ILC.104/V/2B

Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, 2015

Informe V (2B)

La transición de la economía informal a la economía formal

Quinto punto del orden del día

Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

TEXTO PROPUESTO:

Proyecto de recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal

INTRODUCCIÓN

En la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia Internacional del Trabajo se celebró la primera discusión relativa a la transición de la economía informal a la economía formal con miras a la elaboración de un nuevo instrumento. A la luz de ese debate, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, párrafo 1, del Reglamento de la Conferencia, la Oficina Internacional del Trabajo preparó y presentó un informe[1] que contenía un proyecto de recomendación basado en las Conclusiones adoptadas por la Conferencia en su 103.ª reunión[2]. A tenor de lo dispuesto en el artículo 39, párrafo 6, del Reglamento de la Conferencia, se invitó a los gobiernos a que, tras celebrar consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, enviaran a la Oficina sus propuestas de enmienda u observaciones de manera que su respuesta llegara a destino a más tardar el 30 de noviembre de 2014. También se pidió a los gobiernos que informaran a la Oficina, en el mismo plazo, si consideraban que el proyecto de texto constituía una base satisfactoria para su discusión por la Conferencia en su 104.ª reunión (junio de 2015), y que indicaran con qué organizaciones habían celebrado consultas. Cabe señalar que esta obligación también está prevista en el artículo 5, párrafo 1, apartado a), del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), por lo que se refiere a los países que han ratificado este Convenio. Los resultados de las consultas deberían quedar reflejados en las respuestas de los gobiernos.

Al redactarse el presente informe, la Oficina había recibido respuestas de los mandantes de 94 Estados Miembros, incluidos los gobiernos de los 67 Estados Miembros siguientes: Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Canadá, República Checa, China, Chipre, Colombia, República de Corea, Cuba, Dinamarca, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Letonia, Lituania, Mauricio, México, República de Moldova, Montenegro, Namibia, Níger, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Federación de Rusia, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tayikistán, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, República Bolivariana de Venezuela, Zambia, Zimbabwe.

El presente volumen (Informe V (2B)) contiene la versión española del texto propuesto para la recomendación, que ha sido enmendado a la luz de las observaciones formuladas por los gobiernos y por las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y que también se ha modificado por las razones expuestas en los comentarios de la Oficina, en el Informe V (2A)[3]. Además, se han introducido algunos cambios de redacción menores para asegurar la plena concordancia entre las versiones inglesa y francesa del proyecto de instrumento.

Si la Conferencia así lo decide, este texto servirá de base para la segunda discusión, que se celebrará en su 104.ª reunión (junio de 2015), con vistas a la adopción de una recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal.

[1] OIT: La transición de la economía informal a la economía formal, Informe V (1), Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, Ginebra, 2015.

[2] OIT: Informe de la Comisión sobre la Transición desde la Economía Informal, en Actas Provisionales, núm. 11 (Rev.), Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, Ginebra, 2014.

[3] OIT: La transición de la economía informal a la economía formal, Informe V (2A), Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, Ginebra, 2015.

TEXTO PROPUESTO

Proyecto de recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1.º de junio de 2015, en su centésima cuarta reunión;

Reconociendo que la alta incidencia de la economía informal, en todos sus aspectos, representa un importante obstáculo para los derechos de los trabajadores, con inclusión de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la protección social y las condiciones de trabajo decente, para el desarrollo incluyente y para el Estado de derecho, y tiene consecuencias negativas para el desarrollo de empresas sostenibles, para los ingresos públicos y el ámbito de actuación de los gobiernos, en particular por lo que se refiere a las políticas económicas, sociales y ambientales, para la solidez de las instituciones y para la competencia leal en los mercados nacionales e internacionales;

Reconociendo que la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino a consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento;

Observando que algunas unidades económicas realizan actividades en la economía informal para eludir la legislación;

