ILC.104/III/1B

Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, 2015

Estudio General sobre los instrumentos relativos al derecho de asociación y las organizaciones de trabajadores rurales

Tercer punto del orden del día: Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones

Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (artículos 19, 22 y 35 de la Constitución)

Informe III (Parte 1B)

Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra

Dar una voz a los trabajadores rurales

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GINEBRA

Sumario

Introducción

Parte I.Impacto de los instrumentos

Parte II.Impedimentos para la aplicación y perspectivas para la ratificación de los instrumentos

Parte III.Aprovechar el potencial de los instrumentos

Conclusiones y observaciones finales

Anexos

Índice

Introducción

Contexto

Una perspectiva global de la economía rural

Memorias de los Estados Miembros: panorama de la situación en el terreno

Antecedentes históricos e institucionales

Información sobre las ratificaciones

Parte I.Impacto de los instrumentos

Capítulo 1.El potencial de los instrumentos

Criterios para la adopción de instrumentos

Objetivos de los instrumentos

Capítulo 2.Ámbito de aplicación de los instrumentos

Definición de los trabajadores agrícolas y rurales

Ámbito extenso

Diversas formas de definir

Categorías establecidas en la legislación laboral

Categorías establecidas en otras normas

Categorías basadas en la práctica

Ausencia de categorías

Definición de las organizaciones de trabajadores rurales

Ámbito de aplicación inclusivo que abarque a organizaciones de trabajadores rurales

Diversidad de organizaciones de trabajadores rurales

Legislación y práctica nacionales

Capítulo 3.Políticas y legislaciones nacionales para facilitar el establecimiento y la expansión de las organizaciones de trabajadores rurales

Medidas legislativas y administrativas sobre libertad sindical y negociación colectiva

Derecho de todas las categorías de trabajadores rurales a constituir organizaciones y afiliarse a ellas

Derecho de constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes

Derecho de constituir organizaciones sin autorización previa

Derecho de redactar sus propios estatutos y reglamentos

Libertad de elección de sus representantes

Derecho de organizar su administración y sus actividades y a formular sus programas de acción

Acceso a los lugares de trabajo

Negociación colectiva

Protección contra los actos de discriminación

Protección contra los actos de injerencia de los empleadores

El derecho de las organizaciones a constituir federaciones y confederaciones y a afiliarse a las organizaciones internacionales

Autoridades responsables de garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación

Capítulo 4.Políticas nacionales para fomentar la participación de las organizaciones de trabajadores rurales en el desarrollo económico y social

Diálogo social

Consultas sobre la legislación

Participación en la elaboración de las políticas socioeconómicas nacionales

Participación en el desarrollo rural

Participación en la promoción de los derechos de los trabajadores agrícolas y rurales

Participación en la resolución de conflictos laborales

Intercambio de información, enseñanza y formación profesional

Asistencia financiera y material

Parte II.Impedimentos para la aplicación y perspectivas para la ratificación de los instrumentos

Capítulo 5.Obstáculos que se presentan como impedimentos a la plena aplicación de los instrumentos

Obstáculos legales

Obstáculos prácticos

Problemas frecuentes en la aplicación

Condiciones geográficas, socioeconómicas y culturales

Problemas administrativos

Naturaleza de las relaciones laborales

Desconocimiento del problema en las comunidades rurales

Capacidad de las organizaciones

Obstáculos identificados por las organizaciones de trabajadores

Obstáculos identificados por las organizaciones de empleadores

Falta de comprensión sobre el potencial de los instrumentos

Capítulo 6.Perspectivas de ratificación

Parte III.Aprovechar el potencial de los instrumentos

Capítulo 7.Forjar compromisos comunes e implicar a todas las partes interesadas en el diálogo

Importancia de los instrumentos

Compromiso común con la libertad sindica

Conciencia compartida sobre las necesidades específicas de las comunidades rurales

Políticas nacionales para la promoción de las organizaciones

Leyes y reglamentos nacionales

Diálogo social

Sensibilización, educación e intercambio de información

Grupos particulares de trabajadores rurales

Asistencia financiera y material

Cooperación técnica y acción normativa de la OIT

Necesidades de cooperación técnica

Comentarios de los gobiernos

Comentarios de las organizaciones de trabajadores

Propuestas para una acción normativa

Comentarios de los gobiernos

Comentarios de las organizaciones de trabajadores

Conclusión y observaciones finales

Anexos

I.     Textos de los instrumentos examinados

Convenio núm. 11

Convenio núm. 141

Recomendación núm. 149

II.    Formulario de memoria enviado a los Estados Miembros y a los interlocutores sociales

III.   Gobiernos que han presentado memorias

IV.   Organizaciones de trabajadores y de empleadores que han presentado memorias

V.    Situación relativa de las ratificaciones (Convenios núms. 11, 87, 98 y 141)

Introducción

1.    Los Estudios Generales se realizan a partir de informaciones sobre la legislación y la práctica presentadas por los gobiernos y los interlocutores sociales, y permiten a la Comisión de Expertos proporcionar orientación sobre el ámbito de aplicación de los instrumentos, examinar los obstáculos para su aplicación que aducen los gobiernos y los interlocutores sociales y señalar las posibles maneras de superarlos.

2.    En 1994, el Director General[1] de entonces destacó el potencial de estos estudios para llegar a ser «un auténtico instrumento de evaluación», que permitiría efectivamente a la Organización llevar a cabo con eficacia auditorías sobre la pertinencia de las normas existentes y la conveniencia de conservarlas. Los estudios generales han sido reconocidos como una fuente importante de información sobre la legislación y la práctica de los Estados Miembros, cuya finalidad es también poner de relieve las necesidades de estos Estados y los ámbitos prioritarios a los que debe destinarse la asistencia técnica de la OIT[2].

3.    El Consejo de Administración, en su 317.ª reunión (marzo de 2013), decidió que el Estudio General de la Comisión de Expertos de 2014 se ocuparía del Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11), el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) y la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149)[3].

4.    Con la elección de estos instrumentos para el Estudio General, el Consejo de Administración recordó que en el informe sobre la discusión recurrente Principios y derechos fundamentales en el trabajo: del compromiso a la acción[4], se planteó la preocupación de que los trabajadores agrícolas se ven privados sistemáticamente de la libertad de asociación y de negociación colectiva, y que los trabajadores rurales se encuentran particularmente en riesgo debido a la falta de una adecuada protección legislativa y de mecanismos suficientes para la promoción de su voz colectiva[5].

5.    Asimismo, tomó nota de que aunque, a lo largo de los años, ha habido varios Estudios Generales en materia de libertad sindical y negociación colectiva, solamente uno de ellos examinó específicamente la aplicación de la legislación y la práctica en relación con las organizaciones de trabajadores rurales en virtud del Convenio núm. 141, un Estudio que data de 1983, ocho años después de la adopción del citado instrumento[6].

6.    Durante la discusión, el portavoz de los trabajadores señaló que, habida cuenta de que la economía rural figura como uno de los sectores de importancia capital, consideraba que un Estudio General sobre las organizaciones de trabajadores rurales podría resultar de utilidad a la Oficina cuando lleve a cabo sus actividades en ese ámbito[7]. El Grupo de los Empleadores coincidió con la selección de las normas propuestas, teniendo en cuenta que «la agricultura es un sector importante del mundo del trabajo y merece más atención de la que suele recibir»[8].

7.    En consecuencia, el Consejo de Administración solicitó a los gobiernos que, para 2014, presentaran, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, memorias relativas a los Convenios núms. 11 y 141 y a la Recomendación núm. 149 de conformidad con el formulario de memoria aprobado en la misma reunión[9]. A la Comisión le complace constatar que 110 gobiernos han presentado memorias sobre la situación de la legislación y la práctica en sus respectivos países con respecto al cumplimiento de los asuntos tratados en los citados instrumentos[10] y que 56 organizaciones de trabajadores y ocho organizaciones de empleadores suministraron información y observaciones en relación con estos instrumentos[11].

8.    El presente Estudio está basado en las memorias presentadas en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT y en las memorias presentadas en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución por los países que han ratificado uno o ambos Convenios. En su examen de las memorias, la Comisión ha tenido en cuenta la legislación y la práctica en la materia y ha destacado en sus observaciones los aspectos relativos a la aplicación de los instrumentos.

9.    Hay una complementariedad obvia entre los instrumentos sobre los que trata el presente Estudio y los convenios fundamentales sobre libertad sindical y negociación colectiva: el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). La libertad sindical es indiscutiblemente un elemento esencial para que los trabajadores rurales hagan oír sus voces en un marco de desarrollo económico y social. Este Estudio complementa la información que contenían Estudios previos en materia de libertad sindical y negociación colectiva[12].

10.    El presente Estudio ofrece una visión general de la legislación y la práctica en la aplicación de los Convenios núms. 11 y 141 por parte de los Estados Miembros, con independencia de si han sido ratificados o no, así como de la Recomendación núm. 149, describiendo tanto las iniciativas positivas emprendidas como de los problemas planteados. El Estudio analiza las motivaciones, los objetivos y el alcance de los instrumentos, lo que permite evaluar su potencial y sus consecuencias; detecta las dificultades que impiden su plena aplicación y considera las formas de aprovechar plenamente el potencial de estos instrumentos.

Contexto

11.    El ámbito de aplicación y la naturaleza de la economía rural varía enormemente de unos países a otros. Para poder comprender en profundidad los objetivos que se fijan en los instrumentos, hay que considerar previamente su contexto.

Una perspectiva global de la economía rural

12.    Pese a que resulta evidente la trascendencia de la agricultura y la economía rural, debido a las propias características del sector existe escasa información fiable y datos comparativos, sobre todo, de datos desglosados por indicadores de edad y género sobre la naturaleza, el valor, el alcance e, incluso, las dimensiones de este sector. En particular, las definiciones de economía rural, la agricultura, y los trabajadores rurales o agrícolas varían considerablemente de unos países a otros, lo que significa que estas comparaciones suelen ser poco fiables.

13.    Las áreas rurales contribuyen considerablemente a las economías en muchos países. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que más de 3 000 millones de personas — casi la mitad de la población mundial — vive en áreas rurales[13]. Aproximadamente el 32 por ciento de la población mundial está empleada en la agricultura[14]. Una mayoría de la mano de obra femenina se dedica a actividades agropecuarias en la economía rural[15].

14.    Los datos de la OIT sugieren que aproximadamente el 40 por ciento de la población en edad de trabajar vive en áreas rurales; no obstante, tal como se muestra en el gráfico 1, hay una disparidad considerable entre unos países y otros[16].

Gráfico 1. La distribución de la población en edad de trabajar, último año disponible

15.    A nivel mundial, la agricultura figura entre los sectores caracterizados por un número considerable de trabajadores migrantes[17]. El trabajo rural también está caracterizado por un gran número de trabajadores casuales y temporales que se encuentran en su gran mayoría en situación especialmente vulnerable[18].

16.    La mayor parte de la población de los países de bajos ingresos sigue dependiendo de la economía rural para su empleo y medios de vida[19]. Por otra parte, el porcentaje de empleo rural respecto a la cifra total de empleo en los países desarrollados ha variado sustancialmente de 2001 a 2011, tal como se aprecia en el gráfico 2[20].

Gráfico 2. Empleo por ámbito geográfico en las economías desarrolladas, 2001-2011

17.    Las tasas de participación en la fuerza de trabajo son por lo general más altas en los países más pobres. En estos países, el bajo desempleo junto con las tasas elevadas de participación en la fuerza laboral tiene como resultado que amplias capas de la población se dedican al empleo vulnerable y que muchas personas vivan en la pobreza[21]. En aquellas economías caracterizadas por un nivel de desarrollo económico bajo o mediano, existe una diferencia en la proporción de población ocupada entre áreas rurales y urbanas (véase gráfico 3)[22]. La FAO indica que el desempleo, el subempleo, malas condiciones de trabajo y la exposición a riesgos laborales siguen prevaleciendo en muchas zonas rurales[23].

Gráfico 3. Porcentaje de población ocupada por ámbito geográfico en economías con bajos y medianos niveles de desarrollo, último año sobre el que se dispone de datos

18.    Además, tal y como en las áreas urbanas entre 2001 y 2013, se ha registrado un aumento constante de la tasa de desempleo de las personas que habitan en zonas rurales[24]. Las perspectivas de empleo para las mujeres son particularmente bajas (véase gráfico 4)[25]. Según la FAO, Las mujeres constituyen alrededor del 43 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola en países en desarrollo[26] y su contribución varía enormemente en función del tipo de cultivo que se produzca y de las actividades que éste lleve aparejadas. No obstante, las mujeres tienen menos acceso que los hombres a actividades productivas por su limitado acceso a los recursos, la educación, el suministro de servicios de extensión y financieros y a los mercados laborales[27].

Gráfico 4. Tasa de desempleo en zonas rurales desglosada por sexos, último año sobre el que se dispone de datos

19.    La mayoría de los trabajadores no tiene un empleo asalariado formal, sino que realiza una actividad por cuenta propia o una tarea familiar no remunerada, como las tareas agrícolas y especialmente la agricultura de subsistencia. En las zonas rurales, el empleo informal constituye un 82,1 por ciento de la totalidad de la población ocupada rural y el 98,6 por ciento del empleo agrícola. En contraposición, en las áreas urbanas solamente el 24,5 por ciento de los trabajadores se encuentra en el empleo informal[28]. Casi ocho de cada diez trabajadores pobres con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos por día vive en áreas rurales, lo cual significa que en la mayoría de los trabajos en las zonas rurales no garantiza un nivel suficiente de ingresos para los trabajadores que les permita comprar alimentos para su manutención y la de sus familias[29]. Los salarios de los trabajadores son normalmente más reducidos en las áreas rurales que las urbanas, lo que podría contribuir al éxodo del campo a la ciudad dentro de las fronteras de un país[30]. Menos del 20 por ciento de los trabajadores agrícolas tiene acceso a una protección social básica[31].

20.    Los jóvenes representan el 23,5 por ciento de los trabajadores pobres, la mayoría de los cuales viven en zonas rurales[32]. Los jóvenes de zonas rurales tienen más probabilidades de estar subempleados y menos probabilidades de ser escolarizados que los jóvenes de zonas urbanas[33]. Y tienen también muchas menos probabilidades de transitar hacia un empleo duradero que estos últimos[34].

21.    Según el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), de la OIT, el trabajo infantil es un problema en todo el mundo que afecta principalmente a las zonas rurales[35]:

las zonas rurales albergan el 75 por ciento de las personas que viven en situación de pobreza en el mundo, y 2 100 millones de personas viven con menos de 2 dólares de los Estados Unidos por día, y 880 millones con menos de 1 dólar de los Estados Unidos al día;

el trabajo infantil es principalmente un problema rural. De los 168 millones de niños que trabajan en todo el mundo, 98 millones son trabajadores agrícolas;

alrededor del 59 por ciento de los trabajadores infantiles con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años trabajan en la agricultura, en contraposición al 7 por ciento que trabaja en la industria y el 32 por ciento en el sector de servicios;

la agricultura es uno de los tres sectores más peligrosos para trabajar a cualquier edad, y es aún más peligrosa para los niños. Los datos muestran que cerca del 60 por ciento del trabajo infantil peligroso está en la agricultura;

sólo uno de cada cinco niños que trabajan reciben una remuneración; la gran mayoría son trabajadores familiares no remunerados;

los niños en las zonas rurales, en especial las niñas, empiezan a trabajar por lo general a una edad muy temprana, a veces cuando tienen entre 5 y 7 años;

sin considerar los servicios en el hogar, en promedio, los niños representan el 63 por ciento y las niñas el 37 por ciento del trabajo infantil en la agricultura en el grupo de 5 a 17 años de edad. Pero el 92 por ciento de las niñas en el grupo de 5 a 14 años de edad que trabajan realizan también labores en el hogar, en comparación con el 67 por ciento de los niños.

22.    Según la Estimación Mundial sobre el Trabajo Forzoso de la OIT, 20,9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en algún momento de sus vidas, y la agricultura es uno de los sectores que se cita con más frecuencia para estas prácticas[36]. Muchas víctimas de trabajo forzoso son trabajadores migrantes (por lo general, en situación irregular, aunque no siempre) o trabajadores estacionales con escasos recursos que se desplazan de zonas rurales a urbanas o entre regiones o provincias distantes en busca de trabajo. La servidumbre por deudas es una práctica particularmente habitual en zonas rurales y afecta a trabajadores agrícolas y miembros de comunidades indígenas[37]. Es habitual que los trabajadores agrícolas se vean obligados a trabajar durante más horas que las de la jornada laboral de trabajo bajo la amenaza de una pena, el despido o una remuneración inferior al salario mínimo[38].

Memorias de los Estados Miembros: panorama de la situación en el terreno

23.    En sus memorias relativas a la legislación y la práctica nacionales sobre la libertad sindical para las organizaciones de trabajadores agrícolas y rurales, una serie de Estados Miembros suministraron a la Comisión información general sobre las economías rurales en sus países.

24.    Algunas memorias contienen información sobre la contribución realizada por la economía rural al producto interno bruto (PIB). En Argelia, por ejemplo, la agricultura representa el 12 por ciento del PIB y, en Bangladesh, el 20 por ciento. En Djibouti, el Gobierno informó que la agricultura representa el 4 por ciento del PIB. BusinessNZ, una organización de empleadores representativa en Nueva Zelandia, señaló que, con arreglo a los datos del Gobierno, la agricultura, la alimentación y la silvicultura generaron el 70 por ciento de los ingresos por exportación de mercancías y alrededor del 12 por ciento de su PIB. En Turkmenistán, la agricultura representa el 8,4 por ciento de su PIB en 2012.

25.    Muchos países señalaron que la agricultura era un sector predominante que proporciona empleo a grandes cantidades de personas. Por ejemplo, el Gobierno de Tailandia comunicó que el país era esencialmente agrícola. Tanto el Gobierno del Sudán como la Federación Sudanesa de Empleadores señalaron que la mayoría de la población trabaja en la agricultura y vive en áreas rurales. El Gobierno del Perú informó que el 73,7 por ciento de la población activa del país trabaja en el sector rural. El Gobierno de Zimbabwe indicó que la agricultura constituye el sector más importante del país y que tiene una contribución significativa al PIB nacional.

26.    A pesar de no contar con información sobre la fuerza de trabajo total en los países en cuestión, la Comisión toma nota de las cifras proporcionadas por algunos Estados Miembros sobre el número de trabajadores en determinados sectores. En Bosnia y Herzegovina, 437 331 personas trabajaron en la agricultura, la silvicultura y la pesca en 2012[39]. El Gobierno de Nueva Zelandia, señaló que, al término del trimestre de 2013, la cifra total de trabajadores en la agricultura, la pesca, la caza y la silvicultura ascendía a 149 500 personas[40]. Según el Gobierno de Lituania, en 2010 había 369 033 trabajadores agrícolas en el país, una cifra compuesta de 338 174 agricultores y de sus miembros de la familia, y 27 915 trabajadores contratados y 2 944 contratados temporalmente[41]. El Gobierno de las Bahamas señaló que, en 2007, 3 940 personas, aproximadamente, trabajaron en la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca[42].

27.    El Gobierno de Bangladesh indicó que alrededor del 48 por ciento del total del trabajo forzoso se concentra en el sector agrícola. Según el Gobierno, aproximadamente un 77 por ciento de la población de Bangladesh vive en los pueblos donde la agricultura es la fuente principal de su sustento. El Gobierno, señaló asimismo que la agricultura es la única fuente de alimentación, nutrición, empleo y renta del vasto grupo de trabajadores no calificados y con escasos ingresos que viven en las zonas rurales de Bangladesh. La mayoría de los trabajadores agrícolas están empleados por cuenta propia, y las familias sin tierras son arrendatarios y apareceros.

28.    Varios Estados plantearon la cuestión de la propiedad de la tierra y el predominio de mano de obra de tipo familiar, así como las repercusiones de esta situación sobre la relación de empleo. Es el caso del Gobierno de Bulgaria, que comunicó que el 92 por ciento de las 738 634 personas que trabajan en la agricultura son mano de obra familiar, 55 300 son trabajadores remunerados, y 24 000 trabajadores estacionales. El Gobierno de la India informó que el sector agrícola indio consiste principalmente en agricultura de subsistencia que llevan a cabo agricultores pequeños y marginales que combinan esas tareas con el trabajo en el campo como jornaleros estacionales.

29.    El Gobierno de Turquía y la Confederación de Sindicatos de Turquía (TÜRK-IŞ) señalaron que, en julio de 2013, había 6,6 millones de trabajadores en el sector agrícola, de los cuales 2,6 millones son trabajadores por cuenta propia y tan sólo 737 000 asalariados[43]. El Gobierno de Suiza señaló que, en 2012, 162 000 personas de una fuerza de trabajo de 4,1 millones de personas realizaron tareas agrícolas, el 81 por ciento de las cuales se dedicaron a tareas familiares y un número considerable de las restantes fueron jornaleros estacionales extranjeros que trabajaron en Suiza por un período corto de tiempo. La Unión de Agricultores Suizos estimó que asumía que al menos 20 000 trabajadores extranjeros trabajaron en el sector agrícola. El Gobierno de Finlandia comunicó asimismo la presencia de trabajadores extranjeros en el país, especificando que los recolectores de bayas llegan al país durante la temporada estival. El Gobierno del Sudán y la Federación General de Empleadores de Sudán destacaron el alto número de trabajadores estacionales y la prevalencia de los agricultores familiares.

30.    En otros Estados Miembros, el predominio de la agricultura y el sector rural es menor. El Gobierno de Djibouti, por ejemplo, informó que la agricultura es una nueva actividad sin mano de obra remunerada que cubre únicamente el 10 por ciento de las necesidades alimenticias del país. En Bahrein, el Gobierno informó que el sector agrícola no superó el 2 por ciento del mercado de trabajo, proporcionando empleo a 950 agricultores y a 9 120 trabajadores migrantes. De las 6 400 hectáreas de tierra aptas para la labranza, solamente 4 400 fueron explotadas con fines agrícolas. El Gobierno de Arabia Saudita señaló que el sector de la economía agrícola y rural — y el empleo agrícola y rural — era relativamente reducido en el país; y el Gobierno de Qatar informó que no tenía trabajadores rurales. El Gobierno de Singapur observó que el país estaba urbanizado casi en un 100 por ciento, y que sólo el 1,3 por ciento de los residentes en el país figuran bajo la categoría de empleados en la agricultura, la pesca, la extracción, los servicios básicos o de alcantarillado y saneamiento.

31.    El Gobierno de los Estados Unidos informó que se han producido cambios rotundos en el sector agrícola desde que el Convenio núm. 11 fue adoptado en 1921. Pese a que la producción agrícola sigue aumentando, se ha reducido notablemente el número de granjas y de trabajadores que realizan trabajos agrícolas, apreciándose una tendencia hacia explotaciones agrícolas de mayor tamaño. En 2007, se registraron 2,2 millones de granjas en los Estados Unidos. La mayoría de ellas producen por un valor menor de 25 000 dólares al año, por lo que la mayoría de los granjeros del país obtienen el grueso de sus ingresos de actividades no agrícolas. El 98 por ciento de las explotaciones agrícolas de los Estados Unidos son familiares, y se calcula que, en 2012, los trabajadores agrícolas contratados representaban un tercio del conjunto de los trabajadores de las granjas, con los dos tercios restantes compuestos de operadores agrícolas independientes y de sus familias. Se estima que la cifra total de trabajadores agrícolas contratados alcanza algo más del millón de personas, con variaciones de una estación a otra, lo que representa menos del 1 por ciento de todos los trabajadores asalariados y a sueldo. Las estadísticas del Gobierno para 2013 arrojan un total de 1 096 000 empleados en el sector agrícola de los Estados Unidos.

Antecedentes históricos e institucionales

32.    El desarrollo rural ha estado en el programa de la OIT desde su fundación en 1919. Durante los debates previos a la adopción de los primeros convenios, uno de los motivos que se adujeron para tomar la decisión de que estos convenios no se aplicaran a la agricultura fue el hecho de que no hubiera ningún representante de este sector presente en las discusiones[44]. En consecuencia, cuando los convenios se incluyeron en el orden del día de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1921, se señaló a la atención de los Estados Miembros la conveniencia de que incluyeran representantes del sector agrícola en sus delegaciones[45].

33.    En el curso de las discusiones de 1921, varios gobiernos objetaron a que se adoptara alguna norma relativa a la agricultura, porque consideraban que el Tratado de Versalles no se aplicaba a este sector[46]. Otros gobiernos estimaron que, en efecto, el Tratado era de aplicación a los trabajadores agrícolas tanto como a los de la industria. El principio de libertad de asociación fue mencionado entre los objetivos más importantes de la Conferencia y el fundamento de la Organización Internacional del trabajo[47].

34.    Se decidió proseguir la discusión relativa a los trabajadores agrícolas, y el Convenio núm. 11 fue adoptado en 1921 como uno de los tres convenios relativos a la agricultura[48]. En él se requería a los Estados Miembros que se obligaran a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas[49]. Las intervenciones hicieron hincapié en la necesidad de que los convenios no se limitaran «a los trabajadores agrícolas», sino que incluyera a los trabajadores no asalariados como campesinos, braceros y pequeños agricultores arrendatarios[50]. En 1938, se establecería un comité tripartito permanente sobre agricultura con el fin de debatir la labor de la OIT sobre cuestiones rurales[51].

35.    En los primeros veintisiete años siguientes a su adopción, el Convenio núm. 11 fue ratificado por 34 Estados Miembros[52]. En 1948, se adoptó el Convenio núm. 87, seguido, en 1949, por el Convenio núm. 98. Ambos instrumentos se encuentran entre los convenios de la OIT con mayor número de ratificaciones[53]. El reconocimiento de la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva constituye uno de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y reviste una particular importancia para permitir el logro de otros objetivos[54].

36.    Durante las décadas de 1950 y 1960, se adoptaron una serie de convenios y recomendaciones que inciden sobre la agricultura. En 1958, en respuesta a la preocupación sobre las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales en las plantaciones, se adoptó el Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110). Esta «carta social de los trabajadores de las plantaciones» incluyó disposiciones que tratan sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, y la libertad sindical de los trabajadores de las plantaciones[55]. La Recomendación sobre las cooperativas (países en vías de desarrollo), 1966 (núm. 127) y la Recomendación sobre arrendatarios y aparceros, 1968 (núm. 132) mencionan la necesidad de establecer y desarrollar organizaciones para los trabajadores rurales con el fin de mejorar sus condiciones de vida[56]. En 1969, fueron adoptados el Convenio sobre la Inspección del Trabajo (agricultura) (núm. 129), y la Recomendación (núm. 133), donde se reconocen los obstáculos típicos que debe superar la inspección en las áreas rurales.

37.    El mandato internacional de la OIT sobre zonas rurales fue fortalecido por la firma de un Memorando de Entendimiento con la FAO en 1955, con el que se institucionalizó la relación de colaboración entre ambas organizaciones y se complementó el Acuerdo de Cooperación firmado en 1947.

«Una larga historia de fructífera colaboración»

En el Preámbulo del Convenio núm. 141 se expone que estas disposiciones «han sido preparadas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y que, con miras a evitar duplicaciones, se proseguirá la colaboración con esta Organización y con las Naciones Unidas para promover y asegurar la aplicación de dichas normas».

El último Memorando de Entendimiento entre la OIT y la FAO se firmó en 2004. En él se recalca que las dos Organizaciones «comparten una larga historia de fructífera colaboración» y un compromiso de fomentar «el desarrollo sostenible centrado en la población y una globalización justa y que incluya a todos». Para mejorar la eficacia de esta ayuda suministrada por las organizaciones a sus miembros, se fortaleció la cooperación en áreas de interés estratégico.

Sobre esta base, la OIT y la FAO vienen cooperando y consultándose con regularidad desde hace muchos años sobre cuestiones de interés común. La colaboración constante es una contribución particularmente importante a la labor sobre «el trabajo decente en la economía rural» una de las esferas fundamentales de acción prioritaria en 2014-2015, que inevitablemente se construirá sobre el marco proactivo establecido en el Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149.

38.    Reconociendo la necesidad de ir todavía más lejos para fortalecer las organizaciones de trabajadores rurales a fin de facultarlas para que funcionen como cauces eficaces para una participación popular en el desarrollo[57], en noviembre de 1972, el Consejo de Administración decidió incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de las organizaciones de trabajadores rurales y su papel en el desarrollo económico y social, con miras a la adopción de un instrumento o instrumentos internacionales. En 1975, la Conferencia adoptó el Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149. Tal como se manifestó en aquel momento, el objetivo de los instrumentos «es, fundamentalmente, fortalecer la función de las organizaciones de trabajadores rurales en el desarrollo económico y social. Ya no se trata de plantear el principio del derecho de asociación de los trabajadores, pues este derecho está reconocido en el Convenio núm. 87, que tienen aplicación general en virtud de su artículo 2»[58]. El artículo 3 del Convenio núm. 141 reafirma los principios de libertad sindical y asociación tal y como están establecidos en los Convenios núms. 87 y 135, y el párrafo 8, 2), a), de la Recomendación núm. 149 se refiere explícitamente a los Convenios núms. 11, 87 y 98. Las deliberaciones pusieron de manifiesto que el Convenio debía aplicarse por igual a países en desarrollo que a países en vías de desarrollo[59]. Aquel mismo año, la Conferencia adoptó la Resolución sobre desarrollo rural, que tenía la finalidad de fomentar las actividades de desarrollo rural e iba encaminada a paliar la pobreza de las zonas rurales.

39.    Las zonas rurales fueron un centro principal de trabajo rural en las décadas de 1970 y 1980, un período durante el cual la OIT encabezó la puesta en marcha de una amplia gama de métodos de empoderamiento rural, entre otros el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores rurales, los productores, las mujeres y las poblaciones indígenas mediante la creación de asociaciones[60], en particular, los programas de innovación encaminados a mejorar la organización y dar mayor participación a los trabajadores rurales. En particular, en 1977, la OIT estableció un programa de organizaciones participativas de la población rural pobre, basado en el hecho de que los campesinos sin tierra, los aparceros y otros grupos de población rural pobre requerían de organización básica y empoderamiento a fin de beneficiarse de otras iniciativas[61]. En 1979, la OIT puso en marcha un programa para las mujeres en las zonas rurales que contribuyó a aplicar el Convenio núm. 141 con el fin de que llegara a las mujeres rurales[62].

40.    Un Programa de Educación de Trabajadores de la OIT dirigido a las zonas rurales fue establecido a mediados de 1970 con el fin de optimizar la educación de trabajadores rurales en categorías como, por ejemplo, los trabajadores de plantaciones, los agricultores de subsistencia, los aparceros, los arrendatarios y los trabajadores migrantes, y examinar la administración, las actividades y los servicios de las organizaciones de trabajadores rurales[63]. Durante los casi veinte años que estuvo en marcha, el programa puso en marcha proyectos en más de 20 países de África, Asia y América Latina, a menudo colaborando con el programa de desarrollo de mujeres rurales, la Unidad de Cooperativas y otros departamentos de la OIT[64].

41.    La Comisión Tripartita sobre el Trabajo en las Plantaciones[65] celebró sus reuniones entre 1950 y 1994 en las que trató cuestiones relativas a empresas agrícolas que contratan trabajadores por cuenta ajena, situadas en regiones tropicales o subtropicales y que cultivan y producen cosechas con fines comerciales. Durante ese tiempo, la citada Comisión adoptó una serie de conclusiones y resoluciones que tratan prácticamente sobre todos los aspectos de las condiciones laborales y sociales en las plantaciones, incluyendo la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva. Las conclusiones relativas a problemas y prácticas de negociación colectiva en las plantaciones y al ejercicio de los derechos sindicales, 1976 (núm. 69); la Resolución relativa a la libertad de asociación en las plantaciones, 1989 (núm. 86); y la Resolución relativa a la libertad sindical y las normas internacionales del trabajo para los trabajadores de las plantaciones, 1994 (núm. 94) destacaron la importancia de los Convenios núms. 11, 87, 98 y 141 para el sector de las plantaciones.

42.    El Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) tiene el objetivo de prevenir los accidentes y las lesiones que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o sobrevengan en el curso de las faenas agrícolas o el trabajo forestal. Con este objeto, el Convenio incluye medidas relativas a la seguridad de la maquinaria y la ergonomía, la manipulación y el transporte de materiales, la gestión racional de los productos químicos, el manejo de animales y la protección contra los riesgos biológicos, y la construcción y mantenimiento de instalaciones agrícolas. El Convenio resalta la necesidad de adoptar un enfoque coherente para la agricultura y tiene en cuenta el marco más amplio de principios incorporados en otros instrumentos de la OIT aplicables a este sector, en concreto, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y los convenios sobre las peores formas de trabajo infantil[66].

43.    La Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193)[67] establece que una cooperativa es una «asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión democrática»[68]. La Recomendación hace hincapié en los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social e interés por los demás; en los principios cooperativos de adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por parte de los socios, participación económica de los socios, autonomía e independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad[69]. En consonancia con los instrumentos de las organizaciones de trabajadores rurales, la Recomendación afirma que deberían adoptarse medidas para promover el potencial de las cooperativas en todos los países, con independencia del nivel de desarrollo de estos. En este marco, los Gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorable para esos fines[70].

44.    En 2002, el Grupo de Trabajo Cartier sobre política de revisión de normas (1995-2002) reafirmó las funciones que desempeñan los Convenios núms. 11 y 141[71]. El Convenio núm. 11 se encuentra en situación provisoria[72] y el Convenio núm. 141 está actualizado. Ambos Convenios están abiertos a ratificación por parte de los Estados Miembros.

45.    La discusión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2008 sobre el empleo rural para reducir la pobreza, que culminó en la adopción de una resolución y de unas conclusiones sobre la promoción del empleo rural para reducir la pobreza, estableció un mandato para que la OIT renovara sus actividades en apoyo del desarrollo rural[73]. Como seguimiento a estas conclusiones la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2011 adoptó un documento de estrategia para la promoción del desarrollo rural[74].

46.    El sector rural y en particular la agricultura es un componente importante de la cadena de suministro global. La cuestión del trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro reviste cada vez más importancia para los mandantes de la Organización. En noviembre de 2011, el Consejo de Administración respaldó el enfoque estratégico para promover la seguridad alimentaria mediante el trabajo decente en determinados sectores críticos económicos en toda la cadena de alimentación[75], en razón del reforzamiento de las funciones que el Equipo de Tareas de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria ha atribuido a la OIT y a su Programa de Trabajo Decente en sus actividades destinadas a promover y coordinar una respuesta global al desafío de lograr seguridad alimentaria. A raíz de las discusiones mantenidas en 2012 y 2013, el Consejo de Administración seleccionó el punto «Trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro» para que figure en la discusión general de la 105.ª reunión (2016) de la Conferencia[76]. Las cadenas mundiales de suministro están cobrando importancia en algunos sectores económicos como la agricultura y la pesca, además de en la manufacturas donde ya eran históricamente más predominantes[77].

47.    En respuesta a los desafíos de trabajo decente mundial en el sector rural, el «Trabajo decente en la economía rural» fue establecido como esfera de importancia decisiva para la adopción de medidas prioritarias en 2014-2015[78]. Sus objetivos principales consisten en aumentar la participación de la población rural mediante la organización de comunidades y la promoción de derechos, normas y del diálogo social; alcanzar un modelo de desarrollo rural basado en el empleo mediante una mejor integración en las cadenas de valor; y suministrar pisos de protección social que garanticen los ingresos mínimos y el acceso a los servicios básicos en las economías rurales, que son siempre vulnerables a las conmociones externas.

Información sobre las ratificaciones

48.    De los 185 Estados Miembros de la OIT, 127 han ratificado ya sea el Convenio núm. 11 ya el Convenio núm. 141. De esos 127 países, 122 han ratificado el Convenio núm. 11 y 40 han ratificado el Convenio núm. 141[79]. Treinta y cinco países han ratificado ambos Convenios. La última ratificación del Convenio núm. 11 se registró en 2006[80] y del Convenio núm. 141 en 2004[81].

49.    Ocho Estados[82], que representan aproximadamente el 41 por ciento de la población mundial, han ratificado el Convenio núm. 11, pero no el Convenio núm. 87. Para el elevado número de trabajadores rurales que hay en estos países, el Convenio núm. 11 contribuye a garantizarles un nivel mínimo de derechos de sindicación.

[1] OIT: Preservar los valores, promover el cambio. La justicia social en una economía que se mundializa: Un programa para la OIT. Memoria del Director General (Parte I), Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), 81.ª reunión, Ginebra, 1994, págs. 54-55.

[2] OIT: Actas de la 317.ª reunión del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, 317.ª reunión, Ginebra, marzo de 2013, GB.317/PV, párr. 510.

[3] Ibíd., párr. 512. Para el texto de los instrumentos, véase el anexo I.

[4] OIT: Principios y derechos fundamentales en el trabajo: del compromiso a la acción (Informe VI), CIT, 101.ª reunión, Ginebra, 2012, párrs. 43, 106 y 110.

[5] OIT: Selección de los convenios y recomendaciones respecto de los cuales deberían solicitarse memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución en 2014, Consejo de Administración, 317.ª reunión, Ginebra, marzo, 2013, documento GB.317/LILS/3, párr. 7.

[6] OIT: Libertad sindical y negociación colectiva, Estudio General de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 4B), CIT, 69.ª reunión, Ginebra, 1983, párrs. 320 y sgtes. (en adelante Estudio General sobre la libertad sindical y negociación colectiva, 1983).

[7] OIT: Actas de la 317.ª reunión del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, Consejo de Administración, 317.ª reunión, Ginebra, marzo de 2013, documento GB.317/PV, párr. 508.

[8] Ibíd., párr. 509.

[9] Véase el anexo II.

[10] Véase el anexo III. Se pidió a la totalidad de los 185 Estados Miembros de la OIT que presentaran la memoria.

[11] Véase el anexo IV.

[12] OIT: Dar un rostro humano a la globalización. Estudio General sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 1B), CIT, 101.ª reunión, Ginebra, 2012 (en adelante Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012); y OIT: La negociación colectiva en la administración pública: un camino a seguir, Estudio General relativo a las relaciones laborales y la negociación colectiva en la administración pública. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 1B), CIT, 102.ª reunión, Ginebra, 2013 (en adelante Estudio General sobre las relaciones laborales y la negociación colectiva en la administración pública, 2013).

[13] FAO: FAO Statistical Yearbook 2013: World food and agriculture, Roma, 2013, pág. 1.

[14] OIT: Tendencias mundiales del empleo 2014: ¿Hacia una recuperación sin creación de empleos?, Ginebra, 2014, pág. 96.

[15] Naciones Unidas: La mujer rural en un mundo cambiante. Oportunidades y retos. La mujer en el 2000 y después. División para el Adelanto de la Mujer. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2008, pág. 10.

[16] OIT: Base de datos ILOSTAT (Ginebra), 2014; organizaciones nacionales de estadística, 2014.

[17] Global Migration Group, GMG Issues brief No. 2: Improving the labour market outcomes of migration, 11 de septiembre de 2013, pág. 3.

[18] OIT: Base de datos ILOSTAT (Ginebra), 2014; organizaciones nacionales de estadística, 2014. Véase también Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 778.

[19] OIT: Estudio General sobre los instrumentos relativos al empleo a la luz de la Declaración de 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 1B), CIT, 99.ª reunión, Ginebra, 2010, párr. 688.

[20] OIT: Base de datos ILOSTAT (Ginebra), 2014; organizaciones nacionales de estadística, 2014.

[21] FAO: FAO Statistical Yearbook 2013: World food and agriculture, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma, 2013, pág. 14.

[22] OIT: Base de datos ILOSTAT (Ginebra), 2014; organizaciones nacionales de estadística, 2014.

[23] FAO: FAO Statistical Yearbook 2013: World food and agriculture, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma, 2013, pág. 14.

[24] En relación a las economías desarrolladas y la Unión Europea, véase OIT: Tendencias mundiales del empleo 2014: ¿Hacia una recuperación sin creación de empleos?, Ginebra, 2014, pág. 112; OIT: Base de datos ILOSTAT, Ginebra, 2014.

[25] OIT: Base de datos ILOSTAT (Ginebra), 2014; organizaciones nacionales de estadística, 2014.

[26] FAO: FAO Statistical Yearbook 2013: World food and agriculture, Roma, 2013, pág. 14.

[27] Ibíd.

[28] OIT: Global employment trends 2013: Recovering from a second jobs dip, Ginebra, 2013, pág. 60.

[29] FAO: FAO Statistical Yearbook 2013: World food and agriculture, Roma, 2013, pág. 14.

[30] OIT: Base de datos ILOSTAT (Ginebra), 2014; organizaciones nacionales de estadística, 2014.

[31] FAO: FAO Statistical Yearbook 2013: World food and agriculture, Roma, 2013, pág. 14.

[32] OIT: Tendencias mundiales del empleo, 2012: Prevenir una crisis mayor del empleo, Ginebra, 2012, pág. 47.

[33] Ibíd., pág. 47.

[34] OIT: Global employment trends for youth 2013: A generation at risk, Ginebra, 2013, pág. 55.

[35] OIT: Documento de orientación: Eliminación del trabajo infantil en las zonas rurales mediante el trabajo decente, Ginebra, 2011; y OIT: Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil: Estimaciones mundiales y tendencias 2000-2012, Ginebra, 2013.

[36] OIT: ILO global estimate of forced labour: Resources and methodology, Ginebra, 2012, pág. 13.

[37] OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 294.

[38] Ibíd., párr. 292.

[39] En 2013, la población estimada de Bosnia y Herzegovina fue de 3,82 millones: véase http://data.worldbank.org/country/bosnia-and-herzegovina.

[40] En 2013, la población estimada de Nueva Zelandia fue de 4,47 millones: véase http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/population/estimates_and_projections/NationalPopulationEstimates_HOTPAt30Jun13.aspx.

[41] En 2010, la población estimada de Lituania fue de 3,32 millones: véase http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08062011-BP/EN/3-08062011-BP-EN.PDF.

[42] En 2005, la población estimada de Bahamas fue de 325 200

[43] En 2013, la población estimada de Turquía fue de 76 670 000: véase =592472443&Country=Turkey&topic=Summary&subtopic=Basic+data.

[44] Sociedad de Naciones: Report of the commission on employment of children, upon the age of admission of children to employment, CIT, 1.ª reunión, Washington, 1919, págs. 247-248.

[45] Sociedad de Naciones: Vol. I (primera y segunda partes), CIT, 3.ª reunión, Ginebra, 1921, págs. XXIII y XXV.

[46] Ibíd., págs. 22-37. Obsérvese que, en 1922, la cuestión de la competencia de la OIT para regular las condiciones de trabajo en la agricultura se remitió a la Corte Permanente de Justicia Internacional, que declaró que el ámbito de la OIT se ampliaba al sector agrícola: Opinión consultiva (núm. 2) de 12 de agosto de 1922 (Serie B) (solamente en inglés).

[47] Ibíd., págs. 22-37, 140.

[48] Véanse también el Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 (núm. 10) y el Convenio sobre la indemnización por accidentes de trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12). Obsérvese que la 3.ª reunión de la CIT de 1921 suele denominarse como «la Reunión agrícola». Véanse L. de Luca, M. Fernando, E. Crunel y L. O. Smith, Unleashing the potential for rural development through decent work: Building on the ILO rural work legacy 1970-2010 (Ginebra, OIT, 2011), pág. 8.

[49] Art. 1 del Convenio núm. 11.

[50] Sociedad de Naciones: Vol. I (primera y segunda partes), CIT, 3.ª reunión, Ginebra, 1921, pág. 145.

[51] L. de Luca, M. Fernando, E. Crunel and L. O. Smith, Unleashing the potential for rural development through decent work: Building on the ILO rural work legacy 1970-2010 (Ginebra, OIT, 2011), pág. 8.

[52] Hasta el momento, 122 Estados Miembros han ratificado el Convenio núm. 11.

[53] Hasta el momento, 153 Estados Miembros han ratificado el Convenio núm. 87 y 164 el Convenio núm. 98.

[54] Véase Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008.

[55] OIT: Estudio General sobre la libertad sindical y negociación colectiva, 1983, párr. 324. Nota del Protocolo facultativo al Convenio núm. 110 que permitió excluir del ámbito de aplicación del Convenio a las plantaciones cuya superficie no pase de 5 hectáreas y que no ocupen a más de diez trabajadores en un período cualquiera durante un año civil.

[56] Reemplazada por la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), en 2002.

[57] OIT: Actas de la 188.ª reunión del Consejo de Administración, Consejo de Administración, 188.ª reunión, Ginebra, noviembre 1972, párr. 46.

[58] OIT: Actas, CIT, 59.ª reunión, Ginebra, 1974, Informe de la Comisión de Organizaciones de Trabajadores Rurales, párr. 6, pág. 479. En el momento de la adopción del Convenio, el consejero técnico gubernamental del Reino Unido observó lo siguiente: «Quedó perfectamente claro durante el debate que, si bien los instrumentos existentes sobre la libertad sindical han sido interpretados en el sentido de que se apliquen a todos los trabajadores, en la práctica muchos gobiernos han prestado su atención exclusivamente a los obreros, excluyendo al número considerable de campesinos que trabajan por cuenta propia. En el Convenio que se propone a la Conferencia se trata de establecer el equilibrio mediante la extensión explícita a los trabajadores rurales de los derechos fundamentales consagrados por el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)». OIT: Actas, CIT, 60.ª reunión, Ginebra, 1975, pág. 659.

[59] OIT: Actas, CIT, 59.ª reunión, Ginebra, 1974, informe de la Comisión de Organizaciones de Trabajadores Rurales, párr. 13, pág. 481.

[60] L. de Luca, M. Fernando, E. Crunel y L. O. Smith, Unleashing the potential for rural development through decent work: Building on the ILO rural work legacy 1970-2010 (OIT, Ginebra, 2011), pág. iii.

[61] Ibíd., pág. 48.

[62] Ibíd., págs. 24-25

[63] Ibíd., pág. 27.

[64] Ibíd., págs. 27-29.

[65] Uno de los comités sectoriales tripartitos de la OIT que funcionó entre 1938-1995.

[66] Convenio núm. 184, Preámbulo.

[67] Esta Recomendación revisa y reemplaza a la Recomendación sobre las cooperativas (países en vías de desarrollo), 1966 (núm. 127).

[68] Párr. 2.

[69] Párrs. 3 y 4.

[70] Párr. 6.

[71] OIT: Grupo de Trabajo sobre política de revisión de normas (Grupo de Trabajo Cartier), Consejo de Administración, 284.ª reunión, Ginebra, junio de 2002.

[72] Los instrumentos que se encuentran en situación provisoria originariamente denominados «otros instrumentos», son aquellos que no se encuentran plenamente actualizados pero continúan siendo importantes en algunos aspectos. Véase ídem.

[73] OIT: Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo, CIT, 97.ª reunión, Ginebra, 2008, pág. 17.

[74] OIT: El impulso del desarrollo rural a través del empleo productivo y el trabajo decente: aprovechar los 40 años de experiencia en la OIT en las zonas rurales, Consejo de Administración, 310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011, documento GB.310/ESP/1.

[75] OIT: Trabajo decente en la cadena mundial de suministro de alimentos: un enfoque sectorial, Consejo de Administración, 312.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2011, documento GB.312/POL/7.

[76] OIT: Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo (reunión de 2015 y reuniones posteriores), Consejo de Administración, 319.ª reunión, Ginebra, octubre de 2013, documento GB.319/INS/2, párr. 10.

[77] Ibíd., párr. 5.

[78] OIT: Propuesta de Programa y Presupuesto para 2014-2015 presentadas por el Director General, Consejo de Administración, 317.ª reunión, Ginebra, marzo de 2013, documento GB.317/PFA/1, pág. 23.

[79] Véase el anexo V.

[80] Montenegro.

[81] Albania.

[82] Brasil, China, India, Iraq, Kenya, Marruecos, Nueva Zelandia y Singapur.

