MIGRACIÓN LABORAL | ENTREVISTA
Crear puentes entre las políticas migratorias y de empleo: un desafío regional
El especialista senior en empleo juvenil y migración laboral de la OIT para América Latina y el Caribe, Guillermo Dema, analizó la inserción de los migrantes venezolanos en la región, durante la IV Reunión Técnica Internacional sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos.
BUENOS AIRES (OIT Argentina) – A escala global, 1 de cada 5 personas que solicitan asilo es original de Venezuela, de acuerdo con cifras de la agencia especializada de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). Para los países de América Latina y el Caribe que reciben este flujo migratorio –que representa el tercer mayor desplazamiento de personas en la actualidad–, ya no se trata de un fenómeno coyuntural. De hecho, se prevé que estos migrantes permanecerán de forma indefinida en los países de acogida, mientras que los representantes de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ya advirtieron una problemática para el desarrollo regional.
En este sentido, el 4 de septiembre de 2018 se adoptó la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la región, con el objetivo de cooperar con asistencia humanitaria y desarrollar mecanismos de permanencia regular y procesos de regularización migratoria.
“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) integra el Proceso de Quito desde el inicio”, dijo Guillermo Dema –especialista senior en empleo juvenil y migración laboral de la OIT para América Latina y el Caribe–, quien estuvo en Buenos Aires para participar de la IV reunión sobre Movilidad Humana del Proceso de Quito. “Las recomendaciones y programas de la OIT son fundamentales en una región de gran complejidad y dinamismo en el mundo del trabajo”, expresó Dema, uno de los principales expertos para abordar las dificultades que enfrentan los migrantes para readaptarse laboralmente.
—¿Cuál es el alcance de la crisis migratoria en Venezuela?
—Ya han emigrado más de 5 millones de venezolanos y se estima que para finales de este año puedan llegar a 5,9 millones.
—¿Cómo hacen los países receptores para lidiar con este caudal de personas?
—La respuesta general en América Latina es de una enorme solidaridad. Hay un intento por comprender el problema, buscar soluciones y ponerse de acuerdo entre países, en el marco del Proceso de Quito, para facilitar el trasiego y la entrada de nacionales venezolanos. Ahora bien, el número tan excesivo de migrantes entrando a los países y presionando a los mercados laborales –ya de por sí muy complejos– puede generar casos de xenofobia, discriminación y violencia. De momento estas reacciones son muy reducidas, pero preventivamente ya estamos realizando campañas de concientización para evitar todo tipo de discriminación.
—¿Qué desafíos enfrentan los migrantes para incorporarse al mercado laboral en un nuevo país?
—Partimos de una situación crítica. Los mercados laborales de la región ya de por sí son frágiles, con altas tasas de desempleo e informalidad laboral, con todo lo que esto conlleva: sin contratos de empleo que amparen, sin acceso a la protección social ni pensiones. Las primeras oleadas migratorias, de mayor formación y poder adquisitivo, lograron integrarse formalmente en algunas áreas. Argentina es un buen ejemplo, porque muchos venezolanos con gran experticia pudieron insertarse en el mercado laboral en sectores como el energético o la salud. Pero los flujos migratorios cambiaron y actualmente nos encontramos con trabajadores que, por un perfil educativo menos calificado, compiten de manera directa con el mercado laboral de los países de la región.
—¿Cómo repercute esto en la economía local? ¿Los migrantes generan un mayor gasto público o contribuyen con el desarrollo económico?
—La evidencia que tenemos desde la OIT es que, a mediano plazo, con políticas de empleo bien diseñadas, los migrantes contribuyen de una manera neta y fuerte al crecimiento económico de los países que los acogen. La OIT y la OCDE elaboraron un informe sobre la inversión, costo y beneficio de la migración. Allí observamos una contribución neta positiva a la economía del país proveniente de los migrantes. Los beneficios económicos son superiores, a pesar del gasto que generan. Pero a corto plazo, los países no tienen todavía herramientas suficientes para acoger esta magnitud de migrantes.
—En este contexto, ¿cómo acompaña la OIT a los países de la región en materia de inserción laboral y protección social?
—La estrategia regional de Naciones Unidas dio un mandato a la OIT, en conjunto con otros organismos internacionales y de la sociedad civil, para coordinar el componente de inserción socioeconómica. Creamos un marco estratégico basado en estudios rápidos para identificar nichos del mercado laboral para insertar a trabajadores, en contacto con los ministerios de trabajo y el sector empleador. También analizamos las cadenas de valor en cada país y, mediante encuestas, intentamos perfilar a los trabajadores migrantes. Por otra parte, creamos rutas de empleabilidad, temas de capacitación rápida y orientación técnico-profesional. Promovemos el desarrollo de iniciativas micro empresariales, asociativismo con personal local (connacionales y venezolanos), intentamos involucrar entidades públicas para el acceso al crédito y al mercado, una estrategia en programas intensivos de mano de obra. Todos son programas para generar soluciones rápidas, pero también abordamos medidas de fondo para que los gobiernos puedan para hacer frente a esta crisis migratoria y a futuras crisis que llegarán a la región, porque esta problemática no es ajena a las del mercado laboral global.
—¿Cómo contribuye la participación de la OIT en el Proceso de Quito?
—El primer desafío con el que contribuye se relaciona con la falta de información. Segundo: la movilización de recursos para tratar la inserción socioeconómica de los migrantes. Los pocos recursos que logró movilizar OIT vienen de su presupuesto regular y esperamos que la incorporación de donantes internacionales permita acceder a mayores recursos. De momento, trabajamos de manera limitada y estamos muy enfocados en Colombia, Ecuador y Perú, países con muchas necesidades por su volumen de ingreso de migrantes. En el caso de Argentina, Chile y especialmente en el Caribe, no estamos pudiendo trabajar con toda la fuerza que quisiéramos. No obstante, en la medida que sigamos profundizando el acercamiento de nuestros constituyentes, intentaremos facilitar que los ministerios de trabajo, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores sean agentes dinamizadores de todo este proceso de inserción socioeconómica en cada uno de los países receptores de migrantes venezolanos.
