo decente, así como obstáculos a su acceso a educación y participación política, dice nuevo informe de la OIT

Noticia | 15 de diciembre de 2022
@OIT
LIMA (Noticias de la OIT) – La crisis provocada por la COVID-19 puso en evidencia la vulnerabilidad en la que viven más de 800 pueblos indígenas en América Latina, y replanteó el desafío de lograr una mejor cobertura de los sistemas de protección social en toda la región, destacó hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“La crisis ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan en el acceso a la atención de salud y a la seguridad social”, dice un nuevo informe elaborado por la Oficina Regional de OIT, al señalar que esto ha sido “consecuencia de la discriminación y marginación histórica”.

“Las brechas preexistentes en el acceso a la protección social han colocado a estos pueblos en una situación de mayor vulnerabilidad enmarcada en el contexto pandémico”, añade.

El documento titulado “Panorama laboral de los pueblos indígenas en América Latina: La protección social como ruta hacia una recuperación inclusiva frente a la pandemia de COVID-19” tiene como objetivo presentar un panorama sobre las características socioeconómicas de los pueblos indígenas en América Latina y el estado de su acceso a la protección social.

En la región hay casi 55 millones de mujeres y hombres indígenas, “representando el 8,5 por ciento del total de la población” latinoamericana.

Se advierte que “hay tendencias globales que se reproducen en la región, como la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y entre los más pobres, el bajo acceso al trabajo decente, así como los obstáculos a su acceso a la educación y a la participación política”.

Se destaca que entre los pueblos indígenas se está produciendo una tendencia importante, como es el crecimiento de la población indígena que vive en centros urbanos. En la actualidad aproximadamente el 52 por ciento de la población indígena vive en zonas urbanas, el 48 por ciento vive en zonas rurales.

La migración hacia zonas urbanas está impulsada por un lado por la búsqueda de mejores oportunidades de generación de ingresos y, por otro lado por factores impulsores como el despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, los desplazamientos debido a conflictos y violencia, entre otros.

Con respecto a la situación en el empleo, datos de la OIT demuestran que un 85 por ciento de las mujeres y hombres indígenas en América Latina y el Caribe están ocupados en la economía informal, muy por encima de la tasa de alrededor de 50 por ciento para la población ocupada en general.

Los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población. De acuerdo con los datos disponibles el 16 por ciento de los indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del 4 por ciento.

Además, América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos laborales. Los salarios indígenas equivalen a un 33 ciento de los que perciben no indígenas.

Los datos recopilados por OIT provienen de información recogida en las encuestas de hogares de los países. Aún así, de los 18 países de América Latina y el Caribe que disponen de información de encuestas de hogares y empleo, solo 8 cuentan con información étnica de las personas, indagando sobre su pertenencia a pueblos indígenas, a saber, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú.

La OIT considera que esto genera una situación de “invisibilidad estadística”, que constituye “el primer peldaño dentro de una secuencia de tratos no igualitarios que pueda recibir este segmento de la población”.

“Al no estar representados en las estadísticas oficiales es más difícil incluirlos dentro de los indicadores de metas de desarrollo de los países, y su condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas públicas”, advierte el documento.

Garantizar el acceso a oportunidades de trabajo decente para las personas indígenas, así como su acceso a la protección social, son pasos decisivos para corregir la situación de postergación, dice el informe.

En cuanto a la protección social, los pueblos indígenas de la región son en menor proporción aportantes y pensionistas que los no indígenas, y tienen menor acceso a los sistemas de salud, dice el informe. Al mismo tiempo, “en los países analizados, las mujeres y hombres indígenas dependen más de los sistemas de ayuda social que sus homólogos no indígenas”.

Frente a este escenario socioeconómico, la OIT considera que “el establecimiento de sistemas de protección social, incluidos los pisos de protección social, que consideren las particularidades de los pueblos indígenas es fundamental para acortar la brecha de las desigualdades y vulnerabilidades que los afectan”.

El documento recuerda que la Recomendación núm. 202 de OIT indica que los pisos de protección social deberían comprender por lo menos las cuatro siguientes garantías básicas:
  • La protección social de la infancia: beneficios familiares y por niño
  • La protección social de las mujeres y de los hombres en edad de trabajar: prestaciones de maternidad y discapacidad, protección en caso de accidentes laborales, enfermedad profesional y desempleo, pensiones de invalidez, prestaciones de enfermedad
  • La protección social de las mujeres y de los hombres mayores: las pensiones de vejez y sobrevivientes
  • La protección de la salud
La necesidad de garantizar una mayor protección en materia de seguridad social y en salud a los pueblos indígenas también está claramente establecida en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT.

América Latina y el Caribe es la región que más ha ratificado esta norma internacional, con 14 de las 24 ratificaciones.