Parte I.Impacto de los instrumentos

Capítulo 1

El potencial de los instrumentos

Criterios para la adopción de instrumentos

50.    En los años previos a la adopción del Convenio núm. 11 en 1921, no siempre se consideró que los trabajadores agrícolas debían tener los mismos derechos que los demás trabajadores. Se les retrataba como «pobres hombres olvidados que cavan hoyos en los campos bajo temperaturas abrasadoras»[1]. Este abandono se explicaba porque, al contrario que los trabajadores de la industria, ellos no tenían medios para defenderse a sí mismos[2].

51.    En consecuencia, los delegados presentes en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1921 decidieron que los trabajadores agrícolas deberían gozar de los mismos derechos y el mismo reconocimiento jurídico respecto a sus condiciones de trabajo que sus compañeros trabajadores de la industria, lo que propició la adopción del Convenio núm. 11[3].

52.    Cincuenta años más tarde, durante la discusión del Convenio núm. 141, los delegados hicieron constar que los trabajadores rurales seguían estando en una situación igualmente vulnerable, lo que se explicaba por la existencia de un círculo vicioso de pobreza. Se habían promulgado leyes en esta materia en muchos países, pero con escasa efectividad[4].

53.    El portavoz de los trabajadores, vicepresidente de la Comisión de Organizaciones de Trabajadores Rurales estimó que los trabajadores debían conocer sus derechos para poder exigirlos, pero que, en el caso de los trabajadores rurales, estos desconocían sus derechos o eran demasiado débiles para poder solicitarlos. Se afirmó que los trabajadores rurales recibían una remuneración lastimosamente baja, dependían de intermediarios, carecían de facilidades para obtener créditos, no podían permitirse la utilización de técnicas modernas y estaban mal nutridos. Con la organización — estimó el citado portavoz —, los trabajadores rurales encontrarían la fuerza y el poder para mejorar sus condiciones: «Nosotros deseamos que los trabajadores rurales mejoren su suerte, de la misma manera que los trabajadores de la industria han mejorado la suya»[5].

54.    Del mismo modo, el portavoz de los empleadores, vicepresidente empleador de la Comisión de Organizaciones de Trabajadores Rurales, señaló las numerosas necesidades de las poblaciones rurales y estimó que, antes de instrucción, conocimientos técnicos y mejores servicios sociales, éstas tienen que organizarse mejor para poder expresar su opinión colectiva y poder influir en el desarrollo económico y social, sobre todo en las zonas rurales[6]. Un consejero técnico de los empleadores de la India pensó que los trabajadores rurales eran «masa olvidada» y que el Convenio representaba una oportunidad para la transformación social[7].

55.    Como consecuencia de esta vulnerabilidad y falta de organización, con frecuencia fue difícil oír la voz de los trabajadores en relación tanto con el desarrollo rural como con el desarrollo económico y social en general a nivel nacional. Durante la discusión se destacó la necesidad de mejorar la suerte de los trabajadores rurales. El relator de la Comisión de Organizaciones de Trabajadores Rurales señaló que el instrumento propuesto «reflejará la importante contribución que las organizaciones de trabajadores rurales pueden hacer para el adelanto de los trabajadores y para el progreso industrial»[8]. El desarrollo social y económico se sustenta en la aportación de todas las personas interesadas, tanto en la formulación de políticas como en su implementación.

Objetivos de los instrumentos

56.    Los objetivos de los instrumentos, aunque claramente complementarios e interrelacionados, difieren entre sí. La finalidad del Convenio núm. 11 es garantizar que las personas ocupadas en la agricultura tengan los mismos derechos de asociación y coalición que los demás trabajadores de la industria. El Convenio núm. 141 reafirma los principios de la libertad sindical de los trabajadores rurales ya reconocidos en los Convenios núms. 11, 87 y 98, y se basa en ellos para hacer que se oiga la voz participativa de estos trabajadores en el desarrollo económico y social.

57.    Tal y como fue explicado en el Estudio General sobre libertad sindical y negociación colectiva en 1983:

327. El Convenio (núm. 141) y la Recomendación (núm. 149) sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975, reconocen los principios fundamentales de la libertad sindical y del derecho de sindicación de los trabajadores rurales; ambos instrumentos prevén que los Estados deberán adoptar y aplicar una política tendiente a fomentar las organizaciones de trabajadores rurales, eliminando sobre todo los obstáculos que se oponen a su creación, desarrollo y desempeño de sus actividades legítimas, así como las discriminaciones de orden legislativo y administrativo de que podrían ser objeto dichas organizaciones y sus afiliados.

328. El objetivo esencial del Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149 es fortalecer la función de las organizaciones de trabajadores rurales dentro del desarrollo económico y social.

329. El Convenio núm. 141 vuelve a sentar el principio del derecho de sindicación de los trabajadores rurales, que el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) ya reconocía de manera general en su artículo 2. El Convenio núm. 141 repite en su artículo 3 los principios establecidos por el Convenio núm. 87 y por los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98 y recuerda en el preámbulo los términos de los convenios y recomendaciones existentes y, en particular, los Convenios núms. 11, 87 y 98[9].

58.    Al examinar la aplicación por parte de Etiopía del Convenio núm. 87, la Comisión consideró la interacción de los instrumentos. Esta declaración fue en relación con una declaración por parte del Gobierno a los efectos de que el Convenio núm. 87 no se aplica a los trabajadores rurales puesto que el Convenio núm. 141 fue adoptado para suministrar protección específica a las organizaciones de trabajadores rurales, y este instrumento no había sido ratificado por Etiopía[10].

La Comisión destaca que el objetivo esencial del Convenio núm. 141 es reforzar la función que cumplen las organizaciones de trabajadores rurales y su importancia para el desarrollo económico y social; y que, en su artículo 3, este Convenio reafirma el principio del derecho de sindicación de los trabajadores rurales, que había sido reconocido anteriormente por el Convenio núm. 87, que es de aplicación general, a tenor de su artículo 2. En consecuencia, un Estado Miembro que no haya ratificado el Convenio núm. 141 no puede sustraerse a las obligaciones que le incumben por haber ratificado el Convenio núm. 87 con respecto a los trabajadores rurales, que también están abarcados por este instrumento y del que sólo pueden excluirse a las fuerzas armadas y la policía, a tenor del artículo 9.

En lo que respecta al Convenio núm. 11, la Comisión recuerda que todas las personas ocupadas en la agricultura poseen los mismos derechos de asociación y de coalición que los trabajadores de la industria (artículo 1); en consecuencia los derechos sindicales previstos en la proclamación núm. 223, de 1982, para las asociaciones de campesinos no deberían ser inferiores a las enumeradas en la proclamación núm. 222, de 1982, de aplicación general.

* * *

59.    La finalidad del Convenio núm. 11 es asegurar a todos los trabajadores agrícolas los mismos derechos de asociación y coalición que a los demás trabajadores. El Convenio núm. 141, por otra parte, se asienta sobre ese principio con objeto de garantizar que se oiga la voz participativa de los trabajadores rurales en el desarrollo económico y social. La Comisión desea subrayar la importancia de la libertad sindical en el sector rural y la necesidad de que existan organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes que contribuyan a un desarrollo económico y social sostenible e integrador.

[1] Sociedad de Naciones: Vol. I (primera y segunda partes), CIT, 3.ª reunión, Ginebra, 1921, págs. 28-29.

[2] Ibíd.

[3] Ibíd., pág. 42.

[4] OIT, Actas, Conferencia Internacional del Trabajo, 59.ª reunión, Ginebra, 1974, informe de la Comisión de Organizaciones de Trabajadores Rurales, pág. 693.

[5] Ibíd., pág. 693.

[6] Ibíd., pág. 692.

[7] Ibíd., págs. 694-695.

[8] Ibíd., pág. 695.

[9] OIT: Estudio General sobre Libertad sindical y negociación colectiva, 1983.

[10] Etiopía – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 1986.

Capítulo 2

Ámbito de aplicación de los instrumentos

Definición de los trabajadores agrícolas y rurales

Ámbito extenso

60.    La cuestión de a quién se aplican los instrumentos es sin duda fundamental. Mientras que los Convenios núms. 11 y 141 utilizan diferente terminología, hay mucha semejanza en la amplitud del ámbito de aplicación de los dos Convenios.

61.    Según el texto del artículo 1 del Convenio núm. 11, los mismos «derechos de sindicación y coalición» de los que disfrutan los trabajadores industriales se garantizan «a todas las personas ocupadas en la agricultura», un ámbito de aplicación intencionadamente más amplio que el de «que trabajan en la agricultura»[1]. El artículo 2 del Convenio núm. 141[2] establece que el término «trabajadores rurales abarca a todas las personas dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, de personas que trabajen por cuenta propia, como los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios». El párrafo 2 del mismo artículo precisa que el Convenio:

… se aplica sólo a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios y que:

a)no empleen una mano de obra permanente; o

b)no empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o

c)no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios.

62.    Al igual que en el caso del Convenio núm. 11, el ámbito de aplicación del Convenio núm. 141 es amplio, abarca tanto a los asalariados como a los que trabajan por cuenta propia en la agricultura, la artesanía y en ocupaciones afines en zonas rurales. Las discusiones que llevaron a la adopción del Convenio núm. 141 «dedicaron una atención especial» a la definición del término «trabajador rural»[3], lo que dio lugar a una formulación en la que se reconocía la heterogeneidad de las relaciones laborales en el sector agrícola y rural y el hecho de que estas relaciones laborales abarcaban por lo general un ámbito más amplio que el de «los que trabajan». Además, ambos convenios fueron redactados intencionadamente para tener en cuenta el gran abanico de circunstancias en todos los países.

63.    La Comisión ha tomado nota anteriormente de que el Convenio núm. 141 adopta una noción muy amplia de «las ocupaciones» a las que se aplica[4] y ha subrayado que el Convenio núm. 11 se aplica a todas las personas que se ocupan en la agricultura[5]. En el curso de la supervisión sobre la aplicación de los Convenios por parte de los Estados Miembros, la Comisión ha considerado que el Convenio núm. 11 se aplica a las pequeñas explotaciones agrícolas que no administran un establecimiento o a los agricultores que trabajan por cuenta propia o con su familia[6]; los trabajadores por cuenta propia en el sector agrícola y, de manera particular, los trabajadores agrícolas que trabajan en explotaciones agrícolas pequeñas y medianas[7]; granjeros que trabajan por cuenta propia[8], productores[9], y aparceros y pequeños arrendatarios[10]; trabajadores agrícolas no asalariados[11]; residentes en granjas, trabajadores agrícolas en villas reales y en fincas de jefes tribales[12]; y trabajadores agrícolas en el sector informal[13].

64.    En una observación relativa a Bangladesh publicada en 1977, por ejemplo, la Comisión señaló que el derecho de sindicación garantizado por el Convenio núm. 11 se aplicaba a todas las personas que trabajan en la agricultura, incluyendo los trabajadores independientes, arrendatarios, aparceros y pequeños agricultores. En sendas observaciones publicadas en 2001 y 2007[14], la Comisión se pronunció sobre las distinciones realizadas entre los trabajadores agrícolas asociados en sectores organizados, a saber, granjas agrícolas, como los campos de té, molinos azucareros y otras granjas agrícolas que operan con fines comerciales, y otros trabajadores agrícolas de «sectores no estructurados». La Comisión resaltó que todos los trabajadores agrícolas, incluidos los del sector no organizado, deben disfrutar de los mismos derechos de asociación y de coalición que los trabajadores de la industria, incluyendo el derecho a constituir sindicatos y concertar convenios colectivos.

65.    En lo que respecta a los trabajadores estacionales u «ocasionales», la Comisión afirmó que las disposiciones legislativas en esta material no deberían dar lugar a la exclusión de los trabajadores estaciones de los derechos garantizados por el Convenio núm. 11[15].

66.    En relación con los trabajadores por cuenta propia, en una observación sobre Malasia publicada en 1993, la Comisión tomó nota de que el Convenio núm. 11 estaba destinado a proteger a los trabajadores agrícolas por cuenta propia en sus relaciones económicas, que entablan a menudo con gobiernos[16]. En una observación publicada en 1997, la Comisión tomó nota de que el Gobierno de Malasia señalaba que los trabajadores por cuenta propia, aunque excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Sindicatos de 1959, gozaban de libertad para afiliarse a sindicatos y organizaciones cooperativas para promover su bienestar y sus intereses en virtud de la Ley de Sociedades de 1966 y de la Ley de Cooperativas de 1948. El Gobierno informó de la existencia de más de 681 cooperativas y 117 asociaciones, incluyendo las asociaciones de agricultores que representan a 540 000 trabajadores agrícolas[17].

67.    En sus comentarios sobre la aplicación del Convenio núm. 141 por la India, la Comisión consideró que, en la definición de trabajadores rurales, el término «otras ocupaciones afines» incluye a los ayudantes de pastores (trabajadores que aportan agua y productos medicinales en los lugares de trabajo), a las trabajadoras que participan en un programa de servicios integrados de desarrollo del niño en centro de atención a la infancia de zonas rurales y tribales, y a los trabajadores de las fábricas de ladrillos[18]. Además, la Comisión ha subrayado en otras ocasiones que el término «rural» abarca a los trabajadores de los sectores agrícola, forestal y agropecuario[19]; y consideró que en los trabajadores rurales se incluye a los trabajadores temporales, a los empleados en la recolección de la caña de azúcar, los casuales, los arrendatarios y los aparceros[20].

68.    La Comisión ha señalado que el Convenio núm. 141 cubría tanto a los trabajadores rurales empleados de manera regular o estacional, incluyendo los trabajadores por cuenta propia[21], así como a los asalariados[22].

Diversas formas de definir

69.    La Comisión observa que, a pesar de que el artículo 1 del Convenio núm. 11 y el artículo 2 del Convenio núm. 141 no requieren que los Estados Miembros definan de forma específica que entienden por «trabajador rural» y por «trabajo agrícola», ambas disposiciones contemplan definiciones amplias ajustadas a las circunstancias nacionales de modo que garanticen a los trabajadores a quienes corresponda una cobertura amplia y significativa de los derechos garantizados por los instrumentos.

70.    Las respuestas presentadas por los Estados Miembros al formulario de memoria muestran una considerable variación en las categorías de trabajadores rurales que existen en los diversos países, así como la manera en la que éstos son definidos. No es habitual encontrar una reproducción exacta de término «trabajador rural» tal y como se establece en los instrumentos, y los términos «trabajador rural» o «trabajador agrícola» no siempre se definen en la legislación laboral nacional relativa a los derechos de libertad sindical y negociación colectiva[23]. Algunos países dejan la definición a la práctica nacional[24] y otros carecen de definiciones[25]. En general, la legislación y la práctica que aparecen en las memorias sugieren que los Estados Miembros definen estos términos de forma amplia y de conformidad con las definiciones contenidas en los instrumentos.

71.    La Comisión hace hincapié en que el modo de establecer las categorías o definiciones de trabajadores rurales se determina por el proceso de toma de decisiones nacionales, pero para resultar idóneo, debería reflejar la realidad nacional respecto a los mecanismos de empleo rural en el país, siempre y cuando los trabajadores cubiertos por los Convenios disfruten de los derechos de libertad sindical que estos instrumentos les otorgan.

Categorías establecidas en la legislación laboral

72.    Varios gobiernos latinoamericanos, en particular, informaron de que sus respectivas legislaciones laborales establecen definiciones de trabajadores rurales. En general, las definiciones examinadas son amplias y se refieren al trabajo destinado a la producción de productos primarios en la agricultura, la ganadería, la silvicultura y otras actividades similares. La legislación de Nicaragua, por ejemplo, establece que son trabajadores agrícolas los que desarrollan sus labores en las faenas agrícolas, agropecuarias o forestales, a las órdenes de un empleador[26]; y el Gobierno de Panamá, informó que la legislación establece que los trabajadores del campo son los que ejecutan los trabajos propios de la agricultura, la ganadería o forestales, al servicio de uno o más empleadores[27].

73.    Hay variaciones entre unos países y otros en lo que respecta a las actividades adicionales. En Argentina, por ejemplo, la ley menciona específicamente la apicultura[28]; y en el Paraguay, a los carpinteros, los herreros, los albañiles, los pintores, los cocineros del personal, los despenseros, panaderos y carniceros y los que trabajen en un establecimiento agrícola o rural[29]. El Gobierno de Guatemala informó de que peones, mozos y cuadrilleros figuran entre los trabajadores rurales[30].

74.    En otros países, la legislación laboral define «el trabajo rural» en términos igualmente amplios que abarcan la producción primaria. El Gobierno de Malasia, por ejemplo, informa de que la Ley del Empleo, de 1955, define «la empresa agrícola» como «cualquier actividad en la que los trabajadores estén empleados en virtud de un contrato de servicios en la agricultura, la horticultura o la silvicultura, el cuidado de los animales domésticos y las aves de corral o la recolección del fruto de plantas o árboles»[31].

75.    El Gobierno de los Estados Unidos comunicó que no existe una definición uniforme de «trabajador agrícola» en la legislación estadounidense ni entre los economistas, y que la definición que establece el Convenio núm. 141 «no se concilia fácilmente» con las diversas definiciones de trabajadores agrícolas que se utilizan en las disposiciones legislativas del país ni en los datos recopilados en las encuestas económicas o demográficas relativas a la agricultura en los Estados Unidos.

76.    El Gobierno informó además de que la Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA) de los Estados Unidos omite de su ámbito de aplicación a los individuos que estén empleados como trabajadores agrícolas[32]. El Gobierno señaló que la definición formulada en el Convenio sobre «trabajador agrícola» es más amplia que la de la NLRA, puesto que incluye a algunos propietarios y trabajadores por cuenta propia que no estén cubiertos por la citada ley — incluso sin la exclusión respecto a los trabajadores agrícolas — y que abarca a otros trabajadores que participan en actividades de carácter productivo pero que no se consideran «trabajadores agrícolas» en virtud de la NLRA. Sin embargo, puesto que la definición del Convenio excluye a los pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos no es la agricultura y la mayoría de los agricultores en Estados Unidos obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades no agrícolas, a juicio del Gobierno estos trabajadores no deben entrar en la categoría de «trabajador rural» prevista en el Convenio.

77.    Las exclusiones de las definiciones de trabajadores agrícolas y rurales en la legislación laboral varían entre unos Estados Miembros y otros. En el Paraguay, están excluidos los trabajadores domésticos que presten servicios únicamente para un empleador en un establecimiento agrícola, ganadero, forestal o explotaciones similares[33]. En la Argentina, están excluidos por ley de la categoría de trabajo rural actividades tales como la manipulación y el almacenamiento de cereales, oleaginosos, legumbres, hortalizas, semillas u otros frutos o productos agrarios, si se realizan en establecimientos industriales. También están excluidos los trabajadores que fueron contratados para realizar tareas ajenas a la actividad agraria y el personal administrativo de los establecimientos[34]. En la República Bolivariana de Venezuela y Chile, los trabajadores que presten servicios de naturaleza industrial, comercial o de oficina en una unidad de producción agrícola no se consideran trabajadores rurales[35].

78.    Algunos países señalaron que los trabajadores que llevan a cabo actividades de índole administrativa y similar están excluidos de la definición de trabajador rural en la legislación laboral. El Gobierno de Chile, por ejemplo, comunicó que bajo el epígrafe trabajadores rurales no se incluye a quienes desempeñen labores administrativas ni los que se ocupen en aserraderos o en plantas de explotación de maderas, así como tampoco a los aparceros y otras personas que exploten por su cuenta predios agrícolas[36].

Categorías establecidas en otras normas

79.    En algunos países, la categoría de trabajadores rurales no está definida como tal en la legislación laboral o a efectos de la atribución de derechos de libertad sindical o negociación colectiva. En cambio, sí pueden haber sido establecidas las categorías de trabajadores rurales y de trabajo rural en otro tipo de legislación. Una vez más, las definiciones tienden a ser amplias. Cabe destacar entre otros ejemplos los reglamentos económicos en Bosnia y Herzegovina[37]; los reglamentos sobre agricultura en la República de Corea[38]; y los regímenes de protección agrícola en Francia[39]. Los Gobiernos de Indonesia y Australia se refirieron a su propia clasificación nacional uniforme de ocupaciones. En el caso de Indonesia, esto incluye una diferencia interna entre agricultores formados y otros agricultores y pescadores. La Clasificación Uniforme de Australia y Nueva Zelandia incluye a agricultores y administradores de granjas, científicos y técnicos, personal cualificado en el trabajo con animales y en la horticultura, operadores de fábrica y jornaleros en general.

Categorías basadas en la práctica

80.    Algunos gobiernos presentaron definiciones en sus memorias sin extenderse en más explicaciones o señalaron que, aunque la legislación no menciona específicamente categorías de trabajadores rurales, estas categorías existen en la práctica. Las descripciones ofrecidas por los Estados Miembros, que solían ser generales y amplias, se referían a la variedad de relaciones de trabajo y tipos de producción específica del país.

81.    El Gobierno de Seychelles, por ejemplo, señaló que, a pesar de la falta de una definición oficial de rural/urbano en el país, el sistema agrícola podría categorizarse como agricultores comerciales, que emplean a trabajadores asalariados y a agricultores a tiempo parcial, que subvencionaban ingresos familiares y utilizan trabajo familiar. El Gobierno de Sri Lanka informó que no existe definición de trabajadores rurales en la legislación del país, pero que, en general, se consideran como tales a los trabajadores agrícolas por cuenta propia en zonas rurales, como los pequeños propietarios o los aparceros.

82.    Existen varios métodos para establecer categorías en la práctica. Los Gobiernos de Eslovenia[40] y el Líbano[41], por ejemplo, señalaron que podían diferenciarse las categorías de trabajadores rurales de los sindicatos y de otras organizaciones que los representan. El Gobierno de Zimbabwe comunicó que las cinco categorías de trabajadores rurales existentes habían sido establecidas mediante el convenio colectivo del sector agrícola[42].

83.    Varios Estados Miembros comunicaron la existencia de categorías de trabajadores rurales basadas en la relación de empleo, especificando que los trabajadores rurales en sus países podían dividirse en categorías de trabajadores asalariados permanentes o estacionales en el sector público o en el privado, y en trabajadores independientes o trabajadores por cuenta propia[43]. Algunos países especificaron que, en el ámbito rural, predominan los trabajadores familiares o estacionales[44], lo que da idea de las irregularidades que suelen existir en la economía rural[45]. Otros Estados Miembros señalaron que, bajo el nombre de trabajadores por cuenta propia, pueden figurar los pequeños propietarios que explotan directamente sus fincas o los aparceros[46], algunos propietarios de tierras y miembros de cooperativas agrícolas o forestales[47]. Algunos Estados Miembros informaron de la existencia de diversas categorías de trabajadores rurales[48].

84.    Algunos otros Estados Miembros comunicaron que, en la práctica, existen otras categorías de trabajadores rurales basadas en el tipo de tarea que realicen. Las categorías especificadas dependen en gran medida en la naturaleza de la producción rural en el país y varían enormemente los niveles de detalle entre unos y otros. Muchos gobiernos señalaron que las categorías de trabajadores rurales están compuestas de personas en áreas rurales dedicadas a la agricultura, la artesanía, la pesca y otras tareas afines[49]. Algunos países concretaron que éstas incluían a los agricultores[50], los aparceros[51], las personas dedicadas a la producción agrícola y ganadera[52]. Otros países mencionan a otras categorías de trabajadores como los procesadores de alimentos, los proveedores de insumos, los acuicultores, los horticultores[53], los mayoristas y minoristas[54], los dedicados a la cría y reproducción de animales de granja[55], el transporte[56], y la caza y la silvicultura[57]. En Namibia, los trabajadores rurales incluyen a los trabajadores domésticos.

Ausencia de categorías

85.    Algunos gobiernos señalaron en sus memorias que ni la legislación ni la práctica nacionales contienen definiciones de los términos en cuestión. Los Gobiernos de Australia, Brunei Darussalam, República Checa, Islandia, y Antigua y Barbuda, por ejemplo, comunicaron que la legislación en sus respectivos países no establece diferencias entre trabajadores rurales o de cualquier otra clase. El Gobierno de Nepal comunicó que, aunque no existe una categoría formal de trabajadores rurales, en algunas partes del país prevalecen los trabajadores rurales que se corresponden con la definición del artículo 2 del Convenio núm. 141. El Gobierno de Montenegro informó de que la Ley sobre Agricultura y Desarrollo Rural no especifica categorías de trabajadores rurales sino que define a estos en su conjunto como personas físicas que participan en la agricultura por cuenta propia o como miembros de explotaciones agrícolas. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia comunicó que no existe una categoría de trabajadores rurales en el país y que los trabajadores del área rural se encuentren incluidos en la Ley General del Trabajo.

86.    El Gobierno de las Bahamas explicó que, en tanto nación archipiélago integrada por islas y cayos de dimensiones relativamente pequeñas, no contiene ninguna zona que pudiera clasificarse como rural. Si bien el Gobierno señala que, en 2007, alrededor de 3 940 personas trabajaban en la agricultura, la caza, la silvicultura y la pesca, tiene sus dudas de que ninguno de estos trabajadores pudiera ser definido como trabajador rural en los términos establecidos en el Convenio núm. 141, ya que no «realizan sus tareas en una zona rural». El Gobierno de Zimbabwe tomo nota igualmente de que los trabajadores del país se clasifican por sector y no por ubicación geográfica.

87.    Tras haber examinado las memorias de los Estados Miembros, la Comisión toma nota de que los Estados Miembros han categorizado a los trabajadores rurales de varias maneras. La Comisión desea reiterar la amplitud del ámbito de aplicación y la inclusión de los Convenios núms. 11 y 141, y hacer hincapié en que todos los trabajadores agrícolas y rurales deben poder ejercer los derechos reconocidos en estos instrumentos.

Definición de las organizaciones de trabajadores rurales

Ámbito de aplicación inclusivo que abarque a organizaciones de trabajadores rurales

88.    El artículo 1 del Convenio núm. 11 establece que todas aquellas personas ocupadas en la agricultura deberían tener los mismos derechos de asociación y de coalición que los trabajadores de la industria. El artículo 1 del Convenio núm. 141 establece inequívocamente que el Convenio «se aplica a todas las categorías de organizaciones de trabajadores rurales, incluidas las organizaciones que no se limitan a estos trabajadores pero que los representan».

89.    En el curso de la discusión de los trabajos preparatorios que llevó a la adopción del Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149, el representante del Secretario General especificó que[58]:

… el instrumento debería aplicarse a todas las clases de organizaciones de trabajadores rurales, es decir, no solamente los sindicatos, sino también las organizaciones de agricultores o de campesinos, tales como las ligas campesinas, las asociaciones de agricultores o pequeños propietarios agricultores, de arrendatarios y de aparceros, etc., cualquiera que sea el estatuto de estas organizaciones o asociaciones.

90.    Se estableció asimismo que el instrumento no determina si una organización debe estar integrada exclusivamente por una única categoría de trabajadores o tener una composición mixta.

91.    Durante la discusión se destacó la función que cumplen las cooperativas en la promoción de los intereses de los trabajadores rurales. Varios oradores resaltaron la importancia que revisten los trabajadores por cuenta propia dedicados a la agricultura y que crean cooperativas y participan en su desarrollo, dado que estas organizaciones constituyen uno de los medios más eficaces no sólo para incrementar los ingresos de los agricultores, sino también para la promoción económica y social de las comunidades rurales[59].

92.    Además, los delegados cuestionaron si el Convenio debería tener un ámbito de aplicación con el fin de que abarque a todas las organizaciones rurales y no únicamente a las organizaciones de trabajadores rurales. Los miembros empleadores señalaron que su deseo era que el instrumento no se limitara únicamente a las organizaciones de trabajadores[60]. Los miembros trabajadores insistieron en que, incluso en su sentido más amplio, no debía entenderse la expresión «trabajador rural» como si abarcara a «los grandes latifundistas o a los empleadores capitalistas que explotan el trabajo ajeno»[61].

93.    En el curso del control sobre la aplicación de los Convenios, la Comisión ha considerado que las organizaciones de trabajadores rurales incluyen a los sindicatos con una composición general[62], los sindicatos con una composición específica[63], las cooperativas[64], las asociaciones de campesinos[65] y las asociaciones de productores[66]. El Convenio se aplica no sólo a las organizaciones compuestas exclusivamente por trabajadores rurales, sino también a las organizaciones que representan sus intereses junto con los de otros trabajadores como por ejemplo las organizaciones sindicales de tipo general a las que pertenecen varios sindicatos. La Comisión insistió en el derecho de los trabajadores rurales a organizarse conjuntamente con los trabajadores industriales[67] y con los funcionarios públicos[68].

94.    La Comisión ha tomado nota de la existencia de organizaciones de trabajadores independientes, entre otras, las organizaciones de trabajadores independientes indígenas[69] y afirmó que el Convenio núm. 141 abarca a las organizaciones de trabajadores rurales como la Federación Filipina de Campesinos Libres en Filipinas, cuyos afiliados son trabajadores itinerantes, ambulantes e independientes[70]. En relación con un plan legislativo en Sri Lanka, con el fin de conceder a los trabajadores independientes el derecho de constituir y afiliarse a cooperativas y asociaciones de agricultores, pero no el constituir y afiliarse a sindicatos, la Comisión señaló que el artículo 1 del Convenio núm. 11 «no significa ... que los trabajadores agrícolas deben necesariamente estar cubiertos por las mismas disposiciones aplicables a los trabajadores de la industria en relación con el derecho a organizarse para la promoción y defensa de sus intereses, sino que este derecho se garantiza debidamente e igualmente para quienes se ocupan de la agricultura y para los trabajadores industriales» y señaló a la atención del Gobierno a la disponibilidad de asistencia técnica para revisar la legislación nacional y facilitar la búsqueda de soluciones adecuadas para garantizar este derecho[71].

Diversidad de organizaciones de trabajadores rurales

95.    El ámbito de aplicación de los Convenios núms. 11 y 141 refleja la finalidad de estos instrumentos, que consiste en garantizar la existencia de organizaciones de trabajadores rurales fuertes, independientes y eficaces para que los trabajadores rurales puedan contribuir al desarrollo económico y social. Estos instrumentos prevén la existencia de una diversidad de organizaciones de trabajadores rurales, cuyo número varía de unos países a otros, con objeto de que puedan cumplirse mejor los objetivos previstos en los Convenios dentro de las circunstancias y el contexto de cada país.

96.    El examen por parte de la Comisión de las respuestas presentadas por los Estados Miembros al formulario de memoria muestra que existe gran variedad en los tipos de organizaciones de trabajadores rurales. En algunos países, las organizaciones de trabajadores rurales incluyen sindicatos, cooperativas y asociaciones de campesinos o productores, mientras que en otros se aprecia menos variedad de organizaciones de trabajadores rurales. En general, las memorias de los Estados Miembros sugieren que las varias formas de organizaciones de trabajadores rurales que existen en la mayoría de los países reflejan en gran medida la amplia categorización que permiten los instrumentos.

97.    La Comisión subraya que los instrumentos se aplican a la totalidad de organizaciones de trabajadores rurales, incluyendo sindicatos, cooperativas y organizaciones de agricultores, campesinos y trabajadores independientes, con independencia de su estatuto legal. Los trabajadores agrícolas y rurales deberían de tener derecho a constituir cualquier tipo de organización de trabajadores rurales, y de afiliarse a ella, con arreglo a lo que estimen conveniente con el fin de tener una voz fuerte, independiente y efectiva[72].

Legislación y práctica nacionales

98.    La mayor parte de legislaciones nacionales consagra la existencia de los sindicatos, las cooperativas y las organizaciones de campesinos, granjeros y productores. En muchos países, más de un texto legislativo prevé el establecimiento de las organizaciones de trabajadores rurales. En el Japón, por ejemplo, la Ley sobre la Asociación de Trabajadores, de 1949 (en su versión enmendada), la Ley de Cooperativas Agrícolas, de 1947, y la Ley de Comités Agrarios, de 1951 (en su versión enmendada) regula el establecimiento de las organizaciones de trabajadores rurales; y, en el Níger, se aplican distintas leyes y ordenanzas a las cooperativas rurales, las cámaras agrarias regionales y las cooperativas artesanales[73]. El Gobierno de Grecia comunicó que las organizaciones de trabajadores rurales se rigen por la Ley núm. 1361/1983 sobre Organizaciones Sindicales Rurales y la Ley núm. 2810/2000 sobre Cooperativas Rurales.

99.    Una serie de países comunicaron la coexistencia de distintos tipos de organizaciones de trabajadores rurales, casi siempre distinguiendo entre, por una parte, sindicatos y, por otra, grupos de agricultores, como asociaciones de productores, organizaciones y cooperativas de campesinos.

100.    Por ejemplo, los Gobiernos de Honduras, Senegal y Tailandia señalaron que, en sus países, existían sindicatos, asociaciones de productores agrícolas, campesinos y agricultores, y cooperativas. En Dinamarca y Guatemala, las organizaciones de trabajadores rurales comprenden los sindicatos y las cooperativas. El Gobierno de Sudan informó de la existencia de federaciones de agricultores y federaciones de pastores, de unas cuantas cooperativas y pequeñas organizaciones que funcionan en el ámbito agrario y se ocupan de actividades con animales en zonas rurales. El Gobierno de Austria comunicó que, en el país, existen cámaras de trabajadores agrícolas y sindicatos.

101.    Una serie de países suministraron información sobre las organizaciones de trabajadores rurales centradas en partes determinadas de la comunidad rural. Por ejemplo, el Gobierno de Suiza señaló que existen varias organizaciones, asociaciones y federaciones de campesinos, por ejemplo, L’Union suisse des paysannes et des femmes rurales, que, con más de 60 000 mujeres miembros, constituye una importante organización de mujeres en el país. Las trabajadoras rurales en la India han formado grupos de ayuda mutua para empoderar económicamente a las mujeres que proceden de hogares pobres[74] y la Unión Fako de Trabajadores Agrícolas del Camerún informa de la existencia de grupos de mujeres rurales. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia comunicó que, además de los sindicatos, existen varias organizaciones indígenas en la economía rural[75]. En otros países, las organizaciones no gubernamentales y los grupos promotores de la sociedad civil proporcionan asesoramiento jurídico y otros servicios[76]. Estos grupos serían considerados organizaciones de trabajadores rurales en la medida en que se trata de organizaciones constituidas por trabajadores rurales.

102.    Recordando que el artículo 2, 2), del Convenio núm. 141 establece que el término «trabajador rural» incluye a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios que trabajan la tierra recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios, siempre y cuando no empleen una mano de obra permanente; no empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios[77], la Comisión toma nota de que muchos Estados Miembros señalaron que consideran a los trabajadores independientes como empleadores. Así pues, estos gobiernos indicaron que ellos están representados por estas organizaciones[78]. Entre éstas, figuran las cámaras de comercio o agrarias[79], los consejos laborales[80], las asociaciones profesionales voluntarias[81], los órganos del sector como los sindicatos agrícolas o la Asociación de Usuarios Agricultores[82] y las organizaciones profesionales[83]. El Gobierno de Sri Lanka manifestó que a los trabajadores independientes o los que se dedican a la agricultura como trabajadores por cuenta propia no les es posible constituir o afiliarse a ningún sindicato, pero mencionó que existen asociaciones de agricultores, pescadores y trabajadores independientes.

103.    La Comisión toma nota de que, en muchos países, existen sindicatos para los trabajadores rurales y agrícolas. Hay un amplio abanico de modos de organizar la representación de los trabajadores rurales por parte de los sindicatos, que reflejan las circunstancias nacionales. En algunos países, las organizaciones sindicales y las federaciones generales representan a los trabajadores rurales junto con otros trabajadores en el país[84]. En otros países, hay organizaciones prioritariamente agrícolas[85] que están afiliadas a federaciones o confederaciones de carácter específicamente agrario[86] y, en ocasiones, a federaciones y confederaciones de carácter general[87]. No obstante, en otros países, los trabajadores rurales pueden pertenecer tanto a organizaciones específicas y generales[88]. Los trabajadores rurales en Suecia están representados por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Suecia (Kommunal).

104.    Según las memorias de varios países, los sindicatos del sector agrícola o rural han cumplido una función importante desde un punto de vista histórico y social, a menudo con un nutrido número de afiliados y con peso en el movimiento sindical[89]. El Gobierno de la República de Moldova, por ejemplo, señaló que los sindicatos de la alimentación y la agricultura son los mayores del país y su historia se remonta a más de 100 años. Algunos Estados Miembros informaron de que una serie de sindicatos que representan a los trabajadores rurales y agrícolas[90]. El Gobierno de Eslovaquia comunicó que su país existe un importante sindicato de trabajadores agrícolas, compuesto por trabajadores del sector público en su mayor parte, pero que se había registrado una reducción drástica de afiliados. El Gobierno de Myanmar comunicó que de un total de 911 organizaciones sindicales de base registradas en el país, en virtud de la Ley de Organización del Trabajo de 2011, hay 563 que representan a trabajadores agrícolas. Otros países informaron que cuentan con pocos sindicatos en el sector rural, un número reducido de afiliados y escasa influencia[91].

105.    Los mecanismos varían de unos países a otros. El Gobierno de Indonesia señaló que los trabajadores rurales pueden afiliarse a sindicatos dentro de las empresas en las que trabajan, y a sindicatos fuera de la empresa si no trabajan en ella. Estos sindicatos a su vez pueden afiliarse a la federación de sindicatos. En Rumania, el Gobierno comunicó que el país cuenta con dos sindicatos representativos en la agricultura, cuyos afiliados son asalariados procedentes de varios ámbitos y sectores de la agricultura. El Gobierno de Finlandia, por su parte, indicó que el Sindicato Central de Productores Agrícolas y Forestales era un organización del país que se ocupa de velar por los intereses de los agricultores, propietarios de explotaciones forestales y empresarios de zonas rurales. El Gobierno de Egipto informó de que el trabajo agrícola en el país es estacional y lo llevan a cabo los propietarios de tierras y sus familiares en su tiempo libre, y añadió que estos trabajadores son miembros de sindicatos vinculados con su ocupación original o de cualesquiera otras organizaciones que escojan. En una serie de países, los trabajadores agrícolas y rurales son miembros de sindicatos que representan a las agroindustrias como la Federación de Trabajadores de la Agro-Industria, en Italia, que contaba con 281 780 afiliados en 2012.

106.    Muchos Estados miembros informaron que los trabajadores rurales habían constituido cooperativas[92]. En China, por ejemplo, el Gobierno mencionó que, a finales de 2013, el país contaba con 980 000 cooperativas especializadas de agricultores, con afiliados de 74 120 000 hogares, y que abarcan un número de sectores que va en ascenso. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas señaló que se han establecido cuatro sociedades cooperativas para promover los intereses de pescadores y vendedores ambulantes de pescado y una asociación para promover los intereses de los procesadores de alimentos (apicultores).

107.    La forma en la que interactúan las cooperativas y los sindicatos varía de unos países a otros. En el Camerún, por ejemplo, el Gobierno afirma que se han organizado varias categorías de trabajadores rurales, a nivel básico, en grupos de iniciativa común (groupes d’initiative commune) o cooperativas, que a su vez se han afiliado a varios sindicatos que se ocupan de actividades agrícolas o afines; estos sindicatos están afiliados, a su vez a la Union des Syndicats Professionnels Agricoles du Cameroun.

SYNDICOOP: colaboración de sindicatos y cooperativas

SYNDICOOP es el resultado de una iniciativa conjunta (2004-2006) de la Alianza Cooperativa Internacional, la Confederación Sindical Internacional y la OIT en África. Su finalidad es fortalecer la capacidad de los sindicatos y cooperativas nacionales para trabajar juntos en la organización de los trabajadores de la economía informal y mejorar sus oportunidades de empleo, renta y condiciones de trabajo: la libertad sindical y la negociación colectiva fueron pilares fundadores de este planteamiento.

El programa funcionó en Kenya, la República Unida de Tanzanía, Rwanda, Sudáfrica y Uganda, y posteriormente dio lugar a COOPAFRICA (2007-2010), que puso en marcha el mecanismo de ayuda mutua de las cooperativas para hacer frente a una serie de limitaciones en materia de desarrollo, tales como el desempleo, la falta de protección social, la falta de empoderamiento y la pobreza. La experiencia en África Oriental demostró que los sindicatos y las cooperativas tienen mucho que ofrecerse mutuamente y que, si se favorecen sus funciones en el desarrollo rural, son aliados naturales en la prestación de los servicios y del apoyo que necesitan los trabajadores en situaciones de precariedad y desprotección.

Véanse también: S. Smith: Let’s organize! A SYNDICOOP handbook for trade unions and cooperatives about organizing workers in the informal economy (OIT, ACI y CIOSL, 2006).

OIT: Rural Policy Briefs Cooperatives for People-Centred Rural Development, 2011.

108.    El Gobierno de Qatar señaló que no había organizaciones de trabajadores rurales en su país puesto que no cuenta con trabajadores rurales. Algunos países informaron que, pese a no tener trabajadores rurales, los trabajadores gozan de libertad para constituir los sindicatos que estimen convenientes[93].

109.    La Comisión ha señalado anteriormente que, en algunos países, los trabajadores rurales no han ejercido su derecho a constituir sindicatos o afiliarse a ellos[94]. Algunos Estados Miembros formularon afirmaciones similares al comunicar que sus trabajadores suelen preferir afiliarse a cooperativas u otras organizaciones de productores. El Gobierno del Gabón, por ejemplo, comunicó que los trabajadores agrícolas de su país gozan de los mismos derechos que los trabajadores de los demás sectores, pero no se constituyen como sindicatos sino que prefieren hacerlo como cooperativas agrícolas. El Gobierno de la República de Corea señaló que, aunque los trabajadores rurales tienen el derecho a crear sindicatos en virtud de la ley[95], en la práctica no se ha constituido ninguno y que, en su lugar, los trabajadores rurales han establecido una serie de empresas sin ánimo de lucro y organizaciones no gubernamentales, como la Liga de Campesinos de la República de Corea.

* * *

110.    El ámbito de aplicación de los convenios es amplio e integrador de forma que cubre las diversas categorías de trabajadores agrícolas y rurales, y de sus organizaciones, y permite que se tomen en cuenta las circunstancias nacionales.

111.    La Comisión señala que el artículo 1 del Convenio núm. 11 y el artículo 2 del Convenio núm. 141 no exigen a los Estados Miembros que definan los términos «trabajo agrícola» y «trabajador rural» de ninguna forma determinada, planteando definiciones que reflejen las circunstancias nacionales. La Comisión considera que es de vital importancia que todas las categorías de trabajadores agrícolas y rurales, incluidos los asalariados, los trabajadores por cuenta propia, los permanentes y los estacionales, así como los trabajadores en la economía informal, disfruten del ejercicio de los derechos que les otorgan los instrumentos. La Comisión recuerda que las únicas excepciones permitidas en virtud del Convenio núm. 141, en relación a los inquilinos por cuenta propia, aparceros y pequeños propietarios explotadores cuyos principales ingresos provienen de la agricultura y trabajan la tierra por sí mismos, con la ayuda únicamente de su familia o con la ayuda de la mano de obra externa de vez en cuando, son para aquellos que emplean a trabajadores de forma permanente, emplean un número considerable de trabajadores estacionales o hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios.

112.    La Comisión subraya que el Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149 se aplican a todas las organizaciones de trabajadores rurales, incluyendo los sindicatos, las cooperativas y las organizaciones de agricultores, campesinos y trabajadores por cuenta propia, con independencia de su estatuto jurídico. Los trabajadores agrícolas y rurales deberían tener derecho a constituir todo tipo de organizaciones fuertes, independientes y efectivas, así como a afiliarse a ellas, de conformidad con lo que estimen conveniente, con el fin de tener una voz fuerte, independiente y eficaz.

[1] Sociedad de Naciones: Vol. I (primera y segunda partes), CIT, 3.ª reunión, Ginebra, 1921, pág. 145.

[2] Véase también el párr. 2 de la Recomendación núm. 149, que utiliza una formulación similar.

[3] OIT, Actas, CIT, 59.ª reunión, Ginebra, 1974, informe de la Comisión de Organizaciones de Trabajadores Rurales, párr. 9, pág. 480.

[4] OIT: Estudio general sobre la Libertad sindical y negociación colectiva, 1983, párr. 335.

[5] Véanse, por ejemplo, India – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2000. Pakistán – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 2000.

[6] Véase, por ejemplo, Pakistán – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2013.

[7] Véanse, por ejemplo, Mauricio – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2012; Montenegro – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2012; Marruecos – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2007.

[8] Véase, por ejemplo, Sri Lanka – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2012.

[9] Véase, por ejemplo, Turquía – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2012.

[10] Véase, por ejemplo, India – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2000.

[11] Véase, por ejemplo, Gabón – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2000.

[12] Véase, por ejemplo, Swazilandia – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2005.

[13] Véase, por ejemplo, Uganda – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2000.

[14] Bangladesh – CEACR, Convenio núm. 11, observaciones, publicadas en 2001 y 2007.

[15] Véanse, por ejemplo, Bélgica (Congo Belga y Rwanda-Urundi) – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1959; Chile – CEACR, Convenio núm. 11, observaciones, 1955 y 1956; Nicaragua – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1962.

[16] Malasia – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1993.

[17] Malasia – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1997.

[18] India – CEACR, Convenio núm. 141, observaciones, 1993, 1995, 1999, 2003, 2007 y 2012.

[19] Costa Rica – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2001.

[20] Brasil – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2007.

[21] Véase, por ejemplo, Albania – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2008.

[22] Véase, por ejemplo, Malí – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2001.

[23] Véanse párrs. 72-78 infra.

[24] Véanse párrs. 80-84 infra.

[25] Véanse párrs. 85-86 infra.

[26] Art. 185 del Código del Trabajo, núm. 185 de 1996.

[27] Art. 234 del Código del Trabajo de 1971 (enmendado por última vez en 2013).

[28] Art. 5 de la Ley núm. 26727 sobre el Régimen de Trabajo Agrario, 2011.

[29] Arts. 157-159 del Código del Trabajo de 1993.

[30] Art. 138 del Código del Trabajo de 1961 (enmendado por última vez en 2001).

[31] Art. 2, 1) de la Ley del Empleo de 1955.

[32] 29 USC art. 152, 3). Véase párr. 31, supra.

[33] Arts. 157-159 del Código del Trabajo de 1993.

[34] Arts. 3 y 7 de la Ley núm. 26727 de 2011.

[35] Art. 229 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras (L.O.T.T.T.), de 2012 (República Bolivariana de Venezuela); art. 87 del Código del Trabajo, refundido, de 2003 (Chile).

[36] Art. 87 del Código del Trabajo, refundido, de 2003.

[37] Por lo que atañe a la Ley de Tierras Agrícolas (Boletín Oficial de Bosnia y Herzegovina, núms. 88/07, 4/10, 7/13), un «trabajador agrícola» produce cultivos y cría de ganado en una explotación agrícola y lleva a cabo otras tareas relativas a la producción, con independencia del grado de especialización de la explotación agrícola, y tiene conocimientos y capacidades en esta materia. En virtud de la Ley de Artesanía y Actividades Afines, los artesanos desempeñan actividades a título personal y por su cuenta, y pueden servirse del trabajo de otras personas como empleados suyos (Boletín Oficial, núms. 35/09 y 42/11). Véase también la Ley (Federal) sobre Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural de Bosnia y Herzegovina (Boletín Oficial de la Federación de Bosnia y Herzegovina, núm. 50/08).

[38] El art. 3 del decreto de aplicación de la Ley Marco sobre Agricultura, Pesquerías, Comunidad Rural e Industria de la Alimentación establece que bajo la rúbrica personas dedicadas a la agricultura se incluye a: quienes trabajen o cultiven tierras de labranza de al menos 1 000 metros^2; quienes obtengan unas ganancias de 1,2 millones de won al año por la venta de sus productos agrícolas; quienes se dediquen la agricultura durante al menos 90 días al año; quienes hayan estado contratados de forma continua durante un año o más en cooperativas agrícolas para realizar actividades de transporte marítimo, distribución, procesamiento o exportación de productos agrícolas.

