GINEBRA (Noticias de la OIT) - El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) concluyó su 282ª sesión con un compromiso renovado para la erradicación del trabajo forzoso en Myanmar, la decisión de establecer una Comisión Mundial compuesta por 18 expertos de reconocido prestigio encargados de analizar la repercusión social de la mundialización, y un llamamiento para que terminen las graves violaciones de la libertad sindical cometidas en Belarús y Venezuela.

El Comité de Libertad Sindical de la OIT celebró su 50º aniversario en la defensa de los principales derechos de los trabajadores a organizarse y a participar en la negociación colectiva.

Asimismo, el Consejo de Administración llegó a un acuerdo respecto a las características generales de un programa de cooperación técnica para Colombia cuyo objetivo es crear mecanismos capaces de salvaguardar las vidas de los dirigentes sindicales y empresariales en aquel país y potenciar el cumplimiento de la libertad sindical, así como la mejora de la protección social, las condiciones de trabajo y la libertad de empresa en Colombia.

Myanmar

El Consejo de Administración de la OIT consideró con gran preocupación la limitada repercusión de las medidas adoptadas por el Gobierno para acabar con el trabajo forzoso en Myanmar y abogó por el establecimiento de una presencia permanente de la OIT en el país encargada del seguimiento de las iniciativas emprendidas para erradicar esta práctica.

La decisión se adoptó tras un exhaustivo debate acerca del informe del Equipo de Alto Nivel de la OIT que visitó Myanmar en septiembre de este mismo año y observó que, a pesar de la legislación promulgada hace un año, la práctica del trabajo forzoso persiste en muchas regiones del país, y especialmente en los lugares en los que la presencia militar es significativa.

Durante el debate, se subrayó que no puede permitirse que los responsables de la existencia de trabajo forzoso, en gran medida autoridades militares, actúen con impunidad y no sean sometidos al enjuiciamiento penal. En las conclusiones del Consejo de Administración se insta al Director General de la OIT a ofrecer asistencia técnica para la ejecución de la nueva legislación, incluida la eventual creación de la institución del defensor del pueblo.

El Consejo de Administración avaló la propuesta del informe, relativa a la institución de un defensor del pueblo "capaz de recibir las reclamaciones relativas al trabajo forzoso. Tendría el mandato y los medios necesarios para realizar investigaciones de manera directa y con imparcialidad, y contaría con la confianza necesaria de todas las partes interesadas".

El Consejo de Administración reconoció que Myanmar ha procurado mitigar el problema del trabajo forzoso y ha ampliado su cooperación en lo que respecta a una investigación sin precedentes acometida por el Equipo de Alto Nivel de expertos de la OIT.

Los miembros convinieron en la necesidad de ampliar las acciones encaminadas a reforzar la aplicación y el cumplimiento de la legislación y a divulgar la información sobre los decretos que prohiben el trabajo forzoso. A tal efecto, podría recurrirse a los medios de comunicación de masas en todo el país y a la traducción de las leyes recién promulgadas a los dialectos locales. A lo largo del debate, los ponentes llamaron la atención acerca de la falta de credibilidad del sistema jurídico de Myanmar y de su capacidad para compensar a las víctimas y procesar a los responsables de la existencia del trabajo forzoso.

En el informe del Equipo de Alto Nivel se señala que la representación permanente de la OIT en Myanmar reforzaría "la confianza de las víctimas que desean obtener reparación". Asimismo, permitiría asistir a las autoridades en su respuesta a la comunidad internacional en lo que se refiere a las denuncias efectuadas respecto a la práctica continuada del trabajo forzoso.

Comisión Mundial sobre Mundialización

En el Grupo de Trabajo sobre las Dimensiones Sociales de la Mundialización del Consejo de Administración se debatió una propuesta relativa a la creación de una Comisión Mundial compuesta por 18 expertos de reconocido prestigio, basada en otra propuesta remitida por Juan Somavia, Director General de la OIT.

La decisión de establecer dicha Comisión se adoptó mediante el consenso alcanzado en el Grupo de Trabajo antes citado, que se ocupó de analizar posibles métodos para potenciar su acción y de perfeccionar la base de conocimientos aplicable a las actividades de la OIT.

Los miembros de la Comisión, cuya designación está prevista para la primera parte del próximo ejercicio, participarán en la formulación de un "informe bien fundamentado sobre las dimensiones sociales de la mundialización, incluida la interacción entre la economía global y el mundo del trabajo".

Entre los miembros elegidos, cuya designación corresponderá al Director General, figurarán "personas eminentes caracterizados por sus importantes logros personales y su notable capacidad de análisis, que participarán en la Comisión a título individual". Se ha previsto que el informe de la Comisión sea presentado al Consejo de Administración en la sesión de marzo de 2003.

De acuerdo con la decisión del Consejo de Administración, la composición de la Comisión debe "congregar de una manera equilibrada los principales puntos de vista y perspectivas respecto a la formulación de políticas presentes en los debates sobre mundialización, brindando así la posibilidad de desarrollar soluciones consensuadas con un amplio espectro de apoyos".

Libertad sindical

El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración hizo un llamamiento urgente a Belarús y Venezuela para que modifiquen la legislación y las prácticas que limitan gravemente las libertades de las organizaciones sindicales.

El Comité de Libertad Sindical celebró su 50º aniversario de actividad en defensa de los derechos de los trabajadores a constituir sindicatos que los representen. Actualmente hay 76 casos pendientes de la consideración del Comité. En su última reunión, éste ha examinado 16 casos, alcanzando conclusiones definitivas en siete de ellos y provisionales en los otros nueve.

Engelen Kefer, Presidente del Comité, llamó la atención del Consejo de Administración respecto a dos casos, concretamente los de Belarús y Venezuela, "debido a la gravedad y la urgencia de las cuestiones planteadas en estos dos países".

El Comité dirigió una petición al Gobierno de Belarús para que "lleve a cabo investigaciones auténticamente independientes acerca de diversas denuncias relativas a las presiones y la intimidación a las que se han visto sometidos ciertos sindicalistas, y a la injerencia en las actividades de los sindicatos basada en las actividades de la patronal encaminadas a la constitución de nuevas estructuras sindicales".

En el caso de Venezuela, el Comité lamentó que el Gobierno no haya suspendido las funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en lo que respecta a las elecciones sindicales y que este órgano decidiera promulgar una Ley especial para la renovación de los puestos directivos sindicales "que regula en exceso el proceso electoral de los sindicatos". El Comité "reiteró su llamamiento favorable a la suspensión de las funciones del CNE y a la derogación de la Ley especial".