ILC.104/III(1A)

Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, 2015

Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

(artículos 19, 22 y 35 de la Constitución)

Tercer punto del orden del día: Informaciones y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones

Informe III (Parte 1A)

Informe General y observaciones referidas a ciertos países

Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente, constituido por juristas cuya misión es examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por los Estados Miembros de esta Organización. El informe anual de la Comisión de Expertos cubre numerosos aspectos relacionados con la aplicación de las normas de la OIT. La estructura del informe, tal como se modificó en el 2003, se divide en las siguientes partes:

a)La Nota al lector aporta indicaciones sobre la Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo (su mandato, funcionamiento y el marco institucional en el que se inscriben sus labores respectivas (volumen 1A, págs. 1-4).

b)Parte I: el Informe General describe el desarrollo de los trabajos de la Comisión de Expertos y hasta qué punto los Estados Miembros han cumplido con sus obligaciones constitucionales respecto a las normas internacionales del trabajo, y hace hincapié en cuestiones de interés general que se derivan de la labor de la Comisión (volumen 1A, págs. 5-38).

c)Parte II: las Observaciones referidas de ciertos países sobre la aplicación de los convenios ratificados (véase sección I), y sobre la obligación de someter los instrumentos a las autoridades competentes (véase sección II) (volumen 1A, págs. 39-564).

d)Parte III: el Estudio General, en el que la Comisión de Expertos examina el estado de la legislación y la práctica sobre un tema específico cubierto por algunos convenios y recomendaciones. Este examen concierne al conjunto de los Estados Miembros, tanto si han ratificado los convenios en cuestión como si no lo han hecho. El Estudio General se publica en un volumen separado (Informe III (Parte 1B)) y este año examina el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11), el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) y la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149) (volumen 1B).

Por último, un Documento de información sobre las ratificaciones y las actividades relacionadas con las normas preparado por la Oficina completa la información que contiene el informe de la Comisión de Expertos. Este documento proporciona una perspectiva actualizada de los acontecimientos relacionados con las normas internacionales del trabajo, de la aplicación de los procedimientos de control y de la cooperación técnica en relación con las normas internacionales del trabajo. Este documento contiene, en forma de cuadro, información sobre la ratificación de los convenios y protocolos y sobre los «perfiles de países» (volumen 2).

El informe de la Comisión de Expertos se puede encontrar asimismo en la siguiente dirección de Internet: http://www.ilo.org/global/standards/lang--sp/index.htm.

ÍNDICE

NOTA AL LECTOR

Panorama general de los mecanismos de control de la OIT

Cometido de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

Orígenes de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo

La Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

PARTE I. INFORME GENERAL

I.INTRODUCCIÓN

Composición de la Comisión

Métodos de trabajo

Relaciones con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

Mandato

II.RESPETO DE LAS OBLIGACIONES

A.Memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución)

B.Examen de las memorias sobre los convenios ratificados por la Comisión de Expertos

C.Memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución

D.Sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 19, párrafos 5, 6 y 7, de la Constitución)

III.COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y FUNCIONES RELATIVAS A OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Colaboración con organizaciones internacionales en materia de normas

Tratados de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos

Código Europeo de Seguridad Social y su Protocolo

ANEXO AL INFORME GENERAL

Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

PARTE II. OBSERVACIONES REFERIDAS A CIERTOS PAÍSES

I.OBSERVACIONES ACERCA DE LAS MEMORIAS SOBRE LOS CONVENIOS RATIFICADOS (ARTÍCULOS 22, 23, PÁRRAFO 2, Y 35, PÁRRAFOS 6 Y 8, DE LA CONSTITUCIÓN)

Observación general

Observaciones generales

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo

Trabajo forzoso

Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores

Igualdad de oportunidades y de trato

Consultas tripartitas

Administración e inspección del trabajo

Política y promoción del empleo

Orientación y formación profesionales

Seguridad del empleo

Salarios

Tiempo de trabajo

Seguridad y salud en el trabajo

Seguridad social

Protección de la maternidad

Política social

Trabajadores migrantes

Gente de mar

Pescadores

Trabajadores portuarios

Pueblos indígenas y tribales

Categorías específicas de trabajadores

II.OBSERVACIONES ACERCA DE LA SUMISIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LOS CONVENIOS Y RECOMENDACIONES ADOPTADOS POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO (ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN)

ANEXOS

I.Cuadro de las memorias recibidas sobre convenios ratificados en fecha de 6 de diciembre de 2014 (artículos 22 y 35 de la Constitución)

II.Cuadro estadístico de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados hasta el 6 de diciembre de 2014 (artículo 22 de la Constitución)

III.Lista de las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

IV.Resumen de las informaciones comunicadas por los gobiernos respecto de la obligación de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a las autoridades competentes

V.Informaciones facilitadas por los gobiernos con respecto a la obligación de someter los convenios y recomendaciones a las autoridades competentes

VI.Situación de los Estados Miembros en relación con la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia al 6 de diciembre de

VII.Lista de las comentarios presentados por la Comisión por país

Lista de los Convenios y Protocolos por tema

Los Convenios fundamentales están en negritas y los Convenios prioritarios en cursiva

Convenio revisado, total o parcialmente, por un convenio o protocolo posterior.

Convenio que ya no puede ser ratificado debido a la entrada en vigor de un convenio que lo revisa.

Convenio o Protocolo que no ha entrado en vigor.

Convenio retirado.

1

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo

C011

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11)

C084

Convenio sobre el derecho de asociación (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 84)

C087

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87)

C098

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)

C135

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135)

C141

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)

C151

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151)

C154

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154)

2

Trabajo forzoso

C029

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29)

C105

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105)

P029

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930

3

Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores

C005

Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5)

C006

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1919 (núm. 6)

C010

Convenio sobre la edad mínima (agricultura), 1921 (núm. 10)

C015

Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y fogoneros), 1921 (núm. 15)

C033

Convenio sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1932 (núm. 33)

C059

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (industria), 1937 (núm. 59)

C060

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937 (núm. 60)

C077

Convenio sobre el examen médico de los menores (industria), 1946 (núm. 77)

C078

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78)

C079

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79)

C090

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90)

C123

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123)

C124

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 124)

C138

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)

C182

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)

4

Igualdad de oportunidades y de trato

C100

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100)

C111

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111)

C156

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156)

5

Consultas tripartitas

C144

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144)

6

Administración e inspección del trabajo

C063

Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63)

C081

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81)

C085

Convenio sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85)

C129

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)

C150

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150)

C160

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160)

P081

Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947

7

Política y promoción del empleo

C002

Convenio sobre el desempleo, 1919 (núm. 2)

C034

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación, 1933 (núm. 34)

C088

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88)

C096

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96)

C122

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122)

C159

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159)

C181

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181)

8

Orientación y formación profesionales

C140

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140)

C142

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142)

9

Seguridad del empleo

C158

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158)

10

Salarios

C026

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26)

C094

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94)

C095

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95)

C099

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99)

C131

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131)

C173

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173)

11

Tiempo de trabajo

C001

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1)

C004

Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4)

C014

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14)

C020

Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925 (núm. 20)

C030

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30)

C031

Convenio sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1931 (núm. 31)

C041

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1934 (núm. 41)

C043

Convenio sobre las fábricas de vidrio, 1934 (núm. 43)

C046

Convenio (revisado) sobre las horas de trabajo (minas de carbón), 1935 (núm. 46)

C047

Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47)

C049

Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (fábricas de botellas), 1935 (núm. 49)

C051

Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (obras públicas), 1936 (núm. 51)

C052

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52)

C061

Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (industria textil), 1937 (núm. 61)

C067

Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939 (núm. 67)

C089

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89)

C101

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101)

C106

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106)

C132

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132)

C153

Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por carretera), 1979 (núm. 153)

C171

Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171)

C175

Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175)

P089

Protocolo de 1990 relativo al Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948

12

Seguridad y salud en el trabajo

C013

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13)

C045

Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45)

C062

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62)

C115

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)

C119

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119)

C120

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120)

C127

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127)

C136

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136)

C139

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139)

C148

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148)

C155

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)

C161

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)

C162

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)

C167

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167)

C170

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170)

C174

Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174)

C176

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176)

C184

Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184)

C187

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187)

P155

Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981

13

Seguridad soci al

C012

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12)

C017

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17)

C018

Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1925 (núm. 18)

C019

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19)

C024

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24)

C025

Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25)

C035

Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.), 1933 (núm. 35)

C036

Convenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 (núm. 36)

C037

Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 (núm. 37)

C038

Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 (núm. 38)

C039

Convenio sobre el seguro de muerte (industria, etc.), 1933 (núm. 39)

C040

Convenio sobre el seguro de muerte (agricultura), 1933 (núm. 40)

C042

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42)

C044

Convenio sobre el desempleo, 1934 (núm. 44)

C048

Convenio sobre la conservación de los derechos de pensión de los migrantes, 1935 (núm. 48)

C102

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102)

C118

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118)

C121

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121)

C128

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128)

C130

Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130)

C157

Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social, 1982 (núm. 157)

C168

Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168)

14

Protección de la maternidad

C003

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3)

C103

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103)

C183

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183)

15

Política social

C082

Convenio sobre política social (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 82)

C117

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117)

16

Trabajadores migrantes

C021

Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 1926 (núm. 21)

C066

Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939 (núm. 66)

C097

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97)

C143

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143)

17

Gente de mar

C007

Convenio sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1920 (núm. 7)

C008

Convenio sobre las indemnizaciones de desempleo (naufragio), 1920 (núm. 8)

C009

Convenio sobre la colocación de la gente de mar, 1920 (núm. 9)

C016

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajo marítimo), 1921 (núm. 16)

C022

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la gente de mar, 1926 (núm. 22)

C023

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar, 1926 (núm. 23)

C053

Convenio sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936 (núm. 53)

C054

Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1936 (núm. 54)

C055

Convenio sobre las obligaciones del armador en caso de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936 (núm. 55)

C056

Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente de mar, 1936 (núm. 56)

C057

Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1936 (núm. 57)

C058

Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936 (núm. 58)

C068

Convenio sobre la alimentación y el servicio de fonda (tripulación de buques), 1946 (núm. 68)

C069

Convenio sobre el certificado de aptitud de los cocineros de buque, 1946 (núm. 69)

C070

Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946 (núm. 70)

C071

Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71)

C072

Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1946 (núm. 72)

C073

Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 1946 (núm. 73)

C074

Convenio sobre el certificado de marinero preferente, 1946 (núm. 74)

C075

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación, 1946 (núm. 75)

C076

Convenio sobre los salarios, las horas de trabajo a bordo y la dotación, 1946 (núm. 76)

C091

Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar (revisado), 1949 (núm. 91)

C092

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (revisado), 1949 (núm. 92)

C093

Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1949 (núm. 93)

C108

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108)

C109

Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1958 (núm. 109)

C133

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (disposiciones complementarias), 1970 (núm. 133)

C134

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134)

C145

Convenio sobre la continuidad del empleo (gente de mar), 1976 (núm. 145)

C146

Convenio sobre las vacaciones anuales pagadas (gente de mar), 1976 (núm. 146)

C147

Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 (núm. 147)

C163

Convenio sobre el bienestar de la gente de mar, 1987 (núm. 163)

C164

Convenio sobre la protección de la salud y la asistencia médica (gente de mar), 1987 (núm. 164)

C165

Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 165)

C166

Convenio sobre la repatriación de la gente de mar (revisado), 1987 (núm. 166)

C178

Convenio sobre la inspección del trabajo (gente de mar), 1996 (núm. 178)

C179

Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179)

C180

Convenio sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación de los buques, 1996 (núm. 180)

C185

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185)

MLC, 2006

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006)

P147

Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976

18

Pescadores

C112

Convenio sobre la edad mínima (pescadores), 1959 (núm. 112)

C113

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113)

C114

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114)

C125

Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125)

C126

Convenio sobre el alojamiento de la tripulación (pescadores), 1966 (núm. 126)

C188

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188)

19

Trabajadores portuarios

C027

Convenio sobre la indicación del peso en los fardos transportados por barco, 1929 (núm. 27)

C028

Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes, 1929 (núm. 28)

C032

Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra los accidentes (revisado), 1932 (núm. 32)

C137

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137)

C152

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152)

20

Pueblos indígenas y tribales

C050

Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936 (núm. 50)

C064

Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 64)

C065

Convenio sobre las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1939 (núm. 65)

C086

Convenio sobre los contratos de trabajo (trabajadores indígenas), 1947 (núm. 86)

C104

Convenio sobre la abolición de las sanciones penales (trabajadores indígenas), 1955 (núm. 104)

C107

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107)

C169

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169)

21

Categorías específicas de trabajadores

C083

Convenio sobre normas de trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 83)

C110

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110)

C149

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149)

C172

Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172)

C177

Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177)

C189

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)

P110

Protocolo de 1982 relativo al Convenio sobre las plantaciones, 1958

22

Convenios sobre los artículos finales

C080

Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1946 (núm. 80)

C116

Convenio sobre la revisión de los artículos finales, 1961 (núm. 116)

Índice de los comentarios por Convenio

C001

Guinea Ecuatorial

Portugal

C003

Mauritania

Panamá

C011

Burundi

C012

Haití

C013

Comoras

Eslovenia

España

Ex República Yugoslava de Macedonia

C014

China

C017

Argentina

Comoras

Haití

Sierra Leona

C019

Comoras

Djibouti

Malasia Peninsular (Malasia)

Mauricio

República Dominicana

Sarawak (Malasia)

Tailandia

C024

Djibouti

Haití

C025

Haití

C026

Burundi

Djibouti

República Bolivariana de Venezuela

Uganda

C029

Arabia Saudita

Argelia

Argentina

Australia

Austria

Bangladesh

Benin

Burundi

Camboya

Camerún

Chad

Colombia

Congo

Dominica

Egipto

Eritrea

Guyana

Malasia

Malawi

Mauritania

Qatar

República Centroafricana

República Democrática del Congo

Turquía

C030

Guinea Ecuatorial

Panamá

C037

Djibouti

C038

Djibouti

C042

Argelia

Comoras

Haití

Honduras

C047

Uzbekistán

C062

Burundi

Guinea

Perú

Rwanda

Túnez

C063

Djibouti

C067

Perú

C071

Líbano

Perú

C079

Paraguay

C081

Alemania

Bangladesh

Burundi

Colombia

Comoras

Congo

Eslovenia

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haití

Honduras

India

Israel

Kenya

Líbano

Luxemburgo

Madagascar

Malasia

Malawi

Marruecos

Mauritania

Países Bajos

Pakistán

Panamá

Perú

Qatar

República de Corea

Sudán

Turquía

Yemen

C087

Alemania

Argelia

Argentina

Bangladesh

Belarús

Bulgaria

Burundi

Camboya

Camerún

Chad

Congo

Djibouti

Ecuador

El Salvador

Eritrea

Fiji

Gabón

Georgia

Grecia

Guatemala

Guinea Ecuatorial

Haití

Honduras

Jamaica

Japón

Kazajstán

Kiribati

Lesotho

Liberia

Lituania

Madagascar

Malawi

Malta

Mauricio

Mauritania

México

Myanmar

Namibia

Nicaragua

Níger

Nigeria

Región Administrativa Especial de Macao (China)

República Bolivariana de Venezuela

Swazilandia

Turquía

C088

Angola

Canadá

España

Nigeria

Sierra Leona

Tailandia

C094

Burundi

Guinea

Jamaica

C095

Grecia

República Islámica del Irán

Sierra Leona

C097

Región Administrativa Especial de Hong Kong (China)

Sabah (Malasia)

C098

Alemania

Angola

Bulgaria

Burundi

Camboya

Comoras

Croacia

Djibouti

Ecuador

El Salvador

Eritrea

Fiji

Gambia

Georgia

Ghana

Grecia

Guatemala

Guinea Ecuatorial

Guinea-Bissau

Guyana

Haití

Honduras

Hungría

Iraq

Jamaica

Japón

Jordania

Kazajstán

Kiribati

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malasia

Malí

Malta

Mauricio

Namibia

Nepal

Nicaragua

Níger

Países Bajos

Reino Unido

República Dominicana

Santo Tomé y Príncipe

C100

Argelia

Burundi

Eslovaquia

España

Federación de Rusia

Filipinas

Grecia

Guyana

Honduras

Japón

Kazajstán

Líbano

Malasia

Malawi

Mauritania

Mongolia

Nueva Zelandia

Perú

Reino Unido

República Bolivariana de Venezuela

Rwanda

Santa Lucía

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Sri Lanka

Tailandia

Ucrania

Uruguay

Uzbekistán

C102

Grecia

Libia

Mauritania

C103

Guatemala

Sri Lanka

Zambia

C105

Afganistán

Argelia

Bahrein

Bangladesh

Belice

Benin

Camboya

Camerún

Egipto

Eritrea

Estado Plurinacional de Bolivia

Fiji

Región Administrativa Especial de Hong Kong (China)

República Árabe Siria

Tailandia

Uganda

Uzbekistán

C106

Estado Plurinacional de Bolivia

Indonesia

C107

El Salvador

C111

Arabia Saudita

Argelia

Burundi

Camerún

Comoras

Eslovaquia

España

Federación de Rusia

Gambia

Grecia

Guinea

Kazajstán

Kuwait

Letonia

Líbano

Malawi

Mauritania

Mongolia

Níger

Nigeria

Nueva Zelandia

Papua Nueva Guinea

Perú

Qatar

Reino Unido

República Bolivariana de Venezuela

República de Corea

República de Moldova

República Dominicana

República Islámica del Irán

Rwanda

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Serbia

Seychelles

Sri Lanka

Sudán

Suiza

Tayikistán

Túnez

Ucrania

Uganda

Uruguay

Zimbabwe

C114

Liberia

C115

Observación general

Guinea

Guyana

República Árabe Siria

C117

Guinea

Panamá

Portugal

C118

Barbados

Guinea

C119

Madagascar

Malta

Nicaragua

Sierra Leona

C120

Madagascar

C121

Guinea

Libia

C122

Alemania

Argelia

Australia

Brasil

Camboya

Canadá

China

Chipre

Comoras

Costa Rica

Djibouti

España

Francia

Grecia

Guatemala

Hungría

Islandia

Italia

Mauritania

Portugal

Tailandia

Tayikistán

C125

Sierra Leona

C127

Madagascar

Perú

C128

Libia

C129

Alemania

Guatemala

Guyana

Madagascar

Malawi

Países Bajos

C130

Libia

C134

Guinea

C135

Barbados

Costa Rica

Jordania

Níger

República de Corea

C136

España

Guinea

C137

Guyana

C138

Antigua y Barbuda

Argelia

Argentina

Austria

Azerbaiyán

Bahamas

Bélgica

Benin

Burkina Faso

Burundi

Camboya

Camerún

Chile

China

Chipre

Colombia

Comoras

Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Cuba

Dominica

Egipto

Eritrea

Estado Plurinacional de Bolivia

Etiopía

Fiji

Guyana

Malí

Mauritania

Níger

República Centroafricana

República Democrática del Congo

Turquía

C139

Guinea

Guyana

Nicaragua

Perú

C140

Brasil

Guinea

Guyana

C141

Observación general

C142

Guinea

Portugal

República de Moldova

C144

Antigua y Barbuda

Burundi

Chad

Chile

El Salvador

España

Guinea

Irlanda

Jordania

Madagascar

Nigeria

Pakistán

Perú

Polonia

Portugal

Región Administrativa Especial de Hong Kong (China)

Reino Unido

República Bolivariana de Venezuela

República Dominicana

Santo Tomé y Príncipe

Sierra Leona

Suriname

Togo

C148

Anguilla (Reino Unido)

España

Guinea

San Marino

C149

Federación de Rusia

Polonia

C150

Benin

Ghana

Guinea

Guyana

C151

Antigua y Barbuda

Botswana

Chad

Colombia

El Salvador

Malí

Perú

C152

Guinea

República de Moldova

C153

Ecuador

C154

Argentina

Colombia

Grecia

Santo Tomé y Príncipe

C155

España

México

Noruega

Nueva Zelandia

Países Bajos

Portugal

República Bolivariana de Venezuela

Suecia

Turquía

Uruguay

C158

Australia

España

República Bolivariana de Venezuela

C159

Ecuador

España

Guinea

Italia

Japón

C160

San Marino

C161

Guatemala

México

Turquía

Uruguay

C162

España

Guatemala

Países Bajos

Zimbabwe

C167

México

Noruega

Uruguay

C169

Colombia

Ecuador

Fiji

Guatemala

Noruega

Paraguay

República Bolivariana de Venezuela

República Centroafricana

C170

Zimbabwe

C171

República Dominicana

C173

Portugal

C176

Filipinas

Perú

Zambia

C181

España

Italia

Japón

Uruguay

C182

Albania

Angola

Antigua y Barbuda

Argelia

Australia

Bahrein

Bangladesh

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camboya

Camerún

Chad

China

Chipre

Colombia

Congo

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Ecuador

Egipto

El Salvador

Estado Plurinacional de Bolivia

Estados Unidos

Etiopía

Fiji

Malí

Mauritania

República Centroafricana

República Democrática del Congo

República Dominicana

Suriname

Tailandia

Turquía

Uzbekistán

Yemen

C183

Belice

Italia

Lituania

Malí

MLC, 2006

Observación general

C187

Malasia

Reino Unido

República de Corea

Suecia

Observaciones generales

Afganistán

Burundi

Dominica

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea Ecuatorial

Haití

Malasia Peninsular (Malasia)

San Marino

Santo Tomé y Príncipe

Somalia

Tayikistán

Tierras australes y antárticas francesas (Francia)

Sumisión a las autoridades competentes

Albania

Angola

Antigua y Barbuda

Azerbaiyán

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Belice

Brasil

Burundi

Chile

Comoras

Congo

Côte d'Ivoire

Croacia

Djibouti

Dominica

El Salvador

Estado Plurinacional de Bolivia

Ex República Yugoslava de Macedonia

Fiji

Gabón

Granada

Guinea

Guinea Ecuatorial

Guinea-Bissau

Haití

Iraq

Irlanda

Islas Salomón

Jamaica

Jordania

Kazajstán

Kirguistán

Kiribati

Kuwait

Liberia

Libia

Madagascar

Malí

Mauritania

México

Mozambique

Níger

Pakistán

Papua Nueva Guinea

República Árabe Siria

República de Moldova

República Democrática del Congo

Rwanda

Saint Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Santo Tomé y Príncipe

Seychelles

Sierra Leona

Somalia

Sudán

Suriname

Tayikistán

Togo

Uganda

Vanuatu

Índice de los comentarios por país

Afganistán

C105

Observación general

Albania

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Alemania

C081

C087

C098

C122

C129

Angola

C088

C098

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Anguilla (Reino Unido)

C148

Antigua y Barbuda

C138

C144

C151

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Arabia Saudita

C029

C111

Argelia

C029

C042

C087

C100

C105

C111

C122

C138

C182

Argentina

C017

C029

C087

C138

C154

Australia

C029

C122

C158

C182

Austria

C029

C138

Azerbaiyán

C138

Sumisión a las autoridades competentes

Bahamas

C138

Sumisión a las autoridades competentes

Bahrein

C105

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Bangladesh

C029

C081

C087

C105

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Barbados

C118

C135

Belarús

C087

Bélgica

C138

Belice

C105

C183

Sumisión a las autoridades competentes

Benin

C029

C105

C138

C150

C182

Botswana

C151

C182

Brasil

C122

C140

Sumisión a las autoridades competentes

Bulgaria

C087

C098

Burkina Faso

C138

C182

Burundi

C011

C026

C029

C062

C081

C087

C094

C098

C100

C111

C138

C144

C182

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Camboya

C029

C087

C098

C105

C122

C138

C182

Camerún

C029

C087

C105

C111

C138

C182

Canadá

C088

C122

Chad

C029

C087

C144

C151

C182

Chile

C138

C144

Sumisión a las autoridades competentes

China

C014

C122

C138

C182

Chipre

C122

C138

C182

Colombia

C029

C081

C138

C151

C154

C169

C182

Comoras

C013

C017

C019

C042

C081

C098

C111

C122

C138

Sumisión a las autoridades competentes

Congo

C029

C081

C087

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Costa Rica

C122

C135

C138

C182

Côte d'Ivoire

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Croacia

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Cuba

C138

Djibouti

C019

C024

C026

C037

C038

C063

C087

C098

C122

Sumisión a las autoridades competentes

Dominica

C029

C138

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Ecuador

C087

C098

C153

C159

C169

C182

Egipto

C029

C105

C138

C182

El Salvador

C087

C098

C107

C144

C151

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Eritrea

C029

C087

C098

C105

C138

Eslovaquia

C100

C111

Eslovenia

C013

C081

España

C013

C088

C100

C111

C122

C136

C144

C148

C155

C158

C159

C162

C181

Estado Plurinacional de Bolivia

C105

C106

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Estados Unidos

C182

Etiopía

C138

C182

Ex República Yugoslava de Macedonia

C013

Sumisión a las autoridades competentes

Federación de Rusia

C100

C111

C149

Fiji

C087

C098

C105

C138

C169

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Filipinas

C100

C176

Francia

C122

Gabón

C087

Sumisión a las autoridades competentes

Gambia

C098

C111

Observación general

Georgia

C087

C098

Ghana

C098

C150

Observación general

Granada

Sumisión a las autoridades competentes

Grecia

C087

C095

C098

C100

C102

C111

C122

C154

Guatemala

C081

C087

C098

C103

C122

C129

C161

C162

C169

Guinea

C062

C081

C094

C111

C115

C117

C118

C121

C134

C136

C139

C140

C142

C144

C148

C150

C152

C159

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Guinea Ecuatorial

C001

C030

C087

C098

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Guinea-Bissau

C081

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Guyana

C029

C081

C098

C100

C115

C129

C137

C138

C139

C140

C150

Haití

C012

C017

C024

C025

C042

C081

C087

C098

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Honduras

C042

C081

C087

C098

C100

Hungría

C098

C122

India

C081

Indonesia

C106

Iraq

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Irlanda

C144

Sumisión a las autoridades competentes

Islandia

C122

Islas Salomón

Sumisión a las autoridades competentes

Israel

C081

Italia

C122

C159

C181

C183

Jamaica

C087

C094

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Japón

C087

C098

C100

C159

C181

Jordania

C098

C135

C144

Sumisión a las autoridades competentes

Kazajstán

C087

C098

C100

C111

Sumisión a las autoridades competentes

Kenya

C081

Kirguistán

Sumisión a las autoridades competentes

Kiribati

C087

C098

Sumisión a las autoridades competentes

Kuwait

C111

Sumisión a las autoridades competentes

Lesotho

C087

C098

Letonia

C111

Líbano

C071

C081

C100

C111

Liberia

C087

C098

C114

Sumisión a las autoridades competentes

Libia

C102

C121

C128

C130

Sumisión a las autoridades competentes

Lituania

C087

C183

Luxemburgo

C081

Madagascar

C081

C087

C098

C119

C120

C127

C129

C144

Sumisión a las autoridades competentes

Malasia

C029

C081

C098

C100

C187

Malasia Peninsular (Malasia)

C019

Observación general

Malawi

C029

C081

C087

C100

C111

C129

Malí

C098

C138

C151

C182

C183

Sumisión a las autoridades competentes

Malta

C087

C098

C119

Marruecos

C081

Mauricio

C019

C087

C098

Mauritania

C003

C029

C081

C087

C100

C102

C111

C122

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

México

C087

C155

C161

C167

Sumisión a las autoridades competentes

Mongolia

C100

C111

Mozambique

Sumisión a las autoridades competentes

Myanmar

C087

Namibia

C087

C098

Nepal

C098

Nicaragua

C087

C098

C119

C139

Níger

C087

C098

C111

C135

C138

Sumisión a las autoridades competentes

Nigeria

C087

C088

C111

C144

Noruega

C155

C167

C169

Nueva Zelandia

C100

C111

C155

Países Bajos

C081

C098

C129

C155

C162

Pakistán

C081

C144

Sumisión a las autoridades competentes

Panamá

C003

C030

C081

C117

Papua Nueva Guinea

C111

Sumisión a las autoridades competentes

Paraguay

C079

C169

Perú

C062

C067

C071

C081

C100

C111

C127

C139

C144

C151

C176

Polonia

C144

C149

Portugal

C001

C117

C122

C142

C144

C155

C173

Qatar

C029

C081

C111

Región Administrativa Especial de Hong Kong (China)

C097

C105

C144

Región Administrativa Especial de Macao (China)

C087

Reino Unido

C098

C100

C111

C144

C187

República Árabe Siria

C105

C115

Sumisión a las autoridades competentes

República Bolivariana de Venezuela

C026

C087

C100

C111

C144

C155

C158

C169

República Centroafricana

C029

C138

C169

C182

República de Corea

C081

C111

C135

C187

República de Moldova

C111

C142

C152

Sumisión a las autoridades competentes

República Democrática del Congo

C029

C138

C182

Sumisión a las autoridades competentes

República Dominicana

C019

C098

C111

C144

C171

C182

República Islámica del Irán

C095

C111

Rwanda

C062

C100

C111

Sumisión a las autoridades competentes

Sabah (Malasia)

C097

Saint Kitts y Nevis

Sumisión a las autoridades competentes

San Marino

C148

C160

Observación general

San Vicente y las Granadinas

Sumisión a las autoridades competentes

Santa Lucía

C100

Sumisión a las autoridades competentes

Santo Tomé y Príncipe

C098

C100

C111

C144

C154

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Sarawak (Malasia)

C019

Senegal

C100

C111

Serbia

C111

Seychelles

C111

Sumisión a las autoridades competentes

Sierra Leona

C017

C088

C095

C119

C125

C144

Sumisión a las autoridades competentes

Somalia

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Sri Lanka

C100

C103

C111

Sudán

C081

C111

Sumisión a las autoridades competentes

Suecia

C155

C187

Suiza

C111

Suriname

C144

C182

Sumisión a las autoridades competentes

Swazilandia

C087

Tailandia

C019

C088

C100

C105

C122

C182

Tayikistán

C111

C122

Observación general

Sumisión a las autoridades competentes

Tierras australes y antárticas francesas (Francia)

Observación general

Togo

C144

Sumisión a las autoridades competentes

Túnez

C062

C111

Turquía

C029

C081

C087

C138

C155

C161

C182

Ucrania

C100

C111

Uganda

C026

C105

C111

Sumisión a las autoridades competentes

Uruguay

C100

C111

C155

C161

C167

C181

Uzbekistán

C047

C100

C105

C182

Vanuatu

Sumisión a las autoridades competentes

Yemen

C081

C182

Zambia

C103

C176

Zimbabwe

C111

C162

C170

Nota al lector

Panorama general de los mecanismos de control de la OIT

Desde la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1919, el mandato de la Organización comprende la adopción de normas internacionales del trabajo y la promoción de la ratificación y la aplicación de esas normas en sus Estados Miembros y el control de esta aplicación como medios fundamentales para el logro de sus objetivos. Con el fin de supervisar los progresos realizados por los Estados Miembros en la aplicación de las normas internacionales del trabajo, la OIT ha desarrollado mecanismos de control únicos a escala internacional[1].

En virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, los Estados Miembros, a partir de la adopción de una norma internacional del trabajo, tienen algunas obligaciones, especialmente la de someter el instrumento recientemente adoptado a las autoridades nacionales competentes y la de presentar periódicamente memorias sobre las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones de los convenios no ratificados y de las recomendaciones.

Existen diversos mecanismos de control mediante los cuales la Organización examina el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Miembros dimanantes de los convenios ratificados. Este control es posible gracias al procedimiento regular, fundado en el envío de memorias anuales (artículo 22 de la Constitución de la OIT)[2], y a los procedimientos especiales, basados en las reclamaciones o en las quejas dirigidas al Consejo de Administración por los mandantes de la OIT (artículos 24 y 26 de la Constitución). Desde 1950, existe un procedimiento especial para el tratamiento de las quejas en materia de libertad sindical, que descansa principalmente en el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración. Este Comité puede ocuparse de las quejas incluso cuando el Estado Miembro interesado no haya ratificado los convenios pertinentes relativos a la libertad sindical.

Cometido de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

En razón de su propia estructura tripartita, la OIT fue la primera organización internacional que asoció directamente en sus actividades a los interlocutores sociales. La participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en los mecanismos de control está prevista en el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, en virtud del cual las memorias y las informaciones presentadas por los gobiernos en aplicación de los artículos 19 y 22 deben comunicarse a las organizaciones representativas.

En la práctica, las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores pueden transmitir a sus gobiernos comentarios sobre las memorias relativas a la aplicación por estos últimos de las normas internacionales del trabajo. Por ejemplo, pueden señalar la no conformidad del derecho o de la práctica con la aplicación de un convenio ratificado. Además, toda organización de empleadores o de trabajadores puede dirigir directamente a la Oficina sus comentarios sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo. La Oficina los transmitirá al gobierno correspondiente, que tendrá la posibilidad de responder a los mismos antes de que sean examinados por la Comisión de Expertos[3].

Orígenes de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

En los primeros años de existencia de la OIT la adopción de las normas internacionales del trabajo y las actividades de control regular tenían lugar cada año en el marco de las sesiones plenarias de la Conferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo, el considerable aumento del número de ratificaciones de los convenios entrañó rápidamente un importante incremento del número de memorias anuales presentadas. Pronto se puso de manifiesto que, en el marco de sus sesiones plenarias, la Conferencia ya no podría examinar todas esas memorias, adoptar normas nuevas y ocuparse de otros asuntos importantes. Es por ello que la Conferencia adoptó, en 1926, una resolución[4] instituyendo cada año una Comisión de la Conferencia (luego denominada Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia) y solicitó al Consejo de Administración que estableciera una comisión técnica (que se denominaría en lo sucesivo Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones), que se encargaría de la preparación de un informe para la Conferencia. Estas dos Comisiones se han convertido en los pilares del sistema de control de la OIT.

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Composición

La Comisión de Expertos está compuesta por 20 expertos[5]. Se trata de destacados juristas a escala nacional e internacional, que son nombrados por el Consejo de Administración a propuesta del Director General. Los nombramientos se realizan a título personal, efectuándose la elección entre personalidades de todas las regiones del mundo reputadas por su imparcialidad, competencia e independencia, con el objetivo de permitir que la Comisión se beneficie de una experiencia directa en diferentes sistemas legales, económicos y sociales. Cada miembro es nombrado por un período de tres años renovable. En 2002, la Comisión decidió que los miembros ejercieran sus funciones durante un máximo de 15 años, a saber, que después del primer mandato de tres años su mandato sólo se pudiera renovar cuatro veces. En su 79.ª reunión (noviembre-diciembre de 2008), la Comisión decidió que su Presidente sea elegido por un período de tres años renovable una sola vez (por otro período de tres años). La Comisión elige a un Ponente al principio de cada reunión.

Trabajo de la Comisión

La Comisión de Expertos se reúne cada año en noviembre-diciembre. De conformidad con el mandato conferido por el Consejo de Administración[6], se invita a la Comisión a examinar lo siguiente:

–las memorias anuales previstas en el artículo 22 de la Constitución, sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para dar efecto a las disposiciones de los convenios de los que son parte;

–las informaciones y las memorias relativas a los convenios y a las recomendaciones que comunican los Miembros de conformidad con el artículo 19 de la Constitución; y

–las informaciones y las memorias sobre las medidas adoptadas por los Miembros con arreglo al artículo 35 de la Constitución[7].

La Comisión de Expertos tiene la tarea de indicar en qué medida la legislación y la práctica de cada Estado están de conformidad con los convenios ratificados y en qué medida los Estados cumplen con sus obligaciones en virtud de la Constitución de la OIT en relación con las normas. Al realizar esa tarea, la Comisión se adhiere a sus principios de independencia, objetividad e imparcialidad[8]. Los comentarios de la Comisión de Expertos sobre la manera en que los Estados Miembros dan cumplimiento a sus obligaciones normativas adoptan la forma de observaciones o de solicitudes directas. Las observaciones se utilizan, por lo general, en los casos más graves o más persistentes de incumplimiento de las obligaciones. Se publican en el informe anual de la Comisión de Expertos que se presenta luego a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en el mes de junio de cada año. Las solicitudes directas no se publican en el informe de la Comisión de Expertos, pero se comunican directamente al gobierno interesado y se pueden encontrar en Internet[9]. Además, la Comisión de Expertos examina en el marco de un Estudio General el estado de la legislación y la práctica sobre un tema específico cubierto por algunos convenios y recomendaciones seleccionados por el Consejo de Administración[10]. Este Estudio General se basa en las memorias presentadas en virtud de los artículos 19 y 22 de la Constitución y concierne a todos los Estados Miembros, tanto a los que han ratificado los convenios como a los que no lo han hecho. El Estudio General de este año trata del derecho de asociación y las organizaciones de trabajadores rurales.

El informe de la Comisión de Expertos

Tras su examen, la Comisión elabora un informe anual. El informe se presenta en dos volúmenes[11].

El primer volumen (Informe III (Parte 1A))[12] se divide en dos partes:

–Parte I: el Informe General da cuenta, por una parte, del desarrollo de los trabajos de la Comisión de Expertos y de las cuestiones específicas relacionadas que ésta ha tratado, y, por otra parte, de la medida en la que los Estados Miembros dan cumplimiento a sus obligaciones constitucionales respecto de las normas internacionales del trabajo.

–Parte II: las Observaciones acerca de ciertos países se refieren al respeto de las obligaciones vinculadas con el envío de memorias, a la aplicación de los convenios ratificados, agrupados por tema, y a la obligación de someter los instrumentos a las autoridades competentes.

El segundo volumen contiene el Estudio General (Informe III (Parte 1B)).

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo

Composición

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia es una de las dos comisiones permanentes de la Conferencia. Es tripartita y comprende, por consiguiente, a los representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. En cada reunión, la Comisión elige su Mesa, compuesta de un presidente (miembro gubernamental), de dos vicepresidentes (miembro empleador y miembro trabajador) y de un ponente (miembro gubernamental).

Trabajo de la Comisión

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia se reúne cada año con ocasión de la reunión de junio de la Conferencia. En virtud del artículo 7 del Reglamento de la Conferencia, la Comisión tiene por mandato examinar:

–las medidas adoptadas para dar efecto a los convenios ratificados (artículo 22 de la Constitución);

–las memorias comunicadas de conformidad con el artículo 19 de la Constitución (Estudios Generales);

–las medidas adoptadas con arreglo al artículo 35 de la Constitución (territorios no metropolitanos).

La Comisión debe presentar un informe a la Conferencia.

Tras el examen técnico e independiente realizado por la Comisión de Expertos, el procedimiento de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia brinda a los representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores la ocasión de examinar juntos la manera en la que los Estados dan cumplimiento a sus obligaciones normativas, especialmente a las obligaciones relativas a los convenios ratificados. Los gobiernos tienen la posibilidad de completar las informaciones que figuran en las memorias examinadas por la Comisión de Expertos, indicar las demás medidas adoptadas o propuestas desde la última reunión de esta Comisión, señalar las dificultades que encuentran para cumplir con sus obligaciones, y solicitar asistencia para superar esos obstáculos.

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia examina el Informe de la Comisión de Expertos, al igual que los documentos enviados por los gobiernos. Los trabajos de la Comisión de la Conferencia comienzan por una discusión general que se basa, fundamentalmente, en el Informe General de la Comisión de Expertos. Después, la Comisión de la Conferencia realiza un debate sobre el Estudio General. También examina los casos de incumplimiento grave de la obligación de presentación de memorias o de otras obligaciones vinculadas con las normas. Por último, y esto constituye el objeto principal de sus trabajos, la Comisión de la Conferencia examina algunos casos individuales de aplicación de convenios ratificados que han sido objeto de observaciones de la Comisión de Expertos. La Comisión de la Conferencia invita a los representantes de los gobiernos interesados a asistir a las sesiones para discutir las observaciones que les atañen. Después de haber escuchado a los representantes del gobierno interesado, los miembros de la Comisión de la Conferencia pueden formular preguntas o realizar comentarios. Tras la discusión, la Comisión de la Conferencia adopta las conclusiones sobre el caso de que se trata.

En su informe[13] presentado a la Conferencia en sesión plenaria para su adopción, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia puede invitar al Estado Miembro cuyo caso individual se haya discutido a recibir una misión de asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo a fin de ayudarle a dar cumplimiento a sus obligaciones, o proponer otro tipo de misión. La Comisión de la Conferencia puede asimismo invitar a un Gobierno a que transmita informaciones complementarias o a que tenga en cuenta algunas de sus preocupaciones cuando elabore su próxima memoria para la Comisión de Expertos. Por otra parte, en el informe la Comisión señala a la atención de la Conferencia algunos casos, tales como los casos de progreso y los casos de incumplimiento grave de los convenios ratificados.

La Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

En muchos informes, la Comisión de Expertos ha insistido en la importancia del respeto mutuo, el sentido de la responsabilidad y el espíritu de cooperación que siempre han caracterizado las relaciones entre la Comisión de Expertos y la Comisión de la Conferencia. A este respecto, es costumbre que el Presidente de la Comisión de Expertos asista como observador a la discusión general de la Comisión de la Conferencia, así como a la discusión sobre el Estudio General y que, además, tenga la posibilidad de dirigirse a esta Comisión en la apertura de la discusión general y de formular observaciones al final de la discusión del Estudio General. De igual modo, en el marco de las reuniones de la Comisión de Expertos se invita a los Vicepresidentes empleador y trabajador de la Comisión de la Conferencia a reunirse con los expertos para abordar cuestiones de interés común en una sesión especialmente prevista a tal efecto.

[1] Para obtener información detallada sobre todos los procedimientos de control, véase el Manual sobre los procedimientos en materia de convenios y recomendaciones internacionales del trabajo, Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Rev., 2012.

[2] Las memorias se solicitan cada tres años para los convenios llamados fundamentales y de gobernanza, y cada cinco años para los demás convenios. Los gobiernos transmiten las memorias que se presentan según una agrupación de los convenios por materia.

[3] Véanse los párrafos 75 a 84 del Informe General.

[4] Véase el anexo VII, Actas de la 8.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1926, vol. I.

[5] En la actualidad, son 17 los expertos nombrados.

[6] «Mandato de la Comisión de Expertos», Actas de la 103.ª reunión del Consejo de Administración (1947), anexo XII, párrafo 37.

[7] El artículo 35 se refiere a la aplicación de los convenios en los territorios no metropolitanos.

[8] Véase párrafo 29 del Informe General.

[9] Véase párrafo 53 del Informe General. Las observaciones y las solicitudes directas se encuentran en la base de datos NORMLEX a la que se puede acceder a través de la dirección siguiente: http://www.ilo.org.

[10] En virtud del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa se ha establecido un sistema de discusiones recurrentes en el marco de la Conferencia a fin de que la Organización pueda comprender mejor la situación y las necesidades diversas de sus Miembros en relación con los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, a saber: empleo; protección social; diálogo social y tripartismo, y principios y derechos fundamentales en el trabajo. El Consejo de Administración consideró que los informes recurrentes preparados por la Oficina para que sean debatidos por la Conferencia deberían aprovechar la información sobre la legislación y la práctica de los Estados Miembros que contienen los estudios generales así como los resultados de la discusión de dichos estudios generales por la Comisión de la Conferencia. Por lo tanto, los temas de los estudios generales se han armonizado con los cuatro objetivos estratégicos de la OIT.

[11] El informe de la Comisión de Expertos va acompañado de un Documento informativo sobre ratificaciones y actividades normativas (Informe III (Parte 2)). Este documento aporta una visión de conjunto de la evolución reciente de las normas internacionales del trabajo, de la puesta en práctica de los procedimientos especiales y de la cooperación técnica efectuada en el terreno de las normas internacionales del trabajo. Comprende, además, en forma de cuadros, el conjunto de las informaciones sobre la ratificación de los convenios y los «perfiles por país» que reúnen las principales informaciones relativas a las normas para cada país.

[12] Esta designación refleja el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo que contiene, como punto inscrito de oficio, el punto III relativo a la información y las memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones.

[13] El informe se publica en las Actas de la Conferencia. Desde 2007, también se publica por separado. En lo que respecta al último informe, véase: Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, extractos de las Actas, Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, Ginebra, 2014.

Parte I.  Informe General

I.Introducción

1. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, instituida por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, para examinar las informaciones y las memorias comunicadas por los Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con los artículos 19, 22 y 35 de la Constitución, sobre las medidas adoptadas en relación con los convenios y las recomendaciones, celebró su 85.ª reunión en Ginebra, del 19 de noviembre al 6 de diciembre de 2014. La Comisión tiene el honor de presentar su informe al Consejo de Administración.

Composición de la Comisión

2. La composición de la Comisión es la siguiente: Sr. Mario ACKERMAN (Argentina), Sra. Leila AZOURI (Líbano), Sr. Lelio BENTES CORRÊA (Brasil), Sr. James J. BRUDNEY (Estados Unidos), Sr. Halton CHEADLE (Sudáfrica), Sra. Graciela Josefina DIXON CATON (Panamá), Sr. Rachid FILALI MEKNASSI (Marruecos), Sr. Abdul G. KOROMA (Sierra Leona), Sr. Pierre LYON CAEN (Francia), Sra. Elena MACHULSKAYA (Federación de Rusia), Sra. Karon MONAGHAN (Reino Unido), Sr. Vitit MUNTARBHORN (Tailandia), Sra. Rosemary OWENS (Australia), Sr. Paul-Gérard POUGOUÉ (Camerún), Sr. Raymond RANJEVA (Madagascar), Sr. Ajit Prakash SHAH (India), Sr. Yozo YOKOTA (Japón). El anexo I del Informe General contiene una breve biografía de todos los miembros de la Comisión.

3. La Comisión manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento, el 17 de marzo de 2014, del Sr. Dierk Lindemann (Alemania), que había sido nombrado miembro de la Comisión en marzo de 2012. El Sr. Lindemann era experto en temas marítimos y aportó sus inmensos y únicos conocimientos especializados en materia de legislación marítima internacional a la Comisión. También había trabajado en otros órganos de la OIT, y, en particular, fue uno de los impulsores de la histórica adopción del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). La Comisión desea expresar su profundo reconocimiento por la contribución que el Sr. Lindemann hizo a su labor y por su dedicación al servicio de la justicia social y las normas internacionales del trabajo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y su competencia.

4. Asimismo, la Comisión lamenta tomar nota de que el Sr. Denys Barrow, SC (Belice), que era miembro de la Comisión desde 2005, ha presentado su dimisión. La Comisión desea expresar su profundo reconocimiento por la manera extraordinaria en que el Sr. Barrow desempeñó sus funciones durante los años en que fue miembro de la Comisión y, en particular, se felicita por la excelente manera en que llevó a cabo su función de Ponente de la Comisión en 2011 y 2012.

5. El Sr. Yozo Yokota informó a la Comisión de su decisión de no solicitar la renovación de su mandato, que iba a expirar a fin de año. La Comisión desea expresar su profundo agradecimiento por la manera destacada en que ha desempeñado sus funciones a lo largo de sus 12 años de servicio en la Comisión, y quiere felicitarle especialmente por la forma brillante con la que ha llevado a cabo su tarea difícil y delicada al frente de la Comisión durante su mandato como Presidente.

6. En la presente reunión, la Comisión dio la bienvenida a la Sra. Azouri, nombrada por el Consejo de Administración en su 321.ª reunión (junio de 2014). El Sr. Koroma continuó su mandato de Presidente, y la Comisión eligió como Ponente a la Sra. Owens.

Métodos de trabajo

7. Durante los últimos años, la Comisión ha realizado un examen detallado de sus métodos de trabajo. A efectos de orientar con eficacia esta reflexión sobre los métodos de trabajo, en 2001, se estableció una subcomisión sobre los métodos de trabajo. El mandato de la subcomisión incluye el examen de los métodos de trabajo de la Comisión y temas afines, con miras a realizar las recomendaciones que correspondan a la Comisión. Entre 2002 y 2011[1], la subcomisión se reunió en ocho ocasiones. En sus reuniones de 2005, 2006, 2012 y 2013[2], la Comisión discutió, en sesión plenaria, los asuntos relativos a sus métodos de trabajo.

8. Este año la subcomisión sobre los métodos de trabajo se reunió bajo la dirección del Sr. Lelio Bentes Corrêa, que fue elegido Presidente de la subcomisión[3]. Tras el examen del informe y de las recomendaciones de la subcomisión, la Comisión desea comunicar que:

–tomó debida nota de que, en marzo de 2014, el Consejo de Administración invitó a la Comisión a continuar examinando sus métodos de trabajo con miras a seguir mejorando su eficacia y eficiencia;

–desde su creación, la Comisión de Expertos ha estado examinado sus métodos de trabajo y, en ese proceso, siempre ha dado la debida consideración a las opiniones expresadas por los mandantes tripartitos;

–en su reflexión sobre las posibles mejoras y el reforzamiento de sus métodos de trabajo, la Comisión de Expertos ha encaminado sus esfuerzos hacia la determinación de las formas de ajustar sus métodos de trabajo a fin de afrontar mejor sus desafíos, en particular los relacionados con su carga de trabajo y la necesidad de ayudar mejor a los mandantes tripartitos a cumplir con sus obligaciones en relación con las normas internacionales del trabajo.

9. Más concretamente, la Comisión abordó la cuestión de la racionalización del contenido de su informe. A este respecto, la Comisión consideró que era necesario aclarar que su objetivo es garantizar una mejor comprensión de su trabajo y de otorgarle una mayor calidad y visibilidad, lo cual no sólo facilitará la labor de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia sino que también ayudará a los mandantes tripartitos, y en particular a los gobiernos, a identificar y entender mejor las solicitudes de la Comisión, y a ponerlas en práctica a fin de cumplir con sus obligaciones en relación con las normas internacionales del trabajo e informar al respecto de manera eficaz. Para alcanzar este objetivo es necesario encontrar un equilibrio razonable. En particular, la Comisión examinó la importancia de garantizar una cierta uniformidad en la realización de su trabajo, incluidos los criterios de distinción entre observaciones y solicitudes directas[4] y los términos utilizados para formular sus opiniones y solicitudes. La Comisión subrayó que se tiene que garantizar la coherencia de la supervisión de la aplicación de los convenios ratificados no sólo por tema sino también por país.

10. Asimismo, la Comisión examinó posibles formas de mejorar la organización actual de sus tareas a fin de que, habida cuenta del limitado tiempo de su reunión, pueda abordar de manera más eficaz su carga de trabajo. A este respecto, decidió que una serie de medidas que se han aplicado durante los últimos años deben seguir aplicándose y que, en particular, la subcomisión para la racionalización del examen de determinadas memorias debe continuar su labor, tal como se describe a continuación. Por último, se hizo hincapié en la importancia de que la Comisión pueda funcionar con todos sus miembros y en que resulta preocupante que esto no se haya conseguido desde la 70.ª reunión de la Comisión, que se celebró en 2001. Por consiguiente, la Comisión expresa la esperanza de que las vacantes existentes se cubran en un futuro próximo. Además, la Comisión saluda el hecho de que, en noviembre de 2014, se presentó a la Mesa del Consejo de Administración una propuesta en relación con la posibilidad de incrementar en dos el número de miembros de la Comisión[5].

11. La subcomisión para la racionalización del examen de determinadas memorias (que fue establecida en 2012 por la Comisión de Expertos para racionalizar el tratamiento de cierta información, en particular la información relacionada con el envío de memorias) se reunió de nuevo este año antes del inicio de las labores de la Comisión. La subcomisión preparó proyectos de observaciones y solicitudes directas «generales» que abordan el incumplimiento de la obligación de envío de memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución)[6] y la obligación de transmitir copias de las memorias sobre los convenios ratificados a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores (párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución)[7]. También preparó las «repeticiones» de la Comisión (una observación o solicitud directa individual puede repetirse cuando se debía presentar una memoria sobre la aplicación de un convenio ratificado pero esa memoria no se ha recibido o la memoria recibida no responde a los comentarios anteriores de la Comisión). Ese año, la subcomisión examinó 556 repeticiones (en comparación con 472 en 2013). La subcomisión presentó su informe a la Comisión de Expertos, para su adopción en sesión plenaria, haciendo hincapié en las cuestiones más importantes que se plantearon durante su examen.

Relaciones con la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia

12. El espíritu de respeto mutuo, de colaboración y de responsabilidad ha prevalecido siempre en las relaciones de la Comisión de Expertos con la Conferencia Internacional del Trabajo y su Comisión de Aplicación de Normas. La Comisión de Expertos toma plenamente en consideración los debates de la Comisión de la Conferencia, tanto sobre las cuestiones generales en materia de actividades normativas y mecanismos de control, como también, y esto reviste especial importancia, en relación con cuestiones específicas acerca del modo en que los Estados dan cumplimiento a sus obligaciones relacionadas con las normas. Durante los últimos años la Comisión también ha prestado la mayor atención a los comentarios sobre sus métodos de trabajo que le han dirigido los miembros de la Comisión de Aplicación de Normas y del Consejo de Administración.

13. En este contexto, la Comisión toma nota de que en su 320.ª reunión (marzo de 2014) el Consejo de Administración invitó a la Comisión de Expertos y a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia a proseguir su diálogo informal. Por consiguiente, saludó nuevamente la participación de su Presidente en la discusión general de la Comisión de Aplicación de Normas de la 103.ª reunión (mayo-junio de 2014) de la Conferencia Internacional del Trabajo. Tomó nota de la decisión de la Comisión de la Conferencia de solicitar al Director General la renovación de la invitación al Vicepresidente de la Comisión de Expertos para la 104.ª reunión (junio de 2015) de la Conferencia. La Comisión de Expertos aceptó esta invitación.

14. El Presidente de la Comisión de Expertos invitó a la Vicepresidenta empleadora (Sra. Sonia Regenbogen) y al Vicepresidente trabajador (Sr. Marc Leemans) de la Comisión de Aplicación de Normas de la 103.ª reunión (mayo-junio de 2014) de la Conferencia Internacional del Trabajo a participar en una sesión especial de esta reunión de la Comisión. Ambos aceptaron la invitación. Los principales puntos planteados durante la discusión en relación con la labor de la Comisión de Expertos pueden resumirse de la manera que figura a continuación.

15. La Vicepresidenta empleadora saludó la oportunidad de que la Comisión de Aplicación de Normas y la Comisión de Expertos pudieran mantener un diálogo directo, transparente y continuo. Dijo que este diálogo resulta esencial para garantizar un funcionamiento adecuado y equilibrado del sistema normativo de la OIT, especialmente en el momento actual. Añadió que la labor de la Comisión de Expertos es un elemento fundamental del sistema de control y que los empleadores valoran muy positivamente la gran cantidad de trabajo que realiza la Comisión en un período muy corto de tiempo.

16. Los empleadores consideran alentador que el Consejo de Administración haya decidido que se tiene que intentar resolver el conflicto en relación con la cuestión del derecho de huelga y el Convenio núm. 87 a través del diálogo tripartito. Saludaron que se hubiera tomado la decisión de llevar a cabo una reunión de tres días sobre esa cuestión en febrero de 2015 y consideran que se trata de una oportunidad única y valiosa para que los mandantes tripartitos realicen su primer debate exhaustivo sobre la cuestión. En estas condiciones, expresaron su deseo de que la Comisión de Expertos ayude a los mandantes en sus esfuerzos para que se resuelva este conflicto. Saludaron la aclaración del mandato de la Comisión de Expertos que se realizó en el Informe General de 2014, cuya formulación esperan que se reproduzca de nuevo en futuros informes. Señalaron que habían reconocido que el mandato de la Comisión de Expertos permite un cierto grado de interpretación, pero que es importante que la Comisión acepte los parámetros de su mandato en el marco del sistema general de control. La Comisión debería evitar cualquier actividad normativa indirecta, habida cuenta de que la responsabilidad de establecer normas internacionales del trabajo recae exclusivamente en los mandantes de la OIT, sobre la base del principio de diálogo social tripartito, lo cual convierte a la OIT en una organización única en el sistema de las Naciones Unidas y garantiza que mantenga su pertinencia en el mundo del trabajo.

17. Los empleadores destacaron la importancia del Grupo de Trabajo sobre los Métodos de Trabajo de la Comisión de la Conferencia, que se reunirá en marzo para debatir las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento eficaz de la Comisión de la Conferencia en 2015, incluidas las recomendaciones en relación con la lista de casos individuales que se tienen que debatir. Los empleadores reconocieron que la selección de los casos individuales es un proceso sumamente político, cuya responsabilidad recae en los miembros empleadores y trabajadores de la Comisión de la Conferencia. No obstante, durante la reunión de noviembre del Consejo de Administración, el Grupo de los Empleadores sugirió que sólo para este año se podría asignar a la Comisión de Expertos la tarea provisional de preparar el proyecto de lista de los 25 casos individuales, a la espera de lograr un acuerdo sobre la manera de avanzar en el Grupo de Trabajo sobre los Métodos de Trabajo de la Comisión de la Conferencia.

18. Los empleadores reiteraron su apoyo al sistema de control de la OIT y su pleno compromiso en lo que respecta a encontrar una solución justa y sostenible a los problemas sumamente complejos a los que tiene que hacer frente este sistema. Reafirmaron que valoran la importante contribución que la Comisión de Expertos realiza al sistema de control y, a través de esto, al impacto real que la OIT puede tener en el mundo del trabajo

19. El Vicepresidente trabajador observó que los debates entre los miembros de la Comisión de Expertos y los Vicepresidentes de la Comisión de la Conferencia ofrecen una oportunidad única para un diálogo libre y constructivo fuera del marco institucional oficial. En lo que respecta al actual contexto institucional conflictivo, reiteró que los trabajadores tienen plena confianza en la Comisión de Expertos y respaldan su función y su mandato.

20. Los trabajadores consideran que es fundamental que la Comisión de Expertos prosiga su labor en relación con todos los convenios y todos los países con arreglo a su mandato. Al realizar un examen técnico e imparcial de la aplicación de los convenios en la legislación y la práctica de los Estados Miembros, la Comisión de Expertos orienta las acciones de las autoridades nacionales. Por consiguiente, es esencial que la Comisión no se imponga límites en su trabajo, ya que estos límites no estarían en conformidad con su mandato y pondrían en peligro su función de supervisión y orientación jurídica. Por consiguiente, los trabajadores expresan su preocupación por la cautela con la que parece que últimamente la Comisión de Expertos ha examinado ciertos convenios.

21. Los trabajadores recordaron que el Consejo de Administración saludó la aclaración del mandato que la Comisión de Expertos realizó en su Informe General de 2014. En relación con la sugerencia realizada por el Grupo de los Empleadores de que la Comisión de Expertos podría establecer de manera excepcional la lista de los 25 casos que examinará la Comisión de la Conferencia en 2015, hicieron hincapié en que el establecimiento de la lista es una responsabilidad que comparten los interlocutores sociales, teniendo en cuenta el análisis jurídico realizado por la Comisión de Expertos. Cualquier otra forma de establecer la lista contravendría la Constitución de la OIT. Si se pidiera a la Comisión de Expertos que estableciera el proyecto de la lista de los 25 casos que debatirá la Comisión de la Conferencia, esto tendría por efecto restar importancia a los casos de «doble nota a pie de página» que la Comisión determina, y añadiría una dimensión política a su trabajo. Señalaron que a falta de una decisión a este respecto del Consejo de Administración o de la Conferencia, la Comisión de Expertos debería continuar su trabajo ateniéndose a su mandato.

22. Los trabajadores consideraron que no debería permitirse que la controversia jurídica acerca de la interpretación de un convenio continúe durante mucho tiempo. En su opinión, la manera más fácil de solucionar esta controversia sería confirmando que las opiniones de la Comisión de Expertos ofrecen una interpretación dotada de autoridad del Convenio. Asimismo, señalaron que quizá algunos miembros de la Comisión podrían estar a disposición de la Comisión de la Conferencia durante su reunión para proporcionar, previa solicitud, todas las aclaraciones necesarias sobre sus puntos de vista y opiniones, de manera similar a la función que tiene el Consejero Jurídico de la OIT en otras comisiones de la Conferencia.

23. La Comisión de Expertos reiteró su profundo reconocimiento por el acuerdo de larga data con arreglo al cual las dos Comisiones pueden entablar un diálogo constructivo sobre cuestiones de interés común. El actual contexto institucional, que incluye las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en relación con el seguimiento de las discusiones de la Comisión de la Conferencia de 2012, ofrece la oportunidad de adoptar un enfoque orientado hacia el futuro. De modo similar, el contexto multilateral, con los debates en curso sobre un programa de desarrollo con posterioridad a 2015 amplio y sostenible, también ofrece oportunidades que requieren que la OIT tenga una visión de futuro y haga el mayor uso posible de la ventaja única que le confieren su estructura tripartita y el sistema normativo.

24. En relación con cuestiones más concretas, la Comisión de Expertos tomó debida nota de que el Consejo de Administración saludó la aclaración de su mandato en su Informe General de 2014. Al realizar su análisis técnico e imparcial de la manera en que los Estados Miembros aplican los convenios en la legislación y en la práctica, la Comisión de Expertos se rige por la Constitución de la OIT. Recordó que la existencia y el funcionamiento de la Comisión se sustentan en el tripartismo, y que su mandato fue determinado por la Conferencia Internacional del Trabajo y el Consejo de Administración. Por consiguiente, el consenso tripartito sobre el sistema de control de la OIT es un parámetro importante para la labor de la Comisión que, aunque es un órgano independiente, no funciona de manera autónoma. Además, la divergencia de opiniones entre los mandantes tiene un impacto sobre la labor de la Comisión y requiere que ésta preste una especial atención al estricto cumplimiento de su mandato y al mantenimiento de sus principios básicos de independencia, objetividad e imparcialidad. En este contexto, la Comisión de Expertos reiteró que continuaría con su práctica actual de determinar lo que considera como un número adecuado de casos de doble nota a pie de página sobre la base de una evaluación independiente, objetiva e imparcial.

25. La Comisión de Expertos añadió que continuará examinando y mejorando sus métodos de trabajo, tal como ha hecho a lo largo de los años. A este respecto, los esfuerzos para racionalizar sus comentarios sólo tienen por objeto aumentar la coherencia, calidad y visibilidad de su trabajo, sin perder lo esencial. En última instancia, esto debería permitir que la Comisión pueda hacer frente al incremento de su carga de trabajo, al tiempo que garantiza que sus comentarios continúan orientando de manera eficaz las acciones de las autoridades nacionales.

26. Por último, la Comisión reiteró su deseo de contribuir a la resolución de los problemas que actualmente tiene el sistema de control de una manera adecuada a su mandato y a su estatus en el marco del sistema de control de la OIT. Expresó su convicción de que la continuación de su diálogo con la Comisión de la Conferencia mejorará el funcionamiento y el impacto del sistema de control de la OIT en su conjunto.

27. La Vicepresidenta empleadora, en respuesta a lo debatido, agradeció los comentarios formulados sobre la necesidad de mirar hacia el futuro y aprovechar las sinergias, refiriéndose especialmente a la reunión tripartita de febrero y la puesta en marcha del mecanismo de examen de las normas, pero también a los objetivos de desarrollo sostenible. Manifestó que comparte las opiniones expresadas respecto a que la independencia de la Comisión de Expertos se fundamenta en el contexto tripartito de la OIT y saludó que se haya señalado que la Comisión tiene en cuenta las opiniones de los interlocutores sociales al realizar su trabajo. También agradeció los esfuerzos realizados por la Comisión para revisar sus métodos de trabajo con miras a mejorar la eficacia y calidad de su labor. Indicó que la mejor forma de que la Comisión de Expertos pueda contribuir a la resolución de los problemas actuales del sistema de control es manteniendo su compromiso y su fidelidad a su mandato.

28. El Vicepresidente trabajador reiteró que el mandato de la Comisión de Expertos es claro y que ésta debería proseguir su labor con arreglo a dicho mandato. Al tiempo que manifestó su acuerdo en que resulta necesario que los comentarios de la Comisión se formulen de manera concisa, hizo hincapié en la dimensión pedagógica de la labor de la Comisión. Indicó que una mayor claridad y coherencia ayudarán a que todos los mandantes tripartitos entiendan y acepten mejor las orientaciones que proporciona la Comisión.

Mandato

29. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente establecido por la Conferencia Internacional del Trabajo y sus miembros son nombrados por el Consejo de Administración de la OIT. Está compuesta por expertos en el terreno jurídico que se encargan de examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por parte de los Estados Miembros de la OIT. La Comisión de Expertos realiza un examen técnico e imparcial de la manera en que los Estados Miembros aplican los convenios en la legislación y en la práctica, teniendo en cuenta las diferentes realidades y sistemas jurídicos nacionales. Al hacerlo, debe determinar el alcance jurídico, contenido y significado de las disposiciones de los convenios. Sus opiniones y recomendaciones no son vinculantes y buscan orientar las acciones de las autoridades nacionales. El carácter persuasivo de esas opiniones y recomendaciones se deriva de la legitimidad y racionalidad de la labor de la Comisión que se basa en su imparcialidad, experiencia y competencia técnica. La función técnica y la autoridad moral de la Comisión están ampliamente reconocidas, especialmente porque ha llevado a cabo su labor de supervisión durante más de 85 años, y debido a su composición, independencia y métodos de trabajo cimentados en el diálogo continuo con los gobiernos, teniendo en cuenta la información que transmiten las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Esto se ha reflejado en la incorporación de las opiniones y recomendaciones de la Comisión en legislaciones nacionales, instrumentos internacionales y decisiones de los tribunales.

[1] Véase CEACR, 73.ª reunión (noviembre-diciembre de 2002), Informe General, párrafos 4 a 8; 74.ª reunión (noviembre-diciembre de 2003), Informe General, párrafos 7 a 9; 75.ª reunión (noviembre diciembre de 2004), Informe General, párrafos 8 a 10; 78.ª reunión (noviembre-diciembre de 2007), Informe General, párrafos 7 y 8; 79.ª reunión (noviembre-diciembre de 2008), Informe General, párrafos 8 y 9; 80.ª reunión (noviembre-diciembre de 2009), Informe General, párrafos 7 y 8; 81.ª reunión (noviembre-diciembre de 2010), Informe General, párrafos 6 a 13; 82.ª reunión (noviembre-diciembre de 2011), Informe General, párrafos 6 a 12.

[2] Véase, CEACR, 76.ª reunión (noviembre-diciembre de 2005), Informe General, párrafos 6 a 8; 77.ª reunión (noviembre-diciembre de 2006), Informe General, párrafo 13.

[3] Todos los miembros de la Comisión pueden participar en las labores de la Subcomisión.

[4] Véase el párrafo 53 del Informe General. Para dar más visibilidad a las solicitudes directas, en NORMLEX, se insertará un hiperenlace al final de las observaciones a fin de indicar que la Comisión plantea otros puntos en una solicitud directa, lo cual permitirá al lector acceder a la solicitud directa correspondiente en un solo clic.

[5] Véase el documento GB. 322/INS/5, párrafo 120.

[6] Véase el párrafo 40 del Informe General.

[7] Véase el párrafo 44 del Informe General.

II.Respeto de las obligaciones

A.Memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22 y 35 de la Constitución)

30. La principal función de la Comisión consiste en examinar las memorias presentadas por los gobiernos sobre los convenios ratificados por los Estados Miembros y sobre aquellos convenios que han sido declarados aplicables en los territorios no metropolitanos.

Modalidades para la presentación de memorias

31. La Comisión recuerda que en su 306.ª reunión (noviembre de 2009), el Consejo de Administración decidió que el ciclo de presentación de memorias dejara de ser de dos años y pasara a ser de tres años para los convenios fundamentales y los convenios de gobernanza y mantener el ciclo de cinco años para los otros convenios.

32. Además de las memorias solicitadas de conformidad con el ciclo de envío de memorias, la Comisión también procedió a examinar las memorias solicitadas, especialmente a algunos gobiernos, por uno de los motivos siguientes:

a)una primera memoria debida después de la ratificación;

b)la Comisión solicitó que se transmitiera una memoria fuera del ciclo regular de envío de memorias[8];

c)las memorias debidas para el período anterior que no hubiesen sido recibidas o que no contuviesen las informaciones solicitadas, y

d)las memorias solicitadas expresamente por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia.

33. La Comisión procedió asimismo a examinar algunas memorias que no había podido examinar en su reunión anterior.

34. En algunos casos no se adjunta a las memorias la legislación correspondiente, ni estadísticas u otros documentos necesarios para su examen completo. Cuando no se dispone de esta documentación, la Oficina, tal y como le encomendara la Comisión, se dirige por escrito a los gobiernos interesados, a efectos de solicitarles los documentos necesarios para que la Comisión pueda cumplir plenamente con su función.

35. Las memorias debidas sobre los convenios ratificados deben enviarse a la Oficina entre el 1.º de junio y el 1.º de septiembre de cada año. Este período se fijó teniendo en cuenta especialmente los plazos requeridos para la traducción eventual de las memorias y para la búsqueda de la legislación y de otros documentos necesarios para el examen de las memorias.

Memorias solicitadas y recibidas

36. Este año se solicitaron (en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución) un total de 2 383 memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados por los Estados Miembros en comparación con 2 319 el año pasado. Al finalizar la presente reunión de la Comisión, habían llegado a la Oficina 1 709 memorias, lo que representa el 71,71 por ciento de las memorias solicitadas (en comparación con 1 719 memorias el año pasado) lo que representaba el 74,12 por ciento[9]. La Comisión toma nota de que 75 de las 107 primeras memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados se recibieron antes de que finalizara la reunión de la Comisión (el año anterior se habían recibido 40 de las 77 primeras memorias debidas).

37. Se solicitaron a los gobiernos un total de 2 251 memorias en virtud del artículo 22 de la Constitución. Al finalizar la presente reunión de la Comisión, eran 1 597 las que habían llegado a la Oficina. Esta cifra representa el 70,95 por ciento de las memorias solicitadas (en comparación con el 72,52 por ciento el año pasado). La Comisión desea expresar su gratitud a los 100 Estados Miembros, que han presentado todas las memorias debidas este año.

38. Se solicitaron 132 memorias sobre los convenios declarados de aplicación, con o sin modificaciones, a los territorios no metropolitanos en virtud del artículo 35 de la Constitución. De este total, al finalizar la presente reunión de la Comisión, se habían recibido 112 memorias, es decir, el 84,85 por ciento del total (en comparación con el 98,60 por ciento el año pasado).

39. La Comisión toma nota con preocupación de que la proporción de memorias recibidas antes del 1.º de septiembre sigue siendo reducida (38,9 por ciento en comparación con 34,1 por ciento en su reunión anterior). Recuerda que el hecho de que un número significativo de memorias se reciban con posterioridad al 1.º de septiembre perturba el buen funcionamiento del procedimiento de control regular. Por consiguiente, la Comisión reitera a los Estados Miembros su solicitud de que realicen esfuerzos particulares para que el próximo año sus memorias se presenten en el plazo establecido.

Cumplimiento de la obligación de envío de memorias

40. También este año, la mayoría de los gobiernos que tenían que enviar memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados transmitieron todas o casi todas las memorias (véase el anexo I). Cuando examina el incumplimiento por los Estados Miembros de sus obligaciones a este respecto, la Comisión adopta comentarios «generales» (que figuran al principio de la parte II (sección I) de su informe). Realiza observaciones generales en dos casos: 1) cuando no se ha enviado ninguna de las memorias debidas durante dos o más años; y 2) cuando una primera memoria no se envió durante dos o más años. Realiza solicitudes directas generales cuando un país no ha enviado las memorias debidas, o la mayor parte de las memorias debidas, durante el año en curso.

41. Los 11 países siguientes no han enviado las memorias debidas desde hace dos años o más: Burundi, Dominica, Francia – Tierras australes y antárticas francesas, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Haití, Malasia – Peninsular, San Marino, Somalia y Tayikistán.

42. Los cuatro países que figuran a continuación no han transmitido primeras memorias durante dos años o más:

Omisión de envío de primeras memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados

Estados

Convenios núms.

Afganistán

– Desde 2012: Convenios núms. 138, 144, 159 y 182

Ghana

– Desde 2013: Convenios núms. 144 y 184

Guinea Ecuatorial

– Desde 1998: Convenios núms. 68 y 92

Santo Tomé y Príncipe

– Desde 2007: Convenio núm. 184

43. La Comisión insta firmemente a los gobiernos interesados a realizar todos los esfuerzos posibles para comunicar las memorias solicitadas sobre los convenios ratificados y a poner un especial empeño en transmitir las primeras memorias debidas. Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión hace hincapié en la particular importancia que tienen las primeras memorias que constituyen la base sobre la que la Comisión realiza su evaluación inicial sobre la aplicación de los convenios de que se trate. La Comisión es consciente de que cuando pasa mucho tiempo sin que se envíen memorias, a menudo la causa de las dificultades que tienen los gobiernos para cumplir con sus obligaciones constitucionales son ciertos problemas administrativos o de otro tipo. En esos casos, es importante que los gobiernos soliciten asistencia técnica a la Oficina y que esa asistencia se proporcione rápidamente[10]. La Comisión solicita a la Oficina que proporcione la asistencia técnica apropiada, en particular cuando se trate de primeras memorias, ya que se trata de memorias detalladas y como tales tienen que prepararse teniendo en cuenta el formulario de memoria aprobado por el Consejo de Administración para cada convenio[11].

44. En una observación general, que también figura al principio de la parte II (sección I) de este informe, la Comisión examina el cumplimiento por los Estados Miembros de su obligación en virtud del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución de comunicar a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores copia de las memorias sobre los convenios ratificados. La Comisión toma nota de que casi todos los gobiernos han cumplido con su obligación a este respecto. En su observación general, la Comisión aborda los casos en los que en ninguna de las memorias transmitidas por un país se indican cuáles son las organizaciones de empleadores y de trabajadores a las que se ha comunicado copia de dichas memorias, así como los casos en los que en la mayor parte de las memorias recibidas no se indica esa información. La Comisión recuerda que, en virtud del carácter tripartito de la OIT, el cumplimiento de esta obligación constitucional tiene por objetivo permitir que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores participen plenamente en la supervisión de la aplicación de las normas internacionales del trabajo[12]. Si un gobierno no cumple con esta obligación, estas organizaciones no tienen la posibilidad de realizar comentarios y se pierde un elemento fundamental del tripartismo. La Comisión solicita a todos los Estados Miembros que cumplan con su obligación en virtud del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución. Además, la Comisión pide a los gobiernos que comuniquen copia de las memorias a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a fin de que éstas dispongan de tiempo suficiente para enviar los comentarios que deseen realizar.

Respuestas a los comentarios de la Comisión

45. Se solicita a los gobiernos que respondan en sus memorias a las observaciones y solicitudes directas de la Comisión; la mayoría de los gobiernos comunicó las respuestas solicitadas. De conformidad con la práctica establecida, la Oficina escribió a todos los gobiernos que no habían facilitado tales respuestas para solicitarles la comunicación de la información necesaria.

46. Este año, en 397 casos la memoria del gobierno no contenía información en respuesta a los comentarios de la Comisión (en relación con 39 países). El año anterior eran 476 (en relación con 69 países). La lista completa es la siguiente:

Omisión de envío de información en respuesta a los comentarios de la Comisión de Expertos:

Estados

Convenios núms.

Alemania

81, 98, 129, 140, 150 y 160

Angola

1, 14, 29, 74, 87, 89, 91, 105, 106, 107, 138 y 182

Barbados

63, 105, 122, 135, 138 y 182

Belice

22, 23, 29, 55, 92, 105, 133, 134, 138, 147, 150, 154 y 182

Brunei Darussalam

182

Burundi

11, 14, 17, 26, 27, 29, 42, 52, 62, 64, 81, 87, 89, 94, 98, 100, 101, 105, 111, 135, 138, 144 y 182

Cabo Verde

29, 138 y 182

Croacia

14, 29, 87, 106, 122, 132, 138 y 182

República Democrática del Congo

29, 105, 135, 138, 150 y 182

Dominica

8, 14, 16, 19, 29, 87, 94, 97, 105, 111, 135, 138, 144, 147, 150, 169 y 182

Guinea Ecuatorial

1, 29, 30, 87, 98, 103, 105, 111, 138 y 182

Francia – Tierras australes y antárticas francesas

8, 9, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 92, 108, 133, 134, 146 y 147

Gambia

29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 y 182

Granada

8, 81 y 87

Guinea

3, 16, 62, 81, 87, 89, 90, 94, 98, 100, 105, 111, 113, 115, 117, 118, 121, 122, 132, 133, 134, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 152, 156 y 159

Guinea-Bissau

68, 69, 73, 74, 81, 91, 92, 98 y 108

Haití

1, 12, 14, 17, 24, 25, 30, 42, 81, 87, 98, 100, 106, 107 y 111

Irlanda

22, 23, 53, 68, 69, 73, 74, 81, 92, 98, 108, 144, 147, 160, 178 y 180

Islas Salomón

45

Kirguistán

81, 111, 115, 119, 120, 142, 148, 154, 159 y 184

Líbano

14, 45, 81, 88, 98, 115, 120, 122, 127, 136, 139, 142, 148, 159, 170, 174 y 176

Liberia

81, 87 y 98

Madagascar

13, 81, 87, 88, 98, 117, 119, 120, 127,129, 144 y 159

Malasia – Peninsular

19 y 45

Malasia – Sarawak

14 y 19

Mauritania

3, 14, 29, 52, 62, 81, 87, 89, 96, 98, 100, 111, 112, 114, 122, 138 y 182

Níger

87, 98, 119, 135, 148, 154, 155, 161 y 187

Nigeria

45, 87, 88, 98, 100, 111, 144, 155 y 159

Papua Nueva Guinea

45, 100 y 111

Saint Kitts y Nevis

100, 111 y 144

Samoa

100 y 111

San Vicente y las Granadinas

100, 111 y 144

Santa Lucía

100, 111, 154 y 158

San Marino

88, 100, 103, 111, 140, 143, 148, 150, 156, 159, 160 y 182

Santo Tomé y Príncipe

88, 98, 100, 111, 135, 144, 151, 154, 155 y 159

Sierra Leona

17, 26, 45, 81, 88, 94, 95, 100, 101, 111, 119, 125, 126 y 144

Swazilandia

87, 96, 100, 111, 144 y 160

Tayikistán

14, 29, 32, 45, 47, 52, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 95, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 111, 113, 115, 119, 120, 122, 126, 138, 142, 143, 148, 149, 155, 159 y 182

Túnez

62, 88, 100, 111, 120, 122 y 159

Uganda

12, 26, 29, 45, 100, 105, 111, 144, 158, 159 y 162

47. La Comisión toma nota con preocupación de que el número de comentarios sin respuesta sigue siendo significativo. Esto ha llevado a la Comisión de la Conferencia y a la Comisión, con el apoyo de la Oficina, a conceder una atención más sostenida a los casos de incumplimiento de la obligación de enviar información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión subraya que el valor que los mandantes de la OIT acuerdan al diálogo con los órganos de control sobre la aplicación de los convenios ratificados se ve considerablemente limitado por el hecho de que los gobiernos no cumplan con sus obligaciones en la materia. La Comisión insta firmemente a los países interesados a transmitir toda la información debida y a recurrir, de ser necesario, a la asistencia de la Oficina.

Seguimiento de los casos de incumplimiento grave por los Estados Miembros de sus obligaciones específicas mencionadas en el Informe de la Comisión de Aplicación de Normas

48. Habida cuenta de que el funcionamiento del sistema de control se basa esencialmente en la información proporcionada por los gobiernos en sus memorias, tanto la Comisión como la Comisión de la Conferencia consideran que hay que prestar la misma atención al incumplimiento por los Estados Miembros de sus obligaciones a este respecto que al incumplimiento de sus obligaciones en relación con la aplicación de los convenios ratificados. Por consiguiente, ambas Comisiones han decidido reforzar, con la asistencia de la Oficina, el seguimiento dado a esos casos de incumplimiento.

49. La Comisión ha sido informada de que dando seguimiento a los debates de la Comisión de la Conferencia de junio de 2014, la Oficina ha enviado comunicaciones específicas a los 26 Estados Miembros citados en los párrafos pertinentes del informe de la Comisión de la Conferencia en relación con casos de incumplimiento[13].

50. La Comisión se felicita por el hecho de que desde el final de la reunión de la Conferencia, diez de los Estados Miembros concernidos han cumplido con una parte de sus obligaciones de envío de memorias[14].

51. La Comisión espera que la Oficina mantenga la asistencia técnica sostenida que ha estado proporcionando a los Estados Miembros[15]. Por último, la Comisión saluda la eficaz colaboración que mantiene con la Comisión de la Conferencia sobre esta cuestión de interés común, colaboración que resulta fundamental para el buen desarrollo de sus trabajos respectivos.

B.Examen de las memorias sobre los convenios ratificados por la Comisión de Expertos

52. En el examen de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados y sobre aquellos que han sido declarados de aplicación en los territorios no metropolitanos, la Comisión ha atribuido, como es su práctica habitual, a cada uno de sus miembros la responsabilidad inicial de un grupo de convenios. Cada experto presenta sus conclusiones preliminares sobre los instrumentos a su cargo. Esas conclusiones se presentan luego a la Comisión en sesión plenaria para su discusión y aprobación. Las decisiones relativas a los comentarios son adoptadas por consenso.

Observaciones y solicitudes directas

53. La Comisión ha comprobado que, en algunos casos[16], la forma en que se aplican los convenios ratificados no requiere comentarios. Sin embargo, en ciertos casos, la Comisión ha considerado que procedía señalar a la atención de los gobiernos interesados la necesidad de adoptar medidas adicionales para dar efecto a algunas disposiciones de los convenios o de facilitar informaciones complementarias sobre determinados puntos. Como en años anteriores, los comentarios de la Comisión han sido redactados en forma de «observaciones», que se reproducen en el informe de la Comisión, o de «solicitudes directas», que no se reproducen en el informe, pero que se comunican de modo directo a los gobiernos interesados y que se pueden encontrar en Internet[17]. Las observaciones se utilizan, por lo general, en los casos más graves o más persistentes de incumplimiento de las obligaciones. Sirven para indicar discrepancias importantes entre las obligaciones que se derivan de un convenio y las legislaciones y/o las prácticas en la materia de los Estados Miembros. En ellas se puede abordar la falta de medidas para dar efecto a un convenio o para dar curso mediante acciones apropiadas a las solicitudes de la Comisión. También sirven para, si procede, subrayar los progresos. Las solicitudes directas permiten a la Comisión entablar un diálogo continuo con los gobiernos cuando a menudo las cuestiones planteadas son principalmente de orden técnico. Además, pueden utilizarse para aclarar determinados puntos, cuando la información disponible no permita una plena valoración de la medida en que se da cumplimiento a las obligaciones. Las solicitudes directas se utilizan, en particular, para examinar las primeras memorias.

54. Las observaciones formuladas por la Comisión figuran en la parte II del presente informe y al final de cada tema figura una lista de las solicitudes directas relevantes. En el anexo VII del presente informe, figura un índice de todas las observaciones y solicitudes directas, clasificadas por país.

Seguimiento de los procedimientos para el examen de las reclamaciones en virtud del artículo 24 de la Constitución y de las quejas en virtud del artículo 26 de la Constitución

55. Según la práctica establecida, la Comisión examina las medidas adoptadas por los gobiernos con arreglo a las recomendaciones de las comisiones tripartitas (establecidas para examinar las reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 de la Constitución) y de las comisiones de encuesta (establecidas para examinar las quejas en virtud del artículo 26 de la Constitución) después de que se hayan aprobado (comisiones tripartitas) o se haya tomado nota de ellas (comisiones de encuesta) en el Consejo de Administración. Las informaciones correspondientes son examinadas por la Comisión y forman parte integrante de su diálogo con los gobiernos interesados en el marco del examen de las memorias enviadas sobre la aplicación de los convenios correspondientes pero también de todos los comentarios presentados por las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión considera que es útil poner más en valor los casos en los que asegura el seguimiento de las recomendaciones realizadas con arreglo a esos procedimientos de control constitucional, de las que los cuadros siguientes ofrecen una visión general.

Lista de casos en los que la Comisión examina el seguimiento dado por los gobiernos a las recomendaciones de las comisiones de encuesta (quejas en virtud del artículo 26):

Estados

Convenios núms.

Belarús

87

Lista de casos en los que la Comisión examina el seguimiento dado por los gobiernos a las recomendaciones de las comisiones tripartitas (reclamaciones en virtud del artículo 24):

Estados

Convenios núms.

República Dominicana

19

Ecuador

169

España

158

Japón

100, 159 y 181

México

155

Países Bajos

81, 129 y 155

Perú

71, 81

Portugal

155

Qatar

29

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

56. La Comisión también examina el seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas. Esta información es parte integrante del diálogo de la Comisión con los gobiernos interesados en el contexto del examen de las memorias presentadas sobre la aplicación de los respectivos convenios, así como de todos los comentarios transmitidos por las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión considera que resulta útil indicar más claramente los casos en los que ha examinado el seguimiento de las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas durante la última reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (103.ª reunión, mayo-junio de 2014), tal como se hace en el siguiente cuadro. Toma nota de que en 19 casos no se adoptaron conclusiones.

Lista de casos en los que la Comisión examina el seguimiento dado a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

Estados

Convenios núms.

Bangladesh

81

Belarús

87

República Dominicana

111

Grecia

102

Níger

138

Yemen

182

Notas especiales

57. Como es habitual, la Comisión indica, mediante notas específicas (conocidas tradicionalmente como «notas a pie de página») al final de los comentarios, los casos en los que, por la naturaleza de los problemas planteados para aplicar los convenios correspondientes, le parece oportuno solicitar a los gobiernos que faciliten una memoria antes de la fecha prevista, y, en ciertos casos, que transmitan datos completos a la Conferencia en su próxima reunión de junio de 2015.

58. A los fines de la identificación de los casos respecto de los cuales inserta notas especiales, la Comisión recurre a los criterios básicos que se describen a continuación, teniendo en cuenta las consideraciones generales siguientes. En primer término, estos criterios son indicativos. En el ejercicio de sus facultades discrecionales en lo que respecta a la aplicación de estos criterios, la Comisión también puede considerar las circunstancias específicas del país y la duración del ciclo de presentación de memorias. En segundo término, estos criterios son aplicables a los casos respecto de los cuales se solicita una memoria anticipada, a la que a menudo se hace referencia como «nota a pie de página simple», al igual que a los casos respecto de los cuales se solicita al gobierno que comunique a la Conferencia información detallada, a la que se alude con frecuencia como «nota a pie de página doble». La diferencia entre estas dos categorías es de grado. En tercer lugar, un caso grave que justifique una nota especial para que se comunique información completa a la Conferencia (nota a pie de página doble), sólo puede ser objeto de una nota especial para que se presente una memoria anticipada (nota a pie de página simple), en la medida en que haya sido objeto de una discusión reciente en la Comisión de la Conferencia. Por último, la Comisión quiere señalar que utiliza las notas a pie de página dobles por deferencia a las decisiones de la Comisión de la Conferencia en materia de determinación de los casos que desea discutir.

59. Los criterios que considerará la Comisión, son los siguientes:

–la gravedad del problema; al respecto, la Comisión pone de relieve que una importante consideración es la necesidad de abordar el problema en el contexto de un convenio concreto y de tener en cuenta los temas que implican los derechos fundamentales, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como cualquier impacto adverso, especialmente en el ámbito internacional, sobre los trabajadores y las otras categorías de personas protegidas;

–la persistencia del problema;

–la urgencia de la situación; la evaluación de esa urgencia es necesariamente específica para cada caso, según criterios de derechos humanos estándar, como las situaciones o los problemas que suponen una amenaza para la vida, cuando es previsible un daño irreversible, y

–la calidad y el alcance de la respuesta del gobierno en sus memorias o la ausencia de respuesta a los asuntos planteados por la Comisión, especialmente los casos de claro y reiterado incumplimiento por parte de un Estado de sus obligaciones.

60. Además, la Comisión desea resaltar que su decisión de no introducir una doble nota a pie de página en un caso que, anteriormente, ha sido señalado a la atención de la Comisión de la Conferencia, no significa de ninguna manera que dicho caso sea considerado como un caso de progreso.

61. En su 76.ª reunión (noviembre-diciembre de 2005), la Comisión decidió que la identificación de los casos respecto de los cuales se solicitaba a los gobiernos la comunicación de informaciones detalladas a la Conferencia, se realizase en dos etapas: en primer lugar, el experto responsable inicialmente de un grupo concreto de convenios puede recomendar a la Comisión la inserción de notas especiales; en segundo lugar, habida cuenta de todas las recomendaciones formuladas, la Comisión adoptará, después de la discusión, una decisión final y colegiada, una vez examinada la aplicación de todos los convenios.

62. Este año, la Comisión pidió a los gobiernos que transmitieran información completa a la reunión de la Conferencia de 2015 sobre los casos que figuran a continuación:

Lista de los casos en los que la Comisión solicitó a los gobiernos que transmitiesen a la reunión de la Conferencia de junio de 2015 datos completos:

Estados

Convenios núms.

Estado Plurinacional de Bolivia

138

Camboya

182

Camerún

182

Eritrea

29

República Bolivariana de Venezuela

87

63. La Comisión pidió a los gobiernos que transmitiesen memorias detalladas cuando deberían someterse memorias simplificadas en los casos siguientes[18]:

Lista de los casos en los que la Comisión pidió a los gobiernos que transmitiesen memorias detalladas cuando deberían someterse memorias simplificadas

Estados

Convenios núms.

Argentina

154

Bangladesh

81

Botswana

151

Chad

151

Croacia

98

Mauritania

81

Turquía

151

64. Además, la Comisión pidió memorias anticipadas a intervalos de uno, de dos o de tres años, según las circunstancias, en los casos siguientes:

Lista de los casos en los que la Comisión pidió memorias anticipadas

Estados

Convenios núms.

Antigua y Barbuda

144 y MLC, 2006

Arabia Saudita

111

Argelia

144

Argentina

87, 144 y 154

Australia

MLC, 2006

Bangladesh

81 y 87

Belarús

87

Bélgica

154

Benin

MLC, 2006

Bosnia y Herzegovina

MLC, 2006

Brasil

137 y 140

Burkina Faso

144

Burundi

144

Camboya

87

Camerún

87 y 122

Colombia

169

Comoras

98

Congo

87

Corea, República de

187

China – Región Administrativa Especial de Hong Kong

144

Dinamarca

MLC, 2006

Ecuador

87 y 98

Egipto

105

El Salvador

144

Eritrea

105

España

88, 151, 158, 159 y 181

Ex República Yugoslavia de Macedonia

162

Fiji

87 y 169

Filipinas

176 y MLC, 2006

Grecia

95

Guatemala

87, 162 y 169

Guyana

140

Haití

107

Honduras

81

Hungría

87 y 140

India

81

Indonesia

106

Islas Marshall

MLC, 2006

Letonia

MLC, 2006

Luxemburgo

87, 96 y 135

Madagascar

88 y 117

Malawi

159

Malta

117

Mauricio

19

Mauritania

3, 96 y 102

México

87 y 155

Moldova, República de

152

Mongolia

159

Montenegro

162

Myanmar

87

Noruega

137, 167 y MLC, 2006

Nueva Zelandia

155

Países Bajos

81, 129 y 155

Países Bajos – Aruba

122, 140 y 142

Pakistán

81 y 144

Panamá

MLC, 2006

Paraguay

169

Perú

81 y 144

Polonia

181 y MLC, 2006

Portugal

142 y 155

Qatar

29, 81 y 111

Reino Unido

100

República Dominicana

19 y 111

Rusia Federación

142

Senegal

144

Singapur

MLC, 2006

Súdafrica

144

Suiza

MLC, 2006

Suriname

181

Swazilandia

87

Togo

MLC, 2006

Túnez

107

Turquía

81, 155 y 161

Uganda

26

Uruguay

162

Uzbekistán

105 y 182

Venezuela, República Bolivariana

26, 144 y 158

Yemen

158

Zimbabwe

176

Casos de progreso

65. Tras su examen de las memorias enviadas por los gobiernos, y con arreglo a su práctica habitual, la Comisión menciona, en sus comentarios, los casos en los que expresa su satisfacción o su interés por los progresos realizados en la aplicación de los convenios correspondientes.

66. En sus 80.ª y 82.ª reuniones (2009 y 2011) la Comisión proporcionó las siguientes precisiones sobre el enfoque general elaborado durante el transcurso de los años en relación con la identificación de los casos de progreso:

1)La expresión de interés o satisfacción no significa que considere que el país en cuestión cumple de manera general las disposiciones del convenio. Por consiguiente, en el mismo comentario, la Comisión puede expresar satisfacción o interés sobre una cuestión determinada mientras lamenta que, desde su punto de vista, otras cuestiones importantes no se hayan abordado de manera satisfactoria.

2)La Comisión desea hacer hincapié en que sólo se señala que se ha realizado un progreso en lo que respecta a una cuestión específica que se deriva de la aplicación del convenio y de la naturaleza de la medida adoptada por el Gobierno interesado.

3)La Comisión ejerce sus facultades discrecionales teniendo en cuenta la naturaleza particular del convenio así como las circunstancias específicas del país.

4)El hecho de señalar que se ha realizado un progreso puede tener relación con diferentes tipos de medidas adoptadas en la legislación, la práctica o las políticas nacionales.

5)Si la satisfacción está relacionada con la adopción de legislación, la Comisión también puede considerar apropiado adoptar medidas a fin de garantizar el seguimiento de su aplicación práctica.

6)En la identificación de los casos de progreso, la Comisión tiene en cuenta tanto la información transmitida por los gobiernos en sus memorias como los comentarios de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

67. Desde que empezó a identificar los casos de satisfacción en su informe de 1964[19], la Comisión ha utilizado los mismos criterios generales. La Comisión expresa su satisfacción en los casos en los que, tras los comentarios que ha formulado sobre un asunto específico, los gobiernos han adoptado medidas, ya sea a través de la adopción de nueva legislación o de una enmienda a la legislación existente, o realizando un cambio significativo en la política o en la práctica nacional, con lo que logran un mejor cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los convenios correspondientes. Al expresar su satisfacción, la Comisión indica a los gobiernos y a los interlocutores sociales que considera que se ha resuelto un asunto concreto. La razón para la identificación de los casos de satisfacción es doble:

–dejar constancia de que la Comisión se congratula por las medidas positivas adoptadas por los gobiernos en respuesta a sus comentarios, y

–aportar un ejemplo a otros gobiernos e interlocutores sociales que tienen que tratar asuntos similares.

68. En la parte II del presente informe, se incluye información detallada sobre los casos de progreso; se trata de 34 casos en los que se han adoptado tales medidas en 29 países. La lista completa es la siguiente:

Lista de los casos en los que la Comisión ha podido expresar su satisfacción por algunas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:

Estados

Convenios núms.

Albania

182

Antigua y Barbuda

182

Argentina

138

Australia

182

Austria

138

Bahrein

182

Bangladesh

182

Barbados

118

Benin

105 y 138

Colombia

81

Costa Rica

138

Cuba

138

Chipre

138 y 182

Ecuador

169

Egipto

149

Fiji

182

Francia

149

Georgia

87 y 98

Honduras

81

Jordania

98

Lituania

87

México

161

República de Moldova

111

Níger

135

Reino Unido

98

Senegal

13

Suriname

182

Turquía

87

Uruguay

111, 161 y 167

69. Desde que la Comisión comenzara a enumerarlos en su Informe, el número total de casos respecto de los cuales la Comisión ha expresado su satisfacción por los progresos alcanzados como consecuencia de sus comentarios se eleva a 2 980.

70. En lo que respecta a los casos de progreso, en 1979 se formalizó la distinción entre casos de satisfacción y casos de interés[20]. En general, los casos de interés son los casos en los que las medidas están lo suficientemente elaboradas para justificar la expectativa de alcanzar nuevos progresos en el futuro y respecto de los cuales la Comisión quisiera proseguir su diálogo con el gobierno y los interlocutores sociales. La práctica de la Comisión ha evolucionado de tal manera que, actualmente, los casos sobre los que expresa su interés también pueden englobar diversas medidas. La consideración primordial es que las medidas contribuyan a la consecución general de los objetivos de un determinado convenio. Esto puede incluir:

–proyectos de legislación ante el Parlamento u otros cambios legislativos propuestos que aún no se han presentado a la Comisión o puesto a su disposición;

–consultas realizadas en el seno del gobierno y con los interlocutores sociales;

–nuevas políticas;

–desarrollo y aplicación de actividades en el marco de un proyecto de cooperación técnica, o tras la asistencia técnica o el asesoramiento de la Oficina;

–las decisiones judiciales, según el nivel del tribunal, la temática y la fuerza de tales decisiones en un determinado sistema jurídico, se considerarían normalmente como casos de interés, salvo que exista una razón convincente para señalar como caso de satisfacción una determinada decisión judicial, o

–la Comisión también puede señalar como casos de interés, los progresos realizados por un Estado, una provincia, un territorio, en el marco de un sistema federal.

71. Los pormenores relativos a los casos en consideración, se encontrarán en la parte II de este informe o en las solicitudes dirigidas directamente a los gobiernos interesados. Los 144 casos en los que se habían adoptado medidas de este tipo, corresponden a 82 países. La lista es la siguiente:

Lista de los casos en los que la Comisión ha tomado nota con interés de diversas medidas adoptadas por los gobiernos de los países siguientes:

Estados

Convenios núms.

Albania

138 y 182

Alemania

87

Argelia

29 y 105

Arabia Saudita

111

Argentina

29, 144 y 182

Australia

29, 160 y 182

Bahrein

182

Bangladesh

29, 81 y 182

Bélgica

132

Belice

183

Benin

150 y 182

Estado Plurinacional de Bolivia

29, 105 y 182

Bosnia y Herzegovina

182

Bulgaria

182

Burkina Faso

81, 122 y 182

Camboya

138

Camerún

29

República Checa

138

Chile

63, 138, 144 y 182

China

182

Colombia

81, 151 y 182

Comoras

1, 111 y 182

República de Corea

111

Costa Rica

29, 122, 150 y 182

República Dominicana

150

Ecuador

29, 96, 142, 149, 159, 169 y 182

Egipto

96 y 149

El Salvador

107, 150, 151 y 182

Emiratos Árabes Unidos

81

Eslovaquia

100

Eslovenia

148

Estados Unidos

144

Estonia

138

Ex República Yugoslava de Macedonia

144

Fiji

87

Filipinas

144

Francia

29, 149 y 182

Francia – Polinesia Francesa

63

Gabón

150

Grecia

87 y 98

Guatemala

81, 122 y 169

Honduras

81

Hungría

122 y 142

República Islámica del Irán

111

Iraq

98

Italia

159

Japón

100

Jordania

81

República Democrática Popular Lao

182

Letonia

81 y 129

Libia

88

Lituania

87

Malasia

187

Malawi

111

Malí

29, 81, 144 y 182

Malta

111

Marruecos

13, 81 y 162

Mauricio

81 y 88

República de Moldova

111 y 142

Montenegro

13

Namibia

98

Níger

111

Países Bajos – Curazao

87

Países Bajos – San Martín

87

Panamá

3, 81 y 138

Paraguay

169

Perú

139 y 176

Polonia

111

Portugal

29 y 117

Reino Unido

120 y 144

Rwanda

138

Samoa

111

Senegal

111

Seychelles

111

Sudán

81

Sri Lanka

103 y 144

Togo

81, 144 y 187

Túnez

117 y 142

Turquía

81 y 87

Ucrania

111

Uruguay

111, 159, 167 y 184

Uzbekistán

182

República Bolivariana de Venezuela

169

Zimbabwe

111

Aplicación práctica

72. Como parte de la aplicación de los convenios en la práctica, la Comisión toma nota de la información que contienen las memorias de los gobiernos, por ejemplo de la información sobre las decisiones judiciales, las estadísticas y la inspección del trabajo. El envío de esta información se solicita en casi todos los formularios de memoria y también en los términos específicos de algunos convenios.

73. La Comisión observa que 485 memorias recibidas este año contienen información sobre la aplicación práctica de los convenios; 54 de estas memorias contienen información sobre la jurisprudencia nacional. La Comisión también toma nota de que 431 de esas memorias contienen información sobre estadísticas y sobre la inspección del trabajo.

74. La Comisión insiste ante los gobiernos sobre la importancia del envío de esa información, que es indispensable para completar el examen de la legislación nacional y contribuye a que la Comisión identifique las cuestiones que plantean verdaderos problemas de aplicación práctica. La Comisión desea asimismo alentar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a que le comuniquen información precisa y actualizada sobre la aplicación de los convenios en la práctica.

Observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

75. En cada una de sus reuniones, la Comisión recuerda que la contribución de las organizaciones de empleadores y de trabajadores resulta fundamental para que pueda evaluar la aplicación de los convenios ratificados en la legislación y la práctica nacionales. Los Estados Miembros tienen la obligación en virtud del párrafo 2 del artículo 23 de la Constitución de comunicar a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores copia de las memorias transmitidas con arreglo a los artículos 19 y 22 de la Constitución. El respeto de esta obligación constitucional tiene por objeto permitir que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores participen plenamente en el control de la aplicación de las normas internacionales del trabajo. Asimismo, la Comisión hace hincapié en que muchos convenios requieren la consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, o su colaboración en diferentes aspectos.

76. Desde su última reunión, la Comisión ha recibido 1 143 comentarios (en comparación con los 1 001 del año anterior), de los que 309 (en comparación con 298 el año anterior) fueron comunicados por organizaciones de empleadores y 834 (en comparación con 703 el año anterior) por organizaciones de trabajadores.

77. La mayor parte de las observaciones recibidas, a saber 1 036, se refieren a la aplicación de los convenios ratificados (véase el anexo III)[21]. Estas observaciones se reparten del modo siguiente: 510 observaciones sobre la aplicación de los convenios fundamentales, 94 observaciones sobre la aplicación de los convenios de gobernanza y 432 sobre la aplicación de los demás convenios. Además, 107 observaciones se refieren a las memorias presentadas en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT en relación con los instrumentos sobre el derecho de asociación y las organizaciones de trabajadores rurales.

78. La Comisión toma nota de que, entre las observaciones recibidas este año relativas a los convenios ratificados, 771 fueron transmitidas directamente a la Oficina, que, con arreglo a la práctica establecida por la Comisión, las comunicó a los gobiernos interesados para recabar sus comentarios. La Comisión recuerda que las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben recibirse en la Oficina a más tardar el 1.º de septiembre, a efectos de permitir que los gobiernos tengan el tiempo necesario para responder y, de esta forma, permitir a la Comisión examinar los asuntos en cuestión en su próxima reunión de noviembre del mismo año. En 265 casos, los gobiernos transmitieron junto con sus memorias las observaciones realizadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores, añadiendo algunas veces sus propios comentarios.

79. La Comisión toma nota de que, en general, las organizaciones de empleadores y de trabajadores se esforzaron en reunir y presentar elementos de derecho y de hecho sobre la aplicación práctica de los convenios ratificados. La Comisión recuerda que es fundamental que las organizaciones aporten informaciones precisas que tengan un verdadero valor añadido en relación con las comunicadas por los gobiernos y con las cuestiones tratadas en los comentarios de la Comisión. Dichas informaciones deben ayudar a actualizar o renovar el examen de la aplicación de los convenios y poner el acento en los problemas reales de su aplicación práctica. Las observaciones generales sobre los convenios, que no se refieren a su aplicación en un país determinado, se abordan de manera más apropiada en el marco del examen por la Comisión de los estudios generales o en otros foros de la OIT.

80. En su 77.ª reunión (noviembre-diciembre de 2006), la Comisión dio algunas indicaciones a la Oficina en lo que respecta al procedimiento que ha de seguirse para tratar las observaciones transmitidas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores sobre la aplicación de los convenios ratificados en los años en que no se deben presentar memorias. En su 80.ª reunión (noviembre-diciembre de 2009), la Comisión examinó este procedimiento teniendo en cuenta la decisión adoptada por el Consejo de Administración de extender el ciclo de presentación de memorias de dos a tres años para los convenios fundamentales y de gobernanza.

81. La Comisión confirma que, cuando las observaciones transmitidas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores se limitan a repetir las observaciones realizadas en años anteriores, o se refieren a cuestiones ya planteadas por la Comisión, se examinarán con arreglo al ciclo normal de envío de memorias el año en el que la memoria del Gobierno es debida, y no habrá solicitud alguna de memoria fuera de ese ciclo. Este procedimiento también se aplicará en el caso de las observaciones que transmiten información adicional sobre la legislación y la práctica en relación con cuestiones ya planteadas por la Comisión o sobre cambios legislativos menores, aunque, dependiendo de las circunstancias específicas, en dichos casos puede considerarse la posibilidad de solicitar que se envíe una memoria con antelación.

82. Sin embargo, cuando las observaciones plantean serias alegaciones, que no sean simples declaraciones, de actos graves de incumplimiento de un determinado convenio, lo que es contrario a las simples repeticiones, se solicitará al Gobierno que responda a esas alegaciones fuera del ciclo regular de envío de memorias y la Comisión examinará las observaciones el año en que se han recibido. Las observaciones relativas a importantes cambios legislativos o a propuestas que tendrían un impacto fundamental en la aplicación del convenio se considerarán de la misma forma, al igual que las observaciones que se refieren a nuevas propuestas de textos legislativos menores o a proyectos de ley que aún no hayan sido examinados por la Comisión, cuando su examen anticipado pueda ser útil al Gobierno en la fase de redacción legislativa.

83. La Comisión hace hincapié en que el procedimiento que se ha explicado antes tiene por objetivo dar efecto a las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración, que han extendido el ciclo de presentación de memorias y proporcionado garantías en este contexto a fin de asegurar que se mantiene un control efectivo de la aplicación de los convenios ratificados. Una de esas garantías consiste en reconocer debidamente la posibilidad que se ofrece a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de señalar a la atención de la Comisión las cuestiones que son motivo de especial preocupación en relación con la aplicación de los convenios ratificados, incluso los años en los que no se deben presentar memorias; en dichos casos, las observaciones recibidas directamente por la Oficina se comunican en el momento oportuno a los gobiernos interesados a fin de garantizar que se respeta el debido proceso. La Comisión continuará examinando de forma plena y pormenorizada todos los elementos que se le presenten a fin de velar por un control efectivo, actualizado y regular de la aplicación de los convenios ratificados en el contexto del ciclo de presentación de memorias, que se ha extendido para los convenios fundamentales y de gobernanza.

84. Las observaciones transmitidas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores en las que se plantean cuestiones relacionadas con la aplicación de los convenios ratificados pueden ser examinadas, si procede, en las observaciones realizadas por la Comisión (que figuran en la parte II de este informe) o en las solicitudes dirigidas directamente a los gobiernos.

Casos en los que se hace hincapié en la necesidad de asistencia técnica

85. La combinación del trabajo de los órganos de control y las orientaciones prácticas dadas a los Estados Miembros a través de la cooperación y la asistencia técnicas siempre ha sido una de las principales características del sistema de control de la OIT. Además de la mejora del seguimiento de los casos de incumplimiento grave por los Estados Miembros de ciertas obligaciones concretas en materia de envío de memorias que se menciona en el párrafo 48, tanto la Comisión de la Conferencia en sus conclusiones en relación con los casos individuales como la Comisión en sus comentarios hacen referencias más sistemáticas a la asistencia técnica. Los casos en los que, según la Comisión, sería especialmente útil proporcionar asistencia técnica a fin de ayudar a los Estados Miembros a solucionar las lagunas en la legislación y la práctica en lo que respecta a la aplicación de los convenios ratificados aparecen en la lista del cuadro que figura a continuación y en la parte II de este informe se proporciona información al respecto.

Lista de los casos en los que sería útil proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros

Estados

Convenios núms.

Arabia Saudita

111

Argelia

100

Bangladesh

81

Bulgaria

1

República Centroafricana

150

Colombia

81

Djibouti

120

República Dominicana

111

Ecuador

119, 136, 139, 148 y 162

Eritrea

138

Ex República Yugoslava de Macedonia

155

Guatemala

81, 129, 161 y 162

Guyana

81 y 129

Honduras

81 y 100

República Islámica del Irán

111

Japón

100

Kenya

81

Libia

102, 121, 128 y 130

Malí

13, 81 y 111

Mauritania

81

Mongolia

100

Panamá

81

Perú

139

Sudán

81

Turquía

81 y 155

Ucrania

100

Yemen

182

Reforzar la asistencia técnica para mejorar la aplicación de las normas internacionales del trabajo

86. Al tiempo que recuerda los resultados positivos logrados por el programa de actividades de duración determinada en relación con las normas internacionales del trabajo financiado por la Cuenta de Programas Especiales (SPA), la Comisión toma nota de que en 2014 se ha proporcionado una intensiva asistencia técnica a más de 40 países a efectos de brindar apoyo para la ratificación y/o la aplicación de las normas internacionales del trabajo y reforzar la capacidad de los ministerios de trabajo para que puedan cumplir con sus obligaciones constitucionales (incluida la elaboración de memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados). Se llevaron a cabo más de 78 actividades que han permitido que muchos interlocutores sociales y otros actores reciban formación sobre los convenios ratificados por sus países y el funcionamiento del sistema de control de la OIT. La Comisión toma nota de que: se efectuaron nueve análisis de brechas legislativas (Camerún, Cote d’Ivoire, República Dominicana, Gabón, Honduras, Paraguay, Senegal, Sudán y Togo); y 18 proyectos de ley fueron objeto de comentarios por parte de la Oficina (Argelia, Angola, Bangladesh, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Gabón, Haití, India, Jordania, México, Mongolia, Myanmar, Níger, Perú, Serbia, Viet Nam y Yemen).

87. En el Informe III (Parte 2) figura información detallada sobre este programa de asistencia técnica, las actividades llevadas a cabo y sus resultados[22]. El cuadro siguiente contiene información al respecto.

Asistencia técnica brindada en 2014

Apoyo a la ratificación

Reforzamiento de las capacidades en el ámbito de las obligaciones constitucionales, incluso en materia de preparación de memorias

Apoyo a la aplicación efectiva de los convenios ratificados

Benin (Convenios núms. 155 y 187), Botswana (Convenios núms. 81, 122, 129 y 151), Camerún (Convenios núms. 102, 142, 144, 155 y 187), Chile (Convenio núm. 143 y MLC, 2006), China (MLC, 2006), Côte d’Ivoire (Convenio núm. 188 y MLC, 2006), Honduras (MLC, 2006), India (Convenio núm. 181), Indonesia (MLC, 2006), Namibia (Convenio núm. 188), República de Maldivas (MLC, 2006), Filipinas (Convenio núm. 151), Federación de Rusia (Convenios núms. 140 y 151), Senegal (Convenios núms. 183 y 189), Sri Lanka (Convenio núm. 183), Sudán (Convenio núm. 144 y MLC, 2006) y Togo (Convenios núms. 183 y 189).

Afganistán, Argelia, Angola, Benin, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Burundi, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, Chad, China, Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Dinamarca (Groenlandia), Djibouti, El Salvador, Egipto, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Filipinas, Francia, Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, República de Moldava, Mongolia, Marruecos, Namibia, Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Swazilandia, República Unida de Tanzanía, Togo, Yemen y Zambia.

Bangladesh, Estado Plurinacional de Bolivia, Camboya, Chad, Chile, Filipinas, Guatemala, Indonesia, República Islámica del Irán, Lesotho, Malawi, Namibia, Nepal, Pakistán, Paraguay, Rwanda, Sudáfrica, Sudán y Swazilandia.

88. La Comisión saluda la sólida y estable colaboración en materia de normas internacionales del trabajo entre la Oficina y el Centro Internacional de Formación de Turín en Italia. Esta colaboración permite llevar a cabo una serie de actividades importantes a fin de proporcionar asistencia a los mandantes tripartitos con miras a apoyar la ratificación y la aplicación efectiva de todos los convenios y reforzar las capacidades en materia de obligaciones constitucionales. Además, la Comisión subrayó la pertinencia de las actividades sobre el sistema normativo destinadas a parlamentarios, jueces, juristas, profesores de derecho, periodistas y profesionales de los medios de comunicación. Habida cuenta de la importancia de la creación de capacidades nacionales para el funcionamiento eficaz del sistema normativo de la OIT, la Comisión espera que se seguirá reforzando la integración de las actividades de la Oficina y del Centro de Turín.

89. En relación con la estrategia normativa de la OIT, la Comisión, tal como destacaron la Conferencia y el Consejo de Administración, considera que la asistencia técnica es un elemento esencial de apoyo al sistema normativo, incluido el sistema de control. En este contexto, la Comisión espera que en un futuro próximo se elabore un amplio programa de asistencia técnica y que se le asignen los fondos adecuados a fin de ayudar a todos los mandantes a mejorar la aplicación de las normas internacionales del trabajo en la legislación y en la práctica.

Control de la aplicación del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185)

90. La Comisión tomó nota de que 28 Miembros han ratificado el Convenio núm. 185. Sin embargo, el ritmo de las ratificaciones ha sido lento y una serie de Miembros han indicado que existen dificultades técnicas y de otro tipo para realizar progresos en la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de que en su 320.ª reunión (marzo de 2014) el Consejo de Administración, tras el examen inicial del documento «Cooperación internacional relativa al Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185)», consideró que debido a las complejas cuestiones técnicas que se plantean en el documento, que implican tanto consideraciones relacionadas con el ámbito marítimo como consideraciones en relación con el control de las fronteras y los visados, sería importante recabar el asesoramiento de expertos sobre la viabilidad y los costos y beneficios de diversas soluciones técnicas y de otro tipo. Por consiguiente, el Consejo de Administración decidió convocar una reunión tripartita, que se celebrará del 4 al 6 de febrero de 2015, en la que participarán expertos marítimos y expertos en visados con objeto de examinar la viabilidad y realizar un análisis de los costos y beneficios de las diversas opciones contempladas para solucionar las dificultades que plantea la aplicación del Convenio núm. 185 a los Estados del pabellón, los Estados del puerto y los países de suministro de la gente de mar ratificantes y no ratificantes, así como a los armadores y la gente de mar. Habida cuenta de la reunión que se celebrará en febrero para examinar los problemas y las posibles soluciones en lo que respecta a la aplicación del Convenio en los diversos países, la Comisión decidió posponer el examen de las memorias sobre la aplicación del Convenio núm. 185 hasta 2015 a fin de poder tener en cuenta las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración después de estudiar los consejos que deriven de la reunión de expertos de febrero de 2015.

C.Memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución

91. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración decidió alinear el tema de los estudios generales con el tema de las discusiones anuales recurrentes de la Conferencia con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008. Este año se ha pedido a los gobiernos que envíen, en virtud del artículo 19 de la Constitución, memorias para elaborar un Estudio General sobre los instrumentos siguientes: el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11), el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141), y la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 149)[23]. De conformidad con la práctica seguida estos últimos años, este Estudio se ha elaborado sobre la base de un examen preliminar realizado por un grupo de trabajo compuesto por seis miembros de la Comisión.

92. Se solicitaron a los Estados Miembros 404 memorias en virtud del artículo 19 de la Constitución y se recibieron 220 de esas memorias. Esto representa el 54,45 por ciento de las memorias solicitadas.

93. La Comisión lamenta comprobar que los 20 países que figuran a continuación no han comunicado, durante los cinco últimos años, ninguna de las memorias solicitadas en virtud del artículo 19 de la Constitución, en relación con los convenios no ratificados y las recomendaciones. Estos países son: Comoras, Congo, República Democrática del Congo, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Liberia, Libia, San Kits y Nevis, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Somalia, Tuvalu, Vanuatu y Zambia.

94. La Comisión insta nuevamente a los gobiernos a que comuniquen las memorias solicitadas, de modo que sus Estudios Generales puedan ser lo más completos posible. Espera que la Oficina facilite toda la asistencia técnica necesaria a este fin.

D.Sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 19, párrafos 5, 6 y 7, de la Constitución)

95. De conformidad con su mandato, la Comisión examinó este año la siguiente información comunicada por los gobiernos de los Estados Miembros en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización:

a)información complementaria sobre las medidas adoptadas para someter a las autoridades competentes los instrumentos adoptados por la Conferencia de 1967 (51.ª reunión) a junio de 2012 (101.ª reunión) (Convenios núms. 128 a 189, Recomendaciones núms. 132 a 202 y Protocolos);

b)respuestas a las observaciones y las solicitudes directas formuladas por la Comisión en su 84.ª reunión (noviembre-diciembre de 2013).

96. El artículo 19 de la Constitución establece la obligación de someter a las autoridades competentes todos los instrumentos adoptados por la Conferencia, sin excepción y sin distinción alguna entre los convenios, los protocolos y las recomendaciones. La sumisión que hacen los gobiernos al Parlamento debe ir acompañada de una declaración expresando sus puntos de vista sobre el curso que debiera dársele a los instrumentos. Paralelamente, los gobiernos tienen plena libertad en lo que respecta al alcance de las propuestas que formulan al someter los instrumentos. La finalidad fundamental de la sumisión consiste en fomentar la adopción de medidas en el plano nacional para la aplicación de los instrumentos adoptados por la Conferencia, pero no implica obligación alguna de proponer la ratificación de los convenios/protocolos o la de aceptar las recomendaciones. La Comisión subraya nuevamente que la obligación de sumisión constituye un elemento fundamental del sistema normativo de la OIT. La obligación de sumisión asegura que los instrumentos adoptados por la Conferencia sean llevados a la atención del público mediante su sumisión a un órgano de carácter parlamentario y estimula el diálogo tripartito en el ámbito nacional.

97. En el anexo IV de la segunda parte del informe figura un resumen de la última información que se ha recibido acerca de cuáles son las autoridades competentes a las que se ha sometido la Recomendación núm. 202 y la fecha de dicha sumisión. Además, en el anexo IV se resume la información proporcionada por los gobiernos en relación con instrumentos adoptados anteriormente que fueron sometidos a las autoridades competentes en 2014.

98. En los anexos V y VI de la segunda parte del informe figuran otra información estadística. En el anexo V, elaborado sobre la base de la información comunicada por los gobiernos, se expone la situación de cada uno de los Estados Miembros en relación con su obligación constitucional de sumisión. En el anexo VI se presenta un panorama general de la situación de los instrumentos adoptados desde la 51.ª reunión (junio de 1967) de la Conferencia. Los datos estadísticos que figuran en los anexos V y VI son actualizados con regularidad por los servicios competentes de la Oficina y se pueden consultar por Internet.

101.ª reunión

99. En su 101.ª reunión (junio de 2012), la Conferencia adoptó la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202). El plazo de 12 meses previsto para la sumisión de la Recomendación núm. 202 a las autoridades competentes concluyó el 14 de junio de 2013, habiéndose cumplido el plazo de 18 meses el 14 de diciembre de 2013. En total, 75 gobiernos de los 185 Estados Miembros ya han sometido a las autoridades competentes la Recomendación núm. 202. En la presente reunión, la Comisión examinó la nueva información acerca de los trámites realizados en lo que respecta a la Recomendación núm. 202 por los siguientes 15 Gobiernos: Arabia Saudita, Austria, Belarús, Bélgica, Benin, Camerún, Canadá, Grecia, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Portugal, Senegal, Singapur y Sri Lanka.

103.ª reunión

100. En su 103.ª reunión (junio de 2014), la Conferencia adoptó el Protocolo relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 y la Recomendación sobre las medidas complementarias para la supresión efectiva del trabajo forzoso (Recomendación núm. 203). El plazo de 12 meses previsto para la sumisión a las autoridades competentes del Protocolo al Convenio núm. 29 y de la Recomendación núm. 203 concluirá el 11 de junio de 2015 y el plazo de 18 meses el 11 de diciembre de 2015. La Comisión toma nota con interés de que los siguientes seis gobiernos efectuaron la sumisión del Protocolo al Convenio núm. 29 y de la Recomendación núm. 203: Filipinas, Honduras, Israel, Luxemburgo, Marruecos y Noruega.

Problemas especiales

101. Para facilitar los trabajos de la Comisión de Aplicación de Normas, en este informe sólo se mencionan los gobiernos que no han comunicado información sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia desde hace al menos siete reuniones. Este período comienza con la 94.ª reunión (febrero de 2006, marítima) y concluye con la 101.ª reunión (2012) debido a que la Conferencia no adoptó ningún convenio ni ninguna recomendación en las 93.ª (2005), 97.ª (2008), 98.ª (2009) y 102.ª (2013) reuniones. Dicho período fue considerado lo suficientemente prolongado como para justificar que los gobiernos interesados fuesen invitados a señalar los motivos de dicho retraso en una sesión especial de la Comisión de la Conferencia.

102. La Comisión toma nota de que al clausurarse su 85.ª reunión, el 6 de diciembre de 2014, son 37 los Gobiernos que se encuentran en esta situación: Angola, Azerbaiyán, Bahrein, Brasil, Comoras, República Democrática del Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica, El Salvador, Guinea, Guinea Ecuatorial, Haití, Iraq, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait, Libia, Malí, Mauritania, Mozambique, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Rwanda, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, República Árabe Siria, Somalia, Sudán, Suriname, Tayikistán, Uganda y Vanuatu.

103. La Comisión es consciente de que desde hace algunos años varios de esos países se han visto afectados por circunstancias excepcionales, que determinan que carezcan de las instituciones necesarias para el cumplimiento de la obligación de sumisión. En la 103.ª reunión de la Conferencia (junio de 2014), algunas delegaciones gubernamentales comunicaron información sobre las razones por las cuales sus países no habían podido dar cumplimiento a su obligación constitucional de sumisión de los convenios, las recomendaciones y los protocolos a los parlamentos nacionales. Al igual que la Comisión de Expertos, la Comisión de la Conferencia expresó su profunda preocupación por el incumplimiento de esta obligación. La Comisión de la Conferencia recordó que el respeto de esta obligación constitucional, que implica la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia a los parlamentos nacionales, reviste la mayor importancia para la eficacia de las actividades normativas de la Organización.

104. Los países antes mencionados son objeto de las observaciones publicadas en este informe, y los convenios, las recomendaciones y los protocolos no sometidos se indican en los anexos estadísticos. La Comisión considera oportuno señalar estas cuestiones a la atención de los gobiernos interesados para que puedan adoptar con carácter urgente las medidas adecuadas para superar el atraso acumulado. La Comisión recuerda que, si así lo solicitan, los gobiernos se pueden beneficiar de la asistencia que la Oficina puede proporcionarles para apoyarlos en los trámites necesarios para someter rápidamente los instrumentos pendientes al Parlamento.

Comentarios de la Comisión y respuestas de los gobiernos

105. Al igual que en sus informes anteriores, la Comisión presenta, en la sección III de la segunda parte del presente informe, observaciones individuales sobre los puntos que deben ser especialmente señalados a la atención de los gobiernos. Las observaciones se refieren a los casos en los que no se ha comunicado información durante al menos cinco reuniones de la Conferencia. Además, se cursaron directamente a algunos países solicitudes de información complementaria sobre otros puntos (la lista de solicitudes directas figura al final de la sección III).

106. La Comisión recuerda la importancia que concede a la comunicación por los gobiernos de la información y los documentos solicitados en el cuestionario que figura al final del Memorándum adoptado por el Consejo de Administración en marzo de 2005. La Comisión debe poder examinar un resumen o una copia de los documentos mediante los cuales los instrumentos se han sometido a los órganos parlamentarios y también ser informada de las propuestas realizadas sobre el curso que debe darse a esos instrumentos. La obligación de sumisión sólo se puede considerar efectivamente cumplida cuando los instrumentos adoptados por la Conferencia han sido sometidos al Parlamento. La Oficina debe ser informada sobre esa decisión así como sobre la sumisión de los instrumentos al Parlamento. La Comisión espera poder tomar nota en su próximo informe de que se han realizado progresos a este respecto. Asimismo, la Comisión recuerda nuevamente a los gobiernos que pueden solicitar la asistencia técnica de la OIT y, en particular, de los especialistas de normas.

[8] Véase el párrafo 57 del Informe General.

[9] El anexo I del presente informe, indica las memorias recibidas y las no recibidas, por país/territorio, y por convenio. El anexo II indica, a partir de 1932, y para cada uno de los años en los que se ha reunido la Conferencia, el número y el porcentaje de las memorias recibidas en la fecha establecida, en la fecha de la reunión de la Comisión de Expertos y, por último, en la fecha de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

[10] En ciertos casos excepcionales la falta de envió de memorias es el resultado de dificultades más generales relacionadas con la situación nacional, que con frecuencia impiden que la Oficina pueda prestar asistencia técnica.

[11] Las memorias detalladas se redactan siguiendo un formulario de memoria aprobado por el Consejo de Administración para cada convenio. Se solicitan el año que sigue a la entrada en vigor de un convenio o cuando la Comisión de Expertos o la Comisión de la Conferencia lo solicitan expresamente. Posteriormente, se solicitarán de manera periódica. Véanse las decisiones del Consejo de Administración a este respecto (documentos GB.282/LILS/5 (noviembre de 2001) y GB.283/LILS/6 (marzo de 2002)).

[12] Véase el párrafo 75 del Informe General.

[13] Véase informe de la Comisión de la Conferencia, 2014, párrafos 179, 180 y 183.

[14] Camboya, Comoras, El Salvador, Ghana, Mauritania, Rwanda, República Árabe Siria, Timor-Leste, Turkmenistán y Vanuatu.

[15] Véase el párrafo 86 del Informe General.

[16] 249 memorias.

[17] Las observaciones y las solicitudes directas se pueden encontrar en la base de datos NORMLEX, que está en el portal de la OIT (www.ilo.org/normes).

[18] Las memorias detalladas se redactan siguiendo un formulario de memoria aprobado por el Consejo de Administración para cada convenio.

[19] Véase el párrafo 16 del informe de la Comisión de Expertos presentado a la 48.ª reunión (1964) de la Conferencia Internacional del Trabajo.

[20] Véase el párrafo 122 del informe de la Comisión de Expertos presentado a la 65.ª reunión (1979) de la Conferencia Internacional del Trabajo.

[21] La información relativa a los comentarios formulados por las organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre la aplicación de los convenios, recibida en el año en curso, está disponible en la base de datos NORMLEX que está en el portal de la OIT (www.ilo.org/normes).

[22] Informe III (Parte 2), CIT, 104.ª reunión, Ginebra, 2015.

[23] Véase Informe III (Parte 1B), Conferencia Internacional del Trabajo, 104.ª reunión, Ginebra, 2015.

III.Colaboración con organizaciones internacionales y funciones relativas a otros instrumentos internacionales

Colaboración con organizaciones internacionales en materia de normas

107. En el contexto de la colaboración con otras organizaciones internacionales acerca de cuestiones relacionadas con la aplicación de los instrumentos internacionales relativos a temas de interés común, la OIT ha concluido acuerdos especiales con las Naciones Unidas, algunos organismos especializados y otras organizaciones intergubernamentales[24]. En particular, se pide a estas organizaciones que indiquen si cuentan con información sobre la forma en que se están aplicando ciertos convenios que podría ser útil a la Comisión de Expertos en el examen de la aplicación de estos convenios.

Tratados de las Naciones Unidas relativos a los derechos humanos

108. La Comisión recuerda que las normas internacionales del trabajo y las disposiciones de los tratados conexos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos son complementarias y se refuerzan mutuamente. Por consiguiente, hace hincapié en que es necesaria una estrecha cooperación entre la OIT y las Naciones Unidas en relación con la aplicación y el control de los instrumentos pertinentes, especialmente en el contexto de las reformas de las Naciones Unidas a fin de conseguir una mayor coherencia y cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y el enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos.

109. La Comisión acoge con agrado el hecho de que la Oficina haya continuado transmitiendo regularmente información sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo a los órganos de las Naciones Unidas encargados de la aplicación de los tratados, con arreglo a los acuerdos existentes entre la OIT y las Naciones Unidas. La Comisión también continúa haciendo un seguimiento del trabajo realizado por esos órganos y tomando en consideración sus comentarios cuando procede. La Comisión considera que una supervisión internacional coherente es una buena base para las acciones dirigidas al fortalecimiento del goce y la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales en el ámbito nacional. La Comisión tuvo la oportunidad de proseguir su colaboración con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el contexto de la reunión anual entre la Comisión de Expertos y este Comité, que tuvo lugar el 25 de noviembre de 2014, a invitación de Friedrich Ebert Stiftung. Este año el tema de la discusión fue la agenda para el desarrollo después de 2015.

Código Europeo de Seguridad Social y su Protocolo

110. De conformidad con el procedimiento de control establecido en virtud del artículo 74, párrafo 4, del Código Europeo de Seguridad Social, y de los acuerdos concluidos entre la OIT y el Consejo de Europa, la Comisión de Expertos examinó 20 informes sobre la aplicación del Código y, en su caso, de su Protocolo. Las conclusiones de la Comisión sobre estos informes se comunicarán al Consejo de Europa para ser examinadas y aprobadas por su Comité de Expertos en materia de Seguridad Social. Las conclusiones así aprobadas, deberían dar lugar a la adopción, por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, de resoluciones sobre la aplicación del Código y de su Protocolo por los países interesados.

111. Con su doble responsabilidad, tanto respecto de la aplicación del Código como de los dos convenios internacionales del trabajo que abordan la esfera de la seguridad social, la Comisión vela por realizar un análisis coherente de la aplicación de los instrumentos europeos y de los instrumentos internacionales, y por coordinar las obligaciones de los Estados parte en esos instrumentos. Asimismo, la Comisión pone de relieve las situaciones nacionales en las cuales el recurso a la asistencia técnica del Consejo de Europa y de la Oficina puede ser un medio eficaz para mejorar la aplicación del Código.

* * *

112. Por último, la Comisión desea expresar su agradecimiento por la valiosa ayuda aportada por los funcionarios de la Oficina, cuya competencia y dedicación le permiten realizar una labor cada vez más amplia y compleja en un período de tiempo limitado.

Ginebra, 6 de diciembre de 2014

(Firmado) Abdul G. Koroma

Presidente

Rosemary Owens

Ponente

[24] Las organizaciones correspondientes son: la Organización de las Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Organismo Internacional de la Energía Atómica (en relación con el Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)) y la Organización Marítima Internacional (OMI).

Anexo al Informe General

Composición de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones

Sr. Mario ACKERMAN (Argentina)

Doctor en Derecho; Catedrático de Derecho del Trabajo; Director de la maestría y de la Carrera de Posgrado de Especialización en Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; Director de la Revista de Derecho Laboral; ex asesor del Parlamento de la República Argentina; ex Director Nacional de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República de Argentina.

Sra. Leila AZOURI (Líbano)

Doctora en Derecho; Catedrática de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad La Sagesse de Beirut; Directora de Investigación en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Administrativas y en la Escuela de Doctorado en Derecho de la Universidad del Líbano; ex Directora de la Facultad de Derecho de la Universidad del Líbano; miembro de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Nacional de Mujeres Libanesas; Presidenta de la Comisión nacional encargada de la preparación de los informes presentados por el Líbano al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW); especialista jurídica de la Organización de Mujeres Árabes.

Sr. Lelio BENTES CORRÊA (Brasil)

Juez del Tribunal Superior del Trabajo (Tribunal Superior do Trabalho) del Brasil; LLM de la Universidad de ESSEX, Reino Unido; ex Procurador del Ministerio Público del Trabajo del Brasil; profesor (Unidad de Trabajo y Centro de Derechos Humanos) del Instituto de Ensino Superior de Brasilia; profesor de la Escuela Nacional para Jueces del Trabajo y Escuela Superior para Fiscales.

Sr. James J. BRUDNEY (Estados Unidos)

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, Nueva York, N.Y.; Copresidente del «Public Review Board» del Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria del Automóvil de los Estados Unidos; ex profesor Visitante en la Universidad de Oxford, Reino Unido, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard; fue profesor de Derecho en la facultad de Derecho de Moritz de la Universidad del estado de Ohio; ex Consejero Jefe y Director del Personal de la Subcomisión de Trabajo del Senado de los Estados Unidos; ejerció en un bufete de abogados; ex auxiliar del Juez en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Sr. Halton CHEADLE (Sudáfrica)

Profesor de Derecho Público en la Universidad de Ciudad del Cabo; ex consejero especial del Ministro de Justicia; ex jefe del Servicio Jurídico del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (COSATU); ex consejero especial del Ministro de Trabajo; ex presidente del Grupo de trabajo para la preparación de la ley sobre relaciones laborales de Sudáfrica.

Sra. Graciela DIXON CATON (Panamá)

Ex Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; ex Presidenta de la Sala de Casación Penal y de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Panamá; ex Presidenta de la Asociación Internacional de Magistradas y Juezas; ex Presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados; ex Consultora Nacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); actualmente árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid; Árbitro del Centro de Solución de Conflictos (CESCON) y del Centro de Conciliación y Arbitraje (CECAP) de la Cámara de Comercio de Panamá; ejercicio de la profesión de Abogada.

Sr. Abdul G. KOROMA (Sierra Leona)

Juez de la Corte Internacional de Justicia (1994-2012); ex Presidente del Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario en Ginebra; ex miembro de la Comisión de Derecho Internacional; ex embajador y embajador plenipotenciario ante diversos países y ante las Naciones Unidas.

Sr. Pierre LYON-CAEN (Francia)

Abogado general honorario del Tribunal Supremo (Sala de lo Social); miembro del Consejo Asesor de la Agencia de Biomedicina y de la Comisión Nacional Consultativa sobre Derechos Humanos; Presidente de la Comisión arbitral de periodistas; ex Director Adjunto del Gabinete del Ministro de Justicia; ex Procurador de la República en la Jurisdicción de Derecho Común de Primer Grado de Nanterre (Hauts de Seine); ex Presidente de la Jurisdicción de Derecho Común de Primer Grado de Pontoise (Val d’Oise); ex alumno de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Sra. Elena E. MACHULSKAYA (Federación de Rusia)

Profesora de Derecho en el Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú Lomonósov; profesora de Derecho en el Departamento de Procedimientos Civiles y Derecho Laboral de la Universidad Estatal Rusa del Petróleo y el Gas; secretaria de la Asociación Rusa de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales; y miembro (no remunerado) de la Comisión Presidencial sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Sr. Rachid FILALI MEKNASSI (Marruecos)

Doctor en derecho; profesor de enseñanza superior de la Universidad Mohammed V de Rabat (Marruecos); consultor de organismos públicos nacionales e internacionales, entre los que cabe señalar el Banco Mundial, el PNUD, la FAO, el UNICEF y la USAID; coordinador nacional del proyecto «Desarrollo sostenible a través del Pacto Mundial», OIT (2005-2008); ex encargado de estudios del Departamento de Asuntos Exteriores del Banco Central (1975-1978); ex responsable del servicio jurídico del Alto Comisariato de Veteranos Resistentes (1973-1975).

Sra. Karon MONAGHAN (Reino Unido)

Abogada de la Reina (Queen’s Counsel); Jueza adjunta del Tribunal Superior; ex Jueza del Tribunal de Trabajo (2000-2008); trabaja en el estudio de abogados «Matrix Chambers» y está especializada en legislación en materia de discriminación e igualdad, legislación sobre derechos humanos, legislación de la Unión Europea, derecho público y derecho del trabajo; asesora especial del Comité de Empresas, Innovación y Calificaciones de la Cámara de los Comunes para una encuesta sobre las mujeres en el lugar de trabajo (2013-2014).

Sr. Vitit MUNTARBHORN (Tailandia)

Profesor de derecho; distinguido académico de la Universidad de Chulalongkorn de Bangkok; antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea; antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas; Presidente de la Comisión de investigación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (2011); ex Presidente del Comité de Coordinación de los Procedimientos especiales de las Naciones Unidas; miembro de la Junta Consultiva del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana; Comisionado de la Comisión de investigación de las Naciones Unidas sobre Siria (2012 – hasta el momento presente); Premio UNESCO 2004 de Educación para los Derechos Humanos.

Sra. Rosemary OWENS (Australia)

Profesora de derecho Dame Roma Mitchell y ex decana (de 2007 a 2011) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Adelaida; Oficial de la Orden de Australia; miembro y posteriormente Directora (2014-2015) de la Academia Australiana de derecho; miembro de la Junta editorial y ex editora de la Revista Australiana de Derecho Laboral; miembro de la Asociación Australiana de Derecho laboral (y ex miembro de la ejecutiva nacional); conferenciante del Consejo Australiano de Investigación; Presidenta de la Comisión Consultiva Ministerial sobre el equilibrio entre el Trabajo y la Vida Privada (2010-2013) del Gobierno de Australia Meridional; ex Presidenta y miembro del Consejo de Administración del Centro de Mujeres Trabajadoras (Australia Meridional) (1990-2014).

Sr. Paul-Gérard POUGOUÉ (Camerún)

Profesor asociado de las Facultades de Derecho; Profesor invitado o adjunto en varias universidades; Jefe del Departamento de Teoría del Derecho, Epistemología Jurídica y Derecho Comparado y Director de Maestría en teorías y pluralismo jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Yaundé II ; en varias ocasiones ha sido Presidente del Jurado del Concurso de Agregación del Consejo Africano y Malgache para la Enseñanza Superior (CAMES), Sección Derecho Privado y Ciencias Penales; ex miembro del Consejo Científico de la Agencia Universitaria de la Francofonía, 1993-2001; ex miembro del Consejo Internacional de Palmas Académicas del CAMES, 2002-2012; miembro de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, de la Fundación Internacional para la enseñanza del derecho empresarial, de la Asociación Henri Capitant y de la Sociedad de Derecho Comparado; fundador y director de la revista Juridis periodique; Presidente de la Asociación para la Promoción de los Derechos Humanos en África Central (APDHAC).

Sr. Raymond RANJEVA (Madagascar)

Miembro de la Corte Internacional de Justicia (1991-2009), Vicepresidente (2003-2006), y Presidente (2005) de la Cámara constituida por la Corte Internacional de Justicia para conocer del caso sobre el conflicto fronterizo entre Benin y Níger; juez decano de la Corte (Febrero de 2006 a 2009); licenciatura en derecho, Universidad de Madagascar (Antananarivo, 1965); doctorado en Derecho, Universidad de París II. Agrégé de las facultades de derecho y economía, sección de derecho público y ciencias políticas (París, 1972); doctor honoris causa por las Universidades de Limoges, de Estrasburgo y de Burdeos-Montesquieu; Catedrático de la Universidad de Madagascar (1981-1991) y profesor en otras instituciones; numerosas funciones administrativas incluida la de primer rector de la Universidad de Antananarivo (1988-1990); miembro de varias delegaciones malgaches en diversas conferencias internacionales; jefe de la Delegación de Madagascar en la Convención de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (Viena, 1976-1977); primer vicepresidente africano de la Conferencia Internacional de Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de Lengua Francesa (1987-1991); miembro del Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; miembro del Tribunal Internacional del Deporte; miembro del Instituto de Derecho Internacional; miembro de numerosos grupos académicos y profesionales nacionales e internacionales; Curatorium de la Academia de la Haya de Derecho Internacional; miembro del Consejo Pontifical Justicia y Paz; desde 2012, Presidente de la Sociedad Africana de Derecho Internacional.

Sr. Ajit Prakash SHAH (India)

Ex Presidente del Tribunal Superior de Madrás (Chennai) y del Tribunal Superior de Nueva Delhi; ex Juez del Tribunal Superior de Bombay (Mumbai); especialista en cuestiones laborales y en materia de igualdad; dictó algunas sentencias históricas, en particular sobre los contratos y el trabajo infantil (Plan de acción de Delhi contra el trabajo infantil), las cuestiones marítimas y los derechos laborales de las personas que viven con el VIH y el sida.

Sr. Yozo YOKOTA (Japón)

Presidente del Centro sobre educación y formación en materia de derechos humanos (Japón); Asesor especial del Ministerio de Justicia del Japón; miembro de la Comisión Internacional de Juristas; ex presidente de la Asociación Japonesa de Estudios sobre las Naciones Unidas; ex profesor de la Universidad de Chuo, Universidad de Tokio y de la Universidad Internacional Cristiana; ex miembro de la Subcomisión de la ONU sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

Parte II. Observaciones referidas a ciertos países *

[*] De conformidad con la decisión adoptada en su 81.ª reunión (noviembre- diciembre de 2010), la Comisión recuerda que, al identificar casos de progreso, ella adopta un enfoque específico. Este enfoque está descrito en los párrafos 65 a 71, parte I (Informe General) del presente informe. La Comisión recuerda en particular, que la identificación de un caso de progreso no significa que considere que el país en cuestión esté en conformidad de manera general con el Convenio. Además, la constatación del progreso se limita a una cuestión específica relacionada con la aplicación del Convenio y con la naturaleza de la medida adoptada por el Gobierno considerado.

I.Observaciones acerca de las memorias sobre los convenios ratificados (artículos 22, 23, párrafo 2, y 35, párrafos 6 y 8, de la Constitución)

Observación general

La Comisión recuerda que la obligación de comunicar copias de las memorias sobre los convenios ratificados a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, tal como establece el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, tiene por objeto permitir que estas organizaciones puedan presentar sus propios comentarios sobre la aplicación de los convenios ratificados. La Comisión hace hincapié en que la información recibida de las organizaciones de empleadores y de trabajadores refleja la participación de estas organizaciones en el sistema de presentación de memorias, y que esta información a menudo sirve para conocer y comprender mejor las dificultades a las que tienen que hacer frente los países. En relación con su observación general del año pasado, la Comisión se congratula por el hecho de que este año casi la totalidad de los países han respetado esta obligación. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en ninguna de las memorias transmitidas por los países siguientes se indica cuáles son las organizaciones de empleadores y de trabajadores a las que se han comunicado copia de las mismas: Angola (2014), Comoras (2014), Côte d’Ivoire (2013 y 2014), República Islámica del Irán (2014), Kazajstán (2014), Malta (2014) y Timor-Leste (2014). En el caso de los países siguientes, la Comisión toma nota de que en la mayor parte de las memorias recibidas no se indica cuáles son las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores a las que se han comunicado copias de las mismas: Argelia (2013 y 2014), Líbano (2014), Libia (2014), Montenegro (2014) y Rwanda (2013). La Comisión solicita a estos Gobiernos que cumplan sin dilación con su obligación constitucional.

Observaciones generales

Afganistán

La Comisión toma nota con preocupación de que las primeras memorias debidas sobre la aplicación de los Convenios núms. 138, 144, 159 y 182, pendientes desde 2012, no han sido recibidas. Toma nota asimismo de que no se ha recibido la memoria de este año sobre la aplicación del Convenio núm. 105. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión manifiesta su firme esperanza de que el Gobierno transmita próximamente todas las memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Burundi

La Comisión toma nota con preocupación de que, por cuarto año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados y de que, hasta la fecha, siguen sin transmitirse 27 memorias debidas (sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos), la mayor parte de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. Recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno transmita próximamente esas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Dominica

La Comisión toma nota con preocupación de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados y de que, hasta la fecha, siguen sin transmitirse 20 memorias (sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos), que deben incluir información en respuesta a los comentarios formulados por la Comisión. Recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno transmita próximamente estas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Francia

Tierras australes y antárticas francesas

La Comisión toma nota de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios declarados aplicables a las Tierras australes y antárticas francesas. Hasta ahora, siguen sin transmitirse 19 memorias debidas (sobre los convenios fundamentales y técnicos), la mayor parte de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno transmita próximamente estas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Gambia

La Comisión toma nota con preocupación de que, por tercer año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados. Hasta ahora, siguen sin transmitirse ocho memorias, todas ellas sobre los convenios fundamentales y que éstas deben incluir información en respuesta a los comentarios formulados por la Comisión. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno transmita próximamente estas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Ghana

La Comisión toma nota de que las primeras memorias sobre los Convenios núms. 144 y 184, debidas desde 2013, no han sido recibidas. La Comisión también toma nota de que las memorias debidas este año para los Convenios núms. 108, 150 y 151 no han sido recibidas y que deben, por dos convenios, incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina. Expresa su esperanza de que el Gobierno podrá transmitir próximamente esas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Guinea

La Comisión toma nota con preocupación de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados. Hasta ahora, siguen sin transmitirse 38 memorias debidas (sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos), la mayoría de los cuales deberían incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina. Expresa su firme esperanza de que el Gobierno transmita próximamente estas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Guinea Ecuatorial

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, por octavo año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados y de que, hasta la fecha, siguen sin transmitirse 14 memorias debidas (sobre los convenios fundamentales y técnicos), la mayoría de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. De estas 14 memorias, dos son primeras memorias sobre la aplicación de los Convenios núms. 68 y 92, debidas desde 1998. Tomando nota de que se suministró asistencia técnica sobre estas cuestiones en 2012, La Comisión insta al Gobierno a que adopte sin dilación las medidas necesarias para transmitir estas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Haití

La Comisión toma nota de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados. Hasta ahora, siguen sin transmitirse 15 memorias debidas (sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos), que deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión espera que el Gobierno transmita próximamente estas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Malasia

Malasia Peninsular

La Comisión toma nota de que, por segundo año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados. Hasta ahora siguen sin transmitirse dos memorias sobre los Convenios núms. 19 y 45, que deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión espera que el Gobierno transmita próximamente estas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

San Marino

La Comisión toma nota con preocupación de que, por cuarto año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados. Hasta la fecha, siguen sin transmitirse 23 memorias debidas (sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos), algunas de las cuales deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión espera que el Gobierno transmita próximamente estas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Santo Tomé y Príncipe

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la primera memoria sobre la aplicación del Convenio núm. 184, debida desde 2007. La Comisión señala que, en septiembre de 2013, el país recibió asistencia técnica de la Oficina en el marco del Programa de duración determinada en aras de una mejora aplicación de las normas internacionales del trabajo, financiado por la Cuenta de Programas Especiales (SPA). La Comisión manifiesta su firme esperanza de que el Gobierno transmita próximamente esta primera memoria, de conformidad con su obligación constitucional.