[39] El Código Rural y de Pesca Marítima define a los trabajadores agrícolas como trabajadores en explotaciones agrícolas y empresas, incluyendo los peones en granjas de cultivo y ganaderas, y quienes trabajan en el pupilaje y la cría caballar, las empresas agrícolas y forestales y la recolección de crustáceos y marisco (art. L.722-1 del Código Rural y de Pesca Marítima), los trabajadores contratados como guardas de coto, guardabosques, jardineros y empleados domésticos en las fincas (art. L. 722-20); y quienes se dedican a la silvicultura, excepto cuando es en el sector público (art. 722-3).

[40] Agricultores, silvicultores, artesanos en el ámbito de la agricultura, la silvicultura y la artesanía.

[41] El Líbano comunicó que las categorías existentes, basadas en las organizaciones en las que los trabajadores están afiliados, comprenden: los trabajadores y agricultores de pinares, los trabajadores en fincas agrícolas, los cultivadores de hortalizas, cereales, fruta, tabaco, y otros cultivos, así como quienes se desempeñan en viveros e invernaderos; los olivareros y granjeros avícolas; los apicultores, los ganaderos y criadores de peces y aves, y los propietarios de viñas. Además, se comunicó que hay trabajadores en la manufactura de productos agrícolas como las conservas y mermeladas, la conducción de maquinaria agrícola, la aplicación de pesticidas, la costura, el bordado y otras tareas domésticas del ámbito rural.

[42] Son las categorías siguientes: agricultura, horticultura, agro-agricultura, capeta, y madera.

[43] Por ejemplo, Mauricio y Mozambique.

[44] Por ejemplo, Marruecos, Seychelles y Sudán.

[45] Por ejemplo, Egipto (el Gobierno señaló que los trabajadores rurales estaban clasificados como trabajadores irregulares).

[46] Por ejemplo, Sri Lanka.

[47] Por ejemplo, Etiopía, Rumania y Senegal.

[48] Por ejemplo, Australia y Sudán.

[49] Por ejemplo, Omán (agricultura y pesca), República Unida de Tanzanía (agricultura y artesanía) y Tailandia.

[50] Por ejemplo, Australia.

[51] Por ejemplo, Côte d’Ivoire.

[52] Por ejemplo, Nueva Zelandia.

[53] Por ejemplo, Senegal.

[54] Por ejemplo, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago.

[55] Por ejemplo, Argelia, Camerún y Côte d’Ivoire.

[56] Por ejemplo, Madagascar.

[57] Por ejemplo, Turquía.

[58] OIT, Actas, Conferencia Internacional del Trabajo, 59.ª reunión, Ginebra, 1974, informe de la Comisión de Organizaciones de Trabajadores Rurales, págs. 480-481.

[59] Ibíd., pág. 482.

[60] Ibíd.

[61] Ibíd.

[62] Véanse, por ejemplo, Belice – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2004 y 2009; Marruecos – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 1992.

[63] Véanse, por ejemplo, Albania – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2008; Finlandia – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2007; Mauricio – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2012; Swazilandia – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2005; Seychelles – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 1998; Uganda – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2010.

[64] Véanse, por ejemplo, Afganistán – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 1995; Malí – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2001.

[65] Véanse, por ejemplo, Afganistán – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2001; Etiopía – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 1989.

[66] Véase, por ejemplo, Sri Lanka – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2012 (art. 56, a), 4) de la Ley de Servicios Agrarios (Enmienda), núm. 4 de 1991).

[67] Estudio General, Libertad sindical y negociación colectiva, 1983, párr. 333.

[68] Véase, por ejemplo, México – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2011.

[69] Véase, por ejemplo, El Salvador – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2007.

[70] Filipinas – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 1993. Véase también Comité de Libertad Sindical, caso núm. 1585 (Filipinas), 279.º informe.

[71] Sri Lanka – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 2001.

[72] Véanse párrs. 60-87 supra.

[73] La ordenanza núm. 93-015, de 1993, establece los principios por los que se rige el Código Rural; la ordenanza núm. 96-067, de 1996, sobre el régimen de las cooperativas rurales; la Ley núm. 2000-15, de 2000, sobre la Creación de Cámaras Regionales Agrícolas; y la Ley núm. 2006-23, de 2006, sobre el Régimen de las Cooperativas Artesanales.

[74] Según la Misión Nacional Rural de Medios de Vida Rurales.

[75] Por ejemplo, las organizaciones indígenas y las organizaciones creadas en virtud de la ley núm. 338 de 2013 que regula la agricultura familiar sostenible y las diversas actividades en beneficio de las familias llevadas a cabo por las Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia (OECAs) y por las Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM).

[76] Por ejemplo, Ecuador (las ONG); Estados Unidos (grupos de defensa que representan a los agricultores); República de Corea (unas 450 corporaciones sin ánimo de lucro establecidas de acuerdo con el art. 32 de la Ley Civil de 1958 (en su versión enmendada), y 37 organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales establecidas de acuerdo con la Ley de Asistencia a Organizaciones No Gubernamentales sin Ánimo de Lucro, incluyendo el ejemplo de la Liga de Campesinos de Corea).

[77] Art. 2, 2), del Convenio núm. 141: «El presente Convenio se aplica sólo a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios y que: a) no empleen una mano de obra permanente; o b) no empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o c) no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios.».

[78] Por ejemplo, Bélgica.

[79] Por ejemplo, Cote d’Ivoire; Eslovenia y Turquía. Obsérvese que la cámaras agrarias no siempre están integradas por trabajadores independientes: por ejemplo, el Gobierno de Austria comunicó que en todos los Estados del país existen cámaras de trabajadores agrícolas, excepto en Burgenland y Viena, donde los trabajadores agrícolas están representados por las cámaras de trabajadores de ámbito general, cámaras que representan los intereses de todos los asalariados.

[80] Por ejemplo, Trinidad y Tabago.

[81] Por ejemplo, Bahrein (Sociedad Agraria de Ingenieros).

[82] Por ejemplo, Reino Unido.

[83] Por ejemplo, Camerún, Eslovenia, Seychelles (Asociación de Trabajadores Agrícolas) y Túnez.

[84] Por ejemplo, Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Bahrein y Jordania.

[85] Por ejemplo, Finlandia y México.

[86] Por ejemplo, Francia.

[87] Por ejemplo, Eslovenia.

[88] Por ejemplo, India y Portugal.

[89] Por ejemplo, los gobiernos comunicaron, en Argentina, que los orígenes de las organizaciones de trabajadores rurales se remontan a principios del siglo XX, y que ya en 1901 se emprendieron acciones reivindicativas; en la República Checa, el sindicato sectorial de trabajadores de la agricultura y la alimentación (miembro de la asociación de sindicatos independientes) posee casi 100 000 afiliados; en Kirguistán, hay un sindicato de los trabajadores del sector agrario y del ayuntamiento, que integra a 790 sindicatos de primer grado, 37 comités de distrito y seis comités regionales, para una afiliación total de 81 000 miembros; en Noruega, el Sindicato Nacional de Agricultores está integrado por más de 60 000 afiliados, 540 asociaciones locales y 18 asociaciones regionales.

[90] Por ejemplo, Zimbabwe, Marruecos y Bulgaria.

[91] Por ejemplo, Omán.

[92] Por ejemplo, Eslovenia, Etiopía, Georgia, Kirguistán, y Madagascar.

[93] Por ejemplo, Djibouti, Malasia y Singapur.

[94] Por ejemplo, Afganistán – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2012.

[95] La Federación de Empleadores de la República de Corea indicó que de acuerdo a la normativa laboral de la República de Corea, la libertad sindical está garantizada a quienes trabajan en empresas agrícolas siempre y cuando sean considerados trabajadores.

Capítulo 3

Políticas y legislaciones nacionales para facilitar el establecimiento y la expansión de las organizaciones de trabajadores rurales

113.    El Convenio núm. 11 garantiza los mismos derechos de asociación y coalición a los trabajadores agrícolas que a los trabajadores de la industria. Los Convenios núms. 87 y 98 «afirman el derecho de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores rurales, a constituir organizaciones libres e independientes»[1]. Sobre la base de lo dispuesto en los Convenios núms. 11, 87 y 98, el Convenio núm. 141 exige que se respeten plenamente los principios de la libertad sindical[2].

114.    El Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149 van un paso más allá que otros instrumentos en materia de libertad sindical, al exigir a los Estados Miembros que pongan en práctica una política de promoción de las organizaciones de trabajadores rurales. El Convenio y la Recomendación requieren a los Estados Miembros para que desarrollen y apliquen una política nacional destinada a facilitar el establecimiento y la expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes, como medio eficaz de asegurar la participación de estos trabajadores en el desarrollo económico y social y en los beneficios que se deriven de él. En virtud del párrafo 1 del artículo 5 del Convenio núm. 141, los Estados Miembros «deberían eliminar los obstáculos que se oponen al establecimiento de las organizaciones de trabajadores rurales, a su creación y desarrollo y al desempeño de sus actividades legítimas, así como aquellas discriminaciones de orden legislativo y administrativo que las organizaciones de trabajadores rurales y sus afiliados puedan ser objeto». En este sentido, el párrafo 2 del mismo artículo exige a los Estados Miembros que garanticen que la legislación nacional, dadas las circunstancias especiales del sector rural, no obstaculicen la instauración y el desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales y sus miembros. El párrafo 9 de la Recomendación núm. 149 establece que deberían preverse los procedimientos adecuados que garanticen el cumplimiento efectivo de las disposiciones relativas a las organizaciones de trabajadores rurales y sus miembros.

Medidas legislativas y administrativas sobre libertad sindical y negociación colectiva

Artículo 3 del Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)

1. Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

2. Los principios de la libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión.

3. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores rurales no podrá estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

4. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente artículo, los trabajadores rurales y sus organizaciones respectivas deberán, lo mismo que las demás personas o colectividades organizadas, respetar la legalidad.

5. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente artículo.

115.    Con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Convenio núm. 141 y el párrafo 3 de la Recomendación núm. 149, «[T]odas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas». El párrafo 2 del artículo 3 recoge además los principios consagrados en los Convenios núms. 87 y 98 al establecer que «los principios de la libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión»[3].

116.    Aunque en virtud del párrafo 4 del artículo 3 del Convenio núm. 141, «[A]l ejercer los derechos que se les reconocen en el presente artículo, los trabajadores rurales y sus organizaciones respectivas deberán, lo mismo que las demás personas o colectividades organizadas, respetar la legalidad», el párrafo 5 del mismo artículo establece que «la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente artículo».

117.    De conformidad con los Convenios núms. 87 y 98, según se establece en el Preámbulo del Convenio núm. 141 y en el párrafo 8, 2), de la Recomendación núm. 149, la Comisión recuerda que estas garantías incluyen el derecho de los trabajadores de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones. Además, sea cual sea la forma que adopten las organizaciones de trabajadores rurales, estas deberían tener un carácter independiente y voluntario y no estar sujetas a ningún tipo de injerencia, coerción o represión. Con objeto de que la independencia de las organizaciones de trabajadores rurales esté plenamente garantizada, la legislación y la práctica nacionales deben velar por que estas organizaciones, al igual que las organizaciones de otras categorías de trabajadores, puedan ejercer su derecho a redactar sus propios estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, así como organizar su administración y sus actividades, incluyendo el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Las autoridades públicas, los empleadores y sus organizaciones deberían abstenerse de toda injerencia que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal. Los trabajadores rurales deberían gozar también de protección frente a la discriminación antisindical.

118.    En virtud del artículo 1 del Convenio núm. 11, todas las personas ocupadas en la agricultura deben tener los mismos derechos de asociación y coalición que los trabajadores de la industria[4]. Del mismo modo, la Comisión ha dejado claro que los derechos que otorga el Convenio núm. 11 se limitan a los derechos de asociación y coalición[5], y no incluyen otros derechos laborales.

Párrafo 8 de la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149)

1. Los Estados Miembros deberían garantizar que la legislación nacional, dadas las circunstancias especiales del sector rural, no obstaculice el establecimiento y desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales.

2. En particular:

a)los principios de la libertad sindical y de negociación colectiva, tal como se consignan en el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921; en el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y en el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, deberían observarse plenamente mediante la aplicación al sector rural de la legislación general en la materia o mediante la adopción de disposiciones especiales, teniendo plenamente en cuenta las necesidades de todas las categorías de trabajadores rurales;

b)la legislación pertinente debería estar totalmente adaptada a las condiciones especiales de las zonas rurales, en particular para:

i)evitar que las exigencias relativas al número mínimo de miembros, a los niveles mínimos de formación y a los fondos mínimos necesarios impidan el desarrollo de organizaciones en zonas rurales, con una población dispersa y pobre que posee un nivel de instrucción muy bajo;

ii)asegurar que los problemas que puedan plantearse en torno a la manera como las organizaciones de trabajadores rurales entran en contacto con sus miembros se resuelvan de modo que se respeten los derechos de todos los interesados, y con arreglo a los términos del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971;

iii)proteger eficazmente a los trabajadores rurales interesados contra el despido o la evicción motivados por su condición de dirigentes o miembros de organizaciones de trabajadores rurales, o por sus actividades como tales.

119.    Con arreglo al párrafo 8, 2), de la Recomendación núm. 149, deberían observarse plenamente los principios de libertad sindical y de negociación colectiva mediante la aplicación al sector rural de la legislación general en la materia o mediante la adopción de disposiciones especiales, que tienen en cuenta las necesidades especiales de zonas rurales. Las constituciones y leyes fundamentales de prácticamente la totalidad de los países garantizan el derecho de asociación y las condiciones para el ejercicio de éste se establecen en las legislaciones correspondientes. La mayoría de los países reconoce los derechos de libertad sindical de los trabajadores agrícolas en sus respectivos textos legislativos[6] donde se reconocen los derechos de todos los asalariados[7]. Otros Estados Miembros cuentan con legislación específica relativa a los trabajadores agrícolas mediante la que se concede a estos trabajadores el derecho de constituir organizaciones sindicales para la protección de sus intereses, y de afiliarse a ellas[8].

120.    La Comisión considera que, tal como ha observado anteriormente con respecto al Convenio núm. 11 [9], las disposiciones del Convenio núm. 141 no significan que los trabajadores rurales deban estar cubiertos necesariamente por las mismas disposiciones aplicables a los trabajadores de la industria respecto a la libertad sindical para la promoción y defensa de sus intereses. De igual forma, no hay ninguna obligación de promulgar leyes nuevas para los trabajadores rurales cuando éstos están cubiertos por la misma legislación laboral que se aplica a todos los trabajadores. Ha de procurarse tener en cuenta las circunstancias especiales del sector rural y asegurar que la legislación garantiza efectivamente estos derechos en este contexto.

Derecho de todas las categorías de trabajadores rurales a constituir organizaciones y afiliarse a ellas

121.    La Comisión recuerda[10] la amplitud del ámbito de aplicación de los Convenios núms. 11 y 141, y que el ejercicio de este derecho abarca a todas las categorías de trabajadores, incluidas «todas las personas ocupadas en la agricultura»[11], así como «todas las personas dedicadas, en la regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo [artículo 2], de personas que trabajan por cuenta propia, como los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios»[12].

122.    A pesar del reconocimiento general del derecho de libertad sindical, las legislaciones de algunos Estados Miembros imponen restricciones al establecimiento de las organizaciones de trabajadores rurales o sobre el derecho de los trabajadores agrícolas a afiliarse a ellas.

123.    La Comisión recuerda, por ejemplo, que viene expresando su preocupación desde hace muchos años por el hecho de que se haya denegado al derecho de sindicación a amplias categorías de trabajadores en determinadas provincias del Canadá[13] y, en este sentido, el Gobierno del Canadá informa que no todas las provincias aplican la legislación en materia de relaciones laborales a todos los trabajadores agrícolas. En la provincia de Alberta[14], las personas que trabajan en granjas o ranchos están excluidos de la legislación sobre relaciones laborales y, por consiguiente, privados de la protección prevista en dichos textos legislativos con respecto al derecho de libertad sindical y negociación colectiva. Las personas que trabajan en la agricultura y la horticultura en Ontario[15] están igualmente excluidas de la legislación sobre las relaciones laborales y la legislación específica promulgada para los trabajadores agrícolas y hortícolas de la provincia, no otorga el mismo nivel de protección del que gozan los trabajadores cubiertos por la legislación laboral general[16].

124.    La Comisión recuerda además que, desde hace muchos años, viene formulando observaciones sobre la exclusión de los trabajadores agrícolas del ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo de 1942, del Estado Plurinacional de Bolivia, que implica su exclusión de las garantías previstas por el Convenio[17]. El Gobierno de los Estados Unidos señaló que la NLRA, que se aplica generalmente al empleo de carácter privado y que establece derechos y obligaciones particulares sobre la representación sindical y la negociación colectiva, excluye a la mayor parte del empleo agrario[18].

125.    No obstante, en varios casos, la legislación no excluye a todos los trabajadores rurales, sino más bien a determinadas categorías de trabajadores rurales. Estos pueden ser trabajadores en pequeñas explotaciones familiares, así como trabajadores independientes, por cuenta propia, estacionales y casuales.

126.    En una serie de países, los trabajadores en pequeñas explotaciones y empresas agrícolas de carácter familiar están excluidos de la aplicación de la legislación laboral. La Ley del Trabajo de Bangladesh, por ejemplo, no se aplica a las granjas agrícolas que emplean a menos de cinco trabajadores[19]. El Gobierno de Arabia Saudita informó que el Código del Trabajo de 2005 excluye a trabajadores agrícolas, además de a trabajadores en empresas agrícolas y ganaderas con plantillas de más de diez trabajadores, en empresas agrícolas que procesen sus propios productos, así como a quienes se dediquen al manejo o mantenimiento de maquinaria agrícola de manera permanente[20]. En lo que se refiere a Honduras, la Comisión tomó nota de la exclusión del ámbito de aplicación del Código del Trabajo de 1959 y, por consiguiente, de los derechos y garantías que otorga el Convenio, a los trabajadores en explotaciones agrícolas y ganaderas que no ocupen de forma permanente a más de diez trabajadores[21].

127.    En muchos países, los trabajadores independientes y por cuenta propia — categorías que abarcan un número considerable de trabajadores rurales — están excluidos de las leyes nacionales pertinentes que garantizan los derechos sindicales. Por ejemplo, el Gobierno de Sri Lanka informó que los trabajadores sin una relación laboral con un empleador en las áreas rurales, tales como pequeños propietarios y aparceros no están cubiertos por las ordenanzas sobre sindicatos, de 1935, pero podrían constituir otras organizaciones en virtud de la Ley núm. 4 de Enmienda de los Servicios Agrarios, de 1991, y la Ordenanza núm. 16 sobre Sociedades, de 1891. La Comisión ha tomado nota de una exclusión similar para los trabajadores por cuenta propia en la República Centroafricana[22]. El Gobierno del Japón señaló que no puede decirse que las personas que se dedican a la agricultura pero que no están comprendidas en la definición de «trabajadores», como los trabajadores independientes, tengan los mismos derechos de asociación que los trabajadores del sector industrial amparados por la Ley de Organizaciones de Trabajadores[23]. No obstante, la Ley de Cooperativas Agrícolas, del Japón, establece que los individuos que trabajen por cuenta propia en la agricultura o se dediquen a tareas agrícolas podrán constituir organizaciones cooperativas campesinas[24].

128.    En algunos países, los trabajadores temporales, estacionales y casuales en el sector rural están excluidos de la legislación laboral[25]. En este sentido, la Comisión considera que el hecho de que se exija un largo período de empleo como prerrequisito para obtener la condición de miembro en un sindicato agrícola contraviene los Convenios núms. 11 y 141, puesto que constituye un obstáculo para que los trabajadores agrícolas temporales, estacionales y casuales puedan organizarse[26]. La Comisión toma nota de que, en marzo de 2013, el Tribunal Supremo de Quebec confirmó mediante sentencia el derecho de sindicación de los trabajadores agrícolas[27].

129.    Al tiempo que reconoce los desafíos particulares que afrontan los trabajadores en la economía informal en relación con los derechos organizativos [28], la Comisión considera que los trabajadores de la economía informal están incluidos en los Convenios núms. 11 y 141 y que, por consiguiente, deberían disfrutar de las garantías previstas en ellos así como del derecho a constituir organizaciones de trabajadores y afiliarse a ellas mediante el desarrollo o adaptación de la legislación y la práctica. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno de Bangladesh, en referencia a su Política Nacional del Trabajo, de 2012, señaló su compromiso de legislar con el fin de que los trabajadores del sector informal pueden ejercer sus derechos.

La sindicación de los trabajadores rurales en el sector informal

Un proyecto de ILO-ACTRAV-Noruega sobre educación de los trabajadores (2004-2006) ayudó a 80 426 trabajadores rurales en situación marginal y vulnerable, especialmente trabajadoras, del sector informal en Tamil Nadu y Madhya Pradesh, en la India, a constituir sindicatos y a organizar 854 grupos de ayuda mutua. Con miras a la capacitación de los trabajadores rurales y de las organizaciones de trabajadores rurales, el proyecto ayudó a los trabajadores a mejorar sus capacidades y acceder a las diversas prestaciones sociales, creó empleo e ingreso decente, empoderó a las mujeres y contribuyó a que los sindicatos desempeñaran un papel activo y constructivo en el desarrollo socioeconómico.

Fuente: T. Haque y S. Varghese (eds): The path of deliverance: Organizing and empowering rural informal economy workers (OIT, 2007).

130.    En países en los que abundan los migrantes entre los trabajadores rurales, las restricciones al ejercicio del derecho del migrante o de los trabajadores extranjeros a constituir sindicatos o afiliarse a ellos puede incidir de manera negativa en los trabajadores rurales. Estas restricciones legislativas, casi siempre basadas en requisitos de residencia y principios de reciprocidad, pueden impedir a los migrantes y trabajadores extranjeros cumplir una función activa en defensa de sus intereses, especialmente en los sectores donde los trabajadores migrantes son la principal fuente de trabajo y esto es contrario a los Convenios núms. 11 y 141. La Comisión ha tomado nota anteriormente de que, por ejemplo, en la República Centroafricana, los trabajadores extranjeros únicamente están autorizados a afiliarse a un sindicato cuando han cumplido un mínimo de dos años de residencia legal en el país y siempre que su propio país de origen otorgue ese mismo derecho a los ciudadanos de la República Centroafricana[29]; y, en Argelia, solamente los argelinos de nacimiento o que han tenido nacionalidad argelina durante al menos diez años pueden establecer un sindicato[30]. Según la información suministrada por la Unión de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio del Canadá (UFCW), los trabajadores migrantes han podido afiliarse a la UFCW en algunas explotaciones agrícolas del Canadá (Columbia Británica y Quebec). La Comisión considera que el hecho de ser un trabajador extranjero no debe suponer un obstáculo a la afiliación sin condiciones a un sindicato y recuerda a este respecto que el Convenio núm. 11 se refiere a todos los que trabajan en la agricultura y el Convenio núm. 141 se refiere a todos los trabajadores rurales tal como se definen en el artículo 2, sin ninguna distinción.

Derecho de constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes

131.    El Convenio núm. 141 se aplica a todo tipo de organización de trabajadores rurales (sindicatos, cooperativas y otros tipos de asociaciones), incluidas aquellas que no se limitan a dichos trabajadores, sino que los representan. Así pues, el Convenio puede aplicarse tanto a organizaciones compuestas exclusivamente de trabajadores rurales como a organizaciones que, al tiempo que incluyen a otros trabajadores, representan sus intereses, como por ejemplo los sindicatos generales comunes a diversas categorías de trabajadores[31].

132.    En general, entre las formas más habituales de organización de trabajadores rurales figuran las asociaciones de agricultores y campesinos, las cooperativas y los sindicatos. Tomando nota de que una serie de Estados Miembros comunicaron que los trabajadores rurales eligieron constituirse en cooperativas[32], la Comisión recuerda que la existencia de cooperativas no debería impedir que los trabajadores rurales, tanto si son asalariados como si no, constituyan sindicatos. Además, al igual que el Comité de Libertad Sindical, esta Comisión considera que los trabajadores asociados en cooperativas deberían tener el derecho a constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes. La Comisión recuerda que la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193) invita a los gobiernos a que velen por que no se puedan crear o utilizar cooperativas para evadir la legislación del trabajo ni ello sirva para establecer relaciones de trabajo encubiertas.

133.    El derecho de constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes presupone la libertad para determinar la estructura y la afiliación de los sindicatos. En este sentido, en sus observaciones sobre la aplicación del Convenio núm. 141 por parte de Filipinas, la Comisión señaló que las disposiciones legislativas que imponen la organización de los miembros directos en uniones locales y secciones son incompatibles con los principios de libertad sindical expuestos en el artículo 3 del Convenio, dado el principio de que cada organización de trabajadores rurales debería poder elegir con plena independencia la estructura organizativa que estime más apropiada[33].

134.    En muchos países, no puede constituirse una organización a menos que ésta tenga un número mínimo de miembros[34]. A este respecto, la Comisión considera que la legislación de aplicación general que establezca como exigencia un número mínimo de afiliados puede entorpecer la constitución de organizaciones cuando se trata de trabajadores rurales, y señala que el párrafo 8, 2), b), i) de la Recomendación núm. 149 establece que «la legislación y los reglamentos pertinentes deberían estar totalmente adaptados a las condiciones especiales de las zonas rurales; en particular para: evitar que las exigencias relativas al número mínimo de miembros [...] impidan el desarrollo de organizaciones en zonas rurales, con una población dispersa [...]». En virtud de la misma disposición, deberían evitarse otras restricciones como un nivel mínimo de formación y recursos financieros mínimos.

135.    El derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes implica que el pluralismo sindical deber seguir siendo una posibilidad en todos los casos. La Comisión estima que es importante que los trabajadores puedan cambiar o constituir nuevos sindicatos, tanto por motivos de independencia y eficacia como de afinidad ideológica[35]. En consecuencia, la unidad sindical impuesta directa o indirectamente por la ley vulnera lo dispuesto en el Convenio núm. 141. A este respecto, en su observación sobre la aplicación por parte del Brasil del Convenio núm. 141, la Comisión recordó que «todos los trabajadores — incluidos los rurales — tienen el derecho de constituir sin autorización previa las organizaciones que estimen convenientes y que ello implica — si los trabajadores así lo quieren — la posibilidad real de crear más de una organización de trabajadores para representar a la misma categoría profesional o económica en una misma base territorial»[36].

Derecho de constituir organizaciones sin autorización previa

136.    En muchos países, la legislación dispone explícitamente que los trabajadores tienen el derecho a constituir organizaciones sin autorización previa. Mientras que la legislación de la mayoría de los países exige a tal fin el cumplimiento de algunas formalidades, en otros países no existe ningún trámite previo[37]. Y en otros, aunque la inscripción en el registro es opcional, los sindicatos ya inscritos disfrutan de más derechos que los sindicatos que aún no figuran en el registro[38].

137.    En opinión de la Comisión, las reglamentaciones que prevén un cierto número de formalidades no son en sí mismas incompatibles con el Convenio núm. 141, siempre que no impongan en la práctica una «autorización previa» o confieran a las autoridades un poder discrecional para oponerse al establecimiento de una determinada organización; ni tampoco deberían constituir un obstáculo tal que, de hecho, representen una prohibición pura y simple[39]. En este sentido, el Gobierno de Filipinas se refirió a la legislación, en virtud de la cual «corresponde a la política del Estado promover el ejercicio libre y responsable del derecho a la autoorganización mediante la creación de mecanismo simplificado para una tramitación rápida de la inscripción en el registro de sindicatos y asociaciones de trabajadores, la determinación del grado de representación y la resolución de conflictos sindicales internos o entre unos sindicatos y otros así como otras controversias de carácter laboral»[40]. La Comisión tomó nota recientemente de la indicación del Gobierno de El Salvador que el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social asesora a los trabajadores sobre el procedimiento de registro de sindicatos y convenios colectivos, los cuales se han simplificado[41].

138.    En virtud del párrafo 3 del artículo 3 del Convenio núm. 141, no deberá denegarse la adquisición de la personalidad jurídica a las organizaciones de trabajadores que respeten la legalidad ni podrá estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de dicho artículo. En algunos Estados Miembros las organizaciones de trabajadores rurales adquieren personalidad jurídica con su mera inscripción en el registro[42], mientras que en otros adquieren personalidad jurídica en cuanto están constituidas[43].

Derecho de redactar sus propios estatutos y reglamentos

139.    Para garantizar plenamente el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos deben cumplirse dos condiciones fundamentales: i) la legislación nacional sólo debería imponer exigencias de forma a los estatutos de los sindicatos, excepto en lo que respecta a la necesidad de atenerse a un procedimiento democrático y reconocer a los miembros el derecho de interponer recursos, y ii) los estatutos y reglamentos administrativos sólo deberían estar sometidos a la verificación de requisitos formales por parte de las autoridades[44]. Las disposiciones legislativas que vayan más allá de estos requisitos formales pueden constituir, a juicio de la Comisión, una injerencia que contravenga lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 2, del Convenio núm. 141.

140.    En la práctica, en determinados países, los sindicatos de trabajadores rurales experimentan los mismos tipos de injerencias por parte de las autoridades públicas que los sindicatos de otras categorías de trabajadores. Estas injerencias, previstas en la legislación, pueden revestir diversas formas: puede exigirse a los sindicatos de base que se rijan por los estatutos de una federación única; que los estatutos de un nuevo sindicato tengan que ser aprobados por la dirección de otra organización ya existente; que los estatutos sean redactados por las autoridades públicas; que los sindicatos redacten sus estatutos reproduciendo o adaptando un modelo cuyas cláusulas rebasan el carácter de disposiciones puramente formales; y otros requisitos por el estilo[45]. En este sentido, la Comisión, en una observación sobre Burundi, estimó que las disposiciones legislativas que autorizan al Ministerio de Agricultura a constituir asociaciones rurales de adhesión obligatoria, redactar los estatutos de éstas e imponer obligaciones a los afiliados, no da cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio[46].

Libertad de elección de sus representantes

141.    En virtud del principio establecido en el artículo 3 del Convenio núm. 141, los trabajadores tienen el derecho a elegir libremente a sus representantes, sin injerencia alguna de las autoridades públicas que pudiera restringir el ejercicio de este derecho. Las organizaciones de los trabajadores rurales deberían poder elegir con plena independencia sobre esta materia con arreglo a sus propios estatutos[47]. Teniendo en cuenta las memorias presentadas por los Estados Miembros con arreglo al artículo 19 de la Constitución, la Comisión toma nota de que, en la mayoría de los países, la ley reconoce, implícita o explícitamente, el principio de elección de funcionarios o dirigentes de una organización por sus afiliados.

142.    No obstante, en algunos países la ley permite la injerencia arbitraria por parte de las autoridades en las elecciones sindicales, lo cual vulnera las disposiciones de los convenios. En sus comentarios sobre la aplicación del Convenio núm. 141 por Filipinas, por ejemplo, la Comisión señaló que las disposiciones legislativas que imponen elecciones directas mediante votación secreta para representantes locales y nacionales, bajo pena de disolución o expulsión del representante, son incompatibles con los principios de libertad sindical expuestos en el artículo 3 del Convenio, dadas las particulares dificultades que afrontan las organizaciones de trabajadores rurales para reunir a sus miembros, dispersos por las numerosas islas de todo el país, con objeto de elegir a sus dirigentes sindicales por votación directa[48].

143.    En una serie de países, los estatutos de los sindicatos o las legislaciones nacionales suelen contener disposiciones que exigen a todos los candidatos a un cargo sindical la pertenencia a una profesión o una empresa, ya sea en el momento de su candidatura o durante cierto período antes de las elecciones[49]. La Comisión considera que una disposición legislativa que prohíbe a una persona que no sea empleado o trabajador de una empresa ser elegido o nombrado como representante sindical impide que personas calificadas, como jubilados o dirigentes sindicales que trabajan a tiempo completo para el sindicato, ocupen cargos sindicales. La Comisión considera que estas disposiciones legislativas deberían ser más flexibles de manera que eximan del citado requisito relativo a la ocupación a una proporción razonable de los dirigentes sindicales de una organización[50].

144.    La Comisión recuerda que las normas relativas a la elección de cargos en un sindicato deberían, por lo general, quedar en manos del sindicato concernido. La Comisión considera que las condiciones relativas a la edad y el nivel de alfabetización, restricciones basadas en las creencias o actividades políticas y prohibiciones absolutas que se aplican a los trabajadores extranjeros que imponen las legislaciones de algunos Estados Miembros, atentan contra los principios de libertad sindical y que pueden incidir particularmente en los trabajadores rurales[51]. En una serie de países, la legislación limita el papel que desempeñan los trabajadores migrantes y extranjeros en la dirigencia de las organizaciones sindicales. La Comisión ha tomado nota, por ejemplo, de que en Côte d’Ivoire[52], Haití[53], Jamahiriya Árabe Libia[54], Mauritania[55], México[56], y Túnez[57], la legislación restringe el derecho de los trabajadores extranjeros de poder ser miembros de juntas directivas u ocupar cargos directivos en el sindicato de forma contraria a lo que establece el Convenio. La Comisión ha admitido ciertas excepciones para las legislaciones que restringen la posibilidad de que los trabajadores extranjeros ocupen cargos sindicales, siempre y cuando se asegure que los trabajadores extranjeros puedan acceder a los cargos sindicales después de un período razonable de residencia en el país de acogida[58].

Derecho de organizar su administración y sus actividades y a formular sus programas de acción

145.    De conformidad con el derecho de las organizaciones de trabajadores rurales de organizar su administración y sus actividades así como de formular sus programas, los gobiernos deberían de abstenerse de interferir en las actividades de las organizaciones, incluso a través de la legislación que prevé la supervisión estricta. En este sentido, las cuestiones relativas a la financiación de las organizaciones sindicales deberían atenerse a lo previsto en los reglamentos de las organizaciones y no imponerse por ley[59]. La Comisión considera desde hace mucho tiempo las disposiciones legislativas que prohíben aceptar la ayuda económica de cualquier organización sindical extranjera o la afiliación a ella excepto cuando se cuenta con la aprobación de las autoridades, restringe la gestión de los asuntos internos de la organización mediante el control de la ayuda extranjera y, como tal, no se ajusta a las disposiciones del Convenio[60].

146.    Al revisar la aplicación del Convenio núm. 141 por Brasil, la Comisión consideró que la financiación de las organizaciones sindicales, ya sea respecto a su propio presupuesto o al de las federaciones y confederaciones debería regirse por las reglamentaciones de sus organizaciones respectivas o ser el resultado de normas establecidas en el marco de convenios colectivos. Además, recordó que la imposición de una contribución sindical a los trabajadores no afiliados mediante la Constitución u otras vías legislativas contradice las disposiciones del Convenio[61]. En una observación relativa a Chile, la Comisión consideró que el hecho de que se aplique una disposición legislativa en virtud de la cual los sindicatos de trabajadores agrícolas deben obtener autorización previa del inspector del trabajo para gastar sumas superiores a los 2 000 pesos, pero no aplicar dicha disposición a los sindicatos (profesionales) de la industria, vulnera lo dispuesto en el Convenio núm. 11[62].

147.    La Comisión hace hincapié en que los asuntos relativos a la administración interna deberían dejarse al arbitrio de los afiliados de las organizaciones rurales, sin injerencias de las autoridades públicas. Entre otras, la recaudación obligatoria de las contribuciones sindicales para todos los trabajadores de una determinada categoría [63], el derecho de representación de sus afiliados [64] y la presentación de reclamaciones al empleador. En cuanto a la presentación de reclamaciones al empleador, la Comisión ha considerado que una disposición legislativa (sin equivalente para los trabajadores de la industria) en virtud de la cual los sindicatos agrícolas no pueden presentar pliegos de peticiones «durante las épocas de siembra y cosecha, las cuales se fijarán por el reglamento de cada zona, sin que pueda ser inferior a 60 días el plazo de duración para cada una de aquellas faenas» y que afirma que «estos pliegos de peticiones no podrán presentarse más de una vez al año», entraña una restricción que, en la práctica, equivale a denegar todos los derechos de sindicación eficaz a los trabajadores agrícolas y, especialmente, a los trabajadores estacionales o casuales, que en la agricultura representan frecuentemente una proporción importante de los trabajadores ocupados[65].

148.    La Comisión subraya que las organizaciones de trabajadores rurales deberían permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión, ya se trate de sindicatos, cooperativas u otras asociaciones. La Comisión recuerda que su disolución por parte de la autoridad administrativa conlleva un grave riesgo de injerencia por parte de ésta en la vida de las propias organizaciones[66]. En este sentido, la Comisión tomó nota en 2007 de que, a fin de poner la legislación en consonancia con lo dispuesto en el Convenio, en Malí se había derogado la disposición legislativa por la que se regía el movimiento cooperativo y, en virtud de la cual, una autoridad administrativa podía determinar, a solicitud de las personas responsables, la disolución de una cooperativa mediante la retirada de la autorización para que ejerza sus actividades[67].

149.    Las organizaciones de trabajadores rurales deberían tener derecho a organizar sus actividades y formular sus programas de acción con plena libertad, de modo que puedan defender los intereses profesionales de sus miembros dentro del respeto a la legalidad. Ello incluye, en particular, el derecho de los dirigentes sindicales a tener acceso a los lugares de trabajo, a mantener contactos con los miembros de la dirección, el derecho de negociación colectiva y el derecho a organizar acciones reivindicativas y de protesta.

150.    Conscientes del hecho de que el Convenio núm. 141 exige a los Estados Miembros que pongan en práctica una política de promoción de las organizaciones de trabajadores rurales, la Comisión hace hincapié en que la injerencia de los Gobiernos en las actividades de estas organizaciones vulneraría los principios de libertad sindical[68]. Además, la legislación que establece la supervisión estricta por parte del Gobierno de las actividades sindicales es incompatible con las disposiciones del Convenio[69].

151.    La Comisión toma nota de que la legislación de muchos países, ya sea de alcance general o específica a los trabajadores agrícolas o rurales, reconoce el derecho de huelga de estos trabajadores[70]. Observa además, que las restricciones al ejercicio de este derecho en algunas legislaciones a menudo incluyen a los trabajadores agrícolas entre las categorías afectadas[71]. El Convenio núm. 11 tiene como objetivo garantizar a los trabajadores agrícolas los mismos «derechos de asociación y de coalición» de los que gozan los trabajadores de la industria, en particular los derechos a constituir y afiliarse a organizaciones y a actuar colectivamente en la defensa de los intereses de sus miembros, incluyendo por medio de paro concertado[72]. La Comisión recuerda que ninguna disposición permite la exclusión de los trabajadores rurales de los derechos colectivos reconocidos a los demás trabajadores y que la huelga es uno de los medios esenciales de la acción colectiva a la que recurren para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. La Comisión destaca que las disposiciones que privan a los trabajadores rurales del derecho de huelga son contrarias a los convenios sobre la libertad sindical, incluido el Convenio núm. 141[73]. A este respecto, la Comisión recuerda que en los últimos años ha tenido la oportunidad de observar con satisfacción la extensión del derecho de huelga a los trabajadores agrícolas en varios países[74].

Acceso a los lugares de trabajo

152.    La Recomendación núm. 149 establece en su párrafo 8, 2), b), ii), que los problemas que puedan plantearse en torno a la manera como las organizaciones de trabajadores rurales entran en contacto con sus miembros se resuelvan de modo que se respeten los derechos de todos los interesados, y con arreglo a los términos del Convenio núm. 87 y del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135). En este sentido, la Comisión subrayó la importancia de que los gobiernos adopten medidas por vía legislativa para salvaguardar el derecho de acceso de los dirigentes y representantes sindicales a las granjas y las plantaciones para reunirse con los trabajadores[75].

153.    La Comisión reconoce que las plantaciones y otras explotaciones agrícolas son propiedad privada en las cuales los trabajadores no solamente trabajan sino que viven, de forma que únicamente accediendo a ellas pueden los representantes de los sindicatos ejercer normalmente sus actividades sindicales. Así pues, reviste especial importancia que se autorice fácilmente el acceso de los representantes sindicales a estas instalaciones con el fin de ejercer legalmente dichas actividades, siempre y cuando no se perjudique la ejecución del trabajo durante el horario laboral y a reserva de que se tomen las precauciones adecuadas en cuanto a la protección de la propiedad. En este sentido, la Comisión toma nota igualmente de la resolución adoptada por la Comisión de Trabajo en las Plantaciones[76] en su primera reunión, en 1950, en la que se prevé que los empleadores deberían eliminar todos los obstáculos que existan para que los trabajadores de las plantaciones establezcan sindicatos libres, independientes y controlados democráticamente, así como poner a disposición de estos sindicatos las facilidades que les permitan ejercer sus actividades normales, incluyendo locales gratuitos para oficinas, libertad para celebrar reuniones y libertad de acceso.

Negociación colectiva

154.    La Comisión considera que el derecho a la negociación colectiva proviene del derecho de las organizaciones de trabajadores rurales a ejercer los principios de libertad sindical tal como están consagrados en el Convenio núm. 11 y en el artículo 3, 2), del Convenio núm. 141[77]. El párrafo 5 de la Recomendación núm. 149 establece, además, que las organizaciones de trabajadores rurales deberían, según los casos, estar facultadas para representar, promover y defender los intereses de los trabajadores rurales, en particular, procediendo a negociaciones y consultas a todos los niveles en nombre de esos trabajadores, tomados colectivamente[78]. En comentarios formulados anteriormente sobre la aplicación del Convenio núm. 11, la Comisión recalcó que deberían promoverse negociaciones mediante las organizaciones de trabajadores con objeto de fijar la cuantía de la remuneración y los salarios, y que debería asegurarse a todos los trabajadores agrícolas los mismos derechos de asociación y coalición que a los trabajadores de la industria[79]. La Comisión considera que en el contexto rural, resulta particularmente importante que se tomen medidas para promover y alentar el pleno desarrollo y utilización de la maquinaria para las negociaciones voluntarias entre los empleadores u organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores.

155.    La mayoría de los Estados Miembros señalaron que la legislación general en vigor en sus respectivos países garantiza el derecho de los trabajadores agrícolas a negociar colectivamente, derecho que se aplica a todos los trabajadores sin excluir a los trabajadores agrícolas o rurales[80]. En consecuencia, cualquier restricción que pueda imponerse al derecho de todos los trabajadores a la negociación colectiva impacta igualmente sobre los derechos de las organizaciones de trabajadores rurales[81].

156.    La Comisión toma nota de los retos particulares con respecto al derecho de negociación colectiva de los trabajadores por cuenta propia. En una observación sobre la aplicación del Convenio núm. 11 por Malasia, la Comisión expresó su desacuerdo con el argumento formulado por el Gobierno en su memoria con respecto a que «no tenía sentido aceptar que [los trabajadores agrícolas que trabajan por cuenta propia] pudieran constituir sindicatos por cuanto no tenían a nadie con quien negociar». La Comisión recordó que este Convenio está concebido para proteger a los trabajadores agrícolas por cuenta propia en sus relaciones económicas, que son a menudo con los gobiernos[82].

157.    De igual modo, en sus observaciones de 2011, al tiempo que tomó nota de que el Gobierno de Sri Lanka afirmaba que estaban teniendo lugar debates sobre la cuestión del derecho de asociación de los trabajadores agrícolas por cuenta propia, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar la Ley núm. 4 de Servicios Agrarios (en su versión enmendada), de 1991 (art. 56A., 4)), que excluye varios derechos de la lista en la que se detalla la finalidad de las organizaciones de trabajadores agrícolas, entre otros, el derecho a la negociación colectiva[83]. La Comisión toma nota de que el Gobierno de Sri Lanka informó de que asociaciones como las organizaciones de trabajadores agrícolas formularon directamente solicitudes al Gobierno relativas a sus intereses.

158.    Otro desafío significativo se refiere a los derechos de los trabajadores estacionales y temporales. En este sentido, por ejemplo, la Comisión tomó nota de que en Chile los trabajadores agrícolas que realizan faenas temporales y de corta duración no gozan del derecho de negociación colectiva[84]. La Comisión toma nota de que, según el Sindicato Fako de Trabajadores Agrícolas del Camerún, los trabajadores estacionales, casuales y migrantes carecen de representación sindical y no tienen derecho a la negociación colectiva.

159.    Algunos Estados Miembros señalaron que, debido a las dificultades de organización en el sector rural, los trabajadores rurales no participan en la negociación colectiva. El Gobierno de Turquía informó que, mientras que la negociación colectiva puede tener lugar únicamente en un sector sindicalizado, el sector en cuestión está, en gran medida no sindicalizado. En esta línea, el Gobierno del Gabón comunicó que debido a las dificultades para organizarse, los trabajadores rurales no participan en negociaciones colectivas ni en consultas de ningún nivel.

160.    Muchos países establecieron una distinción entre los derechos de los sindicatos y los de las cooperativas[85]. En Filipinas, por ejemplo, «tan sólo los sindicatos legales o registrados tendrán el derecho a representar a sus miembros con fines de negociación colectiva y otros. Las asociaciones de trabajadores tendrán el derecho de representar a sus miembros para otros fines que no sean la negociación colectiva[86]. El Gobierno de Bosnia y Herzegovina señaló que en la República Srpska únicamente los sindicatos pueden negociar colectivamente, y en la Federación de Bosnia y Herzegovina, las cooperativas no participan en negociaciones colectivas. De igual modo, el Gobierno de Malasia informó que mientras que los sindicatos tienen derecho a negociar colectivamente, las cooperativas carecen de él.

161.    Además, en Etiopía, las cooperativas, establecidas con arreglo a la Proclamación de Sociedades Cooperativas núm. 147/1998, deberían tener uno o más de los siguientes objetivos: solucionar problemas colectivamente que los miembros no pueden lograr individualmente; lograr un mejor resultado mediante la coordinación de sus conocimientos, riqueza y trabajo; promover la autosuficiencia entre sus miembros; protegerse colectivamente de problemas económicos, resistirse a ellos y resolverlos; mejorar el nivel de vida de los afiliados mediante la reducción de los costos de producción y servicios, prestando insumos o servicios a coste mínimo o encontrando un mejor precio por sus productos o servicios; ampliar el mecanismo mediante el que se pone el conocimiento técnico en práctica; desarrollar y promover el ahorro y los servicios de crédito; minimizar y reducir el impacto de los riesgos e incertidumbres en las personas; y fomentar la cultura social y económica de los miembros mediante la educación y la formación[87]. En contraposición, los sindicatos, sus federaciones y confederaciones, constituidos en virtud de la Proclamación del Trabajo núm. 377/2003, representan a sus afiliados en las negociaciones colectivas y los conflictos laborales; participan en las negociaciones colectivas y en las consultas con las autoridades; garantizan el conocimiento y la observancia de leyes, reglamentos, directivas y declaraciones; ponen en marcha leyes y reglamentos relativos a los intereses de sus afiliados, participan en la determinación o la mejora de las condiciones de trabajo y alientan a sus afiliados a que fortalezcan su participación en la construcción de la economía del país[88].

162.    En este sentido, la Comisión ha considerado siempre que la negociación colectiva con los representantes de trabajadores no sindicalizados debería ser posible únicamente cuando no existan sindicatos en el nivel de que se trate[89]. La Comisión ha recordado en varias ocasiones que, cuando exista un sindicato representativo que esté activo en la empresa o en la rama de actividad correspondiente, el hecho de autorizar a otros representantes de los trabajadores a que participen en la negociación colectiva no sólo debilita la posición del sindicato, sino que también atenta contra los derechos y los principios de la OIT en materia de negociación colectiva. No obstante, la Comisión considera que, cuando no haya ningún sindicato, las demás organizaciones de trabajadores deberían poder negociar en nombre de sus propios afiliados. Esta afirmación es particularmente pertinente para el sector rural.

163.    A la Comisión le complace tomar nota de que muchos Estados Miembros informaron sobre el ejercicio de este derecho en la práctica. Por ejemplo, en Uzbekistán, el Sindicato de Trabajadores del Sector Agrícola concluyó un acuerdo sectorial para 2013-2015 con el Consejo de Agricultores de Uzbekistán. Sobre la base de este acuerdo, se han concertado convenios colectivos entre agricultores y trabajadores en el 98,2 por ciento de las explotaciones agrícolas que existen en el país. En Israel, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas y la Histadrut concluyeron un convenio colectivo con la Asociación de Agricultores aplicable a todos los trabajadores del sector agrícola.

