GINEBRA (Noticias de la OIT) - En un intento por construir un nuevo camino para pasar «de una visión a una política» en el mundo del trabajo, la Conferencia Internacional del Trabajo concluyó su 89.ª reunión en el día de hoy tras un animado debate entre trabajadores, empleadores y gobiernos sobre la reducción del déficit de trabajo decente en una economía globalizada.

Resumiendo el debate sobre su Memoria Reducir el déficit de trabajo decente, el Director General, Sr. Juan Somavia, dijo a los delegados: «Si esta reunión de la Conferencia tuviese que limitarse a un solo mensaje, éste sería que ahora todos juntos podemos conseguir que el Programa de Trabajo Decente pase de ser una aspiración a convertirse en una acción, de la concepción teórica a la aplicación práctica, de ser una visión a convertirse en una política».

El Director General instó a las delegaciones tripartitas a proseguir sus esfuerzos en el ámbito nacional con objeto de que «pongamos de relieve las diversas maneras de integrar el trabajo decente en el programa de desarrollo».

El Vicepresidente empleador, Sr. Daniel Funes de Rioja, expresó satisfacción por los resultados de la Conferencia (entre ellos la insistencia en un enfoque integrado de las normas del trabajo y el desarrollo) y señaló que la Conferencia debe seguir siendo un foro destacado para las estrategias capaces de generar un empleo real en un mundo real, que tengan en cuenta la naturaleza diversa de los retos económicos en todo el mundo.

El Vicepresidente trabajador, Lord Brett, dijo que la Conferencia había sido seria y que había demostrado la utilidad y pertinencia de la OIT como punto de encuentro donde los interlocutores sociales pueden debatir temas importantes del quehacer diario de la gente y las cuestiones vitales de los derechos humanos fundamentales, como el hecho de que el trabajo forzoso siga existiendo hoy en día.

La Conferencia estuvo presidida por la Sra. Patricia A. Sto. Tomas, Secretaria de Trabajo y Empleo de Filipinas.

Además del amplio debate sobre la reducción del déficit de trabajo decente, los delegados aprobaron por abrumadora mayoría la primera norma del trabajo sobre seguridad y salud en la agricultura (cuyo objetivo es proteger a los 1.300 millones de trabajadores agrícolas de todo el mundo) por 402 votos a favor, 2 en contra y 41 abstenciones. El nuevo Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura entrará en vigor cuando haya sido ratificado por dos Estados Miembros de la OIT. Asimismo, se adoptó una Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura que registró 418 votos a favor, ningún voto en contra y 33 abstenciones.

En relación con otras cuestiones, la Conferencia prosiguió sus esfuerzos por eliminar el trabajo forzoso en Myanmar. La Conferencia decidió enviar un «equipo de alto nivel» a Myanmar para que lleve a cabo una evaluación objetiva de la situación en el país, que ha sido condenado en repetidas ocasiones por el empleo generalizado de trabajo forzoso.

En una sesión especial de la Comisión de Aplicación de Normas se insistió en que el equipo de alto nivel (cuyos miembros han de ser elegidos por el Director General de la OIT) tenga amplios poderes para programar sus actividades mientras permanezca en Myanmar, incluido el derecho de investigar en todas las regiones del país, accediendo sin restricciones a todas las fuentes de información necesarias. Asimismo, en la sesión se añadió que «todas las personas que faciliten informaciones al equipo deberían disfrutar de completa protección». El equipo informará al Consejo de Administración de la OIT en su reunión de noviembre.

El Gobierno de Myanmar ha prometido libertad de movimientos, acceso a la gente y protección de los testigos. El Director General de la OIT, Sr. Juan Somavia, «se felicitó de la decisión del Gobierno de Myanmar de reanudar la cooperación con la OIT».

Los delegados debatieron además un informe global sobre el trabajo forzoso, elaborado como parte del seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y examinaron el Informe del Director General sobre la situación de los trabajadores en los territorios árabes ocupados.

Los delegados de la Conferencia aprobaron las propuestas del Director General sobre el presupuesto estratégico para la Organización (compuesta por 175 Estados Miembros), adoptando por unanimidad un presupuesto de 434.040.000 dólares, a un tipo de cambio de 1,77 francos suizos por dólar de los Estados Unidos para el bienio 2002-2003, lo que permitirá financiar las actividades de la OIT en todo el mundo. Al igual que en el bienio anterior, el presupuesto se organiza en torno a los cuatro objetivos estratégicos: los principios y derechos en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social, que constituyen el Programa de Trabajo Decente de la OIT.

Además, la Conferencia puso en marcha una nueva iniciativa del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, destinada a acelerar en gran medida la retirada de millones de niños de las formas más abusivas de trabajo infantil en tres Estados (Tanzanía, Nepal y El Salvador) en los próximos 10 años.