Somalia

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, por noveno año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados. Hasta ahora, siguen sin transmitirse 13 memorias debidas (sobre los convenios fundamentales y técnicos). La Comisión espera que, a partir del momento en que lo permita la situación nacional, la Oficina proporcione toda la asistencia necesaria para que el Gobierno pueda transmitir las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados, de conformidad con su obligación constitucional.

Tayikistán

La Comisión toma nota con preocupación de que, por tercer año consecutivo, no se han recibido las memorias debidas sobre la aplicación de los convenios ratificados. Hasta ahora, siguen sin transmitirse 37 memorias debidas (sobre los convenios fundamentales, de gobernanza y técnicos), incluida la primera memoria sobre la aplicación del Convenio núm. 177. La mayor parte de estas memorias deben incluir información en respuesta a los comentarios de la Comisión. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno transmita próximamente estas memorias, de conformidad con su obligación constitucional.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: Alemania, Angola, Barbados, Belice, Cabo Verde, Canadá, Comoras, Congo, Croacia, República Democrática del Congo, Estados Unidos: Guam, Granada, Guinea-Bissau, Irlanda, Islas Marshall, Islas Salomón, Kirguistán, Kiribati, Líbano, Liberia, Libia, Luxemburgo, Madagascar, Malasia: Sabah, Malasia: Sarawak, Malta, Mauritania, Níger, Nigeria, Palau, Papua Nueva Guinea, Portugal, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Swazilandia, Tailandia, Túnez, Tuvalu, Uganda y Vanuatu.

Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo

Observación general

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)

En su Estudio General de 2015 sobre los instrumentos relativos al derecho de asociación y las organizaciones de trabajadores rurales, la Comisión señala que los Estados Miembros tienen el compromiso común de garantizar que los trabajadores agrícolas puedan disfrutar de la libertad sindical en pie de igualdad con los trabajadores de la industria (Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11)) y de asegurar con carácter de urgencia la participación de las organizaciones de trabajadores rurales en la política nacional de desarrollo económico y social a fin de mejorar de forma duradera y eficaz las condiciones de vida y trabajo en las zonas rurales (Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141)).

La Comisión observa que las poblaciones rurales a menudo están aisladas, son vulnerables e incluso son objeto de marginación, lo que se traduce en la persistencia en las comunidades rurales del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la discriminación, en particular en relación a las mujeres y las minorías, y otras condiciones de vida y trabajo que son intolerables. Los numerosos retos que dificultan, en la legislación y en la práctica, la creación, el desarrollo y la eficacia de las organizaciones de trabajadores rurales, tal como son descritos por los gobiernos y los interlocutores sociales, también dificultan la movilización de los trabajadores rurales a fin de mejorar de forma duradera y eficaz sus condiciones de vida y trabajo. La Comisión recuerda que el Convenio núm. 141 estipula que los Estados Miembros han de adoptar medidas que favorezcan la creación y el desarrollo de organizaciones de trabajadores rurales fuertes, independientes y eficaces con miras a contribuir eficazmente al desarrollo económico y social y asegurar que los trabajadores rurales se beneficien de las ventajas de ese desarrollo. Políticas y programas nacionales específicos deberían promover la libertad sindical en el sector rural como medio eficaz de garantizar la participación plena y auténtica de los trabajadores rurales en el desarrollo y en los beneficios que de él se derivan. El Convenio núm. 141 y la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975, núm. 149 sobre las organizaciones de trabajadores rurales y su función en el desarrollo económico y social indican las vías adecuadas para apoyar la elaboración y la ejecución de políticas nacionales de desarrollo adaptadas, que muchos gobiernos consideran especialmente difícil.

Por consiguiente, la Comisión alienta a los gobiernos a adoptar medidas concretas para promover una comprensión lo más amplia posible de la necesidad de seguir desarrollando las organizaciones de trabajadores rurales y de la contribución que éstas pueden hacer al desarrollo social y económico nacional, entre otras cosas, a través de campañas sobre los derechos, iniciativas en los medios de comunicación, seminarios con participación de los interesados, visitas sobre el terreno y currículos escolares (artículo 6 del Convenio núm. 141 y párrafos 14 y 15 de la Recomendación núm. 149).

La Comisión saluda las medidas innovadoras adoptadas por algunos gobiernos e interlocutores sociales para promover la sindicación de los trabajadores rurales, incluso a través de cooperativas y otras organizaciones de trabajadores tales como asociaciones y sindicatos de agricultores, productores o migrantes (artículos 3 y 4 del Convenio núm. 141 y párrafos 6 y 7 de la Recomendación núm. 149). La Comisión hace hincapié en la necesidad de velar por que estas organizaciones puedan representar adecuadamente, potenciar y defender los intereses de los trabajadores rurales a través de la negociación colectiva y la participación en programas agrícolas y otros programas, facilitando el acceso al crédito, los servicios, la educación y la formación y la seguridad social (párrafos 4 y 5 de la Recomendación núm. 149).

La Comisión recuerda que los Estados Miembros tal vez deseen examinar la posibilidad de adaptar las leyes y reglamentos al sector rural, estableciendo mecanismos adecuados — tales como la inspección del trabajo o los servicios especiales — para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y reglamentos, y adoptando medidas adecuadas para promover una diálogo significativo con esas organizaciones (artículo 5, párrafo 2, del Convenio núm. 141, y párrafos 8 a 13 de la Recomendación núm. 149). La Comisión también insta a los gobiernos a adoptar las medidas necesarias para mejorar las capacidades de los dirigentes y miembros de las organizaciones de trabajadores rurales, y a implementar programas adaptados destinados a las mujeres y los jóvenes de las zonas rurales (párrafos 16 y 17 de la Recomendación núm. 149).

En consonancia con las conclusiones de su Estudio General, la Comisión invita a todos los gobiernos a establecer amplias políticas nacionales para promover la participación de los trabajadores rurales, a través de sus organizaciones, en el desarrollo económico y social, y solicita a los gobiernos que, cuando deban presentar sus próximas memorias, a saber en 2016, transmitan información completa sobre las medidas de promoción adoptadas o previstas. La Comisión recuerda que todos los Estados Miembros pueden recurrir a la asistencia técnica de la OIT a fin de disponer de un enfoque completo e integrado de la promoción de las organizaciones de trabajadores rurales, con arreglo a los principios establecidos en esos dos importantes instrumentos.

Alemania

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones de 2012 de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), así como de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2014 de la OIE y de la Confederación de Asociaciones Alemanas de Empleadores (BDA), de acuerdo con las cuales el Convenio se aplica plenamente en la práctica. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2014 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre la aplicación del Convenio en la práctica y solicita al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.

La Comisión toma nota de las detalladas observaciones de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), en relación con la prohibición de la huelga a los funcionarios públicos (Beamte) en las que denuncia, en particular, que el Gobierno sigue insistiendo en la correspondencia entre la condición de funcionario público (Beamter) y el ejercicio de la autoridad pública, si bien añade que: i) la concesión de la condición de funcionario público (Beamter) no se basa en los deberes y obligaciones sino en consideraciones presupuestarias (por ejemplo, la pensión de los funcionarios públicos tiene que financiarse únicamente al término de su carrera en vez de financiarse de forma constante por el empleador durante el período de servicio); ii) la actividad puramente pedagógica de los docentes sólo incluye funciones de autoridad en nombre del Estado, para los que ocupan altos cargos, y los empleados del sector público también desempeñan funciones docentes (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes) así como los docentes empleados en los colegios privados, y iii) los funcionarios públicos (Beamte) que trabajan en empresas del Estado realizan las mismas funciones una vez éstas hayan sido privatizadas. La Comisión toma nota asimismo de que la DGB hace hincapié en que la importancia de esta cuestión sigue siendo considerable, dado que afecta a 1,65 millones de funcionarios (Beamte), de los cuales 600 000 trabajan como profesores en las escuelas públicas y 130 000 en las empresas públicas privatizadas en el sector del ferrocarril y en los servicios postales. Además, la Comisión toma nota de que la DGB critica también la utilización de los trabajadores temporales como esquiroles en los servicios que no se consideran esenciales, y facilita ejemplos concretos de estos usos en la práctica y denuncia la falta de una prohibición general. La Comisión solicita al Gobierno que comunique sus comentarios sobre las citadas observaciones de la DGB.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar su administración y sus actividades y a formular sus programas. La Comisión recuerda que ha venido solicitando desde hace varios años la adopción de medidas para que se reconozca el derecho de los funcionarios que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado a recurrir a acciones de huelga. En su observación anterior, la Comisión tomó nota con interés de que el Tribunal Administrativo de Düsseldorf en 2010 indicó, en una sentencia, que puesto que la prohibición general del derecho de huelga de los servidores públicos en Alemania es contraria al derecho internacional, la imposición de medidas disciplinarias por haber participado en una huelga es inaceptable cuando el funcionario en cuestión (Beamter) — que, en este caso era un docente — no pertenece a la administración del Estado («principio de la interpretación más conforme posible al derecho internacional»). La Comisión solicitó al Gobierno que señale cualesquiera medidas concretas adoptadas o previstas, a la luz de la citada sentencia, para garantizar que todos los funcionarios que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado puedan recurrir a la huelga en defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales.

La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a una sentencia de 27 de febrero de 2014, pronunciada por el Tribunal Administrativo Federal tras un recurso de apelación contra la citada decisión del Tribunal Administrativo de Düsseldorf. La Comisión toma nota con interés de que el tribunal afirma que: i) aunque la prohibición constitucional del derecho de huelga depende del estatuto jurídico del grupo y es válida para todos los funcionarios públicos (Beamte) con independencia de sus derechos y obligaciones, en el caso de los funcionarios públicos (Beamte) que no ejerzan su autoridad en esferas de competencia exclusivamente estatal, por ejemplo, los profesores en escuelas públicas, contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos, un conflicto que debería resolver el legislador federal; y ii) en el caso de los funcionarios públicos (Beamte) que ejerzan su autoridad en nombre del Estado — por ejemplo, el ejército, la policía u otros cuerpos del Estado encargados del cumplimiento de la ley en general, así como unidades judiciales, diplomáticas o de la administración pública crean, aplican o ejecutan actos jurídicos a nivel federal, estatal y local — no entran en conflicto con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y por consiguiente, no requiere ningún tipo de acción. El Gobierno añade que: i) en el caso de los funcionarios públicos (Beamte) que no ejerzan su autoridad en nombre del Estado (hoheitliche Befugnisse), el legislador deberá propiciar, por tanto, un equilibrio entre las posturas jurídicas mutuamente excluyentes en virtud del artículo 33, 5), de la Ley Orgánica y del Convenio Europeo de Derechos Humanos; ii) mientras tanto, la prohibición constitucional al derecho de huelga para los funcionarios públicos (Beamte) sigue en vigor, y iii) la sentencia plantea numerosas cuestiones de carácter constitucional, y dado que los representantes sindicales anunciaron que remitirían esta cuestión al Tribunal Federal Constitucional y que ya existen dos causas judiciales pendientes por el mismo asunto, las medidas legislativas no deberían anticiparse a la clarificación y resolución de estas cuestiones por dicho Tribunal.

Recordando que desde hace muchos años ha venido subrayando que la restricción o incluso la prohibición al derecho de huelga sólo debe aplicarse en el caso de los funcionarios públicos que ejerzan sus funciones de autoridad en nombre del Estado, la Comisión reitera su opinión de que los docentes, los trabajadores de los servicios postales y de los ferrocarriles, con independencia de su estatuto jurídico, no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y, por consiguiente, deben tener, sin perjuicio de la posibilidad de establecer un servicio mínimo, el derecho de huelga. Habida cuenta de la citada decisión del Tribunal Administrativo Federal y dado el elevado número de funcionarios públicos (Beamte) que no ejercen su autoridad en nombre del Estado afectados por la prohibición del derecho de huelga, la Comisión solicita al Gobierno: i) que, en el futuro, se abstenga de imponer sanciones disciplinarias contra los funcionarios que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado que participan pacíficamente en una huelga, y ii) que inicie un diálogo nacional amplio con las organizaciones representativas de los servicios públicos con miras a explorar métodos posibles de poner la legislación de conformidad con lo dispuesto en el Convenio. La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre cualquier otra sentencia pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal sobre esta materia.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación de Asociaciones Alemanas de Empleadores (BDA) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014, según las cuales el Convenio se aplica plenamente tanto en derecho como en la práctica.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 4 del Convenio. Derecho de negociación colectiva en lo que respecta a las condiciones de empleo de los funcionarios que no trabajan en la Administración del Estado, incluidos los docentes. La Comisión había tomado nota de que, en respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno señala que excluir a los funcionarios públicos (Beamte) de la negociación colectiva está de conformidad con el Convenio, ya que los funcionarios públicos están explícitamente excluidos en virtud del artículo 6 del Convenio. Asimismo, la Comisión tomó nota de que según la memoria del Gobierno, los empleados de los servicios públicos (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes), por ejemplo los docentes empleados en virtud de convenios colectivos en los servicios educativos de los Länder, disfrutan del derecho de negociación colectiva, mientras que los funcionarios (Beamte) no tienen derecho a negociar colectivamente porque la regulación legislativa de la función pública es un principio tradicional constitucionalmente reconocido para los funcionarios públicos en virtud del artículo 33, 5) de la Ley Fundamental y debido a que los funcionarios (Beamte) tienen el deber de cumplir con sus funciones de forma legal, imparcial y altruista. El Gobierno subrayó que, incluso para grupos particulares de funcionarios (Beamte), la negociación colectiva a fin de concluir convenios colectivos es incompatible con el principio de regulación legislativa de la función pública, y que esto sigue siendo válido independientemente del resultado de las negociaciones salariales realizadas por los empleados de los servicios públicos (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes). La Comisión tomó nota de que el Gobierno indica que para compensar que no es posible llevar a cabo negociaciones colectivas, las organizaciones generales de sindicatos de funcionarios participan en la preparación inicial de los reglamentos generales de las leyes sobre la función pública, en virtud del artículo 118 de la Ley Federal sobre Funcionarios (Bundesbeamtengesetz (BBG)) y el artículo 53 de la Ley sobre el Estatus de los Funcionarios (Beamtenstatusgesetz). El Gobierno consideró que el sistema actual de participación de los sindicatos protege de manera suficiente los intereses de los funcionarios (Beamte), por lo que no es necesario introducir cambios a este respecto.

La Comisión entiende que la postura del Gobierno sobre el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios (Beamte) está condicionada por la redacción de las disposiciones constitucionales. La Comisión reitera que las negociaciones no tienen que conducir necesariamente a la adopción de instrumentos jurídicamente vinculantes, siempre que se tengan en cuenta, de buena fe, los resultados de las negociaciones en cuestión. Asimismo, la Comisión observó que el Gobierno indica que, al contrario de lo que ocurre con los docentes que tienen el estatus de funcionarios (Beamte), los docentes que tienen un estatus de empleados de los servicios públicos (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes) disfrutan del derecho de negociación colectiva (que la Comisión también entiende que tienen los docentes del sector privado). A este respecto, la Comisión desea subrayar que, en virtud de su artículo 6, el Convenio «no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado», y por consiguiente cubre a todos los trabajadores de la función pública que no trabajan en la administración del Estado. Por lo tanto, la Comisión considera que conviene establecer una distinción entre los funcionarios que ejercen actividades propias de la administración del Estado (funcionarios de los ministerios y demás organismos gubernamentales comparables) y los funcionarios que actúan en calidad de auxiliares de los precedentes, por una parte, y las demás personas empleadas por el Estado en las empresas públicas o en las instituciones públicas autónomas, por otra. Sólo podría excluirse del ámbito de aplicación del Convenio a la primera categoría de trabajadores a la que se ha hecho referencia.

Recordando que, con arreglo al artículo 6 del Convenio, los trabajadores de la función pública que no trabajan en la administración del Estado, incluidos los docentes, deben disfrutar del derecho de negociación colectiva, la Comisión recuerda de nuevo al Gobierno que en su próxima memoria indique las medidas adoptadas o previstas para examinar, junto con las organizaciones de sindicatos interesadas, formas en las que el sistema actual puede desarrollarse a fin de dar pleno efecto a los principios antes enunciados.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Angola

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1976)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2014, relativas a cuestiones ya tratadas por la Comisión.

Artículos 4 y 6 del Convenio. Derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no están adscritos a la administración del Estado. La Comisión recuerda que, desde hace varios años, viene solicitando al Gobierno que adopte las medidas necesarias para:

–garantizar que, en el marco de la nueva Constitución adoptada en 2010, las organizaciones sindicales de los funcionarios que no están adscritos a la administración del Estado disponen del derecho de negociar con sus empleadores públicos no solamente su retribución salarial, sino también sus demás condiciones de empleo;

–modificar los artículos 20 y 28 de la Ley núm. 20-A/92 sobre el Derecho de Negociación Colectiva, de forma que el arbitraje obligatorio no pueda imponerse más que en el marco de los servicios esenciales en el sentido estricto del término (a saber, aquellos cuya interrupción ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población).

La Comisión toma nota nuevamente de que el Gobierno señala que la Ley núm. 20-A/92 sobre el Derecho de Negociación Colectiva, la Ley núm. 21-C/92 sobre los Sindicatos y la ley núm. 23/91 están siendo objeto de revisión y que los proyectos de ley correspondientes se comunicarán a la Oficina tan pronto como hayan sido objeto de discusión pública. Al tiempo que recuerda nuevamente la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina en el marco del proceso de revisión legislativa, la Comisión espera que el Gobierno tendrá en cuenta todos los comentarios formulados a fin de poner la legislación actual de plena conformidad con el Convenio y le ruega que suministre información de cualquier evolución legislativa a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Antigua y Barbuda

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 2002)

Artículos 4 y 5 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para conceder a los empleados públicos y a sus organizaciones protección legal suficiente contra todo acto de discriminación antisindical y de injerencia, y había solicitado al Gobierno que suministrara información sobre los casos relativos a la discriminación antisindical. La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno, según la cual no hay ningún caso del que informar en materia de discriminación antisindical y que la Constitución de Antigua y Barbuda concede derechos inalienables a los ciudadanos. La Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para conceder a los funcionarios públicos y a sus organizaciones protección legal adecuada contra todo acto de discriminación antisindical y de injerencia, y también pide al Gobierno que siga informando de todos los casos relativos a discriminación antisindical (en particular respecto a los procedimientos y sanciones impuestas).

Argelia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2014 que hacen referencia a la persistencia de las infracciones en la práctica y pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2014, relativa a la aplicación del Convenio por Argelia.

Artículo 2 del Convenio. Derechos de constituir organizaciones sindicales. Desde hace muchos años, los comentarios de la Comisión se refieren al artículo 6 de la ley núm. 90-14, de 2 de junio de 1990, que limita el derecho de constituir una organización sindical a las personas de nacionalidad argelina de origen o adquirida después de al menos diez años. En ese sentido, recordando que los derechos sindicales deben garantizarse a los trabajadores y a los empleadores sin distinción de ninguna naturaleza y que los extranjeros también deben gozar del derecho de constituir un sindicato, la Comisión pidió al Gobierno que modificara el artículo 6 de la ley núm. 90-14. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica nuevamente en su memoria que la cuestión se está examinando en el contexto de la finalización del Código del Trabajo. La Comisión espera que la modificación del artículo 6 de la ley núm. 90-14 se realice sin mayor demora a fin de que se reconozca a todos los trabajadores, sin distinción de nacionalidad, el derecho de constituir una organización sindical. La Comisión insta al Gobierno a que comunique informaciones sobre todo hecho nuevo que se produzca a este respecto.

Artículos 2 y 5. Derecho de los trabajadores de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, y de constituir federaciones y confederaciones. Desde hace muchos años, los comentarios de la Comisión se refieren a los artículos 2 y 4 de la ley núm. 90-14 los cuales, leídos conjuntamente, tienen como consecuencia autorizar la constitución de federaciones y confederaciones únicamente en una misma profesión, rama o en el mismo sector de actividad. Recordando que en virtud del Convenio, las organizaciones sindicales, independientemente del sector al que pertenecen, deberán tener el derecho de constituir las federaciones y confederaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar la ley en ese sentido. El Gobierno reitera en su memoria que los criterios que enmarcan la constitución de federaciones y confederaciones sindicales se indicarán con precisión en el contexto de la finalización del proyecto del Código del Trabajo. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que una legislación que exija que los miembros de una misma organización pertenezcan a profesiones, ocupaciones o ramas de actividad idénticas, impone una restricción que sólo es aceptable cuando se aplica a las organizaciones de base y a condición de que estas últimas puedan constituir libremente organizaciones interprofesionales o afiliarse a las federaciones y confederaciones que estimen conveniente. En consecuencia, la Comisión confía, que en el marco de la reforma legislativa en curso, el Gobierno procederá sin mayor demora a la modificación del artículo 4 de la ley núm. 90-14 a fin de suprimir todo obstáculo para que las organizaciones de trabajadores, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan, puedan constituir las federaciones y confederaciones que estimen convenientes. La Comisión insta al Gobierno a que facilite informaciones sobre todo progreso realizado a este respecto.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que en oportunidad de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2014, el Gobierno proporcionó elementos de respuesta a los alegatos formulados anteriormente por la CSI, la Internacional de la Educación (IE), el Sindicato Nacional Autónomo del Personal de la Administración Pública (SNAPAP) y el Sindicato Nacional Autónomo de los Profesores de la Educación Secundaria y Técnica (SNAPEST). En relación con los obstáculos alegados en lo que respecta al registro de sindicatos, el Gobierno indicó que los atrasos en el registro de algunos sindicatos derivan de que es necesario que las organizaciones interesadas pongan en conformidad sus estatutos con las exigencias de la legislación. Por lo que respecta a los alegatos de actos de intimidación y amenazas contra dirigentes sindicales y sindicalistas, el Gobierno señaló que esos alegatos no se fundan en pruebas concretas y no se ha presentado ninguna queja por amenaza de muerte ante las jurisdicciones competentes. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en su comunicación de 2014, la CSI denuncia que se produjeron actos graves de acoso contra los sindicalistas por parte de las fuerzas del orden, así como la persistencia de las dificultades con que tropiezan los sindicatos recientemente constituidos para obtener su registro. Al tiempo que solicita al Gobierno que proporcione sus comentarios en respuesta a las observaciones de la CSI, la Comisión subraya que los derechos sindicales de las organizaciones de trabajadores y de empleadores derivados del Convenio, sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, y que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar el respeto de este principio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argentina

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma nota también de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2013 (así como de la respuesta del Gobierno de 31 de agosto de 2014), de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) de 31 de agosto y 24 de octubre de 2014 (y la respuesta del Gobierno), de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA) de 1.º de septiembre de 2014 y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores) de 5 de agosto de 2014. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI y de la CTA Autónoma de los trabajadores relacionadas con alegatos de violaciones de los derechos sindicales en algunos casos concretos.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CTA Autónoma y de la CSI, relativos a medidas de encarcelamiento, despidos de sindicalistas, trato favorable a las organizaciones «oficialistas» en el diálogo social, así como de las declaraciones del Gobierno según las cuales algunas de estas cuestiones han sido sometidas a las autoridades judiciales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre el resultado de los procedimientos iniciados.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informó que entre enero y octubre de 2013 se otorgaron 298 personerías gremiales (estatus que otorga derechos exclusivos, tales como suscribir convenciones colectivas, protección especial a sus dirigentes sindicales, percepción de las cuotas sindicales mediante descuentos recargados por el empleador, etc.) y 682 inscripciones gremiales. La Comisión toma nota de las informaciones generales facilitadas por el Gobierno que muestran un importante desarrollo de la actividad sindical (homologación de 1 699 convenios y acuerdos colectivos en 2013) con una cobertura de 4 304 000 trabajadores; estos convenios y acuerdos se han dado en el ámbito de la actividad y en el ámbito de la empresa.

Artículos 2 y siguientes del Convenio. Autonomía sindical y principio de no injerencia del Estado. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus comentarios se refieren a las siguientes disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales (LAS) núm. 23551 de 1988, y del correspondiente decreto reglamentario núm. 467/88 que no están en conformidad con el Convenio:

Personería gremial

–el artículo 28 de la LAS, que requiere, para poder disputar la personería gremial a una asociación, que la demandante posea una cantidad de afiliados «considerablemente superior»; y el artículo 21 del decreto reglamentario núm. 467/88 que califica el término «considerablemente superior» al establecer que la asociación que pretenda obtener la personería gremial deberá superar a la que la posea como mínimo en un 10 por ciento de sus afiliados cotizantes;

–el artículo 29 de la LAS, que dispone que sólo se otorgará la personería gremial a un sindicato de empresa cuando no exista otro sindicato con personería gremial en la zona de actuación y en la actividad o categoría, y el artículo 30 de la LAS que dispone que para que los sindicatos de oficio, profesión o categoría puedan obtener la personería gremial deberán acreditar la existencia de intereses diferenciados de la unión o sindicato preexistente, cuya personería no deberá comprender la representación solicitada.

Beneficios que derivan de la personería gremial

–el artículo 38 de la LAS que sólo permite a las asociaciones con personería gremial, pero no a las simplemente inscritas, la retención en nómina de las cuotas sindicales; y los artículos 48 y 52 de la LAS que prevén que únicamente los representantes de las organizaciones con personería gremial se benefician de una protección especial (fuero sindical).

La Comisión toma nota de las decisiones pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia y otras instancias judiciales nacionales y provinciales en las que se declara la inconstitucionalidad de diversos artículos de la legislación antes mencionada, en particular, en lo concerniente a la personería gremial. La Comisión lamenta que el Gobierno se limite a declarar que el alcance de esas decisiones incumbe solamente a los casos examinados. La Comisión subraya que las decisiones judiciales están orientadas en el sentido de las solicitudes de modificación dirigidas al Gobierno y, en consecuencia, le pide firmemente que extraiga todas las consecuencias de las decisiones judiciales pronunciadas, con el fin de poner la legislación en conformidad con el Convenio.

En este sentido, la CGT RA había señalado, en relación con los comentarios de la Comisión, que los interlocutores sociales tienen un importante desafío en vista de los fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre libertad sindical en los que declaró inconstitucionales varios artículos examinados por la Comisión (en particular en las cuestiones relativas a la personería gremial). La CGT RA indica, no obstante, que la libertad sindical se encuentra garantizada por la legislación nacional y destaca la inscripción de nuevos sindicatos, alrededor de 1 000 entre 2003 y 2013.

Por su parte la CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma destacan en sus distintas comunicaciones que a pesar de las incompatibilidades existentes entre la legislación y las disposiciones del Convenio, el Gobierno sigue sin enviar al Congreso ningún proyecto de ley ni iniciativa legislativa y no ha generado ámbitos tripartitos que permitan la reforma de dicha legislación; todo ello a pesar de la asistencia técnica que había brindado la OIT y de haber declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación por medio de distintos fallos la inconstitucionalidad de los artículos 28, 29, 30 y 38 y, en 2013, el artículo 31, inciso a), de la LAS.

La Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno en las que indica que dada la trascendencia de la ley núm. 23551 cualquier iniciativa u observación a una norma que regula la vida de las asociaciones profesionales, para que progrese y tenga la adecuada vigencia social, cultural y política, depende de todos los sujetos que interactúan en el sistema de relaciones laborales (Estado, empleadores y trabajadores); ello es, así dado que la reforma involucra un compromiso político de los actores del sistema, que se traduce en coincidencias que el Gobierno se encuentra buscando, en correspondencia con las consideraciones que ha hecho la Misión de Asistencia Técnica de la OIT en mayo de 2010, acerca de la importancia que debe tener el diálogo social en la búsqueda de estas coincidencias para la reforma; el Gobierno indica que el país se encuentra dotado de un sistema de relaciones laborales que, sin perjuicio de las modificaciones necesarias que deben hacerse y que parecen apropiadas del avance de los tiempos, es inclusivo y constituye una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de trabajo.

La Comisión recuerda que el Gobierno había manifestado que continuaba en la búsqueda de un diálogo social tripartito a fin de que se pueda avanzar en los consensos necesarios para una mayor compatibilidad con las observaciones del sistema de control de la OIT. La Comisión constata que el Gobierno no ha informado de nuevas convocatorias al diálogo tripartito para conseguir progresos en este sentido e insta por ello firmemente al Gobierno a que sin demora y tras un examen tripartito de las cuestiones pendientes con el conjunto de los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para poner la LAS y su decreto reglamentario en plena conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que informe en su próxima memoria sobre resultados concretos al respecto, habida cuenta de sus comentarios y de las decisiones de inconstitucionalidad de las disposiciones de la LAS, pronunciadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Comisión lamenta la acción penal a nivel provincial por supuesta usurpación de autoridad dirigida contra la secretaria de trabajo (acción penal mencionada por el Gobierno) al haber señalado a un gobernador, frente a un conflicto laboral, que deberían aplicarse los convenios vinculados a la libertad sindical en forma amplia a fin de dar mayor participación a todos los interesados. La Comisión estima que la actuación de la secretaria de trabajo se enmarca en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en relación con la OIT y que no debería dar lugar a ninguna acción penal.

Artículos 2 y 5. Derechos de las federaciones y confederaciones. La Comisión recuerda que desde el año 2005 había tomado nota en sus observaciones que estaba pendiente de resolución el pedido de «personería gremial» presentado por la CTA en agosto de 2004. La Comisión toma nota de que la CTA Autónoma informa que este asunto ha evolucionado favorablemente en el sentido de que una resolución suscrita por la Secretaría de Trabajo de la Nación formalizó la escisión de la histórica CTA en dos nuevas organizaciones: la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores que mantienen su aptitud legal para representar a todos los trabajadores en el país en su carácter de organizaciones sindicales de tercer grado. La Comisión toma nota de que según indica la resolución en cuestión la inscripción gremial núm. 2027 (estatuto sin los derechos exclusivos de las organizaciones con personería gremial) será ejercida por la CTA de los Trabajadores y que la CTA Autónoma solicita al Ministerio de Trabajo una petición similar a cuyo fin peticiona la inscripción legal. La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales los problemas que existían requerían acuerdos complejos entre las partes y que ha habido esfuerzos para asegurar un tratamiento objetivo de esta cuestión; según el Gobierno fueron los propios protagonistas quienes no impulsaron las actuaciones a partir de las diferencias intrasindicales. La Comisión observa que el Gobierno confirma que finalmente se llegó al reconocimiento recíproco de dos agrupaciones mediante acta formalizada frente a las autoridades del Ministerio de Trabajo. La Comisión toma nota de estas informaciones y espera que el procedimiento iniciado a raíz de la petición de inscripción gremial de la CTA Autónoma culminará en un futuro muy próximo y pide al Gobierno que comunique informaciones al respecto.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones sobre la aplicación del Convenio presentadas por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA) y la Federación Judicial Argentina (FJA) en 2014, sobre la negación del derecho de negociación colectiva a los trabajadores judiciales.

La Comisión observa que este asunto ha sido tratado ya, en 2012, por el Comité de Libertad Sindical (véase 364.º informe, caso núm. 2881, párrafo 231) en el que recomendó al Estado «que tal como dispone el artículo 5 del Convenio núm. 154 adopte las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas». La Comisión invita al Gobierno a que siga las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y le recuerda que la asistencia técnica de la Oficina está en su disposición.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2015.]

Bangladesh

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1972)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.

La Comisión toma nota de las observaciones suministradas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 31 de agosto de 2014. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI de 2013 y le pide que proporcione sus comentarios sobre su comunicación más reciente. La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

En sus comentarios anteriores, la Comisión, al tomar nota de las observaciones presentadas por la CSI, relativas a alegatos de asesinato de un sindicalista, un dirigente sindical y dos trabajadores en huelga, pidió al Gobierno que proporcionase informaciones detalladas acerca de toda alegación pendiente de violencia y acoso. La Comisión toma nota de los numerosos alegatos adicionales de violencia contra sindicalistas que se formulan en la comunicación más reciente de la CSI. La Comisión deplora que el Gobierno no haya proporcionado información alguna en relación con las investigaciones previstas o llevadas a cabo respecto de esos alegatos y, en particular, no ha proporcionado información sobre el estado de las investigaciones acerca del sindicalista asesinado en 2012. La Comisión insta al Gobierno que facilite sus comentarios sobre los recientes alegatos de violencia y acoso y que informe sobre la situación de las investigaciones del asesinato de un sindicalista en 2012.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Derecho de sindicación, de elegir libremente a sus representantes y de organizar sus actividades. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno, a la luz de las preocupaciones puestas de relieve por la CSI en el sentido de que los progresos realizados en el registro de sindicatos en el sector de la confección textil no se observan en otros sectores, que continuara proporcionando informaciones y estadísticas detalladas sobre el registro de los sindicatos desglosadas por sector. La Comisión toma nota de las recientes observaciones de la CSI, según las cuales, si bien se constatan progresos reales en el registro de los sindicatos, los sindicatos registrados aún representan una pequeña fracción de los 4 millones de trabajadores en el sector de la confección textil y existe un número considerable de solicitudes de registros pendientes de aceptación, mientras que se han denegado decenas, en virtud de la autoridad discrecional del Director de Trabajo. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que siga facilitando información y estadísticas detalladas acerca del registro de los sindicatos y, adicionalmente, que dé respuesta a las cuestiones planteadas en las observaciones de la CSI.

Reforma legislativa. En comentarios anteriores la Comisión tomó debida nota de las enmiendas de la Ley del Trabajo de Bangladesh en julio de 2013 y de la indicación del Gobierno de que en el futuro se podrían tomar las medidas necesarias para reformar de manera tripartita la Ley del Trabajo, tomando en consideración las condiciones socioeconómicas del país, y que se podría requerir la asistencia técnica de la OIT a este respecto. Al lamentar de que no se hayan efectuado nuevas enmiendas a la Ley del Trabajo respecto de algunas cuestiones fundamentales, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas para revisar y enmendar las siguientes disposiciones: alcance de la ley (artículos 1, 4), 2, 49) y 65), y 175); restricciones al derecho de sindicación en la aviación civil y respecto de la gente de mar (artículos 184, 1), 2) y 4), y 185, 3)); restricciones al derecho de sindicación en grupos de establecimientos (artículo 183, 1)); limitaciones a la afiliación a sindicatos (artículos 2, 65), 175, 185, 2), 193 y 300); injerencia en las actividades sindicales (artículos 196, 2), a) y b), 190, e) y g), 192, 229, c), 291 y 299); injerencia en las elecciones de un sindicato (artículos 196, 2), d) y 317, d)); injerencia en el derecho de redactar sus estatutos libremente (artículo 179, 1)); excesivas limitaciones al derecho de huelga (artículos 211, 1), 3), 4) y 8), y 227, c)), acompañadas por severas sanciones (artículos 196, 2), e), 291, y 294-296); excesivos derechos preferenciales para los agentes de la negociación colectiva (artículos 202, 24), c) y e), y 204); anulación del registro de un sindicato (artículo 202, 22)) y sanciones excesivas (artículo 301).

Asimismo, la Comisión lamenta profundamente tomar nota de que los trabajadores aún estén obligados a cumplir el requisito mínimo de afiliación del 30 por ciento del número total de trabajadores empleados en un establecimiento o grupo de establecimientos para el registro inicial o continuado de un sindicato, así como la posibilidad de suprimir el registro si la afiliación disminuye por debajo de este número (artículos 179, 2) y 190, f)), y la disposición de que no se registrarán más de tres sindicatos en cualquier establecimiento o grupo de establecimientos (artículo 179, 5)). La Comisión desea subrayar de nuevo que un límite mínimo tan elevado sólo para constituir y registrar un sindicato, vulnera el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen conveniente, previsto en el artículo 2 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar las disposiciones antes mencionadas y que proporcione informaciones sobre la evolución a este respecto.

Tomando nota de que el Gobierno indicó anteriormente que estaba en curso la redacción de la reglamentación de la Ley del Trabajo enmendada, la Comisión confía en que la regla 10 del Reglamento de Relaciones Laborales de 1977 (IRR), respecto del cual se observó anteriormente que ya no se aplicaba y espera que el nuevo reglamento será expedido sin demora y garantizará que la autoridad otorgada al funcionario encargado del registro no se traduzca en injerencias en las cuestiones internas de los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre todo progreso realizado en la finalización del reglamento y que comunique una copia una vez que éste se haya aprobado.

Artículo 5. Derecho de formar federaciones. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que revise el artículo 200, 1), de la Ley del Trabajo, de manera de asegurar que el requisito de un número mínimo de sindicatos para establecer una federación (elevado actualmente a cinco) no sea excesivamente elevado y no infrinja el derecho de las organizaciones de trabajadores de constituir federaciones y que modifique esta disposición de manera que los trabajadores tengan derecho a establecer federaciones que tengan una cobertura profesional o interprofesional más amplia, y de que se suprima el requisito de que los sindicatos afiliados pertenezcan a más de una división administrativa.

Derecho de sindicación en las zonas francas de exportación (ZFE). En relación con su observación anterior, la Comisión recuerda haber formulado comentarios detallados sobre los aspectos de la Ley sobre las Sociedades para el Bienestar de los Trabajadores y Relaciones de Trabajo, de 2010 (EWWAIRA) que deberían modificarse para poner dicha ley en conformidad con el Convenio. Esto incluía la necesidad de modificar los artículos 6, 7, 8, 9, 12, 16 y 24, que reglamentan excesivamente la constitución de Asociaciones para el Bienestar de los Trabajadores (WWA) o sus organizaciones de nivel superior de manera contraria al Convenio y que también se enmendaran los artículos 10, 20, 21, 24, 27, 28, 34, 38, 46 y 80, que permiten la injerencia del Gobierno en las actividades internas de las WWA. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información facilitada por el Gobierno acerca de la creación de una comisión interministerial para examinar y preparar una legislación laboral específica y completa para los trabajadores de las ZFE. Sin embargo, la Comisión toma nota de las observaciones recientemente formulados por la CSI de que el Gabinete presentó en julio de 2014 un proyecto de ley de trabajo para las ZFE, que fue elaborado sin celebrar consultas con los representantes de los trabajadores y que no incluye disposición alguna que aborde las preocupaciones planteadas en virtud del Convenio. La Comisión insta al Gobierno a llevar a cabo plenas consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores en el país con miras a elaborar una nueva legislación para las ZFE que esté plenamente en conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada en su próxima memoria sobre todos los progresos realizados a este respecto y que transmita una copia de la legislación una vez que ésta se haya adoptado.

Al recordar la importancia decisiva de la libertad sindical como derecho fundamental y derecho habilitante, la Comisión confía en que en un futuro muy próximo se realicen importantes progresos para poner la legislación y la práctica en conformidad con el Convenio respecto de todos los puntos mencionados anteriormente.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Barbados

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1 del Convenio. Protección de los representantes de los trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la redacción de un proyecto de legislación sobre derechos laborales se encuentra en una fase avanzada y se espera su inminente promulgación. La Comisión toma nota de que esta legislación, entre otros, concederá protección contra el despido por la condición de dirigente sindical, delegado sindical, funcionario de seguridad y salud o delegado de un sindicato o por tratar de ejercer alguno de esos cargos. Además, cuando no se llegue a una solución a nivel del Departamento de Trabajo, los casos serán remitidos a un tribunal por el funcionario jefe de asuntos laborales. En el caso de infracciones a la ley, una vez que ésta sea promulgada, se impondrán multas que oscilan entre los 2 000 y los 20 000 dólares de los Estados Unidos y en determinadas circunstancias el demandante podrá recibir una indemnización. La Comisión pide al Gobierno que comunique una copia de la nueva legislación sobre derechos laborales, una vez que ésta sea adoptada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Belarús

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

Seguimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta (queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2014, sobre la aplicación del Convenio. La Comisión también toma nota del informe presentado ante el Consejo de Administración, en marzo de 2014, de la misión de contactos directos que visitó el país en enero de 2014, con objeto de obtener un panorama completo de la situación relativa a los derechos sindicales en el país y para asistir al Gobierno en la rápida y efectiva aplicación de todas las recomendaciones pendientes que formulara la Comisión de Encuesta.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre la aplicación del Convenio recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión también toma nota de las observaciones del Congreso Belaruso de Sindicatos Democráticos (BKDP) recibidas el 28 de agosto de 2014 en las que se alegan numerosas violaciones de los convenios, incluida la denegación del registro de estructuras sindicales afiliadas a los miembros de la BKDP (durante el período 2013-2014, por ejemplo, se alega que el registro del sindicato regional de base de Bobruisk del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Electrónica (REP) fue denegado, según se alega, en cinco oportunidades); y de la adopción de la legislación que afecta a los derechos e intereses de los trabajadores sin consultar previamente al BKDP, miembro del Consejo Tripartito para la mejora de la Legislación en Cuestiones Sociales y Laborales (en adelante, el Consejo Tripartito). La Comisión pide al Gobierno que suministre comentarios detallados a este respecto. La Comisión también toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) el 1.ºde septiembre de 2014.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de constituir organizaciones de trabajadores. La Comisión recuerda que en sus observaciones anteriores instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para enmendar el decreto presidencial núm. 2, sus normas y reglamentos, a fin de eliminar los obstáculos para el registro de los sindicatos (domicilio legal y al menos el 10 por ciento de los trabajadores afiliados). La Comisión toma nota a este respecto de que, durante su visita a Belarús, la misión de contactos directos tomó conocimiento de alegatos relativos a las continuas dificultades de las nuevas organizaciones sindicales para obtener un domicilio legal, a pesar de haberse ampliado las posibilidades de manera que el tipo de local que podría reunir los requisitos del domicilio legal incluya casa y apartamentos particulares. La Comisión también tomó nota de que aunque el requisito del domicilio legal se haya ampliado, aún existen obstáculos considerables para el registro de las nuevas organizaciones. La misión de contactos directos expresó su decepción porque el decreto presidencial núm. 2 no se hubiera enmendado y no existieran propuestas con ese objetivo. La misión tomó nota además que, si bien según indica el Gobierno no existen solicitudes pendientes de registro, los representantes del BKDP indicaron que aún persisten los obstáculos para el registro y de que, por lo general, se desalienta a los sindicatos independientes que tratan de obtener el registro debido a los obstáculos encontrados. Además, la misión tomó conocimiento de alegatos detallados acerca de las graves dificultades que enfrentan los trabajadores que desean sindicalizarse al margen de la estructura de la Federación de Sindicatos de Belarús (FTUB).

En vista de lo antes expuesto, la Comisión lamenta profundamente que el Gobierno no haya adoptado medidas tangibles, ni se hubieran presentado propuestas concretas para enmendar el requisito del domicilio legal que al parecer continúa obstaculizando en la práctica el registro de los sindicatos y de sus organizaciones de base. Además, la Comisión lamenta que no se haya derogado el requisito de contar con al menos el 10 por ciento de los trabajadores afiliados para el establecimiento de un sindicato a nivel de empresa pese a que el Gobierno, en la declaración formulada por la Comisión de la Conferencia en junio de 2013, dio a entender que adoptaría medidas en ese sentido. La Comisión insta al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, proceda a enmendar el decreto presidencial núm. 2 y resuelva la cuestión del registro de los sindicatos en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria todos los progresos realizados a este respecto.

En este contexto, la Comisión recuerda que, en sus comentarios de 2012 y 2013, examinó la situación en la empresa «Granit» y, en particular, el alegato según el cual la dirección de la empresa se negó a proporcionar el domicilio que había sido requerido a la organización sindical de base del Sindicato Independiente de Belarús (BNP), de conformidad con el decreto presidencial núm. 2 del registro de sindicatos. La Comisión toma nota de que la misión de contactos directos analizó extensamente el conflicto planteado en esa empresa el cual, aunque finalmente fue examinado, no pudo ser resuelto por el Consejo Tripartito. La información contradictoria recibida por la misión de contactos directos reforzó su convicción de que es necesario elaborar un mecanismo para encontrar, en el futuro, una solución aceptable de ese tipo de conflictos, a través de actividades de investigación, facilitación y mediación, respetando plenamente los principios de libertad sindical. La Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno indica que ha aceptado la asistencia técnica de la OIT para llevar a cabo una serie de actividades tendientes a mejorar el diálogo social y la cooperación entre los mandantes tripartitos en todos los niveles, así como potenciar el conocimiento y una mayor consciencia de los derechos relativos a la libertad sindical. El Gobierno señala que una de tales actividades es un taller sobre solución de conflictos y mediación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los frutos y resultados tangibles de esta actividad.

Artículos 3, 5 y 6. Derecho de las organizaciones de trabajadores, incluso las federaciones y confederaciones, de organizar sus actividades. La Comisión recuerda que expresó anteriormente su preocupación por los alegatos de denegación, en varias ocasiones, de autorización al BKDP, al BNP y al REP para organizar manifestaciones y reuniones. Además, la Comisión recuerda que tomó nota anteriormente con preocupación del alegato del BKDP, según el cual, la presidenta de la organización regional del BNP en Soligorsk, tras haberse encontrado con varias trabajadoras en su camino hacia sus lugares de trabajo, fue detenida por la policía el 4 de agosto de 2010 y posteriormente declarada culpable de un delito administrativo y sancionada con una multa. Según el BKDP, el tribunal decidió que, puesto que el contacto con los miembros del sindicato había tenido lugar cerca de la puerta de entrada de la empresa, la dirigente sindical había vulnerado la Ley sobre Actividades de Masas. La Comisión pidió al Gobierno que comunicara sus observaciones sobre los hechos alegados por el BKDP. La Comisión lamenta profundamente tomar nota de que el Gobierno no proporcione información a este respecto. Recordando que las protestas pacíficas están amparadas por el Convenio y que el derecho a realizar reuniones y manifestaciones no debe negarse de manera arbitraria, la Comisión insta al Gobierno a que, en colaboración con las organizaciones antes mencionadas, proceda a investigar todos los casos alegados de denegación de autorización para organizar manifestaciones y reuniones, y señale a la atención de las autoridades competentes el derecho de los trabajadores a participar en manifestaciones pacíficas y reuniones en defensa de sus intereses laborales. La Comisión pide al Gobierno que asegure que se proteja efectivamente el derecho de reunión contra toda intimidación u otros actos de arbitrariedad.

En este sentido, la Comisión recuerda que ha venido solicitando desde hace varios años al Gobierno que enmiende la Ley sobre Actividades de Masas, que impone restricciones a la celebración de actividades de masas y establece la disolución de una organización (incluyendo a un sindicato) por una única infracción de sus disposiciones (artículo 15), al tiempo que sus trabajadores puedan ser acusados de infringir el Código Administrativo y, por consiguiente, susceptibles de detención administrativa. La Comisión lamenta profundamente tomar nota, como lo hiciera la misión de contactos directos, de que no se ha previsto enmendar la ley. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su petición anterior.

La Comisión, en relación con su solicitud anterior para que se enmendara el decreto presidencial núm. 24, relativo al uso de ayuda extranjera gratuita, la Comisión tomó nota de que la misión de contactos directos entendió que si bien actualmente no hay intención de enmendar ese decreto, en la práctica, no se ha impedido que los sindicatos recurran a la asistencia financiera. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual no se presentaron casos de denegación de esa ayuda y que las organizaciones que solicitaron el registro recibieron respuesta favorable. Al tomar nota de esa información, la Comisión recuerda que el decreto prohíbe el uso de donaciones del exterior para, entre otras actividades, la preparación y desarrollo de reuniones públicas, concentraciones, marchas callejeras, manifestaciones, piquetes, huelgas así como la celebración de seminarios y otras formas de campañas masivas dirigidas a la población. La infracción de esa disposición puede entrañar la imposición de multas importantes, así como la posible terminación de las actividades del sindicato. La Comisión recuerda que el derecho reconocido en los artículos 5 y 6, del Convenio, implica el derecho a beneficiarse de las relaciones establecidas con organizaciones internacionales de trabajadores o empleadores. Una legislación que prohíbe a los sindicatos u organizaciones de empleadores la aceptación de asistencia financiera proveniente de una organización internacional de empleadores o de trabajadores, a menos que medie aprobación del Gobierno, y que contemple la prohibición de una organización cuando existen pruebas de que recibió tal asistencia, no está en conformidad con este derecho. Aunque no existen alegatos específicos en cuanto a la aplicación práctica de este decreto, la Comisión reitera que la exigencia de autorización previa para recibir ayuda extranjera y el uso restringido de la misma que establece el decreto núm. 24, son incompatibles con el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a organizar sus actividades y a beneficiarse de la asistencia que pueden prestar las organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Por consiguiente, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, adopte las medidas necesarias para enmendar el decreto núm. 24 de manera de garantizar que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan, efectivamente, organizar su actividades y programas y beneficiarse de la asistencia de organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores, en conformidad con los artículos 5 y 6 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas adoptadas a este respecto.

La Comisión lamenta tomar nota de que, tal como concluyó la misión de contactos directos, si bien la situación de los sindicatos ha evolucionado no se han observado cambios fundamentales o progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta para enmendar la legislación en vigor. Al tomar nota de que el Gobierno aceptó el ofrecimiento de asistencia técnica de la Oficina, la Comisión expresa la esperanza de que este renovado compromiso con la OIT y la cooperación con todos los interlocutores sociales permita obtener resultados concretos hacia una aplicación rápida y efectiva de las recomendaciones pendientes de la Comisión de Encuesta.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Botswana

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 1997)

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios sobre las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, en relación con casos de discriminación antisindical, denegación del reconocimiento de sindicatos y limitaciones a la negociación colectiva en la práctica.

Artículo 1 del Convenio. Aplicación del Convenio al personal penitenciario. En sus comentarios anteriores, la Comisión señala que el Convenio se aplica a los servicios penitenciarios. Tomando nota de que en su memoria el Gobierno indica que no se han producido cambios en relación con esta cuestión, la Comisión expresa de nuevo la esperanza de que en un futuro próximo el Gobierno tome medidas para enmendar la Ley sobre la Función Pública, la Ley sobre los Sindicatos y las Organizaciones de Empleadores y la Ley sobre los Conflictos Laborales a fin de velar por que el personal de los servicios de prisiones disfrute de los derechos consagrados en el Convenio, e insta al Gobierno a transmitir información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

Artículo 5. Protección contra los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que la legislación actual no garantiza a las organizaciones de empleados públicos una protección adecuada contra los actos de injerencia de las autoridades públicas en su constitución, funcionamiento y administración. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica que aún no se ha finalizado la modificación de la Ley sobre la Función Pública, y que se incluirá en ella una disposición similar al artículo 56 de la Ley sobre los Sindicatos y las Organizaciones de Empleadores que convierte en ilegal que los empleadores condicionen el empleo a la pertenencia a un sindicato o la participación en actividades sindicales o prohíban a los empleados afiliarse a un sindicato o participar en sus actividades. Sin embargo, la Comisión recuerda que la cuestión que se debate concierne a los actos de injerencia de las autoridades públicas descritos de forma detallada en el artículo 2 del Convenio. La Comisión insta al Gobierno a garantizar que la revisión de la Ley sobre la Función Pública redunda en la inclusión de una disposición a este respecto y recuerda que el Gobierno puede, si así lo desea, recurrir a la asistencia técnica a la OIT en la materia. Asimismo, la Comisión insta al Gobierno a transmitir información sobre todos los cambios que se produzcan a fin de garantizar que la legislación protege adecuadamente a las organizaciones de empleados públicos contra los actos de injerencia por parte de las autoridades públicas.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2015.]

Bulgaria

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de los comentarios recibidos con fecha 1.º de septiembre de 2014 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de los comentarios formulados por el Gobierno sobre las cuestiones legislativas planteadas por la CSI. La Comisión toma nota además de los comentarios del Gobierno sobre las observaciones formuladas por la CSI en 2013 en relación con cuestiones legislativas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique comentarios adicionales sobre las observaciones de 2013 y 2014 de la CSI en relación con la aplicación práctica del Convenio. La Comisión toma nota también de los comentarios de la Confederación de Sindicatos Independientes en Bulgaria (KNSB/CITUB), presentados junto con la memoria del Gobierno, y solicita a éste que formule sus comentarios sobre la información suministrada en relación con la aplicación práctica del Convenio. La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2014 de la Organización Internacional de Empleadores (OIE).

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar su administración y actividades y a formular sus programas de acción. La Comisión reitera que, desde hace varios años viene planteando la necesidad de modificar las siguientes disposiciones:

i)El artículo 11, 2), de la Ley sobre Solución de Conflictos Laborales Colectivos, que dispone que la decisión de ir a la huelga deberá tomarse por mayoría simple de los trabajadores de la empresa o unidad concernida, y el artículo 11, 3), que exige que se declare la duración de la huelga: la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no se ha introducido ninguna enmienda legislativa al artículo 11 durante el período de referencia.

ii)El artículo 51 de la Ley sobre Transporte Ferroviario, de 2000, que prevé que, cuando se vaya a efectuar una acción reivindicativa con arreglo a esta ley, los trabajadores y los empleadores deberán proporcionar a la población servicios de transporte satisfactorios que correspondan al menos al 50 por ciento del volumen del transporte que se proporcionaba antes de la huelga. La Comisión toma nota de que, en el curso de los trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional creado en 2010 para elaborar propuestas de enmiendas legislativas, los representantes del Ministerio de Transporte y Comunicaciones plantearon que las propuestas relativas a la Ley de Transporte Ferroviario no se sometieran a discusión y que dedicaran, en cambio, sus esfuerzos a la estabilización financiera de los ferrocarriles búlgaros, lo que en última instancia, redundaría en una mejora de los derechos de los trabajadores, de forma que no se presentaron propuestas legislativas a la citada ley.

iii)El artículo 47 de la Ley sobre los Funcionarios, que limita el derecho de huelga de los trabajadores de la administración pública, incluyendo el de los que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Grupo de Expertos Intergubernamental presentó un proyecto de ley para modificar la Ley sobre los Funcionarios, de 2012, que fue sometido a consideración del Consejo para la Reforma Administrativa (CRA), denegado y remitido nuevamente a esta institución para su discusión a finales de 2013; tras una decisión favorable del CRA, el proyecto fue objeto de debate en el marco de la comisión de legislación laboral dependiente del Consejo Nacional de Cooperación Tripartita, sin que los representantes de los interlocutores sociales concedieran su aprobación al mismo; además, el Ministerio de Defensa manifestó en una declaración que no consideraba excesivo que se prohibieran las huelgas de los funcionarios en el Ministerio.

En términos más generales, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo y Política Social informó sobre las situaciones en las que la legislación nacional no se ajusta a lo dispuesto en los instrumentos internacionales ratificados y las sometió a la consideración del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Derechos Humanos, que tiene la autoridad para proponer a los órganos e instituciones competentes del Estado que introduzcan enmiendas en la legislación nacional en materia de derechos humanos. El 30 de mayo de 2014, a propuesta del Ministerio de Asuntos Extranjeros, se adoptó la decisión de crear un grupo de trabajo interinstitucional con la misión de proponer un mecanismo y algunas medidas concretas para superar la situación de falta de ajuste entre unas leyes y otras tan pronto como sea posible. La Comisión toma nota, no obstante, de que, a juicio de la KNSB/CITUB, el Gobierno carece de voluntad de solucionar las cuestiones planteadas por la Comisión.

La Comisión confía en que, durante los trabajos del grupo de trabajo interinstitucional que se creará en el marco del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Derechos Humanos, permitirá acelerar las medidas legislativas necesarias para poner en conformidad la legislación con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre cualquier evolución legislativa a este respecto, en particular, sobre las medidas propuestas del citado grupo de trabajo interinstitucional y sobre el resultado de las deliberaciones en el marco del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Derechos Humanos.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Independientes en Bulgaria (KNSB/CITUB) presentadas con la memoria del Gobierno, y pide al Gobierno que facilite sus comentarios sobre la información relativa a la aplicación práctica del Convenio.

La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2014 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), así como de los comentarios del Gobierno sobre las cuestiones legislativas planteadas por la CSI en 2013 y 2014. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios sobre las observaciones de la CSI de 2013 y 2014 relativas a la aplicación del Convenio en la práctica.

Artículo 1 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. En su observación anterior, la Comisión invitó al Gobierno a compilar datos sobre la duración media de los procedimientos judiciales, incluidos los procedimientos de apelación, en relación con la discriminación basada en las actividades sindicales y sobre el monto promedio de las indemnizaciones pagadas y de las sanciones impuestas, y le pidió que comunicara esta información en su próxima memoria. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que: i) las disposiciones sobre igualdad de trato del Código del Trabajo están complementadas por las disposiciones de la Ley de Protección contra la Discriminación, que prevé un procedimiento de antidiscriminación específico ante la Comisión para la Protección contra la Discriminación; ii) como medida preventiva, el artículo 333, 3), del Código del Trabajo protege a determinados dirigentes sindicales contra el despido al requerir el previo consentimiento del sindicato durante todo el período de su mandato más un plazo de seis meses después de su finalización; iii) en relación con la indemnización, el artículo 225, 1), del Código del Trabajo prevé en todos los casos de despido injustificado una indemnización equivalente a la remuneración bruta del trabajador durante el período de desempleo, que no será mayor de seis meses; y el artículo 71, 1) (núm. 3) de la Ley de Protección contra la Discriminación establece en los casos de discriminación el pago de una indemnización sin límite máximo tanto por daños materiales como por daño moral; iv) el artículo 71, 1) (núm. 2) de la Ley de Protección contra la Discriminación contempla la posibilidad de imponer la obligación de hacer cesar la infracción, retrotraer la situación al momento anterior a la infracción y abstenerse de toda discriminación ulterior, y v) en relación con las sanciones, el artículo 78, 1) (núm. 2) de la Ley de Protección contra la Discriminación impone una multa de 250 a 2 000 BGN (de 125 a 1 000 euros) al autor de la discriminación (la cuantía se duplica en caso de infracciones reiteradas). Asimismo, la Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno en relación con los ejemplos de aplicación de la Ley de Protección contra la Discriminación en los casos de discriminación por motivo de afiliación a un sindicato o la realización de actividades sindicales.

La Comisión estima que la indemnización aplicable por despido injustificado en virtud del artículo 225, 1), del Código del Trabajo (hasta seis meses de salarios) puede ser un factor disuasorio para cierto número de pequeñas y medianas empresas, aunque probablemente esto no sea el caso en relación con las grandes empresas o las empresas de elevada productividad o con elevados beneficios; y que, análogamente, la multa impuesta en virtud del artículo 78, 1) (núm. 2) de la Ley de Protección contra la Discriminación carece de efecto disuasorio. Al tomar nota de los actos de discriminación antisindical alegados por la KNSB/CITUB y la CSI, y recordando la importancia, en los casos de discriminación antisindical, de imponer multas disuasorias y el pago de indemnizaciones adecuadas que representen una sanción suficientemente disuasoria para garantizar la aplicación del artículo 1 del Convenio en la práctica, la Comisión invita al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar las sanciones y las medidas de reparación en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas. En vista de los ejemplos proporcionados, la Comisión también pide al Gobierno que indique: i) la cuantía máxima y el promedio de las indemnizaciones ordenadas, en los últimos años en virtud del artículo 71, 1) (núm. 3) de la Ley de Protección contra la Discriminación; ii) si y bajo qué circunstancias la orden de reintegro prevista en el artículo 71, 1) (núm. 2) de la Ley de Protección contra la Discriminación es aplicable y si ha sido ya aplicada en la práctica, y iii) la duración promedio en la práctica de los procedimientos judiciales (incluyendo el procedimiento de apelación) relativos a los actos de discriminación antisindical, así como de los procedimientos ante la Comisión para la Protección contra la Discriminación. La Comisión desearía recibir aclaraciones sobre los casos concretos a los que se aplican a) el artículo 225, 1), del Código del Trabajo y b) los artículos 71 y 78 de la Ley de Protección contra la Discriminación.

Artículo 2. Protección contra actos de injerencia. La Comisión tomó nota anteriormente de que la legislación nacional no proporciona una protección adecuada de las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia de los empleadores o de sus organizaciones y pidió al Gobierno que indicara las medidas legislativas adoptadas o previstas en este sentido. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que no se han adoptado enmiendas legislativas pertinentes durante el período de referencia. La Comisión recuerda que la legislación nacional debería prohibir explícitamente todos los actos de injerencia mencionados en el Convenio y establecer de manera explícita procedimientos rápidos de apelación, junto con sanciones suficientemente disuasorias para garantizar la aplicación en la práctica del artículo 2 del Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar la legislación sindical en ese sentido y que informe sobre toda evolución al respecto.

Artículos 4 y 6. Negociación colectiva en el sector público. La Comisión recuerda que durante varios años ha venido solicitando al Gobierno que enmendara la Ley de la Función Pública, de manera que el derecho a la negociación colectiva de todos los trabajadores de la administración pública, con excepción de los funcionarios públicos empleados en la administración del Estado, sea debidamente reconocido en la legislación nacional. Observando que el Gobierno señaló que se había creado un grupo de trabajo interdepartamental para elaborar propuestas relativas a la Ley de la Función Pública, la Comisión expresó la firme esperanza de que esta ley pronto se pondría en conformidad con las exigencias del Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el grupo de expertos interinstitucionales redactó un proyecto de ley de enmienda de la Ley de la Función Pública a finales de 2012, en el que se propone la regulación de los acuerdos colectivos en la administración pública. El proyecto de ley que fue presentado para su consideración al Consejo para la Reforma Administrativa (CAR) no fue aceptado y fue presentado nuevamente para su reexamen a finales de 2013; tras una decisión afirmativa del CAR, el proyecto de ley se examinó en el marco de la Comisión de legislación laboral en el Consejo Nacional para la Cooperación Tripartita, pero no obtuvo la aprobación de los representantes de los interlocutores sociales. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo y Política Social informó acerca de situaciones de falta de conformidad entre la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados, sometiéndolas para su consideración ante el mecanismo nacional de coordinación de derechos humanos, con facultades para proponer a los órganos e instituciones competentes del Estado que se introduzcan enmiendas en la legislación nacional de derechos humanos; además, el 30 de mayo de 2014, a propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores, se decidió constituir un grupo de trabajo interinstitucional que propondrá en breve la creación de un mecanismo idóneo y la adopción de medidas concretas para solucionar la situación de falta de conformidad. La Comisión confía en que estos comentarios que se formulan desde hace largo tiempo se tendrán en cuenta durante las labores del grupo de trabajo interinstitucional que ha de crearse en el marco del mecanismo nacional de coordinación de derechos humanos. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre toda evolución a este respecto, en particular sobre las medidas propuestas por el grupo de trabajo interinstitucional mencionado y el resultado de las deliberaciones en el mecanismo nacional de coordinación de derechos humanos.

Burundi

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) (ratificación: 1963)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus comentarios se refieren a la necesidad de modificar el decreto ley núm. 1/90, de 25 de agosto de 1967, sobre las asociaciones rurales, que prevé que, en caso de dotación pública, el Ministro de Agricultura podrá constituir asociaciones rurales (artículo 1), cuya adhesión es obligatoria (artículo 3) y respecto de las cuales fija los estatutos (artículo 4). Prevé asimismo entre las obligaciones de los agricultores que son miembros de esas asociaciones, la prestación de servicios en beneficio de la empresa común, el pago de una cotización única o periódica, el suministro de productos de cosechas y del ganado y la observación de las reglas de disciplina cultural u otra (artículo 7), bajo pena de embargo de los bienes del afiliado (artículo 10).

La Comisión había tomado nota de que el Gobierno había indicado que el decreto en cuestión aún no ha sido derogado, pero que su derogación se efectuará próximamente. La Comisión expresa la firme esperanza de que finalmente el Gobierno tomará medidas efectivas para la modificación o derogación del decreto-ley núm. 1/90, de 25 de agosto de 1967, y pide al Gobierno que le informe al respecto en su próxima memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014 y por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) en una comunicación recibida el 26 de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios sobre las cuestiones planteadas, incluidos los alegatos relativos a amenazas de muerte contra dirigentes sindicales y un atentado contra el presidente del Sindicato Libre de Médicos de Burundi (SYMEBU) y otros actos de intimidación contra sindicalistas.

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 2 del Convenio. Derechos de los funcionarios, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a estas organizaciones. La Comisión lamenta una vez más observar la falta de disposiciones reglamentarias relativas al ejercicio del derecho de sindicación de los magistrados y observa que este hecho es la causa de las dificultades de registro del Sindicato de los Magistrados de Burundi (SYMABU). La Comisión espera que el Gobierno tomará sin demora las medidas necesarias para adoptar las disposiciones reglamentarias en cuestión, de manera de garantizar y determinar claramente el derecho de sindicación de los magistrados.

Derecho de sindicación de los menores. La Comisión se refiere desde hace algunos años a la cuestión de la conformidad del artículo 271 del Código del Trabajo con el Convenio, en la medida en que dicho artículo dispone que los menores de 18 años de edad no pueden afiliarse a sindicatos profesionales sin una autorización expresa, parental o tutelar. La Comisión pide al Gobierno que se reconozca el derecho de afiliación sindical de los menores de 18 años que ejerzan una actividad laboral, sin que se requiera la autorización parental o tutelar.

Artículo 3. Derecho de los trabajadores y empleadores de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades, y de formular sus programas de acción, sin injerencia de las autoridades públicas. Elección de los dirigentes sindicales. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían al artículo 275 del Código del Trabajo que establece las siguientes condiciones para acceder a un cargo de dirigente o de administrador sindical:

–Antecedentes penales. El artículo 275, 3), del Código del Trabajo dispone que los dirigentes sindicales no deberán haber sido condenados a una pena definitiva de cumplimiento efectivo y privativa de la libertad que fuese superior a seis meses. La Comisión recuerda que una condena por un acto que, por su naturaleza, no ponga en tela de juicio la integridad del interesado y que no presente verdaderos riesgos para el ejercicio de las funciones sindicales, no debe constituir un motivo de descalificación para ser elegido dirigente sindical.

–Pertenencia a la profesión. El artículo 275, 4), del Código del Trabajo dispone que los dirigentes sindicales deberán haber ejercido la profesión o el oficio durante al menos un año. La Comisión había solicitado al Gobierno que flexibilizara su legislación, aceptando la candidatura de las personas que hubiesen trabajado anteriormente en la profesión o eliminando las condiciones de pertenencia a la profesión para un porcentaje razonable de los dirigentes.

La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 275, 3) y 4), del Código del Trabajo teniendo plenamente en cuenta los principios mencionados.

Derecho de las organizaciones de apoyar libremente sus actividades y de formular sus programas de acción. En sus comentarios anteriores, la Comisión había planteado la cuestión de la sucesión de procedimientos obligatorios previos a la declaración de huelga (artículos 191 a 210 del Código del Trabajo), que parecen conferir al Ministro de Trabajo la facultad de impedir cualquier huelga. Recordando que el derecho de huelga es uno de los medios esenciales del que disponen los sindicatos para promover y defender los intereses de sus miembros, la Comisión urge al Gobierno a que adopte y comunique el texto de aplicación del Código del Trabajo sobre las modalidades de ejercicio del derecho de huelga teniendo en cuenta los principios mencionados.

Además, la Comisión había señalado que, en virtud del artículo 213 del Código del Trabajo, la huelga es legal cuando es declarada con aviso previo, de conformidad con la mayoría simple de la plantilla del establecimiento o de la empresa. La Comisión recordó que, en lo que atañe a un voto de huelga, la modalidad del escrutinio, el quórum y la mayoría exigida, no deberían ser tales que el ejercicio del derecho de huelga resultase, en la práctica, muy difícil e incluso imposible. La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria las medidas adoptadas para modificar el artículo 213, teniendo en cuenta los principios que acaban de señalarse.

En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que el Gobierno adoptó un decreto-ley que prohíbe el ejercicio del derecho de huelga y de manifestación en todo el territorio nacional durante el período electoral. Según el Gobierno, en los hechos, ese decreto-ley no ha sido aplicado. La Comisión pide al Gobierno que indique si ese decreto-ley ha sido derogado con posterioridad a las elecciones.

La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para que las organizaciones sindicales puedan ejercer su derecho a organizar libremente sus actividades sin injerencia de las autoridades públicas.

La Comisión observa que el Gobierno ha constituido un comité tripartito al que se le ha encargado proponer rápidamente nuevas disposiciones para el Código del Trabajo que tengan en cuenta, entre otras, las reivindicaciones de los interlocutores sociales, los informes de la inspección del trabajo y los comentarios de la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todo progreso en los trabajos de revisión del Código del Trabajo y le recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidos el 1.º de septiembre de 2014, y de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), recibidos el 26 de septiembre de 2014, sobre la aplicación del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios a este respecto.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Carácter no disuasorio de las sanciones previstas en el Código del Trabajo, en caso de violación de los artículos 1 (protección de los trabajadores contra los actos de discriminación antisindical) y 2 (protección de las organizaciones de empleadores y de trabajadores contra los actos de injerencia de unas respecto de las otras) del Convenio. La Comisión había tomado nota de que, según el Gobierno, se modificarían las disposiciones en consideración con la colaboración de los interlocutores sociales. La Comisión lamenta que no se haya incorporado a la legislación ninguna modificación y, recordando la necesidad de prever sanciones suficientemente disuasorias, espera que el Gobierno pueda incorporar en la legislación, en un futuro próximo, las modificaciones necesarias para reforzar las sanciones. La Comisión pide al Gobierno que le proporcione informaciones sobre todo progreso realizado al respecto.

Artículo 4. Derecho de negociación colectiva en la práctica. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que sólo existía un convenio colectivo en Burundi. La Comisión había tomado nota de que, según el Gobierno, corresponde a los interlocutores sociales tomar la iniciativa de proponer convenios colectivos y que, en definitiva, se conforman con concluir acuerdos de empresa, que son muy numerosos en las empresas paraestatales. La Comisión recuerda que, si bien el Convenio no conlleva ninguna disposición que prevea que el Gobierno tiene el deber de garantizar la aplicación de la negociación colectiva por medios obligatorios respecto de los interlocutores sociales, ello no significa que los gobiernos deban abstenerse de toda medida dirigida a establecer mecanismos de negociación colectiva. La Comisión había tomado nota del establecimiento de un programa de fortalecimiento de las capacidades de los actores del diálogo social y pide nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar indicaciones sobre las medidas precisas adoptadas para promover la negociación colectiva, así como transmitir datos de orden práctico sobre el estado de la negociación colectiva, especialmente sobre el número de convenios colectivos concluidos hasta la fecha y los sectores de actividad concernidos. La Comisión espera que el Gobierno pueda informar, en su próxima memoria, de progresos sustanciales.

Artículo 6. Derecho de negociación colectiva de los funcionarios no adscritos que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión había solicitado al Gobierno que le precisara si están aún en vigor las disposiciones que implican restricciones al campo de la negociación colectiva de todos los funcionarios públicos de Burundi, especialmente en lo que atañe a la fijación de los salarios, por ejemplo: 1) el artículo 45 del decreto-ley núm. 1/23, de 26 de julio de 1988, que prevé que el consejo de administración de los establecimientos públicos fije, previa aprobación del Ministro de Tutela, el nivel de remuneración de los empleos permanentes y temporales, y determine las condiciones de contratación y de despido; y 2) el artículo 24 del decreto-ley núm. 1/24, que prevé que el consejo de administración de los establecimientos públicos fije el estatuto del personal de la administración personalizada, a reserva de la aprobación del ministro competente. La Comisión había tomado nota de que, el Gobierno indicaba que esos artículos seguían estando en vigor, pero que en realidad los funcionarios del Estado participaban en la determinación de sus condiciones de trabajo. Según el Gobierno, se les reconoce el derecho de negociación colectiva y es, por otra parte, por ello que existen los convenios en los sectores de la educación y de la salud; en el ámbito de los establecimientos públicos o de las administraciones personalizadas, los trabajadores participan en la fijación de las remuneraciones, puesto que éstos están representados en los consejos de administración, y los consejos de empresa o los sindicatos presentan al empleador las reivindicaciones de orden salarial, interviniendo sólo el Ministro de Tutela para salvaguardar el interés general; en algunos ministerios, las organizaciones sindicales han obtenido primas para completar los salarios. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte medidas para alinear la legislación a la práctica y, sobre todo, modificar los artículos 45 del decreto-ley núm. 1/23 y 24 del decreto-ley núm. 1/24, de modo que las organizaciones de funcionarios y de empleados públicos que no trabajan en la administración del Estado puedan negociar sus salarios y otras condiciones de trabajo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Camboya

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en mayo-junio, de 2014, sobre la aplicación del Convenio.

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma nota también de las observaciones de la OIE y de la Federación Camboyana de Empleadores y Asociaciones Empresariales (CAMFEBA), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, que se refieren a los progresos realizados desde la ratificación del Convenio y a los desafíos derivados de la multiplicidad de sindicatos. Se refieren, entre otros elementos, a una proliferación de sindicatos minoritarios no representativos, que no crean un entorno de relaciones laborales armoniosas.

La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 31 de agosto de 2014, que se refieren especialmente a los asesinatos, arrestos y detenciones de los trabajadores implicados en manifestaciones, y a un bloqueo de los registros de nuevos sindicatos independientes. Toma nota asimismo de las observaciones formuladas por la Internacional de la Educación (IE) y su afiliada, la Asociación Nacional de de Trabajadores de la Educación para el Desarrollo (NEAD), en una comunicación recibida el 10 de septiembre de 2014, relacionada con la grave violencia contra los manifestantes, la ausencia de un marco jurídico de los maestros y los funcionarios públicos para constituir sindicatos y la intimidación a la que hacen frente cuando se afilian a una asociación. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en respuesta a las observaciones anteriores presentadas por las organizaciones de trabajadores, indica la constitución, en diciembre de 2012, de un grupo de trabajo tripartito para estudiar el contrato de trabajo y asegurar que no se haya despedido a ningún afiliado sindical que haya cumplido con sus obligaciones y haya respetado la ley.

La Comisión solicita al Gobierno que comunique sus comentarios sobre las observaciones presentadas por la OIE, la CAMFEBA, la CSI, la IE y la NEAD. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que responda al alegato de la CSI, según el cual el registro de al menos 30 nuevos sindicatos independientes se interrumpió por los nuevos requisitos de registro ad hoc, y un requisito de que los dirigentes sindicales se sometan a una verificación de antecedentes penales, ocasiona un problema para aquellos encargados de legitimar la actividad sindical.

En su observación anterior, la Comisión tomó nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, en el caso núm. 2318, e instó al Gobierno a que garantizara que se llevasen a cabo rápidamente investigaciones exhaustivas e independientes de los asesinatos de los dirigentes sindicales Chea Vichea, Ros Sovannareh y Hy Vuthy. La Comisión solicitó adicionalmente al Gobierno que realizara una investigación independiente e imparcial del procesamiento de Born Samnang y de Sok Sam Oeun, las dos personas que habían sido condenadas por el asesinato de Chea Vichea en el marco de un proceso judicial caracterizado por la ausencia de respeto de las garantías procesales. La Comisión muestra su satisfacción ante la indicación del Gobierno de que, el 25 de septiembre de 2013, el Tribunal Supremo levantó los cargos contra Born Samnang y Sok Sam Oeun, y de que fueron puestos en libertad. La Comisión toma nota de la nueva indicación del Gobierno, según la cual las autoridades competentes están aún investigando para determinar la culpabilidad respecto del asesinato y están aún en los tribunales los casos de Ros Sovannareth y Hy Vuthy. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que asegure que se realizan con rapidez investigaciones exhaustivas e independientes de los asesinatos de los dirigentes sindicales Chea Vichea, Ros Sovannareth y Hy Vuthy, con el fin de castigar a los culpables y poner fin a la situación imperante de impunidad, y espera que pueda pronto informar sobre los progresos en este sentido.

Derechos sindicales y libertades civiles. En su observación anterior, la Comisión instó al Gobierno a que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar que se respeten plenamente los derechos sindicales de los trabajadores y permitir que los sindicalistas desempeñen sus actividades en un clima libre de intimidaciones o de riesgos para su seguridad personal y sus vidas, así como las vidas de sus familias. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no se han producido injerencias en los derechos de los sindicatos por parte de las autoridades y de que el Gobierno no ha arrestado a ninguno que no haya actuado contra la ley. La Comisión toma nota con preocupación de nuevos alegatos de graves actos de violencia y de acoso a afiliados y dirigentes sindicales, desde enero de 2014, y en particular de la información comunicada por la CSI y la NEAD sobre las huelgas y las manifestaciones del 2 y 3 de enero de 2014, en el contexto de la fijación del salario mínimo, que dieron lugar a muertes, graves actos de violencia y agresiones, arrestos de 23 trabajadores y su juicio que dio lugar a irregularidades de procedimiento. La Comisión toma nota adicionalmente de los alegatos de la OIE y de la CAMFESA de que las violencias de enero de 2014 empezaron en el seno del movimiento sindical. La Comisión también toma nota de la información de la CSI sobre un nuevo comité para la resolución de huelgas y manifestaciones, al parecer integrado por jefes de las fuerzas armadas, y alegatos según los cuales, tras las protestas de enero, el Gobierno hizo uso reiterado de la fuerza para disolver las manifestaciones y los mítines, incluso en el día internacional de la mujer y en el 1.º de mayo, y detuvo a dirigentes sindicales por haber participado en esos hechos. La CSI alega asimismo que los fabricantes de prendas de vestir presentaron denuncias civiles y penales contra los sindicatos, sin pruebas de que se exigieran o toleraran los daños a la propiedad, y de que utilizaran el sistema judicial para acosar a los sindicalistas mediante la presentación de reclamaciones sin fundamento. Recordando que sin libertades civiles, los derechos sindicales se ven limitados o son inexistentes, la Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se respeten plenamente las libertades civiles y que los sindicalistas puedan realizar sus actividades en un clima libre de intimidaciones o de riesgos para su seguridad personal y sus vidas, así como para las vidas de sus familias. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre el establecimiento, el objetivo y el funcionamiento del Comité para la resolución de huelgas y manifestaciones, y que asegure que se llevan a cabo con rapidez investigaciones exhaustivas de los hechos ocurridos el 2 y 3 de enero de 2014, por parte de órganos independientes que tengan la confianza de todas las partes. La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información sobre los progresos realizados a este respecto.

Independencia del Poder Judicial. En su observación anterior, la Comisión, al igual que la Comisión de Aplicación de Normas en 2013, solicitó al Gobierno que indicara si se adoptaron los proyectos de ley sobre el estatuto de jueces y fiscales y sobre la organización y el funcionamiento de los tribunales, y que comunicara información en este sentido y en relación con los progresos realizados en la creación de los tribunales del trabajo. Tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual la Asamblea Nacional adoptó estas leyes, que fueron presentadas al Senado, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todas las acciones de capacitación u otras medidas llevadas a cabo en relación con estas leyes con miras a garantizar en la práctica la independencia y la eficacia del sistema judicial. La Comisión pide adicionalmente al Gobierno que comunique información en relación con los progresos realizados en la creación de los tribunales de trabajo.

Proyecto de ley sobre los sindicatos. En su observación anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas con miras a la adopción de la nueva ley, esperando que los interlocutores sociales consultaran plenamente en todo el proceso y que la ley tuviese en cuenta todos sus comentarios y, en particular, que se garantizarían plenamente a los funcionarios públicos, maestros, trabajadores del transporte aéreo y marítimo, jueces y trabajadores domésticos, los derechos consagrados en el Convenio. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los interlocutores sociales fueron consultados sobre el proyecto de ley, que será enmendado en consecuencia. La Comisión toma nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual están comprendidos los trabajadores del transporte aéreo y marítimo, mientras que los funcionarios públicos, maestros, funcionarios judiciales, personal militar y agentes de policía, están regulados por otras leyes. Tomando nota de la indicación del Gobierno según la cual se espera que se adopte, a principios de 2015, el proyecto de ley sobre los sindicatos, la Comisión confía en que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para acelerar la adopción de las enmiendas legislativas que tengan en cuenta todos sus comentarios anteriores, garantizando a todos los trabajadores los derechos en virtud del Convenio, ya sea a través de la ley sobre los sindicatos o de otras medidas legislativas pertinentes. La Comisión recuerda al Gobierno que puede beneficiarse de la asistencia de la Oficina a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, que se refieren concretamente a los graves actos de discriminación antisindical, así como de las observaciones formuladas por la Internacional de la Educación (IE) y su órgano afiliado, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Educación para el Desarrollo (NEAD), recibidas el 10 de septiembre de 2014, que se refieren a la discriminación antisindical y a la negativa del derecho a la negociación colectiva de profesores y funcionarios.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical. En su observación anterior, la Comisión había instado al Gobierno a que garantizara la protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a las disposiciones de la Ley del Trabajo, de 1997, que regula el despido por vulneración de las leyes y reglamentos y que requiere la autorización del inspector del trabajo para el despido de «delegados sindicales». La Comisión toma nota de que, en virtud de la Prakas núm. 305, de 22 de noviembre de 2001, y del artículo 373 de la Ley del Trabajo, en las sanciones por actos de discriminación antisindical puede imponerse una multa por un monto equivalente a la remuneración básica diaria de un período de 61 a 90 días y/o la reclusión de seis días a un mes. Haciendo hincapié en que la discriminación antisindical puede poner en riesgo la propia existencia de los sindicatos, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que garantice una protección adecuada contra todos los actos de discriminación antisindical, despidos y otros actos perjudiciales contra los sindicatos y sus dirigentes, en particular, mediante la imposición de sanciones suficientemente disuasorias, y solicita al Gobierno que comunique información sobre las novedades a este respecto, tanto con respecto a la próxima aprobación de la ley sobre sindicatos como sobre cualquier otra legislación pertinente. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios sobre las observaciones de la NEAD y la CSI sobre los supuestos despidos, amenazas y actos de discriminación, especialmente en el marco del creciente uso de los contratos de duración determinada, contra trabajadores del sector público y otros trabajadores por su pertenencia o sus actividades sindicales. La Comisión también pide al Gobierno que facilite informaciones sobre el número de quejas, el resultado de los procedimientos administrativos o judiciales, con copia de las sentencias judiciales dictadas.

Artículo 4. Reconocimiento de los sindicatos para fines de negociación colectiva. En su observación anterior, la Comisión había tratado sobre los métodos para determinar la representatividad de una organización sindical para fines de negociación colectiva. Tomando nota de que el Gobierno señala que la adopción del proyecto de ley sobre sindicatos está prevista para principios de 2015, la Comisión confía en que la nueva legislación respete el principio de que las organizaciones representativas se determinen sobre la base de criterios objetivos, preestablecidos y precisos, y que la nueva legislación excluya la posibilidad de que terceras partes planteen objeciones a la concesión de la condición jurídica de organización más representativa a un sindicato. La Comisión pide al Gobierno que proporcione copia de la ley cuando haya sido adoptada.

Artículos 4 y 6. Derecho de negociación colectiva a los funcionarios. En su observación anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno que garantizara que los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado disfrutan del derecho de negociación colectiva. La Comisión recuerda que es conveniente establecer una distinción entre, por un lado, los funcionarios que cumplen actividades propias de la administración del Estado (por ejemplo, en algunos países, funcionarios de los ministerios y demás organismos gubernamentales comparables, así como sus auxiliares), quienes pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación del Convenio, y, por otro lado, todas las demás personas empleadas por el Gobierno, empresas públicas o instituciones públicas autónomas, quienes deberían gozar de las garantías previstas en el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 172). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la nueva ley sobre sindicatos no incluirá a los funcionarios públicos. La Comisión alienta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los funcionarios públicos disfrutan a nivel de la legislación y de la práctica del derecho de negociación colectiva, incluido el personal docente, con la única excepción de los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado.

Aplicación del Convenio en la práctica. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara estadísticas sobre los convenios colectivos. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que los interlocutores sociales no tienen en alta estima la negociación colectiva debido a la falta de confianza, voluntad, sinceridad y cooperación en los establecimientos de trabajo, y facilita numerosos convenios colectivos desde 1999 a 2013. No obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno no detalla el número de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos, los períodos de tiempo que cubren ni su autenticidad habida cuenta de las preocupaciones anteriores de la Comisión. La Comisión pide una vez más al Gobierno que facilite estas informaciones y que adopte las medidas necesarias para alentar y promover el desarrollo y la utilización plenas de los mecanismos de negociación voluntaria entre empleadores u organizaciones de empleadores y sindicatos.

Consultas sobre el proyecto de ley sobre sindicatos. En su observación anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno que garantizara consultas plenas con los interlocutores sociales sobre el proyecto de ley sobre sindicatos, para cuya elaboración espera que haya tenido en cuenta sus comentarios. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que uno de los tres talleres celebrados en 2014 sobre el proyecto de ley fue de carácter tripartito. La Comisión destaca que el Gobierno debe adoptar medidas que garanticen la realización de consultas plenas con los interlocutores sociales sobre la reforma de la legislación laboral y la participación plena y en pie de igualdad de éstos en todos los foros pertinentes de diálogo social.

La Comisión invita al Gobierno a que garantice la plena conformidad de las disposiciones del Convenio, en particular con respecto a las cuestiones planteadas anteriormente, y le solicita que facilite información sobre las medidas adoptadas a este respecto, ya sea en relación a la próxima aprobación de la ley sobre sindicatos o sobre otras medidas legislativas pertinentes. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Camerún

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC), recibidas el 10 de octubre de 2014, sobre la limitación del derecho de sindicación en ciertas empresas mencionadas explícitamente. La Comisión insta al Gobierno a que transmita sin demora sus comentarios sobre las cuestiones planteadas y que, si se demuestra que el derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones de su elección o afiliarse a las mismas se ve obstaculizado en ciertas empresas, adopte sin demora las medidas de corrección y de sanción necesarias. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Artículos 2 y 5 del Convenio. Reforma legislativa. Desde hace muchos años, los comentarios de la Comisión se refieren a la necesidad de:

–modificar la ley núm. 68/LF/19, de 18 de noviembre de 1968 (que supedita la existencia jurídica de un sindicato o de una asociación profesional de funcionarios a la apreciación previa del ministro a cargo de la administración territorial);

–modificar los artículos 6, 2) y 166 del Código del Trabajo (relativos a la sanción de los promotores de un sindicato no registrado que se comporten como si éste ya estuviera registrado);

–derogar el artículo 19 del decreto núm. 69/DF/7, de 6 de enero de 1969 (en virtud del cual los sindicatos de funcionarios públicos no pueden afiliarse a una organización internacional sin autorización previa).

La Comisión toma nota de que el Gobierno remite una vez más al proceso de reforma legislativa en curso e indica que la revisión del Código del Trabajo condiciona la revisión de los otros textos. El Gobierno indica que las cuestiones que afectan al sector público se abordan en consulta con los sindicatos de la función pública y que la cuestión particular de su afiliación internacional se solucionará cuando el departamento a cargo de todos los sindicatos profesionales garantice el marco jurídico de los sindicatos de funcionarios. Recordando de nuevo que el proceso de reforma legislativa (revisión del Código del Trabajo, adopción de la Ley sobre Sindicatos, derogación de textos reglamentarios que no están de conformidad con el Convenio) se inició hace muchos años, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que finalice este proceso sin más demora a fin de dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio sobre los puntos señalados. La Comisión ruega al Gobierno que transmita información detallada a este respecto.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Chad

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2014. Asimismo, toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en 2012 y 2013.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin distinción alguna, a constituir organizaciones y afiliarse a las mismas. La Comisión recuerda que desde hace muchos años pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el apartado 3, del artículo 294 del Código del Trabajo, en virtud del cual los menores de 16 años pueden afiliarse a un sindicato, salvo si se opone a ello su padre, su madre o su tutor. Dicha modificación debería permitir reconocer el derecho de sindicación a los menores que según el Código tienen la edad mínima para acceder al mercado de trabajo (14 años), tanto si se trata de trabajadores como de aprendices, y no se tendría en cuenta la oposición de los padres o del tutor.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores a organizar libremente su administración y sus actividades. La Comisión recuerda que había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar el artículo 307 del Código del Trabajo, y que el control ejercido por las autoridades públicas sobre las finanzas sindicales no debería ir más allá de la obligación de las organizaciones de presentar informes periódicos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que esta disposición nunca se ha aplicado y que ha procedido a su supresión en el proyecto de revisión del Código del Trabajo.

La Comisión confía en que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para finalizar la revisión del Código del Trabajo en un futuro próximo, y que éste dé pleno efecto a las disposiciones del Convenio sobre los puntos antes mencionados. La Comisión ruega al Gobierno que transmita información sobre todo hecho nuevo que se produzca a este respecto.

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 1998)

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene la información solicitada ni da cuenta de las medidas adoptadas para dar seguimiento a las recomendaciones que formula desde hace muchos años sobre la aplicación de diversas disposiciones fundamentales del Convenio. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus solicitudes e insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias sobre cada uno de los puntos siguientes.

Artículo 1 del Convenio. Ámbito de aplicación. Tomando nota de que el artículo 3 del Estatuto general de la función pública excluye de su campo de aplicación a los funcionarios de las colectividades locales y de los establecimientos públicos, así como a los auxiliares de la administración, cuyo trabajo está regido por un texto particular, la Comisión pide al Gobierno que precise cuáles son los textos en vigor que reconocen a todos los cuerpos de funcionarios los derechos y garantías previstos en el Convenio. En caso de que estos textos que rigen los estatutos particulares de estos funcionarios otorguen los derechos y garantías previstos en el Convenio, la Comisión pide al Gobierno que transmita copia de ellos.

Artículo 4. Protección contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que, si bien el artículo 10 del Estatuto general de la función pública establece que no puede discriminarse a los funcionarios debido a sus opiniones sindicales, ninguna disposición del Estatuto en cuestión o de los otros textos aplicables a los funcionarios públicos prevé la protección contra la discriminación en el ejercicio de las actividades sindicales. La Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas para que la legislación incluya disposiciones explícitas que garanticen una protección adecuada contra la discriminación de los funcionarios públicos debido a su afiliación o a sus actividades sindicales.

Artículo 5. Protección contra los actos de injerencia. Tomando nota de que ni el Estatuto General de la Función Pública ni los otros textos aplicables a los funcionarios públicos contienen disposiciones que prohíban los actos de injerencia de las autoridades públicas en los asuntos internos de los sindicatos y recordando la necesidad, en virtud del Convenio, de garantizar plenamente a las organizaciones una protección adecuada contra todos los actos de injerencia de las autoridades públicas en su formación, funcionamiento y administración, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas para incluir este tipo de disposiciones en materia de protección en la legislación.

Artículo 6. Facilidades que deben proporcionarse a los representantes de los trabajadores. Tomando nota de la respuesta del Gobierno respecto a que en el Estatuto General de la Función Pública no hay disposiciones que prevean explícitamente facilidades para los representantes de los trabajadores, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar medidas, tal como requiere el Convenio, a fin de garantizar, a través de la adopción de disposiciones legislativas o por otros medios, que se proporcionan facilidades a los representantes de las organizaciones de funcionarios públicos reconocidas, a fin de permitirles cumplir rápidamente y eficazmente sus funciones tanto durante sus horas de trabajo como fuera de éstas.

Artículo 7. Procedimientos de determinación de las condiciones de empleo. La Comisión insta al Gobierno a transmitir el texto del decreto que establece la composición, el funcionamiento y la designación de los miembros del comité consultivo de la función pública, y le pide que indique todas las consultas o todos los acuerdos realizados con las organizaciones sindicales de la función pública durante los últimos años.

Artículo 8. Solución de conflictos. Tomando nota de la respuesta del Gobierno sobre la falta de disposiciones a este respecto, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a adoptar medidas para establecer un procedimiento que ofrezca garantías de independencia e imparcialidad (como la mediación, la conciliación o el arbitraje), a fin de solucionar los conflictos que se planteen en relación con la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos.

La Comisión confía en que el Gobierno adopte sin demora y en consulta con las organizaciones representativas interesadas todas las medidas necesarias para dar seguimiento a sus comentarios y de esta forma dar pleno efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión insta al Gobierno a dar cuenta de los progresos realizados en este sentido.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2016.]

China

Región Administrativa Especial de Macao

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (notificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones sobre la aplicación del Convenio presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014, en particular, la injerencia por parte del Gobierno en las actividades sindicales del sector del juego. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto. La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno en relación a los trabajadores migrantes donde se indica que tanto los trabajadores locales como los trabajadores no residentes en Macao disfrutan de las mismas garantías legales en materia de libertad sindical. La Comisión toma nota además de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación de los trabajadores a tiempo parcial y de la gente de mar. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que los artículos 3.3, 2), y 3.3, 3), de la Ley de Relaciones Laborales, excluyen de su ámbito de aplicación a la gente de mar y a los trabajadores a tiempo parcial, y subrayó la necesidad de adoptar marcos legislativos que autoricen a estas categorías de trabajadores a ejercer los derechos consagrados en el Convenio. La Comisión toma nota de que se ha elaborado la Ley de Relaciones Laborales de la Gente de Mar, que está siendo objeto de deliberaciones. Con respecto a los trabajadores a tiempo parcial, el Gobierno señala que, en 2013, las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores debatieron en el seno del Comité de Coordinación para Asuntos Sociales (CPCS) el marco de la reglamentación propuesta sobre el trabajo a tiempo parcial, y que indica asimismo su intención de someter la reglamentación a la Asamblea Legislativa en un futuro próximo. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, pese a que los dos proyectos están especialmente redactados para tener en cuenta la naturaleza especial de las relaciones laborales de la gente de mar y de los trabajadores a tiempo parcial, las disposiciones de la Ley de Relaciones Laborales se aplican por principio a estas categorías de trabajadores en lo que se refiere a sus derechos fundamentales de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas. La Comisión confía en que, cualquiera que sea el nuevo marco jurídico que se establezca en relación a la gente de mar y a los trabajadores a tiempo parcial, éste concederá expresamente a estas categorías de trabajadores los derechos consagrados en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Colombia

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) recibidas entre el 4 de junio y e1 1.º de septiembre de 2014 y que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de SINTRAEMCALI de 2014 así como a las de la CUT de 2011.

Artículo 7 del Convenio. Participación de las organizaciones de empleados públicos en la determinación de sus condiciones de empleo. En sus comentarios del año pasado relativos al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), la Comisión había tomado nota de la adopción del decreto núm. 1092, de 24 de mayo de 2012, y de la firma por el Gobierno nacional y las centrales sindicales CUT, CGT y CTC y otras organizaciones de trabajadores estatales del Acuerdo Colectivo Nacional de 16 de mayo de 2013. La Comisión había tomado nota también de que se había acordado estudiar la modificación del decreto núm. 1092 cuyo contenido había sido objetado por algunas organizaciones de trabajadores nacionales. La Comisión toma nota con interés de la adopción, después de un proceso de diálogo con las centrales sindicales, del decreto núm. 160, de 5 de febrero de 2014, que deroga el decreto núm. 1092 con miras a perfeccionar y a unificar las negociaciones en entidades en las cuales existen varios sindicatos. La Comisión observa que las distintas organizaciones sindicales que sometieron observaciones respecto de la aplicación del Convenio, sin perjuicio de las lagunas señaladas por algunas de ellas, coinciden en considerar que el decreto núm. 160 constituye un progreso con respecto de la normativa anterior. La Comisión observa especialmente que, a diferencia del decreto núm. 1092, el decreto núm. 160 prevé expresamente que: i) la materia salarial puede ser objeto no sólo de concertación sino también de negociación; ii) las relaciones entre las entidades públicas y las organizaciones sindicales de empleados públicos son materia de negociación; iii) se suministrará a las partes la información necesaria sobre los objetos asunto de negociación; y iv) el proceso de negociación culmina formalmente con la firma de un acuerdo colectivo. Por otra parte, la Comisión observa que el decreto núm. 160 sigue excluyendo las pensiones tanto del ámbito de la negociación como del ámbito de la concertación. La Comisión aborda esta cuestión en el marco del examen de la aplicación del Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154).

La Comisión toma también nota con interés de las indicaciones del Gobierno en el sentido de que: i) en seguimiento al Acuerdo Colectivo Nacional, se negociaron en 2013, 300 pliegos de petición en el seno de la administración pública de los cuales surgieron 236 acuerdos totales; ii) la resolución núm. 2143, de 28 de mayo de 2014, atribuye a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo la responsabilidad de fomentar y garantizar la negociación colectiva en el sector público; iii) en el marco del Comité sectorial del sector público de la Comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, el Estado y las organizaciones sindicales de empleados públicos debaten, con base en una agenda consensuada, una amplia gama de temas relacionados con los intereses económicos y sociales de los empleados públicos; y iv) en este marco, se acordó la revisión del Presupuesto General de la Nación para el incremento salarial del año 2015.

Artículo 8. Mecanismos para la solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo. La Comisión toma nota de que la CUT, la CTC y la CGT manifiestan que el mecanismo de negociación colectiva aplicable a los empleados públicos carece de medios eficaces de solución de conflictos ya que, por una parte, el decreto núm. 160 no prevé el recurso al arbitraje y que, por otra, no existirían ni los recursos económicos ni el personal para llevar a cabo eficazmente la etapa de mediación contemplada en dicho decreto. La Comisión pide al Gobierno que considere, en el marco del diálogo social con las organizaciones de trabajadores más representativas del sector público, la mejora de los mecanismos de mediación existentes y que informe de toda evolución a este respecto. La Comisión pide también al Gobierno que indique si existe la posibilidad jurídica así como los mecanismos para recurrir al arbitraje cuando, de común acuerdo, ambas partes en la negociación de las condiciones de empleo de los empleados públicos así lo deseen.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recibidas entre el 4 de junio y e1 1.º de septiembre de 2014 que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión y plantean dificultades en la aplicación práctica del Convenio tanto en entidades públicas como privadas. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CUT de 2011, de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus Entidades Adscritas y Vinculadas (ASODEFENSA) de 2012, de la Federación Sindical Mundial (FSM) de 2013 de la Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República (ANEBRE) y del SINTRAEMCALI de 2014.

Artículo 5 del Convenio. Fomento de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de la adopción del decreto núm. 160, de 2014, relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos y de la firma de un número importante de acuerdos colectivos en la administración pública, tema que la Comisión aborda en el examen de la aplicación del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151). La Comisión toma también nota de que el Gobierno informa de la adopción, después de una consulta tripartita en el seno de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, del decreto núm. 089 de 2014 por el cual se reglamentan los numerales 2.º y 3.º del artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo con el fin de fomentar la negociación colectiva por medio de la unificación de negociación o negociación concentrada.

Impacto de los pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados sobre el fomento de la negociación colectiva. En sus observaciones de 2011 y 2014, la CUT manifiesta que: i) la figura del pacto colectivo firmado con trabajadores no sindicalizados es ampliamente utilizada para desalentar el ejercicio de la libertad sindical y de la negociación colectiva; ii) las estadísticas demuestran el efecto muy negativo de los pactos colectivos en la afiliación sindical; iii) en la práctica los pactos colectivos son frecuentemente utilizados para fijar de antemano un techo máximo a los beneficios económicos que el empleador está dispuesto a otorgar, truncando de esta manera el proceso de negociación colectiva; iv) en 2013 se adoptaron 203 pactos colectivos; y v) a pesar de numerosas quejas presentadas, las autoridades no han pronunciado a la fecha ninguna sanción penal por uso ilegal de pactos colectivos. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera en su memoria que: i) cuando en una misma empresa coexistan un pacto colectivo y una convención colectiva, el empleador debe respetar el derecho a la igualdad y no puede utilizar ninguno de los dos instrumentos para ofrecer prerrogativas o concesiones que mejoren las condiciones de unos trabajadores en desmedro de los otros; ii) la ley núm. 1453, de 2011, penaliza a quien celebre pactos colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas; y iii) los inspectores del trabajo fueron capacitados, con el apoyo de la OIT, sobre el manejo de las querellas relativas a los pactos colectivos. Al tiempo que toma nota de las indicaciones del Gobierno, la Comisión recuerda que, en virtud del deber de fomentar y promover la negociación colectiva en virtud del Convenio, los pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados sólo deberían ser posibles en ausencia de organizaciones sindicales representativas. La Comisión pide por lo tanto nuevamente al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, tome las medidas necesarias en este sentido y que informe de toda evolución al respecto. La Comisión pide también al Gobierno que informe del número respectivo de convenios colectivos y pactos adoptados en el país.

Artículo 5, b). Materias abarcadas por la negociación colectiva. Exclusión de las pensiones. La Comisión toma nota de que la CUT, la CTC, el SINTRAEMCALI y la ANEBRE denuncian la persistente exclusión del tema pensional del ámbito de la negociación colectiva, consecutiva a la reforma del artículo 48 de la Constitución de Colombia por el acto legislativo núm. 01 de 2005. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que: i) el acto legislativo núm. 01 de 2005 no compromete la esencia de la negociación colectiva porque se refiere a un asunto diferente de la regulación de las condiciones de trabajo o empleo o de las relaciones obrero/patronales; ii) la reforma constitucional de 2005 garantiza la equidad y la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones; y iii) la reciente sentencia núm. 555, de 24 de julio de 2014, de la Sala Plena de la Corte Constitucional confirma que las cláusulas convencionales que contenían previsiones de carácter pensional expiraron el 31 de julio de 2010 con el debido respeto por los derechos adquiridos de las personas que cumplían con los requisitos de acceso a la pensión convencional en el momento de la entrada en vigor de la reforma y por las expectativas legítimas de aquellos trabajadores que cumplían con dichos requisitos al 31 de julio de 2010. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que indique si esta sentencia permite acuerdos con los sindicatos titulares de convenios colectivos con cláusulas en materia de pensiones antes del 31 de julio de 2010 para acomodar la situación de los trabajadores que sólo hayan cumplido una parte de los requisitos de acceso a la pensión convencional, especialmente cuando las cotizaciones pagadas han sido superiores a las del régimen actual.

La Comisión recuerda que el establecimiento por la ley de un sistema general y obligatorio de pensiones es compatible con la negociación colectiva a través de un sistema complementario. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales representativos, tome las medidas necesarias para que no se prohíba que las partes en la negociación colectiva puedan, tanto en el sector privado como público, mejorar las pensiones a través de prestaciones complementarias, cuando ello sea posible desde el punto de vista presupuestario para las empresas e instituciones públicas. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto y le recuerda que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina.

Artículo 5, e). Órganos y procedimientos de solución de conflictos y fomento de la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que las centrales sindicales denuncian la excesiva lentitud del funcionamiento de los tribunales de arbitramento debida a la existencia de medidas dilatorias de parte de ciertos empleadores y a la falta de respuesta adecuada de las autoridades públicas ante dichas prácticas que afectarían de manera grave al ejercicio del derecho a la negociación colectiva. Observando que el tema es objeto de discusiones en el seno de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que el diálogo social en curso permita superar las dificultades indicadas y que informe de toda evolución a este respecto. La Comisión pide adicionalmente al Gobierno que examine en el marco del diálogo social los numerosos casos concretos de obstaculización a la negociación colectiva señalados en las observaciones de las centrales sindicales.

Cobertura de la negociación colectiva en el sector privado. La Comisión pide al Gobierno que envíe comentarios sobre la afirmación de la CUT de que menos del 1 por ciento de la población activa está cubierta por una convención colectiva y que informe sobre las medidas tomadas para fomentar la negociación colectiva en el sector privado.

Comoras

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1978)

Artículo 2 del Convenio. Discriminación antisindical. La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuesta a las observaciones realizadas en 2011 por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Comoras (CTC) relativos a numerosos despidos de afiliados y dirigentes sindicales de los sectores paraestatal y portuario. La Comisión insta al Gobierno que inicie una investigación a este respecto e informe sobre sus resultados.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Desde hace muchos años, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para promover la negociación colectiva en los sectores público y privado. La Comisión tomó nota anteriormente de los comentarios de la Organización de Empleadores de Comoras (OPACO) según los cuales los convenios colectivos de los sectores de farmacia y panadería, que son objeto de negociaciones desde hace varios años, aún no se habían finalizado y estaban en curso las negociaciones en el sector de la prensa. La Comisión lamentó tomar nota de que, según la OPACO, el Gobierno no había adoptado medida alguna para promover la negociación colectiva en el sector público o en el sector privado. La Comisión lamentó nuevamente la falta de progresos en las negociaciones colectivas en curso y expresó la firme esperanza de que concluyeran con éxito en un futuro próximo. Por último, la Comisión tomó nota de que, según la CTC, aún no se habían realizado progresos en la negociación colectiva, que carece de estructuras y de marco jurídico en todos los niveles, y aún no se habían establecido los órganos paritarios en la función pública.

La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno solicita asistencia técnica. La Comisión expresa la firme esperanza de que la asistencia técnica de la Oficina pueda concretarse en un futuro muy próximo y pide encarecidamente al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para promover la negociación colectiva tanto en el sector privado como en el sector público. La Comisión pide al Gobierno que transmita información a este respecto.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Congo

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma nota con preocupación de los alegatos relativos al secuestro, en junio de 2013, del Sr. Dominique Ntsienkoulou, miembro de la Concertación para la Revalorización de la Profesión Docente (CRPE), por agentes de la Dirección Provincial de Vigilancia del Territorio (DDST) y de su desaparición desde ese entonces. La Comisión insta al Gobierno a realizar sin demora una investigación a este respecto y a proporcionar sus comentarios sobre esos graves alegatos así como sobre los alegatos acerca de la detención arbitraria de sindicalistas docentes por la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) en abril de 2013.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de ejercer libremente sus actividades y de formular su programa de acción. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a la necesidad de modificar la legislación sobre el servicio mínimo que ha de mantenerse en los servicios públicos indispensables para la salvaguardia del interés general, y organizado por el empleador (artículo 248-15 del Código del Trabajo), para limitarlo a las operaciones estrictamente necesarias para satisfacer las necesidades básicas de la población, y en el marco de un sistema de servicio mínimo negociado. La Comisión recuerda que el Gobierno se comprometió a tener en cuenta, en el marco de esta revisión, los principios recordados en el proceso de revisión en curso del Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria todo hecho nuevo que se haya producido a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

República de Corea

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, en las que se denuncian numerosas violaciones de derechos sindicales en la práctica, entre otros de despidos antisindicales que afectan al Sindicato de Empleados Públicos de Corea y al Sindicato Coreano de Trabajadores del Ferrocarril. La Comisión solicita al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota además de las observaciones de la Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU) así como de los comentarios correspondientes del Gobierno, ambos recibidos el 4 de septiembre de 2014.

Artículo 2 del Convenio. Concesión de facilidades a los representantes de los trabajadores. La Comisión toma nota de que la FKTU denuncia, en particular, que el sistema vigente de tiempo libre remunerado tiene la finalidad de disminuir el número de dirigentes sindicales a tiempo completo que existen, reduce el espacio de negociación autónoma y mantiene las restricciones legislativas a la remuneración salarial de los dirigentes sindicales a tiempo completo; y que la introducción de este sistema ha venido acompañada de excesivas injerencias administrativas, inspecciones y preceptos correctivos. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el tope máximo de tiempo libre se amplió para los sindicatos que pudieran haberse visto debilitados considerablemente en sus actividades sindicales tras la introducción del nuevo sistema; que la concesión de un tope máximo de tiempo libre tiene en cuenta el tiempo dedicado a viajes de los dirigentes sindicales cuyos lugares de trabajo estén dispersos por todo el país; y que, mientras que la concesión de tiempo libre remunerado a los trabajadores para que participen en actividades sindicales no se considera una práctica laboral injusta en virtud del artículo 81, 4), de la Ley de Reforma de los Sindicatos y de las Relaciones Laborales (TULRAA), se considerarán ilegales todos aquellos convenios colectivos que exijan a los empleadores pagar los salarios a los dirigentes sindicales en régimen de dedicación plena antes que concederles a éstos tiempo libre remunerado para que participen en actividades sindicales, o sufragar los costes de funcionamiento del sindicato en la empresa con medios que no se limiten a proporcionarles locales de oficinas (artículo 31, 3)).

En sus comentarios anteriores, la Comisión, tomando nota de que los artículos 24, 2); 81, 4); y 90 de la TULRAA habían prohibido como práctica laboral injusta el pago de salarios por parte de un empleador a dirigentes sindicales en régimen de dedicación completa, pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar estas disposiciones de forma que autoricen a las partes en una negociación colectiva a determinar libremente la cuestión de la remuneración de los salarios a los dirigentes sindicales en régimen de dedicación completa. La Comisión lamenta tomar nota de que la ley enmendada en 2010 mantiene la prohibición sobre el pago de salarios a los dirigentes sindicales de dedicación completa y las sanciones penales contra los empleadores y los sindicatos en caso de incumplimiento de la misma. Reitera que la remuneración a los funcionarios sindicales de dedicación completa debería ser objeto de negociación de carácter libre y voluntario entre las partes. La Comisión invita al Gobierno a entablar consultas con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores sobre estas cuestiones y a comunicar información sobre cualquier novedad a este respecto. Mientras tanto, la Comisión solicita al Gobierno que suministre información práctica sobre la manera en la que aplican los topes máximos de tiempo libre, así como sobre las quejas recibidas sobre las prácticas laborales injustas, las sanciones impuestas, etc.

Costa Rica

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de las observaciones sobre la aplicación del Convenio presentados por la Federación Sindical Mundial (FSM) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (UNDECA) en una comunicación de fecha 12 de febrero de 2013 y observa que se refiere a cuestiones ya tratadas por el Comité de Libertad Sindical en junio de 2014 (véase informe núm. 372, caso núm. 2929, párrafos 99-109). La Comisión toma nota también de las observaciones presentadas por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) en una comunicación recibida el 3 de septiembre de 2014 que se refieren a despidos antisindicales, que están siendo examinados por la autoridad judicial. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones presentadas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 28 de agosto de 2014 señalando que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia otorga ya una protección completa contra el despido y los actos de discriminación contra dirigentes sindicales y afiliados a una organización sindical. La Comisión observa que la CTRN destaca que la duración media de los procedimientos antisindicales es excesiva y que el promedio de duración de los mismos es de cinco años. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de las organizaciones sindicales.

En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el número de representantes sindicales protegidos era reducido (artículo 365 del Código del Trabajo (un dirigente por los primeros 20 trabajadores sindicalizados y uno por cada 25 trabajadores adicionales hasta un máximo de cuatro)) y había estimado que sería conveniente extender la protección a un mayor número de representantes sin perjuicio de asegurar una protección general satisfactoria a todos los trabajadores contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que la cuestión de la protección contra los actos de discriminación antisindical es objeto de un proyecto de ley denominado de reforma procesal laboral (expediente legislativo núm. 15990) que según las informaciones del Gobierno, sigue siendo objeto de discusiones en el ámbito de la Asamblea Legislativa, tiene actualmente la prioridad parlamentaria, prevé un procedimiento muy rápido previo al despido que deberá realizar el empleador y un proceso sumario ante la autoridad judicial con plazos perentorios para que compruebe la causal de despido, sancionándose severamente la negativa a reinstalar al trabajador si no se ha comprobado una justa causa. La Comisión observa que estas cuestiones fueron tratadas en el año 2013 en el marco del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) y reitera las conclusiones que formuló: «Tomando nota de los esfuerzos realizados para resolver el problema de la lentitud de los procedimientos en caso de discriminación antisindical, la Comisión espera que las discrepancias que persisten e impidieron la adopción de la Ley de Reforma Procesal Laboral núm. 15990 se solucionen en un futuro próximo.» La Comisión expresa la firme esperanza de poder constatar progresos tangibles en un futuro muy próximo y pide al Gobierno que envíe una copia de la ley tan pronto como sea adoptada.

Por otra parte, la Comisión había tomado nota de otro proyecto de ley núm. 13475 relativo también a mejoras de la protección existente contra la discriminación antisindical y había pedido al Gobierno que transmitiera información al respecto. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre el curso que se dé al proyecto de ley núm. 13475.

Croacia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1991)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma debida nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2014.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2014 y pide al Gobierno que transmita sus comentarios sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones del Convenio. La Comisión también toma nota de los comentarios del Gobierno sobre las observaciones de 2013 de la Asociación de Sindicatos Croatas (MATICA).

Artículo 1 del Convenio. Protección de los trabajadores contra actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión, al referirse a los alegatos de excesivos retrasos de los tribunales en el tratamiento de los casos de discriminación antisindical, pidió al Gobierno que comunicara información sobre los progresos realizados respecto de las medidas dirigidas a mejorar la eficiencia de la protección legal. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia, según la cual: i) ha estado teniendo lugar, en los años recientes, un proceso integral de reforma judicial, en el marco del cual se enmendaron muchas leyes, se reestructuraron los tribunales y se modificó su distribución territorial, habiéndose producido avances en la información tecnológica, lo cual se tradujo en un considerable descenso del número de casos no resueltos, y ii) se adoptó y entró en vigor, el 20 de febrero de 2014, la Ley sobre la Inspección del Trabajo, y se estableció, desde el 1.º de enero de 2014, la unidad de inspección como unidad separada dentro del Ministerio de Trabajo y Pensiones. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información detallada sobre las medidas previstas o adoptadas con miras a acelerar los procedimientos judiciales en los casos de discriminación antisindical, y que transmita información práctica, incluidas las estadísticas relativas al impacto de esas medidas en la duración de los procedimientos.

Artículos 4 y 6. Promoción de la negociación colectiva en la administración pública. En sus comentarios anteriores, la Comisión, al referirse a los alegatos anteriores formulados por el Sindicato de Empleados del Estado y de las Administraciones Locales de Croacia (SDLSN), según los cuales la Ley sobre Salarios de los Gobiernos Autónomos Regionales y Locales, de 19 de febrero de 2010, limita el derecho de los empleados de los gobiernos autónomos regionales y locales financieramente débiles a la negociación colectiva sobre los elementos fundamentales de la composición de los salarios, tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual los salarios de los funcionarios de los gobiernos autónomos regionales y locales, se ajustan a los salarios de los funcionarios de ámbito estatal, y solicitó al Gobierno que comunicara información sobre la aplicación práctica de tal ajuste. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia, según la cual: i) los elementos fundamentales de la composición de los salarios para el cálculo del pago a los empleados de todos los gobiernos autónomos regionales y locales, incluidos los financieramente débiles, se determinan mediante negociación colectiva (artículo 9 de la ley); ii) los elementos fundamentales de la composición de los salarios en unidades en las que las subvenciones superan el 10 por ciento de los ingresos de la unidad, no deberán ser superiores a los elementos fundamentales de la composición de los salarios de los funcionarios (artículo 16); y iii) esta restricción garantiza que las unidades que no cuentan con ingresos suficientes para sus gastos y dependen de una subvención del presupuesto del Estado para los salarios de sus empleados, no puedan aumentar los salarios de manera desproporcionada respecto de sus ingresos. La Comisión recuerda que las modalidades especiales de negociación colectiva en la administración pública, en particular respecto de las cláusulas relativas a los salarios y de otras cláusulas con implicaciones presupuestarias, son compatibles con el Convenio. Tomando nota de que el SDLSN critica el sistema actual, la Comisión invita al Gobierno a que dé inicio a un diálogo con las organizaciones más representativas de trabajadores en los gobiernos autónomos regionales y locales de la administración pública, con miras a explorar posibles mejoras al sistema de negociación colectiva sobre los elementos fundamentales de la composición de los salarios.

Además, la Comisión tomó nota de los alegatos según los cuales la Ley sobre la Ejecución del Presupuesto del Gobierno de 1993, permite que el Gobierno modifique la sustancia de los convenios colectivos en el sector público por razones financieras. Recordando que, en general, una disposición legal que permite que una parte modifique de manera unilateral el contenido de los convenios colectivos suscritos, está en contradicción con los principios de negociación colectiva, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara copia de las disposiciones legislativas pertinentes e información sobre su aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia, según la cual esta ley ya no está en vigor, que se trata de un procedimiento habitual para adoptar anualmente una ley sobre la ejecución del presupuesto del Estado, y que se adoptó recientemente la Ley sobre la Ejecución del Presupuesto del Estado de la República de Croacia, de 2014, pero aún no se tradujo a uno de los idiomas de trabajo de la OIT. La Comisión pide al Gobierno que le transmita copia de esta ley de 2014 y destaca la importancia de garantizar que cualquier ley futura sobre la ejecución del presupuesto del Estado no permita que el Gobierno modifique la sustancia de los convenios colectivos en vigor en la administración pública por razones financieras.

En relación con los alegatos anteriores de la MATICA, denunciando el contenido de la Ley sobre los Criterios de Participación en los Órganos Tripartitos y de Representatividad para la Negociación Colectiva, de 13 de julio de 2012 (ley de representatividad, de 2012), la Comisión expresó el deseo de recibir todo comentario que las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores puedan querer formular respecto de este asunto, con el fin de permitirle evaluar los criterios de representatividad establecidos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) la impugnada ley de representatividad, de 2012, ya no está en vigor; ii) se adoptó una nueva Ley de Representatividad de las Asociaciones de Sindicatos y de Empleadores (ley de representatividad de 2014), que entró en vigor el 7 de agosto de 2014 como parte de un paquete que incluyó la adopción de una nueva Ley del Trabajo; y iii) la ley de representatividad de 2014 se elaboró en estrecha cooperación con todos los interlocutores sociales representativos y tras numerosas consultas con los mismos, incluida la MATICA. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala a la atención algunos avances en la nueva legislación que apunta a abordar los asuntos anteriormente planteados por la MATICA (por ejemplo, el convenio colectivo en consideración puede especificar un período más largo de aplicación ampliada del convenio colectivo tras su expiración; los sindicatos profesionales deben dar cumplimiento a los mismos criterios de representatividad generales que todos los demás sindicatos). Con miras a examinar la conformidad de la ley de representatividad de 2014 con el Convenio, la Comisión solicita al Gobierno que transmita copias de la misma y de la nueva Ley del Trabajo, y más información sobre las disposiciones pertinentes y su aplicación en la práctica, y expresa el deseo de que las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores formulen opiniones o comentarios respecto de la nueva legislación, con el fin de permitirle evaluar los criterios de representatividad recientemente establecidos y determinar si los criterios establecidos son compartidos por los interlocutores sociales más representativos.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2015.]

Djibouti

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014, en relación con la persistencia de medidas de intimidación y de represión contra sindicalistas de la Unión del Trabajo de Djibouti (UDT) y de la Unión General de Trabajadores de Djibouti (UGTD). La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno que niega, en lo esencial, los hechos alegados. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar libremente su administración y sus actividades. La Comisión toma nota en particular con profunda preocupación de los alegatos de la CSI respecto del hecho de que el Sr. Adan Mohamed Abdou, secretario general de la UDT, quien debía participar en la 103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2014) en calidad de observador de la CSI, fue detenido en el aeropuerto de Djibouti, confiscándosele su pasaporte y equipaje. En este sentido, la Comisión toma nota de que la Comisión de Verificación de Poderes también expresó su profunda preocupación por la detención del Sr. Mohamed Abdou en el aeropuerto de Djibouti y señaló que este incidente parece confirmar que no ha cesado el acoso de que es objeto la UDT [segundo informe de la Comisión de Verificación de Poderes, Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, Ginebra, mayo-junio de 2014, párrafo 18]. La Comisión toma nota de que el Gobierno, en su respuesta, se limita a indicar que no reconoce la calidad de representante de los trabajadores del Sr. Mohamed Abdou, que fue electo políticamente y desempeña un mandato de diputado. El Gobierno recuerda que la legislación de Djibouti prohíbe que un dirigente político ejerza un mandato sindical. La Comisión recuerda que en su observación de 2011, observó que la confiscación del pasaporte del Sr. Mohamed Abdou por las autoridades, en diciembre de 2010, le impidió cumplir con sus obligaciones de representación a nivel regional e internacional. Deplorando esta nueva restricción por las autoridades a la libertad de circulación del Sr. Mohamed Abdou, la Comisión pide al Gobierno que comunique una copia de la legislación específica u otros fundamentos jurídicos para la prohibición de salida del territorio que impidieron a este último su participación en la Conferencia Internacional del Trabajo en mayo-junio de 2014 y respete plenamente los derechos garantizados por el Convenio.

Cuestiones legislativas. La Comisión recuerda que sus comentarios se refieren desde hace muchos años, a la necesidad de adoptar medidas para modificar las disposiciones legislativas siguientes:

–el artículo 5 de la ley relativa a las asociaciones que impone a las organizaciones la obligación de obtener una autorización previa antes de constituirse como sindicatos, y

–el artículo 23 del decreto núm. 83-099/PR/FP, de 10 de septiembre de 1983, que confiere al Presidente de la República amplios poderes para imponer el ejercicio de prestaciones a los funcionarios.

La Comisión confía en que el Gobierno comunicará en su próxima memoria los progresos concretos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1978)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014, relativas a la persistencia de los actos de discriminación antisindical, especialmente de los despidos, contra los sindicalistas de la Unión del Trabajo de Djibouti (UDT) y de la Unión General de Trabajadores de Djibouti (UGTD). La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno que fundamentalmente niega los hechos alegados. Por otra parte, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por la Internacional de la Educación (IE), el Sindicato de Profesores de Colegios y Liceos de Djibouti (SPCLD) y el Sindicato de Maestros de la Escuela Primaria (SEP) en una comunicación recibida el 10 de septiembre de 2014 en la que se denuncian el acoso, los cambios arbitrarios y los despidos de los que son objeto docentes sindicalistas. Asimismo, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno negando estos alegatos y de que, en febrero de 2014, la IE y el SEP presentaron una queja sobre los mismos hechos alegados ante el Comité de Libertad Sindical que se examinará próximamente.

De manera general, la Comisión toma nota con preocupación de que algunas organizaciones sindicales siempre parecen tener dificultades para ejercer sus actividades sin trabas. Recordando la obligación en virtud del Convenio de garantizar a los trabajadores la protección adecuada contra todo acto de discriminación antisindical (artículo 1 del Convenio) y de asegurar a las organizaciones de trabajadores y de empleadores una protección adecuada contra todos los actos de injerencia (artículo 2), la Comisión pide firmemente al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el pleno respeto de estas obligaciones por parte de todas las organizaciones sindicales del país.

República Dominicana

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1953)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) recibidas el 28 de noviembre de 2013. La Comisión observa que dichas observaciones se refieren a casos de despidos antisindicales así como a limitaciones en el ejercicio del derecho de negociar colectivamente. Por otra parte, la Comisión lamenta que el Gobierno no haya enviado sus comentarios sobre la observación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2013 en la que se denunciaban prácticas antisindicales en diferentes empresas e instituciones. La Comisión pide al Gobierno que realice investigaciones acerca de los hechos mencionados por la CNUS, la CASC y por la CSI y que informe de los resultados de las mismas así como de toda medida tomada al respecto.

Aplicación del Convenio en el sector privado

Artículos 1 y 2 del Convenio. Ausencia de sanciones suficientemente disuasorias contra los actos de discriminación e injerencia antisindicales; duración de los procedimientos en caso de violación de los derechos sindicales. En su anterior observación en relación con la obligación del Estado de brindar, en virtud de los artículos 1 y 2 del Convenio, una protección adecuada y rápida contra los actos de discriminación y de injerencia antisindicales, la Comisión había pedido al Gobierno que facilitara informaciones sobre la aplicación en la práctica de las sanciones contempladas en los artículos 720 y 721 del Código del Trabajo (multas de 7 a 12 salarios mínimos mensuales), incluyendo datos estadísticos así como informaciones sobre la duración de los procesos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en la práctica, se han levantado pocas actas de infracción relativas a actos antisindicales gracias a la labor de orientación del Ministerio de Trabajo y que los pocos casos existentes están en fase de conocimiento por parte de los tribunales. La Comisión toma también nota de que la CNUS y la CASC declaran en sus observaciones que la aplicación del artículo 721 del Código del Trabajo por los juzgados de paz da lugar a dificultades procesales y no permite la imposición de sanciones adecuadas. Adicionalmente, las organizaciones sindicales manifiestan que si bien, de manera general, se han producido avances en materia de celeridad judicial, esta tendencia no abarca los procedimientos judiciales relativos a los actos antisindicales que pueden tardar de tres a siete años.

Ante la falta de respuesta del Gobierno sobre esta última puntualización de la CNUS y la CASC, de la que toma nota con preocupación, la Comisión, al tiempo que constata la creación de la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código del Trabajo, pide nuevamente al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales más representativos, se adopten las reformas tanto procesales como de fondo que permitan la aplicación efectiva y rápida de sanciones disuasorias contra los actos de discriminación e injerencia antisindicales. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto y que envíe estadísticas específicas sobre la duración de los procedimientos judiciales relativos a actos antisindicales.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Mayorías requeridas para negociar colectivamente. Desde hace numerosos años, con miras a que la legislación nacional contribuya a promover la negociación colectiva, los comentarios de la Comisión se refieren a la necesidad de modificar los artículos 109 y 110 del Código del Trabajo que exigen que el sindicato represente a la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de los trabajadores empleados en la rama de actividad de que se trate, para que pueda negociar colectivamente. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha creado, mediante el decreto núm. 286-13, la Comisión Especial para la Revisión y Actualización del Código del Trabajo y que uno de los objetos explícitos del proceso de revisión del Código del Trabajo consiste en adecuar la legislación interna a los convenios de la OIT ratificados. La Comisión recuerda que considera que cuando ningún sindicato agrupe a más del 50 por ciento de los trabajadores, los derechos de negociación colectiva deberían atribuirse a todos los sindicatos de la unidad interesada, al menos en representación de sus propios afiliados (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 234). La Comisión espera que el proceso de revisión del Código del Trabajo en curso conduzca en un futuro muy próximo a la revisión de los artículos 109 y 110 en el sentido indicado. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.

Derecho de negociación colectiva en la práctica. La Comisión toma nota de los datos proporcionados por el Gobierno según los cuales 17 convenios colectivos fueron depositados en 2013 con 8 962 trabajadores cubiertos, incluyendo un convenio firmado en las zonas francas con 1 074 trabajadores cubiertos. La Comisión toma también nota de que dos talleres sobre negociación colectiva fueron organizados por el Gobierno a lo largo del año 2012. La Comisión pide al Gobierno que siga tomando medidas para estimular y fomentar aún más la negociación colectiva y que informe del impacto de las mismas. La Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando estadísticas que incluyan datos sobre el número total de convenios colectivos vigentes en el país y sobre el respectivo número de trabajadores cubiertos.

Aplicación del Convenio en la función pública

Artículos 1, 2 y 6. Protección de los funcionarios que no están al servicio de la administración del Estado contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión había expresado la esperanza de que la protección contra la discriminación antisindical, prevista en la Ley núm. 41-08 sobre la Función Pública, que sólo cubre a los fundadores y a cierto número de dirigentes sindicales, se extendiera también a toda discriminación fundada en la afiliación sindical o la participación en actividades sindicales legítimas. La Comisión había pedido también al Gobierno que previera una protección específica de las asociaciones de servidores públicos contra los actos de injerencia del empleador y que se establecieran sanciones suficientemente disuasorias contra los actos de discriminación y de injerencia antisindicales en el seno de la función pública. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los funcionarios que no están al servicio de la administración del Estado gocen de la mencionada protección y que informe sobre toda evolución al respecto.

Artículos 4 y 6. Derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado. En su anterior comentario, constatando el silencio de la Ley núm. 41-08 sobre la Función Pública y su reglamento de aplicación respecto de la negociación colectiva, la Comisión había invitado al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales más representativos, tomara medidas con miras al reconocimiento legal del derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no están al servicio de la administración del Estado. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno que indica que el Ministerio de Administración Pública contrató los servicios de dos especialistas para realizar un análisis de los derechos colectivos de los servidores públicos y adecuar la normativa nacional al Convenio. Recordando que el Gobierno puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si así lo desea, la Comisión espera nuevamente que el Gobierno tome en un futuro cercano las medidas necesarias para el reconocimiento legal del derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no están al servicio de la administración del Estado. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.

Ecuador

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma también nota de las observaciones conjuntas de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)-Ecuador), del Comité Permanente Intersindical y de la Unión Nacional de Educadores (UNE), recibidas el 4 de septiembre de 2014 en donde se manifiesta especialmente que: i) los artículos 345 y 346 del nuevo Código Orgánico Integral Penal imponen severas sanciones al ejercicio de la huelga en el sector público; ii) el proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales y el proyecto de enmiendas constitucionales presentado el 26 de julio de 2014 no cumplen con el Convenio, y iii) Carlos Figueroa, ex secretario ejecutivo de la Federación Médica Ecuatoriana fue detenido el 22 de julio de 2014 a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión toma finalmente nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2014 que se refieren a cuestiones examinadas por la Comisión y que, adicionalmente, denuncian la detención, junto con Carlos Figueroa, de Fernando Villavicencio, ex dirigente sindical petrolero. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios respecto de las mencionadas observaciones.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI de 2013 y de la ISP del mismo año. El Gobierno indica en particular que la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia dejó sin efecto la condena a ocho años de prisión de la Sra. Mery Zamora, ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores por haber promovido la paralización de un servicio público.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes. Imposibilidad de constituir más de una organización sindical en las dependencias del Estado. En relación con el artículo 326.9 de la Constitución que prevé que para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral estará representado por una sola organización, la Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno indica que dicha disposición busca evitar que se formen varias organizaciones que persigan los mismos fines y tiene la finalidad de que exista una sola organización fuerte y sólida. A este respecto, la Comisión recuerda que el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, consagrado en el artículo 2 del Convenio, implica que el pluralismo sindical debería ser posible en todos los casos, incluido en la función pública y que, por lo tanto, la unicidad sindical impuesta por la ley no está en conformidad con las disposiciones del Convenio. Subrayando la importancia de que los trabajadores puedan cambiar o constituir nuevos sindicatos, tanto por motivos de independencia y eficacia como de afinidad ideológica, la Comisión pide al Gobierno que revise el artículo 326.9 de la Constitución de manera que cumpla con las exigencias del artículo 2 del Convenio y que informe de toda evolución al respecto.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Cuestiones legislativas pendientes desde hace varios años. La Comisión recuerda que desde hace varios años formula comentarios sobre ciertas disposiciones del derecho interno a efectos de ponerlas en conformidad con los artículos 2 y 3 del Convenio:

–Excesivo número de trabajadores exigido (30) para constituir asociaciones, comités de empresa o asambleas para organizar comités de empresa. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se tendrán en cuenta los comentarios de la Comisión a este respecto en la revisión en curso de la legislación laboral. La Comisión confía por lo tanto en que se revisarán en el sentido indicado los artículos 443, 452 y 459 del Código del Trabajo y pide al Gobierno que informe de toda evolución a este respecto.

–Requisito de ser ecuatoriano para ser directivo sindical. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que los artículos 443 y 466 del Código del Trabajo no contemplan el requisito de ser ecuatoriano para formar parte de la directiva sindical. La Comisión observa sin embargo que el artículo 459, inciso 4 del Código del Trabajo sí exige la nacionalidad ecuatoriana para formar parte de la directiva del Comité de empresa. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que modifique en consecuencia el artículo 459, inciso 4 del Código del Trabajo y que informe de toda evolución a este respecto.

–Derecho de reelección de los directivos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que: i) el derecho ecuatoriano reconoce netamente que la elección de los directivos de las organizaciones sindicales es una facultad propia de dicha organización; ii) es necesaria la «alternabilidad en la dirección» establecida en el artículo 326, inciso 8 de la Constitución de la República para fomentar el principio democrático y dejar atrás prácticas de discriminación y perennización en el poder. A este respecto, la Comisión recuerda que considera que es incompatible con el Convenio toda disposición legislativa, independientemente de la forma que revista, por la que se restrinja o prohíba la reelección para ejercer funciones sindicales. La Comisión pide por lo tanto de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar el artículo 326, inciso 8 de la Constitución en el sentido indicado y que informe de toda evolución a este respecto.

–Derecho de las federaciones y confederaciones de organizar sus actividades y de formular su programa de acción. La Comisión toma nota de la ausencia de comentarios del Gobierno respecto de la necesidad de revisar el artículo 498 del Código del Trabajo que deniega implícitamente el derecho de huelga a las federaciones y confederaciones. La Comisión recuerda que la denegación del derecho de huelga a las federaciones y confederaciones plantea dificultades respecto de la aplicación tanto del artículo 3 como del artículo 6 del Convenio relativo a los derechos de las federaciones y confederaciones. La Comisión pide por lo tanto nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar el artículo 498 del Código del Trabajo y que informe de toda evolución al respecto.

Artículo 3 del Convenio. Penas de prisión en caso de paralización o entorpecimiento de los servicios públicos. La Comisión toma nota de que el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal adoptado el 3 de febrero de 2014 prevé penas de prisión de uno a tres años para la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo o se tome por fuerza un edificio o instalación pública. La Comisión observa con preocupación que el tipo penal contemplado en dicha disposición abarca la organización y participación en huelgas pacíficas. A este respecto, la Comisión recuerda que no debería imponerse sanción penal alguna a los trabajadores que llevan a cabo una huelga pacífica y, por consiguiente, bajo ningún concepto deberían imponerse condenas de prisión o multas. Tales sanciones sólo son posibles si durante la huelga se cometen actos de violencia contra personas o contra bienes u otras infracciones graves contempladas en la legislación penal (por ejemplo, en caso de no asistencia a una persona en peligro o de lesiones o daños deliberados a las personas o a la propiedad). A este respecto, la Comisión recuerda también que pide desde hace numerosos años la modificación del decreto núm. 105, de 7 de junio de 1967, que establece la imposición de penas de prisión a aquellos que participen en paros y huelgas ilegales. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que tome las medidas necesarias para que el Código Orgánico Integral Penal así como el decreto núm. 105, de 7 de junio de 1967, sean revisados en el sentido indicado y que informe de toda evolución a este respecto.

Al tiempo que toma nota de que el Presidente de la República anunció el 15 de noviembre de 2014 una propuesta de revisión de varios aspectos del Código del Trabajo, la Comisión espera que el Gobierno adopte, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, las medidas necesarias para reformar las disposiciones legislativas y reglamentarias antes señaladas, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2014 que se refieren a cuestiones tratadas por la Comisión así como a despidos antisindicales en una empresa del sector bananero. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI de años anteriores así como a las observaciones de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres de 2006. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya enviado comentarios completos en relación con las observaciones de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores del Ecuador (CSE) recibidas el 6 de septiembre de 2013 ni sobre las observaciones de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)-Ecuador, recibidas el 16 de septiembre de 2013 que denunciaban la incompatibilidad de numerosas disposiciones del derecho interno relativas al sector público con el Convenio y cuyo contenido se examina en el marco de la presente observación.

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2014 sobre la aplicación del Convenio por Ecuador. La Comisión aprecia la invitación formulada en esta ocasión por el Gobierno para que una misión de la OIT visite al país con miras a tratar las cuestiones planteadas en relación con la aplicación del Convenio y toma nota de que su realización está prevista para comienzos de 2015.

Aplicación del Convenio en el sector privado

Artículo 1 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que la legislación incluya una disposición específica que garantice la protección contra actos de discriminación antisindical en el momento de la contratación. La Comisión toma nota de que el Gobierno pide en su memoria que la Comisión aclare este punto ya que considera que no puede existir discriminación antisindical en el momento de la contratación en la medida en que es sólo después de haber ingresado a la empresa que una persona puede formar parte de una asociación o sindicato de trabajadores. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 1 del Convenio abarca la prohibición de la discriminación antisindical en el momento de la contratación individual del trabajador, de manera que no se sujete el acceso al empleo a la condición de que el trabajador no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato, así como prácticas como el establecimiento de «listas negras» de afiliados a efectos de impedir su contratación. En estas condiciones, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que la legislación incluya una disposición específica que garantice la protección contra actos de discriminación antisindical en el momento del acceso al empleo y que informe de toda evolución al respecto.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado la necesidad de modificar el artículo 221 del Código del Trabajo (anterior artículo 229, párrafo segundo) relativo a la presentación del proyecto de convenio colectivo, de manera que las organizaciones sindicales minoritarias que no reúnan más del 50 por ciento de los trabajadores sujetos al Código del Trabajo puedan, por sí solas o en forma conjunta (cuando no exista una organización mayoritaria que represente a todos los trabajadores), negociar en nombre de sus propios miembros. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el requisito del artículo 221 persigue el objetivo de dar mayor legitimidad al proceso de negociación colectiva. A este respecto, la Comisión recuerda que la exigencia de un porcentaje de representatividad demasiado elevado para ser autorizado a participar en la negociación colectiva puede dificultar la promoción y el desarrollo de una negociación colectiva libre y voluntaria de conformidad con el Convenio y que la regla del artículo 221 puede privar de la posibilidad de negociar colectivamente a un sindicato representativo pero que no consiga la mayoría absoluta. La Comisión pide por lo tanto nuevamente al Gobierno que tome medidas para modificar el artículo 221 del Código del Trabajo en el sentido indicado y que informe de toda novedad al respecto.

Por otra parte, la Comisión recuerda que varias centrales sindicales nacionales alegaron que los interlocutores sociales no estaban siendo consultados sobre el proyecto de reforma del Código del Trabajo en curso. Al tiempo que toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en su memoria relativa al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) que apuntan a una amplia difusión pública del proyecto, y de que, por otra parte, el Presidente de la República anunció el 15 de noviembre de 2014 una nueva propuesta de revisión de varios aspectos del Código del Trabajo, la Comisión pide al Gobierno que se asegure de que todo proyecto de reforma sea consultado en profundidad con las organizaciones de trabajadores y empleadores representativas, intentando encontrar en la mayor medida posible soluciones compartidas.

Aplicación del Convenio en el sector público

Artículos 1 y 2. Protección contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. La Comisión recuerda que el Comité de Libertad Sindical le remitió el examen de los aspectos legislativos del caso núm. 2926, relativo a alegatos de numerosos despidos antisindicales que se llevarían a cabo en el sector público mediante el uso de la figura de la «compra de renuncia obligatoria». Creada por el decreto ejecutivo núm. 813, esta figura permite a la administración pública, mediante el pago de una indemnización, cesar de manera unilateral a los servidores públicos sin necesidad de indicar los motivos de la terminación de la relación de trabajo. A este respecto, la Comisión observa que la memoria del Gobierno no contiene elementos respecto de la ausencia en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP), la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) de disposiciones específicas en materia de discriminación antisindical y de injerencia. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que la legislación aplicable al sector público contenga: i) disposiciones que prohíban todos los actos constitutivos de discriminación antisindical contemplados por el artículo 1 del Convenio; ii) disposiciones que prohíban todos los actos constitutivos de injerencia contemplados por el artículo 2 del Convenio, y iii) disposiciones que prevean sanciones disuasivas en caso de comisión de dichos actos.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que la LOSEP y la LOEP ampliaban, especialmente en materia de remuneración, las limitaciones al derecho de negociación colectiva en el sector público introducidas por los mandatos constituyentes núms. 2 y 4 así como el decreto ejecutivo núm. 1406 y que dichas restricciones no eran compatibles con el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los mandatos constituyentes núms. 2 y 4 tienen como finalidad: i) la regulación del derecho de negociación colectiva de los trabajadores y no su prohibición; ii) el respeto del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor en las entidades públicas, y iii) la erradicación de privilegios y abusos que comprometían los recursos económicos del Estado. La Comisión constata en cambio que la memoria del Gobierno no contiene elementos sobre las restricciones al ámbito material de la negociación colectiva contenidas en la LOSEP y la LOEP. A este respecto, la Comisión toma nota con especial preocupación del artículo 51, k), de la LOSEP según el cual le corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales determinar en todos los organismos del sector público sujetos a dicha ley el porcentaje de incremento de las remuneraciones y cualquier otro beneficio que cause un egreso económico así como las disposiciones transitorias quinta y decimocuarta que prohíben en el sector público, inclusive en las empresas públicas, cualquier tipo de erogación adicional a lo previsto en el cuerpo legal. Recordando que existen mecanismos que permiten compaginar la protección del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor en el sector público y el respeto de las disponibilidades presupuestarias por una parte y el reconocimiento del derecho de negociación colectiva por otra, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se restaure el derecho de negociación colectiva sobre el conjunto de las materias que afectan a las condiciones de trabajo y de vida de los servidores y trabajadores del sector público abarcados por el Convenio, así como que informe sobre toda evolución al respecto.

Control del carácter abusivo de los convenios colectivos en el sector público por el Ministerio de Relaciones Laborales. La Comisión toma nota de que el Comité de Libertad Sindical le remitió el examen de los aspectos legislativos del caso núm. 2684 (372.º informe, párrafos 282 y 285, junio de 2014) relativo a la violación del derecho de negociación colectiva que se desprende de la atribución al Ministerio de Relaciones Laborales por los acuerdos ministeriales núms. 00080 y 00155 del control del carácter abusivo de los convenios colectivos en el sector público. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) los acuerdos ministeriales no coartan la contratación colectiva sino que la regulan mediante la fijación de parámetros de negociación, y ii) la autoridad administrativa no es juez y parte en los procesos de revisión de los contratos colectivos en el sector público ya que brinda un apoyo equitativo tanto a la parte empleadora como a la parte trabajadora. La Comisión recuerda que el eventual control del carácter abusivo de las cláusulas de convenios colectivos debería corresponder a la autoridad judicial y que, para restaurar el principio de negociación colectiva libre y voluntaria consagrado por el Convenio, es necesario anular las disposiciones de derecho interno que atribuyen al Ministerio de Relaciones Laborales el control del carácter abusivo de los convenios colectivos en el sector público, lo cual supone también modificar el decreto ejecutivo núm. 225 de 2010. En estas condiciones, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias para que la determinación del eventual carácter abusivo de las cláusulas de los convenios colectivos del sector público sea de competencia del Poder Judicial.

Artículo 6. Ámbito de aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en virtud de la LOEP, la LOSEP, la LOES y la LOEI, la lista de servidores públicos excluidos del derecho de negociar colectivamente va más allá de lo establecido por el artículo 6 del Convenio que indica que se excluirán del ámbito de aplicación del Convenio los funcionarios públicos en la administración del Estado. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) no existe en Ecuador la categoría de funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado; y ii) las personas enunciadas en el artículo 26 de la LOEP (servidores públicos de libre designación y remoción, en general quienes ocupen cargos ejecutivos, de dirección, representación, gerencia, asesoría, de confianza, apoderados generales, consultores y los servidores públicos de carrera no gozan del derecho de negociación colectiva por cumplir funciones de confianza y por pertenecer a la jerarquía superior de las entidades o empresas públicas). A este respecto, la Comisión recuerda que para dar aplicación al artículo 6 del Convenio es conveniente establecer una distinción entre, por un lado, los funcionarios que cumplen actividades propias de la administración del Estado (por ejemplo, en algunos países, funcionarios de los ministerios y demás organismos gubernamentales comparables, así como sus auxiliares), quienes pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación del Convenio, y, por otro lado, todas las demás personas empleadas por el Gobierno, empresas públicas o instituciones públicas autónomas, quienes deberían gozar de las garantías previstas en el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 172). En estas condiciones, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar que todas las categorías de funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado disfruten del derecho de negociación colectiva.

La Comisión espera que el Gobierno tomará en cuenta la totalidad de los comentarios que viene formulando desde hace años y que adoptará, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, las medidas necesarias para reformar las disposiciones legislativas y reglamentarias antes señaladas, incluidas las contenidas en el Código del Trabajo que se encuentra actualmente en proceso de revisión. La Comisión confía en que la misión de seguimiento a la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas permitirá constatar avances a este respecto.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

El Salvador

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2006)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma también nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2014 relativas a cuestiones examinadas por la Comisión.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI de 2011 relativas al asesinato de Sr. Victoriano Abel Vega, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados Municipales de la Alcaldía de Santa Ana. El Gobierno indica que el caso ha sido asignado a la División Central de Inteligencia de la Fiscalía General de la Republica y que se encuentra en situación de investigación activa. La Comisión deplora profundamente y condena firmemente el asesinato del Sr. Victoriano Abel Vega que es objeto del caso núm. 2923 ante el Comité de Libertad Sindical en el marco del mencionado caso. Recordando que la ausencia de fallos contra los culpables de crímenes contra dirigentes sindicales y sindicalistas comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que tome sin demora todas las medidas necesarias para determinar las responsabilidades y sancionar a los culpables de este crimen.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de 2013 de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) relativas a proyectos de ley que facultan al Presidente de la República a decidir los miembros que representan al sector empleador en los órganos de dirección paritarios o tripartitos, cuestión que es objeto del caso núm. 2980 ante el Comité de Libertad Sindical. La Comisión toma nota a este respecto de las observaciones conjuntas de la OIE y de la ANEP recibidas el 2 de septiembre de 2014 en donde se denuncia el incumplimiento de las recomendaciones dictadas por el Comité de Libertad Sindical en el marco del mencionado caso. Recordando la importancia de que, en virtud del artículo 3 del Convenio, se garantice la plena autonomía de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la determinación de sus representantes en los órganos paritarios o tripartitos y que las mismas sean consultadas en profundidad sobre proyectos de ley relativos a esta cuestión, la Comisión insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para dar plena aplicación a esta disposición del Convenio.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores sin ninguna distinción y sin autorización previa de constituir las organizaciones que estimen convenientes o de afiliarse a las mismas. Exclusión de algunas categorías de trabajadores de las garantías del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que: i) informe si los empleados públicos y funcionarios mencionados en los artículos 4 y 73, segundo párrafo, de la Ley de Servicio Civil (LSC), gozan de las garantías previstas en el Convenio; ii) tome las medidas necesarias para que los funcionarios que se ven privados del derecho de asociación en virtud de los artículos 47, 219 y 236 de la Constitución, gocen de las garantías previstas en el Convenio. La Comisión toma nota que el Gobierno indica en su memoria que: i) la mayoría de las categorías de empleados públicos mencionados en el artículo 4 de la LSC (especialmente los colectores, pagadores, tesoreros, intendentes, guardalmacenes, bodegueros, auditores y personal de contrato sin poder decisorio y que no desempeñe cargos directivos o confidenciales) gozan de las garantías previstas en el Convenio; ii) se presentó el 24 de mayo de 2011 un anteproyecto de reforma de la LSC consensuado con las organizaciones sindicales que incluye la modificación de su artículo 4 y la reducción de las categorías de servidores públicos excluidas de la carrera administrativa; iii) los empleados que no gozan del derecho colectivo del trabajo son por lo tanto los contemplados en el artículo 73 de la Ley de Servicio Civil, el cual está en relación con los artículos 47, 219 y 236 de la Constitución; iv) las mencionadas disposiciones no han impedido el registro de dos sindicatos de trabajadores del sector judicial.