Recordando que los déficits de trabajo decente — la denegación de los derechos en el trabajo, la falta de suficientes oportunidades de empleo de calidad, una protección social inadecuada y la ausencia de un diálogo social — son más pronunciados en la economía informal;

Teniendo presente que las actividades en la economía informal suelen caracterizarse por los bajos ingresos y la baja productividad;

Considerando que las mujeres, los jóvenes, los migrantes, las personas de edad, los pueblos indígenas y tribales, las personas pobres de las zonas rurales, las personas afectadas por el VIH o el sida y las personas con discapacidad son especialmente vulnerables a los déficits más graves de trabajo decente en la economía informal;

Recordando la Declaración de Filadelfia, 1944, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, 1998, y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008;

Reafirmando la pertinencia de las normas internacionales del trabajo, y en particular de los convenios fundamentales, a saber: el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y su Protocolo de 2014; el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87); el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98); el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100); el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105); el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111); el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), así como del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), que es uno de los convenios de gobernanza, y la Recomendación de 1964 (núm. 122) que lo complementa, de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169), y de la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), además de los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas;

Recordando la resolución relativa al trabajo decente y la economía informal y las Conclusiones sobre el trabajo decente y la economía informal adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 90.ª reunión (2002);

Tomando en consideración también la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189), y la resolución y las Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 96.ª reunión (2007);

Recordando la resolución y las Conclusiones sobre la crisis del empleo juvenil adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 101.ª reunión (2012);

Recordando la resolución y las Conclusiones relativas a la segunda discusión recurrente sobre el empleo adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 103.ª reunión (2014);

Afirmando que uno de los objetivos de la transición de la economía informal a la economía formal es promover el trabajo decente para todos;

Reafirmando que la transición de la economía informal a la economía formal es esencial para alcanzar el desarrollo incluyente;

Reconociendo la amplia diversidad de la economía informal y de las diferentes circunstancias nacionales;

Reconociendo que la informalidad obedece a múltiples causas, incluidas las cuestiones estructurales y de gobernanza, y que, en un contexto de diálogo social, las políticas públicas pueden acelerar el proceso de transición a la economía formal;

Reconociendo que algunos trabajadores y unidades económicas de la economía informal pueden tener un gran potencial empresarial, y que su creatividad, dinamismo, productividad, competencias y capacidad de innovación podrán desarrollarse plenamente si se facilita la transición a la economía formal;

Reconociendo la necesidad de que los Miembros adopten medidas urgentes y adecuadas para propiciar la transición de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal a la economía formal;

Reconociendo que las organizaciones de empleadores y de trabajadores desempeñan una función importante y activa en la facilitación de la transición de la economía informal a la economía formal;

Después de haber decidido adoptar varias proposiciones relativas a la transición de la economía informal a la economía formal, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación;

adopta, con fecha … de junio de dos mil quince, la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015.

I. OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1. La presente Recomendación proporciona a los Miembros orientaciones para:

a)facilitar la transición de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal a la economía formal, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores y garantizando oportunidades de seguridad de los ingresos, medios de sustento y capacidad empresarial;

b)promover la creación, preservación y sustentabilidad de empleos decentes en la economía formal y la coherencia de las políticas macroeconómicas, de empleo, de protección social y otras políticas sociales, y

c)prevenir la informalización de los empleos de la economía formal.

2. A los efectos de la presente Recomendación, el término «economía informal»:

a)hace referencia a todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que — en la legislación o en la práctica — están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto, y

b)no abarca las actividades ilícitas, en particular la prestación de servicios y la producción, venta o posesión de bienes prohibidas por la legislación, incluyendo la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes, la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la trata de personas y el blanqueo de dinero, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes.

3. A los efectos de la presente Recomendación, en las «unidades económicas» de la economía informal quedan comprendidas:

a)las unidades que emplean mano de obra contratada;

b)las unidades que pertenecen a personas que trabajan por cuenta propia, ya sea en solitario o con la ayuda de trabajadores familiares auxiliares no remunerados, y

c)las cooperativas y las unidades de la economía social y solidaria.