Durante la Conferencia se reunió el Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización, y acordó una serie de medidas para reforzar su acción y establecer un programa que examine ciertas cuestiones en profundidad. El primer punto de este programa se refiere a la liberalización del comercio y el empleo, que se examinará en noviembre. Asimismo, se acordó que el Grupo de Trabajo sirva de foro permanente para el intercambio de opiniones y el diálogo. El Grupo de Trabajo apoyó la sugerencia de que se elabore un informe, bajo la responsabilidad del Director General, que sirva de referencia en relación con la dimensión social de la mundialización. Asimismo, brindó orientaciones sobre las cuestiones que este informe debía abarcar, especialmente en el sentido de que tuviese plenamente en cuenta la dimensión del desarrollo. El Grupo de Trabajo también continuará con la idea de crear una comisión mundial de personalidades eminentes para elaborar este informe, idea que tuvo gran aceptación. El Director General presentará una propuesta sobre la forma en que se podría llevar adelante este proyecto en la próxima reunión del Consejo de Administración de la OIT, en noviembre.

Conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas/Libertad sindical

La Comisión de Aplicación de Normas examinó 24 casos de países, además de celebrar una sesión especial relativa a la aplicación por Myanmar del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). Observó progresos considerables en algunos países (concretamente Turquía y Portugal), pero citó a otros seis (Belarús, Colombia, Etiopía, Myanmar, Sudán y Venezuela) en párrafos especiales de su informe. Se trata de un procedimiento reservado para violaciones continuadas y graves de los derechos laborales. Dos de estos países (Sudán y Myanmar) fueron citados ante la «falta continua de aplicación» de las disposiciones de un convenio ratificado, constatada a raíz de las anteriores discusiones y conclusiones de la Comisión.

En el caso de Belarús, relativo a la violación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) como consecuencia de la injerencia estatal en las actividades sindicales, la Comisión expresó «una gran preocupación ante las instrucciones dictadas por el jefe de la administración presidencial, que había requerido de los ministros y presidentes de las comisiones gubernamentales la injerencia en las elecciones de los sindicatos de rama de actividad».

Instó al Gobierno a que adoptara todas las medidas necesarias para poner término a tal injerencia, de modo que garantice que se apliquen plenamente, «tanto en la ley como en la práctica, las disposiciones del Convenio».

En relación con Colombia, la Comisión aludió a anteriores ocasiones en que había manifestado su preocupación ante la violencia contra los sindicalistas en el país y ante las acusaciones persistentes de violaciones del derecho de los trabajadores a organizarse. Al tiempo que reconocía «progresos significativos», especialmente en lo que se refería a las disposiciones legislativas, la Comisión expresó su preocupación ante las «numerosas quejas relativas a actos de violencia y de discriminación contra sindicalistas» que continuaban presentándose a la OIT.

Destacó que «el clima de impunidad en el país constituye un serio peligro para el ejercicio de la libertad sindical».

Respecto a las acusaciones de injerencia gubernamental en las actividades sindicales en Etiopía, la Comisión expresó «su profunda preocupación por el hecho de que no se han comprobado progresos» en relación con una grave queja en relación con la Asociación de Maestros de Etiopía, cuyo presidente «ha sido condenado a cumplir una pena de 15 años de prisión tras tres años de prisión preventiva, imputándosele el delito de conspiración contra el Estado».

La Comisión instó con firmeza al Gobierno a que «adoptara con urgencia todas las medidas necesarias para garantizar que se reconozca a los maestros el derecho de sindicación para la defensa de sus intereses profesionales; que las organizaciones de trabajadores puedan elegir a sus representantes y organizar su administración y actividades sin injerencia de las autoridades públicas, y que las organizaciones de trabajadores no estén sujetas a disolución administrativa, de acuerdo con las prescripciones del Convenio (núm. 87)». También expresó la esperanza de que la Oficina de la OIT en Addis Abeba «pueda visitar a los sindicalistas detenidos».

En el caso de Myanmar, la Comisión se vio obligada a «lamentar profundamente las graves divergencias persistentes entre la legislación y la práctica nacionales y las disposiciones del Convenio (núm. 87)».

También se citó a Sudán por la no aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), destacando la Comisión «la extrema gravedad de este caso, que afecta a derechos humanos fundamentales». Sudán ya había sido citado en párrafos especiales de los informes correspondientes a 1997, 1998 y 2000. La Comisión señaló que «existe un amplio consenso por parte de las instancias de los organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones representativas de trabajadores en lo que respecta a la persistencia y al alcance de las prácticas de secuestros y a la imposición de trabajo forzoso, concluyendo que tales situaciones constituyen muy graves violaciones al Convenio núm. 29».