Al tiempo que toma buena nota de la declaración del Gobierno sobre el reconocimiento del derecho de sindicación a la mayoría de las categorías de trabajadores mencionadas en el artículo 4 de la LSC, la Comisión recuerda que, con la única excepción de las fuerzas armadas y de la policía, todos los trabajadores sin distinción tienen, en virtud del artículo 2 del Convenio, el derecho de establecer sindicatos y afiliarse a ellos. La Comisión pide por lo tanto nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar los artículos 47, 219 y 236 de la Constitución así como los artículos 4 y 73 de la LSC en el sentido indicado y que informe de toda evolución al respecto.

Afiliación a más de un sindicato. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a la necesidad de revisar el artículo 204 del Código del Trabajo (CT) que prohíbe la afiliación a más de un sindicato. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la prohibición de pertenecer a más de un sindicato es una medida de protección para las mismas asociaciones profesionales. A este respecto, la Comisión recuerda la importancia, en vista del artículo 2 del Convenio, que los trabajadores que tengan más de un empleo en diferentes ocupaciones o sectores puedan afiliarse a las organizaciones sindicales correspondientes y que, por otra parte, los trabajadores tengan la posibilidad, si así lo desean, de afiliarse al mismo tiempo a sindicatos de rama de actividad y de empresas. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar el artículo 204 del CT en el sentido indicado y que informe de toda evolución al respecto.

Número mínimo de afiliados para crear una organización. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a la necesidad de modificar el artículo 211 del CT y el artículo 76 de la LSC que establecen la necesidad de un mínimo de 35 miembros para constituir un sindicato de trabajadores y el artículo 212 del CT que establece la necesidad de siete patronos como mínimo para poder constituir un sindicato de patronos. Al respecto, la Comisión observa que el Gobierno indica que las disposiciones relativas al número mínimo de trabajadores para constituir un sindicato tiene la finalidad de que las organizaciones tengan la fuerza y representatividad suficiente. La Comisión recuerda que el número mínimo exigido debería mantenerse dentro de límites razonables para no obstaculizar la constitución de organizaciones. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar las mencionadas disposiciones en el sentido indicado y que informe de toda evolución al respecto.

Requisitos para obtener la personalidad jurídica. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tome medidas para modificar el artículo 219 del CT que prevé que en el proceso de registro del sindicato el empleador certifique la condición de asalariados de los miembros fundadores. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno que buscará en la práctica mecanismos alternos para la comprobación de la condición de asalariados de los miembros de un sindicato, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar el artículo 219 del CT, por ejemplo, estableciendo expresamente que la certificación será efectuada por el Ministerio de Trabajo, mediante el cotejo de la lista de empleados de la empresa o establecimiento proporcionada por el empleador y que informe de toda evolución al respecto.

Plazo de espera para la constitución de un nuevo sindicato después de la denegación de su registro. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió que se revise el artículo 248 del CT eliminando el plazo de seis meses exigido para intentar una ulterior promoción para constituir un sindicato. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en la práctica se han establecido los mecanismos internos que permiten que una organización social pueda presentar una nueva solicitud al día siguiente de la denegación de su registro. La Comisión pide, por lo tanto, al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se plasme en la legislación la práctica señalada y que se revise en consecuencia el artículo 248 del CT. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de elegir libremente a sus representantes. Al tiempo que toma nota de que no se han producido cambios con respecto de esta cuestión desde sus últimos comentarios, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome medidas para revisar el artículo 47, párrafo 4, de la Constitución Nacional, el artículo 225 del CT y el artículo 90 de la LSC que establecen el requisito de ser «salvadoreño por nacimiento» para poder ser miembro de la junta directiva de un sindicato y que informe de toda evolución al respecto.

La Comisión espera que el Gobierno adopte, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, las medidas necesarias para revisar las disposiciones antes señaladas. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto y le recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2006)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2014 que se refieren a cuestiones tratadas por la Comisión así como a una serie de alegados actos de discriminación antisindical en alcaldías municipales y en el sector privado. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios a este respecto.

Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de la presentación el 21 de enero de 2014 del anteproyecto de ley reguladora del sector del trabajo y previsión social en el cual los actos de discriminación antisindical son calificados de infracciones muy graves que pueden dar lugar a sanciones de entre uno y diez salarios mínimos mensuales. Recordando la importancia de que las multas impuestas en caso de actos de discriminación antisindical presenten un carácter efectivamente disuasorio, la Comisión pide al Gobierno que siga tomando las medidas necesarias para modificar la legislación de acuerdo con el principio indicado, reforzando más las sanciones aplicables en este caso y que informe de toda novedad al respecto.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las iniciativas tomadas para fortalecer la efectividad de la protección contra la discriminación antisindical en la función pública, y examina dichos elementos en sus comentarios relativos al Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151).

Artículo 2. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión recuerda la necesidad expresada en sus comentarios anteriores de que se completen el artículo 205 del Código del Trabajo y el artículo 247 del Código Penal de manera que la legislación prohíba expresamente todos los actos que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Observando que la memoria del Gobierno no menciona iniciativas específicas a este respecto, la Comisión reitera sus comentarios anteriores y pide al Gobierno que informe de toda evolución a este respecto.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. Cuestiones legislativas pendientes desde hace varios años. La Comisión recuerda que desde hace varios años formula comentarios sobre ciertas disposiciones del derecho interno a efectos de ponerlas en plena conformidad con el artículo 4 del Convenio relativo a la promoción de la negociación colectiva:

–requisitos para poder negociar un convenio colectivo. Al tiempo que toma nuevamente nota de la indicación del Gobierno de que dos sindicatos de una misma empresa pueden coligarse para conseguir el porcentaje mínimo de representación superior al 50 por ciento para negociar colectivamente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que modifique los artículos 270 y 271 del Código del Trabajo y 106 y 123 de la Ley de Servicio Civil (LSC) de manera que cuando ningún sindicato agrupe a más del 50 por ciento de los trabajadores, los derechos de negociación colectiva se atribuyan expresamente a todos los sindicatos, al menos en representación de sus propios afiliados;

–revisión del convenio colectivo. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que se considerará la revisión como una renegociación de convenios vigentes, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que modifique el artículo 276, tercer párrafo del Código del Trabajo a fin de asegurar que la renegociación de convenios colectivos durante su período de vigencia sólo sea posible si lo piden ambas partes concernidas;

–recurso judicial en caso de denegación de la inscripción del convenio colectivo. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno de que el artículo 279 del Código del Trabajo sólo excluye los recursos administrativos, la Comisión pide al Gobierno que modifique dicho artículo a fin de aclarar expresamente que contra la decisión del Director General denegando la inscripción del convenio colectivo proceden recursos judiciales;

–aprobación de los convenios colectivos celebrados con una institución pública. Al tiempo que toma nota de las reformas en curso para hacer más expedito el trámite de aprobación ministerial, la Comisión pide de nuevo al Gobierno, en lo que respecta a las cláusulas de los convenios colectivos con impacto económico, que modifique el artículo 287 del Código del Trabajo y el artículo 119 de la LSC a fin de sustituir el requisito de la aprobación ministerial previa para los convenios colectivos con una institución pública por una disposición que prevea la participación de la autoridad presupuestaria durante el proceso de negociación colectiva y no cuando el convenio colectivo ya ha sido firmado.

La Comisión confía de nuevo en que el Gobierno tome en un futuro próximo, y en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, las medidas necesarias para reformar en el sentido indicado las disposiciones legislativas antes señaladas. La Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de solicitar la asistencia técnica de la Oficina.

Artículo 6. Exclusión de ciertos empleados públicos de las garantías del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que modifique el artículo 4, 1), de la LSC a fin de que todos los servidores públicos que no trabajan en la administración del Estado puedan gozar de las garantías del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de la presentación el 24 de mayo de 2011 de un anteproyecto de reforma de la LSC incluyendo la modificación de su artículo 4 y la reducción de las categorías de servidores públicos excluidas de la carrera administrativa. La Comisión confía en que se adopte en un futuro próximo la revisión de la LSC de manera que todos los servidores públicos que no trabajan en la administración del Estado gocen de las garantías del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda novedad a este respecto.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión saluda la información del Gobierno sobre la inscripción de siete convenios colectivos en el sector público (incluido el Ministerio de Hacienda). Por otra parte, la Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno de que si bien los maestros del sector público gozan del derecho de negociación colectiva, a la fecha no se ha celebrado ningún convenio colectivo ni se ha registrado el inicio de negociaciones con esta categoría de trabajadores. La Comisión pide por lo tanto nuevamente al Gobierno que promueva el derecho de negociación colectiva de los maestros públicos y que informe de toda evolución al respecto. De manera general, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando informaciones sobre las medidas tomadas para promover la negociación colectiva en los distintos sectores de actividad del país (número de convenios colectivos en vigor, número de trabajadores cubiertos, etc.).

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 2006)

Artículo 1 del Convenio. Funcionarios públicos excluidos de las garantías del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la modificación del artículo 47 de la Constitución que dio lugar al reconocimiento del derecho de los funcionarios y empleados públicos así como de los empleados municipales de formar asociaciones profesionales o sindicatos. En seguimiento a esta reforma constitucional, la Comisión había solicitado también informaciones sobre una eventual modificación de los artículos 4, literales k) y l) de la Ley del Servicio Civil (LSC) que excluían a ciertas categorías de empleados públicos de las garantías del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de la presentación el 24 de mayo de 2011, a raíz de un proceso de diálogo exitoso con los 59 sindicatos del sector público, de un anteproyecto de reforma de la LSC incluyendo la modificación de su artículo 4 y la reducción de las categorías de servidores públicos excluidas de la carrera administrativa. A este respecto, la Comisión recuerda que en virtud del artículo 1 del Convenio, las únicas categorías de empleados públicos respecto de las cuales la legislación nacional puede determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio se aplican son: i) los empleados de alto nivel que, por sus funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan cargos directivos; ii) los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial; y iii) las fuerzas armadas y la policía. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno se refiere en su memoria a varios proyectos de reforma legislativa en materia de función pública, la Comisión confía en que se adopte en un futuro próximo la revisión de la LSC de manera que todos los empleados públicos cubiertos por el Convenio gocen efectivamente de las garantías del mismo. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución a este respecto.

Artículo 4. Protección contra la discriminación antisindical y contra los actos de injerencia. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el anteproyecto de ley de la función pública presentado a la Asamblea Legislativa establece la protección contra todo acto de discriminación antisindical y contiene disposiciones relativas a la protección de los representantes sindicales. A este respecto, observando que la LSC no contiene disposiciones sobre estas cuestiones, la Comisión recuerda la necesidad de que la legislación nacional prohíba expresamente todo acto de discriminación antisindical en contra de los empleados públicos así como todo acto de injerencia de las autoridades públicas en la constitución, funcionamiento o administración de las organizaciones de empleados públicos y que dichos actos den lugar a sanciones disuasorias. Confiando en que la reforma legislativa en curso permitirá dar plena aplicación al artículo 4 del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución a este respecto.

Artículo 6. Facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados públicos. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el Tribunal del Servicio Civil se remite al artículo 6 del Convenio cuando se le consulta sobre cuestiones relativas a las facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados públicos. La Comisión toma también nota de que el anteproyecto de ley de la función pública contiene disposiciones relativas a las facilidades a favor de los representantes sindicales. Observando que la LSC no contiene disposiciones sobre estas cuestiones, la Comisión confía en que la reforma legislativa en curso permitirá dar plena aplicación al artículo 6 del Convenio y pide al Gobierno que informe de toda evolución a este respecto.

Artículo 7. Participación en la determinación de las condiciones de empleo. La Comisión toma nota con interés de la información proporcionada por el Gobierno respecto de la firma de siete contratos colectivos con instituciones públicas y de que otros dos contratos colectivos se encuentran actualmente en fase de negociación. La Comisión saluda también las capacitaciones dirigidas a los directivos sindicales del sector público (1 288 personas capacitadas) en materia de negociación colectiva. Por otra parte, la Comisión se remite a su observación relativa al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) en donde solicita la revisión de disposiciones legislativas relativas a la negociación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.

Eritrea

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno sobre las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2012, en relación con el derecho a elegir representantes sindicales en plena libertad. En cuanto a los alegatos de la CSI respecto a que todos los sindicatos, incluidos la Confederación Nacional de Trabajadores de Eritrea y sus afiliados, están siendo estrictamente controlados por el Gobierno y están prohibidas las reuniones públicas de más de siete personas, la Comisión recuerda que los derechos de los sindicatos a organizar su administración y actividades y a realizar reuniones públicas y manifestaciones son aspectos fundamentales de la libertad sindical. La Comisión pide al Gobierno que transmita más información sobre la manera en la que garantiza el respeto de estos derechos en la práctica. La Comisión toma nota de la observación presentada por la Organización Internacional de Empleadores, el 1.º de septiembre de 2014 y de los comentarios del Gobierno al respecto.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin distinción alguna, a constituir organizaciones y afiliarse a las mismas. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que esperaba que la Proclama sobre la función pública se adoptara a la mayor brevedad a fin de que todos los funcionarios públicos pudieran disfrutar del derecho de sindicación de conformidad con el Convenio. El Gobierno señala de nuevo que el proceso de redacción de la Proclama se encuentra en su fase final y que en virtud de su artículo 58, 1), los funcionarios públicos gozarán del derecho de sindicación. Tomando nota con preocupación de que el Gobierno se ha estado refiriendo a la adopción inminente de la Proclama sobre la función pública durante los últimos doce años, la Comisión le insta a que adopte todas las medidas necesarias para acelerar el proceso de adopción de esa Proclama a fin de otorgar, sin más demora, el derecho de sindicación a todos los funcionarios públicos, de conformidad con el Convenio. La Comisión recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical y la injerencia. La Comisión expresó la esperanza de que el Gobierno adoptara, sin demora, las medidas necesarias para modificar la Proclama del trabajo de 2001 a fin de reforzar la protección contra la discriminación antisindical. En su última memoria, el Gobierno indica de nuevo que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha iniciado el proceso de redacción a fin de enmendar el artículo 23 de la Proclama del trabajo con miras a ampliar la protección, y cubrir de esta forma todos los actos de discriminación antisindical y ofrecer protección a los trabajadores contra el despido vinculado a la afiliación a sindicatos o a las actividades sindicales. Se considera que cuando se han producido despidos como represalia por la afiliación o las actividades sindicales la mejor solución es la readmisión. La Comisión pide al Gobierno que acelere el proceso a fin de garantizar en un futuro muy próximo la protección contra la discriminación antisindical tanto a los dirigentes sindicales como a los miembros de sindicatos (en el entendido que la mejor solución es la reintegración), proporcionando compensaciones financieras y profesionales adecuadas, y extender esa protección a la contratación y a cualquier acto lesivo que pueda realizarse durante el empleo, incluidos el despido, el traslado, la reubicación o el descenso de categoría.

Sanciones aplicables en casos de discriminación antisindical o actos de injerencia. La Comisión recordó que una multa de 1 200 nakfa de Eritrea (ERN) (aproximadamente 80 dólares de los Estados Unidos), establecida en el artículo 156 de la Proclama del trabajo como sanción por discriminación antisindical o actos de injerencia, no es lo suficientemente severa, y pidió al Gobierno que transmitiera información sobre todos los progresos realizados en lo que respecta a modificar esta disposición. El Gobierno reitera que los artículos 703 y 721 del Código Penal transitorio prevalecerán en caso de violaciones repetidas del derecho de sindicación previsto en la legislación nacional, aunque por el momento no se han dictado sentencias en relación con esas violaciones, y señala que actualmente se está llevando a cabo el proceso de redacción a fin de modificar el artículo 156 de la Proclama del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias para prever sanciones lo suficientemente disuasorias por despidos antisindicales y otros actos de discriminación antisindical así como por actos de injerencia.

Artículos 1, 2, 4 y 6. Trabajadores domésticos. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló que esperaba que el nuevo reglamento sobre el trabajo doméstico reconociera expresamente a los trabajadores domésticos los derechos sindicales previstos por el Convenio. El Gobierno indica de nuevo que los trabajadores domésticos no están expresamente excluidos de la definición de «empleado» que figura en el artículo 3 de la Proclama del trabajo y, por lo tanto, no tienen prohibidos los derechos de sindicación y de negociación colectiva. Asimismo, el Gobierno señala que adoptará medidas para incluir los derechos previstos en el Convenio en el nuevo reglamento aplicable a los trabajadores domésticos. Recordando que en virtud del artículo 40 de la Proclama del trabajo el ministro puede determinar a través de un reglamento qué disposiciones de dicha Proclama son aplicables a los empleados domésticos, la Comisión expresa la firme esperanza de que las garantías consagradas en el Convenio pronto se aplicarán expresamente a los trabajadores domésticos, ya sea a través de un reglamento promulgado en virtud del artículo 40 o a través del nuevo reglamento sobre el trabajo doméstico que el Gobierno ha indicado que se adoptará.

Artículo 6. Sector público. La Comisión expresó la esperanza de que en la nueva Proclama sobre la administración pública se reconocieran expresamente a los funcionarios públicos de la administración central del personal (CPA) que no trabajan en la administración del Estado los derechos previstos en el Convenio. El Gobierno indica de nuevo que los funcionarios públicos se dividen en dos categorías: los que trabajan en la CPA y los que trabajan en empresas públicas o semipúblicas, y que estos últimos están cubiertos por la Proclama del trabajo y, por lo tanto, gozan, al igual que otros trabajadores, del derecho de sindicación y del derecho de negociación colectiva. En lo que respecta a los trabajadores de la CPA, el Gobierno también señala que la Proclama sobre la administración pública aún no ha sido promulgada, y que, por ahora, no se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre el Gobierno y los funcionarios públicos. La Comisión pide al Gobierno que transmita información concreta sobre el estatus del proyecto de Proclama sobre la administración pública y que transmita una copia de este proyecto. La Comisión expresa la firme esperanza de que, más de diez años después de la ratificación del Convenio, el Gobierno pueda informar pronto de que se ha adoptado la Proclama antes mencionada, garantizando de esta forma a los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado los derechos consagrados en el Convenio, especialmente el derecho de negociación colectiva.

Artículos 4 y 6. Negociación colectiva en la práctica. La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno en respuesta a las observaciones de 2012 de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Pide de nuevo al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas o previstas para promover el desarrollo de la negociación colectiva en los sectores público y privado.

Fiji

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2002)

La Comisión toma nota de las observaciones comunicadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014 y de las observaciones transmitidas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), en una comunicación de 1.º de septiembre de 2014.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, junio de 2013)

La Comisión reitera que la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT presentada por un grupo de delegados trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2013, en la que alegó el incumplimiento de las disposiciones del Convenio por parte de Fiji fue declarada admisible y sigue pendiente de resolución ante el Consejo de Administración. La Comisión toma nota del informe elaborado por la misión de contactos directos de la OIT tras su visita a Fiji, del 6 al 11 de octubre de 2014, y que fue presentado al Consejo de Administración en el marco de su examen de la queja en virtud del artículo 26. La Comisión toma nota con interés de la siguiente conclusión del informe de la misión: «las elecciones recientes y el nuevo Parlamento proporcionaban un contexto propicio para su labor (de la misión) que marcaba el rumbo hacia una nueva era que prometía progresos concretos y tangibles en respuesta a las solicitudes pendientes de los órganos de control de la OIT. La misión estaba especialmente motivada por el diálogo franco y abierto que pudo mantener con todas las partes interesadas y por el verdadero deseo manifestado de hacer avanzar al país en el respeto mutuo». La Comisión toma nota del Memorando de Entendimiento (MOU) sobre el futuro de las relaciones laborales en Fiji suscrito por los interlocutores sociales y espera que ello constituya la base para progresar en el país en todos los asuntos pendientes en cuanto a la aplicación del Convenio.

Derechos sindicales y libertades públicas. La Comisión toma nota con interés de que, según el informe de la misión, el comisario de policía ha reactivado la investigación sobre la denuncia de agresión al Sr. Felix Anthony, dirigente sindical, que ha sido objeto de sus observaciones anteriores. La Comisión, al igual que la misión, espera que el Sr. Anthony coopere como pueda con la investigación y pide al Gobierno que la informe sobre cualquier novedad legislativa a este respecto.

La Comisión reitera además sus comentarios anteriores que se refirieron también a los casos del Sr. Daniel Urai (presidente del Congreso de Sindicatos de Fiji (FTUC)) y del Sr. Goundar, a quienes se les imputó la comisión del delito de reunión ilegal, alegando incumplimiento de las disposiciones del reglamento de emergencia pública (PER). La Comisión lamenta tomar nota de que, según el informe de la misión, la causa penal contra el Sr. Daniel Urai sigue pendiente de resolución en los tribunales. La Comisión confía en que se retiren de inmediato todas las acusaciones formuladas por el ejercicio de actividades sindicales y manifiesta su firme esperanza de que esta cuestión se solucione muy próximamente. La Comisión pide también al Gobierno que señale si siguen pendientes de resolución las imputaciones contra el Sr. Goundar.

Cuestiones legislativas. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que solicitó al Gobierno que modificara las disposiciones siguientes del decreto núm. 35, relativo a las industrias nacionales esenciales, de 2011 (ENID), con el fin de poner sus disposiciones de conformidad con el Convenio: artículo 6 (cancelación de todos los registros sindicales en vigor en «industrias nacionales esenciales»); artículo 7 (pertenencia a la empresa para ser elegido dirigente sindical); artículos 10 a 12 (los sindicatos deben presentar una solicitud al Primer Ministro para ser candidatos a representantes de la unidad de negociación; el Primer Ministro decidirá la composición y el ámbito de aplicación de la unidad de negociación a efectos electorales; el secretario del Registro dirigirá y supervisará las elecciones); artículo 14 (el requisito de contar con más del 50 por ciento de los trabajadores para inscribirse como sindicato en el registro); artículo 26 (falta de recursos judiciales en casos de conflictos de derechos; arbitraje obligatorio por parte del Gobierno en los conflictos cuya cuantía sobrepase un determinado límite); y artículo 27 (restricciones severas al derecho de huelga).

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se prevé que la misión de contactos directos presentará una plataforma que propiciará la resolución de las cuestiones pendientes en relación con el ENID y permitirá que el Gobierno recientemente elegido debata y decida sobre las cuestiones en el nuevo Parlamento, atendiendo a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos.

La Comisión toma nota con preocupación de que se ha ampliado el número de industrias que abarca el ENID. En efecto, en el ENID figuran ahora algunos bancos privados, la Autoridad Tributaria y Aduanera de Fiji, la Industria de Telecomunicaciones de Fiji, Fiji Airways, la Autoridad de Energía Eléctrica y Recursos Hídricos de Fiji, las industrias de explotación del pino y la caoba, la prevención de incendios y el gobierno local. La Comisión toma nota además de que, según el informe de la misión:

Muchos testigos comunicaron a la misión que estaban muy preocupados por las repercusiones del ENID en el movimiento sindical del país por la capacidad de éste para ejercer derechos sindicales. En efecto, al margen de las disposiciones concretas cuya modificación ya han solicitado los órganos de control, la información proporcionada a la misión por todas las partes interesadas, incluidas las empresas abarcadas por el decreto y sus respectivas unidades de negociación, indica que no es posible que los sindicatos sigan funcionando como tales en virtud del decreto. […] La disolución de los sindicatos y la revocación de los convenios colectivos no se vieron compensadas por el establecimiento de sindicatos en las empresas, sino que se crearon unidades de negociación con los representantes de los trabajadores para las que se tuvieron que establecer además nuevas estructuras jurídicas a efectos de la recaudación de las cuotas sindicales. Aunque se ha dicho que se les permitía consultar con sindicatos externos, los representantes de los trabajadores no podían ir acompañados en las negociaciones que mantenían con los representantes de la dirección, que al parecer contrataban a abogados mucho mejor preparados para este tipo de diálogo; esto daba lugar a un importante desequilibrio de poder en el proceso de negociación, por no mencionar el miedo a represalias, que llevaba a los representantes de los trabajadores en la negociación a temer por la pérdida de sus empleos. Teniendo presente el testimonio de que se había dictado el sobreseimiento de las causas judiciales que afectaban a empresas abarcadas por el decreto sobre la base de que las disposiciones de este último no permitían la revisión judicial, la misión consideraba que esos temores estaban justificados.

La Comisión toma nota de que, según el informe de la misión, todos los representantes de la unidad de negociación y los sindicatos interesados expresaron su deseo de volver a quedar amparados por la Ley de Relaciones Laborales (ERP), y los empleadores coincidieron también en que dicha ley era el marco más propicio para el establecimiento de relaciones laborales constructivas en el país, aunque sería oportuno introducir algunas enmiendas al texto. La Comisión insta en consecuencia al Gobierno a que dé plena consideración a la posibilidad de derogar íntegramente el ENID en consonancia con el criterio que sostuvieron los interlocutores sociales al examinarlo por última vez en el seno del subcomité del Consejo Consultivo Tripartito de Relaciones Laborales (ERAB), y que informe sobre todas las novedades legislativas en esta materia.

Con respecto a la Ley de Relaciones Laborales, de 2007, la Comisión reitera una vez más su solicitud de que se modifiquen las siguientes disposiciones de la misma con el fin de ponerla en conformidad con las disposiciones del Convenio: el artículo 3, 2) (denegación del personal penitenciario del derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes); el artículo 125, 1), a) (facultades excesivamente amplias del funcionario encargado del Registro para decidir si un sindicato reúne o no las condiciones de registro previstas en la ERP); el artículo 119, 2) (imposición de la política de un sindicato por persona para los trabajadores que ejercen más de una actividad profesional); el artículo 127 (obligación de los dirigentes sindicales de haber trabajado durante un período de no menos de seis meses en la industria, el comercio o la profesión correspondiente y prohibición de ejercer como dirigentes sindicales a las personas que no sean nacionales de Fiji); el artículo 184 (injerencia en los estatutos y reglamentos del sindicato); el artículo 128 (facultades excesivas del funcionario encargado del Registro que goza de la competencia de examinar en cualquier momento los libros de contabilidad de una organización); los artículos 169, 170, 175, 3), b), 180, 181, c) y 191, 1), c) (restricciones excesivas a la actividad sindical); y artículos 250 y 256, a) (pena de reclusión en caso de organización de una huelga ilegal).

La Comisión toma nota del resumen del Gobierno sobre el examen general de la ERP por parte del subcomité del ERAB, que concluyó satisfactoriamente sus labores a finales de 2013, planteando algunas propuestas de enmienda a las 412 disposiciones de las cuales el 98 por ciento fueron acordadas por consenso mayoritario. El Gobierno señala además que el subcomité del ERAB propuso unánimemente la redacción, desarrollo y aplicación de un nuevo estatuto del Tribunal de Relaciones Laborales (ERT); facilitar un cambio cultural en este tribunal en consonancia con la política de la ERP cuyo borrador concluyó en febrero de 2014. El proyecto definitivo revisado de la ERP fue remitido a la Oficina del Procurador General, el 21 de marzo de 2014. Tras su examen por parte del Procurador General, se presentará al Consejo de Ministros.

La Comisión toma nota con interés de esta información y manifiesta la firme esperanza de que la versión enmendada del proyecto de la ERP se presentará al Parlamento próximamente y que garantizará su plena conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todos los progresos realizados al respecto.

En lo que se refiere a los decretos relativos al sector público que eliminan el acceso de los trabajadores de la administración pública a recursos judiciales o administrativos y restringen sus derechos en virtud del Convenio, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la misión de contactos directos supondrá una plataforma que propiciará la resolución de las cuestiones pendientes y el debate y la decisión sobre las mismas por parte del Gobierno recientemente electo ante el nuevo Parlamento, atendiendo a las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios públicos cuentan con recursos judiciales genuinos y efectivos para solicitar la revisión de cualesquiera decisiones o acciones de órganos gubernamentales que afecten a sus condiciones de trabajo, especialmente en lo que se refiere al ejercicio de sus derechos en virtud del Convenio, y a que facilite las estadísticas y la información pertinente sobre los mecanismos disponibles para corregir las quejas colectivas. Además, la Comisión solicita al Gobierno que señale todos los progresos realizados en la revisión de los decretos del Gobierno relativos a los servicios públicos en lo que respecta a su conformidad con los convenios fundamentales de la OIT y a cualesquiera medidas adoptadas para enmendarlos o derogarlos.

Por último, la Comisión toma nota de que, según el informe de la misión de contactos directos, ésta tuvo conocimiento de la reciente promulgación de un decreto electoral (núm. 11, 2014), por el que se establecía que la Oficina Electoral será responsable, en virtud del artículo 154 de dicho decreto, de la organización de todas las elecciones en todos los sindicatos registrados. Al tomar nota de las preocupaciones expresadas por las organizaciones de trabajadores y de empleadores sobre esta materia, la Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio establece que estas organizaciones podrán elegir libremente sus representantes sin injerencias por parte de las autoridades públicas, y manifiesta su firme esperanza de que toda supervisión de las elecciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores se efectuará por un órgano independiente y no entorpecerá este derecho. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre cualquier novedad legislativa a este respecto.

Cuestiones planteadas por la CSI

La Comisión reitera que, en sus anteriores comentarios, había tomado nota con profunda preocupación de los alegatos de la CSI relativos a: i) los derechos relativos a la libertad sindical consagrados en la nueva Constitución (artículos 19 y 20) son objeto de amplias excepciones que podrían ser invocadas para socavar los principios subyacentes y justificar los perjudiciales decretos vigentes; ii) en el decreto relativo a los partidos políticos, se prohíbe a las personas que desempeñan un cargo en cualquier organización de trabajadores o de empleadores afiliarse a un partido político, desempeñar un cargo en el mismo y participar en actividades políticas incluida la simple expresión de apoyo; y iii) los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera de Fiji (FSGWU) han sido objeto de amenazas e intimidación por los militares y la dirección de la Corporación del Azúcar de Fiji (FSC), de propiedad estatal, antes, durante y después de la celebración de una votación de huelga en julio de 2013. La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado ningún detalle en respuesta a estas cuestiones, sino que se ha limitado a reiterar las excepciones que autoriza el artículo 19 de la Constitución de Fiji, que autoriza límites al ejercicio del derecho fundamental de libertad sindical «con objeto de regular los servicios esenciales y los sectores en aras de la economía y del interés general de los ciudadanos de Fiji». La Comisión toma nota en este sentido de que el artículo 19, 2) autoriza límites al propósito de reglamentar la constitución de sindicatos o los procedimientos de negociación colectiva. Habida cuenta de que estas limitaciones podrían interpretarse como una autorización para imponer restricciones muy amplias al ejercicio de este derecho fundamental, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre todas las sentencias pronunciadas por los tribunales que interpreten estas disposiciones y espera que, tal como planteaba en el informe de la misión de contactos directos, los tribunales podrán también recurrir a la legislación internacional para interpretar las disposiciones de la Constitución, según se establece en el artículo 7, 1), b). Además, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique sus observaciones sobre las cuestiones planteadas en relación con el decreto de partidos políticos y las amenazas formuladas contra los miembros del FSGWU.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1974)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, las observaciones recibidas el 14 de octubre de 2014 de la Asociación de Docentes de Fiji (FTA) y de las observaciones del Sindicato de Trabajadores de las Minas de Fiji entregados a la Misión de Contactos Directos que visitó el país en octubre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información detallada en respuesta a esas observaciones.

Artículo 1 del Convenio. Protección contra actos de discriminación antisindical. En relación con el conflicto de larga data en relación con la compañía minera Vatukoula (relativo a la denegación del reconocimiento a un sindicato y el despido hace más de 15 años de trabajadores en huelga), la Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, tomó nota de que el Gobierno indicó que se había creado un fideicomiso para la asistencia social de Vatukoula (VSATF), para beneficiar a cerca de 800 personas, en virtud del cual se otorgaron ciertas cantidades de dinero y se prestó asistencia de diverso tipo a los mineros despedidos con miras a su reubicación y al desarrollo de pequeñas y medianas empresas y para proporcionar educación a las personas a su cargo. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas para indemnizar a las personas afectadas y que continúe colaborando con los representantes del Sindicato de Trabajadores en las Minas de Fiji con miras a la rápida y efectiva aplicación de un acuerdo mutuamente satisfactorio. La Comisión confía en que después de 24 años, este conflicto de larga data, que ha causado muchas dificultades a los trabajadores despedidos, se resuelva definitivamente de manera equitativa.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a algunas de las disposiciones del decreto relativo a las industrias nacionales esenciales (ENID) que no estaban en conformidad con el Convenio. En relación con sus comentarios en virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión insta al Gobierno a que considere con suma atención la plena derogación del ENID de conformidad con los principios apoyados por los interlocutores sociales en el último examen de la cuestión, realizado por el subcomité tripartito del Consejo Consultivo de Relaciones Laborales (ERAB) y que siga proporcionando información sobre toda evolución a este respecto.

Gabón

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores, hizo referencia a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de 2011, en relación a las restricciones al derecho de huelga en el sector público en razón de la reiterada necesidad de garantizar la seguridad pública. En ausencia de respuesta a este respecto, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que proporcione información sobre el número de huelgas convocadas en el sector público en el período cubierto por su próxima memoria; los sectores afectados y el número de huelgas que han sido prohibidas debido a la posibilidad de que alteren el orden público.

La Comisión se refirió asimismo a las observaciones recibidas por la Internacional de la Educación (IE), que denunciaba la adopción de diversos textos reglamentarios que hacían el ejercicio de las actividades sindicales cada vez más difícil en el sector de la educación, en particular, una circular del Director de la Academia Provincial de Estuario, de 4 de abril de 2011 (documento núm. 000294/MENESRSIC/SG/DAPE), en la que se prohibía a las organizaciones sindicales realizar cualquier tipo de actividad en los establecimientos escolares o en los lugares de trabajo de los docentes. Según la IE, esta circular vulneraba no solamente las disposiciones del Convenio, sino también la ley núm. 18/92, que se refiere a la creación y funcionamiento de las organizaciones sindicales. La Comisión había solicitado al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para que los representantes de las organizaciones sindicales tengan la posibilidad de llegar hasta los docentes en los establecimientos, respetando la legalidad. En ausencia de respuestas sobre este punto, la Comisión insta firmemente al Gobierno que señale las medidas adoptadas en el sector de la enseñanza para garantizar que las organizaciones sindicales gozan de acceso a los establecimientos educativos para el desempeño de sus funciones de representación y de defensa de los intereses de sus miembros.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Gambia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Ámbito de aplicación del Convenio. Funcionarios públicos, funcionarios de prisiones y trabajadores domésticos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que garantizase que los derechos que prevé el Convenio se otorgan a los funcionarios de prisiones, los trabajadores del servicio doméstico y los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. La Comisión lamentó que la nueva Ley de Trabajo no se aplique a las categorías antes mencionadas de trabajadores (artículo 3, 2)). Recordó que sólo las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado pueden excluirse de las garantías que otorga el Convenio. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno el derecho a la negociación colectiva en virtud a la parte XIII de la Ley de Trabajo es un derecho de la comunidad garantizado a todos los trabajadores. La Comisión observa que aunque los funcionarios de prisiones, los trabajadores domésticos y los funcionarios están excluidos de la aplicación de la Ley de Trabajo, el artículo 3, 3) faculta al Secretario de Estado para ampliar la aplicación de la ley, a través de una orden publicada en el Boletín Oficial, a todas las categorías de trabajadores que estén excluidas. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique si los trabajadores excluidos en virtud del artículo 3, 2), de la Ley de Trabajo tienen derecho a la negociación colectiva en virtud de la parte XIII de dicha ley como resultado de una orden publicada en el Boletín Oficial por el Secretario de Estado, y, de ser así, que transmita una copia de dicha orden. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique cómo se concede a estas categorías de trabajadores una protección adecuada contra actos de discriminación antisindical e injerencia, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Convenio.

Artículo 4. Medidas para alentar y promover el pleno desarrollo y utilización del mecanismo de la negociación voluntaria entre los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que según el artículo 130 de la ley, a fin de ser reconocido como único agente de negociación, un sindicato debe representar un cierto porcentaje de empleados con contrato de servicio (el 30 por ciento en el caso de un sindicato único y al menos un 45 por ciento si el establecimiento en cuestión emplea al menos a 100 personas; en este caso, el organismo de negociación puede integrar dos o más sindicatos). La Comisión recordó que cuando, en un sistema de designación de agente exclusivo de negociación, no existe ningún sindicato que represente al porcentaje exigido para ser declarado agente negociador exclusivo, los derechos de negociación colectiva no deben negarse a los otros sindicatos de la unidad, al menos en nombre de sus miembros. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el artículo 131 de la ley dispone que un empleador puede, si así lo desea, organizar una votación secreta para establecer un único agente de negociación. La Comisión recordó que la organización de una votación para determinar la representatividad debe ser llevada a cabo por las autoridades o una parte independiente previa presentación de una solicitud por parte de un sindicato. La Comisión solicitó al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para poner la legislación de conformidad con el Convenio con arreglo a los principios antes mencionados. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Departamento de Trabajo está realizando consultas con el Gobierno Central para que las enmiendas se presenten al Parlamento para su aprobación. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Georgia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma también nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), por Educación Internacional (EI) y el Sindicato Libre del Personal Docente y Científico de Georgia (ESFTUG), así como por la Confederación Georgiana de Sindicatos (GTUC) en comunicaciones recibidas los días 1.º, 17 y 29 de septiembre de 2014 respectivamente. Al tiempo que toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones presentadas por la GTUC en 2013, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios detallados respecto de las observaciones presentadas en 2014 por las organizaciones sindicales mencionadas anteriormente.

Artículo 2 del Convenio. Número mínimo de afiliados para constituir una organización de trabajadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que revisara el artículo 2, 9) de la Ley sobre los Sindicatos a fin de reducir el número de miembros requeridos para constituir un sindicato, fijado en 100 personas. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se revisó la mencionada disposición el 22 de junio de 2012, reduciéndose a 50 personas el número mínimo exigido para constituir un sindicato. Al tiempo que saluda esta evolución positiva, la Comisión recuerda que si bien la exigencia de un número mínimo de miembros no es en sí misma incompatible con el Convenio, el número mínimo debería mantenerse dentro de límites razonables para no obstaculizar la constitución de organizaciones, especialmente en pequeñas y medianas empresas. La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que examine, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, el impacto de este cambio en la práctica y que adopte medidas para la revisión de esta disposición en caso de que se determine que el nuevo número mínimo exigido aún obstaculiza la constitución de sindicatos en pequeñas y medianas empresas.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar libremente sus actividades y formular su programa de acción. La Comisión saluda la indicación del Gobierno de que las enmiendas al Código del Trabajo, adoptadas el 12 de junio de 2013, establecen un nuevo mecanismo para la resolución de los conflictos colectivos de trabajo y que toman en consideración los comentarios de la Comisión. En relación con la revisión del Código del Trabajo, la Comisión toma nota con satisfacción de: i) la derogación del antiguo artículo 48, 5) que permitía a cualquiera de las partes someter el conflicto ante un tribunal o al arbitraje si no se llegaba a un acuerdo en un plazo de 14 días y la adopción del nuevo artículo 48, 8) según el cual las partes pueden, en cualquier momento, ponerse de acuerdo para someter conjuntamente el conflicto al arbitraje; ii) la eliminación de las restricciones relativas a la duración de la huelga impuestas por el antiguo artículo 49, 8) del Código; iii) la eliminación de los antiguos artículos 51, 4) y 51, 5) del Código que consideraban ilegales las huelgas llevadas a cabo por empleados informados de la terminación de su contrato con anterioridad al inicio del conflicto colectivo así como de las huelgas llevadas a cabo, después de la expiración del plazo de su contrato, por empleados contratados a término fijo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), por Educación Internacional (EI) y por el Sindicato Libre del Personal Docente y Científico de Georgia (ESFTUG) así como por la Confederación Georgiana de Sindicatos (GTUC) en comunicaciones recibidas los días 1.º, 17 y 29 de septiembre de 2014, respectivamente, en relación con cuestiones que la Comisión examina a continuación y con alegaciones de casos graves de interferencia, incluyendo el establecimiento de organizaciones de trabajadores dominadas por los empleadores en el sector público, numerosos actos de discriminación antisindical en los sectores público y privado, así como obstáculos a la negociación colectiva en la educación pública. Al tiempo que toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones presentadas por la GTUC en 2013, la Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios detallados respecto de las observaciones presentadas en 2014 por las organizaciones sindicales mencionadas anteriormente.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Código del Trabajo no contenía disposiciones expresas que prohíban los despidos por causa de afiliación sindical o por participar en actividades sindicales y que en virtud del artículo 5.8, de dicho Código, no se exigía que un empleador justifique su decisión de no contratar a un solicitante de empleo incluso en caso de alegada discriminación antisindical. Por consiguiente, la Comisión pidió al Gobierno que adopte las medidas necesarias para revisar el Código del Trabajo en consulta con los interlocutores sociales, a fin de garantizar que el Código del Trabajo prevea una protección adecuada de los miembros de los sindicatos y de los dirigentes sindicales contra la discriminación antisindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el Código del Trabajo fue enmendado el 12 de junio de 2013, con el fin de incorporar plenamente los requisitos del Convenio en la legislación nacional. A este respecto, la Comisión toma nota con satisfacción de que: i) los artículos 2 y 40.2 del Código del Trabajo revisado prohíben expresamente la discriminación antisindical tanto en la fase precontractual como durante la relación de trabajo; ii) los artículos 37 y 40.2 del Código del Trabajo prohíben expresamente la terminación basada en la discriminación antisindical, y iii) de acuerdo con las disposiciones mencionadas, la carga de la prueba recae en el empleador en caso de que el empleado se refiera a circunstancias que puedan generar una duda razonable de que el empleador puso término al contrato de trabajo por discriminación antisindical.

Al tiempo de que toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las nuevas normas en materia de carga de la prueba se aplican también a las reclamaciones relacionadas con la discriminación en el momento de la contratación, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre todas las reclamaciones por discriminación antisindical en el momento de la contratación y sobre todas las sentencias judiciales pertinentes que se hayan dictado a este respecto, y que indique si el artículo 5.8 del Código del Trabajo ha sido invocado en esos casos y en qué ello ha obstaculizado medida la determinación de la existencia o no existencia de una discriminación.

Artículo 2. Injerencia de los empleadores en los asuntos internos de los sindicatos. La Comisión toma nota de que el nuevo artículo 40.3 del Código del Trabajo establece que: i) cualquier forma de injerencia en las actividades de cada uno está estrictamente prohibida para los empleadores y las asociaciones de empleados; ii) la injerencia es toda práctica destinada a intervenir en una asociación por medios económicos o de otro tipo con el objeto de colocar las actividades de dicha asociación bajo el control de otra organización. La Comisión pide al Gobierno que confirme que este artículo cubre no solamente los actos de injerencia entre las organizaciones, sino también los casos en que los empleadores individuales pueden interferir en asociaciones de empleados y que indique las reparaciones y/o sanciones previstas en tales casos en virtud del artículo 40.3 del Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que comunique toda decisión administrativa o judicial a este respecto.

Finalmente, la Comisión toma nota de las observaciones de la GTUC sobre la falta de inspección del trabajo y el impacto fuerte que esto tiene en la protección contra la discriminación antisindical y actos de injerencia en la práctica. Saludando la indicación del Gobierno de que está en proceso de consulta con los interlocutores sociales el establecimiento de un organismo de control estatal sobre las condiciones laborales y derechos laborales que cuenta con el apoyo del Proyecto de la OIT sobre un mejor cumplimiento de las leyes laborales en Georgia, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre los progresos realizados a este respecto y que proporcione informaciones detalladas sobre la aplicación del Convenio en la práctica, incluyendo estadísticas sobre el número de casos confirmados de discriminación antisindical y actos de injerencia, las reparaciones aplicadas y las sanciones impuestas.

Artículo 4. Fomento de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara las medidas necesarias a fin de revisar los artículos 41 y 43 del Código del Trabajo con miras a garantizar que la posición de los sindicatos no se vea socavada por la existencia de otros representantes de los trabajadores y para evitar situaciones discriminatorias a favor del personal no sindicalizado, y que promueva la negociación colectiva con las organizaciones sindicales. La Comisión toma nota con satisfacción de que, como parte de las enmiendas hechas al Código del Trabajo en 2013, fueron revisados los artículos 41 y 43 y que: i) los convenios colectivos ahora se celebran sólo con asociaciones de empleados; ii) las cláusulas de los contratos de trabajo serán declaradas nulas y sin efecto si contradicen el convenio colectivo aplicable, salvo cuando la cláusula mejore las condiciones de los trabajadores.

La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que de acuerdo a la información proporcionada por los sindicatos, en 2011-2013 se celebraron un total de 42 convenios colectivos que siguen todavía en vigor (28 en 2011, seis en 2012 y ocho en 2013). La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las medidas adoptadas para promover la negociación colectiva en los sectores público y privado, sobre el número de convenios colectivos firmados y el número de trabajadores cubiertos.

En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera información detallada sobre la naturaleza y el número de casos de supuesta violación de los derechos sindicales examinados por la Comisión Tripartita de Interlocutores Sociales (TSPC), así como sobre el efecto dado a sus decisiones y recomendaciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) el funcionamiento y la composición de la TSPC fueron revisados por las enmiendas al Código del Trabajo y la resolución núm. 258 de 7 de octubre de 2013; ii) el nuevo TSPC se reunió por primera vez el 1.º de mayo de 2014 y sus debates incluyeron el sistema de mediación de conflictos laborales colectivos en general, así como los conflictos existentes en los Ferrocarriles de Georgia LTD, los Servicios de Correo de Georgia LTD, en la educación y en el sector de la minería y metalurgia; iii) con el apoyo del proyecto de la OIT sobre un mejor cumplimiento de las leyes laborales en la República de Georgia, se llevó a cabo un proceso de selección y formación de los candidatos mediadores, y iv) el nuevo Departamento de Política Laboral y Empleo del Ministerio de Trabajo actúa como moderador, junto con los interlocutores sociales para la regulación de los conflictos colectivos de trabajo y participa activamente en el proceso en curso de negociaciones en Ferrocarriles de Georgia LTD y en los Servicios de Correo de Georgia LTD.

La Comisión saluda las iniciativas adoptadas para fortalecer la administración del trabajo y para institucionalizar el diálogo social y pide al Gobierno que continúe informando sobre este proceso. Al tiempo que destaca la importancia de la plena participación de los interlocutores sociales en la solución de los conflictos colectivos de trabajo, el Comité pide también al Gobierno que informe sobre los resultados de la mediación de los conflictos laborales en curso.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ghana

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1959)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Discriminación antisindical. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que llevara a cabo las investigaciones necesarias sobre los alegatos de discriminación antisindical formulados por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en 2009 y en 2011 y, en los casos en que estén fundados, que garantice la aplicación de sanciones suficientemente disuasivas. La Comisión también pidió al Gobierno que respondiera a los comentarios de la CSI en el sentido de que algunos empleadores han invocado la decisión de 2008 del Tribunal Superior de Accra, en virtud de la cual pueden despedir a los trabajadores sin necesidad de justificarlo, y apartar así a los sindicalistas de sus empresas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha tomado las medidas necesarias para investigar los alegatos de la CSI y que se refiere a la prohibición contra la discriminación antisindical establecida en la Ley del Trabajo de 2003. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones detalladas sobre la naturaleza y los resultados de las investigaciones sobre los alegatos de discriminación antisindical formulados por la CSI y, en todos los casos en que los alegatos se consideren justificados, que informe sobre las sanciones o reparaciones aplicadas.

Artículo 4. Reconocimiento de los sindicatos con fines de negociación colectiva. En sus observaciones anteriores la Comisión pidió al Gobierno que asegurara que la legislación prevea claramente la elección con objeto de determinar la organización más representativa a los fines de la negociación colectiva en caso de pluralidad de organizaciones sindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que los sindicatos tienen plenas facultades para decidir de buena fe las modalidades que mejor se adecuen a sus actividades y que el sindicato al que se expida el certificado de negociación está obligado a consultar o, cuando sea adecuado, invitar a otros sindicatos a participar en el proceso de negociación. El Gobierno indica adicionalmente que, en la práctica, el director del trabajo organizará una reunión con los representantes sindicales para discutir sobre las modalidades de verificación y el lugar de las elecciones para determinar cuál es la organización más representativa. La Comisión recuerda de nuevo que en los casos en que la legislación nacional prevea la aplicación de un procedimiento obligatorio para el reconocimiento de los sindicatos como agentes negociadores exclusivos, deberían observarse ciertas garantías. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que la legislación prevea claramente que se realice una elección con objeto de determinar cuál es la organización más representativa a los fines de la negociación colectiva en el caso de pluralidad de organizaciones sindicales en los lugares de trabajo, y que proporcione información sobre la evolución a este respecto.

Artículo 5. Personal de establecimientos penitenciarios. En sus observaciones anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas legislativas necesarias para garantizar que el personal de los establecimientos penitenciarios disfrute del derecho de sindicación y de negociación colectiva. La Comisión toma nota de que el Gobierno indicó que la exclusión del personal penitenciario de la Ley del Trabajo es razonablemente necesaria en interés de la seguridad nacional o el orden público o para la protección de los derechos y libertades de los demás, y que las preocupaciones señaladas están siendo consideradas por las autoridades competentes. Recordando de nuevo que las disposiciones del Convenio se aplican al personal de los establecimientos penitenciarios, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que el personal del servicio de prisiones pueda ejercer las garantías previstas en el Convenio a través de organizaciones capaces de defender sus intereses, incluso en la negociación colectiva, ya sea mediante enmiendas a la Ley del Trabajo u otros medios legislativos, y que facilite información sobre la evolución en este sentido.

Grecia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014 y de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CSI de 2013. La Comisión toma nota en particular de las observaciones de la CSI en relación con los enfrentamientos con las fuerzas policiales durante una acción de protesta llevada a cabo en un astillero, seguida por la detención de trabajadores y la formulación de acusaciones contra 12 sindicalistas, y pide al Gobierno que en su próxima memoria proporcione sus comentarios al respecto. La Comisión toma también nota de las observaciones de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FIT) y de la Federación Panhelénica de Marinos (PNO) recibidas el 19 de noviembre de 2014, relativas a un juicio inminente sobre la participación en una huelga general en 2013 y pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto. Asimismo, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Federación Sindical Mundial (FSM).

La Comisión también toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2013 y de las observaciones de 2013 de la OIE y la Federación Griega de Empresas e Industrias (SEV).

Artículo 3 del Convenio. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores pidió al Gobierno que respondiera a las preocupaciones planteadas por la Confederación General Griega del Trabajo (GSEE) respecto al cierre de la Organización de la Vivienda de los Trabajadores (OEK) y del Fondo Social de los Trabajadores (OEE). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la Organización para la Mediación y el Arbitraje (OMED) sucede plenamente en todos sus derechos y obligaciones a los mencionados organismos. Además, la Comisión toma nota con interés de que en 2013 se reanudó la asistencia financiera anual a los sindicatos y en 2014 se expidió una decisión ministerial conjunta sobre la cobertura para los sindicatos y el Instituto Laboral de la GSEE con el objetivo, según indica el Gobierno, de prestar asistencia a la organización y acción colectiva de los trabajadores con miras a mejorar sus niveles de vida y proporciona a los sindicatos diversos subsidios.

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señaló que las órdenes de movilización civil para interrumpir una huelga en el sector marítimo fueron emitidas únicamente para paliar los efectos más perjudiciales para la salud pública y que no se impusieron limitaciones para poner término a la huelga de la PNO durante el período de diciembre de 2010 a febrero de 2012. La Comisión toma nota de la información suministrada por la CSI en relación con varias órdenes de movilización civil emitidas en 2013 con respecto al sector marítimo, el transporte público y los docentes de la enseñanza secundaria estatal, así como de la respuesta detallada que el Gobierno proporcionó en relación con los riesgos para la salud y seguridad de los habitantes de las islas derivados del extenso período de huelgas que determinaron que se dictaran órdenes de movilización para el sector marítimo, así como de las consideraciones respecto de otras huelgas. La Comisión también toma nota de los comentarios formulados por la OIE y la SEV en los que se indica que determinar qué se entiende por servicios esenciales a la comunidad podría depender en gran medida de las circunstancias particulares predominantes en un país, y que servicios no esenciales pueden pasar a ser esenciales si una huelga se extiende más allá de un determinado período o un determinado alcance, poniendo así en peligro la vida y la seguridad personal o la salud de la población en todo o en parte. La OIE y SEV indican que esto parece haber sido el caso en Grecia en relación con la huelga de seis días realizada en el sector marítimo.

La Comisión toma debida nota de todas las explicaciones suministradas y espera que el Gobierno sólo recurrirá a las órdenes de movilización civil en circunstancias en las que la huelga ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la población, en todo o en parte. Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de los procedimientos penales iniciados en contra de la gente de mar y recuerda que la imposición de sanciones penales en relación con las huelgas sólo debería ser considerada en los casos en que se produjeron violencias contra las personas o la propiedad u otras graves violaciones a las disposiciones del derecho penal que no sean contrarias a los artículos 3, 2) y 8 del Convenio. La Comisión confía en que este principio será tomado en consideración por el Gobierno y le pide que proporcione informaciones detalladas en relación con las observaciones de la FIT y que siga informando sobre todo uso de las órdenes de movilización civil.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, y de la respuesta del Gobierno a las observaciones del CSI de 2013. La Comisión toma nota además de las observaciones suministradas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014, y de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la OIE y la Federación Griega de Empresas (SEV), de 2013. Por último, la Comisión toma nota de las observaciones de la SEV que se recibieron el 25 de septiembre de 2014.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, junio de 2013)

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la celebración de una serie de talleres y seminarios sobre la promoción de relaciones laborales sólidas y de un diálogo social en época de crisis, así como del hecho de que se esté negociando, entre la OIT y el Gobierno, un acuerdo de cooperación, una de cuyas áreas temáticas es el diálogo social. La Comisión toma nota con interés de la firma de un acuerdo de cooperación con la OIT y de los trabajos que están teniendo lugar en relación con el presente Convenio dentro de ese marco.

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión toma nota con interés de que la Confederación General Griega del Trabajo (GSEE), la Confederación Griega de Profesionales, Artesanos y Comerciantes (GSEVEE), la Confederación Nacional Griega de Comercio (ESEE) y la Asociación Griega de Empresas de Turismo (SETE) han suscrito otro convenio colectivo general de ámbito nacional para el año 2014. La Comisión toma nota además de la información del Gobierno en relación con la participación de los interlocutores sociales en el desarrollo y la elaboración de una serie de políticas, en particular, del Plan Nacional de Acción sobre garantías para los jóvenes, y en la elaboración de un sistema integrado para determinar las necesidades del mercado de trabajo. El Gobierno se refiere también al establecimiento, en abril de 2014, del Consejo Gubernamental del Empleo, encargado de promover nuevas iniciativas destinadas a favorecer el empleo, entre otras, cooperando con los interlocutores sociales, en particular propiciando la participación de éstos en un mecanismo permanente de consultas, planificación y evaluación de las políticas y programas sobre empleo.

Convenios colectivos a nivel de empresa y asociación de personas. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores sobre la ley núm. 3845/2010, en la cual se establece lo siguiente: «Las cláusulas de los convenios colectivos profesionales y empresariales podrán (de ahora en adelante) apartarse de los términos pertinentes de los convenios de carácter sectorial y general. Del mismo modo, las cláusulas de los convenios colectivos sectoriales podrán apartarse de los términos correspondientes a los convenios colectivos de carácter general. Todos los detalles pertinentes para la aplicación de esta disposición podrán definirse mediante orden ministerial». En lo que se refiere a la asociación de personas, la Comisión tomó nota de que la ley núm. 4024/2011 establece que, cuando no haya ningún sindicato en la empresa, una asociación de personas estará facultada para concertar un convenio colectivo a nivel de empresa. La Comisión expresó anteriormente su preocupación sobre el hecho de que, en vista del predominio de las pequeñas empresas en el mercado de trabajo griego, la facilitación de la negociación para las asociaciones de personas, combinado con la supresión de principio del trato más favorable establecido en la ley núm. 3845/2010 y al cual se da cumplimiento en la ley núm. 4024/2011, podría menoscabar gravemente el fundamento de la negociación colectiva en el país.

La Comisión observa que, según las últimas estadísticas facilitadas por el Gobierno, en 2013 se han suscrito 409 convenios colectivos a nivel de empresa, 218 de los cuales han sido firmados por asociaciones de personas y 191 por sindicatos. Hasta el 30 de junio de 2014, se firmaron 188 convenios colectivos a nivel de empresa, 96 de los cuales fueron concertados entre empleadores y asociaciones de personas, y 92 con sindicatos. Además, 86 convenios sectoriales, dos convenios profesionales de carácter nacional y tres de carácter local han sido sometidos al arbitraje del departamento competente del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar, aunque no se ha presentado ningún laudo arbitral al respecto.

La Comisión toma nota de la observación de la CSI sobre esta cuestión, según la cual, en 2013 se suscribieron 313 convenios colectivos a nivel de empresa, 178 de los cuales fueron concertados con asociaciones de personas (156 establecían recortes salariales), y solamente 135 con sindicatos (de los cuales 42 establecían recortes salariales).

Reiterando la importancia de promover la negociación colectiva con las organizaciones de trabajadores y, por consiguiente, de mejorar el alcance de la negociación colectiva, la Comisión pide una vez más al Gobierno que señale las medidas adoptadas en aras de la promoción de la negociación colectiva con los sindicatos a todos los niveles, en particular, teniendo en cuenta la posibilidad, en consulta con los interlocutores sociales, de constituir secciones sindicales en las pequeñas empresas.

La Comisión toma nota de las observaciones de la SEV de que el Consejo de Estado pronunció una decisión por la que se declaraba inconstitucional la supresión del recurso unilateral al procedimiento de arbitraje obligatorio establecido en la ley núm. 4046, de 14 de febrero de 2012. La SEV critica esta sentencia al considerar que contraviene los dispuesto en el Convenio y, además, expresa su profunda preocupación de que reinstaurar nuevamente el recurso unilateral al procedimiento de arbitraje obligatorio podría ahogar la negociación colectiva, tal como ha ocurrido siempre en Grecia. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere simplemente, en su memoria, a la decisión del Consejo de Estado pero no responde a las preocupaciones planteadas por la SEV.

La Comisión reitera sus anteriores comentarios sobre el régimen de arbitraje obligatorio antes de la supresión del recurso unilateral a este mecanismo, en los cuales consideró que no era contrario al Convenio en la medida en que se limitaba a la fijación del salario básico a escala nacional, sectorial o profesional, en un contexto en el cual los mecanismos de fijación del salario mínimo quedaban pendientes de desarrollo. No obstante, la Comisión se ve obligada a destacar que, en términos generales, las disposiciones legislativas que autorizan a cualquiera de las partes a solicitar unilateralmente el recurso al arbitraje obligatorio para resolver una controversia no promueven la negociación colectiva de carácter voluntario y, por lo tanto, contravienen el Convenio. La Comisión, confía, por tanto, en que las decisiones tomadas por el Gobierno para dar respuesta a la decisión del Consejo de Estado tomen plenamente en cuenta las preocupaciones anteriores y pide al Gobierno que responda de manera exhaustiva a las preocupaciones planteadas por la SEV.

Artículos 1 y 3. Protección contra el despido antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara sus observaciones sobre los comentarios formulados por la GSEE en relación con la vulnerabilidad de los trabajadores ante los despidos antisindicales en el marco de la introducción de modalidades flexibles de trabajo. La Comisión toma nota de la información que incluye el Gobierno en su memoria respecto a que no se ha introducido ninguna modificación legislativa que vaya en detrimento del nivel de protección de los dirigentes sindicales. No obstante, la Comisión recuerda que los comentarios formulados por la GSEE se refieren, en general, al impacto que el contexto actual del país y las medidas que facilitan las formas flexibles de trabajo podrían tener a efectos de socavar la aplicación práctica de las protecciones legales. La Comisión pide, por tanto, una vez más al Gobierno que comunique en su próxima memoria información y estadísticas relativas a las quejas por discriminación antisindical, así como sobre las medidas de reparación aplicadas.

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Federación Sindical Mundial (FSM). La Comisión también toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación que se recibió el 1.º de septiembre de 2014 y de la respuesta del Gobierno a las observaciones de 2013 de la OIE y de la Federación Griega de Empresas e Industrias (SEV). Además, la Comisión toma nota de las observaciones transmitidas por la SEV en una comunicación recibida el 25 de septiembre de 2014, que está siendo abordada en sus comentarios en virtud del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

Artículo 5 del Convenio. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, pidió al Gobierno que transmitiera información detallada sobre las medidas adoptadas para examinar junto con los interlocutores sociales las diversas medidas que se han adoptado para realizar cambios unilaterales en las condiciones de empleo de los trabajadores del sector público, con miras a limitar el impacto de esos cambios y ofrecer las salvaguardias adecuadas para la protección del nivel de vida de los trabajadores.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual el nuevo sistema de clasificación para el sector público y la reserva de la mano de obra no se incluyen en la lista de cuestiones que pueden ser objeto de acuerdos colectivos en virtud del marco legislativo actual. El Gobierno añade que el departamento competente del Ministerio de Reforma Administrativa y Gobernanza Electrónica tiene en cuenta las solicitudes, observaciones y propuestas de los órganos interesados.

La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas para promover la negociación colectiva para todos los grupos de trabajadores, incluidos los funcionarios públicos, y extenderla progresivamente a todas las cuestiones relacionadas con las condiciones de empleo. Asimismo, le pide que indique todos los exámenes que se han llevado a cabo junto con los interlocutores sociales en lo que respecta al impacto de los cambios unilaterales realizados en las condiciones de empleo durante los últimos años.

Guatemala

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) y de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) recibidas el 1.º, 3 y 22 de septiembre de 2014. Dichas observaciones se refieren a temas que ya son objeto de examen por parte de la Comisión y en particular las alegaciones relativas a actos de violencia extremadamente graves que afectan al movimiento sindical.

Por otra parte, la Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma también nota de las observaciones conjuntas del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (CACIF) y de la OIE recibidas el 28 de agosto de 2014 en las cuales las organizaciones manifiestan su preocupación por el clima de violencia que afecta al país pero que valoran positivamente: i) las medidas tomadas por el Ministerio Público a este respecto; ii) el informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre las muertas violentas de sindicalistas y sus resultados; y iii) la creación de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

Queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por incumplimiento del Convenio

La Comisión toma nota de que en su 322.ª reunión (noviembre de 2014), el Consejo de Administración decidió aplazar hasta su 323.ª reunión (marzo de 2015) la decisión de constituir una comisión de encuesta para examinar la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por varios delegados trabajadores de la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2012) acerca del incumplimiento por parte de Guatemala del Convenio. La decisión del Consejo de Administración se basó en los elementos proporcionados por el Gobierno y por las organizaciones de empleadores y de trabajadores de Guatemala así como en la información recabada por la Misión de la OIT (en adelante la Misión) que se llevó a cabo del 8 al 11 de septiembre de 2014, en relación con el seguimiento dado a la Hoja de ruta adoptada el 17 de octubre de 2013 por el Gobierno de Guatemala en consulta con los interlocutores sociales del país con miras a agilizar la aplicación del Memorándum de Entendimiento suscrito el 26 de marzo de 2013 entre el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT y el Gobierno de Guatemala.

Derechos sindicales y libertades civiles. La Comisión lamenta tomar nota de que desde hace varios años ha venido examinando, al igual que el Comité de Libertad Sindical (CLS), alegatos de graves actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y de la situación de impunidad al respecto. La Comisión toma nota de nuevo que, en el marco de los casos núms. 2445, 2540, 2609, 2768 y 2978, el Comité observa con profunda preocupación que los alegatos son extremadamente graves y se refieren a numerosos asesinatos (58 asesinatos han sido examinados por el Comité desde el año 2004 hasta la fecha) y actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, en un clima de persistente impunidad.

La Comisión toma nota de que las centrales sindicales de Guatemala manifestaron a la Misión que: i) no hay avances sustantivos en las investigaciones de los actos de violencia contra sindicalistas denunciados ante la OIT; ii) se mantiene la situación de impunidad en los casos de muertes de sindicalistas; iii) la instrucción para la persecución penal efectiva de los delitos cometidos contra sindicalistas que había sido discutida a partir de 2013 y acordada en la mesa sindical del Ministerio Público con la Fiscal General no se llevó a la práctica; iv) las organizaciones sindicales no han sido convocadas en ninguna etapa de los procesos penales relativos a asesinatos de sindicalistas ni se han podido constituir en querellantes en los mismos; v) el Protocolo de Implementación de Medidas de Seguridad Inmediatas y Preventivas a favor de las y los Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, presentado en agosto de 2014 por el Ministerio de Gobernación, no menciona a los sindicalistas ni hace referencia a las actividades sindicales; vi) en varias ocasiones el Ministerio de Gobernación anunció la puesta en servicio de una línea telefónica para las denuncias de los delitos contra los sindicalistas, pero ésta nunca estuvo en funcionamiento, y vii) el informe de la CICIG sobre los asesinatos de 58 dirigentes sindicales y sindicalistas denunciados ante la OIT ratifica la impunidad existente en Guatemala.

La Comisión toma nota con profunda preocupación de que, según las informaciones comunicadas a la Misión por el Movimiento Sindical Popular Autónomo de Guatemala y la Coordinadora de Sindicatos Globales, fueron asesinados 16 sindicalistas entre el 2 de enero de 2013 y el 20 de agosto de 2014. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Ministerio Público informó a la Misión que todos los casos están siendo investigados, que con respecto de uno de ellos existe orden de aprehensión y con respecto a otro se está solicitando la orden de aprehensión.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que está tomando todas las medidas a su alcance para combatir la violencia y la impunidad y en particular que:

–de una lista de 70 homicidios de dirigentes sindicales y sindicalistas (58 casos examinados hasta la fecha por el CLS y 12 casos adicionales acaecidos a partir de 2013) el Ministerio Público indica que: 42 casos se encuentran en investigación; en 8 casos, se emitieron sentencias condenatorias; en 3 casos, se emitió una sentencia absolutoria; en 11 casos se emitieron órdenes de aprehensión; en 2 casos, se solicitaron órdenes de aprehensión; en 2 casos la persecución penal está extinguida; en un caso, se produjo un sobreseimiento; en un caso está pendiente el inicio de debate judicial;

–en seguimiento del convenio de colaboración firmado en 2013 con el Ministerio Público, la CICIG presentó el 31 de julio de 2014 un informe sobre «El estado de investigaciones sobre la muerte de sindicalistas en Guatemala» en el cual la CICIG revisó los expedientes de investigación establecidos por el Ministerio Público. Sobre el contenido del informe, el Gobierno destaca que: i) la CICIG restringió su análisis a 37 casos en donde los expedientes del Ministerio Público contenían evidencias sobre la condición de sindicalistas de las víctimas; ii) en 6 de los 37 casos, existen vínculos ciertos o probables entre el móvil del homicidio y las actividades sindicales de la víctima; iii) la CICIG emitió sugerencias para mejorar los métodos de investigación del Ministerio Público; iv) en su mayoría, las muertes acaecieron en los lugares de mayor violencia en el país; v) no se han verificado, al menos frente a la muestra objeto de examen, prácticas de exterminio de integrantes del sindicalismo en Guatemala;

–se ha fortalecido la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas nombrándose nuevos miembros (de cinco miembros en 2011, se aumentó a 12 miembros en 2014). Se ha ordenado el traslado de todos los casos de delitos contra sindicalistas investigados en el país hacia esta unidad especializada;

–en cumplimiento del acuerdo firmado el 30 de agosto de 2013 entre el Ministerio Público y las organizaciones sindicales, la mesa sindical del Ministerio Público se ha reunido en seis oportunidades;

–se discute con las organizaciones sindicales una instrucción para la efectiva persecución penal de los delitos cometidos contra sindicalistas;

–el 1.º de agosto de 2014, se emitió el acuerdo ministerial núm. 550-2014 del Ministerio de Gobernación, que reforma el acuerdo anterior de 2013, que permite dar participación a miembros y líderes sindicales en calidad de integrantes y no de invitados en la Mesa Técnica Sindical Permanente de Protección Integral;

–siete sindicalistas gozan de medidas de protección y se han recibido tres solicitudes adicionales de protección;

–se destinan 3 millones de quetzales (aproximadamente 384 000 dólares de los Estados Unidos) a las medidas de protección de sindicalistas y en 2015 se solicitará un aumento del presupuesto;

–se firmó en septiembre de 2014 un convenio marco de cooperación entre el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que prevé la conformación de un grupo de coordinación interinstitucional, cuya función será agilizar e intercambiar información sobre los delitos cometidos en contra de trabajadores sindicalizados, y

–prosigue la colaboración con la OIT relativa a la formación para los investigadores y fiscales del Ministerio Público en materia de normas internacionales del trabajo.

La Comisión toma finalmente nota de que la Misión se entrevistó con un representante de la CICIG que indicó que ésta sólo revisó, sobre la base de la información disponible, las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y no llevó a cabo investigaciones y que deberían revisarse los criterios de investigación para poder determinar si los homicidios en cuestión están vinculados con las actividades sindicales de las víctimas. De igual manera, la Fiscal General señaló a la Misión que el informe de la CICIG no es definitivo y que se trata de una herramienta más, de utilidad para los investigadores del Ministerio Público. Al tiempo que toma debida nota de ciertas medidas tomadas por las autoridades para mejorar la eficacia de las investigaciones sobre los asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas (fortalecimiento de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Contra Sindicalistas, coordinación entre los distintos ministerios e instituciones públicas), la Comisión insta firmemente al Gobierno a que continúe realizando todos los esfuerzos para: i) investigar todos los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, incluyendo aquellos denunciados en 2013 y 2014, con el objetivo de deslindar las responsabilidades y sancionar a los culpables, tomando plenamente en consideración en las investigaciones las actividades sindicales de las víctimas; y ii) brindar una protección rápida y eficaz a los dirigentes sindicales y sindicalistas en situación de riesgo. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre todas las medidas adoptadas y los resultados alcanzados al respecto.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Problemas de carácter legislativo. La Comisión recuerda que desde hace muchos años pide al Gobierno que tome medidas para modificar las siguientes disposiciones legislativas:

–el artículo 215, c), del Código del Trabajo que prevé la necesidad de contar con la mitad más uno de los trabajadores de la actividad de que se trate para constituir sindicatos de industria;

–los artículos 220 y 223 del Código del Trabajo que prevén la necesidad de ser guatemalteco de origen y de ser trabajador de la empresa o actividad económica correspondiente para ser elegido dirigente sindical;

–el artículo 241 del Código del Trabajo que prevé que la huelga es declarada no por la mayoría de los votantes sino por la mayoría de los trabajadores; el artículo 4, incisos d), e) y g), del decreto núm. 71-86 modificado por el decreto legislativo núm. 35-96 de 27 de marzo de 1996 que prevé la posibilidad de imponer el arbitraje obligatorio en servicios que no son esenciales y otros obstáculos al derecho de huelga, así como los artículos 390, inciso 2, y 430 del Código Penal y el decreto núm. 71-86 que prevén sanciones laborales, civiles y penales en caso de huelga de los funcionarios públicos o de trabajadores de determinadas empresas.

Adicionalmente, la Comisión pide desde hace muchos años que el Gobierno tome medidas para que varias categorías de trabajadores del sector público (contratados en virtud del renglón 029 y otros renglones del presupuesto) gocen de las garantías previstas en el Convenio.

La Comisión recuerda que en la Hoja de ruta de 2013, el Gobierno se comprometió a presentar a la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales del Trabajo los proyectos de reformas legislativas necesarios y que el Congreso de la República adoptaría la legislación correspondiente. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno así como del informe de la Misión que indican que: i) el Gobierno sometió el 10 de diciembre de 2013 tres proyectos de reforma a los mandantes tripartitos (el Gobierno adjuntó a su memoria copia de dichos proyectos); ii) los interlocutores sociales presentaron sus propias propuestas de reforma; iii) ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo tripartito sobre la revisión de la legislación, el Gobierno remitió al Congreso de la República las propuestas de reforma de los interlocutores sociales así como los comentarios pertinentes de la Comisión. La Comisión toma nota de que las organizaciones sindicales negaron ante la Misión que el Gobierno haya presentado iniciativas de ley para adecuar la legislación nacional al Convenio.

Al tiempo que observa que los proyectos de ley elaborados por el Gobierno no permiten, respecto de la mayoría de las disposiciones objeto de revisión, poner la legislación en conformidad con el Convenio, la Comisión toma nota de que durante la Misión, se firmó un Protocolo de intenciones entre el Congreso de la República y el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la Oficina que prevé la posibilidad de organizar actividades sobre las normas internacionales del trabajo y de brindar asistencia técnica en la elaboración de proyectos de ley en materia laboral. En estas condiciones, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Congreso de la República adopte a la brevedad las reformas legislativas solicitadas por la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que informe al respecto.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión aprecia la creación de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, establecida en el marco de la aplicación de la Hoja de ruta y con el acompañamiento del representante especial del Director General de la OIT en Guatemala. La Comisión confía en que este órgano, de composición tripartita y dirigido por un mediador independiente, contribuirá a resolver los numerosos casos de denuncia de violación del Convenio señalados por las organizaciones sindicales.

Registro de organizaciones sindicales. La Comisión toma nota de las observaciones recurrentes de las organizaciones sindicales sobre trabas en el registro de las organizaciones sindicales. La Comisión toma especialmente nota de: i) la denuncia de la práctica de la administración del trabajo que consistiría en remitir la listas de fundadores del sindicato en formación al patrono para verificar su pertenencia a la empresa; ii) la denuncia de numerosos casos donde se denegaría el registro por la afiliación de trabajadores precarios de la administración pública. La Comisión pide al Gobierno que se asegure de la eliminación de las mencionadas prácticas en el proceso de registro y que se examine en el marco de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la Organización Internacional del Trabajo en Materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva los casos concretos denunciados por las organizaciones sindicales a efectos de que los problemas se solucionen con rapidez. La Comisión pide al Gobierno que informe de los resultados alcanzados a este respecto.

Sector de las maquilas. La Comisión recuerda que desde hace años toma nota de comentarios de organizaciones sindicales sobre graves problemas de aplicación del Convenio en relación con los derechos sindicales en las maquilas. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de la existencia de tres sindicatos de empresa activos en el sector de las maquilas. En esta situación, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para garantizar y promover el pleno respeto de los derechos sindicales en este sector. La Comisión invita al Gobierno a que, en el marco de la campaña de sensibilización a la que se comprometió en 2013, preste especial atención a las maquilas y que siga informando sobre el ejercicio en la práctica de los derechos sindicales en este sector.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, y de las observaciones del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), recibidas el 3 de septiembre de 2014, que se refieren a temas examinados por la Comisión y que señalan especialmente numerosos actos de discriminación antisindical que no darían lugar a una protección adecuada de parte de las autoridades públicas.

Por otra parte, la Comisión toma también nota de las observaciones conjuntas del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (CACIF) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 28 de agosto de 2014, en las que organizaciones valoran especialmente la creación de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

La Comisión recuerda que varios delegados trabajadores de la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2012) presentaron una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por incumplimiento por parte de Guatemala del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). La Comisión toma nota de que en el marco del examen de la decisión de la eventual constitución de una comisión de encuesta para examinar la queja (decisión que será de nuevo examinada por el Consejo de Administración en su 323.ª reunión de marzo de 2015) una Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT visitó el país en septiembre de 2013 y que varias de sus conclusiones se refieren a la capacidad de la inspección de trabajo y del Poder Judicial de garantizar una protección adecuada contra la discriminación antisindical. La Comisión observa también que, para dar cumplimiento a las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel, el Gobierno adoptó en octubre de 2013, en consulta con los interlocutores sociales de Guatemala, una Hoja de ruta cuyo contenido está relacionado con la aplicación del Convenio. La Comisión toma también nota de la misión de la Oficina que se llevó a cabo del 8 al 11 de septiembre de 2014 en relación con el seguimiento dado a la Hoja de ruta.

Artículo 1 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical. Procedimientos judiciales eficaces. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que impulsara las reformas procesales y sustantivas necesarias para superar los casos de discriminación antisindical y de lentitud de la justicia laboral, incluyendo procedimientos más eficaces y rápidos y sanciones más disuasorias. A este respecto, la Comisión toma nota de que las organizaciones sindicales siguen denunciando una importante mora judicial en materia de actos antisindicales, debida especialmente a la posibilidad de entablar múltiples recursos dilatorios. El MSICG denuncia adicionalmente la práctica judicial consistente en tramitar los despidos ilegales de directivos sindicales por la vía judicial ordinaria por lo cual la reinstalación es efectiva sólo cuando es confirmada por la Corte de Apelaciones, lo cual puede durar años. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el CACIF manifiesta que el 98 por ciento de los juzgados laborales del país cuenta con un sistema de procedimiento oral que ha dado celeridad a las audiencias. La Comisión toma también nota de que el Gobierno comunica estadísticas generales sobre la duración de los procesos judiciales en materia laboral pero que no proporciona datos específicos relativos a la duración de los procesos relativos a actos de discriminación antisindical y, particularmente, no indica los plazos medios antes de que una reinstalación sea ordenada y ejecutada. La Comisión observa finalmente que existen varios casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical relativos a la situación de numerosos trabajadores despedidos por motivos sindicales quedando a la espera desde hace varios años de que la decisión de su reinstalación pronunciada en primera instancia sea examinada por una Corte de Apelaciones. En estas condiciones y observando los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco de la Hoja de ruta, la Comisión, al tiempo que toma nota del proceso en curso de agilización de la justicia laboral, pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para reducir significativamente los plazos judiciales en materia de reinstalación. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.

La Comisión recuerda también que desde hace muchos años pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para acabar con el alto grado de incumplimiento de las sentencias de reinstalación de sindicalistas despedidos y que esta solicitud forma parte de las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT de 2013. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) el acuerdo núm. 26-2012 instituye la unidad de verificación del Poder Judicial para controlar el cumplimiento de todas las órdenes judiciales en materia laboral; ii) la instrucción general núm. 05-2013 de la Fiscal General de la República hace efectiva la persecución penal del delito de desobediencia con ocasión de incumplimiento de órdenes judiciales en materia laboral; iii) en 2014 se realizaron 663 reinstalaciones en comparación con 60 en 2010; y iv) 477 casos de desobediencia a órdenes judiciales en materia laboral fueron examinados por el Ministerio Público, 53 de estos casos fueron transferidos a un órgano jurisdiccional dando lugar a tres sentencias condenatorias mientras 33 casos siguen a la espera de una fecha de audiencia. Adicionalmente, la Comisión toma nota de que: i) la CACIF valora positivamente la labor de la unidad de ejecución y verificación de reinstalaciones y diligencias especiales en materia laboral del organismo judicial; ii) las centrales sindicales señalan que las estadísticas del Ministerio de Trabajo demuestran que 277 órdenes firmes de reinstalación no han sido cumplidas y que en otros 402 casos los trabajadores reinstalados no recibieron el pago de los salarios caídos. En estas condiciones, al tiempo que toma buena nota de las iniciativas tomadas para resolver el incumplimiento de las sentencias de reinstalación de sindicalistas despedidos, la Comisión pide al Gobierno que incremente de manera significativa los medios a disposición para eliminar de manera efectiva estas deficiencias y asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto así como de los resultados alcanzados.

Actuación eficaz de la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, ante la gravedad de los problemas de discriminación antisindical, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara medidas adicionales que mejoren la inspección del trabajo. A este respecto, la Comisión observa que en sus conclusiones, la Misión Tripartita de Alto Nivel indicó su preocupación por la imposibilidad de la inspección de imponer sanciones administrativas y consideró urgente que se adopten las reformas legislativas que permitan a la Inspección del Trabajo cumplir con su mandato de velar por el cumplimiento efectivo de la legislación laboral. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) desde 2012, la inspección del trabajo ha sido fortalecida mediante la contratación de 100 inspectores adicionales y la reorganización y modernización de sus servicios; y ii) el Gobierno envió al Congreso de la República la iniciativa de ley núm. 4703 que otorga facultades sancionatorias al organismo judicial, la cual ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Adicionalmente, la Comisión toma nota de que: i) las organizaciones de trabajadores consideran la concesión del poder de sanción a la inspección del trabajo como un requisito indispensable para luchar eficazmente contra la discriminación antisindical; y ii) el CACIF considera que la iniciativa de ley núm. 4703 es adecuada, especialmente porque cumple con el criterio de la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad del poder sancionatorio de la inspección del trabajo. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que el proceso de reforma legislativa en curso se concrete en una mayor eficacia y celeridad en la imposición de sanciones disuasivas por los actos de discriminación antisindical. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto y que indique específicamente el número y el monto de las sanciones impuestas en materia de actos antisindicales.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota del escaso número de pactos colectivos en el sector privado. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, de 2011 a mayo de 2014, se homologaron 80 pactos colectivos y que, en cuanto a la maquila, no se ha registrado ninguna homologación de pacto de 2013 a la fecha. La Comisión observa que el ritmo de homologación de los pactos colectivos sigue decreciendo y expresa su preocupación por el número muy reducido de pactos colectivos y por la ausencia de negociación colectiva en el sector de la maquila desde 2013. Observando que en el marco de la Hoja de ruta, el Gobierno se ha comprometido a desarrollar una importante campaña nacional de sensibilización sobre la libertad sindical, la Comisión pide al Gobierno que aproveche dicha campaña para promover de manera enérgica los mecanismos de negociación colectiva, prestando especial atención al sector de la maquila. La Comisión pide al Gobierno que informe de las acciones realizadas y de sus resultados.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión saluda la creación de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva, establecida en el marco de la aplicación de la Hoja de ruta y con el acompañamiento del representante especial del Director General de la OIT en Guatemala. La Comisión confía en que este órgano, de composición tripartita y dirigido por un mediador independiente, contribuirá a resolver los numerosos casos de discriminación antisindical y de obstaculización de la negociación colectiva denunciados por las organizaciones sindicales y pide al Gobierno que informe de los resultados alcanzados. Finalmente, la Comisión toma nota con preocupación del elevado número de denuncias de violación del Convenio en el seno de las municipalidades tal como lo demuestran diferentes informes. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Convenio en las municipalidades y que informe de los resultados alcanzados.

Guinea-Bissau

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de fecha 4 de agosto de 2011 que se refieren a la negociación de los salarios en el marco del Consejo Nacional Tripartito de Consultación Social y a la debilidad de las disposiciones de la Ley General del Trabajo en materia de protección contra la discriminación antisindical. Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios de la Unión Nacional de Trabajadores de Guinea (UNTG-CS) de fecha 30 de agosto de 2011 que se refieren a la necesidad de reforzar las capacidades de la Inspección General del Trabajo y de los tribunales para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Artículos 4 y 6 del Convenio. Campo de aplicación del Convenio. Trabajadores agrícolas y portuarios. La Comisión había tomado nota de la voluntad del Gobierno de continuar revisando la Ley General del Trabajo que, en su título XI, contiene disposiciones sobre la negociación colectiva y la adopción de medidas para garantizar a los trabajadores agrícolas y portuarios los derechos previstos en el Convenio. La Comisión observa que en su memoria el Gobierno informa que este proceso de revisión legal sigue en curso. La Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno de que el proyecto de código preveía la adaptación de la aplicación de sus disposiciones a las características particulares del trabajo realizado por trabajadores agrícolas y portuarios. La Comisión pide al Gobierno que informe de la evolución legislativa de este proyecto y confía en que éste garantizará a los trabajadores agrícolas y portuarios los derechos previstos en el Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno declara en su memoria que no hay una legislación que regule específicamente esta materia, la cual se trata en el ámbito de foros creados a tal efecto como el denominado Consejo Permanente de Concertación Social. La Comisión recuerda que había solicitado al Gobierno que enviara informaciones sobre las medidas adoptadas con miras a la adopción de la ley especial que, en virtud del artículo 2, párrafo 2, de la Ley núm. 8/41 sobre la Libertad Sindical, debía reglamentar el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos que no trabajan en la Administración del Estado. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe a este respecto.

Por último, la Comisión había pedido al Gobierno que facilite informaciones sobre la evolución de la situación en lo que concierne a la promoción de la negociación colectiva en el sector público y en el sector privado (actividades de formación y de información, seminarios con los interlocutores sociales, etc.), y que transmitiese estadísticas sobre los convenios colectivos (por sector) firmados y el número de trabajadores cubiertos por éstos. La Comisión toma nota de que de los comentarios de la CSI se desprende que la situación de la negociación colectiva no es muy satisfactoria. La Comisión recuerda al Gobierno una vez más que el artículo 4 del Convenio establece que «deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, y por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo». La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas concretas con miras a promover una mayor utilización en la práctica de la negociación colectiva en los sectores público y privado, y que informe sobre la evolución de la situación, el número de nuevos convenios firmados y el número de trabajadores cubiertos por éstos. La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones completas sobre los puntos planteados así como sobre los comentarios de la CSI.

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si así lo desea.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guinea Ecuatorial

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

Además, la Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión nuevamente recuerda que desde hace varios años pide al Gobierno que: i) modifique el artículo 5 de la ley núm. 12/1992 que dispone que las asociaciones de empleados pueden ser profesionales o sectoriales — a fin de que los trabajadores puedan, si así lo desean, constituir sindicatos de empresa; ii) modifique el artículo 10 de la ley núm. 12/1992, que dispone que para que una asociación profesional obtenga personalidad jurídica debe tener, entre otros requisitos, un número mínimo de 50 empleados, a fin de reducir dicho número mínimo a un nivel razonable; iii) confirme si en virtud de la revisión de la Ley Fundamental, en 1995 (ley núm. 1 de 1995), el derecho de huelga es reconocido en los servicios de utilidad pública y si el mismo se ejerce en las condiciones previstas por la ley; iv) informe sobre los servicios considerados como esenciales y sobre la forma en que se determinan los servicios mínimos que deben garantizarse previstos en el artículo 37 de la ley núm. 12/1992, y v) informe si los funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado gozan del derecho de huelga (artículo 58 de la Ley Fundamental).

La Comisión urge nuevamente al Gobierno a que tome las medidas necesarias para modificar la legislación a fin de ponerla en plena conformidad con las disposiciones del Convenio y a que informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada o que prevé adoptar a este respecto. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tome sin demora todas las medidas a su alcance para reanudar un diálogo constructivo con la OIT.

Además, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), sobre la aplicación del Convenio y la reiterada negativa de reconocer a varios sindicatos, a saber la Unión Sindical de Trabajadores de Guinea Ecuatorial (UST), al Sindicato Independiente de Servicios (SIS), a la Asociación Sindical de Docentes (ASD) y a la Organización de los Trabajadores del Campo (OTC). La Comisión recuerda, una vez más, que la facultad discrecional de la autoridad competente para aceptar o negar la solicitud de inscripción en el registro equivale a la imposición de una autorización previa, lo cual es incompatible con el artículo 2 del Convenio. En estas condiciones, la Comisión urge nuevamente al Gobierno a que sin demora proceda a inscribir en el registro a aquellas organizaciones sindicales que hayan cumplido los requisitos legales y que informe al respecto en su próxima memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2001)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 4 del Convenio. Negociación colectiva. La Comisión tomó nota de los comentarios anteriores de la Confederación Sindical Internacional (CSI), sobre la reiterada negativa de reconocer a varios sindicatos, a saber la Unión Sindical de Trabajadores de Guinea Ecuatorial (UST), al Sindicato Independiente de Servicios (SIS), a la Asociación Sindical de Docentes (ASD) y a la Organización de los Trabajadores del Campo (OTC) y la falta de marco legislativo para el desarrollo de la negociación colectiva. La Comisión subraya una vez más, que la existencia de sindicatos libremente constituidos es un prerrequisito necesario para la aplicación del Convenio. La Comisión urge nuevamente al Gobierno a que adopte sin demora las medidas necesarias tendientes a crear condiciones adecuadas para la constitución de sindicatos que puedan negociar colectivamente con el objeto de reglamentar las condiciones de empleo.

Artículo 6. Derecho de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado a negociar colectivamente. La Comisión tomó nota de que según los comentarios de la CSI, el derecho de los trabajadores de la administración pública de constituir sindicatos no ha sido reconocido aún por la legislación a pesar de que el artículo 6 de la Ley de Sindicatos y Relaciones Colectivas de Trabajo, núm. 12/1992, establece que la sindicación de los funcionarios de la administración pública será regulada por una ley especial. La Comisión tomó nota de que la CSI indicó además que el marco legal de la negociación colectiva sigue siendo deficiente y ambiguo. La Comisión urge al Gobierno a que le indique si la ley especial ha sido adoptada, si la misma garantiza el derecho de sindicación y de negociación colectiva de los trabajadores de la administración pública y que envíe información detallada sobre la aplicación del Convenio respecto de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto y expresa la firme esperanza de que tomará sin demora todas las medidas a su alcance para reanudar un diálogo constructivo con la OIT.

Parte V del formulario de memoria. Aplicación práctica. La Comisión pide al Gobierno que envíe estadísticas sobre el número de organizaciones sindicales, sobre el número de convenios colectivos suscritos con organizaciones sindicales y el número de trabajadores y los sectores cubiertos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guyana

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no responde a los comentarios pendientes. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

En su observación anterior, la Comisión sólo se había referido a la cuestión del reconocimiento de sólo aquellos sindicatos que contaban con el apoyo del 40 por ciento de los trabajadores, como establecía la Ley sobre el Reconocimiento de los Sindicatos. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno según la cual, a solicitud del congreso de sindicatos, la Ley sobre el Reconocimiento de los Sindicatos había previsto el reconocimiento de sindicatos que se habían reconocido con anterioridad a la ley, sin haber tenido que probar que contaban con un apoyo de la mayoría (artículo 32); todos los sindicatos se habían beneficiado de esa disposición, respecto de la cual el Gobierno manifiesta que ya no es aplicable, puesto que se habían expedido todos los certificados aplicables en virtud de ese artículo. Dado que la representatividad de los sindicatos podía cambiar, la Comisión recuerda una vez más que, cuando ningún sindicato agrupe a más del 40 por ciento de los trabajadores en la unidad de negociación, los derechos de negociación colectiva deberían atribuirse a todos los sindicatos de la unidad interesada, al menos en representación de sus propios afiliados (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y la negociación colectiva, párrafo 241). La Comisión espera que en un futuro próximo se realicen progresos significativos respecto de este asunto y solicita al Gobierno que la mantenga informada de los resultados del proceso consultivo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Haití

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1979)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión recuerda que, desde hace muchos años, viene solicitando al Gobierno que modifique la legislación nacional, especialmente el Código del Trabajo, para ponerla en conformidad con lo dispuesto en el Convenio. En observaciones anteriores la Comisión señaló que el Gobierno hacía referencia a la constitución de un comité de estudio sobre la reforma del Código del Trabajo, indicando que esta reforma tendría en cuenta los comentarios de la Comisión y que con este objetivo se beneficiaba de la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión expresó entonces la esperanza de que el Gobierno siguiera beneficiándose de esa asistencia a fin de permitirle realizar progresos reales en la revisión de la legislación, para ponerla plenamente en conformidad con el Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de la asistencia técnica que el país siguió recibiendo en 2012, especialmente en el marco de las labores en curso para la reforma del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera en su memoria que los interlocutores sociales han comenzado a presentar sus propuestas para la elaboración del nuevo Código del Trabajo y que puede creerse que las cuestiones planteadas por la Comisión encontrarán respuesta en esta reforma. La Comisión recuerda que sus comentarios se referían, en particular:

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas.

–La necesidad de modificar los artículos 229 y 233 del Código del Trabajo, a fin de garantizar que los menores que tengan la edad mínima legal de admisión al empleo puedan ejercer sus derechos sindicales sin autorización parental.

–La necesidad de modificar el artículo 239 del Código del Trabajo, a fin de permitir que los trabajadores extranjeros puedan ocupar funciones de dirigentes sindicales, al menos después de un período razonable de residencia en el país.

–La necesidad de garantizar a los trabajadores domésticos los derechos consagrados en el Convenio (el artículo 257 del Código del Trabajo dispone que el trabajo doméstico no está regido por ese código, y que la ley adoptada por el Parlamento en 2009 para modificar ese artículo — la cual no ha sido promulgada, aunque el Gobierno se refería a ella en sus memorias anteriores — tampoco reconoce los derechos sindicales de los trabajadores domésticos).

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular sus programas de acción.

–La necesidad de revisar las disposiciones del Código del Trabajo relativas al recurso al arbitraje obligatorio a fin de garantizar que este último sólo pueda imponerse, para poner fin a un conflicto colectivo de trabajo o a una huelga, en determinadas circunstancias, a saber: 1) cuando lo acepten las dos partes en el conflicto; o 2) cuando la huelga puede ser objeto de restricciones, incluso de una prohibición, es decir: a) cuando se trata de conflictos relativos a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado; b) cuando se trata de conflictos en los servicios esenciales en el sentido estricto del término; o c) en situaciones de crisis nacional o local aguda, con una duración limitada y sólo en la medida necesaria para hacer frente a la situación.

Consciente de las dificultades que atraviesa el país, la Comisión confía en que con la asistencia técnica que está recibiendo, en particular para la reforma del Código del Trabajo, y la voluntad política reafirmada por el Gobierno, este último estará en condiciones, en su próxima memoria, de indicar progresos en la revisión de legislación nacional para ponerla plenamente en conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe una copia de todo nuevo texto que se haya adoptado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 31 de agosto de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de fecha 31 de julio de 2012, que se refieren especialmente a cuestiones legislativas ya puestas de relieve por la Comisión y a alegatos de despido de sindicalistas, así como a obstáculos al ejercicio de los derechos sindicales, en particular en las zonas francas. La CSI plantea también el problema del respeto de los derechos sindicales de los trabajadores de la economía informal. Al tiempo que toma nota de que el empleo informal representa la mayor parte del empleo en Haití, la Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera se garantiza la aplicación del Convenio a los trabajadores de la economía informal y precisar, en especial, si se han adoptado medidas específicas para tratar las dificultades particulares encontradas por esos trabajadores. Además, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la aplicación del Convenio en las zonas francas.

La Comisión recuerda que desde hace muchos años pide al Gobierno que modifique la legislación nacional, especialmente el Código del Trabajo, para ponerla en conformidad con las disposiciones del Convenio. En sus observaciones anteriores, la Comisión observó que el Gobierno hizo referencia a la constitución de un comité de examen de la reforma del Código del Trabajo, indicando que esta reforma tendría en cuenta los comentarios de la Comisión y que con este objetivo se beneficiaba la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión expresó entonces la esperanza de que el Gobierno siguiera beneficiándose de esa asistencia con objeto de permitirle que realizara progresos reales en la revisión de la legislación nacional para ponerla plenamente en conformidad con el Convenio. A este respecto, la Comisión toma nota de la asistencia técnica que el país sigue recibiendo en 2012, especialmente en el marco de las labores en curso para la reforma del Código del Trabajo.

La Comisión recuerda que sus comentarios se referían principalmente a:

Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación tendientes a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían en particular a la necesidad de adoptar una disposición específica que prevea una protección contra la discriminación sindical en la contratación, así como la adopción de disposiciones que garanticen a los trabajadores, de manera general, una protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical en el empleo (motivada por la afiliación o la actividad sindical), acompañadas de procedimientos eficaces y rápidos y de sanciones suficientemente disuasorias.

A este respecto, la Comisión señala que el artículo 251 del Código del Trabajo dispone que: «Todo empleador que despida o suspenda, rebaje de categoría o reduzca el salario de un trabajador con objeto de impedir que se afilie a un sindicato, organice una asociación sindical o ejerza sus derechos sindicales, será sancionado con una multa de 1 000 a 3 000 gourdes (es decir, aproximadamente 25 a 75 dólares de los Estados Unidos) que se impondrá por el Tribunal del Trabajo, sin perjuicio de la reparación a que el trabajador tenga derecho». La Comisión toma nota que el Gobierno reitera, en su memoria, que los interlocutores sociales han comenzado a presentar sus propuestas para la elaboración del nuevo Código del Trabajo y que las cuestiones planteadas por la Comisión en lo referente a la protección contra la discriminación antisindical en la contratación y en el empleo serán objeto de una atención especial en el contexto de la reforma en curso. La Comisión pide al Gobierno que vele por que, en el marco de la reforma del Código del Trabajo, sean reforzadas las sanciones previstas en caso de discriminación antisindical durante el empleo, con objeto de garantizar que sean suficientemente disuasorias. Además, la Comisión pide al Gobierno que vele por la adopción de una disposición específica que prevea protección contra la discriminación antisindical en la contratación.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión recuerda asimismo que sus comentarios anteriores se referían a la necesidad de modificar el artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, que confiere al Servicio de organizaciones sociales del Departamento de Trabajo y Bienestar Social, el poder «de intervenir en la elaboración de los convenios colectivos de trabajo respecto de toda cuestión relativa a la libertad sindical». Al tiempo que toma nota de que el Gobierno indica que esta cuestión deberá ser objeto de una atención especial en el marco de la reforma legislativa en curso, la Comisión espera que el Gobierno se basará en la asistencia técnica proporcionada por la Oficina a ese respecto para modificar el artículo 34 del decreto de 4 de noviembre de 1983, con objeto de garantizar que el Servicio de organizaciones sociales no pueda intervenir en la negociación colectiva salvo a solicitud de las partes. La Comisión pide al Gobierno que envíe una copia de toda enmienda adoptada en ese sentido.

Derecho de negociación colectiva de los funcionarios y empleados públicos. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las disposiciones de la legislación a este respecto.

Derecho de negociación colectiva en la práctica. La Comisión saluda la información según la cual, en oportunidad de la formación tripartita sobre las normas internacionales del trabajo y el sistema de control de la OIT, organizada por la Oficina en julio de 2012 en Puerto Príncipe, y destinado a actores del sector textil, los participantes afirmaron que, con objeto de seguir fortaleciendo el diálogo entre los actores de dicho sector textil, era necesario instituir un foro de diálogo bipartito permanente que se reuniría mensualmente para discutir todas las cuestiones vinculadas a la OIT, y todo otro tema vinculado a las relaciones de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las actividades de este foro de diálogo y espera que ese proceso podrá extenderse a otros sectores, con la asistencia técnica de la Oficina.

Por último, la Comisión tomó nota de que existe un solo convenio colectivo en el país. El Gobierno indicó que es indispensable que el comité de examen sobre la reforma del Código del Trabajo tenga en cuenta las posibilidades de promover la negociación colectiva para todas las categorías de trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las posibilidades identificadas en ese contexto, así como sobre la evolución de la situación (número de convenios colectivos concluidos, sectores concernidos, número de trabajadores cubiertos).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Honduras

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2013 y de 1.º de septiembre de 2014 y de la Internacional de la Educación (IE) recibidas el 10 de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto y destaca que estas comunicaciones se refieren a asesinatos y amenazas contra dirigentes sindicales y sindicalistas. La Comisión observa que en la documentación por parte del Ministerio Público transmitida por el Gobierno se señalan entre 2013 y 2014, ocho homicidios de sindicalistas o dirigentes sindicales y un delito de amenazas; la CSI informa también del asesinato del padre del dirigente sindical Sr. Víctor Crespo (a su vez amenazado de muerte y que tuvo que exiliarse). La Comisión expresa su profunda preocupación por estos crímenes y llama la atención del Gobierno sobre el principio de que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima exento de violencia, presiones o amenazas y en el que se respeten plenamente los derechos humanos y que incumbe a los Gobiernos garantizar el respeto de estos principios. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la evolución de los procesos penales y espera firmemente que los culpables de los homicidios y amenazas serán sancionados con penas proporcionales a la gravedad de los delitos contra los dirigentes sindicales.

La Comisión observa por otro lado que una parte de las cuestiones planteadas por la CSI y la IE que se refieren al conflicto entre las autoridades y las organizaciones de docentes han sido sometidas al Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 3032 en el que la IE es organización querellante.

La Comisión toma nota también de los comentarios sobre la aplicación del Convenio presentadas por la Central General de Trabajadores (CGT) que denuncia una degradación de las condiciones de trabajo y una mayor precariedad en los contratos que hacen prácticamente imposible la sindicalización. La Comisión pide al Gobierno que someta estos temas al diálogo tripartito.

La Comisión toma nota de los comentarios de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) por comunicaciones recibidas en 2013 y el 1.º de septiembre de 2014.

Artículos 2 y siguientes del Convenio relativos a la constitución, autonomía y actividades de las organizaciones sindicales. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años se refiere a la necesidad de reformar varios artículos del Código del Trabajo para ponerlo en conformidad con el Convenio. Los comentarios de la Comisión se refieren a:

–la exclusión del ámbito de aplicación del Código del Trabajo, y por tanto de los derechos y garantías del Convenio de los trabajadores de aquellas explotaciones agrícolas o ganaderas que no ocupen en forma permanente a más de diez trabajadores (artículo 2, párrafo 1, del Código del Trabajo);

–la prohibición de que exista más de un sindicato en una misma empresa, institución o establecimiento (artículo 472 del Código del Trabajo);

–la necesidad de contar con un número de 30 trabajadores para constituir un sindicato (artículo 475 del Código del Trabajo);

–los requisitos para ser miembro de la junta directiva de un sindicato, federación o confederación relativos a ser hondureño (artículos 510, a), y 541, a), del Código del Trabajo), pertenecer a la actividad correspondiente (artículos 510, c), y 541, c), del Código del Trabajo) y saber leer y escribir (artículos 510, d), y 541, d), del Código del Trabajo), y

–la prohibición de que las federaciones y confederaciones declaren la huelga (artículo 537 del Código del Trabajo); la exigencia de una mayoría de dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la organización sindical para declarar la huelga (artículos 495 y 563 del Código del Trabajo); la facultad del Ministro de Trabajo y Previsión Social de poner fin a un litigio en los servicios de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo (artículo 555, párrafo 2, del Código del Trabajo); la exigencia de una autorización del Gobierno o un aviso previo de seis meses para toda suspensión o paro del trabajo en los servicios públicos que no dependan directa o indirectamente del Estado (artículo 558 del Código del Trabajo); el sometimiento a arbitraje obligatorio, sin posibilidad de declarar la huelga durante la vigencia del fallo arbitral (dos años), de los conflictos colectivos en servicios públicos que no son esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad o la salud en toda o parte de la población) (artículos 554, párrafos 2 y 7, 820 y 826 del Código del Trabajo).

La Comisión saluda que el Gobierno haya ampliado el mandato de la misión de contactos directos que tuvo lugar en Honduras del 21 al 25 de abril de 2014 en relación con la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), de manera que incluyera también las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos en el marco del Convenio.

La Comisión saluda que una comisión técnica de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social elaboró una propuesta de reforma de 13 artículos del Código del Trabajo para ponerlo en conformidad con el Convenio y que dicha propuesta de reforma contó con la asistencia técnica de la Oficina y fue remitida al Consejo Económico y Social para su discusión y aprobación tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Expertos. La Comisión toma nota, sin embargo, de que se estableció también una Hoja de ruta que preveía la presentación y aprobación por el Congreso Nacional en septiembre de 2014, pero estas actividades aún no se han realizado.

La Comisión espera que todas las iniciativas a las que se refiere el Gobierno permitirán poner en conformidad la legislación con las exigencias del Convenio. La Comisión espera firmemente que, con la asistencia técnica de la Oficina, y en plena consulta con los interlocutores sociales, el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para que un proyecto de reforma del Código del Trabajo sea sometido al Congreso Nacional para poner dicho Código en conformidad con el Convenio. La Comisión confía en que en este proceso se tendrán en cuenta todas las cuestiones puestas de relieve por la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que informe en su próxima memoria sobre toda medida adoptada al respecto y espera firmemente poder constatar progresos en un futuro muy próximo.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2013 y de la respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, recibidas el 1.º de septiembre de 2014, y de las observaciones de la Internacional de la Educación (IE) recibidas el 10 de septiembre de 2014 y pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto. La Comisión observa que muchas de las cuestiones planteadas por la IE han sido ya sometidas al Comité de Libertad Sindical en el marco del caso núm. 3032, en el que figura como organización querellante.

En lo que respecta al conflicto entre el Gobierno y las organizaciones docentes en el sector de la enseñanza, desde hace años, la Comisión observa que la CSI y la IE comentan detalladamente esta cuestión y que el informe de la misión de contactos directos de 2014 apunta a un déficit en el diálogo social y a numerosas reformas legales y medidas unilaterales de las autoridades que han dado lugar a protestas de las organizaciones docentes, en las que se han producido actos de violencia. La Comisión destaca la importancia de restaurar la confianza entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y espera que las autoridades potenciarán una cultura de diálogo social con las organizaciones docentes para contribuir a resolver los problemas actuales.

La Comisión toma nota también de las observaciones sobre la aplicación del Convenio presentadas por la Central General de Trabajadores (CGT) denunciando el congelamiento de los salarios en la función pública y pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, junio de 2013)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical e injerencia. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años sus comentarios se refieren a:

–La falta de protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical, ya que las sanciones previstas en el artículo 469 del Código del Trabajo contra las personas que atenten contra el libre derecho de sindicación de 200 a 10 000 lempiras (200 lempiras equivalen a alrededor de 12 dólares de los Estados Unidos) son claramente insuficientes y meramente simbólicas. La Comisión había tomado nota de que según el Gobierno la protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo está garantizada por lo dispuesto en: i) el artículo 128, 14), de la Constitución de la República, al consagrar tanto al empleador como al trabajador el derecho de asociarse libremente; ii) en el artículo 517 del Código del Trabajo que otorga a los trabajadores la protección especial del Estado cuando notifiquen a su patrono su propósito de organizar un sindicato, estableciendo que desde la fecha de la notificación hasta recibir la constancia de la personalidad jurídica ninguno de los trabajadores notificantes puede ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa calificada previamente por la autoridad respectiva, y iii) por las disposiciones del Código que imponen las sanciones señaladas por la Comisión. La Comisión había pedido una vez más al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para modificar las sanciones previstas en el artículo 469 del Código del Trabajo a efectos de que las mismas tengan un carácter disuasorio. Además, la Comisión pidió nuevamente al Gobierno que indique casos concretos en los que el artículo 321 del decreto núm. 191-96, de 31 de octubre de 1996 (que establece sanciones penales en caso de discriminación) ha sido utilizado para imponer sanciones por actos de discriminación antisindical.

–La ausencia de una protección adecuada y completa contra todos los actos de injerencia, así como sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra este tipo de actos. A este respecto, la Comisión tomó nota de que según el Gobierno la legislación contiene disposiciones tendientes a garantizar a las organizaciones de trabajadores una protección adecuada contra todo acto de injerencia de los empleadores y que tal es el caso del artículo 511 del Código del Trabajo que dispone que no pueden formar parte de juntas directivas de un sindicato de empresa o de base, ni ser designados funcionarios del sindicato, los afiliados que por razón de sus cargos en la empresa representen al patrono o tengan funciones de dirección o de confianza personal o puedan fácilmente ejercer una indebida coacción sobre sus compañeros. A este respecto, la Comisión recordó que la protección del artículo 2 del Convenio es más amplia que la del artículo 511 del Código del Trabajo, así como que a efectos de garantizar la eficacia práctica del artículo 2 del Convenio, es necesario que se prevean en la legislación, de manera expresa, recursos y sanciones suficientemente disuasorios contra los actos de injerencia de los empleadores contra los trabajadores y las organizaciones de trabajadores, incluido contra las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. La Comisión había pedido una vez más al Gobierno que en consulta con los interlocutores sociales tome las medidas necesarias en el sentido indicado. La Comisión observa que la propuesta del Gobierno sometida al Consejo Económico y Social (CES) en 2014 recoge esta solicitud.

Artículo 6. Derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no están al servicio de la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión recordó que si bien el artículo 6 del Convenio permite que se excluya de su ámbito de aplicación a los funcionarios que trabajan en la administración del Estado, las demás categorías de funcionarios y empleados públicos deberían disfrutar de las garantías previstas por el Convenio y, por consiguiente, negociar colectivamente sus condiciones de empleo, y en particular sus condiciones salariales. La Comisión pidió al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar los artículos 534 y 536 del Código del Trabajo que establecen que los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas. La Comisión pidió nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la legislación, teniendo en cuenta el principio mencionado.

La Comisión tomó nota en su anterior observación de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas en junio de 2013 en la que dicha Comisión, tras tomar nota de que las autoridades estaban elaborando un proyecto y una propuesta de reforma parcial del Código del Trabajo con el apoyo técnico de la OIT y tomando en cuenta el conjunto de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, destacó la importancia de que el proceso de reformas se realice en consulta con todas las organizaciones de trabajadores y de empleados concernidos y expresó la firme esperanza de que los mencionados proyectos sean sometidos en un futuro próximo al Poder Legislativo. La Comisión de Aplicación de Normas pidió al Gobierno que acepte una misión de contactos directos a efectos de una aplicación completa del Convenio y de desarrollar el diálogo tripartito para superar los problemas planteados.

La Comisión toma nota del informe de la misión de contactos directos realizada en Honduras del 21 al 25 de abril de 2014 y saluda que el Gobierno haya incluido también en el mandato de la misión no sólo las cuestiones relativas al Convenio núm. 98 sino también las relativas al Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

La Comisión desea destacar las conclusiones de la misión de contactos directos sobre el contexto y las dificultades de las relaciones laborales y la necesidad de impulsar el diálogo social a través del CES (órgano tripartito) que figuran a continuación:

La misión toma nota de hechos importantes que favorecerán este objetivo de armonización. En primer lugar, la ratificación del Convenio núm. 144, en fecha 12 de junio de 2012 y, en segundo lugar, la reciente publicación en fecha 29 de marzo de 2014 de la Ley sobre el Consejo Económico y Social (órgano anteriormente regulado por acuerdo ejecutivo) hechos que representan signos adicionales claros a favor del diálogo social. Esta ley establece que «las decisiones del CES pueden ser tomadas en cuenta previa aprobación de anteproyectos de ley que regulen materias socioeconómicas, que tengan una especial trascendencia en la regulación de dichas materias y demás competencias señaladas en el artículo 4», en su artículo 2, inciso primero; además, dispone que en el marco de sus competencias el CES puede dar cumplimiento a las obligaciones del Convenio núm. 144 y demás convenios de la OIT suscritos y aprobados, en su artículo 7, párrafo 3.

Aunque en los años 2013 y 2014 ha habido ciertas experiencias exitosas de diálogo social tripartito, como por ejemplo el logro de acuerdos para la fijación de salarios mínimos, las centrales sindicales han señalado a la misión cierto número de deficiencias importantes en el diálogo social por parte del anterior y del actual Gobierno. Por una parte se trata de la falta de consultas tripartitas en relación con varias leyes importantes (por ejemplo la nueva Ley de Empleo por Hora o ciertos textos legales en materia de previsión social) o de procesos de consulta o bien preparatorios a la consulta que ignoraron el deseo de las centrales sindicales de ser consultadas conjuntamente y con suficiente antelación (y no, como fue el caso, por separado). Las centrales sindicales señalaron que se trataba de un punto importante para ellas ya que estaban avanzando hacia la unificación sindical.

La misión ha tomado nota de las declaraciones del Gobierno sobre el contexto político, económico y social, y de su deseo de abordar los problemas de esta índole con dinamismo, rapidez y creatividad, teniendo en cuenta los importantes, difíciles y urgentes desafíos económicos y sociales. A este respecto, la misión desea insistir en la importancia de que al afrontar problemas laborales y socioeconómicos las autoridades aseguren una consulta en profundidad con las centrales de trabajadores y con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) a efecto de encontrar en la mayor medida posible soluciones compartidas. En este sentido es crucial que el nuevo impulso que ha recibido el CES con su referida ley permita que en el seno de este órgano tripartito se intensifique un diálogo social profundo que por eso mismo necesita conciliar la urgencia de las medidas a tomar invocada por el Gobierno con soluciones compartidas con los interlocutores sociales en la mayor medida posible, lo cual implica que se le dedique un tiempo razonable al diálogo.

La misión destaca que la confianza de las organizaciones sindicales con el Gobierno ha quedado mermada en los últimos años, merced a un largo conflicto entre las autoridades y las organizaciones del sector magisterial que dio lugar a modificaciones legales inconsultas, sanciones a muchos docentes y a una reestructuración unilateral de los colegios profesionales. Este conflicto no es objeto del mandato de esta misión (las organizaciones sindicales han sometido una queja ante otro órgano de la OIT: el Comité de Libertad Sindical (CLS)). No obstante este conflicto y sus particulares características que incluyen decisiones y leyes inconsultas, medidas en contra de los colegios magisteriales, sus dirigentes y sus afiliados, han degradado en gran medida el clima de confianza entre las centrales sindicales y el Gobierno.

En la degradación de la confianza también ha tenido mucha importancia el hecho confirmado por las centrales sindicales y por el COHEP de que se han adoptado leyes sobre temas laborales que afectan a los intereses de los empleadores y de los trabajadores que no han sido objeto de consultas o al menos de verdaderas consultas (tales como la Ley de Empleo por Hora y la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio). Asimismo, las centrales sindicales y el COHEP deploran, con razón, que el Congreso Nacional haya modificado en ciertas leyes el contenido de acuerdos bipartitos (entre las organizaciones sindicales y el COHEP) o tripartitos. La misión señaló este problema al presidente del Congreso Nacional que fue muy receptivo al mensaje de la misión, entendiendo la importancia trascendental del respeto de los acuerdos tripartitos cuando su contenido precisa ser ratificado en el Congreso Nacional para su incorporación en un texto legal. No obstante, la misión recomienda que se sensibilice a los miembros de la Comisión Laboral del Congreso Nacional y a los honorables diputados en general sobre la importancia de este principio.

La misión recuerda que las cuestiones pendientes afectan al ejercicio de derechos fundamentales del trabajo y llama la atención al hecho de que las reformas legales solicitadas por la CEACR se lleven a cabo lo más rápidamente posible, tras una discusión tripartita en profundidad que necesariamente deberá producirse en el seno del CES. Posteriormente, diversos interlocutores indicaron a la misión que un borrador-anteproyecto del Código Procesal Laboral podría contribuir a una justicia más rápida y efectiva y por ello a una mejor protección contra las infracciones al Código del Trabajo. La misión espera que este texto será sometido al CES.

La misión apreció el compromiso del COHEP con el diálogo social y la negociación colectiva que responde a una larga tradición de concertación, compromiso a su vez compartido por las centrales sindicales.

La misión subraya que el COHEP y las centrales sindicales han solicitado encarecidamente que en el CES: 1) la representación del sector gubernamental corresponda a autoridades del más alto nivel; 2) se cuente con una financiación adecuada con el objetivo de cumplir con las expectativas de orden técnico que requieren sus funciones; 3) la OIT brinde apoyo a la parte técnica del CES; y 4) se asegure que el CES pueda reunirse cada mes o con mayor frecuencia de ser necesario. La misión toma nota con interés que el Gobierno está de acuerdo con estos puntos y con que, como lo desean los interlocutores sociales, los diputados del Congreso Nacional se incorporen en las etapas finales del proceso de consulta a efectos de asegurar el respeto de los acuerdos tripartitos.

La misión toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales no ha fijado todavía el área de ninguna Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y por ello no se han fijado las modalidades de regulación autónoma en materia laboral y procesal. La misión sugiere a la CEACR que dé seguimiento a esta cuestión y estima que el Gobierno debería facilitar a la CEACR informaciones sobre la evolución de los derechos sindicales en tales áreas.

Por otra parte, las centrales sindicales denunciaron un alto grado de corrupción en la inspección del trabajo y tal como fue discutido con las distintas autoridades, la misión sugiere que se lleve a cabo una auditoría de la OIT que incluya por una parte un diagnóstico técnico del funcionamiento de la inspección y que, por otra parte, aborde las denuncias de corrupción, a efectos de tomar las medidas correctivas pertinentes.

La misión espera firmemente que las medidas señaladas en las presentes conclusiones sean objeto de una Hoja de ruta y de un plan de acción que determinen adecuadamente las etapas y las metas intermediarias a efectos de lograr progresos tangibles, en el sentido de los comentarios de la CEACR.

La Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno en su memoria según las cuales: i) el CES aprobó la Hoja de ruta para la discusión de la propuesta de armonización del Código del Trabajo tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Expertos y los comentarios técnicos de la OIT; esta propuesta incluye también la cuestión del derecho de negociación colectiva de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado; ii) desde el año 2010 no se ha registrado en el Ministerio Público una denuncia por el delito de discriminación (por persecución antisindical) en perjuicio de organizaciones sindicales pero se han registrado nueve denuncias en el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y tres casos ante la Inspección General del Trabajo, dos de los cuales se refieren a la no deducción de cuotas sindicales; y iii) las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) (ley orgánica de 12 de junio de 2013) no han sido creadas ni ha habido avances sustanciales.

La Comisión recuerda que los temas en cuestión se refieren a derechos fundamentales y no ofrecen dificultades desde el punto de vista técnico por lo que teniendo en cuenta que según se indica en el informe de misión «tanto el Gobierno como los interlocutores sociales comparten el objetivo de poner la legislación nacional en completa armonía con los Convenios núms. 87 y 98», corresponde a las autoridades tomar todas las medidas necesarias para que conjuntamente con las organizaciones de trabajadores más representativas se cumpla con las recomendaciones de la Comisión de Aplicación de Normas de 2013 y se introduzcan en la legislación las reformas pedidas. Observa que la Hoja de ruta del Consejo Económico y Social preveía la discusión y aprobación de las reformas legales por el Congreso Nacional en septiembre de 2014 y, dado el retraso, insta al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para ello y expresa la firme esperanza de que se podrán constatar progresos tangibles en un futuro próximo dada la importancia trascendental de las cuestiones legislativas pendientes.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión pide al Gobierno por otra parte que envíe informaciones sobre el ejercicio de los derechos sindicales en las zonas francas de exportación (que no deben confundirse con las ZEDE) que según indica el Gobierno no se han creado), y más concretamente sobre las denuncias por violación de los derechos sindicales consagrados en el Convenio y el número y cobertura por sectores de convenios colectivos.

Por último, la Comisión toma nota con preocupación de las denuncias de un alto nivel de corrupción en la Inspección del Trabajo y observa que el Gobierno expresó una actitud positiva sobre la sugerencia de la misión de contactos directos de que se realice una auditoría de la OIT. La Comisión pide al Gobierno que le informe al respecto y de manera particular en relación con casos de corrupción vinculados con el ejercicio de los derechos sindicales.

Hungría

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1957)

La Comisión toma nota de los comentarios formulados por el Gobierno sobre las observaciones de 2012 de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de los trabajadores del Consejo Nacional de la OIT, en su reunión de 3 de septiembre de 2014, incluidas en la memoria del Gobierno, así como de los comentarios del Gobierno al respecto.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, en particular de la información comunicada sobre los siguientes aspectos: i) la entrada en vigor de la Ley Fundamental de Hungría, el 1.º de enero de 2012, en cuyos artículos VIII y XVII se establece el derecho de sindicación y el derecho de negociación colectiva; y ii) la adopción de la Ley núm. XCIII, de 2011, sobre el Consejo Nacional Económico y Social, por la que se deroga la Ley núm. LXXIII, de 2009, sobre el Consejo Nacional de Conciliación de Intereses.

Artículo 1 del Convenio. Protección contra actos de discriminación antisindical. La Comisión tomó nota anteriormente de que: i) el artículo 82 del Código del Trabajo establece una indemnización por despido improcedente de dirigentes o afiliados de sindicatos por una cuantía equivalente a 12 meses de remuneración; ii) el artículo 83 prevé la reincorporación de un dirigente sindical a su puesto en caso de un despido que vulnere el requisito de consentimiento previo para dar por terminada la relación de trabajo; y iii) el Código del Trabajo no contiene sanciones para actos de discriminación antisindical cometidos contra dirigentes y afiliados de un sindicato. Tomando nota de que la Ley sobre la Inspección del Trabajo, de 1996, establecía una sanción obligatoria en caso de que un empleador no hubiera otorgado a los trabajadores la protección prevista en el Código del Trabajo en la elección a un puesto sindical y, en particular, la imposición de sanciones severas para delitos reiterados que vulnerasen los derechos de un grupo de trabajadores, la Comisión solicitó al Gobierno que comunique información relativa a la cuantía de dichas multas y de otras sanciones impuestas por la Inspección del Trabajo en casos de actos de discriminación antisindical contra dirigentes o afiliados de un sindicato. Además, habiendo tomado nota anteriormente de los numerosos alegatos por actos específicos de discriminación antisindical así como de presuntos retrasos en los procedimientos conexos, la Comisión invitó al Gobierno a iniciar un foro de diálogo con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas en relación con el funcionamiento y la extensión del procedimiento vigente en materia de discriminación antisindical.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que: i) el artículo 83 del Código del Trabajo garantiza la reincorporación, tanto en caso de despidos que vulneren el principio de igualdad de trato como en caso de despidos que vulneren el requisito de consentimiento previo por parte de un órgano de rango superior antes de la terminación de un contrato de un dirigente sindical; ii) el artículo 3, 1), 1)-n), de la Ley de la Inspección del Trabajo fue derogado el 1.º de enero de 2012, lo que significa que el control del cumplimiento de la legislación laboral relativa a la organización de sindicatos y la protección de dirigentes y afiliados sindicales excede el ámbito de aplicación de la Inspección del Trabajo y han dejado de imponerse multas por estos motivos; iii) la Autoridad sobre la Igualdad de Trato, podrá, en caso de discriminación contra dirigentes o afiliados sindicales, imponer multas por una cuantía que oscila entre 50 000 y 2 millones de forintos (HUF) (200 a 8 100 dólares de los Estados Unidos), en virtud de la Ley núm. CXXV de 2003 sobre Igualdad de Trato y Promoción de la Igualdad de Oportunidades (Ley de Igualdad de Trato); iv) en virtud del decreto NGM núm. 1, de 2012, sobre las condiciones que deben reunir unas relaciones laborales pacíficas y el método para verificarlas, un empleador no podrá solicitar ayuda presupuestaria si se le impone una multa por vulneración de las disposiciones de la Ley de Igualdad de Trato, a menos que hayan transcurrido dos años desde que se hubiera infringido dicha ley, y v) los enjuiciamientos por discriminación antisindical y la extensión de los mismos serán determinados por las normas procesales de los tribunales y por la Autoridad sobre Igualdad de Trato, ya que plantear un foro de diálogo sobre los mismos pondría en riesgo la imparcialidad de las decisiones de los tribunales y las autoridades administrativas.

La Comisión solicita al Gobierno: i) que indique si, dado que el artículo 16, 1), a), de la Ley de Igualdad de Trato establece que la Autoridad sobre Igualdad de Trato (ETA), podrá ordenar la anulación de una situación laboral que constituya una vulneración de la ley; la ETA podrá, en consecuencia, ordenar la reincorporación de dirigentes y afiliados sindicales a sus puestos en caso de despidos que constituyan una discriminación antisindical; ii) que comunique información sobre si la ETA da potestad para ordenar la indemnización con arreglo al artículo 82 del Código del Trabajo, y iii) que comunique información sobre la duración media de los procedimientos ante la ETA en casos de discriminación antisindical (incluyendo el tiempo de los subsiguientes recursos de apelación ante los tribunales), así como la duración media de los procedimientos meramente judiciales.

Artículo 2. Protección contra los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que señale las medidas adoptadas o previstas con miras a adoptar disposiciones legislativas que prohíban los actos de injerencia. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala una vez más que la Constitución y la actual legislación nacional (artículos 6, 7 y 271, 4) y parte 3 del Código del Trabajo) deberían bastar para impedir los actos de injerencia; y que, en caso de que se produzcan, los tribunales podrán aplicar la ley basándose en el Código del Trabajo, o la Autoridad sobre Igualdad de Trato podrá aplicar las mismas sanciones que las que se imponen por vulneración del principio de igualdad de trato. La Comisión observa que las disposiciones del Código del Trabajo y de la Ley sobre Igualdad de Trato no abarcan específicamente los actos de injerencia consistentes en promover el establecimiento de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o por una organización de empleadores, o las que ponen a estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores a través de mecanismos financieros u otros. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para adoptar disposiciones legislativas que prohíban específicamente tales actos de injerencia por parte del empleador y que establezca de manera explícita procedimientos de recursos rápidos junto con sanciones eficaces y suficientemente disuasorias contra los actos de injerencia.

Artículo 4. Concertación de convenios colectivos. En respuesta a su solicitud anterior, la Comisión toma nota de los datos estadísticos suministrados por el Gobierno en relación con el número de convenios colectivos concertados recientemente y los sectores que abarcan, así como información sobre negociación colectiva a nivel sectorial.

Iraq

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) transmitidas en una comunicación que se recibió el 31 de agosto de 2014, que en particular se refieren a las amenazas, los cargos contra dirigentes sindicales y las restricciones de las manifestaciones.

Libertades civiles y derechos sindicales. En su observación anterior, la Comisión expresó la esperanza de que en un futuro próximo fuera posible ejercer los derechos sindicales y el derecho de negociación colectiva en un clima exento de violencia, coacción, miedo y cualquier tipo de amenazas, y solicitó al Gobierno que transmitiera sus observaciones en respuesta a los graves alegatos realizados por la CSI en relación con la violencia contra sindicalistas y la injerencia en las actividades sindicales. La Comisión toma nota de que el Gobierno había indicado que Iraq estaba revisando su legislación nacional teniendo en cuenta sus transformaciones socioeconómicas. Recordando de nuevo que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse en un clima en el que se respeten los derechos humanos fundamentales, la Comisión espera que el Gobierno garantice la posibilidad de ejercer normalmente los derechos en materia de libertad sindical y de negociación colectiva, en un clima libre de violencia, coacción, miedo y cualquier otro tipo de amenazas. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre los alegatos realizados por la CSI en relación con las amenazas, la presentación de cargos y las restricciones de las manifestaciones.

Proyecto de Código del Trabajo. En su observación anterior, la Comisión recordó la necesidad de garantizar que en un futuro próximo se concluía el proceso legislativo con miras a la aplicación efectiva de los derechos de sindicación y de negociación colectiva, y expresó su confianza en que el Gobierno informaría de la adopción de disposiciones que tengan en cuenta sus comentarios anteriores. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los artículos 135-142 (capítulo 16) del nuevo proyecto del Código del Trabajo, que prevén la negociación colectiva y los acuerdos colectivos, se han extraído del Código y se han incluido en una nueva ley sobre las organizaciones sindicales, y que esta ley ha sido examinada en primera lectura por el Majlis Al Nouwab. Asimismo, toma nota de que el proyecto de ley sobre sindicatos y federaciones profesionales fue remitido a la Secretaría General del Consejo de Ministros el 5 de febrero de 2013. La Comisión expresa de nuevo la esperanza de que en un futuro próximo el Gobierno informe sobre la adopción de legislación que garantice la aplicación efectiva de los derechos de sindicación y de negociación colectiva, y tome en cuenta sus comentarios sobre los puntos que figuran a continuación.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical e injerencia. La Comisión recuerda la necesidad de adoptar disposiciones que permitan una protección adecuada frente a todas las medidas (en materia de contratación, transferencia, descensos de categoría, despidos y otras medidas con efectos perjudiciales) que pueden constituir actos de discriminación antisindical contra miembros de sindicatos y dirigentes sindicales. Estas disposiciones deben establecer procedimientos efectivos y expeditivos para garantizar su aplicación en la práctica y prever sanciones suficientemente disuasorias.

Artículo 4. Reconocimiento de los sindicatos con fines de negociación colectiva. La Comisión había recordado la necesidad de garantizar que aunque ningún sindicato o agrupación de sindicatos cubra a más del 50 por ciento de los trabajadores de una unidad, no se denieguen a los sindicatos de esa unidad los derechos de negociación colectiva, al menos en representación de sus propios afiliados. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el artículo 137, 1), del nuevo proyecto del Código del Trabajo especifica la obligación de llevar a cabo negociaciones de buena fe cuando un sindicato registrado que represente a más del 50 por ciento de los trabajadores de una empresa o proyecto presente una solicitud de negociación colectiva, o cuando la solicitud ha sido presentada por diversos sindicatos que representan a más del 50 por ciento de los trabajadores a los que se aplica el acuerdo de negociación colectiva. La Comisión solicita de nuevo al Gobierno que garantice que la legislación prevé que, si ningún sindicato, o grupo de sindicatos, cubre a más del 50 por ciento de los trabajadores, los derechos de negociación colectiva no se denieguen a los sindicatos de la unidad interesada, al menos en nombre de sus propios miembros.

Artículos 1, 2, 4 y 6. Alcance del Convenio. La Comisión había recordado que los derechos que figuran en el Convenio se garantizan plenamente a todos los trabajadores del sector privado y a todos los trabajadores del sector público que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión solicita al Gobierno que garantice que esos derechos se garantizan a todos los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado.

Monopolio sindical. La Comisión había recordado la necesidad de suprimir todos los obstáculos para que pueda existir el pluralismo sindical, lo cual implica la necesidad de derogar la Ley núm. 52, de 1987, sobre Organizaciones Sindicales y la decisión gubernamental núm. 8750, de 2005. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la legislación nacional está siendo actualizada en lo que respecta a la multiplicidad sindical y que desde 2003 han surgido diversos sindicatos fuera del ámbito de aplicación de la Ley núm. 52, de 1987, sobre Organizaciones Sindicales. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno indica que la decisión gubernamental núm. 8750, de 2005, ha sido derogada, se han asignado fondos, y la federación iraquí de industrias ahora puede disponer de sus propiedades muebles e inmuebles. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para derogar la Ley núm. 52, de 1987, sobre Organizaciones Sindicales.

Jamaica

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de la observación presentada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014 en donde se alega una serie de incompatibilidades entre la legislación nacional y el Convenio: i) imposición de sanciones por participar en la creación o por afiliarse a una organización no oficialmente reconocida; ii) restricciones al derecho de los sindicatos de autoadministrarse, y iii) restricciones y sanciones excesivas en caso de huelga. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones a organizar libremente sus actividades y a formular sus programas. La Comisión recuerda que en sus observaciones anteriores se refirió a los amplios poderes del ministro en lo que respecta a la posibilidad de remitir los conflictos laborales al arbitraje (artículos 9, 10, y 11, A), de la Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y los Conflictos Laborales). La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno reitera que está considerando seriamente la solicitud de la OIT de que enmiende esos artículos y que espera poder dar una respuesta positiva en su memoria. En estas circunstancias, la Comisión expresa nuevamente la esperanza de que los artículos 9, 10 y 11, A), de la Ley relativa a las Relaciones de Trabajo y los Conflictos Laborales sean enmendados, teniendo en cuenta que el arbitraje obligatorio para solucionar un conflicto colectivo de trabajo sólo es aceptable a solicitud de ambas partes o en los casos en los que pueda restringirse e incluso prohibirse una huelga, a saber, en los casos de conflicto en la función pública respecto de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, o sea los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. La Comisión pide al Gobierno que indique todo cambio que se produzca a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno sobre las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en 2008 en relación con el ejercicio de los derechos sindicales en las zonas francas de exportación (ZFE), y en particular respecto de que una vez que estas zonas han sido consideradas ZFE sus actividades han cesado. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la CSI en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014, que principalmente se refiere a cuestiones ya planteadas por la Comisión.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 4 del Convenio. La Comisión recuerda que algunos de sus comentarios anteriores se referían a las cuestiones siguientes:

–la denegación a los trabajadores del derecho a negociar colectivamente en una unidad de negociación, cuando esos trabajadores no representen más del 40 por ciento de la unidad, o cuando, si se satisface la condición anterior, un sindicato único que está llevando a cabo un procedimiento para obtener el reconocimiento no obtenga el 50 por ciento de los votos de los trabajadores en una votación propugnada por el ministro (artículo 5, 5), de la ley núm. 14 de 1975, y artículo 3, 1), d), de su reglamento), y

–la necesidad de adoptar medidas para enmendar la legislación de modo que sea posible una votación cuando se hayan establecido uno o más sindicatos como agentes negociadores y otro sindicato afirme que cuenta con más afiliados en la unidad de negociación que los demás y por consiguiente invoque su carácter más representativo en la unidad, a efectos de ser considerado como un agente de negociación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, aunque aún no ha tomado medidas para enmendar su legislación en relación con estas dos cuestiones, hará esfuerzos para que pronto se lleve a cabo esa enmienda. La Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno adopte en un futuro próximo las medidas necesarias para enmendar su legislación, rebajando el porcentaje mencionado y permitiendo una votación en casos de disputas sobre la representatividad, a fin de ponerla de plena conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique todo cambio que se produzca a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Japón

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1965)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), de 7 de agosto de 2014, que fueron comunicadas junto con la memoria del Gobierno, así como de la respuesta del Gobierno a estas observaciones, y de las observaciones de la Federación de Comercio del Japón (NIPPON KEIDANREN), que también fueron transmitidas junto con la memoria del Gobierno. Además, la Comisión toma nota de las observaciones transmitidas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación que se recibió el 1.º de septiembre de 2014. Asimismo, toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN), de 25 de septiembre de 2014, y por la Federación Japonesa de Sindicatos de Trabajadores de Prefecturas y Municipios (JICHIROREN), de 16 de octubre de 2014, y pide al Gobierno que transmita sus observaciones al respecto junto con su próxima memoria.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación del personal de extinción de incendios y de los funcionarios de prisiones. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en relación con la necesidad de reconocer el derecho de sindicación al personal de extinción de incendios y a los funcionarios de prisiones. Además, tomó nota de que el Gobierno indicó que se había creado en enero de 2010 un comité sobre el derecho de sindicación del personal de extinción de incendios en el Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones con el fin de examinar el reconocimiento del derecho de sindicación del personal de extinción de incendios en aras del respeto a los derechos laborales fundamentales y de las garantías de ofrecer fiabilidad y seguridad a las personas. El Gobierno también señaló que, en su informe de diciembre de 2010, el mencionado comité consideró que otorgar el derecho de sindicación al personal de extinción de incendios no planteaba obstáculos prácticos. En ese momento, no se adoptó ninguna decisión final sobre esta cuestión.

La Comisión toma nota de que en su última memoria el Gobierno recuerda la comprensión histórica en lo que respecta al alcance del Convenio, compartida también por la NIPPON KEIDANREN, y los esfuerzos realizados durante el último decenio y medio para conseguir que funcione adecuadamente el comité del personal de extinción de incendios a fin de garantizar al personal de extinción de incendios la participación en la determinación de sus condiciones de trabajo. La Comisión también toma nota de la información proporcionada en relación a que, antes del 31 de marzo de 2013, el comité del personal de extinción de incendios celebró reuniones en el 99,5 por ciento de las estaciones del personal de extinción de incendios del país. Todos los años, el Gobierno realiza actividades para promover el funcionamiento del comité del personal de extinción de incendios explicando las condiciones de trabajo y distribuyendo folletos. El Gobierno indica que el proyecto de ley sobre relaciones de trabajo y trabajadores de los servicios públicos locales, que prevé el derecho de sindicación del personal de extinción de incendios, no fue aprobado por el Parlamento, y que el ministerio a cargo de la reforma de la función pública llevó a cabo nuevas reuniones de intercambio de opiniones.

La Comisión toma nota de las preocupaciones planteadas por la JTUC-RENGO en relación con la actual denegación del derecho de sindicación al personal de extinción de incendios y su temor de que la denegación de ese derecho fundamental tenga efectos permanentes. La JTUC-RENGO también considera que al denegar ese derecho no se tienen en cuenta las investigaciones teóricas que figuran en el informe de diciembre de 2010 del grupo de trabajo que examina el carácter del derecho de sindicación del personal de extinción de incendios.

En relación con los funcionarios de prisiones, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera, y la NIPPON KEIDANREN reafirma, que, por la naturaleza de sus funciones, deben incluirse en la categoría de policías y, por consiguiente, no gozan del derecho de sindicación con arreglo al artículo 9 del Convenio. Además, la Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la JTUC-RENGO según las cuales la reasignación de las prisiones ha tenido como consecuencia que los miembros del personal que antes gozaban del derecho de sindicación y estaban afiliados a sindicatos han sido obligados a renunciar a sus puestos y se han visto privados de este derecho fundamental. La JTUC-RENGO añade que el Gobierno no ha realizado ningún debate concreto sobre el derecho de sindicación de los funcionarios de prisiones. La Comisión recuerda de nuevo que las funciones ejercidas por los funcionarios de prisiones no deberían justificar su exclusión del derecho de sindicación, y que la forma en la que ejercen sus derechos puede estar sujeta a una reglamentación específica.

La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas con miras a garantizar el derecho de sindicación al personal de extinción de incendios y a los funcionarios de prisiones.

Artículo 3. La Comisión recuerda que en su observación anterior, tomando nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en los casos núms. 2177 y 2183 (357.º informe, párrafo 730) y de los comentarios del Gobierno acerca del sistema de relaciones laborales, pidió al Gobierno que indicara los progresos realizados para garantizar que los empleados del sector público, al igual que sus homólogos del sector privado, puedan recurrir al derecho de huelga, con la posible excepción de los funcionarios públicos que ejercen la autoridad en nombre del Estado y de los trabajadores empleados en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión observa que los proyectos que prevén nuevos sistemas de relaciones laborales no han sido aprobados por la Dieta. El Gobierno añade que, en virtud del artículo 12 de la Ley de Reforma, se realizaron intercambios de opiniones y consultas sobre las medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores, y posteriormente se aprobó un nuevo proyecto que prevé que la Oficina de Asuntos de Personal adscrita al Gabinete «realizará esfuerzos para alcanzar acuerdos sobre las medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores, sobre la base del artículo 12 de la Ley de Reforma de la Función Pública, y para lograr que estas medidas se entiendan, y escuchar a las organizaciones de empleados».

La Comisión toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO respecto a que la Ley de la Administración Pública Nacional y la Ley de la Administración Pública Local presentadas a la Dieta en 2014, no contienen disposiciones sobre el sistema jurídico en relación con los puntos que han sido planteados en virtud de los Convenios núms. 87 y 98. La JTUC-RENGO expresa su profunda preocupación por el hecho de que parece que esta situación no cambiará en un futuro próximo. Además, la Comisión toma nota de la declaración realizada por la NIPPON KEIDANREN en la que se apoya firmemente la resolución complementaria de la Comisión Ministerial de la Cámara de Diputados, de 10 de abril de 2014, acerca de los esfuerzos por alcanzar acuerdos sobre las medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores, y la compresión de estas medidas. La NIPPON KEIDANREN también apoya la idea de que el Gobierno debe continuar revisando y examinando detenidamente medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores para los empleados de la función pública local tomando en consideración las opiniones de las organizaciones de empleados y teniendo en cuenta los cambios de las medidas para los empleados públicos nacionales. Si bien observa que la Ley de Administración Pública Nacional no incluye medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores, la Comisión toma nota de que la Oficina de Asuntos de Personal adscrita al Gabinete se encarga de examinar las medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores escuchando continuamente a los interesados. Sin embargo, la Comisión también toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO respecto a que la Oficina de Asuntos de Personal adscrita al Gabinete, que se estableció el 30 de mayo de 2014, no ha realizado intercambios o consultas con las organizaciones de personal sobre el establecimiento de un sistema de relaciones laborales autónomo.

En lo que respecta a las garantías compensatorias para los trabajadores que no pueden llevar a cabo acciones laborales, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la Autoridad Nacional del Personal (NPA) que continúa teniendo competencias sobre las actividades a fin de velar por que el nombramiento de los empleados de la administración pública nacional sea imparcial. Por otra parte, la Comisión toma nota de los comentarios realizados por la JTUC-RENGO en relación a que el sistema de recomendación de la NPA no funciona eficazmente como medida de compensación.

La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre los progresos realizados en lo que respecta la revisión de esta cuestión, incluida información sobre los esfuerzos realizados por la Oficina de Asuntos de Personal adscrita al Gabinete, y que en su próxima memoria indique las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los funcionarios públicos que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado y los trabajadores que no trabajan en los servicios esenciales en el estricto sentido del término puedan llevar a cabo acciones industriales sin exponerse a sanciones. Asimismo, solicita al Gobierno que responda a los comentarios de la JTUC-RENGO en relación a que la NPA no funciona eficazmente como medida compensatoria para las personas que pueden ver limitado su derecho de huelga, y que indique todas las medidas adoptadas para impulsar los mecanismos actuales a través de procedimientos de conciliación y de arbitraje adecuados, imparciales y rápidos, en los que las partes tengan confianza y puedan participar en todas las fases, y en los que los laudos, una vez dictados, sean vinculantes y se apliquen plenamente y sin demora.

Por último, la Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno respecto a que ya no existen empresas estatales en el Japón, y a que la libertad sindical y los derechos de sindicación y de negociación y de acción colectiva están protegidos por la Constitución del Japón, que garantiza esos derechos también a los trabajadores de las empresas privadas de gran interés público. Respecto de las empresas de bienestar público, el Gobierno indica que se ha establecido un sistema de notificación de las acciones pertinentes en relación con conflictos en materia de empleo a fin de que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar pueda anunciar públicamente el inicio de esas acciones con miras a minimizar los inconvenientes y daños que acciones inesperadas puedan causar en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1953)

La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación de Sindicatos del Japón (JTUC-RENGO), que fueron comunicadas junto con la memoria del Gobierno, así como de la respuesta del Gobierno a estas observaciones, y de las observaciones de la Federación de Comercio del Japón (NIPPON KEIDANREN), que también fueron transmitidas junto con la memoria del Gobierno. Asimismo, toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN), recibidas el 25 de septiembre de 2014, y pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto junto con su próxima memoria.

Artículos 4 y 6 del Convenio. Derechos de negociación colectiva de los empleados de la administración pública no adscritos a la administración del Estado, en el contexto de la reforma de la función pública. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores abordó la necesidad de adoptar medidas para garantizar la promoción de la negociación colectiva de los empleados públicos no adscritos a la administración del Estado, en el marco de las consultas en curso sobre la reforma de la función pública.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los proyectos de ley en materia de reforma de la función pública, que prevén un nuevo marco en la función pública nacional por el cual ambas partes en las relaciones entre trabajadores y empleadores negocian y determinan de manera autónoma la cuestión de las condiciones de trabajo, y promueven la reforma de la gestión del personal y del sistema de remuneración, no fueron aprobados por la Dieta. El Gobierno añade que, en virtud del artículo 12 de la Ley de Reforma de la Función Pública, se realizaron intercambios de opiniones y consultas en relación con un sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores, y posteriormente se aprobó un nuevo proyecto de ley que prevé que la Oficina de Asuntos de Personal adscrita al Gabinete «realizará esfuerzos para alcanzar acuerdos sobre las medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores, sobre la base del artículo 12 de la Ley de Reforma de la Función Pública, y para lograr que estas medidas se entiendan y escuchar a las organizaciones de empleados».

La Comisión toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO respecto a que la Ley de la Administración Pública Nacional y la Ley de la Administración Pública Local, presentadas a la Dieta en 2014, no contienen disposiciones sobre el sistema jurídico en relación con los puntos que han sido planteados en virtud de los Convenios núms. 87 y 98. La JTUC-RENGO expresa su profunda preocupación por el hecho de que parece que esta situación no cambiará en un futuro próximo. Además, la Comisión toma nota de la declaración realizada por la NIPPON KEIDANREN en la que se apoya firmemente la resolución complementaria de la Comisión Ministerial de la Cámara de Diputados, de 10 de abril de 2014, acerca de los esfuerzos para alcanzar acuerdos sobre las medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores, y la comprensión de esas medidas. La NIPPON KEIDANREN también apoya la idea de que el Gobierno debe continuar revisando y examinando detenidamente medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores para los empleados de la función pública local sobre la base de las opiniones de las organizaciones de empleados y teniendo en cuenta los cambios de las medidas para los empleados públicos nacionales. Si bien observa que la Ley de Administración Pública Nacional no incluye medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores, la Comisión toma nota de que la Oficina de Asuntos de Personal adscrita al Gabinete se encarga de examinar las medidas en relación con el sistema autónomo de relaciones entre empleadores y trabajadores escuchando continuamente a los interesados. Sin embargo, la Comisión también toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO respecto a que la Oficina de Asuntos de Personal adscrita al Gabinete, que se estableció el 30 de mayo de 2014, no ha realizado intercambios de opiniones o consultas con organizaciones de personal sobre el establecimiento de un sistema de relaciones laborales autónomo.