4. La presente Recomendación se aplica a todos los trabajadores y todas las unidades económicas de la economía informal, incluyendo las empresas, los empresarios y los hogares, en particular:

a)quienes poseen y explotan unidades económicas en la economía informal, como:

i)los trabajadores por cuenta propia;

ii)los empleadores, y

iii)los miembros de cooperativas y de entidades de la economía social y solidaria;

b)los trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en unidades económicas de la economía formal o de la economía informal;

c)los trabajadores asalariados con empleos informales que trabajan en empresas formales o en unidades económicas de la economía informal, o bien para ellas [incluso en régimen de subcontratación o en cadenas de suministro], o en hogares como trabajadores domésticos remunerados, y

d)los trabajadores cuyas relaciones de trabajo no están reconocidas o reguladas.

5. El trabajo informal puede observarse en todos los sectores de la economía, tanto en espacios públicos como en espacios privados.

6. Al dar efecto a las disposiciones contenidas en los párrafos 2 a 5 que anteceden, y habida cuenta de las diversas formas que reviste la economía informal en los Estados Miembros, la autoridad competente debería determinar la naturaleza y el alcance de la economía informal, con arreglo a la descripción de ésta en la presente Recomendación, y su relación con la economía formal. Para ello, la autoridad competente debería recurrir a mecanismos tripartitos en los que participen plenamente las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, las cuales deberían incluir en sus filas, de acuerdo con la práctica nacional, a representantes de las organizaciones constituidas por afiliación que sean representativas de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal.

II. PRINCIPIOS RECTORES

7. Al formular estrategias coherentes e integradas para facilitar la transición a la economía formal, los Miembros deberían tener en cuenta:

a)la diversidad de características, circunstancias y necesidades de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal, así como la necesidad de abordar esa diversidad mediante enfoques específicos;

b)los contextos específicos de cada país y sus prioridades en materia de transición a la economía formal;

c)la posibilidad de aplicar diversas y múltiples estrategias para facilitar la transición a la economía formal;

d)la necesidad de coherencia y coordinación entre una diversidad de ámbitos de políticas para facilitar la transición a la economía formal;

e)la promoción y la protección efectivas de los derechos humanos de todas las personas ocupadas en la economía informal;

f)el logro del trabajo decente para todos, mediante el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo en la legislación y en la práctica;

g)las normas internacionales del trabajo actualizadas que proporcionan orientaciones en ámbitos de políticas específicos (véase el anexo);

h)la promoción de la igualdad de género y la no discriminación;

i)la necesidad de prestar especial atención a las mujeres, los jóvenes, los migrantes, las personas de edad, los pueblos indígenas y tribales, las personas afectadas por el VIH o el sida, las personas con discapacidad [los trabajadores domésticos y los agricultores de subsistencia], que son especialmente vulnerables a los déficits más graves de trabajo decente en la economía informal;

j)la preservación y el aumento, durante la transición a la economía formal, del potencial empresarial, la creatividad, el dinamismo, las competencias profesionales y la capacidad de innovación de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal;

k)la necesidad de contar con un enfoque equilibrado que combine incentivos y medidas destinadas a promover el cumplimiento, y

l)la necesidad de prevenir y sancionar el abandono deliberado de la economía formal con el fin de evadir el pago de impuestos y eludir el cumplimiento de la legislación social y laboral.

III. MARCOS JURÍDICOS Y DE POLÍTICAS

8. Los Miembros deberían adoptar, revisar y hacer cumplir la legislación nacional u otras medidas a fin de garantizar una cobertura y una protección apropiadas de todas las categorías de trabajadores y unidades económicas.

9. Los Miembros deberían llevar a cabo una evaluación y un diagnóstico adecuados de los factores, características y circunstancias de la actividad informal en el contexto de cada país, a fin de fundamentar adecuadamente la formulación y la aplicación de leyes, políticas y otras medidas destinadas a facilitar la transición a la economía formal.