En relación con Venezuela, la Comisión «instó al Gobierno a que modificara urgentemente su legislación para garantizar que los trabajadores y los empleadores pudieran constituir sus organizaciones y elegir con toda libertad a sus representantes sin intervención de la autoridad pública». Además, lamentó observar que la nueva Constitución de la República contenía disposiciones incompatibles con el Convenio núm. 87.

Al tiempo que expresaba su «profunda preocupación ante la realización de un referéndum nacional sindical en diciembre de 2000, con miras a la unificación del movimiento sindical y a la suspensión o destitución de los dirigentes», instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para que su legislación y práctica nacionales se ajustaran plenamente a las disposiciones y exigencias del Convenio. El Gobierno de Venezuela se mostró de acuerdo con la realización de una misión de contactos directos para reunir información relativa a la aplicación del Convenio.

Territorios árabes ocupados

Durante una sesión especial destinada a examinar las condiciones de los trabajadores en Palestina y en los demás territorios árabes ocupados, se destacó la gravedad de las dificultades en términos económicos y de empleo resultantes de las crisis políticas y de la violencia que afectaron a la región durante los últimos nueve meses.

Se informó a los participantes en la sesión de que cada vez eran más amplios los sectores de población activa de los territorios que se veían afectados por el desempleo, y que miles de palestinos se veían incluso en la imposibilidad de llegar a su lugar de trabajo, a consecuencia de la situación de inseguridad y de los cierres de las fronteras. Un informe preparado por el Director General de la OIT indicaba que se había perdido hasta un 50 por ciento del Producto Interior Bruto de los territorios palestinos. La pobreza afectaba a más de la mitad de los residentes en la Ribera Occidental y al 80 por ciento en la Faja de Gaza. Las pérdidas económicas para Israel también habían sido considerables.

Durante la sesión, en la que tomaron la palabra más de 50 oradores, se hicieron vehementes llamamientos, en el sentido de incrementar la cooperación técnica destinada a los trabajadores y empleadores afectados, y de reanudar un diálogo centrado en la adopción de medidas prácticas para mejorar la vida cotidiana de los trabajadores y de sus familias.

El Sr. Somavia se sumó al punto de vista de que la OIT debía seguir desempeñando un papel activo en la región para promover el empleo y el respeto de los derechos de los trabajadores.

Nuevas normas relativas a la seguridad y la salud en la agricultura

El Convenio y la Recomendación sobre seguridad y salud en la agricultura, recién aprobados, son las primeras normas internacionales de alcance global sobre seguridad y salud en este sector, y proponen un marco universal en el que pueden formularse las políticas nacionales.

Junto con la minería y la construcción, la agricultura es uno de los tres sectores más peligrosos tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. Se calcula que cerca de la mitad de los 1,2 millones de fallecimientos en accidente laboral se producen en la agricultura. La exposición a los plaguicidas y a otros productos químicos tóxicos así como los accidentes relacionados con la maquinaria son las dos causas principales de lesiones y enfermedades profesionales en el sector.

Gran parte de la actividad agrícola se sigue desarrollando en explotaciones de pequeña escala y de subsistencia, y sólo un 5 por ciento de los 1.300 millones de trabajadores agrícolas de todo el mundo es objeto de supervisión por parte de las inspecciones de trabajo y dispone de cierta protección legal.

El Convenio obliga a los Estados Miembros que lo ratifiquen a «garantizar la existencia de un sistema apropiado y conveniente de inspección de los lugares de trabajo agrícolas, que disponga de medios adecuados». En la medida en que sea compatible con la legislación nacional en vigor, «el empleador deberá velar por la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo». Los trabajadores agrícolas también tienen derecho a ser informados y consultados acerca de las cuestiones relativas a la seguridad y la salud, incluidos los riesgos derivados de la utilización de nuevas tecnologías.

Los principales temas examinados en el Convenio incluyen los medios apropiados para la evaluación y gestión del riesgo, las medidas de prevención y protección en relación con la seguridad de la maquinaria y la ergonomía, la manipulación y el transporte de materiales, la gestión de los productos químicos, el manejo de animales, así como la construcción y el mantenimiento de las instalaciones agrícolas.

También hay disposiciones relativas a los trabajadores jóvenes y al trabajo infantil, a los trabajadores temporales y estacionales, a la cobertura contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y a los servicios de bienestar y alojamiento. La edad mínima fijada por el Convenio para poder desempeñar trabajos potencialmente peligrosos o insalubres, es de 18 años.

Los trabajadores agrícolas deberán estar cubiertos «por un régimen de seguro de seguridad social contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, tanto mortales como no mortales, así como contra la invalidez y otros riesgos para la salud relacionados con el trabajo, que les brinde una cobertura por lo menos equivalente a la ofrecida a los trabajadores de otros sectores».