La Comisión lamenta tomar nota de que el paquete de proyectos de reforma, fruto de la realización durante muchos años de consultas exhaustivas con los interlocutores sociales y la sociedad civil del Japón, no ha sido finalmente adoptado y, como resultado de ello, muchos funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado siguen sin poder disfrutar de sus derechos de negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos, en el contexto de un diálogo con los interlocutores sociales, para revisar el sistema actual a fin de garantizar en un futuro muy próximo los derechos de negociación colectiva a todos los funcionarios públicos no adscritos a la administración del Estado. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información detallada sobre las medidas adoptadas por la Oficina de Asuntos de Personal adscrita al Gabinete para realizar consultas con los interlocutores sociales sobre esas cuestiones, tal como exige la ley.

La Comisión toma nota de que en las observaciones realizadas por la JTUC-RENGO y la ZENROREN también se plantean una serie de puntos complementarios en relación con los recortes salariales unilaterales de 2013, y de que estas observaciones se están examinando los casos núms. 2177 y 2183 del Comité de Libertad Sindical. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en la que se señala que se trata de una medida especial y temporal para responder a la necesidad de revitalizar las economías regionales después del gran terremoto que se produjo en el este del Japón y que la aplicación de esta medida finalizó el 31 de marzo de 2014.

Por último, la Comisión toma nota de las observaciones de la JTUC-RENGO en relación a que un cambio reciente en la legislación aplicable ha dado como resultado la supresión de los derechos de negociación colectiva del personal del proyecto forestal nacional. La Comisión lamenta tomar nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación a la promulgación de un instrumento legislativo que establece que el personal de este proyecto estará regido por la Ley de Administración Pública Nacional. La Comisión recuerda su observación anterior en la que señaló la interpretación restrictiva que debe realizarse de la expresión «funcionarios públicos adscritos a la administración del Estado» y pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar que el personal del proyecto forestal nacional disfruta de todas las garantías previstas en el Convenio, incluido el derecho de negociación colectiva.

Jordania

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1968)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 31 de agosto de 2014, que se refiere en particular a los derechos sindicales de los funcionarios públicos, trabajadores domésticos y trabajadores agrícolas.

Artículos 1 a 6 del Convenio. Ámbito de aplicación del Convenio. Trabajadores extranjeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la ley núm. 26, de 2010, ya no requiere ser titular de la nacionalidad jordana para ser miembro de sindicatos o asociaciones de empleadores, aunque los miembros fundadores e incluso quizá los dirigentes sindicales deben ser nacionales de Jordania. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que no se prohíbe que los trabajadores extranjeros sean dirigentes sindicales y ni que las asociaciones de empleadores y de trabajadores establezcan sus propias condiciones para la elección de los dirigentes. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas legislativas necesarias para garantizar que los trabajadores extranjeros puedan ser miembros fundadores y dirigentes de sindicatos de trabajadores y asociaciones de empleadores.

Trabajadores del servicio doméstico y trabajadores agrícolas. En sus comentarios anteriores, la Comisión planteó la cuestión de la cobertura por el Código del Trabajo de los trabajadores del servicio doméstico y los trabajadores agrícolas. La Comisión toma nota con satisfacción de que las enmiendas de 2008 al Código del Trabajo extienden la protección a los trabajadores domésticos y a los trabajadores agrícolas especialmente, según indica el Gobierno, en cuestiones relacionadas con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien indicar si los cocineros y jardineros gozan, a través de la enmienda de 2008, de las garantías establecidas en el Convenio y si los reglamentos sobre toda categoría específica de trabajadores, incluidos los trabajadores agrícolas y del servicio doméstico, cocineros y jardineros, se han expedido de conformidad con el artículo 3 de la ley núm. 48 de enmienda del Código del Trabajo.

Edad mínima. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 98, f), del Código del Trabajo establece que los afiliados a un sindicato deben tener, como mínimo, 18 años de edad. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que esta edad fue especificada a este respecto en armonía con la legislación nacional. La Comisión pide nuevamente al Gobierno garantizar el derecho de sindicación a los menores que hayan alcanzado la edad mínima de acceso al trabajo, ya sean trabajadores o aprendices, y también le pide que proporcione información sobre las medidas previstas o adoptadas a este respecto.

Artículo 2. Protección contra los actos de injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara medidas, en plena consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, a fin de incrementar las sanciones contra los actos de injerencia en virtud del artículo 139 del Código del Trabajo, y estimó que las multas de entre 50 y 100 dinares jordanos (JOD) (entre 70 y 140 dólares de los Estados Unidos) no tenían un efecto disuasorio. Al tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno en el sentido de que considerará esta cuestión al enmendar la legislación, la Comisión espera que el Gobierno adopte pronto las medidas necesarias para enmendar la legislación a este respecto.

Artículos 4 y 6. Derecho a la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que proporcionase información sobre las disposiciones legales en materia de negociación colectiva en el sector público. La Comisión acoge con beneplácito la indicación del Gobierno, según la cual, las enmiendas recientes a la Constitución autorizan el derecho de sindicación y de negociación colectiva en el sector público, y se han reglamentado varios sectores en la función pública. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno de que se ha preparado un proyecto de ley sobre las actividades sindicales de los empleados del sector público. La Comisión pide al Gobierno que facilite el texto de las recientes enmiendas constitucionales y del proyecto de ley sobre actividades sindicales de los empleados del sector público, y expresa la firme esperanza de que la legislación nacional reconozca explícitamente el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) (ratificación: 1979)

Artículo 2 del Convenio. Facilidades para los representantes de los trabajadores. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la única facilidad otorgada por la ley a los representantes de los trabajadores es un descanso remunerado de 14 días para la asistencia a cursos, y pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se concedan a los representantes sindicales facilidades que les permitan llevar a cabo sus funciones sindicales con rapidez y eficacia. La Comisión recuerda que la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 143), sitúa en una lista ejemplos de esas facilidades: tiempo libre en el trabajo para asistir a reuniones sindicales, congresos, etc.; acceso a todos los lugares de trabajo en la empresa, cuando ello fuera necesario; acceso a la dirección de la empresa, cuando pueda ser necesario; distribución a los trabajadores de publicaciones y de otros documentos escritos de los sindicatos; acceso a esas facilidades materiales y a la información que sean necesarios para el desempeño de sus funciones, etc.

La Comisión expresa su agrado de la indicación del Gobierno de que el artículo 107 del Código del Trabajo provisional, de 2010, dispone que el comité tripartito para asuntos laborales establecerá las condiciones necesarias para permitir que los representantes sindicales desempeñen sus funciones. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre el contenido y los resultados de las consultas tripartitas celebradas por el comité tripartito para asuntos laborales sobre todos los asuntos relacionados con las medidas necesarias para garantizar que se otorguen a los representantes sindicales facilidades que les permitan desempeñar sus funciones sindicales con rapidez y eficacia.

Kazajstán

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Libres de Kazajstán (CFTUK) y de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 3 y el 8 de septiembre de 2014, respectivamente. La Comisión expresa la esperanza de que la próxima memoria del Gobierno incluirá observaciones detalladas sobre las cuestiones planteadas por esas organizaciones.

La Comisión también toma nota de las observaciones sobre la explicación del Convenio de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma nota de la adopción de la Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios (2013) y de Ley sobre los Sindicatos (2014), así como de las enmiendas al Código del Trabajo en 2012.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores y de los empleadores, sin ninguna distinción, de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que tomara las medidas necesarias para enmendar su legislación, de manera a garantizar el derecho de sindicación de los jueces (artículo 23, 2), de la Constitución, y artículo 11, 4), de la Ley sobre Asociaciones Públicas). La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno reitera que en virtud del artículo 23, 1), de la Constitución, los jueces, al igual que otros ciudadanos, tienen derecho a asociarse libremente a fin de ejercer y defender sus intereses colectivos, siempre que no usen estas asociaciones para influir en la administración de justicia o con fines políticos. El Gobierno argumenta que la prohibición en virtud del artículo 23, 2), de la Constitución, que impide que los jueces formen partidos políticos y sindicatos, no limita su derecho a afiliarse a asociaciones públicas no comerciales. Se refiere, en particular, a la existencia de la Unión de Jueces de la República de Kazajstán. La Comisión considera que si bien la Unión de Jueces tiene el objetivo de proteger los intereses de la comunidad judicial, no se trata de una organización de trabajadores en el sentido del Convenio. La Comisión recuerda de nuevo que las únicas excepciones autorizadas por el Convenio son los miembros de la policía y las fuerzas armadas y que las funciones que ejercen los jueces no deben justificar su exclusión del derecho de sindicación. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar su legislación, de manera de asegurar que los jueces, al igual que otros trabajadores, tengan derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas para mejorar y defender sus intereses, de conformidad con lo dispuesto por el Convenio, y que indique las medidas adoptadas a este respecto.

La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que modificara su legislación para garantizar que los bomberos y el personal penitenciario gocen del derecho de sindicación. La Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno reitera que en virtud del artículo 23 de la Constitución y la Ley núm. 380-IV relativa a los Órganos de Aplicación de la Ley, prohíbe que los empleados de esos organismos, incluidos los bomberos y el personal penitenciario constituyan sindicatos y se afilien a los mismos. La Comisión subraya que la ratificación de un Convenio entraña la obligación de dar pleno efecto en la legislación y en la práctica nacionales a los derechos y garantías en ellos consagrados. La Comisión recuerda que si bien las fuerzas armadas y la policía pueden ser excluidas de la aplicación del Convenio, la situación es distinta en lo que atañe al personal de extinción de incendios y al personal de establecimientos penitenciarios. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que garantice que estas categorías de trabajadores tengan derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a esas organizaciones para mejorar y defender sus intereses, y pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas a este respecto.

Derecho de constituir organizaciones sin autorización previa. La Comisión tomó nota anteriormente de que en virtud del artículo 10, 1), de la Ley sobre Asociaciones Públicas, aplicable a las asociaciones de empleadores, se prevé un requisito mínimo de diez personas para constituir una organización de empleadores y pidió al Gobierno que enmendase su legislación a fin de reducir el número de personas exigido por este requisito. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no proporciona información sobre las medidas adoptadas a estos efectos. Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para enmendar su legislación a fin de reducir el número mínimo de miembros que se necesita para formar organizaciones de empleadores.

Derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. La Comisión toma nota de que los artículos 11, 3), 12, 3), 13, 3) y 14, 4), de la Ley de Sindicatos requiere, bajo la amenaza de eliminación del registro de conformidad con el artículo 10, 3) de dicha ley, la afiliación obligatoria de sindicatos sectoriales, territoriales y locales a una asociación sindical nacional dentro de un plazo de seis meses a partir de su registro. La Comisión recuerda que el libre ejercicio de constituir sindicatos y de afiliarse a los mismos implica el derecho de los trabajadores de decidir libremente si desean asociarse o ser miembros de una estructura sindical de nivel superior. En otras palabras, la cuestión de afiliarse o no a un sindicato de nivel superior debería ser determinada únicamente por los trabajadores y sus organizaciones. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar las disposiciones legislativas antes mencionadas en ese sentido, y proporcionar información sobre las medidas adoptadas a estos efectos.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de organizar sus actividades y de formular sus programas. Código del Trabajo. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que adoptase las medidas necesarias para enmendar el artículo 298, 2), del Código del Trabajo (con arreglo al cual, la decisión de convocar una huelga se adopta en una reunión (asamblea) de trabajadores (sus representantes) que reúna a no menos de la mitad de la fuerza total de trabajo, adoptándose la decisión con al menos el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en la reunión (asamblea)), a fin de reducir la mayoría requerida para convocar una huelga. La Comisión toma nota con satisfacción de que esta disposición se ha enmendado de manera a requerir el voto de la mayoría de los trabajadores presentes en la reunión (asamblea). La Comisión también toma nota de que el requisito de indicar la duración de la huelga (artículo 299, 2), 2), del Código del Trabajo) ha sido derogado.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre las organizaciones que llevan a cabo «acciones colectivas peligrosas» (artículo 303, 1), del Código Civil) y las categorías de trabajadores cuyo derecho de huelga se ve así limitado. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique qué organizaciones entran dentro de esta categoría, proporcionando ejemplos concretos. Asimismo, pide una vez más al Gobierno que indique cuáles son las demás categorías de trabajadores cuyo derecho de huelga puede ser limitado por otros textos legislativos, tal como se estipula en el artículo 303, 5), del Código del Trabajo, y que transmita copias de esos textos.

En relación con los transportes ferroviarios públicos, la Comisión tomó nota de que de conformidad con el artículo 303, 2), del Código del Trabajo, puede llevarse a cabo una huelga si se mantienen los servicios necesarios, como se determina en base a un acuerdo anterior con las autoridades ejecutivas locales, a fin de cubrir las necesidades básicas de los usuarios o si los servicios funcionan de manera segura y sin interrupciones. A este respecto, la Comisión había pedido al Gobierno que enmendase el artículo 303, 2), del Código del Trabajo para garantizar que se trata real y exclusivamente de un servicio mínimo y que las organizaciones de trabajadores puedan participar en su definición. La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre las medidas tomadas en ese sentido. En consecuencia, la Comisión reitera su solicitud anterior y pide al Gobierno que indique en su próxima memoria todas las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

Recordando que la prohibición del derecho de huelga debe limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, la Comisión pidió anteriormente al Gobierno que indicara si los funcionarios «administrativos» pueden ejercer el derecho de huelga. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la prohibición de la huelga se refiere únicamente a los «funcionarios públicos» y excluye a los «empleados administrativos» y «funcionarios administrativos» (docentes, médicos, empleados bancarios, etc.).

Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios. La Comisión toma nota de que de conformidad con el artículo 3, 2) de la ley, la Cámara tiene el objetivo principal de consolidar las actividades de los empresarios en el país. Por conducto de la Cámara, los empleadores mejoran y defienden sus derechos e intereses, incluyendo mediante la participación en distintos órganos del Estado y en la elaboración y redacción de la legislación que afecta a sus intereses. De conformidad con el artículo 9, 1) de la ley, la Cámara representa los intereses y derechos de los empresarios en los distintos órganos del Estado y organizaciones internacionales. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien aclarar si esta última disposición implica que sólo los representantes de la Cámara tienen derecho a representar a los empleadores de Kazajstán ante la OIT y, de ser ese el caso, que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 9, 1), de la ley, para ponerlos en conformidad con los artículos 2 y 3 del Convenio.

La Comisión también toma nota de que con arreglo al artículo 5, 1), 1) y 2), de la ley, el Gobierno autoriza cuál será el máximo de las cuotas de afiliación que deben pagar los miembros de la Cámara, y autoriza el procedimiento en consecuencia. De conformidad con el artículo 19, 2) de la ley, el Gobierno participa en la labor del congreso (consejo supremo de administración) de la Cámara y tiene el derecho de vetar sus decisiones. Además, de conformidad con el artículo 21, 1) de la ley, el presídium (consejo de administración) de la Cámara está integrado, entre otros, por representantes gubernamentales y 16 parlamentarios. Si la Cámara de Empresarios, como parece ser el caso, es una organización de empleadores en el sentido del Convenio, la Comisión estima que las disposiciones antes mencionadas limitan su libertad, así como la libertad de sus organizaciones miembros, de administrar los fondos y establecer el control general sobre las actividades y decisiones internas de la Cámara, y de ese modo, pone en tela de juicio su independencia del Gobierno y su capacidad para representar eficazmente a los intereses de sus miembros libre de injerencias gubernamentales. A la luz de lo anteriormente expuesto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione comentarios detallados sobre las cuestiones planteadas en relación con la Ley sobre la Cámara Nacional de Empresarios y que adopte medidas para enmendar dicha ley para ponerla en conformidad con el Convenio. La Comisión recuerda al Gobierno que si así lo desea puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina.

Artículo 5. Derecho de las organizaciones de establecer federaciones y confederaciones y de afiliarse a organizaciones internacionales. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que adoptase medidas para enmendar el artículo 106 del Código Civil, y el artículo 5 de la Constitución, de modo de eliminar la prohibición de la asistencia económica a sindicatos nacionales por parte de una organización internacional. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, los partidos políticos y los sindicatos son asociaciones que tienen capacidad de influir en la opinión política del público y en las políticas estatales en varios ámbitos de la vida pública. El Gobierno reitera que por este motivo, el artículo 5, 4), de la Constitución prohíbe que los extranjeros, incluidas las organizaciones internacionales, financien partidos políticos y sindicatos. El Gobierno considera que esta disposición salvaguarda los valores, intereses y seguridad del Estado. La Comisión recuerda que la legislación prohíbe a un sindicato nacional recibir asistencia pecuniaria de una organización internacional de trabajadores a la que esté afiliado, menoscaba los principios relativos al derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y que todas las organizaciones nacionales de trabajadores y de empleadores deberían gozar del derecho de recibir asistencia financiera de organizaciones internacionales de trabajadores o de empleadores, respectivamente, aun si no están afiliadas a las mismas. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 106 del Código Civil, así como el artículo 5 de la Constitución, a fin de eliminar esta prohibición y que indique las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

La Comisión toma nota de que según el artículo 13, 2), de la Ley de Sindicatos, un sindicato sectorial puede incluir no menos de la mitad de la fuerza total de trabajo del sector o sectores conexos; u organizaciones del sector o sectores conexos; o estar constituidos por subdivisiones estructurales y organizaciones miembros en el territorio en más de la mitad de todas las regiones, ciudades de importancia nacional y la capital. La Comisión considera que el requisito excesivamente elevado para establecer una organización de nivel superior (es decir, un sindicato sectorial) no es compatible con el artículo 5 del Convenio. Al tiempo que toma nota de las observaciones de la CFTUK y la CSI a este respecto, la Comisión pide al Gobierno que se ponga en contacto con las organizaciones sindicales pertinentes, incluida la CFTUK, con miras a revisar y reducir los umbrales establecidos por el artículo 13, 2) de la Ley de Sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas en ese sentido.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2001)

Además, la Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación de Sindicatos Libres de Kazajstán (CFTUK) y la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 3 y 8 de septiembre de 2014, respectivamente.

Ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión había pedido al Gobierno que modificara su legislación a fin de garantizar que los bomberos y el personal de los establecimientos penitenciarios disfrutaran de los derechos de sindicación y de negociación colectiva. La Comisión toma nota de que en su memoria de 2012 el Gobierno indica que modificar la legislación en la materia sería inconstitucional, ya que el artículo 23 de la Constitución prohíbe que los que trabajan en «órganos encargados de hacer cumplir la ley» constituyan sindicatos y se afilien a los mismos. La Comisión hace hincapié en que la ratificación del Convenio conlleva la obligación de dar pleno efecto, a través de la legislación y la práctica nacionales, a los derechos y las garantías consagrados en él. La Comisión recuerda que si bien los miembros de las fuerzas armadas y de la policía pueden ser excluidos del ámbito de aplicación del Convenio, esto no puede hacerse con los bomberos y el personal de los establecimientos penitenciarios. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para velar por que se garanticen a esas categorías de trabajadores los derechos de sindicación y de negociación colectiva, y también le pide que indique las medidas adoptadas a esos efectos.

Artículo 4. Derecho de negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que modificara el artículo 282, 2) del Código del Trabajo (2007), en relación con el procedimiento de negociación colectiva, a fin de garantizar que cuando en la misma empresa existen tanto un representante sindical como un representante electo por los trabajadores que no son miembros de ningún sindicato, la existencia de este último no sirva para menoscabar la posición del sindicato en el proceso de negociación colectiva. La Comisión toma nota de que a pesar de que en 2012 se modificó el Código del Trabajo, esa disposición sigue estipulando que los trabajadores que no son miembros de un sindicato tienen derecho a ser representados por un sindicato o por otros representantes y que cuando en la empresa hay varios representantes de los trabajadores, éstos podrán establecer un organismo mixto representativo para realizar negociaciones colectivas. La Comisión recuerda que autorizar a otros representantes de los trabajadores a participar en una negociación colectiva cuando ya existe un sindicato representativo en la empresa no sólo puede menoscabar la posición del sindicato interesado sino también vulnerar los derechos consagrados en el artículo 4 del Convenio. La Comisión reitera su solicitud anterior y expresa la esperanza de que la próxima memoria del Gobierno contenga información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

La Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera información sobre la aplicación en la práctica del artículo 91 del Código sobre Infracciones Administrativas (2001), en virtud del cual la negativa infundada a concertar un convenio colectivo se sanciona con una multa. La Comisión toma nota de que en julio de 2014 se adoptó un nuevo Código sobre Infracciones Administrativas que entrará en vigor el 1.º de enero de 2015. Con arreglo al artículo 97, 2) de este Código, por la negativa infundada a concluir un acuerdo colectivo se puede imponer una multa de hasta 300 unidades del índice de cálculo mensual. Recordando que una legislación que impone una obligación de resultado, especialmente cuando se imponen sanciones para garantizar que se concluya un acuerdo, va en contra del principio de negociación libre y voluntaria, la Comisión solicita al Gobierno que derogue esta disposición y que indique las medidas adoptadas a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Kiribati

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión recuerda que ha venido formulando comentarios sobre la necesidad de enmendar algunas disposiciones de la Ley de Organizaciones Sindicales y de Empleadores, y del Código de Relaciones Laborales, en relación con el requisito del número mínimo de afiliados, el derecho de los empleados públicos de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, el derecho de las organizaciones de elegir libremente sus representantes y de organizar sus actividades y el procedimiento de solución de conflictos, de manera de que se pusieran en conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno solicitó a la Oficina Internacional del Trabajo que lleve a cabo una revisión técnica del Proyecto de Código de Empleo y Relaciones Laborales, de 2013 (proyecto de Código de 2013), y que los comentarios de la Oficina han sido comunicados al Gobierno. Al tiempo que saluda que determinadas cuestiones ya han sido abordadas en el Proyecto de Código de 2013 y que toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el Comité de Dirección del Programa de Trabajo Decente considera actualmente las reformas a la legislación laboral, la Comisión espera que todos sus comentarios, expuestos detalladamente en su solicitud directa, serán tenidos en cuenta en ese proceso y pide al Gobierno que en su próxima memoria facilite información sobre toda evolución en lo que respecta a la adopción de este proyecto de legislación.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión había tomado nota de que el Gobierno ha pedido a la Oficina Internacional del Trabajo que realice un examen técnico del proyecto de Código de Empleo y Relaciones Laborales 2013 (proyecto de Código 2013), y que los comentarios de la Oficina se han transmitido al Gobierno. Habiendo tomado nota de que en su memoria el Gobierno indica que las reformas de la legislación del trabajo están siendo examinadas por el Comité de Dirección del Programa de Trabajo Decente (DWASC), la Comisión espera que todos sus comentarios se tengan plenamente en cuenta en ese proceso y solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre todos los cambios que se produzcan en relación con la adopción de este proyecto de legislación.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Protección efectiva contra la discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas con el fin de que la legislación estableciera sanciones lo suficientemente disuasorias contra los actos de discriminación antisindical. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que el DWASC acordó abordar este problema como parte del actual proceso de reforma legislativa. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de que si bien el proyecto de Código 2013 prohíbe la terminación de relación de trabajo o la discriminación en el empleo por motivos antisindicales no se imponen sanciones específicas en caso de infracción de esta disposición. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para revisar las disposiciones del proyecto de Código 2013, a fin de que se impongan sanciones lo suficientemente disuasorias cuando un trabajador es despedido o resulta perjudicado de alguna otra forma debido a su afiliación sindical o a su participación en actividades sindicales legítimas.

Artículos 2 y 3. Protección efectiva contra la injerencia. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que en la legislación nacional no contenía ninguna disposición legal específica que abordara la cuestión de la injerencia. El DWASC expresó preocupación por el hecho de que el apoyo financiero que generalmente proporcionaba el Gobierno (empleador) a los sindicatos de personal de enfermería y de personal docente durante sus respectivos días nacionales podía considerarse un acto de injerencia en virtud del Convenio y acordó abordar la cuestión durante la posible próxima enmienda. La Comisión apreció con agrado que el artículo 22, 1) del proyecto de Código 2013 prohíba la injerencia de los sindicatos o las organizaciones de empleadores en el establecimiento o funcionamiento de sindicatos u organizaciones de empleadores. Sin embargo, tomó nota de que ni se han establecido procedimientos eficaces para abordar los casos de infracción de esta disposición ni se imponen sanciones específicas al respecto. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para revisar las disposiciones del proyecto de Código 2013, a fin de que la prohibición de la injerencia se extienda a los empleadores y se establezcan sanciones lo suficientemente disuasorias y procedimientos rápidos para abordar esos actos.

Artículo 4. Derecho de negociar colectivamente. La Comisión había tomado nota de que no existía reconocimiento legislativo del derecho a participar en la negociación colectiva ni disposiciones que garantizasen este derecho a las federaciones y confederaciones. La Comisión tomó nota de que: i) el artículo 41 del Código de Relaciones Laborales, en su forma enmendada en 2008, reconoce el derecho de todos los sindicatos o grupos de sindicatos a la negociación colectiva, derecho que también se aplica a los funcionarios públicos en virtud de las condiciones nacionales de servicio; ii) el Gobierno señaló que necesitará tiempo para aplicar de forma efectiva este derecho ya que la negociación colectiva acaba de introducirse en Kiribati, y iii) se incluirán otros requisitos de procedimiento para apoyar el ejercicio efectivo del derecho de negociación colectiva como parte del proceso de reforma legislativa. La Comisión observó que, si bien en virtud del artículo 70 del proyecto de Código de 2013, las federaciones y confederaciones tienen derecho a la negociación colectiva, los artículos 4 (definición de acuerdo colectivo) y 74 (inicio de la negociación colectiva) sólo se refieren a los empleadores u organizaciones de empleadores y a los sindicatos. La Comisión espera que las disposiciones del proyecto de Código 2013 se revisen a fin de garantizar la coherencia en relación con la posibilidad de que las federaciones y confederaciones realicen negociaciones colectivas a niveles más altos que el nivel de empresa.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Lesotho

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de organizar sus actividades y formular sus programas. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió al artículo 198F del Código del Trabajo, que garantiza expresamente ventajas específicas a los sindicatos que representen a más del 35 por ciento de los trabajadores; así como al artículo 198G, párrafo 1, del Código del Trabajo, que establece que sólo los afiliados a un sindicato registrado que represente a más del 35 por ciento de los trabajadores de un empleador que emplea a diez o más trabajadores, tienen el derecho de elegir representantes sindicales en el lugar de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno señaló que, siguiendo la opinión del Consejo Parlamentario de que la legislación vigente y las enmiendas propuestas (en particular el proyecto de ley de enmienda de 2006) se refundiera en un solo texto normativo, la asistencia técnica de la OIT expresó su apoyo al nombramiento de un consultor independiente, y se ha constituido un equipo de trabajo dependiente del Comité Consultivo Nacional del Trabajo (NACOLA) para impulsar el proceso de revisión. La Comisión confía en que el Gobierno garantice a través de la próxima reforma de la legislación laboral que la distinción entre sindicatos más representativos y sindicatos minoritarios no se traduzca, en la legislación o en la práctica, en el otorgamiento de privilegios susceptibles de influir indebidamente en la libertad de los trabajadores de elegir sus organizaciones.

Artículo 5. Servicio público. Derecho de constituir federaciones y confederaciones. En comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tenga a bien asegurarse de que se garantiza a las asociaciones de funcionarios públicos establecidas en virtud de la Ley de Servicios Públicos, el derecho a establecer federaciones y confederaciones y afiliarse a organizaciones internacionales. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha dado una respuesta concreta sobre este punto y, en el contexto de las discusiones entre el Ministerio de Trabajo y Empleo y el Ministerio de la Función Pública en relación con una posible enmienda legislativa, expresa la firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar que los funcionarios públicos puedan establecer federaciones y confederaciones y afiliarse a organizaciones internacionales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 4 de agosto de 2011.

La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a los siguientes puntos:

Artículo 4 del Convenio. Requisitos de representación para otorgar certificación a un sindicato como único agente negociador. La Comisión recuerda que había confiado en que, en virtud del artículo 198B, 2), del Código del Trabajo en su forma enmendada, los conflictos que exigen realizar una votación para determinar si un sindicato es el más representativo se resolvieran mediante una votación y no se dejaran a la autoridad discrecional de un árbitro. La Comisión recuerda que las nuevas organizaciones, o las organizaciones con un número suficientemente elevado de votos pueden pedir que se realice una nueva votación después de transcurrido un período razonable desde la última elección.

Reconocimiento del sindicato más representativo. La Comisión recuerda que anteriormente tomó nota de que el artículo 198A, 1), b), del Código del Trabajo define la representatividad de un sindicato como el «sindicato registrado que representa a la mayoría de los empleados que trabajan para un empleador», y que el artículo 198A, 1), c), especifica que «la mayoría de los empleados que trabajan para un empleador significa más del 50 por ciento de estos empleados». La Comisión recuerda que si ningún sindicato tiene el apoyo de más del 50 por ciento de los trabajadores deben concederse los derechos de negociación colectiva a todos los sindicatos en la unidad de negociación, al menos en nombre de sus propios miembros.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que está en curso la refundición de la legislación laboral, con la asistencia técnica de la OIT y de que habrá de incluir las cuestiones planteadas por la Comisión como ámbitos clave para la reforma. La Comisión expresa la esperanza de que en un futuro muy próximo se adopte una legislación en plena conformidad con los derechos consagrados en el Convenio y pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

Negociación colectiva en el sector de la educación. La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia al caso Bokang Vincent Lelimo v. President of the Labour Court and Others (LAC/A/04/05), en el que el Tribunal Laboral de Apelación decidió, en una sentencia de 2006, que los docentes del sector público no son funcionarios públicos, de manera que, gozan del derecho de la negociación colectiva. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara copias de la Ley de Educación de 2010 y la ley núm. 1 del Código del Trabajo (en su versión enmendada), de 2010, para evaluar en qué medida se reconocían los derechos sindicales consagrados en el Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que suministre copias de la Ley de Educación de 2010 y la Ley núm. 1 del Código del Trabajo de 2010 (en su versión enmendada) que no se recibieron con la última memoria del Gobierno. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que facilite información detallada sobre todo acuerdo de negociación colectiva suscrito por los docentes en los sectores público y privado.

Liberia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014. Además, la Comisión recuerda las observaciones de 2012 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), sobre la aplicación del Convenio. La Comisión ruega de nuevo al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto. En relación con las observaciones de 2008 y 2010 de la CSI respecto a graves actos de violencia contra huelguistas y el cierre de una estación de radio de un sindicato, la Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno sobre la necesidad de la intervención de las fuerzas del orden y la clausura temporal de la estación de radio del sindicato a fin de restablecer el orden. A este respecto, la Comisión recuerda que el derecho a expresar las opiniones a través de la prensa y otros medios de comunicación constituye uno de los elementos esenciales de los derechos sindicales. Las autoridades sólo deberían recurrir a las fuerzas del orden en caso de huelga, en circunstancias excepcionales y cuando se produce una situación en la que existe una seria amenaza de desorden público, y que este recurso a la fuerza debería ser proporcional a la situación. La Comisión ruega al Gobierno que en el futuro garantice el pleno respeto de estos principios.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Además, la Comisión toma nota de que el proyecto de ley sobre el trabajo decente, que se ha estado debatiendo durante años, ha sido adoptado por el Poder Legislativo y entrará en vigor una vez que haya sido promulgado por la Presidencia de la República.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Derecho de los trabajadores a constituir las organizaciones que estimen convenientes y a afiliarse a las mismas. Derecho de las organizaciones de trabajadores a elegir libremente sus representantes. La Comisión recuerda que desde hace muchos años formula comentarios sobre la necesidad de modificar o derogar las disposiciones siguientes de la Ley sobre el Trabajo que no están en conformidad con las disposiciones del Convenio:

–el artículo 4506, que prohíbe a los trabajadores de las empresas del Estado y de la administración pública constituir una organización sindical;

–el artículo 4601-A, que prohíbe a los trabajadores de la agricultura afiliarse a organizaciones de trabajadores de la industria, y

–el artículo 4102, párrafos 10 y 11, que impone el control de las elecciones sindicales por el Consejo de control de las prácticas de trabajo.

La Comisión espera que el proyecto de ley sobre el trabajo decente entre próximamente en vigor y que tenga en cuenta todas las cuestiones planteadas por la Comisión, como había indicado el Gobierno en su última memoria. La Comisión ruega al Gobierno que informe sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto. En su comentario anterior, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que la legislación que garantiza los derechos sindicales de los funcionarios (ordenanza sobre la función pública) estaba siendo revisada con la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión confía en que el proceso legislativo en curso permita dar plena aplicación al Convenio en lo que respecta a los funcionarios y ruega al Gobierno que transmita información sobre todo hecho nuevo que se produzca a este respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Además, la Comisión toma nota de que el proyecto de ley sobre el trabajo decente, que desde hace varios años era objeto de debate, ha sido adoptado por el Poder Legislativo y entrará en vigor una vez que haya sido promulgado por la Presidenta de la República.

Artículos 1, 2 y 4 del Convenio. Protección contra la discriminación antisindical y los actos de injerencia. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión recuerda que, desde hace muchos años, formula comentarios sobre la necesidad de adoptar disposiciones legislativas que garanticen:

–una protección suficiente frente a la discriminación antisindical en el momento de la contratación y durante la relación de empleo, acompañada de sanciones suficientemente efectivas y disuasorias;

–una protección adecuada de las organizaciones de trabajadores contra los actos de injerencia de los empleadores y sus organizaciones, que incluya sanciones suficientemente efectivas y disuasorias, y

–el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores de las empresas del Estado y de los funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado.

La Comisión espera que la ley sobre el trabajo decente entre en vigor próximamente y que, tal como había indicado el Gobierno en su última memoria que se haría, tenga en cuenta todas las cuestiones planteadas por la Comisión. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todos cambios que se produzcan a este respecto.

Artículo 6. Funcionarios públicos que no trabajan en la administración del Estado. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que la legislación que garantiza el derecho de los funcionarios y de los empleados de las empresas estatales a negociar colectivamente (ordenanza sobre la función pública) estaba en curso de revisión con la asistencia técnica de la Oficina. La Comisión espera que el proceso legislativo en curso permita dar plena aplicación al Convenio en lo que respecta a los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado y pide al Gobierno que informe sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

Lituania

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1994)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de 2011 y de aquellas recibidas el 1.º de septiembre de 2014 y de los comentarios al respecto presentados por el Gobierno el 29 de octubre de 2014, así como también de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Lituania (LPSK) de 2011 sobre cuestiones que la Comisión examina más abajo. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014. Además, toma nota de los comentarios formulados por el Gobierno sobre las observaciones de 2010 presentadas por la LPSK y el Sindicato «Sandrauga» de Lituania.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de organizar sus actividades libremente y de formular sus programas. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que enmendara el artículo 80, párrafo 2), del Código del Trabajo, con el fin de garantizar que, en caso de desacuerdo entre las partes en el conflicto laboral colectivo sobre los servicios mínimos, la definición del servicio que había de asegurarse pudiese ser determinada por un órgano independiente e imparcial. Además, la Comisión pidió al Gobierno que enmendara el artículo 78, 1), del Código del Trabajo para garantizar que los trabajadores en los servicios esenciales, cuyo derecho de huelga pueda ser limitado o prohibido disfruten de garantías compensatorias y participen en la determinación y aplicación del procedimiento que garantice una solución imparcial y rápida de sus reclamaciones. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno señalando que los artículos del Código que tratan de los conflictos laborales colectivos fueron enmendados el 15 de mayo de 2014. La Comisión toma nota con satisfacción de que, de conformidad con la nueva enmienda al artículo 80, 3), en el caso que las partes no logren llegar a un acuerdo sobre los servicios mínimos, la decisión definitiva será adoptada por un consejo de arbitraje laboral que se constituirá en la jurisdicción del tribunal de distrito en el que la oficina registrada de la empresa o entidad parte en el conflicto colectivo está situada. La Comisión también toma nota con interés de que, en virtud de la reciente enmienda, las demandas presentadas por los trabajadores en los servicios esenciales ya no son resueltas por el Gobierno, sino que entran en la jurisdicción del arbitraje laboral. La Comisión invita al Gobierno a que describa en su próxima memoria las acciones tomadas para dar aplicación práctica a las nuevas disposiciones legislativas, incluyendo toda decisión judicial o administrativa a este respecto.

La Comisión también plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Madagascar

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA), en una comunicación recibida el 30 de agosto de 2013, y por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Revolucionarios Malagasy (FISEMARE), en una comunicación recibida el 31 de agosto de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, proporcione los resultados de la investigación independiente que el Gobierno afirma estar realizando sobre los actos de discriminación antisindical en el sector marítimo así como informaciones sobre cualquier otra medida que tome eventualmente al respecto.

Cuestiones legislativas. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado que la ley núm. 2003-044, de 28 de julio de 2004, que promulga el Código del Trabajo, no tenía en cuenta los comentarios de la Comisión sobre distintas cuestiones de falta de conformidad con el Convenio que había señalado anteriormente. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que los comentarios de la Comisión se remitirán al Consejo Nacional del Trabajo a fin de analizar el Código del Trabajo y que corresponderá al mencionado Consejo adoptar las medidas adecuadas al respecto. La Comisión espera que podrán introducirse pronto modificaciones en el Código del Trabajo, y que éstas tendrán en cuenta los comentarios que viene formulando desde hace varios años. La Comisión recuerda que estos comentarios se refieren a los puntos siguientes:

Artículo 2 del Convenio. Trabajadores cubiertos por el Código Marítimo. La Comisión había señalado que el Código del Trabajo mantiene la exclusión de su ámbito de aplicación para los trabajadores que se rigen por el Código Marítimo, y que éste no contiene disposiciones suficientemente claras ni precisas para garantizar el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, así como tampoco los derechos afines. Además, la Comisión tomó nota de que está procediendo a la revisión del Código Marítimo de 2000 y que se ha presentado, en agosto de 2008, un proyecto de nuevo Código Marítimo, en el que se incluyen nuevas disposiciones para garantizar a los marinos el derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos, así como los derechos afines. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que este derecho les sea reconocido en la legislación.

Artículo 3. Representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión tomó nota de que el artículo 137 del Código del Trabajo establece que la representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores que participan en el diálogo social a escala nacional «se establece por los elementos aportados por las organizaciones interesadas y la administración del trabajo». La Comisión pide al Gobierno que evite toda injerencia de las autoridades públicas en la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales y que tome también las medidas necesarias para garantizar que dicha determinación se efectúa según un procedimiento que presente todas las garantías de imparcialidad, por un órgano independiente que cuente con la confianza de las partes.

Arbitraje obligatorio. La Comisión había tomado nota de que, en virtud de los artículos 220 y 225 del Código del Trabajo, en caso de fracasar la mediación, el ministerio competente en materia de trabajo y leyes sociales someterá la cuestión del conflicto colectivo bien a un procedimiento contractual de arbitraje, conforme al convenio colectivo de las partes, bien a un procedimiento de arbitraje del correspondiente Tribunal del Trabajo. La sentencia arbitral es una decisión firme que no puede ser apelada y que pone fin al conflicto, especialmente a la huelga que hubiese podido iniciarse entretanto. A este respecto, la Comisión recuerda que el recurso al arbitraje para poner fin a un conflicto colectivo no puede justificarse sino a petición de las dos partes y/o en caso de huelga en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión pide al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para modificar las disposiciones del Código del Trabajo relativas al arbitraje según el principio mencionado.

Requisición forzosa de los trabajadores. La Comisión había tomado nota de que el artículo 228 del Código del Trabajo dispone que el derecho de huelga «sólo puede limitarse mediante la requisición en caso de disturbios de orden público o en caso de que la huelga ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población». La Comisión recuerda que la referencia a los casos de «crisis nacional grave» y no a la noción de disturbios de orden público refleja mejor la posición de los órganos de control de la OIT a este respecto y podría conducir a la derogación del artículo 21 de la ley núm. 69-15, de fecha 15 de diciembre de 1969, que establece la posibilidad de movilización forzosa de los trabajadores en caso de proclamación del estado de necesidad nacional. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias al respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en dos comunicaciones recibidas el 24 de agosto de 2011 y el 1.º de septiembre de 2014, que se refieren entre otras cuestiones a casos de discriminación antisindical y despidos antisindicales y dificultades en la negociación colectiva en zonas francas industriales. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Cristiana de Sindicatos Malgaches (SEKRIMA), en una comunicación recibida el 30 de agosto de 2013, y por la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Revolucionarios Malagasy (FISEMARE), en una comunicación recibida el 31 de agosto de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios a este respecto.

La Comisión tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

En lo que se refiere a la ausencia de diálogo social en el sector minero y en las zonas francas de exportación, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la negociación colectiva comienza a desarrollarse en el sector minero bajo el impulso de las sociedades mineras, y que las empresas de las zonas francas de exportación no dejan de tomar parte en las discusiones que tienen lugar en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, así como también en las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas. La Comisión toma nota de los nuevos comentarios de la CSI de fecha 24 de agosto de 2010, en los que se señala que un estudio de 2009 del movimiento sindical ha puesto de relieve que es sobre todo en las empresas públicas donde se conciertan convenios colectivos y que el proceso de privatización ha vuelto obsoletos la mayor parte de los convenios colectivos concertados en los sectores ferroviario, de las telecomunicaciones, de la energía, etc. Además, según la CSI la mayoría de los casos en los que se ha podido constatar discriminación antisindical se refieren a empleadores de las zonas francas de exportación donde las organizaciones sindicales están escasamente implantadas. No obstante, habrían podido cometerse otros casos de discriminación por cuanto los sindicatos tienen la obligación de proporcionar listas de todos sus afiliados, lo que, según la CSI deja la puerta abierta a prácticas antisindicales. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus observaciones a estos comentarios de la CSI.

Artículo 4 del Convenio. Criterios para determinar la representatividad. En sus comentarios anteriores respecto al artículo 183 del Código del Trabajo, que establece un cierto número de criterios para determinar la representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno de que el Consejo Nacional del Trabajo no había adoptado un proyecto de decreto sobre la organización sindical y sobre la representatividad debido a falta de unanimidad, pero que prosiguen los debates sobre esta cuestión. El Gobierno indicó que el proyecto ha recibido el dictamen favorable del Consejo Internacional del Trabajo, en diciembre de 2008, y que se encuentra a la espera de ser adoptado por el Consejo de Ministros. La Comisión pide al Gobierno que indique en su próxima memoria toda novedad relativa a la adopción del decreto sobre la organización sindical y la representatividad y, si éste es el caso, que envíe una copia del texto. Espera que el texto adoptado tendrá en cuenta el principio en virtud del cual, para determinar la representatividad sindical han de tenerse en cuenta criterios objetivos y preestablecidos, para evitar cualquier posibilidad de parcialidad o de abuso.

Promoción de la negociación colectiva. Con respecto a las disposiciones del Código del Trabajo relativo a la negociación colectiva, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre las medidas adoptadas para promover la negociación colectiva en las empresas con menos de 50 trabajadores, así como los convenios colectivos concertados con estas empresas. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, el Instituto Nacional del Trabajo promueve la negociación colectiva mediante la sensibilización y la formación de los delegados de personal, los delegados sindicales y otros trabajadores en torno a esta cuestión, en particular, sobre las técnicas de negociación; el Instituto organiza anualmente talleres que concitan una nutrida participación de las empresas con menos de 50 trabajadores (de 25 a 30 de promedio). La Comisión toma nota de estas informaciones y pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre el número de convenios colectivos concertados en las empresas con menos de 50 trabajadores y que indique el número de trabajadores y los sectores que comprenden.

Artículo 6. Negociación colectiva de la gente de mar. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Código del Trabajo excluye de su ámbito de aplicación a la gente de mar y solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para establecer disposiciones específicas que garanticen el ejercicio de negociación colectiva a la gente de mar, a la cual se aplica el Código Marítimo. La Comisión tomó nota de que, según el Gobierno, el Ministerio de Trabajo ha participado en la elaboración del proyecto del nuevo Código Marítimo y que los derechos fundamentales de la gente de mar han sido respetados. No obstante, debido a la crisis política y social, el Consejo de Ministros ha suspendido la adopción de este proyecto. La Comisión confía en que el proyecto del nuevo Código Marítimo contendrá disposiciones relativas a los derechos que el Convenio garantiza a la gente de mar, y espera que el Gobierno le haga llegar el nuevo Código Marítimo una vez que haya sido adoptado.

Negociación colectiva de los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado. En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que adoptara formalmente disposiciones que reconozcan claramente a todos los funcionarios y trabajadores del sector público, que no trabajan en la administración del Estado, la protección contra los actos de discriminación y de injerencia antisindicales así como el derecho de negociar colectivamente sobre sus condiciones de empleo. El Gobierno señaló que el Consejo Superior de la Administración Pública (CSAP) sirve de plataforma de negociación y diálogo para los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado. Todos los textos normativos que atañen a la función pública deben requerir el dictamen de la CSAP, compuesto por el mismo número de representantes de departamentos ministeriales que de representantes de las centrales sindicales más representativas. El Gobierno añadió que algunos decretos de aplicación — en particular relativos al régimen de desplazamiento, la remuneración, etc. — de la ley núm. 2003-011, de 3 de septiembre de 2003, relativa al estatuto general de los funcionarios, son aplicables a los empleados que no trabajan en la administración del Estado, que se rigen por la ley núm. 94-025, de 17 de noviembre de 1994, a reserva de un texto específico en la materia. La Comisión consideró que persiste la situación de incertidumbre en cuanto al marco jurídico aplicable a la negociación colectiva de los funcionarios, lo cual puede obstaculizar el desarrollo de la negociación colectiva y vulnerar lo dispuesto en el Convenio. La Comisión destaca igualmente que no se ha adoptado ninguna medida respecto a la protección contra los actos de discriminación e injerencia antisindicales en el sector público. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada una vez más a pedir al Gobierno que adopte disposiciones expresas por las que se reconozca claramente a todos los funcionarios y empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado la protección contra los actos de discriminación e injerencia antisindicales y el derecho de negociar colectivamente sus condiciones de empleo. La Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias en este sentido y que comunicará los avances logrados en su próxima memoria. Además, la Comisión pide al Gobierno que comunique todo convenio colectivo que se haya concertado en el sector público.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malasia

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Federación Sindical Mundial (FSM) y por el Sindicato Nacional de Empleados Bancarios (NUBE) en una comunicación recibida el 9 de enero de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 1 y 4 del Convenio. Reconocimiento de los sindicatos con fines de negociación colectiva. Duración de los procedimientos para el reconocimiento de un sindicato. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que reiteraban los asuntos planteados con anterioridad por la Comisión en torno a los grandes retrasos en el tratamiento de las reclamaciones sindicales para obtener el reconocimiento con fines de negociación colectiva. La Comisión había solicitado al Gobierno que presentara información más precisa sobre los comentarios de la CSI, a la luz de las disposiciones de la Ley de Relaciones Laborales, y que indicara la duración media de los procedimientos para el reconocimiento de un sindicato, así como los requisitos para la obtención del reconocimiento. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en virtud de las nuevas legislaciones, la duración media de los procedimientos para el reconocimiento de un sindicato, es de nueve meses, siempre que las partes implicadas no impugnen el proceso a través de una revisión judicial en los tribunales o planteen asuntos que pudieran ocasionar retrasos. La Comisión considera que esta duración media de los procedimientos es excesivamente larga y pide al Gobierno que adopte medidas para modificar la legislación, a efectos de reducir la duración de los procedimientos para el reconocimiento de sindicatos.

Procedimiento de reconocimiento. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno indica que, con el fin de que se acuerde el reconocimiento, el sindicato pertinente tiene que pasar por un control de la competencia (realizado por el Departamento de Relaciones Laborales), para determinar si la mayoría de la clase de trabajadores de la empresa se habían afiliado al sindicato buscando el reconocimiento. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno no hace ninguna referencia a la legislación pertinente aplicable. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que indique cuáles son los requisitos para dar cumplimiento al control de la competencia y que indique las disposiciones legislativas pertinentes aplicables.

Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que en las reclamaciones de reconocimiento, una vez que el sindicato concernido hubiese entregado el formulario a la empresa, el empleador tendrá 21 días para acordar el reconocimiento o para rechazar la reclamación. En caso de que la empresa rechace la reclamación de reconocimiento, al final de los 21 días o en cualquier momento antes de éstos, el sindicato tiene que informar al Director General de Relaciones Laborales (DGIR) dentro de los 14 días posteriores a la recepción de tal notificación por parte de la empresa. El DGIR adoptará entonces las medidas que correspondan. La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 9, párrafo 5, de la IRA, establece que el Ministro tiene la última palabra en cuanto a si los empleadores han de acordar el reconocimiento a los sindicatos. Sin embargo, una parte agraviada puede solicitar una revisión judicial en el Tribunal Supremo contra la decisión. Al tiempo que recuerda nuevamente la excesiva duración de esos procedimientos, la Comisión pide al Gobierno que indique cuáles son los criterios aplicables a las decisiones del DGIR y/o del Ministro.

Sanciones aplicables por la denegación de aplicar órdenes de reconocimiento y órdenes de reintegro. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la declaración del Gobierno acerca de los comentarios que la Confederación Sindical Internacional (CSI) había formulado anteriormente respecto de la ineficiencia de los tribunales del trabajo en cuanto a la aplicación de las disposiciones del Convenio. En torno a este asunto, la Comisión había tomado nota de los comentarios de la CSI, según los cuales el Gobierno no había aplicado ninguna sanción contra los empleadores que se habían opuesto a las directivas de las autoridades que otorgaban el reconocimiento sindical o que se habían negado a dar cumplimiento a las órdenes del Tribunal del Trabajo para reintegrar a los trabajadores despedidos ilegalmente. La Comisión había pedido al Gobierno que presentara sus observaciones sobre estos asuntos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) el Tribunal del Trabajo tiene jurisdicción en los conflictos sindicales, en virtud del artículo 26 de la IRA, y en los casos de despido, con arreglo al artículo 20 de la IRA; ii) en virtud del artículo 56, párrafos 1, 3, y 4, y el artículo 60 de la IRA, existen procedimientos y sanciones aplicables a los empleadores que se opusieran a las directivas de las autoridades que otorgan el reconocimiento a los sindicatos o que se hubiesen negado a dar cumplimiento a las órdenes del Tribunal del Trabajo de readmitir a los trabajadores despedidos ilegalmente; y iii) el Departamento de Relaciones de Trabajo había establecido una división legal para incoar procedimientos legales contra cualquier parte errante que contraviniera la ley. En estas circunstancias, la Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre la composición y el funcionamiento de la División Legal del Departamento de Relaciones de Trabajo, y que transmita una copia de su Reglamento de Procedimiento. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información y estadísticas sobre toda sanción contra los empleadores que se oponían a las directivas de las autoridades que otorgan el reconocimiento a los sindicatos o que se hubiesen negado a dar cumplimiento a las órdenes del Tribunal del Trabajo de reintegrar a los trabajadores despedidos ilegalmente en los dos últimos años.

Trabajadores migrantes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, si bien los trabajadores extranjeros y locales gozan de iguales derechos, los trabajadores migrantes pueden afiliarse a un sindicato, pero no pueden ser elegidos como dirigentes sindicales en virtud de la Ley de Sindicatos. Al respecto, la Comisión había recordado que los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, deberían gozar del derecho de elegir libremente a sus representantes y había solicitado al Gobierno que comunicara sus observaciones acerca del ejercicio de los derechos sindicales por parte de los trabajadores migrantes en la ley y en la práctica. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual: i) para formarse como representantes sindicales y ser elegidos como tales, se requiere que los trabajadores extranjeros obtengan un permiso del Ministro de Recursos Humanos; ii) existen en la actualidad sindicatos que tienen trabajadores extranjeros como afiliados, y iii) trabajadores extranjeros han sido nombrados representantes de algunos sindicatos. La Comisión considera que el requisito de que los trabajadores extranjeros obtengan el permiso del Ministro de Recursos Humanos para ser elegidos como representantes sindicales, entorpece el derecho de las organizaciones sindicales de elegir libremente a sus representantes con fines de negociación colectiva. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para modificar la legislación.

Ámbito de aplicación de la negociación colectiva. La Comisión había instado con anterioridad al Gobierno a que enmendara la legislación para armonizar plenamente el artículo 13, párrafo 3, de la IRA, que contiene restricciones a la negociación colectiva respecto del traslado, del despido y del reintegro (algunos de los asuntos conocidos como «prerrogativas internas de la administración»), con el artículo 4 del Convenio. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno indica en su memoria que no existe ninguna necesidad de enmendar la mencionada disposición y reitera que: i) el artículo 13, párrafo 3, de la IRA, no se dirige a limitar la negociación colectiva, sino que más bien prevé el derecho de los empleadores de dirigir sus empresas de la manera más eficiente y de protegerse del abuso del proceso de negociación colectiva; y ii) estos requisitos no son absolutos y los asuntos que atañen a los mismos pueden llevarse al Departamento de Relaciones de Trabajo y, cuando no se haya alcanzado un acuerdo, el asunto puede remitirse al Tribunal del Trabajo para su fallo (artículo 13, párrafo 8, de la IRA). La Comisión toma nota asimismo de la jurisprudencia Sarawak Commercial Banks Association v. Sarawak Bank Employees’ Union, presentada por el Gobierno. No obstante, la Comisión considera que el artículo 13 de la IRA limita el alcance de las cuestiones negociables. La Comisión recuerda que las medidas adoptadas unilateralmente por las autoridades para limitar el alcance de los asuntos negociables, son a menudo incompatibles con el Convenio; las discusiones tripartitas para la preparación, con carácter voluntario, de líneas directrices en materia de negociación colectiva, constituyen un método particularmente adecuado para resolver esas dificultades (véase Estudio General de 1994, Libertad sindical y negociación colectiva, párrafo 250). Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que enmiende el artículo 13, párrafo 3, de la IRA, a efectos de eliminar esas restricciones en los asuntos relativos a la negociación colectiva y que dé inicio a discusiones tripartitas para la preparación, con carácter voluntario, de directrices en materia de negociación colectiva.

Arbitraje obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 26, párrafo 2, de la IRA, permite el arbitraje obligatorio por parte del Ministro de Trabajo, por propia iniciativa, incluso en caso de fracaso de la negociación colectiva. La Comisión había solicitado al Gobierno que adoptara medidas para garantizar que la legislación sólo autorizara el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, a los funcionarios adscritos a la administración del Estado o en los casos de crisis nacional aguda. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que, si bien la disposición acuerda poderes discrecionales al Ministro para remitir un conflicto sindical al Tribunal del Trabajo para su arbitraje, en la práctica, el Ministro nunca había ejercido tal facultad de manera arbitraria y sólo adopta una decisión al recibir una notificación del Departamento de Relaciones de Trabajo de que la conciliación había fracasado en la resolución del conflicto de manera amistosa. La Comisión recuerda nuevamente que la imposición de un procedimiento de arbitraje obligatorio si las partes no llegan a un acuerdo en un proyecto de convenio colectivo, plantea problemas en relación con la aplicación del Convenio. Por consiguiente, la Comisión reitera una vez más sus comentarios anteriores y urge al Gobierno a que adopte medidas para garantizar que la legislación sólo autorice el arbitraje obligatorio en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, para los funcionarios que trabajan en la administración del Estado o en los casos de crisis nacional aguda.

Restricciones a la negociación colectiva en el sector público. La Comisión ha venido solicitando al Gobierno, a lo largo de muchos años, la adopción de las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado, el derecho de negociar colectivamente los salarios y la remuneración y otras condiciones de empleo. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno, al invocar las peculiaridades de la administración pública, reitera una vez más que mantendrá la política de no compromiso en ese tipo de negociación colectiva con los empleados del sector público. El Gobierno destaca nuevamente que los sindicatos pueden expresar sus opiniones en los asuntos relativos a sus condiciones de trabajo, a través del Consejo Paritario Nacional y del Consejo Paritario Departamental. No obstante, la Comisión, si bien reconoce la singularidad de la administración pública, que permite modalidades especiales, considera que la simple consulta con los sindicatos de funcionarios que no trabajan en la administración del Estado, no da cumplimiento a los requisitos del artículo 4 del Convenio. En consecuencia, la Comisión urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar a los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado, el derecho de negociar colectivamente los salarios, y la remuneración y otras condiciones de empleo, de conformidad con el artículo 4 del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malawi

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014 y pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones a organizar libremente sus actividades y formular sus programas. En su observación anterior, la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara la versión definitiva de la Ley de Relaciones Laborales (enmienda) (LRA 2006), así como información detallada sobre cualquier novedad sobre el establecimiento del subcomité del Consejo Consultivo Laboral Tripartito (encargado de determinar una lista de servicios esenciales en virtud de la LRA) y el inicio de sus trabajos. La Comisión toma nota en su memoria de que el Gobierno señala que la versión final de la LRA no ha concluido todavía y se espera que, en 2014, se reanudará el proceso de revisión. El Gobierno señala además que no se ha constituido aún el subcomité del Consejo Consultivo Laboral Tripartito pero confía en que se constituirá pronto. La Comisión confía en que el subcomité del Consejo Consultivo Laboral Tripartito se establecerá en un futuro próximo y que estará en condiciones de iniciar sus labores en relación con la revisión de la versión final de la LRA. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre cualquier evolución a este respecto.

Malí

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1964)

La Comisión recuerda que en sus observaciones precedentes se refirió a la conveniencia de permitir a la Confederación Sindical de Trabajadores de Malí (CSTM) que participara en los órganos de consulta tripartitos en los cuales manifestara un interés, y pidió al Gobierno que suministrara informaciones sobre la organización de elecciones profesionales previstas por el Código del Trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ha previsto organizar la celebración de estas elecciones profesionales próximamente. En este sentido, el 5 de marzo de 2014, el Gobierno adoptó un decreto relativo a la creación de comités electorales (nacionales, regionales y locales) e informa que ha solicitado a los interlocutores sociales, incluida la CSTM, que designen a sus representantes en la Comisión electoral nacional. La Comisión confía en que el Gobierno informe, en su próxima memoria, de la celebración de estas elecciones profesionales y espera que los resultados obtenidos en ellas permitirán determinar sin ambigüedad las organizaciones representativas con fines de negociación colectiva a todos los niveles.

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 1995)

Artículo 1 del Convenio. Ámbito de aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que precisara la manera en la que el personal de los organismos públicos regido por estatutos específicos está cubierto por las garantías previstas en el Convenio. La Comisión toma nota de que a este respecto el Gobierno remite a la Ley núm. 89-85/AN-RM, de 1.º de noviembre de 1989, sobre el Estatuto del Personal de las Sociedades y Empresas del Estado y del Personal Nacional de las Sociedades de Economía Mixta que les reconoce los derechos previstos en el Convenio en virtud de los artículos 43, 44, 47, 49, 50 y 51 de dicha ley.

Artículos 4 y 5. Protección contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia. En sus comentarios anteriores, recordando que el Estatuto general de los funcionarios no contiene ninguna disposición específica en materia de protección contra la discriminación antisindical y la injerencia, la Comisión había pedido al Gobierno que adoptara medidas a este respecto. La Comisión lamenta tomar nota de nuevo que el Gobierno no ha adoptado ninguna medida a este respecto. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su solicitud y confía en que el Gobierno adoptará rápidamente las medidas necesarias para que la legislación incluya disposiciones precisas a fin de garantizar una protección adecuada contra la discriminación antisindical a los empleados públicos y contra los actos de injerencia de las autoridades públicas en la formación, el funcionamiento y la administración de organizaciones de empleados públicos, junto con recursos eficaces y rápidos y sanciones lo suficientemente disuasorias.

Artículo 7. Procedimientos de determinación de las condiciones de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado que no se había establecido que las organizaciones de empleados públicos pudiesen participar en la determinación de sus condiciones de trabajo a través de la negociación o de otros métodos en las comisiones administrativas paritarias y había pedido al Gobierno que reconociera, tal como prevé el Convenio, el derecho de negociación colectiva de los funcionarios, al menos a los que no trabajan en la administración del Estado. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno se limita a tomar nota de sus recomendaciones anteriores, y, por consiguiente, se ve obligada a reiterarlas con firmeza y confía en que el Gobierno adoptará rápidamente las medidas necesarias para promocionar la negociación colectiva entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleados públicos, o al menos entre las autoridades públicas y las organizaciones que representan a los funcionarios que no trabajan en la administración del Estado.

Artículo 8. Solución de conflictos. La Comisión había pedido al Gobierno que indicara las disposiciones que prevén procedimientos de solución de los conflictos planteados durante las negociaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones representativas de funcionarios públicos para la determinación de las condiciones de empleo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno según la cual, desde la adopción del decreto núm. 103/P-RM de 19 de febrero de 2010, que establece la organización y las modalidades de funcionamiento de la Dirección Nacional del Trabajo, esta dirección debe promover las consultas con los interlocutores sociales y contribuir a la solución amistosa de los conflictos colectivos de trabajo.

Malta

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1965)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones a organizar libremente sus actividades y formular sus programas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en virtud del artículo 74, 1) y 3) de la Ley de Empleo y Relaciones Laborales (EIRA), de 2002, cuando el conflicto se ha sometido a la conciliación para llegar a un acuerdo amistoso y en esa instancia no se hubiera resuelto, una de las partes en conflicto puede notificarlo al ministro que, a su vez, puede remitir el conflicto al Tribunal para que dictamine al respecto.

La Comisión ha señalado que el arbitraje obligatorio para poner término a un conflicto colectivo de trabajo sólo es aceptable cuando lo han pedido las dos partes implicadas en el conflicto, en los casos de conflicto en la función pública respecto de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la seguridad de la persona de toda o parte de la población. A este respecto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 74, 1) y 3) de la EIRA a fin de garantizar la observancia de estos principios. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución que se produzca a este respecto y que indique en su próxima memoria todas las medidas que haya adoptado para poner su legislación en conformidad con el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1965)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1 del Convenio. La Comisión recuerda que había pedido al Gobierno que indicase los procedimientos aplicables al examen de los alegatos de despidos antisindicales de funcionarios, trabajadores portuarios y trabajadores del transporte público, dado que esas categorías de trabajadores están excluidas de la jurisdicción del Tribunal del Trabajo, con arreglo al artículo 75, 1), de la Ley del Empleo y Relaciones de Trabajo (EIRA), de 2002. La Comisión tomó nota de que según la memoria del Gobierno los funcionarios públicos tienen el derecho de apelar ante la Comisión de la Función Pública, que es un órgano independiente (cuyos miembros son nombrados por el Presidente de Malta siguiendo el consejo del Primer Ministro proporcionado tras realizar consultas con el líder de la oposición y no pueden ser destituidos excepto por causa de incapacidad o mala conducta) creado en virtud del artículo 109 de la Constitución de Malta. Asimismo, la Comisión tomó nota de que, según la memoria del Gobierno, la función principal de la Comisión de la Función Pública es garantizar que las medidas disciplinarias que se adopten contra los funcionarios son justas, rápidas y eficaces. La Comisión pide al Gobierno que indique, en lo que respecta a los casos de despidos antisindicales, si la Comisión de la Función Pública tiene la facultad de otorgar algún tipo de ayuda compensatoria — incluida la reincorporación o los sueldos con efecto retroactivo — que implique sanciones lo suficientemente disuasorias contra los actos de discriminación antisindical. Asimismo, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique los procedimientos aplicables al examen de los alegatos de despidos antisindicales de los trabajadores portuarios y los trabajadores de los transportes públicos.

Artículos 2 y 3. Protección contra los actos de injerencia. La Comisión recuerda que había pedido al Gobierno que indicase las medidas adoptadas o previstas para introducir en la legislación una prohibición explícita de los actos de injerencia, así como para prever sanciones lo suficientemente disuasorias contra dichos actos, ya que la EIRA no protege expresamente a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de los actos de injerencia de unas respecto de las otras en su funcionamiento o administración. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las medidas adoptadas o previstas para introducir en la legislación la prohibición explícita de los actos de injerencia, así como sanciones lo suficientemente disuasorias contra dichos actos.

Artículo 4. Negociación colectiva. La Comisión recuerda que había pedido al Gobierno que indicase las medidas adoptadas o previstas con miras a enmendar el artículo 6 de la Ley sobre Fiestas Nacionales y Otras Fiestas Públicas, a fin de garantizar que esta disposición: i) no anule automáticamente ninguna de las disposiciones de los convenios colectivos vigentes en los que se reconozca a los trabajadores el derecho de recuperar las fiestas oficiales que caigan en sábado o domingo, y ii) no impida en el futuro la celebración de negociaciones voluntarias sobre el reconocimiento del derecho de los trabajadores de recuperar las fiestas nacionales oficiales que caigan en sábado o domingo, en virtud de lo dispuesto en un convenio colectivo (véase 342.º informe del Comité de Libertad Sindical, caso núm. 2447, párrafo 752). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas o contempladas para enmendar el artículo 6 de la Ley sobre Fiestas Nacionales y Otras Fiestas Públicas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Mauricio

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014 y de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma nota también de las observaciones formuladas por la Federación General de Trabajadores (GWF) y por cuatro sindicatos del sector azucarero, recibidas el 22 de agosto de 2013, así como de la respuesta del Gobierno a las mismas.

Artículo 2. Derecho de constituir y afiliarse a organizaciones sindicales. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información adicional sobre el número de sindicatos y la tasa de sindicación en las Zonas Francas de Exportación (ZFE), también en lo que respecta a los trabajadores migrantes, así como de las actividades efectuadas por la Unidad Especial sobre Trabajadores Migrantes. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno de que la Unidad Especial sobre Trabajadores Migrantes lleva a cabo visitas periódicas de inspección a establecimientos donde están empleados trabajadores migrantes a fin de garantizar el cumplimiento de los contratos de acuerdo con la legislación. Los funcionarios de la Unidad comprueban que los trabajadores migrantes tienen copias de sus contratos y les informan de sus derechos y obligaciones. En los casos de incumplimiento, se efectúan inspecciones de seguimiento para garantizar que se han adoptado las medidas pertinentes para corregirlos. En el período objeto de examen, se efectuaron 976 inspecciones de rutina y 435 visitas de seguimiento. La Comisión toma nota además de la estadística del Gobierno sobre la afiliación de los trabajadores a diez sindicatos incluyendo trabajadores de las ZFE, y observa que entre los trabajadores asalariados afiliados a estos sindicatos no figura ninguno que sea trabajador migrante. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los trabajadores migrantes pueden ejercer efectivamente su derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes y el de afiliarse a las mismas, tal como está contemplado en el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Federación de Empleadores de Mauricio (MEF), recibidas el 21 de julio de 2011 y 1.º de septiembre de 2014, así como de las observaciones de la Federación General de Trabajadores (GWF), y de cuatro sindicatos del sector del azúcar, recibidas el 22 de agosto de 2013. La Comisión pide al Gobierno que lleve a cabo las investigaciones necesarias en los alegatos de actos de discriminación sindical formulados por la CSI y, en los casos en que estén justificados, que garantice la aplicación de sanciones suficientemente disuasorias.

Artículos 1 a 3 del Convenio. Sanciones contra actos de discriminación antisindical e injerencias. La Comisión acoge con satisfacción la información del Gobierno de que la Ley de Relaciones Laborales (en su forma enmendada), de 2013, ha aumentado las sanciones máximas aplicables en casos de discriminación antisindical o injerencias, mediante la introducción de enmiendas a los artículos 31, 103 y 104 de la Ley de Relaciones Laborales (ERA), de 2008.

Artículo 4. Negociación colectiva. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que se pronunciara sobre el alegato de que el número de convenios colectivos suscritos en 2009 se había reducido en un 70 por ciento; que informe sobre las medidas concretas adoptadas para promover la negociación en las zonas francas de exportación (ZFE), en el sector textil y para los trabajadores migrantes; y que suministre información sobre la creación de un nuevo mecanismo tripartito. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no tiene a su disposición ninguna estadística que le permita comentar sobre la supuesta reducción del número de convenios colectivos. La Comisión acoge con satisfacción que el Gobierno señala que el Foro Nacional Tripartito se ha reunido en cuatro ocasiones desde su creación en septiembre de 2010, y que existe un servicio de conciliación a solicitud de cualquiera de las partes en un conflicto colectivo (artículo 79A de la ERA). La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que, en el período de junio de 2010 a mayo de 2014, se han registrado 43 nuevos convenios colectivos. Tomando nota de que el Gobierno reitera que no hay ningún obstáculo legislativo para la concertación de convenios colectivos en las ZFE, en el sector textil o para los trabajadores migrantes, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre cualesquiera medidas adoptadas o previstas a fin de favorecer y promover el desarrollo y la utilización plenos de los mecanismos de negociación voluntaria entre organizaciones de empleadores y de trabajadores, con miras a regular las condiciones de empleo mediante convenios colectivos, en las ZFE, en el sector textil y para los trabajadores migrantes. A fin de poder examinar el funcionamiento del sistema de negociación colectiva en la práctica, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas con objeto de recopilar información estadística sobre convenios colectivos en el país (número de acuerdos en los sectores público y privado, temas tratados y número de trabajadores cubiertos) así como sobre el uso de los servicios de conciliación laboral.

Injerencias en la negociación colectiva. La Comisión toma nota de las observaciones de la OIE y de la MEF, en las que alegan que el Gobierno intervino en un procedimiento de negociación colectiva en el sector azucarero mediante la remisión al Consejo Nacional de Remuneración (NRB), de 21 cuestiones que no pudieron resolverse durante el procedimiento de negociación. Según el Gobierno, el NRB es un órgano independiente encargado de formular recomendaciones, y se procedió a la citada remisión cuando las prolongadas negociaciones llegaron a un punto muerto. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se ha resuelto el conflicto y que se ha archivado la denuncia interpuesta por la MEF ante los tribunales.

Mauritania

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014. Toma nota también de las observaciones de la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM), recibidas el 31 de agosto de 2014, así como de la respuesta del Gobierno. La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Elecciones sindicales. La Comisión toma nota de las informaciones facilitadas por el Gobierno sobre el proceso iniciado en junio de 2014 a petición de las organizaciones sindicales, incluida la CLTM, por la adopción de un marco legal por la determinación de la representatividad sindical en los sectores privado y público y por la organización de elecciones sobre la base de la representatividad sindical. Según el Gobierno, este proceso ha dado lugar a un proyecto de decreto relativo a la determinación de la representatividad de las organizaciones sindicales adoptado por el Consejo de Ministros el 4 de septiembre de 2014. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno solicita la asistencia técnica de la Oficina para completar el proceso, inclusive en cuanto a las modificaciones necesarias al proyecto de decreto mencionado y de los reglamentos para su aplicación, la Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre toda evolución al respecto.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Modificaciones legislativas. Desde hace algunos años, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar su legislación de modo de ponerla plenamente en conformidad con el Convenio. La Comisión señala que, en su memoria, el Gobierno indica que, en el marco de la revisión de los textos de aplicación del Código del Trabajo, una comisión técnica compuesta de inspectores del trabajo adoptará las medidas necesarias para modificar la legislación con el fin de ponerla plenamente de conformidad con el Convenio, y que todos los artículos que son objeto de comentarios de la Comisión, serán motivo de una atención especial. La Comisión toma nota de estas indicaciones y expresa la firme esperanza de que la próxima memoria del Gobierno dé cuenta de progresos concretos en la revisión del Código del Trabajo, para ponerla plenamente de conformidad con el Convenio. La Comisión confía en que el Gobierno tendrá debidamente en cuenta, a este respecto, el conjunto de los puntos que recuerda a continuación. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta el deseo de seguir beneficiándose de la asistencia técnica de la Oficina.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de los trabajadores, sin autorización previa, de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas. Menores que tienen la edad de acceso al empleo. La Comisión viene solicitando al Gobierno, desde hace algunos años, la modificación del artículo 269 del Código del Trabajo, con el fin de eliminar todo obstáculo al ejercicio del derecho sindical por parte de los menores que tengan acceso al mercado de trabajo. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2 del Convenio, la edad mínima de libre afiliación a un sindicato debe ser la misma que la fijada para la admisión en el empleo, sin que sea necesaria la autorización de los padres o del tutor. La Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para modificar el artículo 269 del Código del Trabajo, con el fin de garantizar el derecho sindical a los menores que tengan la edad mínima legal de admisión en el empleo (14 años en virtud del artículo 153 del Código del Trabajo), tanto a los trabajadores como a los aprendices, sin que sea necesaria la autorización de los padres o del tutor.

Magistrados. Los comentarios de la Comisión, se vienen refiriendo, desde hace algunos años, a la necesidad de garantizar el ejercicio de la libertad sindical a los magistrados. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que los magistrados habían preferido agruparse en asociaciones para defender sus intereses materiales y que no habían manifestado el deseo de constituir un sindicato. La Comisión se ve obligada a recordar una vez más que los magistrados no dependen de las eventuales excepciones autorizadas en el artículo 9 del Convenio y que deben gozar, al igual que todas las demás categorías de trabajadores, del derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a las mismas, de conformidad con el artículo 2 del Convenio. La Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para garantizar que los magistrados gocen del derecho de constituir las organizaciones profesionales que estimen convenientes, así como de afiliarse a las mismas.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente a sus representantes y de organizar su gestión y sus actividades libremente, sin injerencia de las autoridades públicas. En su comentarios anteriores, la Comisión había señalado que el artículo 278 del Código del Trabajo extiende el procedimiento de constitución de sindicatos a los cambios producidos en su administración o dirección y que tiene, en consecuencia, por efecto, someter dichos cambios a las decisiones positivas del procurador, es decir de los tribunales. La Comisión había, así, indicado que esa disposición comporta graves riesgos de injerencia de las autoridades públicas en la organización y el funcionamiento de sindicatos y uniones de sindicatos. Había recordado que la elaboración o la modificación de los estatutos de una organización de trabajadores depende de las organizaciones concernidas y que, para entrar en vigor, no deberían estar sometidas a un acuerdo previo de los poderes públicos. La Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para modificar el artículo 278 del Código del Trabajo, con el fin de permitir que todo cambio producido en la administración o en la dirección de un sindicato, pueda tener efecto una vez que las autoridades competentes se hicieran cargo y su aprobación fuese necesaria.

Arbitraje obligatorio. Desde hace muchos años la Comisión viene señalando que los artículos 350 y 362 del Código del Trabajo, prevén el recurso al arbitraje obligatorio en situaciones que superan el marco de los servicios esenciales en el sentido estricto del término o que pueden considerarse que constituyen una crisis nacional aguda. La Comisión recuerda que la prohibición o la limitación del derecho de huelga mediante el arbitraje obligatorio, sólo pude justificarse en caso de: 1) los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos cuya interrupción pusiera en peligro, en toda o en parte de la población, la vida, la seguridad o la salud de las personas; 2) una crisis nacional aguda, con una duración límite y sólo en la medida necesaria para hacer frente a la situación. La Comisión confía en que el Gobierno modificará los artículos pertinentes del Código del Trabajo para limitar sólo la prohibición de la huelga, mediante el arbitraje obligatorio, a los servicios esenciales en el sentido estricto del término, así como en situaciones de crisis nacional aguda.

Duración de la mediación. En sus comentarios anteriores sobre la prohibición de la huelga durante toda la duración de la mediación prevista en el artículo 352 del Código del Trabajo, la Comisión había recordado que era posible exigir el agotamiento de los procedimientos de mediación y conciliación antes de la declaración de la huelga, con la condición de que los procedimientos no fuesen tan complejos o no entrañaran retrasos tan largos que una huelga lícita pasara a ser imposible en la práctica o estuviese privada de toda eficacia. Sin embargo, la Comisión había considerado que era excesiva la duración máxima (120 días) para la fase de mediación prevista en el artículo 346 Código del Trabajo. La Comisión confía en que el Gobierno modificará el artículo 346 del Código del Trabajo para reducir la duración máxima de la fase de mediación antes de la declaración de una huelga.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

México

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1950)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma también nota de las observaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) adjuntas a la memoria del Gobierno en la que la CONCAMIN manifiesta la importancia de que el Estado pueda garantizar la continuidad de los servicios públicos sin perjuicio de los derechos que los trabajadores puedan ejercer judicialmente. La Comisión toma nota, por otra parte, de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) recibidas el 1.º de septiembre de 2014 relativas a temas examinados por la Comisión. La Comisión toma finalmente nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2014 relativas a temas examinados por la Comisión y que denuncian adicionalmente situaciones de violación de los derechos sindicales, incluyendo el asesinato, el 16 de noviembre de 2013 de los Sres. Juan Lucena Ríos y José Luis Sotelo Martínez, líderes campesinos de la comunidad El Paraíso. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no haya enviado sus comentarios sobre las observaciones de la CSI de 2010, y pide al Gobierno que realice investigaciones sobre los alegatos contenidos en las observaciones de 2010 y 2014 de la CSI y que informe de los resultados de las mismas.

Artículo 2 del Convenio. Registro de las organizaciones sindicales. La Comisión nota de la adopción el 30 de noviembre de 2012 del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT). En este marco, la Comisión aprecia la adopción de una serie de disposiciones dirigidas a fortalecer el funcionamiento transparente y democrático de las organizaciones sindicales en el respeto de la autonomía de las mismas, entre las cuales se encuentra el nuevo artículo 365 bis de la LFT que prevé la obligatoriedad de la publicación de los registros y estatutos sindicales por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de las juntas de conciliación y arbitraje. A este respecto, la Comisión toma nota de que la UNT manifiesta que el mandato legal de publicación del registro de sindicatos no se cumple en ninguna de las juntas locales de los 31 estados de la Unión. La UNT añade que la ausencia de publicación del registro a nivel local favorece la persistencia de sindicatos simulados (los llamados sindicatos de protección) cuya existencia obstaculizaría el libre ejercicio de los derechos sindicales. Observando que en el marco del caso núm. 2694 ante el Comité de Libertad Sindical, el Gobierno se ha comprometido a dialogar con las organizaciones sindicales para buscar una solución al fenómeno de los sindicatos de protección, la Comisión pide al Gobierno que incluya en dichas discusiones la aplicación efectiva a nivel local de la legislación relativa a la publicación de los registros sindicales y que informe de toda iniciativa tomada a este respecto.

Artículos 2 y 3. Posibilidad de pluralismo sindical en las dependencias del Estado y posibilidad de reelección de los dirigentes sindicales. La Comisión recuerda que desde hace muchos años viene formulando comentarios relativos a las siguientes disposiciones:

i)la prohibición de que coexistan dos o más sindicatos como tales en el seno de una misma dependencia del Estado (artículos 68, 71, 72 y 73 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE));

ii)la prohibición de los afiliados de dejar de formar parte del sindicato al que se hayan afiliado (cláusula de exclusión por la cual si dejan de formar parte del sindicato pierden su puesto de trabajo) (artículo 69 de la LFTSE);

iii)la prohibición de que los sindicatos de funcionarios se adhieran a organizaciones sindicales obreras o campesinas (artículo 79 de la LFTSE);

iv)la extensión de las restricciones aplicables a los sindicatos en general, en lo referente a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, única central sindical reconocida por el Estado (artículo 84 de la LFTSE);

v)la imposición en la legislación del monopolio sindical de la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (artículo 23 de la ley reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución), y

vi)la prohibición de reelección dentro de los sindicatos (artículo 75 de la LFTSE).

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica nuevamente que, en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, basada en la Constitución federal, las mencionadas restricciones legislativas a la libertad sindical de los funcionarios públicos no son aplicables. La Comisión toma también nota de que el Gobierno manifiesta que, en virtud de la reforma constitucional en materia de derechos humanos adoptada en 2011, los tratados internacionales ratificados adquieren una obligatoriedad directa. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar las mencionadas disposiciones legislativas a efectos de ponerlas en conformidad con la jurisprudencia nacional y con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución a este respecto.

Artículo 3. Derecho de elegir libremente a los representantes sindicales. Prohibición de que los extranjeros formen parte de la directiva de los sindicatos (artículo 372, fracción II, de la LFT). La Comisión lamenta tomar nota de que la reforma de la LFT no haya eliminado dicha prohibición y vuelve a subrayar que debería permitirse a los trabajadores extranjeros el acceso a las funciones como dirigente sindical, por lo menos tras haber transcurrido un período razonable de residencia en el país de acogida. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar la LFT en el sentido del principio mencionado y que informe de toda evolución al respecto.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar sus actividades y de formular su programa de acción. La Comisión recuerda que desde hace numerosos años pide al Gobierno que modifique la legislación que reconoce el derecho de huelga de los trabajadores al servicio del Estado — incluidos los trabajadores del sector bancario y aquellos de numerosos organismos públicos descentralizados tales como la Lotería Nacional o el Instituto de la Vivienda — solamente en casos de violación general y sistemática de sus derechos (artículos 94, título cuarto, de la LFTSE, y 5 de la ley reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución). La Comisión considera que, sin perjuicio de las limitaciones al derecho de huelga que puedan ser aplicables a trabajadores que participen en servicios esenciales en el sentido estricto del término o en servicios de importancia trascendental, aquellos trabajadores del Estado — incluidos los trabajadores del sector bancario — que no ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado deberían poder ejercer su derecho de huelga no sólo en casos de violación general y sistemática de sus derechos que revistan gravedad. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar las mencionadas disposiciones legislativas en el sentido indicado y que informe de toda evolución a este respecto.

Por otra parte, la Comisión recuerda que diversas leyes y reglamentos relacionados con los servicios públicos (Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, Ley de Registro Nacional de Vehículos, Ley de Vías Generales de Comunicación, y reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes), contienen disposiciones relativas a la movilización del personal, en caso de que la economía nacional pueda verse afectada. Al mismo tiempo que toma nota de la indicación del Gobierno que en la práctica no se ha llevado a cabo movilización de trabajadores en las vías de comunicación señaladas, la Comisión recuerda que la movilización forzosa de trabajadores en huelga sólo estaría justificada para asegurar el funcionamiento de los servicios que son esenciales en el sentido estricto del término. La Comisión pide por lo tanto de nuevo al Gobierno que modifique la legislación en el sentido indicado y que informe de toda evolución al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Myanmar

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1955)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014 y de la respuesta del Gobierno a estas observaciones.

Contexto general de la libertad sindical. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno de que, desde la adopción en 2012 de la Ley de Organizaciones Sindicales (LOL) en la actualidad existen 1 384 organizaciones sindicales de base, 45 organizaciones sindicales municipales, dos federaciones sindicales, 28 organizaciones básicas de empleadores y una organización municipal de empleadores que se han constituido libremente en virtud de la ley. El Gobierno indica también que el Ministro de la Unión y Funcionario Principal de Registro, se reunió con los dirigentes de tres organizaciones sindicales informales, a saber, la Federación de Sindicatos de Myanmar (FTUM), la Federación Agrícola de Myanmar (AFFM) y la Federación de Sindicatos de Myanmar (MTUF) en relación con los medios que permitan su reconocimiento como federaciones oficiales. Además, el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Unión y Funcionario Principal del Registro participa regularmente con esos líderes para celebrar consultar relativas a desafíos, dificultades y progresos en la aplicación de la libertad sindical. El Gobierno también hace referencia al Comité Asesor sobre Proyectos (PAC) que tiene el objetivo inmediato de examinar las disposiciones laborales nuevas o enmendadas a fin de poner la legislación nacional en mayor conformidad con las normas internacionales del trabajo. El Gobierno indica que la Ley sobre Organizaciones Sindicales será revisada con la colaboración del Consejero Técnico Principal de la OIT sobre el programa de libertad sindical y de asociación cuando resulte conveniente. Asimismo, se ha establecido un grupo temático para aplicar la reforma de la legislación laboral y de creación de capacidad en el marco del Grupo de trabajo del sector de oportunidades de empleo, con representantes de los ministerios pertinentes, la OIT y otros organismos e instituciones internacionales.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI, y señala que si bien la Ley sobre Organizaciones Sindicales contiene mejoras, considera que las disposiciones esenciales no están en conformidad con el Convenio, o son ambiguas, y la aplicación y las actividades para hacer cumplir las disposiciones son irregulares. Además, la CSI observa que ninguna de las cuestiones planteadas en los comentarios formulados en 2012 o en la solicitud directa, han sido tratados por el Gobierno. Además, toma nota de que si bien se observó un aumento alentador en cuanto al registro de sindicatos, persisten problemas graves en el procedimiento de registro. Indica que ni la FTUM, ni otras asociaciones sindicales han sido reconocidas por el Gobierno, privando a los trabajadores de una voz en el ámbito nacional y de capacidad para entablar un diálogo tripartito formal. La Comisión pide al Gobierno que responda de manera detallada a estas observaciones en su próxima memoria.

Libertades civiles. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno, según la cual, no existe ninguna persona encarcelada que responda al nombre de Naw Bay Bay y 40 personas llevan el nombre de Nyo Win, en consecuencia, es preciso proporcionar mayor información al Gobierno para poder determinar su situación.

Además, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual el artículo 9, d), de la Ley núm. 15/2011 sobre el Derecho de Reunión y Manifestación Pacíficas, fue derogado y se asesoró al Ministerio del Interior en relación con la revisión de los artículos 8, d), 12, c) y f). La CSI informa sin embargo acerca del persistente hostigamiento de dirigentes sindicales y trabajadores que participan en la organización de campañas e indica que, a pesar de las enmiendas menores realizadas en 2014, el Gobierno sigue deteniendo y acusando a trabajadores y activistas debido a su participación en reuniones pacíficas previstas en la ley núm. 15/2011. Teniendo presente las preocupaciones planteadas por la CSI acerca de la persistencia de arrestos y detenciones en virtud de la ley, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la situación relativa a la revisión de la ley.

Artículo 2 del Convenio. Marco legislativo. Derecho de los trabajadores a constituir organizaciones. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores, en los cuales hacía referencia a las preocupaciones planteadas por la CSI en relación con el requisito mínimo de afiliación para constituir una organización de trabajadores en diversos niveles. La Comisión recuerda que si bien la obligación de cumplir un requisito mínimo de afiliación no es en sí misma incompatible con el Convenio, este número debería fijarse de manera razonable para no obstaculizar la constitución de esas organizaciones. La Comisión toma nota a este respecto que el artículo 4, a), de la LOL hace referencia al requisito de 30 trabajadores, aunque adicionalmente se refiere a la necesidad de que se hayan afiliado el 10 por ciento de los trabajadores en la profesión o actividad para el establecimiento de una organización sindical de base. Un requisito de esa índole podría ser particularmente difícil para que los trabajadores ejerzan sus derechos de sindicación en grandes empresas. La CSI también se refiere a la estructura sindical excesivamente rígida que obstaculiza el registro de organizaciones sindicales de nivel superior y señala que hasta la fecha no se ha reconocido con arreglo a la legislación a ninguna confederación sindical de nivel nacional.

Habida cuenta de los casos concretos planteados por la CSI en los que los trabajadores afirman que se ha afectado gravemente su capacidad para constituir organizaciones en virtud de los requerimientos establecidos en el artículo 4 de la LOL, la Comisión pide al Gobierno que revise esos requisitos en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores interesadas con miras a efectuar enmiendas, de manera que el simple acto de constituir una organización no está sujeto a requisitos irrazonables y para facilitar el reconocimiento de organizaciones a nivel nacional que puedan participar en el diálogo social tripartito en cuestiones que el Gobierno considere puedan afectar los intereses socioeconómicos de los trabajadores.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Namibia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas en 2011 y el 1.º de septiembre de 2014, así como de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 2 del Convenio. Derecho de sindicación del personal penitenciario. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información del Gobierno, según la cual se celebraban consultas ministeriales con la esperanza de que se concediera autorización de introducir enmiendas legislativas que garanticen a los trabajadores de los establecimientos penitenciarios los derechos previstos en el Convenio y expresó su esperanza de que se adoptasen las enmiendas legislativas necesarias en un próximo futuro. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no se ha presentado al Consejo de Ministros ninguna nueva ley sino que se formuló una propuesta, en agosto de 2014, para celebrar una reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, el Ministerio de Servicios Penitenciarios, y un representante sindical con el fin de examinar los mejores métodos para resolver esta cuestión con la asistencia técnica de la OIT. La Comisión pide que el Gobierno adopte las medidas necesarias para acelerar el proceso para la adopción, sin demora, de enmiendas legislativas que otorguen a los servicios penitenciarios las garantías previstas por el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todos los progresos que se logren a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2011 y así como de las recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Artículos 1 y 4 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical y promoción de la negociación colectiva en las zonas francas de exportación (ZFE). En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que transmitiera sus comentarios sobre las observaciones de la CSI en relación con las dificultades en la aplicación de las disposiciones del Convenio en las ZFE. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se ha suprimido la exclusión de las ZFE de las reglamentaciones de determinadas condiciones de empleo al descubrirse que los trabajadores en esas zonas estaban sujetos a condiciones de trabajo no seguras, bajos salarios, trabajo de alta intensidad y supresión de los derechos laborales. En este contexto, la Comisión pide al Gobierno que tenga a bien indicar las medidas que está adoptando para garantizar la plena aplicación del Convenio en las ZFE en la práctica, en particular mediante la promoción de la negociación colectiva y la protección efectiva contra la discriminación antisindical.

Artículo 6. Derechos del personal de los establecimientos penitenciarios. En su observación anterior, la Comisión expresó la esperanza de que los derechos y garantías establecidos en virtud del Convenio se extenderían en un futuro próximo al personal de los establecimientos penitenciarios mediante la adopción de la nueva Ley del Trabajo. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que no se ha propuesto al Gabinete una nueva legislación aunque se realizaron propuestas en agosto de 2014 para la celebración de una reunión tripartita que incluya al Ministro de Trabajo y Bienestar Social, al Ministro de Servicios Penitenciarios, a un representante del sindicato y con la asistencia técnica de la OIT, para examinar las diversas formas de resolver esta cuestión. La Comisión confía en que el Gobierno adopte medidas para garantizar que en un futuro próximo el personal de los servicios penitenciarios goce de las garantías previstas en el Convenio y pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos relativos a la adopción de una nueva legislación a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nepal

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de las observaciones comunicadas por la Internacional de la Educación (IE), en una comunicación recibida el 31 de agosto de 2014, y pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a los puntos planteados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en años anteriores, en relación con los despidos antisindicales, las amenazas a afiliados sindicales y la debilidad de la negociación colectiva, dado que los convenios colectivos sólo abarcan a un porcentaje muy pequeño de trabajadores de la economía formal. La Comisión pide al Gobierno que realice una investigación en relación con esos asuntos y que comunique sus resultados, así como información sobre las eventuales soluciones adoptadas.

La Comisión recuerda que, en su observación anterior, tomó nota de que el Gobierno se encontraba en el proceso de redacción de una nueva Constitución y de que se esforzaría para asegurar que las leyes y las reglamentaciones fuesen compatibles con el Convenio. La Comisión toma nota de que en su memoria, el Gobierno indica que están en curso consultas tripartitas para enmendar la Ley del Trabajo, de 1992. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre toda evolución en la redacción de la nueva Constitución, así como de la enmienda de la Ley del Trabajo, de 1992, indicando todo impacto en las cuestiones planteadas a continuación.

Artículo 1 del Convenio. Discriminación antisindical. En su memoria anterior, el Gobierno indicó que la máxima protección contra los actos de discriminación antisindical se garantizaría de manera explícita a través de la próxima reforma del mercado laboral y de la revisión de las leyes afines por parte del grupo de trabajo tripartito. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera en su memoria que la disposición constitucional relativa a la discriminación, junto con el artículo 23, a), de la Ley de Sindicatos, y el artículo 53, 6), de la Ley sobre la Administración Pública, relativos a los traslados, constituyen las únicas disposiciones en torno a este asunto. La Comisión subraya que esta protección no da cumplimiento a los requisitos del artículo 1 del Convenio. La Comisión recuerda, como hizo anteriormente, que el artículo 1 del Convenio garantiza a los trabajadores una protección adecuada contra todos los actos de discriminación antisindical y que la legislación que prohíbe los actos de discriminación es inadecuada si no se acompaña de procedimientos eficaces y rápidos y de sanciones suficientemente disuasorias para asegurar su aplicación (véase el Estudio General de 1994, Libertad sindical y negociación colectiva, párrafos 223 y 224). En consecuencia, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para introducir en la legislación: i) una prohibición explícita de todos los actos perjudiciales cometidos contra los trabajadores, en razón de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales en el momento de la contratación, durante el empleo o en el momento del despido (por ejemplo, traslados, descensos, denegación de formación, despidos, etc.); y ii) sanciones eficaces y suficientemente disuasorias en los casos de violación de esta prohibición. La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información sobre todo progreso realizado al respecto.

Artículo 2. Actos de injerencia. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que la cuestión relativa a la injerencia antisindical es un asunto que ha de abordarse en el curso de la reforma del mercado laboral. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que existen aproximadamente 286 sindicatos registrados en el Departamento de Trabajo, que están afiliados a 12 federaciones sindicales y a siete sindicatos de empleados públicos; el hecho de que en los últimos ocho años se hayan añadido un total de 86 nuevos sindicatos demuestra, en su opinión, la no injerencia del Gobierno en el establecimiento de sindicatos y su adhesión al principio de no situar a esas organizaciones bajo el control de los empleadores o de las organizaciones de empleadores. La Comisión reitera sus comentarios anteriores y pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o contempladas para introducir en la legislación una prohibición de los actos de injerencia que contempla el artículo 2 del Convenio, así como procedimientos de apelación rápidos y sanciones disuasorias contra tales actos. La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información sobre todo progreso realizado al respecto.

Artículo 4. Negociación colectiva. Arbitraje obligatorio. La Comisión tomó nota anteriormente de que, según el artículo 9, 4), del proyecto de ley sobre la comisión nacional de trabajo, esta comisión nacional de trabajo tendrá la autoridad, en aplicación de la Ley de Servicios Esenciales, de 1957, y del artículo 30 de la Ley de Sindicatos, de arbitrar los conflictos de intereses en los sectores de la hostelería y del transporte, así como en los casos en los que las autoridades consideren que así lo requiere el desarrollo económico del país. La Comisión recordó que el arbitraje obligatorio para poner fin a un conflicto laboral colectivo, sólo es aceptable si lo solicitan ambas partes implicadas en un conflicto o en los casos de conflicto en la administración pública relativos a funcionarios públicos que trabajan en la administración del Estado o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, a saber, aquellos servicios cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. La Comisión reitera sus comentarios anteriores y pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que el arbitraje obligatorio sólo pueda tener lugar de conformidad con los mencionados principios, y que comunique una copia de la ley sobre la comisión nacional de trabajo, en cuanto se haya adoptado.

Composición de los órganos de arbitraje. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 6 del proyecto de ley sobre la comisión nacional de trabajo, establece que el comité de nombramiento, responsable de la determinación de la composición de la comisión nacional de trabajo, se compondrá, entre otras personas, de dos personas debidamente designadas por la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Nepal. La Comisión solicitó al Gobierno que evitara toda referencia a la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Nepal o a cualquier otra organización, en el proyecto de ley sobre la comisión nacional de trabajo, y que se refiriera más bien a la organización de empleadores «más representativa». La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó en su memoria anterior que acogía con beneplácito esta sugerencia. La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información sobre todo progreso realizado al respecto.

Medidas para fomentar la negociación colectiva. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno destaca sus esfuerzos para asegurar la negociación colectiva e indica que finalizó, en agosto de 2013, un acuerdo sobre el nuevo salario mínimo para los trabajadores de la industria y los trabajadores de las plantaciones de té, tras las necesarias consultas tripartitas. La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información detallada sobre las medidas adoptadas o contempladas para promover la negociación colectiva, así como datos estadísticos sobre el alcance de los convenios colectivos que ya se hubiesen concluido, y el número y las categorías de los trabajadores comprendidos.

La Comisión recuerda al Gobierno que, si lo estima conveniente, puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT para abordar los asuntos legales antes planteados.

Nicaragua

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014, y de la respuesta del Gobierno al respecto. La Comisión también toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de 2011, así como a las observaciones de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (actualmente CSI), de 2005 y 2006, respecto de las cuales la Comisión había pedido que el Gobierno enviara sus comentarios en una solicitud directa de 2010.

Artículo 3 del Convenio. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar libremente sus actividades y formular su programa de acción. La Comisión recuerda que desde hace varios años se refiere a la necesidad de que se tomen medidas para modificar los artículos 389 y 390 del Código del Trabajo que disponen que el conflicto colectivo será sometido a arbitraje obligatorio una vez transcurridos 30 días desde la declaración de huelga. A este respecto, la Comisión toma nota de que en su memoria presentada en mayo de 2014, el Gobierno indica que no hay cambios en la legislación y en la práctica nacional que permitan modificar lo establecido en los artículos 389 y 390 del Código del Trabajo. La Comisión recuerda una vez más que si una vez transcurrido el plazo de 30 días desde la declaración de huelga se recurre al arbitraje obligatorio, el laudo arbitral dictado sólo debería ser obligatorio para las partes en el caso de que todas ellas lo hayan aceptado, o si se trata de un servicio esencial en el sentido estricto del término, o bien si la huelga se realiza en un contexto de crisis nacional aguda. En estas condiciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para modificar los artículos 389 y 390 del Código del Trabajo en el sentido indicado y que informe de toda evolución a este respecto.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1967)

Artículo 4 del Convenio. Promoción de la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que continúe enviando informaciones detalladas sobre el ejercicio de los derechos sindicales en las zonas francas. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que hay 10 719 personas afiliadas a un total de 59 organizaciones sindicales activas a nivel nacional en las zonas francas. El Gobierno informa asimismo de que se han firmado un total de 20 convenios colectivos a nivel nacional en las zonas francas y que 48 180 personas trabajadoras están cubiertas y se benefician de dichos convenios. La Comisión toma nota de las medidas tomadas por el Gobierno para fomentar la negociación colectiva en las zonas francas, en particular la creación en 2010 de la Comisión Tripartita Laboral de Zonas Francas y la firma, en diciembre de 2012, de un acuerdo tripartito de estabilidad laboral y productiva para las zonas francas entre las organizaciones de personas trabajadoras y la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (ANITEC), la Federación de Cámaras Nicaragüenses de Zonas Francas Privadas (FCNZFP), el Ministerio de Trabajo y la Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) en el que se acordaron los porcentajes de incrementos de salarios mínimos para el período 2014-2017. La Comisión toma nota con interés de estas informaciones y pide al Gobierno que continúe tomando medidas para fomentar la negociación colectiva en todos los ámbitos a nivel nacional, incluidas las zonas francas, y que envíe información sobre toda evolución a este respecto.

Níger

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 3 y 10 del Convenio. Disposiciones relativas a la requisa. La Comisión recuerda que desde hace varios años pide al Gobierno que modifique el artículo 9, de la ordenanza núm. 96-009, de 21 de marzo de 1996, por la que se fijan las condiciones de ejercicio del derecho a la huelga de los agentes del Estado y las colectividades territoriales a fin de limitar su aplicación únicamente a los casos en que una interrupción del trabajo pudiera provocar una crisis nacional aguda, a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. El Gobierno había indicado que la revisión de la ordenanza en cuestión se desarrollaba normalmente en el marco de las labores del Comité Nacional Tripartito encargado de la aplicación de las recomendaciones alcanzadas durante los días de reflexión sobre el derecho a la huelga y la representatividad de las organizaciones. Sin embargo, en su memoria de 2006, el Gobierno indicó que el proceso de revisión de la ordenanza no había podido continuarse debido al desacuerdo entre los interlocutores sociales y el Gobierno, y también a los problemas de representatividad de las organizaciones sindicales. La Comisión lamentó tomar nota de que en su última memoria el Gobierno no indicó si se habían adoptado medidas para modificar el artículo 9 de la ordenanza núm. 96-009 a pesar de las solicitudes reiteradas de la Comisión. La Comisión confía en que el Gobierno adopte a la mayor brevedad todas las medidas necesarias a este fin y le recuerda la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la Oficina a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 1, 2, 4 y 6 del Convenio. Ámbito de aplicación del Convenio. Funcionarios. La Comisión tomó nota de que los magistrados, el personal docente investigador de las universidades e instituciones asimiladas, el personal de las administraciones, servicios y establecimientos públicos del Estado que presentan un carácter industrial y comercial, el personal de las aduanas, de las aguas y bosques, de la Escuela Nacional de Administración y de Magistratura, de las colectividades territoriales y de la administración parlamentaria están excluidos de la aplicación de la ley núm. 2007-26, de 23 de julio de 2007, en su forma enmendada por la Ley núm. 2008-47, de 24 de noviembre de 2008, relativa al Estatuto General de la Función Pública del Estado (artículo 41). La Comisión pide al Gobierno que indique cuáles son las disposiciones legislativas que garantizan la aplicación de lo dispuesto en el Convenio para estas categorías de funcionarios.

Artículos 2 y 3. Protección contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia contra los funcionarios. La Comisión tomó nota de que el Estatuto General de la Función Pública establece, en su artículo 14, que los agentes de la administración pública gozan de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución y que pueden crear sindicatos profesionales, afiliarse a ellos y ejercer su mandato en las condiciones establecidas por el reglamento en vigor. La Comisión tomó nota de que ni el Estatuto General de la Función Pública, ni el decreto núm. 2008-244/PRN/MFP/T, de 31 de julio de 2008, relativo a las modalidades de aplicación de la Ley núm. 2007-26, de 23 de julio de 2007, sobre el Estatuto General de la Función Pública del Estado, contienen disposición que prohíba explícitamente los actos de discriminación o injerencia antisindicales, ni que garantice una protección adecuada para las organizaciones de trabajadores contra los actos de discriminación o de injerencia antisindicales, mediante sanciones y procedimientos eficaces y rápidos. La Comisión pide al Gobierno que indique si existen reglamentos en vigor que garanticen dichas protecciones para los funcionarios.

Artículo 6. Derecho a la negociación colectiva de los funcionarios. La Comisión tomó nota de que en el artículo 33 del Estatuto General de la Función Pública se establece la existencia de un Consejo Consultivo de la Función Pública, competente para conocer de todas las cuestiones de orden general relativas a la función pública. La Comisión tomó nota, además, de que, en virtud del artículo 329 del decreto núm. 2008-244/PRN/MFP/T, de 31 de julio de 2008, relativo a las modalidades de aplicación de la Ley sobre la Función Pública, los representantes del personal en el Consejo Consultivo de la Función Pública, en las comisiones de progreso profesional y titularización y en el Consejo disciplinario serán designados, a falta de que lo haga las organizaciones profesionales más representativas de funcionarios y personal contratado, por el Ministro encargado de la función pública, y ello con pleno respeto de las disposiciones que regulan los cuerpos, las categorías y/o los grados exigidos para dichos puestos. La Comisión considera que la determinación de las organizaciones más representativas a efectos de la consulta debe hacerse según criterios objetivos, precisos, preestablecidos e la legislación, ya que esta evaluación no deberá dejarse al criterio discrecional de los gobiernos, a fin de evitar cualquier posibilidad de parcialidad o abuso. La Comisión pide al Gobierno que adopte lo antes posible las medidas necesarias, ya sea mediante la legislación o por otra vía, a fin de garantizar que la representatividad de las organizaciones sindicales de la función pública a efectos de la consulta, sea determinada según los criterios conformes a los principios de libertad sindical.

La Comisión recuerda, no obstante, que debería consultarse a todos los funcionarios no adscritos a la Administración del Estado, en el marco de los órganos paritarios, así como también que éstos deberían disfrutar del derecho de negociación colectiva para sus condiciones de empleo. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar el derecho a la negociación colectiva de estos funcionarios y que informe de toda medida adoptada en este sentido.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) (ratificación: 1972)

Artículo 2 del Convenio. Facilidades concedidas a los representantes de los trabajadores para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones. La Comisión recuerda que sus comentarios anteriores se referían a la necesidad de modificar el artículo 175, párrafo 2, del Código del Trabajo que prohibía a todo empleador descontar las cotizaciones sindicales de los salarios de sus trabajadores para pagarlas en lugar de estos. La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 187 del nuevo Código del Trabajo (ley núm. 2012-45, de 25 de septiembre de 2012) establece a partir de ahora la posibilidad de recaudar las cotizaciones sindicales previa autorización por escrito del trabajador mediante una deducción salarial en beneficio del sindicato que éste elija.

Nigeria

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

La Comisión toma nota adicionalmente de las observaciones de la Asociación de los Altos Funcionarios de Nigeria (ASCSN) recibida el 6 de marzo de 2014 por medio de la cual la ASCSN niega la veracidad de las alegaciones contenidas en la observación enviada en 2012 por la Internacional de la Educación (IE) y el Sindicato del Personal Docente de Nigeria (NUT). La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios respectos de estas dos observaciones.

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de 31 de julio y 31 de agosto de 2012 sobre la aplicación del Convenio, en los que se alega, en particular, que el 24 de octubre de 2011 un grupo compuesto por miembros del ejército, la policía y los servicios de seguridad disolvió por la fuerza una reunión sindical. Asimismo, hace hincapié en: las agresiones físicas sufridas por el Sr. Osmond Ugwu, presidente del Foro de trabajadores del estado de Enugu; las palizas recibidas por otros sindicalistas que asistían a la reunión; el arresto del Sr. Ugwu y del Sr. Raphael Elobuike, un miembro del sindicato; el hecho de que el dirigente y el miembro del sindicato continuaran detenidos al menos hasta finales de 2011, acusados del supuesto intento de asesinato de un policía, y el hecho de que mientras estaban detenidos fueran supuestamente torturados y golpeados. La Comisión recuerda que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de cualquier índole contra los dirigentes y afiliados a estas organizaciones. También quiere recordar que el arresto y detención de dirigentes sindicales y sindicalistas en el ejercicio de sus actividades sindicales legítimas en conexión con los derechos relativos a la libertad sindical, aunque sólo sea por un corto período, constituye una violación de los principios de libertad sindical. La Comisión también recuerda que en casos de alegatos de personas torturadas o maltratadas durante su detención, los gobiernos deberían investigar las quejas de esta naturaleza de manera que puedan adoptar medidas apropiadas, incluida la indemnización por los daños sufridos y la aplicación de sanciones a los culpables para garantizar que ningún detenido sea sometido a dichos tratos. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios sobre estos alegatos, y que garantice el respeto de los principios antes mencionados.

Además, la Comisión toma nota de los comentarios presentados por la Internacional de la Educación (IE) y el Sindicato del Personal Docente de Nigeria (NUT) el 31 de agosto de 2012, según los cuales los empleadores de los docentes de instituciones educativas privadas no permiten que sus trabajadores se afilien al NUT, y los docentes de instituciones educativas federales han sido obligados a afiliarse a la Asociación de Altos Funcionarios de Nigeria y de esta forma se les niega el derecho a pertenecer a su sindicato profesional. La Comisión recuerda que el personal docente debe tener el derecho de constituir las organizaciones que estime convenientes, así como el de afiliarse a esas organizaciones, sin autorización previa, para promover y defender sus intereses profesionales. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Libertades civiles. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de que se detuvo a ocho sospechosos en relación con el asesinato del Sr. Alhaji Saula Saka, presidente de la zona de Lagos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte por Carretera. La Comisión había pedido al Gobierno que transmitiera información sobre los resultados de las investigaciones realizadas y de los posibles procedimientos judiciales. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno indica nuevamente que el asesinato del Sr. Saula Saka fue cometido debido a luchas internas dentro del sindicato, que la policía aún está investigando el caso penal, y que tan pronto como se reciba el informe de la policía se transmitirá una actualización del caso. La Comisión urge al Gobierno a que facilite la información actualizada a la que se refiere así como información detallada sobre los resultados de las investigaciones llevadas a cabo en relación con los graves alegatos de violencia contra sindicalistas. La Comisión urge además al Gobierno a que proporcione información detallada sobre los resultados de los procedimientos judiciales a este respecto, y, que en caso de condena, que garantice que cualquier sentencia impuesta a los autores se aplica.

Cuestiones legislativas

Artículo 2 del Convenio. Monopolio sindical impuesto por la legislación. En sus comentarios anteriores, la Comisión había manifestado su preocupación en lo que respecta al monopolio sindical impuesto por la legislación, y había pedido al Gobierno que enmendara el artículo 3, 2) de la Ley sobre los Sindicatos, que limita la posibilidad de que cuando ya existe un sindicato se registren otros sindicatos. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que la afiliación sindical es voluntaria y se ajusta al sistema laboral. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 2 del Convenio, los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas, y que es importante que los trabajadores puedan establecer nuevos sindicatos por motivos de independencia, eficacia y elección ideológica. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que modifique el artículo 3, 2) de la principal Ley sobre los Sindicatos teniendo en cuenta los principios antes mencionados.

Derecho de sindicación en las zonas francas de exportación (ZFE). En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que el Ministerio Federal de Trabajo y Productividad seguía manteniendo discusiones con la autoridad de las ZFE sobre los asuntos relativos a la sindicación y al ingreso de la inspección en las ZFE. Asimismo, la Comisión tomó nota de los comentarios de la CSI, según los cuales el artículo 13, 1), del decreto sobre la autoridad de las zonas francas de exportación (1992) dificulta que los trabajadores constituyan sindicatos o se afilien a los mismos, puesto que es casi imposible que los representantes de los trabajadores obtengan un libre acceso a las ZFE. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: 1) la autoridad de las zonas francas de exportación no se opone a las actividades sindicales; 2) la parte iii) de las directrices del Ministerio Federal de Trabajo y Productividad sobre la administración del trabajo y la contratación y externalización del personal en el sector del gas y del petróleo se aplican a las ZFE, y 3) la sindicación ha empezado, por ejemplo en el Sindicato General de Trabajadores de las Empresas Públicas, la administración pública y los servicios técnicos y recreativos ha empezado a sindicar a sus miembros en las ZFE. Habida cuenta del compromiso de abordar la cuestión señalada por el Gobierno, la Comisión saluda la información sobre el inicio de la sindicación en las ZFE y pide al Gobierno que transmita una copia de las directrices ministeriales antes mencionadas. La Comisión pide al Gobierno que continúe garantizando que los trabajadores de las ZFE disfrutan del derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, tal como prevé el Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre la cuestión del acceso razonable a las ZFE de los representantes de las organizaciones de trabajadores.

Derecho de sindicación en varios departamentos y servicios gubernamentales. En sus comentarios anteriores, la Comisión había pedido al Gobierno que enmendara el artículo 11 de la Ley sobre los Sindicatos, que denegaba el derecho de sindicación a los empleados del Departamento de Aduanas e Impuestos Indirectos, del Departamento de Inmigración, del servicio penitenciario, de la Imprenta Oficial y Casa de la Moneda de Nigeria, del Banco Central de Nigeria y de la Compañía de Telecomunicaciones de Nigeria. La Comisión tomó nota de que la Ley sobre los Sindicatos (enmienda) no había modificado este artículo. Asimismo, la Comisión tomó nota de que según el Gobierno el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo, que se encontraba en tramitación en la Cámara Baja del Parlamento, abordaría este asunto. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo sigue pendiente de tramitación en la Asamblea Nacional. La Comisión expresa la firma esperanza de que el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo que enmienda el artículo 11 de la Ley sobre los Sindicatos se adopte en un futuro próximo. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita una copia de la Ley sobre Relaciones Colectivas de Trabajo una vez que se haya adoptado.

Requisito de afiliación mínima. La Comisión había expresado su preocupación en relación con el artículo 3, 1) de la Ley sobre los Sindicatos, que requiere un número de 50 trabajadores para constituir un sindicato. La Comisión consideró que, si bien esta afiliación mínima sería permisible para los sindicatos de industria, podría tener el efecto de obstaculizar la constitución de sindicatos de empresa, especialmente en las empresas pequeñas. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que el artículo 3, 1), a), se aplica al registro de sindicatos nacionales, y que a nivel de empresa no existe límite alguno en lo que respecta al número de personas para constituir un sindicato. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno señala que el país utiliza un sistema basado en la industria, y que los trabajadores de las pequeñas empresas forman ramas del sindicato nacional. Tomando nota de esta información, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para modificar el artículo 3, 1), de la Ley sobre los Sindicatos a fin de indicar claramente que el requisito de afiliación mínima de 50 trabajadores no se aplica al establecimiento de sindicatos a nivel de empresa.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones a organizar su administración y sus actividades y a formular sus programas sin injerencia de las autoridades públicas. Administración de las organizaciones. La Comisión recuerda que, en sus comentarios anteriores, había pedido al Gobierno que enmendara los artículos 39 y 40 de la Ley sobre los Sindicatos para limitar a las amplias facultades del encargado del registro de supervisar en todo momento las cuentas de los sindicatos y para garantizar que tales facultades se limitaran a la obligación de presentar informes económicos periódicos, o de investigar una queja. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo que aborda esta cuestión todavía no se ha aprobado. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que en el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo se tomen plenamente en cuenta sus comentarios y espera que la ley se adopte sin demora.

Actividades y programas. La Comisión recuerda que había realizado comentarios sobre ciertas restricciones al ejercicio del derecho de huelga (artículo 30 de la Ley sobre los Sindicatos, en su forma enmendada por el artículo 6, d), de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda), que impone el arbitraje obligatorio, requiere que para convocar una huelga se obtenga el voto favorable de la mayoría de todos los afiliados sindicales registrados, define «servicios esenciales» de una forma demasiado amplia, contiene restricciones en relación con los objetivos de las acciones de huelga e impone sanciones penales que incluyen penas de prisión por llevar a cabo huelgas ilegales; y el artículo 42 de la Ley sobre los Sindicatos, en su forma enmendada por el artículo 9 de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda), que declara ilegales las reuniones o las huelgas que impidan que un avión realice sus vuelos u obstruyan las carreteras, instituciones u otras instalaciones públicas). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: 1) el derecho de huelga de los trabajadores no se entorpece; 2) el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo se ha ocupado de la cuestión de los servicios esenciales; 3) en la práctica, las federaciones de sindicatos van a la huelga o protestan contra las políticas socioeconómicas del Gobierno sin ser sancionadas por ello, y 4) el artículo 42, en su forma enmendada, sólo tiene por objetivo garantizar el mantenimiento del orden público. La Comisión expresa su firme esperanza de que, en el proceso de revisión legislativa, se adoptarán todas las medidas necesarias para modificar las disposiciones antes mencionadas de la Ley sobre los Sindicatos, teniendo en cuenta los comentarios de la Comisión sobre estas cuestiones (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo, párrafos 117 a 161). La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique las medidas adoptadas o previstas a este respecto.

Además, la Comisión había pedido al Gobierno que indicara las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los trabajadores de las ZFE gocen del derecho de organizar libremente su administración y sus actividades y de formular sus programas sin injerencia alguna de las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que la autoridad de las ZFE no se opone a las actividades sindicales y se refiere a las directrices del Ministerio Federal de Trabajo y Productividad sobre la administración del trabajo y la contratación y externalización del personal en el sector del gas y del petróleo. La Comisión pide al Gobierno que transmita una copia de estas directrices.

Artículo 4. Disolución por la autoridad administrativa. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara el artículo 7, 9), de la Ley sobre los Sindicatos, derogando la amplia autoridad del Ministro para cancelar el registro de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, puesto que la posibilidad de disolución administrativa con arreglo a esta disposición implica un grave riesgo de injerencia de las autoridades públicas en la existencia de las organizaciones. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su posición anterior de que la cuestión ha sido abordada en el proyecto de ley sobre relaciones colectivas de trabajo que actualmente se encuentra ante la Asamblea Nacional. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que la Ley sobre Relaciones Colectivas de Trabajo se promulgue sin más demora y aborde de manera adecuada esta cuestión.

Artículos 5 y 6. Derecho de las organizaciones de constituir federaciones y confederaciones y de afiliarse a organizaciones internacionales. La Comisión había tomado nota de que el artículo 8, a), 1), b) y g), de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda) de 2005 exige que, para el registro de las federaciones, éstas estén integradas por 12 o más sindicatos y pidió información sobre la aplicación práctica de este requisito. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno se refiere a la Ley sobre los Sindicatos (afiliación internacional) de 1996, y transmite una copia de la misma. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el artículo 1, 2), de esta ley, la solicitud de afiliación internacional de un sindicato deberá someterse a la aprobación del Ministro. La Comisión considera que una legislación que subordina la afiliación internacional de un sindicato a la autorización del Gobierno es incompatible con el principio de afiliación libre y voluntaria de los sindicatos a organizaciones internacionales. En lo que respecta al requisito que se establece en el artículo 8, a), 1), b) y g), de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda) de 2005 de que, para el registro de las federaciones, éstas estén integradas por 12 o más sindicatos, la Comisión recuerda que el requisito de un número mínimo excesivamente elevado de sindicatos para constituir una organización de nivel superior no está de conformidad con el artículo 5 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que enmiende los artículos 8, a), 1), b) y g), de la Ley sobre los Sindicatos (enmienda) de 2005 y el artículo 1 de la Ley sobre los Sindicatos (afiliación internacional) de 1996 para establecer un número mínimo razonable de sindicatos afiliados con miras a no obstaculizar el establecimiento de federaciones, y que garantice que la afiliación internacional de los sindicatos no requiere el permiso del Gobierno.

Tomando nota de la declaración del representante del Gobierno ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2011 respecto a que se han elaborado cinco proyectos de ley en materia de trabajo con la asistencia técnica de la OIT, la Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que se tomen medidas adecuadas para garantizar que en un futuro próximo se adoptan las enmiendas necesarias a las leyes antes mencionadas a fin de ponerlas en plena conformidad con el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas a este respecto. Por último, la Comisión invita nuevamente al Gobierno a aceptar una misión de la OIT a fin de abordar las cuestiones pendientes.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Países Bajos

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), en una comunicación recibida el 28 de agosto de 2014.

Artículo 1 del Convenio. Protección contra los actos de discriminación antisindical distintos del despido antisindical. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que comunicara información acerca de todo progreso realizado para garantizar una protección integral contra los actos de discriminación antisindical, distintos del despido (ya existentes) de afiliados y representantes sindicales (es decir, la protección contra actos perjudiciales durante el empleo tales como el traslado de puesto, el traslado geográfico, el descenso de grado y las privaciones o restricciones en materia de remuneración, prestaciones sociales o formación profesional; y protección en la contratación). La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la protección contra los actos de discriminación antisindical en la contratación y selección suministrada por: i) un código de conducta, el Código de Contratación de la Asociación Holandesa de Gestión de Personal y Desarrollo Organizativo (NVP), y el procedimiento de quejas conexo, en virtud del cual el trabajador que desea presentar una queja relativa a un procedimiento de selección o contratación puede dirigirse al Comité de Queja del Código de Contrataciones o presentar una demanda judicial para obtener una indemnización; ii) la supervisión por parte del Organismo Holandés de Protección de Datos de la observancia de la legislación relativa a la utilización de datos personales, tales como la Ley de Protección de Datos; y iii) la obligación de ser un buen empleador (artículo 7:611 del Código Civil). La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las quejas y los procedimientos de discriminación antisindical en la contratación, así como sobre los resultados de los procedimientos.

Asimismo, al tomar nota de la ausencia de la información relativa a la protección contra los actos de discriminación antisindical durante el empleo (distintos del despido), la Comisión invita una vez más al Gobierno a que inicie discusiones con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con miras a ampliar la protección contra los actos de discriminación antisindical que afecten a afiliados y representantes sindicales.

Artículo 4. Promoción de la negociación colectiva. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que comunicara información sobre el resultado de la demanda judicial iniciada por la FNV KIEM afiliada a la FNV contra el Gobierno debido a una opinión publicada por la Autoridad de la Competencia de los Países Bajos (NMA), al desalentar las negociaciones con los empleadores a nivel sectorial, sobre las condiciones de trabajo subcontratado (es decir, concertado con personas que no trabajan necesariamente bajo la estricta autoridad del empleador y que pueden tener más de un lugar de trabajo). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se han solicitado decisiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el procedimiento aún está en curso y el caso está aún pendiente de resolución. La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información acerca de los resultados de este proceso judicial.

Perú

Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151) (ratificación: 1980)

Artículo 7 del Convenio. Participación de las organizaciones de empleados públicos en la determinación de sus condiciones de empleo. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) relativas a la Ley núm. 30057 del Servicio Civil, de 4 de julio de 2013, recibidas respectivamente el 29 de agosto, 1.º de septiembre y 22 de septiembre de 2014. La CATP y la CGTP manifiestan que la ley núm. 30057 así como las leyes presupuestales del país niegan a los trabajadores públicos el derecho de negociación colectiva y participación en la determinación de sus remuneraciones y otras materias con incidencia económica.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que: i) en un informe de 4 de febrero de 2014, la Defensoría del Pueblo concluyó que los artículos 42, 43 y 44 de la ley núm. 30057 afectan de modo injustificado al derecho a la negociación colectiva; y ii) en un pronunciamiento de 22 de mayo de 2014, el tribunal constitucional, si bien no alcanzó una mayoría que permitiera declarar fundada la demanda de inconstitucionalidad de la ley núm. 30057, exhortó al Congreso de la República a que, con base en el Convenio, adoptara una norma que introduzca un mecanismo que permita un verdadero diálogo entre los trabajadores públicos y la administración pública en materia remunerativa.

La Comisión observa que las leyes del presupuesto del sector público para los años fiscales 2013 y 2014 (ley núm. 29951 y ley núm. 30114) prohíben el reajuste, incremento o creación de cualquier forma de ingreso para los trabajadores del sector público, cualquiera que sea su mecanismo. La Comisión observa también que el artículo 42 de la ley núm. 30057 establece expresamente que los servidores civiles tienen derecho a solicitar la mejora de sus condiciones no económicas, incluyendo el cambio de condiciones de trabajo o condiciones de empleo, de acuerdo a las posibilidades presupuestarias y de infraestructura de la entidad y de la naturaleza de las funciones que en ellas se cumplen. La Comisión observa finalmente que el artículo 43 de la mencionada ley define las condiciones de trabajo o empleo objeto de negociación como los permisos, licencias, capacitación, uniformes, ambiente de trabajo y en general todas aquellas que faciliten la actividad del servidor civil y que su artículo 44, b), indica que, en el transcurso de la negociación, la contrapropuesta o propuestas de la entidad relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho.

La Comisión constata con preocupación que las mencionadas disposiciones legislativas excluyen cualquier mecanismo de participación, incluida la negociación colectiva, en la determinación de los temas salariales o de incidencia económica en el conjunto del sector público, lo cual es contrario al artículo 7 del Convenio que, al referirse a la negociación o participación de las organizaciones de empleados públicos en la determinación de las condiciones de empleo, incluye los aspectos económicos de estas últimas.

Recordando las obligaciones específicas del Gobierno en virtud del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) respecto del derecho de negociar colectivamente de los empleados públicos que no trabajan en la administración del Estado, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner la legislación en conformidad con los artículos 4 y 6 del Convenio núm. 98 en relación con la negociación colectiva en materia salarial con las organizaciones que representan a dicha categoría de empleados públicos así como con el Convenio núm. 151 garantizando, en lo que respecta a los funcionarios que trabajan en la Administración del Estado, mecanismos de participación en la determinación de las condiciones de empleo, incluidas las remuneraciones y otras materias con incidencia económica. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda novedad al respecto y le recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Reino Unido

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1950)

Artículo 1 del Convenio. Protección contra actos de discriminación antisindical. En sus comentarios anteriores, al tomar nota de la indicación del Gobierno de que tenía conocimiento de la utilización de listas negras en el sector de la construcción, la Comisión pidió al Gobierno que informara acerca de la elaboración de la reglamentación sobre la inclusión de personas en listas negras por motivos de afiliación o actividades sindicales. La Comisión toma nota con satisfacción de la entrada en vigor del reglamento de 2010 (listas negras) de la Ley de Empleo, de 1999, por el que se prohíbe la compilación, uso, venta u oferta de listas negras conteniendo información detallada sobre afiliados a un sindicato o las personas que participan en actividades sindicales, cuya finalidad es discriminar a los trabajadores por motivos de pertenencia a un sindicato o la realización de actividades sindicales. El Gobierno también indica en su memoria que la reglamentación para prohibir las listas negras de sindicalistas en Irlanda del Norte fueron aprobadas por la Asamblea de Irlanda del Norte, el 10 de junio de 2014; y que ha remitido alegatos de persistencia en la elaboración de listas negras por la Comisión de Asuntos de Escocia, en julio de 2013 y en abril de 2014, a la Oficina de Información del Comisionado.

La Comisión toma nota de que el Congreso de Sindicatos ha planteado cierto número de cuestiones en relación con la eficacia de la reglamentación en una comunicación adjunta a la memoria del Gobierno e invita al Gobierno a que dé respuesta a esas preocupaciones y que informe de toda reclamación interpuesta y de las decisiones tomadas por las autoridades. La Comisión aprecia las medidas adoptadas por el Gobierno de remitir los alegatos de que persiste la elaboración de listas negras en Escocia a la Oficina de Información del Comisionado. La Comisión pide al Gobierno proporcione información acerca de la evolución que se produzca a este respecto, y en particular sobre la efectividad del sistema en relación con la prevención de las prácticas de las listas negras en todo el país.

Santo Tomé y Príncipe

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) (ratificación: 1992)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 1 y 2 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión había pedido al Gobierno que indicase qué sanciones podían imponerse en caso de actos de discriminación tendentes a menoscabar la libertad sindical y los actos de injerencia de los empleadores y sus organizaciones en las organizaciones de trabajadores y viceversa. La Comisión tomó nota de que el Gobierno había informado de que no existe una legislación que sancione los actos de discriminación antisindical. En estas condiciones, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se adopte una legislación apropiada que imponga sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra los actos de discriminación antisindical y de injerencia en las organizaciones sindicales, de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique si existe una protección legal específica a los afiliados sindicales en caso de que sean víctimas de actos de discriminación antisindical motivados por su participación en actividades sindicales legítimas.

Artículo 4. La Comisión observa que el derecho de negociación colectiva está reconocido en la ley núm. 5/92, de 28 de mayo de 1992, pero que no es objeto de una reglamentación legal. La Comisión había tomado nota también de la declaración del Gobierno según la cual la negociación colectiva no es aplicable a la función pública. La Comisión tomó nota de que el Gobierno informó en varias memorias del proyecto de Ley sobre Régimen Jurídico de la Negociación Colectiva, que sigue sin adoptarse. En estas condiciones, la Comisión recuerda la importancia de que el proyecto de ley sea adoptado lo antes posible y que reconozca a todos los trabajadores del sector privado y del sector público, incluidos los funcionarios públicos, el derecho de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo y de empleo. La Comisión pide al Gobierno que indique el estado del trámite legislativo de dicho proyecto de ley y que adopte las medidas a su alcance para que se adopte en un futuro muy próximo en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores más representativas.

Aplicación práctica. Por último, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que actualmente no existen convenciones colectivas en el país en razón de su dimensión geográfica. La Comisión invita al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT para solucionar este importante problema.

La Comisión tomó nota de que según el Gobierno, la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo podría actuar como intermediario entre las partes en la negociación colectiva, inclusive para garantizar la eficacia del acuerdo. La Comisión pide al Gobierno que dé mayores precisiones sobre el papel de la Dirección de Trabajo en el proceso de negociación colectiva.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión observa que la negociación colectiva no es objeto de reglamentación legal y pide al Gobierno que indique si el derecho de negociación colectiva se aplica también a la función pública.

La Comisión tomó nota de que, en el marco de la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), el Gobierno informó del proyecto de Ley sobre Régimen Jurídico de la Negociación Colectiva que sigue sin adoptarse. La Comisión recuerda la importancia de que el proyecto de ley sea adoptado lo antes posible y que reconozca a todos los trabajadores del sector privado y del sector público, incluidos los funcionarios públicos, el derecho de negociación colectiva de sus condiciones de trabajo y de empleo, así como el derecho de regular, a través de los convenios colectivos, las relaciones entre los trabajadores y los empleadores y las relaciones entre los empleadores (o las organizaciones de empleadores) y una organización (o varias) de trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que indique el estado del trámite legislativo de dicho proyecto de ley y que adopte las medidas a su alcance para que se adopten en un futuro muy próximo.

La Comisión recuerda al Gobierno que en virtud del Convenio en el proceso de determinación de las reglas de procedimiento de la negociación colectiva, se tiene que fomentar la consulta y la negociación con las organizaciones de trabajadores y las organizaciones de empleadores más representativas. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas en este sentido.

La Comisión tomó nota de que el Gobierno declaró que la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo podría actuar como intermediario entre las partes en la negociación colectiva, inclusive para garantizar la eficacia del acuerdo. La Comisión pide al Gobierno que dé mayores precisiones sobre el papel de la Dirección de Trabajo en el proceso de negociación colectiva.

Por último, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que actualmente no existen convenciones colectivas en el país en razón de su dimensión geográfica. La Comisión invita al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT para solucionar este importante problema.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar en un futuro cercano las medidas necesarias.

Swazilandia

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2014 de la Confederación Sindical Internacional (CSI). La Comisión también toma nota de las observaciones recibidas el 1.º de septiembre de 2014 de la Organización Internacional de Empleadores (OIE).

La Comisión toma nota de que el Gobierno ha proporcionado información actualizada en relación con las cuestiones pendientes en el marco de la Misión Investigadora de Alto Nivel de la OIT a Swazilandia que tuvo lugar en enero de 2014, así como en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2014.

Seguimiento de las discusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, en particular en relación con la revocación del registro del Congreso de Sindicatos de Swazilandia (TOCOSWA) por parte del Gobierno y la denegación del derecho a ejercer plenamente sus derechos sindicales. Por lo que respecta a la enmienda de la Ley de Relaciones Laborales con objeto de que se autorizara el registro de federaciones, solicitado por los órganos de control de la OIT durante dos años, la Comisión toma nota de la información escrita presentada por el Gobierno ante la Comisión de la Conferencia en la que se señala que el Parlamento se disolvió el 31 de julio de 2013 y el Consejo de Ministros se constituyó plenamente el 4 de noviembre de 2013. El Parlamento reanudó sus funciones oficialmente el 7 de febrero de 2014. Es decir, pasaron siete meses sin que hubiera actividad parlamentaria, con lo cual al Gobierno sólo le quedaron cinco meses para cumplir sus compromisos ante la Conferencia Internacional del Trabajo. Esta situación dificultó la tarea del Gobierno de adoptar las medidas legislativas necesarias, dado que no había ninguna autoridad legislativa para que las enmiendas a la Ley de Relaciones Laborales se convirtieran en ley.

Registro de federaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión toma nota con preocupación del comunicado de prensa gubernamental núm. 12/2014 publicado en octubre de 2014, según el cual, mientras esté pendiente la enmienda de la Ley de Relación Laborales ante el Parlamento, todas las federaciones deberán interrumpir inmediatamente su funcionamiento. Asimismo, se dieron por terminadas todas las representaciones de las federaciones en los consejos estatutarios. La Comisión observa que esta declaración afecta no solamente al TUCOSWA y otras federaciones que solicitan actualmente el registro, sino también a la Federación de Empleadores y Cámaras de Comercio de Swazilandia (FSE-CC) y la Federación de la Comunidad Empresarial de Swazilandia, cuyos registros también se cancelaron; la Comisión deplora que esta decisión gubernamental elimina, para todos los efectos y finalidades, a todas las expresiones de los interlocutores sociales en el país y constituye una grave violación de los artículos 2, 3, 5 y 6 del Convenio.

Sin embargo, la Comisión, toma nota de que el Gobierno ha informado en noviembre de 2014 que el Parlamento adoptó la Ley de Relaciones Laborales (enmienda), de 2014 (ley núm. 11 de 2014 publicada en el Boletín Oficial de 13 de noviembre de 2014), por la que se introducen disposiciones relativas al registro de federaciones de empleadores y de trabajadores y enmienda las disposiciones relativas a la responsabilidad penal y civil de los sindicatos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que esta ley es el resultado de un consenso tripartito y está en vigor con efecto inmediato.

La Comisión aprecia el acontecimiento legislativo más reciente que tuvo como consecuencia la adopción de la ley núm. 11 de 2014, por la que se autoriza el registro y reconocimiento de las federaciones de trabajadores y de empleadores. Al tiempo que toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que está dispuesto a tratar las solicitudes de registro, de manera que se dé pleno efecto a la libertad sindical, la Comisión confía en que las autoridades registrarán y reconocerán de inmediato la personalidad jurídica de TUCOSWA, la FSE-CC y la FESBC en cuanto presenten sus solicitudes de registro para cumplir plenamente con lo dispuesto en los artículos 2, 3, 5 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

Mientras tanto, la Comisión insta al Gobierno a que se garantice a todas las federaciones de trabajadores y de empleadores que realizan actividades en el territorio del país, que gocen plenamente de sus derechos de sindicación hasta que se proceda a su registro efectivo en virtud de la ley enmendada, incluyendo el derecho de realizar acciones de protesta y demostraciones pacíficas en defensa de los intereses profesionales de sus miembros, y prevenir toda injerencia o represalia contra sus dirigentes y miembros afiliados.

Asimismo, la Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical en el caso núm. 2949 (373.er informe del Comité de Libertad Sindical, de noviembre de 2014), y observa con profunda preocupación que el abogado de TUCOSWA, el Sr. Maseko, fue detenido y condenado a una pena de prisión especialmente larga en el proceso de inconstitucionalidad impugnando la eliminación del registro del sindicato. La Comisión también toma nota de que las últimas observaciones de la CSI también se refieren a la situación del Sr. Maseko que permanece en prisión. La Comisión, como lo ha hecho el Comité de Libertad Sindical, urge al Gobierno a que garantice la liberación inmediata e incondicional del Sr. Maseko y que proporcione información sobre toda evolución a este respecto.

Cuestiones legislativas. En sus comentarios anteriores la Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara la Ley de Relaciones Laborales, de manera que se reconociera el derecho de huelga en los servicios de salud. La Comisión toma nota con satisfacción de la supresión de los servicios de salud de la lista de servicios esenciales mediante la publicación en el Diario Oficial del aviso legal núm. 149 de 2014. La Comisión toma debida nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre la situación de las solicitudes de larga data sobre las enmiendas y modificaciones a los siguientes textos legales:

–El proyecto de ley de la función pública. La Comisión toma nota de que el proyecto de ley fue examinado por el Consejo Consultivo del Trabajo y actualmente se encuentra ante el Ministerio de la Función Pública para su adopción. Posteriormente, será sometido al Consejo al Ministros para su aprobación y publicación y presentado al Parlamento para su tratamiento.

–La Ley de Relaciones Laborales. En relación con sus recomendaciones anteriores sobre las responsabilidades civiles y penales de los dirigentes sindicales, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su última respuesta la enmienda del párrafo 40.

–La Proclama de 1973 y sus reglamentos de aplicación. En relación con el estatus de la Proclama, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que fue sustituida por la Constitución que es actualmente la ley suprema del país. En consecuencia, el ejercicio y la autoridad de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo están basados en la Constitución y en ningún aspecto por la Proclama de 1973.

–La Ley de Orden Público de 1963. Durante varios años, la Comisión ha venido pidiendo al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para enmendar la Ley de Orden Público a fin de garantizar que no se pudiera utilizar para reprimir las huelgas legales y pacíficas. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que existe muy poca especialización en el ámbito nacional a este respecto y ha solicitado la asistencia de la Oficina con este fin. Se atribuyó mandato a la Oficina Subregional de la OIT en Pretoria en abril de 2014, y el proceso de redacción se iniciará en cuanto se haya encontrado el redactor legislativo.

–El proyecto de ley de servicios correccionales (prisiones). En relación con el reconocimiento del derecho de sindicación del personal penitenciario, la Comisión tomó nota de que el Consejo Consultivo Laboral ha finalizado el debate del proyecto y preparado un informe con sus opiniones al respecto. Los comentarios del Consejo se enviarán al ministerio responsable de los servicios correccionales.

–El Código de buenas prácticas para las acciones de protesta y las acciones colectivas. La Comisión toma nota de que el Código ha sido examinado por los interlocutores sociales y la policía, y se ha solicitado asistencia técnica de la Oficina para facilitar el proceso de finalización y aplicación.

La Comisión confía en que el Gobierno se esforzará para comunicar en su próxima memoria información detallada sobre los progresos concretos y definidos que se hayan obtenido sobre estas cuestiones legislativas y administrativas para conformarse con las disposiciones del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Turquía

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y por la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TİSK), en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014, sobre la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota también de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en una comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014 y de la respuesta del Gobierno al respecto.

La Comisión toma nota además de la respuesta del Gobierno a las observaciones anteriores formuladas en relación con la Ley núm. 6356 sobre Sindicatos y Acuerdos de Negociación Colectiva, por parte de la Confederación de los Sindicatos Turcos Auténticos (HAK-İŞ), de la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DİSK) y de la Unión de Sindicatos de Empleados de las Municipalidades y Entidades de Derecho Privado del Estado (BEM-BIR-SEN).

Libertades civiles. La Comisión reitera que, desde hace varios años, ha venido formulando comentarios sobre la situación de las libertades civiles en Turquía. La Comisión toma nota nuevamente con preocupación de los alegatos recientes formulados en la comunicación de la CSI sobre las importantes restricciones impuestas a la libertad de reunión de los sindicalistas, incluyendo una intervención policial violenta para interrumpir una sentada de protesta en apoyo de los 56 miembros de la Confederación de Sindicatos de los Funcionarios Públicos (KESK), en enero de 2014, el arresto de 91 trabajadores en abril en 2014 y la detención de más de 140 manifestantes el día de la celebración del 1.º de mayo, acompañada de una violenta intervención policial.

La Comisión reitera una vez más que el respeto por las libertades civiles es un requisito previo esencial de la libertad sindical e insta al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar un clima desprovisto de violencia, presiones o amenazas de ningún tipo de modo que los trabajadores y los empleadores puedan ejercer plena y libremente los derechos garantizados por el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre todas las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que lleve a cabo una investigación sobre los nuevos alegatos relativos al uso de la violencia durante las intervenciones de la policía o de otras fuerzas de seguridad y que envíe sus comentarios sobre las cuestiones planteadas por la CSI.

Artículo 2 del Convenio. Cuestiones legislativas. La Comisión reitera que su observación anterior se refería al artículo 15 de la Ley núm. 6289 sobre los Sindicatos de Funcionarios Públicos y la Negociación Colectiva, por la que se enmienda la ley núm. 4688, que prohíbe a varias categorías de trabajadores, como funcionarios con cargos directivos, magistrados, personal civil en instituciones militares y el personal de los servicios penitenciarios, que constituyan realizaciones sindicales y se afilien a ellas.

La Comisión toma nota con interés de la información suministrada por el Gobierno y la TİSK de que, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, de abril de 2013, la frase «personal civil en instituciones militares» ha sido suprimida de la ley núm. 4688. La Comisión toma nota además de las indicaciones del Gobierno y de la TİSK respecto al hecho de que la limitación del derecho de sindicación a los funcionarios públicos de alto nivel está autorizada por el artículo 1 del Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151).

La Comisión desea recordar que el artículo 2 del Convenio otorga el derecho básico de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a ellas, a todos los trabajadores «sin ninguna distinción», incluidos todos los funcionarios públicos, sea cual sea la naturaleza de sus funciones, con las únicas excepciones autorizadas por el Convenio para los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. El Convenio núm. 151, ratificado también por Turquía, fue adoptado para completar el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), mediante el establecimiento de ciertas disposiciones relativas en particular, a la protección contra la discriminación antisindical y a la determinación de las condiciones de empleo aplicables en la administración pública en general, y no iba dirigido a anular ni menoscabar en modo alguno los derechos básicos de sindicación garantizados a todos los trabajadores por el Convenio núm. 87. No obstante, la Comisión ha afirmado que puede prohibirse a los funcionarios de categoría superior el derecho a afiliarse a sindicatos siempre que tengan el derecho de crear sus propias organizaciones para defender sus intereses (véanse Estudio General sobre la negociación colectiva en la administración pública, de 2013, párrafos 43 y siguientes y Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 66). La Comisión pide en consecuencia al Gobierno que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas para revisar la ley núm. 4688, en su forma enmendada por la ley núm. 6289, a fin de garantizar que se concede a los funcionarios de categoría superior, los magistrados y el personal de los servicios penitenciarios sus derechos básicos a constituir una organización ya sea mediante una enmienda a la ley o mediante leyes independientes.

La Comisión toma nota con interés de la entrada en vigor, el 7 de noviembre de 2012, de la Ley núm. 6356 sobre Sindicatos y Convenios Colectivos, por la que se deroga la Ley de Sindicatos y la Ley de Convenios Colectivos, Huelga y Cierre Patronal (núms. 2821 y 2822, respectivamente), sobre las cuales la Comisión ha venido formulando observaciones desde hace varios años.

La Comisión toma nota debidamente de las observaciones del Gobierno y de la TİSK en respuesta a sus comentarios anteriores sobre la Ley de Asociaciones núm. 5253, según las cuales las disposiciones de esta ley no se aplican a los sindicatos ya que son reemplazadas por las disposiciones de la Ley núm. 6356 que regulan las materias correspondientes.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 62 de la ley ha suprimido una serie de servicios sobre los que pesaba la prohibición anterior al derecho de huelga y, que la Ley núm. 6356 ha eliminado además las restricciones previas a las huelgas por motivos políticos, las huelgas de solidaridad, la ocupación de los establecimientos del trabajo y las huelgas de celo con miras a poner la legislación de conformidad con las enmiendas constitucionales de 2010. Al tiempo que una sentencia reciente del Tribunal Constitucional ha suprimido de la ley los servicios bancarios y los servicios públicos de transporte urbano que quedaban en la lista de servicios esenciales. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre toda aplicación práctica de esta disposición.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) (ratificación: 1982)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Alianza Sindical Independiente (ASI), de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE) recibidas respectivamente los días 30 de agosto, 1.º de septiembre y 24 de septiembre de 2014. La Comisión toma nota de los comentarios del Gobierno respecto de las mencionadas observaciones de la ASI y de la UNETE así como respecto de las observaciones de la UNETE de 2013.

La Comisión toma también nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, que se refieren por una parte a temas que ya son objeto de examen por parte de la Comisión y por otra denuncian casos de violación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de los comentarios correspondientes del Gobierno. Finalmente, la Comisión toma nota de las observaciones adicionales conjuntas de la OIE y de FEDECAMARAS recibidas el 31 de octubre de 2014 y el 28 de noviembre de 2014 que denuncian nuevas situaciones de violación del Convenio y, especialmente: i) la detención durante 12 horas del presidente de CONINDUSTRIA, Sr. Eduardo Garmendia; ii) acciones de seguimiento y acoso al presidente de FEDECAMARAS, Sr. Jorge Roig; iii) un recrudecimiento de los ataques verbales contra FEDECAMARAS por altos cargos del Estado en los medios de comunicación, y iv) la adopción por el Presidente de la República, en noviembre de 2014, de 50 Decretos Leyes sobre importantes cuestiones económicas y productivas sin que se haya consultado a FEDECAMARAS. La Comisión toma nota con preocupación de estas alegaciones y pide al Gobierno que envíe sus observaciones a este respecto.

La Comisión toma nota de que a instancia del Consejo de Administración, una Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT (en adelante la Misión) visitó la República Bolivariana de Venezuela del 27 al 31 de enero de 2014 con miras a examinar todos los asuntos pendientes en relación con el caso núm. 2254 en instancia ante el Comité de Libertad Sindical (relativo a actos de violencia o de hostigamiento contra dirigentes empleadores, deficiencias graves en el diálogo social, incluido en lo que respecta a la falta de consulta sobre leyes laborales y sociales, promoción de organizaciones paralelas, etc.). La Comisión toma nota del informe de la Misión y que en seguimiento a la discusión de dicho informe por el Consejo de Administración en su 320.ª reunión de marzo de 2014, en donde el Gobierno expresó sus puntos de vista en relación con los resultados de la Misión, el Consejo (documento GB.320/INS/8):

a)tomó nota de la información contenida en el informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel realizada en la República Bolivariana de Venezuela (del 27 al 31 de enero de 2014) y agradeció a la Misión por el trabajo realizado;

b)instó al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que, en consulta con los interlocutores sociales nacionales, desarrollase e implementase el Plan de acción como fue recomendado por la Misión Tripartita de Alto Nivel; y pidió al Director General que brindase la asistencia requerida a tal efecto, y

c)remitió el informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel al Comité de Libertad Sindical para su consideración en el marco de su próximo examen del caso núm. 2254 en su reunión de mayo-junio de 2014.

La Comisión observa que con posterioridad a la realización de la Misión, el Comité de Libertad Sindical examinó nuevamente, en el mes de junio de 2014, el caso núm. 2254 (véase 372.º informe, aprobado por el Consejo de Administración en su 321.ª reunión de junio de 2014). La Comisión toma nota de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical.