10. Los Miembros deberían velar por que las estrategias o planes nacionales de desarrollo o las estrategias de lucha contra la pobreza incluyan un marco integrado de políticas que facilite la transición a la economía formal, tomando en consideración, cuando proceda, el papel que desempeñan los diferentes niveles de gobierno.

11. Este marco integrado de políticas debería abordar:

a)la promoción de una estrategia de crecimiento incluyente y la generación de empleos decentes en la economía formal;

b)el establecimiento de un marco legislativo y normativo apropiado;

c)el fomento de un entorno empresarial y de inversión propicio;

d)el respeto, la promoción y la puesta en práctica de los principios y derechos fundamentales en el trabajo;

e)la organización y la representación de los empleadores y de los trabajadores para promover el diálogo social;

f)la promoción de la igualdad y la eliminación de la discriminación;

g)la promoción de la iniciativa empresarial, de las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas y de otras formas de modelos empresariales y unidades económicas, como las cooperativas y otras unidades de la economía social y solidaria;

h)el acceso a la educación, el aprendizaje a lo largo de la vida y el desarrollo de las competencias laborales;

i)el acceso a los servicios financieros, incluso mediante un marco normativo que promueva un sector financiero incluyente;

j)el acceso a los servicios para las empresas;

k)el acceso a los mercados;

l)el acceso a la infraestructura y la tecnología;

m)la promoción de las políticas sectoriales;

n)el establecimiento de pisos de protección social, cuando no existan, y la extensión de la cobertura de la seguridad social;

o)la promoción de estrategias de desarrollo local en los medios rural y urbano, incluido el acceso regulado a los espacios públicos [y los recursos naturales] con fines de subsistencia;

p)políticas eficaces en materia de seguridad y salud en el trabajo;

q)inspecciones del trabajo eficientes y eficaces;

r)la seguridad de los ingresos, con inclusión de políticas de salario mínimo adecuadamente formuladas;

s)un acceso efectivo a la justicia, y

t)mecanismos de cooperación internacional.

12. Al formular y aplicar un marco integrado de políticas, los Miembros deberían asegurar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, y la cooperación entre los órganos y las autoridades competentes, tales como las autoridades tributarias, las instituciones de la seguridad social, las inspecciones del trabajo, las autoridades aduaneras, los organismos de migración y los servicios de empleo, entre otros actores, en función de las circunstancias nacionales.

13. Los Miembros deberían reconocer la importancia que la tierra y la propiedad tienen para preservar las oportunidades de los trabajadores y de las unidades económicas en lo que atañe a garantizar la seguridad de sus ingresos durante la transición a la economía formal.

IV. POLÍTICAS DE EMPLEO

14. Para alcanzar el objetivo de la creación de empleos de calidad en la economía formal, los Miembros deberían formular y aplicar una política nacional de empleo que esté en consonancia con el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), y hacer del empleo pleno, decente, productivo y libremente elegido una meta central de su estrategia o plan nacional de desarrollo y crecimiento.

15. Los Miembros deberían promover la puesta en práctica de un marco global de políticas de empleo establecido sobre la base de consultas tripartitas, el cual podría incluir los elementos siguientes:

a)políticas macroeconómicas de fomento del empleo que respalden la demanda agregada, la inversión productiva y la transformación estructural, promuevan empresas sostenibles, sustenten la confianza de las empresas y corrijan las desigualdades;

b)políticas comerciales, industriales, tributarias, sectoriales y de infraestructura que fomenten el empleo, eleven la productividad y faciliten los procesos de transformación estructural;

c)políticas empresariales que fomenten empresas sostenibles y que favorezcan en particular las condiciones para un entorno propicio, teniendo en cuenta la resolución y las Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 96.ª reunión (2007), lo que comprende el apoyo a las microempresas, a las pequeñas y medianas empresas, a la iniciativa empresarial y al establecimiento de normativas bien diseñadas, transparentes y adecuadamente difundidas que faciliten la transición a la economía formal y una competencia leal;