164.    Otros Estados Miembros transmitieron información sobre varios mecanismos formales o institucionales para facilitar la negociación colectiva. Por ejemplo, el Gobierno de Namibia informó que el Foro de los Trabajadores Agrícolas de Namibia (compuesto de la Asociación de Empleadores Agrícolas, el Sindicato Nacional de Agricultores y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Namibia) concertó convenios colectivos sobre salarios mínimos en el sector agrícola que se aplican a todos los trabajadores de dicho sector. El Gobierno del Níger señaló que las organizaciones de trabajadores rurales participaron en negociaciones mediante las cámaras agrarias regionales. El Gobierno de Bélgica afirmó que la negociación colectiva tuvo lugar mediante comités paritarios en el sector pertinente (es decir, los sectores de técnicas para la agricultura y la horticultura, agricultura, horticultura y silvicultura). Los convenios resultantes garantizaron, por ejemplo, un salario mínimo para los trabajadores casuales y para los demás trabajadores y otorgaron varias prestaciones a los trabajadores casuales. En Zimbabwe, el Consejo Nacional de Empleo para el sector agrícola es, según se explicó, la cámara de negociación integrada por igual número de representantes de las organizaciones de empleadores y de los sindicatos del sector agrícola.

165.    No obstante, la Comisión toma nota además de que algunos sindicatos formularon comentarios en sus informes sobre la ausencia de negociación colectiva en la práctica para muchos trabajadores del sector rural, y otros señalaron la existencia de obstáculos significativos en lo que respecta a la posibilidad de una negociación colectiva[90]. Teniendo en cuenta los problemas que afronta el sector rural en la práctica, la Comisión alienta a los gobiernos a garantizar que desarrollarán y pondrán en práctica plenamente los mecanismos de negociación colectiva en el sector rural con el fin de reglamentar las condiciones de empleo.

Protección contra los actos de discriminación

Protección contra los actos de discriminación antisindical

166.    La discriminación contra los trabajadores rurales por motivos de afiliación a una organización o de participación en sus actividades vulnera los principios de la libertad sindical porque pone en peligro la propia existencia de las organizaciones de trabajadores. En virtud de la Recomendación núm. 149, la legislación debería «proteger eficazmente a los trabajadores rurales interesados contra el despido o la evicción motivados por su condición de dirigentes o miembros de organizaciones de trabajadores rurales, o por sus actividades como tales»[91].

167.    En una observación relativa a la aplicación del Convenio núm. 11 por el Brasil, la Comisión consideró que los trabajadores agrícolas deberían gozar del ejercicio de los mismos derechos que los trabajadores de la industria en cuanto a la protección contra los actos de discriminación antisindical[92].

168.    En su examen de la aplicación del Convenio núm. 98 por los Estados Miembros, la Comisión analizó el asunto de la protección de los trabajadores en el sector rural frente a los actos de discriminación antisindical[93]. En cuanto a las amenazas de despidos contra los trabajadores rurales e informales por actividades sindicales en el Níger, la Comisión recordó que «la protección concedida a los trabajadores y dirigentes sindicales contra los actos de discriminación antisindical constituye un aspecto esencial de la libertad sindical[94]. La Comisión considera, por lo tanto, que los gobiernos deberían garantizar que se han previsto medidas acompañadas de sanciones suficientemente efectivas y disuasorias a fin de asegurar que todos los trabajadores, incluidos los del sector agrario, disfrutan de la protección adecuada frente a cualquier acto de discriminación antisindical[95].

Protección contra la discriminación basada en otros motivos

169.    En el momento de la discusión que llevó a la adopción del Convenio núm. 141 y de la Recomendación núm. 149, varios delegados llamaron la atención especialmente sobre el hecho de que los trabajadores rurales «fuesen tratados a menudo como ciudadanos de segunda clase y, a raíz de ello, discriminados sistemáticamente»[96]. Los delegados, entonces, quisieron prohibir la discriminación de la que pudieran ser objeto por diversos motivos los trabajadores rurales.

170.    Como se ha mencionado anteriormente, el artículo 4 del Convenio núm. 141 exige a los Estados Miembros que adopten una política nacional encaminada a facilitar el establecimiento y la expansión de las organizaciones de trabajadores rurales como medio eficaz de asegurar la participación de estos trabajadores en el desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se deriven. El artículo deja claro que la participación en el desarrollo social debería ser «sin discriminación en el sentido del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (Convenio núm. 111)». En virtud del artículo 5 del Convenio, los Estados Miembros deberían adoptar y poner en práctica una política de promoción de estas organizaciones, sobre todo con vistas a eliminar «las discriminaciones de orden legislativa y administrativa de que las organizaciones de trabajadores rurales y sus afiliados pudieran ser objeto».

171.    Al examinar la aplicación del Convenio núm. 111, la Comisión analizó la situación de determinadas categorías de trabajadores rurales en relación a las bases sentadas en el artículo 1 del Convenio. La Comisión tomó nota, por ejemplo, de que algunos trabajadores agrícolas casuales y por cuenta propia, trabajadores domésticos y de la economía informal, muchos de los cuales son mujeres, se encuentran entre los trabajadores excluidos con más frecuencia de la protección contra la discriminación, y, en este sentido, recordó la obligación de los gobiernos de garantizar y promover la aplicación de los principios en el instrumento para todos los trabajadores. Al examinar la situación de los pueblos indígenas y tribales, muchos de los cuales viven en zonas rurales, la Comisión observó que siguen afrontado altos niveles de discriminación debido a los prejuicios y los estereotipos negativos. Reconociendo el impacto de las tradiciones y costumbres, así como de los obstáculos legales, la Comisión ha puesto de relieve la importancia de la igualdad de acceso de mujeres y hombres a los recursos, incluida la tierra, la capacitación profesional y el apoyo a la iniciativa empresarial. Dado el gran número de mujeres trabajadoras rurales, se debe prestar especial atención a garantizar una protección adecuada contra la discriminación. Además, la Comisión expresó su preocupación respecto a la situación de los trabajadores migrantes, que se encuentran en una situación particularmente vulnerable a los prejuicios y las diferencias de trato en el mercado laboral en razón de varios motivos prohibidos y pidió a los gobiernos que formulen y sigan una política nacional de igualdad que cubra a todos los trabajadores, incluyendo a los migrantes, con el fin de eliminar la discriminación contra ellos sobre la base de todos los motivos enumerados en el Convenio[97].

172.    La Comisión toma nota de que los trabajadores rurales son particularmente vulnerables a la discriminación, lo que puede repercutir sobre su capacidad de ejercer los derechos de libertad sindical y de participar en el desarrollo económico y social. La Comisión alienta a los gobiernos a asegurarse de que las políticas en apoyo de la igualdad y la no discriminación de los trabajadores rurales comprenden todos los motivos de discriminación prohibidos mediante medidas legislativas y prácticas.

Protección contra los actos de injerencia de los empleadores

173.    Las organizaciones de trabajadores rurales, al igual que las demás organizaciones de trabajadores, deberían gozar de una adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de los empleadores o de sus organizaciones de modo que puedan mantener su independencia y defender los intereses de sus miembros con eficacia. Se consideran concretamente actos de injerencia las medidas tendentes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores[98].

174.    La Comisión toma nota de que muchos Estados Miembros comunicaron que el derecho de libertad sindical de los trabajadores en el sector rural no se diferencia de los derechos concedidos a los trabajadores de la industria. Algunos Estados Miembros se refirieron a las disposiciones legislativas existentes en sus países por las que se prohíbe explícitamente los actos de injerencia de los empleadores en los asuntos sindicales[99]. La Comisión considera que una protección adecuada contra los actos de injerencia presupone la existencia de procedimientos de recursos rápidos y de sanciones suficientemente disuasorias contra dichos actos. Dado que es frecuente que por su naturaleza, el trabajo rural se encuentre en zonas remotas e implique un nivel de interdependencia que va más allá de la relación laboral, la Comisión considera que los gobiernos podrán juzgar adecuado en función de sus circunstancias nacionales adoptar medidas especiales para proteger a los trabajadores rurales contra la discriminación, reconociendo que su relación de empleo difiere notablemente de la de los trabajadores de la industria.

El derecho de las organizaciones a constituir federaciones y confederaciones y a afiliarse a las organizaciones internacionales

175.    Con el fin de defender los intereses de sus afiliados de manera más efectiva, las organizaciones de trabajadores deberían tener el derecho de constituir las federaciones y confederaciones que estimen convenientes, las cuales deberían gozar de los diversos derechos concedidos a las organizaciones base, especialmente, el de funcionar y organizar sus actividades y programas de base con toda libertad [100]. La solidaridad internacional de los trabajadores exige asimismo que sus federaciones y confederaciones nacionales puedan agruparse y actuar libremente en el ámbito internacional[101].

176.    En este sentido, la Comisión toma nota de que algunos Estados Miembros comunicaron que se habían beneficiado de las alianzas internacionales creadas por los sindicatos. En Eslovaquia, por ejemplo, según el Gobierno, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, en cuanto miembro de la Federación Europea de Sindicatos de Agricultura, Alimentación y Turismo (FESAAT) prepara documentos de fondo para establecer comparaciones internacionales sobre cuestiones agrícolas, estacionalidad, migración, seguridad en el trabajo y condiciones laborales en la Unión Europea. Participa asimismo en la elaboración de documentos de síntesis para el Consejo para la Alianza Económica y Social de la República de Eslovaquia.

Autoridades responsables de garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación

Párrafo 9 de la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149)

Debería haber procedimientos adecuados, ya sea en el marco de los servicios de la inspección del trabajo, ya sea como servicios especializados u otros mecanismos, que garanticen el cumplimiento efectivo de las disposiciones relativas a las organizaciones de trabajadores rurales y a sus miembros.

177.    En virtud del párrafo 9 de la Recomendación núm. 149, deberían preverse procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes y los reglamentos relativos a las organizaciones de trabajadores rurales y a sus miembros. Estos mecanismos pueden adoptar la forma de inspección del trabajo[102], servicios especiales u otros[103]. Al tiempo que toma nota de que una serie de gobiernos y organizaciones sindicales han formulado comentarios sobre las particulares dificultades que reviste el hecho de garantizar el cumplimiento de los derechos en el sector rural [104], la Comisión destaca la importancia de que los gobiernos velen por que el cumplimiento de dichos mecanismos en este sector se efectúa realmente.

178.    La información que contienen las memorias suministradas por los gobiernos pone de manifiesto que, en la mayoría de los países, las autoridades responsables de garantizar la aplicación de los reglamentos legislativos y administrativos a los trabajadores rurales y sus organizaciones son las mismas que para las demás categorías de trabajadores cubiertos por la legislación general del trabajo. Muy a menudo, de esta tarea se encargan el Ministerio de Trabajo o autoridades similares y la inspección del trabajo[105], mientras que corresponde normalmente a la policía y al Poder Judicial la labor de investigar y procesar a quienes infrinjan las leyes. En algunos países, otros órganos y funcionarios del gobierno pueden prestar sus servicios; en Barbados, por ejemplo, el Gobierno informó de que el Ministerio de Agricultura suministra servicios de asesoramiento e inspección por medio de funcionarios de extensión agrícola.

179.    Algunos países informaron de que cuentan con legislación específica sobre trabajadores agrícolas o rurales que prevé un órgano independiente encargado de ventilar las supuestas violaciones de la legislación en cuestión. Este es el caso en el Canadá (Ontario), donde un equipo especial del Tribunal de Apelaciones en materia de Agricultura, Alimentación y Acción Rural se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley sobre Protección de los Trabajadores Agrícolas (AEPA), 2002. Ante el Tribunal pueden presentarse quejas basadas en una vulneración de la AEPA. El Gobierno del Canadá informó además de que, en Quebec, por una parte, la Commission des relations du travail es la encargada de controlar la aplicación del Código del Trabajo[106] a los trabajadores, incluido el sector agrícola; por otra parte, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley de Productores Agrícolas y «procurará resolver, conciliar o arbitrar en cualquier conflicto surgido como consecuencia o en el ejercicio de la aplicación de esta Ley […] cuando el conflicto se refiera […] al derecho de un productor a pertenecer o no a un sindicato o a un sindicato especializado que estime conveniente […][107]». El Gobierno de México informó de que, en virtud de la Ley Agraria de 1992[108], la Oficina de la Procuraduría Agraria asesora y representa a los pequeños productores y trabajadores agrícolas en los enjuiciamientos que surjan por infracciones de la ley. Además, media en los conflictos y propone medidas para fortalecer la certidumbre jurídica en la aplicación de la ley.

180.    En algunos países, son varias las autoridades que se ocupan de la legislación relativa a los sindicatos y las cooperativas. Por ejemplo, en Etiopía, un órgano federal dependiente del Ministerio de Agricultura se ocupa de la aplicación de la legislación relativa a las cooperativas, mientras que el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales se encarga de velar y supervisar la aplicación de la Proclamación Laboral, sobre todo mediante los servicios de la inspección del trabajo[109]. El Gobierno de la República de Corea señaló que el Ministerio de Empleo y Trabajo es el órgano responsable de la aplicación de la legislación pertinente con respecto a los sindicatos establecidos de conformidad con la Ley de Sindicatos[110] y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Agrarios es la autoridad encargada de controlar las asociaciones rurales establecidas de acuerdo con la Ley Civil o la Ley de Ayuda a las Organizaciones No Gubernamentales sin Ánimo de Lucro.

181.    El Gobierno del Gabón señaló que, si bien es el Ministerio de Economía, Empleo y Desarrollo Sostenible, mediante sus inspectores del trabajo, el órgano responsable de la aplicación de la legislación sobre relacionales laborales y sindicatos, se ha encomendado a los servicios especiales del Ministerio de Agricultura, Cría de Ganado y Desarrollo Rural que se ocupen de las cooperativas. El Gobierno del Níger señaló que recae en el Ministerio de Agricultura del país la responsabilidad del cumplimiento del Código Rural en cuanto a las cooperativas y las cámaras agrarias regionales; el Ministerio del Interior se ocupa de las asociaciones en general; el Ministerio de Turismo de las cooperativas de artesanos; y el Ministerio de Finanzas es responsable de las cooperativas de ahorro y crédito.

La labor fundamental de la inspección del trabajo

La inspección del trabajo se encuentra a menudo en primera línea en lo que se refiere a los mecanismos adecuados para garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes y reglamentos relativos a las organizaciones de trabajadores rurales y a sus miembros.

Durante el año 2011-2012, el Gobierno de Sudáfrica, demostrando su compromiso de considerar, comprender y responder a los particulares desafíos que presenta el sector rural del país, invitó a la OIT a emprender un procedimiento de diagnóstico sobre el ejercicio del derecho de libertad sindical y negociación colectiva en los sub-sectores de la viticultura (provincial de Western Cape) y los cítricos (provincial de Limpopo). Una de las conclusiones que se desprendieron del estudio era que los trabajadores rurales percibían a la inspección del trabajo como un elemento crucial para la promoción y defensa de sus derechos de libertad sindical, si bien, oficialmente, la entidad responsable de velar por su cumplimiento era la Comisión de Conciliación, Mediación y Arbitraje (CCMA).

En consecuencia, los socios tripartitos del Consejo Nacional de Desarrollo Económico y de Mano de Obra (NEDLAC) decidieron que era prioritario solicitar el apoyo de la OIT en el desarrollo de un programa de formación encaminado a fortalecer el conocimiento de la libertad sindical en el sector rural entre los inspectores del trabajo. Este programa de formación ha sido puesto en práctica a título experimental en Sudáfrica, con plena participación de la CCMA, con el fin de propiciar una mayor convergencia entre ambos órganos. Otros programas similares pueden aplicarse en otros países, adaptándolos a las circunstancias de éstos.

182.    La Comisión tiene presente el hecho de que un número significativo de organizaciones de trabajadores expresaron su grave preocupación por la falta de recursos disponibles para los servicios de la inspección del trabajo o, incluso, la inexistencia de éstos en algunas zonas rurales[111]. La Comisión subraya que debería haber procedimientos adecuados, ya sea en el marco de los servicios de la inspección del trabajo, ya sea como servicios especializados u otros mecanismos, que garanticen el cumplimiento efectivo de las disposiciones relativas a las organizaciones de trabajadores rurales y a sus miembros. En este sentido, la Comisión destaca además que la buena gobernanza requiere la existencia de servicios de inspección del trabajo eficaces, dotados con los medios adecuados para llevar a cabo sus inspecciones en todo el país, incluidas zonas rurales remotas, y alienta a los gobiernos a considerar seriamente el Convenio núm. 129. La utilización de mecanismos adecuados de control velará por el cumplimiento efectivo de la legislación relativa a las organizaciones de trabajadores y a sus miembros.

* * *

183.    A fin de propiciar que los trabajadores rurales estén en condiciones de participar activamente en el desarrollo económico y social, y beneficiarse de él, los gobiernos deberían asegurarse de que estos trabajadores disfrutan plenamente de sus derechos de libertad sindical en la legislación y en la práctica, de conformidad con las disposiciones del Convenio núm. 87. Dada la especial naturaleza de la relación laboral en el sector rural, los gobiernos deberían tratar de ajustar la legislación y las medidas políticas que apliquen a las necesidades de la población rural. Los mecanismos pertinentes deberían adaptarse de modo que garanticen la aplicación efectiva de la legislación en la práctica en las zonas rurales.

[1] Convenio núm. 141, Preámbulo.

[2] Los párrafos que siguen se limitarán al estudio de los aspectos específicos de la legislación y la práctica nacionales que señalan las cuestiones que son particularmente relevantes para los trabajadores rurales y sus organizaciones. Para aspectos más generales y detallados de la libertad sindical y la negociación colectiva, véase OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012.

[3] En relación a la libertad sindical y negociación colectiva en general, véase Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, Parte II (que trata de la libertad sindical y la negociación colectiva).

[4] Véase Etiopía – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 1986.

[5] En una observación, publicada en 1983, sobre la aplicación del Convenio núm. 11 por Nueva Zelandia, la Comisión explicó que este instrumento no trata sobre la diferencia en las prestaciones concedidas a los trabajadores agrícolas por un lado y a las demás categorías de trabajadores por otro, por ejemplo, respecto a las horas de trabajo, las vacaciones, etc.

[6] Por ejemplo, códigos del trabajo, legislación laboral, leyes sobre libertad sindical o, en general, leyes sobre libertad sindical o códigos civiles.

[7] Por ejemplo, Argentina (el art. 4 de la Ley de Asociaciones Sindicales, núm. 23551, de 23 de marzo de 1988, se aplica a todos los trabajadores); Brunei Darussalam (art. 3 de la Ley de Sindicatos de 1963 se aplica a todos los trabajadores); Bulgaria (art. 4 del Código del Trabajo de 1986 (en su versión enmendada) reconoce el derecho de los trabajadores (y de los empleadores) sin distinción alguna, a constituir libremente y sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales); Cabo Verde (el art. 19 del Código del Trabajo de 2007 reconoce el derecho de libertad de asociación de todos los trabajadores); Camerún (el art. 3 del Código del Trabajo, núm. 92/007 de 1992, reconoce el derecho de todos los trabajadores (y empleadores) sin distinción ninguna, a constituir libremente y sin necesidad de autorización previa, asociaciones sindicales); Costa Rica (el art. 343 del Código del Trabajo de 1943 (en su versión enmendada) garantiza la libertad sindical de todos los trabajadores); Ecuador (el art. 440 del Código del Trabajo de 2005 (en su versión enmendada) se aplica a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores agrícolas); Egipto (la ley núm. 35 de 1976 y sus respectivas enmiendas se aplica al conjunto de las organizaciones sindicales, incluyendo las de la agricultura, la industria y otros sectores); Eritrea (según el art. 86 de la Proclamación del Trabajo núm. 118/2001, se aplican los mismos derechos de asociación a los trabajadores agrícolas que a los demás trabajadores); Estonia (en virtud del art. 4 de la Ley de Sindicatos de 2000, los trabajadores agrícolas e industriales disfrutan de los mismos derechos); Indonesia (el art. 5, 1) de la Ley de Sindicatos, núm. 21 de 2000, garantiza a todos los trabajadores/empleados el derecho de constituir y afiliarse a un sindicato); República de Corea (la Ley de Reforma de los Sindicatos y de las Relaciones Laborales de 1997 (TULRAA) reconoce el derecho de asociación de todos los asalariados en general, incluyendo los trabajadores rurales); Nueva Zelandia (el derecho de asociación de todos los trabajadores en el sector agrícola se contempla en la Ley de Relaciones Laborales, 2000).

[8] Por ejemplo, en Dinamarca (en virtud del art. 7 de la Ley sobre algunas Relaciones Laborales en la Agricultura, etc., núm. 712, de 20 de agosto de 2012, un trabajador o una trabajadora tiene el derecho a afiliarse a un sindicato para la protección de sus intereses); en Grecia (el art. 12 de la Ley núm. 1361/1983 sobre Sindicatos Agrícolas.

[9] Sri Lanka – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 2001.

[10] Se examinó con más detalle en el capítulo anterior, véanse párrs. 60-87 supra.

[11] Art. 1 del Convenio núm. 11.

[12] Art. 2 del Convenio núm. 141. Véase también párr. 2 de la Recomendación núm. 149, de un tenor similar.

[13] Canadá – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2014.

[14] Art. 4, 2), e) del Código de Relaciones Laborales.

[15] El art. 3, b), 1) y c) de la Ley de Relaciones Laborales de 1995. En Dunmore c. Ontario (Fiscal General), [2001] 3 SCR 1016, el Tribunal Supremo del Canadá estimó que era inconstitucional el hecho de que no existiera una disposición legislativa que autorizara a los trabajadores agrícolas a establecer relaciones laborales de carácter colectivo. En el año 2011, el Tribunal Supremo del Canadá confirmó la constitucionalidad de la Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas, de 2002, de Ontario, que establece el derecho a constituir «asociaciones de trabajadores» o de afiliarse a ellas, a presentar reclamaciones ante el empleador sobre las condiciones de empleo y en materia de protección contra injerencias, coerción y discriminación. El Tribunal declaró que no había ninguna obligación de otorgar una forma particular de derechos de negociación colectiva a los trabajadores agrícolas con objeto de garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos de libertad sindical: Ontario (Fiscal General) c. Fraser [2011] 2 SCR 3.

[16] Canadá – CEACR, Convenio núm. 87, observaciones, 2001 a 2014. Véase también, Comité de Libertad Sindical, caso núm. 2704 (Canadá), 358.º y 363.er informes.

[17] Art. 1 de la Ley General del Trabajo de 1942 y de su decreto reglamentario núm. 224, de 23 de agosto de 1943. Véase también Estado Plurinacional de Bolivia – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2014, en la cual la Comisión tomó nota de que el Gobierno señala «que se está elaborando una nueva ley general del trabajo, que entre otras cosas prevé la incorporación de los trabajadores del campo o rurales con el objeto de que se beneficie a estos trabajadores con la concesión de todos los derechos sociales».

[18] 29 USC art. 152, 3), que exceptúa del ámbito de aplicación de la ley «a cualquier individuo empleado como trabajador agrícola».

[19] Bangladesh – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2014. Art. 1, 4), n), de la Ley del Trabajo de Bangladesh de 2006, enmendada por el art. 2, c), i), de la Ley del Trabajo de Bangladesh (versión enmendada), de 2013.

[20] Art. 5, 4), 5) y 6), y art. 7, 4), del Real decreto núm. M/51 de 2005.

[21] Honduras – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2013 (art. 2, 1) del Código del Trabajo de 1959).

[22] República Centroafricana – CEACR, Convenio núm. 87, solicitud directa, 2014 (art. 2 del Código del Trabajo de 2009). Véase también Pakistán – CEACR, Convenio núm. 98, observación, 2013 (el art. 1, 3), — cuyo contenido comparte con la Ley de Relaciones Laborales, de 2012, Ley de Relaciones Laborales de Beluchistán de 2010, Ley de Relaciones Laborales de Khyber Pakhtunkhwa de 2010, Ley de Relaciones Laborales de Punjab de 2010 y Ley de Relaciones Laborales de Sindh de 2010 — excluye de su aplicación a los trabajadores independientes agrícolas, a los trabajadores de organizaciones benéficas y a otros).

[23] El art. 3 de la Ley de Sindicatos de 1949 (enmendada por última vez en 2005).

[24] Art. 3, 2), de la Ley de Cooperativas Agrícolas de 1947.

[25] Véanse, por ejemplo, Chile – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2010. Qatar (ley núm. 14 de 2004, art. 3, 3)) y República Árabe Siria (Código del Trabajo, de 2010, art. 5, a), 6)) excluye a los trabajadores casuales del amparo de la legislación laboral.

[26] Véanse, por ejemplo, Bélgica (Congo Belga y Rwanda-Urundi) – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1959; Brasil – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2012; Chile – CEACR, Convenio núm. 11, observaciones, 1955 y 1956; China – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1948; y Nicaragua – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1962.

[27] El 11 de marzo de 2013, el Tribunal Superior de Quebec confirmó la sentencia de la Commission des relations du travail (Comisión de Relaciones Laborales), al declarar que el art. 21, aptdo. 5 del Código del Trabajo, a tenor del cual «a efectos de esta división, las personas ocupadas en el funcionamiento de una explotación agrícola no serán consideradas como trabajadoras, a menos que al menos tres de ellas sean contratadas normalmente y de forma ininterrumpida» es inconstitucional y, por tanto, nulo y sin efectos porque vulnera el derecho de libertad sindical, que está protegido por la Carta de Derechos y Libertades de la Persona de Quebec.

[28] CEACR, Convenio núm. 87, observación general, 2009. En este sentido, por ejemplo, el Gobierno de Turquía señaló que, como los trabajadores temporales, casuales y estacionales suelen estar, por lo general, empleados en la economía informal, no pueden beneficiarse del derecho a pertenecer a una organización sindical.

[29] República Centroafricana – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2014 (art. 17 del Código del Trabajo).

[30] Argelia – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2014 (art. 6 de la ley núm. 90-14 de 2 de junio de 1990).

[31] Véanse párrs. 88-112 supra. Véase, además, OIT: Estudio General sobre la libertad sindical y negociación colectiva, 1983, párr. 333.

[32] Por ejemplo, el Gabón y la República de Corea. Véase también párr. 109 supra.

[33] Filipinas – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2000. En su observación publicada en 2012, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno según la cual el Departamento de Trabajo y el Empleo estaba iniciando un proyecto de revisión de la legislación del trabajo, incluido el art. 241, c) y p) del Código del Trabajo de 1974 (en su versión enmendada), para ponerla en consonancia con el contenido de los convenios de la OIT ratificados por Filipinas.

[34] Véanse, por ejemplo, Angola – CEACR, Convenio núm. 87, solicitud directa, 2014 (art. 3 de la Ley sobre Sindicatos, núm. 21-D/92 de 1992 que establece que las organizaciones de primer nivel deben incluir entre sus afiliados como mínimo un 30 por ciento de trabajadores en los sectores profesionales y de actividad económica a nivel provincial); Bangladesh – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2012 (art. 179, 2), de la Ley del Trabajo de 2006, que establece como requisito para constituir un sindicato que el mínimo de afiliados sea un 30 por ciento del número total de trabajadores en dicho establecimiento o grupo de establecimientos para constituir un sindicato o proseguir éste sus actividades); El Salvador – CEACR, Convenio núm. 87, solicitud directa, 2014 (art. 211 del Código del Trabajo de 1963 (en su versión enmendada) y el art. 76 de la Ley de la Administración Civil de 1963, que establece el requisito de al menos 35 miembros con el fin de constituir una organización de trabajadores); Georgia – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2012 (art. 2, 9), de la Ley sobre Sindicatos de 1997 que requiere como mínimo 100 afiliados para dicho trámite); Guatemala – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2014 (art. 215, c), del Código del Trabajo de 1971 que establece el requisito del 50 por ciento más uno de las personas que realizan una actividad para poder constituir un sindicato sectorial); Honduras – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2013 (art. 475 del Código del Trabajo de 1979 (en su versión enmendada), que se requiere más de 30 trabajadores para constituir un sindicato); Letonia – CEACR, Convenio núm. 87, solicitud directa, 2011 (art. 3 de la Ley sobre Sindicatos de 1990, que exige que un sindicato podrá registrarse si reúne no menos de 50 miembros o no menos de una cuarta parte de la totalidad de los trabajadores de una empresa, institución, organización, profesión o rama), Nigeria – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2013 (art. 3, 1), de la Ley sobre Sindicatos de 1976 (en su versión enmendada) que exige un mínimo de 50 trabajadores para constituir un sindicato); Panamá – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2013 (art. 41 de la ley núm. 44 de 1995 (modificatoria del art. 344 del Código del Trabajo de 1971 (en su versión enmendada)), que exige 40 miembros para el establecimiento de una organización de trabajadores a nivel empresarial; Filipinas – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2013 (art. 237, a), del Código del Trabajo de 1974 (en su versión enmendada), que dispone que, para la inscripción en el registro de federaciones o sindicatos nacionales se requiere diez sindicatos o representaciones locales, cada uno de ellos reconocido debidamente como agente de negociación en el establecimiento o sector en el que opere). La Comisión tomó nota también con satisfacción del progreso obtenido en este ámbito por algunos Estados Miembros que han reducido o suprimido los requisitos relativos al número mínimo de afiliados. Véase OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 90.

[35] OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 92.

[36] Brasil – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2012. Véase art. 8, II, Constitución de la República del Brasil, 1988.

[37] En su memoria presentada en virtud del art. 19 de la Constitución, el Gobierno de Islandia señaló que no se requieren condiciones formales para el establecimiento de una organización.

[38] Por ejemplo en Todo sindicato puede, si así lo estima oportuno, solicitar su inscripción en el registro (art. 29, 1), de la Ley del Trabajo de 1985 (en su versión enmendada). Una vez registrada, la organización, adquiere personalidad jurídica y, en consecuencia, tiene el derecho de adquirir, conservar o enajenar bienes, y realizar cualquier otro acto que sus estatutos impongan o autoricen (art. 29, 2)). Además, podrá ejercer los derechos previstos en art. 29, 4), entre los cuales figura el derecho a representar a sus afiliados, el derecho a facilidades, el derecho a proponer una acción reivindicativa y el derecho a la negociación colectiva. En virtud del art. 104, 3), c), ningún sindicato que no esté registrado podrá proponer o iniciar una acción colectiva.

[39] OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 82.

[40] Ordenanza ministerial núm. 4003 (serie de 2003), por la que se modifica el Reglamento de Aplicación del libro V del Código del Trabajo de Filipinas, norma II, art. 1.

[41] El Salvador – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2007.

[42] Es el caso de Argelia (art. 6 de la Ley núm. 90-14 sobre los Derechos Sindicales de 1990 (en su versión enmendada)), Australia (Nueva Gales del Sur — con independencia del tipo de organización, art. 222 de la Ley de Relaciones Laborales de 1996); Camerún (art. 6, 1), del Código del Trabajo, ley núm. 92/007 de 14 de agosto de 1992); Chile (art. 222 del Código del Trabajo, refundido en 2003); México (art. 365 de la Ley Federal del Trabajo de 1970 (en su versión enmendada)); Mozambique (decreto-ley núm. 2/2006); Perú (art. 17 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, decreto supremo núm. 010-2003-TR), y Portugal (art. 447 del Código del Trabajo de 2009 (en su versión enmendada)).

[43] Por ejemplo, República Checa (art. 3025, 2), del Código Civil de 2012).

[44] OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 100.

[45] Ibíd.

[46] Burundi – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 1993 y observaciones 1997 a 2014.

[47] Véase, por ejemplo, Filipinas – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 1990.

[48] Filipinas – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2000. En su observación publicada en 2012, la Comisión tomó nota de que el Departamento de Trabajo y Empleo había iniciado una revisión de la legislación en materia laboral, incluyendo el art. 241, c) y p) del Código del Trabajo a fin de ponerlos en consonancia con lo establecido en los convenios de la OIT ratificados por Filipinas.

[49] OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 102.

[50] Véase, por ejemplo, Filipinas – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 1990.

[51] OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párrs. 103-105.

[52] Côte d’Ivoire – CEACR, Convenio núm. 87, solicitud directa, 2014 (art. 51.5 del Código del Trabajo: los dirigentes sindicales deberán tener identidad nacional marfileña, y solamente los trabajadores extranjeros que han vivido en Côte d’Ivoire durante al menos tres años podrán desempeñar funciones administrativas y gerenciales en el sindicato, siempre que sus países de origen confieran el mismo derecho a los nacionales de Côte d’Ivoire).

[53] Haití – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2013 (art. 239 del Código del Trabajo).

[54] Jamahiriya Árabe Libia – CEACR, Convenio núm. 87, solicitud directa, 2011 (art. 8 de la ley núm. 23 de 1998).

[55] Mauritania – CEACR, Convenio núm. 87, solicitud directa, 2011 (art. 273 del Código del Trabajo de 2004: los trabajadores extranjeros no tendrán el derecho a presentarse como candidatos a dirigentes sindicales a menos que hayan trabajado en Mauritania y en funciones de representante sindical al menos durante un período de cinco años).

[56] México – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2011 (art. 372, ii), de la Ley Federal del Trabajo de 1970 (en su versión enmendada)).

[57] Túnez – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2013 (art. 251 del Código del Trabajo de 1996 (en su versión enmendada): los trabajadores extranjeros requieren la aprobación del Secretario de Estado para la Juventud, Deporte y Asuntos Sociales)).

[58] OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 103.

[59] Véase, por ejemplo, Brasil – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2012.

[60] Véase, por ejemplo, Zambia – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 1990.

[61] Brasil – CEACR, Convenio núm. 141, observaciones, 2007 y 2012.

[62] Chile – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1954.

[63] Véase, por ejemplo, Brasil – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2012.

[64] En sus solicitudes directas publicadas en 2007 y 2012 relativas a la aplicación del Convenio núm. 11 dirigidas al Gobierno de Sri Lanka, la Comisión consideró que los agricultores por cuenta propia debían disfrutar de los mismos derechos de asociación que se otorgan a trabajadores de la industria, incluido el derecho a representar a los afiliados.

[65] Chile – CEACR, Convenio núm. 11, observaciones, 1953 y 1962 (en su observación, publicada en 1968, sobre la aplicación por Chile del Convenio núm. 11, la Comisión tomó nota con satisfacción de que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio, se había promulgado la Ley núm. 16625 de 1967 sobre Sindicatos Agrícolas).

[66] Véase, por ejemplo, Malí – CEACR, Convenio núm. 141, solicitudes directas, 2001 y 2003.

[67] Malí – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2007.

[68] Véase, por ejemplo, Afganistán – CEACR, Convenio núm. 141, solicitudes directas, 1992 y 1998.

[69] Véase, por ejemplo, Guatemala – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 1995.

[70] Véanse, por ejemplo, Argentina (art. 5, d), de la Ley núm. 23551 de Asociaciones Sindicales, de 23 de marzo de 1988); España (art. 2.2, d), de la Ley Orgánica núm. 11/1985 de Libertad Sindical); Letonia (Ley de Huelgas, de 1998, enmendada por última vez en 2005); Rwanda (art. 151 de la ley por la que se regulan las relaciones laborales en Rwanda, núm. 13/2009); Sudáfrica (art. 1.2, 4), y 64 de la Ley de Relaciones Laborales de 1995); Togo (art. 169 del Código del Trabajo de 2006); Zimbabwe (art. 104, 1), de la Ley del Trabajo de 1985). Véase también, OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr 8: el derecho de huelga está protegido constitucionalmente en 93 países.

[71] Véanse, por ejemplo, Guatemala – CEACR, Convenio núm. 11, observaciones, 2000 y 2007; Sri Lanka – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 2001, y solicitudes directas, 2007 y 2012; Zambia – CEACR, Convenio núm. 141, solicitudes directas, 1995 y 1998 (aunque la Ley núm. 8 de Relaciones Laborales (en su versión enmendada), de 2008 (ILRA), consagra el derecho de huelga, impone también varias limitaciones a su ejercicio (véanse las observaciones de 2011 y 2013 sobre la aplicación del Convenio núm. 87)).

[72] En los párrafos introductorios del cuestionario sobre el proyecto del Convenio relativo a los derechos de asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas se hizo referencia a la necesidad de combatir las situaciones en que se castigaba a los trabajadores por la simple participación en huelgas. De igual forma, esto se reflejó durante la discusión que tuvo lugar en la Conferencia Internacional del Trabajo de 1921 en la que el delegado del Gobierno francés se refirió al derecho de huelga de los trabajadores. Es posible encontrar varias menciones al derecho de huelga en las primeras memorias presentadas por los gobiernos en relación con el Convenio núm. 11 (véase por ejemplo Francia: memoria de 1929 y Uruguay: memoria de 1936).

[73] OIT: Estudio General, Libertad sindical y negociación colectiva, 1983, párr. 351.

[74] Por ejemplo, se felicitó de que los arts. 160 a 262 de la ley núm. 136 por la que se promulga el Código del Trabajo Agrario (1958) de la República Árabe Siria, que prohíben la huelga en el sector agrícola bajo pena de prisión, hubieran sido derogados por el art. 1 de la ley núm. 34, promulgada el 21 de diciembre de 2000. Además tomó nota con satisfacción de la derogación, por el decreto legislativo núm. 18-2001, de 14 de mayo de 2001, de los arts. 243, a), y 249 del Código del Trabajo de 1971 de Guatemala — que, con algunas excepciones, prohíbe las huelgas o las interrupciones del trabajo por parte de los trabajadores agrícolas durante las cosechas —, por entender que vulnera los principios consagrados en el Convenio.

[75] Véase, por ejemplo, Costa Rica – CEACR, Convenio núm. 141, observaciones, 2001 y 2003.

[76] Véase párr. 41 supra.

[77] Véase, por ejemplo, India – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 1992.

[78] Obsérvese que durante los trabajos preparatorios, teniendo en cuenta el hecho de que, en muchos países, la negociación colectiva se aplicaba únicamente a los asalariados y que la intención del instrumento consistía en abarcar el conjunto de las negociaciones a todos los niveles, incluyendo las concertadas entre aparceros y propietarios de tierras, la propuesta inicial para referirse a «collective bargaining» fue modificada para reemplazarla por «negotiations», [en ambos casos negociación colectiva en español]. Véase OIT: Actas, CIT, 59.ª reunión, 1974, pág. 488.

[79] Véanse, por ejemplo, Azerbaiyán – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2007; Brasil – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1959 (en la que la Comisión estimó que los trabajadores agrícolas deben disfrutar de los mismos derechos que se aplican a los trabajadores de la industria con respecto a las medidas de protección en materia de negociaciones colectivas en vigor).

[80] Por ejemplo: Australia, Antigua y Barbuda, Belarús, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia, Islandia, Israel, Italia, Kirguistán, ex República Yugoslava de Macedonia, Malta, República de Moldova, Namibia, Eslovaquia, Suecia, Ucrania, Reino Unido y Uzbekistán.

[81] Véanse, por ejemplo, República Dominicana – CEACR, Convenio núm. 98, observación, 2014 (arts. 109 y 110 del Código del Trabajo de 1992 (en su versión enmendada) requieren mayoría absoluta para poder negociar); Egipto – CEACR, Convenio núm. 98, observación, 2014 (arts. 179 y 187, conjuntamente con los arts. 156 y 163 del Código del Trabajo, de 2003 (en su versión enmendada), autorizan a que cualquiera de las partes recurran unilateralmente al procedimiento de arbitraje); Fiji – CEACR, Convenio núm. 98, observación, 2014 (art. 2 del decreto-ley relativo a las industrias nacionales esenciales, de 2011, establece un número mínimos de 75 trabajadores para constituir unidades de negociación); Haití – CEACR, Convenio núm. 98, observación, 2013 (el art. 34 del decreto-ley, de 4 de noviembre de 1983, faculta al Servicio de Organizaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar para que intervenga en la redacción de los convenios colectivos y en conflictos de negociación colectiva en relación a cualquier cuestión relativa a la libertad sindical); Panamá – CEACR, Convenio núm. 98, observación, 2013 (art. 427 del Código del Trabajo de 1971 (en su versión enmendada) dispone que el número de representantes de las partes en la negociación oscile entre dos y cinco delegados).

[82] Malasia – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1993.

[83] Sri Lanka – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2012.

[84] Chile – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 2010.

[85] Por ejemplo, Bangladesh y Tailandia.

[86] Ordenanza ministerial núm. 4003 (series de 2003), por la que se enmienda el reglamento de aplicación del libro V del Código del Trabajo de Filipinas, norma II, art. 1.

[87] Art. 4 de la Proclamación de Sociedades Cooperativas núm. 147/1998.

[88] Arts. 115 y 116 de la Proclamación del Trabajo, núm. 377/2003.

[89] Véase también, OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 239.

[90] Por ejemplo el Consejo Australiano de Sindicatos, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura del Brasil, la Confederación de Trabajadores Unidos del Camerún, la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador, la Unión de Trabajadores y Cultivadores del Tabaco de Malawi, el UNITE del Reino Unido y la Unión Nacional de Trabajadores de las Plantaciones, la Agricultura y Asociados de Zambia.

[91] Párr. 8, 2), b), iii). Véase también al respecto, OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párrs. 173-193.

[92] Brasil – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1959.

[93] Véase, por ejemplo, Belice – CEACR, Convenio núm. 98, observaciones, 2007 y 2014; Costa Rica, CEACR, Convenio núm. 98, observación, 2009; Ecuador – CEACR, Convenio núm. 98, observación, 2006.

[94] Níger – CEACR, Convenio núm. 98, observación, 2005. Véase también OIT: Estudio General de las memorias sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 4B), CIT, 81.ª reunión, Ginebra, 1994, párr. 202.

[95] Véase República Dominicana – CEACR, Convenio núm. 98, observaciones, 1990 y 1991. El Comité de Libertad Sindical ha examinado también casos relacionados con actos de discriminación antisindical contra los trabajadores del sector rural. Véase por ejemplo, el caso núm. 2034 (Nicaragua), sobre la terminación de los contratos de empleo de dirigentes sindicales y el despido de miembros del comité ejecutivo de un sindicato que representa a los trabajadores de una finca bananera. El Comité de Libertad Sindical consideró que «nadie debe ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo a causa de su afiliación sindical o de la realización de actividades sindicales legítimas, y es importante que en la práctica se prohíban y sancionen todos los actos de discriminación en relación con el empleo», 320.º informe, párr. 745.

[96] OIT: Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social, Informe IV (1), CIT, 60.ª reunión, Ginebra, 1975, párr. 14.

[97] OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párrs. 761-826.

[98] Ibíd., párrs. 194-197.

[99] Véanse, por ejemplo, Cabo Verde (art. 72 del Código del Trabajo, núm. 5/2007 de 2007, que en general prevé la independencia de los sindicatos con respecto al Estado, los empleadores, los partidos políticos y las organizaciones religiosas); Camerún (art. 5, 2), del Código del Trabajo, núm. 92/007 de 1992, que prohíbe cualquier acto de injerencia por parte de los sindicatos y las organizaciones de empleadores entre sí); Cote d’Ivoire (art. 51.3 del Código del Trabajo de 1995 (en su versión enmendada), en virtud del cual «se prohíbe la injerencia del empleador»); Estonia (art. 26 de la Ley de Sindicatos de 2000, que impone sanciones por la obstrucción de las actividades legales de los sindicatos); Indonesia (art. 9 de la ley núm. 21 de 2000, que afirma que los sindicatos están constituidos sobre la libre voluntad de los trabajadores, sin presiones ni injerencias de los empleadores, el gobierno, los partidos políticos y otras partes), la ex República Yugoslava de Macedonia (art. 195 de la Ley de Relaciones Laborales de 2005 (enmendada por última vez en 2013), que establece que «los empleadores y sus asociaciones no estarán autorizados a supervisar los fundamentos y actividades de los sindicatos y/o de sus asociaciones de nivel superior, así como tampoco a financiarlos o apoyarlos económicamente de ninguna forma con la finalidad de llevar a cabo dicha supervisión»); Letonia (art. 4 de la Ley de Sindicatos de 1990, que prevé que los sindicatos son independientes en sus actividades de la autoridad del Estado y otras organizaciones, y prohíbe cualquier actividad encaminada a subordinar directa o indirectamente al sindicato al Estado o a cualquier otra institución y organización); Eslovaquia (el Gobierno informó que, según la Ley de Asociación de Ciudadanos, núm. 83/1990, los órganos del Estado y otros sujetos políticos no podrán realizar actos de injerencia en los asuntos sindicales); Eslovenia (artículo 6 de la Ley sobre la Representatividad de los Sindicatos, núm. 13/1993, que afirma que para que los sindicatos sean representativos deberán ser independientes del Estado y los empleadores); Sudán (artículo 26 de la Ley de Sindicatos de 2010, por la cual «[u]n empleador no podrá […] entrometerse por ningún concepto en los asuntos o la administración de una organización con el fin de traerla bajo su control»).

[100] Véase, por ejemplo, la observación sobre el Convenio núm. 141, 2012, en relación con el Brasil respecto al requisito legal para que cinco organizaciones de base constituyan federaciones, requisito que la Comisión considera debería ser objeto de enmienda.

[101] OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 163.

[102] En relación con la importante función que cumple la inspección del trabajo como garantía de cumplimiento de la legislación laboral y la protección de los trabajadores, véase OITEstudio General de las memorias relativas al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y el Protocolo de 1995 del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947, y la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), la Recomendación sobre la inspección del trabajo (minas y transporte), 1947 (núm. 82), el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), y la Recomendación sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 133), Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 1B), Conferencia Internacional del Trabajo, 95.ª reunión, Ginebra, 2006 (en adelante Estudio General sobre inspección del trabajo, 2006).

[103] La Comisión se refirió asimismo a la cuestión en el marco del control sobre la aplicación del Convenio núm. 11. Por ejemplo, en su observación relativa a la aplicación del Convenio núm. 11 en Marruecos, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que el control de la aplicación del Código del Trabajo (ley núm. 65-99 de 11 de septiembre de 2003) en el sector agrícola se confía a los funcionarios responsables de la inspección de las leyes sociales en la agricultura dependientes del Ministerio de Empleo y Capacitación Profesional: Marruecos – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 2007.

[104] Véanse párrs. 232, 252-253 infra.

[105] Para más información sobre la inspección del trabajo en la agricultura, véase Estudio General sobre inspección del trabajo, 2006.

[106] Con la excepción de la aplicación de su capítulo IX.

[107] Art. 46 de la Ley de Productores Agrícolas, CQLR c P-28, de 1972, en su versión enmendada.

[108] La finalidad de esta ley es promover «el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional» (art. 4).

[109] Art. 170, 1) y 2), de la Proclamación del Trabajo, núm. 377/2003.

[110] El Gobierno afirmó también que, en la actualidad, no hay sindicatos de trabajadores del campo en el país.

[111] Véanse párrs. 252-253 infra.

Capítulo 4

Políticas nacionales para fomentar la participación de las organizaciones de trabajadores rurales en el desarrollo económico y social

184.    El Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149 exigen a los Estados Miembros que pongan en práctica una política de promoción activa de las organizaciones de trabajadores rurales que facilite su establecimiento y expansión, a fin de asegurar su participación en el desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se deriven. Además de medidas de carácter legislativo y administrativo, la Recomendación núm. 149 contempla una política nacional que promueva el diálogo social, el intercambio de información, la enseñanza y la formación profesional y los programas de asistencia financiera.