Derechos sindicales y libertades civiles. Asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas – detenciones en el marco de acciones de protesta. La Comisión recuerda que en sus anteriores comentarios había tomado nota de alegatos sobre el asesinato de dirigentes sindicales y sindicalistas, especialmente en el sector de la construcción. La Comisión toma nota de que en sus observaciones de 2013, la UNETE denunció seis ataques violentos acaecidos entre noviembre de 2008 y enero de 2010 en el marco de protestas y que habrían causado la muerte de seis dirigentes sindicales y tres trabajadores. Adicionalmente, la Comisión toma nota de que en sus observaciones de 2014 la UNETE hace mención a un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, de septiembre de 2012, que contabilizó 65 asesinatos de sindicalistas ese año, especialmente en el sector de la construcción y que las organizaciones sindicales siguen denunciando un alto grado de impunidad en todo lo relacionado con la violencia antisindical.

La Comisión toma nota de que, en su respuesta a las observaciones de 2013 de la UNETE, el Gobierno indica que: i) en cinco de los seis casos denunciados, la investigación policial demostró que el homicidio no guardaba relación con las actividades sindicales de las víctimas; ii) respecto del último caso relativo a la muerte de dos trabajadores a raíz de una intervención policial en el marco de una protesta, todos los responsables de los hechos fueron juzgados y condenados apropiadamente y se compensaron a los familiares de las víctimas, y iii) sorprende que la UNETE haya esperado entre tres y cinco años para denunciar dichos casos, especialmente si se toma en consideración que entre 2008 y 2010 la UNETE representaba a los trabajadores venezolanos en la Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión toma también nota de que el Gobierno niega de nuevo, en su memoria de 2014, la existencia de asesinatos antisindicales y sugiere que se solicite a las organizaciones sindicales enviar informaciones precisas sobre la condición de sindicalistas de las víctimas. En estas condiciones, recordando que en sus memorias anteriores el Gobierno se había referido al homicidio de 13 sindicalistas y dos trabajadores, a la detención de los presuntos autores así como a las conclusiones de una mesa tripartita de trabajo de alto nivel de 2011 sobre la violencia en el sector de la construcción, la Comisión pide al Gobierno que informe del seguimiento dado a dicha mesa tripartita así como de los resultados de los procesos judiciales relativos a los mencionados 13 homicidios. Por otra parte, la Comisión pide a las organizaciones sindicales que comuniquen el nombre de los sindicalistas víctimas de homicidio en 2012 y el máximo de precisiones sobre las circunstancias de sus muertes incluido todo indicio de su carácter antisindical.

Denuncia de una política de criminalización de la acción sindical. La Comisión toma nota de que la CSI, la ASI y la UNETE denuncian numerosos casos de dirigentes sindicales (150 según la ASI y la UNETE) sometidos a procesos penales por haber llevado a cabo actividades sindicales así como la condena y encarcelación de varios de ellos. Adicionalmente a situaciones examinadas por el Comité de Libertad Sindical (véanse los casos núms. 2727, 2763, 2968 y 3082), las organizaciones sindicales denuncian: i) la sumisión a proceso penal de cuatro trabajadores de Sintra Callao por participar en la paralización de la Mina Isidora, imputándoles los delitos de agavillamiento, instigación a delinquir e impedimento al trabajo; ii) la detención de 11 trabajadores de Petróleos de Venezuela sección Anaco por realizar una toma pacífica del Ministerio de Trabajo y de diez trabajadores de la alcaldía metropolitana de Caracas por realizar una manifestación frente al Tribunal Supremo de Justicia, y iii) la sumisión a juicio penal con privación de libertad de ocho trabajadores de CIVETCHI acusados de asociación para delinquir y de extorsión a modo de represalia por haber intentado constituir una organización sindical.

Respecto del caso CIVETCHI, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) el caso CIVETCHI está totalmente ajeno al ejercicio de la libertad sindical; ii) fueron detenidas varias personas, algunas ajenas a la empresa, por haber intentado extorsionar a la misma; iii) el proceso implica a algunos trabajadores que se identificaron como sindicalistas, y iv) las actividades sindicales de la totalidad de los trabajadores de CIVETCHI siguen inalteradas. La Comisión pide al Gobierno que informe de los procesos judiciales relativos a este caso, que lleve a cabo investigaciones sobre los demás casos denunciados por las organizaciones sindicales y que informe de sus resultados. De manera general, tomando nota con preocupación de las conclusiones y recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical en el marco de los casos núms. 2727, 2763 y 2968, la Comisión recuerda que el ejercicio pacífico de los derechos de protesta y de huelga no debe dar lugar ni a detenciones ni a sanciones penales y pide al Gobierno que se asegure del pleno cumplimiento de dicho principio. La Comisión trata los aspectos legislativos de esta cuestión más adelante.

Actos de violencia e intimidaciones en contra de FEDECAMARAS y sus dirigentes. En cuanto al secuestro y ataques con armas de fuego a cuatro dirigentes de esta organización el 27 de octubre de 2010 (Sra. Albis Muñoz y Sres. Noel Álvarez, Luis Villegas y Ernesto Villasmil) que se saldó con lesiones por varios impactos de bala contra la dirigente Sra. Albis Muñoz, la Comisión toma nota del informe de la Misión:

Al tiempo que se toma nota de que la audiencia judicial relativa a la agresión contra la Sra. Albis Muñoz está fijada para el 17 de marzo de 2014, la Misión destaca la importancia de que los procedimientos judiciales relacionados con los varios hechos de violencia antes mencionados finalicen en un futuro muy próximo a efectos de deslindar responsabilidades y sancionar severamente a los responsables.

Adicionalmente, la Comisión toma nota de que la OIE y FEDECAMARAS manifiestan que la audiencia de apertura de juicio fue diferida en dos ocasiones por falta de asistencia del imputado y que se está a la espera de que se fije una tercera fecha de audiencia. A este respecto, la Comisión toma también nota de que el Gobierno reitera que el carácter de acto de delincuencia común de la agresión de los dirigentes de FEDACAMARAS fue demostrado a los pocos días de los hechos. En estas condiciones, al tiempo que toma nota con preocupación de que más de cuatro años después de que los presuntos autores del ataque del 27 de octubre de 2010 hayan sido detenidos, no se ha pronunciado ninguna decisión judicial todavía, la Comisión reitera la firme esperanza de que el proceso penal concluirá a la mayor brevedad, que permitirá deslindar responsabilidades e identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los hechos y que las penas aplicadas a las personas declaradas culpables corresponderán a la gravedad de los hechos. La Comisión pide al Gobierno que informe al respecto.

Por otra parte, la Comisión toma nota de las observaciones de la OIE y de FEDECAMARAS respecto de agresiones verbales por parte de los más altos cargos del Estado en los medios de comunicación en contra de FEDECAMARAS y sus dirigentes, acusándoles de llevar a cabo una guerra económica contra el país y que incluyen ataques de carácter personal. La Comisión toma nota de que la OIE y FEDECAMARAS piden que el Gobierno deje de utilizar a FEDECAMARAS como herramienta política para responsabilizarla de la situación económica y escasez de productos que vive el país. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) son las acciones de FEDECAMARAS y no las declaraciones del Gobierno que han generado un clima de violencia, intimidación y temor; ii) ante actos tales como la participación directa en el golpe de Estado de 2002, la organización de un paro patronal ilegal y de un sabotaje petrolero para obtener la renuncia del Presidente Constitucional o el apoyo público a la acción de terratenientes que causó la muerte de cientos de dirigentes campesinos a manos de grupos paramilitares, son necesarios la disculpa pública y un acto de contrición de parte de FEDECAMARAS para lograr un ambiente de confianza.

A este respecto, la Comisión toma nota de las conclusiones de la Misión en relación con los mencionados hechos:

La Misión tomó nota con preocupación, por una parte, de las informaciones recientes recibidas relativas al uso de los medios de comunicación para formular graves acusaciones personales contra dirigentes de FEDECAMARAS, CONSECOMERCIO y VENAMCHAM de sostener una «guerra económica» contra el Gobierno, y por otra, de los alegados nuevos hechos de violencia contra la sede de FEDECAMARAS por parte de ciertas organizaciones bolivarianas y de la incitación por parte del Gobierno al vandalismo y saqueo de automercados y comercios. A este respecto, la Misión subraya la gravedad de estos hechos y que resulta imprescindible para el ejercicio de los derechos sindicales y de libre asociación que exista un clima exento de intimidación o amenazas o excesos de lenguaje. Sólo así, se podrá avanzar hacia la normalidad en el ejercicio de las actividades de las organizaciones y de relaciones profesionales estables y sólidas.

La Comisión expresa su profunda preocupación ante las graves y diferentes formas de estigmatización e intimidación señaladas por la Misión. Al igual que el Comité de Libertad Sindical, la Comisión llama una vez más la atención del Gobierno sobre el principio fundamental de que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores reconocidos por el Convenio sólo pueden desarrollarse en un clima exento de violencia, intimidación y temor. La Comisión insta por lo tanto firmemente al Gobierno a que se tomen todas las medidas necesarias para evitar este tipo de actos y de declaraciones contra personas y organizaciones que defienden legítimamente los intereses de los empleadores o de los trabajadores en el marco del Convenio.

Artículo 2 del Convenio. Entrega a las autoridades públicas de las listas de afiliados sindicales. En sus comentarios anteriores, la Comisión había observado que la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) mantenía la no confidencialidad de la afiliación y había estimado que salvo en los casos en que los afiliados deciden voluntariamente comunicar su condición de tales a efectos de la retención de sus cotizaciones sindicales en nómina, la afiliación sindical de los trabajadores no debería comunicarse ni al empleador ni a las autoridades. La Comisión toma nota de las nuevas observaciones de la UNETE de 2014 sobre esta cuestión y subraya que existen mecanismos que permiten medir de manera objetiva la representatividad de las organizaciones sindicales sin que sea necesaria la entrega de la lista de afiliados sindicales a las autoridades. Recordando que, tal como lo recomendó la Misión, el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina a este respecto, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales representativos, tome las medidas necesarias para revisar el artículo 388 de la LOTTT en el sentido indicado.

Artículos 2 y 3. Registro de las organizaciones y estatutos sindicales. La Comisión toma nota de las observaciones de la UNETE de 2014 en donde indica que: i) la obligación de adecuar los estatutos sindicales a las exigencias del artículo 367 de la LOTTT que imponen a los sindicatos atribuciones y finalidades ajenas a su naturaleza es un recurso maestro para someter al movimiento sindical; ii) desde la creación del registro nacional de sindicatos en mayo de 2013, la administración de trabajo ha rechazado la mayoría de los registros de nuevas organizaciones y de las actualizaciones de estatutos de los sindicatos existentes así como los respectivos informes de finanzas de las organizaciones violando de manera flagrante la autonomía sindical. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no entiende las alegadas dificultades causadas por el registro nacional de sindicatos ya que la LOTTT sólo reproduce lo contenido en la Ley del Trabajo, de 1936, y la Ley Orgánica del Trabajo, de 1991. A este respecto, la Comisión señala de nuevo el carácter demasiado extenso de las finalidades de las organizaciones sindicales (y de patronos) contempladas en los artículos 367 y 368 de la LOTTT, las cuales incluyen numerosas responsabilidades propias de las autoridades públicas. En este sentido, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores representativas, revise los artículos 367 y 368 de la LOTTT en el sentido indicado y que informe de toda evolución a este respecto. La Comisión pide también al Gobierno que informe del número de registros y actualizaciones de registro aceptados y rechazados, indicando los motivos de las denegaciones.

Artículo 3. Libre elección de los representantes sindicales y papel del Consejo Nacional Electoral (CNE). La Comisión recuerda que desde hace numerosos años pide al Gobierno que ponga fin a la intervención del CNE en las elecciones sindicales. La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI y de la UNETE sobre la persistencia de injerencias en las elecciones sindicales consistentes en: i) el rechazo de la administración pública de tratar con las organizaciones que considera en «mora electoral»; ii) el mantenimiento de la exigencia por parte del Ministerio de Trabajo de que los sindicatos presenten la constancia del reconocimiento electoral de parte del CNE para poder firmar válidamente una convención colectiva; iii) la paralización en la consultoría jurídica del CNE de la constancia del reconocimiento electoral de varios sindicatos a pesar de haber cumplido con las normas electorales del CNE. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) el Poder Electoral es independiente del Poder Ejecutivo y su papel constitucional consiste en garantizar los derechos electorales de los trabajadores y de todos los ciudadanos; ii) la participación del CNE en el proceso electoral es facultativa pero las elecciones de las juntas directivas deben ser anunciadas previamente al CNE; iii) los resultados de las elecciones sindicales deben ser documentados ante el CNE para que las organizaciones sindicales puedan ejercer sus derechos legales; iv) es sólo cuando una junta directiva no ha hecho su debido registro que debe demostrar al momento de suscribir un acuerdo su condición de legitimidad; v) este procedimiento tiene la finalidad de proteger a los afiliados contra situaciones en donde una junta no reconocida intente negociar en su nombre; vi) en los casos donde las organizaciones sindicales negocian «en privado» un convenio colectivo, la verificación de la legitimidad es más severa debido a que en esos casos ni siquiera los afiliados conocen del contenido de los acuerdos, y vii) el artículo 420 de la LOTTT en materia de mora electoral que prohíbe la representación colectiva de los afiliados por parte de una junta cuyo plazo de vigencia haya vencido y se haya negado a organizar elecciones sólo protege los derechos democráticos de los trabajadores.

Al tiempo que toma nota de los elementos proporcionados por el Gobierno, la Comisión reitera una vez más que las elecciones sindicales son un asunto interno de las organizaciones en el que las autoridades, inclusive el CNE, no deberían injerirse. La Comisión pide por lo tanto de nuevo al Gobierno que tome medidas para que: i) las normas vigentes establezcan que sea la autoridad judicial la que decida los recursos relativos a elecciones sindicales; ii) se elimine el principio de que la mora electoral inhabilita a las organizaciones sindicales para la negociación colectiva; iii) se elimine la obligación de comunicar al CNE el cronograma electoral; iv) se elimine la publicación en la Gaceta Electoral de los resultados de las elecciones sindicales como condición para ser reconocidas. Adicionalmente, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que tome medidas para revisar las siguientes disposiciones de la LOTTT que restringen el derecho de las organizaciones sindicales de organizar libremente la elección de sus representantes: i) el artículo 387 que condiciona la elegibilidad de los dirigentes a haber convocado en plazo a elecciones sindicales cuando eran dirigentes de otra organización; ii) el artículo 395 que prevé que el incumplimiento por parte de los afiliados y afiliadas a los aportes o cuotas sindicales no impedirá el derecho al sufragio; iii) el artículo 403 que impone un sistema de votación que integra en la elección de la junta directiva la forma uninominal y la representación proporcional, y iv) el artículo 410 que impone la figura del referéndum revocatorio de cargos sindicales. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución a este respecto.

La Comisión toma nota finalmente de que el Gobierno no ha comunicado informaciones sobre las razones concretas de la declaración de nulidad del congreso de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) por parte del CNE alegado por la CSI en 2011. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que envíe sus comentarios a este respecto.

Artículo 3. Derecho de las organizaciones de trabajadores de organizar libremente sus actividades y de formular su programa de acción. La Comisión toma nota de que la UNETE y la ASI denuncian nuevamente la adopción de leyes y reglamentos que prohibirían el derecho de huelga, sancionando su ejercicio con importantes penas de prisión. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que: i) el derecho de huelga está consagrado por la Constitución y las leyes del país; ii) no existe ley alguna que prohíba el derecho de huelga; iii) no conoce caso alguno donde se haya limitado el ejercicio del derecho de huelga una vez cumplidos los trámites legales establecidos en la LOTT. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Comité de Libertad Sindical le señaló los aspectos legislativos del caso núm. 2727 en relación con el impacto de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes. La Comisión observa con preocupación que los artículos 68 y 140 de esta ley prevén de manera muy amplia sanciones de prisión por acciones u omisiones, que impidan, de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes. Asimismo, la Comisión observa con preocupación que el artículo 55 de la Ley de Costos y Precios Justos prevé sanciones de prisión por hechos similares.

La Comisión recuerda que la prohibición del derecho de huelga en el caso de los funcionarios públicos sólo sería admisible en relación con los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, en los servicios esenciales (aquellos cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) y en los casos de crisis nacional o local aguda (situaciones en las que dejan de concurrir las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad tales como los conflictos graves, insurrecciones, catástrofes naturales, sanitarias o humanitarias). La Comisión recuerda también que no debería imponerse sanción penal alguna a los trabajadores que llevan a cabo una huelga pacífica y, por consiguiente, bajo ningún concepto deberían imponerse condenas de prisión o multas. Tales sanciones sólo son posibles si durante la huelga se cometen actos de violencia contra personas o contra bienes u otras infracciones graves contempladas en la legislación penal (por ejemplo, en caso de no asistencia a una persona en peligro o de lesiones o daños deliberados a las personas o a la propiedad). La Comisión pide por lo tanto al Gobierno que tome las medidas necesarias para revisar de acuerdo con estos principios los artículos 68 y 140 de la Ley para la Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y Servicios así como el artículo 55 de la Ley de Costos y Precios Justos. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.

La Comisión recuerda adicionalmente sus comentarios anteriores sobre la necesidad de que sea una autoridad judicial o independiente, y no el Ministro del Poder Popular en materia de trabajo la que determine las áreas o actividades que durante el ejercicio de huelga no pueden ser paralizadas por afectar la producción de bienes y servicios esenciales cuya paralización cause daños a la población (artículo 484 de la LOTTT) y que el sistema de designación de los miembros de la junta de arbitraje en caso de huelga en los servicios esenciales debería garantizar la confianza de las partes en el sistema puesto que, en virtud de la legislación vigente, si las partes no se ponen de acuerdo, los miembros de la junta de arbitraje son elegidos por el inspector del trabajo (artículo 494). La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.

Diálogo social. La Comisión recuerda que solicita desde hace muchos años al Gobierno que: i) toda legislación que se adopte en temas laborales, sociales y económicos que afecten a los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones, sea objeto previamente de verdaderas consultas en profundidad con las organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores más representativas, haciendo suficientes esfuerzos para poder llegar, en la medida de lo posible, a soluciones compartidas, y ii), teniendo en cuenta los alegatos de discriminaciones expresadas por FEDECAMARAS y varias organizaciones de trabajadores, el Gobierno se guíe exclusivamente con criterios de representatividad en su diálogo y relaciones con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y se abstenga de todo tipo de favoritismo o de injerencia y que respete el artículo 3 del Convenio.

La Comisión toma nota de las conclusiones de la Misión a este respecto:

La Misión destaca que el diálogo inclusivo que preconiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es plenamente compatible con la existencia de órganos tripartitos de diálogo social y que cualquier experiencia negativa en el pasado en relación con el tripartismo no puede poner en entredicho la aplicación de los convenios de la OIT sobre libertad sindical, negociación colectiva y diálogo social ni tampoco deslegitima el aporte que el tripartismo realiza en el conjunto de los Estados Miembros de la OIT.

(…) Recordando, en concordancia con el Comité de Libertad Sindical, la necesidad e importancia de que se constituyan órganos estructurados de diálogo social tripartito en el país y observando que no han habido progresos tangibles al respecto, la Misión considera esencial que se emprendan de inmediato acciones parar generar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones empresariales y sindicales con miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas. La Misión estima necesario que el Gobierno elabore un plan de acción, con el establecimiento de etapas y plazos concretos para la ejecución del mismo que prevea:

(…) la constitución de una mesa de diálogo tripartita, con participación de la OIT, que cuente con un presidente independiente que goce de la confianza de todos los sectores, que respete debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, que se reúna de manera periódica a los efectos de tratar toda cuestión vinculada con las relaciones profesionales que las partes decidan y que tenga entre sus objetivos principales realizar consultas sobre toda nueva legislación que se prevea adoptar en temas laborales, sociales y económicos (inclusive en el marco de la Ley Habilitante). Los criterios de representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen que basarse en procedimientos objetivos que respeten plenamente los principios establecidos por la OIT. La Misión estima por lo tanto importante que el Gobierno pueda recurrir a estos efectos a la asistencia técnica de la Oficina;…

Adicionalmente, la Comisión toma nota de que la UNETE manifiesta en sus observaciones, de septiembre de 2014, que el Gobierno no ha dado curso a las conclusiones de la Misión y las recomendaciones correspondientes del Consejo de Administración y que no hay voluntad para instalar ningún mecanismo tripartito. La Comisión toma nota también de que la OIE y FEDECAMARAS en sus observaciones, de septiembre de 2014, manifiestan que: i) la realización de la Misión facilitó que se retomen los contactos entre FEDECAMARAS y el Gobierno después de más de 15 años de suspensión; ii) en abril de 2014, el Viceministro de Trabajo recibió en su despacho al presidente de FEDECAMARAS, y FEDECAMARAS participó en la denominada «Conferencia Nacional de Paz» a invitación del Presidente de la República; iii) en ese marco, se instaló una mesa económica en la cual distintos sectores empresariales presentaron propuestas para tratar de resolver los principales obstáculos de la coyuntura económica del país; iv) sin embargo, a cinco meses de esta iniciativa, no se observan mayores resultados, las reuniones fueron esporádicas y produjeron sólo algunos avances coyunturales en sectores específicos como el de la alimentación; v) de hecho, el Gobierno no ha dado curso a la recomendación de la Misión de conformar órganos estructurados de diálogo social; vi) el Gobierno sigue sosteniendo que basta con realizar amplias consultas sin considerar relevante la representatividad de los actores consultados, y vii) FEDECAMARAS no ha sido consultada a discutir temas legislativos que afectan el mundo laboral tales como el proyecto de ley del consejo de trabajadores o el proyecto de ley de primer empleo. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que: i) existe en el país un amplio diálogo inclusivo tal como lo reconoció la Misión que constituye un importante avance respecto del diálogo de cúpulas que prevalecía anteriormente; ii) invitó a FEDECAMARAS a participar en innumerables mesas de diálogo; iii) FEDECAMARAS siempre se ha negado a participar como parte de su estrategia política, lo cual no ha sido obstáculo para que cientos de organizaciones de empleadores afiliadas a FEDECAMARAS sí participen en el diálogo; iv) el presidente de FEDECAMARAS participó en la Conferencia Nacional de Paz en abril de 2014; v) continúa el proceso de consulta con una amplia gama de organizaciones sobre la constitución de la mesa de diálogo social mencionada en el párrafo 54.2), del informe de la Misión, y vi) no le corresponde a una mesa de diálogo tripartito consultar sobre leyes, lo cual violaría abiertamente el marco jurídico y la Constitución del país.

La Comisión ya se había expresado en el sentido de la Misión sobre la necesidad e importancia de que se constituyan órganos estructurados de diálogo social tripartito en el país, lo cual es plenamente compatible con el diálogo inclusivo que preconiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al tiempo que toma nota de todas las informaciones proporcionadas, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que, en aplicación de la decisión del Consejo de Administración, de marzo de 2014, tome de inmediato las medidas necesarias para crear la mesa de diálogo tripartita mencionada en el párrafo 54.2), del informe de la Misión y que se asegure de que su composición respete debidamente la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina. A la espera de la creación de dicho órgano, la Comisión pide al Gobierno que someta a consultas sustanciales con las organizaciones de trabajadores y de empleadores representativas todos los proyectos de ley o de reglamento relativos a temas de su competencia. La Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución al respecto.

[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 104.ª reunión de la Conferencia y a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 87 (Angola, Argelia, Belarús, Burundi, Camboya, Chad, China: Región Administrativa Especial de Macao, Comoras, Congo, Croacia, Djibouti, Dominica, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Haití, Hungría, Islandia, Kirguistán, Kiribati, Lesotho, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania, México, República de Moldova, Mongolia, Myanmar, Namibia, Países Bajos: Caribe parte de los Países Bajos, Países Bajos: Curazao, Países Bajos: Sint Maarten, Swazilandia, Tayikistán, Turquía); el Convenio núm. 98 (Angola, Argelia, Camboya, Congo, Eslovaquia, España, Gabón, Georgia, Guinea, Irlanda, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Letonia, Líbano, Lituania, Malawi, Marruecos, Mauritania, República de Moldova, Namibia, Nigeria, Nueva Zelandia, Tayikistán); el Convenio núm. 135 (Antigua y Barbuda, Australia, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camerún, Chipre, República Democrática del Congo, Dominica, El Salvador, Eslovaquia, Iraq, Kazajstán, Luxemburgo, Mongolia, Países Bajos, Países Bajos: Aruba, Polonia, Reino Unido, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Serbia, Sri Lanka, Yemen); el Convenio núm. 151 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Gabón, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Reino Unido: Isla de Man, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Turquía, Uruguay); el Convenio núm. 154 (Bélgica, Belice, Brasil, Chipre, Eslovenia, Guatemala, Hungría, Kirguistán, Marruecos, Níger, Rumania, Santa Lucía, República Unida de Tanzanía, Uruguay).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 87 (Israel, Letonia); el Convenio núm. 135 (Montenegro, Rwanda); el Convenio núm. 154 (Eslovaquia, Uzbekistán).

Trabajo forzoso

Afganistán

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que implican trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Durante varios años, la Comisión se ha estado refiriendo a las siguientes disposiciones del Código Penal, en virtud de las cuales pueden imponerse penas de reclusión que implican la obligación de trabajar:

–artículos 184, 3), 197, 1), a), y 240 sobre, entre otras cosas, la publicación y la difusión de noticias, información, declaraciones falsas o por propio interés, tendenciosas o que inciten a la propaganda en relación con los asuntos internos del país, lo que disminuye el prestigio y la posición del Estado, con fines de perjudicar el interés y los bienes públicos, y

–artículo 221, 1), 4) y 5) sobre la persona que crea, establece, organiza o administra una organización en nombre de un partido, de la sociedad, o de un sindicato o grupo, con el objetivo de perturbar y anular uno de los valores nacionales básicos y aceptados en las esferas política, social, económica o cultural del Estado, o hacer propaganda para su extensión o atracción, a través de cualquier medio, o que se afilia a tal organización o que establece relaciones, él mismo a través de alguien, con tal organización o con una de sus afiliadas.

La Comisión señaló, refiriéndose a los párrafos 154 y 163 de su Estudio General de 2007, Erradicar el trabajo forzoso, que el Convenio no prohíbe castigar mediante sanciones que conlleven un trabajo obligatorio a las personas que recurren a la violencia, incitan a ésta o intervienen en los preparativos para actos de violencia. En cambio, las sanciones que entrañan trabajo obligatorio quedan comprendidas en el ámbito de aplicación del Convenio cuando sancionan la prohibición de la expresión pacífica de opiniones o manifestar oposición al sistema político, social o económico. Una situación similar se plantea cuando se prohíben determinadas opiniones políticas, sujetas a sanciones que conllevan trabajo obligatorio, como consecuencia de la prohibición de partidos políticos o de asociaciones.

Al notar que el Gobierno indicó que esta cuestión sería examinada, la Comisión reitera su esperanza de que las disposiciones penales antes mencionadas se revisarán a la luz del Convenio, a fin de garantizar que no puedan imponerse sanciones que entrañen trabajo forzoso u obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas o ideológicas, y confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno indique las medidas adoptadas o previstas a tal fin.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Arabia Saudita

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1978)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de la detallada discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, de junio de 2014, en relación con la aplicación del Convenio por Arabia Saudita. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y el Consejo de Cámaras Sauditas (CSC) recibidas el 31 de agosto de 2014.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Situación vulnerable de los trabajadores domésticos migrantes respecto de la imposición de trabajo forzoso. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la situación vulnerable de los trabajadores migrantes, en particular de los trabajadores domésticos que están excluidos de las disposiciones del Código del Trabajo y que trabajan con el sistema de visado patrocinado por el empleador. En ese sentido, la Comisión tomó nota de un informe de 2012 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según el cual los trabajadores migrantes son forzados a trabajar largas horas, a menudo durante todo el día, con poco o ningún tiempo para el descanso, y el sistema de visado patrocinado por el empleador, también conocido como sistema kafala, vincula a los trabajadores migrantes con empleadores determinados, limitando sus opciones y libertad. No se permite que un trabajador migrante cambie de empleador o abandone el país sin el consentimiento por escrito de éste. La CSI afirma que este sistema, conjuntamente con la práctica de confiscación de los documentos de viaje y la retención de los salarios, sitúan a los trabajadores en unas condiciones similares a las de la esclavitud. Sin embargo, la Comisión también tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual tiene conocimiento de la magnitud y la gravedad de la situación de los trabajadores domésticos migrantes y se comprometió a acelerar el proceso de adopción de una reglamentación sobre el trabajo de esta categoría de trabajadores. La Comisión tomó nota de que el reglamento sobre los trabajadores domésticos y categoría similares de trabajadores, se aprobó en virtud de la orden núm. 310, de 7 de septiembre de 2013, adoptada por el Consejo de Ministros. La Comisión tomó nota de que este instrumento regula el empleo de los trabajadores domésticos y categorías similares de trabajadores disponiendo la celebración de contratos por escrito y estableciendo el tipo de trabajo a realizarse, los salarios, los derechos y obligaciones de las partes, el período de prueba, la duración del contrato y el mecanismo de extensión. Al tiempo que toma nota de que el reglamento es un primer paso para reglamentar las condiciones laborales de los trabajadores domésticos, la Comisión señala que éste no aborda algunos de los factores identificados por la Comisión que incrementan la vulnerabilidad de dichos trabajadores y los coloca en situaciones equivalentes al trabajo forzoso. En particular, el reglamento no contempla la posibilidad de cambiar de empleador o de abandonar el país sin el consentimiento por escrito del empleador, o la cuestión relativa a la retención de los pasaportes. Además, no parece prever el recurso de los trabajadores domésticos migrantes a una autoridad competente para la presentación de quejas con motivos económicos. La Comisión instó una vez más al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores domésticos migrantes estén plenamente protegidos de prácticas y condiciones abusivas equivalentes a la imposición de trabajo forzoso.

Durante la discusión sobre la aplicación del Convenio en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2014, el Gobierno resumió las diversas medidas que se adoptaron recientemente para proteger a los trabajadores domésticos migrantes, incluyendo el establecimiento de un nuevo programa en línea que aborda cuestiones relativas a los trabajadores domésticos migrantes, la instalación de un servicio gratuito de asistencia telefónica disponible 24 horas al día, en nueve lenguas, para informar a los trabajadores extranjeros acerca de sus derechos, así como también diversas medidas de sensibilización sobre la cuestión, incluso a través de los medios de comunicación. Además, el Gobierno señaló que el reglamento sobre los trabajadores domésticos, adoptado en septiembre de 2013, prevé diversas salvaguardias en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores domésticos. Entre éstas se incluye la protección relativa al pago regular de los salarios, la duración del trabajo, las licencias por enfermedad y un día de descanso, y la imposición de penas de multa o de prohibición de contratar trabajadores durante varios años a los empleadores que infrinjan el reglamento. Además, el Gobierno ya ha emprendido un cierto número de iniciativas, tales como el registro electrónico de los contratos de trabajo y la firma de acuerdos bilaterales con los países de origen, que establecen claramente los derechos y obligaciones de cada parte. La Comisión toma nota de que, si bien la Comisión de la Conferencia reconoció las diversas medidas adoptadas por el Gobierno, los miembros empleadores y trabajadores hicieron hincapié en que era necesario adoptar nuevas medidas para desarrollar y aplicar una acción efectiva para identificar y erradicar todos los casos de trabajo forzoso en el país. La Comisión también observa la profunda preocupación expresada por varios miembros de la Comisión de la Conferencia en el sentido de que los trabajadores que ingresaron voluntariamente en Arabia Saudita para buscar nuevas oportunidades económicas se encontraron posteriormente que los empleadores los sometían a condiciones de trabajo forzoso, aplicándosele restricciones al desplazamiento, la falta de pago de salarios y la confiscación de pasaportes.

La OIE y el CSC indican en sus observaciones presentadas en 2014 que el Gobierno ha adoptado varias iniciativas para combatir y eliminar las prácticas de trabajo forzoso, especialmente en el caso de los trabajadores migrantes y trabajadores domésticos. El compromiso del Gobierno para mejorar la situación de esos trabajadores se demuestra, por ejemplo, por la adopción de la ordenanza núm. 310, de 7 de septiembre de 2013, que tiene el objetivo de reglamentar la relación entre el empleador y el trabajador doméstico de manera más equitativa. Además, la OIE y el CSC consideran que la firma de acuerdos bilaterales con los países de origen de los migrantes, como el acuerdo firmado con el Gobierno de Indonesia, es una muestra de evolución. En su opinión, los acuerdos bilaterales que establecen contratos de trabajo tipo e imponen sanciones a las agencias de contratación que favorecen las prácticas del trabajo forzoso, contribuyen a proveer una protección adecuada de los trabajadores extranjeros y les permite seguir enviando remesas de dinero a sus países de origen. Instaron a que se formalizaran más acuerdos de ese tipo. Sin embargo, aunque en la legislación se han logrado algunas modificaciones, el cambio en la práctica llevará más tiempo, especialmente con respecto a la libertad de circulación de los trabajadores migrantes sin el consentimiento escrito del empleador, y el recurso a la autoridad competente en el caso de quejas por motivos distintos de los económicos.

La Comisión también toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno, según la cual, la legislación y la práctica nacionales tienen el objetivo de eliminar el sistema de patrocinio. El Gobierno reitera que el reglamento sobre los trabajadores domésticos establece los derechos y obligaciones de las partes contratantes. Este contenido también se refleja en todos los acuerdos bilaterales que incluyen contratos de empleo tipo. La Comisión indica que el Gobierno se refiere a la adopción por el Ministerio de Trabajo de un plan integrado compuesto por diversas iniciativas que incluyen: i) la creación de un programa electrónico denominado «Musaned» que presta servicios en materia de sensibilización destinados a explicar los derechos de los trabajadores; ii) el programa de protección del salario para realizar el seguimiento del pago de las remuneraciones debidas a los trabajadores en el sector privado, y iii) un centro de contacto gratuito en ocho lenguas diferentes para que los trabajadores puedan tomar conocimiento de sus derechos y obligaciones. El Gobierno indica además que con arreglo al Código del Trabajo, el trabajador tiene derecho a abandonar el trabajo incluso si el empleador no está de acuerdo con esta conducta en determinados casos, por ejemplo, cuando se cometen actos de violencia contra el trabajador doméstico. Por último, el Gobierno indica que si un trabajador doméstico es objeto de prácticas similares al trabajo forzoso, podrán aplicarse al empleador sanciones penales, de conformidad con las disposiciones del reglamento por el cual se prohíbe la trata de personas, promulgado el 20 de julio de 2009.

La Comisión saluda las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los trabajadores domésticos migrantes, así como de la adopción del nuevo reglamento que constituye una medida inicial hacia la reglamentación de las condiciones laborales de dichos trabajadores. Sin embargo, toma nota de que ninguna de esas medidas ni el reglamento abordan la posibilidad de dejar el país sin el consentimiento escrito del empleador, o la cuestión de la retención de pasaportes. En este sentido, la Comisión toma nota de la información contenida en el informe de la misión de contactos directos de febrero de 2014 relativa a la aplicación por Arabia Saudita del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), según la cual, aunque los funcionarios gubernamentales indicaron que el sistema «kafil» fue derogado por la legislación hace ya algunos años, reconocieron que aún puede tener lugar en la práctica y, en consecuencia, se están elaborando disposiciones legales para solucionar esta cuestión. Además, al parecer los trabajadores migrantes no pueden recurrir a la autoridad competente para presentar quejas por motivos no económicos. A este respecto, la Comisión recuerda la importancia de adoptar medidas eficaces para garantizar que el sistema de empleo de los trabajadores migrantes no los haga aún más vulnerables, en particular, cuando se ven sometidos a prácticas abusivas por parte del empleador, como la retención de pasaportes, la falta de pago de los salarios, la privación de libertad y el abuso físico y sexual, prácticas que podrían determinar que sus empleos se transformaran en situaciones que podrían ser equivalentes al trabajo forzoso. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas para proteger a los trabajadores domésticos migrantes de prácticas abusivas y de condiciones que equivalgan a la imposición de trabajo forzoso, incluyendo asegurar que, en la práctica, se tenga sensibilidad de género respecto a las víctimas, que éstas no sean tratadas como como infractoras, y que puedan recurrir a las autoridades judiciales competentes para obtener resarcimiento en caso de abuso y explotación. Además, al tomar nota de la indicación del Gobierno de que los empleadores están sujetos, en virtud de la legislación nacional, a sanciones penales si contratan trabajadores domésticos para realizar tareas que se asemejan al trabajo forzoso, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las sanciones aplicadas, en la práctica, en este sentido. Asimismo, alienta al Gobierno a continuar negociando acuerdos bilaterales compatibles con las normas internacionales del trabajo con los países de origen, garantizando su aplicación plena y efectiva, de manera que los trabajadores domésticos sean protegidos de prácticas abusivas y condiciones equivalentes a la imposición de trabajo forzoso. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las sanciones impuestas a las agencias de contratación por prácticas abusivas, especialmente el trabajo forzoso. Por último, la Comisión alienta al Gobierno a seguir trabajando con los países de origen a fin de adoptar medidas para la protección de los trabajadores domésticos migrantes antes de su partida.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argelia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1962)

Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Servicio civil. Desde hace algunos años la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la incompatibilidad con el Convenio de los artículos 32, 33, 34 y 38 de la Ley núm. 84-10, de 11 de febrero de 1984, relativa al Servicio Civil, modificada por las leyes de 1986 y 2006, que permite imponer — a las personas que hayan recibido una enseñanza o una formación de grado superior en los sectores o especializaciones profesionales que se consideren prioritarios para el desarrollo económico y social — un servicio de una duración de uno a cuatro años antes de que puedan ejercer una actividad profesional u obtener un empleo. La lista de las especializaciones profesionales en cuestión se restringió en un primer momento a las de medicina, farmacia y cirugía dental pero ahora no afecta más que a los médicos especialistas en salud pública, que son los encargados de responder a la necesidad de prestar atención médica indispensable a la población de las regiones aisladas. Este servicio civil puede realizarse asimismo en los establecimientos correspondientes del sector privado de la salud (artículo 2 de la ordenanza núm. 06-06, de 15 de julio de 2006). El Gobierno señaló anteriormente que el servicio civil constituye la aportación de las personas que están sujetas a la obligación de participar en el desarrollo económico, social y cultural del país. Se trata de un deber nacional y moral de los especialistas en medicina respecto de las poblaciones instaladas en las regiones del Gran Sur, del Sur y de las Altas Mesetas. Estas personas gozan de un régimen de indemnizaciones atractivo que oscila entre 100 y 150 por ciento de la remuneración principal percibida, así como de otras ventajas, en vista de las cuales, muchos médicos especialistas se ofrecen como voluntarios para ejercer la profesión en estas regiones.

La Comisión toma nota de que, en su última memoria, el Gobierno precisa que los médicos especialistas velan por la protección de la salud de las poblaciones de estos enclaves, una misión que puede ser equiparable a situaciones de fuerza mayor. El Gobierno añade que la cuestión del servicio civil ha sido examinada durante los foros nacionales sobre salud que han reunido, en junio de 2014, a los principales actores e interlocutores sociales en materia de sanidad pública. En estas reuniones se ha iniciado una reflexión sobre la reforma del sistema nacional de salud, en particular, a través de la revisión de las modalidades de cobertura sanitaria en las regiones del Sur y de las Altas Mesetas.

La Comisión recuerda que, en virtud de los artículos 32 y 38 de la citada ley, la negativa o el incumplimiento de la obligación de prestar servicio civil sin motivo válido entraña la prohibición de ejercer un actividad por cuenta propia, establecerse como comerciante, artesano o de participar como promotor en una inversión económica de carácter privado, incurriéndose en una infracción que podrá ser sancionada con arreglo al artículo 243 del Código Penal. De igual modo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la ley, todo empleador privado está obligado, antes de proceder a una contratación, a asegurarse de que el candidato al trabajo no tiene pendiente el servicio civil o lo ha cumplido, presentando los documentos que lo acrediten. Además, todo empleador privado que emplea a sabiendas a un ciudadano que hubiese eludido el servicio civil podrá ser sancionado con penas de reclusión o con una multa. Así, si bien las personas sujetas al servicio civil gozan de condiciones de trabajo (remuneración, antigüedad, promoción, jubilación, etc.) equiparables a las de los trabajadores regulares del sector público, prestan este servicio bajo la amenaza de ser castigados, en caso de negarse a ello, con la imposibilidad de acceder a cualquier otra actividad profesional independiente y a cualquier otro empleo en el sector privado, lo que subsume al servicio civil dentro de la categoría de trabajo obligatorio en el sentido del artículo 2, párrafo 1, del Convenio. La Comisión confía en que la reflexión en torno al servicio civil, que el Gobierno ya había hecho en el pasado, y por otra parte, la reflexión en torno a la reforma del sistema de salud, propiciarán la adopción de medidas eficaces, conducentes a suprimir el carácter obligatorio del servicio civil (y las sanciones que lo acompañan), una obligación que se impone únicamente a los médicos especialistas de la salud pública. La Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno podrá comunicar, en su próxima memoria, la derogación o la enmienda de la Ley núm. 84-10, de 11 de febrero de 1984, sobre el Servicio Civil, a fin de asegurar su conformidad con el Convenio.

Artículo 2, párrafo 2, a). Servicio nacional. En relación a sus observaciones anteriores, la Comisión toma nota de la adopción de la Ley sobre el Servicio Nacional, núm. 14-06, de 9 de agosto de 2014, por la que se deroga la ordenanza núm. 74-103, de 15 de noviembre de 1974, relativa al Código del Servicio Nacional. La Comisión toma nota con interés de que, según el artículo 4 de la ley, la prestación del servicio nacional obligatorio «se realiza dentro del marco del Ejército Nacional Popular» y, por consiguiente, la nueva ley ha dejado de hacer referencia a la participación de los ciudadanos en el funcionamiento de los diversos sectores económicos y administrativos del país. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar en su próxima memoria si se han adoptado los textos de aplicación de la Ley relativa al Servicio Nacional. La Comisión espera que, en esta ocasión, se derogarán las disposiciones del decreto de 1.º de julio de 1987, en virtud de las cuales los conscriptos universitarios, después de tres meses de formación militar deberán prestar servicio en los sectores de actividades nacionales prioritarias.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1969)

Incidencia del trabajo penitenciario obligatorio en la aplicación del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, si el Gobierno indicó que el trabajo penitenciario es una actividad voluntaria de los detenidos, el carácter voluntario de ese trabajo no se desprende de la legislación (artículo 2 del decreto interministerial de 26 de junio de 1983, sobre las modalidades de utilización de la mano de obra penitenciaria por la Oficina Nacional de Trabajos Educativos, y artículo 96 de la Ley núm. 05-04, de 6 de febrero de 2005, sobre el Código de la Organización Penitenciaria y de la Reinserción Social de los Detenidos). La Comisión subrayó que el trabajo penitenciario obligatorio puede tener una incidencia en la aplicación del Convenio, dado que está impuesto como una sanción a la expresión de opiniones políticas o a la participación en huelgas. Ante la ausencia de información de parte del Gobierno sobre este punto, la Comisión insiste una vez más en el hecho de que, si en la práctica el trabajo penitenciario es voluntario, es necesario aportar modificaciones en este sentido en la legislación, con el fin de evitar toda ambigüedad jurídica.

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones impuestas por expresar opiniones políticas o por manifestar oposición al orden establecido. 1. Ley relativa a los partidos políticos y ley relativa a la información. La Comisión toma nota de la adopción, el 12 de enero de 2012, de la ley núm. 12-04, relativa a los partidos políticos, que deroga la ordenanza núm. 97-09, de 6 de marzo de 1997, sobre la ley orgánica relativa a los partidos políticos que fue objeto de sus comentarios anteriores, así como de la ley núm. 12-05, relativa a la información. La Comisión toma nota con interés de que estas dos leyes no se refieren a las penas de prisión entre las sanciones aplicables a las infracciones que prevén.

2. Definición de terrorismo. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 87 bis del Código Penal relativo a los «actos terroristas o subversivos», permite imponer penas de prisión a las personas declaradas culpables de una serie de acciones definidas de manera relativamente amplia. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno indicó que este artículo sólo concierne a los actos que afectan a la seguridad del Estado, la integridad del territorio, la unidad nacional, la estabilidad y el funcionamiento normal de las instituciones, y con el recurso a la violencia, la Comisión tomó nota de que, habida cuenta de la manera en que fueron redactadas, las disposiciones de este artículo podrían ser utilizadas para castigar los actos pacíficos de oposición política o social. Se refirió especialmente a las acciones que tienen por objeto: «obstaculizar la circulación o la libertad de movimientos en las vías de comunicación y ocupar los espacios públicos mediante tumultos; atentar contra los medios de comunicación y de transporte, a las propiedades públicas y privadas, tomar posesión de las mismas u ocuparlas indebidamente; obstaculizar las acciones de las autoridades públicas o el libre ejercicio del culto y de las libertades públicas, así como el funcionamiento de los establecimientos que participan en el servicio público; obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas».

La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado ninguna información sobre la manera en que se utilizan en la práctica estas disposiciones. Recuerda que, si la legislación antiterrorista responde a la legítima necesidad de proteger la seguridad de la población contra el recurso a la violencia, puede no obstante convertirse en un medio de represión del ejercicio pacífico de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación, especialmente cuando está redactada en términos vagos y generales. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien garantizar que el campo de aplicación del artículo 87 bis del Código Penal se defina de manera suficientemente restrictiva, a efectos de que no sea utilizada para condenar a las personas que manifiestan pacíficamente su oposición ideológica al orden público, social o económico establecido, con una pena de prisión en virtud de la cual estarían obligadas a realizar un trabajo.

3. Ley relativa a las asociaciones. La Comisión toma nota de la adopción, el 12 de enero de 2012, de la ley núm. 12-06 relativa a las asociaciones. Señala que, en virtud del artículo 39 de la ley, la asociación puede ser objeto de una suspensión de actividad o de una disolución «en caso de injerencia en los asuntos internos del país o de vulneración de la soberanía nacional» y que, según el artículo 46, todo afiliado o dirigente de una asociación que no esté aún registrada o autorizada, suspendida o disuelta, que continúe actuando en su nombre, es pasible de una multa y de una pena de prisión de tres a seis meses. La Comisión observa que, como ocurrió con la legislación anteriormente en vigor, las personas podrían ser condenadas a una pena de prisión en base a las disposiciones mencionadas de la ley núm. 12-06 y, por ello, estar sujetas a un trabajo penitenciario porque, al expresar determinadas opiniones políticas o al manifestar una oposición ideológica al orden político, social o económico establecido, no respetaron las restricciones al derecho de asociación previstas en la ley. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias (legislativas o de otra índole) para garantizar que los artículos 39 y 46 de la ley núm. 12-06, de 12 de enero de 2012, relativa a las asociaciones, no puedan ser utilizados para sancionar a las personas que, a través del ejercicio de su derecho de asociación, expresan opiniones políticas o se oponen al orden político, económico o social establecido.

Artículo 1, d). Sanciones impuestas por la participación en una huelga. 1. La Comisión toma nota con interés de que la ordenanza núm. 11-01, de 23 de febrero de 2011, sobre el levantamiento del Estado de excepción, derogó el decreto núm. 93-02, de 6 de febrero de 1993, sobre la prórroga de la duración del Estado de excepción instaurado por el decreto presidencial núm. 92-44, de 9 de febrero de 1992, que confiere poderes de movilización de los trabajadores para cumplir con sus actividades laborales habituales, en caso de huelga no autorizada o ilegal.

2. La Comisión se refirió anteriormente a algunas disposiciones de la ley núm. 90-02, relativa a la prevención y a la solución de los conflictos colectivos del trabajo, así como al ejercicio del derecho de huelga, que prevén restricciones al ejercicio del derecho de huelga, especialmente en los artículos 37 y 38, que establecen la lista de los servicios esenciales en los que se limita el derecho de huelga y respecto de los cuales es necesario organizar un servicio mínimo obligatorio. Señaló, además, que, en virtud del artículo 55, apartado 1, de la ley, es pasible de una pena de prisión de ocho días a dos meses y/o de una multa, todo aquel que hubiese conducido o intentado conducir, mantenido o intentado mantener un cese concertado y colectivo del trabajo contrario a las disposiciones de esa ley, incluso sin violencia o vías de hecho contra las personas o contra los bienes.

La Comisión recuerda que el artículo 1, d), del Convenio, prohíbe sancionar la participación en huelgas con una pena de prisión con arreglo a la cual la persona condenada puede ser forzada a realizar un trabajo obligatorio. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para garantizar que, tanto en el derecho como en la práctica, ningún trabajador pueda ser condenado a una pena de prisión por haber participado pacíficamente en una huelga, y comunicar informaciones sobre la aplicación práctica del artículo 55, apartado 1, de la ley núm. 90-02.

Argentina

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1950)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas sobre la aplicación del Convenio por la Central de Trabajadores de Argentina (CTA de los Trabajadores), recibidas el 25 de agosto de 2014, así como de las formuladas por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA), recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. La Comisión había tomado nota anteriormente de que las numerosas medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar el marco jurídico e institucional de la lucha contra la trata de personas, tanto con fines de explotación en el trabajo como de explotación sexual, evidencian su compromiso en esta materia. La Comisión invitó al Gobierno a insistir en este camino y a reforzar la coordinación de las actividades de los agentes que participan en esta lucha para asegurarse una mejor respuesta judicial y proteger mejor a las víctimas. La Comisión toma nota de que el Gobierno acompaña su memoria con una publicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos titulada «Trata de personas: políticas de Estado para su prevención y sanción», que contiene informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas por los diversos órganos del Estado para profundizar y adaptar sus medidas y obtener resultados en materia de sensibilización, prevención, formación de los agentes públicos, protección, cooperación interinstitucional e internacional y medidas de sanción.

a) Marco jurídico e institucional

La Comisión toma nota con interés de que la ley núm. 26842, de 26 de diciembre de 2012, modificó la ley núm. 26364 de 29 de abril de 2008 sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, reforzando así el marco legislativo e institucional en este ámbito. Esta ley simplifica la definición de trata de personas que figura en el artículo 145 bis y ter del Código Penal, suprimiendo la referencia a los medios utilizados para cometer el delito y precisando que no se requiere el consentimiento de la víctima. El engaño, el fraude, la violencia, las amenazas, el abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad constituyen a partir de ahora circunstancias agravantes que, en caso de concurrir, aumentan la condena de reclusión que era de cuatro a ocho años y ahora pasa a ser de cinco a diez años (pudiendo alcanzar los quince años cuando la víctima fuere menor de 18 años). La ley prevé igualmente la creación del consejo federal para la lucha contra la trata y la explotación de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, que constituye el marco permanente de acción y coordinación institucionales y se encargará de diseñar la estrategia de lucha contra la trata y la explotación de personas, así como un comité ejecutivo con el mismo nombre, a quien corresponde la misión de aplicar el Programa Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. La Comisión alienta al Gobierno a velar por que se dé cumplimiento a los objetivos que la ley ha fijado para el Programa Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que tenga a bien proporcionar informaciones a este respecto y, en particular, sobre los planes de acción bianuales adoptados por el comité ejecutivo así como sobre sus informes de actividades.

Acción del Ministerio Público. En sus comentarios precedentes, la Comisión puso de manifiesto el papel fundamental que desempeña el Ministerio Público Fiscal en la represión de la trata de personas. La Comisión toma nota de la creación, en abril de 2013, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), una unidad especial concebida para luchar contra la trata y la explotación de personas dependiente del Ministerio Público, que reemplaza a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) y que continúa prestando ayuda a las diversas fiscalías del país. Así el sitio Internet de la PROTEX contiene un resumen de las sentencias judiciales, de la doctrina y de la legislación para facilitar la recopilación de pruebas durante la instrucción de un proceso de trata. La Comisión toma nota de que la ley de 2012 prevé igualmente la creación, en el seno del Ministerio Público, de un sistema sincronizado de denuncias sobre los delitos de trata y explotación de personas. La Comisión pide al Gobierno que vele por que la PROTEX disponga de los medios y las competencias para llevar a cabo su acción en la lucha contra la trata de personas en todo el territorio nacional. La Comisión ruega igualmente que tenga a bien indicar el impacto que la adopción de la nueva legislación ha tenido sobre el trabajo de esta unidad y sobre el número de investigaciones y de procedimientos judiciales incoados en los casos de trata y explotación en el trabajo.

Acción de las fuerzas policiales y alegatos de corrupción. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que emprendiera investigaciones, y si fuera pertinente, sancionara los casos de corrupción y de complicidad de los agentes de las fuerzas del orden en los delitos de trata de personas. A este respecto, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Trata de Personas recomendó al Gobierno que adopte una política de tolerancia cero en relación a la corrupción y que vele por que los funcionarios implicados en los delitos de trata sean enjuiciados y castigados severamente (documento A/HRC/17/35/Add.4). La Comisión lamenta que el Gobierno no haya proporcionado ninguna información en esta materia. Recuerda que las víctimas de trata se encuentran generalmente en situación de vulnerabilidad que les impide hacer valer sus derechos, y que, por lo tanto, corresponde a las autoridades gubernamentales actuar para identificarlas, protegerlas y hacer que se reconozca su condición de víctimas. La Comisión subraya que todos los esfuerzos emprendidos por el Gobierno para luchar contra la trata de personas pueden verse debilitados si, en el seno de las autoridades del Estado, persisten las prácticas de corrupción y complicidad con estos delitos. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que garantice que se investiguen debidamente los casos de corrupción y de complicidad de los agentes de la fuerza pública y que se impongan a los autores sanciones adecuadas y disuasorias.

Acción de la inspección del trabajo. La Comisión solicitó al Gobierno que señale las medidas adoptadas para garantizar que la inspección del trabajo dispone del personal y los recursos materiales adecuados para llevar a cabo sus acciones de manera eficaz en el conjunto del territorio. La Comisión toma nota de que el Gobierno menciona la adquisición de dos vehículos utilitarios por los equipos móviles de inspección con espacio para tres inspectores y dotados de estaciones de trabajo y de una antena satélite. Los equipos móviles realizan un trabajo de control y de sensibilización en las zonas remotas y de difícil acceso del país donde el Estado está poco o nada presente. Todos los inspectores disponen ya de tabletas portátiles con las que pueden verificar en tiempo real si los trabajadores están registrados en el sistema de previsión social y cruzar sus datos con los de la administración fiscal. El Gobierno precisa que las infracciones que se constaten en el curso de las inspecciones que pudieran constituir igualmente delitos de trata o de explotación en el trabajo, se denuncian automáticamente ante la jurisdicción federal competente. Además, se han reforzado los controles en el sector textil y, entre 2010 y 2014, 3 338 establecimientos han sido inspeccionados; de los 24 352 trabajadores presentes, el 28,7 por ciento no estaba registrado. La Comisión toma nota de que la CGT RA subraya el déficit estructural del que adolece el sistema de la inspección del trabajo. Si bien es cierto que la situación ha mejorado a nivel nacional con la incorporación de nuevos agentes, en particular en el sector agrícola, persisten los problemas de coordinación con las provincias debido a la ausencia de una política centralizada y coordinada. Recordando que la inspección del trabajo constituye un eslabón esencial de la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral, la Comisión alienta al Gobierno a que siga adoptando medidas pada reforzar la capacidad de acción de la inspección del trabajo, en particular, en los sectores donde la incidencia de trabajo forzoso es conocida (explotación sexual, agricultura, textil, trabajo doméstico) y en las zonas geográficas correspondientes.

b) Artículo 25. Aplicación de sanciones penales eficaces

La Comisión constató anteriormente que resulta difícil reunir pruebas para llevar ante la justicia a los autores de delitos de trata y que el número total de condenas sigue siendo bastante limitado en comparación con el número de víctimas al que se prestó asistencia y el número de personas detenidas. La Comisión toma nota de que, según el informe anual del Ministerio Público Fiscal, desde la adopción de la ley de 2008 y hasta finales de 2013, se han iniciado 1 172 investigaciones preliminares, el 60 por ciento de las cuales han desembocado en enjuiciamientos penales; se han remitido 253 casos a los tribunales que afectaban a 690 imputados y 1 134 víctimas. En el mismo período, se pronunciaron 76 sentencias judiciales por delitos de trata. La Comisión recuerda la importancia de sancionar a las personas que imponen trabajo forzoso con penas de prisión que revistan un carácter suficientemente disuasorio y espera que la nueva definición de trata de personas contribuya a dar una mejor respuesta judicial a estos delitos. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre el número y la naturaleza de las sanciones impuestas.

c) Asistencia a las víctimas

La Comisión toma nota de que el programa nacional de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, que depende de la Oficina del mismo nombre, está compuesto de un equipo multidisciplinar que contribuye a la identificación de las víctimas y les presta asistencia psicológica, médica y jurídica. A este respecto, en septiembre de 2012, se adoptó un protocolo de acción que establece los principios rectores de esta protección. El programa cuenta igualmente con una línea telefónica nacional de atención gratuita desde 2012. Desde 2008 y hasta el 30 de junio de 2014, se ha atendido a 6 992 víctimas (de las cuales el 54 por ciento son extranjeras, el 51 por ciento han sido víctimas de explotación en el trabajo y el 48 por ciento de explotación sexual). La Comisión solicita al Gobierno que siga reforzando los recursos de los que dispone el Programa de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata para que se pueda garantizar a todas las víctimas la protección prevista en la ley y crear nuevas oficinas regionales. Al tiempo que toma nota de que la ley de 2008 prevé que las multas impuestas y el producto de los bienes confiscados, una vez constatada la comisión de los delitos previstos en ella, deben asignarse a los programas de asistencia de las víctimas, la Comisión ruega al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de esta disposición y sobre la manera en que se utilizan estos fondos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Australia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1932)

Artículos 1, 1), y 2, 1) y 2), c), del Convenio. Privatización de las prisiones y trabajo penitenciario. Trabajo de los presos para empresas privadas. Durante varios años la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno que la privatización del trabajo penitenciario va más allá de las condiciones expresamente previstas en el artículo 2, párrafo 2, c), del Convenio para excluir el trabajo penitenciario obligatorio de su ámbito. La Comisión recordó que el trabajo o servicio que se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial es compatible con el Convenio únicamente si reúnen dos condiciones, a saber: que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicha persona no sea cedida o puesta a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. Las dos condiciones son igualmente importantes y se aplican de manera acumulativa: el hecho de que un recluso permanezca en todo momento bajo la vigilancia y el control de una autoridad pública no exime al Gobierno de la obligación de cumplir con la segunda condición, a saber, que la persona de que se trata no ha de ser cedida o puesta a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. De no cumplirse una de estas condiciones, la situación entra en el ámbito de la excepción prevista en el Convenio, y el trabajo exigido a personas condenadas en estas circunstancias queda prohibido en virtud del artículo 1, párrafo 1, del Convenio. Sin embargo, la Comisión ha considerado que, cuando existan las garantías necesarias para asegurar que los reclusos afectados acepten voluntariamente el trabajo, dando libremente y con conocimiento de causa su consentimiento de manera formal y sin presiones o amenaza de sanción alguna, como se exige en el artículo 2, párrafo 1, del Convenio, dicho trabajo no quedaría comprendido en el campo de aplicación del Convenio.

A este respecto, la Comisión tomó nota anteriormente de la existencia de prisiones privadas en Victoria, Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia Meridional y Australia Occidental, y de que no existen prisiones administradas por empresas privadas en las jurisdicciones de Tasmania, Territorio Septentrional, y en el Territorio de la Capital de Australia. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno reitera que la legislación y la práctica se encuentran en conformidad con el Convenio, habida cuenta de que los reclusos de los establecimientos privados se encuentran bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, como lo requiere la excepción prevista en el artículo 2, párrafo 2, c), y que el sector privado no tiene el derecho de determinar por sí mismo las condiciones de trabajo de los reclusos, puesto que estas condiciones son establecidas por las autoridades públicas. En consecuencia, el Gobierno consideró que los reclusos no son «cedidos o puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado», ya que, la «custodia legal» sigue a cargo de las autoridades hasta que salen de prisión. Asimismo, el Gobierno señaló que actualmente ningún estado australiano está considerando la modificación de su legislación y práctica.

No obstante, la Comisión tomó nota anteriormente de algunas tendencias positivas en la aplicación práctica de la legislación vigente en algunas jurisdicciones. De ese modo, en relación con la cuestión de la voluntariedad, la Comisión observó que en Nueva Gales del Sur, el trabajo de los reclusos en los centros correccionales es de carácter voluntario. El Gobierno indicó que, para garantizar que se obtenga el consentimiento «informado» de los presos con objeto de trabajar para empresas privadas, las siguientes medidas están en vigor en los centros correccionales de gestión privada (Junee y Parklea): un recluso que desea presentar una solicitud de trabajo debe completar un formulario, firmarlo y presentarlo al director de industria; si un recluso o reclusa considera que ha sido obligado a trabajar, puede plantear la cuestión al supervisor inmediato o al comité de desarrollo de los reclusos o reclusas o presentar una queja oficial al Director del Centro o ante la Oficina del Ombudsman. El Gobierno indica también que los centros correccionales de gestión privada de Nueva Gales del Sur están obligados a respetar el Convenio.

Por lo que respecta a Australia Meridional, de conformidad con el artículo 29, 1), de la Ley de Servicios Correccionales, de 1982, el trabajo penitenciario es obligatorio tanto dentro como fuera de la institución correccional. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno señaló que los presos de la prisión Mt Gambier (la única prisión de Australia Meridional en administración privada) solicitan por escrito participar en programas de trabajo. Asimismo, el Gobierno indicó que los presos en el Centro de Detención de Adelaida, previamente a la puesta en libertad, los reclusos pueden solicitar empleo en el exterior en empresas privadas y todo el trabajo que realizan en el exterior es voluntario.

En relación con Queensland, la Comisión tomó nota de que el trabajo penitenciario es obligatorio en virtud del artículo 66 de la Ley de Servicios Correccionales, de 2006. Además, tomó nota también de que el Gobierno reiteró que los reclusos no están obligados a participar en actividades de trabajo autorizadas. Según indica el Gobierno, si bien no se exige el consentimiento formal de los reclusos, el programa de trabajo es una iniciativa voluntaria que ofrece a los reclusos la posibilidad de participar en proyectos de trabajo útil a fin de desarrollar competencias prácticas que ayuden a su reintegración a la comunidad. El Gobierno indicó además que la negativa de un recluso a participar en un programa de trabajo no tiene repercusiones en su contra.

Por lo que respecta a Australia Occidental, la Comisión tomó nota de que el trabajo penitenciario es obligatorio en virtud del artículo 95, 4), de la Ley de Prisiones. Además, había tomado nota de que el Gobierno señaló que esa disposición no había sido aplicada y que los reclusos no estaban obligados a participar en programas de trabajo, incluso en los establecimientos penitenciarios de gestión privada. En su memoria de 2011, el Gobierno indicó que en Australia Occidental existen actualmente seis campos de trabajo de reclusos establecidos a los fines de la rehabilitación de los mismos. Según indica el Gobierno, la participación en esos campos de trabajo es voluntaria y se inicia mediante una solicitud formal presentada por escrito por el recluso.

En su última memoria, el Gobierno indica que en Australia Occidental, las personas no se encuentran en una relación de trabajo con los establecimientos penitenciarios o el Departamento de Servicios Correccionales. Este criterio ha sido confirmado por la Comisión de Relaciones Laborales de Australia Occidental en el caso Ireland v. Commissioner Corrective Services (2009, WAIRC 00123), en el que estimó que en virtud de la Ley de Prisiones y Reglamentos conexos la relación entre un recluso y el estado no tiene el carácter de una relación laboral entre un trabajador y un empleador.

La Comisión toma nota, no obstante, de que en la misma decisión, la Comisión de Relaciones Industriales señala que «se suprimió el elemento de elección [llevar a cabo trabajo penitenciario] cuando el apelante pasó a ser un preso condenado. A partir de ese momento se le puede exigir que trabaje (…). La utilización del término ‘podrá’ [en la regla 43, 1), del reglamento penitenciario] otorga al superintendente facultades discrecionales para disponer que un recluso condenado trabaje. Sin embargo, una vez que se ha dado esta instrucción, el recluso o reclusa no tendrán la posibilidad de no cumplirla. Esto se confirma por el artículo 69 de la Ley de Prisiones, que considera una infracción penitenciaria no desempeñar correctamente su trabajo.» (2009, WAIRC 00123, párrafo 62). Análogamente, en su decisión sobre el mismo caso, el Tribunal de Apelación de Relaciones Laborales destacó que «en su carácter de preso condenado (…) el apelante no realiza trabajo penitenciario de manera voluntaria. En virtud del artículo 95 de la Ley de Prisiones y la regla 43 del reglamento penitenciario el apelante está obligado a trabajar. Al llevar a cabo trabajo penitenciario se requiere al apelante que trabaje y que lo haga en la manera que le haya ordenado el funcionario penitenciario.» (2009, WASCA 162).

En este contexto, la Comisión considera que la ausencia de una relación formal de empleo no excluye la necesidad de asegurar que el consentimiento de los reclusos sea formalmente exigido. A este respecto, la Comisión señala una vez más que el trabajo realizado por los reclusos para empresas privadas puede considerarse compatible con la prohibición expresa del Convenio únicamente cuando existan las garantías necesarias para asegurar que los reclusos aceptan voluntariamente el trabajo, libres de presión o amenaza de sanción alguna, como lo exige el artículo 2, párrafo 1, del Convenio. La Comisión indicó que en tal situación de cautividad es necesario obtener el consentimiento formal del preso para trabajar cuando el trabajo es realizado para empresas privadas en las cárceles del Estado o en las prisiones privatizadas y que este consentimiento debería darse por escrito. Además, dado que este consentimiento se da en un contexto de falta de libertad con opciones limitadas deben existir indicadores que autentiquen o confirmen la expresión del libre consentimiento, otorgado con conocimiento de causa. La Comisión recuerda que el indicador más fiable de la voluntariedad del trabajo es que las condiciones en las cuales se realice ese trabajo sea semejante a las condiciones de una relación libre de trabajo, que incluye los niveles de salario (dejando margen para descuentos y cesiones), la seguridad social y la seguridad y salud en el trabajo.

En vista de las consideraciones expuestas, la Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten las medidas necesarias, tanto en la legislación y en la práctica de Australia Occidental como de otros estados en los que ese consentimiento pueda no exigirse, la Comisión expresa su firme esperanza de que se tomen las medidas necesarias para asegurar que se exija formalmente el consentimiento libre e informado de los presos que trabajen en prisiones privadas, así como para cualquier trabajo que realicen los presos para empresas privadas, tanto dentro como fuera de las instituciones penitenciarias, de manera que dicho consentimiento esté libre de la amenaza de cualquier sanción en el amplio sentido del artículo 2, párrafo 1, del Convenio, tales como la pérdida de privilegios o una evaluación no favorable de la conducta que se tenga en cuenta para reducir la sentencia. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que los presos que trabajan tanto para las prisiones administradas por el Estado como las prisiones de gestión privada en Victoria gozan de los mismos derechos, y que en ambos casos las personas condenadas deben prestar su consentimiento para trabajar. La Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera se obtiene en la práctica el consentimiento informado de los presos a fin de que trabajen para empresas privadas, qué medidas se toman para garantizar que ese consentimiento sea formal y libremente otorgado y cuáles son los recursos disponibles para un recluso si se alega que el consentimiento no se ha otorgado libremente.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Austria

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículos 1, 1), y 2, 1) y 2), c), del Convenio. Trabajo de los reclusos para empresas privadas. Desde hace varios años, la Comisión ha venido examinando la situación de los reclusos a los que se obliga a trabajar, sin su consentimiento, en talleres gestionados por empresas privadas dentro de las prisiones del Estado. A este respecto, se refirió al párrafo 3 del artículo 46 de la Ley sobre la Ejecución de Sentencias, en su forma enmendada por la ley núm. 799/1993, en virtud de la cual los reclusos pueden ser cedidos a empresas del sector privado para que ésta los utilice como mano de obra penitenciaria en talleres y lugares de trabajo de administración privada, tanto dentro como fuera de las prisiones. La Comisión ha señalado, en numerosas ocasiones, que la práctica que se lleva a cabo en Austria corresponde, en todos los aspectos, a lo que se prohíbe expresamente en el párrafo 2, c), del artículo 2: a saber, que una persona sea cedida a una compañía privada. En particular tomó nota de que el Convenio no sólo cubre situaciones en la que los reclusos son «empleados» por una empresa privada o puestos en una situación de servidumbre en relación con la empresa privada, sino también situaciones en la que los prisioneros son contratados por empresas privadas pero siguen bajo la autoridad y el control de la administración penitenciaria.

La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno en relación con el aumento de los salarios de los reclusos en enero de 2014, de conformidad con el aumento del índice salarial del 37,89 por ciento respecto al nivel salarial del 1.º de marzo de 2010. Toma nota asimismo de que el Gobierno reitera que los reclusos que trabajan para empresas privadas se benefician de similares derechos y condiciones laborales que las garantizadas en una relación de trabajo libremente aceptada. Además, el Gobierno afirma que sólo alrededor del 2,5 por ciento de las empresas que operan en las prisiones austríacas son administradas por empresas privadas y que se vela por garantizar que los reclusos que trabajen en el recinto penitenciario llevan a cabo su trabajo, de forma libremente aceptada y con conocimiento de causa.

La Comisión toma nota además de que, en sus observaciones adjuntas a la memoria del Gobierno, la Cámara Federal del Trabajo señala que no parecen haberse presentado quejas por parte de los reclusos en relación con sus condiciones de trabajo. La Cámara manifiesta también que sería deseable seguir con la integración de los prisioneros en los sistemas de seguridad social y garantizar que los reclusos que están dispuestos a trabajar pueden hacerlo sin trabas.

Al tiempo que toma nota de la información del Gobierno de que los prisioneros dan su consentimiento libre e informado para trabajar en el recinto penitenciario, la Comisión señala una vez más que, en virtud del artículo 46, párrafo 3, de la Ley sobre la Ejecución de las Sentencias, actualmente en vigor, no se requiere el consentimiento de los reclusos para trabajar en talleres de empresas privadas dentro de las instalaciones penitenciarias, sino únicamente a las que se encuentran fuera de ellas. En ausencia de tal consentimiento voluntario, los demás factores mencionados por el Gobierno no pueden considerarse como indicadores de una relación de trabajo libremente aceptada. La Comisión llama una vez más la atención del Gobierno sobre el hecho de que el trabajo de los reclusos para empresas privadas únicamente es compatible con el Convenio cuando no suponga trabajo obligatorio, el cual requiere el consentimiento libre, formal e informado de las personas involucradas, así como garantías y salvaguardas adicionales que cumplan con los elementos esenciales de una relación de trabajo, como son el salario, la salud y seguridad en el trabajo y la seguridad social. La Comisión, en consecuencia, insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se requiere formalmente el consentimiento libre e informado para que los presos trabajen en talleres de empresas privadas tanto dentro como fuera de las instalaciones penitenciarias, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio. En particular, la Comisión insta al Gobierno a que señale las medidas adoptadas para garantizar que se solicita el consentimiento de dichos reclusos para realizar trabajos a fin de que no pesen amenazas ni sanciones sobre el mismo y que ello sea refrendado por la existencia de factores objetivos comprobables, como condiciones laborales que se aproximen a las de una relación de trabajo libre, con respecto a niveles salariales, salud y seguridad en el trabajo y seguridad social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bahrein

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1998)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que implican trabajo obligatorio como castigo por expresar opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en virtud de las disposiciones de la legislación que figuran a continuación pueden imponerse penas de prisión (que implican trabajo penitenciario obligatorio en virtud del artículo 55 del Código Penal) en circunstancias que son contrarias al Convenio o incompatibles con él:

–Artículo 22 del decreto legislativo núm. 47 de 2002 que rige los sectores de la prensa, la impresión y la publicación: publicar o distribuir publicaciones cuya distribución no ha sido autorizada.

–Artículo 68 del decreto legislativo núm. 47 de 2002 antes mencionado: actos que dañen o críticas a la religión oficial del Estado, y sus fundamentos y principios; criticar al Rey o acusarle de las medidas adoptadas por el Gobierno.

–Artículo 25 de la Ley núm. 26, de 23 de julio de 2005, sobre las Organizaciones Políticas: infracción de cualquier disposición de la ley para la que no se prevé ninguna sanción concreta.

–Artículo 13 de la ley núm. 32 de 2006, que enmienda el decreto legislativo núm. 18, de 5 de septiembre de 1973, que rige las asambleas públicas, las reuniones y las manifestaciones: organización de, o participación en, reuniones públicas, manifestaciones, y otros tipos de reuniones sin notificación previa o infringiendo una orden por la que se prohíbe convocarlas; infracción de cualquier otra disposición de la ley.

La Comisión observó que el alcance de estas disposiciones no se limita a los actos de violencia o de incitación a la violencia, sino que prevén la coerción política y el castigo de la expresión pacífica de opiniones que son críticas con las políticas del Gobierno y el sistema político establecido; también prevén el castigo de diversas acciones no violentas que afectan a la constitución y el funcionamiento de las organizaciones políticas, o a la organización de reuniones y manifestaciones, con sanciones que entrañan trabajo obligatorio.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre las cuestiones planteadas en relación con las disposiciones antes mencionadas. Sin embargo, el Gobierno indica que la ley núm. 51, de 2012, que enmienda diversas disposiciones del Código Penal, modifica el artículo 168, por el que se sanciona con penas de prisión la divulgación de informes o declaraciones falsos, así como la producción de publicidad a fin de perjudicar la seguridad pública o dañar el interés público, y el artículo 169, por el que se sanciona con penas de prisión la publicación de informes o documentos falsificados que pueden ir en detrimento de la paz y la tranquilidad públicas o dañar el interés supremo de la nación. Asimismo, el Gobierno señala que las disposiciones enmendadas no prevén que la obligación de trabajar se incluya en las sanciones establecidas.

Tomando nota de esta información, la Comisión observa que los textos de los artículos 168 y 169, en su tenor enmendado, siguen siendo casi iguales a los anteriores, incluso en lo que respecta a la imposición de penas de dos años de prisión, que, en virtud del artículo 55 del Código Penal, entrañan la obligación de trabajar. Refiriéndose a los párrafos 302 a 304 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda que entre las actividades que hay que proteger contra la imposición de sanciones que conlleven trabajo obligatorio en virtud del artículo 1, a), del Convenio figuran la libre expresión de opiniones políticas o ideológicas y el ejercicio de derechos generalmente reconocidos, como los de asociación o de reunión, ejercicio mediante el cual los ciudadanos pretenden lograr la divulgación y aceptación de sus opiniones, las cuales pueden verse afectadas por las medidas de coerción política. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información de casos en que se han impuesto, en los últimos años, condenas de prisión en virtud de alguna de las disposiciones a las que se hace referencia anteriormente, incluida información sobre la naturaleza de las infracciones que determinaron la imposición de esas penas. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, en el marco del actual proceso de revisión legislativa, para garantizar que no se imponen penas de prisión que conlleven trabajo obligatorio a personas que, sin haber recurrido a la violencia, expresan opiniones o puntos de vista políticos opuestos al sistema político, social o económico establecido. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bangladesh

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1972)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que adoptara medidas para fortalecer sus mecanismos de aplicación de la ley, a efectos de investigar y procesar de manera efectiva los casos de trata de personas.

La Comisión toma nota con interés de la adopción de la Ley sobre Disuasión y Supresión de la Trata de Seres Humanos, de 2012, cuyo artículo 6 prohíbe la trata de personas. La ley también prevé el establecimiento de un Fondo de Prevención de Trata de Seres Humanos, así como de una dirección nacional contra la trata. Además, la ley contiene disposiciones sobre la protección y la rehabilitación de las víctimas, incluido el acceso a una compensación, a un asesoramiento legal y a una orientación psicológica. La Comisión toma nota asimismo de la adopción del Plan de acción nacional para Combatir la Trata de Seres Humanos (2012-2014), así como de algunas otras medidas adoptadas para abordar la trata de personas, descritas en detalle en los informes de país contra la trata, de carácter anual, del Ministerio del Interior. A este respecto, la Comisión observa que se presentó, en 2012, un total de 209 casos relacionados con la trata de personas, que se tradujo en ocho condenas y la liberación de 333 víctimas (Informe de la lucha contra la trata de seres humanos, Ministerio del Interior, 2012). En 2013, el Ministro del Interior informó de 366 casos presentados, que arrojaron como resultado seis condenas y un total de 1 090 víctimas liberadas. Tomando debida nota de la información anterior, la Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para impedir, suprimir y combatir la trata de personas, y a que adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las personas que se dedican a la trata y delitos conexos, estén sujetas a investigaciones exhaustivas y a enjuiciamientos rigurosos. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el número de condenas y de sanciones específicas aplicadas, así como sobre las dificultades encontradas por las autoridades competentes en la identificación de las víctimas y en el inicio de acciones legales. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas específicas adoptadas y los resultados concretos obtenidos respecto de la protección, la asistencia y la rehabilitación de las víctimas.

Artículos 1, 1), y 2, 1). Restricciones a la libertad de los trabajadores de terminar la relación de empleo. Durante algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose a algunas disposiciones de la Ley núm. LIII, de 1952, sobre los Servicios Esenciales (Mantenimiento), y de la ordenanza núm. XLI, de 1958, sobre los servicios esenciales (segunda), que imponen restricciones a la terminación de la relación de empleo por parte de cualquier persona empleada por el Gobierno central o en los servicios esenciales, castigadas con sanciones de prisión.

La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que el artículo 27 de la Ley del Trabajo (BLA, núm. 42/06) garantiza a todos los trabajadores la libertad de terminar su relación de trabajo con aviso previo, por lo cual las leyes de 1952 y de 1958, ya no se aplican en la práctica. Tomando nota de las reiteradas indicaciones del Gobierno, la Comisión confía en que se adopten las medidas necesarias para derogar la Ley núm. LIII, de 1952, sobre los Servicios Esenciales (Mantenimiento), y la ordenanza núm. XLI, de 1958, sobre los servicios esenciales (segunda), con el fin de armonizar la legislación nacional con el Convenio y la práctica indicada.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1972)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. A lo largo de muchos años, la Comisión ha estado refiriéndose a los artículos 16 a 20 de la Ley de Poderes Especiales (núm. XIV de 1974), en virtud de los cuales pueden imponerse penas de prisión a las personas que publican información perjudicial o infringen las órdenes de someter a examen y aprobación previos ciertas publicaciones o por la suspensión o disolución de ciertas asociaciones. La Comisión tomó nota de que las penas de prisión pueden conllevar la obligación de realizar trabajo penitenciario en virtud del artículo 53 del Código Penal y del artículo 3, 26), de la Ley sobre Cláusulas Generales.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala de nuevo que las disposiciones de la Ley de Poderes Especiales no guardan relación alguna con las relaciones de empleo, y se han establecido para mejorar el sistema administrativo. A este respecto, y refiriéndose también al párrafo 302 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión señala de nuevo a la atención del Gobierno que las sanciones que entrañan la obligación de trabajar, incluido el trabajo penitenciario, son incompatibles con el artículo 1, a), del Convenio cuando sancionan la prohibición de expresar opiniones de manera pacífica y no violenta, o la oposición al orden político, social o económico establecido. Por consiguiente, la gama de actividades en relación con las que no deben imponerse sanciones que conlleven trabajo forzoso u obligatorio en virtud de esta disposición incluyen la libre expresión de opiniones políticas o ideológicas, así como el ejercicio de otros derechos generalmente reconocidos, tales como el derecho de asociación y reunión, mediante los cuales los ciudadanos intenten lograr pacíficamente la divulgación y aceptación de sus opiniones, que también pueden verse afectados por la medidas de coerción política. Por consiguiente, la Comisión confía en que se adopten las medidas necesarias para derogar o enmendar los artículos 16 a 20 de la Ley de Poderes Especiales (núm. XIV de 1974), a fin de garantizar que no se imponen penas de prisión que conlleven trabajo obligatorio a las personas que, sin haber recurrido a la violencia, expresan opiniones o puntos de vista políticos opuestos al orden político, social o económico establecido, y pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto. A la espera de que se adopten estas medidas, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información sobre la aplicación en la práctica de estas disposiciones, incluyendo en particular copias de las decisiones judiciales pertinentes, y que indique las sanciones impuestas.

Artículo 1, c). Sanciones que entrañan trabajo obligatorio como castigo por el incumplimiento de la disciplina del trabajo. La Comisión había señalado que los artículos 292 y 293 de la Ley del Trabajo de Bangladesh, de 2006, que derogó y sustituyó la ordenanza sobre relaciones laborales, de 1969, contienen disposiciones similares a las de los artículos 54 y 55 de la ordenanza derogada. Los artículos 292 y 293 prevén penas de prisión, que pueden entrañar trabajo obligatorio por incumplir o no aplicar un acuerdo. A este respecto, la Comisión tomó nota de que la Ley del Trabajo estaba siendo revisada y pidió al Gobierno que, en el contexto de dicho proceso de revisión, adoptara las medidas necesarias para poner las disposiciones antes mencionadas de conformidad con el Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, habida cuenta de la situación socioeconómica del país, considera que los artículos 292 y 293 no contienen ningún elemento de trabajo obligatorio. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de los comentarios que ha estado formulando sobre este punto, la Ley del Trabajo (enmienda) de 2013, no modifica los artículos antes mencionados de la Ley del Trabajo de 2006. La Comisión expresa la firme esperanza de que, sin más demora, se adoptarán las medidas necesarias a fin de garantizar que no puedan imponerse penas de prisión que conlleven la obligación de realizar trabajo penitenciario como castigo por el incumplimiento de la disciplina del trabajo.

Medidas disciplinarias aplicables a la gente de mar. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a los artículos 198 y 199 de la ordenanza sobre la marina mercante (núm. XXVI de 1983), que prevén el traslado forzoso de los trabajadores del mar para realizar su trabajo a bordo del buque, y los artículos 196, 197 y 200 iii), iv), v) y vi), de la misma ordenanza, que prevén penas de reclusión (que entrañan trabajo penitenciario obligatorio) por diversas infracciones disciplinarias.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no se obliga a ningún marino a trabajar a bordo del buque. El Gobierno también indica que, tras la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), en 2014, en caso de discrepancias, se adoptarían las medidas necesarias para poner la ordenanza sobre la marina mercante de conformidad con el MLC, 2006. Tomando debida nota de la información antes mencionada, la Comisión alienta con firmeza al Gobierno a que, en el contexto de una futura revisión de la legislación sobre la marina mercante, adopte las medidas necesarias para enmendar o derogar las disposiciones antes mencionadas de la ordenanza sobre la marina mercante a fin de garantizar que los incumplimientos de la disciplina del trabajo que no ponen en peligro la seguridad del buque o la vida o salud de las personas no se puedan castigar con penas de prisión que entrañen trabajo obligatorio, y que los marinos no sean trasladados de manera forzosa a bordo del buque para que realicen su trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información detallada sobre todos los progresos que se realicen a este respecto.

Artículo 1, d). Sanciones que entrañan trabajo obligatorio como castigo por haber participado en huelgas. La Comisión había tomado nota de que los artículos 211, 3) y 4), y 227 1), c), de la Ley del Trabajo de Bangladesh, de 2006, que derogaron y sustituyeron la ordenanza sobre relaciones laborales, de 1969, prevén diversas restricciones al derecho de huelga que son similares a las que contenía la ordenanza derogada. La Comisión observó que el hecho de no respetar estas restricciones puede ser castigado con penas de prisión, que pueden entrañar trabajo obligatorio (artículo 196, 2), e), leído conjuntamente con el artículo 291, 2), y el artículo 294, 1)), lo que es contrario a las disposiciones del Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno repite su declaración de que estas limitaciones al derecho de huelga están justificadas por el actual contexto socioeconómico del país. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de los comentarios que ha estado formulando durante varios años sobre esta cuestión, la Ley del Trabajo (enmienda) de 2013, no deroga ni modifica los artículos antes mencionados de la Ley del Trabajo de Bangladesh, de 2006.

A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 1, d), del Convenio prohíbe el uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, incluso el trabajo penitenciario obligatorio, como castigo por haber participado en huelgas pacíficas. En relación con el párrafo 315 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión también señala a la atención del Gobierno que, en todos los casos, cualquier sanción impuesta debería ser proporcional a la gravedad de la falta cometida y las autoridades deberían excluir el recurso a medidas de encarcelamiento contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica. Refiriéndose también a los comentarios dirigidos al Gobierno en virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión confía en que se adopten las medidas necesarias para derogar o enmendar las disposiciones antes mencionadas de la Ley del Trabajo de Bangladesh, de 2006, enmendada en 2013, y pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto. Esperando que se adopten estas medidas, la Comisión solicita al Gobierno que transmita copias de las decisiones pertinentes de los tribunales dictadas con arreglo a las disposiciones antes mencionadas, que pueden definir o ilustrar su alcance.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Belice

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1, c) y d), del Convenio. Sanciones que implican trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo o por haber participado en huelgas. A lo largo de muchos años, la Comisión ha venido refiriéndose al artículo 35, 2), de la ley de sindicatos, en virtud del cual puede imponerse una pena de reclusión (que implica, en virtud del artículo 66 del reglamento penitenciario, la obligación de trabajar) a toda persona empleada por el Gobierno, por una autoridad municipal o por un empleador a cargo del suministro de electricidad, agua, servicios ferroviarios, servicios de salud, sanitarios o médicos, o servicios de comunicaciones o cualquier otro servicio que pueda ser considerado servicio público por proclamación del Gobernador, en caso de que tal persona rescinda voluntaria y premeditadamente el contrato de trabajo, sabiendo o pudiendo suponer que la probable consecuencia sea ocasionar un daño, un peligro o un grave inconveniente para la comunidad. La Comisión también ha tomado nota de que en el artículo 2 de la ley núm. 92, sobre la solución de conflictos en los servicios esenciales, instrumento legal núm. 92, de 1981, se declara que son servicios esenciales el servicio nacional de lucha contra incendios, el servicio postal, los servicios monetarios y financieros (bancos, tesoro público, autoridad monetaria), los aeropuertos (aviación civil y servicios de seguridad en los aeropuertos) y la autoridad portuaria (pilotos y servicios de seguridad); y por el instrumento legal núm. 51, de 1988, se declara servicio esencial el régimen de la seguridad social administrado por el Servicio de Seguridad Social.

La Comisión ha recordado al respecto que la imposición de sanciones que impliquen un trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo o por haber participado en huelgas, es incompatible con el Convenio. Ha tomado nota de que el artículo 35, 2), de la ley de sindicatos, se refiere, no sólo al daño o al peligro, sino también, subsidiariamente, al grave inconveniente para la comunidad y se aplica no sólo a los servicios esenciales, sino también a otros servicios, como la mayoría de los empleos gubernamentales o de la autoridad municipal y la mayoría de los servicios bancarios, postales y de transportes.

El Gobierno indica en su memoria que una de las principales tareas de la recientemente restablecida Junta Consultiva del Trabajo es la revisión de la legislación nacional, y que la Junta ha reagrupado la legislación que se revisa en seis temas, incluidos los derechos sindicales. El Gobierno también declara que, si bien no se ha aún incluido la legislación sobre los sindicatos, la intención es revisarla, a efectos de ponerla de conformidad con los Convenios internacionales del trabajo, y que se tomará definitivamente en consideración la preocupación de la Comisión en torno al artículo 35, 2), de la ley de sindicatos.

Al tomar debida nota de esta información, la Comisión confía en que se complete en un futuro próximo el proceso de revisión de la ley de sindicatos, de modo de garantizar que no pueda imponerse ninguna sanción que implique trabajo obligatorio como castigo por infringir la disciplina del trabajo o por una participación pacífica en huelgas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Benin

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. Carácter puramente militar de los trabajos realizados en el marco de las leyes sobre el servicio militar obligatorio. Desde hace varios años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno sobre la necesidad de modificar los textos en los que se regula el servicio militar obligatorio a fin de restringir el campo de aplicación de las actividades que pueden imponerse a los reclutas en el marco de esta obligación únicamente a los trabajos o servicios que revisten un carácter estrictamente militar. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que, si bien desde 2010 quedó interrumpida la práctica del servicio militar de interés nacional, la legislación de 2007 relativa a la instauración del servicio militar de interés nacional sigue sin ponerse en conformidad con las disposiciones de los convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso.

La Comisión reitera que, para que los trabajos o servicios exigidos en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio sean excluidos del campo de aplicación del Convenio y no constituyan un trabajo forzoso, éstos deben revestir un carácter puramente militar. Así pues, tanto la Ley núm. 63-5 sobre el Reclutamiento en la República de Benin, de 26 de junio de 1963 como la Ley núm. 2007-27 sobre la Instauración del Servicio Militar de Interés Nacional, de 23 de octubre de 2007, y su decreto de aplicación (decreto núm. 2007-486, de 31 de octubre de 2007 relativo a las modalidades generales de organización y de cumplimiento del servicio militar de interés nacional) tienen como objetivo la movilización de los ciudadanos con miras a su participación en las tareas de desarrollo socioeconómico:

–artículo 35 de la Ley núm. 63-5 sobre el Reclutamiento, según el cual el servicio militar activo tiene como objetivo tanto contribuir a la formación de los reclutas como a emplearlos, sobre todo en unidades especializadas del ejército de tierra para participar en las obras de construcción nacional;

–artículos 2 y 5 de la ley núm. 2007-27, según los cuales el servicio militar de interés nacional tiene la finalidad de movilizar a los ciudadanos con miras a su participación en las tareas de desarrollo del país; y los reclutas movilizados podrán ser destinados a las administraciones, unidades de producción, instituciones y organismos con objeto de participar en el cumplimiento de las tareas pertinentes de carácter social o económico, de interés nacional;

–artículo 18 del decreto núm. 2007-486, que prevé que, tras dos meses de formación militar, cívica y moral, los reclutas llevan a cabo durante nueve meses tareas de desarrollo socioeconómico.

Por consiguiente, la Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para poner de conformidad con el Convenio lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley núm. 63-5 sobre el Reclutamiento en Benin, así como las disposiciones de la Ley núm. 2007-27 sobre la Instauración del Servicio Militar de Interés Nacional y su decreto de aplicación (decreto núm. 2007-486).

La Comisión recuerda, además, que la ley núm. 83-007 de 17 de mayo de 1983, por la que se rige el servicio cívico patriótico, ideológico y militar, contradice el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio, en la medida en que prevé que las personas sujetas a este servicio cívico y militar serán asignadas, en función de sus aptitudes laborales, a una unidad de producción y podrán imponérseles trabajos que no tengan un carácter estrictamente militar. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la ley núm. 83-007 ha sido derogada, y por consiguiente confía en que el Gobierno no dejará de adoptar las medidas necesarias con miras a su derogación formal.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1961)

Artículo 1, c), del Convenio. Imposición de trabajo forzoso como medida de disciplina del trabajo. La Comisión toma nota de la adopción del Código Marítimo de la República de Benin (ley núm. 2010-11, de 27 de diciembre de 2010) por el que se deroga el Código de la Marina Mercante, de 1968. La Comisión toma nota con satisfacción de que las infracciones disciplinarias de carácter laboral que fueron objeto de sus anteriores comentarios (como, por ejemplo, la ausencia injustificada a bordo del buque o el incumplimiento del deber de obedecer una orden) han dejado de estar sujetas a penas de reclusión.

Artículo 1, a). Imposición de penas de prisión que conllevan la obligación de trabajar como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. 1. Legislación relativa a la prensa y a los medios de comunicación. La Comisión tomó nota anteriormente de la elaboración de un proyecto de ley mediante el que se recopila un conjunto de textos legislativos que regulan la libertad de prensa con miras a su adaptación a las exigencias de este sector y a ponerlos en conformidad con los convenios internacionales, y expresó su esperanza de que este proyecto sería adoptado próximamente. La Comisión viene señalando a la atención del Gobierno, desde hace varios años, ciertas disposiciones de la Ley núm. 60-12, de 30 de junio de 1960, sobre la Libertad de Prensa, en virtud de las cuales pueden imponerse penas de reclusión para sancionar diversos actos o actividades que se vinculan con el ejercicio del derecho de expresión. En virtud del artículo 67 del decreto núm. 73-293, de 15 de septiembre de 1973, por el que se establece el régimen penitenciario, podrá obligarse a los detenidos que hayan sido condenados a penas de prisión a que realicen trabajos de reeducación social. La Comisión se refirió de forma más precisa a los artículos siguientes de la ley: artículo 8 (depositar la publicación ante las autoridades antes de difundirla entre el público), artículo 12 (prohibir las publicaciones que provienen del extranjero en lengua francesa o vernácula, que hayan sido imprimidas fuera del territorio), artículo 23 (ofensa al Primer Ministro), artículo 25 (publicación de noticias falsas), artículos 26 y 27 (difamación y ultrajes). Por las mismas razones, la Comisión señaló igualmente a la atención del Gobierno las disposiciones siguientes de la Ley núm. 97-010, de 20 de agosto de 1997, sobre la Liberación del Espacio Audiovisual, y las disposiciones penales especiales relativas a los delitos en materia de prensa y de comunicaciones audiovisuales: artículo 79, apartado 3 (gritos o cánticos de carácter sedicioso contra las autoridades legalmente establecidas, proferidos en reuniones o lugares públicos); artículo 81 (ofensa contra la dignidad del Presidente de la República); y artículo 80 (provocación a las fuerzas de seguridad pública con el fin de que desistan de su deber de defensa, de seguridad o de obediencia a sus jefes de todo lo que éstos les ordenen para la ejecución de las leyes y los reglamentos militares).

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno señala que el proyecto de ley sobre el código de información y comunicación audiovisual ha sido transmitido a la Asamblea Nacional para su adopción, pero que éste establece todavía algunas penas privativas de libertad, en particular, por las ofensas contra el Presidente de la República, razón por la cual los profesionales de los medios de comunicación han iniciado presiones ante el Parlamento. El Gobierno precisa que, desde hace varios años, cuando los tribunales dictan penas de reclusión en esta materia, éstas quedan en suspenso o no se ejecutan si hubieran sido firmes. Además, la acción de los órganos de control sobre los medios contribuye a garantizar la observancia de las reglas de los códigos deontológicos por parte de los profesionales de los medios de comunicación y a evitar las desviaciones de la ley, lo que permite limitar el número de casos de infracción de estas reglas que se presentan ante los tribunales.

La Comisión expresa su firme esperanza de que, en el marco del proceso de adopción del código de la información y de la comunicación, las disposiciones de las leyes núms. 60-12 y 97-010, citadas anteriormente, serán enmendadas o derogadas a fin de garantizar que no podrá imponerse ninguna pena de reclusión, en virtud de la cual pueda exigirse algún tipo de trabajo penitenciario, por el simple hecho de expresar opiniones políticas o de manifestar pacíficamente una oposición al orden político, social o económico establecido, de conformidad con el artículo 1, a), del Convenio. A la espera de esta revisión, la Comisión solicita al Gobierno que siga suministrando información sobre la aplicación práctica de las leyes citadas núms. 60-12 y 97-010 por las jurisdicciones nacionales, y que indique especialmente las sanciones impuestas.

2. Legislación relativa a los partidos políticos. En relación a su anterior solicitud directa, la Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno, que confirman que no se ha impuesto ninguna pena de reclusión a los dirigentes políticos en aplicación de las disposiciones del título VI de la Carta de los partidos políticos (ley núm. 2001-21, de 21 de febrero de 2001).

Estado Plurinacional de Bolivia

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1990)

Artículo 1, d), del Convenio. Sanciones por participación en huelgas. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para modificar o derogar los artículos 2, 9 y 10 del decreto-ley núm. 2565, de 6 de junio de 1951, así como el artículo 234 del Código Penal en virtud de los cuales pueden imponerse penas de prisión por la participación en huelgas. La Comisión toma nota con interés de que se ha derogado el artículo 234 del Código Penal a través de la Ley núm. 316, de 11 de diciembre de 2012, sobre la Despenalización del Derecho a la Huelga y la Protección del Foro Sindical en Materia Penal.

Sin embargo, la Comisión también toma nota de que la ley núm. 316 no ha derogado los artículos 2, 9 y 10 del decreto-ley núm. 2565, de 6 de junio de 1951, que establecen sanciones penales por la participación en huelgas generales y de solidaridad. Recuerda que el Convenio prohíbe que se obligue a una persona a trabajar, incluso a realizar trabajos penitenciarios, porque ha participado en una huelga pacífica. Por consiguiente, las penas de prisión, cuando conllevan trabajo obligatorio — como es el caso en el Estado Plurinacional de Bolivia en virtud del artículo 48 del Código Penal y de los artículos 181 y siguientes de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión núm. 2298, de 2001 — entran dentro del ámbito de aplicación del Convenio si sancionan la participación en una huelga. Tomando nota de que el Gobierno indicó anteriormente que las disposiciones de los artículos 2, 9 y 10 del decreto-ley núm. 2565 de 1951 no se aplican en la práctica, la Comisión confía en que el Gobierno continuará poniendo su legislación de conformidad con el Convenio y, por consiguiente, le pide que adopte las medidas necesarias para modificar o derogar dichas disposiciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burundi

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de las observaciones comunicadas por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), recibidas el 26 de septiembre de 2014, en las que la COSYBU reitera sus comentarios y sus solicitudes respecto de los trabajos de desarrollo comunitario obligatorios. Además, la Comisión lamenta tomar nota de que, por tercer año consecutivo, el Gobierno no ha transmitido la memoria sobre la aplicación del Convenio.

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. 1. Trabajos de desarrollo comunitario obligatorios. La Comisión tomó nota con anterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual el decreto-ley núm. 1/16, de 29 de mayo de 1979, que permite imponer trabajos de desarrollo comunitario obligatorios, so pena de sanciones, fue sustituido por la Ley núm. 1/016, de 20 de abril de 2005, sobre la Organización de la Administración Municipal. Según esta ley, y con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de los municipios, sobre bases tanto individuales como colectivas y solidarias, los municipios pueden cooperar a través de un sistema intercomunitario, y corresponde al Consejo Municipal establecer el programa de desarrollo comunitario, controlar la ejecución y garantizar la evaluación de éste. La ley prevé asimismo que un texto reglamentario deberá determinar la organización, los mecanismos y las reglas de procedimiento del sistema intercomunitario. La Comisión señaló que el principio de los trabajos comunitarios se mantuvo en la ley, sin que el carácter voluntario de la participación en esos trabajos se previera expresamente y sin que se hubiesen fijado las modalidades de participación en esos trabajos. Tomó nota asimismo de que, según las informaciones disponibles en el sitio de Internet del Gobierno y de la Asamblea Nacional, los trabajos comunitarios parecen estar organizados con carácter semanal y englobar los trabajos de reforestación, de limpieza y de construcción de infraestructuras económicas y sociales, como escuelas, institutos o centros de salud.

La Comisión toma nota de que la COSYBU formuló observaciones sobre el desarrollo y la participación en los trabajos de desarrollo comunitario obligatorios, en 2008, 2012, 2013 y 2014. La COSYBU indicó que los trabajos comunitarios son decididos de manera unilateral, sin que la población sea consultada y las fuerzas policiales sean movilizadas para cerrar las calles y así impedir que la población se desplace durante esos trabajos. La COSYBU solicitó al Gobierno que encontrara una solución lo antes posible para garantizar expresamente en la legislación el carácter voluntario de la participación en esos trabajos.

Al tiempo que toma nota de que el Gobierno indicó anteriormente que la ley no prevé sanciones contra las personas que no realizan trabajos comunitarios, la Comisión observa que los trabajos comunitarios son efectuados por la población, sin que haya un texto que reglamente la naturaleza de los trabajos, las modalidades en las que pueden ser exigidos a la población, y la manera en que son organizados. En esas circunstancias, la Comisión expresa una vez más la esperanza de que el Gobierno tome las medidas necesarias para adoptar el texto, antes de reglamentar la Ley núm. 1/016, de 20 de abril de 2005, sobre la Organización de la Administración Municipal, especialmente en lo que respecta a la participación y la organización de los trabajos comunitarios, y de que en esa ocasión el carácter voluntario de la participación en esos trabajos, se establezca de manera expresa. Con esta expectativa, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre el tipo y la duración de los trabajos comunitarios realizados y el número de personas afectadas.

2. Trabajos agrícolas obligatorios. Desde hace muchos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner de conformidad con el Convenio algunos textos que prevén la participación obligatoria en determinados trabajos agrícolas. Subrayó la necesidad de consagrar el carácter voluntario de los trabajos agrícolas derivados, por una parte, de las obligaciones relativas a la conservación y a la utilización de los suelos y, por otra parte, de la obligación de crear y mantener superficies mínimas para cultivo (ordenanzas núms. 710/275 y 710/276, de 25 de octubre de 1979), así como de derogar formalmente algunos textos relativos a los cultivos obligatorios, el acarreo y las obras públicas (decreto de 14 de julio de 1952, ordenanza núm. 1286, de 10 de julio de 1953, y decreto de 10 de mayo de 1957). Al tomar nota de que el Gobierno indicó anteriormente que estos textos, que datan de la época colonial, fueron derogados, y que queda en adelante consagrado el carácter voluntario de los trabajos agrícolas, la Comisión pide una vez más al Gobierno que tenga a bien comunicar una copia de los textos que derogan la mencionada legislación y que consagran el carácter voluntario de esos trabajos agrícolas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Camboya

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1969)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. Trata de personas. En relación con su solicitud anterior relativa a las medidas adoptadas por el Gobierno con miras a redoblar sus esfuerzos para combatir la trata de personas, incluso en el marco del Plan de acción nacional 2011-2013, sobre la supresión de la trata y de la explotación sexual, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en el contexto de las medidas de aplicación de la ley, procedió a la vigilancia de lugares en los que puede tener lugar la prostitución; suministró asesoramiento y rehabilitación a los trabajadores del sexo; e instruyó a más de 700 empresarios acerca de los asuntos vinculados con la explotación sexual. Además, el Gobierno indicó brevemente que ha adoptado medidas para informar a las agencias de contratación sobre los riesgos asociados con la utilización de documentación falsa, así como sobre la importancia de impartir a los migrantes una formación anterior a la partida.

La Comisión toma nota asimismo de la información estadística comunicada por el Gobierno sobre el número de casos de trata de personas y de explotación sexual que se llevaron a los tribunales, así como sobre el número de víctimas identificadas y de individuos acusados. La Comisión toma nota, en particular, de que el número de víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual identificadas parece haber descendido sustancialmente durante el período de aplicación del Plan de acción nacional. Por ejemplo, mientras que se identificaron, en 2011, 497 víctimas de trata, el Gobierno informa que se identificaron, en 2012, 297 y sólo 76 en 2013. Al tiempo que toma nota de las estadísticas anteriores, la Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado ninguna información sobre el número de condenas, de sanciones impuestas a los autores, de acciones específicas emprendidas para proteger y asistir a las víctimas o sobre cualquier otro elemento que permitiría evaluar el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la prevención y el procesamiento de los casos de trata, al igual que con la protección de las víctimas. En consecuencia, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que garantice que se lleven a cabo investigaciones y procesamientos exhaustivos contra los autores de trata de personas, y le solicita que siga comunicando información sobre el número de acciones judiciales iniciadas, así como sobre el número de condenas y de sanciones específicas aplicadas. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para proteger a todas las víctimas de trata y para facilitar su acceso a una asistencia inmediata y a recursos efectivos.

2. Vulnerabilidad de los trabajadores migrantes a las condiciones de trabajo forzoso. La Comisión tomó nota con anterioridad de la información contenida en el informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para el Consejo General de la OMC sobre el Examen de las Políticas Comerciales de Camboya, de noviembre de 2011, según el cual los trabajadores migrantes de Camboya son vulnerables a situaciones de trabajo forzoso, especialmente las trabajadoras domésticas en Malasia y los hombres en embarcaciones pesqueras en Tailandia. El informe también indicó que la legislación nacional sobre contratación, colocación y protección de los trabajadores migrantes, es limitada y obsoleta, y que, aunque el Ministerio de Trabajo comenzó a impartir, en 2011, una formación antes de la partida sobre migraciones seguras, los trabajadores migrantes de Camboya desconocen a menudo sus derechos. En este sentido, la Comisión toma nota de la adopción del subdecreto núm. 190, de 2011, sobre «la gestión del envío de trabajadores de Camboya al extranjero, a través de agencias de contratación privadas», así como de ocho Proclamaciones (Prakas), que complementan el subdecreto de 2011. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo y Formación Profesional, en cooperación con el Proyecto Triángulo de la OIT, desarrolló una guía de orientación antes de la partida para los trabajadores migrantes, y se encuentra en estos momentos actualizando la política migratoria nacional del trabajo. Con respecto a las medidas de cooperación internacional, el Gobierno declara que está en la actualidad en discusión el proyecto de Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de Malasia. El Gobierno indica asimismo que se nombraron empleados adicionales para gestionar los asuntos relativos a las migraciones laborales en las Embajadas de Camboya en Malasia y Tailandia. La Comisión solicita al Gobierno que siga adoptando medidas para asegurar que los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, estén plenamente protegidos de prácticas y condiciones abusivas equivalentes al trabajo forzoso, y que comunique información a este respecto en su próxima memoria. Sírvase también comunicar información sobre la aplicación en la práctica del subdecreto núm. 190, de 2011, sobre las migraciones laborales y las agencias de contratación privadas, así como de sus Prakas complementarias (por ejemplo, sobre la inspección de las agencias de contratación privadas, sobre los mecanismos de denuncias para los trabajadores migrantes, etc.), indicando los resultados concretos obtenidos.

Artículos 1, 1), y 2, 1) y 2), c). Trabajo obligatorio exigido en centros de rehabilitación de drogodependientes. La Comisión tomó nota con anterioridad de la circular sobre la aplicación de medidas de educación, tratamiento y rehabilitación para drogodependientes, de 2006, que estipula que las autoridades locales deben establecer centros de tratamiento obligatorio para drogodependientes. En ese sentido la Comisión tomó nota de la información contenida en el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre evaluación del tratamiento obligatorio de toxicómanos en Camboya, China, Malasia y Viet Nam, según la cual la mayoría de las personas en centros de rehabilitación para drogodependientes de Camboya, no son admitidas voluntariamente; son admitidas a menudo tras procedimientos legales, a solicitud de sus familias o simplemente tras el arresto. La Comisión también tomó nota de la información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, según la cual se cuenta con informes sobre las personas que se encuentran en centros de rehabilitación de drogodependientes ocupados en un trabajo obligatorio.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los miembros de la familia/tutores pueden solicitar la admisión en centros de rehabilitación; pueden aceptar una decisión de las autoridades competentes o de las autoridades locales respecto de los centros con servicios de tratamiento de desintoxicación y rehabilitación; o pueden ser solicitados de manera voluntaria por la personas. El Gobierno indica asimismo que, si bien se imparte una formación profesional y programas de enseñanza, como parte de la rehabilitación de los drogodependientes, no se exige un trabajo a las personas que se encuentran en centros de rehabilitación. Al tiempo que toma nota de esta información, la Comisión solicita al Gobierno que indique qué salvaguardias existen, tanto en la ley como en la práctica, para garantizar que las personas detenidas en centros de rehabilitación para drogodependientes y que no han sido condenadas por un tribunal de justicia, no estén sujetas a la obligación de realizar un trabajo, como especifica el artículo 2, párrafo 2, c), del Convenio. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique, con su próxima memoria, copias de los textos pertinentes que rigen los centros de rehabilitación para drogodependientes que el Gobierno menciona en su memoria, especialmente el subdecreto núm. 162 (22 de diciembre de 2010) sobre el establecimiento del centro nacional de tratamiento y rehabilitación de drogodependientes; la Prakas núm. 253 (25 de enero de 2002) sobre la aplicación de la política de patrocinios para las víctimas de drogodependencias en el centro de rehabilitación del Ministerio de Asuntos Sociales, Excombatientes y Rehabilitación de los Jóvenes, y de su anexo 8; y la Prakas núm. 863 (9 de agosto de 2011) sobre la educación y la formación profesional de los reclusos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1999)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que implican la obligación de trabajar como castigo por la expresión de opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 61 de las disposiciones relativas al Poder Judicial y a la ley y el procedimiento penales aplicables en Camboya durante el período de transición, de 1992, prevé penas de prisión por un período de hasta un año (que implica un trabajo penitenciario obligatorio, en virtud del artículo 68 de la Ley sobre Prisiones, de 2011) por incitar al odio nacional, racial o religioso, mediante discursos o reuniones en lugares públicos, o escritos, publicaciones, pinturas, películas o cualquier otro medio de comunicación audiovisual («incitación a la discriminación»). También observó que el artículo 41 de la Ley sobre Partidos Políticos, de 1997, castiga con penas de prisión por un período de hasta un año varios delitos relacionados con la administración o la gestión de un partido político que ha sido disuelto, o cuyas actividades han sido suspendidas por un tribunal, o cuya inscripción en el registro ha sido denegada.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el artículo 41 de la Ley sobre Partidos Políticos, de 1997, nunca se aplicó en la práctica, y el artículo 61, de la ley de 1992, fue derogado y sustituido por el Código Penal de 2009. El Gobierno se refiere en particular a los artículos del Código Penal sobre difamación, manifestaciones públicas, insultos e insultos de funcionarios públicos. En relación con esto, la Comisión observa que, si bien los delitos de difamación pública y los insultos (artículos 305 a 309) se castigan sólo con multas, muchas disposiciones del Código Penal establecen penas de prisión en situaciones comprendidas en el artículo 1, a), del Convenio; en consecuencia dichas sanciones son incompatibles con el Convenio, a saber:

–el artículo 445, que sanciona la acción de insultar al Rey;

–los artículos 504 y 505, que sancionan la acción de provocación directa dirigida a cometer un delito grave o una discriminación basada en motivos étnicos, nacionales, raciales o religiosos, a través de discursos públicos o de reuniones públicas, de publicaciones o de cualquier tipo de comunicación audiovisual;

–el artículo 511, que sanciona la acción de insultar, mediante palabras, gestos, escritos, dibujos u objetos, a un funcionario público o a un ciudadano a quien se ha encomendado un mandato público mediante una elección, mientras desempeña su función, y

–el artículo 517, que sanciona la acción de celebrar, en un establecimiento religioso abierto al público, una ceremonia budista sin haber sido autorizada por una autoridad religiosa.

En relación con los párrafos 302 y 303 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión señala una vez más a la atención del Gobierno el hecho de que las sanciones que implican un trabajo obligatorio, incluido el trabajo penitenciario obligatorio, son incompatibles con el Convenio, cuando aplican una prohibición de la expresión pacífica de opiniones no violentas o de oposición al orden político, social o económico establecido. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para armonizar las anteriores disposiciones del Código Penal, así como el artículo 41 de la Ley sobre Partidos Políticos (1997) con el Convenio, ya sea limitando su campo de aplicación a los actos de violencia o de incitación a la violencia, o sustituyendo las penas de prisión por otros tipos de sanciones (por ejemplo, multas), a efectos de garantizar que no pueda imponerse ninguna sanción que implique un trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas. Pendiente de la adopción de tales medidas, la Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación en la práctica de las disposiciones anteriores, transmitiendo copias de las decisiones de los tribunales que definan o ilustren su campo de aplicación.

La Comisión toma nota de la adopción de la Ley sobre Manifestaciones Pacíficas, de 21 de octubre de 2009, que sustituye a la Ley sobre Manifestaciones, de 1991. En este sentido, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, si bien la libertad de expresión y el derecho a manifestarse pacíficamente están garantizados por la Constitución, esos derechos no deben ser utilizados en violación de la libertad y la dignidad de otros o en maneras que afecten la tradición de la nación, el orden público o la seguridad nacional.

En este sentido, la Comisión se refiere al informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, de agosto de 2014, en el que expresa su preocupación ante la prohibición de manifestaciones impuesta por el Gobierno en enero de 2014, tras el número de protestas en el país que se intensificaron a finales de 2013. El Relator Especial observó que, si bien pueden adoptarse medidas para limitar las libertades civiles y políticas en tiempos de emergencia pública, no pareciera que el Gobierno haya emitido ninguna proclamación oficial de emergencia pública que amenazara la vida de la nación. El Relator Especial de las Naciones Unidas también declaró que se detuvo, en julio de 2014, a siete miembros de la oposición del Parlamento, mientras protestaban para que se retirara la prohibición, que, en el momento de elaboración de su memoria, seguía en vigor (documento A/HRC/27/70, párrafos 17, 21 y 22). Remitiéndose a las explicaciones que figuran en el punto 1 de esta observación, la Comisión solicita al Gobierno que indique las disposiciones legislativas en base a las cuales se impuso la prohibición de manifestaciones, indicando, en particular, el fundamento jurídico y la justificación para la detención de los manifestantes.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Camerún

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículo 2, párrafo 2, c), del Convenio. Trabajo de los reclusos en beneficio de compañías privadas. Desde hace muchos años la Comisión viene solicitando al Gobierno que adopte las medidas necesarias para completar su legislación de modo que ésta exija formalmente el consentimiento de los reclusos que trabajan en beneficio de empresas privadas. Según el artículo 24 del Código Penal, en su versión modificada por la ley núm. 90-61, de 19 de diciembre de 1990, las personas condenadas a una pena de prisión están obligadas a trabajar. Además, el decreto núm. 92-052, de 27 de marzo de 1992, relativo al régimen penitenciario, autoriza la cesión de mano de obra de carácter penitenciario a empresas privadas y particulares (artículos 51 a 56), y la orden ministerial núm. 213/A/MINAT/DAPEN, de 28 de julio de 1988, establece un determinado número de condiciones para poder recurrir a mano de obra penitenciaria, en particular las tarifas para la cesión de esta clase de trabajadores. Por el contrario, ninguno de estos textos exige el consentimiento formal e informado de los condenados a penas penitenciarias para ser concedidos a empresas privadas y/o a particulares.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno señala que las cesiones de estos trabajadores son objeto de negociación entre las empresas privadas o el Estado y los gerentes de la prisión. El Gobierno precisa que parece difícil hacer prevalecer el principio de consentimiento libre e informado de los presos para realizar trabajos por cuanto están sujetos a una pena privativa de libertad y, según el artículo 56 del decreto núm. 92-052, la administración penitenciaria puede utilizarlos, con independencia de las tareas que realicen habitualmente y su posible cesión, para trabajos de carácter productivo y de interés general.

La Comisión recuerda que, para que el trabajo realizado por los reclusos para particulares, empresas o personas jurídicas de carácter privado no sea considerado como trabajo forzoso, es necesario que los reclusos acepten realizarlo voluntariamente. Así pues, es necesario obtener formalmente su consentimiento libre e informado. Además, teniendo en cuenta las condiciones de cautividad en las cuales se encuentran, para verificar y confirmar la expresión de dicho consentimiento, se requiere el cumplimiento de varios factores. La Comisión estima que el indicador más fiable del consentimiento consiste en que el trabajo sea ejecutado en condiciones próximas a las de una relación laboral libre, en particular, en lo que se refiere a remuneración, horario laboral y seguridad y salud en el trabajo. La Comisión manifiesta su firme esperanza de que, tal como se comprometió en el pasado, el Gobierno tome las medidas necesarias para adoptar los textos de aplicación del decreto núm. 92-052 sobre el régimen penitenciario y que estos textos prevean expresamente que las personas condenadas manifiestan formalmente su consentimiento libre e informado a todo trabajo realizado para entidades privadas, y que gocen de unas condiciones de trabajo que se aproximan a las de una relación de trabajo libre.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1962)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de prisión que conllevan una obligación de trabajar como sanción por la expresión de opiniones políticas o por la manifestación de una oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que garantizase que las disposiciones de la legislación nacional mencionadas abajo no se utilizan como base para imponer penas de prisión (y, por ende, de trabajo penitenciario obligatorio) a personas que expresen una opinión política o manifiestan oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. En la medida en que las personas condenadas a una pena de prisión tienen obligación de trabajar (artículo 24 del Código Penal y artículo 49 del decreto núm. 92-052 relativo al régimen penitenciario), las disposiciones de la legislación nacional que castigan con pena de reclusión las actividades en las cuales las personas manifiesten sus opiniones políticas pueden influir en la aplicación del Convenio. Esto sucede en las disposiciones siguientes:

–el artículo 113 del Código Penal que castiga con una pena de reclusión de tres meses a tres años a todo aquel que emita o difunda noticias engañosas cuando estas noticias puedan perjudicar a las autoridades públicas o a la cohesión nacional;

–el artículo 154, párrafo 2, del Código Penal que castiga con una pena de reclusión de tres meses a tres años a todo aquel que mediante la palabra o escritos de difusión pública incite a la rebelión contra el Gobierno y las instituciones de la República;

–el artículo 157, párrafo 1, a), del Código Penal que castiga con una pena de reclusión de tres meses a cuatro años a toda persona que, por cualquier medio incite a resistirse a la aplicación de las leyes, reglamentos, órdenes legítimas dictadas por la autoridad pública;

–el artículo 33, párrafos 1 y 3, de la Ley núm. 90-53 sobre la Libertad de Asociación, que prevé una pena de tres meses a un año para los administradores o fundadores de una sociedad que mantenga o reconstituya ilegalmente tras una sentencia o decisión en la que se establezca su disolución y para las personas que favorezcan la reunión de los miembros de la asociación disuelta mediante la preservación del uso del local de que disponen. El artículo 4 precisa que serán nulas y sin efecto las asociaciones fundadas en una causa con un objetivo que vulnere la Constitución, así como aquellas que atenten contra la seguridad, la integridad territorial, la unidad nacional, la integración nacional y la forma republicana del Estado. Además, el artículo 14 prevé que la disolución de una asociación no obstaculiza las diligencias judiciales que pudiesen incoarse eventualmente contra los responsables de esa asociación.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno señala que respeta el principio de la libertad de asociación y de expresión, como indica el número elevado de asociaciones, periódicos y medios de comunicación reconocidos. El Gobierno añade que no dispone de datos relativos a los periodistas detenidos por haber difundido noticias falsas y que han sido condenados a realizar trabajos obligatorios. La Comisión destaca que, el informe del Ministerio de Justicia sobre la situación de los derechos humanos en el Camerún, en 2012, dedica una sección a los enjuiciamientos contra los periodistas. De estas informaciones se deduce que hay constancia de un elevado número de casos planteados ante los tribunales penales en relación con periodistas a los que se persigue por difamación o propagación de noticias falsas. La Comisión señala igualmente que, en sus observaciones finales relativas al tercer informe periódico de la República del Camerún, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de la Unión Africana, se declaró «enormemente preocupada por el hecho de que se mantengan en el ordenamiento jurídico camerunés disposiciones que imponen condenas para los delitos de prensa» y recomendó al Gobierno que «enmiende las disposiciones del Código Penal con miras a la despenalización de los delitos de prensa» (15.ª sesión, marzo de 2014).

La Comisión toma nota de estas informaciones con preocupación y reitera que, el hecho de que pueda obligarse a una persona, de la manera que sea, a realizar trabajos penitenciarios por la manifestación de determinadas opiniones políticas por oponerse al orden político, social o económico establecido, entra dentro del ámbito de aplicación del Convenio. Por consiguiente, la Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno procederá a examinar las disposiciones legislativas mencionadas del Código Penal y de la Ley núm. 90-53 sobre la Libertad de Asociación teniendo en cuenta las explicaciones formuladas sobre el alcance de la protección garantizada por el Convenio, de modo que no se imponga ninguna pena de reclusión, que en el Camerún conlleva la obligación de trabajar, a las personas que de modo pacífico expresen opiniones políticas o manifiesten una oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Mientras tanto, la Comisión ruega al Gobierno que suministre información sobre cualquier decisión judicial que se pronuncie sobre la base de las disposiciones mencionadas del Código Penal y de la Ley núm. 90-53 sobre la Libertad de Asociación.

República Centroafricana

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. Violaciones cometidas en el marco de las hostilidades entre grupos armados. La Comisión toma nota de los diversos informes emanados de los órganos de las Naciones Unidas con respecto a la grave crisis que afronta la República Centroafricana. La Comisión toma nota, en particular, de la última resolución adoptada por el Consejo de Seguridad, el 10 de abril de 2014, en la cual este último se declara seriamente preocupado por las múltiples violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y abusos generalizados de los derechos humanos (…) cometidos tanto por antiguos elementos de Séléka como por grupos de milicias, en particular los «anti-Balaka» (documento S/RES/2149(2014)). Además, en sus observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas, manifiesta su preocupación por las prácticas de reclutamiento forzoso de mujeres y niñas, la esclavitud sexual y los matrimonios forzados realizados por grupos armados (documento CEDAW/C/CAF/CO/1-5, de 18 de julio de 2014). La Comisión toma nota, no obstante, de que en su declaración de prensa, el 24 de julio de 2014, los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se felicitaron de la firma del acuerdo de cese de hostilidades y de violencia entre los grupos armados en la República Centroafricana, en el curso del Foro sobre la Paz y la Reconciliación Nacional en la República Centroafricana, celebrado en Brazzaville el 23 de julio de 2014. Asimismo, subrayaron la necesidad de abordar las causas profundas del conflicto por medio de un diálogo político global abierto, de un proceso de reconciliación nacional, de una acción para poner fin a la impunidad y de la formulación de una estrategia que propicie el desarme, la desmovilización, la reintegración y la repatriación de los implicados en el conflicto, también de los niños que estaban vinculados a fuerzas y grupos armados, así como al restablecimiento de las instituciones del Estado eficaces (Consejo de Seguridad, documento SC/11491-AFR/2941).

Al tiempo que es consciente de la complejidad de la situación y de las iniciativas emprendidas por el Gobierno de transición para restablecer la paz y la seguridad, la Comisión confía en que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para poner fin a los actos de violencia perpetrados contra la población civil, en particular, las mujeres y los niños, con el fin de obligarlos a realizar trabajos forzosos, incluida la esclavitud sexual. La Comisión espera que la firma del acuerdo de cese de hostilidades y violencia entre grupos armados en la República Centroafricana permitirá llevar a buen puerto la transición hacia la restauración del Estado de derecho, la seguridad y el fin del clima de impunidad, que son indispensables para permitir que las víctimas puedan hacer valer sus derechos y para que la justicia sancione a los culpables.

2. Ocio, población activa e imposición de actividades obligatorias. Desde hace muchos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que adopte las medidas necesarias para derogar formalmente las siguientes disposiciones de la legislación nacional que se oponen al Convenio, en la medida en que constituyen una coacción directa o indirecta para trabajar:

–la ordenanza núm. 66/004, de 8 de enero de 1966 relativa a la represión del ocio, modificada por la ordenanza núm. 72/083, de 18 de octubre de 1972, según la cual toda persona capaz, con una edad comprendida entre 18 y 55 años, que no pueda justificar que realiza una actividad normal que garantiza su subsistencia o la continuación de sus estudios, se considera como improductiva y puede ser sancionada con una pena de uno a tres años de prisión;

–la ordenanza núm. 66/038, de junio de 1966, relativa al control de los ciudadanos activos, según la cual, una persona con una edad comprendida entre 18 y 55 años, que no pueda justificar su pertenencia a una de las ocho categorías de la población activa, será invitada a cultivar un terreno designado por las autoridades administrativas. Además, esta persona será considerada como vagabunda si es encontrada fuera de la subprefectura que le corresponde y podrá ser castigada por ello con una pena de prisión;

–la ordenanza núm. 75/005, de 5 de enero de 1975, que obliga a todo ciudadano a justificar el ejercicio de una actividad comercial, agrícola o de pastoreo, y que prevé para los infractores de la misma sanciones sumamente severas;

–el artículo 28 de la ley núm. 60/109, de 27 de junio de 1960, sobre el desarrollo de la economía rural, en virtud del cual se determinarán para cada colectividad rural áreas mínimas para el cultivo.

La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno señala que se ha previsto un comité interministerial con la misión de estudiar estos textos con miras a su derogación o su enmienda, y que el Ministerio de Trabajo no escatimará ningún esfuerzo en este sentido. La Comisión manifiesta su firme esperanza de que el Gobierno no dejará de adoptar las medidas necesarias para que los trabajos del comité interministerial conduzcan a proposiciones concretas con el fin de proceder formalmente a la derogación de las mencionadas disposiciones de la legislación nacional que son contrarias al Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chad

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. Trabajo de interés general impuesto en el marco del servicio militar obligatorio. Desde hace muchos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que adopte medidas para modificar la legislación relativa al servicio militar obligatorio para ponerla en conformidad con el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. La Comisión tomó nota de que de conformidad con el artículo 14 de la ordenanza núm. 001/PCE/CEDNACVG/91 que establece la reorganización de las fuerzas armadas, en el marco del servicio militar obligatorio, los llamados a filas que son aptos para el servicio se dividen en dos grupos: el primero, cuya importancia se fija cada año por decreto, se incorpora y se dedica al servicio activo; y, el segundo permanece a disposición de las autoridades militares durante dos años y pueden ser llamado a realizar trabajos de interés general por orden gubernamental. Ahora bien, para ser excluidos del campo de aplicación del Convenio y no ser considerados como trabajo forzoso, los trabajos o servicios que se exijan en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio deben tener un carácter puramente militar. El Gobierno indica en su memoria que adoptará las medidas necesarias para poner las disposiciones del artículo 14 de la ordenanza núm. 001/PCE/CEDNACVG/91 en conformidad con el Convenio. La Comisión toma debida nota de esta información y espera que el Gobierno tomará las medidas necesarias para que las disposiciones del artículo 14 de la ordenanza de 1991, que establece la reorganización de las fuerzas armadas, sean modificadas lo más rápidamente posible para garantizar que los trabajos impuestos en el marco del servicio militar obligatorio revistan un carácter puramente militar.

Artículo 2, párrafo 2, c). Trabajo impuesto por una autoridad administrativa. Desde hace muchos años, la Comisión señala a la atención del Gobierno la necesidad de modificar o derogar el artículo 2 de la ley núm. 14, de 13 de noviembre de 1959, por el que se autoriza al Gobierno a tomar medidas administrativas de alejamiento, internamiento o expulsión de las personas cuyos comportamientos son peligrosos para el orden y la seguridad públicos, y en virtud del cual las personas a las que se hubiese impuestos una condena penal que implique una prohibición de residencia podrán ser utilizadas para trabajos de interés público durante un tiempo cuya duración será fijada por decreto del Primer Ministro. Esta disposición permite a las autoridades administrativas imponer trabajo a las personas que son objeto de una medida de prohibición de residencia después de haber cumplido su condena. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que adoptará las medidas necesarias para modificar o derogar el artículo 2 de la ley núm. 14 de 1959 antes mencionada. Teniendo en cuenta el hecho de que esta cuestión es objeto de los comentarios de la Comisión desde hace muchos años y que el Gobierno ya se ha referido en el pasado a un proyecto de derogación de ese texto, la Comisión confía en que en su próxima memoria indicará los progresos realizados a este respecto.

China

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (notificación: 1997)

Artículo 1, a), del Convenio. Imposición de penas de reclusión que implican la obligación de trabajar como castigo por expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose a las siguientes disposiciones legislativas, con arreglo a las cuales pueden imponerse penas de reclusión (que implican un trabajo penitenciario obligatorio, en virtud del artículo 38 del reglamento de prisiones):

–por imprimir, publicar, vender, distribuir, importar, etc., publicaciones sediciosas o pronunciar palabras sediciosas (artículo 10 de la ordenanza sobre los delitos, capítulo 200);

–por diversas violaciones a la prohibición de imprimir y publicar (artículos 18, i), y 20 del registro de la ordenanza sobre periódicos locales, capítulo 268; artículos 9 y 15 del reglamento sobre el registro de agencias de noticias, capítulo 268A; artículos 8 y 19 del reglamento sobre registro y distribución de periódicos, capítulo 268B; artículos 7 y 13 del reglamento sobre documentos impresos (control), capítulo 268C);

–por diversas contravenciones de la reglamentación sobre reuniones, desfiles y concentraciones públicas (artículo 17A de la ordenanza sobre orden público, capítulo 245).

La Comisión toma nota de la reiterada declaración del Gobierno, según la cual la libertad de prensa, al igual que la libertad de opinión y de expresión, está protegida por la Ley Fundamental y la ordenanza sobre la carta de derechos de Hong Kong (capítulo 383). El Gobierno también indica que no se llevó a los tribunales ningún caso relacionado con la aplicación del Convenio.

A este respecto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales relativas al informe de Hong Kong, China, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación acerca de la aplicación en la práctica de algunos temas contenidos en la ordenanza sobre orden público (por ejemplo, «desórdenes en lugares públicos» o «asambleas ilegales»), que puede facilitar una excesiva restricción de los derechos civiles y políticos. También expresó su preocupación acerca del creciente número de detenciones de manifestantes y de procesamientos contra éstos. Respecto de la libertad de opinión y de expresión, el Comité de la ONU manifestó su preocupación acerca de informes según los cuales el país había sufrido un deterioro en la libertad en los medios de comunicación y en los medios académicos, incluyéndose detenciones, agresiones y acoso de periodistas y académicos (documento CCPR/C/CHN-HKG/CO/3, de 29 de abril de 2013, párrafos 10 y 13).

La Comisión recuerda que el artículo 1, a), del Convenio, prohíbe el castigo con sanciones que impliquen un trabajo obligatorio, incluido el trabajo penitenciario obligatorio de las personas que, sin haber recurrido a la violencia, manifiesten opiniones o puntos de vista políticos opuestos al orden político, social o económico establecido. En consecuencia, la Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten medidas adecuadas para armonizar las mencionadas disposiciones con el Convenio, ya sea limitando su campo de aplicación a los actos de violencia o de incitación a la violencia, ya sea sustituyendo las sanciones que implican un trabajo obligatorio por otros tipos de sanciones (por ejemplo, multas), a efectos de garantizar que no pueda imponerse ninguna sanción que implique un trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas. Con el fin de asegurarse de que las mencionadas disposiciones no se aplican a los actos a través de los cuales los ciudadanos buscan asegurar la difusión y la aceptación de sus opiniones, la Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre su aplicación en la práctica, transmitiendo copias de las decisiones de los tribunales, definiendo e ilustrando su campo de aplicación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Colombia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), recibidas el 29 de agosto de 2014, así como de las observaciones de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y de la Confederación General del Trabajo (CGT), recibidas el 29 de agosto, el 31 de agosto y el 1.º de septiembre de 2014, respectivamente.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el problema de la trata de personas sigue planteándose en Colombia a una escala importante, a pesar del compromiso del Gobierno de luchar contra este flagelo y el establecimiento de un marco legislativo e institucional completo. La Comisión se refirió a la ley núm. 985, de 2005, por la que se adoptan medidas de lucha contra la trata de personas y de protección a las víctimas, así como a la estrategia nacional integral contra la trata de personas (2007-2012), que comprende los aspectos relativos a la prevención, a la protección de las víctimas, a la cooperación internacional y a la investigación policial y judicial.

La Comisión toma nota de las informaciones completas y detalladas comunicadas por el Gobierno sobre las medidas adoptadas para aplicar la estrategia nacional. En lo que atañe al aspecto de la prevención, el Gobierno se refiere a las múltiples campañas de sensibilización llevadas a cabo por todas las autoridades públicas que intervienen en la lucha contra la trata. En el Ministerio del Interior, se constituyeron 32 comités departamentales y 48 comités municipales para coordinar las acciones en este terreno. El Ministerio de Trabajo realizó actividades de formación de los inspectores del trabajo, con el fin de facilitar su intervención en los casos de trata con fines de explotación en el trabajo. La policía creó un grupo de investigación sobre la trata de personas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) creó una línea telefónica gratuita para recibir las quejas de las víctimas y brindarles una asistencia. En lo que respecta a la protección de las víctimas, el Ministerio del Interior estableció un Centro Operativo Anti Trata, que, en 2013, recibió a 60 víctimas procedentes del extranjero, todas las cuales recibieron una asistencia antes de ser, en su mayor parte, repatriadas. El Gobierno se refiere asimismo a los esfuerzos realizados por el Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, para incentivar los mecanismos de cooperación bilateral y regional, y menciona los acuerdos bilaterales suscritos con Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador y Honduras. Por último, en el ámbito judicial, el Ministerio del Interior realizó actividades de formación para los funcionarios de la justicia, a efectos de asegurar una mejor comprensión de la trata y optimizar las investigaciones y los procedimientos judiciales. El Ministerio de Trabajo realizó asimismo actividades dirigidas a estudiar el concepto de explotación en el trabajo, de modo de poder establecer sus elementos constitutivos. Estos procedimientos de intervención, en caso de sospecha de situación de trata, fueron establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Migración, de Colombia, así como por la policía nacional. De estas acciones, se deriva que, en 2013, la policía desmanteló siete redes delictivas transnacionales y una red nacional; se detuvo a 28 personas y se dictaron 11 resoluciones judiciales que condenaron a los culpables a penas de prisión de entre ocho y diez años. Además, según un informe del Ministerio Público, al 31 de diciembre de 2013, se dio inicio a 143 investigaciones judiciales, 87 de las cuales fueron por explotación sexual y 21, por explotación en el trabajo.

En sus observaciones, todos los interlocutores sociales reconocen las medidas adoptadas por las diferentes entidades competentes en el marco de la estrategia nacional. La OIE y la ANDI destacan resultados obtenidos en materia judicial para proteger a las víctimas y fortalecer la inspección del trabajo. Sin embargo, para la CUT, la eficacia de la estrategia sigue siendo frágil, puesto que las cifras muestran que el fenómeno no disminuye, sino que persiste. Entre las causas de la trata, la CUT se refiere al impacto del conflicto armado interno en la trata de mujeres y en la prostitución forzosa, así como a la dificultad de acceder al mercado formal del trabajo. Subrayando que las víctimas de trata son, en una mayoría abrumadora, mujeres, la CGT se refiere a las discriminaciones históricas de las que han sido víctimas y resalta la necesidad de una verdadera política pública que tenga en cuenta la cuestión de género y la cuestión territorial. La CTC insiste en las carencias de la inspección del trabajo, que no está en condiciones de acceder a las zonas rurales o a los sitios de explotación minera. Por último, tanto la CUT como la CTC subrayan la necesidad de fortalecer la protección de los trabajadores en situación de vulnerabilidad (mujeres, niños, trabajadores indígenas).

Además, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de mayo de 2013, el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de las Naciones Unidas, toma nota de los esfuerzos constantes que realiza Colombia para combatir la infracción que constituye la trata de personas. No obstante, reafirma su preocupación ante el hecho de que el Estado parte sea uno de los principales países de origen de las víctimas de trata en la región, sobre todo de la trata de mujeres y de niñas (documento CMW/C/COL/CO/2).

La Comisión toma nota de todas estas informaciones y alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para luchar contra el fenómeno complejo de la trata de personas, complejidad acentuada por el hecho de que Colombia sea un país de origen, de tránsito y de destino para la trata y de que un gran número de personas hayan sido desplazadas como consecuencia del conflicto armado interno. La Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera se evalúan la aplicación y el impacto de las medidas adoptadas en las cuatro áreas de la estrategia nacional y cuáles han sido las medidas adoptadas para superar los obstáculos identificados y adaptar la estrategia nacional en consecuencia. Subrayando que la coordinación de los actores es esencial para identifica las situaciones de trata de personas y poder disponer de elementos para dar inicio a las acciones judiciales correspondientes, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir adoptando las medidas necesarias a tal fin y comunicar informaciones a este respecto. Sírvase asimismo comunicar informaciones sobre los procedimientos judiciales iniciados contra los responsables de la trata, precisando las penas impuestas. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar las medidas adoptadas para fortalecer la cooperación con los países en los que sus ciudadanos son víctimas de trata y para garantizar su protección, especialmente cuando regresan a Colombia.

Artículo 2, párrafo 2, a). Carácter puramente militar de los trabajos realizados en el marco del servicio nacional obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para poner de conformidad con el Convenio la legislación que reglamenta el servicio militar obligatorio. En efecto, la concepción de servicio militar obligatorio en Colombia, que puede realizarse según diferentes modalidades, es más amplia que la excepción autorizada por el Convenio. Así, en el caso de los soldados bachilleres, la condición establecida por el Convenio para excluir el servicio militar de su ámbito de aplicación, a saber, que éste se circunscriba a trabajos o servicios que tengan un carácter puramente militar, no se ha respetado. La Comisión se refirió a este respecto:

–a los artículos 11 y 13 de la ley núm. 48, de 1993, que reglamenta el servicio de reclutamiento y de movilización, según el cual los soldados, en especial los soldados bachilleres, deberán realizar «actividades de bienestar social a la comunidad y en especial tareas para la preservación del medioambiente»;

–al artículo 50, de la ley núm. 65, de 1993, y al decreto núm. 537, de 1994, que reglamenta el servicio militar de los bachilleres dentro del «Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario»: los soldados bachilleres podrán cumplir su servicio militar obligatorio como auxiliares del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional y tendrán la función de asistir al personal de los establecimientos penitenciarios con miras a garantizar la vigilancia, el control y la reinserción de los detenidos.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CUT y la CTC solicitan la adopción de medidas urgentes para poner fin a esta modalidad de servicio militar obligatorio, y la CGT destaca el componente discriminatorio de esta práctica, puesto que los soldados bachilleres son en su mayoría jóvenes en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Además, la CTC señala a la atención las irregularidades en el proceso de reclutamiento de jóvenes, irregularidades comprobadas por el Consejo de Estado. Además, a este respecto, la Comisión comprueba que las informaciones comunicadas por el Gobierno se refieren únicamente al procedimiento establecido para tratar las solicitudes de exención del servicio militar obligatorio, especialmente las de las víctimas de infracciones penales.

Recordando que, según las estadísticas comunicadas anteriormente por el Gobierno, los soldados bachilleres son más numerosos que los soldados regulares, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para revisar toda la legislación que reglamenta el servicio militar obligatorio y ponerla de conformidad con el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio, en virtud del cual el trabajo exigido en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio, deberá tener un carácter puramente militar.

Congo

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. 1. Trabajo exigido en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio. Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la no conformidad del artículo 1 de la Ley núm. 16, de 27 de agosto de 1981, sobre el Establecimiento del Servicio Nacional Obligatorio con el Convenio. En virtud de esta disposición, el servicio nacional es una institución destinada a permitir que todo ciudadano participe en la defensa y en la construcción de la nación, lo que conlleva dos aspectos: el servicio militar y el servicio cívico. La Comisión señaló en muchas ocasiones que los trabajos impuestos a los reclutas en el marco del servicio nacional obligatorio, especialmente aquéllos que se refieren al desarrollo del país, no presentan un carácter puramente militar y están, por tanto, en contradicción con el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio.

La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual se compromete a derogar la mencionada ley y ello se concretará a través de la revisión del Código del Trabajo que está en curso. La Comisión expresa nuevamente la firme esperanza de que, durante la revisión del Código del Trabajo, se adopten las medidas necesarias para modificar o derogar la Ley relativa al Establecimiento del Servicio Nacional Obligatorio, con el fin de ponerla de conformidad con el Convenio. Sírvase comunicar informaciones sobre todo progreso realizado a tal efecto.

2. Brigadas y campamentos de jóvenes. En sus comentarios anteriores, la Comisión señaló la indicación del Gobierno, según la cual desde 1991 cayó en desuso la Ley núm. 31-80, de 16 de diciembre de 1980, sobre la Orientación de la Juventud. Esta ley establecía que el partido y las organizaciones de masas debían crear progresivamente todas las condiciones para la formación de brigadas de jóvenes y la organización de campamentos juveniles (la naturaleza de los trabajos realizados, el número de personas afectadas, la duración y las condiciones de su participación, etc.).

La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual se compromete a derogar la mencionada ley y ello se concretará a través de la revisión del Código del Trabajo que está en curso. La Comisión expresa la firme esperanza de que, durante la revisión del Código del Trabajo, se adopten las medidas necesarias para derogar formalmente la Ley núm. 31-80, de 16 de diciembre de 1980, sobre la Orientación de la Juventud.

Artículo 2, párrafo 2, d). Movilización de personas para realizar trabajos de interés público que van más allá de los casos de fuerza mayor. Desde hace muchos años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la no conformidad de la ley núm. 24-60, de 11 de mayo de 1960, que permite movilizar a personas para realizar trabajos de interés público fuera de los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 2, párrafo 2, d), del Convenio; a las personas movilizadas que se nieguen a trabajar podrá imponérseles una pena de reclusión de un mes a un año.

La Comisión toma nota nuevamente de la indicación del Gobierno, según la cual esta ley cayó en desuso y puede considerarse como derogada, dado que el Código del Trabajo (artículo 4) y la Constitución (artículo 26), que prohíben el trabajo forzoso, derogan todas las disposiciones nacionales que estén en contradicción con los mismos. El Gobierno precisa que, para evitar toda ambigüedad jurídica, se publicará un texto que permita distinguir claramente los trabajos de interés público, que no han de confundirse con el trabajo forzoso prohibido por el Código del Trabajo y la Constitución. El Gobierno indica asimismo que ha dejado de existir la práctica que consiste en movilizar a las poblaciones para trabajos colectivos, en base a las disposiciones del artículo 35 de los estatutos del Partido Congolés del Trabajo (PCT). Las tareas de desmalezado, saneamiento, etc., son realizadas por asociaciones, por agentes del Estado y por colectividades locales con carácter voluntario y, por consiguiente, no obligatorio. Por otra parte, el carácter voluntario de los trabajos de interés colectivo será establecido en la revisión del Código del Trabajo, de modo tal que se armonice claramente la legislación nacional con las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota de estas informaciones y espera que se adopten medidas adecuadas para clarificar la situación, tanto en el derecho como en la práctica, especialmente mediante la adopción de un texto que permita distinguir los trabajos de interés público del trabajo forzoso.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Democrática del Congo

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1960)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, así como de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Congo (CSC) sobre la aplicación del Convenio, recibidas el 28 de agosto de 2014.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trabajo forzoso y esclavitud sexual en el marco del conflicto armado. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las informaciones formuladas por la CSC, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de los informes elaborados por algunos órganos de las Naciones Unidas que confirman la persistencia de graves violaciones de los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y diversos grupos armados en el marco del conflicto armado que hace estragos en la República Democrática del Congo. Esas informaciones se referían a actos de trata de mujeres y de niños con miras a su utilización como esclavos sexuales o a la imposición de trabajo forzoso para la explotación ilegal de los recursos naturales en numerosas zonas ricas en recursos naturales, principalmente en la provincia oriental, Kivus y Katanga del norte, a los secuestros de personas para obligarlas a tomar parte en actividades tales como trabajo doméstico, tala de árboles, extracción de oro y la producción agrícola en beneficio de grupos armados. La Comisión, señalando que aunque es consciente de la complejidad de la situación y de los esfuerzos realizados por el Gobierno para restablecer la paz y la seguridad, recordó que la inobservancia del Estado de derecho, el clima de impunidad y la dificultad para que las víctimas accedan a la justicia contribuyen a que continúen cometiéndose esas graves violaciones del Convenio.

La Comisión toma nota de que, en la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas en relación con la aplicación del Convenio, el representante gubernamental señaló que, con el apoyo de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), el ejército regular ha retomado los territorios que estaban bajo el control de grupos armados y el Gobierno ha entablado procedimientos judiciales y celebraron juicios que han tenido como consecuencia la imposición de condenas severas a los autores de esos crímenes. Además, reafirmó su voluntad de perseguir a los autores de las violaciones de derechos humanos y poner fin a la impunidad, subrayando que los hechos mencionados por la Comisión corresponden en su mayoría al pasado. El Gobierno ha desplegado, con el apoyo de la cooperación internacional, brigadas de policía especializadas, llamadas brigadas de proximidad, con el fin de restablecer la autoridad del Estado y asegurar de ese modo la protección de la población civil. Al tiempo de hacer referencia a la dificultad de la situación y a los esfuerzos desplegados por el Gobierno, numerosos oradores subrayaron la necesidad de intensificar los esfuerzos para luchar contra la impunidad y asegurar una protección adecuada a las víctimas de esas violaciones. Asimismo, se subrayó la necesidad de fortalecer la inspección del trabajo, en particular en las zonas de explotación minera.

La Comisión toma nota de que, en su comunicación de agosto de 2014, si bien reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno para luchar contra las violaciones masivas de los derechos humanos, la CSC confirma que el trabajo forzoso persiste y continúa siendo muy preocupante debido a que sigue aumentando. La CSC se refiere, a título de ejemplo, a los acontecimientos de julio de 2014 en Ituri (provincia oriental), donde un grupo armado secuestró mujeres y niños para someterlos a la explotación sexual y al trabajo forzoso en la extracción y acarreo de minerales. Esto, según la CSC, demuestra que las medidas destinadas a sancionar a los autores de esos actos no son rigurosas ni eficaces y la impunidad alienta el incremento de esas prácticas.