d)políticas de educación y de desarrollo de competencias laborales que respalden el aprendizaje a lo largo de la vida, se adecúen a las cambiantes necesidades del mercado laboral y a las nuevas tecnologías y reconozcan los conocimientos adquiridos previamente, por ejemplo en los sistemas de aprendizaje informales, ampliando así las opciones para la obtención de un empleo formal;

e)políticas e instituciones para el mercado laboral, como políticas salariales adecuadamente formuladas, con inclusión del salario mínimo, dispositivos de protección social, con inclusión de las transferencias en efectivo, programas de empleo público y mecanismos de garantía, y una mejor divulgación y prestación de servicios de empleo entre las personas ocupadas en la economía informal, con el fin de ayudar a los hogares de bajos ingresos a salir de la pobreza y obtener empleos libremente elegidos;

f)medidas integrales de activación que faciliten la transición de la escuela al trabajo, en particular para los jóvenes desfavorecidos, como los mecanismos que garantizan el acceso de los jóvenes a la capacitación y al empleo productivo continuo;

g)medidas para promover la transición del desempleo o la inactividad al trabajo, en particular para las personas desempleadas de larga duración, las mujeres y otros grupos desfavorecidos, y

h)sistemas de información pertinente y actualizada sobre el mercado de trabajo.

V. DERECHOS Y PROTECCIÓN SOCIAL

16. Los Miembros deberían adoptar medidas para lograr el trabajo decente y respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo para las personas ocupadas en la economía informal, a saber:

a)la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva;

b)la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

c)la abolición efectiva del trabajo infantil, y

d)la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

17. Los Miembros deberían:

a)adoptar medidas inmediatas para subsanar las condiciones de trabajo inseguras e insalubres que a menudo caracterizan el trabajo en la economía informal, y

b)promover y extender la protección de la seguridad y la salud en el trabajo a los empleadores y los trabajadores de la economía informal.

18. Mediante la transición a la economía formal, los Miembros deberían extender progresivamente, en la legislación y en la práctica, a todos los trabajadores de la economía informal, la seguridad social, la protección de la maternidad, las condiciones de trabajo decentes y, cuando exista, el salario mínimo [vital].

19. Al establecer y mantener pisos nacionales de protección social en el marco de sus sistemas de seguridad social y al facilitar la transición a la economía formal, los Miembros deberían prestar una atención particular a las necesidades y circunstancias de las personas ocupadas en la economía informal y de sus familias.

20. Con miras a facilitar la transición a la economía formal, los Miembros deberían extender progresivamente la cobertura del seguro social a las personas ocupadas en la economía informal y, de ser necesario, adaptar los procedimientos administrativos, las prestaciones y las cotizaciones, teniendo en cuenta su capacidad contributiva.

21. Los Miembros deberían alentar la prestación asequible y accesible de servicios de guardería y otros servicios de calidad de atención a la persona, para promover la igualdad de género en los ámbitos de la iniciativa empresarial y de las oportunidades de empleo, y para facilitar la transición a la economía formal.

22. Los Miembros deberían adoptar medidas apropiadas, mediante la combinación de incentivos adecuados, la eliminación de desincentivos, el control del cumplimiento de la legislación y la aplicación de sanciones efectivas, con el objeto de prevenir la evasión del pago de impuestos y cotizaciones y el no respeto de la legislación social y laboral y de otras normativas.

VI. INCENTIVOS, CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIÓN

23. Los Miembros deberían reducir, cuando corresponda, los obstáculos a la transición a la economía formal, incluidos los relativos al registro, la tributación y el cumplimiento de la legislación.

24. Los Miembros deberían promover las ventajas de una transición efectiva a la economía formal y proporcionar incentivos para realizarla, como un mejor acceso a los servicios para las empresas, al financiamiento, a la infraestructura, a los mercados, a la tecnología, a los programas de educación y capacitación y a los derechos de propiedad.