La función de las organizaciones de trabajadores rurales

El párrafo 5 de la Recomendación núm. 149 especifica varias actividades que las organizaciones de trabajadores rurales estarían facultadas para llevar a cabo:

a)representar, promover y defender los intereses de los trabajadores rurales, en particular procediendo a negociaciones y a consultas a todos los niveles, en nombre de esos trabajadores, tomados colectivamente;

b)representar a los trabajadores rurales en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de desarrollo rural y en todas las etapas y niveles de la planificación nacional;

c)hacer participar activamente y desde el principio a las diferentes categorías de trabajadores rurales, de acuerdo con el interés de cada una de ellas, en la aplicación en todas sus fases de:

i)programas de desarrollo agrícola, incluido el mejoramiento de las técnicas de producción, almacenamiento, transformación, transporte y comercialización;

ii)programas de reforma agraria, colonización rural y recuperación de tierras baldías;

iii)programas relativos a obras públicas, industrias rurales y artesanía rural;

iv)programas de desarrollo rural, incluidos los ejecutados con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo y de otros organismos especializados;

v)programas de información y educación y otras actividades previstas en el párrafo 15 de la presente Recomendación;

d)promover y asegurar el acceso de los trabajadores rurales a servicios como el crédito, los abastecimientos, la comercialización y el transporte, así como a servicios de índole tecnológica;

e)intervenir activamente en el mejoramiento de la enseñanza y formación general y profesional en las zonas rurales, así como en la formación para el desarrollo de comunidades, las actividades cooperativas y otras actividades de las organizaciones de trabajadores rurales, y en la formación relativa a la gestión de estas organizaciones;

f)contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales, incluidas la seguridad y la higiene en el trabajo;

g)promover el desarrollo de la seguridad social y de los servicios sociales básicos en esferas como la vivienda, la salud y el recreo.

La Comisión, en una de las primeras observaciones sobre el Convenio núm. 11, estimó que las disposiciones legislativas que conceden a los sindicatos de la agricultura un ámbito de acción muy reducido, autorizándolos únicamente a preocuparse por la mejora de la vivienda rural, el establecimiento de sociedades cooperativas, por la educación y la creación de servicios de bienestar social, e impidiéndolos que alcancen otros objetivos, son incompatibles con lo dispuesto en el Convenio ya que tienen el efecto de limitar el ejercicio del derecho de asociación y de coalición: Chile – CEACR, Convenio núm. 11, observación, 1948.

Diálogo social

185.    Los párrafos 11-13 de la Recomendación núm. 149 piden a los Estados Miembros que adopten medidas para asegurarse de que tienen lugar consultas y un diálogo efectivo con las organizaciones de trabajadores rurales sobre todas las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y de vida en las zonas rurales. Las organizaciones de trabajadores rurales deberían participar en la redacción de las leyes que afectan a sus intereses y asociarse a la creación de políticas socioeconómicas, así como a la formulación, aplicación y evaluación de los programas de reforma agraria. Los Estados Miembros deberían estimular la creación de procedimientos e instituciones (como las juntas y comités reglamentarios, los órganos de desarrollo y los consejos económicos y sociales) que favorezcan los contactos entre los interlocutores sociales y las autoridades competentes.

Consulta y participación de las organizaciones de trabajadores rurales

Los párrafos 11-13 de la Recomendación núm. 149 tratan sobre la consulta y la participación de las organizaciones de trabajadores rurales:

11. Deberían adoptarse medidas adecuadas para lograr que haya consultas y diálogo efectivos con las organizaciones de trabajadores rurales sobre todas las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y de vida en las zonas rurales.

12. 1) Por lo que se refiere a la formulación y, eventualmente, a la aplicación de los planes y programas económicos y sociales y de cualquier otra medida de carácter general relativa al desarrollo económico, social y cultural de las zonas rurales, las organizaciones de trabajadores rurales deberían estar asociadas a los procedimientos e instituciones de planificación, como son los servicios y comités oficiales, los organismos de desarrollo y los consejos económicos y sociales.

2) En particular, deberían adoptarse medidas apropiadas para hacer posible la participación efectiva de tales organizaciones en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de reforma agraria.

13. Los Estados Miembros deberían estimular la creación de procedimientos e instituciones que favorezcan los contactos entre las organizaciones de trabajadores rurales, los empleadores y sus organizaciones y las autoridades competentes.

186.    La Comisión concede una gran importancia a la promoción del diálogo y las consultas sobre las cuestiones de interés mutuo entre las autoridades públicas y las organizaciones que representan a los trabajadores rurales. En este sentido, considera conveniente referirse a la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960 (núm. 113) en cuyo párrafo 1 establece que «se deberían adoptar medidas apropiadas a las condiciones nacionales para promover de manera efectiva la consulta y la colaboración, en las ramas de actividad económica y en el ámbito nacional, entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores». De conformidad con el párrafo 5 de la Recomendación, esta consulta y cooperación debería ir dirigida a «garantizar que las autoridades públicas competentes tratan los puntos de vista, el asesoramiento y la asistencia de los empleadores y las organizaciones de trabajadores», en particular, en «la preparación y la aplicación de las leyes y reglamentos que afectan a sus intereses» y «a la elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social».

187.    La Comisión señala que los instrumentos requieren más que la mera existencia de un derecho de ser consultados o de colaborar. En su lugar, los gobiernos deberían garantizar que las consultas y la colaboración de las organizaciones de trabajadores rurales tiene lugar en la práctica y es efectivo. Dadas las especificidades del sector rural, la Comisión alienta a los gobiernos a adoptar medidas activas tendentes a garantizar que las organizaciones de trabajadores rurales están representadas en el diálogo social a distintos niveles y que su voz es oída en varios asuntos que inciden sobre las comunidades rurales y el desarrollo rural.

Consultas sobre la legislación

188.    La Comisión saluda el hecho de que muchos gobiernos informan que las organizaciones de trabajadores rurales participan en la redacción de la legislación que afecta a la agricultura en el sector rural[1]. Por ejemplo, según el Gobierno de Belarús, el Sindicato de Trabajadores del Sector Agrícola participó en la redacción de todas las leyes que afectan a los intereses sociales y económicos de los trabajadores en el sector. El Gobierno de Bosnia y Herzegovina señaló que en la República Srpska las organizaciones de trabajadores fueron consultadas durante el proceso de redacción de leyes y reglamentos. El Gobierno de Australia comunicó que, al concebir la nueva reglamentación en esta materia, los órganos gubernamentales deben demostrar que han celebrado consultas con los agentes sociales antes de someter la ley a la aprobación del Gobierno. El Gobierno de Cuba informó de que los representantes de los trabajadores participan generalmente en la elaboración de la legislación laboral, que es objeto de debate también en las asambleas de trabajadores en los lugares de trabajo. Según el Gobierno de Lituania, la Federación Sindical de Trabajadores Agrícolas Lituanos goza del derecho a promover iniciativas legislativas y a someter propuestas a la aprobación del Seimas (Parlamento lituano) y del Gobierno en relación con la adopción y la mejora de la legislación nacional.

189.    El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia informó que la existencia de sindicatos de trabajadores asalariados rurales, así como de organizaciones de pueblos indígenas, ha dado lugar a la elección o nombramiento de algunos trabajadores de zonas rurales para la Asamblea Legislativa Nacional y para otras entidades electivas de carácter municipal y departamental. Señaló asimismo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Bienestar Social promovió la celebración de foros de diálogo tripartito (mesas tripartitas) para el cumplimiento de los derechos sociales y laborales de los trabajadores rurales.

190.    La Comisión destaca el valor de consultar a las organizaciones de trabajadores rurales durante la preparación de la legislación que afecta a sus intereses. La legislación redactada con la aportación de las personas en las que más influirá resultará beneficiada de la experiencia práctica y los conocimientos de éstas.

Participación en la elaboración de las políticas socioeconómicas nacionales

191.    La Comisión recuerda que el Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149 reconocen la necesidad de permitir que las organizaciones de trabajadores rurales desempeñen un papel en el desarrollo económico y social. Varios gobiernos afirmaron generalmente que los trabajadores rurales y agrícolas participan en la configuración de sus políticas socioeconómicas[2]. Una serie de gobiernos declararon que la participación de los trabajadores rurales en el desarrollo de sus respectivas políticas nacionales tiene lugar normalmente en el marco de órganos tripartitos. En Belarús, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores del Sector Agrícola estuvo representado por el Consejo Nacional de Asuntos Laborales y Sociales y, según el Gobierno, tuvo una considerable influencia en la formulación e implementación de las políticas socioeconómicas en la esfera del trabajo. En Eslovenia, la Asociación de Sindicatos Libres de Eslovenia (a la que están afiliados varios sindicatos que representan a los trabajadores rurales) es miembro del Consejo Económico y Social, un órgano tripartito establecido para considerar cuestiones y medidas en relación con la política económica y social y con algunos aspectos del diálogo social.

192.    El Gobierno de la República Checa informó de que la Asociación de Sindicatos Independientes, a la cual pertenecía el Sindicato de Trabajadores en la Agricultura y la Alimentación, participó en la labor realizada por el Acuerdo del Consejo Económico y Social, el máximo órgano tripartito a nivel nacional. Dentro del Consejo existían equipos tripartitos específicos de trabajadores que se ocupaban de varios asuntos (relaciones laborales, negociación colectiva y empleo; política económica, desarrollo local, reforma de las pensiones, seguridad y salud en el trabajo; educación y recursos humanos), mediante los cuales se consulta a las organizaciones de trabajadores sobre la elaboración y la aplicación de las políticas gubernamentales, incluidas las que se refieren a la agricultura y las zonas rurales.

193.    Teniendo en cuenta la trascendencia de las zonas rurales para la economía nacional de muchos países, la Comisión alienta a los gobiernos a involucrar a las comunidades rurales mediante las organizaciones de trabajadores rurales, en el desarrollo y la aplicación de las políticas socioeconómicas. El desarrollo sostenible económico y social no puede lograrse sin la contribución de las poblaciones rurales.

Participación en el desarrollo rural

194.    Varios países informaron que las organizaciones de trabajadores rurales participaron en el desarrollo y la aplicación de las políticas y programas sobre desarrollo rural. A este respecto, el Gobierno del Níger señaló que las organizaciones de trabajadores rurales participaron en las cámaras regionales de agricultura, responsables de las políticas y programas de desarrollo. En el Canadá (Quebec), las organizaciones de trabajadores rurales son miembros de varios comités conjuntos en el marco de los cuales colaboran en la toma de decisiones y de orientación política respecto al desarrollo económico y social de las zonas rurales. El Gobierno de México comunicó que, en 2014, se ha adoptado una nueva política nacional de alimentación agraria en cuyo diseño han participado las principales organizaciones de campesinos y productores. El Gobierno de Madagascar informó que las organizaciones de trabajadores rurales participaron en la redacción e implementación de proyectos de desarrollo rural[3]. El Gobierno de Tailandia señaló que las federaciones de cooperativas participaron en la determinación y evaluación de los planes nacionales de desarrollo rural. En sus comentarios sobre la aplicación del Convenio núm. 141 por Costa Rica, la Comisión tomó nota debidamente del papel destacado que siguen cumpliendo las organizaciones de trabajadores en esta materia y del alcance del debate en cuanto a su participación activa en la determinación de las políticas agrícolas, tanto a nivel de producción como de bienestar social[4].

Participación en la promoción de los derechos de los trabajadores agrícolas y rurales

195.    Las memorias presentadas por los Estados Miembros ofrecen numerosos ejemplos de sindicatos y otras organizaciones de trabajadores que promueven los derechos laborales de las comunidades rurales mediante diversos mecanismos de diálogo social, campañas y otras iniciativas.

El papel de las organizaciones de trabajadores rurales

Los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores rurales suelen llevar a cabo actividades con miras a mejorar la educación general y específica y los niveles de calificación de sus afiliados y de la comunidad rural más amplia. Algunas veces, estas actividades pueden realizarse con el apoyo y la asistencia directas del gobierno y de otras entidades como universidades y organizaciones no gubernamentales. En otras ocasiones, son las propias organizaciones, dentro de un marco de capacitación creado por el gobierno, las que realizan las actividades. En este sentido, la Comisión destaca las orientaciones dadas por el párrafo 10 de la Recomendación núm. 149 establece que:

1) Cuando, debido a las condiciones existentes, los trabajadores rurales tengan dificultad para tomar la iniciativa de crear y hacer funcionar sus propias organizaciones, debería estimularse a las organizaciones existentes para que proporcionen a esos trabajadores rurales, a petición suya, una asistencia y un asesoramiento apropiados, que correspondan a los intereses de los trabajadores rurales.

2) En caso necesario, y cuando así se solicite, esta asistencia podría complementarse con servicios consultivos por personal calificado para prestar asesoramiento jurídico y técnico y para impartir instrucción.

196.    En sus comentarios recientes sobre la aplicación del Convenio núm. 141 por la India, la Comisión tomó nota con interés de que la Federación India de Trabajadores y Asistentes Anganwadi (AIFAWH) y sus sindicatos afiliados en 23 Estados han contribuido a lograr algunas prestaciones para los empleados de los anganwadi (guarderías de enseñanza preescolar), y propiciar la confianza en sí mismas de cientos de miles de trabajadoras. Los miembros de la AIFAWH participan activamente en las campañas sindicales conjuntas y luchan para la mejora de las condiciones de los trabajadores de diversos sectores, incluidos los trabajadores agrícolas, los campesinos y las mujeres[5]. El Gobierno del Níger informó de que la existencia de las organizaciones de trabajadores rurales dio lugar a la creación de más de 7 089 puestos de trabajo. El Gobierno de Francia comunicó que los representantes de los trabajadores agrícolas son miembros del comité conjunto responsable de formular propuestas sobre cuestiones tales como la clasificación de puestos de trabajo, los salarios, las prestaciones, el tiempo de trabajo y la licencia remunerada. De acuerdo a lo informado por el Gobierno en la Argentina, la Comisión Nacional de Trabajo Agrario[6], un órgano tripartito, medió en conflictos colectivos en el sector y contó con la autoridad para establecer las condiciones de trabajo y remuneración mínima de los trabajadores rurales así como las prestaciones por alojamiento y manutención que suministran los empleadores.

197.    Según el Gobierno de Finlandia, todas las organizaciones de trabajadores rurales, en cuanto miembros de la División de Agroindustria dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y del Comité Consultivo sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, participaron en el desarrollo y la aplicación de las políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno de Kirguistán destacó el importante papel que desempeñó el sindicato del ramo en la decisión gubernamental de ratificar, en 2004, el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184). En Bélgica, según el Gobierno, los comités paritarios en el sector del que se trate (trabajo técnico en la agricultura y la horticultura, agricultura, cultivos hortícolas y silvicultura) crearon fondos de seguridad que cumplen, con las cotizaciones de los empleadores, tareas de utilidad social como la concesión de préstamos, la organización de cursos de formación profesional para los trabajadores y los jóvenes, y la financiación de la seguridad social y la salud para los trabajadores.

198.    Varios Estados Miembros informaron de que las organizaciones de trabajadores rurales habían participado en la aplicación de las políticas nacionales que inciden en las comunidades rurales. El Gobierno de Côte d’Ivoire señaló que las cooperativas participaron en el desarrollo económico y social mediante la creación de infraestructuras económicas: escuelas primarias, centros de salud, cafeterías en las escuelas y bombas de extracción de agua en los pueblos. El Gobierno de Austria manifestó que la Styria, o cámara de trabajadores agrícolas, ofrece un amplio abanico de servicios de apoyo, entre otros para iniciativas medioambientales, como energías alternativas y conservación de energías.

Llegar hasta las comunidades rurales por medio de cooperativas

La OIT ha apoyado a una serie de gobiernos en sus esfuerzos por empoderar a las cooperativas rurales. Algunas iniciativas importantes han consistido en utilizar cooperativas como puertas de entrada en las comunidades rurales y respaldarlas para que respondan mejor al VIH/SIDA.

Desde 2006, por ejemplo, la OIT ha estado apoyando al Gobierno de Mozambique, a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como a otros actores del sector informal y de las cooperativas para que desarrollen y apliquen los programas del VIH y el sida en el lugar de trabajo, hacienda hincapié en el marco de la economía informal y de las cooperativas agrícolas. Se ha promovido la capacitación técnica de 250 cooperativas, 1 000 personas han pasado pruebas médicas y se ha promovido y aplicado una política sobre el VIH y el sida en el lugar de trabajo.

En Etiopía, las cooperativas han sido esenciales para llegar a los trabajadores tanto locales como migrantes dentro del marco de proyectos similares sobre VIH/SIDA. Contando con el apoyo de la OIT, el Gobierno ha empoderado a las cooperativas agrícolas en la región de Oromia para que fomenten el intercambio de información y comportamientos, así como para que proporcionen asesoramiento voluntario y hagan análisis clínicos de VIH/SIDA y presten atención sanitaria y tratamiento a los trabajadores. En colaboración con las cooperativas hizo posible que se llegara hasta grupos sociales potencialmente excluidos por sus dificultades de acceso a la información y a los servicios de salud, su escasa alfabetización y su nivel de pobreza.

Participación en la resolución de conflictos laborales

199.    La Comisión reconoce el valor de las organizaciones de trabajadores rurales que representan a sus miembros en la búsqueda de soluciones a los conflictos laborales individuales y colectivos. Varios países se refirieron al papel de las organizaciones de trabajadores rurales en la representación de sus miembros en conflictos laborales de orden individual o colectivo[7]. El Gobierno de Austria señaló, por ejemplo, que se han establecido asociaciones especiales en materia de agricultura y silvicultura (cámaras de trabajadores agrícolas) en algunos Estados. Estas cámaras agrarias estaban encargadas de representar a la amplia mayoría de sus miembros, también en los procedimientos que se sustancien ante la jurisdicción laboral y social.

Intercambio de información, enseñanza y formación profesional

200.    En virtud del artículo 6 del Convenio núm. 141, «[d]eberán adoptarse medidas para promover la mayor comprensión posible de la necesidad de fomentar el desarrollo de organizaciones de trabajadores rurales y de la contribución que pueden aportar para mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones generales de trabajo y de vida en las regiones rurales, así como para incrementar la renta nacional y lograr una mejor distribución de la misma».

201.    Los párrafos 14-17 de la Recomendación núm. 149 establecen una lista exhaustiva de medidas posibles en relación con el intercambio de información, la enseñanza y la formación profesional. Al poner en marcha políticas para promover activamente las organizaciones de trabajadores rurales, los Estados Miembros podrían considerar oportuno tener en cuenta las diversas iniciativas que se ajustan al contexto concreto de sus países. Los párrafos 14 y 15 tratan sobre las medidas para promover una mejor comprensión por parte de los directamente interesados, así como del público en general. El alcance de las medidas propuestas es claro: las autoridades responsables podrán considerar pertinente poner en marcha campañas sobre derechos; iniciativas con medios de comunicación; seminarios con las partes interesadas locales; visitas al terreno; y la elaboración de programas de enseñanza ajustados a las escuelas.

Información pública

Los párrafos 14 y 15 de la Recomendación núm. 149 establecen que:

14. Deberían adoptarse medidas, especialmente por parte de las autoridades competentes, para promover:

a)una mejor comprensión por parte de los directamente interesados, como son las autoridades centrales, locales y otras, los empleadores rurales y los propietarios de tierras, de la contribución que podrían prestar las organizaciones de trabajadores rurales al incremento y mejor distribución de la renta nacional, al aumento de las oportunidades de empleo productivo y remunerador dentro del sector rural, a la elevación del nivel general de instrucción y de formación de las diferentes categorías de trabajadores rurales y al mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y de vida en las regiones rurales;

b)una mejor comprensión por parte del público en general, y en particular en los sectores no rurales de la economía, de la importancia que tiene el mantener un equilibrio adecuado entre el desarrollo de las zonas rurales y el de las zonas urbanas y de la conveniencia de favorecer el desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales como medio para lograr este equilibrio.

15. Estas medidas podrían consistir, entre otras cosas, en:

a)campañas de información y de educación de masas en especial para proporcionar a los trabajadores rurales información completa y práctica sobre sus derechos a fin de que puedan ejercitarlos cuando lo necesiten;

b)programas de radio, televisión y cine, así como la publicación regular de artículos en la prensa local y nacional en que se describan las condiciones de vida y de trabajo en las regiones rurales y se expliquen los objetivos de las organizaciones de trabajadores rurales y los resultados de su actuación;

c)la organización, en el plano local, de seminarios y de reuniones con la participación de representantes de las diferentes categorías de trabajadores rurales, de los empleadores y de los propietarios de tierras, de otros sectores de la población y de las autoridades locales;

d)la organización de visitas a las regiones rurales de periodistas, representantes de los empleadores y de los trabajadores de la industria y el comercio, de escolares y estudiantes universitarios acompañados por sus profesores y de otros representantes de diferentes sectores de la población;

e)la preparación de programas apropiados de enseñanza para los diversos tipos y niveles de escuelas que reflejen adecuadamente los problemas de la producción agrícola y la vida de los trabajadores rurales.

202.    Los párrafos 16 y 17 se ocupan de la enseñanza y la formación profesional en las comunidades rurales. Además de la educación de los dirigentes y de los miembros de las organizaciones de trabajadores rurales, los programas podrían incluir programas de alfabetización para los trabajadores rurales en general, programas orientados a las mujeres, formación de educadores para contribuir al desarrollo de las cooperativas y de otros servicios, y promoción de la juventud rural.

Enseñanza y formación profesional

Los párrafos 16 y 17 de la Recomendación núm. 149 establecen que:

16. A fin de lograr que las organizaciones de trabajadores rurales se desarrollen adecuadamente y asuman rápidamente todas sus funciones en el desarrollo económico y social, deberían tomarse medidas, entre otras, por las autoridades competentes, con objeto de:

a)dar a los dirigentes y a los miembros de estas organizaciones nociones acerca de:

i)la legislación nacional y las normas internacionales relativas a materias que presentan un interés directo para la actividad de las organizaciones, tales como el derecho de asociación;

ii)los principios fundamentales que rigen la creación y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales;

iii)los problemas del desarrollo rural como parte del desarrollo económico y social del país, incluidos la producción agrícola o artesanal, el almacenamiento, la transformación, el transporte, la comercialización de los productos y los intercambios comerciales;

iv)los principios y las técnicas de planificación nacional a los diferentes niveles;

v)los manuales y programas de formación publicados o establecidos por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo u otros organismos especializados que tienen por objeto la educación y la formación de los trabajadores rurales;

b)mejorar y fomentar la educación de los trabajadores rurales en todos los planos, general, técnico, económico y social, con objeto de hacerlos más capaces para desarrollar sus organizaciones y conocer sus derechos y, al mismo tiempo, para participar activamente en el desarrollo del medio rural. Debería prestarse atención particular a la formación de los trabajadores total o parcialmente analfabetos mediante programas de alfabetización ligados al desarrollo práctico de sus actividades;

c)promover programas que tengan en cuenta el papel que las mujeres pueden y deben desempeñar en las comunidades rurales, como parte integrante de los programas generales de enseñanza y de formación a los que las mujeres deberían tener las mismas posibilidades de acceso que los hombres;

d)proporcionar una formación especial a los encargados de la educación de los trabajadores rurales que les dé la posibilidad, por ejemplo, de contribuir al desarrollo de servicios cooperativos y de otros tipos de servicios adecuados que permitan a las organizaciones atender directamente las necesidades de sus miembros y reforzar su independencia merced a la autonomía económica;

e)apoyar programas que incluyan todos los aspectos de la promoción de la juventud rural.

17. 1) Para proporcionar efectivamente la educación y formación a que se hace referencia en el párrafo 16 supra, deberían establecerse y desarrollarse programas de educación obrera y de educación de adultos adaptados especialmente a las condiciones nacionales y locales, así como a las necesidades sociales, económicas y culturales de las diversas categorías de trabajadores rurales, incluidas las necesidades particulares de las mujeres y de los adolescentes.

2) En vista de sus conocimientos y experiencia en estas materias, los movimientos sindicales y las organizaciones existentes que representan a los trabajadores rurales podrían ser asociados estrechamente a la formulación y puesta en práctica de tales programas.

203.    En sus memorias, muchos Estados Miembros suministraron detalles sobre las medidas adoptadas en materia de educación, formación e intercambio de información que se están aplicando en sus respectivos países. Según el Gobierno de Australia, por ejemplo, el ombudsman para las relaciones laborales justas ayudó a los trabajadores y al público en general a comprender sus derechos y responsabilidades en el lugar de trabajo y veló por el cumplimiento de las leyes australianas en esta materia. Los servicios que presta el ombudsman son gratuitos, y los trabajadores, incluidos los trabajadores rurales, pueden hacer uso de diversas actividades educativas (de forma presencial, telefónica o mediante charlas electrónicas, por medio de folletos informativos y páginas web, talleres, seminarios y programas sindicales que se imparten por todo el país). El ombudsman elabora un paquete informativo en inglés y en 11 lenguas comunitarias con el fin de informar a los trabajadores de sus derechos, sobre todo, de la libertad sindical[8].

204.    El Gobierno de la India señaló que la Junta Central de Educación Obrera, un órgano tripartito, organizó varios tipos de programas de formación encaminados a sensibilizar a los trabajadores de los sectores organizado, no organizado, rural e informal sobre sus derechos. Mediante su plan de subvenciones en forma de ayuda, la Junta amplió la ayuda financiera a las organizaciones sindicales y las instituciones educativas para que lleven a cabo programas educativos para los trabajadores. La Junta puso en marcha también programas exclusivos de formación para los trabajadores rurales en las aldeas, así como a nivel de blocks (división administrativa local que agrupa varias aldeas) y distrito con objeto de instruir a las masas de población rural sobre las ventajas que conlleva el Programa Nacional de Garantía de Empleo Rural Mahatma Ghandi[9]. El Gobierno informó que el programa había apuntado los grupos pobres y marginalizados como las castas/tribus (38 por ciento) y mujeres (53 por ciento); que la tecnología de comunicación de la información se ha utilizado para mejorar la eficiencia de los programas, y que las áreas de trabajo del programa incluyen a la agricultura, la pesca y el saneamiento rural. Además, el Instituto Nacional de Desarrollo Laboral Vivi Giri ha emprendido un proyecto que lleva por título «Programa sindical para la organización rural» sobre capacitación de los trabajadores rurales. La Comisión había tomado nota con interés anteriormente de que el Gobierno había creado programas de sensibilización para ayudar a los trabajadores del sector no organizado en las pequeñas empresas a que aprendan más sobre los derechos que les asisten en virtud de las diversas leyes vigentes. Estos programas abarcan un amplio catálogo de temas, entre otros, el derecho de libertad sindical, y se concentran en categorías especiales de trabajadores y trabajadoras[10].

205.    El Gobierno de Côte d’Ivoire informó de que, en 1994, se creó el proyecto de centres de métiers ruraux para la formación de las poblaciones rurales. Sus actividades de formación tenían como objeto, entre otros, la comunicación participativa, y el fortalecimiento de las capacidades de organización y negociación. El Gobierno del Camerún comunicó que el Institut de recherche agricole pour le developpement (Instituto de investigación agrícola para el desarrollo) dependiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha llevado a cabo cursos de formación para la capacitación de los trabajadores rurales. Además, en cada unidad en las zonas rurales, oficinas agrícolas y forestales han sido creadas para acompañar a los trabajadores rurales en el marco de sus actividades. El Gobierno de la Argentina señaló que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores llevó a cabo, de forma conjunta y/o con la ayuda del Gobierno y otras organizaciones (universidades y organizaciones no gubernamentales) una serie de actividades que posibilitaron el perfeccionamiento laboral de sus trabajadores. Además, el Gobierno lanzó el Programa de Alfabetización Rural dirigido a adquirir competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas con objeto de mejorar las capacidades de los trabajadores para defender sus derechos.

206.    El Gobierno de Etiopía mencionó los programas de sensibilización de los trabajadores centrado en la importancia de organizarse para promover sus derechos fundamentales y negociar mejores condiciones de contratación. Todos los programas prestan la debida atención al equilibrio de género. El Gobierno de Bahrein señaló que el Ministerio de Trabajo trató de fortalecer y promover que no haya discriminación en los sindicatos, así como tampoco en la actual federación sindical, mediante programas y talleres de formación. El Gobierno mencionó el Programa de Trabajo Decente por País suscrito por el Gobierno, sus interlocutores y la OIT en 2010, que, junto con asesoramiento y apoyo técnico, prevé una serie de programas de formación. El Gobierno del Ecuador informó que los programas se aplican para formar a los dirigentes en el sector rural y para fortalecer la capacidad de las organizaciones rurales a nivel comunitario, provincial, regional y nacional. Por ejemplo, las escuelas que fomentaban la «revolución agraria» se dedicaron a promover la confianza de las comunidades rurales en sus propias habilidades, conocimientos y experiencia. Entre otras iniciativas podemos citar la metodología «hombro a hombro» y las «escuelas de campos»[11].

207.    El Gobierno de Seychelles informó de que la Agencia para la Promoción de la Pequeña Empresa gestionó la prestación de apoyo técnico y administrativo en lo que se refiere a materiales para la conexión en red, programas y talleres en materia de formación empresarial con el fin de promover la capacitación de los trabajadores miembros y de estimular su participación en sus respectivas asociaciones. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia señaló que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Bienestar Social, en colaboración con otras entidades gubernamentales, ha puesto en marcha una campaña nacional para compartir y difundir información sobre derechos fundamentales laborales y sociales entre los sindicatos de trabajadores rurales y las organizaciones de pueblos indígenas en zonas rurales mediante actividades de formación y talleres, distribución de folletos, carteles y programas de radio. En todas ellas se contempla la igualdad de género en el trabajo. El Gobierno de la República Unida de Tanzanía comunicó que, además de efectuar inspecciones en el lugar de trabajo, los funcionarios del trabajo educan a los trabajadores y a los empleadores en la importancia de los sindicatos para la consecución de sus intereses, la mejora de la productividad y el crecimiento económico en su conjunto.

208.    Se ha destacado en varias ocasiones el papel que cumplen las organizaciones de trabajadores en la educación y la difusión de la información. En este sentido, el Gobierno de Lituania, por ejemplo, señaló que la Federación Sindical de Trabajadores Agrícolas Lituanos organizó actividades educativas para dirigentes sindicales y afiliados así como actividades de campamento de verano para los niños en edad escolar. El Gobierno de Eslovaquia mencionó el Sindicato de Trabajadores Agrícolas, que presta asesoramiento, asistencia e información a sus afiliados a nivel empresarial y que imparte cursos de formación a nivel empresarial para los representantes sindicales sobre negociación colectiva. El Gobierno de Cuba informó de que los sindicatos tienen su propio centro de formación, la Escuela Lázaro Peña, así como una red de escuelas en todas las provincias donde, entre 2006 y 2013, se han formado 156 101 sindicalistas de los sectores de la agricultura, la silvicultura, el tabaco y la caña de azúcar.

209.    En su memoria, el Gobierno de Francia se refirió al ejemplo de la Association des salariés de l’agriculture pour la vulgarisation du progrès agricole (ASAVPA). Los objetivos de esta asociación, creada en 1961, consisten en concienciar a los trabajadores agrícolas sobre la importancia de su función en la agricultura; ayudar a romper el aislamiento social y geográfico que padecen; fomentar la mejora de sus capacidades técnicas, económicas y sociales; y propiciar que se conviertan en profesionales competentes y mejorar su nivel de vida. La ASAVPA se ocupa de organizar la difusión de información entre los trabajadores del sector agrícola mediante intercambios, reuniones, visitas de estudio, boletines informativos y cursos de formación.

210.    Los Gobiernos de Austria (Styria), Bosnia y Herzegovina (respecto a la Federación de Bosnia y Herzogovina), Francia, Malta y Tailandia subrayaron además el rol que desempeñan las organizaciones de trabajadores en tales iniciativas de educación e intercambio de información.

211.    La Comisión concede una gran importancia a la enseñanza, la formación profesional y al intercambio de información como método esencial para garantizar que los trabajadores rurales ejercen sus derechos de libertad sindical. La Comisión alienta a los gobiernos a dar cumplimiento a las disposiciones de la Recomendación núm. 149 en este aspecto.

Asistencia financiera y material

212.    Varios gobiernos suministraron información sobre programas de asistencia económica y material en sus países. El Gobierno de Côte d’Ivoire indicó que a través de la Agencia Nacional para el Desarrollo Rural, había puesto en marcha mecanismos para proporcionar asistencia técnica a los trabajadores rurales que deseen establecer organizaciones fuertes y viables [12]. El Gobierno de Australia señaló que había apoyado la Fundación para el Liderazgo en el Medio Rural Australiano, concretamente, su Programa de Liderazgo en el Medio Rural[13], que ha patrocinado a varios participantes durante los últimos veinte años. El Gobierno financió también la Fundación para la Formación sobre Industrias Primarias, que ha proporcionado información sobre agricultura a los profesores, estudiantes y a la comunidad en su conjunto, con el objetivo de promover su formación y su carrera profesional en las industrias primarias y de mejorar sus conocimientos sobre agricultura.

213.    El Gobierno del Canadá comunicó que el Departamento de Innovación y Desarrollo Empresarial y Rural de Terranova y Labrador ha prestado apoyo a algunas organizaciones mediante el Fondo de Desarrollo Regional compuesto de dos programas: el Programa de desarrollo regional y el Programa para la capacitación de las comunidades. El primer programa ha otorgado subvenciones a las organizaciones que se ocupan de fomentar y aplicar iniciativas económicas para favorecer el desarrollo económico, la innovación y la creación de capacidades en todas las regiones de la provincia. El Programa para la capacitación de las comunidades ha ofrecido asistencia para la formación y respaldo económico a organizaciones sin ánimo de lucro que están inequívocamente comprometidas con el desarrollo económico y empresarial. Este programa se basa en la planificación de estrategias, el fomento de las relaciones y de las capacidades de organización y gestión, y en el desarrollo cooperativo. El Programa juvenil de convocatoria de ideas innovadoras concedió becas a organizaciones sin ánimo de lucro, escuelas, instituciones de educación de nivel superior, organizaciones juveniles, municipios y asociaciones de la industria para que lleven a cabo proyectos que insuflen nuevas ideas y pensamiento creativo al tiempo que fortalezcan las nociones de innovación y colaboración para la solución de problemas en los jóvenes.

214.    La Comisión tomó nota debidamente de las iniciativas del Gobierno de Malta para promover la participación de los trabajadores y del movimiento cooperativo mediante una unidad de apoyo establecida para suministrar servicios (principalmente servicios de gestión) a las cooperativas; la citada unidad ayudó también a los trabajadores por cuenta propia que deseaban constituirse como nueva cooperativa[14]. Además, tomó nota de la memoria del Gobierno de 2002 en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT según la cual los miembros de todas las cooperativas agrícolas se beneficiaron de un régimen de incentivos del Gobierno consistente en reembolsos por un valor equivalente a la mitad de sus cotizaciones al seguro obligatorio. Los integrantes de las cooperativas se beneficiaron también de un trato financiero preferente al comprar y/o vender a las cooperativas. La mayoría de las cooperativas ofrecieron programas patrocinados de reembolso a sus miembros y, por lo general, ayudaron a organizar y clasificar, producir, investigar y desarrollar sus productos.

215.    El Gobierno de Mauricio informó de que habían concedido exenciones e incentivos fiscales a las sociedades cooperativas agropecuarias con miras a fomentar su constitución y desarrollo. El Gobierno del Gabón señaló que, en virtud de la ley núm. 22/2008 de 2008, se han previsto facilidades de crédito y deducciones tributarias para los agricultores.

Asistencia financiera y material

El párrafo 18 de la Recomendación núm. 149 establece que:

1) Cuando las organizaciones de trabajadores rurales, especialmente en las etapas iniciales de su desarrollo, consideren que necesitan ayuda financiera o material, por ejemplo, para poder llevar a cabo programas de enseñanza y formación, y cuando soliciten y obtengan esa ayuda, deberían tener la posibilidad de recibirla de manera que se respeten totalmente su independencia e intereses y los de sus miembros. Esa asistencia debería ser complementaria de las iniciativas y los esfuerzos de los trabajadores rurales para financiar sus propias organizaciones.

2) La disposición anterior se aplica a toda ayuda financiera y material, inclusive cuando sea política del propio Estado proporcionar tal ayuda.

216.    Además, algunos gobiernos transmitieron información sobre servicios financieros suministrados por organizaciones de trabajadores rurales a sus miembros. El Gobierno de Mozambique informó que, mediante sus organizaciones, los productores se beneficiaron del crédito y, por tanto, mejoraron la producción y la productividad, recibieron asesoramiento sobre el desarrollo de recursos humanos y acceso a los mercados. Esto, a su vez, redujo la pobreza y el desempleo en las áreas rurales y palió el hambre. El Gobierno del Japón señaló que las cooperativas contribuyeron a la mejora de la situación económica y social de los agricultores y de la productividad agrícola mediante diversas actividades como la concesión de créditos, la ayuda mutua, la orientación para la gestión de la explotación agrícola, las venta y adquisición de insumos, etc. Según el Gobierno de Tailandia, las organizaciones de trabajadores rurales ayudaron a sus miembros en cometidos tales como el suministro de materias primas, la financiación y distribución de productos. El Gobierno de Bosnia y Herzegovina señaló que en la Federación de Bosnia y Herzegovina, las cooperativas de trabajadores rurales se asociaban con miras a promocionarse en los mercados y a la adquisición y venta de sus productos agrícolas en los mercados nacionales y extranjeros. Asimismo, proporcionan certificaciones, créditos y asistencia a sus miembros para el desarrollo de proyectos.

217.    En este mismo sentido, la Comisión tomó nota del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa (PRONAMYPE) que el Gobierno de Costa Rica ha puesto en marcha con el fin de ayudar a las personas con escasos recursos que no reúnen las condiciones para calificarse como beneficiarios de créditos en el sistema bancario nacional, mediante la constitución de una microempresa y la formación en administración de empresas. La PRONAMYPE ha beneficiado a un total de 3 251 personas gracias a sus programas de crédito y formación, y un 56,04 por ciento de los préstamos concedidos se han dirigido a actividades agrícolas[15].

218.    Las organizaciones de trabajadores rurales pueden necesitar, tanto más en las fases iniciales de su desarrollo, ayuda financiera o material para poder llevar a cabo actividades tales como programas de enseñanza y formación. La Comisión recuerda que toda ayuda financiera y material suministrada por los gobiernos debería respetar la independencia e intereses de las organizaciones de trabajadores rurales y de sus miembros. En virtud del párrafo 18, 1), de la Recomendación núm. 149, esa asistencia debería ser complementaria de las iniciativas y los esfuerzos de los trabajadores rurales para financiar sus propias organizaciones.

* * *

219.    La Comisión subraya que garantizar la participación plena y efectiva de las comunidades rurales en el desarrollo económico y social redunda en innumerables ventajas para el conjunto de la comunidad así como para los propios trabajadores rurales. Tomando nota de que la Recomendación núm. 149 establece una serie de medidas a este respecto, la Comisión invita a los gobiernos a que consideren formas de adaptar estas orientaciones a las circunstancias de sus propios países, destacando en particular la importancia de sensibilizar al respecto a las autoridades locales y las comunidades rurales. Debería prestarse una especial atención al fomento de los programas dirigidos a las mujeres y los jóvenes de las zonas rurales.

[1] Por ejemplo, Austria.

[2] El Gobierno de Mozambique informó de que la existencia de organizaciones de trabajadores rurales y sindicatos había permitido a sus miembros participar activamente en el desarrollo socioeconómico del país. El Gobierno de Cuba señaló que garantizar la consulta y la participación de los trabajadores y sus organizaciones en las decisiones relativas a la política laboral y la seguridad social a todos los niveles. El Gobierno de Túnez señaló que l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Unión Tunecina de Agricultura y Pesca) contribuyó, como miembros de las sociedad civil, a la política de orientación del Estado.

[3] Los Gobiernos de Argelia, Bosnia y Herzegovina (respecto a la República Srpska), Jordania y Senegal comunicaron una información similar.

[4] Costa Rica – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 1998.

[5] India – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 2012.

[6] Creada por la Ley núm. 26727, sobre el Trabajo Agrícola, de 2011.

[7] Por ejemplo, Camerún y Eslovaquia.

[8] Los Gobiernos de Malasia y Nepal han informado sobre iniciativas similares.

[9] India – CEACR, Convenio núm. 122, solicitud directa, 2014. La Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural, núm. 42, de 2005, conocida como la «Ley Nacional Mahatma Gandhi de Garantía del Empleo Rural» amplía al conjunto de los territorios de la India excepto al Estado de Jammu y Cachemira (art. 1, 2)) y tiene por objeto «la mejora de la seguridad en el sustento de los hogares en las zonas rurales del país» (Preámbulo), al garantizar al menos 100 días de empleo remunerado por cada ejercicio económico a todos los hogares cuyos miembros adultos deseen realizar un trabajo manual no calificado art. 3).

[10] India – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 1999.

[11] La metodología «hombro a hombro» consiste en una estrategia en virtud de la cual se constituyeron unidades agropecuarias en las parroquias en las que residen permanentemente técnicos agropecuarios. «En las ‘escuelas de campo’ se desarrollaron procesos de capacitación y transferencia de tecnología, eventos y pasantías relacionados con el sector agropecuario.»

[12] El Gobierno de Côte d’Ivoire también se refirió a los Fonds d’appui à la promotion de l’artisanat (Fondos de apoyo para la promoción de la artesanía) y a los Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (Fondos de apoyo a las mujeres de Côte d’Ivoire).

[13] Este programa se centra en la promoción del liderazgo profesional y personal, el examen de las principales cuestiones nacionales e internacionales con repercusiones para las zonas rurales de Australia y en la interacción con los dirigentes del gobierno, la industria y la comunidad.

[14] Malta – CEACR, Convenio núm. 141, 1995, acknowledgement.

[15] Costa Rica – CEACR, Convenio núm. 122, solicitud directa, 2014.

Parte II.Impedimentos para la aplicación y perspectivas para la ratificación de los instrumentos

Capítulo 5

Obstáculos que se presentan como impedimentos a la plena aplicación de los instrumentos

220.    En sus memorias presentadas con el fin de elaborar el presente Estudio General, muchos gobiernos expusieron la existencia de obstáculos significativos para la creación, el crecimiento y el ejercicio legítimo de las actividades de las organizaciones de trabajadores rurales. Otros gobiernos señalaron que no apreciaban traba alguna que impidiera el ejercicio de las actividades de estas organizaciones.

221.    La Comisión es consciente de que muchos obstáculos consisten en los mismos problemas que los convenios y recomendaciones se esfuerzan por resolver. Algunos gobiernos señalaron la presencia de impedimentos de orden legal creados por la falta de conformidad de la legislación nacional con las disposiciones de los instrumentos. Otros gobiernos afirmaron que existían obstáculos de índole práctica causados por las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales, a menudo característicos de las circunstancias nacionales. Tal como señaló la OIT en 1974, algunas de estas dificultades entorpecen el establecimiento de las organizaciones de trabajadores rurales y otras impiden que estas organizaciones «desempeñen plena y adecuadamente sus funciones en el desarrollo de la comunidad»[1].

222.    Al examinar las dificultades experimentadas por los Estados Miembros en la aplicación de los instrumentos, la Comisión tiene presente que no todos entienden el pleno potencial de los mismos. Esto representa un obstáculo clave para su aplicación plena y efectiva.

Obstáculos legales

223.    La Comisión recalca que la aplicación plena de los derechos garantizados por los Convenios núms. 11 y 141 exige la conformidad de la legislación nacional con lo dispuesto en los instrumentos. Tal como se analiza en profundidad en el capítulo 3, la Comisión ha tomado nota previamente de las restricciones legislativas en algunos países al ejercicio por parte de los trabajadores rurales del derecho a constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes[2]. En algunos casos, estas restricciones suponen una denegación casi completa del derecho a organizarse mientras que en otros limitan la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva para varias categorías de trabajadores rurales, como los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores migrantes, los trabajadores en pequeñas explotaciones agrícolas y los trabajadores temporales. A menudo, hay una falta de legislación que establezca mecanismos para fomentar y promover la participación activa de las organizaciones de trabajadores rurales.

Obstáculos prácticos

Problemas frecuentes en la aplicación

224.    Tan sólo puede considerarse que existe el derecho de los trabajadores a constituirse en las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas cuando esté reconocido y se cumpla tanto en la legislación como en la práctica. En este sentido, la Comisión recuerda que las dificultades derivadas de la aplicación de la libertad sindical en el marco de una economía rural suelen «proceder antes de una combinación de circunstancias que de la propia ley»[3].

225.    Al tiempo que señala que no hay obstáculos legislativos para que los trabajadores rurales constituyan y se afilien a las organizaciones que estimen convenientes [4], muchos Estados Miembros informaron de que, en la aplicación de la legislación en la práctica, suelen producirse problemas. El Gobierno del Gabón, por ejemplo, comunicó que se han registrado dificultades en la aplicación de las leyes y reglamentos en las zonas rurales; y el Gobierno de Lituania afirmó que es particularmente complicado establecer sindicatos en las zonas rurales.

Condiciones geográficas, socioeconómicas y culturales

226.    Varios gobiernos recalcaron, en general, que las condiciones geográficas, socioeconómicas y culturales representan obstáculos considerables para la instauración y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales. El Gobierno de Eritrea, por ejemplo, señaló que los efectos devastadores de la pobreza, la discriminación, la falta de oportunidades, el descenso de los niveles de renta y la elevada tasa de paro en las zonas rurales conduce a la existencia de disparidades entre las comunidades urbanas y rurales, y precisó que «hay millones de mujeres y hombres que trabajan en ese sector olvidado y subestimado». El Gobierno de Nepal estimó que los principales obstáculos para la aplicación del Convenio son de orden político, económico, cultural y ecológico, y observó que la agricultura en Nepal es, en su mayor parte, de carácter tradicional e informal.

227.    El Gobierno de Bangladesh explicó que los trabajadores rurales constituyen un grupo grande, poco calificado y de renta baja, y que el sector agrícola se basa en gran medida en una agricultura familiar de subsistencia caracterizada por una escasa productividad y una proporción muy baja de superficie de tierra por persona, así como por una fragmentación de las parcelas, una presión demográfica sumamente elevada y un régimen laboral en el que predominan los trabajadores por cuenta propia. El Gobierno de Mozambique señaló que el sector rural adolece de falta de servicios básicos, problemas socioculturales y falta de derechos de propiedad sobre la tierra. El Gobierno de la India observó que el sector rural se caracteriza principalmente por la práctica de una agricultura de subsistencia por agricultores pequeños y marginales que compaginan otros trabajos con el de jornaleros estacionales en la agricultura, una situación que no «es proclive al sindicalismo». El Gobierno de Lituania señaló que los trabajadores agrícolas realizan faenas en pequeñas explotaciones, con una elevada tasa de paro y una escasa eficiencia laboral. El Gobierno de Djibouti informó de que el sector agrícola en el país es rudimentario y subdesarrollado y está sujeto a muchas restricciones técnicas, financieras y organizativas, debido a las difíciles condiciones geoclimáticas que padece el país.

228.    La Comisión no ignora que las minorías raciales, étnicas, religiosas y lingüísticas pueden encontrarse con otros obstáculos al constituir una organización de trabajadores rurales o afiliarse a ella. En particular, es sabido que los pueblos indígenas y tribales afrontan desafíos considerables en este ámbito y en otros. La Comisión ha tomado nota anteriormente de una serie de obstáculos en relación con el cumplimiento del Convenio núm. 141 por parte de Guyana Francesa[5]:

… la población de Guyana Francesa está compuesta de numerosas comunidades cuyos modos de vida, sistemas culturales y, muy especialmente, sus lenguas, son enormemente diferentes. El francés no es la lengua maternal de la mayoría de los habitantes, lo que, a juicio del Gobierno, da lugar a una falta general de conocimientos sobre las normas elementales en materia de legislación laboral y a que los asalariados tengan dificultades de acceso a la información. Por último, unas 30 000 personas viven en el territorio de Guyana Francesa sin un permiso de residencia, registrándose una entrada constante de inmigrantes de los países de alrededor. La agricultura es uno de los sectores de actividad en el que los inmigrantes sin papeles trabajan en condiciones precarias e incluso renuncian a ciertos derechos que se derivan de su relación laboral.

