TOKIO - Cada semana pequeños grupos de desesperadas mujeres tailandesas piden ayuda a su Embajada en Tokio, aferrándose a la última oportunidad que les queda de liberarse de una vida de explotación y violencia.

Son víctimas de la trata de seres humanos. Se las trajo al país para hacerlas trabajar, a menudo en condiciones ilegales y engañadas acerca de la índole real del empleo que iban a tener y de los ingresos que éste les iba a suponer. Muchas de las que terminan hundidas en esta economía sumergida deben aguantar unas condiciones terribles, en empresas donde se las explota y en la industria del sexo. La ausencia de estadísticas exactas impide determinar cuántas se hallan en esta situación, aunque en 2004 se notificaron a la policía 74 casos de trata y se hallaron 77 víctimas. Pero es probable que estas cifras oficiales representen sólo la punta del iceberg.

Los traficantes suelen estar vinculados a alguna de las redes japonesas del crimen organizado, llamadas yakuza, que cobran a los trabajadores objeto de la trata grandes cantidades de dinero a cambio de hacerles entrar en Japón, hallarles un empleo y suministrarles alimentos y alojamiento. Las "deudas" de hasta 50.000 dólares de los Estados Unidos no son raras y pueden empujar a la víctima hacia un círculo interminable de servidumbre por deudas. Aunque trabajen muy duro, muchas víctimas de tráfico no logran rembolsar sus "deudas".

Cómo empezó todo

La trata de seres humanos cuajó realmente en Japón en los años ochenta. El rápido crecimiento económico y la demanda generada por la constante multiplicación de bares y restaurantes motivaron una afluencia masiva de tailandeses, filipinos y coreanos al país, a menudo por cauces relacionados con el crimen organizado.

Con todo, hasta fechas recientes la opinión pública apenas se ha preocupado de las dificultades con que tropiezan trabajadores migrantes - Japón sigue siendo una sociedad con un porcentaje extremadamente bajo de residentes extranjeros, donde la mayoría de las actividades ilegales se hallan ocultas.

Sin embargo, la situación empezó a cambiar en diciembre de 2002, cuando el Gobierno de Japón suscribió el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas (que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Protocolo de Palermo). Tanto el Gobierno como organizaciones internacionales han celebrado desde entonces varios coloquios y otros eventos a fin de dar a este fenómeno el realce que merece y sensibilizar a la población al respecto. Se constituyó en el seno del mismo Gobierno un Comité sobre la Violencia contra la Mujer encargado de coordinar todas las actividades relativas a la trata de personas. También existe en el Gobierno una tribuna interorganismos encargada de tratar directamente el problema. Además el 14 de diciembre de 2004 se lanzó un Plan Nacional de Acción.

Todavía subsisten, sin embargo, desafíos significativos. Muchas víctimas de esta operación llevadas al país mediante maquinaciones insidiosas que a veces afectan incluso a familiares y amigos suyos. Carentes de visado o con visado caducado, se muestran, en cuanto extranjeros ilegales, renuentes a pedir ayuda a las autoridades, y ello principalmente por las amenazas de violencia o la estrecha vigilancia a las que pueden someterles sus "protectores". Keiko Otsu, de la organización HELP y Cobijo para las Mujeres Asiáticas en Tokio, declara que "muchas mujeres son amenazadas por su intermediarios con ser encarceladas por estancia ilegal en el país si se escapan". También sus familias sufren a menudo este tipo de amenazas. Cuando estas víctimas piden ayuda a la policía o a la oficina de inmigración se las trata como delincuentes. Según añade Otsu, "incluso cuando los intermediarios o traficantes quedan detenidos, es difícil que las víctimas pidan reparación porque normalmente ya han sido expulsadas del país. La ausencia de un sistema garante de los derechos de las víctimas coarta toda investigación de las actividades de trata".

Cuando estos casos llegan hasta los tribunales, las víctimas suelen despertar pocas simpatías. Según algunos miembros del poder judicial, como muchas mujeres saben que acabarán de prostitutas, su caso se resume a un supuesto de trata de personas y no de trabajo forzoso. Sin embargo, el Cónsul de Tailandia en Japón, Pisanu Sohbon, que tramita muchos de estos casos, tiene una opinión muy distinta al respecto. "Las víctimas ignoran que van a trabajar duro y en condiciones de explotación, y que no podrán regresar a su país cuando lo deseen. Caen en astutos engaños y por ello no cabe dudar de que son víctimas de un trabajo forzoso."

Reacción de las ONG

Hoy día se oye más hablar de ONG como HELP y el hogar Saalaa para mujeres, de Tokio, que han dado cobijo a mujeres que lograron escapar de las redes de los traficantes. Animadas por la firma del Protocolo de Palermo por el Gobierno de Japón, estas ONG conformaron la Red japonesa de lucha contra la trata de personas (JNATIP), que celebró su primera reunión en 2003. A ella asistieron diez ONG, lo cual es indicativo de que la comunidad de beneficencia japonesa está dispuesta a influir en el sector público y a velar por que las mujeres y los hombres víctimas de estas prácticas gocen de mejor trato.

Desafíos

La trata de personas desde Japón hacia otros países es considerada como un delito, pero no existe el mismo tratamiento para el tráfico de personas hacia Japón. El Gobierno a propuesto una revisión del Código Penal que deberá ser discutida por el Parlamento durante su período ordinario de sesiones de 2005, en el cual se plantea actuar con más firmeza contra la trata, el secuestro y el confinamiento porque afectan la libertad de las personas.

Recientemente un conocido delincuente acusado del tráfico de numerosas mujeres colombianas fue procesado solamente por violar las leyes migratorias y laborales. Fue condenado a 2 años de cárcel, en vez de los 10 años que suelen aplicarse en los países donde ya se aplica la legislación contra la trata.

Otros desafíos tienen que ver con la capacitación de funcionarios gubernamentales que con frecuencia subestiman el componente criminal de la trata de personas, al interior de una sociedad en la cual a menudo se considera que las víctimas de trata son responsables de la situación en la cual se encuentran. Las ONGs quieren que el Gobierno invierta más recursos para asistir a quienes logran escapar, incluyendo visas para su protección que les permitan quedarse en el país por un corto período de tiempo, iniciar las acciones legales que consideren pertinentes, y no tener que vivir bajo la amenaza constante de la deportación.

Actuación de la OIT

En noviembre de 2001 la OIT creó una unidad especial encargada de coordinar la labor contra la trata de personas en cumplimiento del Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso (SAP-FL). Mientras en los países de origen la OIT sigue llevando a cabo los programas de prevención, el SAP-FL se centra sobre todo en la vertiente de la trata correspondiente a la demanda. También ha iniciado estudios experimentales en varios países de destino.

Para la OIT, la trata de personas representa una violación de los derechos humanos fundamentales, relacionada con la migración de mano de obra y la discriminación entre hombres y mujeres, y constitutiva de una de las peores formas de trabajo infantil. La OIT se centra también en la investigación, la sensibilización, la cooperación técnica y la colaboración con los gobiernos y las organizaciones de empleadores y trabajadores con miras a eliminar el trabajo forzoso. Roger Plant, en su calidad de Jefe del SAP-FL, declara que "las trabas ... que dificultan la migración legal a causa de la demanda de trabajadores migrantes baratos ... pueden abonar peligrosamente el terreno a los traficantes". A este respecto, SAP-FL publicará en breve un informe de capital importancia titulado "Human trafficking for sexual exploitation in Japan" (la trata de seres humanos para su explotación sexual en Japón).