Hace un año la COVID-19 aterrizó en América Latina y el Caribe provocando una crisis de magnitud sin precedentes en el mundo del trabajo. En los días posteriores a la declaración de pandemia por parte de la OMS en marzo de 2020, en la gran mayoría de los países de la región se decretaron medidas de emergencia sanitaria. Las calles se vaciaron, la actividad económica se detuvo.

En 12 meses de pandemia se produjo una contracción sin precedentes del nivel de ocupación: más de 26 millones de empleos desaparecieron en la región de acuerdo con datos preliminares de la OIT para todo el año 2020, representando una disminución de casi 10% del empleo total.

En general las personas que pierden su empleo siguen en la fuerza laboral buscando otras oportunidades y por eso figuran en las estadísticas como desocupados. En esta crisis eso no sucedió: alrededor de 80% de los que perdieron sus empleos (equivalente a más de 20 millones de personas) han salido de la fuerza de trabajo por la falta de oportunidades laborales, de acuerdo con los datos recopilados para un nuevo informe regional de OIT que saldrá a comienzos de abril.

Estas salidas han sido más prominentes en el caso de los jóvenes, activando una bomba de tiempo que podrá tener un impacto sobre la estabilidad social y política en la región.

El impacto también ha sido más intenso para las mujeres debido a la mayor presencia femenina en sectores económicos fuertemente afectados por esta crisis y de las crecientes dificultades para conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares durante los confinamientos. En un año la región ha retrocedido una década en términos de equidad de género.

Es un dato preocupante porque es a través del empleo que las personas se conectan con la economía y con sus comunidades: el trabajo decente es causa y consecuencia del crecimiento inclusivo y sostenible. Además, las fuentes laborales generan el 80% de los ingresos de las familias en esta región y la fuerte caída tiene impactos sobre la pobreza y las desigualdades.

A pesar que la pandemia aún causa estados de emergencia y confinamientos, la economía ha comenzado a moverse y los procesos de vacunación fueron iniciados en la mayoría de los países. Ahora toca volver a generar los empleos perdidos por la pandemia.

2021 debe ser el año de la vacunación y de la recuperación económica con generación de empleo decente.

En la búsqueda de la recuperación y de los empleos perdidos resulta ineludible abordar las condiciones preexistentes en la región, que son claves para entender por qué el impacto de la pandemia en el empleo fue tan fuerte.

Muchos de los desafíos que teníamos antes de la pandemia continúan vigentes, aunque ahora son más urgentes. Alta informalidad, reducidos espacios fiscales, persistente desigualdad, baja productividad y escasa cobertura de la protección social, entre otros.

La COVID-19 irrumpió en la región en un escenario de crecimiento lento que no permitía reducir la informalidad que en ese momento lastraba con salarios bajos, inestabilidad laboral, sin seguridad ni derechos las posibilidades de progresar de la mitad de la fuerza laboral ocupada, que a fines de 2019 eran unas 150 millones de personas.

Cuando se declaró la emergencia fuimos testigos de lo que pasa cuando las personas necesitan trabajar cada día para comer ese día, como suele ocurrir en la informalidad, o cuando viven en lugares donde el confinamiento es imposible. Los trabajadores que enfrentan mayores vulnerabilidades en el mundo del trabajo han sido los más afectados. Por eso es que la OIT ha alertado sobre la amplificación de las desigualdades a causa de esta pandemia.

La baja capacidad fiscal de los países latinoamericanos ha sido persistente estos años y amenazaba con agudizarse antes de la pandemia. Los problemas del bajo dinamismo económico y de una ineficiente recaudación tributaria no contribuían a mejorar la situación.

Los gobiernos utilizaron los recursos disponibles para apoyar a las personas y las empresas. Pero ha sido difícil llegar a todos aquellos que necesitaban apoyo, la emergencia se ha alargado mucho más de lo que esperábamos, y la necesidad de más recursos amenaza con una pandemia de la deuda.

A las condiciones preexistentes, se suman otros nuevos desafíos que también requieren atención.

Durante la pandemia el futuro del trabajo llegó sin avisar. La crisis ha funcionado como aceleradora de tendencias y coloca frente a frente avances innovadores y problemas estructurales seculares.

El impulso al teletrabajo y la digitalización conviven con el deterioro de las condiciones de trabajo en plataformas digitales y aumento en los riesgos de bioseguridad y psicosociales o la profundización de la brecha digital. La seguridad y salud ocupacionales ahora son máxima prioridad y adquieren una nueva dimensión: será allí donde se libre una batalla definitiva contra la COVID-19.

Entre los efectos más perversos de la pandemia está el riesgo de que alrededor 300 mil niños y niñas sean víctimas del trabajo infantil debido a la combinación del cierre de escuelas con la reducción generalizada del ingreso de las familias. Esto es no solamente un retroceso moral y ético, sino que también se configura como destrucción de capital humano. Se está hipotecando el futuro.

Frente a un escenario tan complejo, el dialogo social y la construcción de nuevos consensos, pactos o acuerdos es más relevante que nunca para abordar políticas de promoción del empleo digno y productivo, extensión de la protección social y respeto a los derechos laborales.

La búsqueda de una mejor normalidad requiere acciones ambiciosas para recuperarnos de los retrocesos en el mundo del trabajo y potenciar oportunidades relacionadas con la transición digital, con el aumento de la formalización y productividad.

Debemos estar preparados para sacar al empleo de la terapia intensiva, y así evitar que el futuro del trabajo nos devuelva al siglo pasado.

NOTA: Este artículo fue publicado en la sección "Planeta Futuro" del diario El País de España.