229.    Tomando nota de que las memorias presentadas por los Estados Miembros no se refieren a obstáculos particulares que enfrentan las mujeres trabajadoras rurales, la Comisión es consciente de que estas trabajadoras han sido descritas a menudo como un colectivo que afronta dificultades especiales. Son las mujeres, con más probabilidad y frecuencia que los hombres, las que tienen trabajos a tiempo parcial y/o mal remunerados en la economía informal[6]. Los obstáculos que deben superar las trabajadoras rurales para ejercer sus derechos de libertad sindical suelen ser mayores que los que deben superar los hombres[7]; las trabajadoras rurales realizan en su mayoría trabajo en condiciones difíciles, y a menudo con escasa protección social o sanitaria[8].

230.    Algunos Estados Miembros informaron de que el aislamiento geográfico de los trabajadores rurales incidió en el establecimiento, expansión y funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales. La Comisión había tomado nota previamente de que los trabajadores agrícolas no suelen tener representación debido a la naturaleza ampliamente dispersa de sus actividades[9]. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, el Canadá, Guatemala y Namibia comunicaron que las largas distancias entre unos lugares de trabajo y otros suponen un obstáculo para la organización.

231.    El Gobierno de Namibia señaló que, a pesar de que las disposiciones de la Ley del Trabajo garantizan el derecho de organización sindical a los sindicatos registrados, resulta muy difícil llegar hasta los trabajadores rurales en explotaciones agrícolas de propiedad privada. La Comisión toma nota de que el Comité de Libertad Sindical examinó varias denuncias en relación con Costa Rica y República Dominicana sobre la existencia de impedimentos para la celebración de reuniones sindicales en las plantaciones. En esos casos, el Comité de Libertad Sindical se refirió a la resolución adoptada por la Comisión del Trabajo en las Plantaciones de la OIT, en su primera reunión en 1950, en la que se establece que los empleadores deberán suprimir los obstáculos existentes para la celebración de dichas reuniones[10].

Problemas administrativos

232.    Los problemas de orden administrativo suelen producirse cuando se trata de aplicar la legislación con respecto a trabajadores rurales que se encuentran con frecuencia dispersos y en zonas remotas. La Comisión tomó nota previamente de que el Gobierno de la India había señalado en su memoria que la aplicación de la legislación laboral a los trabajadores de la silvicultura o de la fabricación de ladrillos no se había gestionado satisfactoriamente debido a las insuficiencias en los mecanismos de la inspección del trabajo para garantizar la inspección periódica de lugares de trabajo diseminados por vastos territorios [11]. Las restricciones en la asignación de recursos habían impedido la aplicación efectiva de la ley y la introducción de mejoras en esta materia. El Gobierno de Bangladesh indicó que en lo que respecta a la agricultura, la inspección del trabajo no era siempre factible.

Naturaleza de las relaciones laborales

233.    Algunos rasgos habituales de las relaciones laborales del trabajo, como la predominancia de los trabajadores estacionales y familiares, causan problemas considerables en muchos países. En particular, muchos gobiernos informan de que las organizaciones de trabajadores rurales piensan que es difícil organizar a los trabajadores estacionales y temporales. Tal y como señaló el Estado Plurinacional de Bolivia, muchos trabajadores rurales son contratados por períodos breves de hasta tres meses para la recolección de diversas cosechas. El Gobierno de los Estados Unidos estima que la naturaleza transitoria de las faenas que realizan la mayoría de los trabajadores agrícolas y el aumento del uso de trabajadores no documentados en estos trabajos son obstáculos sustanciales para la representación sindical.

234.    Muchos trabajadores estacionales y temporales serán también trabajadores migrantes o pasajeros, lo que puede agravar la vulnerabilidad de su situación. Una serie de Estados Miembros manifestaron que el desafío de organizar a los trabajadores estacionales, temporales y casuales se vio agravado por el hecho de que en la economía rural predominaban las empresas familiares donde reina la informalidad[12]. El Gobierno del Sudán, por ejemplo, destacó el elevado número de trabajadores estacionales y familiares en el sector rural.

235.    Ocurre con frecuencia que no es fácil hacer distinciones entre «trabajadores rurales» y «empleadores rurales». Por ejemplo, el Gobierno del Reino Unido comunicó que los trabajadores rurales por cuenta propia no se afiliarían probablemente a UNITE, el sindicato, sino que estarían representados por otras entidades del sector del Reino Unido como sindicatos agrarios o asociaciones de agricultores arrendatarios en vez de por organizaciones de trabajadores. La Comisión tomó nota del argumento alegado por el Gobierno de Etiopía en el curso de su examen sobre la aplicación del Convenio núm. 87, con respecto al hecho de que los trabajadores rurales no se consideran ni empleadores ni trabajadores, sino que están más bien asociados en cooperativas; en aquella observación, la Comisión reiteró que los trabajadores rurales gozaban de las garantías estipuladas en el Convenio núm. 87 ya que el artículo 2 se refiere a «trabajadores y empleadores sin ninguna distinción»[13].

Desconocimiento del problema en las comunidades rurales

236.    Algunos Estados Miembros informaron de que los trabajadores de la economía rural tienen poca formación educativa o son analfabetos, lo que a su juicio repercute en su capacidad de constituir organizaciones sindicales y de afiliarse a ellas. Los Gobiernos de Côte d’Ivoire, Lituania y Mozambique se refirieron al analfabetismo de la mayoría de los miembros de las organizaciones de trabajadores rurales. La Comisión ha tomado nota previamente de que el analfabetismo constituyó un obstáculo para las organizaciones de trabajadores rurales en Malí[14] y el Pakistán[15].

237.    Muchos países comunicaron que los escasos niveles de formación educativa de los trabajadores rurales dan lugar a un desconocimiento de la ley o de sus derechos laborales, lo que repercute sobre su capacidad para ejercer de forma efectiva sus derechos. En el Estado Plurinacional de Bolivia, el Gobierno señaló que los trabajadores agrícolas y las comunidades indígenas carecían por lo general de los conocimientos sobre la legislación social y laboral. El Gobierno del Ecuador manifestó que faltan conocimientos sobre la legislación y el procedimiento para constituir y registrar sindicatos, y que hay problemas de acceso a la información. El Gobierno del Gabón indicó que los campesinos carecen de formación; el Gobierno de Namibia cree que la mayoría de los trabajadores rurales no están afiliados por falta de información; y los Gobiernos del Perú y Tailandia señalaron que se aprecia un desconocimiento general y una falta de sensibilización en esta materia. El Gobierno del Sudán considera que uno de los obstáculos más importantes para la aplicación plena de los convenios es el nivel de concienciación y de comprensión sobre la importancia de estas organizaciones, sus funciones y su liderazgo.

Capacidad de las organizaciones

238.    Una consecuencia de estos numerosos obstáculos prácticos es que los trabajadores rurales — sobre todo, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores familiares, estacionales o casuales y los pequeños propietarios agrícolas — pueden no ser conscientes de las ventajas que tiene para ellos el hecho de afiliarse a una organización. Además, estos obstáculos prácticos repercuten en la capacidad de las organizaciones de trabajadores rurales para ser plenamente eficaces.

239.    Varios Estados Miembros comentaron que los sindicatos de sus países carecían a menudo de la formación y los recursos para poder representar con eficacia a los trabajadores rurales. En Cote d’Ivoire, el Gobierno señaló que los sindicatos rurales tenían dificultades de funcionamiento debido a la falta de medios financieros y materiales, el apoyo institucional, financiero y técnico, y la mala gestión. El Gobierno de Jordania informó que los sindicatos disponían de escasos recursos financieros para convocar talleres y programas de formación destinados a los trabajadores rurales; y el Gobierno del Ecuador se refirió a la falta de recursos económicos para las organizaciones rurales. El Gobierno del Níger manifestó que existía una falta de formación, capacidades técnicas y coordinación por parte de las organizaciones rurales del país. El Gobierno de Estonia afirmó que la Confederación de Trabajadores del Sector Alimentario y del Campo era una organización pequeña y no representativa.

240.    Otros Estados Miembros informaron de que las organizaciones de trabajadores rurales carecen de los conocimientos para gestionar con eficacia sus actividades. El Gobierno de Panamá señaló que los sindicatos y los trabajadores rurales no se ajustan a menudo a los requisitos legales para constituir sindicatos y que necesitan más asesoramiento. El Gobierno del Perú comunicó que la falta de capacidad de los productores líderes de las organizaciones incide en una administración y gestión deficientes de las organizaciones, lo cual desincentiva su creación y sostenibilidad en el tiempo. El Gobierno de Madagascar consideró que, entre los obstáculos prácticos, cabe citar la falta de una gestión para el desarrollo de actividades, un apoyo insuficiente, infraestructuras débiles, un deficiente intercambio de información y experiencias entre los miembros, y trabas para el acceso a la financiación.

241.    Otros gobiernos informaron de que la falta de capacidad de los trabajadores rurales para contribuir a la labor de sus organizaciones era un obstáculo importante. Por ejemplo, la Agencia de Promoción de la Pequeña Empresa, de Seychelles, observó que el principal obstáculo consistía en la falta de coherencia por parte de los miembros trabajadores en el cumplimiento de sus obligaciones y en su participación y contribución al funcionamiento de estas organizaciones. El Gobierno de San Vicente y las Granadinas comunicó que el problema de estas organizaciones consiste en dar con individuos que se comprometan seriamente a operar dentro del marco de una estructura organizativa formal, ya que falta una inequívoca disposición a proceder de esa forma. El Gobierno de Lituania señaló que apreciaba pasividad en el conjunto de la sociedad en general, que atribuye a un pasado reciente en el que los sindicatos carecían de relevancia en el país.

242.    Al parecer, los trabajadores rurales no contribuyeron al funcionamiento de estas organizaciones debido a una falta de entendimiento entre sí y de cultura colectiva. El Gobierno de Madagascar informó que a los miembros de las organizaciones de trabajadores rurales les faltó una comprensión cabal de los objetivos de sus organizaciones; y el Gobierno del Ecuador manifestó que los miembros de estas organizaciones no solían estar facultados. El Gobierno del Perú informó de que había una falta de confianza entre los miembros de las organizaciones, puesto que los trabajadores por cuenta propia se centran en sus intereses económicos individuales, así como una falta de conocimientos por su parte. El Gobierno del Níger destacó que existe una débil conciencia colectiva al respecto, además de desmotivación por parte de los miembros de las organizaciones, y que las cooperativas carecen de visión y de planes de acción.

243.    Una serie de gobiernos informaron de que los sindicatos de trabajadores rurales encontraron obstáculos similares a los que tienen que superar otros sindicatos; algunos de estos obstáculos pueden suscitarse con menos frecuencia en otras áreas de empleo[16]. Por ejemplo, el Gobierno de Mauricio informó de que todas las organizaciones de trabajadores pueden tener que afrontar problemas en relación con el reconocimiento por parte de los empleadores, el acceso a los lugares de trabajo o a la información; o dificultades relativas a su independencia y el carácter voluntario de sus acciones como resultado de injerencias, coerción y represiones. El Gobierno del Japón planteó la cuestión de la discriminación antisindical. El Gobierno del Perú comunicó que la creación de organizaciones de trabajadores rurales conlleva considerables costes de transacción.

244.    El Gobierno de los Estados Unidos informó de que los obstáculos que deben superar las organizaciones de trabajadores rurales no difieren de los de las organizaciones urbanas, y que la cifra total de afiliados en la mayoría de los sindicatos nacionales ha descendido sustancialmente desde 1975, con lo que se reduce la capacidad de éstos para realizar cambios mediante la legislación y los mecanismos de negociación colectiva. El Gobierno de Bélgica recordó el problema de los trabajadores empleados como contratistas independientes pero que, en verdad, deberían ser considerados como asalariados, un problema que no es específico del sector rural. El Gobierno de Turquía distinguió entre los trabajadores del sector público rural que se encuentran a menudo en una situación laboral permanente o provisional, y los trabajadores rurales que son contratados por empresas agrícolas del sector privado o por empresas subcontratistas que trabajan para empresas agrícolas del sector público. Los trabajadores de las empresas agrícolas del sector privado tienen una tasa muy reducida de organización, a menudo debido al enfoque negativo de los empleadores privados con los sindicatos.

Obstáculos identificados por las organizaciones de trabajadores

245.    Un número de organizaciones de trabajadores proporcionó información sobre los obstáculos que impiden la aplicación de los instrumentos en la legislación y en la práctica, muchos de los cuales son similares a los obstáculos señalados por los gobiernos. Muchas de las organizaciones de trabajadores indicaron que los trabajadores rurales y sus organizaciones han enfrentado dificultades importantes en el ejercicio de sus derechos de libertad sindical en la práctica. El Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia, por ejemplo, señaló que, aunque la ley reconoce los mismos derechos a los trabajadores agrícolas que a los trabajadores de la industria, lo más importante es si el reconocimiento de estos derechos se observa plenamente en la práctica.

246.    Muchos obstáculos identificados por las organizaciones de trabajadores están relacionados con la naturaleza de la relación laboral en las zonas rurales. La Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria, por ejemplo, formuló algunas observaciones sobre el elevado número de trabajadores estacionales y familiares en el sector rural. La Federación para la Agricultura y los Campesinos de Myanmar observó que los trabajadores migrantes internos de tipo estacional no están autorizados a afiliarse a ningún sindicato en sus lugares temporales de trabajo, sino únicamente en sus municipios de origen. La Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG), del Brasil, señaló que el trabajo estacional, la migración interna y la rotación laboral habían limitado la práctica de la negociación colectiva en las zonas rurales, y la Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK) planteó su preocupación de que las condiciones de trabajo de los recolectores extranjeros de bayas fueran peores que las de los trabajadores de nacionalidad finlandesa. UNITE, el Sindicato del Reino Unido, señaló que las trabas que se ponen a los trabajadores rurales en general se agravan en el caso de los trabajadores migrantes debido a las dificultades de éstos para hablar la lengua, su falta de información y de conciencia sobre los derechos laborales que les asisten, su endeudamiento con los servicios o traficantes de empleo y el aislamiento físico y social que padecen.

247.    En Bulgaria, la Confederación de Sindicatos Independientes señaló que los obstáculos pueden verse exacerbados por el hecho de que los centros de trabajo suelen tener dimensiones reducidas. El Consejo Australiano de Sindicatos señaló que la naturaleza transitoria de la fuerza de trabajo y de las distancias físicas que separan a las comunidades agrícolas rurales entre sí plantean obstáculos significativos para organizar a los trabajadores rurales. La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) de Panamá tomó nota de que, aunque la legislación laboral se aplicó a todos los trabajadores del mismo modo, la distancia geográfica de los trabajadores agrícolas y rurales hizo difícil la organización en este sector.

248.    Una serie de sindicatos que trabajan en el sector rural señalaron que la precariedad y la subcontratación presentan varios obstáculos para el establecimiento y la expansión de los sindicatos. La Confederación General del Trabajo de Guatemala, por ejemplo, afirmó que las condiciones de trabajo precarias constituyen una causa de la ausencia de las organizaciones de trabajadores rurales en el país. La Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador (CSE) señaló que la falta de una adecuada supervisión del trabajo agrícola ha propiciado el trabajo precario en el sector, y la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE) indicó que el trabajo casual y la subcontratación se habían generalizado en el país. Dos sindicatos de Colombia — la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Agrario (SINTRAINAGRO) — señalaron que las principales trabas a la constitución de organizaciones de trabajadores rurales en el país consisten en la subcontratación, las formas de trabajo precario y la falta de garantías para el ejercicio de la libertad sindical. El Consejo Australiano de Sindicatos manifestó que, en la práctica, los trabajadores rurales de escasas calificaciones suelen estar empleados con carácter provisional y una remuneración reducida. La Confederación de Sindicatos de Turquía (TÜRK-IŞ) informó que un elevado grado de informalidad y una inadecuada seguridad en el empleo repercute sobre el ejercicio de los derechos del sector.

249.    Otras organizaciones de trabajadores hicieron referencia a cuestiones relativas a los migrantes y los trabajadores rurales indígenas. La Federación de Agricultores y Campesinos de Myanmar (AFFM) informó a la Comisión de que muchas personas, especialmente grupos étnicos y minoritarios y personas que viven en zonas de conflicto no pudieron acceder a los documentos nacionales de identidad necesarios que les permitían inscribirse como sindicato. La Confederación General del Trabajo (CGT) de Guatemala precisó que los altos niveles de exclusión y marginalización de los trabajadores rurales se deben a su condición de pueblo indígena.

250.    El Sindicato de Trabajadores de Plantaciones y Agricultura de Malawi y el Sindicato Nacional de Plantaciones, Agricultura y Actividades Afines de Zambia plantearon la cuestión de la discriminación antisindical. La Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Sur del País (UTRASURAPA), del Uruguay, estimó que los trabajadores no se organizan entre sí porque temen las represalias de los empleadores. El Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y Actividades afines de Sudáfrica recalcó que el acceso a los lugares de trabajo representa un problema grave puesto que los empleadores se oponen alegando que sus fincas son de propiedad privada; y UNITE, el sindicato del Reino Unido informó de que, para los trabajadores que viven en alojamientos proporcionados por los empleadores, el temor a perder sus casas incide desfavorablemente en sus decisiones sobre si afiliarse a los sindicatos.

251.    Un sindicato suizo observó que los empleadores no habían participado en el diálogo social y, en consecuencia, no se había concertado ningún convenio colectivo ni acuerdos sobre normativa laboral. La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) de Costa Rica se refirió a las asociaciones «solidaristas» y a las comisiones bajo influencia de los empleadores. El Consejo Australiano de Sindicatos señaló que estas trabas se agravan cuando la legislación restringe cualquier negociación que no se produzca a nivel empresarial y prohíbe la introducción, en los convenios colectivos, de condiciones que redunden en beneficio de los trabajadores rurales, como son los derechos sindicales adicionales o las medidas de protección superior para casos de despido improcedente.

252.    Muchas organizaciones de trabajadores consideraron que había problemas importantes en la inspección del trabajo en las zonas rurales. La Confederación de Trabajadores Unidos del Camerún destacó que la inspección del trabajo no podía desempeñar su papel en el control de la aplicación de las leyes y reglamentos, el asesoramiento a los interlocutores sociales y la aplicación de los convenios colectivos. El Sindicato FAKO de Trabajadores Agrícolas del Camerún afirmó que la inspección del trabajo prefirió centrarse en cuestiones relativas al lugar de trabajo en empresas grandes de las ciudades; y el Sindicato de la Alimentación y Actividades Afines de Sudáfrica señaló que, habida cuenta de que las oficinas de la inspección del trabajo están ubicadas en zonas urbanas, los inspectores tienen que cubrir largas distancias para llegar hasta las zonas rurales. La Unión General de Trabajadores, de Túnez (UGTT), afirmó que la inspección del trabajo en la agricultura se encuentra limitada. La Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (CONTAG), del Brasil, el Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia, y la Unión de Trabajadores Bananeros del «Proyecto La Cruz de Manzanillo» de la República Dominicana, entre otros, expresaron su preocupación por los escasos niveles de dotación del personal de la inspección del trabajo.

253.    La Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV) afirmó que la inspección del trabajo no está equipada para llevar a cabo inspecciones suficientes en el sector agrícola, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, formuló comentarios sobre la falta de recursos de la administración del trabajo. La Federación de Trabajadores Agrícolas de Bangladesh y la Federación para la Agricultura y los Campesinos de Myanmar señalaron que el sector agrícola de sus respectivos países carece de servicios de inspección del trabajo. La Confederación General del Trabajo, de Guatemala, afirmó que apenas existe una inspección del trabajo en las zonas rurales; y la Unión Nacional de Trabajadores de las Plantaciones, la Agricultura y Actividades Afines, de Zambia, manifestó que las autoridades no suelen comprobar con frecuencia las condiciones en las granjas. El Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones y la Agricultura de Malawi señaló que, a falta de inspecciones, las condiciones de trabajo son supervisadas por organizaciones no gubernamentales de comercio justo. El Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria de Kirguistán señaló que se ha suprimido la Inspección Pública del Trabajo del Ministerio del Trabajo, Empleo y Migración y sus competencias han sido transferidas a la Inspección Estatal de Seguridad Técnica y Medio Ambiente. El personal de la inspección del trabajo ha sido reducido a 25 inspectores y un inspector del Estado es responsable ahora de tres a cuatro regiones del país.

Obstáculos identificados por las organizaciones de empleadores

254.    Dos organizaciones de empleadores observaron obstáculos que encuentran las organizaciones de trabajadores rurales en su establecimiento y crecimiento. La Federación Sudanesa de Hombres de Negocios y de Empleadores indicó que los obstáculos más importantes están relacionados con el nivel de conciencia y la comprensión de la importancia de las organizaciones de trabajadores rurales, su papel y su liderazgo, además de las dificultades de poder causar un impacto grande en muchas partes de las zonas rurales. La Confederación de Asociaciones de Empleadores (TISK) de Turquía se refirió a la estructura del trabajo agrícola, indicando que el trabajo tiene carácter estacional, se lleva a cabo en lugares dispersos, sobre una base migratoria estacional y que, a pesar de la evolución, las unidades económicas no adoptaron la forma y naturaleza de los negocios.

Falta de comprensión sobre el potencial de los instrumentos

255.    Tras haber revisado las memorias de los Estados Miembros, la Comisión toma nota de que los gobiernos y los interlocutores sociales son muy conscientes de la multitud de obstáculos interdependientes que frenan el establecimiento, la expansión y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales en la legislación y en la práctica. Aunque estas dificultades varían de unos países a otros como resultado de sus particularidades socioeconómicas y culturales, hay notables semejanzas entre ellos dado que, en la mayor parte de los casos, estos problemas repercuten de una forma significativa no sólo en la existencia de las organizaciones de trabajadores rurales sino también en la eficacia de su funcionamiento.

256.    No obstante, hay una menor conciencia general del potencial que tienen los Convenios núms. 11 y 141 y la Recomendación núm. 149. La Comisión toma nota de que la gran mayoría de memorias recibidas de los Estados Miembros describen las medidas generales adoptadas para promover la libertad sindical para todos los trabajadores del país y no especifican ninguna medida concreta destinada a los trabajadores agrícolas y rurales[17]. La Comisión toma nota además de que pocos Estados Miembros prestan atención a los obstáculos a las cooperativas y otras organizaciones de trabajadores rurales, sino que se centran más bien en los obstáculos a los sindicatos. Además, la Comisión toma nota de que la mayoría de los Estados Miembros no se plantearon la cuestión de los obstáculos a la participación de los trabajadores rurales en el desarrollo económico y social.

257.    En este sentido, la Comisión reitera las observaciones que formuló anteriormente en relación con la aplicación por parte de Belice del Convenio núm. 141, cuando, en lo que se refiere a la mención del Gobierno de que la Secretaría Tripartita y Funcionarios del Departamento del Trabajo había organizado presentaciones no centradas específicamente en los trabajadores rurales sino en los sindicatos en general, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas para promover la comprensión de la necesidad de seguir fomentando el desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales[18]. La Comisión recuerda además que solicitó al Gobierno de Burkina Faso que sensibilizara sobre la necesidad de desarrollar estas organizaciones, así como de la contribución a la mejora de las oportunidades de empleo y las condiciones generales de trabajo y de vida en las zonas rurales[19].

258.    Varios gobiernos informaron de que habían cumplido con la finalidad primordial de los Convenios núms. 11 y 141 mediante medidas adoptadas para aplicar el Convenio núm. 87. Si bien es cierto que varias de esas medidas son esenciales para garantizar el pleno funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales, no satisfacen plenamente los objetivos previstos en el Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149: garantizar que las organizaciones de trabajadores rurales sean fuertes, independientes y efectivas, a fin de que puedan participar en el desarrollo económico y social. El Convenio núm. 141, y particularmente la Recomendación núm. 149, establecen los elementos que integran una estrategia acertada a este respecto, como analizaremos con más detalle en el capítulo 7.

* * *

259.    La Comisión confía en que este Estudio General pondrá de relieve la importancia y el potencial de los Convenios núms. 11 y 141. Aunque toma nota de los considerables obstáculos legales y prácticos que los Estados Miembros y las organizaciones de trabajadores han indicado que obstaculizan la aplicación de los instrumentos, la Comisión desea subrayar su opinión firme de que estos problemas no son insuperables. La Comisión hace hincapié en el carácter promocional del Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149, que a su juicio son clave para el desarrollo económico y social nacional e integral para la construcción nacional, al permitir que los trabajadores rurales puedan participar plenamente en el desarrollo de sus países a través de las organizaciones de su propia elección.

260.    En este sentido, la Comisión alienta a los gobiernos a eliminar todos los obstáculos legales y prácticos que impiden la aplicación de estos instrumentos y a que adopten medidas para promover una amplia comprensión de la necesidad de seguir fomentando las organizaciones de trabajadores rurales y la contribución que estas al desarrollo económico y social mediante campañas sobre derechos, sensibilización con respecto a las necesidades particulares de los trabajadores migrantes y las mujeres, iniciativas en los medios de comunicación, seminarios locales con las partes interesadas, visitas al terreno y programas de estudios en los colegios. La Comisión recuerda a los Gobiernos que pueden solicitar asistencia técnica a la Oficina en este aspecto.

[1] OIT: Organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social, Informe VI (1), CIT, 59.ª reunión, Ginebra, 1974, pág. 39.

[2] Véanse párrs. 121-130 supra.

[3] ILO, Estudio General acerca de la aplicación de los convenios sobre la libertad sindical y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 4B), CIT, 58.ª reunión, Ginebra, 1973, párr. 37.

[4] Por ejemplo: Brunei Darussalam, Finlandia y Omán.

[5] Guyana Francesa – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2004.

[6] FAO y OIT: Alimentación, agricultura y trabajo decente: la OIT y la FAO trabajando en colaboración, en (consultada por última vez el 2 de octubre de 2014).

[7] R. Gopalakrishnan y A. Sukthankar, Freedom of association for women rural workers: A manual, Ginebra, OIT, 2012, pág. iii.

[8] Ibíd., pág. 2.

[9] Véase, por ejemplo, Australia – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2000.

[10] Véase, Comité de Libertad Sindical, caso núm. 239 (Costa Rica), 66.º informe, 1963, párr. 168; y caso núm. 171 (República Dominicana), 295.º informe, 1994, párr. 370.

[11] India – CEACR, Convenio núm. 141, observación, 1995.

[12] Por ejemplo, el Gobierno de Turquía tomó nota que los trabajadores estacionales y casuales se encuentran completamente desorganizados debido a la extrema informalidad del sector y la insuficiente seguridad en el trabajo, y que la mayoría de estos trabajadores trabajan en economías familiares.

[13] Etiopía – CEACR, Convenio núm. 87, observación, 1988.

[14] Malí – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2007.

[15] Pakistán – CEACR, Convenio núm. 11, solicitud directa, 2000.

[16] Por ejemplo, el Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia observa que los trabajadores agrícolas entran dentro de la categoría de trabajadores que son más vulnerables a la violación de sus derechos de libertad sindical.

[17] Por ejemplo: Argentina, Bosnia y Herzegovina (con respecto a la República de Srpska), Brunei Darussalam, Bulgaria, Cabo Verde, República de Corea, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Etiopía, Indonesia, Letonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Nueva Zelandia, Sudán,y República Bolivariana de Venezuela.

[18] Belice – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2009.

[19] Burkina Faso – CEACR, Convenio núm. 141, solicitud directa, 2003.

Capítulo 6

Perspectivas de ratificación

261.    El formulario de memoria para el presente Estudio General pidió a los gobiernos que suministren información sobre el impacto de estos instrumentos de la OIT. En particular, se solicitó a los gobiernos que informen sobre cualquier modificación en la legislación o en la práctica nacionales que hubieran introducido con miras a dar cumplimiento a las disposiciones de los Convenios o de la Recomendación; cualquier intención de adoptar medidas para dar mayor cumplimiento a los instrumentos, incluida la ratificación; cualquier dificultad que pudiera impedir o demorar la ratificación; y cualquier discusión tripartita sobre esta ratificación.

262.    Un gobierno comunicó que ha adoptado recientemente medidas con miras a la ratificación. El Gobierno de Marruecos señaló que, tras las consultas tripartitas, el procedimiento de ratificación del Convenio núm. 141 había sido aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de junio de 2012 y por el Parlamento el 7 de agosto de 2012. El Dahir núm. 1-13-27 de 13 de marzo de 2013 con el que se promulga el Convenio sobre las Organizaciones de Trabajadores Rurales, 1975 (núm. 141), fue publicado en el Boletín Oficial el 4 de abril de 2013[1].

263.    Algunos gobiernos informaron de su intención de considerar la ratificación de los instrumentos en el futuro. Por ejemplo, el Gobierno de Jordania señaló que una vez promulgadas las enmiendas al Código y al Reglamento del Trabajo, sería posible ratificar los instrumentos. El Gobierno de la República de Corea informó de que la ratificación de los Convenios núms. 11 y 141 se consideraría en relación con la ratificación de los convenios sobre libertad sindical. El Gobierno de Mozambique señaló que no consideraba que hubiera impedimento para ratificar el Convenio núm. 141 y que analizaría con los interlocutores sociales los mecanismos existentes para hacer posible la ratificación.

264.    Otros gobiernos señalaron la posibilidad de debatir sobre la ratificación a nivel tripartito. El Gobierno de Mauricio informó de que, en un futuro próximo, la ratificación del Convenio núm. 141 estaría sujeta a consultas tripartitas en el seno del Consejo Consultivo Laboral dentro del marco del reexamen de los convenios no ratificados con objeto de ratificarlos. El Gobierno de Rumania informó de que la ratificación del Convenio núm. 141 podría ser objeto de debate en el Consejo Nacional Tripartito de Diálogo Social. El Gobierno de Egipto señaló que se estaban analizando todas las medidas relativas a la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 141, que se estaban adoptando las medidas necesarias y que, a estos efectos, se había entrado en contacto con varias organizaciones.

265.    Varios Estados Miembros que cumplimentaron el formulario de memoria para el presente Estudio General informaron, no obstante, de que no han previsto hasta el momento la ratificación de uno o los dos instrumentos. Entre estos países, cabe citar los Gobiernos de Argentina (núm. 141), Bahamas (núm. 141), Brunei Darussalam (núms. 11 y 141), Canadá (núms. 11 and 141), El Salvador (núms. 11 y 141), Estados Unidos (núms. 11 y 141), Honduras (núms. 11 y 141), Côte d’Ivoire (núm. 141), Letonia (núm. 141), Lituania (núm. 141), ex República Yugoslava de Macedonia (núm. 141), Madagascar (núm. 141), Montenegro (núm. 141), Namibia (núms. 11 y 141), Panamá (núm. 141), Senegal (núm. 141), Trinidad y Tobago (núms. 11 y 141).

266.    Algunos gobiernos explicaron que esto es porque consideran que se trata de asuntos que ya aborda el Convenio núm. 87. El Gobierno de Portugal, por ejemplo, señaló que no es necesaria la ratificación del Convenio núm. 141 porque los Convenios núms. 87 y 98 se aplican a todos los trabajadores, y el Gobierno de Seychelles manifestó que las disposiciones legales y las prácticas nacionales que dan cumplimiento a los Convenios núms. 87 y 98 protegen adecuadamente a los trabajadores, incluyendo a los trabajadores rurales. El Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina señaló que consideraría la ratificación en el contexto de su anterior ratificación de los Convenios núms. 11, 87 y 98, y observó que, en general, la legislación vigente en el país que garantiza el derecho de asociación para todos los trabajadores cubre también en gran medida a los trabajadores rurales, por lo que cumple con lo dispuesto en el Convenio. El Gobierno de la República Unida de Tanzanía señaló que, habida cuenta de que el país ha ratificado los convenios fundamentales de la OIT, los trabajadores disfrutan actualmente de una mayor libertad sindical.

267.    Otros gobiernos informaron que la ratificación no es factible debido a dificultades prácticas relativas a la naturaleza del sector rural en el país. Por ejemplo, el Gobierno de Bangladesh señaló que la ratificación del Convenio núm. 141 no es viable debido a la naturaleza de subsistencia y a la estructura del sector agrícola en el país[2], y el Gobierno de Nepal se refirió a la falta de infraestructura en las zonas rurales y a la transición política en el país como factores que explican la demora en la ratificación de los Convenios núms. 11 y 141.

268.    Algunos gobiernos manifestaron que los instrumentos no son aplicables porque el sector rural tiene una importancia económica relativa en sus territorios. Por ejemplo, el Gobierno de Singapur señaló que el país tiene muy pocos trabajadores rurales; el Gobierno del Gabón señaló que, aunque no advierte obstáculos para la ratificación, el sector rural sigue siendo embrionario; el Gobierno de Arabia Saudita informó de que existe una economía rural limitada y la realidad rural en el país no está en conformidad con las disposiciones y requisitos de los Convenios. El Gobierno de Brunei Darussalam hizo referencia a que una densidad sindical desdeñable en el país y notó que si bien no se han llevado a cabo actividades de promoción, la existencia del sindicato era de conocimiento público a nivel nacional y regional y que tales condiciones hicieron que fuera difícil poder pronosticar la aplicación de estos convenios y un examen de la ejecución de los mismos.

269.    Otros Estados Miembros informaron de que el retraso en la ratificación se debe a una limitada capacidad de gestión administrativa y legal, como en el caso de Etiopía, a la necesidad de recabar más información, programas de formación específica y apoyo para la redacción y aplicación de una legislación especial sobre trabajo rural, tal como informó el Gobierno de Cabo Verde. Los gobiernos del Estado Plurinacional de Bolivia y Jordania manifestaron que era necesario introducir cambios legislativos[3], mientras que el Gobierno de Australia señaló que, a tenor de la política vigente en materia de celebración y adhesión a tratados, los convenios de la OIT no serían ratificados sin haber aprobado antes toda la legislación necesaria para su cumplimiento y sin que todos los estados y territorios hayan aceptado formalmente dicha ratificación. El Gobierno del Canadá declaró que las variaciones en la aplicación de los instrumentos entre unas provincias y otras impiden la ratificación de estos por ahora; y el Gobierno de Lituania, por su parte, indicó que se dan desacuerdos frecuentes entre las instituciones y los interlocutores sociales en cuanto a la conveniencia de la ratificación, y que el procedimiento de cambio o enmienda de la legislación es complejo.

270.    El Gobierno de Eritrea informó de que la ley y la política nacionales están en conformidad con los instrumentos. No obstante, el Gobierno tomó nota de que la ratificación supondría una obligación internacional y el riesgo de incurrir en consecuencias negativas en caso de incumplimiento de dicha obligación. Dado que el país no se encuentra en situación de satisfacer todos los requisitos previstos en los instrumentos, Eritrea no procedería en este momento a ratificarlos, sino que preferiría incorporar algunas de sus disposiciones en las próximas leyes que apruebe.

* * *

271.    La Comisión nota que algunos Estados Miembros han manifestado su intención de ratificar el Convenio núm. 141. Algunos gobiernos consideraron que estos asuntos fueron tratados por el Convenio núm. 87 y otros indicaron que la ratificación no era factible debido a dificultades prácticas, al hecho de que los instrumentos no eran aplicables, o que la capacidad administrativa y jurídica era limitada. La Comisión pone de relieve que el Convenio núm. 141 va un paso más allá que los otros instrumentos de libertad sindical y guía a los Estados Miembros para que adopten una política activa de promoción de las organizaciones de trabajadores rurales. La Comisión confía en que los gobiernos sacarán provecho de este Convenio importante y promoverán la creación y el crecimiento de las organizaciones de trabajadores rurales con el fin de garantizar su valiosa contribución al desarrollo social y económico a nivel nacional. Por consiguiente, la Comisión invita a los gobiernos, sino lo han hecho ya, a entablar un diálogo tripartito sobre la posible ratificación de los Convenios núms. 11 y 141 y sacar provecho de la asistencia técnica de la OIT y hacia la aplicación de estos principios importantes.

[1] El Gobierno de Marruecos aún tiene que completar el proceso de ratificación mediante la comunicación de la ratificación formal del Convenio al Director General de la OIT, en virtud de lo establecido en el art. 19 de la Constitución de la OIT.

[2] La Federación de Empleadores de Bangladesh indicó que era de la opinión de que no sería apropiado ratificar el Convenio dadas las actuales condiciones socioeconómicas del país.

[3] Estado Plurinacional de Bolivia: modificación de la Ley General del Trabajo; y enmiendas a la legislación de los trabajadores.

Parte III.Aprovechar el potencial de los instrumentos

Capítulo 7

Forjar compromisos comunes e implicar a todas las partes interesadas en el diálogo

Importancia de los instrumentos

272.    Del examen de las memorias de los Estados Miembros por parte de la Comisión surge un compromiso común con los derechos de libertad sindical. Además, muchos Estados Miembros son conscientes de la necesidad de desarrollo social y económico en las comunidades rurales. No obstante, la Comisión toma nota de que los Estados Miembros no han instaurado plenamente las estrategias para propiciar dicho desarrollo mediante la participación de los trabajadores — las principales partes interesadas — por medio de sus organizaciones. El potencial de los instrumentos está infrautilizado.

273.    El hecho de que los Convenios fundamentales núms. 87 y 98 hayan sido ampliamente ratificados puede haber repercutido en el modo en que los Convenios núms. 11 y 141 han sido comprendidos por los mandantes. En consecuencia, una serie de gobiernos informaron de que habían cumplido con la finalidad principal de los Convenios núms. 11 y 141 mediante las medidas adoptadas en aplicación de los Convenios núms. 87 y 98.

274.    A pesar de que estas medidas son una base esencial para garantizar el pleno funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales, no son suficientes para cumplir plenamente los objetivos de los instrumentos en examen: garantizar que las organizaciones de trabajadores rurales son fuertes, independientes y eficaces, de modo que aseguren la participación de estos trabajadores en el desarrollo económico y social. Deberían ponerse en funcionamiento políticas nacionales específicas con ese objetivo. El Convenio núm. 141 y, más particularmente, la Recomendación núm. 149 establecen los elementos que integran una estrategia fructífera en este aspecto. La Comisión confía en que se asumirá el potencial de los instrumentos como modelo para superar los obstáculos que surjan.

Compromiso común con la libertad sindical

275.    A pesar de las dificultades que plantea la aplicación de los convenios, los Estados Miembros de la OIT han adquirido un manifiesto compromiso común con el cumplimiento de los principios de libertad sindical. Los Convenios núms. 11, 87 y 98 se cuentan entre los instrumentos más ratificados de la OIT, y los principios de libertad sindical han sido reconocidos en varios instrumentos internacionales y regionales en los que los Estados Miembros son partes[1]. La libertad sindical está garantizada en casi todas las constituciones nacionales.

276.    Resulta significativo que la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada unánimemente por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2008, reafirma el papel de los principios y derechos fundamentales no sólo como derechos sino también como condiciones propicias. La Declaración establece que «la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva son particularmente importantes para permitir el logro de los cuatro objetivos estratégicos», a saber, la promoción del empleo, las medidas de protección social, el diálogo social y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La Comisión destaca que la libertad sindical es una condición habilitante y que su observancia es un elemento clave de la democracia, la buena gobernanza y del desarrollo sostenible.

277.    El compromiso con la libertad sindical es una característica habitual de las memorias presentadas por los Estados Miembros. Todos los países informan que se han adoptado medidas en la legislación y en la práctica encaminadas a promover y proteger el derecho de los trabajadores a la libertad sindical. Varios Estados Miembros señalaron claramente que la libertad sindical reviste una enorme trascendencia en sus países. Por ejemplo, el Gobierno de Eritrea afirmó que había invertido «enormes esfuerzos» para hacer efectivo el derecho de sindicación; y el Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia subrayó que la libertad sindical constituye un «parámetro probatorio» de los logros democráticos. El Gobierno de Myanmar informó de que, después de la transformación democrática experimentada por el país, en 2011 se promulgó la Ley de Organizaciones Sindicales.

278.    A pesar de que varios gobiernos no han ratificado los convenios sobre libertad sindical, varios Estados Miembros señalaron que, en su legislación y su práctica, se ve reflejado el espíritu de estos convenios fundamentales aun sin haber sido ratificados. Los gobiernos de Omán y Sudán, por ejemplo, manifestaron que el hecho de que los países no hayan ratificado algunos convenios no significa que no los tengan en cuenta o que se beneficien de ellos. El Gobierno de Nueva Zelandia afirmó que un objeto de la Ley de Relaciones Laborales, de 2000, consiste en promover el cumplimiento en el país de los «principios subyacentes» a los Convenios núms. 87 y 98, aun cuando Nueva Zelandia no ha ratificado todavía el Convenio núm. 87.

Conciencia compartida sobre las necesidades específicas de las comunidades rurales

279.    La mayoría de los países comparten una misma percepción sobre los desafíos particulares que afrontan las comunidades rurales y la necesidad de adoptar medidas para remediar las desigualdades sociales y económicas, mejorar la productividad, modernizar los procedimientos y promover el comercio[2]. Una vez examinadas las memorias presentadas por los gobiernos, la Comisión toma nota de que una serie de Estados Miembros han aplicado políticas nacionales para la promoción del desarrollo rural.

280.    Estas políticas varían considerablemente en cuanto a su alcance y sus objetivos entre unos países y otros, lo que pone de manifiesto los problemas, las necesidades y las realidades del ámbito rural. En muchos países, estas políticas son una parte integral de las políticas económicas y sociales de mayor impacto de los gobiernos[3]. El Gobierno de Cabo Verde, por ejemplo, comunicó que sus programas para involucrar a las zonas rurales en el proceso de transformación van dirigidos a empoderar mediante diversos métodos a las personas pobres y a las que viven en zonas rurales, con el fin de mejorar la productividad y modernizar la agricultura[4]. El Gobierno de Honduras señaló que la Ley para la Reforma Agraria[5] y la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola[6] promovió y facilitó el establecimiento y la expansión de las organizaciones de trabajadores para mejorar sus condiciones de vida en las zonas rurales. En la Federación de Rusia, la Ley Federal núm. 264-FZ sobre Desarrollo Agrícola establece una política agrícola para el desarrollo sostenible de la agricultura y las zonas rurales mediante medidas destinadas a aumentar la producción agrícola, favorecer la eficiencia, lograr el pleno empleo de la población rural y mejorar sus condiciones de vida y el aprovechamiento de la tierra.

281.    Otros países manifestaron que disponían de políticas encaminadas a la seguridad alimentaria[7] o de programas con objetivos tales como la reforma parcelaria y la igualdad[8]. Por ejemplo, en lo que se refiere específicamente al empleo de las mujeres en las áreas rurales, la Comisión tomó nota de la puesta en marcha del Proyecto de Desarrollo Rural de la Mujeres (2012-2016) y del establecimiento del Departamento de mujeres, niños y personas con discapacidad en el Sudán[9]. Muchos Estados Miembros informaron de programas de desarrollo rural interesados en la sostenibilidad[10]. El Gobierno de México mencionó que se habían promulgado en el país leyes relativas al desarrollo rural y la nueva política nacional agroalimentaria — concebidas con la participación de las principales organizaciones de trabajadores y productores agrícolas — con objeto de mejorar la producción alimentaria, los ingresos de los trabajadores rurales y el acceso de los consumidores a los alimentos.

282.    Una serie de países informaron de que habían instituido políticas encaminadas a la justa distribución de prestaciones en las cadenas de suministro global para corregir las desigualdades detectadas en esta materia. El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, informó de que los asalariados del ámbito rural son conscientes de su contribución al PIB y, en consecuencia, reivindican una mayor distribución de los beneficios en las zonas rurales. El Gobierno de Portugal señaló que el Acuerdo Tripartito para el crecimiento, la competitividad y el empleo mediante el diálogo con la Plataforma para el seguimiento de las relaciones en la cadena agroalimentaria, va encaminado a promover medidas para fortalecer la capacidad de negociación del sector agrícola en la cadena de valor y, en última instancia, promover la transparencia y luchar contra la asimetría estructural en la distribución del valor añadido en la cadena agroalimentaria[11].

283.    En algunos Estados Miembros, se han instaurado varios programas para remediar varios aspectos de los problemas que padecen las zonas rurales[12]. El Gobierno del Ecuador comunicó que existen varios programas concebidos para facilitar el comercio entre explotaciones agrícolas familiares y para insertarlos en el proceso de integración regional[13]; para promover iniciativas entre pequeños productores agrícolas y empresas agrícolas[14], para promover el desarrollo rural sostenible con el fin de garantizar «la soberanía alimentaria», ofrecer soluciones para las estructuras rurales tradicionales mediante una asociación de pequeños productores rurales y aumentar los ingresos de los pequeños productores[15]; y para prestar asesoramiento técnico especializado a los campesinos, trabajadores agrícolas y organizaciones de productores[16].

284.    El Gobierno de Uzbekistán señaló que había adoptado el programa estatal de desarrollo rural, que se proponía los siguientes objetivos: aplicar un amplio abanico de medidas para el desarrollo de la infraestructura industrial y social de las zonas rurales; mejorar la eficiencia del sector agrícola; dar un nuevo ímpetu al fortalecimiento de las reformas económicas en la agricultura; agilizar la instauración de empresas modernas para el procesamiento de productos agrícolas; garantizar el crecimiento del empleo en las zonas rurales, especialmente de los jóvenes; y aumentar los ingresos y la calidad de la vida de las personas que residen en zonas rurales[17].

285.    El Gobierno de Turkmenistán adoptó medidas similares. El Programa Nacional para el Desarrollo Social y Económico 2011-2030 fue concebido para promover estrategias innovadoras para la economía nacional y crear industrias y sectores productivos de alto rendimiento, entre otros en el sector agrario, con el fin de crear más puestos de trabajo. El Gobierno se refirió además al Programa Nacional para la mejora de los equipos y servicios y de las condiciones de vida en las aldeas, ciudades y otros centros de población de los distritos del país para el período que finaliza en 2020.

286.    Otros gobiernos informaron que habían adoptado medidas para solucionar las infraestructuras básicas en las comunidades rurales, como el saneamiento de aguas, los colegios para los niños, los servicios de salud, la vivienda y la seguridad social. El Gobierno del Brasil, por ejemplo, informó de la existencia de leyes que exigen a los empleadores que suministren vivienda e infraestructuras básicas para los trabajadores rurales y sus familias, y establecen que estas prestaciones no se consideren como parte del salario de los trabajadores rurales[18]. El Gobierno de la Argentina se refirió al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrícolas, entidad responsable de las prestaciones sociales de los trabajadores rurales como las prestaciones por desempleo y el seguro médico. El Gobierno de Guatemala informó de la adopción del «Reglamento del Programa Especial de Protección para los Trabajadores Eventuales Agropecuarios», que tiene por objeto establecer las normas para la protección de los trabajadores rurales contra los riesgos derivados de la enfermedad, la maternidad y los accidentes profesionales.

287.    Otros gobiernos informaron que la política nacional sobre la economía rural incluye medidas para luchar contra el desempleo rural. El Gobierno de Chile, por ejemplo, informó que, en 2012, debido a las duras condiciones climáticas que afectaron a la cosecha, se puso en marcha un programa dirigido al sector rural que incluye subsidios, ferias de empleo, formación (especialmente para las mujeres) y un portal de internet dedicado a los puestos de trabajo vacantes para los trabajadores en las regiones afectadas. El Gobierno de la India señaló que el Ministerio de Desarrollo Rural administró planes destinados a crear oportunidades de empleo sostenido que garanticen un nivel mínimo de empleo y de ingresos para los pobres que viven en zonas rurales.

288.    Por otra parte, algunos sindicatos señalaron que las políticas de desarrollo rural no son siempre tan efectivas como podrían ser. Por ejemplo, la Federación de Trabajadores de Molinos Azucareros del Sindh, en el Pakistán, se refirió a las políticas gubernamentales en apoyo de los trabajadores rurales, pero señaló que no existen organizaciones de trabajadores rurales, que estos trabajadores no participan en ninguna consulta y que no tienen oportunidades de contribuir a estas políticas.

Políticas nacionales para la promoción de las organizaciones

289.    El Convenio núm. 141 y, más específicamente, la Recomendación núm. 149, disponen los elementos para una estrategia fructífera que ponga en marcha una política nacional que promueva el establecimiento, la expansión y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales como medio eficaz de asegurar su voz participativa en el debate económico y social. La Comisión está convencida de que los instrumentos constituyen una parte importante de la solución y, en consecuencia, cree que existen los medios para desarrollar plenamente su potencial dentro del marco de los compromisos comunes de los Estados Miembros y de su conciencia al respecto. Los instrumentos muestran una serie de factores que deberá abordar una política nacional fructífera de promoción de los mismos.

