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Name: Real decreto núm. 1119 por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la ley orgánica núm. 7 de 1.o de julio de 1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
Country: Spain
Subject(s): Migrant workers
Type of legislation: Law, Act
Adopted on: 1986-05-26
Entry into force:
Published on: Boletín Oficial del Estado, 1986-06-12, núm. 140, págs. 21388-21402
ISN: ESP-1986-L-2262
Link: https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=2262&p_lang=en
Bibliography: Boletín Oficial del Estado, 1986-06-12, núm. 140, págs. 21388-21402
Abstract/Citation: El presente texto es el reglamento de ejecución de la ley orgánica núm. 7 de 1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Precisa las condiciones y modalidades de entrada, estancia, residencia, establecimiento, así como de salida y expulsión de los extranjeros. El cap. III trata del empleo, trabajo y establecimiento. Sus disposiciones son aplicables a los trabajadores por cuenta propia o ajena, que deberán obtener el correspondiente permiso de trabajo para ejercer una actividad (art. 33). La concesión del visado de residencia se supedita a la validez del permiso de trabajo (art. 7(3)). El reglamento instituye seis tipos de permiso de trabajo, para la realización de actividades estacionales (permiso A), para los trabajadores por cuenta ajena permanentes (permiso B o C), para los trabajadores por cuenta propia (permiso D o E), y para trabajadores fronterizos (permiso F). El reglamento detalla los requisitos para la concesión y denegación de los permisos, así como los derechos y obligaciones correspondientes a cada tipo de permiso. Asimismo, prevé que el salario y demás condiciones de trabajo de los extranjeros autorizados a trabajar en España por cuenta ajena no podrán ser inferiores a los fijados por la normativa vigente en territorio español o determinados convencionalmente para los trabajadores españoles (art. 32), y prevé una protección igual por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 78). Los extranjeros gozarán de los derechos de reunión (art. 70) y de asociación (art. 71). El decreto precisa las infracciones y sanciones aplicables, en particular, las multas (art. 76). Las disposiciones del real decreto tienen consideración de procedimientos administrativos especiales a efectos de la ley de procedimiento administrativo de 17 julio 1958. El real decreto deroga once textos reglamentarios anteriores. Las disposiciones del reglamento se entenderán sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales y en los tratados constitutivos y reguladores de las Comunidades Europeas en que sea parte España.
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