Además, la Comisión toma nota de los diversos informes procedentes, en particular, del Secretario General de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación en la República Democrática del Congo (documento A/HRC/27/42; documentos S/2014/697, S/2014/698 y S/2014/222). La Comisión observa que en estos últimos se reconocen los esfuerzos realizados por el Gobierno para perseguir penalmente a los autores de las violaciones de derechos humanos, incluidos los funcionarios del Estado. No obstante, persiste la preocupación por la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo y por los informes recurrentes que se refieren a los actos de violencia, incluida la violencia sexual, cometidos por grupos armados y por las fuerzas armadas nacionales, en particular en las provincias del Este de la República Democrática del Congo. El Consejo de Seguridad recordó a este respecto que no debe existir impunidad para las personas responsables de violaciones a los derechos humanos. Por su parte, el Alto Comisionado subraya que el mecanismo judicial hace frente a numerosos desafíos para investigar y perseguir las violaciones de los derechos humanos, y también constituyen un problema la falta de medios, de personal y de independencia de los tribunales militares, cuando existen.

La Comisión toma nota del conjunto de esas informaciones e insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para poner término a las violencias perpetradas contra civiles con objeto de someterlos al trabajo forzoso y a la explotación sexual. Considerando que la impunidad contribuye a la propagación de esas violaciones graves, la Comisión confía que el Gobierno siga luchando con determinación contra la impunidad y proporcione a las jurisdicciones civiles y militares los medios apropiados para asegurar que los autores de esas violaciones graves del Convenio sean llevados a la justicia y sean sancionados. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para proteger a las víctimas y permitir su reinserción.

Artículo 25. Sanciones penales. La Comisión recuerda que, además de las disposiciones del artículo 174c y 174e relativas a la prostitución forzosa y a la esclavitud sexual, el Código Penal no prevé sanciones penales para sancionar la imposición de trabajo forzoso. Además, las sanciones previstas por el Código del Trabajo al respecto, no revisten el carácter disuasorio requerido por el artículo 25 del Convenio (estableciendo el artículo 323 del Código del Trabajo una pena de encarcelamiento principal de hasta un máximo de seis meses y una multa, o sólo una de estas dos penas). La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno tomará las medidas necesarias para adoptar en los plazos más breves disposiciones legislativas adecuadas de manera que, de conformidad con el artículo 25 del Convenio, puedan aplicarse efectivamente sanciones penales eficaces y disuasorias a las personas que imponen trabajo forzoso.

Derogación de los textos que permiten imponer un trabajo con fines de desarrollo nacional, como medio de recaudación de impuestos, y a las personas en detención preventiva. Desde hace algunos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que derogue o modifique los textos legislativos y reglamentarios siguientes, que contravienen el Convenio:

–ley núm. 76-011, de 21 de mayo de 1976, relativa al esfuerzo de desarrollo nacional, y su decreto de aplicación, el decreto departamental núm. 00748/BCE/AGRI/76, de 11 de junio de 1976, sobre la ejecución de tareas cívicas en el marco del Programa nacional de producción de alimentos: estos textos, que se dirigen a aumentar la productividad en todos los sectores de la vida nacional, obligan so pena de sanción penal, a toda persona adulta y sin discapacidad que no se considere que aporta ya su contribución en el marco de su empleo, a realizar trabajos agrícolas y de desarrollo decididos por el Gobierno;

–la ordenanza núm. 71/087, de 14 de septiembre de 1971, sobre la contribución personal mínima, cuyos artículos 18 a 21 permiten que el jefe de la colectividad local o el burgomaestre determine la detención personal con la obligación de trabajar de los contribuyentes que no hayan cumplido con su contribución personal mínima;

–la ordenanza núm. 15/APAJ, de 20 de enero de 1938, relativa al régimen penitenciario en las cárceles de las circunscripciones indígenas, que permite imponer un trabajo a las personas en detención preventiva (no formando parte de esta ordenanza de la lista de los textos derogados por la ordenanza núm. 344, de 15 de septiembre de 1965, que rige el trabajo penitenciario).

La Comisión toma nota de que el representante gubernamental indicó a este respecto en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia que se ha presentado ante el Parlamento un proyecto de ley que deroga antiguos textos legislativos por lo que se autoriza el recurso al trabajo forzoso con fines de desarrollo nacional y que el texto será comunicado una vez que sea adoptado. La Comisión toma nota de que la CSC indica en ese sentido que el proyecto de ley mencionado no constituye una prioridad para el Parlamento. La Comisión confía en que el Gobierno podrá indicar en su próxima memoria que se han derogado formalmente los textos a los que se viene refiriendo desde hace muchos años y de los que el Gobierno indica que son obsoletos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Dominica

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 1, 1) y 2, 1), 2), a) y d), del Convenio. Obligaciones del servicio nacional. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que derogara o enmendara la Ley del Servicio Nacional de 1977, en virtud de la cual las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años están obligadas a cumplir el servicio nacional, que incluye la participación en proyectos de desarrollo y de autoasistencia, entre los que cabe mencionar el alojamiento, la construcción de escuelas, la construcción, la agricultura y la construcción de carreteras, siendo el no presentarse al servicio sancionable con multas o penas de prisión (artículo 35, 2)). La Comisión señaló que, contrariamente a la reiterada declaración del Gobierno de que el servicio nacional fue creado para hacer frente a las catástrofes nacionales, la ley no contiene ninguna referencia a las catástrofes naturales, sino que especifica los objetivos del servicio nacional, que consisten en «movilizar las energías del pueblo de Dominica para alcanzar el máximo nivel de eficacia, estructurar estas energías y orientarlas hacia la promoción del crecimiento y del desarrollo económico del Estado». La Comisión destacó que las mencionadas disposiciones no están de conformidad con el presente Convenio y con el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que prohíbe específicamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico».

El Gobierno indica en su memoria que el punto relativo a la enmienda a la legislación fue incluido en la Agenda del Trabajo Decente, y que se adoptarán las medidas necesarias para abordar las solicitudes en relación con el cumplimiento de los convenios, con la asistencia técnica de la OIT. Habiendo tomado nota de las indicaciones del Gobierno en sus memorias anteriores, según las cuales la Ley del Servicio Nacional, de 1977, ha sido omitida de las leyes revisadas de Dominica, de 1990, y el artículo 35, 2), de la ley no se ha aplicado en la práctica, la Comisión confía en que se adopten, en un futuro cercano, las medidas adecuadas para derogar formalmente la mencionada ley, con el fin de armonizar la legislación con los Convenios núms. 29 y 105, en que el Gobierno comunique, en su próxima memoria, información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Egipto

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1955)

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Utilización de conscriptos para fines no militares. Durante algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose al artículo 1 de la ley núm. 76, de 1973, en su forma enmendada por la Ley núm. 98, de 1975, sobre el Servicio General (cívico), según el cual los jóvenes (de sexo masculino y femenino) que hayan completado sus estudios y que sean excedentes de su clase para los requerimientos de las fuerzas armadas, pueden ser enviados a trabajar en actividades tales como el desarrollo de sociedades rurales y urbanas, cooperativas agrícolas y de consumidores, y en unidades de producción de fábricas. La Comisión consideró que estas disposiciones son incompatibles, tanto con el presente Convenio como con el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que prevé la abolición de toda forma de trabajo obligatorio como medio de movilización y de utilización de mano de obra con fines de desarrollo económico. En este sentido, el Gobierno indicó con anterioridad que se había presentado a la Comisión de Revisión Legislativa, del Ministerio de Solidaridad Social una propuesta de enmienda de la ley relativa al servicio general (cívico), con el fin de que se prevea la naturaleza voluntaria del servicio.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual se retrasó la promulgación de la mencionada enmienda, debido a la ausencia de la autoridad legislativa en el país. La Comisión alienta firmemente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para enmendar la ley núm. 76, de 1973, a efectos de garantizar que la participación de los jóvenes en el servicio general (cívico) sea voluntaria, de conformidad con los Convenios núms. 29 y 105. Pendiente de la revisión, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de la mencionada legislación en la práctica, incluida la información sobre el número de personas que han presentado una solicitud de exención de tal servicio, sobre el número de aquellas cuyas solicitudes han sido denegadas y sobre toda sanción impuesta en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1958)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones que conllevan la obligación de trabajar como castigo por la expresión de opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Durante algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose a algunas disposiciones que prevén sanciones penales que conllevan un trabajo penitenciario obligatorio (en virtud de los artículos 16 y 20 del Código Penal) en situaciones abarcadas por el artículo 1, a), del Convenio y que, por consiguiente, son incompatibles con el Convenio, a saber:

–el artículo 178, 3), del Código Penal, en su forma enmendada por la ley núm. 536, de 12 de noviembre de 1953, y la ley núm. 93, de 28 de mayo de 1995, sobre la producción o la posesión con miras a la distribución, venta, etc. de cualquier imagen que pueda perjudicar la reputación del país por ser contraria a la verdad, dando una descripción inexacta y destacando aspectos que no son adecuados;

–el artículo 80, d), del Código Penal, en su forma enmendada por la ley núm. 112, de 19 de mayo de 1957, en la medida en que se aplique a la difusión intencionada en el extranjero por un egipcio de rumores tendenciosos o de una información relacionada con la situación interna del país con el fin de menoscabar la elevada reputación o estima del Estado, o el ejercicio de cualquier actividad que pueda ocasionar un perjuicio al interés nacional;

–el artículo 98, a) bis y d), del Código Penal, en su forma enmendada por la ley núm. 34, de 24 de mayo de 1970, que prohíbe lo siguiente: la apología, por cualquier medio que sea, de la oposición a los principios fundamentales del régimen socialista del Estado; el estímulo de la aversión o el desprecio de esos principios; el impulso de llamamiento contra la unión de fuerzas obreras del pueblo; la constitución o participación en cualquier asociación o grupo que persiga cualquiera de los objetivos mencionados o que reciba una ayuda material para la prosecución de tales objetivos;

–los artículos 98, b) y b) bis, y 174 del Código Penal sobre la apología de ciertas doctrinas;

–el artículo 102 bis del Código Penal, en su forma enmendada por la ley núm. 34, de 24 de mayo de 1970, sobre la difusión o posesión mediante la propagación de noticias o de informaciones, de rumores falsos o tendenciosos o de propaganda revolucionaria que pueda perjudicar la seguridad pública, sembrar el pánico entre la gente u ocasionar un perjuicio al interés público;

–el artículo 188 del Código Penal sobre la difusión de noticias falsas, etc., que pueda perjudicar el interés público, y

–la Ley sobre Reuniones Públicas, núm. 14, de 1923, y la Ley sobre Reuniones, núm. 10, de 1914, que confieren poderes generales para prohibir o disolver reuniones, incluso en lugares privados.

La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su declaración, según la cual, respecto del artículo 98, a) bis y d), del Código Penal, sólo son aplicables penas de prisión que conllevan un trabajo obligatorio en el caso de establecimiento o participación en asociaciones u organizaciones que estén en oposición a los principios fundamentales del régimen socialista del Estado, y no en el caso de la expresión pacífica de opiniones políticas opuestas al régimen político establecido. En lo que atañe a los artículos 98, b) y b) bis, y 174, el Gobierno indica reiteradamente que las penas de prisión de hasta cinco años sólo son aplicables contra la apología de ciertas doctrinas dirigidas a cambiar los principios fundamentales de la Constitución o el orden social, mediante el uso de la fuerza o de otros medios ilícitos. Por último, en lo que respecta a la ley sobre reuniones públicas, de 1923, el Gobierno declara que sus disposiciones se dirigen a salvaguardar la seguridad pública y a impedir los delitos que pudieran derivarse de las reuniones públicas. En consecuencia, sólo son punibles, en virtud de la ley de 1923, los actos que van más allá de la expresión pacífica de opiniones. La Comisión también toma nota de la reiterada indicación del Gobierno, según la cual la sanción de trabajos forzosos fue abolida del Código Penal, en virtud de la ley núm. 126, de 2008.

En este sentido, la Comisión señala una vez más a la atención del Gobierno el hecho de que el ámbito de aplicación del Convenio no se limita a penas de «trabajo forzoso» o de otras formas de trabajo especialmente penosas, en oposición al trabajo penitenciario ordinario. El Convenio prohíbe no hacer uso de «ninguna forma» de trabajo forzoso u obligatorio como sanción, como medio de coerción, de educación o de disciplina, o como castigo respecto de las personas que se encuentran en el ámbito del artículo 1, a), c) y d).

La Comisión también destaca que las sanciones que conllevan un trabajo obligatorio, incluido el trabajo penitenciario obligatorio, son incompatibles con el artículo 1, a), mediante el cual se ejecuta una prohibición de la expresión pacífica de opiniones no violentas o de oposición al orden político, social o económico establecido. En consecuencia, la gama de actividades que deben ser protegidas de un castigo que conlleve un trabajo forzoso u obligatorio, con arreglo a esta disposición, comprenden la libertad de expresión de opiniones políticas o ideológicas, así como otros derechos generalmente reconocidos, como el derecho de asociación y de asamblea, a través del cual los ciudadanos buscan de manera pacífica asegurar la difusión y la aceptación de sus opiniones y pueden también verse afectados por medidas de coacción política.

En relación con esto, la Comisión toma nota de la breve indicación del Gobierno, según la cual la aplicación en la práctica de las mencionadas disposiciones no viola el Convenio. El Gobierno también declara que está comprometido a aplicar las disposiciones de la legislación que garantizan la libertad de expresión. Sin embargo, la Comisión observa que las mencionadas disposiciones no se limitan a los actos de violencia o de incitación a la violencia, sino que se aplican a actos tales como el fomento, por cualquier medio, de la oposición a los principios fundamentales del régimen socialista del Estado, alentando a que se menoscaben principios tales como la libertad de expresión y de reunión.

A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de los comentarios que ha venido dirigiendo al Gobierno sobre este punto, se promulgó, en noviembre de 2013, una nueva ley sobre las protestas, por la cual se da a las autoridades de seguridad locales amplios poderes para prohibir manifestaciones públicas, y prevé sanciones excesivas, incluidas penas de prisión, que han de imponerse a aquellos que incumplieran sus disposiciones. La Comisión también toma nota de que, tras la adopción de la ley de 2013, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su profunda preocupación acerca de las restricciones cada vez más severas y de los ataques físicos, tanto a los medios de comunicación como a activistas de la sociedad civil en Egipto, incluido el acoso, la detención y el procesamiento de periodistas nacionales e internacionales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas destacó que «las acusaciones dirigidas contra los periodistas, que incluyen el daño a la unidad nacional y a la paz social y la difusión de informes falsos, y la pertenencia a una «organización terrorista», son mucho más amplias y vagas, y, en consecuencia, refuerzan la creencia de que el verdadero objetivo es la libertad de expresión». Según la Alta Comisionada, desde su promulgación, en noviembre de 2013, la nueva ley sobre las protestas «ha sido utilizada para detener o condenar a decenas de manifestantes, incluidos los activistas políticos» (OACDH, ONU, comunicado de prensa, 23 de junio de 2014).

La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que no se impongan penas de prisión que conlleven un trabajo obligatorio a las personas, que sin recurrir a la violencia, expresen opiniones políticas o puntos de vista opuestos al orden político, social o económico establecido. La Comisión confía en que se adopten las medidas necesarias para armonizar las mencionadas disposiciones del Código Penal, de la Ley sobre Reuniones Públicas, núm. 14, de 1923, de la Ley sobre Reuniones, núm. 10, de 1914, y de la Ley sobre las Protestas, de 2013, con el Convenio, y solicita al Gobierno que comunique información acerca de todo progreso realizado a este respecto.

Artículo 1, b). Utilización de conscriptos con fines de fomento económico. La Comisión se remite en este sentido a su observación dirigida al Gobierno en relación con el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29).

Artículo 1, d). Sanciones penales que conllevan la obligación de trabajar como castigo por haber participado en huelgas. Durante muchos años, la Comisión ha venido refiriéndose a los artículos 124, 124A y C, y 374 del Código Penal, en virtud de los cuales las huelgas de todo empleado público pueden castigarse con penas de prisión de hasta un año (con la posibilidad de duplicar el período de prisión), que pueden conllevar un trabajo obligatorio, en virtud del artículo 20 del Código Penal

La Comisión toma nota de que, en 2010, el Gobierno indicó que los artículos 124, 124A y C y 374 se aplican a los casos en los que la interrupción de los servicios ponga en peligro la salud o la seguridad de las personas, como ocurriría si los médicos de los hospitales públicos se abstuvieran de asistir a un paciente. El Gobierno también declaró que el Tribunal de Casación dictó sentencias en este sentido, incluida una decisión que condenó a una enfermera por incitar a sus colegas en un hospital público a suspender el trabajo y por los daños ocasionados por la asamblea de los trabajadores.

En este sentido, la Comisión recuerda que el artículo 1, d), del Convenio, prohíbe la utilización de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo penitenciario obligatorio, como castigo por haber participado pacíficamente en una huelga. En relación con el párrafo 315 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que, en todos los casos, las sanciones impuestas deberían ser proporcionales a la gravedad del delito o la falta que se cometió, y las autoridades deberían excluir el recurso a medidas de encarcelamiento por el simple hecho de organizar o participar en una huelga. Por consiguiente, la Comisión confía en que se adopten finalmente las medidas necesarias para derogar o enmendar las mencionadas disposiciones del Código Penal y solicita al Gobierno que comunique información acerca de los progresos realizados a este respecto. Pendiente de la adopción de esas medidas, la Comisión solicita al Gobierno que transmita copias de las decisiones de los tribunales que se hubiesen pronunciado en virtud de los mencionados artículos del Código Penal, incluidos los fallos dictados por el Tribunal de Casación a los que hizo referencia el Gobierno.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Eritrea

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 2000)

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. Servicio nacional obligatorio. Durante algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose al artículo 3, 17), de la proclamación del trabajo de Eritrea (núm. 118/2001), en virtud de la cual la expresión «trabajo forzoso», no incluye el servicio nacional obligatorio. La Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 25, 3), de la Constitución, los ciudadanos deben completar sus funciones en el servicio nacional. También tomó nota de que, si bien se estipuló originariamente la obligación de realizar un servicio nacional obligatorio en dieciocho meses (de conformidad con la proclamación sobre el servicio nacional, núm. 82, de 1995), la conscripción de todos los ciudadanos de edades comprendidas entre los 18 y los 40 años por un período indefinido, quedó institucionalizada con la introducción de la «Campaña de Desarrollo Warsai Yakaalo», adoptada por la Asamblea Nacional en 2002. En relación con esto, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual la obligación de realizar un servicio nacional obligatorio es parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos y, en consecuencia, se sitúa dentro del campo de aplicación de las excepciones previstas en el Convenio, en particular: el trabajo o el servicio exigido en virtud de leyes relativas al servicio militar obligatorio y el trabajo o el servicio exigido en casos de emergencia.

Con respecto a la vinculación entre el servicio nacional y el trabajo exigido en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual todo trabajo o servicio exigido en virtud del artículo 5 de la proclamación sobre el servicio nacional, de 1995, constituye un trabajo de carácter puramente militar. Sin embargo, el Gobierno declara que los reclutas también pueden realizar otras tareas, como participar en la construcción de carreteras y puentes. Según el Gobierno, los miembros del servicio nacional fueron ocupados en muchos programas, sobre todo en la reforestación, la conservación del suelo y el agua, la reconstrucción y las actividades dirigidas a mejorar la seguridad alimentaria. La Comisión toma nota asimismo de que, según el mencionado artículo 5, los objetivos del servicio nacional incluyen, entre otras cosas, la creación de una nueva generación, caracterizada por el amor al trabajo, la disciplina, la disposición para el servicio y la participación en la reconstrucción de la nación; y el desarrollo y fortalecimiento de la economía mediante «la inversión en el desarrollo del trabajo de los pueblos como riqueza potencial».

En relación con esto, la Comisión toma nota de la declaración que figura en el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, de mayo de 2014, según la cual el servicio nacional abarca todas las áreas de la vida civil y es, por tanto, mucho más amplio que el servicio militar. La Relatora Especial de las Naciones Unidas destaca que el servicio nacional no es de naturaleza voluntaria, es de duración indefinida, y equivale al trabajo forzoso. Según la Relatora Especial, la policía militar realiza redadas periódicas en las casas, en los lugares de trabajo, en los lugares públicos y en las calles, en busca de desertores y prófugos, así como el reclutamiento de las personas consideradas aptas para el servicio (documento A/HRC/26/45, párrafos 34, 38, 71 y 73).

La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio, el servicio militar obligatorio está excluido del campo de aplicación del Convenio, sólo cuando los reclutas son asignados a un trabajo de carácter puramente militar. Esta situación, que se dirige específicamente a impedir el reclutamiento de conscriptos para obras públicas, tiene su corolario en el artículo 1, b), del Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), que prohíbe hacer uso del trabajo forzoso u obligatorio «como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico». En consecuencia, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que el trabajo exigido a los reclutas como parte del servicio nacional, que incluye el trabajo relacionado con el desarrollo nacional, no es puramente militar en su naturaleza. La Comisión también recuerda que, en circunstancias específicas, como ocurre en los casos de emergencia, los conscriptos pueden ser llamados a realizar actividades no militares. Sin embargo, a efectos de respetar los límites de la excepción contenida en el artículo 2, párrafo 2), d), del Convenio, la facultad de llamar a filas para trabajar debería limitarse a casos genuinos de emergencia o de fuerza mayor, esto es, un repentino e imprevisto acontecimiento que requiera contar con contramedidas inmediatas. Además, la duración y la extensión del servicio obligatorio, así como la finalidad para la cual se hace uso del mismo, deberían limitarse a lo que requieran estrictamente las exigencias de la situación.

Al tiempo que toma nota de la información comunicada por el Gobierno, así como de su descripción de la situación de hecho en el país, a la que se refiere como una situación de «amenaza de guerra y hambre», la Comisión destaca que la práctica sistemática y a gran escala de imponer un trabajo obligatorio a la población por un período de tiempo indefinido, en el marco del programa del servicio nacional, va mucho más allá de las excepciones previstas en el Convenio. Las obligaciones ampliadas impuestas a la población — así como la falta de libertad de los conscriptos para dejar el servicio nacional, como expone el Gobierno — son incompatibles con los Convenios núms. 29 y 105, que prohíben hacer uso del trabajo forzoso u obligatorio como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico. Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para enmendar o derogar la proclamación sobre el servicio nacional, núm. 82, de 1995, y la «Campaña de Desarrollo Warsai Yakaalo», de 2002, a efectos de eliminar la base legislativa para la exigencia de un trabajo obligatorio, en el contexto del servicio nacional, y de poner estos textos en conformidad con los Convenios núms. 29 y 105. Pendiente de la adopción de esas medidas, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas concretas con miras a limitar la exigencia de trabajos o servicios obligatorios a la población a los casos genuinos de emergencia o fuerza mayor, y que garantice que la duración y la extensión de esos trabajos o servicios obligatorios, así como la finalidad para la cual se hizo uso de los mismos, se limiten a lo requerido estrictamente por las exigencias de la situación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 104.ª reunión de la Conferencia y a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 2000)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que implican un trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por mantener oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 26 de la Constitución de Eritrea, algunos derechos y libertades fundamentales garantizados por la Constitución, pueden limitarse en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del bienestar económico del país, de cara a la prevención de las alteraciones del orden público, etc. También tomó nota de que, en virtud de algunas disposiciones de la proclamación sobre la prensa (núm. 90/1996), las violaciones de las restricciones a la impresión y publicación (esto es, la impresión o reimpresión de un periódico de Eritrea o una publicación que no cuente con un permiso; la impresión o la difusión de un periódico extranjero o una publicación cuyo ingreso a Eritrea haya sido prohibido; la publicación de noticias inexactas o de una información que perturbe la paz general — artículo 15, 3), 4) y 10)), se castigan con penas de prisión, que implican una obligación de trabajar, en virtud del artículo 110 del Código Penal de Transición de 1991.

A este respecto, la Comisión toma nota de la reiterada declaración del Gobierno, según la cual no se impusieron, hasta el momento, restricciones a los derechos y libertades fundamentales. También toma nota de la información comunicada por el Gobierno respecto de las disposiciones legislativas que garantizan, por ejemplo, la libertad de reunión y de religión, así como el derecho a un juicio imparcial.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en su informe de mayo de 2014, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, declara que las violaciones de los derechos humanos, como las infracciones a la libertad de expresión y de opinión, de reunión, de asociación y de creencia religiosa, siguen sin disminuir. La Relatora Especial destaca, por ejemplo, que más de 50 personas fueron arrestadas y detenidas arbitrariamente después de un intento de golpe de Estado, en enero de 2013, y que esas personas siguen estando incomunicadas. También resalta que, hasta la fecha, el Gobierno no ha comunicado ninguna información respecto de la situación de los 11 notables políticos y de diez periodistas independientes que fueron detenidos por oponerse públicamente a la política del Presidente, en 2001 (documento A/HRC/26/45, párrafos 20-22).

En relación con el párrafo 302 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda que el artículo 1, a), del Convenio, prohíbe hacer uso del trabajo forzoso u obligatorio «como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido». En consecuencia, la gama de actividades que deben ser protegidas de un castigo que implique un trabajo forzoso u obligatorio en virtud de esta disposición, comprenden la libertad de expresión de opiniones políticas o ideológicas, así como otros derechos reconocidos en general, como el derecho de asociación y de reunión, a través de los cuales los ciudadanos apuntan a asegurar la difusión y la aceptación de sus opiniones y pueden también verse afectados por medidas de coerción política. A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que no se impongan penas de prisión que impliquen un trabajo obligatorio a las personas que, sin haber recurrido a la violencia, expresen opiniones o puntos de vista políticos opuestos al orden político, social o económico establecido. La Comisión también expresa la firme esperanza de que se adopten medidas, en el contexto del actual proceso de revisión legislativa, para armonizar las disposiciones anteriores de la proclamación sobre la prensa (núm. 90/1996) con el Convenio. Sírvase comunicar información acerca de los progresos realizados en este sentido.

Artículo 1, b). Servicio nacional obligatorio con fines de fomento económico. La Comisión se remite a sus comentarios relativos al servicio nacional obligatorio, dirigidos al Gobierno en virtud del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), asimismo ratificado por Eritrea, en el que destacó que el sistemático y extendido reclutamiento de la población para realizar trabajos obligatorios por un período de tiempo indefinido, en el marco del programa del servicio nacional, es incompatible con los Convenios núms. 29 y 105, que prohíben hacer uso de trabajo forzoso u obligatorio como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para eliminar, tanto en la ley como en la práctica, toda posibilidad de hacer uso del trabajo obligatorio en el contexto del servicio nacional, como método de movilización de la mano de obra con fines de fomento económico.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Fiji

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1974)

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones de prisión que implican un trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud de las disposiciones del decreto sobre delitos núm. 44, de 2009, pueden imponerse sanciones de prisión (que implican un trabajo obligatorio en virtud del artículo 43, 1), de la Ley Penitenciaria y Correccional, de 2006) en situaciones abarcadas por el artículo 1, a), del Convenio y, por consiguiente, son incompatibles con el Convenio:

–el artículo 65, 2), prevé sanciones de reclusión por: a) formular alguna declaración o difundir algún informe, mediante cualquier tipo de comunicación, incluida la comunicación electrónica, o mediante signos o representaciones visibles por parte de la persona para ser leídos u oídos, que puedan: i) incitar a la aversión o al odio o al antagonismo de cualquier comunidad; o ii) promover sentimientos de hostilidad, o de animadversión entre las diferentes comunidades, grupos religiosos o clases de la comunidad; o iii) de otra manera ocasionar un perjuicio a la paz pública, creándose sentimientos de antagonismo comunitario; o b) formular una declaración intimidatoria o amenazante en relación con una comunidad o grupo religioso diferente del de la propia persona que pueda suscitar temor, alarma o inseguridad entre los miembros de esa comunidad o un grupo religioso;

–el artículo 67, b), c) y d), prevé sanciones de reclusión para toda persona que pronuncie cualquier palabra sediciosa; imprima, publique, venda, ofrezca para la venta, distribuya o reproduzca cualquier publicación sediciosa; o importe cualquier publicación sediciosa.

La Comisión recordó que las sanciones que implican un trabajo obligatorio son incompatibles con el Convenio, cuando ejecutan una prohibición de expresión pacífica de opiniones no violentas o de oposición al orden político, social o económico establecido. En consecuencia, solicitó al Gobierno que adoptara medidas para revisar las mencionadas disposiciones, a efectos de armonizarlas con el Convenio.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los artículos 65, 2) y 67, a), b) y c) del decreto sobre los delitos, que se dirigen a proteger la paz de todas las personas y comunidades en Fiji, especialmente respecto de las tensiones étnicas que culminaron en golpes de Estado, en 1987 y 2000. El Gobierno también declara que nunca se acusó a personas o a grupos de personas en virtud de las mencionadas disposiciones.

La Comisión observa que el decreto de orden público (enmienda) núm. 1, de 2012, modifica algunas disposiciones de la Ley sobre Orden Público (POA), de 1969, con el fin de fortalecer las sanciones de reclusión aplicables a las siguientes circunstancias:

–el artículo 10, que enmienda el artículo 14, b), de la POA, eleva de tres meses a tres años la sanción de reclusión por: a) utilizar palabras amenazantes, abusivas o insultantes; o comportarse con intenciones de quebrantar la paz en cualquier lugar público o en cualquier reunión; o b) haber dado, un agente de policía, una instrucción para dispersarse o para impedir la obstrucción, o con el fin de mantener el orden en un lugar público, sin una excusa legal, contraviene o desobedece tal instrucción;

–el artículo 13, que enmienda el artículo 17 de la POA, establece un nuevo elemento constitutivo de delito en el marco del delito de «incitación al antagonismo racial» (difusión de un informe o formulación de una declaración que pueda socavar o sabotear o intentar socavar o sabotear la integridad económica o financiera de Fiji, artículo 17, 1), a), v)), y eleva de uno a diez años la sanción de reclusión aplicable a toda persona que viole el artículo 17 y sus apartados.

La Comisión observa que las disposiciones del decreto sobre los delitos y del decreto de orden público (enmienda) a que se hizo antes referencia, están formuladas en términos tan generales que pueden dar lugar a la imposición de sanciones que impliquen un trabajo obligatorio como castigo por la expresión pacífica de opiniones o de oposición al orden político, social o económico establecido, y que tales sanciones son incompatibles con el Convenio. Por consiguiente, la Comisión expresa la firme esperanza de que se adopten medidas adecuadas con miras a enmendar las mencionadas disposiciones, ya sea derogándolas, limitando su campo de aplicación a los actos de violencia o de incitación a la violencia, ya sea sustituyendo las sanciones que implican un trabajo obligatorio por otros tipos de sanciones (por ejemplo, multas), a efectos de garantizar que no pueda imponerse ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio (incluido el trabajo penitenciario obligatorio), a las personas que, sin hacer uso de la violencia o propugnar la misma, expresen determinadas opiniones políticas u oposición al orden político, social o económico establecido.

Artículo 1, d). Sanciones penales que implican un trabajo obligatorio por haber participado en huelgas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud de los artículos 250 y 256, a), del decreto sobre relaciones laborales núm. 36, de 2007 (ERP), la organización y la participación en huelgas ilegales se castigará con sanciones de reclusión por un período de hasta dos años (que implican un trabajo penitenciario obligatorio). La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual, aunque el ERP está en proceso de revisión, no se presentó ninguna propuesta de enmienda del artículo 250. La Comisión toma nota de la breve indicación del Gobierno, según la cual se completó la revisión del ERP y, desde la adopción del decreto en 2007, no se presentó ante el Tribunal de Relaciones Laborales ninguna acusación de huelga ilegal, en virtud del artículo 250.

La Comisión toma nota asimismo de que, en virtud del artículo 27 del decreto sobre industrias nacionales esenciales (empleo), de 29 de julio de 2011, las huelgas en los servicios esenciales se castigan con sanciones de reclusión de hasta cinco años. En relación con el párrafo 315 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda que las autoridades no deberían recurrir a medidas de reclusión contra las personas que organizan o participan pacíficamente en una huelga. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para derogar o enmendar las mencionadas disposiciones del decreto sobre relaciones laborales núm. 36, de 2007, y del decreto sobre industrias nacionales esenciales (empleo), de 2011, con el fin de garantizar que las personas que organizan o participan pacíficamente en una huelga no sean castigadas con penas de reclusión que impliquen una obligación de trabajar. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guyana

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1966)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1, párrafo 1, artículo 2, párrafo 1, y artículo 25 del Convenio. La Comisión tomó nota de la adopción de la Ley para Combatir la Trata de Personas, de 2005, así como del comentario del Gobierno en su memoria respecto a que se ha formado a 300 voluntarios para identificar casos de trata. La Comisión agradecería al Gobierno que proporcione información sobre los siguientes puntos:

–las actividades del grupo de trabajo para desarrollar y aplicar un plan nacional para la prevención de la trata de personas, al que se hace referencia en el artículo 30 de la ley antes mencionada, y que proporcione copias de todos los informes, estudios y encuestas pertinentes, así como una copia del plan nacional;

–los datos estadísticos sobre la trata que recoja y publique el Ministerio del Interior en virtud del artículo 31 de la ley;

–los procedimientos legales que se hayan incoado en aplicación del artículo 3, 1), de la ley de 2005 y que comunique copias de las decisiones pertinentes de los tribunales e indique las sanciones impuestas. Asimismo, le solicita información sobre las medidas adoptadas para garantizar que esta disposición se aplica estrictamente a los que cometan este tipo de delitos, tal como establece el artículo 25 del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malasia

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1957)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la discusión detallada que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2014, sobre la aplicación del Convenio por Malasia. La Comisión lamenta tomar nota de que no se recibió la memoria del Gobierno.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. 1. Situación vulnerable de los trabajadores migrantes respecto de la imposición de trabajo forzoso, incluida la trata de personas. La Comisión tomó nota con anterioridad de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), en 2011, según las cuales algunos trabajadores que ingresan voluntariamente en Malasia en busca de oportunidades económicas, se encontraron posteriormente con un trabajo forzoso en manos de empleadores o de contratistas de mano de obra informal. Estos trabajadores migrantes están empleados en plantaciones y en obras de construcción, en fábricas textiles y como trabajadores domésticos, y sufren restricciones de movimiento, engaños y fraudes en los salarios, confiscación de pasaportes y servidumbre por deudas. Los trabajadores domésticos hacen frente a situaciones difíciles, incluso al impago de tres a seis meses de salarios. La CSI afirma que no se han iniciado acciones penales a los empleadores o a los reclutadores de trabajadores que someten a éstos a condiciones de trabajo forzoso. La Comisión también tomó nota de la información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según la cual, a partir de 2009, había en Malasia aproximadamente 2,1 millones de trabajadores migrantes, estando los trabajadores migrantes en el país sujetos al impago de los salarios, a la retención de pasaportes, a una pesada carga de trabajo y a confinamiento o aislamiento.

La Comisión tomó nota de que, en junio de 2013, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia instó al Gobierno a que adoptara medidas inmediatas y efectivas para garantizar que se procesara a los autores de trata y que se impusieran sanciones suficientemente efectivas y disuasorias, así como que garantizara que las víctimas no fuesen tratadas como delincuentes y se encontraran en condiciones de recurrir a las autoridades judiciales competentes para obtener su resarcimiento, en los casos de abuso y de explotación. La Comisión de la Conferencia también alentó al Gobierno a que siguiera negociando y aplicando acuerdos bilaterales con los países de origen, de modo que se protegiera a los trabajadores migrantes de prácticas abusivas y de condiciones que supusieran la imposición de trabajo forzoso.

La Comisión también tomó nota de que, en sus observaciones presentadas en agosto de 2013, la CSI declaró que se deterioró más la situación y el trato de los trabajadores migrantes en el país, exponiéndose a más trabajadores migrantes a abusos y a trabajo forzoso. La CSI indicó que el Gobierno no adoptó ninguna medida para controlar el engaño a los trabajadores migrantes, a través de la utilización de documentación falsa o de sustitución de contratos a su llegada. Además, la CSI destacó que, a pesar de la protección legislativa, los trabajadores migrantes cumplen a menudo largas jornadas de trabajo y están sujetos a remuneraciones reducidas o a retrasos en el pago de los salarios. Se calcula que el 90 por ciento de los empleadores retienen los pasaportes de los trabajadores migrantes y éstos temen a menudo denunciar dicho abuso o incluso solicitar información sobre sus derechos laborales. Los trabajadores migrantes que dejan su empleo, debido a abusos del empleador, se convierten de hecho en trabajadores indocumentados, sujetos a deportación. La CSI también declaró que el Gobierno continúa persiguiendo penalmente a los trabajadores migrantes indocumentados, al detectar 500 000 casos de trabajadores migrantes que pueden ser objeto de deportación, sin investigar adecuadamente su situación como víctimas potenciales de trabajo forzoso. La CSI instó al Gobierno a suprimir el sistema de contratación externa, y a incluir a los trabajadores domésticos en el ámbito de la Ley del Empleo (normas mínimas).

A este respecto, la Comisión tomó nota de la información comunicada por el Gobierno, en su memoria de 2013, sobre algunas medidas adoptadas para proteger a los trabajadores migrantes, incluso a través del establecimiento de un equipo especial encargado de hacer cumplir la ley compuesto de 43 funcionarios, con el fin de mejorar las actividades de aplicación encaminadas a combatir los asuntos relativos al trabajo forzoso. Sin embargo, la Comisión tomó nota con preocupación de que esas medidas no habían arrojado resultados tangibles respecto de la detección o del castigo de prácticas de trabajo forzoso. Instó al Gobierno a que adoptara medidas para proteger a los trabajadores migrantes de prácticas y condiciones abusivas equivalentes a la imposición de trabajo forzoso, y a que asegurara que las víctimas de tales abusos pudiesen ejercer sus derechos para poner fin a las violaciones y obtener una reparación.

La Comisión toma nota de que, durante la discusión sobre la aplicación del Convenio en la Comisión de Aplicación de Normas, en junio de 2014, el Gobierno indicó que está llevando a cabo una campaña de sensibilización en todo el país, respecto de la orden sobre salarios mínimos, de 2012, a efectos de prevenir la explotación laboral de los migrantes. Además, con el fin de regular la contratación de trabajadores migrantes, el Gobierno indicó que suscribió Memorandos de Entendimiento (MOU) con ocho países de origen (Bangladesh, China, India, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam), así como un MOU separado sobre la contratación y la colocación de trabajadores domésticos con el Gobierno de Indonesia. El Gobierno también indicó que están en negociación acuerdos de cooperación con otros cuatro países. Al tiempo que toma debida nota de esta información, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que siga adoptando medidas para garantizar que los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos migrantes, estén plenamente protegidos de prácticas y condiciones abusivas que supongan un trabajo forzoso, y pide al Gobierno que comunique información a este respecto. Recordando el papel central de la inspección del trabajo en combatir el trabajo forzoso, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos a través del establecimiento del equipo especial encargado de hacer la ley, así como sobre toda dificultad encontrada por el equipo y otros agentes del orden en la identificación de las víctimas de trabajo forzoso, incluida la trata de personas, y en el inicio de acciones legales. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación de acuerdos bilaterales con los países de origen, así como cualquier otra medida de cooperación emprendida en ese sentido, y los resultados concretos obtenidos.

2. Trata de personas. La Comisión tomó nota con anterioridad de la declaración de la CSI, en sus observaciones presentadas en 2011, de que Malasia es un país de destino, y en menor medida, un país de origen y tránsito para la trata de hombres, mujeres y niños, especialmente para la prostitución forzosa y el trabajo forzoso. La CSI también alegó que los procesamientos por trata para trabajos forzosos no son frecuentes. La Comisión también tomó nota del lanzamiento del Plan Nacional de Acción sobre la Trata de Personas (2010-2015), así como de la información del Gobierno sobre el número de enjuiciamientos y condenas en relación con la trata, aunque no sobre las sanciones específicas aplicadas a los autores. La Comisión tomó nota de que en el contexto de las discusiones que tuvieron lugar en la Conferencia, en junio de 2013, algunos oradores expresaron su preocupación por la magnitud de la trata de personas en el país, así como de la ausencia de información sobre las sanciones específicas impuestas a las personas condenadas en virtud de la Ley contra la Trata de Personas. En consecuencia, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que intensificara sus esfuerzos para combatir la trata de personas y a que fortaleciera la capacidad de las autoridades públicas pertinentes a este respecto.

La Comisión toma nota de que, durante la discusión sobre la aplicación del Convenio en la Comisión de Aplicación de Normas, en junio de 2014, el Gobierno reafirmó su compromiso de abordar la trata de personas y comunicó información sobre las diversas medidas adoptadas a tal fin, incluidas las medidas orientadas a reforzar la capacidad del personal encargado de hacer cumplir la ley y las iniciativas de sensibilización, así como las medidas dirigidas a mejorar la protección de las víctimas de trata. El Gobierno indicó que se llevó a los tribunales un total de 128 casos, en virtud de la Ley contra la Trata de Personas, en 2013, lo cual se tradujo en cinco condenas, seis absoluciones, tres casos respecto de los cuales se abandonaron las actuaciones y un total de 650 víctimas rescatadas. En el momento de la Conferencia, se encontraban aún 114 pendientes de decisión judicial. Además, el Gobierno indicó que las sanciones de prisión impuestas en estos casos, serían un factor disuasorio para los futuros autores de trata de personas.

La Comisión toma nota asimismo de que, si bien los miembros de la Comisión de la Conferencia reconocieron que el Gobierno adoptó varias medidas, los delegados subrayaron que son necesarias más medidas para desarrollar y aplicar acciones efectivas que sean proporcionales a la magnitud del fenómeno de la trata. A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para impedir, suprimir y combatir la trata de personas, y a que adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las personas que se dedican a la trata y a delitos vinculados, estén sujetas a investigaciones exhaustivas y a enjuiciamientos rigurosos. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el número de condenas y de sanciones específicas aplicadas. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre los resultados concretos obtenidos a través de la aplicación del Plan Nacional de Acción sobre la Trata de Personas (2010-2015), tanto respecto de la prevención y de la represión de la trata como de la protección y rehabilitación de las víctimas.

La Comisión toma nota de que, tanto los miembros trabajadores como los miembros empleadores en la Comisión de la Conferencia, en junio de 2014, solicitaron una vez más al Gobierno que aceptara una misión de asistencia técnica de la OIT para garantizar la plena y efectiva aplicación del Convenio. A la luz de esas consideraciones, la Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno considerará seriamente la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT, en un futuro muy próximo, con el fin de ayudarle a proseguir sus esfuerzos orientados a asegurar la efectiva aplicación del Convenio, a efectos de proteger a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, de prácticas abusivas que puedan suponer un trabajo forzoso.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malawi

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1999)

Artículos 1, 1), y 2, 1), del Convenio. 1. Trabajo en régimen de servidumbre. En sus comentarios anteriores, la Comisión planteó la cuestión del trabajo forzoso en las plantaciones de tabaco, en respuesta a las alegaciones de varias organizaciones de trabajadores. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno denegó esas alegaciones, declarando que los inspectores del trabajo de Malawi nunca tuvieron noticia de esos casos y no se presentaron quejas de trabajo forzoso. La Comisión tomó nota asimismo de que, en su informe de 2010 para el examen periódico del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de las políticas comerciales de Malawi, la Confederación Sindical Internacional (CSI) destacó que, en las plantaciones, especialmente en las explotaciones de tabaco, los trabajadores que arriendan las tierras de cultivo son explotados a través de un sistema de endeudamiento y son coaccionados a trabajar por parte de los propietarios.

La Comisión toma nota de la breve indicación del Gobierno en su última memoria, según la cual el proyecto de ley sobre el arriendo de servicios, se discutió a nivel de Gabinete y se devolvió al Ministerio de Trabajo para un nuevo examen. La Comisión también toma nota de la declaración que figura en el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, de enero de 2014, según la cual, se estima en 300 000 el número de familias arrendatarias de plantaciones de tabaco que viven en una situación de pobreza extremadamente precaria en el país. El Relator Especial destaca que los ingresos de las familias de arrendatarios dependen de la cantidad y de la calidad del tabaco vendido al terrateniente en cada temporada de cosecha y que, en algunos casos, se deja a las familias sin ningún ingreso una vez que reembolsan los préstamos que comprenden sus necesidades alimentarias durante la temporada de cultivo (documento A/HRC/25/57/Add.1, párrafo 47). También en relación con las explicaciones contenidas en el párrafo 294 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda que la manipulación del crédito y las deudas por los empleadores sigue siendo un mecanismo clave para atrapar a trabajadores vulnerables en situaciones de trabajo forzoso. Por ejemplo, los campesinos pobres pueden ser inducidos a endeudarse, aceptando préstamos relativamente modestos pero acumulativos o anticipos salariales ofrecidos por los empleadores en momentos de escasez. En consecuencia, la Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para acelerar la adopción del proyecto de ley sobre el arriendo de servicios, con miras a fortalecer la protección de los trabajadores en esa situación contra los mecanismos de endeudamiento que pueden derivarse del trabajo en régimen de servidumbre. La Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de la ley en cuanto se haya adoptado.

2. Trata de personas. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual está preparando, para presentarlo al Parlamento, un anteproyecto de ley sobre trata de seres humanos. El proyecto de ley abordará los asuntos relativos a la trata interna y transfronteriza. El Gobierno indica asimismo que lleva a cabo actividades para sensibilizar los tribunales, la policía y las comunidades en la cuestión de la trata. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se persiguen en la actualidad los casos de trata con arreglo a las disposiciones del Código Penal, en los casos en los que las víctimas son adultos, y de la Ley sobre el Niño (cuidado, protección y justicia), de 2010, en los casos en los que las víctimas son niños.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales de julio de 2014, expresa su preocupación acerca de los retrasos en la adopción de una legislación específica contra la trata, la prevalencia de la trata en el país y la falta de datos oficiales disponibles en cuanto a su amplitud. El Comité de Derechos Humanos de la ONU también expresa que lamenta la falta de programas adecuados para proteger y apoyar a las víctimas (documento CCPR/C/MWI/CO/1/Add.1). Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar, en un futuro muy próximo, la adopción de la legislación integral contra la trata de personas, incluidas sanciones adecuadas que permitan que se procese y castigue a los responsables de trata. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas con miras a proteger y asistir a las víctimas de trata. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información detallada sobre las medidas específicas adoptadas para impedir y combatir la trata de personas, así como estadísticas sobre el número de casos de trata examinados por las autoridades y las sanciones específicas aplicadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mauritania

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1961)

En sus comentarios anteriores, la Comisión instó al Gobierno a que tomara todas las medidas necesarias para luchar eficazmente contra la esclavitud y sus secuelas y que proporcionara información detallada y concreta sobre las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de las demandas explícitas en ese sentido el Gobierno no ha comunicado memorias ni en 2013 ni en 2014. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM) recibidas el 31 de agosto de 2014 así como de la respuesta del Gobierno. La Comisión también toma nota de las informaciones contenidas en el informe publicado en 2014 por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias (documento A/HRC/27/53/Add.1).

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Esclavitud y prácticas análogas.

a) Aplicación efectiva de la legislación

La Comisión recuerda que la Ley núm. 2007/48, de 9 de agosto de 2007, sobre la Incriminación y la Represión de Prácticas Esclavistas (en adelante la ley de 2007) define, incrimina y reprime las prácticas esclavistas distinguiendo los crímenes de esclavitud de los delitos de esclavitud. Entre esos delitos, «cualquiera que se apropie de bienes, frutos o ingresos derivados del trabajo de toda persona supuestamente esclava o lo despoje de sus fondos, es pasible de una pena de reclusión de seis meses a dos años y de una multa de 50 000 a 200 000 ouguiyas» (artículo 6). La legislación faculta a las asociaciones de derechos humanos para denunciar las infracciones a la ley y asistir a las víctimas, beneficiándose estas últimas de la gratuidad del procedimiento judicial (artículo 15). La Comisión señaló que, aunque esta ley fue acompañada de una amplia publicidad para favorecer la comprensión de la naturaleza delictiva de la esclavitud, de la totalidad de las informaciones disponibles se deriva que las víctimas siguen encontrando dificultades para ser escuchadas y hacer valer sus derechos, tanto a nivel de las autoridades administrativas, y en particular la fuerza pública, como de las autoridades judiciales.

En sus observaciones de 2013, la CLTM estimó que las medidas de acompañamiento de la ley de 2007 siguen siendo letra muerta y resulta extremadamente difícil para las víctimas plantear su caso ante las instancias administrativas y judiciales competentes. La Comisión observa a este respecto que, en su informe de 2014, la Relatora Especial de las Naciones Unidas señala que sigue preocupada por el escaso número de procesamientos judiciales iniciados en virtud de la ley de 2007 y subraya la necesidad de que las instituciones y partes interesadas apliquen la ley, sin ideas preconcebidas. En este sentido, la Comisión observa que en el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Mauritania (CNDH), publicado en mayo de 2014 y disponible en el sitio de Internet de esa institución, se hace referencia a la decisión del Consejo Superior de la Magistratura de 30 de diciembre de 2013, a fin de que se cree un tribunal especial para juzgar los crímenes de las prácticas esclavistas.

La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 25 del Convenio, los Estados que ratifican el Convenio tienen la obligación de cerciorarse de que las sanciones penales impuestas por la ley por la exigencia de trabajo forzoso, sean realmente eficaces y se apliquen estrictamente. Subraya en este sentido que las víctimas de la esclavitud se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad económica y psicológica que requiere una acción específica del Estado. Subrayando que desde la adopción de la ley de 2007, sólo un caso ha dado lugar a una condena pronunciada en sede judicial, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas adecuadas para garantizar que las víctimas de la esclavitud estén efectivamente en condiciones de hacer valer sus derechos y que, cuando se presenten quejas ante las autoridades administrativas o judiciales, éstas realicen las investigaciones de manera rápida, eficaz e imparcial en todo el territorio, como lo exige la ley de 2007. Al tomar debida nota de la decisión para establecer una jurisdicción especial encargada de juzgar los crímenes de prácticas esclavistas, la Comisión espera que se adoptarán medidas para establecer esa jurisdicción en los plazos más breves y garantizar que disponga de los medios de acción proporcionales a la gravedad de los delitos que deberá juzgar. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que indique el número de casos de esclavitud denunciados a las autoridades, el número de esos casos sobre los que se realizó una investigación y el número de casos que permitieron iniciar una acción judicial.

b) Marco estratégico e institucional de lucha contra la esclavitud

En sus comentarios anteriores, la Comisión subrayó que las respuestas al fenómeno complejo de la esclavitud y sus manifestaciones deben inscribirse en el marco de una estrategia global que abarque todos los dominios de acción y, en particular, la sensibilización, la prevención, los programas específicos que permiten a las víctimas liberarse de su situación de dependencia económica y psicológica, el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades judiciales, la cooperación con la sociedad civil, así como la protección y la reinserción de las víctimas. La Comisión tomó nota anteriormente de las medidas adoptadas en el ámbito de la salud, la educación y la lucha contra la pobreza en el marco del Plan nacional de lucha contra las secuelas de la esclavitud (PESE) y subrayó la importancia de adoptar medidas complementarias destinadas a las poblaciones que han sido víctimas o que se encuentran en riesgo; la CLTM indicó a este respecto, en 2013, que el PESE fue desviado de su objetivo y no logró alcanzar las aldeas de antiguos esclavos.

La Comisión toma nota de que en marzo de 2013 se creó la Agencia Nacional Tadamoun para la lucha contra las secuelas de la esclavitud, la inserción y la lucha contra la pobreza (decreto núm. 048-2013). La Comisión señala que en sus observaciones de 2013 y de 2014 la CLTM considera que esta agencia no dispone de medios para actuar y que, transcurrido un año desde su creación, no puede indicar los resultados en el ámbito de la lucha contra las secuelas de la esclavitud. El Gobierno indica en respuesta que la misión de la agencia consiste en la concepción y ejecución en el terreno de programas económicos y sociales mediante acciones centradas en el acceso al agua potable y a los servicios fundamentales, la promoción del hábitat y de actividades creadoras de ingresos para las capas más vulnerables de la sociedad con objeto de reabsorber las desigualdades y alentar la cohesión social. La agencia también está facultada para denunciar las infracciones a la ley de 2007 y prestar asistencia a las víctimas.

La Comisión señala también, de las informaciones disponibles en los informes antes mencionados de la CNDH y de la Relatora Especial de las Naciones Unidas que, en marzo de 2014, las autoridades adoptaron una Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud. Esta Hoja de ruta, preparada con la participación de los departamentos públicos competentes y con el apoyo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, contiene 29 recomendaciones en los ámbitos jurídico, económico y social, y de la sensibilización. Respecto de cada recomendación, se determinaron las entidades responsables de su ejecución y se fijaron plazos.

La Comisión saluda el establecimiento de la Agencia Nacional Tadamoun y la adopción de la Hoja de ruta, que constituyen dos medidas importantes para hacer avanzar la lucha contra la esclavitud en Mauritania. La Comisión considera, sin embargo, que para que la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud constituya un impulso eficaz en el combate contra esas prácticas, el Gobierno debe adoptar las medidas adecuadas para que puedan observarse en la práctica resultados concretos y rápidos. La Comisión confía en que el Gobierno no dejará de comunicar, en su próxima memoria, informaciones detalladas sobre la puesta en práctica de las 29 recomendaciones contenidas en la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud. Al tomar nota de que las recomendaciones núms. 28 y 29 se refieren a la creación de una comisión de seguimiento de las medidas programadas y su evaluación periódica, la Comisión solicita al Gobierno que tenga bien a indicar si esta comisión ya se ha creado y que indique detalladamente las actividades que ha llevado a cabo. Por último, la Comisión recuerda la importancia de realizar trabajo de investigación que permita disponer de un conocimiento de la realidad de la esclavitud, con el fin de planificar mejor las intervenciones públicas en la materia y garantizar que las actividades desarrolladas por la Agencia Nacional Tadamoun se centren en la totalidad de las víctimas y las regiones afectadas y ruega al Gobierno que indique las medidas adoptadas a estos fines.

La Comisión toma nota de que la CNDH subraya en su informe «que es imperativo iniciar programas de sensibilización acerca de la ilegalidad e ilegitimidad de la esclavitud y de la ley de 2007 con la intensa participación de las autoridades religiosas, los representantes electos y la sociedad civil». La CNDH recomienda que «esta sensibilización sea puesta en práctica con la participación efectiva de las autoridades religiosas cuyas posiciones y opiniones sobre la cuestión deberían ser inequívocas». La Comisión solicita al Gobierno que siga adoptando medidas para sensibilizar a la población y las autoridades responsables de hacer aplicar la ley en torno a la problemática de la esclavitud. Sírvase también indicar las medidas adoptadas para fortalecer la capacidad de esas autoridades para asegurar una mejor identificación y protección de las víctimas.

En conclusión, la Comisión recuerda que a fin de que pueda evaluar adecuadamente la política llevada a cabo por el Gobierno, es esencial que este último comunique informaciones completas y detalladas a este respecto en las memorias que debe presentar sobre la aplicación del Convenio.

Qatar

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1998)

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trabajo forzoso de los trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de que en su 320.ª reunión (marzo de 2014), el Consejo de Administración aprobó el informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) alegando el incumplimiento por Qatar del Convenio núm. 29. Este comité llegó a la conclusión de que en el país hay trabajadores migrantes en situaciones de trabajo forzoso debido a la existencia de ciertas prácticas, y en particular debido a la sustitución de contratos, las restricciones a la libertad de dejar la relación de trabajo y de salir del país, el impago de salarios o la amenaza de represalias. El comité consideró que el Gobierno debía adoptar más medidas para cumplir sus obligaciones con arreglo al artículo 1 del Convenio. El Consejo de Administración adoptó las conclusiones del comité tripartito y pidió al Gobierno que:

–reconsiderase sin demora el funcionamiento del sistema de patrocinio;

–garantizase sin demora el acceso de los trabajadores migrantes a la justicia de forma que pudieran hacer valer de manera efectiva sus derechos;

–velase por que se aplicaran sanciones adecuadas por las infracciones.

a) Funcionamiento del sistema de patrocinio (Kafala). La Comisión toma nota de que la contratación de trabajadores migrantes y su empleo están regidos por la ley núm. 4 de 2009 que regula el sistema de patrocinio. En el marco de este sistema, los trabajadores migrantes que han conseguido un visado deben tener un patrocinador. Este patrocinador debe cumplir las formalidades para obtener los permisos de residencia del trabajador y cuando ese procedimiento termina el empleador tiene la obligación de entregar su pasaporte al trabajador (artículo 19). La ley prohíbe que los trabajadores cambien de empleador, y el cambio temporal de patrocinador sólo es posible si está pendiente una acción judicial en relación con el empleador y el trabajador. Además, los trabajadores no pueden abandonar el país de forma provisional o definitiva sin tener un visado de salida expedido por su patrocinador (artículo 18). La ley prevé un procedimiento especial aplicable a los casos en los que el patrocinador se niega a conceder un visado de salida a un empleado (artículo 12). La Comisión toma nota de que el comité tripartito observó que si bien ciertas disposiciones de la ley núm. 4, de 2009, ofrecen protección a los trabajadores, su aplicación práctica plantea dificultades, especialmente el procedimiento de registro de los trabajadores, que lleva a la confiscación de pasaportes o a que el número de transferencias de patrocinador sea muy reducido. Asimismo, el comité señaló que ciertas disposiciones de la ley, al limitar la posibilidad de que los trabajadores migrantes dejen el país o cambien de empleador, impiden que los trabajadores que son víctimas de prácticas abusivas se libren de estas situaciones. Lo mismo ocurre con la práctica de retención de los pasaportes que priva a los trabajadores de su libertad de movimiento.

La Comisión toma debida nota de que el Gobierno indica que se ha preparado un proyecto de ley que deroga el sistema de patrocinio y lo sustituye por contratos de trabajo. El proyecto de ley autoriza a los trabajadores a cambiar de empleador cuando su contrato de duración limitada expira o después de cinco años cuando tienen un contrato de duración ilimitada. El Gobierno indica que también se han previsto enmiendas para permitir que, previa obtención de una autorización de la autoridad gubernamental competente, los trabajadores pongan fin a la relación de trabajo con su empleador. Añade que se realizarán más esfuerzos para que no se retengan los pasaportes de los trabajadores y que los empleadores que violan esta obligación sean sancionados con arreglo a la ley.

La Comisión confía en que se adopte sin demora una nueva legislación aplicable a los trabajadores migrantes que les asegure el pleno disfrute de sus derechos laborales y les proteja contra toda forma de explotación que se asemeje al trabajo forzoso. La Comisión espera que, para alcanzar este objetivo, la legislación permita:

–eliminar las restricciones y los obstáculos que limitan la libertad de movimiento de esos trabajadores y les impiden poner fin a su relación de trabajo en caso de abuso;

–que los trabajadores dejen su empleo respetando ciertos intervalos de tiempo o mediante un preaviso razonable;

–revisar el procedimiento de expedición de visados de salida;

–garantizar el acceso a mecanismos de queja rápidos y eficaces para hacer valer los derechos de esos trabajadores en todo el territorio;

–garantizar que cuando no se respeten sus derechos puedan utilizar mecanismos de protección y de asistencia.

b) Acceso a la justicia. La Comisión señala que el comité tripartito observó que si bien la legislación prevé el establecimiento de diversos mecanismos de presentación de quejas, los trabajadores parecen tener dificultades para utilizarlos. El comité consideró que se deberían seguir adoptando medidas para eliminar esos obstáculos, por ejemplo sensibilizando a los trabajadores sobre sus derechos, protegiendo a las presuntas víctimas de trabajo forzoso y reforzando la cooperación con los países que suministran mano de obra. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proyecto de ley establece que los trabajadores migrantes deberán presentar sus quejas al Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo que las examinará sin demora y que los trabajadores no deberán costear ningún gasto de justicia. A fin de recibir las quejas, se ha equipado a este departamento con tabletas, disponibles en diferentes lenguas, y se ha incrementado el número de intérpretes. Además, se ha puesto a disposición de los trabajadores una línea telefónica gratuita y una dirección electrónica para que puedan presentar quejas, que son tratadas por un equipo especialmente formado a este fin. Por último, se ha establecido una oficina para ayudar a los trabajadores a iniciar procedimientos ante los tribunales y apoyarles durante todo el procedimiento judicial.

Tomando debida nota de esta información, la Comisión recuerda que debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los trabajadores migrantes resulta necesario implementar medidas específicas que les permitan hacer valer sus derechos sin temor a represalias. La Comisión insta firmemente al Gobierno a seguir adoptando medidas para fortalecer la capacidad de los trabajadores a fin de que, en la práctica, puedan dirigirse a las autoridades competentes y obtener reparación en caso de violación de sus derechos o de abusos sin temor a represalias. La Comisión también pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para sensibilizar al público y a las autoridades competentes sobre la problemática del trabajo forzoso de los migrantes, a fin de que todos los actores interesados puedan identificar los casos de explotación en el trabajo, denunciarlos y proteger a las víctimas. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que las víctimas reciben asistencia psicológica, médica y jurídica, y que proporcione información sobre el número de centros de acogida que existen, el número de personas que se benefician de esta asistencia y los acuerdos bilaterales firmados con los países que suministran mano de obra. Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas legislativas y prácticas adoptadas para garantizar una protección efectiva a los trabajadores domésticos.

c) Aplicación de sanciones. Sanciones por infracción de la legislación del trabajo. La Comisión toma nota de que el comité tripartito señaló la falta de sanciones por violación de la legislación del trabajo y de la ley que regula el sistema de patrocinio. Asimismo, indicó que la detección y la sanción efectiva de estas violaciones contribuyen a la prevención de las prácticas de trabajo forzoso. La Comisión toma nota de que el Gobierno transmite estadísticas sobre el número de procedimientos judiciales y condenas en relación con los atrasos en el pago de salarios y de remuneración de las vacaciones y las horas extraordinarias. Entre enero y junio de 2014, se entablaron 448 procedimientos y se pronunciaron 379 condenas. En lo que respecta a la cuestión de los atrasos en el pago de los salarios, el Gobierno se refiere a un proyecto legislativo a fin de crear una unidad especial en materia de protección de los salarios en el Departamento de la Inspección del Trabajo y prever la obligación de los empleadores de pagar los salarios directamente a través de una transferencia bancaria. Asimismo, el Gobierno transmite información sobre las medidas adoptadas para fortalecer la inspección del trabajo, especialmente a través de la ampliación de su cobertura geográfica, el aumento del número de inspectores y la mejora de su estatuto, y la dotación de material informático moderno. Gracias a estas mejoras, el número de visitas de inspección aumentó, pasando de 46 624, en 2012, a 50 538, en 2013. La Comisión alienta firmemente al Gobierno a continuar reforzando el control de las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes y la aplicación efectiva de sanciones en relación con las violaciones detectadas. A este respecto, pide al Gobierno que continúe sensibilizando y formando a los inspectores del trabajo a fin de que puedan identificar y acabar con las prácticas que incrementan la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y les exponen al trabajo forzoso, a saber, la confiscación de pasaportes, los retrasos en el pago de los salarios, las prácticas abusivas de las agencias de colocación, y en particular la cuestión de los gastos de contratación, y las sustituciones de contratos de trabajo. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique la manera en la que la inspección del trabajo coopera con el Ministerio Público para que las infracciones detectadas den lugar a procedimientos penales. Por último, la Comisión remite a los comentarios que formula en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81).

Imposición de sanciones penales. La Comisión toma nota de que el comité tripartito pidió al Gobierno que adoptara medidas eficaces, de conformidad con el artículo 25 del Convenio, para que se impongan sanciones apropiadas a los empleadores que recurren a prácticas de trabajo forzoso. La Comisión toma nota con preocupación de que si bien el Gobierno se refiere a las disposiciones de la legislación nacional que garantizan la libertad de trabajo y sancionan la imposición de trabajo forzoso (artículo 322 del Código Penal y la Ley núm. 15, de 2011, de Lucha Contra la Trata de Personas), sigue sin transmitir información sobre los procedimientos judiciales entablados en base a estas disposiciones. A este respecto, la Comisión señala que la situación de los trabajadores migrantes en Qatar ha sido examinada por numerosos organismos de las Naciones Unidas y que todos estos organismos expresaron su gran preocupación por los abusos de los que son víctimas muchos trabajadores migrantes (documentos A/HRC/26/35/Add.1, de 23 de abril de 2014, y CEDAW/C/QAT/CO/1, de 10 de marzo de 2014). Recordando que el hecho de que no se sancione a las personas que imponen trabajo forzoso genera un clima de impunidad que propicia la perpetuación de estas prácticas, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para garantizar que, de conformidad con el artículo 25 del Convenio, se imponen efectivamente sanciones eficaces y disuasorias a las personas que recurren a las prácticas de trabajo forzoso. La Comisión pide al Gobierno que garantice que, habida cuenta de la gravedad de este delito, las autoridades policiales y la Fiscalía actúan «de oficio», independientemente de toda acción llevada a cabo por las víctimas. La Comisión también pide al Gobierno que transmita información sobre los procedimientos judiciales entablados y las sanciones pronunciadas.

Asimismo, la Comisión toma nota de que durante su 322.ª reunión (noviembre de 2014), el Consejo de Administración declaró admisible la queja presentada por delegados de la Conferencia Internacional del Trabajo en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT alegando el incumplimiento por Qatar de los Convenios núms. 29 y 81, y pidió al Gobierno y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores de Qatar que transmitieran información pertinente que examinaría en su próxima reunión (marzo de 2015).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

República Árabe Siria

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1958)

Artículo 1, a), c) y d), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio impuestas como castigo por la expresión de opiniones políticas, como medida de disciplina en el trabajo y por haber participado en huelgas. A lo largo de algunos años, la Comisión ha venido refiriéndose a algunas disposiciones del Código Penal Económico, del Código Penal, del Código del Trabajo Agrario y de la Ley de Prensa, en virtud de las cuales pueden imponerse penas de reclusión que conllevan un trabajo obligatorio como medio de coerción política o como castigo por expresar opiniones opuestas al orden político establecido, y como castigo por transgredir la disciplina del trabajo y por haber participado en huelgas. La Comisión tomó nota anteriormente de la indicación del Gobierno, según la cual está realizando esfuerzos para resolver los problemas identificados en los comentarios de la Comisión, mediante la adopción del nuevo Código Penal. A este respecto, la Comisión tomó nota de la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 3 de agosto de 2011 (6598.ª reunión), en la que el Consejo de Seguridad expresó su gran preocupación por el deterioro de la situación en la República Árabe Siria, condenó las extendidas violaciones de los derechos humanos y el uso de la fuerza contra los manifestantes pacíficos, y destacó que la única solución a la crisis reside en un proceso político que aborde las legítimas preocupaciones de la población y permita el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión. La Comisión tomó nota asimismo de que, el 14 de septiembre de 2013, el Consejo de Derechos Humanos solicitó a las autoridades sirias que pusieran inmediatamente fin a todos los ataques a periodistas y que garantizaran su adecuada protección y el pleno respeto de la libertad de expresión, y que permitieran que funcionaran los medios de comunicación independientes e internacionales (documento A/HRC/21/32, párrafo 46).

La Comisión toma nota de que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante diversas resoluciones, siguieron expresando su condena por todas las transgresiones y vulneraciones a las normas internacionales de derechos humanos, y todas las violaciones del derecho humanitario internacional cometidas contra la población civil. En septiembre de 2014, la Asamblea General condenó todas las transgresiones y abusos cometidos contra periodistas, activistas de los medios de comunicación y defensores de los derechos humanos, y reconoció la contribución que aportan al documentar las protestas y las violaciones y abusos de los derechos humanos (documento A/HRC/27/L.5/Rev.1, párrafo 17). En vista de lo expuesto, la Comisión expresa una vez más su profunda preocupación ante la actual situación de los derechos humanos en el país y recuerda que las limitaciones a los derechos y libertades fundamentales pueden guardar una relación con la aplicación del Convenio, si esas medidas se aplican mediante sanciones que conllevan un trabajo obligatorio. Lamentando tomar nota de que no se recibió la memoria del Gobierno, la Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que las personas que expresan opiniones o una oposición al orden político, social o económico establecido se beneficien de la protección acordada por el Convenio, y que, en cualquier caso, no puedan imponérseles sanciones penales que conlleven un trabajo penitenciario obligatorio. En este sentido, la Comisión expresa la firme esperanza de que, durante el proceso de adopción del Código Penal o de cualquiera otra disposición pertinente, se tengan en cuenta los comentarios de la Comisión para garantizar el cumplimiento del Convenio.

Tailandia

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el Congreso Nacional del Trabajo de Tailandia (NCTL) comunicadas por el Gobierno y recibidas el 6 de agosto de 2014.

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que supongan formas de trabajo forzoso como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas. Código Penal. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 112 del Código Penal establece que quien difame, insulte o amenace al Rey, a la Reina, al Príncipe heredero o al Regente, se le impondrá una pena de prisión de tres a quince años. Asimismo, los artículos 14 y 15 de la Ley de Delitos Informáticos de 2007 prohíbe la utilización de un ordenador para la comisión de un delito previsto en el Código Penal relativo a la seguridad nacional (incluyendo el artículo 112 del Código Penal), bajo una posible pena de cinco años de prisión. Asimismo, la Comisión tomó nota de que, según el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre promoción y protección del derecho de libertad de opinión y expresión, de 4 de junio de 2012, se ha registrado en los últimos tiempos un aumento de los delitos de lesa majestad perseguidos por la policía y los tribunales. A este respecto, el Relator Especial instó al Gobierno a celebrar consultas públicas de base amplia para modificar su legislación penal en materia de delitos de lesa majestad, en particular el artículo 112 del Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos (documento A/HRC/20/17, de 4 de junio de 2012, párrafo 20). La Comisión también toma nota de que, según la información compilada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, el Equipo de las Naciones Unidas en el país señaló que se han impuesto largas condenas de privación de libertad a diversos individuos por infringir las leyes de lesa majestad.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que las disposiciones a que se ha hecho referencia tienen relación con la protección del público. El Gobierno indica que ha intentado lograr un equilibrio entre la protección de la monarquía y el derecho de las personas a expresar sus opiniones. El Gobierno explica que el artículo 112 del Código Penal se refiere esencialmente a la responsabilidad penal en conexión con la seguridad nacional, y se basa en la tradición, cultura e historia de un país en el que el Rey es un elemento central de la unidad del pueblo tailandés. No obstante, está en curso un proceso de revisión para examinar cuáles son los aspectos que deberían mejorarse, así como la mejor manera de hacer cumplir con equidad la legislación pertinente. El Gobierno indica también que ha hecho suya la recomendación formulada por el Consejo de Derechos Humanos, incluyendo los aspectos relativos a la promoción de la libertad de expresión y garantizar procedimientos públicos y transparentes, así como el asesoramiento jurídico adecuado de todas las personas acusadas de violaciones a la legislación de lesa majestad y de la Ley de Delitos Informáticos. A este respecto, se ha encargado a varios organismos gubernamentales que establezcan programas de trabajo para aplicar esas recomendaciones.

En este sentido, la Comisión toma nota de que el NCTL expresa su acuerdo con el Gobierno respecto de los objetivos para hacer cumplir las disposiciones del artículo 112, pero también indica que apoya la revisión de las sanciones previstas en dicho artículo, con objeto de castigar a las personas que cometen intencionalmente el delito que menoscaba a la institución monárquica.

Al tomar nota de lo anteriormente expuesto, la Comisión recuerda que el artículo 1, a), del Convenio prohíbe el uso del trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo obligatorio penitenciario por tener o expresar opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Si bien el Convenio no prohíbe ni las penas que imponen trabajo obligatorio a las personas que recurren a la violencia, incitan a la violencia o participan en la preparación de actos de violencia, la Comisión debe señalar que la protección que ofrece el Convenio no se limita a las actividades relacionadas con la expresión o manifestación de opiniones que difieren de los principios establecidos. Aunque ciertas actividades tengan por objetivo introducir cambios fundamentales en las instituciones del Estado, están sin embargo cubiertas por el Convenio, siempre que no se utilicen o pidan medios violentos para obtener sus fines. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para derogar o modificar el artículo 112 del Código Penal, de manera que las personas que expresan pacíficamente determinadas opiniones políticas no puedan ser condenadas a una pena de reclusión que lleve aparejada trabajo forzoso. La Comisión solicita al Gobierno que, en su próxima memoria, comunique información sobre las medidas específicas adoptadas a este respecto, incluidas aquéllas adoptadas en el marco de los planes de trabajo establecidos por los organismos estatales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Turquía

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), de fecha 2 de enero de 2014.

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. Trata de personas. a) Medidas de aplicación de la ley. La Comisión había tomado nota de la información proporcionada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) en la que se señala que en el país hay trata de personas y la mayor parte de los casos de trata están relacionados con la prostitución de mujeres procedentes de Europa del Este y el trabajo forzoso de personas de Asia Central.

La Comisión toma nota de la comunicación de la TISK en la que se señala que Turquía es un país de destino y tránsito de mujeres, hombres y niños víctimas de trata. La TISK indica que el Gobierno presta mucha atención a la trata de personas, y que se han logrado progresos notorios en lo que respecta a llevar a los traficantes ante los tribunales y reducir la tasa de absolución en los casos en los que se acusa a determinadas personas de este delito.

La Comisión también toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno en relación con la aplicación del artículo 227, 3), del Código Penal (que prohíbe enviar a una persona al país o fuera del país con fines de prostitución) en la que se señala que, en las 177 sentencias dictadas en 2011 y 2012, fueron condenadas 23 personas. Asimismo, el Gobierno indica que en 2011 se iniciaron 77 nuevas causas en virtud del artículo 80 del Código Penal (trata de seres humanos), relativas a 678 sospechosos, y que en 2012 se iniciaron 86 nuevas causas, relativas a 560 sospechosos. En los 166 casos juzgados en 2011 y 2012, relativos a 912 sospechosos, 70 personas fueron condenadas a penas de prisión.

La Comisión toma nota de que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales de 13 de noviembre de 2012, expresó preocupación por el número de casos de trata de personas, y por el hecho de que sólo en unos pocos casos se han realizado investigaciones y enjuiciamientos, y se han dictado sentencias (documento CCPR/C/TUR/CO/1, párrafo 15). Tomando nota del número significativo de casos de trata de personas que se han presentado ante los tribunales, la Comisión alienta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para velar por que todas las personas que participan en la trata sean objeto de enjuiciamientos y en la práctica se impongan penas de prisión efectivas y disuasorias. Solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto, en particular sobre formación y capacitación de las autoridades encargadas de aplicar la ley, así como acerca de los resultados alcanzados. Sírvase suministrar información sobre el número de enjuiciamientos realizados, condenas pronunciadas y sanciones concretas impuestas en virtud de los artículos 80 y 227, 3), del Código Penal.

b) Protección y asistencia para las víctimas. La Comisión había tomado nota de la información proporcionada por la CSI respecto a que los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley no utilizan suficientemente los procedimientos de identificación de las víctimas de trata y muchas de esas víctimas son detenidas y deportadas. Asimismo, la CSI indicó que el Gobierno no tiene centros de acogida para las víctimas de trata y no proporciona los recursos suficientes a los centros pertenecientes a organizaciones no gubernamentales que ofrecen ese tipo de asistencia y servicios. Además, la Comisión también tomó nota de la información proporcionada por el equipo de las Naciones Unidas en el país, en un informe realizado en 2010 por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para la revisión periódica universal, en la que se señala que el acceso de las víctimas de trata a la justicia sigue siendo limitado y que los mecanismos de reparación e indemnización aún no están dotados de una provisión regular de fondos públicos (documento A/HCR/WG.6/8/TUR/2, párrafo 42).

La Comisión toma nota de que en la comunicación de la TISK se señala que el Gobierno ha adoptado un enfoque centrado en las víctimas para abordar la trata, adoptando medidas legislativas y administrativas para combatir este delito. La TISK indica que actualmente hay centros de acogida para las víctimas de trata de seres humanos en Ankara y Estambul, y un hostal con este fin en Antalya. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha proporcionado financiación a estos centros para el período 2014-2016, y ha establecido un mecanismo sostenible de financiación. El Gobierno señala que las víctimas de trata de seres humanos reciben visas humanitarias para un período de seis meses. Se garantiza el retorno seguro y voluntario de las víctimas a sus países a través de la cooperación entre la policía, la Organización Internacional para las Migraciones, los organismos de enlace en los países de origen y organizaciones no gubernamentales. Además, la Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno en la que se señala que las nuevas causas iniciadas en 2011 y 2012 en materia de trata de seres humanos implicaban a 1 117 víctimas.

Tomando nota del número de víctimas de trata identificadas en el país y de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para protegerlas, la Comisión le pide que prosiga sus esfuerzos en relación con la identificación de las víctimas, les proporcione protección y asistencia (incluida asistencia médica, psicológica y jurídica), y transmita información sobre el número de personas que se benefician de esos servicios.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uganda

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1, a), del Convenio. Sanciones penales que conllevan trabajo obligatorio como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Durante varios años, la Comisión se ha estado refiriendo a los siguientes textos legislativos:

–la Ley núm. 20, de 1967, sobre Orden Público y Seguridad, que faculta al Poder Ejecutivo para restringir el derecho de asociación y de comunicación de una persona con otras, independientemente de que haya cometido un delito y so pena de sanciones que conllevan trabajo obligatorio, y

–los artículos 54, numeral 2, c), 55, 56 y 56(A) del Código Penal, que facultan al ministro competente para declarar que la reunión de dos o más personas constituye una asociación ilícita, de tal modo que cualquier discurso, publicación o actividad que se haya realizado en nombre de dicha asociación o en su apoyo es ilegal y punible con penas de prisión (que entrañan la obligación de trabajar).

La Comisión observa que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto, pero toma nota de la información que figura en el sitio web del Gobierno respecto a que el artículo 56 del Código Penal aún se aplica en la práctica, ya que el Fiscal General emitió una ordenanza por la que se declaran ilegales ciertas asociaciones en 2012. A este respecto, la Comisión recuerda de nuevo que el artículo 1), a), del Convenio prohíbe que se recurra al trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo penitenciario obligatorio, como medio de coerción política o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. Asimismo, señala que la protección ofrecida por el Convenio no se limita a las actividades en las que se expresen o manifiesten opiniones que difieran de los principios establecidos; incluso si ciertas actividades tienen por objetivo realizar cambios fundamentales en las instituciones estatales, estas actividades están cubiertas por el Convenio, siempre que no se recurra a medios violentos para obtener esos fines o se pida que se utilicen dichos medios. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que las disposiciones antes mencionadas de la Ley núm. 20, de 1967, sobre Orden Público y Seguridad y el Código Penal se modifiquen o se deroguen a fin de garantizar que no se pueda imponer una pena de prisión que entrañe trabajo obligatorio a personas que, sin utilizar la violencia ni defenderla, expresen determinadas opiniones políticas o su oposición al sistema político, social o económico establecido. Solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Uzbekistán

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida el 1.º de septiembre de 2014. También toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 31 de agosto de 2014, y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, así como de la respuesta del Gobierno a ambas comunicaciones, recibidas el 29 de octubre de 2014. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones del Consejo de la Federación de Sindicatos del Uzbekistán (CFTUU), recibidas el 24 de octubre de 2014. Esas observaciones se transmitieron al Gobierno para sus comentarios.

Artículo 1, b), del Convenio. Movilización y utilización de mano de obra con fines de desarrollo económico en la agricultura (producción de algodón). La Comisión tomó nota con anterioridad de los alegatos formulados por la OIE y la CSI sobre la persistente utilización del trabajo forzoso de adultos promovido por el Estado con fines de desarrollo económico en la producción de algodón. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno rechazó los alegatos, indicando que los trabajadores llamados para participar en trabajos agrícolas, tienen contratos de empleo individuales, con retribución por el trabajo realizado, además de percibir el salario por sus tareas habituales. La Comisión tomó nota asimismo de la información contenida en el informe de la Misión de Alto Nivel sobre el control del trabajo infantil durante la cosecha de algodón de 2013, de noviembre de 2013. El informe de misión destacó que, dado que el ejercicio del control se limitó al ámbito de aplicación del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), los resultados obtenidos no pudieron establecer o negar las prácticas notificadas de trabajo forzoso de adultos. No obstante, en la memoria se afirma que los vigilantes se encontraron en condiciones de señalar otros asuntos pertinentes para el mandato de la OIT, por ejemplo, respecto del reclutamiento de trabajo forzoso para la cosecha de algodón, del potencial y las consecuencias de la mecanización en el mercado laboral, y del cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, incluida la observancia de la efectiva aplicación del presente Convenio. Con estos antecedentes, la Comisión instó al Gobierno a que siguiera participando, en cooperación con la OIT y los interlocutores sociales, en el marco de un programa por país, con el fin de garantizar la plena aplicación del Convenio y la completa eliminación de la utilización de trabajo obligatorio en la producción de algodón.

A este respecto, la Comisión saluda la elaboración y adopción de un Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) en abril de 2014. El PTDP identifica indicadores de prioridades, objetivos, resultados y desempeños concretos para la cooperación entre la Oficina, los interlocutores sociales y el Gobierno durante el período 2014-2016. La Comisión toma nota, en particular, de las medidas propuestas en el contexto del PTDP, con miras a garantizar que las condiciones de trabajo y de empleo en la agricultura, incluido el cultivo del algodón, estén de conformidad con las normas fundamentales. A tal fin, el componente del PTDP sobre la aplicación del Convenio núm. 105, establece cuatro indicadores de desempeño, a saber:

–que se lleve a cabo un estudio sobre las condiciones de trabajo en la agricultura, incluida la industria algodonera, que contenga recomendaciones para mejorar la contratación de mano de obra y las prácticas destinadas a retenerla;

–que se revise y supervise la legislación y la práctica nacionales;

–que el número de inspectores del trabajo demuestre mejores conocimientos y aptitudes para reconocer las prácticas de trabajo forzoso; y

–que se lleve a cabo un número de mesas redondas sobre el trabajo forzoso, tanto en la comunidad empresarial como en los representantes de los gobiernos y administraciones locales, instituciones de enseñanza, sindicatos y medios de comunicación.

La Comisión también toma nota de que tuvieron lugar mesas redondas, organizadas en Tashkent entre el 6 y el 7 de agosto de 2014, para debatir y elaborar medidas prácticas de aplicación de los componentes convenidos del PTDP, especialmente respecto de la asistencia de la OIT al control del trabajo infantil durante la cosecha de algodón de 2014 y la aplicación del estudio sobre las prácticas de contratación y las condiciones de trabajo en la agricultura y en la cosecha de algodón que se lleven a cabo en un futuro próximo. La Comisión acoge con satisfacción la evolución anterior, que viene a demostrar la buena disposición del Gobierno a colaborar con la OIT y los interlocutores sociales.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones recibidas en agosto de 2014, la CSI afirma que, a pesar de algunas medidas adoptadas por el Gobierno, como la adopción del PTDP, la utilización sistemática de trabajo forzoso en la producción de algodón sigue afectando a los agricultores; los trabajadores de los sectores público y privado, incluidos maestros, médicos y enfermeras; los ciudadanos desempleados, y los beneficiarios de prestaciones públicas de bienestar. Según la CSI, las causas profundas del trabajo forzoso en la industria del algodón, se encuentran en el sistema de control total del Gobierno sobre el sector, que tiene un impacto perjudicial en los agricultores y en la fuerza de trabajo movilizada por el Estado. La CSI alega asimismo que, durante la cosecha de 2013, el Gobierno asignó nuevamente cuotas de producción al algodón, que, en el ámbito local, se aplicaron a los individuos según la cantidad de algodón en los campos. Los trabajadores y agricultores que no dieron cumplimiento a las cuotas asignadas, se enfrentaron a amenazas de despido de sus trabajos habituales, a pérdida de tierras y sujetos a investigaciones extraordinarias. Por ejemplo, según la CSI, las administraciones de los hospitales instruyeron a médicos, enfermeras y otro personal para recoger algodón o contribuir con aproximadamente la mitad de sus salarios a la cosecha de algodón, bajo amenazas de despido. Los habitantes de la comunidad fueron obligados a recoger algodón bajo amenazas de restringirles su acceso a la electricidad y a prestaciones sociales.

En sus observaciones presentadas en septiembre de 2014, la OIE destaca que, a través de la aceptación de la asistencia técnica de la OIT, en 2013, y de la adopción del PTDP, en 2014, el Gobierno y los interlocutores sociales de Uzbekistán han demostrado su compromiso para mejorar la cooperación con la OIT y otras organizaciones pertinentes, con el fin de adoptar medidas para la plena aplicación de los convenios. En este sentido, la OIE declara que espera que el Gobierno y los interlocutores sociales sigan cooperando con la OIT a efectos de erradicar el trabajo forzoso. La OIE también saluda la preparación de un estudio sobre las condiciones de trabajo en la agricultura y subraya que la imposición de trabajo forzoso va más allá del empleo obligatorio de los funcionarios públicos y de los trabajadores del sector privado durante la cosecha de algodón, e incluye las obligaciones de los agricultores de seguir directivas sobre la administración de las tierras, las tecnologías de la agricultura y los sistemas agrícolas. La OIE expresa su esperanza de que el Gobierno comunique a los interlocutores sociales internacionales y a la OIT, información sobre los resultados del mencionado estudio, incluidas las estadísticas sobre el número de adultos que trabajan en la agricultura, el nivel de los salarios, si se identificaron casos de prácticas establecidas de trabajo forzoso y las sanciones aplicadas a las mismas.

La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones presentadas en septiembre de 2014, el CFTUU comunica información sobre algunas medidas adoptadas por el Gobierno, en cooperación con los interlocutores sociales, con miras a la aplicación efectiva de los convenios de la OIT respecto del trabajo forzoso e infantil, incluso mediante el diálogo social, el desarrollo de campañas de sensibilización, el establecimiento de líneas telefónicas directas y la cooperación técnica con la OIT. El CFTUU también transmite información sobre las medidas adoptadas por los sindicatos en el período inmediatamente anterior a la cosecha de algodón de 2014, con el fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los cosechadores de algodón, y de garantizar que ningún menor de 18 años de edad participe en la cosecha de algodón. En relación con esto, el CFTUU indica que los sindicados organizaron talleres en todas las provincias y distritos, con miras a informar a los funcionarios públicos, a los funcionarios de Gobierno, al consejo de agricultores, a los establecimientos educativos, a las instituciones financieras y a las asociaciones públicas sobre los requisitos de los Convenios de la OIT sobre trabajo forzoso y trabajo infantil, así como sobre cuestiones tales como el pago de los salarios y el acceso a la alimentación, a los servicios médicos y a las actividades recreativas para los cosechadores de algodón.

La Comisión toma nota de que el Gobierno declara, también en referencia a la definición de trabajo forzoso del artículo 2 del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), que la contratación de trabajadores con carácter voluntario para un trabajo en la cosecha de algodón, no puede considerarse como trabajo forzoso, dado que los trabajadores tienen la libertad de terminar su relación de empleo en cualquier momento, en caso de que surgiera una situación de coacción. Además, en su respuesta a las observaciones formuladas por la OIE, de 29 de octubre de 2014, el Gobierno reitera su opinión de que las personas contratadas para la cosecha de algodón, están habitualmente motivadas por la posibilidad de complementar sus ingresos. El Gobierno también comunica información sobre algunas medidas adoptadas para lograr una mayor cooperación con los interlocutores sociales en el país, incluso respecto de la aplicación de los convenios sobre el trabajo forzoso y trabajo infantil de la OIT. Éstos incluyen, por ejemplo, la realización de seminarios sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo, la difusión de información sobre las actividades llevadas a cabo para abordar el trabajo forzoso y el trabajo infantil y campañas de sensibilización respecto de estas cuestiones, para la población en general y para los agricultores y el sector empresarial.

Además, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su respuesta a las observaciones de la CSI, según la cual comunicó una instrucción oficial a todas las organizaciones interesadas sobre la prohibición de la movilización forzosa de trabajadores, sin su acuerdo voluntario, para su contratación en la cosecha de algodón. Según el Gobierno, las violaciones de esta instrucción son punibles con severas sanciones. El Gobierno también indica que se están adoptando medidas para la institucionalización de la contratación voluntaria de cosechadores de algodón, a través de instituciones del mercado laboral. En lo que atañe a los reiterados alegatos presentados por la CSI, según los cuales se requiere que los empleados del sector público suscriban nuevos contratos en los que esté contenida una cláusula condicional sobre su participación voluntaria en trabajos agrícolas y ganaderos, la Comisión niega la existencia de una orden o regla que disponga tal condición. El Gobierno también manifiesta que la actual legislación laboral prevé el traslado temporal de un trabajador a otras actividades, sin el acuerdo de la persona interesada.

Al tiempo que toma nota de las consideraciones anteriores, la Comisión observa que, a los fines de los Convenios núms. 29 y 105, los términos «trabajo forzoso u obligatorio», se definen como «todo trabajo o servicio que se exige a cualquier persona bajo la amenaza de una sanción o para el cual la mencionada persona no se ha ofrecido voluntariamente». En este contexto, el «ofrecimiento voluntario», se refiere al consentimiento informado y libremente expresado por los trabajadores que entran en una relación de empleo, así como a su libertad de dejar su empleo en cualquier momento, sin temor a represalias o pérdida de algún privilegio. En este sentido, la Comisión recuerda, también en referencia al párrafo 271, de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, que, incluso en los casos en los que el empleo es originalmente el resultado de un acuerdo libremente concertado, el derecho de los trabajadores a la libre elección del empleo, sin estar sujeto a la amenaza de una sanción, sigue siendo inalienable. En consecuencia, si bien los traslados temporales de empleo podrían ser inherentes a determinadas profesiones y actividades, la Comisión considera que la aplicación en la práctica de las disposiciones, ordenes o reglamentaciones que prevén el traslado sistemático de trabajadores para el desempeño de actividades que no guardan ninguna relación con sus ocupaciones habituales (por ejemplo, el traslado de un profesional de la asistencia de la salud para realizar trabajos agrícolas), debería examinarse cuidadosamente para garantizar que esa práctica no dé lugar a una relación contractual basada en la voluntad de las partes que vuelven al trabajo por coacción de la ley. La Comisión también subraya que, si bien algunas formas de trabajo o servicio obligatorio (como el trabajo que forma parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos y los pequeños servicios comunitarios), están expresamente excluidas del campo de aplicación de los convenios sobre trabajo forzoso, estas excepciones se limitan a pequeños trabajos o servicios realizados en interés directo de la población y no incluyen los trabajos dirigidos a beneficiar a un grupo más amplio o los trabajos con fines de desarrollo económico, que están explícitamente prohibidos en el presente Convenio.

Habida cuenta de lo anterior, y a efectos de que la Comisión pueda evaluar que el reclutamiento y la contratación de personas para la cosecha de algodón se lleva a cabo de manera compatible con el Convenio, la Comisión alienta firmemente al Gobierno a que siga cooperando con la OIT y los interlocutores sociales, con el fin de garantizar que se emprenda efectivamente el estudio sobre prácticas de reclutamiento y condiciones de trabajo en la agricultura, en particular en la cosecha de algodón, y sus resultados difundidos posteriormente. Con respecto a la referencia del Gobierno a una instrucción oficial sobre la prohibición de la movilización forzosa de trabajadores para su ocupación en la cosecha de algodón, la Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera se aplica esta instrucción, si se detectaron infracciones y, en caso afirmativo, que comunique información sobre las sanciones impuestas. La Comisión insta una vez más al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar la completa eliminación de la utilización de trabajo obligatorio de los trabajadores de los sectores público y privado, así como de los estudiantes, en el cultivo de algodón, y le solicita que comunique información sobre las medidas adoptadas a tal fin y los resultados concretos obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 29 (Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Belice, Benin, Estado Plurinacional de Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, República Centroafricana, Chad, República Checa, China: Región Administrativa Especial de Macao, Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eritrea, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Francia: Polinesia Francesa, Gambia, Guinea Ecuatorial, Kiribati, Malasia, Malawi, Malí, Portugal, Qatar, Suiza, Tayikistán, Timor-Leste, Túnez, Turquía, Uganda, Vanuatu); el Convenio núm. 105 (Afganistán, Angola, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belice, Estado Plurinacional de Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, República Centroafricana, Chad, República Checa, China: Región Administrativa Especial de Hong Kong, China: Región Administrativa Especial de Macao, Congo, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Eritrea, Fiji, Gambia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Kiribati, Malawi, Malí, Tailandia, Tayikistán, Turquía, Uganda, Uzbekistán, Vanuatu).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 105 (El Salvador, Estonia).

Eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores

Albania

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículo 3, a), del Convenio. Venta y trata de niños para la explotación sexual comercial. La Comisión observó con anterioridad que, si bien la trata de niños para la explotación laboral o sexual está prohibida por ley, sigue constituyendo un asunto de preocupación en la práctica. Tomó nota de la información del Gobierno sobre la Estrategia nacional contra la trata, así como de las diversas medidas aplicadas para impedir la trata de niños. No obstante, la Comisión expresó su preocupación ante la continua prevalencia de la trata de niños menores de 18 años en Albania.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno sobre sus recientes medidas adoptadas en el marco de la Estrategia nacional contra la trata, que incluye el establecimiento de procedimientos operativos estándar sobre la identificación y la derivación de las víctimas potenciales de trata, que se aprobaron en 2014 y que permiten la coordinación y una identificación completa, la derivación y la protección de las víctimas de trata. El Gobierno indica que la aplicación de los procedimientos determinó una mayor capacidad del personal encargado de hacer cumplir la ley, de los prestadores de seguridad social y de la Inspección Estatal del Trabajo a este respecto.

La Comisión toma nota asimismo de la adopción de la ley núm. 10347, de 11 de abril de 2014, que prohíbe la venta y la trata de niños, en virtud de los artículos 3, e) y 24. El Gobierno indica que, en virtud de esta ley, y a efectos de lograr los objetivos de su Plan de acción para los niños (2012-2015), se estableció la Unidad de Protección del Niño (CPU) y está colaborando con los inspectores del trabajo en municipios y comunas para reforzar las sanciones por violaciones, así como para conseguir una mayor capacidad de los inspectores del trabajo de identificar a los niños en situación de riesgo. Por último, la Comisión toma nota de la ley núm. 144, de 2 de mayo de 2013, que ha modificado el Código Penal para endurecer las penas por delitos contra los niños, incluidos los delitos relacionados con la trata.

La Comisión toma debida nota de las medidas legislativas y programáticas del Gobierno para proteger a los niños de la trata. Sin embargo, toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales sobre los segundo a cuarto informes periódicos combinados de Albania (documento CRC/C/ALB/CO/2-3, párrafos 17 y 82), en 2012, expresó una gran preocupación por que Albania siga siendo un país de origen para los niños que son objeto de trata sexual y señaló la falta de datos disponibles sobre esos niños. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos, en el marco de la Estrategia nacional contra la trata y la aplicación de los procedimientos, para combatir la trata de personas menores de 18 años de edad, y para garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y procesamientos enérgicos de las personas que cometen este delito y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que proporcione los datos sobre el número de niños que son objeto de trata con fines de explotación sexual, desglosados, en la medida de lo posible, por edad y por sexo.

Artículo 3, c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. En relación con su comentario anterior, la Comisión toma nota con satisfacción de la adopción de la Ley núm. 10347, de 11 de abril de 2014, sobre la Protección de los Derechos de los Niños, que, en virtud del artículo 23, leído conjuntamente con el artículo 3, prohíbe la implicación de los niños menores de 18 años de edad en la utilización, la producción y el tráfico de drogas y narcóticos. La Comisión pide al Gobierno que solicite informaciones sobre la aplicación en la práctica de esta nueva ley, que incluya el número y la naturaleza de las infracciones detectadas.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños de la calle y niños de grupos minoritarios. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que un número significativo de niños y niñas albaneses están ocupados en la mendicidad, comenzando a edades muy tempranas, a los 4 o 5 años, y la mayoría de los niños implicados pertenecen a las comunidades romaní o egipcia. Tomó nota asimismo de la declaración del Gobierno, según la cual los grandes asuntos respecto de la comunidad romaní son los bajos niveles de educación (con un elevado analfabetismo y un número bajo de alumnos matriculados), pésimas condiciones de vida, pobreza y elevados niveles de trata y prostitución y, si bien adoptó medidas para aumentar la asistencia de los niños romaníes a la escuela, aún no se aplicó plenamente la posibilidad de enseñar el idioma romaní en las escuelas.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno sobre una iniciativa interinstitucional de 2014, titulada «Apoyo a las familias y a los niños que viven en la calle», que se dirige a garantizar la protección de los niños contra todas las formas de abuso, explotación y abandono. La Comisión toma nota asimismo de las referencias del Gobierno al Plan de acción para los niños (2012-2015) y al Plan de acción para el decenio de la inclusión de los romaníes (2010-2015), que se dirigen a, entre otras cosas, registrar e incrementar la asistencia y la participación de los niños romaníes en la enseñanza preescolar y en la enseñanza obligatoria. En relación con esto, la Comisión toma nota de la información del Gobierno contenida en su respuesta por escrito al CRC sobre los segundo, tercero y cuarto informes periódicos combinados (documento CRC/C/ALB/2-4), de 2012, que enumera las diversas reformas legislativas e institucionales que se llevaron a cabo en torno a la admisión y la asistencia de los niños romaníes, así como su programa de cooperación con UNICEF, con miras a brindar incentivos para que los niños romaníes asistan a centros educativos. La Comisión toma nota asimismo de la información estadística del Gobierno, que indica que, en el año escolar 2012-2013, 664 niños romaníes asistieron al preescolar, 3 231 niños romaníes asistieron a centros de enseñanza obligatoria y se reembolsó totalmente a todos los niños romaníes el importe de sus libros de texto.

Al tiempo que toma debida nota de las medidas en el Gobierno para proteger a los niños de vivir en la calle y para brindar mayores oportunidades de que los niños romaníes asistan a centros educativos, la Comisión también toma nota de que el CRC, en sus observaciones finales (documento CRC/C/ALB/CO/2-3, párrafo 70), señaló que, contrariamente a la ley, los niños de las minorías y en particular los niños romaníes, tienen una posibilidad limitada de que se les enseñe en su propio idioma y aprendan su historia y cultura en el marco del Plan nacional de enseñanza, e hizo un llamamiento al Gobierno para que imparta una enseñanza en el idioma de las minorías, especialmente en el caso de los niños romaníes. Toma nota asimismo del informe de evaluación de 2012 llevado a cabo por la Inspección Nacional de Enseñanza Preuniversitaria (IKAP), con la asistencia del UNICEF, sobre la aplicación del programa «La segunda oportunidad» para la educación de los estudiantes que han abandonado la escuela, según el cual, a pesar de los programas del Gobierno para elevar la asistencia escolar, aún siguen siendo muy bajas las cifras de los niños romaníes que asisten a la escuela. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para adoptar medidas efectivas y en un plazo determinado, incluso en el marco del Plan de acción para los niños (2012-2015), del Plan de acción para el decenio de la inclusión de los romaníes (2010-2015), y en cooperación con UNICEF, para garantizar la protección de los niños romaníes contra las peores formas de trabajo infantil, especialmente la trata, la mendicidad forzosa y el trabajo en las calles. También solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de la iniciativa «Apoyo a las familias y a los niños que viven en la calle», incluidos los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Angola

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y trata de niños. La Comisión había tomado nota anteriormente de la indicación de la Unión Nacional de Trabajadores Angoleños (UNTA) según la cual la trata de niños existe en el país. También tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC) expresó preocupación por el alcance del problema de la explotación sexual y la trata de niños. Además, la Comisión observó que, si bien la legislación del país considera como delito el secuestro, el trabajo forzoso y la servidumbre por deudas, no prohíbe la trata de personas, incluidos los niños. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el artículo 183 del proyecto de Código Penal (finalizado en 2006) prohíbe el reclutamiento o la recepción de personas menores de 18 años para el ejercicio de la prostitución en un país extranjero. La Comisión observó que aunque el proyecto de Código Penal prohíbe algunas formas de trata de niños, no prohíbe la venta y la trata de niños para su explotación laboral, ni la trata interna.

La Comisión toma nota de que el artículo 12 de la nueva Constitución de Angola (2010) dispone que el Gobierno deberá respetar y aplicar los principio de la Carta de las Naciones Unidas sobre la base de, entre otros principios, el de condenar la trata de seres humanos. Sin embargo, la Comisión observa que el artículo 12 no prohíbe ni sanciona penalmente la trata de seres humanos. La Comisión toma nota que el Gobierno señala en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, que la trata no está definida en la legislación nacional, y que la prevención y disminución de esa práctica exige, entre otros, una reforma de la legislación (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 175). La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno indica en su respuesta a la lista de cuestiones del CRC, de 24 de agosto de 2010, que el proyecto de Código Penal se ha sometido al Parlamento para su discusión y aprobación (documento CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, párrafos 60 y 61). La Comisión toma nota de la falta de información en la memoria del Gobierno respecto de si se ha modificado el proyecto de Código Penal para incluir la trata interna o la trata de niños para su explotación laboral. La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se incluyan en la legislación nacional disposiciones que prohíban tanto la trata interna de niños menores de 18 años y su venta y tráfico para los fines de su explotación sexual, y que establezca sanciones a este respecto con carácter de urgencia.

Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión había tomado nota anteriormente de que el artículo 184, 1), del proyecto de Código Penal prohíbe promover, facilitar, permitir, utilizar u ofrecer a una persona menor de 16 años de edad para, entre otras cosas, fotografías, películas o grabados de carácter pornográfico. La Comisión recuerda al Gobierno que en virtud del artículo 3, b), del Convenio, todo Miembro que ratifique el Convenio deberá prohibir la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas.

La Comisión toma nota de la falta de información sobre este punto en la memoria del Gobierno. Sin embargo, observa que el proyecto de Código Penal aún se encuentra en discusión ante el Parlamento. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que el próximo Código Penal incluya la prohibición de la utilización, reclutamiento o la oferta de toda persona menor de 18 años para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, con arreglo a lo dispuesto al artículo 3, b), del Convenio. Solicita al Gobierno que comunique una copia del Código Penal enmendado, una vez que se haya adoptado.

Artículo 4, párrafo 1. Determinación de los tipos de empleo o trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el decreto núm. 58/82, que incluye una amplia lista de tipos de trabajo peligroso prohibido para los menores de 18 años de edad, fue derogado por la Ley General del Trabajo de 2000 (ley núm. 2/00). La Comisión observó que mientras que el artículo 284, 1), de la ley núm. 2/00 prohíbe el empleo de menores en trabajos peligrosos, con arreglo al artículo 284, 2), esta prohibición sólo incluye el empleo en teatros, cines, clubes nocturnos, cabarets, discotecas y otros establecimientos similares, o su empleo como vendedor o en la publicidad de productos farmacéuticos.

La Comisión observa que la prohibición de los trabajos peligrosos para menores en el artículo 284, 2), de la ley núm. 2/00 parece abarcar únicamente los tipos de trabajo que puedan perjudicar la moralidad de los niños, y no trata de los tipos de trabajo que pueden ser perjudiciales para su salud o seguridad. A este respecto, la Comisión recuerda únicamente al Gobierno que en virtud del artículo 4, párrafo 1, del Convenio, los tipos de trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. En relación con los tipos de trabajo que pueden ser perjudiciales para la salud y seguridad de los niños, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, en el que identifica casos de niños ocupados en actividades peligrosas y trabajo en condiciones de explotación como, por ejemplo, el trabajo de pesca en alta mar en la provincia de Namibe, en las minas de diamantes, en zonas fronterizas, en mercados y en terminales de autobús (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 432). La Comisión señala a la atención del Gobierno el párrafo 3 de la Recomendación núm. 190, que establece que al determinar los tipos de trabajo peligroso, debería tomarse en consideración, entre otras cosas: a) los trabajos en que el niño queda expuesto a abusos de orden físico, psicológico o sexual; b) los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados; c) los trabajos que se realizan con maquinaria, equipos o herramientas peligrosos, o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas; d) los trabajos realizados en un medio insalubre en el que los niños pueden estar expuestos, por ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud; y e) los trabajos que implican condiciones especialmente difíciles, como los horarios prolongados o nocturnos o los trabajos que retienen injustificadamente al niño en los locales del empleador. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la determinación de los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores no sólo incluya una prohibición de los tipos de trabajos que son perjudiciales para la moralidad de los niños, sino también una prohibición de los tipos de trabajo perjudiciales para su salud y seguridad, de conformidad con el artículo 4, 1), del Convenio. La Comisión espera que, a este respecto, el Gobierno tendrá en consideración los tipos de trabajo enumerados en el párrafo 3 de la Recomendación núm. 190.

Artículo 5. Mecanismos de control. La inspección del trabajo. La Comisión había tomado nota con anterioridad de la indicación del UNTA, según la cual se ha informado de niños que trabajan en el sector informal. Asimismo, en sus comentarios en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), había tomado nota de que la mayoría de los niños que trabajan están ocupados en la economía informal.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su comunicación de 2 de junio de 2009 relativa a los comentarios del UNTA, que la inspección del trabajo realiza esfuerzos para efectuar el control del sector informal y que también participan en esas actividad unidades provinciales de control. El Gobierno indica además que, pese a los esfuerzos que se realizan para la formalización de ese sector, éste no habrá de desaparecer rápidamente. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar y adaptar la capacidad de la inspección del trabajo y de las unidades provinciales de control a fin de mejorar las actividades de control de los niños que trabajan en la economía informal. Solicita al Gobierno que facilite información sobre las medidas adoptadas para combatir las peores formas de trabajo infantil en el sector informal y sobre los resultados obtenidos.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. La Comisión había tomado nota anteriormente de la información proporcionada por la OIT/IPEC, según la cual cerca del 44 por ciento de los niños en Angola no asisten a la escuela. Asimismo, tomó nota de que Angola estaba aplicando, en colaboración con la UNESCO, un Plan Nacional de Acción de Educación para Todos (2001-2015), y que se habían adoptado medidas en el contexto de la reforma del sistema educativo.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en respuesta a la lista de cuestiones del CRC, de 24 de agosto de 2010, en el sentido de que el Ministerio de Educación ha desarrollado una serie de acciones para la evaluación a mediano plazo del Plan Nacional de Acción de Educación para Todos (documento CRC/AGO/Q/Add.1, párrafo 35). La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, según la cual ha comenzado la aplicación de un estrategia de alfabetización y actualización escolar (2006-2015), en colaboración con la UNESCO, que pretende acelerar el aprendizaje mediante la utilización del autoaprendizaje y la certificación de las capacidades adquiridas en los diversos contextos de la educación formal e informal (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 354). El Gobierno también indica que el número de alumnos que asisten a la enseñanza primaria aumentó entre 2004 y 2006, aunque debido a los efectos perdurables del conflicto armado, el crecimiento fue más elevado en las provincias del interior que en las provincias del litoral, y persiste la disparidad de género en la matriculación escolar (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafos 338 y 339). Asimismo, el Gobierno señala en su informe que es elevada la tasa de fracaso en los estudios y de deserción escolar en el país y que debido a la pobreza familiar, sólo el 37,2 por ciento de los niños que comienzan el primer grado terminarán el sexto de enseñanza (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 344).

A este respecto, la Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), en sus observaciones finales de 1.º de diciembre de 2008, expresó su preocupación por el acceso limitado a la educación de los grupos de niños que viven en zonas rurales remotas, los niños de familias pobres y las niñas. El Comité también expresó su preocupación por que el presupuesto asignado a la educación no fuese suficiente para atender el rápido crecimiento del número de niños en edad escolar, y la falta de escuelas y de formación para los maestros, especialmente los que trabajan en zonas remotas y en barrios marginales (documento E/C.12/AGO/CO/3, párrafos 38 y 39). Al considerar que la educación contribuye a prevenir la ocupación de los niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión expresa su preocupación por el hecho de que niños pertenecientes a grupos vulnerables tengan menos posibilidades de concurrir a la escuela y finalizar el ciclo de enseñanza. La Comisión solicita al Gobierno que redoble sus esfuerzos, en el marco del Plan Nacional de Acción de Educación para Todos, con objeto de reforzar el funcionamiento del sistema educativo y facilitar el acceso a la enseñanza básica gratuita, especialmente para los niños que viven en zonas remotas y en regiones afectadas por conflictos, así como a los niños de familias pobres, zonas rurales y niñas. Además, la Comisión solicita al Gobierno que facilite información sobre el resultado de la evaluación del Plan Nacional de Acción de Educación para Todos, y de las medidas que se han adoptado para reforzar dicho plan. Por último, la Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para proporcionar oportunidades de educación informal y enseñanza profesional para los niños que no están inscritos en el sistema institucional de enseñanza.

Apartado b). Librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños víctimas de la trata y la explotación sexual comercial. La Comisión había tomado nota con anterioridad de la indicación del Gobierno en su informe presentado al CRC en agosto de 2004 (documento CRC/C/3/Add.66, párrafo 250) que el secuestro de niños comenzó durante el conflicto armado y con la finalización de dicho conflicto, se introdujo un programa de protección de la infancia mediante el cual miles de niños fueron instalados en alojamientos y campamentos para personas desplazadas y refugiados, especialmente las niñas víctimas de explotación sexual o sometidas a la esclavitud. La Comisión también había tomado nota de la información proporcionada por la OIT/IPEC, según la cual el problema del abuso sexual y económico de niños y niñas, incluida la trata de niños, aparecía en determinadas partes del país. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el Gobierno había formulado un Plan Nacional de Acción e Intervención contra la Explotación Sexual y Comercial de los Niños que incluía los objetivos de proteger y defender los derechos de los niños víctimas de explotación sexual y comercial, y la rehabilitación y prevención de la exclusión social de esos niños.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, que el Plan Nacional de Acción e Intervención no se ha aplicado con la eficacia exigida (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 189). El Gobierno indica en su informe que dicho plan demostró ser inadecuado en el contexto actual, y que existe la necesidad urgente de revisarlo (documento CRC/C/AG/2-4, párrafo 432). El Gobierno señala que el Consejo Nacional de la Infancia (CNI) está evaluando la aplicación del Plan Nacional de Acción e Intervención contra la Explotación Sexual y Comercial de los Niños, con el objetivo de fortalecer la estrategia (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafos 432 y 412).

La Comisión también toma nota de la información que figura en el Informe sobre la trata, según la cual, aunque el Gobierno se apoya principalmente en las organizaciones religiosas, la sociedad civil, y las organizaciones internacionales para proteger y prestar asistencia a las víctimas de la trata, se ha observado un incremento en el número de las víctimas que el Gobierno ha remitido a los mencionados servicios. El mencionado informe señala además que, en colaboración con el UNICEF, el CNI está encargado de la administración de 18 redes de protección de la infancia, que cumplen funciones de centros de crisis para las víctimas de la trata y otros delitos de edades comprendidas entre los 9 y los 16 años, y que las víctimas mayores de 16 años son enviadas a los centros de protección administrados por la Organización de Mujeres de Angola. La Comisión solicita con firmeza al Gobierno que adopte medidas inmediatas para revisar y reforzar el Plan Nacional de Acción e Intervención contra la Explotación Sexual y Comercial de los Niños a fin de garantizar su aplicación efectiva con la participación de niños, en particular de las iniciativas respecto de los niños víctimas de la explotación sexual comercial. La Comisión también insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para identificar a los niños víctimas de la trata y de la explotación sexual comercial y que garantice que las víctimas identificadas sean orientadas para los servicios apropiados para su readaptación e inserción social. Solicita al Gobierno que proporcione información sobre los resultados obtenidos.

Apartado d). Identificación de los niños en situación de riesgo especial. 1. Ex niños soldados y niños desplazados como consecuencia de los conflictos. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que el CRC expresó su profunda preocupación por la atención inadecuada que se concede a la difícil situación de los niños soldados, especialmente las niñas. La Comisión también tomó nota de que el Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados expresó preocupación por el gran número y las pésimas condiciones de los niños desplazados internamente. Tomó nota de la información proporcionada por la OIT/IPEC, según la cual más de 100 000 niños fueron separados de sus familias como consecuencia de la guerra. A este respecto, observó que el Gobierno había aplicado un programa para la reintegración de los menores desmovilizados en ocho provincias y que el Gobierno adoptó una Estrategia de postguerra para la protección de la infancia, aplicada de 2002 a 2006.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su respuesta a la lista de cuestiones del CRC, de 24 de agosto de 2010 que, tras la finalización de la guerra en 2002, el regreso y la rehabilitación de las personas directamente afectadas por el conflicto (incluyendo a los niños desplazados y ex soldados) era una prioridad para el Gobierno, e indica que existían aproximadamente 4 millones de personas desplazadas, de las cuales el 40 por ciento era niños (documento CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, párrafo 38). El Gobierno indica también en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, que está aplicando un programa para el regreso y reasentamiento de las poblaciones desplazadas, refugiados y otras personas directamente afectadas por el conflicto armado, con atención especial en los niños. El informe del Gobierno al CRC indica también que el gobierno provincial de Cabinda puso en ejecución una serie de programas para prestar servicios especiales a los niños en el contexto de la rehabilitación de los grupos vulnerables directamente afectados por el conflicto armado. Este proyecto de apoyo a la rehabilitación de los grupos vulnerables incluye un conjunto de medidas para la formación en diversas calificaciones profesionales (tales como cocina, costura y bordado), competencias genéricas para la vida cotidiana basadas en el micropréstamo, la protección de la infancia y la atención primaria de salud (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafos 368 y 369). La Comisión solicita al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para la readaptación y reinserción de los niños afectados por el conflicto, incluidos los ex niños soldados. Solicita al Gobierno que facilite información sobre el número de niños cubiertos a través de las medidas adoptadas a este respecto.

2. Niños de la calle. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno, según la cual el desplazamiento de un gran número de personas durante el conflicto armado dio origen al fenómeno de los niños de la calle. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno había establecido albergues con el objetivo de recoger a los niños de las calles, además de los planes para construir 600 centros regionales para la recepción de niños necesitados de protección. No obstante, la Comisión tomó nota de un informe en el que se señala que, como mínimo, 10 000 niños trabajan en Luanda, la capital, así como de la indicación del Gobierno de que también se encuentran niños de la calle en otras grandes ciudades, como Benguela, Lobito, Lubango y Malang.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su informe al CRC, de 26 de febrero de 2010, que se ha registrado una disminución en el número de niños que viven en las calles debido a la mejora relativa de la vida de los ciudadanos, aunque dicho número sigue siendo considerable (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 397). La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno en este informe de que se realizan esfuerzos para reintegrar a los niños de la calle a sus familias biológicas, o colocarlos en familias de sustitución. Esto se realiza mediante el Programa de búsqueda y reunificación familiar, que proporciona apoyo a los niños separados de sus familias en instituciones temporarias y procura obtener la reintegración a sus familias. Asimismo, el Gobierno indica que, si bien no se han suprimido los factores que contribuyen al fenómeno de los niños de la calle, se ha recogido a 1 545 niños en esa situación, alojándolos en Casa Pía de Luanda (un hogar de niños), en un esfuerzo para reintegrarlos con sus familias. El Gobierno indica, además, que está en curso la cooperación entre diferentes interlocutores para aplicar programas destinados a desarrollar y mejorar las instituciones privadas en las que se albergan los niños de la calle (proporcionando, entre otros, una educación integrada y programas de formación profesional) (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafos 398 a 401).

La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica en su respuesta a la lista de cuestiones del CRC de 24 de agosto de 2010, que algunos niños que trabajan y viven en las calles han recibido ayuda de los servicios de reintegración social: 239 niños de la calle en 2007, 240 en 2008, y 260 en 2009. La mayoría de ellos eran varones (documento CRC/C/AGO/Q/2-4/Add.1, pág. 14). Al recordar que los niños de la calle son particularmente vulnerables a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión solicita al Gobierno que redoble sus esfuerzos para proteger a los niños de la calle de esas peores formas, y ocuparse de su rehabilitación e integración social. La Comisión también solicita al Gobierno que proporcione información sobre el número de niños de la calle a los que se ha proporcionado oportunidades en materia de educación y de formación profesional en las instituciones de la infancia.

3. Niños huérfanos a consecuencia del VIH/SIDA y otros niños vulnerables. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información que figura en el informe del Gobierno al CRC, de 26 de febrero de 2010, de que el número de niños vulnerables podría alcanzar a 200 000 para 2010 y que esa categoría de niños va en aumento (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafos 263 y 264). Asimismo, el Gobierno indica que, en 2007, se había iniciado la preparación de un Plan Nacional de Acción para los niños vulnerables a causa del VIH/SIDA, que incluye, entre otras medidas, el fortalecimiento de la capacidad familiar, comunitaria e institucional para dar respuesta a las necesidades de esos niños, y una extensión de los servicios y mecanismos de protección social (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafos 261 y 374). El Gobierno indica también que se ha incrementado el número de becas de supervivencia otorgadas a los niños vulnerables (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 50). No obstante, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en el Informe Nacional de Progreso a la Sesión Especial sobre el Sida de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (UNGASS), de marzo de 2010, que sólo el 16,8 por ciento de los hogares con niños vulnerables recibe apoyo básico externo. La Comisión recuerda que los niños vulnerables están expuestos al riesgo cada vez mayor de ser ocupados en las peores formas de trabajo infantil y, en consecuencia, insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces, en el marco del Plan Nacional de Acción para los niños vulnerables a causa del VIH/SIDA, a fin de garantizar que los niños huérfanos a consecuencia de esa afección y otros niños vulnerables sean protegidos de esas peores formas de trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos, especialmente en relación con el porcentaje de hogares con niños vulnerables que reciben servicios y asignaciones de apoyo.

Aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala, en su informe al CRC de 26 de febrero de 2010, que los niños en Angola están ocupados en las peores formas de trabajo infantil, especialmente en trabajos peligrosos (minas de diamantes y pesca), el trabajo en las calles y la explotación sexual comercial (documento CRC/C/AGO/2-4, párrafo 432). La Comisión también toma nota de la información que figura en este informe, según la cual, 20 niños víctimas de la trata fueron identificados por los agentes encargados de hacer cumplir la ley en 2007, y que en la provincia de Zaire se registraron casos evidentes de trata de niños. El Gobierno señala que esta práctica es difícil de controlar debido a la extensión de la frontera y que se traslada a niños angolanos de la ciudad capital del país a la República Democrática del Congo y que niños congoleños son objeto de trata de Kinshasa hacia Angola (párrafos 172 a 175). Al tomar nota de la difícil situación que predomina en el país, la Comisión expresa su profunda preocupación por las situación de las personas menores de 18 años ocupadas en las peores formas de trabajo infantil y, en consecuencia, insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para garantizar en la práctica la protección de los niños de estas peores formas de trabajo, especialmente la trata, la explotación sexual comercial, la utilización en actividades ilícitas y el trabajo peligroso. Además, solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de datos suficientes sobre esas peores formas de trabajo infantil y que proporcione información junto con su próxima memoria sobre la naturaleza, el alcance y la orientación de las peores formas de trabajo infantil, el número de niños protegidos por las medidas que dan efecto al Convenio, el número y naturaleza de las infracciones, las investigaciones, los procesamientos, las condenas y las sanciones. En la medida de lo posible, toda la información comunicada, debería ser desglosada por sexo y edad.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Antigua y Barbuda

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1983)

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de estos tipos de trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de la indicación del Gobierno, según la cual se celebraron consultas con los sindicatos y la federación de empleadores respecto de las actividades y las ocupaciones que han de prohibirse a las personas menores de 18 años de edad. Tomó nota de que, si bien se realizó una recomendación, esta no fue adoptada en la Junta Nacional del Trabajo, dado que el objetivo del Gobierno es reformar la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo. Posteriormente, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual se habían hecho circular en el Gabinete las enmiendas propuestas a la sección del Código del Trabajo sobre las disposiciones relativas a seguridad y salud en el trabajo, pero no se habían adoptado aún. Tomó nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual se tuvo en consideración la asistencia técnica para una nueva y separada legislación sobre seguridad y salud en el trabajo.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información acerca de alguna enmienda a la legislación nacional del trabajo en este sentido. Sin embargo, el Gobierno indica que actuará en consecuencia. Por consiguiente, la Comisión recuerda una vez más al Gobierno que el artículo 3, 1), del Convenio, dispone que la edad mínima de admisión a cualquier tipo de empleo o trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en las que se realice, pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad, o la moralidad de los jóvenes, no será menor de 18 años. También recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 3, 2), del Convenio, los tipos de empleo o trabajo peligrosos serán determinados por la legislación o la reglamentación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. Observando que el Convenio fue ratificado por Antigua y Barbuda hace más de 30 años, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias para garantizar que se adopte, en un futuro próximo, una lista de las actividades y ocupaciones prohibidas a las personas menores de 18 años de edad, de conformidad con el artículo 3, 1) y 2), del Convenio. Alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos en este sentido, a través de enmiendas a la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, y a que comunique información sobre los progresos realizados. Por último, solicita al Gobierno que transmita una copia de las enmiendas a la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo, en cuanto se hayan adoptado.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión observó que la Ley sobre el Cuidado y la Protección de los Niños, de 2003, por la que se otorga cuidados a los niños utilizados en la producción de pornografía, no contiene una prohibición integral de esta peor forma de trabajo infantil. También tomó nota de que la prohibición en virtud del artículo 15, 1), b), de la Ley sobre Utilización Indebida de la Informática, de 2006, no parece incluir la producción de pornografía infantil que no sea difundida a través de un sistema informático, ni brinda una protección a todos los niños menores de 18 años de edad, como requiere el artículo 3, b), del Convenio. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que tomara las medidas necesarias para garantizar que se adoptara la legislación que prohíbe la utilización, el reclutamiento o la oferta de todas las personas menores de 18 años de edad para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, y que esta legislación contuviera sanciones suficientemente eficaces y disuasorias para las personas culpables de este delito.

La Comisión toma nota de que, con arreglo al artículo 15, 2) y 3), de la Ley sobre la Trata de Personas, una persona que comete un delito de trata de personas para la explotación sexual de un niño; o que explota sexualmente a un niño o se lleva, detiene o limita la libertad personal de un niño con fines de explotación sexual, será castigada con una multa no superior a 1 millón de dólares o con una pena de reclusión por un período no superior a 25 años o con ambas. La Comisión toma nota con satisfacción de que, en virtud del artículo 2 de la Ley sobre la Trata de Personas, «la explotación sexual» incluye la obligación de participación de una persona en la producción de pornografía infantil o de otro material pornográfico.

Apartado d) y artículo 4, 1). Trabajos peligrosos y determinación de los trabajos peligrosos. Con respecto a la adopción de la lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad, la Comisión solicita al Gobierno que se remita a sus comentarios detallados respecto del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138). La Comisión también señala a la atención del Gobierno el artículo 4, 1), de este Convenio, según el cual los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, d), deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, tomando en consideración las normas internacionales en la materia, en particular el párrafo 3 de la Recomendación núm. 190.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argelia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1984)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, el 25 de diciembre de 2008, se presentó oficialmente un Plan Nacional de Acción (PNA) para el período 2008-2015 que tiene por tema «una Argelia digna de los niños» e incluye un componente sobre trabajo infantil. El PNA insta, en particular, al desarrollo y actualización de la legislación relativa a la protección del niño, así como al fortalecimiento y desarrollo de los mecanismos de aplicación de la legislación en vigor.

La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno según la cual en el marco del PNA se han puesto en marcha una serie de actividades, a saber: se ha llevado a cabo una conferencia nacional para la infancia; se ha concebido y puesto en funcionamiento un sistema de seguimiento y evaluación del PNA, y se han organizado talleres de promoción de los derechos del niño, y actividades de sensibilización a este respecto. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 18 de julio de 2012, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la falta de asignaciones presupuestarias específicas para la ejecución del PNA y la escasa capacidad técnica del comité directivo encargado de supervisar su ejecución (documento CRC/C/DZA/CO/3-4, párrafo 15). La Comisión insta al Gobierno que redoble sus esfuerzos para luchar contra el trabajo infantil y que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto. Pide de nuevo al Gobierno que transmita información detallada sobre el impacto del PNA o de cualquier otra medida para la eliminación del trabajo de los niños menores de 16 años.

Artículo 2, párrafo 1. Ámbito de aplicación y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley núm. 90-11 relativa a las Condiciones de Trabajo, de 21 de abril de 1990, no se aplica a las relaciones de trabajo que no se derivan de un contrato, como el trabajo infantil por cuenta propia. Además, la Comisión tomó nota de que las disposiciones de la ordenanza núm. 75-59, de 26 de septiembre de 1975, por la que se establece el Código de Comercio, reglamentan la posibilidad que tienen los menores emancipados de uno u otro sexo, con 18 años cumplidos, de realizar actividades comerciales en la economía formal. Sin embargo, también señaló que esas disposiciones no reglamentan todas las actividades que un niño menor de 16 años puede efectuar en la economía informal o por cuenta propia y que están cubiertas por el Convenio, por ejemplo en los sectores agrícola y doméstico, en los que la explotación económica de niños es más frecuente. A este respecto, la Comisión había tomado nota de que alrededor de 300 000 niños de menos de 16 años trabajaban en Argelia.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que en las 12 227 empresas controladas por los servicios de inspección del trabajo durante el primer trimestre de 2012 sólo se encontraron 14 trabajadores (de los 93 794 trabajadores inspeccionados) menores de 16 años. Estos casos dieron lugar al levantamiento de actas de infracción que se transmitieron a las jurisdicciones competentes con miras a iniciar procedimientos judiciales. En 2013, los inspectores del trabajo levantaron 17 actas de infracción por incumplimiento de la edad legal en relación con el empleo de 90 niños que no habían alcanzado la edad mínima legal de admisión al empleo o al trabajo. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 18 de julio de 2012 (documento CRC/C/DZA/CO/3-4, párrafo 15), el Comité de los Derechos del Niño observó con preocupación que a menudo las autoridades recurren a estadísticas poco fiables para evaluar la situación de los niños vulnerables y elaborar y formular políticas dirigidas a solucionar los problemas de esos niños, especialmente de los que trabajan en el sector no estructurado (párrafo 21) y que la edad mínima de admisión al empleo no se respeta en Argelia en lo que respecta a los niños que trabajan en la economía informal (párrafo 71).

La Comisión lamenta tomar nota de nuevo de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre la cuestión de los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal o sobre la forma en la que el Gobierno pretende protegerlos a fin de que se beneficien de la protección prevista por el Convenio. Por consiguiente, la Comisión insta nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar y adaptar los servicios de inspección del trabajo a fin de que la protección prevista por el Convenio se garantice a los niños que trabajan por cuenta propia en la economía informal. A este respecto, también insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para obtener información sobre el número y la naturaleza de las infracciones relacionadas con niños de menos de 16 años de edad que trabajan por cuenta propia o en el sector informal, y que transmita esa información en su próxima memoria.

Artículo 3, párrafos 1 y 2. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de estos tipos de trabajo. En lo que respecta a la adopción de una lista de trabajos peligrosos, la Comisión solicita al Gobierno que se remita a sus comentarios detallados en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículos 3 y 7, párrafo 1, del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Apartado a). Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 303 bis, 4) de la ley núm. 09-01, de 25 de febrero de 2009, prohíbe la trata de personas, especialmente con fines de explotación económica y sexual. Asimismo, tomó nota de que se pueden imponer penas de prisión de cinco a 15 años y multas de 500 000 a 1 500 000 dinares argelinos, e incluso penas más severas, a los autores del delito de trata de niños (artículo 303 bis, 5)).

La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación de estas disposiciones en la práctica. Asimismo, lamenta tomar nota de que en su memoria el Gobierno no transmite información alguna a este respecto. Además, la Comisión toma nota con preocupación de que, en sus observaciones finales de 18 de julio de 2012 (documento CRC/C/DZA/CO/3-4, párrafo 77), el Comité de los Derechos del Niño observó que se han adoptado pocas medidas para aplicar la ley núm. 09-01, de 25 de febrero de 2009, y que Argelia sigue equiparando a las víctimas de trata, niños inclusive, con los inmigrantes ilegales y procede a su expulsión en unas condiciones que a veces ponen en peligro su vida. Asimismo, el Comité indicó que le preocupa especialmente que no se haya investigado ni enjuiciado ningún caso de trata, ni se haya impuesto condena o sanción alguna por el delito de trata en el año 2010, y que algunos traficantes cuenten al parecer con la complicidad de miembros de la policía argelina; y que los niños víctimas de trata pueden ingresar en prisión por actos ilícitos cometidos de resultas de la trata, como la prostitución o la falta de documentación de inmigración. La Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte medidas inmediatas para garantizar la eliminación de la venta y trata de niños, velando por que se realicen investigaciones en profundidad y enjuiciamientos eficaces de las personas que cometen tales actos (incluidos los funcionarios del Estado que se sospecha que son cómplices) y se les impongan sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias en la práctica. Pide al Gobierno que, en su próxima memoria, transmita información detallada sobre la aplicación en la práctica de esta nueva ley. Además, le pide que transmita información sobre el número de infracciones detectadas, investigaciones y enjuiciamientos llevados a cabo, y condenas y sanciones penales impuestas. Por último, la Comisión insta al Gobierno que vele por que los menores de 18 años que han sido víctimas de trata hacia Argelia sean considerados como víctimas más que como infractores.

Apartados b) y c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión observó que no existe ninguna disposición legislativa que prohíba esas peores formas de trabajo infantil y solicitó al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para subsanar esa situación.

La Comisión lamenta tomar nota de nuevo de que la memoria del Gobierno no contiene información nueva a este respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que en virtud del artículo 3, b) y c), del Convenio, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, así como para la realización de actividades ilícitas, en particular, la producción y el tráfico de estupefacientes, constituyen algunas de las peores formas de trabajo infantil. Además, en virtud del artículo 1, deberán adoptarse medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno que adopte con carácter de urgencia las medidas necesarias para garantizar, tanto en la legislación como en la práctica, la prohibición de la utilización, el reclutamiento, o la oferta de menores de 18 años con fines de producción de material pornográfico o espectáculos pornográficos y de realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, y que prevea sanciones suficientemente eficaces y disuasorias para estos delitos. Pide al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 4, párrafo 1. Determinación de los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno había indicado que la determinación de los tipos de trabajos peligrosos se tenía en cuenta en la elaboración en curso del nuevo Código del Trabajo. Tomó nota de que la lista de trabajos peligrosos debería elaborarse por vía reglamentaria.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información nueva a este respecto. Toma nota de que, en sus observaciones finales de 18 de julio de 2012, el Comité de los Derechos del Niño señaló su preocupación por el hecho de que, si bien miles de niños continúan siendo víctimas de esas peores formas de trabajo infantil, especialmente en el sector agrícola o trabajando como vendedores ambulantes o trabajadores domésticos, Argelia no ha definido aún los tipos de trabajo peligroso prohibidos a los menores de 18 años. Recuerda de nuevo al Gobierno que, en virtud del artículo 4, párrafo 1, del Convenio, los tipos de trabajo peligroso deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas. Señalando que hace varios años que plantea esta cuestión, la Comisión insta firmemente al Gobierno una vez más que, con carácter de urgencia, adopte medidas para garantizar la adopción de la legislación pertinente en relación con los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños. Pide al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, y prestar la asistencia necesaria para retirar a los niños de estas peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Trata de niños. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna sobre las medidas adoptadas para prevenir la trata de niños y liberar a las víctimas y reintegrarlas en la sociedad. Ahora bien, toma nota de que, en sus observaciones finales de 18 de julio de 2012 (documento CRC/C/DZA/CO/3-4, párrafo 77), el Comité de los Derechos del Niño señaló que le preocupa especialmente que no existan albergues públicos para las víctimas de trata y que la sociedad civil no pueda tener albergues de estas características porque el hecho de acoger a migrantes indocumentados supondría un delito. Además, Argelia tampoco brinda asistencia a los niños para su recuperación física y psicológica o su reintegración social. La Comisión insta al Gobierno que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para establecer servicios para liberar a los niños víctimas de venta y trata y readaptarlos e integrarlos socialmente. Pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Argentina

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1996)

Artículo 2, párrafos 2 y 5, del Convenio. Aumento de la edad mínima de admisión en el empleo o en el trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno dirigida al Director General por la que aumenta oficialmente la edad mínima de admisión en el empleo o en el trabajo de 15 a 16 años. La Comisión toma nota con satisfacción de que, en virtud de la Ley núm. 26390, sobre la Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, la edad mínima nacional se elevó a 16 años. Además, la Comisión toma nota de que la edad mínima de 16 años también se incorporó a la Ley núm. 26727, sobre el Régimen de Trabajo Agrario, así como en la Ley núm. 26844, sobre el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, como el trabajo doméstico.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Australia

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2006)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento o la oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. Legislación provincial. Nueva Gales del Sur. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la división 15A de la Ley Penal que trata de los delitos relativos a la pornografía infantil se aplica sólo a los niños menores de 16 años. El Gobierno señala que, habida cuenta de que la edad de libre consentimiento sexual en Nueva Gales del Sur es de 16 años, elevar a 18 años la edad para ser considerado niño a los efectos de la pornografía infantil tendría como consecuencia la descripción de una conducta que de otro modo sería legal. Al poner énfasis en que la edad del consentimiento sexual libre no afecta la obligación de prohibir esta peor forma de trabajo infantil, la Comisión instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para extender la prohibición de la pornografía infantil hasta los 18 años de edad.

En este sentido, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el ACTU, según las cuales el gobierno de Nueva Gales del Sur aún debe adoptar las medidas necesarias para extender las disposiciones que prohíben la pornografía infantil hasta los 18 años con objeto de asegurar el cumplimiento del artículo 3, b), del Convenio.

La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno a la nueva definición de «material relacionado con abusos infligidos a niños» introducida por el artículo 91FB de la Ley de Enmiendas a la Ley Penal (pornografía infantil y material relacionado con abusos infligidos a niños), de 2010, que sustituye las palabras «actuaciones pornográficas» y «pornografía infantil» tal como se utilizaba en los artículos 91G y 91H de la Ley Penal. De conformidad con el artículo 91FB de la Ley de Enmienda Penal, se entiende por «material relacionado con abusos infligidos a niños» el material que describe, de una manera que toda persona razonable consideraría, en toda circunstancia, ofensiva: a) una persona que es, o parece o supone ser, un niño víctima de tortura, crueldad o abuso; o b) una persona que es, o parece ser un niño aparentemente involucrado en una pose sexual o una actividad sexual (independientemente o no de que esté en presencia de otras personas). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, aumentar la edad para autorizar la pornografía o las actuaciones pornográficas a los 18 años crearía dificultades para que la acusación penal pueda probar con certeza la edad de la persona que se describe, dado que las diferencias físicas entre la apariencia de un joven de 17 años de edad y otro de 19 años son menos evidentes que las diferencia físicas entre un adolescente de 14 años y otro de 16 años.

Por consiguiente, la Comisión observa que si bien la legislación de Nueva Gales del Sur prevé la protección de los menores de 16 años en relación con su utilización en la producción de material relacionado con abusos infligidos a niños, los niños de más de 16 años pueden ser objeto de protección si parecen ser menores de 16 años de edad. La Comisión subraya nuevamente la importancia de distinguir entre la edad mínima de libre consentimiento sexual y la edad de protección de los niños de la explotación sexual con fines comerciales. La Comisión considera que todas las personas menores de 18 años tienen derecho a gozar de una protección absoluta frente a la explotación sexual con fines comerciales, y que ni la edad mínima de libre consentimiento ni la apariencia física del niño afecta la obligación de prohibir esta práctica como una de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que el Convenio hace hincapié en la edad del niño y no en su apariencia física. En consecuencia, recordando que en virtud del artículo 3, b), del Convenio, la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de 18 años para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas se considera una de las peores formas de trabajo infantil y, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, esta práctica, considerada como una de las peores formas de trabajo infantil deberá prohibirse con carácter de urgencia, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para extender esta prohibición hasta los 18 años, especificando de ese modo que la libertad sexual que se otorga a los menores de 16 años de edad por la legislación penal no incluye la libertad para participar en actuaciones pornográficas.

Artículos 3, d), y 4, 1). Trabajos peligrosos y determinación de tipos de trabajos peligrosos. Legislación provincial. Nueva Gales del Sur, Australia Meridional y Tasmania. La Comisión observó previamente que no existe una prohibición legislativa del trabajo peligroso realizado por niños menores de 18 años de edad en esas tres provincias. Por consiguiente, la Comisión solicitó a los gobiernos respectivos que adoptaran las medidas necesarias para establecer la edad mínima para la admisión en trabajos peligrosos a los 18 años, armonizando así la legislación con las disposiciones del Convenio.

La Comisión toma nota con satisfacción de que los gobiernos de Nueva Gales del Sur, Australia Meridional y Tasmania adoptaron la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2012 (Ley WHS), que extiende las disposiciones relativas a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores a todos los trabajadores, incluidos los no remunerados, y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2012 (Reglamento WHS), que prohíbe el empleo de menores de 18 años en trabajos de alto riesgo. La Comisión toma nota de que de conformidad con el artículo 89, 2), d), del Reglamento WHS, la autorización para realizar trabajos de alto riesgo sólo puede concederse a personas que tengan, como mínimo, 18 años de edad. El «trabajo de alto riesgo» en virtud del artículo 5 del Reglamento WHS incluye todo trabajo previsto en la lista 3, que están sujetos a una autorización que permita el trabajo de alto riesgo. La Comisión toma nota de que la lista 3 del Reglamento WHS contiene una lista de 28 tipos de actividades clasificadas de alto riesgo entre las que cabe mencionar: el montaje de andamios, aparejos y las operaciones con grúas y aparatos elevadores, apiladoras, las operaciones en montacargas, y el funcionamiento de equipos a presión.

Victoria. La Comisión tomó nota de que el artículo 12 de la Ley sobre el Empleo de los Niños, de 2003, prohíbe el empleo de un niño (definido como una persona menor de 15 años) en la venta puerta a puerta, en barcos pesqueros, en edificios u obras en construcción o en cualquier otro trabajo prohibido y que la Ley de Minas, de 1958, prohíbe el empleo de niños menores de 14 años en las minas y el de los niños menores de 17 años en trabajos subterráneos en las minas. En consecuencia, la Comisión pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para prohibir el empleo de menores de 18 años en un trabajo que es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

La Comisión toma nota de que no ha habido modificaciones en la legislación de Victoria en este sentido. Por consiguiente, la Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que, en virtud del artículo 3, d), del Convenio, el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños, constituye una de las peores formas de trabajo infantil y, con arreglo al artículo 1, se requiere a los Estados Miembros que adopten las medidas necesarias para prohibir las peores formas del trabajo infantil con carácter de urgencia. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se prohíba a los menores de 18 años de edad, desempeñar un trabajo que es probable que dañe su salud, seguridad o moralidad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Austria

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

Artículo 7 del Convenio. Trabajos ligeros. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en virtud del artículo 5, a), 1), de la Ley sobre el Empleo de Niños y Adolescentes (ECYPA), los niños que han cumplido 12 años de edad pueden ser empleados fuera de las horas especificadas para la asistencia escolar: 1) en actividades de empresas en las que sólo están empleados los miembros de la familia del propietario de la empresa; 2) en un hogar privado; 3) en recados, actividades auxiliares en zonas de deportes y juegos, la recogida de flores, hierbas, setas y frutos, y otras actividades similares a éstas, siempre que ello se aplique a actividades ligeras y ocasionales y que el trabajo realizado en una empresa de índole comercial o una relación de empleo, no esté incluido en el apartado 3. La Comisión recordó al Gobierno que, en virtud del artículo 7, 1), del Convenio, sólo se podrán permitir los trabajos ligeros a los niños a partir de 13 años de edad, siempre que no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo, y que no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela o su participación en programas de formación profesional. La Comisión tomó nota de que el Gobierno informó de que, tras las negociaciones con los interlocutores sociales, se había preparado un proyecto de legislación que propone elevar la edad mínima para trabajos ligeros y trabajos ocasionales a los 13 años, y de que el proceso de adopción está en curso.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 5, a), 1), de la ECYPA ha sido enmendado por el artículo 3, de la BGB1. I núm. 93/2010, por la cual se eleva la edad mínima para trabajos ligeros de los 12 a los 13 años de edad.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno sobre las infracciones respecto del empleo de niños y jóvenes, desglosadas por sector económico y por provincia federal, en el período 2010-2013. En 2013 se detectaron un total de tres y 1 990 infracciones de la ley respecto al empleo de niños y adolescentes, respectivamente. La amplia mayoría de estas infracciones se detectaron en los siguientes sectores: hostelería y restauración; venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor; fabricación de mercancías; y construcción. De esas infracciones, 559 se referían al mantenimiento del registro de niños y adolescentes; 556 se referían a pausas, períodos de descanso, descansos nocturnos, descanso dominical, festividades públicas y semanas laborales; 281 se referían al número máximo de horas de trabajo; y 25, al trabajo prohibido y restringido. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando, en sus próximas memorias, informaciones sobre el número y la naturaleza de las violaciones detectadas.

Azerbaiyán

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1992)

Artículo 2, 1), del Convenio. 1. Ámbito de aplicación y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión observó con anterioridad que las disposiciones relativas a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en el Código del Trabajo, no parecían aplicarse al trabajo realizado sin un contrato de empleo, incluido el empleo por cuenta propia o el trabajo en el sector informal. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señaló que el Convenio forma parte de la legislación laboral del país y, en consecuencia, debe aplicarse por todos los empleadores y los particulares. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno ha señalado durante las discusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2011 que, en enero de 2011, 20 000 niños trabajaban en la agricultura, de los cuales 5 000 desempeñaban actividades laborales por cuenta propia. A este respecto, la Comisión de la Conferencia pidió al Gobierno que adoptara medidas concretas para garantizar que la protección prevista por el Convenio se dispensara a los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria relativa al Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), de que durante el período de 2012 a 2013, el Servicio de la Inspección del Trabajo visitó 16 887 empresas en todos los sectores de la economía, incluidas 431 empresas agrícolas, independientemente de su forma jurídica y tipo de propiedad e identificó cinco casos de infracciones al derecho de los trabajadores menores de 18 años de edad, sancionadas con multas por un total de 5 000 manat azerbaiyanos (aproximadamente 6 374 dólares de los Estados Unidos) que se impusieron a los empleadores encontrados culpables. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo y Protección Social y la Comisión Estatal de la Familia, la Mujer y la Infancia, firmaron un plan de acción conjunto para prevenir la explotación del trabajo infantil para el período 2013-2015 que se está aplicando en colaboración con los órganos competentes del Estado, organizaciones no gubernamentales e interlocutores sociales. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de 2012, expresó su preocupación por el número considerable de niños que realizan actividades laborales informales en los sectores agrícolas del té, el tabaco y el algodón, incluyendo el trabajo en situaciones peligrosas (documento CRC/C/AZE/CO/3-4, párrafo 69). Por consiguiente, la Comisión insta firmemente al Gobierno una vez más a que adopte medidas a fin de ampliar el alcance y fortalecer la capacidad de los servicios de la Inspección del Trabajo para hacer un mejor seguimiento de los niños que llevan a cabo actividades económicas en la economía informal, especialmente en las plantaciones de algodón, tabaco y té. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas específicas adoptadas a este respecto, así como sobre los resultados obtenidos. La Comisión también solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el número y naturaleza de las infracciones relativas al empleo de niños y adolescentes detectadas por la Inspección del Trabajo, el número de personas fallecidas, lesionadas o enfermas en razón del trabajo infantil en la agricultura e independientemente, de cualquier otra profesión, así como el número de personas procesadas y las sanciones impuestas. Por último, solicita al Gobierno que facilite información sobre las medidas aplicadas en el marco del plan de acción conjunto para eliminar el trabajo infantil y su impacto.

2. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que al ratificar el Convenio, la edad mínima especificada en virtud del artículo 2, 1), del Convenio, eran los 16 años. No obstante, tomó nota también de que el artículo 42, 3), del Código del Trabajo, autoriza a una persona que haya cumplido 15 años de edad a que sea parte en un contrato de empleo y el artículo 249, 1), del mismo Código, especifica que «las personas que tienen menos de 15 años no serán empleadas bajo ninguna circunstancia». En este sentido, la Comisión tomó nota de que en el marco de la asistencia técnica de la OIT, se ha elaborado un documento titulado «Enmiendas y ajustes a algunas leyes de la República de Azerbaiyán que dan cumplimiento a la aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138)» (proyecto de enmiendas a la legislación laboral) en el que se propone modificar el artículo 249, 1), del Código del Trabajo para elevar la edad mínima de admisión al empleo de 15 a 16 años de edad. La Comisión toma nota de que actualmente se realizan actividades para mejorar la legislación laboral con la ayuda de la asistencia técnica de la OIT. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte de nuevo las medidas necesarias para garantizar la adopción, en un futuro cercano, de las enmiendas a la legislación laboral con objeto de establecer la edad mínima de 16 años para la admisión al empleo o al trabajo en todos los sectores. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto así como una copia de la legislación enmendada, una vez que ésta haya sido adoptada.

Artículo 7. Trabajos ligeros. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 249, 2), del Código del Trabajo permite que los jóvenes que tuvieran 14 años cumplidos trabajen después del horario escolar en un trabajo ligero, que no entrañe peligro alguno para su salud y con el consentimiento por escrito de sus padres. También tomó nota de que el proyecto de enmiendas a la legislación laboral propone enmendar el párrafo 2 del artículo 249 del Código del Trabajo y para disponer que las personas entre 15 y 16 años de edad están autorizadas a realizar trabajos ligeros que no perjudiquen su salud o su desarrollo ni su asistencia en la enseñanza obligatoria, a programas de orientación o formación profesional o al aprovechamiento de la enseñanza que reciben. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la legislación laboral se está modificando actualmente para identificar los tipos de trabajos ligeros y actividades permitidos a niños entre 15 y 16 años de edad. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la adopción, en un futuro próximo, de las enmiendas a la legislación laboral por las que se determinarán los tipos de actividades consideradas trabajos ligeros permitidos a las personas entre los 15 y 16 años de edad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado a este respecto así como una copia de la legislación modificada, una vez que ésta se haya adoptado.