290.    Pese a que los Estados Miembros comunicaron haber entendido perfectamente la importancia de la libertad sindical para todos los trabajadores, la Comisión toma nota de que ningún gobierno informa de haber adoptado medidas particulares que faciliten a los trabajadores rurales el establecimiento, la expansión y el funcionamiento eficaz de las organizaciones que aseguren su voz participativa. Varias organizaciones de trabajadores rurales señalaron la falta de políticas en este sentido[19]. Teniendo en cuenta las peculiares circunstancias que hacen especialmente difícil la organización de los trabajadores rurales, la legislación y la práctica nacionales deberían estar «totalmente adaptadas» a las condiciones especiales de las zonas rurales[20]. Además, de manera especial, en las fases iniciales de su desarrollo, las organizaciones pueden considerar que necesitan ayuda financiera o material[21], o solicitar programas de enseñanza y formación[22] de los gobiernos.

Leyes y reglamentos nacionales

291.    En primer lugar, la Comisión debe hacer hincapié en que los Estados Miembros deberían asegurar que la legislación y los reglamentos nacionales permitan a los trabajadores rurales y agrícolas constituir y afiliarse a las organizaciones que estimen convenientes. Deberían tenerse plenamente en cuenta las implicaciones jurídicas y prácticas de los trabajadores subcontratados, estacionales, temporales, migrantes y los que estén empleados en el sector informal, así como los trabajadores de explotaciones agrícolas familiares y pequeñas empresas.

292.    En muchos casos, esto supondrá tener que adaptar la legislación vigente para responder a los desafíos particulares que plantea el sector rural. Por ejemplo, podría suponer que algunas exigencias relativas al número mínimo de miembros o requisitos de residencia para la elección de trabajadores extranjeros a cargos de un sindicato que pueden ser aceptables para los trabajadores industriales no deberían aplicarse a los trabajadores rurales[23].

293.    La Comisión toma nota de que la Conferencia Internacional del Trabajo examinó la cuestión de la economía informal en 2014[24]:

Diversos tipos de cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria desempeñan un papel importante en el desarrollo local, especialmente en las áreas rurales. En este sentido, la Oficina ha observado que «[c]uando los operadores o trabajadores informales se encuentran con impedimentos importantes para unirse a las organizaciones de empleadores o los sindicatos existentes o para crear las suyas propias, la estructura organizativa de afiliación más eficaz puede ser la cooperativa. (...) Organizarse en cooperativas podría considerarse también como un paso hacia la formalización»…

Las cooperativas han demostrado constituir un paso decisivo en la andadura hacia el empleo formal. Sus miembros pueden empezar como unidades informales y crecer hasta convertirse en empresas comerciales. Una vez constituidas, las cooperativas ofrecen un procedimiento accesible para obtener un reconocimiento jurídico, tanto más cuanto que los requisitos en materia de capital que deben cumplir para inscribirse en el registro son mínimos. Además, al mejorar la eficiencia y la seguridad económica, representan una base para arriesgarse y acceder a créditos y otros servicios.

294.    El citado informe concluía que «[d]eben promoverse y reforzarse las políticas agrícolas y de desarrollo rural, incluidos los marcos jurídicos de apoyo a las cooperativas, en muchos países en desarrollo»[25]. En este sentido, la Comisión señala que la legislación debería procurar a todas las organizaciones de trabajadores rurales, incluidos los sindicatos, las cooperativas y las asociaciones de agricultores y campesinos, dentro del ámbito de aplicación del convenio, garantías para que puedan desenvolverse eficazmente.

295.    Además, la protección contra la discriminación antisindical puede adquirir una particular relevancia en el caso de los trabajadores cuyas familias corren el riesgo de ser expulsadas de sus hogares debido a un despido o cualquier otra medida disciplinaria por sus actividades sindicales. Tomando nota de las preocupaciones expresadas por algunas organizaciones de trabajadores en este aspecto [26], la Comisión subraya que las disposiciones legislativas que protegen contra la discriminación suelen ser insuficientes en el sector rural, y considera que los gobiernos deberían adoptar disposiciones legislativas específicas respecto a la discriminación por motivos de afiliación a organizaciones de trabajadores rurales o por la participación en actividades de estas organizaciones, que sean efectivas dentro de las circunstancias especiales que caracterizan al sector rural.

Inspección del trabajo y cumplimiento de la ley

296.    La adaptación de la práctica nacional a las necesidades especiales de las zonas rurales puede consistir también en ampliar la inspección del trabajo para garantizar el pleno cumplimiento de las leyes, teniendo en cuenta especialmente los obstáculos geográficos. Además, debería prestarse atención a que los inspectores del trabajo — y otros funcionarios pertinentes[27] — sean plenamente conscientes de los principios de libertad sindical y estén facultados para intervenir ante infracciones de este tipo cuando detecten irregularidades[28]. Esto es tanto más perentorio en zonas remotas y en explotaciones agrícolas autónomas, donde, de otro modo, resultaría difícil hacer cumplir los derechos. Además, los gobiernos pueden tener a bien tener en cuenta las vulnerabilidades características de los trabajadores que viven en sus lugares de trabajo[29], así como de los trabajadores estacionales, subcontratados, migrantes e indígenas, cuando considere la función que desempeña la inspección del trabajo en las zonas rurales.

297.    La Comisión reconoce la especial importancia de la inspección del trabajo para garantizar a los trabajadores rurales el ejercicio de sus derechos de libertad sindical en la práctica y, en consecuencia, alienta a los gobiernos, dado que el Consejo de Administración de la OIT ha establecido que el Convenio núm. 129 es uno de los convenios de gobernanza, a considerar la ratificación y la aplicación del mismo.

Diálogo social

298.    Deberían adoptarse medidas para lograr que haya consultas y diálogo efectivos con las organizaciones de trabajadores rurales sobre todas las cuestiones relativas a las condiciones trabajo y de vida en las zonas rurales[30]. En algunos Estados Miembros, los gobiernos y las organizaciones han adoptado medidas para que las organizaciones de trabajadores rurales participen en el desarrollo económico y social. Entre estas, cabe citar la participación de los trabajadores rurales en comités conjuntos sobre varios asuntos[31], las consultas con las organizaciones de trabajadores rurales en relación con la legislación y varias políticas[32] y mecanismos de negociación colectiva a todos los niveles sobre las condiciones de empleo de los trabajadores rurales[33].

299.    La Comisión toma nota de la necesidad de garantizar que los trabajadores rurales están representados genuinamente en las instituciones de diálogo social, especialmente, cuando se trata de considerar asuntos que les pueden afectar; este enfoque garantiza que mediante sus organizaciones pueden decidir sus propias prioridades socioeconómicas. En lo que respecta a «la participación», el artículo 4 del Convenio núm. 141 implica que los trabajadores rurales, mediante sus organizaciones, deberían no sólo influir en propuestas planteadas externamente, sino participar activamente y proponer medidas, programas y actividades que intervengan sobre la situación socioeconómica. La participación se extiende más allá de las meras consultas y debería propiciar que las iniciativas sean planteadas por los propios trabajadores rurales para los trabajadores rurales[34].

300.    La Comisión hace hincapié en que la negociación colectiva es un instrumento clave del diálogo social. Contribuye a la instauración de condiciones de trabajo justas y equitativas, a la ampliación de servicios de seguridad social y servicios básicos, a la mejora de la enseñanza y la formación profesional en las zonas rurales y a la protección contra la discriminación. Además, crea una base para prevenir y gestionar los conflictos laborales, y para garantizar relaciones de trabajo armoniosas. Así pues, la negociación colectiva constituye un instrumento eficaz que facilita la adaptación a los cambios económicos, sociopolíticos y tecnológicos[35].

Sensibilización, educación e intercambio de información

301.    En varios países, existen ya políticas encaminadas a la enseñanza y la formación profesional de los habitantes de zonas rurales. Los Estados Miembros informaron de que esta formación y enseñanza profesionales trata sobre asuntos que van desde métodos de mejora de las prácticas agrícolas[36] hasta apoyo técnico y formación para especialistas[37]. Una serie de Estados Miembros señalaron que varios programas e instituciones nacionales suministraron asistencia financiera incluyendo subsidios para los trabajadores rurales con fines diversos[38].

302.    La importancia de los métodos de sensibilización, educación e información se hace patente en toda la Recomendación[39]. Tal como ya se ha tratado en el presente Estudio General, muchos Estados Miembros han instaurado programas de formación para las zonas rurales[40]. La Comisión subraya que las actividades de sensibilización y enseñanza sobre los principios de libertad sindical son esenciales para que los trabajadores rurales ejerzan plenamente el derecho de sindicación. Además, es necesario la difusión de información a fin de lograr que las organizaciones de trabajadores rurales participen activamente en el desarrollo económico y social. Además, debería ampliarse la difusión de las contribuciones efectuadas por las organizaciones de trabajadores rurales más allá de los directamente interesados a otros miembros de las comunidades rurales mediante los métodos pertinentes a las circunstancias de cada país. En este sentido, la Comisión alienta a los gobiernos a considerar cómo las nuevas tecnologías de comunicación pueden ayudar a asegurar que la sensibilización, la educación y otras iniciativas en virtud de los instrumentos lleguen a todas las comunidades rurales, incluidas las que se encuentran especialmente aisladas, las que carecen de poder o están marginadas.

303.    Teniendo en cuenta los muchos obstáculos sobre los que informan los Estados Miembros en relación con el nivel de conocimiento de los trabajadores rurales sobre sus derechos laborales y la legislación laboral en esta materia, la Comisión destaca que habría que plantear nuevas iniciativas con el fin de garantizar que los trabajadores rurales comprenden bien los derechos laborales que les asisten y la manera de ejercerlos en la práctica [41]. Además, debería procurarse una enseñanza y formación adecuadas a los dirigentes de las organizaciones rurales con objeto de que estos puedan gestionar adecuadamente sus actividades, entre otras, abogar por sus miembros y representarlos en el diálogo social. En este sentido, la Comisión toma nota de que varias de estas organizaciones señalaron la necesidad de contar con formación específica sobre negociación colectiva[42].

Grupos particulares de trabajadores rurales

304.    La Comisión considera que deberían adoptarse medidas para promover programas destinados a determinados grupos en comunidades rurales como son las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas, los migrantes y los trabajadores subcontratados y estacionales. Deberían adoptarse medidas asimismo para que la comunidad rural en sentido amplio comprenda la función que desempeñan estos grupos en el funcionamiento económico y social de las zonas rurales, y para garantizar que se les ha facultado para constituir y afiliarse a organizaciones que les permitan participar en el desarrollo económico y social.

Asistencia financiera y material

305.    La Comisión reconoce las restricciones financieras sobre las cuales muchos gobiernos informan. Reiterando que, cuando las organizaciones de trabajadores rurales, especialmente en las etapas iniciales de su desarrollo, consideren que necesitan ayuda financiera o material de los gobiernos, la Comisión destaca que esa asistencia debería ser complementaria de las iniciativas y los esfuerzos de los trabajadores rurales para financiar sus propias organizaciones [43].

Cooperación técnica y acción normativa de la OIT

306.    En respuesta a las cuestiones que constan en el formulario de memoria para el presente Estudio General, algunos gobiernos y organizaciones de trabajadores formularon comentarios relativos a una posible acción normativa, respaldo programático y de cooperación técnica que la OIT podría prestar a los Estados Miembros y a los mandantes para mejorar la aplicación de los Convenios núms. 11 y 141 en la legislación y en la práctica. Por ejemplo, el Gobierno de Bosnia y Herzegovina (distrito Brcko de Bosnia y Herzegovina) señaló que la asistencia de la OIT sería bien acogida por el sector agrícola.

Necesidades de cooperación técnica

Comentarios de los gobiernos

307.    Una serie de países señalaron que agradecerían recibir asistencia técnica para alcanzar los objetivos de los instrumentos y, en particular, sobre las buenas prácticas y otros ejemplos de cómo se han aplicado a nivel mundial. Algunos países especificaron que sería especialmente provechoso el intercambio de información y experiencias con otros Estados Miembros.

308.    El Gobierno de Lituania, por ejemplo, señaló que desearía saber más sobre los Estados Miembros de la OIT que han ratificado los convenios y sobre el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales en estos países, así como sobre el intercambio de información y buenas prácticas. Del mismo modo, el Gobierno de la ex República Yugoslava de Macedonia anunció que consideraba necesario introducir un análisis comparativo de experiencias en otros países, y el Gobierno de Senegal señaló la utilidad de que la OIT apoye la difusión de información sobre buenas prácticas en los Estados Miembros que han ratificado los instrumentos. El Gobierno de Bosnia y Herzegovina (República Srpksa) mencionó la necesidad de recabar el apoyo de la OIT en lo que se refiere a aclarar los requisitos que figuran en los instrumentos, así como a proporcionar ejemplos de Estados Miembros que los aplican con éxito; y el Gobierno de Jordania afirmó que estaría interesado en aprender de las experiencias de países desarrollados y de sus mejores prácticas en el cumplimiento de lo dispuesto en los instrumentos.

309.    Otros países mencionaron la necesidad de sensibilizar a las comunidades rurales y a las organizaciones de trabajadores rurales en cuanto al cumplimiento de los requisitos en material de libertad sindical en general, y en cuanto a los instrumentos relativos a los sectores rural y agrícola en particular. El Gobierno de Côte d’Ivoire, por ejemplo, señaló que habría que recurrir a programas de formación, talleres y campañas de sensibilización para lograr los objetivos previstos en los instrumentos, teniendo en cuenta especialmente la necesidad de llevar a cabo actividades de formación para los representantes sindicales del sector rural. El Gobierno de Honduras consideró que la OIT debería llevar a cabo dos actividades ligadas entre sí: en primer lugar, un estudio de diagnóstico con el fin de detectar los límites al ejercicio de la libertad de sindicación de los trabajadores agrícolas y rurales, incluyendo recomendaciones prácticas para superarlos; y, en segundo lugar, el desarrollo de los programas de capacitación para los principales actores en materia de relaciones laborales sobre el contenido de los Convenios núms. 11 y 141, y la Recomendación núm. 149.

310.    El Gobierno de Egipto se refirió a la organización de cursos de formación y desarrollo profesional sobre varios aspectos relativos a la agricultura impartidos por expertos de la OIT, además de cursos de formación e instrucción sobre libertad sindical para los trabajadores rurales. El Gobierno de Zimbabwe señaló que era conveniente llevar a cabo un curso de capacitación sobre libertad sindical y negociación colectiva en el sector agrícola, así como sobre seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno de Costa Rica estimó que los empleadores y los trabajadores se beneficiarían de las actividades de capacitación y formación organizadas por la OIT sobre libertad sindical con el fin de promover el desarrollo de los trabajadores rurales. El Gobierno de Nepal afirmó también que era necesario realizar actividades de sensibilización y toma de conciencia para que los trabajadores rurales comprendan la importancia de la libertad sindical y puedan utilizarla para su propio desarrollo social y económico. El Gobierno de Indonesia señaló que el país requería asistencia técnica en relación con la difusión del contenido del Convenio.

311.    Algunos gobiernos mencionaron la necesidad de contar con apoyo mediante políticas y cooperación técnica con objeto de fortalecer la inspección del trabajo en las zonas rurales. El Gobierno de Zimbabwe, por ejemplo, señaló que era conveniente fortalecer la inspección del trabajo, y el Gobierno de Costa Rica solicitó a la OIT ayuda para la capacitación y formación de inspectores del trabajo en material de libertad sindical con objeto de promover el desarrollo de los trabajadores rurales.

312.    El Gobierno de la República Unida de Tanzanía agradecería asistencia técnica para fortalecer la capacidad de los interlocutores sociales, la administración y la inspección del trabajo y el Registro de las Organizaciones.

Comentarios de las organizaciones de trabajadores

313.    La Federación de Trabajadores Agrícolas de Bangladesh, la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (CONTAG) del Brasil, la Unión Fako de Trabajadores Agrícolas del Camerún, la Unión de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio del Canadá, el Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre (SINTRACOBAL) de Costa Rica, la Federación Unida de Trabajadores Daneses (3F), la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), el Hind Khet Mazdoor Panchayat (HKMP) y el Sindicato de Trabajadores de Fincas del Sur de India (ESUSI) de la India, el Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones de Azúcar de Kenya, la Federación de Sindicatos de Corea (FKTU) y la Confederación de Sindicatos Coreanos de la República de Corea (KCTU), el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria de Kirguistán, la Unión de Agricultores de Tabaco y Actividades Afines de Malawi, la Federación de Agricultores y Campesinos de Myanmar, la Federación Sindical de los Países Bajos (FNV), la Federación de Trabajadores de Molinos Azucareros del Sindh en el Pakistán, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), el Sindicato Unite del Reino Unido, el Sindicato de la Alimentación y Actividades Afines de Sudáfrica, y el Sindicato Nacional de Plantaciones, Agricultura y Actividades Afines de Zambia señalaron la necesidad común de que las actividades de seguimiento de la OIT al Estudio General aborden lo que consideran que es un incumplimiento por parte los gobiernos de su obligación de aplicar los instrumentos incluso en caso de ratificación.

314.    En este sentido, estas organizaciones señalaron la necesidad de elaborar un estudio sobre cómo superar los obstáculos en la legislación y la práctica que afrontan los trabajadores rurales para ejercer su derecho de afiliación y de ser representados por un sindicato, prestando especial atención a las mujeres y los migrantes, así como a los trabajadores estacionales, subcontratados y por cuenta propia; y a promover la ratificación y la aplicación de las normas actualizadas para los trabajadores agrícolas y rurales, incluyendo el Convenio núm. 129.

315.    Además, las organizaciones sugirieron que la OIT debería ayudar a los gobiernos a revisar su legislación con el fin de ampliar la normativa laboral a los trabajadores rurales, garantizándoles sobre todo la protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y la supresión de cualesquiera exclusión en la legislación nacional respecto a la aplicación de esos derechos a los trabajadores rurales. Debería también ayudarles a que suministren la inspección adecuada del trabajo en el sector agrícola basada en la orientación suministrada por el Convenio núm. 129.

316.    Por último, las organizaciones estimaron que la OIT debería fortalecer la capacidad de las organizaciones existentes de trabajadores rurales para representar más eficazmente a los trabajadores, en particular, mediante la negociación colectiva y, cuando no existan estas organizaciones, la OIT debería emprender una investigación para detectar las causas que impiden a los trabajadores ejercer plenamente sus derechos de libertad sindical. Junto con muchos gobiernos, las organizaciones de trabajadores destacaron la necesidad de elaborar un estudio que defina las buenas prácticas en materia de libertad sindical para los trabajadores agrícolas y rurales.

317.    Otras organizaciones mencionaron la conveniencia de llevar a cabo una serie de actividades similares. La Central Unitaria de Trabajadores de Chile, por ejemplo, destacó la necesidad de contar con asesoramiento técnico tanto para difundir los Convenios núms. 11 y 141 como para mejorar la comprensión de los mismos, y, como complemento de la ratificación, la adopción de reformas legislativas encaminadas a hacer cumplir los objetivos de los instrumentos. La Unión de Trabajadores Bananeros del «Proyecto La Cruz de Manzanillo», de la República Dominicana, señaló que los sindicatos carecen de los recursos y la organización para propiciar un cambio. La Fédération des Syndicats du Développement Rural et Environnement de Benin consideró que, en lo que se refiere al ámbito de los trabajadores rurales y sus organizaciones, la asistencia técnica es una necesidad real, tanto más en lo que respecta a los programas de formación y capacitación para los trabajadores rurales. Además de contar con más asistencia técnica y formación, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) de Costa Rica se refirió a la promoción del diálogo social con el fin de llegar a acuerdos. El Congreso de Sindicatos de Filipinas (TUCP) manifestó que acogería con satisfacción un fortalecimiento de la capacitación en lo que respecta a las cadenas de suministro globales.

318.    La Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes y Agroindustria (FESTSSABHRA) de El Salvador consideró que debería promoverse la sindicalización sectorial, reducirse los requisitos para poder participar en una negociación colectiva y que debería regularse la negociación colectiva para las actividades sectoriales y económicas. El Sindicato de Trabajadores Bananeros del Departamento de Izábal (SITRABI) de Guatemala afirmó que debería reformarse la legislación laboral de la inspección del trabajo para conferir a esta la autoridad para aplicar sanciones, y señaló la necesidad de que la OIT envíe misiones de alto nivel al país.

Propuestas para una acción normativa

Comentarios de los gobiernos

319.    La mayoría de los gobiernos no respondieron a este punto o señalaron que no percibían que hubiera necesidad alguna de llevar a cabo actividades normativas a este respecto porque consideraban que los instrumentos actuales eran suficientes.

320.    Los Gobiernos de Indonesia y Tailandia plantearon la posibilidad de que se garantice que el Convenio núm. 11 está actualizado; el Gobierno de Senegal comunicó que es necesario garantizar que los instrumentos responden a la evolución experimentada por los sectores agrícolas y rurales desde su adopción; y el Gobierno de la República Unida de Tanzanía manifestó su deseo de que la OIT examine los instrumentos para tener en cuenta los avances globales en esta materia y la situación actual del mundo laboral. El Gobierno de Seychelles señaló que los instrumentos deberían responder con seguridad a las características específicas de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Comentarios de las organizaciones de trabajadores

321.    Algunas organizaciones de trabajadores comentaron sobre la posibilidad de que la OIT emprendiera actividades normativas. En particular, La Federación de Trabajadores Agrícolas de Bangladesh, la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas (CONTAG) del Brasil, la Unión Fako de Trabajadores Agrícolas del Camerún, la Unión de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio del Canadá, el Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre (SINTRACOBAL) de Costa Rica, la Federación Unida de Trabajadores Daneses (3F), la Confederación General del Trabajo de Guatemala, la HKMP y la ESUSI de la India, el Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones de Azúcar de Kenya, el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria de Kirguistán, la Unión de Agricultores de Tabaco y Actividades Afines de Malawi, la Federación de Agricultores y Campesinos de Myanmar, la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), la Federación de Trabajadores de Molinos Azucareros del Sindh en el Pakistán, la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), el Sindicato Unite del Reino Unido, el Sindicato de la Alimentación y Actividades Afines de Sudáfrica, y el Sindicato Nacional de Plantaciones, Agricultura y Actividades Afines de Zambia señalaron la necesidad de que realizar un estudio en el que se traten las ventajas de refundir todas las normas agrícolas pertinentes en un único instrumento.

* * *

322.    La Comisión saluda las solicitudes de asistencia técnica por parte de los gobiernos y las organizaciones de trabajadores sobre esta cuestión por cuanto constituyen pasos decisivos para la ratificación de los instrumentos y para garantizar el pleno cumplimiento de las disposiciones de los Convenios núms. 11 y 141. Dado que la OIT ha establecido que el logro del trabajo decente en la economía rural es una esfera de importancia crítica para el bienio 2014-2015, la Comisión confía en que la Oficina prestará rápidamente la asistencia solicitada, incluyendo la facilitación del intercambio y la compilación de información sobre las actividades de difusión realizadas a nivel nacional para garantizar los derechos de sindicación a los trabajadores rurales a fin de hacer que se oiga su voz participativa en el desarrollo económico y social.

[1] Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 (arts. 20, 1), y 23, 4)); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966 (art. 22); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1986 (art. 8); la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 1948 (art. 45, c)); la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000 (arts. 12 y 28); el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 1950 (art. 11); la Carta Árabe de Derechos Humanos, 2004 (art. 24, 5)); la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981 (art. 10).

[2] La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) de México afirmó que el progreso económico y democrático no es posible sin un desarrollo rural auténtico y sostenible.

[3] Por ejemplo, 11.er Plan nacional de desarrollo económico y social (2012-2016).

[4] Cabo Verde: Programas de integração das áreas rurais no processo de transformação, 2011-2016.

[5] Decreto-ley núm. 170 de 30 de diciembre de 1974.

[6] Núm. 31-92 de 5 de marzo de 1992.

[7] Por ejemplo, Argelia y Trinidad y Tabago, en colaboración con la FAO.

[8] Por ejemplo, en Argentina, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) creó la Red de Mujeres Rurales en 2001, con el fin de promover «el avance social, cultural y moral de las mujeres rurales en el país», y en el Estado Plurinacional de Bolivia, las campañas de información pública abordan la igualdad de género en el trabajo.

[9] Sudán – CEACR, Convenio núm. 122, observación, 2014.

[10] Por ejemplo, proyecto de plan nacional para el desarrollo sostenible de la agricultura; el Canadá (Terranova y Labrador Guatemala: los sistemas de producción sostenible del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA).

[11] Conselho Económico e Social, Comissão Permanente de Concertação Social, 18 de enero de 2012.

[12] Por ejemplo, SenegalProgramme national de développement agricole (PNDA), Plan d’action forestier du Sénégal (PAFS), y Plan national de développement de l’elevage (PNDE).

[13] Red Especializada de Agricultura Familiar Campesina (REAF).

[14] Programa Nacional de Negocios Rural Inclusivos (PRONERI).

[15] Proyecto de Competitividad Agropecuario y Desarrollo Rural Sostenible (CADERS).

[16] Programa de Innovación y Transferencia de Tecnología Participativa y de Productividad Agrícola.

[17] Resolución del Presidente de la República de Uzbekistán sobre el Programa Estatal (Asamblea Legislativa de la República de Uzbekistán, 2009, núm. 5, art. 33).

[18] Art. 9 de la ley núm. 5889 de 8 de junio de 1973.

[19] Por ejemplo, Paschim Banga Khet Majoor Samity (India), la Federación de Sindicatos de Corea y la Confederación de Sindicatos Coreanos (República de Corea), y la Federación de Trabajadores de Molinos Azucareros del Sindh (Pakistán).

[20] Recomendación núm. 149, párr. 8, 2), b).

[21] Ídem, párr. 18, 1).

[22] Ídem, párrs. 16 y 17.

[23] Ídem, párr. 8, 2), b), i).

[24] OIT: La transición de la economía informal a la economía formal, Informe V (1), CIT, 103.ª reunión, Ginebra, 2014, párrs. 147-148.

[25] Ídem, párr. 26.

[26] Por ejemplo, la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes y Agroindustria (FESTSSABHRA) de El Salvador.

[27] Por ejemplo, los funcionarios de extensión agraria del Ministerio de Agricultura que, según el Gobierno de Barbados, prestaron servicios de consultoría e inspección a los sectores agrícola y rural.

[28] La OIT desarrolló, en 2012-2013, un programa sobre libertad sindical para inspectores de trabajo en el sector rural. Tras experimentarlo en la provincia de Western Cape de Sudáfrica, el programa está ahora disponible para otros Estados Miembros.

[29] Recomendación núm. 149, párr. 8, 2), b), iii) (re evicción); y párr. 8, 2), b), ii) (re entrar en contacto).

[30] Ibíd., párr. 11.

[31] Por ejemplo, Argentina, Bélgica, República Checa, Eslovenia, Finlandia y Francia.

[32] Por ejemplo, Australia, Austria, Belarús, Bosnia y Herzegovina (República Sprska), Costa Rica, Cuba, Estonia, Lituania, Madagascar, Mozambique, Níger, Tailandia y Túnez.

[33] Por ejemplo, Bélgica, Israel y Uzbekistán.

[34] La participación activa podría extenderse a la participación de los representantes de los trabajadores rurales en iniciativas nacionales tan fundamentales como la reforma de la constitución. Véase, por ejemplo, la Ley de Reforma Constitucional de la República Unida de Tanzanía, de 2014 (una versión enmendada de la Ley de Reforma Constitucional, de 2011), art. 22, 1), vi), que establece que la Asamblea Nacional — cuyos representantes electos tomaron posesión el 18 de febrero de 2014 — estará integrada, entre otras personas designadas, por 19 miembros de las organizaciones sindicales, diez miembros de las asociaciones que representan a ganaderos, diez miembros de las pesquerías, y 20 miembros de las asociaciones agrícolas.

[35] OIT: Estudio General sobre los convenios fundamentales, 2012, párr. 167.

[36] Por ejemplo, Centro para coordinar metodologías de formación agraria, coordinar educación profesional para los agricultores, especialistas agrícolas, miembros y trabajadores de la comunidad rural; formación de pequeños agricultores, formación agrícola, formación sobre silvicultura comunitaria.

[37] Por ejemplo, Brunei Darussalam; Chile (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE)); Guatemala (Sistema Nacional de Extensión Rural – SNER).

[38] Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social ofrece diversos instrumentos financieros en forma de fondos fiduciarios con el fin de apoyar a pequeños y medianos productores agrícolas, sobre todo, en el acceso a los créditos destinados a diversificar los cultivos y construir sistemas de regadío; Argelia; Egipto.

[39] Recomendación núm. 149, párr. 14-17.

[40] Véanse párrs. 200-209 supra.

[41] En algunos países existe la obligación jurídica de informar a categorías específicas de trabajadores, como los migrantes, de sus derechos laborales, en una lengua que puedan comprender. Véase Francia (decreto núm. 2011-1693 de 30 de noviembre de 2011, relativo a la protección de los derechos sociales y económicos de los migrantes en situación irregular y la supresión del trabajo ilegal).

[42] Por ejemplo, Unión Fako de Trabajadores Agrícolas (FAWO) del Camerún, la Federación Unida de Trabajadores Daneses (3F), la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP).

[43] Recomendación núm. 149, párr. 18, 1).

Conclusión y observaciones finales

323.    La Comisión saluda que el Consejo de Administración haya elegido el análisis de los Convenios núms. 11 y 141 y la Recomendación núm. 149 como tema de un Estudio General. Esto ha brindado a la Comisión la oportunidad de analizar en detalle cuestiones que atañen a millones de trabajadores agrícolas y rurales en todo el mundo. Los obstáculos significativos que impiden la aplicación de los derechos de libertad sindical en el sector rural son sintomáticos de las flagrantes deficiencias en materia de trabajo decente en las zonas rurales. Esto ha repercutido notablemente en la capacidad de los trabajadores agrícolas y rurales para participar en el desarrollo económico y social y disfrutar de los beneficios que se derivan de ello[1].

324.    Al adoptar los instrumentos en 1921 y 1975, la Conferencia Internacional del Trabajo destacó el principio de que los trabajadores agrícolas y rurales son titulares de los mismos derechos de libertad sindical que los que disfrutan otros trabajadores, y era de la convicción de que la promoción de la libertad sindical es esencial para el establecimiento y expansión de organizaciones de trabajadores rurales fuertes y eficaces que aseguren la participación de estos trabajadores en el desarrollo económico y social. Por consiguiente, podría decirse que los instrumentos se basan en dos principios: en primer lugar, que la legislación y la práctica garanticen el ejercicio pleno de la libertad sindical de los trabajadores agrícolas y rurales; y, en segundo lugar, que las organizaciones de trabajadores rurales cuenten con el apoyo suficiente para garantizar la participación efectiva de los trabajadores rurales en el desarrollo.

325.    La Comisión lamenta verse obligada a tomar nota de que las duras condiciones de vida y trabajo en las que se encuentra el sector rural son en gran medida las mismas que había en 1975 — y que, de hecho, en algunos lugares, no son distintas de las que existían en 1921. Varios de los problemas que tenía anteriormente este sector han sido denunciados a la Comisión como obstáculos actuales para el establecimiento, la expansión y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales: la informalidad del sector y la heterogeneidad de las actuales relaciones laborales; el acentuado retraso socioeconómico y cultural; desigualdad en las relaciones laborales y la distribución de beneficios; falta de formación profesional y conciencia; prevalencia del trabajo infantil, trabajo forzoso y discriminación; las desventajas particulares que deben afrontar las mujeres, un elevado número de trabajadores especialmente vulnerables y marginales; y, a menudo, condiciones de vida insalubres, inestables y aisladas.

326.    Además, a esos inconvenientes actuales vienen a sumarse nuevos problemas. Entre ellos figuran la existencia de mayores desigualdades debido a la globalización ampliada; unas complejas cadenas de suministro global en las que las responsabilidades se diluyen; un uso más acentuado de trabajadores migrantes y subcontratados, en particular, del trabajo estacional; la incidencia del VIH/SIDA; y presiones significativas medioambientales y climáticas. Los desafíos que afrontan los trabajadores rurales que tratan de ejercer sus derechos de libertad sindical son, en muchos casos, insuperables sin una política nacional concertada que adopte medidas activas en esta materia tal y como se contempla en el Convenio núm. 141 y la Recomendación núm. 149.

327.    Las memorias presentadas por los gobiernos y los comentarios de las organizaciones de trabajadores y de empleadores muestran claramente que un amplio número de países, de todas las regiones del mundo, son muy conscientes de los obstáculos que enfrentan las organizaciones de trabajadores rurales en el establecimiento, expansión y desempeño de sus actividades legítimas. La Comisión cree que el hecho de que la opinión pública tenga esta conciencia generalizada de los problemas que afectan a los trabajadores rurales, lo cual se pone de manifiesto en las memorias de los Estados Miembros y en el creciente número de iniciativas de comercio justo impulsadas por los consumidores que influyen en las cadenas de suministro globales, representa una importante oportunidad. Sin embargo, la Comisión observa que una serie de países tienen una legislación y una práctica menos favorables respecto al derecho de sindicación de los trabajadores rurales y la mayoría de países no han aplicado las políticas nacionales para promover las organizaciones de trabajadores rurales.

328.    La Comisión cree firmemente que hay una necesidad de políticas nacionales integradas para promover medidas activas encaminadas al establecimiento, expansión y funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales de modo que estos trabajadores puedan participar en el desarrollo económico y social. Los beneficios de estas políticas desbordarán el ámbito de los trabajadores directamente interesados puesto que desencadenarán una participación más diversa en el desarrollo económico regional y nacional por parte de las comunidades rurales que incidirá positivamente en la economía en general. Como señaló el Gobierno de Eritrea en su memoria, la expansión de las organizaciones de trabajadores agrícolas tendrá un gran impacto en el progreso socioeconómico de los países.

329.    En este sentido, la Comisión resalta que la Recomendación núm. 149 contiene una serie de directrices para los mandantes que responden a muchos de los desafíos expuestos en las memorias presentadas por los Estados Miembros. En su seguimiento del presente Estudio General, la Comisión espera que la OIT estará en disposición de suministrar asistencia técnica a los países sobre la aplicación de los instrumentos, de acuerdo con las circunstancias nacionales.

330.    La Comisión toma nota además de que una serie de Estados Miembros y organizaciones de trabajadores propusieron que la OIT recopile las buenas prácticas en lo relativo a la aplicación de los instrumentos, y que organice intercambios de ideas y experiencias entre unos países y otros. Habida cuenta de la falta de experiencia práctica en los Estados Miembros en cuanto a la aplicación de los instrumentos, la Comisión cree que este apoyo sería particularmente provechoso y pide a la Oficina que emprenda dicho estudio como prioridad dentro del contexto de la esfera de importancia decisiva sobre trabajo decente en la economía rural.

331.    Al respecto, la Comisión es consciente de los avances extraordinarios realizados por las nuevas tecnologías de la comunicación y en posibilidades de su utilización para permitir que la voz de los pueblos aislados, los que carecen de poder o están marginados sea escuchada con mejor alcance y de manera innovadora. La Comisión hace hincapié en el potencial de esta tecnología para mejorar el alcance de los instrumentos en los Estados Miembros, tanto en términos de iniciativas de sensibilización y de formación, y en términos de facilitar la participación de los trabajadores rurales en los diálogos de desarrollo económico y social, consultas y programas. La Comisión alienta a la OIT a hacer pleno uso de estas tecnologías de la comunicación para garantizar un enfoque integral en el seguimiento que debe darse a este Estudio General.

332.    El hecho de extender la capacidad y alcance de la inspección del trabajo, una cuestión planteada también por muchos mandantes, será una medida fundamental para mejorar la aplicación de la legislación en la práctica. En este sentido, la Comisión pide a los Estados Miembros que consideren la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 129 tal como lo ha pedido el Consejo de Administración y que aprovechen la asistencia técnica de la Oficina en relación con la aplicación del mismo en sus respectivos países. La Comisión toma nota de que, por ejemplo, la OIT ha puesto recientemente a prueba a título experimental en Sudáfrica un programa de formación destinado a promover el conocimiento de los inspectores del trabajo en materia de libertad sindical en el sector rural, que podrá adaptarse para ser utilizado en otros países.

333.    La Comisión considera que un programa de capacitación destinado a los dirigentes de las organizaciones de trabajadores rurales en muchos países mejorará la eficacia de estas organizaciones. Además, un programa de sensibilización pública sobre derechos de libertad sindical, que se extienda a la comunidad en general, garantizaría que los trabajadores rurales se encuentran empoderados para adoptar responsabilidades con el fin de ejercer sus propios derechos y crearía una mayor comprensión del papel decisivo que éstos desempeñan. La Comisión considera que las medidas destinadas a promover convenios y recomendaciones serían una respuesta particularmente apropiada a las actividades planificadas en virtud de la esfera de importancia decisiva de la OIT sobre trabajo decente en la economía rural.

334.    La Comisión señala además la labor previa que la Organización ha realizado en materia de cooperación técnica en el sector rural. Los países podrán beneficiarse si lo desean de los conocimientos de los expertos de la OIT en la promoción de políticas destinadas a las organizaciones de trabajadores rurales con el fin de aprovecharse del apoyo de éstas para adoptar medidas efectivas que eliminen el trabajo forzoso y el trabajo infantil, garanticen la no discriminación y la igualdad, saquen partido a las posibilidades de las cooperativas, promuevan el empleo juvenil, solucionen los desafíos de los trabajadores migrantes y de las poblaciones indígenas, y mejoren la administración del trabajo.

335.    En lo que se refiere a futuras actividades normativas, la Comisión es consciente de la solicitud formulada por varias organizaciones de trabajadores en relación a la posibilidad de consolidar las normas en materia de agricultura. Tras haber examinado la información proporcionada por los Estados Miembros, por las organizaciones de trabajadores y por las organizaciones de empleadores, la Comisión es consciente de que muchos de los obstáculos para la plena aplicación de los instrumentos están relacionados entre sí de manera integral con los temas abordados en otras normas de la OIT relativas a la agricultura y los trabajadores rurales. En el marco del mecanismo de examen de las normas que será lanzado por el Consejo de Administración, la Comisión alienta a la Oficina a llevar a cabo el trabajo de fondo necesario para considerar la utilidad de consolidar, de una manera amplia e integral, los diferentes instrumentos en materia de actividades agrícolas y de otro tipo en las zonas rurales y promover su aplicación efectiva.

[1] Véase párr. 4 supra.

Anexo I

Textos de los instrumentos examinados

Convenio núm. 11

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura)[1]

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad, en su tercera reunión, el 25 de octubre de 1921;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los derechos de asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas, cuestión que está comprendida en el cuarto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

adopta el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921, y que será sometido a la ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:

Artículo 1

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas.

Artículo 2

Las ratificaciones formales del presente Convenio, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 3

1. Este Convenio entrará en vigor en la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas por el Director General.

2. Sólo obligará a los Miembros cuya ratificación haya sido registrada en la Oficina Internacional del Trabajo.

3. Posteriormente, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, en la fecha en que su ratificación haya sido registrada en la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 4

Tan pronto como las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de la Oficina notificará el hecho a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demás Miembros de la Organización.

Artículo 5

A reserva de las disposiciones del artículo 3, todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicar las disposiciones del artículo 1 a más tardar el 1.º de enero de 1924, y a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas disposiciones.

Artículo 6

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a aplicarlo en sus colonias, posesiones y protectorados, de acuerdo con las disposiciones del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

Artículo 7

Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado en la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 8

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 9

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Convenio núm. 141

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales[1]

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1975 en su sexagésima reunión;

Reconociendo que, habida cuenta de la importancia de los trabajadores rurales en el mundo, es urgente asociarlos a las tareas del desarrollo económico y social si se quiere mejorar sus condiciones de trabajo y de vida en forma duradera y eficaz;

Tomando nota de que en muchos países del mundo, y muy especialmente en los países en vías de desarrollo, la tierra se utiliza en forma muy insuficiente, de que la mano de obra está en gran parte subempleada y de que estas circunstancias exigen que los trabajadores rurales sean alentados a desarrollar organizaciones libres y viables, capaces de proteger y de defender los intereses de sus afiliados y de garantizar su contribución efectiva al desarrollo económico y social;

Considerando que la existencia de tales organizaciones puede y debe contribuir a atenuar la persistente penuria de productos alimenticios en diversas partes del mundo;

Reconociendo que la reforma agraria es, en muchos países en vías de desarrollo, un factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales y que, por consiguiente, las organizaciones de estos trabajadores deberían cooperar y participar activamente en esta reforma;

Recordando los términos de los convenios y de las recomendaciones internacionales del trabajo existentes (en particular el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921; el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) que afirman el derecho de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores rurales, a constituir organizaciones libres e independientes, así como las disposiciones de muchos convenios y recomendaciones internacionales del trabajo aplicables a los trabajadores rurales, en los que se pide en especial que las organizaciones de trabajadores participen en su aplicación;

Tomando nota de que las Naciones Unidas y los organismos especializados, en particular la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se interesan todos por la reforma agraria y el desarrollo rural;

Tomando nota de que las siguientes normas han sido preparadas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de que, a fin de evitar duplicación, se proseguirá la colaboración con esta Organización y con las Naciones Unidas para promover y asegurar la aplicación de dichas normas;

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la presente reunión, y

Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y cinco, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975:

Artículo 1

El presente Convenio se aplica a todas las categorías de organizaciones de trabajadores rurales, incluidas las organizaciones que no se limitan a estos trabajadores pero que los representan.

Artículo 2

1. A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajadores rurales abarca a todas las personas dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del párrafo 2 de este artículo, de personas que trabajan por cuenta propia, como los arrendatarios, aparceros y pequeños propietarios.

2. El presente Convenio se aplica sólo a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios y que:

a)no empleen una mano de obra permanente; o

b)no empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o

c)no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios.

Artículo 3

1. Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, tienen el derecho de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

2. Los principios de la libertad sindical deberán respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberán tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión.

3. La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores rurales no podrá estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

4. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente artículo, los trabajadores rurales y sus organizaciones respectivas deberán, lo mismo que las demás personas o colectividades organizadas, respetar la legalidad.

5. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente artículo.

Artículo 4

Unos de los objetivos de la política nacional de desarrollo rural deberá ser facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes, como medio eficaz de asegurar la participación de estos trabajadores, sin discriminación en el sentido del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, en el desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se deriven.

Artículo 5

1. Para permitir que las organizaciones de trabajadores rurales desempeñen un papel en el desarrollo económico y social, todo Estado Miembro que ratifique este Convenio deberá adoptar y poner en práctica una política de promoción de estas organizaciones, sobre todo con vistas a eliminar los obstáculos que se oponen a su creación y desarrollo y al desempeño de sus actividades legítimas, así como aquellas discriminaciones de orden legislativo y administrativo de que las organizaciones de trabajadores rurales y sus afiliados pudieran ser objeto.

2. Todo Estado Miembro que ratifique este Convenio deberá garantizar que la legislación nacional, dadas las circunstancias especiales del sector rural, no obstaculice el establecimiento y desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales.

Artículo 6

Deberán adoptarse medidas para promover la mayor comprensión posible de la necesidad de fomentar el desarrollo de organizaciones de trabajadores rurales y de la contribución que pueden aportar para mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones generales de trabajo y de vida en las regiones rurales, así como para incrementar la renta nacional y lograr una mejor distribución de la misma.

Artículo 7

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 8

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 9

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 10

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 11

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 12

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 13

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a)la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b)a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 14

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Recomendación núm. 149

Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 junio 1975 en su sexagésima reunión;

Reconociendo que, habida cuenta de la importancia de los trabajadores rurales en el mundo, es urgente asociarlos a las tareas del desarrollo económico y social si se quieren mejorar sus condiciones de trabajo y de vida en forma duradera y eficaz;

Tomando nota de que en muchos países del mundo, y muy especialmente en los países en vías de desarrollo, la tierra se utiliza en forma muy insuficiente, de que la mano de obra está en gran parte subempleada y de que estas circunstancias exigen que los trabajadores rurales sean alentados a desarrollar organizaciones libres y viables, capaces de proteger y defender los intereses de sus afiliados y de garantizar su contribución efectiva al desarrollo económico y social;

Considerando que la existencia de tales organizaciones puede y debe contribuir a atenuar la persistente penuria de productos alimenticios en diversas partes del mundo;

Reconociendo que la reforma agraria es, en muchos países en vías de desarrollo, un factor esencial para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales, y que, por consiguiente, las organizaciones de estos trabajadores deberían cooperar y participar activamente en esta reforma;

Recordando los términos de los convenios y de las recomendaciones internacionales del trabajo existentes (en particular el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921; el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) que afirman el derecho de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores rurales, a constituir organizaciones libres e independientes, así como las disposiciones de muchos convenios y recomendaciones internacionales del trabajo aplicables a los trabajadores rurales, en los que se pide en especial que las organizaciones de trabajadores participen en su aplicación;

Tomando nota de que las Naciones Unidas y los organismos especializados, en particular la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se interesan todos por la reforma agraria y el desarrollo rural;

Tomando nota de que las siguientes normas han sido preparadas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de que, a fin de evitar duplicación, se proseguirá la colaboración con esta Organización y con las Naciones Unidas para promover y asegurar la aplicación de dichas normas;

Habiendo decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social, cuestión que constituye el cuarto punto del orden del día de la presente reunión, y

Habiendo decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación,

adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y cinco, la presente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975:

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. 1) La presente Recomendación se aplica a todas las categorías de organizaciones de trabajadores rurales, incluidas las organizaciones que no se limitan a estos trabajadores pero que los representan.

2) Además, la Recomendación sobre las cooperativas (países en vías de desarrollo), 1966, continuará siendo aplicable a las organizaciones de trabajadores rurales a las que está destinada.

2. 1) A los efectos de la presente Recomendación, la expresión trabajadores rurales abarca a todas las personas dedicadas, en las regiones rurales, a tareas agrícolas o artesanales o a ocupaciones similares o conexas, tanto si se trata de asalariados como, a reserva de las disposiciones del subpárrafo 2) del presente párrafo, de personas que trabajan por cuenta propia, como los arrendatarios, aparceros, y pequeños propietarios.

2) La presente Recomendación se aplica sólo a aquellos arrendatarios, aparceros o pequeños propietarios cuya principal fuente de ingresos sea la agricultura y que trabajen la tierra por sí mismos o únicamente con ayuda de sus familiares, o recurriendo ocasionalmente a trabajadores supletorios, y que:

a)no empleen una mano de obra permanente; o

b)no empleen una mano de obra numerosa, con carácter estacional; o

c)no hagan cultivar sus tierras por aparceros o arrendatarios.

3. Todas las categorías de trabajadores rurales, tanto si se trata de asalariados como de personas que trabajen por cuenta propia, deberían tener derecho a constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

II. PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RURALES

4. Uno de los objetivos de la política nacional de desarrollo rural debería ser facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes, como medio eficaz de asegurar la participación de estos trabajadores, sin discriminación en el sentido del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, en el desarrollo económico y social y en los beneficios que de él se deriven.