25. Con respecto a la transición de las microempresas y las pequeñas empresas a la economía formal, los Miembros deberían:

a)reformar las normativas sobre la creación de empresas, reduciendo los costos de registro o la duración del procedimiento;

b)reducir los costos de cumplimiento, mediante la introducción de sistemas simplificados de cálculo y pago de impuestos y contribuciones, como los que integran el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor añadido y las contribuciones a la seguridad social en una sola tributación que se paga periódicamente;

c)promover el acceso de las microempresas y las pequeñas empresas a la contratación pública, a través de medidas como la adaptación del volumen de las compras públicas, la oferta de servicios de formación y de asesoramiento para la participación en licitaciones públicas, y el establecimiento de cuotas de contratación pública reservadas para estas empresas;

d)mejorar el acceso a servicios financieros incluyentes, como el crédito y los capitales, los servicios de pago y de seguros, y los sistemas de garantía, adecuados al tamaño de estas empresas y a sus necesidades;

e)mejorar el acceso a la formación empresarial y a servicios de desarrollo empresarial adaptados a estas empresas, y

f)mejorar el acceso a la cobertura de la seguridad social, por ejemplo, mediante subsidios temporales o permanentes para el pago de las contribuciones al seguro social.

26. Los Miembros deberían establecer mecanismos apropiados, o revisar los mecanismos existentes, que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación nacional [y asegurar el reconocimiento y el respeto de las relaciones de trabajo formales], con objeto de facilitar la transición a la economía formal.

27. Los Miembros deberían dotarse de un sistema de inspección adecuado y apropiado, extender la cobertura de la inspección del trabajo a todos los trabajadores y lugares de trabajo y proporcionar orientaciones a los órganos encargados de hacer cumplir la ley, incluso sobre el modo de abordar las condiciones de trabajo en la economía informal.

28. Los Miembros deberían adoptar medidas para asegurar el suministro efectivo de información, la prestación de asistencia para el cumplimiento de la legislación pertinente y el desarrollo de la capacidad de los actores pertinentes.

29. Los Miembros deberían establecer procedimientos eficaces y accesibles para la presentación de reclamaciones y recursos.

30. Los Miembros deberían establecer medidas preventivas y correctivas apropiadas para facilitar la transición a la economía formal y velar por que las sanciones administrativas, civiles o penales previstas en la legislación nacional sean adecuadas y se apliquen estrictamente en caso de incumplimiento.

VII. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y LIBERTAD SINDICAL, DIÁLOGO SOCIAL Y PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES Y DE TRABAJADORES

31. Los Miembros deberían garantizar que las personas ocupadas en la economía informal disfruten de la libertad de asociación y la libertad sindical y ejerzan el derecho de negociación colectiva, incluido el derecho de constituir las organizaciones, federaciones y confederaciones que estimen convenientes y, con la condición de observar sus estatutos, de afiliarse a las mismas.

32. Los Miembros deberían crear un entorno propicio para que los empleadores y los trabajadores ejerzan su derecho de organización y de negociación colectiva y participen en el diálogo social en el marco de la transición a la economía formal.

33. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores deberían considerar, cuando proceda, la posibilidad de ampliar su afiliación y su prestación de servicios a los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal.

34. Al elaborar, aplicar y evaluar las políticas y programas pertinentes con respecto a la economía informal, incluida su formalización, los Miembros deberían celebrar consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores y promover la participación activa de dichas organizaciones, las cuales deberían incluir en sus filas, de acuerdo con la práctica nacional, a representantes de las organizaciones constituidas por afiliación que sean representativas de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal.

35. Los Miembros y las organizaciones de empleadores y de trabajadores podrán solicitar la asistencia de la Oficina Internacional del Trabajo al objeto de potenciar la capacidad de las organizaciones representativas de los empleadores y los trabajadores y, cuando existan, de las organizaciones representativas de las personas ocupadas en la economía informal, para que estas organizaciones presten a su vez asistencia a los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal con el fin de facilitar la transición a la economía formal.

