La Oficina de País de la OIT para Argentina, la Fundación Friedrich Ebert y el Experto Independiente en Deuda Externa y Derechos Humanos de la ONU, organizaron un panel de debate sobre “Derechos laborales en el contexto de políticas de austeridad”.

En el marco de la reciente propuesta de reforma laboral en Argentina, y a fin de enriquecer el debate público, el panel discutió las experiencias comparadas en esta materia, partiendo del informe realizado por el Experto Independiente en Deuda y Derechos Humanos de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky.

Un gran número de Estados han adoptado en los últimos años medidas de ajuste económico y consolidación fiscal como intentos de restablecer la estabilidad macroeconómica y la sustentabilidad de la deuda. Estas políticas han incluido también al sector laboral, incluyendo la reducción del salario o del empleo público, y reformas desreguladoras y pro mercado con el objetivo de aumentar la competitividad de sus economías y prevenir o afrontar crisis financieras. Dichas reformas han impactado severamente en las condiciones de igualdad económica y la cohesión social, erosionando la protección legal de los trabajadores tanto en sus derechos individuales como colectivos.

El informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de este año, intenta dar respuesta a preguntas tales como: ¿cuáles son las consecuencias de las políticas laborales de austeridad para los derechos laborales y humanos? ¿Han servido esas políticas para prevenir y superar situaciones de crisis económicas y mejorar las perspectivas de empleo?

En este sentido, Christoph Ernst, especialista en Empleo y Desarrollo Productivo de la Oficina de la OIT para Argentina, enfatizó que los derechos humanos y laborales son indiscutibles y constituyen el marco dentro del cual pueden desarrollarse las políticas.

Ernst señaló además que hay experiencias de políticas adoptadas en épocas de crisis que tienden a flexibilizar los derechos laborales en el corto plazo, tienen un efecto limitado sobre la creación de empleo, y en cambio provocan la precarización del empleo, la reducción del poder adquisitivo, el aumento del desempleo entre los jóvenes y la disminución de la protección social a largo plazo. Ejemplos de varios países muestran cómo estas medidas agravan la crisis en momentos en que la sociedad necesita más apoyo y protección. “La suspensión de los derechos laborales a corto plazo, provoca destrucción a largo plazo”, y sus efectos son difíciles de revertir, continuó Ernst. Por el contrario, cuando se garantizan los derechos de los trabajadores en períodos de crisis, se mantiene el consumo y la producción, y se restablece la confianza de los inversionistas creando un círculo virtuoso económico y mitigando el efecto dañoso de la crisis. La protección del empleo y la protección social tienen un papel de estabilizadores automáticos en períodos de crisis, concluyó el especialista.

Respecto a la reducción de los costos laborales, Ernst señaló que los costos laborales son sólo uno de los elementos de interés para los inversionistas, para quienes pueden ser más importantes otros costos de producción, la competitividad del sector en general, la demanda interna y la existencia de buenas relaciones laborales, entre otros.

Según la OIT, para ser exitosas y sustentables, las políticas adoptadas en contextos de crisis deben promover el empleo y proteger a las personas.