5. Tales organizaciones deberían, según los casos, estar facultadas para:

a)representar, promover y defender los intereses de los trabajadores rurales, en particular procediendo a negociaciones y a consultas a todos los niveles, en nombre de esos trabajadores, tomados colectivamente;

b)representar a los trabajadores rurales en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de desarrollo rural y en todas las etapas y niveles de la planificación nacional;

c)hacer participar activamente y desde el principio a las diferentes categorías de trabajadores rurales, de acuerdo con el interés de cada una de ellas, en la aplicación en todas sus fases de:

i)programas de desarrollo agrícola, incluido el mejoramiento de las técnicas de producción, almacenamiento, transformación, transporte y comercialización;

ii)programas de reforma agraria, colonización rural y recuperación de tierras baldías;

iii)programas relativos a obras públicas, industrias rurales y artesanía rural;

iv)programas de desarrollo rural, incluidos los ejecutados con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo y de otros organismos especializados;

v)programas de información y educación y otras actividades previstas en el párrafo 15 de la presente Recomendación;

d)promover y asegurar el acceso de los trabajadores rurales a servicios como el crédito, los abastecimientos, la comercialización y el transporte, así como a servicios de índole tecnológica;

e)intervenir activamente en el mejoramiento de la enseñanza y formación general y profesional en las zonas rurales, así como en la formación para el desarrollo de comunidades, las actividades cooperativas y otras actividades de las organizaciones de trabajadores rurales, y en la formación relativa a la gestión de estas organizaciones;

f)contribuir al mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores rurales, incluidas la seguridad y la higiene en el trabajo;

g)promover el desarrollo de la seguridad social y de los servicios sociales básicos en esferas como la vivienda, la salud y el recreo.

III. MEDIDAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RURALES

6. Para permitir que las organizaciones de trabajadores rurales desempeñen un papel en el desarrollo económico y social, los Estados Miembros deberían adoptar y poner en práctica una política de promoción de estas organizaciones, sobre todo con vistas a:

a)eliminar los obstáculos que se oponen a su creación y desarrollo y al desempeño de sus actividades legítimas, así como aquellas discriminaciones de orden legislativo y administrativo de que las organizaciones de trabajadores rurales y sus afiliados pudieran ser objeto;

b)extender a las organizaciones de trabajadores rurales y a sus miembros facilidades de educación y formación profesional similares a las que disfrutan otras organizaciones de trabajadores y sus miembros;

c)permitirles perseguir una política que garantice a los trabajadores rurales la protección y prestaciones sociales y económicas correspondientes a las que se otorgan a los trabajadores de la industria o, si se da el caso, a los trabajadores dedicados a otras ocupaciones de carácter no industrial.

7. 1) Los principios de la libertad sindical deberían respetarse plenamente; las organizaciones de trabajadores rurales deberían tener un carácter independiente y voluntario, y permanecer libres de toda injerencia, coerción o represión.

2) La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores rurales no debería estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones del párrafo 3 y del subpárrafo 1) de este párrafo.

3) Al ejercer los derechos que se les reconocen en el párrafo 3 y en el presente párrafo, los trabajadores rurales y sus organizaciones respectivas deberían, lo mismo que las demás personas o colectividades organizadas, respetar la legalidad.

4) La legislación nacional no debería menoscabar ni ser aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el párrafo 3 y en el presente párrafo.

A. Medidas de carácter legislativo y administrativo

8. 1) Los Estados Miembros deberían garantizar que la legislación nacional, dadas las circunstancias especiales del sector rural, no obstaculice el establecimiento y desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales.

2) En particular:

a)los principios de la libertad sindical y de negociación colectiva, tal como se consignan en el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921; en el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y en el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, deberían observarse plenamente mediante la aplicación al sector rural de la legislación general en la materia o mediante la adopción de disposiciones especiales, teniendo plenamente en cuenta las necesidades de todas las categorías de trabajadores rurales;

b)la legislación pertinente debería estar totalmente adaptada a las condiciones especiales de las zonas rurales, en particular para:

i)evitar que las exigencias relativas al número mínimo de miembros, a los niveles mínimos de formación y a los fondos mínimos necesarios impidan el desarrollo de organizaciones en zonas rurales, con una población dispersa y pobre que posee un nivel de instrucción muy bajo;

ii)asegurar que los problemas que puedan plantearse en torno a la manera como las organizaciones de trabajadores rurales entran en contacto con sus miembros se resuelvan de modo que se respeten los derechos de todos los interesados, y con arreglo a los términos del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948, y del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971;

iii)proteger eficazmente a los trabajadores rurales interesados contra el despido o la evicción motivados por su condición de dirigentes o miembros de organizaciones de trabajadores rurales, o por sus actividades como tales.

9. Debería haber procedimientos adecuados, ya sea en el marco de los servicios de la inspección del trabajo, ya sea como servicios especializados u otros mecanismos, que garanticen el cumplimiento efectivo de las disposiciones relativas a las organizaciones de trabajadores rurales y a sus miembros.

10. 1) Cuando, debido a las condiciones existentes, los trabajadores rurales tengan dificultad para tomar la iniciativa de crear y hacer funcionar sus propias organizaciones, debería estimularse a las organizaciones existentes para que proporcionen a esos trabajadores rurales, a petición suya, una asistencia y un asesoramiento apropiados, que correspondan a los intereses de los trabajadores rurales.

2) En caso necesario, y cuando así se solicite, esta asistencia podría complementarse con servicios consultivos por personal calificado para prestar asesoramiento jurídico y técnico y para impartir instrucción.

11. Deberían adoptarse medidas adecuadas para lograr que haya consultas y diálogo efectivos con las organizaciones de trabajadores rurales sobre todas las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y de vida en las zonas rurales.

12. 1) Por lo que se refiere a la formulación y, eventualmente, a la aplicación de los planes y programas económicos y sociales y de cualquier otra medida de carácter general relativa al desarrollo económico, social y cultural de las zonas rurales, las organizaciones de trabajadores rurales deberían estar asociadas a los procedimientos e instituciones de planificación, como son los servicios y comités oficiales, los organismos de desarrollo y los consejos económicos y sociales.

2) En particular, deberían adoptarse medidas apropiadas para hacer posible la participación efectiva de tales organizaciones en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de reforma agraria.

13. Los Estados Miembros deberían estimular la creación de procedimientos e instituciones que favorezcan los contactos entre las organizaciones de trabajadores rurales, los empleadores y sus organizaciones y las autoridades competentes.

B. Información pública

14. Deberían adoptarse medidas, especialmente por parte de las autoridades competentes, para promover:

a)una mejor comprensión por parte de los directamente interesados, como son las autoridades centrales, locales y otras, los empleadores rurales y los propietarios de tierras, de la contribución que podrían prestar las organizaciones de trabajadores rurales al incremento y mejor distribución de la renta nacional, al aumento de las oportunidades de empleo productivo y remunerador dentro del sector rural, a la elevación del nivel general de instrucción y de formación de las diferentes categorías de trabajadores rurales y al mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y de vida en las regiones rurales;

b)una mejor comprensión por parte del público en general, y en particular en los sectores no rurales de la economía, de la importancia que tiene el mantener un equilibrio adecuado entre el desarrollo de las zonas rurales y el de las zonas urbanas y de la conveniencia de favorecer el desarrollo de las organizaciones de trabajadores rurales como medio para lograr este equilibrio.

15. Estas medidas podrían consistir, entre otras cosas, en:

a)campañas de información y de educación de masas en especial para proporcionar a los trabajadores rurales información completa y práctica sobre sus derechos a fin de que puedan ejercitarlos cuando lo necesiten;

b)programas de radio, televisión y cine, así como la publicación regular de artículos en la prensa local y nacional en que se describan las condiciones de vida y de trabajo en las regiones rurales y se expliquen los objetivos de las organizaciones de trabajadores rurales y los resultados de su actuación;

c)la organización, en el plano local, de seminarios y de reuniones con la participación de representantes de las diferentes categorías de trabajadores rurales, de los empleadores y de los propietarios de tierras, de otros sectores de la población y de las autoridades locales;

d)la organización de visitas a las regiones rurales de periodistas, representantes de los empleadores y de los trabajadores de la industria y el comercio, de escolares y estudiantes universitarios acompañados por sus profesores y de otros representantes de diferentes sectores de la población;

e)la preparación de programas apropiados de enseñanza para los diversos tipos y niveles de escuelas que reflejen adecuadamente los problemas de la producción agrícola y la vida de los trabajadores rurales.

C. Enseñanza y formación profesional

16. A fin de lograr que las organizaciones de trabajadores rurales se desarrollen adecuadamente y asuman rápidamente todas sus funciones en el desarrollo económico y social, deberían tomarse medidas, entre otras, por las autoridades competentes, con objeto de:

a)dar a los dirigentes y a los miembros de estas organizaciones nociones acerca de:

i)la legislación nacional y las normas internacionales relativas a materias que presentan un interés directo para la actividad de las organizaciones, tales como el derecho de asociación;

ii)los principios fundamentales que rigen la creación y el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores rurales;

iii)los problemas del desarrollo rural como parte del desarrollo económico y social del país, incluidos la producción agrícola o artesanal, el almacenamiento, la transformación, el transporte, la comercialización de los productos y los intercambios comerciales;

iv)los principios y las técnicas de planificación nacional a los diferentes niveles;

v)los manuales y programas de formación publicados o establecidos por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo u otros organismos especializados que tienen por objeto la educación y la formación de los trabajadores rurales;

b)mejorar y fomentar la educación de los trabajadores rurales en todos los planos, general, técnico, económico y social, con objeto de hacerlos más capaces para desarrollar sus organizaciones y conocer sus derechos y, al mismo tiempo, para participar activamente en el desarrollo del medio rural. Debería prestarse atención particular a la formación de los trabajadores total o parcialmente analfabetos mediante programas de alfabetización ligados al desarrollo práctico de sus actividades;

c)promover programas que tengan en cuenta el papel que las mujeres pueden y deben desempeñar en las comunidades rurales, como parte integrante de los programas generales de enseñanza y de formación a los que las mujeres deberían tener las mismas posibilidades de acceso que los hombres;

d)proporcionar una formación especial a los encargados de la educación de los trabajadores rurales que les dé la posibilidad, por ejemplo, de contribuir al desarrollo de servicios cooperativos y de otros tipos de servicios adecuados que permitan a las organizaciones atender directamente las necesidades de sus miembros y reforzar su independencia merced a la autonomía económica;

e)apoyar programas que incluyan todos los aspectos de la promoción de la juventud rural.

17. 1) Para proporcionar efectivamente la educación y formación a que se hace referencia en el párrafo 16 supra, deberían establecerse y desarrollarse programas de educación obrera y de educación de adultos adaptados especialmente a las condiciones nacionales y locales, así como a las necesidades sociales, económicas y culturales de las diversas categorías de trabajadores rurales, incluidas las necesidades particulares de las mujeres y de los adolescentes.

2) En vista de sus conocimientos y experiencia en estas materias, los movimientos sindicales y las organizaciones existentes que representan a los trabajadores rurales podrían ser asociados estrechamente a la formulación y puesta en práctica de tales programas.

D. Asistencia financiera y material

18. 1) Cuando las organizaciones de trabajadores rurales, especialmente en las etapas iniciales de su desarrollo, consideren que necesitan ayuda financiera o material, por ejemplo, para poder llevar a cabo programas de enseñanza y formación, y cuando soliciten y obtengan esa ayuda, deberían tener la posibilidad de recibirla de manera que se respeten totalmente su independencia e intereses y los de sus miembros. Esa asistencia debería ser complementaria de las iniciativas y los esfuerzos de los trabajadores rurales para financiar sus propias organizaciones.

2) La disposición anterior se aplica a toda ayuda financiera y material, inclusive cuando sea política del propio Estado proporcionar tal ayuda.

[1] Fecha de entrada en vigor: 11 de mayo de 1923.

[1] Fecha de entrada en vigor: 24 de noviembre de 1977.

Anexo II

Formulario de memoria enviado a los Estados Miembros y a los interlocutores sociales

Appl. 19
C. 11, C. 141, R. 149

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

MEMORIAS SOBRE

LOS CONVENIOS NO RATIFICADOS Y LAS RECOMENDACIONES

(Artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo)

____________

FORMULARIO DE MEMORIA PARA EL ESTUDIO GENERAL, RELATIVO A LOS INSTRUMENTOS SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACIóN Y LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RURALES[1] A LA LUZ DE LA DECLARACIóN DE LA OIT DE 2008 SOBRE LA JUSTICIA SOCIAL PARA UNA GLOBALIZACIóN EQUITATIVA[2]

Ginebra
2013

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

______________

El artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo se refiere a la adopción, por la Conferencia, de convenios y de recomendaciones, así como a las obligaciones que de ello se derivan para los Miembros de la Organización. Las disposiciones pertinentes de los párrafos 5, 6 y 7 de este artículo rezan así:

5.   En el caso de un convenio:

...

e)si el Miembro no obtuviere el consentimiento de la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, no recaerá sobre dicho Miembro ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en el convenio, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo, e indicando las dificultades que impiden o retrasan la ratificación de dicho convenio.

...

6.   En el caso de una recomendación:

...

d)salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, no recaerá sobre los Miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación, y las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.

7.   En el caso de un Estado federal, se aplicarán las siguientes disposiciones:

a)respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere apropiados de acuerdo con su sistema constitucional para la adopción de medidas en el ámbito federal, las obligaciones del Estado federal serán las mismas que las de los Miembros que no sean Estados federales;

b)respecto a los convenios y recomendaciones que el gobierno federal considere más apropiados, total o parcialmente, de acuerdo con su sistema constitucional, para la adopción de medidas por parte de los Estados, provincias o cantones constitutivos que por parte del Estado federal, el gobierno federal:

...

iv)informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada uno de esos convenios que no haya ratificado, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución cualquiera de las disposiciones del convenio, por vía legislativa o administrativa, por medio de contratos colectivos, o de otro modo;

v)informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo respecto a cada una de esas recomendaciones, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de la legislación y la práctica de la federación y sus Estados, provincias o cantones constitutivos, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación y las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.

...

De conformidad con estas disposiciones, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo ha examinado y aprobado el siguiente formulario de memoria, que se ha preparado con el objeto de facilitar la comunicación uniforme de los datos solicitados.

MEMORIA

que remitirá a más tardar el 28 de febrero de 2014, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno de …………………….…………….. sobre el estado de la legislación y la práctica nacionales con respecto a las cuestiones sobre las que versan los instrumentos siguientes [3]

CONVENIO SOBRE EL DERECHO DE ASOCIACIÓN (AGRICULTURA), 1921 (NÚM. 11)

adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su tercera reunión (Ginebra), 1921

CONVENIO SOBRE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RURALES, 1975 (NÚM. 141)

RECOMENDACIÓN SOBRE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RURALES, 1975 (NÚM. 149)

adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo en su sexagésima reunión (Ginebra), 1975

I. DERECHO DE ASOCIACIÓN

1. Sírvase indicar si se da efecto al Convenio núm. 11 en la legislación y la práctica de su país y, de ser así, de qué manera, teniendo debidamente en cuenta las preguntas siguientes.

Artículo 1 del C. 11

2. Sírvase facilitar una lista de las leyes y de los reglamentos administrativos vigentes que eventualmente garanticen los derechos de asociación y coalición de los trabajadores agrícolas e indicar, cuando proceda, en qué pueden diferir los derechos que éstos otorgan de aquéllos reconocidos a los trabajadores de la industria. Sírvase facilitar, cuando proceda, una referencia específica (enlaces web, si existen) a las disposiciones de la legislación pertinente.

Artículo 1 del C. 11

3. Sírvase indicar a qué autoridad o autoridades se confía, en su caso, el cumplimiento efectivo de la legislación y de los reglamentos administrativos antes citados, y cómo se supervisa y se asegura tal aplicación.

II. ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RURALES

1. Sírvase indicar si se da efecto al Convenio núm. 141 y a la Recomendación núm. 149 en la legislación y la práctica en su país y, de ser así, de qué manera, teniendo debidamente en cuenta las preguntas siguientes.

Artículos 1-3 del C. 141

2. Sírvase especificar las categorías de trabajadores rurales existentes en su país y facilitar una lista de las leyes y de los reglamentos administrativos que eventualmente sean aplicables al establecimiento de organizaciones por dichas categorías de trabajadores. Sírvase facilitar, cuando proceda, una referencia específica (enlaces web, si existen) a las disposiciones de la legislación pertinente.

Artículos 1-4 del C. 141 y párrafos 1-4 de la R. 149

3. Sírvase indicar qué tipos de organizaciones representan, en su caso, a las diversas categorías de trabajadores rurales en su país, incluidas las organizaciones que no se limitan a estos trabajadores pero que los representan. Cuando sea posible, sírvase facilitar estadísticas sobre el número de trabajadores rurales afiliados a dichas organizaciones y/o el número de trabajadores a los que esas organizaciones representan en el sector rural.

Artículos 1-3 del C. 141 y párrafo 9 de la R. 149

4. Sírvase indicar a qué autoridad o autoridades se confía, en su caso, el cumplimiento efectivo de la legislación y de los reglamentos administrativos antes citados en relación con los trabajadores rurales, y cómo se supervisa y se asegura tal aplicación.

Artículos 1-3 del C. 141 y párrafo 7 de la R. 149

5. Sírvase indicar las condiciones sustantivas o de forma que eventualmente deban cumplir las organizaciones de trabajadores rurales para poder establecerse, si la adquisición de la personalidad jurídica es facultativa u obligatoria para las organizaciones de trabajadores rurales y, en su caso, las condiciones que éstas deben cumplir para adquirir dicha personalidad.

Artículos 1-3 del C. 141 y párrafo 7 de la R. 149

6. Sírvase especificar las disposiciones de la legislación o de los reglamentos nacionales que eventualmente garanticen que las organizaciones de trabajadores rurales tienen un carácter independiente y voluntario, y permanecen libres de toda injerencia, coerción o represión.

III. POLÍTICA NACIONAL PARA FACILITAR LA EXPANSIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES RURALES

Artículos 4-5 del C. 141 y párrafos 4, 6 y 10-18 de la R. 149

1. Sírvase describir las medidas que se hayan adoptado para facilitar y promover el establecimiento y la expansión, con carácter voluntario, de organizaciones de trabajadores rurales fuertes e independientes, así como los resultados de dichas medidas. Sírvase indicar si el Gobierno ha emprendido programas de formación específicos para desarrollar la capacidad de los trabajadores rurales y fomentar la independencia de sus organizaciones, y puntualizar si dichos programas incluyen un componente de igualdad de género.

Artículos 4-5 del C. 141 y párrafos 6, 8 y 9 de la R. 149

2. Sírvase facilitar información sobre los obstáculos que eventualmente se opongan a la creación y al desarrollo de estas organizaciones, y al desempeño de sus actividades legítimas, y sobre las medidas adoptadas o contempladas para eliminar dichas dificultades.

Artículos 4-5 del C. 141 y párrafos 5, 11-12 y 16-18 de la R. 149

3. Sírvase describir la manera en que la existencia de organizaciones de trabajadores rurales ha permitido a éstos participar en el desarrollo económico y social, así como en los beneficios que de él se derivan. Sírvase indicar las medidas eventualmente adoptadas a fin de promover la capacidad de estas organizaciones para proceder a negociaciones colectivas y a consultas en todos los planos, en nombre de los trabajadores rurales, y para representar a estos últimos en la formulación, aplicación y evaluación de los programas de desarrollo rural.

Artículo 6 del C. 141 y párrafo 14 de la R. 149

4. Sírvase describir los métodos eventualmente utilizados o contemplados para promover la mayor comprensión de la necesidad de fomentar el desarrollo de organizaciones de trabajadores rurales y de la contribución que éstas pueden aportar para mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones generales de trabajo y de vida en las regiones rurales. Sírvase incluir a este respecto información sobre toda campaña de información pública destinada a promover la mayor comprensión de la importancia que revisten las organizaciones de trabajadores rurales.

IV. IMPACTO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA OIT

1. Sírvase indicar si se han introducido modificaciones en la legislación o la práctica nacionales para dar efecto a todas las disposiciones de los Convenios o de la Recomendación, o a algunas de ellas. Sírvase indicar también si se proyecta adoptar medidas para dar mayor cumplimiento a las disposiciones de los Convenios o de la Recomendación, incluida la ratificación.

2. Sírvase exponer las dificultades derivadas de los Convenios, de la legislación o de la práctica nacionales, o debidas a cualquier otra causa que pueda impedir o demorar la ratificación de los Convenios. Sírvase indicar toda medida adoptada o contemplada para superar esos obstáculos.

3. Sírvase indicar, si ha lugar, si la posible ratificación del Convenio núm. 11 o del Convenio núm. 141 ha sido examinada sobre una base tripartita, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), y, en caso afirmativo, cuándo ha tenido lugar.

4. Sírvase indicar a qué organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores se ha comunicado copia de la presente memoria, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.

5. Sírvase indicar si ha recibido de las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas alguna observación sobre el curso dado, o que proyecta dar, a los instrumentos objeto de la presente memoria. En caso afirmativo, sírvase comunicar una copia de dichas observaciones acompañada de los comentarios que juzgue oportuno formular.

6. En el caso de que su país sea un Estado federal:

a)Sírvase indicar si el gobierno federal considera que, de acuerdo con su sistema constitucional, las disposiciones de los Convenios o de la Recomendación son más apropiadas para la adopción de medidas en el ámbito federal o, total o parcialmente, para la adopción de medidas por parte de los estados, provincias o cantones constitutivos.

b)De considerarse apropiada la adopción de medidas en el ámbito federal, sírvase transmitir la información especificada en los puntos I, II, III y IV (1 a 5) del presente formulario.

c)De considerarse apropiada la adopción de medidas por parte de las unidades constitutivas, sírvase comunicar la información general correspondiente a los puntos I, II, III y IV (1 a 5) del formulario. Sírvase indicar asimismo cualquier medida que se haya podido adoptar, dentro del Estado federal, con miras a la promoción de una acción coordinada para dar efecto a todas las disposiciones del Convenio núm. 11 o del Convenio núm. 141 y de la Recomendación núm. 149, y facilitar una indicación general de los resultados obtenidos mediante esa acción.

V. POSIBLES NECESIDADES EN MATERIA DE ACCIÓN NORMATIVA Y DE COOPERACIÓN TÉCNICA

1. ¿Qué sugerencias desearía formular su país acerca de una posible acción normativa que debiera adoptar la OIT en el ámbito de la libertad de asociación para los trabajadores rurales y agrícolas (por ejemplo, la revisión de instrumentos existentes, la adopción de nuevos instrumentos, etc.)?

2. ¿Se ha solicitado a la OIT algún respaldo programático o de cooperación técnica para dar cumplimiento a los instrumentos considerados? En caso afirmativo, ¿qué efecto ha surtido ese apoyo? En caso negativo, ¿cómo podría la OIT optimizar la asistencia que presta en cumplimiento de su mandato para apoyar los esfuerzos de los países en el ámbito de la libertad de asociación para los trabajadores rurales y agrícolas?

3. ¿Cuáles son las necesidades futuras de su país en materia de asesoramiento programático y cooperación técnica para hacer efectivos los objetivos de los instrumentos considerados?

[1] Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11); Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141); Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149).

[2] Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima séptima reunión, Ginebra, 10 de junio de 2008.

[3] Los gobiernos de los países que han ratificado los Convenios núms. 11 y 141 y que todavía deben presentar una memoria en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT utilizarán el presenteformulario únicamente con respecto a la Recomendación y para contestar a los puntos IV y V. No será necesario que repitan la información que ya hayan facilitado en relación con los Convenios. Los que sólo hayan ratificado el Convenio núm. 11 habrán de responder a las preguntas formuladas en los puntos II y III (referentes al Convenio núm. 141) y IV y V del formulario de memoria, que son genéricos. Los gobiernos de los países que sólo hayan ratificado el Convenio núm. 141 habrán de contestar a los puntos I, IV y V. Los textos de los Convenios y la Recomendación se adjuntan al presente documento.

Anexo III

Gobiernos que han presentado memorias

Alemania

Eslovaquia

Namibia

Antigua y Barbuda

Eslovenia

Nepal

Arabia Saudita

España

Nicaragua

Argelia

Estados Unidos

Níger

Argentina

Estonia

Noruega

Australia

Etiopía

Nueva Zelandia

Austria

Ex República Yugoslava de Macedonia

Omán

Azerbaiyán

Filipinas

Países Bajos

Bahamas

Finlandia

Panamá

Bahrein

Francia

Perú

Bangladesh

Gabón

Polonia

Barbados

Georgia

Portugal

Belarús

Grecia

Qatar

Bélgica

Guatemala

Reino Unido

Bolivia, Estado Plurinacional de

Honduras

Rumania

Bosnia y Herzegovina

Hungría

Rusia, Federación de

Brasil

India

San Vicente y las Granadinas

Brunei Darussalam

Indonesia

Senegal

Bulgaria

Islandia

Seychelles

Cabo Verde

Israel

Singapur

Camerún

Italia

Sri Lanka

Canadá

Japón

Sudán

República Checa

Jordania

Suecia

Chile

Kirguistán

Suiza

China

Kuwait

Tailandia

Chipre

Letonia

Tanzanía, República Unida de

Colombia

Líbano

Tayikistán

Corea, República de

Lituania

Trinidad y Tabago

Costa Rica

Madagascar

Túnez

Côte d’Ivoire

Malasia

Turkmenistán

Cuba

Marruecos

Turquía

Dinamarca

Mauricio

Ucrania

Djibouti

México

Uruguay

Ecuador

Moldova, República de

Uzbekistán

Egipto

Montenegro

Venezuela, República Bolivariana de

El Salvador

Mozambique

Zimbabwe

Eritrea

Myanmar

Anexo IV

Organizaciones de trabajadores y de empleadores que han presentado memorias

Organizaciones de trabajadores

Argentina

•Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)

Australia

•Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU)

Bangladesh

•Federación del Trabajo Agrícola de Bangladesh (BAFLF)

Benin

•Federación de Sindicatos de desarrollo Rural y Medio Ambiente de Benin (FESYNDERE)

Brasil

•Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG)

Bulgaria

•Confederación de Sindicatos Independientes en Bulgaria (KNSB/CITUB)

Camerún

•Confederación de Trabajadores Unidos del Camerún (CTUC)

•Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Fako, Camerún (FAWU)

Canadá

•Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Unidos de la Alimentación y del Comercio (TUAC)

Chile

•Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

Colombia

•Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT)

•Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)

•Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO)

•Unión Nacional Agroalimentaria de Colombia (UNAC)

Corea, República de

•Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU)

•Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU)

Costa Rica

•Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)

•Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines Libre (SINTRACOBAL)

Dinamarca

•Federación Unida de Trabajadores Daneses (3F)

Dominicana, República

•Sindicato de Trabajadores Bananeros Proyecto La Cruz de Manzanillo

Ecuador

•Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador (CSE)

•Federación Nacional de Campesinos Libres del Ecuador (FENACLE)

El Salvador

•Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños del Sector Alimentos, Bebidas, Hoteles, Restaurantes y Agroindustria (FESTSSABHRA)

España

•Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios de la Unión General de Trabajadores (FITAG-UGT)

Filipinas

•Congreso de Sindicatos de Filipinas (TUCP)

Finlandia

•Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK)

Guatemala

•Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG)

•Sindicato de los Trabajadores del Banano de Izabal (SITRABI)

Honduras

•Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA-Honduras)

India

•Hind Kisan Mazdoor Party, Bihar (HKMP)

•Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Bengala Occidental

•Sindicato de Trabajadores de Plantaciones de la India Meridional

Italia

•Unión Italiana del Trabajo (UIL), Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL)

Kenya

•Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Azucareras y Afines de Kenia (KUSPAW)

Kirguistán

•Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria de Kirguistán (AIWU)

Malawi

•Sindicato de Trabajadores de Plantaciones y de la Agricultura de Malawi

•Sindicato de Trabajadores del Tabaco y Afines de Malawi (TOAWUM)

México

•Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)

Myanmar

•Federación de Trabajadores de la Agricultura de Myanmar (AFFM)

Nueva Zelandia

•Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU)

Países Bajos

•Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV)

Pakistán

•Federación de Trabajadores de la Industria Azucarera de Sindh (SSMWF)

Panamá

•Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI)

Perú

•Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)

•Federación Nacional de Trabajadores del Sector Alimentos, Bebidas y Afines

Reino Unido

•Unite the Union

Sudáfrica

•Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y Afines (FAWU)

Suecia

•Confederación Sueca de Sindicatos (LO)

Suiza

•Unión Sindical Suiza (USS/SGB)

•Unión Suiza de Campesinos (USP)

Túnez

•Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT)

Turquía

•Confederación de Sindicatos de Turquía (TÜRK-IŞ)

Uruguay

•Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Sur del País (UTRASURPA)

Zambia

•Sindicato Nacional de Trabajadores de Plantaciones, la Agricultura y Afines (NUPAAW)

Organizaciones de empleadores

Bangladesh

•Federación de los Empleadores de Bangladesh (BEF)

Corea, República de

•Federación Coreana de Empleadores (KEF)

Finlandia

•Confederación de Industrias de Finlandia (EK)

•Unión Central de Productores Agrícolas y de Propietarios Forestales (MTK)

Nueva Zelandia

•Empresa Nueva Zelandia

Sudán

•Federación Sudanesa de Hombres de Negocios y de Empleadores

Turquía

•Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK)

Uzbekistán

•Cámara de Comercio de Uzbekistán

Anexo V

Situación relativa de las ratificaciones

(Convenios núms. 11, 87, 98 y 141)

Miembros

Convenio núm. 11

Convenio núm. 87

Convenio núm. 98

Convenio núm. 141

Afganistán

–

–

–

Ratificado 16/05/1979

Albania

Ratificado 03/06/1957

Ratificado 03/06/1957

Ratificado 03/06/1957

Ratificado 18/08/2004

Alemania

Ratificado 06/06/1925

Ratificado 20/03/1957

Ratificado 08/06/1956

Ratificado 05/12/1978

Angola

Ratificado 13/06/2001

Ratificado 04/06/1976

–

Antigua y Barbuda

Ratificado 02/02/1983

Ratificado 02/02/1983

Ratificado 02/02/1983

–

Arabia Saudita

–

–

–

–

Argelia

Ratificado 19/10/1962

Ratificado 19/10/1962

Ratificado 19/10/1962

–

Argentina

Ratificado 26/05/1936

Ratificado 18/01/1960

Ratificado 24/09/1956

–

Armenia

Ratificado 02/01/2006

Ratificado 12/11/2003

–

Australia

Ratificado 24/12/1957

Ratificado 28/02/1973

Ratificado 28/02/1973

–

Austria

Ratificado 12/06/1924

Ratificado 18/10/1950

Ratificado 10/11/1951

Ratificado 18/09/1978

Azerbaiyán

Ratificado 19/05/1992

Ratificado 19/05/1992

Ratificado 19/05/1992

–

Bahamas

Ratificado 25/05/1976

Ratificado 14/06/2001

Ratificado 25/05/1976

–

Bahrein

–

–

–

–

Bangladesh

Ratificado 22/06/1972

Ratificado 22/06/1972

Ratificado 22/06/1972

–

Barbados

Ratificado 08/05/1967

Ratificado 08/05/1967

Ratificado 08/05/1967

–

Belarús

Ratificado 06/11/1956

Ratificado 06/11/1956

Ratificado 06/11/1956

–

Bélgica

Ratificado 19/07/1926

Ratificado 23/10/1951

Ratificado 10/12/1953

Ratificado 19/12/2003

Belice

Ratificado 15/12/1983

Ratificado 15/12/1983

Ratificado 15/12/1983

Ratificado 22/06/1999

Benin

Ratificado 12/12/1960

Ratificado 12/12/1960

Ratificado 16/05/1968

–

Bolivia, Estado Plurinacional de

–

Ratificado 04/01/1965

Ratificado 15/11/1973

–

Bosnia y Herzegovina

Ratificado 02/06/1993

Ratificado 02/06/1993

Ratificado 02/06/1993

–

Botswana

–

Ratificado 22/12/1997

Ratificado 22/12/1997

–

Brasil

Ratificado 25/04/1957

–

Ratificado 18/11/1952

Ratificado 27/09/1994

Brunei Darussalam

–

–

–

–

Bulgaria

Ratificado 06/03/1925

Ratificado 08/06/1959

Ratificado 08/06/1959

–

Burkina Faso

Ratificado 21/11/1960

Ratificado 21/11/1960

Ratificado 16/04/1962

Ratificado 25/08/1997

Burundi

Ratificado 11/03/1963

Ratificado 25/06/1993

Ratificado 10/10/1997

–

Cabo Verde

–

Ratificado 01/02/1999

Ratificado 03/04/1979

–

Camboya

–

Ratificado 23/08/1999

Ratificado 23/08/1999

–

Camerún

Ratificado 07/06/1960

Ratificado 07/06/1960

Ratificado 03/09/1962

–

Canadá

–

Ratificado 23/03/1972

–

–

República Centroafricana

Ratificado 27/10/1960

Ratificado 27/10/1960

Ratificado 09/06/1964

–

Chad

Ratificado 10/11/1960

Ratificado 10/11/1960

Ratificado 08/06/1961

–

República Checa

Ratificado 01/01/1993

Ratificado 01/01/1993

Ratificado 01/01/1993

–

Chile

Ratificado 15/09/1925

Ratificado 01/02/1999

Ratificado 01/02/1999

–

China

Ratificado 27/04/1934

–

–

–

Chipre

Ratificado 08/10/1965

Ratificado 24/05/1966

Ratificado 24/05/1966

Ratificado 28/06/1977

Colombia

Ratificado 20/06/1933

Ratificado 16/11/1976

Ratificado 16/11/1976

–

Comoras

Ratificado 23/10/1978

Ratificado 23/10/1978

Ratificado 23/10/1978

–

Congo

Ratificado 10/11/1960

Ratificado 10/11/1960

Ratificado 26/11/1999

–

Corea, República de

–

–

–

–

Costa Rica

Ratificado 16/09/1963

Ratificado 02/06/1960

Ratificado 02/06/1960

Ratificado 23/07/1991

Côte d’Ivoire

Ratificado 21/11/1960

Ratificado 21/11/1960

Ratificado 05/05/1961

–

Croacia

Ratificado 08/10/1991

Ratificado 08/10/1991

Ratificado 08/10/1991

–

Cuba

Ratificado 22/08/1935

Ratificado 25/06/1952

Ratificado 29/04/1952

Ratificado 14/04/1977

República Democrática del Congo

Ratificado 20/09/1960

Ratificado 20/06/2001

Ratificado 16/06/1969

–

Dinamarca

Ratificado 20/06/1930

Ratificado 13/06/1951

Ratificado 15/08/1955

Ratificado 06/06/1978

Djibouti

Ratificado 03/08/1978

Ratificado 03/08/1978

Ratificado 03/08/1978

–

Dominica

Ratificado 28/02/1983

Ratificado 28/02/1983

Ratificado 28/02/1983

–

República Dominicana

–

Ratificado 05/12/1956

Ratificado 22/09/1953

–

Ecuador

Ratificado 10/03/1969

Ratificado 29/05/1967

Ratificado 28/05/1959

Ratificado 26/10/1977

Egipto

Ratificado 03/07/1954

Ratificado 06/11/1957

Ratificado 03/07/1954

El Salvador

–

Ratificado 06/09/2006

Ratificado 06/09/2006

Ratificado 15/06/1995

Emiratos Árabes Unidos

–

–

–

–

Eritrea

–

Ratificado 22/02/2000

Ratificado 22/02/2000

–

Eslovaquia

Ratificado 01/01/1993

Ratificado 01/01/1993

Ratificado 01/01/1993

–

Eslovenia

Ratificado 29/05/1992

Ratificado 29/05/1992

Ratificado 29/05/1992

–

España

Ratificado 29/08/1932

Ratificado 20/04/1977

Ratificado 20/04/1977

Ratificado 28/04/1978

Estados Unidos

–

–

–

–

Estonia

Ratificado 08/09/1922

Ratificado 22/03/1994

Ratificado 22/03/1994

–

Etiopía

Ratificado 04/06/1963

Ratificado 04/06/1963

Ratificado 04/06/1963

–

Ex República Yugoslava de Macedonia

Ratificado 17/11/1991

Ratificado 17/11/1991

Ratificado 17/11/1991

–

Fiji

Ratificado19/04/1974

Ratificado 17/04/2002

Ratificado 19/04/1974

–

Filipinas

–

Ratificado 29/12/1953

Ratificado 29/12/1953

Ratificado 18/06/1979

Finlandia

Ratificado 19/06/1923

Ratificado 20/01/1950

Ratificado 22/12/1951

Ratificado 14/09/1977

Francia

Ratificado 23/03/1929

Ratificado 28/06/1951

Ratificado 26/10/1951

Ratificado 10/09/1984

Gabón

Ratificado 14/10/1960

Ratificado 14/10/1960

Ratificado 29/05/1961

–

Gambia

–

Ratificado 04/09/2000

Ratificado 04/09/2000

–

Georgia

–

Ratificado 03/08/1999

Ratificado 22/06/1993

–

Ghana

Ratificado 14/03/1968

Ratificado 02/06/1965

Ratificado 02/07/1959

–

Granada

Ratificado 09/07/1979

Ratificado 25/10/1994

Ratificado 09/07/1979

–

Grecia

Ratificado 13/06/1952

Ratificado 30/03/1962

Ratificado 30/03/1962

Ratificado 17/10/1989

Guatemala

Ratificado 14/06/1988

Ratificado 13/02/1952

Ratificado 13/02/1952

Ratificado 13/06/1989

Guinea

Ratificado 21/01/1959

Ratificado 21/01/1959

Ratificado 26/03/1959

–

Guinea-Bissau

–

–

Ratificado 21/02/1977

–

Guinea Ecuatorial

–

Ratificado 13/08/2001

Ratificado 13/08/2001

–

Guyana

Ratificado 08/06/1966

Ratificado 25/09/1967

Ratificado 08/06/1966

Ratificado 10/01/1983

Haití

–

Ratificado 05/06/1979

Ratificado 12/04/1957

–

Honduras

–

Ratificado 27/06/1956

Ratificado 27/06/1956

–

Hungría

–

Ratificado 06/06/1957

Ratificado 06/06/1957

Ratificado 04/01/1994

India

Ratificado 11/05/1923

–

–

Ratificado 18/08/1977

Indonesia

–

Ratificado 09/06/1998

Ratificado 15/07/1957

–

Irán, República Islámica del

–

–

–

–

Iraq

Ratificado 01/04/1985

–

Ratificado 27/11/1962

–

Irlanda

Ratificado 17/06/1924

Ratificado 04/06/1955

Ratificado 04/06/1955

–

Islandia

Ratificado 21/08/1956

Ratificado 19/08/1950

Ratificado 15/07/1952

–

Islas Marshall

–

–

–

–

Islas Salomón

Ratificado 06/08/1985

Ratificado 13/04/2012

Ratificado 13/04/2012

–

Israel

–

Ratificado 28/01/1957

Ratificado 28/01/1957

Ratificado 21/06/1979

Italia

Ratificado 08/09/1924

Ratificado 13/05/1958

Ratificado 13/05/1958

Ratificado 18/10/1979

Jamaica

Ratificado 08/07/1963

Ratificado 26/12/1962

Ratificado 26/12/1962

–

Japón

–

Ratificado 14/06/1965

Ratificado 20/10/1953

–

Jordania

–

–

Ratificado 12/12/1968

–

Kazajstán

–

Ratificado 31/12/2000

Ratificado 18/05/2001

–

Kenya

Ratificado 13/01/1964

–

Ratificado 13/01/1964

Ratificado 09/04/1979

Kirguistán

Ratificado 31/03/1992

Ratificado 31/03/1992

Ratificado 31/03/1992

–

Kiribati

–

Ratificado 03/02/2000

Ratificado 03/02/2000

–

Kuwait

–

Ratificado 21/09/1961

Ratificado 09/08/2007

–

República Democrática Popular Lao

–

–

–

–

Lesotho

Ratificado 31/10/1966

Ratificado 31/10/1966

Ratificado 31/10/1966

–

Letonia

Ratificado 09/09/1924

Ratificado 27/01/1992

Ratificado 27/01/1992

–

Líbano

–

–

Ratificado 01/06/1977

–

Liberia

–

Ratificado 25/05/1962

Ratificado 25/05/1962

–

Libia

–

Ratificado 04/10/2000

Ratificado 20/06/1962

–

Lituania

Ratificado 26/09/1994

Ratificado 26/09/1994

Ratificado 26/09/1994

–

Luxemburgo

Ratificado 16/04/1928

Ratificado 03/03/1958

Ratificado 03/03/1958

–

Madagascar

Ratificado 01/11/1960

Ratificado 01/11/1960

Ratificado 03/06/1998

–

Malasia

–

–

Ratificado 05/06/1961

–

Malawi

Ratificado 22/03/1965

Ratificado 19/11/1999

Ratificado 22/03/1965

–

Maldivas, República de

–

Ratificado 04/01/2013

Ratificado 04/01/2013

–

Malí

Ratificado 22/09/1960

Ratificado 22/09/1960

Ratificado 02/03/1964

Ratificado 12/06/1995

Malta

Ratificado 04/01/1965

Ratificado 04/01/1965

Ratificado 04/01/1965

Ratificado 09/06/1988

Marruecos

Ratificado 20/05/1957

–

Ratificado 20/05/1957

–

Mauricio

Ratificado 02/12/1969

Ratificado 01/04/2005

Ratificado 02/12/1969

–

Mauritania

Ratificado 20/06/1961

Ratificado 20/06/1961

Ratificado 03/12/2001

–

México

Ratificado 20/05/1937

Ratificado 01/04/1950

–

Ratificado 28/06/1978

Moldova, República de

Ratificado 04/04/2003

Ratificado 12/08/1996

Ratificado 12/08/1996

Ratificado 04/04/2003

Mongolia

–

Ratificado 03/06/1969

Ratificado 03/06/1969

–

Montenegro

Ratificado 03/06/2006

Ratificado 03/06/2006

Ratificado 03/06/2006

–

Mozambique

Ratificado 06/06/1977

Ratificado 23/12/1996

Ratificado 23/12/1996

–

Myanmar

Ratificado 11/05/1923

Ratificado 04/03/1955

–

Namibia

–

Ratificado 03/01/1995

Ratificado 03/01/1995

–

Nepal

–

–

Ratificado 11/11/1996

–

Nicaragua

Ratificado 12/04/1934

Ratificado 31/10/1967

Ratificado 31/10/1967

Ratificado 01/10/1981

Níger

Ratificado 27/02/1961

Ratificado 27/02/1961

Ratificado 23/03/1962

–

Nigeria

Ratificado 16/06/1961

Ratificado 17/10/1960

Ratificado 17/10/1960

–

Noruega

Ratificado 11/06/1929

Ratificado 04/07/1949

Ratificado 17/02/1955

Ratificado 24/11/1976

Nueva Zelandia

Ratificado 29/03/1938

–

Ratificado 09/06/2003

–

Omán

–

–

–

–

Países Bajos

Ratificado 20/08/1926

Ratificado 07/03/1950

Ratificado 22/12/1993

Ratificado 26/01/1977

Pakistán

Ratificado 11/05/1923

Ratificado 14/02/1951

Ratificado 26/05/1952

–

Palau

–

–

–

–

Panamá

Ratificado 19/06/1970

Ratificado 03/06/1958

Ratificado 16/05/1966

–

Papua Nueva Guinea

Ratificado 01/05/1976

Ratificado 02/06/2000

Ratificado 01/05/1976

–

Paraguay

Ratificado 16/05/1968

Ratificado 28/06/1962

Ratificado 21/03/1966

–

Perú

Ratificado 08/11/1945

Ratificado 02/03/1960

Ratificado 13/03/1964

–

Polonia

Ratificado 21/06/1924

Ratificado 25/02/1957

Ratificado 25/02/1957

Ratificado 29/11/1991

Portugal

Ratificado 27/09/1977

Ratificado 14/10/1977

Ratificado 01/07/1964

–

Qatar

–

–

–

–

Reino Unido

Ratificado 06/08/1923

Ratificado 27/06/1949

Ratificado 30/06/1950

Ratificado 15/02/1977

Rumania

Ratificado 10/11/1930

Ratificado 28/05/1957

Ratificado 26/11/1958

–

Rusia, Federación de

Ratificado 10/08/1956

Ratificado 10/08/1956

Ratificado 10/08/1956

–

Rwanda

Ratificado 18/09/1962

Ratificado 08/11/1988

Ratificado 08/11/1988

–

Saint Kitts y Nevis

–

Ratificado 25/08/2000

Ratificado 04/09/2000

–

Samoa

–

Ratificado 30/06/2008

Ratificado 30/06/2008

–

San Marino

–

Ratificado 19/12/1986

Ratificado 19/12/1986

–

San Vicente y las Granadinas

Ratificado 21/10/1998

Ratificado 09/11/2001

Ratificado 21/10/1998

–

Santa Lucía

Ratificado 14/05/1980

Ratificado 14/05/1980

Ratificado 14/05/1980

–

Santo Tomé y Príncipe

–

Ratificado 17/06/1992

Ratificado 17/06/1992

–

Senegal

Ratificado 04/11/1960

Ratificado 04/11/1960

Ratificado 28/07/1961

–

Serbia

Ratificado 24/11/2000

Ratificado 24/11/2000

Ratificado 24/11/2000

–

Seychelles

Ratificado 06/02/1978

Ratificado 06/02/1978

Ratificado 04/10/1999

–

Sierra Leona

–

Ratificado 15/06/1961

Ratificado 13/06/1961

–

Singapur

Ratificado 25/10/1965

–

Ratificado 25/10/1965

–

República Árabe Siria

Ratificado 26/07/1960

Ratificado 26/07/1960

Ratificado 07/06/1957

–

Somalia

–

Ratificado 20/03/2014

Ratificado 20/03/2014

–

Sri Lanka

Ratificado 25/08/1952

Ratificado 15/09/1995

Ratificado 13/12/1972

–

Sudáfrica

–

Ratificado 19/02/1996

Ratificado 19/02/1996

–

Sudán

–

–

Ratificado 18/06/1957

–

Sudán del Sur

–

–

Ratificado 29/04/2012

–

Suecia

Ratificado 27/11/1923

Ratificado 25/11/1949

Ratificado 18/07/1950

Ratificado 19/07/1976

Suiza

Ratificado 23/05/1940

Ratificado 25/03/1975

Ratificado 17/08/1999

Ratificado 23/05/1977

Suriname

Ratificado 15/06/1976

Ratificado 15/06/1976

Ratificado 05/06/1996

–

Swazilandia

Ratificado 26/04/1978

Ratificado 26/04/1978

Ratificado 26/04/1978

–

Tailandia

–

–

–

–

Tanzanía, República Unida de

Ratificado 19/11/1962

Ratificado 18/04/2000

Ratificado 30/01/1962

–

Tayikistán

Ratificado 26/11/1993

Ratificado 26/11/1993

Ratificado 26/11/1993

–

Timor-Leste

–

Ratificado 16/06/2009

Ratificado 16/06/2009

–

Togo

Ratificado 07/06/1960

Ratificado 07/06/1960

Ratificado 08/11/1983

–

Trinidad y Tabago

–

Ratificado 24/05/1963

Ratificado 24/05/1963

–

Túnez

Ratificado 15/05/1957

Ratificado 18/06/1957

Ratificado 15/05/1957

–

Turkmenistán

–

Ratificado 15/05/1997

Ratificado 15/05/1997

–

Turquía

Ratificado 29/03/1961

Ratificado 12/07/1993

Ratificado 23/01/1952

–

Tuvalu

–

–

–

–

Ucrania

Ratificado 14/09/1956

Ratificado 14/09/1956

Ratificado 14/09/1956

–

Uganda

Ratificado 04/06/1963

Ratificado 02/06/2005

Ratificado 04/06/1963

–

Uruguay

Ratificado 06/06/1933

Ratificado 18/03/1954

Ratificado 18/03/1954

Ratificado19/06/1989

Uzbekistán

–

–

Ratificado 13/07/1992

–

Vanuatu

–

Ratificado 28/08/2006

Ratificado 28/08/2006

–

Venezuela, República Bolivariana de

Ratificado 20/11/1944

Ratificado 20/09/1982

Ratificado 19/12/1968

Ratificado 05/07/1983

Viet Nam

–

–

–

–

Yemen

–

Ratificado 29/07/1976

Ratificado 14/04/1969

–

Zambia

Ratificado 02/12/1964

Ratificado 02/09/1996

Ratificado 02/09/1996

Ratificado 04/12/1978

Zimbabwe

–

Ratificado 09/04/2003

Ratificado 27/08/1998

–

ISBN 978-92-2-329007-8 (impreso)

ISBN 978-92-2-329008-5 (web pdf)

ISSN 0251-3226

Primera edición 2015

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