En este sentido, el 4 de septiembre de 2018 se adoptó la Declaración de Quito sobre Movilidad Humana de ciudadanos venezolanos en la región, con el objetivo de cooperar con asistencia humanitaria y desarrollar mecanismos de permanencia regular y procesos de regularización migratoria.
“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) integra el Proceso de Quito desde el inicio”, dijo Guillermo Dema –especialista senior en empleo juvenil y migración laboral de la OIT para América Latina y el Caribe–, quien estuvo en Buenos Aires para participar de la IV reunión sobre Movilidad Humana del Proceso de Quito. “Las recomendaciones y programas de la OIT son fundamentales en una región de gran complejidad y dinamismo en el mundo del trabajo”, expresó Dema, uno de los principales expertos para abordar las dificultades que enfrentan los migrantes para readaptarse laboralmente.
—¿Cuál es el alcance de la crisis migratoria en Venezuela?
—Ya han emigrado más de 5 millones de venezolanos y se estima que para finales de este año puedan llegar a 5,9 millones.
—¿Cómo hacen los países receptores para lidiar con este caudal de personas?
—La respuesta general en América Latina es de una enorme solidaridad. Hay un intento por comprender el problema, buscar soluciones y ponerse de acuerdo entre países, en el marco del Proceso de Quito, para facilitar el trasiego y la entrada de nacionales venezolanos. Ahora bien, el número tan excesivo de migrantes entrando a los países y presionando a los mercados laborales –ya de por sí muy complejos– puede generar casos de xenofobia, discriminación y violencia. De momento estas reacciones son muy reducidas, pero preventivamente ya estamos realizando campañas de concientización para evitar todo tipo de discriminación.
—¿Qué desafíos enfrentan los migrantes para incorporarse al mercado laboral en un nuevo país?
—Partimos de una situación crítica. Los mercados laborales de la región ya de por sí son frágiles, con altas tasas de desempleo e informalidad laboral, con todo lo que esto conlleva: sin contratos de empleo que amparen, sin acceso a la protección social ni pensiones. Las primeras oleadas migratorias, de mayor formación y poder adquisitivo, lograron integrarse formalmente en algunas áreas. Argentina es un buen ejemplo, porque muchos venezolanos con gran experticia pudieron insertarse en el mercado laboral en sectores como el energético o la salud. Pero los flujos migratorios cambiaron y actualmente nos encontramos con trabajadores que, por un perfil educativo menos calificado, compiten de manera directa con el mercado laboral de los países de la región.
—¿Cómo repercute esto en la economía local? ¿Los migrantes generan un mayor gasto público o contribuyen con el desarrollo económico?
—La evidencia que tenemos desde la OIT es que, a mediano plazo, con políticas de empleo bien diseñadas, los migrantes contribuyen de una manera neta y fuerte al crecimiento económico de los países que los acogen. La OIT y la OCDE elaboraron un informe sobre la inversión, costo y beneficio de la migración. Allí observamos una contribución neta positiva a la economía del país proveniente de los migrantes. Los beneficios económicos son superiores, a pesar del gasto que generan. Pero a corto plazo, los países no tienen todavía herramientas suficientes para acoger esta magnitud de migrantes.
—En este contexto, ¿cómo acompaña la OIT a los países de la región en materia de inserción laboral y protección social?
—La estrategia regional de Naciones Unidas dio un mandato a la OIT, en conjunto con otros organismos internacionales y de la sociedad civil, para coordinar el componente de inserción socioeconómica. Creamos un marco estratégico basado en estudios rápidos para identificar nichos del mercado laboral para insertar a trabajadores, en contacto con los ministerios de trabajo y el sector empleador. También analizamos las cadenas de valor en cada país y, mediante encuestas, intentamos perfilar a los trabajadores migrantes. Por otra parte, creamos rutas de empleabilidad, temas de capacitación rápida y orientación técnico-profesional. Promovemos el desarrollo de iniciativas micro empresariales, asociativismo con personal local (connacionales y venezolanos), intentamos involucrar entidades públicas para el acceso al crédito y al mercado, una estrategia en programas intensivos de mano de obra. Todos son programas para generar soluciones rápidas, pero también abordamos medidas de fondo para que los gobiernos puedan para hacer frente a esta crisis migratoria y a futuras crisis que llegarán a la región, porque esta problemática no es ajena a las del mercado laboral global.
—¿Cómo contribuye la participación de la OIT en el Proceso de Quito?
—El primer desafío con el que contribuye se relaciona con la falta de información. Segundo: la movilización de recursos para tratar la inserción socioeconómica de los migrantes. Los pocos recursos que logró movilizar OIT vienen de su presupuesto regular y esperamos que la incorporación de donantes internacionales permita acceder a mayores recursos. De momento, trabajamos de manera limitada y estamos muy enfocados en Colombia, Ecuador y Perú, países con muchas necesidades por su volumen de ingreso de migrantes. En el caso de Argentina, Chile y especialmente en el Caribe, no estamos pudiendo trabajar con toda la fuerza que quisiéramos. No obstante, en la medida que sigamos profundizando el acercamiento de nuestros constituyentes, intentaremos facilitar que los ministerios de trabajo, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores sean agentes dinamizadores de todo este proceso de inserción socioeconómica en cada uno de los países receptores de migrantes venezolanos.