VIII. RECOPILACIÓN DE DATOS Y SEGUIMIENTO

36. Los Miembros, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de forma periódica, deberían:

a)cuando sea posible y procedente, recopilar, analizar y difundir estadísticas desglosadas por sexo, edad, lugar de trabajo y otras características socioeconómicas específicas sobre la magnitud y la composición de la economía informal, y

b)hacer un seguimiento de los progresos realizados hacia la formalización de la economía.

37. Al formular o revisar los conceptos, las definiciones y la metodología utilizados para producir datos, estadísticas e indicadores sobre la economía informal, los Miembros deberían tomar en consideración las orientaciones pertinentes proporcionadas por la Organización Internacional del Trabajo, en particular, y según proceda, las Directrices sobre una definición estadística de empleo informal, adoptadas por la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo en 2003.

IX. APLICACIÓN

38. Los Miembros deberían dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Recomendación, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, las cuales deberían incluir en sus filas, de acuerdo con la práctica nacional, a representantes de las organizaciones constituidas por afiliación que sean representativas de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal, a través de uno o más de los siguientes medios, cuando proceda:

a)la legislación nacional;

b)los convenios colectivos;

c)las políticas y los programas;

d)la coordinación efectiva entre los órganos gubernamentales y demás partes interesadas;

e)el desarrollo de las capacidades institucionales y la movilización de recursos, y

f)otras medidas acordes con la legislación y la práctica nacionales.

39. Los Miembros deberían examinar con carácter periódico, cuando proceda, la eficacia de las políticas y las medidas destinadas a facilitar la transición a la economía formal, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, las cuales deberían incluir en sus filas, de acuerdo con la práctica nacional, a representantes de las organizaciones constituidas por afiliación que sean representativas de los trabajadores y las unidades económicas de la economía informal.

40. Al establecer, desarrollar, aplicar y examinar periódicamente las medidas adoptadas para facilitar la transición a la economía formal, los Miembros deberían tener en cuenta las orientaciones contenidas en los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas pertinentes para la economía informal, que se enumeran en el anexo.

41. Ninguna disposición de la presente Recomendación debería interpretarse en el sentido de que reduce la protección prevista en otros instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo para las personas ocupadas en la economía informal.

42. El anexo podrá ser revisado por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Todo anexo revisado, una vez que sea aprobado por el Consejo de Administración, sustituirá al anexo anterior y se comunicará a los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo.

ANEXO

Lista de instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo y de las Naciones Unidas que revisten interés para facilitar la transición de la economía informal a la economía formal

INSTRUMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenios fundamentales

—Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y su Protocolo de 2014

—Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)

—Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)

—Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)

—Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)

—Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)

—Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)

—Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)

Convenios de gobernanza

—Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)

—Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)

—Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)

—Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)

Otros instrumentos

Libertad de asociación y libertad sindical, negociación colectiva y relaciones laborales

—Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)

—Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154)

Igualdad de oportunidades y de trato

—Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156)

Política de empleo y promoción del empleo

—Recomendación sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)

—Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159)

—Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)

—Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189)

—Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193)

—Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198)

Orientación y formación profesional

—Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142)

—Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195)

Salarios

—Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), y Recomendación sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 135)

Seguridad y salud en el trabajo

—Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)

—Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184), y Recomendación sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 192)

—Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187)

Seguridad social

—Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)

—Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202)

Protección de la maternidad

—Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)

Trabajadores migrantes

—Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97)

—Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143)

VIH y sida

—Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200)

Poblaciones indígenas y tribales

—Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)

Categorías específicas de trabajadores

—Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177)

—Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), y Recomendación sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 201)

INSTRUMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS

—Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948

—Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966

—Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966

—Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990

ISBN: 978-92-2-329015-3 (impreso)

ISBN: 978-92-2-329016-0 (web pdf)

ISSN: 0251-3226

Primera edición 2015

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