El Convenio excluye de su ámbito de aplicación la agricultura de subsistencia, las agroindustrias y las explotaciones forestales, así como aquellos establecimientos y categorías de trabajadores que se determinen tras celebrarse consultas tripartitas entre el Gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

El Convenio va acompañado de una Recomendación que dispone la ampliación progresiva de la protección facilitada por el Convenio a los agricultores por cuenta propia. La Recomendación también fija disposiciones específicas acordadas en el plano internacional y destinadas a servir de directrices en cuanto a la manera en que debería llevarse a la práctica la política nacional en materia de seguridad y salud en la agricultura.

Acción en materia de trabajo infantil

El martes 12 de junio, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) lanzó una nueva iniciativa destinada a acelerar la retirada de millones de niños de las peores formas de trabajo infantil. La iniciativa, que comienza en la República Unida de Tanzanía, Nepal y El Salvador, supone mayores esfuerzos para acabar con las peores formas de trabajo infantil en los países participantes, en un período máximo de 10 años.

Este esfuerzo, al que se suele dar el nombre de «programas de duración determinada», supone un paso importante para la aplicación del Convenio núm. 182 de la OIT, adoptado por unanimidad en la reunión de 1999 de la Conferencia Internacional del Trabajo para prohibir las peores formas de trabajo infantil. En estos tres países, los programas de duración determinada se centrarán en la eliminación de la utilización de niños para actividades tales como escarbar en basureros o transportar cargas, así como en la minería, el trabajo doméstico, el trabajo en régimen de servidumbre por deudas, la agricultura comercial, la pesca y la explotación sexual comercial. Se espera que durante los próximos dos años varios países más se sumen a esta iniciativa.

El Gobierno de los Estados Unidos es el mayor donante al IPEC, y ha facilitado fondos iniciales para poner en marcha los programas de duración determinada en estos tres países. El Gobierno de Alemania fue el país donante fundador del IPEC en 1992. En la actualidad, el IPEC recibe el apoyo de unos 25 donantes y tiene programas en más de 70 países.

Cooperativas

La Conferencia adoptó las conclusiones de la Comisión de la Promoción de las Cooperativas, que celebró una primera discusión respecto de una nueva norma internacional del trabajo relativa a la promoción de las cooperativas, las cuales están desempeñando un papel cada vez más importante a la hora de propiciar la creación de empleo en todo el mundo.

La nueva definición de las cooperativas destaca su autonomía así como su carácter empresarial, siendo el papel del Estado estrictamente normativo y promocional a fin de crear un entorno práctico propicio. En todo el mundo, las cooperativas cuentan con 800 millones de miembros y dan empleo a 100 millones de personas. Desempeñan un papel importante en la promoción del desarrollo económico y social, ya que pueden lograr un equilibrio entre la necesidad de rentabilidad y los intereses más generales de la comunidad.

En sus observaciones a la Comisión, el Sr. Somavia insistió en que las cooperativas no sólo creaban oportunidades de empleo para aquellos que disponían de conocimientos técnicos pero carecían o disponían de poco capital, sino que proporcionaban protección a través de la organización de la ayuda mutua en las comunidades.

Las cooperativas desarrollan sus actividades principalmente en la agricultura, las finanzas, el comercio al por mayor y al por menor, la atención de salud, la vivienda y el seguro, pero están accediendo continuamente a nuevos ámbitos de actividad, entre los que figura desde hace poco el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Seguridad social

Para reflejar la alta prioridad concedida a las cuestiones de seguridad social por muchos Estados Miembros durante los últimos años, la Comisión de la Seguridad Social celebró una discusión general al respecto. De los debates surgió un consenso de amplia base. Se acordó que la seguridad social debía abarcar a todos los miembros de la sociedad, y que debía darse la máxima prioridad a las políticas e iniciativas destinadas a ampliar su cobertura a aquellos que carecen de ella. Los participantes acordaron que la seguridad social no sólo debía garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, sino que debía desempeñar también un papel positivo en la promoción de la igualdad entre los géneros.

En lo que se refería a la financiación de la seguridad social, la principal preocupación que expresaron los países industrializados era el envejecimiento de la población, pero para muchos países en desarrollo - especialmente en el Africa Subsahariana - el VIH/SIDA tenía repercusiones más graves. Hubo coincidencia en cuanto a que los regímenes de pensiones iban a verse afectados por el envejecimiento, ya se tratara de regímenes de pensiones basados en el reparto, ya de regímenes basados en la capitalización. En términos económicos, la discusión no sólo se centró en el costo de la seguridad social, sino que también subrayó que - si se gestiona de manera adecuada - la seguridad social mejora la productividad y fomenta el desarrollo económico. Y con la globalización, esto es hoy más necesario que nunca.