Bahamas

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según un estudio llevado a cabo en junio de 2005 en el marco del proyecto regional en materia de trabajo infantil de la OIT y el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) titulado «Revisión de la legislación de las Bahamas en materia de trabajo infantil – una guía para la reforma legislativa» (Estudio de la OIT y el CIDA sobre el proyecto regional en materia de trabajo infantil), el Ministerio de Trabajo y Migración estableció un Comité Nacional sobre Trabajo Infantil cuya función es realizar recomendaciones en relación con una política sobre el trabajo infantil. Tomando nota de nuevo de que la memoria del Gobierno no proporciona información alguna sobre este punto, la Comisión expresa la esperanza de que en un futuro próximo se elabore una política nacional en materia de trabajo infantil. Solicita de nuevo al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto.

Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación. La Comisión había tomado nota de que el artículo 50, 1), de la Ley de Empleo, de 2001, establece que no deberá emplearse a niños (todas las personas de menos de 14 años) en ninguna empresa, excepto si así se prevé expresamente en el primer anexo de esta ley. Asimismo tomó nota de que en el estudio de la OIT y el CIDA sobre el proyecto regional en materia de trabajo infantil se encontró que había niños trabajando en una serie de actividades en las que se podía suponer que existía trabajo infantil. Además, la Comisión tomó nota de que, según dicho estudio, la Unidad de Inspección del Trabajo no tiene los recursos humanos suficientes ni el marco administrativo necesario para realizar las inspecciones requeridas de los lugares de trabajo a fin de comprobar si hay trabajo infantil, y que la mayoría de los niños trabajan en el sector informal, que generalmente no está controlado por la inspección. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que consultaría a sus organismos pertinentes sobre este punto y que había iniciado el proceso de contratación de nuevos inspectores del trabajo. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión observó que la edad mínima para la admisión al empleo sólo se aplica a las empresas del sector formal mientras que la mayoría de los niños trabajan en el sector informal. Recordó al Gobierno que el Convenio se aplica a todas las ramas de la actividad económica y cubre todos los tipos de empleo y de trabajo, exista o no una relación de trabajo contractual y tanto si el trabajo está remunerado como si no lo está. Habida cuenta de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto, la Comisión expresa de nuevo la esperanza de que, al contratar nuevos inspectores del trabajo, se refuerce el componente de inspección del trabajo relativo a los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal. A este respecto, pide de nuevo al Gobierno que adapte y refuerce los servicios de inspección del trabajo a fin de garantizar que la protección prevista en el Convenio se garantiza a los niños que trabajan en esos sectores. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre todas las medidas adoptadas a este respecto.

Artículos 2, 2), y 5. Elevar la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo. La Comisión había tomado nota de que la edad mínima para la admisión al empleo o al trabajo especificada por Bahamas cuando ratificó el Convenio era de 14 años. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el artículo 50, 1), de la Ley de Empleo prevé la prohibición general de emplear a niños de menos de 14 años de edad en cualquier empresa, aunque existen algunas excepciones.

La Comisión toma nota de que el artículo 7, 2), de la Ley de Protección del Niño dispone que no deberá emplearse a ningún niño de menos de 16 años, aunque en el apartado 3 se estipula que los niños de menos de 16 años pueden ser empleados en cualquier ocupación si ello es conforme a otra ley o se prevé en ella. La Comisión solicita al Gobierno que indique si con arreglo a la Ley de Protección del Niño pretende elevar a 16 años la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo inicialmente especificada (14 años), y enmendar la Ley de Empleo a fin de eliminar esta discrepancia de la legislación nacional. De ser así, la Comisión aprovecha la oportunidad para señalar a la atención del Gobierno que el artículo 2, párrafo 2, del Convenio prevé que todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima más elevada que la que se fijó inicialmente. La Comisión agradecería al Gobierno que examinara la posibilidad de enviar una declaración de este tipo a la Oficina.

Artículo 2, 3). Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota de que en virtud del artículo 22, 3), de la Ley de Educación, la edad de finalización de la educación obligatoria es de 16 años de edad. Asimismo, tomó nota de que según los datos de 2005 del Instituto de Estadística de la UNESCO, la tasa de matriculación en la escuela primaria es del 92 por ciento de las niñas y el 89 por ciento de los niños, y a nivel secundario es del 84 por ciento de las niñas y el 83 por ciento de los niños. Además, la Comisión tomó nota de que, según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo, de la UNESCO, de 2008, titulado «Educación para Todos en 2015: ¿alcanzaremos la meta?» (Informe de Seguimiento de la Educación para Todos, UNESCO, 2008), se realizaron progresos en lo que respecta al cumplimiento del Programa de Educación para Todos. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, según el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos, debido a que sus progresos son demasiado lentos, Bahamas corre el riesgo de no alcanzar el objetivo de la educación para todos en 2015.

La Comisión toma nota de que memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto. Considerando que la educación obligatoria es una de las formas más eficaces de combatir el trabajo infantil, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para incrementar la tasa de matriculación escolar y de finalización de la escolarización tanto en el nivel primario como en el nivel secundario a fin de alcanzar el objetivo de la educación para todos en 2015 y que proporcione información sobre los resultados logrados.

Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la legislación nacional no contiene ninguna determinación de los tipos de empleos o trabajos que pueden poner en peligro la salud, seguridad o moralidad de los menores de 18 años. Asimismo, tomó nota de que el Gobierno indicaba que abordaría esta cuestión y que tenía previsto realizar enmiendas a la Ley de Empleo tras llevar a cabo consultas con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que había acordado con la Oficina Regional de la OIT establecer una lista de trabajos peligrosos como parte de su Programa de Trabajo Decente por País.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto. Sin embargo, la Comisión toma nota de que una delegación de Bahamas asistió al Taller Subregional de la OIT sobre la Erradicación del Trabajo Infantil Peligroso para países seleccionados del Caribe, que se celebró en octubre de 2011. La Comisión toma nota de que este taller tenía por objetivo mejorar las competencias para la preparación de una lista de trabajos peligrosos a través de consultas y colaboración internas. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la adopción, en un futuro próximo, de disposiciones legales en las que se determinen los tipos de trabajos peligrosos que está prohibido que realicen menores de 18 años. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información relativa a las consultas sobre este tema celebradas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

Artículo 7. Trabajos ligeros. La Comisión había tomado nota de que el artículo 7, 3), a), de la Ley de Protección del Niño prevé que los niños menores de 16 años pueden ser empleados por sus padres o tutores para que realicen trabajos ligeros domésticos, agrícolas o en la horticultura. Solicitó al Gobierno que transmitiera información sobre el número de horas durante las que los niños de menos de 16 años pueden realizar trabajos ligeros domésticos, agrícolas, o en la horticultura y sobre las condiciones en que pueden realizarlos. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que transmitiría información a la Comisión sobre las medidas adoptadas o previstas en relación con las disposiciones legislativas o reglamentarias que determinarían las actividades consideradas trabajos ligeros y las condiciones en las que estos empleos o trabajos podrían ser realizados por niños a partir de los 12 años. La Comisión toma nota de nuevo de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto, e insta al Gobierno a adoptar estas medidas en un futuro próximo a fin de dar efecto al Convenio en relación con este punto. Solicita de nuevo al Gobierno que transmita toda la información disponible sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 9, 1). Sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Ley de Protección del Niño no prevé sanciones en caso de infracción del artículo 7 de la ley en materia de trabajo infantil. Solicitó al Gobierno que indicara las disposiciones legales que establecen sanciones para las violaciones del Convenio.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información a este respecto. Recuerda de nuevo que, en virtud del artículo 9, 1), del Convenio, la autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, incluso el establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones de este Convenio. La Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas para garantizar que la legislación prevea sanciones para las violaciones del artículo 7 de la Ley de Protección del Niño en materia de trabajo infantil. Solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 9, 3). Registros de empleo. La Comisión tomó nota de que el Gobierno indicaba que algunas disposiciones de la Ley de Empleo dan efecto a este artículo del Convenio, especialmente el artículo 61, 1), que establece que todo empleador deberá llevar un registro de los pagos de salarios y cuentas en relación con cada empleado durante un período de tres años. La Comisión señaló que esta disposición de la Ley de Empleo no cumple con las condiciones establecidas por el artículo 9, 3), del Convenio. Asimismo, indicó que la Ley de Protección del Niño no incluye ninguna disposición que requiera que los empleadores lleven registros u otros documentos.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en virtud del artículo 71, a), de la Ley de Empleo, los empleadores tienen que llevar y mantener, durante el período que se prevea tras la realización del trabajo, estos registros de nombres, direcciones, edades, salarios, horas trabajadas, vacaciones anuales y otras condiciones de trabajo para cada uno de sus empleados, según se determine. En virtud del artículo 71, b), se requiere que los empleadores proporcionen esta información al Ministro de Trabajo, si éste lo solicita. El Gobierno también indica que está examinando la propuesta, realizada por las organizaciones de trabajadores, de enmendar el artículo 71 de la Ley de Empleo a fin de permitir que un trabajador, o el representante de su sindicato, pida a su empleador que proporcione la información que contienen estos registros al Ministro de Trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados en lo que respecta a la enmienda del artículo 71 de la Ley de Empleo y que comunique copia del nuevo artículo una vez que se haya enmendado.

Aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que transmitiera información sobre la forma en la que el Convenio se aplica en la práctica. Tomando nota de que la memoria del Gobierno no contiene información sobre este punto, la Comisión le pide de nuevo que proporcione información sobre la forma en que el Convenio se aplica en la práctica, incluyendo, por ejemplo, datos estadísticos sobre el empleo de niños y jóvenes, especialmente en relación con los niños que trabajan en la economía informal, así como extractos de los informes de los servicios de inspección e información sobre el número y naturaleza de las infracciones notificadas y las sanciones impuestas. En la medida de lo posible, esta información debería estar desglosada por edad y sexo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Bahrein

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículos 3, d), y 4 del Convenio. Trabajos peligrosos y determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, de conformidad con el artículo 51 de la Ley del Trabajo, los jóvenes menores de 16 años de edad pueden ser empleados en industrias y ocupaciones que no sean aquellas consideradas peligrosas o insalubres y fueron enumeradas en una orden del Ministro de Salud, en cooperación con el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual la Ley del Trabajo sería enmendada para prever una protección a los niños menores de 18 años, como requiere el Convenio.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el Gobierno adoptó una nueva Ley del Trabajo, núm. 36, de 2012, que contiene una prohibición del empleo de los menores de 18 años de edad en trabajos riesgosos o peligrosos y en trabajos que ponen en peligro su salud y su moralidad (artículo 27). La Comisión también toma nota con interés de que el Ministerio de Trabajo promulgó la orden núm. 23, de 2013, que contiene una lista de las 34 ocupaciones e industrias prohibidas a los niños menores de 18 años de edad, que incluyen: trabajos subterráneos y en las minas; hornos de fundición y minerales; fabricación de explosivos; fabricación de alcohol, baterías eléctricas, cemento, pinturas, carbón y estaño; trabajos en depósitos de fertilizantes, refinerías de petróleo y químicas; sacrificio de animales; transporte de pasajeros por ferrocarril y carretera; carga y descarga de mercancías; trabajos de camareros en zonas de recreo; procesos de refrigeración y congelación; y procesos de teñido y decoloración de textiles.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bangladesh

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Venta y trata de niños. La Comisión tomó nota con anterioridad de que los artículos 5, 1), y 6, 1), de la Ley sobre Supresión de la Violencia Contra Mujeres y Niños (SVWCA), prohíbe la venta y la trata de mujeres (con independencia de su edad) y de niños con fines de prostitución o de actos inmorales. La Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 2, k), de la SVWCA, en su forma enmendada en 2003, «niño» es una persona menor de 16 años de edad. Solicitó al Gobierno que garantizara que la legislación nacional prohibiera la venta y la trata de niños varones entre los 16 y los 18 años de edad, así como la venta y la trata, tanto de niños como de niñas, para su explotación laboral.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el Gobierno promulgó la Ley núm. 3 sobre Prevención y Supresión de la Trata de Seres Humanos, de 2012 (Ley sobre la Trata, de 2012) que contiene disposiciones que prohíben la trata de los niños menores de 18 años de edad para su explotación, tanto laboral como sexual. La Comisión toma nota de que, según los artículos 3 y 6 de la Ley sobre la Trata, de 2012, toda persona que cometa un delito de venta, compra, reclutamiento, captación, deportación, traslado o envío dentro o fuera del territorio de Bangladesh, de niños (definidos como las personas menores de 18 años de edad, con arreglo al artículo 2, 14)) con fines de explotación sexual, explotación laboral o cualquier otra forma de explotación, será castigada con penas de prisión rigurosas no inferiores a cinco años y con una multa de 50 000 takas. La Comisión toma nota asimismo de que el artículo 21 de la Ley sobre la Trata, de 2012, prevé el establecimiento de un Tribunal del Delito de Trata Contra Seres Humanos, a nivel de distrito, en el que se juzgarán los delitos en virtud de esta ley. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de las disposiciones de la Ley sobre la Trata, de 2012, incluido el número de delitos relacionados con la trata de niños juzgada por el Tribunal de Delitos de Trata contra Seres Humanos y con las sanciones aplicadas.

Apartado d) y artículo 4, 1). Trabajos peligrosos. 1. Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión instó anteriormente al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para garantizar la adopción de la lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el Gobierno, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, adoptó una lista de 38 tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad. Esta lista incluye: talleres de automóviles y mecánica eléctrica; recarga de baterías; elaboración de cigarrillos bidi, cigarrillos y cerillas; fractura de ladrillos o piedras; fabricación de plásticos, jabones, pesticidas y cueros; metalurgia; trabajos de soldadura; obras de construcción; tintura o blanqueo; tejidos; fábricas de sustancias químicas; carnicerías; camiones, tempo, auxiliares de autobuses y trabajos en puertos y buques.

2. Trabajo doméstico infantil. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que los niños que realizaban trabajos domésticos, lo hacían en condiciones similares a las de servidumbre. También tomó nota de que los niños que realizan trabajos domésticos constituyen un grupo de alto riesgo que está fuera del alcance normal de los controles laborales y que sufren abusos y explotación. Trabajan a menudo largas horas, con bajos salarios o sin remuneración, mala alimentación, sobrecarga de trabajo y condiciones laborales peligrosas que afectan la salud física de los niños. La Comisión expresó su gran preocupación ante el número y la situación de los niños que realizan trabajos domésticos en el país e instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias, en la ley y en la práctica, para proteger de los trabajos peligrosos a los niños menores de 18 años de edad que realizan trabajos domésticos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual elaboró una política de protección y bienestar de los trabajadores domésticos. La Comisión toma nota de que este proyecto de política contiene disposiciones que prohíben el empleo de niños menores de 14 años de edad en trabajos domésticos y la ocupación de los niños trabajadores domésticos en trabajos pesados y peligrosos. Este proyecto de política también propone desarrollar un sistema de registro de los trabajadores domésticos; el castigo de acciones ilegales contra los trabajadores domésticos; y el establecimiento de inspecciones regulares y de mecanismos de vigilancia que impliquen a las organizaciones no gubernamentales y a los miembros de la sociedad civil en la protección de los derechos de los trabajadores domésticos. La Comisión expresa la firme esperanza de que se adopte, en un futuro próximo, el proyecto de política de protección y bienestar de los trabajadores domésticos. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas para aplicar la política, en particular respecto de la protección de los trabajos peligrosos a los niños trabajadores domésticos y sobre los resultados obtenidos en términos del número de niños trabajadores domésticos a los que se ha impedido y retirado de los trabajos peligrosos y que han sido rehabilitados.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. Siguiendo sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual, a través del proyecto servicios para niños en situación de riesgo, un total de 2 692 niños (1 345 niñas y 1 347 niños) recibieron servicios que incluyen una educación no formal, una educación en desarrollo de las capacidades y una formación sobre medios de subsistencia. La Comisión también toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual, dentro del proyecto educación básica para los niños que trabajan en zonas urbanas a los que es difícil llegar, se proporcionó una enseñanza básica a un total de 146 942 niños que trabajan entre las edades de 10 y 14 años, 31 089 de los cuales fueron inscritos en escuelas primarias. Además, se impartió a 3 402 niños mayores de 13 años de edad, una formación sobre competencias y medios de subsistencia. El proyecto de protección social que tenga en cuenta a la infancia, 2012-2016 (CSPB) que se está aplicando con la asistencia técnica del UNICEF, aporta transferencias en efectivo condicionales de 2 000 takas al mes por un período de hasta 18 meses, en el caso de los niños desfavorecidos, a efectos de impedirles su implicación en el trabajo infantil.

La Comisión también toma nota del informe de país, de julio de 2011, «Comprender el trabajo infantil en Bangladesh», según el cual un proyecto titulado Calidad de la enseñanza secundaria y mejora del acceso a la misma, que se centra en los niños y las niñas en situación de pobreza, establece un apoyo en cuanto a remuneración y enseñanza a 0,8 millones de niños y niñas, y un apoyo a la enseñanza a otras 0,5 millones de niñas. La Comisión también toma nota de que, según la información de OIT/IPEC, en su afán por garantizar una educación para todos, el Gobierno creó instalaciones educativas para 916 000 niños en 26 646 centros de aprendizaje, en 89 subdistritos seleccionados y seis capitales de distrito, a efectos de dar cobertura en la enseñanza primaria a los niños desfavorecidos de 7 a 14 años de edad, incluidos los niños que trabajan. La Comisión toma nota asimismo de la información del Gobierno, según la cual se adoptó una política de educación nacional, de 2010, con el fin de garantizar la enseñanza primaria obligatoria hasta el octavo grado, con un alcance de educación profesional, así como de garantizar la inscripción y la retención de estudiantes en la enseñanza primaria y secundaria. La Comisión toma nota de las estadísticas del UNICEF, de 2012, según las cuales el ratio de asistencia neta a la escuela primaria es del 77,2 por ciento, en el caso de los niños, y del 81,2 por ciento, en el caso de las niñas. La Comisión toma debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno. Considerando que la educación contribuye a impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para suministrar el acceso a una enseñanza básica gratuita, garantizando así la inscripción y la retención de estudiantes en la enseñanza primaria y secundaria. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique datos estadísticos actualizados y desglosados sobre las tasas de inscripción escolar y sobre las tasas de abandono escolar.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Bélgica

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1988)

Artículo 3, párrafo 3, del Convenio. Admisión a los trabajos peligrosos a partir de los 16 años de edad. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 8 del Real decreto relativo a la Protección de los Jóvenes en el Trabajo, de 3 de mayo de 1999 (Real decreto de 1999), está prohibido emplear a jóvenes de menos de 18 años en los trabajos peligrosos previstos en el apartado 2 del artículo 8 del decreto, a saber, los trabajos que implican una exposición a agentes tóxicos y cancerígenos; ocasionan alteraciones genéticas hereditarias, teniendo efectos nocivos para el feto durante el embarazo, o tienen cualquier otro efecto perjudicial crónico en el ser humano. Sin embargo, el artículo 10 del decreto prevé que los «jóvenes en el trabajo», es decir, jóvenes cuya edad no sea inferior a 15 años que ya no estén sujetos a la obligación escolar a tiempo completo, al pasante, al alumno y al estudiante (artículo 2), puedan realizar dichos trabajos peligrosos en condiciones de seguridad establecidas.

La Comisión tomó nota de que el Código sobre el Bienestar en el Trabajo estaba en proceso de adopción. Asimismo, tomó nota de que en ese nuevo código se tenían que refundir los reales decretos relativos al bienestar de los trabajadores, incluido el Real decreto de 1999, que debía modificarse a fin de elevar a 16 la edad mínima de admisión en el trabajo y, de este modo, garantizar que los jóvenes sólo puedan realizar trabajos peligrosos a partir de los 16 años. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que el Código sobre el Bienestar en el Trabajo aún no se había promulgado.

La Comisión lamenta tomar nota una vez más de que el Gobierno señala que, debido a que la voluntad política se ha centrado en otras cuestiones, la publicación del Código sobre el Bienestar en el Trabajo se ha retrasado de nuevo. Sin embargo, el Gobierno indica que para cumplir con las disposiciones del Convenio la Dirección General de Humanización del Trabajo ha elaborado un proyecto de real decreto que modifica el Real decreto de 1999. Con miras a su rápida adopción y promulgación, ese nuevo real decreto no se ha incluido en el Código sobre el Bienestar en el Trabajo pero que se incluirá en él. Entre otras cosas, se prevé modificar el artículo 10 del Real decreto de 1999 a fin de elevar la edad mínima de admisión al trabajo a 16 años.

La Comisión recuerda de nuevo al Gobierno que, en virtud del párrafo 3 del artículo 3 del Convenio la legislación nacional podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, autorizar la realización de trabajos peligrosos a los adolescentes a partir de los 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas su salud, seguridad y moralidad, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica. Teniendo en cuenta de que ha estado planteando esta cuestión desde hace más de diez años, la Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para velar por que tanto el proyecto de real decreto que modifica el Real decreto de 1999 como el nuevo Código sobre el Bienestar en el Trabajo entren en vigor a la mayor brevedad. Pide al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

Benin

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

Artículo 3, párrafos 1 y 2. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de esos tipos de trabajos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el proyecto de decreto por el que se establece la lista de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años, que incluye el trabajo doméstico, había sido aprobada por el Consejo Nacional del Trabajo durante su reunión de junio de 2010 y había sido transmitido al Gobierno para su adopción.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el decreto núm. 2011-029 por el que se establece la lista de trabajos considerados peligrosos en la República de Benin fue aprobado el 31 de enero de 2011. Este decreto contiene una lista detallada de los tipos de trabajos considerados demasiado peligrosos para que puedan realizarlos los menores de 18 años. Algunos de estos trabajos son: las construcciones metálicas, el chapado, la hojalatería, la carpintería, la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, el transporte, la trituración y el tallado de piedras, el lavado de oro, la peluquería y los trabajos domésticos. La Comisión pide al Gobierno que comunique las informaciones sobre la aplicación del decreto núm. 2011-029, en particular, por el número y la naturaleza de las infracciones relativas a adolescentes empleados en trabajos peligrosos.

Artículos 6 y 9, párrafo 1, del Convenio. Aprendizaje y sanciones. La Comisión había tomado nota de que, en virtud de los artículos 298 a 308 del Código del Trabajo, la violación de las disposiciones del Código del Trabajo o de los decretos relativos al empleo de los niños puede dar lugar a la imposición de multas y penas de prisión.

La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en los informes sobre las inspecciones efectuadas en los talleres en 2013 y 2014. Según esos informes, el Servicio Departamental de Formación Continua y Aprendizaje efectuó visitas de inspección en la ciudad de Porto-Novo (2013) y en el departamento de Borgou-Alibori (2014). Estas visitas permitieron destapar casos en los que no se respetaba la edad mínima para realizar un aprendizaje; se comprobó que había niños de entre 9 y 12 años que trabajaban en talleres como aprendices. Asimismo, la Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno según la cual las visitas de inspección efectuadas por el Servicio Departamental de Formación Continua y Aprendizaje han puesto de manifiesto la precariedad de las condiciones de trabajo de los niños en los talleres y centros de aprendizaje. Además, esas inspecciones han puesto de relieve que no se remunera a los aprendices y que en algunos casos éstos reciben castigos corporales.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que en los informes sobre las inspecciones efectuadas en los talleres en 2013 y 2014 también se indica que los patronos de los artesanos siguen siendo reacios a proporcionar la información solicitada por los equipos de control y que esos equipos pueden entrevistarse raras veces con los patrones para sensibilizarles al respecto. Además, los inspectores informan de que prefieren el diálogo y la sensibilización a la aplicación de sanciones. Si bien el diálogo y la sensibilización son medios importantes para la prevención y la eliminación del trabajo infantil, la Comisión recuerda que el párrafo 1 del artículo 9 del Convenio estipula que la autoridad competente deberá prever todas las medidas necesarias, incluso el establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que en la práctica se aplican sanciones eficaces y lo suficientemente disuasorias en los casos de violación de las disposiciones relativas a la edad mínima de admisión al aprendizaje, que es de 14 años. La Comisión pide al Gobierno que transmita información a este respecto y sobre el número y la naturaleza de las sanciones impuestas en la práctica.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Autónomos de Benin (CSA-Benin), transmitidas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) el 30 de agosto de 2013.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y aplicación del Convenio en la práctica. Apartado a). Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la ley núm. 2006-04, de 5 de abril de 2006, por la que se establecen las condiciones del desplazamiento de menores y la represión de la trata de niños en la República de Benin. Esta ley prohíbe, entre otras cosas, la venta y trata de niños con fines de explotación económica y sexual. Sin embargo, la Comisión también expresó su preocupación por la amplitud del fenómeno de trata interna de niños con fines de explotación económica en Benin y por la disminución del número de condenas tras la adopción de la ley núm. 2006-04.

La Comisión toma nota de la observación de la CSA-Benin, según la cual el fenómeno de la trata de niños sigue presente en Benin; los niños son trasportados a los países limítrofes para trabajar en minas y campos o como domésticos, lo cual convierte a Benin en un país de tránsito. Asimismo, la CSA-Benin señala que el fenómeno de la trata se ha agravado debido a que los padres que viven en la pobreza extrema eligen sacrificar a sus hijos a fin de conseguir unos ingresos regulares.

En su memoria, el Gobierno indica que, desde 2010, se han realizado esfuerzos en materia de lucha contra la trata de niños. Asimismo señala que se han creado cinco nuevas comisarías de policía en las zonas fronterizas, lo que eleva a 21 el número de comisarías fronterizas. Además, en 2012, se crearon tres brigadas fronterizas civiles y unidades de vigilancia fronteriza. El Gobierno también indica que se han impuesto condenas y sanciones a los autores del delito de trata de niños.

Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de que, según las estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 40 000 niños son víctimas de trata en Benin. Los principales sectores en los que los niños son víctimas de explotación son el servicio doméstico y la agricultura, incluidas las explotaciones de algodón y de anacardos. Asimismo, se obliga a los niños a trabajar en la pesca, las minas y canteras, como vendedores ambulantes, y en la industria del transporte. Por consiguiente, la Comisión ruega al Gobierno que redoble sus esfuerzos para garantizar, en la práctica, la protección de los menores de 18 años frente a la venta y trata con fines de explotación de su trabajo. A este respecto, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para velar por que se realicen investigaciones en profundidad y se enjuicie a las personas que se dedican a la venta y trata de niños, y se impongan sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias, de conformidad con la legislación nacional en vigor. Asimismo, la Comisión ruega al Gobierno que transmita información concreta sobre la aplicación de la ley núm. 2006-04, comunicando especialmente estadísticas sobre el número de condenas y sanciones penales impuestas.

Artículo 3, d). Trabajos peligrosos. Niños vidomégons. La Comisión había tomado nota de que en Benin había muchos niños vidomégons (niños entregados a una tercera persona por sus padres o por un intermediario a fin de que puedan recibir educación o para hacerles trabajar). En general, se trata de niños no escolarizados procedentes de zonas rurales. Asimismo, tomó nota de que esta práctica, antes considerada como una forma de solidaridad tradicional entre padres y miembros de una familia, ha ido degenerando. Algunos niños vidomégons son víctimas de malos tratos, que pueden llegar a la violencia física y psicológica. Además, la Comisión tomó nota de que el proyecto de decreto por el que se establece la lista de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años, que incluye los trabajos domésticos, fue aprobado por el Consejo Nacional del Trabajo durante su reunión de junio de 2010 y fue transmitido al Gobierno para su adopción. La Comisión también tomó nota de que según el Gobierno el proyecto del Código de Protección de la Infancia, trasmitido al Tribunal Supremo para recabar su opinión, contenía disposiciones sobre los niños vidomégons.

La Comisión toma buena nota de que el decreto núm. 2011-029 por el que se establece la lista de trabajos considerados peligrosos en la República de Benin fue aprobado el 31 de enero de 2011. Este decreto establece que el trabajo doméstico es un trabajo medianamente peligroso o muy peligroso y lo prohíbe a los menores de 18 años. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica, en su memoria comunicada en virtud de la aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), que el proyecto de ley que establece el Código de Protección de la Infancia está siendo examinado por la Asamblea Nacional y espera que sea adoptado antes de finales de 2014. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas inmediatas y eficaces a fin de velar por que el decreto núm. 2011-029 se aplique de manera efectiva y se impongan sanciones lo suficientemente eficaces y disuasorias a las personas que hayan obligado a menores de 18 años de edad a realizar trabajos domésticos peligrosos. Pide al Gobierno que transmita información a este respecto así como sobre los progresos realizados en la adopción del Código de Protección de la Infancia.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar la asistencia necesaria para librarlos de estas formas de trabajo. Niños que trabajan en minas y canteras. La Comisión toma nota de la observación realizada por la CSA-Benin según la cual en ciertas localidades del país hay menores de 18 años que trabajan con sus padres realizando actividades como, por ejemplo, triturar piedras para venderlas.

A este respecto, la Comisión toma nota de un estudio llevado a cabo en el marco del proyecto de la OIT/IPEC, ECOWAS II, que puso de relieve que había 2 995 niños trabajando en 201 explotaciones mineras, el 88 por ciento de los cuales estaban en edad escolar. La Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte medidas efectivas en un plazo determinado para proteger a los niños de los trabajos peligrosos en las minas y canteras. Pide al Gobierno que transmita información concreta sobre el número de niños que han sido objeto de protección o librados de los trabajos peligrosos, y se han rehabilitado e integrado en la sociedad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Estado Plurinacional de Bolivia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1997)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 31 de agosto de 2014, así como de la respuesta del Gobierno del 26 de noviembre de 2014.

Artículo 2, 1), del Convenio. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La Comisión reitera sus comentarios anteriores, en los que tomó nota de que, en virtud del artículo 126, 1), del Código del Niño, Niña y Adolescente, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo era de 14 años, y de que el artículo 58 de la Ley General del Trabajo prohibía el trabajo a los niños menores de 14 años, lo que está en consonancia con el requisito de la edad mínima especificado por el Gobierno al ratificar el Convenio.

La Comisión toma nota de la observación presentada por la CSI en relación con la adopción por el Gobierno del nuevo Código del Niño, Niña y Adolescente, de 17 de julio de 2014, por el que se modifica el artículo 129 del Código anterior, reduciendo la edad mínima para trabajar de los niños a los diez años para actividades laborales por cuenta propia y a los 12 años para quienes tengan una actividad laboral por cuenta ajena, siempre que se den circunstancias excepcionales. La CSI sostiene que esas excepciones a la edad mínima establecida en 14 años son incompatibles con las excepciones previstas en el Convenio para trabajos ligeros, en virtud del artículo 7, 4), que no autoriza a trabajar a niños menores de 12 años. La Comisión toma nota también de la declaración de la CSI, según la cual permitir que los niños trabajen a partir de los diez años de edad menoscabará el período de escolaridad obligatoria de éstos, que en el Estado Plurinacional de Bolivia abarca 12 años, es decir, hasta los 16 años de edad. Además, la CSI sostiene que, con la distinción entre la edad mínima para realizar trabajos ligeros por cuenta propia (diez años) y por cuenta ajena (12 años), el Código discrimina entre ambos grupos de niños, que deberían gozar del mismo nivel de protección.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su informe y también en su respuesta a los alegatos de la CSI que las nuevas excepciones a la edad mínima de 14 años, establecidas en virtud del artículo 129 del citado Código, se establecen y autorizan únicamente a condición de que estas actividades no atenten contra el derecho del niño a su educación, salud, dignidad o desarrollo integral.

La Comisión deplora enérgicamente tomar nota de las enmiendas recientes al artículo 129 del Código del Niño, Niña y Adolescente, citadas más arriba, que permiten a la autoridad competente autorizar la actividad laboral por cuenta propia de niños y adolescentes de diez a 14 años y, por cuenta ajena, de niños y adolescentes de 12 a 14 años. La Comisión subraya que el objetivo del Convenio consiste en eliminar el trabajo infantil y que permite y alienta el aumento de la edad mínima de admisión al trabajo, pero no autoriza la reducción de la edad mínima por debajo de la edad que haya sido establecida. La Comisión reitera que el Estado Plurinacional de Bolivia había especificado una edad mínima de 14 años para la admisión al empleo al ratificar el Convenio y que la derogación de ésta en virtud del artículo 129 del nuevo Código vulnera la disposición del Convenio en esta materia. Además, la Comisión toma nota con profunda preocupación de la distinción entre fijar la edad mínima a los diez años para los niños que realizan una actividad laboral por cuenta propia, y fijarla a los 12 años para los que la realizan por cuenta ajena. Tal como señaló en su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafos 550 y 551), la Comisión sostiene con firmeza que ha de garantizarse como mínimo la misma protección legislativa a los niños que trabajan por cuenta propia, dado que muchos de ellos trabajan en la economía informal en condiciones peligrosas. La Comisión insta firmemente, en consecuencia, al Gobierno a que adopte medidas de carácter inmediato para garantizar que se enmienda el artículo 129 del Código del Niño, Niña y Adolescente, de 17 de julio de 2014, a fin de fijar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, incluido el trabajo por cuenta propia como mínimo a los 14 años, de conformidad con la edad especificada en la ratificación del Convenio y los requisitos establecidos en este punto.

Artículo 7, 1) y 4). Trabajos ligeros. La Comisión toma nota de que los artículos 132 y 133 del Código del Niño, Niña y Adolescente, de 17 de julio de 2014, permiten trabajar a los niños menores de 14 años, con la debida autorización de la autoridad competente, siempre y cuando las condiciones en que se ejecute limiten su horario laboral y no sean peligrosas para la vida, salud, integridad o imagen de la niña, niño o adolescente o no atenten contra su libertad de acceso a la educación. La Comisión reitera que, en virtud de la cláusula sobre flexibilidad prevista en el artículo 7, 1) y 4), del Convenio, las leyes o reglamentos nacionales podrán autorizar el empleo o el trabajo de personas con edades comprendidas entre los 12 y los 14 años de edad para realizar trabajos ligeros que no resulten nocivos para su salud o desarrollo, y no constituyan un obstáculo para su asistencia a la escuela, su participación en los programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente ni para su capacidad de beneficiarse de la instrucción recibida. No obstante, la Comisión toma nota de que los artículos 132 y 133 del Código del Niño, Niña y Adolescente no reducen la edad mínima a los 12 años, según se prevé en el artículo 7, 4). La Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para garantizar que se enmiendan los artículos 132 y 133 del Código del Niño, Niña y Adolescente, de 17 de julio de 2014, a fin de reducir la edad mínima de admisión al empleo para trabajos ligeros a los 12 años, de conformidad con las condiciones previstas en el artículo 7, 1) y 4), del Convenio.

Artículo 9, 3). Registros de empleo. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que la legislación nacional no contiene disposiciones que den cumplimiento a la obligación del empleador de llevar registros. El Gobierno toma nota de que, en virtud del artículo 138 del Código del Niño, Niña y Adolescente, es necesario contar con registros de los niños y adolescentes trabajadores con el fin de obtener autorización para que realicen dicha actividad laboral. La Comisión toma nota de los esfuerzos del Gobierno para prescribir dichos registros, lamenta tomar nota de que estos registros incluyen la autorización para trabajar de los niños con edades comprendidas entre los diez y los 14 años. En este sentido, señala a la atención del Gobierno sus propios comentarios formulados en virtud del artículo 2, 1), según los cuales no debería concederse la autorización para trabajar a los niños con edades inferiores a los 14 años. Además, recuerda al Gobierno que, según el artículo 9, 3), del Convenio, la legislación nacional prescribirá los registros que el empleador deberá llevar y tener a disposición de la autoridad competente en los que se indicarán el nombre y apellidos y la edad o fecha de nacimiento, debidamente certificados, de todas las personas menores de 18 años empleadas por él o que trabajen para él. La Comisión solicita, en consecuencia, al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner esta disposición del Código del Niño, Niña y Adolescente de conformidad con lo dispuesto en el Convenio sobre estas dos cuestiones y que suministre informaciones sobre el trabajo infantil, desglosadas por edad y por sexo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 104.ª reunión de la Conferencia y a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículos 3, a), y 7, 2), a) y b), del Convenio. Medidas efectivas y adoptadas en un plazo determinado. Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y prestar asistencia para librarlos de estas peores formas y asegurar su rehabilitación e inserción social. Servidumbre por deudas y trabajo forzoso u obligatorio en las explotaciones de la caña de azúcar y de la castaña. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que subsistían las condiciones de explotación de los niños que trabajan en condiciones peligrosas en la cosecha de las plantaciones de caña de azúcar y de castaña.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información relativa a las medidas adoptadas o previstas — ya sean nacionales o en plazo determinado — con la finalidad de eliminar las peores formas de trabajo infantil en las plantaciones de caña de azúcar y de castaña. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha aplicado un proyecto relativo a los derechos humanos de los niños en las plantaciones de caña de azúcar y de castaña y en la minería, que tiene por objeto, entre otros, aplicar medidas para apartar a los niños del trabajo en estas condiciones peligrosas. Según la memoria sobre los progresos del proyecto, entre mayo y noviembre de 2013, 5 000 familias han sido rescatadas del trabajo de las plantaciones de caña de azúcar, incluyendo a 2 900 niños menores de 13 años de edad, y se ha detectado la presencia de 2 500 niños en las plantaciones de castaña. La Comisión toma nota asimismo del programa de incentivos corporativos del Gobierno Triple Sello e impone como requisito previo para la concesión de algunas prestaciones a la empresa la demostración de que ésta no practica ninguna forma de trabajo infantil, tampoco en trabajos vinculados a la cosecha de la castaña. La Comisión toma nota también de que atendiendo al Plan de acción de 2013-2017 con el UNICEF, se ha puesto en marcha un programa en 17 municipios bolivianos que producen castañas y caña de azúcar para suministrar asistencia educativa a los niños, y que 3 400 niños se han reincorporado a la educación básica. Por último, la Comisión toma nota de la información estadística del Gobierno, que cita el número de investigaciones emprendidas en las plantaciones de caña de azúcar, pero no suministra ninguna información relativa al número de infracciones o sanciones impuestas en este sentido. Tomando nota de la ausencia de información concreta sobre este particular, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, incluyendo medidas efectivas y en un plazo determinado, en el contexto de los proyectos mencionados anteriormente, para impedir que los niños sean víctimas de servidumbre por deudas o de trabajo forzoso en la explotación de la caña de azúcar y la recolección de castañas, así como para librar a los niños de esta peor forma de trabajo infantil y garantizar su readaptación e inserción social. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien explicar cómo garantiza que las personas que utilizan el trabajo en los menores de 18 años en la industria de la caña de azúcar y la recolección de castañas, en condiciones de servidumbre en trabajo forzoso son enjuiciados efectivamente y se les imponen sanciones disuasorias.

Artículos 3, d), y 7, 2), a) y b). Trabajo peligroso. Niños que trabajan en las minas. Medidas efectivas y en plazo determinado para la prevención, asistencia y evacuación de estos niños. La Comisión tomó nota anteriormente de que más de 3 800 niños trabajan en las explotaciones mineras de estaño, zinc, plata y oro del país, y que aunque, el artículo 134 del Código del Niño, Niña y Adolescente contiene una lista detallada de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los adolescentes, algunos de los cuales conciernen actividades efectuadas por los niños en las minas, no existe información sobre la aplicación en la práctica de la legislación nacional. La Comisión tomó nota además de que se habían emprendido medidas de sensibilización y formación y que se habían ofrecido alternativas económicas a las familias de los niños que trabajan en las minas.

La Comisión toma nota de la información estadística, según la cual únicamente el 8 por ciento de las 62 inscripciones efectuadas en las explotaciones mineras desvelaron la existencia de niños menores de 12 años que trabajaban en ellas. No obstante, la Comisión toma nota también de que, según la memoria sobre el avance del proyecto sobre derechos humanos de los niños en las plantaciones de caña de azúcar y de castaña, y en las explotaciones mineras, aproximadamente 2 000 niños realizan actividades laborales en explotaciones mineras de carácter tradicional en los municipios de Potosí y Oruro en 2013. La Comisión toma nota además de la información estadística suministrada por la Defensoría del Pueblo, según la cual 145 jóvenes trabajaron en las explotaciones mineras de Cerro Rico en junio y julio de 2014. Tomando nota de que el Gobierno señala que, en el plazo de los próximos dos años, tratará de elaborar una política nacional destinada a erradicar el trabajo infantil, la Comisión solicita al Gobierno que persista en sus esfuerzos de formular esta política, así como en la adopción de medidas efectivas y en plazo determinado para prevenir, retirar y reintegrar a los niños que realizan trabajo peligroso en las minas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Botswana

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 4, 1), del Convenio. Determinación de los trabajos peligrosos. La Comisión había tomado nota de que, según el Gobierno, el Consejo Consultivo Laboral Tripartito había preparado un proyecto de lista de tipos de trabajos peligrosos, que se había transmitido a los ministerios pertinentes para su aprobación. Por consiguiente, la Comisión instó al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para garantizar la adopción, en un futuro próximo, de la lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la lista de tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los jóvenes aún no se ha finalizado. La Comisión expresa la firme esperanza de que la lista, que determina los tipos de trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad, se adoptará en un futuro próximo. Solicita al Gobierno que transmita una copia de dicha lista una vez que se haya adoptado.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. Niños víctimas de explotación sexual comercial. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que se estaban realizando esfuerzos para impedir la explotación sexual comercial de niños y retirar a los niños de esta práctica, y que se había contratado a dos organismos de aplicación, a saber, Humana People to People y Childline Botswana, para trabajar en esta esfera. La Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para, en colaboración con la OIT/IPEC, proporcionar la asistencia directa necesaria y apropiada para liberar a los niños víctimas de explotación sexual comercial, y garantizar su rehabilitación y reintegración social.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en virtud de la Ley de la Infancia de 2009, los niños víctimas de explotación sexual comercial son considerados niños que necesitan protección. Asimismo, toma nota de que, en virtud del artículo 54 de dicha ley, el ministro debe elaborar programas y adoptar medidas de rehabilitación (por ejemplo, el asesoramiento comunitario y otras formas de apoyo psicológico) para la reintegración social de los niños que han sido víctimas de abusos o de explotación. La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para liberar a los niños víctimas de explotación sexual comercial, y que proporcione la asistencia directa necesaria y apropiada a los niños y jóvenes que han sido víctimas de esta peor forma de trabajo infantil, con arreglo al artículo 54 de la Ley de la Infancia. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre el número de niños víctimas de explotación sexual comercial que han sido efectivamente retirados de estas prácticas, rehabilitados y reintegrados en la sociedad gracias a las medidas aplicadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burkina Faso

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el trabajo infantil afectaba al 41,1 por ciento de los niños de 5 a 17 años en Burkina Faso, es decir, 1 658 869 niños trabajadores. Aproximadamente el 30 por ciento de los niños de 5 a 9 años y el 47,6 por ciento de los niños de 10 a 14 años trabajan en diversos sectores económicos. A este respecto, la Comisión tomó nota de que la mayoría de niños que trabajan en la agricultura y la ganadería, y los grupos más expuestos ejercen sus actividades como aprendices en la economía informal y en el sector de las minas artesanales y, en el caso de las niñas, en el servicio doméstico, como vendedoras o aprendices. La Comisión tomó nota de que el Gobierno adoptó, el 15 de febrero de 2012, el Plan Nacional de Acción de Lucha Contra las Peores Formas de Trabajo Infantil en Burkina Faso 2011-2015 (WFCL), elaborado en colaboración con la OIT/IPEC, cuyo objetivo general es reducir la incidencia del trabajo infantil para 2015.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales, en el contexto de la aplicación del WFCL, en 2013 se llevaron a cabo 126 controles en materia de trabajo infantil, 104 de los cuales se realizaron en las minas de oro artesanales, 10 en el campo y 12 en el sector de la economía informal. Estos controles permitieron determinar que 1 411 niños trabajan, de los cuales 1 195 realizan actividades en el sector de las minas de oro artesanales y 215 en la economía informal (carpintería, mecánica, costura, pequeños comercios, etc.). El Gobierno indica también que, en 2013, se realizaron 50 sesiones de fortalecimiento de la capacidad de los actores que participan en la lucha contra el trabajo infantil; se realizaron 107 encuentros de sensibilización que permitieron llegar aproximadamente a 30 000 personas; y se creó el Comité Nacional de Coordinación (CNC) del WFCL. Por otra parte, el Gobierno indica que ha emprendido algunas actividades con objeto de reforzar la capacidad de la inspección del trabajo en materia de inspección del trabajo infantil, entre los que cabe mencionar la elaboración y validación de un módulo sobre el trabajo infantil con miras a su integración en los programas de formación de los inspectores y controladores del trabajo y la creación de un plan de formación para los inspectores del trabajo que aborda diversos aspectos incluido el de la lucha contra el trabajo infantil.

Al tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su preocupación por el número importante de niños con edades inferiores a la edad mínima de admisión al empleo que trabajan en Burkina Faso. La Comisión insta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para garantizar la eliminación progresiva del trabajo infantil. A este respecto, pide al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre el impacto del WFCL y las medidas de fortalecimiento de la inspección del trabajo en cuanto al número de trabajadores menores de 15 años que así pudieron beneficiarse de la protección conferida por el Convenio, en particular en relación con los niños que trabajan en la economía informal. Además, la Comisión pide al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica, por ejemplo, estadísticas recientes desglosadas por sexo, por grupos de edades y relativas a la naturaleza, el alcance y la evolución del trabajo de niños y adolescentes con edades inferiores a la edad mínima especificada por el Gobierno en la fecha de la ratificación, y extractos de informes de los servicios de inspección.

Artículo 9, párrafo 1. Sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con interés de que, en virtud del artículo 5 de la Ley núm. 029-2008/AN de Lucha contra la Trata de Personas y Prácticas Análogas, de 15 de mayo de 2008, los autores de infracciones constitutivas de las peores formas de trabajo infantil, entre ellas los trabajos peligrosos, serán sancionados con una pena de reclusión de diez a veinte años.

La Comisión toma nota de que, en su memoria comunicada en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), el Gobierno indica que las direcciones regionales del trabajo y seguridad social formularon en 2013, 14 advertencias a los concesionarios de minas de oro artesanales con objeto de que se pusieran en conformidad con la legislación en materia de trabajo infantil. La Comisión recuerda que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 1, del Convenio, la autoridad competente deberá adoptar todas las medidas necesarias, incluso el establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del Convenio. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias de manera que la persona reconocida culpable de infracciones a las disposiciones que dan efecto al Convenio, en particular las relativas a los trabajos peligrosos, sea procesada y que se le impongan las sanciones adecuadas. La Comisión pide al Gobierno que facilite informaciones sobre los tipos de infracciones detectadas, el número de personas procesadas y las sanciones impuestas.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Venta, trata de niños y mecanismos de sanción. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de la gran importancia de la trata interna transfronteriza de niños para la explotación de su trabajo. La Comisión tomó nota de que, si bien la legislación nacional prohíbe efectivamente la venta y la trata de niños y establece penas de prisión de entre cinco y 25 años, el Gobierno no proporcionó información alguna sobre la aplicación de sanciones a los autores de violaciones relativas a la trata de niños. Además, la Comisión observó que las informaciones disponibles sobre los casos de trata de niños registrados por los tribunales no permiten determinar si en el total de casos los presuntos traficantes fueron procesados judicialmente.

La Comisión observa que el Gobierno no proporciona en su memoria información alguna sobre esta cuestión. La Comisión toma nota de que en las observaciones finales de 10 de julio de 2013 relativas al informe de Burkina Faso presentado en aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (documento CRC/C/OPSC/BFA/CO/1, párrafo 20), el Comité de los Derechos del Niño expresa su inquietud ante la escasez alarmante del número de procesamientos relativos, en particular, a la práctica de confiar niños a un tercero «confiage» (plazo de niños de la campaña con miembros de su familia en la ciudad para realizar labores domésticas) que frecuentemente se asemeja a la venta de niños. La Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que la trata de niños es un delito de carácter grave y que, en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, el Gobierno deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva y el respeto a las disposiciones del Convenio, incluida la aplicación de sanciones penales suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias contra las personas a las que se haya reconocido culpables de trata de niños. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione informaciones a este respecto. Asimismo, la Comisión ruega al Gobierno que siga facilitando informaciones sobre la aplicación de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas y Prácticas Análogas, en particular, sobre las estadísticas relativas al número y naturaleza de las infracciones señaladas, las investigaciones llevadas a cabo, los procesamientos iniciados, las condenas pronunciadas y las sanciones penales impuestas.

Artículo 6. Plan de acción y aplicación del Convenio en la práctica. 1. Venta y trata de niños. La Comisión tomó nota anteriormente de que se estaba elaborando el Plan de acción nacional de lucha contra la trata y la violencia sexual contra los niños en Burkina Faso (PAN-LTVS), en el que se definen estrategias claras de lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de los niños.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la adopción del PAN-LTVS se ha suspendido a la espera de los resultados de un estudio de evaluación nacional de la lucha contra la trata de niños, en etapa de finalización y que estará acompañado de un plan de acción nacional que incluirá, de ser necesario, nuevas estrategias. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar la adopción del PAN-LTVS a la mayor brevedad posible y de comunicar informaciones sobre los resultados obtenidos como consecuencia de su aplicación. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados a este respecto, así como sobre los resultados del estudio de la evaluación nacional de la lucha contra la trata de niños.

2. Plan de acción nacional de lucha contra las peores formas de trabajo infantil en Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE). La Comisión tomó nota anteriormente de que el trabajo infantil afecta al 41,1 por ciento de los niños de 5 a 17 años en Burkina Faso, es decir, 1 658 869 niños trabajadores, y que 1 447 146 niños están obligados a realizar trabajos peligrosos, es decir, una proporción del 35,8 por ciento en relación al número de niños de 5 a 17 años. En este sentido, la Comisión tomó nota de que el objetivo del Plan de acción nacional de lucha contra las peores formas de trabajo infantil en Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE), tiene el objetivo de reducir la incidencia del trabajo infantil para 2015 mediante la adopción de medidas para la erradicación de todas las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno relativas a las medidas adoptadas en el contexto de la puesta en práctica del PAN/PFTE. Al tiempo de tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión se ve obligada a expresar su preocupación frente a la situación y al número considerable de menores de 18 años obligados a realizar trabajos peligrosos. La Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para eliminar esas peores formas de trabajo infantil. Ruega al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre todo progreso realizado a este respecto y los resultados obtenidos. La Comisión también pide al Gobierno que siga proporcionando informaciones sobre la naturaleza, la amplitud y las tendencias de las peores formas de trabajo infantil, el número de niños abarcados por las medidas que dan efecto al Convenio, y sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas, las investigaciones, procesamientos, condenas y sanciones aplicadas. En la medida de lo posible, las informaciones deberán desglosarse por edad y sexo.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños particularmente expuestos a riesgos. Niños de la calle. En anteriores comentarios, la Comisión se congratuló por las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los niños de la calle en Burkina Faso, entre los cuales están los niños talibés (o garibous), y alentó al Gobierno a que prosiguiera sus esfuerzos en ese sentido.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual el Ministerio de Acción Social y Solidaridad Nacional, que ha convertido en prioritaria la lucha contra las peores formas de trabajo infantil, pudo identificar 3 446 nuevos niños de la calle, de los cuales se reubicó a 300 en familias, 1 070 fueron integrados al sistema escolar y 372 en la formación profesional. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 23 de septiembre de 2013, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, si bien toma nota con interés de la atención que dedica el Gobierno a la cuestión de la explotación de los niños garibous y las medidas adoptadas para la protección y la educación de esos niños, expresa su preocupación por la persistencia de ese fenómeno pese a la prohibición de la mendicidad en Burkina Faso (documento CERD/C/BFA/CO/12-19, párrafo 11). Por consiguiente, la Comisión alienta enérgicamente al Gobierno a proseguir sus esfuerzos y le pide que siga proporcionando informaciones sobre el número de niños de la calle a los que se ha podido proteger contra las peores formas de trabajo infantil, y rehabilitar e integrar socialmente en el marco de las diversas medidas adoptadas a estos efectos. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique todas las demás medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado para impedir que los menores de 18 años sean víctimas del trabajo forzoso u obligatorio, como la mendicidad, así como para identificar a los niños garibous que se ven obligados a mendigar y a librarlos de esas situaciones asegurando al mismo tiempo su readaptación e integración social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burundi

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Campo de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) indicaba que el trabajo infantil constituía un serio problema en Burundi, especialmente en la agricultura y en las actividades informales en el medio urbano. Había tomado nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual la crisis sociopolítica que atravesaba el país, había agravado la situación de los niños. En efecto, algunos de éstos habían sido obligados a realizar trabajos «al margen de las normas» para hacer vivir a sus familias, las que se encontraban con mucha frecuencia en el sector informal y en la agricultura. La Comisión había tomado nota de que las disposiciones del artículo 3 del Código del Trabajo, leídas conjuntamente con las del artículo 14, prohibían el trabajo de los niños menores de 16 años de edad en las empresas públicas y privadas, incluso en las explotaciones agrícolas, cuando ese trabajo fuese realizado bajo la dirección de un empleador y por cuenta del mismo.

En su memoria, el Gobierno confirmó que la reglamentación del país no se aplica al sector informal y que, en consecuencia, escapa a todo control. No obstante, la cuestión de extender la aplicación de la legislación del trabajo a ese sector ha de discutirse en un marco tripartito con ocasión de la revisión del Código del Trabajo y de sus medidas de aplicación. La Comisión recordó al Gobierno que el Convenio se aplica a todos los sectores de la actividad económica y que comprende todos los tipos de empleo o de trabajo, exista o no una relación de empleo contractual, especialmente para el trabajo realizado por cuenta propia. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para ampliar el campo de aplicación del Convenio a los trabajos efectuados al margen de una relación de empleo, especialmente en el sector informal y en la agricultura. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones al respecto.

Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión había tomado nota de las indicaciones de la CSI, según las cuales la guerra había debilitado el sistema educativo debido a la destrucción de numerosas escuelas y a la muerte o al rapto de un gran número de docentes. Según la CSI, la tasa de escolarización de las niñas era más baja y la tasa de analfabetismo de las niñas, la más elevada. La Comisión había tomado nota de que, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), de 2004, sobre los datos relativos a la educación, el decreto-ley núm. 1/025, de 13 de julio de 1989, sobre la reorganización de la enseñanza en Burundi, no preveía una enseñanza primaria gratuita y obligatoria. El acceso a la enseñanza primaria se realizaba hacia la edad de 7 u 8 años y duraba seis años. Los niños finalizaban, por tanto, la enseñanza primaria hacia los 13 ó 14 años y debían pasar a continuación un examen de ingreso para acceder a la enseñanza secundaria. Además, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno había elaborado, en 1996, un plan de acción global de la educación, cuyo objetivo era la mejora del sistema educativo, sobre todo a través de la reducción de las desigualdades y de las disparidades en el acceso a la educación, habiéndose alcanzando una tasa bruta de escolarización del 100 por ciento en el año 2010.

La Comisión tomó buena nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria sobre las diferentes medidas adoptadas en materia de educación. Tomó nota de que, en virtud del artículo 53, apartado 2, de la Constitución de 2005, el Estado tiene el deber de organizar la enseñanza pública y de favorecer el acceso a la misma. Tomó nota asimismo de que la educación básica es gratuita y de que el número de niños escolarizados se había triplicado en el año escolar de 2006. En 2007, se crearán escuelas primarias y se establecerán otras, móviles y transitorias. Además, se habían creado células de coordinación para la educación de las niñas y se iba a contratar a más de 1 000 docentes. La Comisión impulsa nuevamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos en materia de educación y a que comunique informaciones sobre el impacto de las mencionadas medidas en el aumento de la frecuentación escolar y en la reducción de las tasas de abandono escolar, con particular atención a la situación de las niñas. Solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien indicar la edad de finalización de la escolaridad obligatoria, así como las disposiciones de la legislación nacional que prevén esa edad.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, junio de 2010)

Artículos 3 y 7, párrafo 1, del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Apartado a). Reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con preocupación de la utilización de niños por las fuerzas armadas del Estado ya sea como soldados o como auxiliares en los campamentos, e incluso como agentes de información, así como por el hecho de que la edad mínima de enrolamiento en las fuerzas armadas fuera baja. La Comisión tomó nota de que se había revisado el Código Penal a fin de asegurar una mejor protección de los niños contra los crímenes de guerra y que ese instrumento dispone que el reclutamiento de niños menores de 16 años en conflictos armados constituye un crimen de guerra. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas urgentes para modificar la legislación nacional y prohibir el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años para participar en un conflicto armado. Además, la Comisión tomó nota de que, considerando la calma relativa que existe en gran parte del territorio nacional desde la firma del Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha de agosto de 2000 y el Acuerdo Global de Cese del Fuego, el Gobierno había iniciado la aplicación de un vasto programa de desmovilización y reintegración de los excombatientes mediante tres organizaciones, a saber, la Comisión Nacional de Desmovilización, Reintegración y Reinserción (CNDRR), la Estructura Nacional de Niños Soldados (SEN), y el proyecto de la OIT/IPEC titulado «Prevención y reintegración de los niños enrolados en conflictos armados: un programa interregional».

La Comisión se remite a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia que en sus conclusiones instó al Gobierno a asegurarse de que los responsables de reclutamiento forzoso de menores de 18 años por parte de grupos armados y las fuerzas rebeldes sean llevados ante la justicia y se les impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica. Al observar que la situación en Burundi sigue siendo inestable y que aún existe el riesgo de que se reclute a niños soldados, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de los niños menores de 18 años contra el reclutamiento forzoso para su utilización en los conflictos armados, asegurando que se realicen investigaciones exhaustivas y que se enjuicie efectivamente a los infractores completando todas las instancias y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.

Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. La Comisión tomó nota de que en su comunicación la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) indicó que la extrema pobreza de la población lleva a los padres a autorizar a los niños a dedicarse a la prostitución. La Comisión tomó nota de que si bien la legislación nacional prohíbe esta peor forma de trabajo infantil, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución sigue siendo un problema en la práctica.

La Comisión toma nota de que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia concluyó que, aunque la legislación prohíbe la explotación sexual comercial de los niños, éste sigue siendo un grave problema en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que adopte sin demoras medidas inmediatas y eficaces para asegurar que las personas que utilizan, reclutan u ofrecen un niño menor de 18 años para la prostitución sean llevadas ante la justicia y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre el número y naturaleza de las infracciones observadas y de las sanciones penales aplicadas.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, asistencia para librarles de estas formas de trabajo y asegurar su rehabilitación e inserción social. 1. Niños soldados. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que en el marco del proyecto interregional de la OIT/IPEC, del programa de las Naciones Unidas de desmovilización, reintegración y reinserción, y del programa relativo a la Estructura Nacional de Niños Soldados, se procedió a la desmovilización y reintegración social de miles de niños soldados. La Comisión tomó nota de que se han desmovilizado todos los niños salvo aquellos utilizados por el FNL, dado que éste aún no ha abandonado las armas.

La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno según la cual los niños enrolados en las FNL han sido reintegrados a la vida civil y muchos de ellos han vuelto a la escuela. A este respecto, en el Séptimo Informe sobre la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Burundi de 30 de noviembre de 2010, el Secretario General de las Naciones Unidas indica que la reintegración de 626 niños anteriormente asociados con los grupos armados se concluyó con éxito el 31 de julio de 2010 (S/2010/608, párrafo 48). De los 626 niños, más de 104 han regresado a las escuelas de sus comunidades, mientras otros han tenido la oportunidad de recibir formación profesional o de incorporarse a actividades generadoras de ingresos.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que el representante gubernamental en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia indicó que la lucha contra la pobreza en Burundi es el problema fundamental que obstaculiza el éxito de la reinserción social de los niños soldados desmovilizados. En relación con las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia alienta firmemente al Gobierno a que siga tomando medidas efectivas y en un plazo determinado con miras a asegurar la rehabilitación e inserción social de los niños que hayan participado en conflictos armados.

2. Explotación sexual comercial. La Comisión solicitó al Gobierno que tomara las medidas necesarias para retirar a los menores de 18 años de la prostitución y asegurar su readaptación e integración social. La Comisión toma nota de que, en el marco del Programa de Acción Nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (PAN), elaborado en cooperación con la OIT/IPEC para el período 2010-2015, uno de los objetivos es reducir la vulnerabilidad de los niños ante las peores formas de trabajo infantil mediante la aplicación de programas de desarrollo comunitario, por ejemplo, mediante la educación y la reintegración socioeconómica de los niños ocupados en el trabajo infantil o retirados de él. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre el número de niños víctimas de la explotación sexual comercial a los que se ha retirado efectivamente de esa situación y que han sido rehabilitados y reintegrados socialmente, especialmente como consecuencia de la aplicación del PAN.

La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia expresa también su honda preocupación por el hecho de que el número de niños que trabaja en las calles sigue siendo elevado y de que estos niños se ven expuestos a diversas formas de explotación. Al recordar que los niños de la calle están particularmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión exhorta encarecidamente al Gobierno a que continúe sus esfuerzos para protegerlos de esas peores formas de trabajo, liberarlos del trabajo en la calle y asegurar su rehabilitación y reinserción social. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las repercusiones del PAN a este respecto, así como sobre el número de niños de la calle efectivamente librados de esa situación y reintegrados socialmente mediante la acción de los centros de protección y de reinserción de los niños de la calle.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Camboya

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del gran número de niños que trabajan en el país, incluso en el sector informal, en la agricultura y en el contexto familiar. También tomó nota de que la política nacional del Gobierno sobre educación no formal, incluye a los niños que trabajan como uno de sus objetivos primordiales. Alentó vivamente al Gobierno a que renovara sus esfuerzos para mejorar de manera progresiva la situación.

La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno al Plan Estratégico del Ministerio de Trabajo y Formación Profesional del Gobierno Real de Camboya. También toma nota del Plan de acción sobre la eliminación del trabajo infantil (CAMFEBA-PAECL) de la Federación Camboyana de Empleadores y de Asociaciones Empresariales (CAMFEBA), en Camboya (2012-2016), que se estableció con la asistencia de la OIT/IPEC y, según sus términos, se desarrolló en base a políticas gubernamentales vigentes para fortalecer y contribuir a los objetivos del Gobierno de reducir y eliminar el trabajo infantil en el país en 2016. En relación con esto, la Comisión toma nota de que el CAMFEBA-PAECL hace referencia a la segunda fase del Plan Nacional de acción sobre la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (2013-2017), que se dirige a eliminar el trabajo infantil en el país en 2016. La Comisión también toma nota del Programa de Trabajo Decente por País para Camboya, de la OIT (2011-2015), que da prioridad, entre otras cosas, al progreso efectivo realizado hacia la eliminación del trabajo infantil y para reforzar la capacidad de las partes interesadas nacionales. Por último, toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual 8 993 niños, incluidas 3 324 niñas, fueron retirados del trabajo infantil, entre junio de 2013 y julio de 2014.

La Comisión toma nota de los esfuerzos del Gobierno para coordinar los planes de acción y cooperar con los interlocutores sociales para eliminar el trabajo infantil en el país. Sin embargo, toma nota asimismo de que, con arreglo a la encuesta sobre la fuerza del trabajo y el trabajo infantil en Camboya, de 2012, de un número estimado en 755 245 niños económicamente activos de Camboya, el 56,9 por ciento (429 380) estaba ocupado en el trabajo infantil, el 55,1 por ciento de los cuales (236 498) estaba ocupado en trabajos peligrosos. De esos niños ocupados en trabajos peligrosos, aproximadamente el 5,3 por ciento correspondía a niños de edades comprendidas entre los cinco y los 11 años, el 15,8 por ciento, a niños de entre 12 y 14 años de edad, y el 42 por ciento, a niños de 15 a 17 años de edad. La Comisión debe expresar su preocupación ante el número significativo de niños menores de la edad mínima para la admisión al empleo que trabajan en Camboya, incluso en trabajos peligrosos. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que siga intensificando sus esfuerzos, incluso en el marco del Plan Nacional de acción y del Programa de Trabajo Decente por País, para lograr su objetivo de eliminación del trabajo infantil en 2016, especialmente en los trabajos peligrosos. La Comisión también solicita al Gobierno que siga comunicando información estadística actualizada sobre el empleo de niños y jóvenes, así como todo informe de inspección del trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2006)

Artículos 3, a), y 7, 1) y 2), a) y b), del Convenio. Venta y trata de niños y sanciones. Medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de impedir, asistir y librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión tomó nota con anterioridad de las medidas del Gobierno para combatir la venta y la trata de niños, pero tomó nota asimismo del elevado número de mujeres y de niños que seguían siendo víctimas de trata desde, hacia y dentro del país con fines de explotación sexual y de trabajo forzoso.

La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno al Plan Nacional de Acción, de Trata y Explotación Sexual (NPA-TIPSE) (2011-2014), así como de su indicación, según la cual se ha impedido que 125 niños fuesen víctimas de trata para la explotación sexual y laboral o que hayan sido librados y reintegrados en la educación y en la sociedad. Sin embargo, la Comisión toma nota de las observaciones finales del Comité para Eliminación y la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre los informes periódicos combinados cuarto y quinto de Camboya (documento CEDAW/C/KHM/CO/4-5, párrafo 24), de 2013, en las que señala que la aplicación de la legislación contra la trata sigue siendo en gran medida ineficaz, y que continúa la trata de niñas con fines de explotación sexual.

La Comisión toma nota asimismo del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, titulado Procedimientos de identificación de las víctimas en Camboya (pág. 24), que señala que se requiere información adicional sobre la naturaleza y la extensión de la trata en el país y reclama enfoques coherentes y estandarizados para la identificación de las víctimas, junto con un enfoque sistemático de compilación y análisis de los datos. El informe (pág. 14) también señala que, si bien el Gobierno ha adoptado medidas para coordinar los esfuerzos nacionales encaminados a combatir la trata, se requiere más trabajo para convertir esos esfuerzos y políticas en acciones concretas y apoyadas financieramente. A este respecto, el informe se refiere a la falta de recursos económicos aportados por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, para realizar investigaciones y contar con una formación y unos equipos adecuados. La Comisión alienta vivamente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para combatir la venta y la trata de niños mediante la aplicación efectiva de la legislación contra la trata, incluso adoptando medidas orientadas a garantizar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos enérgicos de los delincuentes, especialmente aumentando la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley incluidas las capacidades financieras. Solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto, así como sobre el número de investigaciones, procesamientos, condenas y sanciones penales aplicadas. Por último, solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre el número de niños a los que se ha impedido ser víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, y el número de niños víctimas de trata que han sido retirados de la explotación sexual o laboral y luego rehabilitados e insertados socialmente.

Artículo 3, a). Trabajo obligatorio exigido en centros de rehabilitación de toxicómanos. La Comisión se refiere a su observación de 2014 al Gobierno, en relación con el trabajo exigido en los centros de rehabilitación de toxicómanos, en la que señala que la mayoría de las personas que se encuentran en centros de rehabilitación de toxicómanos en Camboya, no son admitidos voluntariamente; son a menudo admitidos tras procedimientos legales, a solicitud de sus familias, o simplemente tras un arresto; han existido informes de personas en rehabilitación de toxicomanías que se ven obligadas a realizar trabajos. A este respecto, la Comisión toma nota con preocupación de que, según el Comité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales (documento CRC/C/KHM/CO/2-3, párrafo 38), de 2011, los malos tratos a personas en centros de rehabilitación de toxicómanos, se extienden a los niños. La Comisión solicita al Gobierno que indique qué salvaguardias existen, tanto en la ley como en la práctica, para garantizar que los niños menores de 18 años de edad detenidos en centros de rehabilitación de toxicómanos, que no hayan sido condenados por un tribunal de justicia, no estén sujetos a la obligación de realizar un trabajo. La Comisión también solicita al Gobierno que transmita copias de los textos pertinentes por los que se rigen los niños detenidos en centros de rehabilitación de toxicómanos.

Artículo 7, 2), a). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. La Comisión tomó nota anteriormente del Plan Nacional de Educación para Todos (EFA) del Gobierno, para 2003-2015, que se dirigió a asegurar un acceso equitativo a la enseñanza básica y a la enseñanza secundaria, a permitir una mejora de la calidad y la eficiencia, y a desarrollar una capacidad para la descentralización.

La Comisión toma nota del nuevo Plan nacional de desarrollo estratégico (2014-2018), que tiene el objetivo de ampliar el acceso a la enseñanza primaria, a la enseñanza secundaria y a la enseñanza superior, así como a la enseñanza no formal, técnica y profesional. También toma nota de la reciente información del Gobierno sobre los esfuerzos del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes (MoYES-RGC), con arreglo al Plan estratégico educativo, para garantizar su mecanismo efectivo y el logro de avances, mediante, entre otras cosas, un enfoque en los niños marginados y vulnerables y en las niñas que se encuentran en situación de riesgo de abandono escolar.

Al tiempo que toma nota de estas medidas, la Comisión también toma nota de la información comunicada por la Encuesta sobre la fuerza del trabajo y el trabajo infantil en Camboya, de 2012, que llevó a cabo la OIT/IPEC en 2013, según la cual, sólo 3 de los 4 millones (el 79 por ciento) de niños de edades comprendidas entre los cinco y los 17 años en el país, asistieron a la escuela. El porcentaje de niñas que no asistió a la escuela (el 11,8 por ciento) fue más elevado que el de niños (el 10,3 por ciento), y un gran porcentaje de los niños (el 59,4 por ciento) no asistieron a la escuela por no haber podido permitírselo o por no haber podido tener acceso a una escuela cercana. La Comisión también toma nota con preocupación de que, según las estadísticas del UNICEF de 2012, la tasa de asistencia neta a la escuela primaria — el 85,2 por ciento de niños y el 83,4 por ciento de niñas —, descendió de manera significativa al 45,9 por ciento, en el caso de las niñas, y al 44,7 por ciento, en el caso de los niños, en la escuela secundaria. Considerando que la educación contribuye a impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo nacional. En este sentido, solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas en el contexto del Plan nacional de desarrollo estratégico (2014-2018) para elevar la tasa de asistencia escolar y reducir la tasa de abandono escolar, especialmente en la escuela secundaria.

La Comisión plantea otras cuestiones puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 104.ª reunión de la Conferencia y a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Camerún

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC), recibidas el 10 de octubre de 2014.

Artículos 1 y 2, 1), del Convenio. Política nacional, edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota de que el Código del Trabajo se aplica únicamente en el marco de una relación de empleo y no protege a los niños que efectúan un trabajo sin una relación de empleo contractual. La Comisión tomó nota de que los recursos destinados a la inspección del trabajo no bastan para realizar encuestas eficaces y que no se realizan inspecciones en el sector de la economía informal. La Comisión ha manifestado igualmente su preocupación por el elevado número de niños menores de 14 años que trabajan en Camerún y lamentó tomar nota de que el Plan nacional de lucha contra el trabajo infantil — citado por el Gobierno desde 2006 — seguía sin ser aún elaborado.

La Comisión toma buena nota de la adopción del Plan de acción nacional para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (PANETEC, por sus siglas en francés) 2014-2016, en marzo de 2014, en Yaundé. Además, el Gobierno, así como la UGTC, señalan que se ha puesto en marcha un Comité nacional de lucha contra el trabajo infantil tras la adopción de la orden núm. 082/PM, de fecha 27 de agosto de 2014. La Comisión toma nota de que, en el marco del PANETEC, el reforzamiento de los medios de intervención de los inspectores del trabajo y la ampliación de su ámbito de acción constituyen medidas prioritarias. En consecuencia, se destinarán recursos (en materia de logística, transportes, presupuesto de funcionamiento y de operaciones) al servicio de la inspección del trabajo con el fin de que éste pueda realizar eficazmente su lucha contra el trabajo infantil.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según un estudio desarrollado conjuntamente por el Gobierno y el programa «Entendiendo el trabajo infantil» en 2012 (estudio UCW, 2012), más de 1 500 000 niños menores de 14 años trabajan en el Camerún. Estos niños son muy jóvenes: más de una cuarta parte de los niños cameruneses de 7 y 8 años realizan alguna forma de trabajo económico (el 27 y el 35 por ciento respectivamente) y corren riesgos graves (abusos, lesiones, y enfermedades) en el lugar de trabajo en razón de su muy temprana edad. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala que estos niños ejercen esencialmente sus actividades en la economía informal. En este sentido, haciendo referencia al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 345), la Comisión observa que, en algunos casos, el número limitado de inspectores del trabajo en algunos Estados Miembros no les permite cubrir el conjunto de la economía informal. Por este motivo, la Comisión invita a los Estados Miembros a reforzar las capacidades de la inspección del trabajo. Expresando nuevamente su gran preocupación por la situación de los menores de 14 años que se ven obligados a trabajar en el Camerún, incluyendo trabajos peligrosos. La Comisión insta firmemente al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para garantizar la erradicación efectiva del trabajo de los niños con edades inferiores a la edad mínima de admisión en el empleo, velando especialmente por reforzar la inspección del trabajo en el sector informal. Pide asimismo al Gobierno que envíe información sobre la aplicación del PANATEC y sobre los resultados obtenidos.

Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la edad de finalización de la escolaridad obligatoria es de 14 años y que la enseñanza primaria es gratuita en el Camerún. La Comisión pidió al Gobierno que intensificara sus esfuerzos para que los niños menores de 14 años puedan acceder a la educación básica obligatoria.

La Comisión toma nota de que, según el estudio UCW 2012, la tasa de asistencia escolar de los niños trabajadores es netamente inferior a la de los niños no trabajadores, con independencia de la edad de éstos. La tasa de escolarización se cifra en el 70 por ciento en los niños con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años que trabajan, mientras que alcanza el 86 por ciento en el caso de los niños que no trabajan. En este sentido, la Comisión toma nota de que uno de los ejes estratégicos del PANETEC consiste en promover la educación, garantizando una educación primaria de calidad para todos y el acceso de los niños en situación vulnerable a una educación universal. Considerando que la enseñanza obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno que redoble sus esfuerzos a fin de que los niños menores de 14 años puedan acceder a la enseñanza básica obligatoria. Asimismo, solicita al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados a este respecto, así como sobre los resultados obtenidos, especialmente en el marco de la aplicación del PANETEC.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, párrafo a), 5 y 7, párrafo 1, del Convenio. Venta y trata de niños, mecanismos de vigilancia y sanciones. La Comisión había tomado nota anteriormente de que, en más de un control efectuado por la brigada de buenas costumbres instituida en BCN-Interpol en Yaundé, se puso a disposición de la población un número telefónico para suscitar y alentar las denuncias anónimas en esta materia. Además, hay tres oficiales de contacto encargados de efectuar investigaciones en cualquier momento. La Comisión tomó nota, sin embargo, de que el Comité de los Derechos del Niño, lamentó el bajo grado de aplicación de la ley núm. 2005/015, de 20 de diciembre de 2005, en relación con la lucha contra el tráfico y la trata de niños, así como la ausencia de datos y la falta de medidas correctivas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el número que se ha puesto a disposición de la población funciona correctamente y que los autores y coautores del tráfico y la trata de niños han sido enjuiciados por los tribunales y han sido sancionados penalmente. A estos efectos, la Comisión toma nota de que, según el informe del Ministerio de Justicia sobre la situación de los derechos humanos en el Camerún en 2012, hay dos casos de trata y de tráfico de personas en los que están involucrados un total de cinco niños, que han sido juzgados en los tribunales.

Al tiempo que toma nota de estas informaciones, la Comisión observa con profunda preocupación que, según el estudio desarrollado conjuntamente por el Gobierno y el programa «Entendiendo el trabajo infantil» en 2012 (estudio UCW, 2012), la incidencia de la trata de niños parece ser muy elevada en el Camerún donde, según las estimaciones que figuran en el propio estudio, se ha pasado de 600 000 a 3 millones de niños víctimas. Estos niños son desplazados con frecuencia para explotar su fuerza de trabajo, en particular en el trabajo doméstico, las explotaciones agrícolas, las actividades industriales no reglamentadas, las canteras de construcción y la explotación sexual con fines comerciales. Una de las características de la trata de niños es que se apoya en costumbres tradicionales muy enraizadas en la cultura camerunesa, como la práctica de confiar niños de zonas rurales a parientes de la ciudad («confiage») o la costumbre de emigrar en busca de trabajo. La Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que se realicen investigaciones exhaustivas y se persiga con eficacia a las personas que se dedican a la venta y a la trata de niños menores de 18 años para ponerlos en manos de la justicia, en particular, reforzando las capacidades de los órganos encargados de hacer aplicar la ley núm. 2005/015, imponiendo sanciones suficientemente eficaces y disuasorias en la práctica. La Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas al respecto, así como son los resultados obtenidos.

Artículo 3, párrafos b) y c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas o para la realización de actividades ilícitas. En sus comentarios anteriores la Comisión había comprobado que la legislación nacional no incluye disposiciones que prohíban la autorización, al reclutamiento o la oferta de niños menores de 18 años para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que las prohibiciones mencionadas se tendrían en cuenta en el proyecto del Código de Protección del Niño.

La Comisión lamenta tomar nota nuevamente de que el Gobierno señala que, el código de protección del niño sigue en curso de adopción. Teniendo en cuenta que el Gobierno viene refiriéndose a la adopción del código de protección del niño desde 2006, la Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que este código sea adoptado a la mayor brevedad y que en él se establezcan disposiciones que prohíban la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños menores de 18 años para la producción de pornografía o para actuaciones pornográficas, así como la utilización, el reclutamiento o la oferta de una persona menor de 18 años para la realización de actividades ilícitas, especialmente para la producción y el tráfico de estupefacientes. Deberán preverse asimismo las sanciones correspondientes a las mencionadas infracciones.

Artículo 6. Programas de acción y aplicación del Convenio en la práctica. Plan de acción nacional para la eliminación del trabajo infantil (PANETEC). La Comisión toma nota de que, según un estudio elaborado conjuntamente por el Gobierno y el programa «Entendiendo el trabajo infantil», en 2012 (estudio UCW, 2012), más de 1 500 000 niños con edades comprendidas entre los 5 y los 14 años, es decir el 28 por ciento de esta franja de edad, trabajan en el Camerún, a menudo en condiciones peligrosas. Además, 164 000 niños con edades comprendidas entre los 14 y los 17 años se ven obligados a realizar algún tipo de trabajo peligroso.

La Comisión toma nota de que, con la colaboración de la OIT en el marco del proyecto de la OIT/IPEC «Programa de acción global sobre el trabajo infantil» (GAP 11) se ha llevado a cabo el PANETEC 2014-2016. El objetivo general del PANETEC consiste en eliminar las peores formas de trabajo infantil antes de 2016, al tiempo que se refuerza el marco de los mecanismos institucionales con miras a la abolición a largo plazo de todas las formas de trabajo infantil. En este sentido el PANETEC se basa en seis ejes estratégicos, entre los cuales cabe destacar la armonización de la legislación nacional con las normas internacionales del trabajo y el reforzamiento de la aplicación de la ley; la promoción de la educación y la mejora del sistema de protección social. Sin embargo, expresando su grave preocupación por el elevado número de niños involucrados en trabajos peligrosos y otras peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces con el fin de garantizar que el PANETEC sea aplicado lo antes posible y que comunique información sobre su impacto en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartado d). Niños particularmente expuestos a riesgos. 1. Huérfanos del VIH/SIDA. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota con preocupación de que el número de niños huérfanos debido al virus parecía haber aumentado a 300 000 en 2007, posteriormente a 327 600 en 2009. La Comisión tomó nota asimismo de que existen pocas estructuras de acogida y de otras formas de protección sustitutiva para los niños que se ven privados del amparo del ámbito familiar.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ha creado estructuras de acogida para los niños que se ven afectados o infectados por el VIH/SIDA. Toma nota asimismo de que en el marco del PANETEC se ha previsto adoptar medidas para la adopción del Código de Protección de la Familia, lo cual podría aportar soluciones encaminadas a mejorar el cuidado de algunas categorías de niños vulnerables, entre los cuales los huérfanos y más específicamente, los huérfanos debido al VIH/SIDA. No obstante, la Comisión toma nota de que, según las estimaciones del ONUSIDA para 2013, hay aproximadamente unos 510 000 niños huérfanos debido al VIH/SIDA en el Camerún. Al expresar nuevamente su profunda preocupación por el aumento del número de niños huérfanos por el VIH/SIDA, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que redoble sus esfuerzos para velar por que los niños huérfanos por el VIH/SIDA no sean reclutados en las peores formas de trabajo infantil. La Comisión le insta a que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en el marco del PANETEC, especialmente en lo que se refiere a la adopción del código de protección de la familia, así como sobre el número de niños huérfanos a causa del VIH/SIDA que han sido recuperados por las estructuras de acogida establecidas con esa finalidad.

2. Niños en el trabajo doméstico. La Comisión toma nota de que, en el marco del proyecto de la OIT/IPEC, GAP 11, en 2014 se efectuó una consulta para evaluar y subsanar a las deficiencias en los servicios sociales y proponer soluciones pertinentes para la protección de los niños trabajadores domésticos. En el estudio realizado a estos efectos, se puso de manifiesto que predominan claramente las niñas (el 70 por ciento) sobre los niños (el 30 por ciento) en la ejecución de los servicios domésticos. Los niños que realizan este tipo de trabajos tienen entre 12 y 18 años (15 años de promedio). El estudio ha revelado asimismo que el 85 por ciento de los niños interrogados declaran trabajar tanto de día como de noche, según la voluntad de su empleador; el 85 por ciento de estos niños no hacen ninguna pausa de descanso al día a una hora y de una duración determinada. Estos niños trabajan una media de 12 y 15 horas al día, y únicamente el 20 por ciento de ellos tienen un día de descanso a la semana. El informe de la consulta indica que, aunque si bien los servicios sociales existen en el Camerún, la ausencia de una política global, agravado por la falta de estadísticas, impide calcular con exactitud la repercusión de estos servicios sobre el trabajo infantil doméstico. Entre las deficiencias señaladas cabe destacar la ausencia de una estructura pública o privada dedicada íntegramente a la protección de los niños que realizan trabajo doméstico, así como de una estrategia global de protección o, más precisamente, de eliminación del trabajo infantil doméstico. Estimando que los niños que realizan trabajos domésticos se ven particularmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión ruega al Gobierno que adopte medidas eficaces en un plazo determinado para proteger a los niños que trabajan en el servicio doméstico de las peores formas de trabajo infantil, prever la asistencia directa y necesaria para sustraerles a éstas y garantizar su readaptación y su reinserción social, en particular en el marco del proyecto de la OIT/IPEC, GAP 11. Ruega encarecidamente al Gobierno que proporcione informaciones sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que transmita información completa en la 104.ª reunión de la Conferencia y a que responda de manera detallada a los presentes comentarios 2015.]

República Centroafricana

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que en la República Centroafricana trabajan el 57 por ciento de los niños entre cinco y 14 años (el 44 por ciento son niños y el 49 por ciento son niñas). La Comisión tomó nota de que el Gobierno señaló que, en el marco de la adopción de la nueva ley núm. 09.004 relativa al Código del Trabajo de la República Centroafricana, en enero de 2009, el Ministerio de Trabajo emprendió la elaboración de una serie de textos de aplicación de dicho Código. El Gobierno señaló que, en cuanto se publicarán los textos de aplicación, se elaboraría una política nacional encaminada a la abolición progresiva del trabajo infantil y el aumento de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo.

La Comisión constata nuevamente de que siguen sin publicarse los textos de aplicación del Código del Trabajo y que, por consiguiente, hasta la fecha no se ha adoptado la política nacional encaminada a la abolición del trabajo infantil. No obstante, el Gobierno indica que esa política nacional está en curso de elaboración. La Comisión se ve obligada a expresar una vez más su profunda preocupación ante el número considerable de niños menores de 14 años que realizan actividades laborales, así como ante la ausencia de una política nacional destinada a luchar contra este fenómeno. Al tiempo que observa que el Gobierno recuerda desde hace muchos años, que se está adoptando una política nacional que tiene por objeto la abolición efectiva del trabajo infantil, la Comisión insta firmemente al Gobierno una vez más a que adopte medidas inmediatas para elaborar y poner en práctica dicha política a la mayor brevedad. La Comisión también pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que se recopile un número suficiente de datos actualizados sobre la situación de los niños que trabajan en la República Centroafricana y comunicar informaciones a ese respecto, una vez que estén disponibles.

Artículo 2, párrafo 1. Ámbito de aplicación y de edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. Niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Código del Trabajo establece que sus disposiciones no se aplican a los trabajadores independientes (artículo 2), sino que regulan únicamente las relaciones profesionales entre los trabajadores y los empleadores que derivan de un contrato de trabajo (artículo 1). En este sentido, la Comisión observó con preocupación de que un número cada vez más elevado de niños menores de 14 años trabajan en la economía informal y a menudo realizan trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales encuentra graves dificultades financieras para proceder al fortalecimiento de la capacidad de los servicios de la inspección del trabajo, de manera a garantizar que los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal gocen de la protección del Convenio. En consecuencia, el Gobierno indica que no está en condiciones de proporcionar a los servicios de la inspección del trabajo los medios adecuados y materiales para el cumplimiento de sus funciones. Señala, sin embargo, que, en colaboración con el UNICEF, se realizan actividades para la sensibilización de los agentes económicos acerca de la protección de los niños que trabajan en la economía informal o en trabajos peligrosos. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones detalladas sobre el impacto de las actividades de sensibilización para conseguir que los niños que trabajan por cuenta propia o en la economía informal gocen de la protección del Convenio.

Artículo 2, párrafo 3. Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota anteriormente de que, según las estadísticas de la UNESCO de 2009, las tasas netas de escolaridad en la enseñanza primaria aumentaron ligeramente pese al hecho de que sigan siendo aún relativamente poco elevadas, especialmente en el caso de las niñas (el 57 por ciento para las niñas y el 77 por ciento para los niños).

La Comisión toma nota de que en el contexto del Plan nacional de acción sobre la educación para todos (PNA-EPT), el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Educación y en colaboración con el UNICEF, estableció un comité para la campaña nacional de sensibilización sobre el derecho a la educación de los niños, cuyas actividades se iniciaron en todo el territorio antes de suspenderse debido a la inseguridad creada por la crisis político-militar. En efecto, la Comisión observa que, según las estadísticas de la UNESCO para el año escolar finalizado en 2011, las tasas netas de escolarización en la enseñanza primaria pasaron a un 78 por ciento en el caso de los niños y a un 59 por ciento en el caso de las niñas, indicando una vez más un ligero aumento. Teniendo en cuenta que la escolaridad obligatoria constituye uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión insta encarecidamente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para aumentar las tasas de escolarización de los menores de 14 años, prestando una atención especial a la escolarización de las niñas. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos.

Artículo 3, párrafo 2. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de estos tipos de trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 261 del Código del Trabajo dispone que un decreto conjunto del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Salud Pública, previo dictamen del Consejo Nacional Permanente del Trabajo, determinará la naturaleza de los trabajos y las categorías de las empresas en las que se prohíbe trabajar a los niños, así como la edad límite a la que se aplica dicha prohibición.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual es inminente la adopción de la lista de empleos o trabajos peligrosos. Recordando que, en virtud del artículo 3, párrafo 2, del Convenio, los tipos de trabajo peligrosos deben ser determinados en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, la Comisión insta firmemente al Gobierno que tome las medidas necesarias para asegurar que la lista de empleos o trabajos prohibidos a los niños y adolescentes menores de 18 años sea adoptada a la mayor brevedad. La Comisión ruega al Gobierno que comunique informaciones sobre todo progreso realizado a este respecto.

Artículo 9, párrafo 3. Registro del empleador. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 331 del Código del Trabajo exime a algunas empresas o establecimientos, así como algunas categorías de empresas y establecimientos, de la obligación de mantener un registro del empleador debido a su situación, su escasa importancia o la naturaleza de su actividad, mediante decreto del Ministerio de Trabajo, previa consulta al Consejo Nacional Permanente del Trabajo. La Comisión recordó al Gobierno que el artículo 9, párrafo 3, del Convenio no prevé tales excepciones.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se compromete a hacer lo necesario para que la legislación se ponga en conformidad con esta disposición del Convenio. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte una vez más las medidas necesarias para velar por que su legislación esté en consonancia con lo dispuesto en el Convenio, garantizando que ningún empleador puede estar exento de cumplir con la obligación de mantener un registro de los menores de 18 años que trabajan para él, en los plazos más breves.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 3, apartado a), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Todas las formas de esclavitud y de prácticas análogas. Reclutamiento forzoso de niños con miras a utilizarlos en los conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, a pesar de la adopción del Código del Trabajo de 2009, que prohíbe el reclutamiento forzoso obligatorio de niños menores de 18 años con miras a utilizarlos en conflictos armados en todo el territorio de la República Centroafricana, y de la firma del Acuerdo General de Paz de Libreville, de 2008, y de la Declaración de N’Djamena, de 9 de junio de 2010, los niños siguen tomando parte en distintos grupos armados y milicias de autodefensa locales. En efecto, sigue habiendo niños que continúan luchando en los distintos grupos armados, a saber: Armée populaire pour la restauration de la République et de la démocratie (APRD); Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR); Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP); Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLJC), y Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC).

La Comisión toma nota de las informaciones que contiene el informe del Secretario General al Consejo de Seguridad, de 15 de mayo de 2014, sobre la suerte que corren los niños en épocas de conflicto armado (documento A/68/878-S/2014/339). Según este informe, la situación de los derechos humanos no ha dejado de empeorar notablemente, en 2013, con la multiplicación y el cambio de las alianzas de los grupos armados: por una parte, la CPJP, la CPJP Fundamental, el FDPC y la UFDR, que han dado lugar a la coalición Séléka o que han establecido distintos grados de asociación con ella; y, por otra parte, las fuerzas antibalaka, unas milicias de defensa local surgidas en el segundo semestre del año para responder a los ataques sistemáticos contra la población civil por elementos de la disuelta coalición Séléka. Tanto las milicias antibalaka como la coalición Séléka han reclutado y utilizado niños sistemáticamente. Las Naciones Unidas documentaron el reclutamiento y la utilización de 171 niños y 17 niñas, y estiman que varios miles de niños han estado y siguen estando asociados a la antigua Séléka y a las milicias antibalaka. El Secretario General manifestó su profunda preocupación por la crisis humanitaria actual y el clima persistente de anarquía e impunidad.

En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por parte de grupos armados y de las milicias de autodefensa, constituye un motivo de profunda preocupación para el Gobierno de transición del país. A este respecto, acaba de constituirse por decreto en el Ministerio de Justicia, una comisión especial de encuesta e investigación que tendrá la misión de proceder a realizar investigaciones en profundidad sobre los crímenes y delitos relativos al reclutamiento de niños menores de 18 años con objeto de utilizarlos en conflictos armados y con objeto de que se impongan condenas a los autores de los mismos.

La Comisión expresa asimismo su profunda preocupación por la situación actual, por cuanto la práctica del reclutamiento lleva aparejada otras violaciones de los derechos de los niños, tales como el rapto, el asesinato y la violencia sexual. La Comisión reitera nuevamente que, en virtud del artículo 3, a), del Convenio, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados, está considerado como una de las peores formas de trabajo infantil y que, en virtud del artículo 1 del Convenio, los Estados Miembros deben adoptar medidas de carácter inmediato y eficaz para garantizar la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, con toda urgencia. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por parte de los grupos armados del país. En relación con la resolución núm. 2068, de 19 de septiembre de 2012, del Consejo de Seguridad, se recuerda «la responsabilidad de los Estados de poner fin a la impunidad y procesar a los responsables de […], crímenes de guerra y otros crímenes atroces perpetrados contra los niños», la Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se lleven a cabo investigaciones en profundidad y se persiga eficazmente a las personas que reclutan por la fuerza a niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados, y a que se les impongan a los autores de estas prácticas sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión le ruega que comunique informaciones sobre el número de investigaciones realizadas, procedimientos incoados y condenas pronunciadas en aplicación de lo dispuesto en el Código del Trabajo.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartados b) y c). Ayuda directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y garantizarles el acceso a la educación básica gratuita y a la formación profesional. Niños soldados. En sus comentarios precedentes, la Comisión tomó nota de que el UNICEF está encargado de coordinar el proceso de desarme, desmovilización, reintegración de los niños (DDR) en la República Centroafricana y que ya se habían desmovilizado y reintegrado a sus familias a centenares, sino a millares de niños.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se han adoptado medidas efectivas, en cooperación con el UNICEF para prever una ayuda directa e idónea para sustraer a los niños víctimas de reclutamiento forzoso de las filas de los grupos armados y garantizar su readaptación e integración social. Por otra parte, el UNICEF ha iniciado módulos de formación profesional en mecánica, carpintería, albañilería, etc., destinados a los niños desmovilizados. El Gobierno señala que la reanudación de las hostilidades ha frenado estas medidas, pero que el programa se pondrá de nuevo en marcha a medida que se recobre la paz.

En este sentido, la Comisión toma nota con profunda preocupación de que, según el informe del Secretario General al Consejo de Seguridad, de 15 de mayo de 2014, la intensificación de las hostilidades ha provocado que se haya vuelto a reclutar a niños. Así, el 1.º de abril de 2013, 41 niños (36 niños y 5 niñas) separados de las CPJP, en agosto de 2012, que se encontraban en un Centro de Tránsito y Orientación, fueron reclutados de nuevo por elementos de la antigua Séléka en los poblados de Ndélé y Bria, en el noreste del país. En diciembre, cinco niños separados de la antigua Séléka fueron reclutados por las milicias antibalaka Bangui.

La Comisión toma nota en efecto de que, según el informe del Secretario General al Consejo de Seguridad, a causa de la inseguridad se ha restringido el acceso a la acción humanitaria en una gran parte del país. Sin embargo, el 26 de noviembre de 2013, en vista de la separación y reintegración de niños asociados a grupos armados, el Ministerio de Defensa concedió a las Naciones Unidas acceso incondicional con fines de inspección a los cuarteles militares y a los lugares de acantonamiento, y las autoridades de transición reiteraron esos compromisos en diciembre de 2013. Un total de 149 niños fueron separados de la antigua Séléka. A principios de 2014, el Gobierno de transición procedió a la revisión de la estrategia nacional de desarme, desmovilización y reintegración de los niños. Las Naciones Unidas trabajan en estrecha colaboración con las autoridades de transición sobre esta materia con el objeto de incluir en la estrategia nacional disposiciones idóneas relativas al desarme, la desmovilización y la reinserción de los niños. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno y de la dificultad de la situación en el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos a fin de prever una ayuda directa y adecuada para sustraer a los niños víctimas de reclutamiento forzoso de las filas de los grupos armados y garantizar su readaptación e integración social de modo que se garantice su desmovilización de forma duradera y definitiva. La Comisión pide al Gobierno que comunique en su próxima memoria informaciones sobre los progresos realizados y los resultados obtenidos a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chad

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 3, apartado a), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos Armados en el Chad, de 15 de mayo de 2013 (documento A/67/845-S/2013/245, párrafos 45 y 46), a pesar de los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción firmado entre el Gobierno y las Naciones Unidas en junio de 2011 sobre los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados en el Chad, y, aunque el ejército nacional del Chad no reclutó a niños como cuestión de principio, el equipo de tareas en el país verificó 34 casos de reclutamiento de niños por el ejército durante el período sobre el que se informa. Los 34 niños parecían haber sido reclutados en el marco de la campaña que había tenido lugar a tal efecto en febrero y marzo de 2012 y en el curso de la cual el ejército había conseguido 8 000 nuevos reclutas. A este respecto, la Comisión toma nota de la nueva Hoja de ruta, de mayo de 2013, adoptada como consecuencia de la ejecución de las actividades previstas en el Plan de acción sobre los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados en el Chad, con objeto de conseguir que se respete íntegramente el plan de acción de 2011 por el Gobierno del Chad y el equipo de tareas de las Naciones Unidas. La Comisión observó que, en el marco de esta Hoja de ruta, una de las prioridades consiste en acelerar la adopción del anteproyecto del Código de Protección de la Infancia, que prohíbe el reclutamiento y la utilización de personas menores de 18 años en las fuerzas nacionales de seguridad y prevé sanciones a estos efectos. Por otra parte, se han previsto para 2013 procedimientos de quejas transparentes, eficaces y accesibles en los casos de reclutamiento y utilización de niños, así como la adopción de medidas destinadas a investigar de forma inmediata e independiente todas las denuncias de reclutamiento y utilización de niños dignas de crédito, e iniciar acciones penales y aplicar las sanciones disciplinarias pertinentes.

La Comisión toma nota de las informaciones que figuran en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, publicado el 15 de mayo de 2014, sobre la suerte de los niños en época de conflicto armado (documento A/68/878-S/2014/339). Según este informe, el despliegue de efectivos chadianos en el marco de la Misión Internacional de Apoyo a Malí con Liderazgo Africano (AFISMA) imprimió una nueva dinámica a la aplicación acelerada del Plan de acción firmado en junio de 2011 para prevenir y eliminar el reclutamiento de menores en el ejército nacional del Chad, y las autoridades del país reafirmaron su compromiso de colaborar constructivamente con las Naciones Unidas para acelerar la aplicación del Plan de acción. El Gobierno del Chad, en colaboración con las Naciones Unidas y otros asociados, ha adoptado importantes medidas para cumplir sus obligaciones. Por ejemplo, en octubre de 2013, se aprobó una directriz presidencial por la que se confirmó que la edad mínima para el reclutamiento en las fuerzas armadas y de seguridad era de 18 años. Esta directriz establece asimismo procedimientos de verificación de la edad y prevé sanciones penales y disciplinarias contra quienes violen esas órdenes. La directriz se distribuyó a los jefes de las ocho «zonas de defensa y seguridad» entre otras cosas, en el contexto de varias misiones de capacitación y verificación. Además, el 4 de febrero de 2014 se tipificó por decreto presidencial, como delito, el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados.

No obstante, el Secretario General afirma que, si bien los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir todas las obligaciones en el marco del plan de acción se tradujeron en importantes avances, persisten sin embargo algunos problemas por resolver para asegurar la sostenibilidad y la prevención efectiva frente a las violaciones que atenten contra los derechos de los niños. El Chad debería llevar a cabo un proceso amplio y exhaustivo de inspección y capacitación de sus fuerzas armadas y de seguridad para seguir previniendo la presencia de niños en sus filas, en particular, teniendo en cuenta la participación creciente del país en operaciones de mantenimiento de la paz. Aunque las Naciones Unidas no documentaron ningún nuevo caso de reclutamiento de niños en 2013 ni se encontraron niños en las inspecciones llevadas a cabo de forma conjunta con las autoridades chadianas, en las entrevistas concertadas se confirmó que, en el pasado, soldados menores de 18 años procedentes de grupos armados se habían integrado en el ejército nacional del Chad. Según el Secretario General, las autoridades del país deben seguir dando prioridad al fortalecimiento de los procedimientos operativos, en particular, los que atañen a la verificación de la edad, de forma que los culpables de estos delitos respondan de sus actos. Por último, el Secretario General invitó a la Asamblea Nacional a proceder, en el plazo más breve posible, al examen y la aprobación del Código de Protección de la Infancia, que reforzará aún más la protección de los niños en el Chad. La Comisión pide al Gobierno, por tanto, que intensifique sus esfuerzos para eliminar, en la práctica, el reclutamiento forzoso de los menores de 18 años por las fuerzas y los grupos armados, y a que proceda a la desmovilización inmediata y completa de todos los niños. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar que se inicien investigaciones y acciones judiciales contra los infractores y que se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias a las personas declaradas culpables de haber reclutado y utilizado a niños menores de 18 años en los conflictos armados. Por último, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar la adopción del Código de Protección de la Infancia, en el plazo más breve posible.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños reclutados y utilizados en un conflicto armado. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos Armados, de 15 de mayo de 2013 (documento A/67/845-S/2013/245, párrafo 49), se señaló que pese a ser alentadoras, las disposiciones adoptadas por el Gobierno para obtener la liberación de los niños movilizados, prestarles atención de inmediato y reunificarlos con sus padres o tutores no están aún en consonancia con los compromisos contraídos en el marco del Plan de acción firmado entre el Gobierno y las Naciones Unidas en junio de 2011, sobre los niños vinculados a las fuerzas y grupos armados en el Chad. La Comisión tomó nota de que una de las prioridades que figuran en la Hoja de ruta de 2013 consiste en la liberación y el apoyo a la reinserción de los niños.

La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General, de 15 de mayo de 2014, en el Ministerio de Defensa y en cada una de las ocho «zonas de defensa y seguridad» se han establecido dependencias de protección de los niños para coordinar el seguimiento y la protección de los derechos de los niños y poner en práctica actividades de sensibilización. Entre agosto y octubre de 2013, el Gobierno y las Naciones Unidas llevaron a cabo actividades conjuntas de inspección y verificación de la edad de unos 3 800 efectivos del ejército nacional del Chad en las ocho zonas. Previamente, en un taller organizado por las Naciones Unidas en julio, se habían elaborado las normas de verificación de la edad. Además, entre agosto y septiembre de 2013, 346 miembros del ejército nacional del Chad asistieron a un programa de formación de instructores sobre protección de los niños. Desde julio de 2013, los efectivos del ejército nacional del Chad que se desplegarían en Malí comenzaron a recibir capacitación previa al despliegue sobre la protección de los niños y el derecho internacional humanitario, incluidos 864 efectivos de dicho ejército que asistieron, en diciembre, a un curso de capacitación sobre protección de los niños en el centro de capacitación de Loumia. La Comisión invita al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos y continúe colaborando con las Naciones Unidas para evitar el reclutamiento de los niños en los grupos armados y mejorar la situación de los niños víctimas de reclutamiento forzoso utilizados en los conflictos armados. Además, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que facilite informaciones sobre las medidas adoptadas para que los niños soldados separados de las fuerzas y grupos armados se beneficien de la asistencia adecuada en materia de readaptación e integración social, incluida su reintegración en el sistema de enseñanza y, en su caso, en la formación profesional. La Comisión pide al Gobierno que facilite, en su próxima memoria, información sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chile

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En relación con su comentario anterior en el que señaló que estaba previsto realizar una encuesta nacional sobre trabajo infantil, la Comisión toma nota con interés de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), de 2012, que fue llevada a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la OIT/IPEC.

La Comisión también toma nota de la información transmitida por el Gobierno sobre sus políticas nacionales y medidas programáticas para combatir el trabajo infantil. Más concretamente, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha estado colaborando con la Asociación Chilena de Seguridad para reforzar la capacidad técnica de las organizaciones pertinentes, incluida la policía de investigaciones. Según la memoria del Gobierno, el SENAME también ha colaborado con empresas privadas para llevar a cabo programas en 121 oficinas nacionales. A este respecto, la Comisión toma nota de la Guía de Trabajo Infantil de 2014, que fue elaborada por el SENAME, la OIT y la Red del Pacto Global Chile. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD), que han emprendido diversos programas de intervención en materia de trabajo infantil en actividades peligrosas. Por último, la Comisión toma nota del Protocolo intersectorial para la detección y atención integral de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil peligroso, que reconoce la prevalencia del trabajo infantil en la industria y establece un plan de acción de cuatro fases para combatir esta práctica.

La Comisión toma debida nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para implementar las medidas programáticas a fin de reducir el trabajo infantil. Asimismo, toma nota de que, según la EANNA, de los 3 328 005 niños de edades comprendidas entre los cinco y los 17 años que viven en Chile, 219 624 (el 6,6 por ciento) realizan trabajo infantil. Sin embargo, también toma nota de que, de los 219 624 niños que realizan trabajo infantil, 197 743 niños (el 90 por ciento) de edades comprendidas entre los cinco y los 17 años realizan trabajos peligrosos, y que de ellos 72 144 niños tienen entre cinco y 14 años, y 122 559 entre 15 y 17 años. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos, por ejemplo en el marco del Protocolo antes mencionado, para eliminar la participación de jóvenes en los trabajos peligrosos. Asimismo, pide al Gobierno que continúe transmitiendo información estadística actualizada sobre la naturaleza, extensión y tendencias del trabajo de niños y jóvenes que trabajan sin haber alcanzado la edad mínima especificada por el Gobierno cuando ratificó el Convenio, así como sobre el número de infracciones de la legislación cometidos.

Artículo 2, 1). Ámbito de aplicación. La Comisión había tomado nota de que si bien el Código del Trabajo no se aplica a las relaciones de trabajo que no se derivan de un contrato, tales como el trabajo infantil por cuenta propia, esos niños están cubiertos por el Programa Puente del Gobierno. La Comisión toma nota de la información estadística transmitida por el Gobierno, según la cual 1 655 familias (el 81,8 por ciento) que pidieron asistencia en el marco del programa cumplen con la condición mínima de que ningún menor de 18 años haya abandonado la escuela para trabajar, y 83 familias (el 72,8 por ciento) que pidieron asistencia satisfacen el requisito mínimo de que ningún niño que lleve a cabo actividades peligrosas o sea víctima de alguna de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión agradece esta información sobre el número de familias que participan en el Programa Puente y pide al Gobierno que indique el número de niños que han sido retirados de su trabajo en el sector informal y reintegrados en el sistema escolar gracias a ese programa.

Artículo 8. Representaciones artísticas. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que el artículo 13, 2), y el artículo 16 del Código del Trabajo, en su tenor enmendado por la ley núm. 20189 de 15 de mayo de 2007, establecen las condiciones con arreglo a las cuales los niños pueden participar en representaciones artísticas, pero no satisfacen el requisito del artículo 8, 1), del Convenio, que establece que la autoridad competente podrá conceder permisos individuales para dicha participación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que para cumplir con ese requisito habrá que modificar el artículo 16 del Código del Trabajo, y que aún se tiene que examinar esta cuestión. Recordando que durante más de diez años ha estado pidiendo al Gobierno que aplique ese requisito del Convenio, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar, sin más demora, las medidas necesarias para regular los permisos para que los niños de menos de 15 años de edad puedan participar en actividades artísticas, tal como se prevé en el artículo 8, 1), del Convenio.

China

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de que el país está participando en un programa de asistencia técnica de la OIT, proyecto Cuenta de Programas Especiales (SPA), en el que participan conjuntamente la OIT y el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social (MoHRSS). Asimismo, toma nota de que, en el marco del SPA, en septiembre de 2012, se realizó en Nanchang, provincia de Jiangxi, un taller tripartito interministerial con el objetivo de señalar a la atención de los participantes las lagunas en materia de aplicación de los convenios sobre el trabajo infantil identificadas por la Comisión. Asimismo, se llevaron a cabo dos misiones de seguimiento en Beijing, en septiembre de 2013, y en Chengdu, provincia de Sichuan, en septiembre de 2014, a fin de: evaluar los progresos realizados; proporcionar un foro para el intercambio de información sobre los problemas encontrados al abordar el trabajo infantil en el país, e identificar prioridades para la asistencia futura.

Artículo 3, 1), del Convenio. Trabajo peligroso realizado en el marco de programas de trabajo y estudio. La Comisión expresó su preocupación por el hecho de que menores de 18 años en edad escolar continúen realizando tipos de trabajos peligrosos en el contexto de los programas de trabajo y estudio.

La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en su memoria, así como de la información transmitida en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), en relación con los programas de trabajo y estudio. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Ministerio de Educación ha promulgado repetidamente circulares e impulsado sus labores de inspección con miras a garantizar un buen desarrollo de estos programas. Asimismo, el Gobierno indica que los programas de trabajo y estudio deben formar parte de los programas normales de enseñanza y respetar su desarrollo, y no pueden, por ejemplo, conducir a modificaciones de las horas de trabajo sin permiso previo. Además, indica que las escuelas que organizan programas de trabajo y estudio deben garantizar la seguridad de los estudiantes mediante la prohibición de que éstos realicen actividades peligrosas o actividades que les lleven a estar expuestos a sustancias tóxicas, o trabajos que rebasen sus capacidades físicas. A este respecto, el Gobierno señala que los estudiantes deben recibir educación en materia de seguridad con miras a prevenir accidentes, y que los gobiernos locales tienen que analizar la manera en que los programas de trabajo y estudio se llevan a cabo a nivel local.

La Comisión toma nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para garantizar un entorno propicio para sus programas de trabajo y estudio. Recuerda también que las misiones emprendidas en el marco del SPA, antes mencionadas, abordan las formas en las que puede reforzarse el marco legal para proteger a los jóvenes que participan en programas de trabajo y estudio. Sin embargo, la Comisión toma nota del informe de 2014 sobre la protección del trabajo de los aprendices en las empresas textiles y de prendas de vestir chinas, elaborado con la asistencia de la OIT, según el cual el 52,1 por ciento de los aprendices continua trabajando en condiciones por debajo de los estándares nacionales mínimos de protección del trabajo, y el 14,8 por ciento realiza trabajos que no ha elegido (pág. ix)). Además, toma nota de que, el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos tercero y cuarto combinados de China (documento CRC/C/CHN/CO/3-4, párrafos 85-86), instó al Gobierno a que, con carácter de urgencia, ponga fin a la utilización de escuelas de estudio y trabajo y al recurso al trabajo infantil forzoso y de explotación con arreglo a esos programas.

Habida cuenta de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión toma nota con preocupación de que un número significativo de niños en edad escolar continúa realizando trabajos peligrosos en el contexto de los programas de trabajo y estudio. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar que los menores de 18 años de edad no realizan trabajos peligrosos en el marco de programas de trabajo y estudio, incluso cuando se han establecido medidas de seguridad y salud. Además, tomando nota de la falta de información sobre este punto, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que transmita información estadística sobre el número y la naturaleza de las infracciones de la legislación aplicable y las sanciones impuestas.

Artículo 8. Representaciones artísticas. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha transmitido información nueva en relación con las reformas legislativas previstas para salvaguardar eficazmente los derechos e intereses de los menores de 16 años de edad. Sin embargo, toma nota de que, según el informe de la misión de 2013 del SPA, al que se hizo referencia antes, en 2012 hubo 2,01 millones de representaciones en China, en las que participaron 13 000 grupos de representaciones registrados, la mitad de los cuales incluyen a niños. En el informe se tomó nota de que, según el Gobierno, las unidades de empleo son responsables de la salud y protección de los niños, y que los solicitantes de permisos para que los niños puedan trabajar tienen que presentar pruebas de que éstos siguen la educación obligatoria. Según el informe, el representante gubernamental indicó que no existe un sistema de permisos individuales, que había existido en el pasado pero fue suprimido en 2002 por el reglamento sobre la prohibición del trabajo infantil. Por último, la Comisión toma nota de que la OIT y el MoHRSS están de acuerdo en lo que respecta a que la cuestión de los niños y jóvenes que participan en representaciones artísticas tiene que regularse con medidas legislativas. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner la legislación nacional de conformidad con el artículo 8 del Convenio, especificando que los niños que no alcanzan la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo, que es de 16 años, pero llevan a cabo actividades artísticas, deben obtener los permisos que otorga la autoridad competente. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre el número de niños que actualmente trabajan con arreglo a la excepción que se prevé en un artículo del reglamento sobre la prohibición del trabajo infantil de 2002.

Artículo 9, 1). Inspección del trabajo y sanciones. En su comentario anterior, la Comisión hizo referencia a las dificultades para estimar la extensión del trabajo infantil debido a la falta de notificaciones oficiales de los casos y la ausencia de transparencia en materia de estadísticas. También tomó nota de que las posibilidades de detectar el trabajo infantil son limitadas debido al escaso número de inspectores del trabajo y a la amplitud de la connivencia entre la empresa privada y los funcionarios locales. La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en relación con su sistema de inspección del trabajo, que, a finales de 2013, estaba compuesto por 3 291 departamentos de inspección en materia de seguridad del trabajo, en los que trabajaban 25 000 inspectores sobre seguridad en el trabajo a tiempo completo y 28 000 inspectores a tiempo parcial. La Comisión también toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en virtud del Convenio núm. 182, en la que indica que ha empleado a consejeros sobre seguridad laboral de la Federación Nacional de Sindicatos de China (ACFTU), sindicatos y otras instituciones, para supervisar el cumplimiento por los empleadores de las leyes y reglamentos nacionales en materia laboral. Además, el Gobierno informa de que los departamentos de recursos humanos y seguridad social respetan las disposiciones de la legislación nacional que prohíben el trabajo infantil y supervisan de manera regular su aplicación concreta a través de inspecciones rutinarias y ad hoc, la investigación de las quejas y la verificación de los casos notificados por informantes, así como a través de solicitudes escritas y otras formas de supervisión y aplicación de la ley.

Habida cuenta de esta información, la Comisión manifiesta su profunda preocupación de que a pesar de que hasta el momento los inspectores del trabajo realizan visitas e inspecciones rutinarias, no se ha encontrado ningún caso de trabajo infantil. Asimismo, la Comisión lamenta tomar nota de la falta de información sobre las medidas adoptadas o previstas para abordar los alegatos de amplia connivencia entre las empresas privadas y los funcionarios locales. A este respecto, la Comisión toma nota de que, el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos tercero y cuarto combinados de China (documento CRC/C/CHN/CO/3-4, párrafo 85), de 2013, tomó nota de la carencia de datos específicos sobre el trabajo infantil en el país, aunque de los informes se desprende que el trabajo infantil está muy extendido. Ante la falta de información sobre el trabajo infantil en el país, la Comisión insta firmemente al Gobierno una vez más a adoptar las medidas necesarias para abordar la cuestión de la connivencia entre los inspectores del trabajo y las empresas a fin de garantizar investigaciones exhaustivas de los posibles casos de trabajo infantil. A este respecto, solicita al Gobierno que señale la metodología utilizada para recopilar la información y que transmita información sobre los tipos de infracciones detectadas por la inspección del trabajo, el número de personas enjuiciadas y las sanciones impuestas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la inspección del trabajo. Por último, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se dispone de suficiente información actualizada sobre la situación de los niños trabajadores en China, incluyendo, por ejemplo, datos sobre el número de niños y jóvenes que llevan a cabo actividades económicas sin haber alcanzado la edad mínima para trabajar, y estadísticas en relación con la naturaleza, alcance y tendencias de su trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, a) y b), y 7, 1), del Convenio. 1. Trata de niños para su explotación sexual comercial y sanciones. La Comisión había tomado nota de que China es un país de origen, tránsito y destino de la trata internacional de mujeres y niños y que, a pesar de diversos proyectos y planes nacionales, el fenómeno de la trata con fines de trabajo forzoso físico y prostitución está empeorando y parece que la trata transfronteriza está aumentando. Además, tomó nota de que, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades locales chinas para poner freno al problema de la trata de mujeres y niños, las autoridades locales por lo general no han tomado medidas efectivas, subrayando en cambio que el problema no radica en la legislación sino en la aplicación de ésta.

La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en relación con la fase II del Proyecto CP-TING (prevenir la trata para la explotación laboral en China), que finalizó en 2013, y en el marco de la cual se impartió una formación en materia de sensibilización en 95 escuelas de seis provincias, en la que participaron aproximadamente 100 000 estudiantes. Asimismo, la Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en relación con el Plan de acción contra la trata de seres humanos (2013-2020), así como sobre la Reunión Interministerial Conjunta para Combatir la Trata (IMJM) del Consejo de Estado, en el marco de los cuales se coordina la aplicación de diversos planes de acción contra la trata de personas, sancionando de manera amplia los delitos de trata y mejorando los mecanismos de lucha a largo plazo contra la trata a través de la prevención, la asistencia y la rehabilitación. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que los esfuerzos para combatir la trata de personas en el país tienen que ser a largo plazo, ya que las cuestiones que se plantean son arduas y complejas. Por último, la Comisión toma nota de la información estadística sobre el número de casos de trata de mujeres y niños que fueron examinados entre junio de 2010 y mayo de 2014, y de condenas a este respecto. De esta información se desprende que de las 12 752 personas enjuiciadas, 6 154 casos fueron por haber secuestrado y traficado con mujeres y niños y, de las 1 122 personas condenadas, 286 casos lo fueron por comprar mujeres y niños víctimas de trata.

La Comisión toma debida nota de los esfuerzos que está realizando el Gobierno para combatir la trata de personas. Sin embargo, también toma nota de que aunque los esfuerzos del Gobierno tienen por objetivo combatir la trata de personas, en general, no parece que se tengan en cuenta de manera específica ni las necesidades especiales de los niños ni la protección que requieren. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales sobre los informes periódicos tercero y cuarto combinados (documento CRC/C/CHN/CO/3-4, párrafo 87), de 2013, expresó su preocupación en relación con el aumento de la incidencia de la trata y la explotación de niños, especialmente con fines de trabajo forzoso y explotación sexual. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas para garantizar que los esfuerzos realizados en el marco del Plan de acción contra la trata de seres humanos (2013-2020) y la IMJM incluyen investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos firmes de las personas que se dedican a la trata de niños. La Comisión también pide al Gobierno que transmita información sobre el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados y de condenas impuestas, y sobre la duración de las condenas impuestas a este respecto.

2. Trabajo forzoso en los campos de reeducación mediante el trabajo. La Comisión había señalado que el sistema penitenciario chino incluye la reeducación mediante el trabajo y tomó nota de que los registros indican que todos los reclusos, incluidos los menores de 18 años, realizan trabajos forzosos. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno indica que el 28 de diciembre de 2013 se suprimió el sistema de reeducación mediante el trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Chipre

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1997)

Artículo 2, 1), del Convenio. Edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. Trabajo doméstico. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señalaba que se estaban tomando medidas para modificar la Ley núm. 48(I), de Protección de los Jóvenes en el Trabajo, de 2001, que excluía el trabajo doméstico realizado de forma provisional o por corto plazo en una residencia particular (artículo 3, a)) de la aplicación de las disposiciones sobre la edad mínima. La Comisión tomó nota asimismo de que el Gobierno señalaba que se derogaría la Ley sobre el Servicio Doméstico (empleo de niños y jóvenes), de 1952, por la que se autorizaba el empleo de niños que hubieran cumplido 14 años.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 3, a), de la ley núm. 48(I) ha sido modificado por la Ley de Protección de los Jóvenes en el Trabajo (enmienda), por la que se extiende su aplicación al trabajo doméstico realizado de forma provisional o a corto plazo en residencias privadas. El Gobierno señala además que la Ley del Servicio Doméstico (empleo de niños y jóvenes) ha sido derogada.

Artículo 3, 3). Autorización al empleo en ocupaciones peligrosas a partir de los 16 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que, en virtud del artículo 20, 5), de la ley núm. 48(I), las autorizaciones a las exenciones de la prohibición de empleo a jóvenes menores de 18 años en trabajos peligrosos son concedidas por el inspector jefe a toda persona a partir de los 15 años, siempre y cuando estas exenciones sean necesarias para la formación profesional de los jóvenes. Reiterando que, en virtud del artículo 3, 3), del Convenio, podrá autorizarse el empleo en actividades peligrosas a los jóvenes a partir de la edad de 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas su salud, seguridad o moralidad y hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que se eleva a 16 años la edad mínima para que las exenciones a la prohibición de empleo sean autorizadas a jóvenes menores de 18 años.

La Comisión toma nota con satisfacción de que el artículo 20 de la ley núm. 48(I) ha sido modificado por el artículo 8 del nuevo reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo (protección de los jóvenes), de 2012 (núm. 77/2012) (reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo). La Comisión toma nota de que el artículo 8, 3), del reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo prohíbe específicamente a los jóvenes menores de 18 años que realicen trabajos que excedan su capacidad física o psicológica; actividades que les expongan a agentes nocivos, así como a radiaciones; trabajos que supongan un riesgo de accidentes, y actividades que representen un riesgo para su salud a causa del frío o el calor extremos o del ruido y la vibración. El artículo 8, 5), del reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo establece además excepciones para los jóvenes con un mínimo de 16 años de edad autorizándolos a realizar tipos de trabajos peligrosos siempre y cuando su seguridad y su salud estén plenamente protegidas y reciban adecuada formación y supervisión.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículo 3, apartado b), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Utilización, reclutamiento y oferta de niños para la prostitución. La Comisión había tomado nota anteriormente de que la legislación nacional no protege a las niñas con edades comprendidas entre 16 y 18 años ni a los niños menores de 18 años de su utilización, reclutamiento u oferta para la prostitución. Observando que ha venido planteando esta cuestión desde 2004, la Comisión expresó su firme esperanza de que el Gobierno adoptaría las medidas necesarias para garantizar la adopción de la legislación que prohíbe la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y de niñas menores de 18 años con fines de prostitución.

La Comisión toma nota con satisfacción de que la ley recientemente adoptada sobre la prevención y la lucha contra el abuso sexual, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, ley núm. 91(I)/2014, prohíbe la prostitución de niños y niñas menores de 18 años. La Comisión toma nota de que, según el artículo 7, 5), de la ley núm. 91(I)/2014, quienquiera que utilice, cause o facilite la prostitución o la explotación sexual de niños menores de 18 años será castigado con pena de reclusión no superior a los 25 años.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Colombia

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), recibidas el 29 de agosto de 2014, así como de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que también se recibieron el 29 de agosto de 2014. Asimismo, toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recibidas el 31 de agosto de 2014, y de las observaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT), recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de la adopción de la «Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador (2008-2015)» (ENETI 2008-2015), elaborada en cooperación con la OIT/IPEC y el UNICEF. Asimismo, tomó nota de la observación de la CTC y la CTU respecto a que la política nacional para eliminar el trabajo infantil no es eficaz debido a que los subsidios que se ofrecen en el marco de esta política no son suficientes para sacar de la pobreza a las familias que los reciben. La Comisión también tomó nota de que con arreglo al Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 las autoridades regionales competentes se comprometieron a dar prioridad a los proyectos destinados a los niños y adolescentes que trabajan. Por último, tomó nota de que el Gobierno indicaba que las próximas estadísticas sobre trabajo infantil se incluirían en la encuesta de hogares del cuarto trimestre de 2009 cuyos resultados estarían disponibles en el segundo trimestre de 2010.

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas recientemente por la CUT y la CGT, en las que se señala que el trabajo infantil sigue siendo un problema grave en el país, en particular en las zonas pobres y en la economía informal. Además, la Comisión toma nota de que la CUT se refiere a los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) de 2013 que, según la CUT, no reflejan el alcance real del trabajo infantil en el país debido a que ciertos sectores de la economía en los que prevalece más el trabajo infantil, tales como la agricultura, la minería y el comercio, no han sido evaluados adecuadamente. Por último, la Comisión toma nota de las observaciones de la OIE y la ANDI en relación con las estadísticas de la ENTI e indica que: i) el trabajo infantil se ha reducido de un 13 por ciento en 2011 a un 9,7 por ciento en 2013; ii) el Gobierno ha identificado y retirado del trabajo a 445 994 niños, lo cual supera su objetivo de 304 500 niños, y iii) se ha aumentado la capacidad de los funcionarios y comités gubernamentales en materia de erradicación del trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria en relación con las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar la aplicación efectiva de la ENETI 2008-2015. En el marco de la ENETI, en 2013 se impartió formación a 2 700 funcionarios y, hasta ahora, en 2014 se ha impartido formación a 590 funcionarios, y se han establecido 514 Comités de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), que cubren más del 50 por ciento del territorio nacional. Además, habida cuenta de la inminente finalización de la ENETI 2008-2015, el Gobierno indica que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha realizado una evaluación de la aplicación de la estrategia que se tendrá en cuenta al elaborar una política nacional para los próximos diez años. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la Red Empresarial para una Colombia Libre de Trabajo Infantil, que recibe la asistencia de la OIT y trabaja con el Ministerio de Trabajo para contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil en las empresas.

La Comisión también toma nota de la información estadística en relación con el trabajo infantil, así como de la información sobre los nuevos métodos para medir el trabajo infantil que se elaboraron en 2011 y se han incorporado en las encuestas integradas de hogares llevadas a cabo por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El Gobierno indica que, debido a esta nueva metodología, no es acertado comparar las estadísticas sobre trabajo infantil que contiene la encuesta de hogares de 2009 (1 050 147 niños, o el 9,2 por ciento) con los resultados que figuran en la encuesta de hogares de 2011 (1 465 031 niños, o el 13 por ciento). El Gobierno señala también que los resultados de las encuestas de hogares de 2011 a 2013, en las que se utilizó la misma metodología, ponen de relieve que el trabajo infantil se ha reducido pasando de 1 465 031 niños (el 13 por ciento) en 2011 a 1 160 000 (el 10,2 por ciento) en 2012 y a 1 091 000 (el 9,7 por ciento) en 2013. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que pretende reducir el trabajo infantil a un 6,2 por ciento en 2014. La Comisión toma debida nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para reducir progresivamente el trabajo infantil. Tomando nota de que el Gobierno indica que la ENETI 2008-2015 se reelaborará con miras a formular una nueva política nacional de diez años, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para velar por la adopción de la nueva política. La Comisión también pide al Gobierno que continúe transmitiendo información estadística actualizada sobre el empleo de niños y jóvenes, así como todos los informes de la inspección del trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), recibidas el 29 de agosto de 2014, así como de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), que también se recibieron el 29 de agosto de 2014. Asimismo, toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recibidas el 31 de agosto de 2014, y de las observaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT), recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 3, apartado a), del Convenio. Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de que la legislación nacional prohíbe el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños con miras a utilizarlos en conflictos armados y de las medidas adoptadas por el Gobierno para abordar esa cuestión, los niños siguen siendo forzados a unirse a grupos armados al margen de la ley o a las fuerzas armadas. Tomó nota de los comentarios de la CTC y de la CUT respecto a que no se aplican penas disuasorias a los infractores y que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no reciben la formación necesaria. Asimismo, tomó nota de los casos relacionados con el reclutamiento de niños por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Comisión toma nota de las observaciones realizadas recientemente por la CGT, la CTC y la CUT, en las que se describe la persistencia del reclutamiento forzoso de niños por las FARC-EP y el ELN, y pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para proteger de forma eficaz a esos niños y librarlos de esas graves situaciones de violencia. La CGT alega que, entre 2012 y 2013, fueron reclutados 1 387 niños (1 255 por las FARC-EP y 132 por el ELN). La Comisión también toma nota de que la CGT se refiere a las estadísticas que contiene el informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados (documento A/68/878-S/2014/339) en relación con el número de niños reclutados, asesinados o mutilados por los grupos armados entre 2012 y 2013. Además, la CGT alega que las reformas legislativas permiten al Congreso suspender las investigaciones penales, las sanciones y las condenas, y propiciar la impunidad.

La Comisión también toma nota de las observaciones de la OIE y la ANDI en las que se hace hincapié en las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2013 en relación con el reclutamiento forzoso de niños y señala que a fin de prevenir el reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños por parte de integrantes de los grupos armados se estableció la Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños por grupos organizados al margen de la ley (Comisión intersectorial). La OIE y la ANDI también indican que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha ayudado a 5 000 niños víctimas que pudieron abandonar los grupos armados.

Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno transmite información en relación con las medidas y políticas que ha adoptado para prevenir el reclutamiento y la utilización de niños por las fuerzas armadas. Más concretamente, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las diversas medidas adoptadas por la Comisión intersectorial, cuyo mandato fue ampliado en virtud del decreto núm. 0552 para que pueda abordar la violencia sexual contra niños llevada a cabo por integrantes de grupos armados. El Gobierno también describe otras iniciativas en materia de políticas, que incluyen: i) el desarrollo de políticas intersectoriales en más de 110 municipios, 30 departamentos y seis localidades de Bogotá en 2010, y 139 municipios, 32 departamentos, y seis localidades de Bogotá en 2011; ii) la elaboración de una Hoja de ruta en colaboración con la Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento de niños, y iii) la asistencia técnica y creación de capacidades para prevenir el reclutamiento de niños en Antioquia, Tolima, Meta, Cesar y Chocó.

La Comisión también toma nota de que el Gobierno señala que en 2013 se realizaron 2 641 investigaciones en materia de reclutamiento ilícito, 1 849 de las cuales siguen abiertas. Asimismo, el Gobierno indica que, entre 2013 y 2014, la Fiscalía General de la Nación recibió 189 informes relacionados con casos de reclutamiento de niños y utilización de éstos en conflictos armados y violencia sexual. En relación con las medidas adoptadas para reforzar las investigaciones y los enjuiciamientos de las personas responsables de esos delitos, el Gobierno indica que la secretaría técnica de la Comisión intersectorial está sistematizando las sentencias nacionales en materia de reclutamiento ilícito. Hasta mayo de 2014, la secretaría técnica había sistematizado 54 sanciones por reclutamiento ilegal de niños, incluidos cinco casos que afectaban a 511 víctimas. La Comisión también toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas y estadísticas para el período 2012-2014, que incluyen, entre otras, numerosas actividades realizadas para prevenir el reclutamiento ilícito de niños llevadas a cabo a escala regional, carteles publicitarios, mesas redondas, eventos especiales y entrevistas a niños.

La Comisión toma debida nota de las continuas medidas adoptadas por el Gobierno, especialmente a través de la Comisión intersectorial, para prevenir el reclutamiento forzoso de niños por grupos armados al margen de la ley y librarlos de esas situaciones. Sin embargo, la Comisión toma nota del informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados arriba mencionado (párrafos 166 y 171) de 2014, en el que se señala que, si bien el número de enjuiciamientos por violaciones cometidas contra niños y la información sobre los casos de los que se ha hecho cargo la Fiscalía General siguieron siendo limitados, las Naciones Unidas verificaron que hubo 81 casos de reclutamiento y utilización de niños por grupos armados, y que al menos 43 niños resultaron muertos y otros 83 fueron mutilados en ataques de grupos armados, incluso a través de minas antipersonales. La Comisión se ve obligada a expresar de nuevo su profunda preocupación por la persistencia del reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para su utilización en el conflicto armado, especialmente porque conduce a otras graves violaciones de los derechos de los niños, tales como el asesinato, la mutilación y la violencia sexual. A este respecto, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para acabar con el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para su utilización en conflictos armados y a proceder a la desmovilización total e inmediata de todos los niños, incluso en el marco de la Comisión intersectorial. Asimismo, insta al Gobierno a continuar reforzando su sistema de investigación penal y las sanciones a fin de garantizar que se realizan investigaciones en profundidad y enjuiciamientos firmes en el momento oportuno y que se imponen sanciones lo suficientemente efectivas y disuasorias a todas las personas declaradas culpables de reclutar y utilizar a menores de 18 años de edad en el conflicto armado.

Artículo 6. Programas de acción. Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños por grupos organizados al margen de la ley. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que la Comisión intersectorial había proporcionado apoyo técnico a 50 municipios de 26 departamentos, 40 municipios y dos departamentos para la adopción de planes de acción específicos para prevenir el reclutamiento de niños por grupos armados al margen de la ley.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas recientemente por la secretaría técnica de la Comisión intersectorial, por ejemplo en materia de asistencia a los municipios. El Gobierno indica que, en 2013, la Comisión intersectorial trabajó en 537 municipios y elaboró 30 estrategias, proyectos, programas, acuerdos y planes de acción institucional para prevenir el reclutamiento y la utilización de niños y la violencia sexual contra ellos en 595 municipios y el distrito en la capital. La secretaría técnica también desarrolló una metodología de trabajo para 37 municipios a fin de articular un acuerdo nacional territorial y crear grupos de trabajo para las intervenciones de emergencia. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que, durante los últimos diez años, los programas por país han proporcionado asistencia a 900 000 niños que eran víctimas del conflicto, y en 2012, 118 niños fueron liberados de los grupos armados. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre la aplicación de los planes de acción adoptados por la Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños por grupos organizados al margen de la ley.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Ayuda para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. Niños soldados. La Comisión recuerda su comentario anterior en relación con las medidas adoptadas por el ICBF para la protección de niños y jóvenes desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley, que incluyen cuatro fases: identificación y diagnóstico, tratamiento, consolidación, y control y seguimiento.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, desde 2012, el ICBF ha mejorado las capacidades de su personal y los modelos de intervención para responder a los desafíos que plantean la rehabilitación y reintegración de los niños víctimas. La Comisión también toma nota de que el Gobierno transmite información en relación con un modelo integrado de asistencia psicosocial que fue creado por el ICBF para responder a las necesidades específicas que tienen los niños en función de su edad, género y etnia, y que dependen de la naturaleza del delito. Además, toma nota de que 800 profesionales participan en la implementación de ese modelo. En 2013, el ICBF inició un programa piloto en 11 departamentos con la participación de 204 profesionales. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que el número de niños desmovilizados de los grupos armados aumentó pasando de 195 en 2012 a 332 en 2014. La Comisión saluda los esfuerzos continuos del Gobierno para fortalecer la capacidad del ICBF en materia de aplicación de medidas efectivas y en un plazo determinado para retirar a los niños de los grupos armados, y pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre el número de menores de 18 años que han sido rehabilitados y reintegrados en sus comunidades como resultado de esas medidas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Comoras

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2004)

Artículo 2, párrafo 3, del Convenio. Escolaridad obligatoria y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el trabajo infantil es evidente en el país, especialmente en razón de la pobreza y de la baja tasa de escolarización de algunos niños. A este respecto, la Comisión tomó nota de que la capacidad de acogida de los establecimientos escolares es muy limitada y algunos de estos establecimientos, especialmente en los niveles primario y secundario, se ven obligados a denegar la inscripción a algunos niños en edad de escolarización. En consecuencia, una gran cantidad de niños, sobre todo de familias pobres y de medios desfavorecidos, se encuentran desprovistos de educación. Además, en el plano estructural, el país hace frente a una gran demanda de educación que no se puede satisfacer en razón de una insuficiencia neta de recursos disponibles.

La Comisión tomó nota de que el Gobierno adoptó un Programa de educación para todos, para 2015 (Programa EPT, para 2015), y que se puso en marcha un movimiento nacional para la educación de las niñas. Sin embargo, tomó nota de que, debido a la falta de datos, es imposible realizar proyecciones sobre la consecución de los objetivos fijados por el Programa EPT para 2015, salvo en lo que atañe a la paridad entre los sexos en la enseñanza primaria, indicándose que las Comoras corren el riesgo de no alcanzar los objetivos para 2015.

La Comisión toma nota de la afirmación del Gobierno, según la cual se realizan esfuerzos para reducir las diferencias entre la escolarización de las niñas y la escolarización de los niños, y en aras de reforzar la cobertura escolar mediante un mejor acceso a la educación de los niños que viven en las zonas rurales. El Gobierno indica que la paridad niñas-niños tuvo una evaluación positiva y se sitúa en el 0,87 en el nivel de la enseñanza primaria; sin embargo, es menos satisfactoria a nivel de la enseñanza secundaria, en la que es importante el descenso de niñas escolarizadas. Según el Gobierno, la problemática de la educación de las niñas se plantea en términos de acceso tardío, de tasas de repetición muy elevadas — del orden del 30 por ciento, en la enseñanza primaria, y del 23 por ciento, en la enseñanza secundaria — y de una alta tasa de abandono, completando el ciclo primario sólo el 32 por ciento de los alumnos.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus observaciones finales de 8 de noviembre de 2012, comprobó con preocupación que ese 55 por ciento de los niños de edades entre 6 y 14 años que han abandonado la escuela, son niñas, que no existen soluciones y que faltan formas alternativas de integrar a esas niñas en el sistema educativo. El Comité manifiesta asimismo su preocupación por las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, y por las tasas de abandono escolar alarmantes y continuas de las niñas en la enseñanza secundaria (documento CEDAW/C/COM/CO/1-4, párrafo 29). Por consiguiente, la Comisión expresa su preocupación en cuanto a las elevadas tasas de repetición y de abandono escolar, así como ante las desigualdades entre la escolaridad de las niñas y de los niños en las Comoras. Considerando que la enseñanza obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien reforzar sus medidas a tal efecto y, más especialmente, para aumentar la tasa de frecuentación escolar y disminuir la tasa de abandono escolar, en particular en las niñas, con el fin de impedir que trabajen los niños menores de 15 años. Además, la Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre los resultados obtenidos, así como sobre la aplicación del Convenio en la práctica, aportando, por ejemplo, datos estadísticos desglosados por sexo y por franja de edad y relativos a la naturaleza, a la extensión y a la evolución del trabajo de los niños y los adolescentes que trabajan por debajo de la edad mínima especificada por el Gobierno en el momento de la ratificación, y extractos de los informes de los servicios de inspección.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Congo

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación práctica del Convenio. La Comisión había tomado nota con anterioridad de que, según las estadísticas de la OIT para el año 2000, más de 960 000 niños de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años (510 000 niños y 450 000 niñas), tenían una vida económica activa. Por consiguiente, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas para mejorar esta situación, especialmente mediante la adopción de una política nacional dirigida a asegurar la abolición efectiva del trabajo infantil.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno sigue sin contener información acerca de la adopción de una política nacional encaminada a asegurar la abolición efectiva del trabajo infantil. Toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual ningún informe de inspección informa sobre cualquier empleo supuesto o efectivo de niños en las empresas congolesas en el curso del período que abarca la memoria. Sin embargo, la Comisión toma nota de que las estadísticas del UNICEF para los años 2005-2009 revelan que el 25 por ciento de los niños congoleses están afectados por el trabajo infantil. Además, la Comisión toma nota de que, según las informaciones comunicadas en el sitio de Internet del Centro Nacional de Estadística y Estudios Económicos (CNSEE), entre los meses de febrero y mayo de 2011, se había realizado una encuesta congolesa de hogares (ECOM2). Al expresar su preocupación ante el importante número de niños que trabajan por debajo de la edad mínima en el país, y ante la ausencia de una política nacional dirigida a asegurar la abolición efectiva del trabajo infantil, una vez más la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para velar por la adopción y la aplicación de tal política en los más breves plazos. Le solicita que tenga a bien comunicar, en su próxima memoria, informaciones detalladas acerca de las medidas adoptadas al respecto. Además, la Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar una copia de la ECOM2.

Artículo 3, párrafo 2. Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 4 del decreto núm. 2224, de 24 de octubre de 1953, que fija las excepciones del empleo de los trabajadores jóvenes, así como la naturaleza de los trabajos y de las categorías de empresas prohibidas a los jóvenes y la edad límite a la que se aplica la prohibición, prohíbe emplear a los trabajadores jóvenes menores de 18 años en determinados trabajos peligrosos e incluye una lista de esos tipos de trabajo. La Comisión ha señalado a la atención del Gobierno las disposiciones del párrafo 10, 2), de la Recomendación sobre la edad mínima, 1973 (núm. 146) que invita al Gobierno a reexaminar y revisar periódicamente la lista de los tipos de empleo o de trabajo a que apunta el artículo 3 del Convenio, según las necesidades, especialmente a la luz de los progresos de la ciencia y de la técnica.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual toma nota de la iniciativa de reexaminar y revisar periódicamente la lista de los tipos de empleo o de trabajo a que apunta el artículo 3 del Convenio. Al observar que el decreto núm. 2224 se había adoptado hacía más de 50 años, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar si tiene previsto adoptar, en un futuro próximo, medidas para revisar la lista de los tipos de trabajo peligrosos establecida por el decreto núm. 2224. Le solicita que tenga a bien comunicar informaciones precisas al respecto.

Artículo 3, párrafo 3. Admisión en trabajos peligrosos desde la edad de 16 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el artículo 5 del decreto núm. 2224 prohíbe emplear a trabajadores jóvenes menores de 16 años en determinados trabajos peligrosos. Además, en virtud del artículo 7, los inspectores del trabajo y las leyes sociales pueden requerir el examen médico de todo trabajador joven, con el fin de determinar si el trabajo en el que está empleado no excede sus fuerzas. Cuando se comprueba que el trabajador joven no es apto físicamente para el trabajo en el que está empleado, deberá ser asignado a un trabajo que responda a su aptitud física o despedido sin que las consecuencias de su despido puedan correr a su cargo. La Comisión ha comprobado que la condición prevista en el artículo 3, párrafo 3, del Convenio, a saber, garantizar la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes de entre 16 y 18 años autorizados a realizar trabajos peligrosos, se cumple a través de las disposiciones antes mencionadas. No obstante, recordó al Gobierno que el artículo 3, párrafo 3, requiere asimismo que los adolescentes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años reciban, en la rama de actividad correspondiente, una instrucción específica y adecuada o una formación profesional. Por consiguiente, solicitó al Gobierno que tuviese a bien comunicar informaciones acerca de las medidas adoptadas o previstas para estar de conformidad con esta exigencia.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual los adolescentes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, no están nunca autorizados a realizar trabajos peligrosos en las empresas. Empero, la Comisión señala que el artículo 5 del decreto núm. 2224, prohíbe determinados trabajos peligrosos a los niños menores de 16 años, lo cual al contrario implica que esos trabajos están autorizados a los adolescentes mayores de 16 años. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien precisar si el decreto núm. 2224 sigue estando en vigor. De ser así, le solicita encarecidamente que se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que los adolescentes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años autorizados a realizar trabajos peligrosos, reciban una instrucción específica y adecuada o una formación profesional en la rama de actividad correspondiente.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

La Comisión lamenta tomar nota de que por seis años consecutivos no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la indicación del Gobierno, en la que se indicaba la existencia de trata de niños entre Benin y Congo, para hacerlos trabajar en Pointe-Noire, en el comercio y en los trabajos domésticos. Según el Gobierno, esos niños son forzados a trabajar todo el día en condiciones penosas, y están sometidos a todo tipo de privaciones. La Comisión había tomado nota de que los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, prevén sanciones para las personas declaradas culpables de rapto o de corrupción de personas, entre las que se encontraban niños menores de 18 años. Había solicitado al Gobierno que tuviese a bien indicar en qué medida se habían aplicado en la práctica los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva comunicar informaciones acerca de la aplicación en la práctica de los artículos 345, 354 y 356 del Código Penal, comunicando, especialmente, estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas, las encuestas realizadas, los procedimientos judiciales, las condenas y las sanciones penales aplicadas.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Venta y trata de niños. En sus observaciones anteriores, la Comisión había tomado nota de la información del Gobierno, en la que reconocía que la trata de niños entre Benin y el Congo, cuyo objetivo era el de hacerlos trabajar en Pointe-Noire en el comercio y en los trabajos domésticos, está en contradicción con los derechos humanos. Había tomado nota asimismo de que el Gobierno había adoptado algunas medidas para detener la trata de niños, entre las que se encontraba: a) la repatriación de niños por parte del Consulado de Benin, que son, ya sea reintegrados por la policía nacional, ya sea retirados de algunas familias; b) la exigencia en las fronteras (aeropuertos) de la autorización administrativa de salida del territorio de Benin exigible a los menores (edades inferiores a los 18 años). La Comisión había solicitado al Gobierno que tuviese a bien comunicar informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas en cuanto a la rehabilitación y a la reinserción social de los niños, tras su retirada del trabajo. Había tomado nota de que la memoria del Gobierno no contiene información alguna al respecto. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas en un plazo determinado para librar a los niños menores de 18 años de esta peor forma de trabajo infantil y garantizar su rehabilitación e inserción social. Además, solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones acerca del impacto de estas medidas.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión había tomado nota de que, según las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño sobre el informe inicial del Congo, de octubre de 2006 (documento CRC/C/COG/CO/1, párrafo 85), deberá realizarse en el país un estudio sobre las causas profundas y las repercusiones de la trata. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones acerca de los resultados de este estudio y transmitir una copia del mismo en cuanto se haya elaborado.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Costa Rica

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1976)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), que se recibieron el 3 de septiembre de 2014.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de la ejecución del Plan nacional de acción para la prevención y eliminación del trabajo infantil, y la protección especial de las personas adolescentes trabajadoras. Asimismo, tomó nota de que se había adoptado un módulo específico sobre trabajo infantil que se incluiría en la encuesta de hogares de 2010.

La Comisión toma nota de la observación de la CTRN, en la que se hace referencia a un informe de 2009-2010 sobre la tasa de abandono de la educación secundaria en Costa Rica, que fue publicado por el Ministerio de Educación Pública en 2010. A este respecto, la CTRN señala que las altas tasas de abandono escolar ponen de relieve que existe un grave problema e indican que el sistema nacional de educación no da prioridad a la cobertura universal. Asimismo, la Comisión toma nota de la referencia de la CTRN a la información estadística que figura en la Encuesta Nacional de Hogares de 2011, que fue llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) con el apoyo técnico y financiero de la OIT/IPEC, e incluye el nuevo módulo específico sobre trabajo infantil antes mencionado. La CTRN hace hincapié en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de 2011, según los cuales, 41 187 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años (4,6 por ciento) realizaban trabajos prohibidos en virtud del Convenio; 16 160 niños de entre 5 y 14 años (2,2 por ciento) trabajaban, 11 593 de ellos en trabajos peligrosos; y 25 027 adolescentes de entre 15 y 17 años (9 por ciento) realizaban trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, en la que se hace referencia a la Hoja de ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil y sus peores formas 2010-2020 (la Hoja de ruta), que se elaboró en coordinación con la OIT/IPEC y empezó a ejecutarse después del Plan nacional de acción 2010. La Comisión toma nota de que algunos de los objetivos de la Hoja de ruta son: i) reducir el número de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan, que en 2002 eran 113 523, logrando que en 2015 sólo trabajen 27 811 niños y adolescentes y en 2020 ninguno; y ii) incrementar la asistencia a la escuela secundaria, que en 2008 era del 85 por ciento, logrando que en 2015 sea de un 95 por ciento y en 2020 de un 100 por ciento. El Gobierno indica que, con la asistencia de la OIT, se ha elaborado un programa de información denominado «Delphos» a fin de determinar hasta qué punto se alcanzan los objetivos de la Hoja de ruta.

Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, aunque los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de 2011 no son totalmente comparables con los resultados de anteriores encuestas de hogares debido al nuevo módulo sobre trabajo infantil, la comparación de esas encuestas pone de relieve que se ha reducido el trabajo infantil, que afectaba a 49 229 niños en 2002 y sólo a 16 160 en 2011. Además, la Comisión toma nota de los resultados del censo 2011-2013 del INEC, adjuntos a la memoria del Gobierno, según los cuales la tasa de abandono escolar de los niños de entre 12 y 14 años ha descendido de 13 540, de un total de 65 230 niños, en 2011 (20,76 por ciento) a 996, de un total de 52 647 niños, en 2013 (1,9 por ciento).

La Comisión toma debida nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para aplicar medidas programáticas a fin de reducir el trabajo infantil e incrementar la asistencia a la escuela secundaria. Sin embargo, también toma nota de que un número considerable de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad continúan realizando trabajos peligrosos. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que redoble sus esfuerzos, en el marco de la Hoja de ruta para hacer de Costa Rica un país libre de trabajo infantil y sus peores formas, para que los niños y los adolescentes no realicen trabajos peligrosos. Asimismo, pide al Gobierno que continúe transmitiendo información estadística actualizada sobre la naturaleza, la extensión y las tendencias del trabajo infantil y de los adolescentes que realizan trabajos sin haber alcanzado la edad mínima especificada por el Gobierno cuando ratificó el Convenio.

Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. La Comisión recuerda su comentario anterior, en el que tomó nota de que el Gobierno indicaba que el proyecto de ley sobre la prohibición de que los trabajadores adolescentes efectúen trabajos peligrosos e insalubres había sido incluido en el orden del día de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia de la Asamblea Legislativa.

La Comisión toma nota con satisfacción de la información proporcionada por el Gobierno en relación con la aprobación de la Ley núm. 8922 denominada «Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para Personas Adolescentes Trabajadoras», que entró en vigor el 25 de marzo de 2011. A este respecto, la Comisión toma nota de que la ley núm. 8922 incluye una amplia gama de tipos de trabajos peligrosos, en particular: las minas y canteras; las actividades que se desarrollan en espacios confinados o cerrados; las actividades en alta mar, y los trabajos de marinero en cualquier escala y extractor de moluscos; las actividades bajo el agua, por ejemplo el buceo, y toda actividad que implique sumersión; los trabajos con agroquímicos en sintetizadoras; los trabajos que impliquen el contacto con productos, sustancias u objetos de carácter tóxico, combustible, inflamable, radioactivo, infeccioso, irritante o corrosivo; la fabricación, colocación y manejo de sustancias y artículos explosivos; el uso de equipos pesados, generadores de vibraciones y otras máquinas peligrosas; la construcción o mantenimiento de vías públicas o privadas; el uso de máquinas y herramientas manuales y mecánicas; la manipulación continua de cargas pesadas; el trabajo en ambientes con exposición a ruidos y vibraciones; los trabajos en grandes alturas (por ejemplo, el uso de andamios, arneses, escaleras y líneas de vida); la exposición a temperaturas extremas (altas o bajas); la producción, distribución o venta de bebidas alcohólicas; las actividades que pongan en peligro la integridad moral de los jóvenes (por ejemplo, en centros nocturnos, prostíbulos, salas de juegos, sitios de espectáculos y talleres para adultos o en establecimientos donde se grabe, imprima, fotografíe o filme material de tipo erótico y pornográfico); las actividades que pongan a los jóvenes en una posición de responsabilidad (por ejemplo, la seguridad pública y privada, o el cuidado de menores, personas adultas mayores o personas enfermas); y los trabajos que se mencionan en el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), recibidas el 3 de septiembre de 2014.

Artículo 3, apartado d), del Convenio. Trabajos peligrosos. Trabajo doméstico infantil. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que tomó nota de que cerca del 6 por ciento de los 113 500 niños que trabajan en Costa Rica lo hacen en el servicio doméstico, que esos niños realizan largas jornadas de trabajo, reciben poca o ninguna remuneración, suelen ser víctimas de violencia física y a veces sexual, están expuestos a condiciones de trabajo peligrosas y a menudo no tienen acceso a la educación. La Comisión tomó nota de que en 2005 se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de prohibición del trabajo peligroso e insalubre para personas adolescentes trabajadoras, que incluye disposiciones que reglamentan el trabajo doméstico infantil, y de que se adoptó la ley núm. 8842, de 13 de agosto de 2010, de modificación del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que prevé la prohibición del trabajo doméstico de niños de 15 a 18 años en las condiciones siguientes: i) que la persona adolescente duerma en el lugar de trabajo; ii) cuando consista en el cuidado de niños y niñas, personas adultas mayores o personas con discapacidad, y iii) cuando implique labores de vigilancia (artículo 94 bis).

La Comisión toma nota de las observaciones de la CTRN, que hacen referencia a la información estadística contenida en la Encuesta Nacional de Hogares de 2011, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) con la asistencia técnica y financiera de la OIT/IPEC. La CTRN destaca que, según la Encuesta Nacional de Hogares de 2011, el trabajo doméstico representa uno de los más grandes sectores del trabajo infantil (10,3 por ciento) y que 56 753 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años de edad realizan trabajos domésticos en el hogar que incluye trabajo peligroso.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno relativa a la adopción de la lista de tipos de trabajo peligrosos de conformidad con la Ley núm. 8922 denominada «Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para Personas Adolescentes Trabajadoras», que entró en vigor el 25 de marzo de 2011 y respecto a los cuales la Comisión se refiere en sus comentarios formulados en virtud del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138). La Comisión toma nota, en particular, de que la lista de trabajos prohibidos incluyen explícitamente las peores formas de trabajo infantil, previstas en el artículo 3 del Convenio. Además, la Comisión toma nota con interés de que la ley prohíbe expresamente el trabajo doméstico de las personas adolescentes trabajadoras cuando deben dormir en el lugar de trabajo o permanecer fuera del horario de trabajo.

Al tomar debida nota de los esfuerzos que realiza el Gobierno para reforzar la legislación que protege a los jóvenes trabajadores que realizan trabajos domésticos, también toma nota de los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de 2011 lo que muestra la prevalencia del trabajo doméstico en condiciones peligrosas para niños de edades comprendidas entre los 5 y 17 años. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la nueva legislación sobre trabajos peligrosos se aplique efectivamente para prevenir que los menores de 18 años que realizan trabajos domésticos desempeñen trabajos peligrosos. En este sentido, la Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información estadística relativa al número de niños ocupados en trabajos domésticos y, en particular, trabajos peligrosos, así como el número y tipo de violaciones detectadas y el número de personas enjuiciadas.

Artículo 7, párrafo 2, apartado d). Medidas efectivas en un plazo determinado. Niños particularmente expuestos a riesgos. Niños que trabajan en el servicio doméstico. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que tomó nota de que entre 2003 y 2006 se llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre el trabajo doméstico infantil a través de medios televisivos y radiofónicos y que, además, se establecieron cuatro programas en colaboración con la ONG «Visión Mundial» con el objetivo de identificar y prever ayuda para 120 niños trabajadores domésticos. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, según la cual, además del programa con la ONG Visión Mundial, que finalizó en 2008, está adoptando medidas adicionales para garantizar que las familias obtengan recursos económicos para la mejora de su calidad de vida, incluyendo la posibilidad de que los jóvenes y adolescentes trabajen fuera de las horas de clases. Al tomar nota de la ausencia de información específica a este respecto, la Comisión solicita al Gobierno que indique cuáles son las medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado para prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños que trabajan en el servicio doméstico de condiciones de trabajo peligrosas y asegurar su rehabilitación e inserción social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Côte d'Ivoire

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales el trabajo infantil sigue siendo un fenómeno de actualidad en Côte d’Ivoire. A este respecto, la Comisión toma nota de que las últimas estadísticas sobre el trabajo infantil, como las que revela la Encuesta sobre el nivel de vida de los hogares, efectuada en 2008 (ENV 2008), ponen de manifiesto que 1 570 102 niños trabajan en el sector agrícola y 517 520 niños trabajan en el sector de servicios. Además, la Comisión toma nota de que, según el informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para el examen de las políticas comerciales de Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau y Togo por el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (Ginebra, 2 y 4 de julio de 2012), trabaja aproximadamente el 40 por ciento de los niños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 años, y casi una cuarta parte de los niños de Côte d’Ivoire combinan trabajo y escuela. Los niños de las zonas rurales trabajan en su mayoría en las explotaciones agrícolas familiares, en las plantaciones, en pequeñas minas de oro, en el comercio o en el servicio doméstico.

La Comisión toma nota de la adopción del Plan de acción nacional 2012-2014 de lucha contra la trata, la explotación y el trabajo infantil (PAN). Este Plan se basa en cuatro ejes estratégicos, es decir: la prevención; la protección de los niños; la persecución y la represión de los autores de infracciones; y el seguimiento-evaluación de las actividades. Toma nota asimismo de las informaciones comunicadas por el Gobierno en lo que atañe a las acciones que han podido realizarse en el marco del PAN desde el inicio de su puesta en práctica, entre las que se encuentran las campañas de sensibilización y el fortalecimiento de las capacidades de los actores implicados en el trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión observa con preocupación el número elevado de niños que trabajan en Côte d’Ivoire. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno que tenga a bien redoblar sus esfuerzos para mejorar la situación del trabajo infantil en el país, especialmente en el sector agrícola y en la economía informal. Solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre las medidas que se adoptarán a raíz de finalizar el período de puesta en práctica previsto por el PAN, es decir, después de 2014. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica, aportando, por ejemplo, datos estadísticos desglosados por sexo y por grupo de edad, y relativos a la naturaleza, la extensión y la evolución del trabajo de niños y adolescentes que trabajan por debajo de la edad mínima especificada por el Gobierno en el momento de la ratificación, y extractos de los informes de los servicios de inspección.

Artículo 6. Aprendizaje. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud del artículo 23.8 del Código del Trabajo, los niños no pueden ser empleados en una empresa, ni siquiera como aprendices, antes de la edad de 14 años, salvo excepción establecida por vía reglamentaria. En cambio, tomó nota de que, en virtud del artículo 3 del decreto núm. 96-204, de 7 de marzo de 1996, relativo al trabajo nocturno, los niños menores de 14 años admitidos en un aprendizaje o en una formación preprofesional, no pueden, en ningún caso, estar ocupados en un trabajo, cualquiera sea éste, durante el período de delimitación del trabajo nocturno y, de manera general, durante el intervalo de 15 horas consecutivas, que van de 17 horas a 8 horas.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se tomarán en cuenta las observaciones de la Comisión, en el marco de la revisión del Código del Trabajo. Recordando nuevamente que, en virtud del artículo 6 del Convenio, la edad de admisión en un trabajo en empresas, en el marco de un programa de aprendizaje, es de 14 años, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para armonizar el Código del Trabajo y el decreto núm. 96-204, de 7 de marzo de 1996, con el Convenio, y fijar la edad de entrada en un aprendizaje a los 14 años, especialmente en el marco de la revisión del Código del Trabajo.

La Comisión plantea otra cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículos 3, d), y 7, párrafo 2, a) y b), del Convenio. Trabajos peligrosos e impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo y librarlos de estas peores formas. 1. Niños en la agricultura y en las plantaciones de cacao. La Comisión toma nota de que las últimas estadísticas sobre el trabajo infantil, como las que revela la Encuesta sobre el nivel de vida de los hogares, realizada en 2008 (ENV, 2008), vienen a demostrar que 1 570 103 niños están económicamente activos en el sector agrícola, con frecuencia en las plantaciones de cacao.

La Comisión toma nota de que la OIT/IPEC lleva a cabo en la actualidad un proyecto con el fin de eliminar el trabajo infantil en las comunidades dedicadas a la agricultura en las plantaciones de cacao, en Côte d’Ivoire y en Ghana. En el marco de este proyecto, se realizaron actividades de sensibilización, formaciones a funcionarios de la agricultura, agricultores de cacao y organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. Además, se prestaron servicios a 2 500 niños destinatarios (1 136 niñas y 1 364 niños), incluidos en la educación formal o en la educación informal. Así, se evitó que 1 176 de esos niños estuviesen ocupados en las peores formas de trabajo infantil, y se retiraron a 1 320 niños. La Comisión toma nota asimismo de que Côte d’Ivoire es uno de los países beneficiarios del proyecto de la OIT/IPEC, dirigido a eliminar las peores formas de trabajo infantil en África occidental y a fortalecer la cooperación subregional (ECOWAS), en el marco del cual se vienen aplicando, desde 2012, programas de acción cuyo objetivo es la sensibilización, la educación, la prevención y la reinserción de 2 300 niños en situación de riesgo o víctimas de las peores formas de trabajo infantil, incluido el sector de las plantaciones de cacao. En vista de la incidencia especialmente elevada del trabajo peligroso de los niños en las plantaciones de cacao, la Comisión insta firmemente al Gobierno que tenga a bien intensificar sus esfuerzos para impedir que los niños menores de 18 años de edad trabajen en las plantaciones de cacao y con el fin de que sean retirados de esas plantaciones y readaptados socialmente, sobre todo asegurándoles el acceso a la educación con carácter gratuito y a la formación profesional. Por último, le solicita que se sirva comunicar informaciones detalladas sobre la naturaleza de las medidas adoptadas a este respecto, así como sobre los resultados obtenidos.

2. Minas de oro. En los comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el trabajo infantil en las minas es uno de los 20 tipos de trabajos peligrosos incluidos en el artículo 1 del decreto núm. 2250, de 14 de marzo de 2005, y está prohibido a los menores de 18 años. Observó que, en virtud del artículo 19 de la ley núm. 2010-272 de 30 de septiembre de 2010, las personas que tienen la autoridad sobre un niño o un niño a cargo, y le hacen realizar trabajos peligrosos o le dejan a sabiendas realizar trabajos peligrosos, pueden ser sancionados con una pena que puede llegar hasta cinco años de prisión. Sin embargo, tomó nota de que se comprobó una explotación del trabajo infantil en las explotaciones mineras concedidas a particulares.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se adoptan medidas para perjudicar a las personas que explotan a los niños en las minas y que escapan al control de las autoridades policiales. La Comisión insta firmemente al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a la práctica del trabajo infantil en las minas, incluidas las explotaciones que son concedidas a particulares, de conformidad con la prohibición que prevé su legislación. Solicita asimismo al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas eficaces en un plazo determinado para impedir que los niños menores de 18 años trabajen en las minas de oro y con el fin de que sean retirados de esas minas y readaptados socialmente. Solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre los progresos realizados a este respecto y sobre los resultados obtenidos.

Artículo 6. Programas de acción y aplicación del Convenio en la práctica. Plan de acción nacional 2012-2014 de lucha contra la trata, la explotación y el trabajo infantil. La Comisión tomó nota con anterioridad de que se realizó la ENV, de 2008, pero que los resultados de esta encuesta no fueron validados.

La Comisión toma nota de que las últimas estadísticas sobre el trabajo infantil, como las efectuadas por la ENV, en 2008, vienen a demostrar que 1 202 404 niños están implicados en un trabajo peligroso y 3 364 son víctimas de trata. Además, toma nota de que, según el informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) al Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), relativo a la política de intercambios comerciales de Côte d’Ivoire, Ginebra 2 y 4 de julio de 2012, los niños ocupados en la agricultura y en la industria forestal, especialmente en las plantaciones de cacao y de café, trabajan largas horas, manipulan pesticidas y productos químicos peligrosos, máquinas y cargas pesadas, y trabajan en otras condiciones peligrosas. Los niños de la calle hacen frente a condiciones que ponen en peligro su desarrollo físico y moral, y los niños que trabajan en el servicio doméstico son asimismo vulnerables y corren a menudo el riesgo de ser explotados sexualmente y de sufrir abusos físicos y psicológicos.

A este respecto, la Comisión toma nota de que se adoptó, en marzo de 2012, el nuevo Plan de acción nacional 2012-2014, de lucha contra la trata, la explotación y el trabajo infantil (PAN). Ese plan de acción se articula en torno a cuatro objetivos estratégicos: la prevención, consolidando el marco legislativo, sensibilizando a las comunidades, movilizando a los asociados y compartiendo los conocimientos; la protección, mejorando el acceso a la educación, tomando a su cargo a las víctimas, estableciendo estructuras de orientación y fortaleciendo la cooperación regional e internacional; la represión, identificando y castigando a los responsables de la trata y de las peores formas de trabajo infantil, y el control y la evaluación, especialmente a través de la puesta en práctica del sistema nacional de control del trabajo infantil, así como el sistema de observación y de seguimiento del trabajo infantil en Côte d’Ivoire (SOSTECI). A este respecto, la Comisión toma nota de que el SOSTECI es un sistema que permite encontrar y ayudar a los niños implicados en los trabajos peligrosos. Constituye, además, un medio de compilación y de intercambio de informaciones sobre el trabajo infantil y sus peores formas.

La Comisión toma buena nota de las informaciones comunicadas en la memoria del Gobierno, presentada respecto del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) sobre los resultados obtenidos desde la aplicación del PAN. Éstos comprenden acciones de sensibilización ante las comunidades, el fortalecimiento de las capacidades de los actores que participan en la lucha contra la trata, la explotación y el trabajo infantil, la mejora del acceso de los niños a la educación y la instalación de una línea de asistencia telefónica a los niños en situaciones difíciles (entre noviembre de 2013 y febrero de 2014, se registraron 3 577 llamadas).

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión debe expresar su preocupación ante el gran número de niños que trabajan en condiciones peligrosas en Côte d’Ivoire. La Comisión insta al Gobierno que tenga a bien intensificar sus esfuerzos para garantizar la protección de los niños contra las peores formas de trabajo en la práctica, incluida la renovación del PAN, que debe finalizar en 2014. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar estadísticas recientes, como las reunidas por el SOSTECI, sobre la naturaleza, la extensión y la evolución de las peores formas de trabajo infantil, sobre el número de niños protegidos por las medidas que dan efecto al Convenio, sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas, sobre las encuestas realizadas, las acciones judiciales iniciadas, las condenas dictadas y las sanciones penales impuestas. En la medida de lo posible, todas estas informaciones deberían ser desglosadas por sexo y edad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Cuba

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1975)

Artículo 3, 1) y 2), del Convenio. Determinación de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los menores de 18 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota con interés de que, en virtud del artículo 15, 1), de la resolución núm. 8/2005, de 1.º de marzo de 2005, por la que se establece el Reglamento General sobre Relaciones Laborales, los jóvenes menores de 18 años de edad no pueden ser ocupados en trabajos en los que estén expuestos a riesgos físicos o psicológicos; labores nocturnas, bajo tierra o agua; alturas peligrosas o espacios cerrados; labores con cargas pesadas; o en los que estén expuestos a sustancias peligrosas o a condiciones de temperatura, ruidos o vibraciones que sean perjudiciales para su salud y desarrollo. Toma nota asimismo de que, en virtud del artículo 16, 2), del Reglamento General sobre Relaciones Laborales, la lista de puestos de trabajo que implican riesgos, se consigna en un anexo al convenio colectivo de trabajo. Por último, tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual están en curso las consultas relativas al proyecto de Código del Trabajo.

La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción del nuevo Código del Trabajo y del reglamento que lo acompaña, de 17 de junio de 2014, que incorpora, en el artículo 68, la lista de trabajos peligrosos del Reglamento General sobre Relaciones Laborales, como se expuso antes, para todos los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 18 años.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Democrática del Congo

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación práctica del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el considerable número de niños que trabajan en el país (documento CRC/C/15/Add.153, párrafo 66). La Comisión tomó nota asimismo de que, según el informe inicial del Gobierno presentado al Comité de los Derechos del Niño (documento CRC/C/3/Add.57, párrafo 196), algunos padres, en razón de la coyuntura económica, toleran o envían a sus hijos a que ejerzan ocupaciones que les están prohibidas. El Gobierno señaló que el Ministerio de Empleo, Trabajo y Previsión Social estaba decidido a que el Comité Nacional de Lucha contra las Peores Formas de Trabajo Infantil funcione y que, una vez logrado este objetivo, el Comité elaboraría una estrategia nacional para la abolición del trabajo infantil y de sus peores formas. En el marco de esta estrategia, se elaborarán programas de acción nacional, en particular, con objeto de detectar el trabajo infantil y sus peores formas y controlar y sancionar, con la ayuda de la inspección del trabajo, a las empresas que recurren al trabajo infantil.

La Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales el Comité Nacional de Lucha contra las Peores Formas de Trabajo Infantil, establecido desde 2006, elaboró un plan de acción nacional para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil de aquí a 2020 (PAN), con el apoyo técnico y financiero de la OIT/IPEC. Éste define las estrategias y las acciones prioritarias que deben realizarse a favor de los niños vulnerables a las peores formas de trabajo infantil y a las comunidades pobres. Según las informaciones comunicadas por la OIT/IPEC, este documento no ha sido aprobado todavía oficialmente. La Comisión observa que, según los resultados de la Encuesta agrupada de indicadores múltiples, de 2010 (MICS-2010), publicados por el UNICEF, casi uno de cada dos niños de entre 5 y 14 años participa en el trabajo infantil, en particular en zonas rurales (el 46 por ciento en zonas rurales frente al 34 por ciento en zonas urbanas). Al tiempo que toma nota de las medidas que el Gobierno prevé adoptar para luchar contra el trabajo infantil, la Comisión tiene que manifestar su preocupación por el elevado número de niños que trabajan por debajo de la edad mínima en el país. La Comisión alienta encarecidamente al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar la eliminación del trabajo infantil. En este sentido, manifiesta su firme esperanza de que el PAN para la eliminación de las peores formas de trabajo infantil se adoptará y aplicará a la mayor brevedad, y pide al Gobierno que comunique una copia del mismo en su próxima memoria. La Comisión solicita también nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, en particular, estadísticas, desglosadas por sexo y por franja de edad, sobre el empleo de niños y adolescentes, así como extractos de los informes de los servicios de inspección.

Artículo 2, párrafo 1, y parte III del formulario de memoria. Ámbito de aplicación e inspección del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que la ley núm. 015/2002, de 16 de octubre de 2002, relativa al Código del Trabajo, se aplica únicamente para la relación de trabajo. Además, tomó nota de que el Comité de Derechos del Niño se ha mostrado preocupado por el importante número de niños que trabajan en la economía informal y que escapan a menudo de las medidas de protección previstas por la legislación nacional (documento CRC/C/15/Add.153, párrafo 66). La Comisión recordó al Gobierno que el Convenio se aplica en todos los sectores de actividad económica y cubre todos los tipos de empleo u ocupaciones, se efectúen o no sobre la base de una relación de trabajo subordinada, y sean o no remunerados. En este sentido, el Gobierno señaló que había redoblado sus esfuerzos para hacer más eficaz la tarea de los inspectores.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que se tendrán en cuenta las preocupaciones manifestadas por la Comisión relativas al trabajo infantil en la economía informal durante la aplicación de la estrategia del PAN. A este respecto, al referirse al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 345, la Comisión señala a la atención del Gobierno que la ampliación de los mecanismos de vigilancia adaptados a la economía informal puede ser un medio de considerable importancia para lograr la aplicación efectiva del Convenio, sobre todo en los países en que no parece factible ampliar el campo de aplicación de la legislación para resolver el problema del trabajo infantil en ese sector. Reiterando que el Convenio se aplica a todas las formas de trabajo o de empleo, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas, en el marco del PAN, para adaptar y reforzar los servicios de la inspección del trabajo con objeto de garantizar el control del trabajo infantil en la economía informal y cerciorarse de que estos niños se benefician de la protección prevista por el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre la organización, el funcionamiento y las actividades de la inspección del trabajo relativas al trabajo infantil, en su próxima memoria.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. Reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la ley núm. 09-001, de 10 de enero de 2009, prevé, en su artículo 187, la aplicación de una pena de reclusión de 10 a 20 años por el alistamiento o la utilización de niños menores de 18 años en las fuerzas y grupos armados y la policía. La Comisión tomó nota de que, según el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos Armados en la República Democrática del Congo, de 9 de julio de 2010 (documento S/2010/369, párrafos 17 a 41), se computaron 1 593 casos de reclutamiento de niños, entre octubre de 2008 y diciembre de 2009, 1 235 de los cuales fueron en 2009. El Informe del Secretario General de las Naciones Unidas indica asimismo, que el 42 por ciento del número total de los casos de reclutamiento computados fueron atribuidos a las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). La Comisión tomó nota asimismo con preocupación de que, según el Informe del Secretario General, el número de asesinatos y de ataques a la integridad física de los niños habría aumentado. Además, se comprobó un aumento notable del número de secuestros de niños en el curso del período considerado por el Informe del Secretario General, principalmente por parte del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), y también de las FARDC. La Comisión señaló también que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de 10 de febrero de 2009 (documento CRC/C/COD/CO/2, párrafo 67), manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que el Estado tenga una responsabilidad directa en las violaciones de los derechos del niño por parte de sus fuerzas armadas y de que no hubiese protegido ni impedido esas violaciones.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las fuerzas armadas congolesas no reclutan niños menores de 18 años en sus filas. La Comisión comprueba, no obstante, que, según las informaciones comunicadas en el Informe del Secretario General de Naciones Unidas para los Niños en los Conflictos Armados, de fecha 23 de abril de 2011 (documento A/65/820-S/2011/250, párrafo 27), un gran número de niños siguen siendo reclutados y siguen estando asociados a las unidades de las FARDC, especialmente en el seno de las antiguas unidades del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), integradas en las FARDC. El informe indica asimismo que, de los 1 656 niños enrolados en las fuerzas o en los grupos armados que huyeron o fueron liberados en 2010, una gran parte de éstos fueron alistados en las FARDC (21 por ciento) (párrafo 37). Además, a pesar de la disminución del número de casos de niños reclutados en las fuerzas y en los grupos armados registrados en 2010, el informe señala el hecho de que los antiguos elementos del CNDP siguen reclutando o amenazando con reclutar a los niños menores de 18 años en las escuelas del territorio de Nord-Kivu (párrafo 85). La Comisión comprueba igualmente que no se entabló ninguna acción judicial contra los sospechosos de reclutamiento forzoso de niños, algunos de los cuales siguen figurando en la estructura de mandos de las FARDC (párrafo 88).

Además, las violencias físicas y la violencia sexual cometidas contra niños por las fuerzas de seguridad (FARDC y policía nacional congolesa) y los grupos armados, siguieron suscitando graves preocupaciones en 2010. La Comisión toma nota especialmente de que, en 2010, de los 26 casos de asesinatos de niños censados, 13 se atribuyeron a las FARDC. Además, siete casos de mutilaciones y 67 casos de violencia sexual cometida en niños, habrían sido perpetrados por elementos de las FARDC en el curso del mismo período (párrafo 87).

La Comisión indica que, a pesar de la adopción del decreto-ley núm. 066, de 9 de junio de 2000, sobre la desmovilización y la reinserción de los grupos vulnerables presentes en el seno de las fuerzas combatientes, y de la ley núm. 09/001, de 10 de enero de 2009, que prohíbe y sanciona el enlistamiento o la utilización de niños menores de 18 años en las fuerzas y grupos armados y la policía (artículos 71 y 187), niños menores de 18 años siguen siendo reclutados y forzados a unirse a las fuerzas armadas regulares de la República Democrática del Congo y los grupos armados. La Comisión expresa su profunda preocupación ante esta situación, tanto más cuanto que la persistencia de esta peor forma de trabajo infantil entraña otras violaciones de los derechos del niño, como el asesinato y las violencias sexuales. En consecuencia, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que tenga a bien adoptar, con toda urgencia, medidas para proceder a la desmovilización inmediata y completa de todos los niños de las filas de las FARDC y poner término, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años en los grupos armados. Al referirse a la resolución núm. 1998, de 12 de julio de 2011, del Consejo de Seguridad, en la cual éste recuerda «la responsabilidad que tienen todos los Estados de poner fin a la impunidad y de perseguir a cualquiera que sea responsable de genocidio, de crímenes contra la humanidad, de crímenes de guerra y de otros crímenes odiosos cometidos en la persona de los niños», la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que se sirva adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y procesamientos eficaces de las personas, incluidos los oficiales de las fuerzas armadas regulares, que reclutan por la fuerza a niños menores de 18 años con fines de utilización en un conflicto armado, y que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias, en aplicación de la ley núm. 09/001, de 10 de enero de 2009. Le solicita que tenga a bien comunicar, en su próxima memoria, informaciones sobre el número de investigaciones realizadas, acciones judiciales entabladas y condenas dictadas respecto de esas personas.

Apartados a) y d). Trabajo forzoso u obligatorio y trabajo peligroso. Trabajo de los niños en las minas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las observaciones de la Confederación Sindical del Congo (CSC), según las cuales los niños menores de 18 años están empleados en las canteras de minerales, en las provincias de Katanga y de Kasaï Oriental. Observó que la Relatora Especial de las Naciones Unidas, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo, de abril de 2003 (documento E/CN.4/2003/43, párrafo 59), señaló que los grupos militares reclutan niños para someterlos a trabajo forzoso para la extracción de recursos naturales. Señaló que, si bien la legislación está de conformidad con el Convenio en este punto, el trabajo infantil en las minas es un problema en la práctica, y en consecuencia, solicitó al Gobierno que comunicase informaciones acerca de las medidas que adoptará la Inspección del Trabajo para prohibir el trabajo peligroso de los niños en las minas.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se prevén acciones de fortalecimiento de las capacidades de la Inspección del Trabajo, en el marco de la elaboración y de la puesta en marcha del Plan de acción nacional para la eliminación del trabajo infantil hasta 2020 (PAN). El informe indica asimismo que el Gobierno dio inicio a una consulta, con miras a compilar estadísticas sobre la aplicación en la práctica de los textos de ley relativos a la prohibición del trabajo peligroso de los niños menores de 18 años en las minas. Sin embargo, la Comisión toma nota de las estadísticas del UNICEF comunicadas en la memoria del Gobierno, que indican que cerca de 50 000 niños trabajan en las minas de la República Democrática del Congo, 20 000 de éstos en la provincia de Katanga (sureste), 12 000 en Ituri (noreste) y alrededor de 11 800 en Kasaï (centro). Además, la Comisión señala que, según las informaciones comunicadas en el Informe sobre la trata, de 2001, los grupos armados y las FARDC reclutan hombres y niños y los someten a trabajo forzoso para la extracción de minerales. Según este mismo documento, un informe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), de enero de 2011, notificaría que el comandante de uno de los batallones de las FARDC recurre al trabajo forzoso de los niños en las minas de la región de Nord-Kivu. La Comisión expresa su profunda preocupación ante los alegatos que indican que niños menores de 18 años son utilizados, especialmente por algunos integrantes de las FARDC, para la extracción de minerales en condiciones similares a la esclavitud en condiciones peligrosas. En consecuencia, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas inmediatas y eficaces para eliminar, con toda urgencia, el trabajo forzoso o el trabajo peligroso de los niños menores de 18 años en las minas. Al respecto, solicita al Gobierno que se sirva adoptar las medidas necesarias para garantizar que se realicen investigaciones exhaustivas y diligencias judiciales eficaces contra los infractores y que se impongan en la práctica sanciones efectivas y suficientemente disuasorias. Le solicita que tenga a bien comunicar estadísticas sobre la aplicación de la legislación en la práctica y le solicita asimismo que se sirva comunicar informaciones sobre las acciones de fortalecimiento de las capacidades de la Inspección del Trabajo previstas en el marco del PAN.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de estas peores formas y asegurar su rehabilitación e inserción social. 1. Niños soldados. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, según el Informe del Secretario General de Naciones Unidas, de 9 de julio de 2010, el número de niños liberados en 2009 se había más que triplicado en comparación con el año 2008, en particular en la provincia de Nord-Kivu (documento S/2010/369, párrafos 30 y 51 a 58). Entre octubre de 2008 y finales de 2009, 3 180 niños (3 004 niños y 176 niñas) dejaron las filas de las fuerzas y los grupos armados o huyeron y fueron admitidos en programas de reinserción. Sin embargo, la Comisión tomó nota con preocupación de que en muchas ocasiones las FARDC se niegan al acceso a los campos de las organizaciones de protección del niño que procuran verificar la presencia de niños en sus unidades, y de que los comandantes se niegan a liberar a los niños. Observó asimismo que existen muchos obstáculos a una reinserción eficaz, como la inseguridad permanente y la presencia continuada de antiguos reclutadores en la misma región. Además, la Comisión tomó nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales, de 10 de febrero de 2009 (documento CRC/C/COD/CO/2, párrafo 72), manifiesta su preocupación por el hecho de que algunos miles de niños enrolados o utilizados en las hostilidades, no gozaron de las medidas de rehabilitación y de reinserción, y de que algunos de esos niños se enrolaron nuevamente por falta de otras perspectivas y de ayuda a la desmovilización. Por otra parte, la Comisión comprobó que, según el Informe del Secretario General de Naciones Unidas, de 9 de julio de 2010, las niñas asociadas a las fuerzas y grupos armados (aproximadamente el 15 por ciento del total de niños), raramente tienen acceso a los programas de reinserción. En efecto, sólo el 7 por ciento de ellas gozó de una asistencia de los programas nacionales de desarme, desmovilización y reinserción.

La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno acerca de los resultados obtenidos en cuanto a la desmovilización de los niños soldados por la nueva estructura de la Unidad de Ejecución del Programa Nacional de Desarme, Desmovilización y Reinserción (UE-PNDDR). Al respecto, señala que más de 30 000 niños salieron de las fuerzas y grupos armados desde el lanzamiento del programa en 2004, 3 000 de los cuales aproximadamente, en 2009 y 2010. Además, 6 704 niños retirados de las fuerzas y grupos armados (1 940 niñas y 4 764 niños) recibieron apoyo en 2010. La Comisión indica, sin embargo, que, según las informaciones comunicadas en el Informe del Secretario General de Naciones Unidas para los Niños en los Conflictos Armados, de fecha 23 de abril de 2011, sólo 1 656 niños enrolados en las fuerzas y los grupos armados huyeron o fueron liberados en 2010 (documento A/65/820-S/2011/250, párrafo 37). De ese número, la gran mayoría se escapó y sólo una pequeña minoría fue liberada por los organismos de protección de la infancia (párrafo 38). La Comisión lamenta asimismo tomar nota de que, según este informe, el Gobierno no se mostró dispuesto a entablar el diálogo con la ONU, con miras a la adopción de un plan de acción dirigido a poner término al reclutamiento y al empleo de niños en las FARDC (párrafo 27). Además, la Comisión comprueba que, a pesar de más de 50 tentativas de verificación realizadas por la MONUSCO, encaminadas a desmovilizar a los niños menores de 18 años reclutados en las FARDC, sólo cinco niños fueron desmovilizados, debido al hecho de que los verificadores de la MONUSCO no tuvieron acceso a las tropas de las FARDC. La Comisión toma nota asimismo de que un gran número de niños liberados en 2010 afirmaron haber sido ya reclutados en diversas ocasiones (párrafo 27) y de que alrededor de 80 niños que fueron reunidos con sus familias, regresaron a los centros de tránsito por temor a ser reclutados nuevamente sólo durante el mes de noviembre de 2010 en la región de Nord-Kivu (párrafo 85). En consecuencia, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que tenga a bien redoblar sus esfuerzos y adoptar medidas efectivas y en un plazo determinado para librar a los niños de las fuerzas y los grupos armados y garantizar su rehabilitación y su inserción social, acordando una atención particular a la desmovilización de las niñas. Al respecto, expresa la firme esperanza de que el Gobierno adopte próximamente un plan de acción en un plazo determinado, en colaboración con la MONUSCO, con el fin de poner término al reclutamiento de los niños menores de 18 años en las filas de las fuerzas armadas regulares y de apuntar a su desmovilización y reinserción. Además, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien seguir comunicando informaciones sobre el número de niños soldados liberados de las fuerzas y los grupos armados y reinsertados con la ayuda de una asistencia adecuada en materia de rehabilitación y de reinserción social. Solicita al Gobierno que se sirva transmitir informaciones al respecto en su próxima memoria.

2. Niños que trabajan en las minas. La Comisión tomó nota con anterioridad de que están en curso de ejecución varios proyectos cuyo objetivo es la prevención del trabajo infantil en las minas y la reinserción de esos niños mediante la educación. Estos proyectos están dirigidos a un total de 12 000 niños, 4 000 de los cuales serían destinatarios de medidas de prevención y 8 000 de medidas de retirada del trabajo con miras a la reinserción a través de la formación profesional.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se realizaron esfuerzos para librar a los niños que trabajan en las minas de esta peor forma de trabajo infantil. Al respecto, el Gobierno indica en su memoria que fueron más de 13 000 los niños retirados de tres emplazamientos de minas y de canteras en Katanga, Kasaï Oriental e Ituri, en el marco del proyecto de las ONG, Save the Children y Solidarity Center. Esos niños fueron después ubicados en estructuras de educación formal e informal, así como en programas de aprendizaje. Sin embargo, el informe también indica que, habida cuenta de la persistencia del problema, aún habrá que realizar bastantes esfuerzos. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien redoblar sus esfuerzos para impedir que los niños menores de 18 años trabajen en las minas, y prever la ayuda directa necesaria y adecuada para librarlos de esas peores formas de trabajo y asegurar su rehabilitación e inserción social. A este respecto, le solicita que se sirva comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas, en el marco del PAN, así como sobre los resultados obtenidos.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Dominica

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 2, 2), del Convenio. Elevar la edad inicialmente especificada para la admisión al empleo o al trabajo. Al tomar nota de que el Gobierno especificó inicialmente una edad mínima de 15 años, sujeta a ratificación, la Comisión observa que la Ley sobre la Educación de 1997 prevé una edad mínima de admisión al trabajo de 16 años. A este respecto, la Comisión aprovecha la oportunidad de señalar a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 2, 2) del Convenio en la que se establece que todo miembro que haya ratificado este Convenio podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece una edad mínima más elevada que la que se fijó inicialmente. Esto permite que la edad especificada por la legislación nacional sea armonizada con la prevista en el plano internacional. La Comisión agradecería al Gobierno tenga a bien considerar el envío a la Oficina de una declaración de esa naturaleza.

Artículo 3, 1). Edad mínima de admisión al trabajo peligroso. La Comisión tomó nota anteriormente de que, de conformidad con el artículo 7, 1), de la Ley sobre el Empleo de las Mujeres, los Jóvenes y los Niños, ningún joven (menor de 18 años) podrá tener un empleo o trabajo nocturno en cualquier empresa pública o privada, con la excepción de la empresa en que sólo trabajan los miembros de la misma familia. No obstante, la Comisión observa que no existe otra disposición que prohíba el empleo de los jóvenes en un trabajo que pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores. A este respecto, la Comisión ruega al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se prohíba a todas las personas menores de 18 años de edad la realización de trabajos peligrosos.

Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de trabajo peligrosos. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara en su memoria presentada en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), que en 2009 se consultará a los interlocutores sociales para la determinación de la lista de tipos de trabajo peligrosos. Al recordar que, de conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio, los tipos de empleo o de trabajo peligrosos serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, la Comisión ruega al Gobierno que proporcione información sobre todo progreso realizado en relación con la determinación de la lista de tipos de trabajo peligrosos que han de prohibirse a las personas menores de 18 años.

Artículo 7, 3). Determinación de los tipos de trabajos ligeros. La Comisión toma nota de que mientras el artículo 46, 3) permite el empleo durante las vacaciones escolares de los niños a partir de los 14 años de edad (por ejemplo, en trabajos ligeros), observa que no parece existir una determinación de los tipos de trabajos ligeros autorizados para esos niños. A este respecto, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 7, 3), del Convenio, la autoridad competente determinará las actividades que se consideren trabajos ligeros y prescribirá el número de horas y las condiciones en que podrá llevarse a cabo dicho empleo o trabajo. En consecuencia, la Comisión ruega al Gobierno que facilite información sobre toda medida adoptada o prevista para determinar las horas y las condiciones en las que el trabajo ligero podrá ser realizado por niños a partir de los 14 años de edad durante las vacaciones escolares, de conformidad con el artículo 7, 3), del Convenio.

Artículo 9, 3). Mantenimiento de registros. La Comisión tomó nota con anterioridad de que el artículo 8, 1), de la ordenanza sobre el empleo de mujeres, jóvenes y niños dispone el mantenimiento de registros o listas de jóvenes menores de 16 años de edad. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 9, 3), del Convenio requiere el mantenimiento de tales registros para incluir a todas las personas menores de 18 años de edad. Al tomar nota de la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno, la Comisión ruega nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los empleadores lleven y tengan a disposición el registro de todas las personas menores de 18 años de edad. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre toda medida adoptada a este respecto.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria presentada en virtud del Convenio núm. 182 en 2009 que se adoptaran medidas para ampliar el mandato actual de la inspección nacional del trabajo a fin de abarcar los asuntos relativos al trabajo infantil, en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión ruega al Gobierno que proporcione información sobre la manera en que se aplica el Convenio en la práctica, incluyendo datos estadísticos sobre el empleo de niños y adolescentes, extractos de los informes de los servicios de inspección e información sobre el número y naturaleza de las infracciones observadas que afectan a niños y adolescentes.

La Comisión alienta al Gobierno a que tome en consideración sus comentarios relativos a las discrepancias entre la legislación nacional y el Convenio. La Comisión invita al Gobierno a que considere recurrir a la asistencia técnica de la OIT para poner esta legislación en conformidad con el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Dominicana

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Venta y trata de niños para la explotación sexual comercial, y sanciones. La Comisión recuerda su comentario anterior, en el que tomó nota de que la República Dominicana es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial y de trabajo forzoso. Tomó nota asimismo de que, a pesar de las importantes sanciones estipuladas en la legislación nacional para la trata de personas, y de los esfuerzos realizados por el Gobierno para eliminar esta práctica, el problema sigue estando muy extendido. Por último, la Comisión tomó nota de la información del Gobierno, según la cual se está llevando a cabo una revisión del Código Penal y de la ley núm. 137-03, de 7 de agosto de 2003, para fortalecer las sanciones relativas a la venta, trata y explotación sexual comercial de niños.

La Comisión toma nota de la información comunicada en la última memoria del Gobierno sobre el desarrollo de un Sistema Nacional de Control e Información sobre el Trabajo Forzoso (INFOSITI), un proyecto que recibió asistencia de la OIT/IPEC, a través de un proyecto financiado por España. El Gobierno indica que se desarrolló una base de datos sobre el trabajo infantil, con arreglo a la primera fase del INFOSITI, y que, en la segunda fase, se está desarrollando un sistema de compilación de datos sobre el trabajo infantil, reunidos por la inspección del trabajo, así como protocolos para la gestión de la información y respuestas interinstitucionales. El Gobierno indica asimismo que ha establecido 45 comités locales provinciales de prevención y erradicación del trabajo infantil y dos redes de vigilancia y prevención.

Al tiempo que toma nota de estas medidas, la Comisión toma nota de la información comunicada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la incidencia de los menores haitianos que son víctimas de trata en la República Dominicana. En vista de la persistencia de la trata de niños en el país, la Comisión toma nota con preocupación de que la memoria del Gobierno no transmite ninguna de las informaciones específicas que la Comisión solicitó en su observación anterior sobre las medidas orientadas a abordar el problema de la trata de niños para la explotación sexual comercial y el trabajo forzoso en el país, así como a redoblar los esfuerzos en la aplicación de la ley contra la trata, a efectos de tratar la cuestión. La Comisión toma nota de que, si bien el Gobierno ha incluido como objetivo de su Plan estratégico nacional de erradicación de las peores formas de trabajo infantil (PEN) (2006-2016), la revisión del Código Penal, indica en su memoria que su legislación nacional actual ya estipula las sanciones más elevadas para los delitos que conllevan la trata. En consecuencia, la Comisión se ve obligada a instar una vez más al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para aumentar la capacidad de los organismos encargados de la aplicación de la ley en cuanto al procesamiento y la imposición de sanciones disuasorias a todas las personas que trafiquen con niños con fines de explotación sexual o laboral. También solicita al Gobierno que comunique información sobre el desarrollo del INFOSITI y que transmita los datos estadísticos compilados en este proceso, en particular en lo que atañe al número de infracciones notificadas, de investigaciones, procesamientos, condenas y sanciones penales aplicadas por violación de las prohibiciones legales a la venta y trata de niños. Por último, solicita al Gobierno que aclare si prevé enmiendas al Código Penal y a la ley núm. 137-03, de 7 de agosto de 2003, como indicó anteriormente.

Artículo 6. Programas de acción. Explotación sexual comercial. Plan nacional para la erradicación del abuso y la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota con interés del Plan nacional para la erradicación del abuso y la explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes, 2009-2014, y de las actividades previstas en el mismo para combatir la explotación sexual comercial en el país, así como del proyecto de la OIT/IPEC «Hoja de ruta para hacer de Centroamérica, Panamá y República Dominicana una zona libre de trabajo infantil», con arreglo al cual el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) brinda asistencia a niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial.

La Comisión toma nota del PEN de 2006-2016, que se dirige a garantizar la protección de los derechos fundamentales a niños y adolescentes en 2016 y a eliminar el trabajo infantil en 2020. Además, la Comisión toma nota de la información del Gobierno sobre las medidas que se llevaron a cabo con arreglo al PEN, así como de la Hoja de ruta para hacer de República Dominicana un país libre de trabajo infantil y sus peores formas (en adelante, la Hoja de ruta), incluida la incorporación de la prevención y la erradicación del trabajo infantil en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), 2012-2016, y de su programa encaminado a vincular la prevención y la erradicación del trabajo infantil en aquellos hogares que obtienen beneficios del desarrollo del programa de solidaridad.

Al tiempo que toma nota de las medidas del Gobierno para erradicar el trabajo infantil en el país, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no comunica ninguna nueva información sobre las medidas concretas adoptadas o previstas con arreglo al Plan nacional contra la explotación sexual comercial de niños — o un programa nacional similar — para combatir el problema específico de la explotación sexual comercial de niños en el país. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que redoble sus esfuerzos para combatir la explotación sexual comercial de niños y que comunique información acerca del impacto del PEN y de la Hoja de ruta en este sentido.

Artículo 7, 2). Medidas eficaces en un plazo determinado. Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Explotación sexual comercial. Industria del turismo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Proyecto regional contra la explotación sexual comercial de niños de la OIT/IPEC, prevé el fortalecimiento de las capacidades institucionales nacionales. Tomó nota asimismo de que se promovió una importante coordinación institucional, mediante una asistencia técnica especializada a la Comisión Interinstitucional contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial de Niños, y de que se ha venido aplicando un código ético para el sector turístico, habiéndose llevado a cabo, en la industria del turismo, actividades de sensibilización sobre la explotación sexual comercial. Tomando nota de la ausencia de alguna nueva información sobre este punto, la Comisión se ve obligada a solicitar una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para lograr una mayor sensibilización de los actores directamente relacionados con la industria del turismo. También solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación del proyecto regional contra la explotación sexual comercial, en términos de prevención de la explotación sexual comercial de niños.

Apartado b). Asistencia directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Explotación sexual comercial. La Comisión tomó nota con anterioridad de que 80 niños fueron librados de la explotación sexual comercial, a través del suministro de servicios educativos o de oportunidades de formación.

La Comisión toma nota de que, si bien el Gobierno comunicó información detallada sobre sus iniciativas en materia de educación, incluido un mayor acceso a la enseñanza inicial y básica, y añadiéndose nuevas aulas en todo el país, no comunica ninguna nueva información sobre la manera en que sus programas educativos y de formación se dirigen a librar a los niños de la explotación sexual comercial. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas que ha adoptado para suministrar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de la explotación sexual comercial y asegurar su rehabilitación e inserción social. La Comisión también solicita una vez más al Gobierno que indique si se establecieron en el país centros de recepción para los niños víctimas de explotación sexual comercial, con una indicación del número de niños que son recibidos verdaderamente por esos centros; y si se han formulado y aplicado programas médicos y de seguimiento social específicos para los niños víctimas de explotación sexual comercial.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ecuador

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículos 3, a)-c) y 7, 1), del Convenio. La trata de niños y su utilización en la explotación sexual comercial así como en actividades ilícitas y sanciones. La Comisión tomó nota anteriormente del número considerable de niños víctimas de las peores formas de trabajo infantil, incluida la explotación sexual comercial y la trata con estos fines. La Comisión también tomó nota de la indicación del Gobierno de que se estaba examinando una nueva legislación para mejorar la protección de los niños de las peores formas de trabajo infantil, incluyendo su participación en la producción, comercialización y publicidad de sustancias y objetos peligrosos.

La Comisión toma nota con interés de las medidas legislativas recientemente adoptadas por el Gobierno que establecen prohibiciones y sanciones para las peores formas de trabajo infantil. Más concretamente, la Comisión toma nota del nuevo Código Penal, de 10 de febrero de 2014, que incluye disposiciones específicas y agrava las sanciones por delitos que implican a niños en la explotación sexual comercial y la trata para estos fines (artículos 91, 92, 100 y 102) y en actividades ilícitas, incluidas aquellas en conexión con sustancias nocivas (artículo 220). La Comisión también toma nota de que tanto el Código Penal (artículos 445 a 447) como las enmiendas recientes a la Constitución (artículo 78) prevén un sistema especial de protección de las víctimas de delitos, incluidos los niños. El Gobierno hace referencia, a este respecto, al reglamento del Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Proceso Penal (SPAVT), de abril de 2014, que garantiza protección y asistencia especial a las víctimas de delitos, incluidos los niños. La Comisión observa que el SPAVT también atribuye nuevas responsabilidades a la Fiscalía General del Estado para dirigir y reglamentar este sistema. Al tomar nota de la nueva legislación, la Comisión pide al Gobierno que garantice que sea efectivamente aplicada a través de investigaciones exhaustivas y el procesamiento riguroso de las personas que emplean niños en las peores formas de trabajo infantil. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación de las nuevas disposiciones del Código Penal relativas a las peores formas de trabajo infantil, incluyendo el número de investigaciones, procesamientos y condenas, y la duración de las sentencias impuestas a este respecto.

Artículo 7, 2). Medidas eficaces en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil; librarlos de esas peores formas de trabajo y asegurar su rehabilitación e inserción social. Explotación sexual comercial de niños y trata con estos fines. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del Plan nacional de acción para combatir la trata de personas, el comercio ilícito de migrantes, la explotación sexual, la explotación económica y otros modos de explotación, la prostitución de mujeres adultas, niños, niñas y jóvenes de ambos sexos, la pornografía infantil y la corrupción de menores (Plan nacional).

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en 2012, en el marco del Plan nacional, se estableció la Unidad contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes, que coordina programas y proyectos con la asistencia de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). Además, la Comisión toma nota de los esfuerzos que realiza el Gobierno para cooperar con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para aplicar el Protocolo nacional para combatir la trata de personas y la ejecución del Plan nacional en las áreas de prevención, protección integral, investigación, sanción y coordinación. El Gobierno indica que en el contexto del Plan nacional llevó a cabo las siguientes actividades: la primera encuesta nacional sobre trata de personas; nueve estudios sobre la trata de personas en provincias y ciudades; y nueve estudios sobre el problema de la trata de personas en el ámbito municipal. El Gobierno señala también que, con la asistencia técnica de la OIT, ha creado un Sistema de Registro de los Casos de Trata de Personas (SURTI). La Comisión también toma nota de la información del Gobierno en relación con las medidas llevadas a cabo en Cuenca y Machala, incluyendo las emprendidas con la asistencia de la OIT, para prevenir y combatir la explotación sexual con fines comerciales. Por último, la Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno en relación con el Plan nacional para combatir la trata de personas, cuyos objetivos son, entre otros, proporcionar asistencia y protección a las víctimas y garantizar su reintegración económica y social, prestando especial atención a los niños. La Comisión solicita al Gobierno que siga adoptando medidas efectivas y en un plazo determinado, incluyendo el marco del Plan nacional y del Protocolo nacional para combatir la trata de personas, para impedir que los niños sean objeto de trata y explotación sexual comercial, prestar asistencia a las víctimas y asegurar su rehabilitación e integración social. Además, solicita al Gobierno que comunique información actualizada sobre los casos registrados en el SURTI de niños víctimas de la trata.

Artículo 8. Cooperación y asistencia internacional. Trata a los fines de la explotación sexual comercial. En relación con sus comentarios anteriores referidos al acuerdo de cooperación con el Perú y Colombia respecto de la explotación sexual de los niños con fines comerciales y la trata de niños para estos fines, la Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno en relación con los esfuerzos conjuntos para reforzar la capacidad de la Fiscalía y de la policía en esos países, especialmente en las zonas de frontera. El Gobierno indica que se realizó un encuentro binacional en el cual participaron más de 70 fiscales y policías de las zonas fronterizas entre el Ecuador y Colombia, y que un encuentro similar se realizó conjuntamente con el Perú. Al tomar nota de que el Gobierno indica de que aún no dispone de los resultados de esas encuestas, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar esta información una vez que la haya recibido, y que facilite estadísticas sobre el número de niños víctimas detectados y repatriados a sus países de origen.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Egipto

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional sobre la abolición efectiva del trabajo infantil y aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión expresó con anterioridad su preocupación ante el número y la situación de los niños que trabajan por debajo de la edad mínima en Egipto, e instó al Gobierno a que intensificara sus esfuerzos para garantizar la progresiva eliminación del trabajo infantil.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual se está aplicando un proyecto dirigido a reducir el trabajo peligroso infantil, a través de políticas de apoyo, medios de vida y educación sostenible, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, en el sector agrícola, en las gobernaciones de Assiout, Sohag, Menya, Fayoum y Sharkeya. Ese proyecto apunta a llegar a 16 000 niños implicados en el trabajo infantil, protegiendo a 8 000 niños de entrar en el mercado laboral y asistiendo en su inscripción en la enseñanza formal; retirando a 5 000 niños del trabajo infantil y reinsertándolos en la enseñanza informal, y formando a 3 000 niños como aprendices, con el fin de afrontar las causas subyacentes del fenómeno del trabajo infantil.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que, según las conclusiones de la Encuesta Nacional sobre el Trabajo Infantil, de 2010, realizada por la OIT y el Organismo Central de Movilización Pública y Estadística, se estima que, de los 17,1 millones de niños de Egipto, 1,59 millones de niños de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años están ocupados en el trabajo infantil, el 21 por ciento de los cuales son niñas y el 79 por ciento, niños. Casi la mitad de los niños empleados están ocupados en trabajos peligrosos no remunerados, en su mayoría como trabajadores familiares no remunerados, aproximadamente el 9 por ciento de los niños que trabajan entre las edades de 5 y 9 años, están ocupados en trabajos peligrosos remunerados, al tiempo que la proporción aumenta de manera constante con la edad, llegándose al 48 por ciento en el caso de los niños entre 15 y 17 años de edad y el 28 por ciento, en el caso de las niñas entre 15 y 17 años de edad. La mayoría de los niños trabaja en la agricultura (el 63,8 por ciento), seguido del 17,7 por ciento que trabaja en el sector industrial y el 18,5 por ciento, en los servicios. Los resultados de la encuesta también indican que los niños que trabajan están expuestos a condiciones laborales peligrosas, como ocurre en el trabajo en el que hay una exposición al polvo o al humo, el trabajo en temperaturas de calor o frío intenso, el trabajo con sustancias químicas y el trabajo agotador. Estos niños están sumamente expuestos a las consecuencias y afectaciones de la salud relacionadas con el trabajo, viéndose afectado el 45 por ciento de los niños que realizan un trabajo peligroso remunerado y el 37 por ciento de los niños que realizan un trabajo peligroso no remunerado. La Comisión expresa su profunda preocupación ante la situación y el elevado número de niños implicados en el trabajo infantil en Egipto, incluso en condiciones peligrosas. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar la progresiva eliminación del trabajo infantil, centrándose especialmente en el sector agrícola. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en términos del número de niños que son efectivamente retirados del trabajo infantil y a los que se les suministra servicios adecuados. También solicita al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos a través del trabajo del comité directivo para eliminar el trabajo infantil en las gobernaciones, así como el proyecto aplicado en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, para eliminar el trabajo peligroso infantil.

Parte III del formulario de memoria. Inspección del trabajo. En relación con los comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual se estableció un sistema de control y seguimiento de los niños que trabajan en el sector agrícola. También toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en colaboración con los departamentos de trabajo e inmigración, en el ámbito de la gobernación, preparó un plan anual sobre las visitas en el terreno dirigidas a la inspección del trabajo infantil, de conformidad con el Código del Trabajo, de 2003, la Ley sobre el Niño, de 2008, así como la aplicación de la orden ministerial núm. 118, de 2003, que prohíbe el trabajo peligroso para los niños menores de 18 años de edad. Este plan anual incluye cursos de formación para los inspectores del trabajo en todos los sectores y campañas de sensibilización para los padres, los trabajadores y los empleados contra el trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión toma nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre el número de violaciones detectadas y de sanciones aplicadas por las violaciones vinculadas con el trabajo infantil. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre el número y la naturaleza de las violaciones relacionadas con el empleo de niños y jóvenes detectadas por la inspección del trabajo, el número de personas procesadas y de las sanciones impuestas.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, a), y 7, 2), apartados a) y b), del Convenio. Venta y trata de niños y medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de impedir la ocupación de niños en la trata y librarlos de la misma, y asegurar su rehabilitación e inserción social. La Comisión tomó nota con anterioridad del Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, según el cual las formas comunes de trata de personas en Egipto suelen incluir la trata con fines de explotación sexual de niñas menores de edad mediante la práctica del matrimonio «estacional» o «temporal», el trabajo infantil, la servidumbre doméstica y otras formas de explotación sexual y prostitución. Solicitó al Gobierno que redoblara sus esfuerzos para impedir y eliminar la trata de niños.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno, según la cual el Consejo Nacional de la Infancia y la Maternidad (NCCM) instituyó una unidad especializada en la lucha contra la trata de niños (unidad TIC). La unidad TIC imparte formación a mujeres y niñas en ocupaciones generadoras de ingresos como un enfoque para combatir la pobreza y poner así fin a la práctica de transacciones de «matrimonios estacionales o temporales». La memoria del Gobierno también indica que la unidad organizó asimismo 79 cursos de formación para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ONG y otros servicios sociales y de salud para abordar las víctimas de trata, y realizaron varias campañas de sensibilización contra los riesgos de transacciones matrimoniales. Con arreglo a un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de julio de 2011, se realizó un taller de formación para 30 oficiales de policía egipcios sobre los módulos del manual de trata contra seres humanos para los profesionales de la justicia penal, que se dirige al fortalecimiento de las capacidades de los oficiales de policía, como primeros interventores e investigadores de los casos de trata de seres humanos.

La Comisión también toma nota de la información del Gobierno, según la cual la unidad TIC, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estableció un centro para la rehabilitación de los niños víctimas de trata en la ciudad de El Salam, que suministra seguridad, alojamiento transitorio, asistencia médica y legal y asistencia para su regreso y reinserción. La Comisión toma nota asimismo del informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) para la revisión del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio de las políticas comerciales de Egipto, según las cuales el Gobierno de Egipto realiza esfuerzos para luchar contra el delito de explotación de niñas, a través de «matrimonios temporales» investigó 50 casos e impuso 29 condenas, en 2010. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el proyecto de investigación para el estudio de las pautas de trata en la sociedad egipcia, realizado por el Centro Nacional de Investigación Social y Criminológica (informe de estudio del NCSCR), identificó las formas predominantes de trata de seres humanos en Egipto, como la trata de niños para su explotación laboral y sexual, y la trata de niños de la calle para su explotación sexual y la mendicidad.

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión expresa su preocupación de que siga siendo un grave problema en la práctica la trata de niños con fines de explotación laboral y sexual. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y efectivas para combatir y eliminar la trata de niños menores de 18 años de edad y para garantizar la rehabilitación y la inserción social de todos los niños víctimas de trata. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos en términos del número de niños librados de esta peor forma de trabajo infantil y su posterior rehabilitación e inserción social.

Artículo 3, b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución. La Comisión instó anteriormente al Gobierno a que garantizara que los niños víctimas de prostitución fuesen tratados como víctimas y no como delincuentes.

La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno al artículo 101 de la Ley sobre el Niño, que establece que un niño menor de 15 años de edad que haya cometido un delito, será objeto de las siguientes sanciones: amonestación; entrega de un niño; seguir un curso de formación y rehabilitación; llevar a cabo funciones específicas; pruebas judiciales; trabajos de interés público que no sean peligrosos; internamiento en uno de los hospitales especializados o en instituciones de bienestar social. La Comisión toma nota de que, aunque el artículo 111 de la Ley sobre el Niño prohíbe el pronunciamiento de sentencias penales como la pena de muerte, la cadena perpetua o los trabajos forzosos, a los niños menores de 18 años de edad, prevé una pena reducida de prisión de tres meses o medidas establecidas en el artículo 101 para los niños mayores de 15 años de edad. En este sentido, la Comisión toma nota de la información comunicada por la delegación de Egipto a la 57.ª reunión del Comité de los Derechos del Niño, celebrada el 6 junio de 2011, según la cual la legislación de Egipto prohibió el pronunciamiento de sentencias penales para los niños, favoreciendo en su lugar medidas educativas y preventivas. La delegación declaró asimismo que, a partir de enero de 2011, ningún niño será condenado a penas de prisión.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales con arreglo al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación con la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, de julio de 2011, tomó nota con especial preocupación de la información comunicada por la delegación de Egipto, según la cual los niños mayores de 15 años de edad que entran en la prostitución por su propia voluntad, son responsables a efectos de la aplicación de la legislación nacional que penaliza la prostitución (documento CRC/C/OPSC/EGY/CO/1, párrafo 35). A este respecto, la Comisión debe subrayar que los niños menores de 18 años de edad que son utilizados, reclutados u ofrecidos para la prostitución deben ser tratados como víctimas y no como delincuentes (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 510). En consecuencia, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los niños víctimas de prostitución que tengan menos de 18 años de edad, sean tratados como víctimas y no como delincuentes.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado d). Identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos. Niños de la calle. La Comisión tomó nota con anterioridad de la información del UNICEF, en la que se estima que en Egipto hay un millón de niños de la calle. La Comisión instó al Gobierno a que redoblara sus esfuerzos para garantizar que los niños menores de 18 años que viven y trabajan en las calles, sean protegidos de las peores formas de trabajo infantil, especialmente la trata, la explotación sexual comercial y la mendicidad.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre las medidas adoptadas para proteger a los niños de la calle de las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión toma nota de un informe sobre el estudio de la NCSCR, titulado «Niños de la calle en Egipto», de 2011, al menos el 20 por ciento de los niños de la calle, la mayoría de los cuales se encuentra en el grupo de edad de 6 a 11 años, son víctimas de trata que son explotados por un tercero con fines sexuales y para la mendicidad; casi el 40 por ciento de los niños de la calle no comenzaron la enseñanza formal, al tiempo que el 60 por ciento adquirió una educación mínima a través de la enseñanza primaria y preparatoria. Recordando que los niños de la calle están particularmente expuestos a las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para garantizar que los niños menores de 18 años que viven y trabajan en las calles, sean protegidos de las peores formas de trabajo infantil, especialmente la trata, la explotación sexual comercial y la mendicidad. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

El Salvador

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Venta y trata de niños con fines de explotación sexual. La Comisión tomó nota con anterioridad de que la trata de personas con fines de explotación sexual, en particular en las redes de prostitución forzosa que implican a niños, constituye un grave problema en el país, y los niños víctimas de esa trata proceden de México, Guatemala y otros países de la región y se les destina a la prostitución. También tomó nota de la preocupación expresada por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU respecto del bajo nivel de enjuiciamientos y condenas por los delitos relacionados con la trata en relación con los casos denunciados.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno relativa a las investigaciones realizadas y a las condenas dictadas en relación con la venta y la trata de personas. Sin embargo, como tomó nota en su comentario anterior, esta información no aporta estadísticas desglosadas indicando si las víctimas son adultos o menores de 18 años de edad; en su lugar, el Gobierno proporcionó un caso de muestra de una condena penal por la trata de 11 víctimas entre las edades de 11 y 16 años. Además, la Comisión toma nota de que, sin especificar ninguna edad, el Gobierno indica que las autoridades públicas identificaron a 32 niños víctimas de trata de personas en 2013. Por último, la Comisión entiende que la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, realizó un estudio y elaboró el proyecto de ley especial contra la trata de personas, que impondrá, entre otras cosas, sanciones más elevadas para los delitos cometidos contra los niños.

La Comisión también toma nota de la adopción, en 2012, de una política nacional contra la trata de personas. Sin embargo, toma nota asimismo de las observaciones finales de 2014 del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (documento CMW/C/SLV/CO/2, párrafo 44), en las que se expresa la preocupación respecto de las pocas sentencias dictadas por el delito de trata de personas. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos rigurosas de las personas que se dedican a la venta y trata de niños menores de 18 años de edad para su explotación sexual. También solicita al Gobierno que garantice que se adopte el proyecto de ley especial contra la trata de personas. También solicita al Gobierno que comunique información estadística sobre las investigaciones y condenas dictadas en relación con la venta y la trata de niños menores de 18 años de edad.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y librarlos de ese trabajo. Explotación sexual comercial y trata de niños a esos fines. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la referencia del Gobierno a su política nacional para combatir la trata de personas establecida en virtud del decreto núm. 450, de 2012, que define los términos «trata de personas», que incluyen la trata con fines de explotación sexual y de turismo sexual. El plan nacional prevé la protección, la reinserción y la restitución de las víctimas de trata y prevé programas que han de desarrollarse para proteger a las víctimas y repatriarlas, en caso de necesidad. La Comisión toma nota asimismo de la creación de un consejo nacional contra la trata de personas, cuyo mandato es una nueva formulación, coordinación y evaluación de la política nacional, así como, entre otras cosas, el establecimiento de un plan de acción nacional que aplique los principios enunciados en la política nacional. La política nacional y el plan de acción nacional serán evaluados cada tres años para determinar las acciones de seguimiento adecuadas y se distribuirán informes públicos para comunicar información sobre su cumplimiento y aplicación.

La Comisión también toma nota de la información del Gobierno sobre las medidas adoptadas para suministrar asistencia a niños y adolescentes, incluida la sensibilización en los centros escolares para 919 niños y 854 niñas sobre prevención de la trata con fines de explotación sexual comercial y la formación de 290 funcionarios sobre los derechos de los niños en temas tales como las migraciones, la trata y la explotación sexual. El Gobierno también indica que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública aplicó un plan para erradicar la explotación sexual comercial, la trata de personas, el trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil, como parte del Plan Estratégico Institucional (PNC).

La Comisión toma debida nota de las medidas programáticas del Gobierno para combatir la trata de personas. Sin embargo, también toma nota de que, si bien el plan nacional y el mandato del Consejo Nacional se centran en general en la trata de personas, no contiene disposiciones específicas para los niños víctimas menores de 18 años de edad. También toma nota de que, según la información estadística del Gobierno, en enero de 2014, eran 14 los casos de explotación sexual comercial, que la Comisión cifra en aproximadamente 15 casos de tal explotación notificados en enero de 2013, que pueden indicar que se requiere una intensificación de los esfuerzos del Gobierno para que descienda la incidencia de la trata de niños. Recordando que los niños menores de 18 años de edad son especialmente vulnerables a la trata con fines de explotación sexual comercial, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y efectivas en un plazo determinado para prevenir, librar y rehabilitar a los niños víctimas, específicamente en el contexto del plan nacional.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Eritrea

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2000)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión manifestó su preocupación por la extensión del trabajo infantil en Eritrea y la falta de información y de medidas globales para garantizar la protección de los niños frente a la explotación económica. Asimismo, la Comisión recuerda las observaciones finales, de 2008, del Comité de los Derechos del Niño (CRC) (documento CRC/C/ERI/CO/3, párrafos 12 y 13), en las que se recomendó al Gobierno que adoptara un plan nacional de acción para la infancia y se le pidió que, con el apoyo de la OIT, el UNICEF y organizaciones no gubernamentales, elaborara un amplio estudio de evaluación y un plan de acción para prevenir y combatir el trabajo infantil.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha compilado información con miras a formular una política nacional y está a la espera de un documento amplio de política nacional sobre los niños para fundamentar los esfuerzos a fin de proporcionar servicios sostenibles a los niños.

Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de que, a pesar de estas medidas preliminares y de la prevalencia del trabajo infantil en el país, la memoria del Gobierno describe pocas medidas concretas para combatirlo. A este respecto, la Comisión toma nota de los informes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (documentos A/HRC/26/L.6 y A/HRC/26/45) de 2014, que continúan haciendo hincapié en el trabajo infantil en el país, incluido el reclutamiento militar obligatorio, así como el trabajo en actividades peligrosas tales como las cosechas y la construcción. Además, la Comisión toma nota con preocupación de que, en su cuarto informe periódico al CRC (documento CRC/C/ERI/4, párrafo 22), el Gobierno indica que, debido a que no se ha presentado ningún caso en materia de trabajo infantil a los tribunales de Eritrea, los esfuerzos del Gobierno para controlar el trabajo infantil deben haber sido eficaces. Tomando nota con profunda preocupación de que el trabajo infantil, con inclusión de las actividades peligrosas, continúa extendiéndose en Eritrea, la Comisión insta firmemente al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para aplicar medidas concretas, por ejemplo adoptando un plan nacional de acción para eliminar el trabajo infantil de una vez por todas, en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, y a reforzar la capacidad del sistema de inspección del trabajo. Asimismo, la Comisión insta firmemente al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT.

Artículo 2, 3) y 4). Edad de finalización de la educación obligatoria y edad mínima de admisión al empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicaba que la educación es obligatoria durante ocho años (cinco años de educación primaria y tres años de educación de ciclo medio), lo que implica que la educación obligatoria finalizará a los 14 años de edad. Sin embargo, la Comisión señaló su preocupación por las bajas tasas de matriculación en la escuela y el número significativo de niños que dejan la escuela antes de finalizar la educación primaria.

La Comisión toma nota de las medidas descritas en la memoria del Gobierno para proporcionar educación gratuita hasta el ciclo medio a todos los niños en edad escolar así como de la información sobre sus políticas, en particular la política educativa para poblaciones nómadas, destinadas a que la educación llegue a todos los niños. Además, el Gobierno indica que está haciendo esfuerzos para ampliar la educación de ciclo medio y conseguir que haya escuelas que impartan este tipo de educación más cerca de las zonas rurales. Asimismo, la Comisión toma nota del documento del UNICEF del Programa para el país para Eritrea 2013-2016 (E/ICEF/2013/P/L.1), en el que se hace hincapié en ciertas medidas que el Gobierno ha adoptado para mejorar la educación básica, con inclusión de la educación elemental gratuita y los proyectos para la educación de las poblaciones nómadas.

La Comisión toma debida nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno así como de que, según la información estadística que contiene el proyecto de Acuerdo Marco de Asociación Estratégica (SPCF) para 2013-2016 entre el Gobierno y el sistema de las Naciones Unidas, la tasa neta de matriculación descendió de un 52,5 por ciento en 2005 a un 49,6 por ciento en 2010, con disparidad por lugar y género. Además, la Comisión toma nota de la información que contiene el cuarto informe periódico del Gobierno al CRC (documento CRC/C/ERI/4, párrafo 301 y cuadro 28), según la cual, en 2009-2010, la tasa de matriculación en la escuela elemental descendió un 9 por ciento y la matriculación de niñas y jóvenes un 8 por ciento. Tomando nota de que aumentar el acceso a la educación básica de calidad es una de las prioridades del SPCF 2013-2016, así como del Programa para el país para Eritrea del UNICEF, la Comisión solicita al Gobierno que continúe cooperando con los organismos de las Naciones Unidas para mejorar el funcionamiento del sistema educativo y el acceso a él a fin de incrementar las tasas de matriculación en la escuela y reducir las tasas de abandono escolar, al menos hasta la edad de finalización de la educación obligatoria, en particular, en lo que se refiere a las niñas.

Artículo 3, 2). Determinación de los tipos de trabajos peligrosos. La Comisión recuerda que desde 2007 el Gobierno se ha estado refiriendo a que pronto se iba a adoptar una lista de actividades peligrosas prohibidas a los empleados jóvenes en virtud del artículo 69, 1), de la Proclamación del Trabajo. La Comisión toma nota de que, si bien el Gobierno indica de nuevo que se adoptará esta lista, también señala que las disposiciones en virtud del actual artículo 69 de la Proclamación del Trabajo, que se han especificado, son suficientes porque incluyen una lista de actividades peligrosas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 69 simplemente autoriza, mediante reglamento, al ministro a promulgar dicha lista. Por consiguiente, en sus propios términos, no se dispone de un reglamento ministerial porque la lista que se menciona en el artículo 69 sigue siendo hipotética. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que, sin demora, finalice el reglamento ministerial para promulgar la lista de actividades peligrosas prohibidas a las personas de menos de 18 años de edad.

Artículo 9, 3). Registros de los empleadores. La Comisión había tomado nota de que el Gobierno indicó que la exigencia de que los empleadores lleven un registro de las personas empleadas que tienen menos de 18 años se abordaría a través de un nuevo reglamento. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha señalado recientemente que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social aún está realizando estudios para elaborar este reglamento. Tomando nota de que el Gobierno ha estado reiterando su intención de adoptar leyes de aplicación desde 2007, la Comisión le insta a que, sin mayor demora, tome las medidas necesarias para adoptar el reglamento en relación con los registros llevados por los empleadores y transmita una copia una vez que se haya finalizado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Estados Unidos

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 1999)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno así como de la discusión pormenorizada que tuvo lugar en la 103.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2014, sobre la aplicación por los Estados Unidos del Convenio núm. 182. Asimismo, toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del Consejo de los Estados Unidos para las Empresas Internacionales (USCIB), recibidas el 29 de agosto de 2014.

Artículos 4, 1), 5 y 7, 1), del Convenio. Determinación de los tipos de trabajos peligrosos, mecanismos de supervisión y sanciones. Trabajo peligroso en la agricultura a partir de los 16 años de edad. La Comisión tomó nota de que el artículo 213 de la Ley sobre las Normas Equitativas en el Empleo (FLSA) permite a los niños a partir de los 16 años cumplidos realicen trabajos en el sector agrícola que hayan sido declarados perjudiciales o peligrosos para su salud o su bienestar por la Secretaría del Trabajo. En relación con el párrafo 4 de la Recomendación sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 190), el Gobierno señaló que el Congreso había considerado que el trabajo de los niños en la agricultura, a partir de los 16 años de edad, es seguro y adecuado. Sin embargo, la Comisión tomó nota del alegato de la Federación Estadounidense y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) respecto a que un número significativo de menores de 18 años están empleados en la agricultura en condiciones peligrosas, e incluso llegan a trabajar muchas horas, están expuestos a plaguicidas y corren el riesgo de sufrir lesiones graves.

No obstante, la Comisión tomó debida nota de que la División de Salarios y Horarios (WHD) del Departamento de Trabajo (DOL) sigue esforzándose por mejorar la seguridad de los niños que trabajan en la agricultura y proteger al mayor número posible de trabajadores agrícolas. Además, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA) estableció en 2012 la Oficina de Asuntos Marítimos y Agrícolas (OMA), que se ha encargado de la concepción, elaboración y publicación del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores del sector agrícola, así como de documentos de orientación sobre cuestiones específicas, tales como las escaleras de seguridad en los huertos y la seguridad en el uso del tractor.

Pese a haber saludado las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger a los trabajadores agrícolas, incluso a los menores de 18 años, la Comisión recordó también al Gobierno que el Secretario de Trabajo había considerado que el trabajo en la agricultura es «especialmente peligroso para el empleo de niños». A este respecto, según el sitio web de la OSHA, la agricultura es una de las industrias más peligrosas, y entre 2003 y 2011, 5 816 trabajadores agrícolas murieron en los Estados Unidos a causa de accidentes de trabajo. Sólo en 2011, 570 trabajadores agrícolas murieron tras haber sufrido accidentes de trabajo, y, de éstos, 108 eran jóvenes. En relación con las principales causas de accidentes mortales de los jóvenes en las explotaciones agrícolas de los Estados Unidos, se indica que el 23 por ciento de los accidentes tienen relación con las máquinas (incluidos los tractores), el 19 por ciento están relacionados con vehículos a motor (incluidos vehículos todo terreno), y el 16 por ciento son debidos al ahogamiento. Además, en el sitio web figura información que indica que se estima que cada año 33 000 niños sufren lesiones relacionadas con las explotaciones agrícolas en los Estados Unidos debido a que participan directamente en trabajos agrícolas.

La Comisión toma nota de las observaciones de la OIE y el USCIB en relación a que el artículo 213 de la FLSA, que fue el resultado de amplias consultas con los interlocutores sociales, es conforme con el texto del Convenio y con el párrafo 4 de la Recomendación núm. 190. Asimismo, la OIE señala que Estados Unidos controla de manera efectiva la aplicación de las disposiciones que dan efecto al Convenio, y que la WHD continúa centrándose en mejorar la seguridad de los niños que trabajan en la agricultura y proteger al mayor número posible de trabajadores agrícolas.

Por otra parte, la Comisión toma nota de la declaración realizada por los miembros trabajadores durante la reunión de la Comisión de Aplicación de Normas, de junio de 2014, según la cual desaprueban el hecho de que el Gobierno se centre en la sensibilización y educación en lugar de en la regulación. Los miembros trabajadores resaltaron que la discusión no giraba en torno a los trabajos agrícolas en las explotaciones familiares sino en torno a las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores asalariados, con frecuencia migrantes, a quienes no se llega eficazmente a través de las actividades de sensibilización o de formación debido al contexto en el que trabajan. Señalaron que, por ello, se debía alentar al Gobierno estadounidense a regular el tipo de trabajo objeto de la discusión, de conformidad con las normas de la OIT.

La Comisión toma nota de la detallada información que figura en la memoria del Gobierno sobre la intensificación de sus esfuerzos para proteger la seguridad y salud en el trabajo de los jóvenes trabajadores agrícolas, en la que se señala lo siguiente:

–El 31 de julio de 2014, el Presidente firmó la Orden Ejecutiva sobre una Remuneración Justa y Lugares de Trabajo Seguros (EO), que requiere que los potenciales contratistas federales informen sobre las violaciones de la legislación del trabajo, incluidas las relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo infantil, y proporciona orientaciones a las agencias sobre la manera de tener en cuenta esas violaciones cuando otorgan contratos federales. Además, el Gobierno continúa utilizando una amplia gama de instrumentos para proteger a los jóvenes que trabajan en la agricultura, y llegar a los agricultores, los contratistas de mano de obra agrícola, los trabajadores, los padres, los docentes y otras agencias federales.

–Un aspecto importante de la protección y de las actividades de divulgación es la educación y la formación. Por ejemplo, la WHD está realizando amplias campañas de divulgación en la industria del tabaco — en coordinación con las organizaciones nacionales interesadas a fin de alentar a los trabajadores a que notifiquen las infracciones, incluidas las infracciones en materia de trabajo infantil — y colabora con consulados de las regiones productoras de tabaco con miras a informar sobre sus derechos a los trabajadores extranjeros y llegar a los productores a fin de proporcionarles asistencia en materia de cumplimiento de las normas. Sólo en 2013, la WHD llegó a más de 2 000 productores de tabaco a través de eventos de divulgación.

–Habida cuenta de que los trabajadores agrícolas migrantes y sus hijos son especialmente vulnerables, el DOL desarrolló y amplió un programa de asociación con los consulados a través del que colabora con las embajadas extranjeras de todo el país para ponerse en contacto con los trabajadores migrantes e informarles acerca de sus derechos en los Estados Unidos. Asimismo, la OSHA actualmente se centra más en la agricultura y ha emprendido una serie de iniciativas de aplicación, inspección y educación a fin de reducir el número de lesiones y enfermedades en el ámbito de la agricultura. Si bien las normas y reglamentos de la OSHA se aplican a los trabajadores de cualquier edad que estén cubiertos, se considera que la edad y la experiencia de los trabajadores son factores importantes para determinar si un empleador ha cumplido diligentemente sus deberes en virtud de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de ofrecer empleos que estén exentos de los peligros reconocidos que causan o pueden causar muertes o graves daños físicos.

–Además, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH) continúa colaborando con el Grupo de Trabajo Interinstitucional Federal sobre la prevención de las lesiones de los niños en la agricultura, que se reúne dos veces cada año. En 2014, en el marco de su Iniciativa para la Prevención de las Lesiones de los Niños en la Agricultura (CAIPI), el NIOSH publicó un informe en el que se resumen 15 años de investigación sobre lesiones de los niños en la agricultura (1997-2011) y se indica que «se ha avanzado mucho en la reducción del número y la tasa de lesiones de los niños en la agricultura». Asimismo, en el informe se señala que las lesiones de los jóvenes de menos de 20 años de edad que trabajaban, vivían o visitaban explotaciones agrícolas, se redujeron en un 58 por ciento entre 1997 y 2009, y se produjo una reducción comparable (60 por ciento) en relación con los jóvenes que vivían en explotaciones agrícolas durante el mismo período de tiempo.

En lo que respecta a la aplicación, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en los últimos años, la WHD ha contratado a más investigadores, realizado más investigaciones y procurado que se impongan sanciones lo más elevadas que sea posible por infracciones de las leyes en materia de trabajo infantil, incluso en el sector agrícola. Desde el año fiscal 2009, la WHD ha realizado más de 8 000 investigaciones en la agricultura. Por ejemplo, la WHD de la oficina del distrito de Portland realizó una investigación en una empresa de frutas del estado de Washington y encontró a dos menores, de 7 y 10 años de edad, trabajando en los campos en la recogida de fresas, en violación de las disposiciones sobre trabajo infantil de la FLSA. La WHD impuso a la empresa una multa de 16 350 dólares de los Estados Unidos, que fue confirmada en julio de 2013 por un juez del tribunal administrativo.

Por último, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las encuestas sobre la juventud realizadas por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (NASS), que ha desarrollado un sistema de vigilancia para supervisar y evaluar la magnitud y las características de las lesiones no mortales que sufren los jóvenes en las operaciones que se realizan en las explotaciones agrícolas de los Estados Unidos. La NASS lleva a cabo dos tipos de encuestas sobre los jóvenes para el NIOSH, una de las cuales es la Encuesta sobre Lesiones de los Niños en la Agricultura (CAIS), cuyos resultados son representativos de todas las explotaciones agrícolas del país. En 2014, el NIOSH actualizó los resultados de las encuestas a fin de incluir los datos del CAIS de 2012. La próxima CAIS se realizará en 2015. La Comisión toma nota de que, según las estimaciones de las CAIS de 2001, 2004, 2006, 2009 y 2012 combinadas, un total de 29 969 jóvenes trabajadores de menos de 20 años de edad sufrieron lesiones en explotaciones agrícolas de los Estados Unidos, de los cuales, 3 261 tenían menos de 10 años de edad, 12 064 tenían entre 10 y 15 años y, 7 499 tenían 16 ó 17 años. Las lesiones en cuestión incluyen moratones, torceduras, quemaduras, fracturas, cortes y lesiones cerebrales traumáticas. Además, según el sitio web del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del NIOSH, se estima que 14 000 jóvenes sufrieron lesiones en las explotaciones agrícolas en 2012, y que 2 700 de estas lesiones se produjeron en el trabajo agrícola.

Tomando debida nota de las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para proteger la salud y la seguridad de los jóvenes que trabajan en la agricultura, la Comisión también toma nota de la grave preocupación expresada por muchos oradores en el marco de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en relación con las condiciones perjudiciales y peligrosas de trabajo a las que pueden estar expuestos, o están expuestos, los menores de 18 años, e incluso en algunos casos los menores de 16 años, en el sector agrícola. Además, la Comisión toma nota de que, a pesar de los diversos programas e iniciativas gubernamentales para proteger mejor la salud y la seguridad de los niños que trabajan en la industria agrícola, la agricultura sigue estando entre los sectores más peligrosos; y de que hay menores de 18 años que sufren lesiones graves, incluso algunas veces mortales, mientras realizan trabajos agrícolas. La Comisión hace hincapié en que el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad en los niños constituye una de las peores formas de trabajo infantil y, por consiguiente, los Estados Miembros deben adoptar de forma inmediata medidas efectivas para garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Si bien el artículo 4, 1), del Convenio establece que los tipos de trabajos peligrosos deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesadas, la Comisión toma nota de que, el sector agrícola, que no figura incluido en la lista de trabajos peligrosos, sigue siendo, en la práctica, una industria especialmente peligrosa y nociva para los jóvenes. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando medidas efectivas y en un plazo determinado para garantizar que los menores de 18 años sólo pueden realizar trabajos en la agricultura a condición de que se protejan su seguridad y su salud y de que reciban instrucciones concretas adecuadas. Solicita al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para reforzar la capacidad de las instituciones responsables del control del trabajo infantil en la agricultura a fin de proteger a los niños trabajadores agrícolas de los trabajos peligrosos. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información estadística detallada sobre el trabajo infantil en la agricultura, incluso sobre el número de muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo que sufren los niños que trabajan en la agricultura, y sobre la extensión y la naturaleza de las violaciones en materia de trabajo infantil que se han detectado, las investigaciones y los enjuiciamientos que se han realizado y las condenas y sanciones que se han impuesto. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que transmita los resultados de la CAIS que se realizará en 2015.

Etiopía

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1999)

Artículo 2, 1), del Convenio. Ámbito de aplicación y aplicación en la práctica. La Comisión tomó nota anteriormente de que el artículo 89, 2), de la proclamación de la Ley del Trabajo, núm. 42, de 1993, prohíbe el empleo de personas menores de 14 años de edad. La Comisión señaló, sin embargo, que las disposiciones de la Ley del Trabajo no cubren el trabajo desempeñado fuera de una relación de trabajo, y recordó que el Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y abarca todos los tipos de empleo o trabajo independientemente de que se encuentren o no en el marco de una relación laboral o de un contrato de trabajo, e independientemente de que sea remunerado o no. La Comisión también tomó nota de que 15,5 millones de niños (el 84,5 por ciento de la población infantil) participaban en actividades económicas, y 12,6 millones de estos niños (el 81,2 por ciento) eran menores de 15 años de edad. Por último, en lo que respecta a los comentarios que formula en relación con el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), la Comisión tomó nota de que sólo el 2,14 por ciento de los niños que trabajan en Etiopía están amparados por una relación de trabajo formal.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, si bien la Ley del Trabajo aún no incluye a los niños que trabajan por cuenta propia o a los niños que trabajan en la agricultura o en la economía urbana informal, «otras disposiciones legales» garantizan el derecho de esos niños a la protección contra la explotación y ocupación en trabajos perjudiciales. La Comisión también tomó nota de la participación del Gobierno en el programa titulado «Los etíopes luchan contra la explotación infantil» (2011-2015) (E-FACE), que tiene el objetivo de combatir la contratación de niños de 5 a 17 años en sectores y ámbitos peligrosos. La Comisión toma nota que según la Evaluación Provisional del E-FACE (pág. 45), las autoridad de la inspección del trabajo han iniciado actividades para reforzar la capacidad en el ámbito de formación sobre el trabajo infantil. En este sentido, la Comisión recuerda el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafos 407 y 408), en los que se destaca que la falta de capacidad de la inspección del trabajo para realizar controles en áreas determinadas es un hecho especialmente problemático cuando el trabajo infantil se concentra en sectores que se encuentran fuera del ámbito abarcado por la inspección del trabajo. En estos casos, la Comisión subraya la importancia de garantizar que el sistema de inspección del trabajo controle efectivamente a los niños que trabajan en todas las esferas y sectores, incluso en el sector informal. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para adaptar y reforzar los servicios de la inspección del trabajo de manera de mejorar la capacidad de los inspectores para identificar los casos de trabajo infantil en la economía informal y garantizar la protección conferida por el Convenio a los niños menores de 14 años de edad que trabajan por cuenta propia o en la agricultura o en la economía urbana informal. Además, solicita al Gobierno que indique con precisión cuáles son las disposiciones legislativas a las cuales hace referencia en su memoria, que proporcionan garantías de que los niños que trabajan por cuenta propia y en los sectores antes mencionados gozan de la protección del Convenio.

Artículo 2, 3). Edad de finalización de la escolaridad obligatoria. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores, en los que observó que en Etiopía la enseñanza primaria todavía no es gratuita ni obligatoria y que la matrícula neta de inscripción escolar es aún muy baja. La Comisión toma nota de la información del Gobierno en relación con las medidas adoptadas para incrementar los fondos y recursos para las escuelas primarias. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria se incrementó del 82,2 por ciento en 2008-2009 al 95,5 por ciento en 2012-2013.

La Comisión también toma nota de que uno de los objetivos del proyecto E-FACE es el fortalecimiento de los servicios de enseñanza para reducir de manera sostenible el número de niños de 5 a 17 años ocupados en el trabajo infantil o expuestos a ese riesgo. La Comisión toma nota de que, según la Evaluación Provisional del Proyecto, la asistencia de los niños a los programas de cuidado y la educación en la primera infancia sigue siendo muy reducida, con un promedio del 5 por ciento, mientras que el promedio en la región subsahariana es del 18 por ciento.

Al tomar debida nota de los esfuerzos que realiza el Gobierno para fortalecer el funcionamiento del sistema de enseñanza, la Comisión lamenta tomar nota de que sigue siendo considerable el número de niños de edades inferiores a la edad mínima que no asisten a la escuela o que han abandonado sus estudios. La Comisión toma nota, a este respecto, de las estadísticas del UNICEF de 2012, en las que se indica que si bien la asistencia neta en la enseñanza primaria fue del 64,3 por ciento para los niños y del 65,5 por ciento para las niñas, sólo alcanzó al 15,7 por ciento de los niños y el 15,6 por ciento de las niñas en la escuela secundaria. Recordando que la enseñanza obligatoria es una de las formas más eficaces para combatir el trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, incluidas las medidas en el marco del programa de E-FACE para que la enseñanza obligatoria se lleve a cabo hasta la edad mínima de admisión al empleo, que es de 14 años. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre toda evolución a este respecto.

Artículo 3. Edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos y determinación de esos trabajos. Formación profesional. La Comisión tomó nota anteriormente de que el decreto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 2 de septiembre de 1997, sobre la prohibición del trabajo de los jóvenes, que en el artículo 4, 1), contiene una lista de trabajos prohibidos y una prohibición general de todos los demás tipos de trabajo que puedan resultar peligrosos para la salud, la seguridad o la moralidad de los jóvenes. La Comisión señaló que, de conformidad con el artículo 4, 2), del decreto, la prohibición establecida en el artículo 4, 1), no se aplica a las personas que siguen cursos de formación profesional en escuelas profesionales. Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno había previsto celebrar consultas con los interlocutores sociales y otras partes interesadas para revisar la directriz relativa a la prohibición del trabajo para los jóvenes.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que el decreto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 2 de septiembre de 1997, ha sido enmendado. Sin embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno indica que los menores de 18 años de edad que realizan actividades laborales en el contexto de la formación profesional en escuelas profesionales permanecen fuera del ámbito de la directriz. En cambio, el Gobierno indica que las entidades de formación son entidades responsables que están en condiciones de poner en práctica los cuidados y precauciones necesarias para salvaguardar la salud y el bienestar de los jóvenes en formación.

La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno que el artículo 3, 1), del Convenio, dispone que la edad mínima de admisión a los trabajos peligrosos no deberá ser inferior a 18 años. Además, la Comisión recuerda al Gobierno que la excepción prevista en el artículo 3, 3), del Convenio, establece que la legislación nacional o la autoridad competente podrán autorizar el trabajo peligroso a partir de la edad de 16 años (previa consulta con las organizaciones de empleadores o de trabajadores interesadas), siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. La Comisión también toma nota, a este respecto de la indicación que proporciona el Gobierno en su memoria relativa al Convenio núm. 182 de que está en curso la revisión de la lista de trabajos peligrosos. La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias, dentro del marco del proceso de revisión legislativa, para aplicar el artículo 3, 1), del Convenio, prohibiendo que los menores de 18 años de edad que siguen los cursos en escuelas profesionales (o menores de 16 años en las condiciones específicas establecidas en el artículo 3, 3), que realicen trabajos peligrosos. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien facilitar una copia de la nueva lista de trabajos peligrosos una vez que ésta sea adoptada.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2003)

Artículos 3, a), y 7, 1), del Convenio. Venta y trata de niños y sanciones. La Comisión tomó nota anteriormente de que, según informaciones del UNICEF, Etiopía figura entre los diez primeros países de origen de los niños víctimas de trata a partir de África, y de que cada años miles de niños y mujeres son transportados de Etiopía al Oriente Medio. La Comisión también tomó nota de que, según información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los etíopes abrumados por la pobreza venden a sus hijos por la suma insignificante de 1,2 dólares de los Estados Unidos a los traficantes para su utilización en la prostitución, el trabajo doméstico, o como tejedores y mendigos profesionales.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno no proporciona nueva información en relación con sus esfuerzos para proteger a los niños de ser víctima de la trata, especialmente la trata interna, y de la explotación sexual y comercial. Sin embargo, la Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno en su quinto y sexto informe por país (2009-2013) sobre la aplicación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de abril de 2014 (págs. 94 y 95), que se refiere al establecimiento de un equipo de trabajo nacional para combatir la trata, especialmente de mujeres y niños, y que ha coordinado campañas contra la trata de personas en todos los niveles. El Gobierno también informó de que se adoptó un plan de acción para combatir la trata, en colaboración con la OIM, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación, y que aplica una estrategia para combatir la venta y explotación de niños. Además, la Comisión toma nota de la participación del Gobierno en el proyecto titulado «Los etíopes luchan contra la explotación infantil» (2011-2015) (E-FACE), que tiene el objetivo de combatir la contratación de niños de 5 a 17 años en sectores y ámbitos peligrosos. La Comisión toma nota de que, según la Evaluación Provisional del E-FACE (págs. 23, 24 y 45), varios organismos gubernamentales han iniciado actividades de formación sobre el trabajo infantil y cuestiones relativas a la trata.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria de que se ha impartido información sobre la trata de niños a 150 guardias de seguridad de frontera, y estableció en Addis Abeba un grupo especial de fiscales para ocuparse de la violencia contra los niños y de su explotación. El Gobierno indica que se ha procedido a la rehabilitación de 6 750 niños desfavorecidos prestándoles servicios de asistencia y, si bien no se dispone de información exacta, esas cifras se incluyen a los niños objeto de trata. Por último, la Comisión toma nota de que, según la Evaluación Provisional (pág. 45), se impartió formación a 305 inspectores del trabajo en el marco del programa E-FACE sobre directrices especiales en cuestiones de trata. La Comisión pide al Gobierno que siga reforzando las medidas para proteger a los niños de convertirse en víctimas de la explotación sexual comercial y de la trata con estos fines. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que siga aplicando medidas, incluyendo en el marco del proyecto E-FACE para garantizar que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y procesamientos rigurosos de los infractores. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto, así como el número de investigaciones realizadas, procesamientos iniciados, condenas pronunciadas y sanciones penales impuestas. Por último, solicita al Gobierno que transmita una copia de las directrices para inspectores del trabajo elaboradas en el contexto del proyecto E-FACE.

Artículo 7, 2), d). Medidas efectivas aplicadas en un plazo determinado. Identificar a los niños particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto con ellos. Niños víctimas/huérfanos del VIH/SIDA y otros niños vulnerables. La Comisión tomó nota con anterioridad del programa gubernamental sobre los huérfanos y niños vulnerables en el que participan los órganos gubernamentales pertinentes, ONG y la comunidad, así como la realización de actividades de cuidados y apoyo a los huérfanos y otros niños vulnerables en todo el país. Sin embargo, tomó nota de que hay en el país cerca de 2 300 000 huérfanos y niños vulnerables y la coordinación y armonización de actividades en ese ámbito es escasa.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona nuevas informaciones relativas a la ejecución del programa relativo a los huérfanos y otros niños vulnerables. En cambio, hace referencia al plan nacional de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil (2013-2015), señalando que incluye diversos enfoques estratégicos de manera holística e integrada. El Gobierno indica que, teniendo en cuenta que el Plan nacional de acción sólo ha sido aplicado durante un año, es demasiado pronto para informar sobre los resultados de las medidas que incluye. Recordando que los huérfanos y otros niños vulnerables están expuestos al riesgo cada vez mayor de ser ocupados en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a que siga intensificando sus esfuerzos, en el marco del Plan nacional de acción y del programa relativo a los huérfanos y niños vulnerables, para garantizar que los niños huérfanos a causa del VIH/SIDA y otros niños vulnerables sean protegidos de esas peores formas. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione toda información sobre los resultados del Plan nacional de acción en materia de protección de los niños huérfanos a causa del VIH/SIDA, al cual se refiere en su memoria, una vez que estén disponibles.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Fiji

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2003)

Artículo 3, 2), del Convenio. Determinación de los trabajos peligrosos. En lo que atañe a la adopción de la lista de los tipos de trabajo peligrosos, la Comisión pide al Gobierno que se remita a sus comentarios detallados respecto del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

Artículo 7, 1) y 3). Trabajos ligeros y determinación de actividades de trabajos ligeros. En relación con sus comentarios anteriores, en los que se tomaba nota del compromiso del Gobierno de determinar el número de horas y los tipos de actividades que constituyen trabajos ligeros, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el artículo 93, 2) del decreto sobre relaciones laborales núm. 36, de 2007, eleva la edad de los niños que pueden realizar trabajos ligeros, de 13 a 14 años. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el proyecto de disposición, que se incluyó en la memoria del Gobierno, no contiene una lista que determine los tipos de trabajos ligeros o el número de horas durante las cuales puede realizarse ese trabajo y en qué condiciones. En consecuencia, la Comisión insta firmemente al Gobierno que aproveche la oportunidad del proceso de enmienda para adoptar la lista que determina los tipos de actividades de trabajos peligrosos para las personas de edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, además del número de horas durante las cuales puede realizarse ese trabajo y en qué condiciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2002)

Artículos 3, d), y 4, 1) y 2), del Convenio. Determinación e identificación del trabajo peligroso. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que había tomado nota de que el Gobierno estaba finalizando en la lista de trabajos peligrosos mediante un proceso de consultas tripartitas con el Consejo Consultivo de Seguridad y Salud en el Trabajo (NOHSAB) y el Consejo Consultivo de Relaciones Laborales.

La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción de la lista de trabajos peligrosos, establecidos en la ordenanza sobre trabajos peligrosos prohibidos a los menores de 18 años de edad, de 2013, que entró en vigor el 28 de mayo de 2013. La Comisión observa que esta lista incluye una amplia variedad de trabajos peligrosos relacionados, entre otras actividades con: la exposición a productos químicos peligrosos; la fabricación, manipulación y transporte de explosivos u otros componentes tóxicos en los productos agrícolas a granel; las actividades en las que se almacena el radio; artesanos (por ejemplo, maquinistas, plomeros, ajustadores de productos electrónicos, curtidores, el trabajo en destilerías de bebidas alcohólicas y en el sacrificio de aves y otros animales); agricultura, pesca, caza, y actividades relacionadas con la explotación de recursos madereros (por ejemplo, la pesca de alta mar, instalación de cables, corte de caña de azúcar y cultivos comerciales de verduras y hortalizas); explotación de minas y canteras (por ejemplo, operadores de máquinas perforadoras y de pulverización, operadores de calderas de vapor y encendido con fusibles o electricidad); servicios y deportes (por ejemplo, bomberos, guardias, ayudantes en buques, azafatas, bailarines remunerados por hora, trabajos en espectáculos, empleados en baños públicos, acompañantes, salvavidas, jinetes en competiciones ); transporte (por ejemplo, conductores de topadoras, engrasadores de maquinaria pesada, controladores de tráfico), y otros (por ejemplo, recolección de botellas y de chatarra). La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica de la ordenanza sobre trabajos prohibidos a los menores de 18 años, de 2013, con inclusión de estadísticas sobre el número y naturaleza de las infracciones denunciadas y sanciones impuestas en virtud de las disposiciones pertinentes de las normas de empleo promulgadas en 2007.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y de duración determinada. Apartado e). Tener en cuenta la situación particular de las niñas. Niños víctimas de explotación sexual comercial. En los comentarios anteriores, la Comisión tomó nota del grave problema de la prostitución infantil, especialmente del turismo sexual en el país y tomó nota de la preocupación expresada por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre la explotación de niñas menores de edad en actividades de comercio sexual (documento CEDAW/C/FJI/CO/4).

La Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia a una subcomisión de tareas del Comité Nacional de Coordinación para la Infancia (NCCC), integrado por Hogares de Esperanza, la OIT y la ONG Empower Traffic, el cual realiza actividades con el Departamento de la Mujer y Bienestar Social (DOW) en materia de gestión e intervención en casos relativos a los derechos de los niños. El Gobierno señala que el Departamento de Policía interviene si el DOW recibe denuncias sobre niños víctimas de la prostitución o de abuso sexual. La Comisión también toma nota del compromiso del Gobierno para garantizar que los niños que son librados de esas situaciones son puestos a cargo de las autoridades oficiales y tienen acceso a programas de rehabilitación antes de su reintegración a los programas de enseñanza o formación profesional, y para seguir intensificando su red de conexiones interministeriales, especialmente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, junto con organizaciones no gubernamentales y organizaciones religiosas que tienen por objeto proporcionar atención y protección a los niños.

La Comisión toma debida nota de los esfuerzos del Gobierno para combatir explotación sexual comercial de los niños. Sin embargo, también toma nota de la información que figura en el informe «Trabajo infantil en FIJI – Un estudio de la explotación sexual comercial de los niños que trabajan en la calle, en las comunidades agrícolas, en asentamientos informales e ilegales y en escuelas» (Informe sobre el trabajo infantil en Fiji) elaborado por la Oficina de Países de la OIT para los Países Insulares del Pacífico Sur, OIT/IPEC, en 2010, según la cual continúa la explotación sexual y el turismo sexual infantil. La Comisión expresa su preocupación por la persistencia de la explotación del comercio sexual infantil, incluido el turismo sexual. La Comisión urge al Gobierno a que adopte medidas eficaces y con un plazo determinado para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil, teniendo en cuenta la situación especial de las niñas. La Comisión también solicita al Gobierno que proporcione información concreta sobre las estrategias de intervención y los programas de rehabilitación destinados a proporcionar asistencia directa a los niños víctimas de la explotación sexual comercial, así como sobre el número de esos niños que han sido efectivamente rehabilitados y reintegrados socialmente.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guyana

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1998)

Artículo 1 del Convenio. Política nacional para la eliminación del trabajo infantil y plan nacional de acción. La Comisión recuerda que el Gobierno ha venido reiterando su compromiso de adoptar una política nacional diseñada para garantizar la efectiva abolición del trabajo infantil en el país durante casi 15 años. La Comisión también toma nota de que, aunque el Gobierno ha venido emprendiendo algunas medidas en materia de políticas, dirigidas a abordar el trabajo infantil, a través de programas de educación, en particular con arreglo al proyecto de la OIT/IPEC, «Combatir el trabajo infantil mediante la educación» (proyecto TACKLE) y en virtud de los objetivos de desarrollo del milenio, sigue indicando que está desarrollándose un plan nacional de acción para los niños (NPAC). En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para finalizar el NPAC y a que transmita una copia del mismo en un futuro muy próximo. Además, tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Comité Directivo Nacional sobre el Trabajo Infantil — que había iniciado y redactado un plan nacional de acción para eliminar y prevenir el trabajo infantil —, ya no está funcionando, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información actualizada acerca de las medidas adoptadas o previstas para finalizar este proceso.

Artículo 3, 3). Autorización de trabajar en empleos peligrosos a partir de la edad de 16 años. En comentarios anteriores, la Comisión señaló que el artículo 6, b), de la Ley núm. 9, de 1999 sobre el Empleo de Jóvenes y Niños confiere un poder discrecional al ministro para autorizar, a través de reglamentos, la contratación de jóvenes entre las edades de 16 y 18 años en trabajos peligrosos. La Comisión también observó que, si bien los artículos 41 y 46 de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA), de 1997, se dirige a impedir que los jóvenes realicen una actividad laboral que pudiese afectar su salud física o su desarrollo emocional, el Gobierno identificó dificultades en el control y el fortalecimiento de esas disposiciones. En consecuencia, el Gobierno indicó que la ley núm. 9, de 1999, será enmendada para garantizar que las protecciones conferidas en virtud de la ley, se extiendan a todos los jóvenes menores de 18 años de edad.

La Comisión toma nota con preocupación de que la última información del Gobierno no comunica ninguna nueva información sobre el proceso de enmienda de la ley núm. 9, de 1999, a pesar de su reiterado compromiso, a lo largo de los años, de llevarlo a cabo. En cambio, declara que no se ha dictado ninguna reglamentación ministerial y que las disposiciones de la OSHA garantizan que los jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años que están empleados en trabajos peligrosos, reciban una formación profesional adecuada y específica. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales sobre los segundo a cuarto informes periódicos combinados de Guyana, en junio de 2013 (documento CRC/C/GUY/CO/2-4, párrafo 59, c)-d)), señaló las medidas inadecuadas para vigilar y hacer cumplir las disposiciones de la OSHA y que, no obstante los informes de un número significativo de niños implicados en trabajos peligros, sólo se habían notificado tres de esos casos al mecanismo de presentación de informes del Gobierno.

A este respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno el párrafo 381 del Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, que destaca el cumplimiento del artículo 3, 3), del Convenio, que requiere que todo trabajo peligroso realizado por personas de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años puede autorizarse sólo a condición de que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los jóvenes interesados y de que éstos hayan recibido, en la práctica, una instrucción o formación profesional adecuada y específica. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas para enmendar, en un futuro próximo, la ley núm. 9, de 1999, con el fin de garantizar la conformidad con el artículo 3, 3), del Convenio, confiriendo una protección adecuada a los jóvenes de 16 y más años de edad, y a que comunique una copia de las enmiendas en cuanto se hayan finalizado. Además, tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual están en curso esfuerzos con los interlocutores tripartitos para incluir áreas adicionales de trabajo en la lista de trabajos peligrosos, la Comisión solicita al Gobierno que transmita una copia de esta lista enmendada en cuanto se dispusiera de la misma.

Artículo 9, 3). Llevar los registros. En su memoria anterior, la Comisión tomó nota de que el artículo 3, 3), leído conjuntamente con el artículo 3, 2), de la ley núm. 9, de 1999, requiere que los registros se lleven en los lugares en los que están empleados los jóvenes menores de 16 años de edad, en lugar de los 18 años, como requiere el artículo 9, 3), del Convenio. Tomando nota de la ausencia de información sobre este punto, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información actualizada sobre el proceso de enmienda del artículo 3, de la ley núm. 9, de 1999, para armonizarla con el Convenio y que transmita una copia de las enmiendas en cuanto se hayan finalizado.

Partes III y V del formulario de memoria. Inspección del trabajo y aplicación práctica del Convenio. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores que señalaban los resultados de la encuesta agrupada de indicadores múltiples, de 2001, en la que se identificaba un elevado porcentaje de niños que trabajaban en el país. La Comisión también tomó nota de la indicación de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según la cual los inspectores del trabajo no dan cumplimiento efectivo a la legislación aplicable y el trabajo infantil es especialmente prevalente en la economía informal.

La Comisión toma nota de que la última memoria del Gobierno simplemente indica que sus inspectores del trabajo realizan de manera rutinaria inspecciones en los lugares de trabajo y que no ha habido pruebas de trabajo infantil. No obstante, la Comisión también toma nota de la información contenida en el informe del Gobierno de 2011 a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre un programa trienal que se dirige, entre otras cosas, a fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales y locales en la formulación, la aplicación y la ejecución del marco legal del trabajo infantil y que incluirá un enfoque en el trabajo infantil en la economía informal. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que siga redoblando sus esfuerzos para combatir el trabajo infantil, incluso en la economía informal, y que comunique información acerca del impacto en este sentido. Además, tomando nota de la indicación del Gobierno en su memoria, en virtud del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), según la cual se está estableciendo una encuesta de referencia sobre el trabajo infantil, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, la información relativa a los resultados de la encuesta.

Malí

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2002)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 1 del Convenio y aplicación del Convenio en la práctica. Política nacional. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que aproximadamente 2,4 millones de niños de 5 a 14 años, a saber el 65,4 por ciento de los niños de 5 a 14 años son económicamente activos. A estos efectos, la Comisión tomó nota de la adopción y validación de un programa de acción para la elaboración y conceptualización del Plan de acción nacional para la eliminación del trabajo infantil en Malí 2011-2020 (PANETEM), cuya primera fase (2011-2015) está centrada en la eliminación de las peores formas de trabajo infantil (el 60 por ciento de los niños como objetivo) y la segunda fase (2016-2020) está centrada en la abolición de todas las formas de trabajo infantil no autorizadas (el 40 por ciento de los niños como objetivo).

Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la CSI según las cuales el 40 por ciento de los niños de 5 a 14 años realizan trabajos peligrosos. En la agricultura, los niños trabajan a partir de los 5 años, y esto incluye la utilización de herramientas peligrosas, el acarreo de cargas pesadas y la exposición a pesticidas nocivos. En el sector de la pesca, los niños están expuestos al riesgo de ahogarse o a sufrir lesiones corporales debido a los útiles cortantes utilizados para la transformación del pescado. En el trabajo doméstico, los niños realizan muy a menudo largas jornadas de trabajo y viven separados de su hogar, una situación que los expone más especialmente a los riesgos de malos tratos y abusos sexuales.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual, tras la adopción del PANETEM, ha creado un Comité nacional para la organización de una mesa redonda de donantes para la financiación del PANETEM, aunque esta actividad resultó algo frenada debido a la crisis sociopolítica y de seguridad que atraviesa el país. En noviembre de 2012 se elaboró un plan de reactivación de la puesta en práctica del PANETEM con objeto de reiniciar el proceso. De ese modo, el plan permitió poner en práctica dos programas de acción ejecutados en la región de Sikasso, uno de ellos sobre las minas de oro artesanales y el otro relativo a la extensión del Sistema de Observación y Seguimiento del Trabajo y la Trata de Niños (SOSTEM).

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para reactivar el PANETEM, la Comisión se ve obligada a expresar su profunda preocupación ante el número considerable de niños de edades inferiores a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo y, a menudo, en condiciones muy peligrosas. La Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos en la lucha contra el trabajo infantil, en particular a través del PANETEM, y le pide que comunique informaciones sobre los resultados obtenidos en cuanto a la eliminación del trabajo infantil.

Artículo 2, párrafo 1. 1. Ámbito de aplicación. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la observación de la CSI, según la cual la legislación no protege adecuadamente a los niños contra el trabajo infantil, debido a que no prevé una protección específica para los niños que trabajan en la economía informal, especialmente en la agricultura o en el servicio doméstico. Por otra parte, la CSI indica que en Malí hay 54 inspectores del trabajo, y ninguno de ellos ha recibido formación especializada en materia de trabajo infantil. Además, los inspectores del trabajo también están encargados de la solución de diferencias, incluido mediante la conciliación, de manera que les resulta difícil hacer respetar eficazmente la legislación relativa al trabajo infantil.

Refiriéndose al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales (párrafo 345), la Comisión señala que en algunos casos, el número limitado de inspectores del trabajo no les permite cubrir el conjunto de la economía informal. Por ese motivo la Comisión invita a los Estados parte a reforzar la capacidad de la inspección del trabajo. A este respecto, la Comisión toma nota de las informaciones del Gobierno según las cuales la puesta en práctica del proyecto de la OIT/IPEC titulado «Combatir el trabajo infantil mediante la educación en 11 países» (proyecto TACKLE) contribuyó, en abril de 2013, al fortalecimiento de la capacidad de 25 inspectores del trabajo en materia de lucha contra el trabajo infantil a través de la educación, con énfasis especial en el ámbito de aplicación del Convenio. La Comisión insta al Gobierno a reforzar las medidas para adaptar y fortalecer los servicios de la inspección del trabajo de manera de garantizar que los niños que no están vinculados por una relación de trabajo, como los que trabajan por cuenta propia o en el sector de la economía informal, reciban la protección prevista en el Convenio.

2. Edad mínima de admisión al empleo o trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que en virtud del artículo 20, b), del Código de Protección del Niño, todo niño tiene derecho al empleo a partir de los 15 años, de conformidad con la edad mínima especificada en el momento de la ratificación del Convenio. Sin embargo, tomó nota de que el Código del Trabajo establece que la edad mínima de admisión en el empleo de los niños en la empresa, incluso como aprendices es de 14 años, y que el decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, sobre la aplicación del Código del Trabajo, prevé una lista de las cargas que los niños de edades comprendidas entre los 14 y los 17 años no pueden llevar, arrastrar o empujar, según el tipo de herramienta de transporte, y el sexo del niño.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el Alto Consejo de Ministros adoptó en 2013 un proyecto de ley de enmienda de la ley núm. 92-020, de 23 de septiembre de 1992, relativa al Código del Trabajo de Malí con objeto de poner en conformidad algunas de sus disposiciones con los convenios de la OIT. El Gobierno indica que ese proyecto fija la edad de admisión al empleo a los 15 años y que los textos de aplicación del Código serán revisados en ese sentido. Al expresar la firme esperanza de que las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo y del decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, se armonizarán con el Convenio de manera de que se prohíba el trabajo de los niños menores de 15 años, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para completar esa revisión lo más rápidamente posible. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 2, párrafo 3. Edad en que cesa la escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota anteriormente de que la edad en la que cesa la obligación escolar en Malí es a los 15 años. La Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por el Gobierno en el ámbito de la educación, aunque observó que las tasas de escolarización en el primer ciclo seguían siendo poco elevadas y que la baja tasa de escolarización en el segundo ciclo, en comparación con el primero, demuestra que un número considerable de niños abandona la escuela después del ciclo primario.

La Comisión toma nota de la observación de la CSI según la cual sólo el 35,9 por ciento de los niños y el 25,2 por ciento de las niñas acceden a la enseñanza secundaria.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la puesta en práctica del Programa de inversión sectorial en el sector de la educación (PISE), cuya tercera fase estaba prevista para el período 2010-2013, fue suspendida debido a la crisis político-institucional que atraviesa el país, con la consecuencia de que los asociados técnicos y financieros interrumpieron su cooperación con Malí. Sin embargo, en el marco de la aplicación del PANETEM y del proyecto TACKLE de la OIT/IPEC, en mayo de 2013 se organizó y llevó a cabo un taller de formación sobre la integración del trabajo infantil en los programas y planes sectoriales de educación, entre los que cabe mencionar el PISE III. La Comisión toma nota de que se llevaron a cabo discusiones para elaborar un nuevo PISE que se extendería durante el período 2015-2025. Entre las preocupaciones observadas cabe mencionar la escasa calidad de la educación en todos los niveles del sistema, la necesidad de aumentar las horas de escolarización y de contratar más docentes. Considerando que la escolaridad obligatoria es uno de los medios más eficaces de la lucha contra el trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo, en particular, aumentando la tasa de escolarización, tanto a nivel primario como secundario, y reducir las tasas de abandono escolar. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados en la activación y puesta en práctica del PISE III, y los resultados obtenidos.

Artículo 3, párrafo 3. Admisión en los trabajos peligrosos desde la edad de 16 años. La Comisión tomó nota anteriormente de que algunas disposiciones del decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, permiten emplear a niños a partir de la edad de 16 años en trabajos peligrosos. Tomó nota de que el Gobierno indicó que el artículo D.189-33 del decreto núm. 96-178/P-RM estipula la obligación de asegurar que los adolescentes de 16 a 18 años de edad ocupados en trabajos peligrosos, reciban, en la rama de actividad correspondiente, una instrucción específica y adecuada o una formación profesional, de conformidad con el artículo 3, párrafo 3, del Convenio. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que el artículo D.189-33, que se refiere a la declaración que el empleador debe hacer a la Oficina de la Mano de Obra relativa a la contratación de un niño, no hace ninguna mención de la instrucción o de la formación profesional que debe seguir el niño mayor de 16 años para encontrarse en condiciones de realizar trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual los proyectos de textos de aplicación del Código del Trabajo se revisan como consecuencia de la adopción del Código del Trabajo revisado por la Asamblea General. Esta revisión debe incorporar las condiciones previstas en el artículo 3, párrafo 3, del Convenio. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que, en el marco de la revisión de los textos de aplicación del Código del Trabajo, adopte medidas para garantizar que se respeten las condiciones del artículo 3, párrafo 3, del Convenio, y de proporcionar informaciones sobre los progresos realizados a este respecto.

Artículo 7. Trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las informaciones del Gobierno según las cuales se comprometía a modificar el artículo 189-35 del decreto núm. 96-178/P-RM, de 13 de junio de 1996, de manera de fijar la edad mínima para los trabajos domésticos o los trabajos ligeros de carácter temporal a 13 años, en lugar de 12 años. La Comisión también tomó nota de que está en curso la elaboración de un proyecto de decreto para determinar los trabajos ligeros y las condiciones de su ejercicio.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual esto se realizará en el marco de la relectura global de los textos de aplicación del Código del Trabajo. La Comisión insta al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas inmediatas para armonizar la legislación nacional con el Convenio y reglamentar el empleo de los niños en trabajos ligeros a partir de los 13 años. A tal efecto, expresa nuevamente la esperanza de que se elabore el decreto sobre los trabajos ligeros y se adopte en un futuro muy próximo.

Además, la Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos y que adopte las medidas necesarias para que la revisión general del Código del Trabajo y de sus textos de aplicación no deje de tener en cuenta los comentarios detallados de la Comisión sobre las divergencias que existen entre la legislación nacional y el Convenio, y que se introduzcan enmiendas a este respecto.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), de fecha de 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 3, apartado a), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. 1. Trabajo forzoso u obligatorio. Mendicidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la existencia de niños talibés, originarios de los países fronterizos, entre ellos Malí, que los maestros coránicos (marabouts) llevan a la ciudad. Estos niños se encuentran en condiciones de servidumbre, obligados a mendigar cotidianamente. La Comisión tomó nota de que el Código Penal dispone que la persona que haya incitado a la mendicidad a un menor, será castigada con una pena de tres meses a un año de prisión. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que la práctica de la mendicidad de niños en las escuelas coránicas incurre en una violación de la ley.

La Comisión toma nota de que la ley núm. 2012-023, establece, por la explotación organizada de la mendicidad de otros una pena de prisión de dos a cinco años y una multa de 500 000 a 2 millones de francos CFA. Toma nota de las informaciones del Gobierno relativas al fortalecimiento de la capacidad de los agentes de la paz, pero observa que el Gobierno no comunica ninguna información sobre las acciones judiciales y las condenas de las personas, entre las que se encuentran los marabouts, que entregan niños para la mendicidad forzosa.

La Comisión señala que, si bien la legislación está de conformidad con el Convenio en este punto, la utilización de niños talibés con fines puramente económicos, parece seguir siendo una preocupación en la práctica. En consecuencia, la Comisión vuelve a insta firmemente al Gobierno a que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para garantizar que se realicen encuestas exhaustivas y llevar a buen término acciones judiciales eficaces de los marabouts que utilizan niños menores de 18 años con fines puramente económicos y a que se les impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. Solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre los resultados obtenidos a este respecto, en términos del número de condenas y de sanciones penales impuestas, especialmente en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones de la ley núm. 2012-023.

2. Reclutamiento forzoso de niños para su utilización en conflictos armados. La Comisión toma nota de la observación de la CSI, según la cual la intensificación del conflicto armado en Malí se tradujo en un aumento del alistamiento de niños como soldados por las diferentes partes rivales activas en el norte del país. En 2012, niños de Malí fueron alistados por la fuerza, vendidos o incluso remunerados deliberadamente para combatir por parte de grupos extremistas. Las familias se vieron obligadas a vender a sus hijos — o aceptaron hacerlo — por sumas que llegaron hasta 2 000 dólares por hijo. Estos niños soldados deben portar fusiles de asalto, mantener puntos de control, recoger informaciones, vigilar a los prisioneros, efectuar patrullas a pie y participar en operaciones de pillaje y de extorsión. Las niñas son utilizadas por grupos armados con fines de explotación sexual.

En efecto, la Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (documento A/68/878-S/2014/339), publicado el 15 de mayo de 2014, todos los grupos armados del norte de Malí, entre los que se encuentran Al-Qaeda y Magreb islámico, Ansar Dine, el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad (MNLA) y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO), cometieron graves violaciones contra niños. La ONU estableció que 57 niños — todos varones, algunos de los cuales tenían apenas 11 años de edad — fueron reclutados y utilizados, en la mayor parte de los casos, en el curso del primer semestre de 2013, por el MUJAO y el MNLA, y fueron asignados a puestos de control o prestaron servicios de apoyo durante los combates. El Informe del Secretario General indica asimismo que el 7 de febrero de 2013, los ministros interesados firmaron una circular interministerial en la que se comprometieron a poner fin al reclutamiento de niños, a prevenir esta práctica y a adoptar las disposiciones necesarias para asegurar su reintegración. El 7 de agosto de 2013, el Gobierno de Malí aceptó el mecanismo de verificación conjunto propuesto por la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), para proceder a un examen, físico y administrativo al mismo tiempo, de los elementos de las fuerzas armadas y de seguridad de Malí. La Comisión expresa su profunda preocupación ante el hecho de que los niños sean alistados por la fuerza en grupos armados y de que esta práctica conduzca a graves violaciones de los derechos de los niños, violencias sexuales y daños a su salud y seguridad. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que tenga a bien intensificar sus esfuerzos y adoptar medidas inmediatas y eficaces para detener, en la práctica, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños menores de 18 años de edad por parte de todos los grupos armados y para dar inicio al proceso de desarme, desmovilización y reinserción completa de todos los niños. Solicita asimismo al Gobierno que se sirva adoptar las medidas necesarias para velar por que se persiga y sancione a las personas que reclutan por la fuerza a niños menores de 18 años de edad con fines de utilizarlos en conflictos armados.

Artículo 3, apartado d), y artículo 7, párrafo 2. Trabajos peligrosos y medidas eficaces adoptadas en un plazo determinado. Niños que trabajan en el lavado de oro tradicional. Siguiendo sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la observación de la CSI, según la cual la explotación de los yacimientos de oro emplea de 20 000 a 40 000 niños, algunos de los cuales no tienen siquiera 5 años de edad. Los niños extraen mineral de las galerías subterráneas y proceden a la amalgama del oro con el mercurio. En el marco de estas operaciones, los niños están expuestos a condiciones insalubres y peligrosas que tienen una grave incidencia en su salud y seguridad. Muchos sufren dolores de cabeza, dolores en el cuello, en los brazos o en la espalda; los niños son heridos por los desprendimientos o por las herramientas; y están expuestos al riesgo de lesiones corporales graves cuando trabajan en estructuras inestables que pueden derrumbarse en cualquier momento.

La Comisión toma nota de que, con fecha 30 de noviembre de 2012, el proyecto de la OIT/IPEC de prevención y de eliminación del trabajo infantil en África Occidental (proyecto AECID), permitió prevenir la ocupación o retirar a 1 083 niños (648 niños y 435 niñas) de las peores formas de trabajo infantil en el sector del lavado de oro tradicional, a través de los servicios de educación y de formación profesional. La Comisión toma nota asimismo de que la aplicación del proyecto OIT/IPEC titulado «Combatir el trabajo infantil mediante la educación en 11 países» (proyecto TACKLE), permitió prevenir o retirar a 1 546 niños (871 niñas y 675 niños) de las peores formas de trabajo infantil en el sector del lavado de oro tradicional en las aldeas de Baroya, Sékonamata, Sinsoko y Diaoulafoundouba, a través de los servicios educativos. Sin embargo, la Comisión toma nota de que estos proyectos están a punto de finalizarse.

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de estos proyectos, la Comisión expresa su profunda preocupación ante el número considerable de niños, algunos de los cuales no tienen cinco años, que trabajan en condiciones peligrosas en el lavado de oro tradicional en Malí. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que redoble sus esfuerzos y adopte medidas eficaces en un plazo determinado, en el marco del PANETEM o de otro modo, con el fin de librar a los niños de las peores formas de trabajo en el lavado de oro tradicional, e integrarlos y readaptarlos socialmente. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre los progresos realizados y los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mauritania

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 2001)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la comunicación de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), de 22 de agosto de 2011, así como de la memoria del Gobierno.

Artículo 1. Política nacional y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las indicaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), según las cuales el Ministerio de Trabajo autoriza, sin excepción, el trabajo de los niños de 13 años de edad, tanto en el sector agrícola como en el no agrícola. La Comisión tomó nota de que, según el estudio realizado por el Gobierno en 2004 y titulado «El trabajo infantil en Mauritania», en colaboración con UNICEF, aproximadamente 90 000 niños menores de 14 años trabajaban en el país, es decir, se ha producido un aumento de aproximadamente un tercio en cuatro años. La Comisión destacó que la pobreza está en el origen del trabajo infantil.

La Comisión tomó nota de los alegatos de la CGTM, según los cuales, a pesar de esta situación preocupante, el Gobierno no realiza ninguna política coherente y concertada para ponerle remedio. Existe un departamento específico vinculado con la infancia, pero los programas que se desarrollaron al respecto no conciernen a la problemática del trabajo infantil. Más aún, las organizaciones sindicales no están asociadas a esos programas.

La Comisión expresó su profunda preocupación ante la situación de los niños pequeños que trabajan en gran número, por necesidad personal, en Mauritania. En consecuencia, solicita encarecidamente al Gobierno que adopte medidas a corto y a medio plazo para mejorar progresivamente esta situación, especialmente mediante la adopción de una política nacional dirigida a garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil, en colaboración con las asociaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, y que comunique informaciones al respecto. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre la manera en que se aplica el Convenio en la práctica, aportando, por ejemplo, datos estadísticos desglosados por sexo y por franja de edad, sobre la naturaleza, la extensión y la evolución del trabajo que los niños y los adolescentes realizan por debajo de la edad mínima especificada por el Gobierno en el momento de la ratificación, y extractos de los informes de los servicios de inspección.

Artículo 2, párrafo 3. Escolaridad obligatoria. La Comisión tomó nota anteriormente de las informaciones del Gobierno, según las cuales uno de los métodos para garantizar la abolición del trabajo infantil, fue la adopción de la Ley núm. 2001-054, de 19 de julio de 2001, sobre la Obligación de la Enseñanza Fundamental para los Niños de los dos Sexos de 6 a 14 años cumplidos por una duración de la escolaridad al menos igual a seis años. Tomó nota asimismo de que los padres estarán en adelante obligados, so pena de sanciones penales, a enviar a la escuela a sus hijos de 6 a 14 años.

La Comisión tomó nota de los alegatos de la CGTM, según los cuales el hecho de que miles de niños abandonen la escuela constituye un fenómeno que favorece ampliamente el trabajo infantil en Mauritania y los niños son a menudo obligados a abandonar la escuela para someterse a la voluntad de sus padres.

La Comisión tomó nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales éste no realiza ningún esfuerzo para mejorar el sistema educativo. Al respecto, el Gobierno indicó que se prevé organizar próximamente los estados generales de la educación. Además, el Gobierno indicó que reforzó la capacidad de los servicios de inspección del trabajo y que en adelante dispondrá de recursos humanos suficientes para luchar eficazmente contra el trabajo infantil. Se creó asimismo, en 2010, una nueva Inspección del Trabajo, que contribuirá a reducir el trabajo infantil y facilitará su inserción en el tejido económico y social, mediante la formación y el aprendizaje en los sectores formal e informal.

Si bien toma nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno, la Comisión señaló que, según las estadísticas de 2009 de UNICEF, el 79 por ciento de las niñas y el 74 por ciento de los niños asisten a la escuela primaria, mientras que solamente el 15 por ciento de las niñas y el 17 por ciento de los niños asisten a la escuela secundaria. La Comisión expresa nuevamente su preocupación ante la persistencia de las débiles tasas de asistencia a la escuela, sobre todo a nivel de secundaria. Considerando que la enseñanza obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien redoblar sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo, especialmente aumentando la tasa de inscripción escolar en secundaria, en particular en el caso de las niñas. Al respecto, solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre los progresos realizados en la organización de los estados generales de la educación, así como sobre su impacto en la mejora del sistema educativo. Además, solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el número de niños que trabajan por debajo de la edad mínima de admisión al trabajo, identificados por los servicios de inspección del trabajo e insertados en el sistema escolar o en el aprendizaje o la formación profesional, en la medida en que se respeten las exigencias de las edades mínimas.

Artículo 3, párrafo 3. Admisión en trabajos peligrosos desde la edad de 16 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 1 del decreto núm. 239, de 17 de septiembre de 1954 (decreto núm. 239), en su forma enmendada por el decreto núm. 10300, de 2 de junio de 1965, relativo al trabajo infantil (decreto sobre el trabajo infantil), dispone sin ambigüedades «que se prohíbe emplear a niños de uno u otro sexo de edades menores de 18 años en trabajos que sean superiores a sus fuerzas, que ocasionen peligros o que, por su naturaleza o por las condiciones en las que se realizan, sean susceptibles de ofender su moralidad». Sin embargo, la Comisión señaló que esta disposición establece la prohibición general de emplear a niños menores de 18 años en trabajos peligrosos, mientras que algunas disposiciones, tales como las de los artículos 15, 21, 24, 25, 26, 27 y 32 del decreto núm. 239 y el artículo 1 del decreto núm. R-030, de 26 de mayo de 1992 (decreto núm. R-030), contienen excepciones a esta prohibición en el caso de los niños de 16 a 18 años de edad. La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar que la realización de trabajos peligrosos por parte de los adolescentes de 16 a 18 años, sólo se autorice bajo condiciones estrictas de protección y de formación previas, de conformidad con las disposiciones del artículo 3, párrafo 3.

La Comisión tomó nota del alegato de la CGTM, según el cual los niños están sometidos a explotación en trabajos peligrosos en las grandes ciudades, como aprendices, en los autobuses de transporte, como repartidores de grandes cantidades de mercancías y como mecánicos.

La Comisión tomó nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales los inspectores y controladores del trabajo velan estrictamente por el respeto de las disposiciones de los decretos en consideración. El Gobierno también indicó que, en caso de necesidad, se adoptan medidas para asegurar que la realización de trabajos peligrosos por parte de los adolescentes de 16 a 18 años sólo se autorice con la condición de que se garanticen plenamente su salud, seguridad y moralidad, y que reciban, en la rama de actividad correspondiente, una instrucción específica y adecuada o una formación profesional. Si bien toma nota de las informaciones del Gobierno, la Comisión comprueba que la legislación nacional sigue sin prever que las condiciones previstas en el artículo 3, párrafo 3, del Convenio, sean una condición previa para la autorización de realizar trabajos peligrosos a partir de los 16 años de edad, a pesar del hecho de que parece existir al respecto un problema en la práctica. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para garantizar que los decretos núms. 239 y R-030 sean enmendados de modo de prevenir que la realización de trabajos peligrosos por los adolescentes de 16 a 18 años sólo sea autorizada cuando esté de conformidad con las disposiciones del artículo 3, párrafo 3, del Convenio.

Artículo 7, párrafo 3. Determinación de los trabajos ligeros. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en virtud del artículo 154 del Código del Trabajo que reglamenta el empleo de los niños de 12 a 14 años en trabajos ligeros, ningún niño de 12 años cumplidos y de menos de 14 años puede ser empleado sin autorización expresa del Ministro encargado del trabajo, y únicamente bajo determinadas condiciones que limitan las horas de este empleo. La Comisión recordó al Gobierno que el artículo 7, párrafo 3, dispone que, además del número de horas y de las condiciones de trabajo, la autoridad competente debe determinar las actividades en las que puede autorizarse el empleo o el trabajo ligero de los niños de 12 a 14 años. Tomó nota de las informaciones del Gobierno, según las cuales este último adoptaría las medidas necesarias para determinar las actividades en las que puede autorizarse el empleo o el trabajo ligero de niños.

La Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual se transmitirán a la Oficina, en cuanto se adopten, las disposiciones que determinarán las actividades en las que puede autorizarse el empleo o el trabajo ligero de los niños. Señalando que un número importante de niños trabaja por debajo de la edad mínima de admisión en Mauritania, la Comisión insta al Gobierno que adopte las medidas necesarias para armonizar la legislación nacional con el Convenio y reglamentar el empleo de niños en trabajos ligeros a partir de los 12 años. A tal efecto, expresa la firme esperanza de que, en un futuro cercano, la legislación nacional determine los trabajos ligeros.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión tomó nota de la comunicación de la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), de 22 de agosto de 2011, así como de la memoria del Gobierno.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a). Esclavitud o prácticas análogas. 1. Venta y trata de niños. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la Ley núm. 025/2003, de 17 de julio de 2003, sobre la Represión de la Trata de Personas. La Comisión tomó nota asimismo de que, según un informe de UNICEF titulado «La trata de personas, en particular de mujeres y de niños en África Occidental y Central», publicado en 2006, en las calles de Dakar se encuentran niños talibés originarios de países fronterizos, entre ellos Mauritania, que maestros coránicos (marabouts) llevaron a la ciudad. Siempre según el informe de UNICEF, existe asimismo una trata de niños interna, sobre todo con el fenómeno de los niños talibés salidos de las zonas rurales, que mendigan en las calles de Nouakchott. La Comisión señaló que Mauritania sería un país de origen en lo que respecta a la trata de niños con fines de explotación de su trabajo.

La Comisión una vez más expresa su preocupación por la situación de los niños víctimas de trata, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien redoblar sus esfuerzos para garantizar, en la práctica, la protección de los niños menores de 18 años contra la venta y la trata de niños con fines de explotación sexual o de su trabajo. Además, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre la aplicación de la Ley núm. 025/2003, de 17 de julio de 2003, sobre la Represión de la Trata de Personas en la práctica, comunicando especialmente estadísticas sobre el número y la naturaleza de las infracciones observadas, las encuestas realizadas, los procesamientos llevados a cabo, y las condenas y las sanciones penales aplicadas.

2. Trabajo forzoso u obligatorio. Mendicidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 42, apartado 1, de la ordenanza núm. 2005-015, sobre la protección penal del niño, dispone que el hecho de provocar o de emplear directamente a un niño en la mendicidad, está castigado con uno a seis meses de prisión y con una multa de 10 000 ouguiyas. Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, en un estudio realizado por UNICEF y titulado «Trabajo infantil en Mauritania», se indicó que, según un estudio de julio de 2003, del Consejo Nacional de la Infancia (CNE), la observación en el terreno llevó a afirmar que los niños de la calle son más bien mendigos que rinden cuentas de su actividad de mendicidad de manera cotidiana a sus marabouts.

La Comisión tomó nota de los alegatos de la CGTM, según los cuales los maestros de las escuelas religiosas obligan a los niños a ir a las calles a mendigar, exponiéndolos a la delincuencia y a riesgos peligrosos de daño a su integridad.

La Comisión señaló que, en sus observaciones finales de 17 de junio de 2009, el Comité de los Derechos del Niño expresó su inquietud ante la ausencia de protección de los niños talibés que son obligados a ejercer la mendicidad por parte de los marabouts en condiciones próximas a la esclavitud (documento CRC/C/MRT/CO/2, párrafo 73). Además, la Comisión tomó nota de que, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, de 24 de agosto de 2010, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, indica que, si bien fue informada acerca de que el Gobierno trabaja con los religiosos para poner término a esta práctica, comprobó asimismo que muchos no consideran la mendicidad como una forma de esclavitud (documento A/HRC/15/20/Add.2, párrafo 46). Dicho esto, la Ministra de Familia, Infancia y Asuntos Sociales, informó a la Relatora Especial que ella colabora con el Ministerio del Interior para tratar el problema de los niños de la calle, algunos de los cuales son talibés, en Nouakchott. Parece existir una unidad de policía especializada, formada para trabajar con los niños, y los servicios del Ministro del Interior vigilan a las madrassas para asegurarse de que los niños no sean alentados a ir a mendigar en beneficio de sus maestros religiosos (párrafo 75).

Sin embargo, la Comisión lamentó tomar nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre este punto. Tomó nota nuevamente con profunda preocupación de la «instrumentalización» de los niños con fines puramente económicos, a saber, el hecho de utilizar niños con fines de explotación de su trabajo, por parte de algunos marabouts. La Comisión recordó nuevamente al Gobierno que, en virtud del artículo 1, del Convenio, deben adoptarse medidas inmediatas y eficaces, con carácter de urgencia, para garantizar la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, y que, en virtud del artículo 7, párrafo 1, del Convenio, debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva y el respeto de las disposiciones que dan efecto al Convenio, incluso mediante el establecimiento y la aplicación de sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se lleven a término investigaciones exhaustivas y el procesamiento eficaz de los marabouts que utilizan niños menores de 18 años con fines puramente económicos, y que se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. A este respecto, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el número de niños talibés que han sido identificados por el servicio de policía especializada y por los servicios del Ministro del Interior, y le solicita que se sirva adoptar las medidas necesarias con el fin de reforzar las capacidades de los órganos encargados de la aplicación de la ley.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas adoptadas en un plazo determinado. Apartado b). Ayuda para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. Trabajo forzoso u obligatorio. Mendicidad. La Comisión toma nota de que la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud indica que el Ministro del Interior le informó que se imparte a los niños talibés una enseñanza o una formación profesional, y se les ofrece hospedaje (documento A/HRC/15/20/Add.2, párrafo 75). Sin embargo, la Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no comunica ninguna información al respecto en su memoria. Además, señala que, en sus observaciones finales de 17 de junio de 2009, el Comité de los Derechos del Niño manifiesta asimismo su preocupación por la falta de información acerca de las medidas adoptadas por Mauritania para identificar y proteger a los niños que viven o trabajan en la calle (documento CRC/C/MRT/CO/2, párrafo 73). La Comisión insta al Gobierno que tenga a bien indicar el número de niños víctimas de mendicidad librados de la calle y rehabilitados e insertados socialmente, especialmente en el Centro de protección y de integración de los niños en difícil situación o por los servicios del Ministro del Interior. Además, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar cualquier otra medida eficaz adoptada en un plazo determinado para impedir que los niños menores de 18 años pasen a ser víctimas de trabajo forzoso u obligatorio, como la mendicidad, así como para localizar a los niños talibés que son obligados a mendigar y librarlos de tales situaciones, al tiempo que se asegura su rehabilitación y su inserción social.

Apartado e). Situación particular de las niñas. Trabajo infantil doméstico. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual las niñas pequeñas que trabajan como empleadas de hogar tienen, la mayoría de las veces, una instrucción escolar limitada o ni siquiera están instruidas. Además, según los resultados de una encuesta realizada sobre las niñas en Mauritania y citadas en un estudio realizado por UNICEF titulado «Trabajo infantil en Mauritania», éstas pueden ser reclutadas desde la edad de 8 años, y el 32 por ciento de las niñas interrogadas en el curso de una encuesta, tenían menos de 12 años de edad.

La Comisión tomó nota de los alegatos de la CGTM, según los cuales los trabajos domésticos en los hogares son trabajos pesados, diarios, e intensos para los niños, que, desde muy pequeños, están sometidos a vejaciones. Además, la Confederación Sindical Internacional (CSI) indicaba, en su informe presentado en el marco del examen por el Consejo General de Organización Mundial de Comercio, de las Políticas Comerciales de Guinea y de Mauritania, el 28 y el 30 de septiembre de 2011, que muchas niñas pequeñas son forzadas para la servidumbre doméstica no remunerada y son particularmente vulnerables a la explotación. La Comisión tomó nota asimismo de que, en sus observaciones finales de 17 de junio de 2009, el Comité de los Derechos del Niño se manifiesta especialmente preocupado por la situación de las niñas que trabajan como domésticas en condiciones de explotación próximas a la esclavitud (documento CRC/C/MRT/CO/2, párrafo 75).

La Comisión lamentó tomar nota de que el Gobierno no comunica ninguna información a este respecto en su memoria. La Comisión señaló nuevamente que las niñas pequeñas, especialmente las empleadas en trabajos domésticos, son a menudo víctimas de una explotación que reviste formas muy diversas, y que es difícil controlar sus condiciones de empleo, en razón de la «clandestinidad» de este trabajo. En consecuencia, insta al Gobierno que adopte medidas para garantizar que los niños víctimas de explotación en el trabajo doméstico sean retirados de esta peor forma de trabajo y rehabilitados e insertados socialmente, especialmente a través de las actividades del Centro de protección de la infancia de El Mina y del programa piloto en Dar Naim. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre los progresos realizados a este respecto. Por último, insta al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre el desarrollo y las conclusiones de las dos investigaciones en curso en el país.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión tomó nota de que, según el informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, de 24 de agosto de 2010, los niños menores de 13 años de edad trabajan en todos los sectores de actividad en Mauritania. En el campo, los niños esclavizados cuidan en general del ganado, se ocupan de los cultivos de alimentos, realizan tareas domésticas y otras tareas importantes en apoyo de las actividades de su patrón. Los niños que viven en condiciones análogas a la esclavitud en las zonas urbanas, trabajan a menudo como domésticos (documento A/HRC/15/20/Add.2, párrafos 42 a 45). Sin embargo, la Comisión tomó nota de que, en sus observaciones finales de 17 de junio de 2009, el Comité de los Derechos del Niño se manifiesta especialmente preocupado por la ausencia de documentación general sobre la frecuencia del trabajo infantil y sobre las medidas eficaces dirigidas a proteger a los niños contra la explotación económica y las peores formas de trabajo infantil, y a permitirles ejercer su derecho a la educación (documento CRC/C/MRT/CO/2, párrafo 75). La Comisión manifiesta su preocupación por la situación de los niños ocupados en trabajos peligrosos y en condiciones análogas a la esclavitud y, en consecuencia, insta al Gobierno que tenga a bien adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar en la práctica la protección de los niños contra esta peor forma de trabajo. Además, solicita al Gobierno que se sirva comunicar estadísticas sobre la naturaleza, la extensión y las tendencias de las peores formas de trabajo infantil, en particular en lo que atañe a la venta y a la trata de niños y a los niños que mendigan en las calles. Le solicita asimismo que se sirva comunicar informaciones sobre el número y la naturaleza de las infracciones comprobadas, las investigaciones y las acciones judiciales entabladas, así como sobre las condenas y las sanciones penales dictadas. En la medida de lo posible, todas estas informaciones deberían estar desglosadas por sexo y por edad.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Níger

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1978)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de la discusión detallada que ha tenido lugar en junio de 2014, durante la 103.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, sobre la aplicación por el Níger del Convenio núm. 138.

Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Ámbito de aplicación y aplicación del Convenio en la práctica. En sus comentarios anteriores, la Comisión constató que el Código del Trabajo no se aplica a los tipos de empleo o de trabajo realizados por niños fuera de una empresa, como los trabajos efectuados por cuenta propia. Por otra parte, la Comisión tomó nota de que, en el Níger, trabajan el 50,4 por ciento de los niños entre 5 y 17 años (es decir alrededor de 1 922 637 niños). De ellos, hay 1 187 840 niños que están ocupados en trabajos peligrosos.

La Comisión toma nota de las declaraciones de los miembros trabajadores y de los miembros empleadores durante la Comisión de Aplicación de Normas, los cuales exhortaron al Gobierno a concentrar toda su atención en el tema del trabajo infantil en el Níger. En este sentido, los miembros trabajadores insistieron al Gobierno para que establezca un plan de acción, en cooperación estrecha con los interlocutores sociales, que otorgue prioridad a la abolición del trabajo infantil y en especial de los trabajos peligrosos. La Comisión de Aplicación de Normas, al tiempo que toma nota de las dificultades con las que ha tropezado el Gobierno en el control del sector informal, instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para ampliar el ámbito de aplicación del Código del Trabajo a este sector. La Comisión pidió asimismo al Gobierno que refuerce las capacidades de la inspección del trabajo en la economía informal, que amplíe el alcance de sus actividades y que garantice que se realizan inspecciones regularmente a fin de imponer las sanciones pertinentes a quienes vulneren las disposiciones del Convenio.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el trabajo infantil existe principalmente en el sector informal. Toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo del Níger, de 25 de septiembre de 2012, por la ley núm. 2012-45, pero añade que este nuevo Código del Trabajo no se extiende en su aplicación al trabajo efectuado por cuenta propia ni al trabajo de la economía informal. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que nada impide a los inspectores de trabajo intervenir en el sector de la economía informal; no obstante, estos últimos tropiezan con dificultades para detectar el trabajo infantil en este sector debido a la complejidad del fenómeno y la escasez de sus medios de acción. Por esta razón, el ministerio competente del trabajo ha dotado a todos los departamentos de inspección con un vehículo y ha aumentado sus presupuestos. El Gobierno señala que únicamente una intervención directa de los inspectores del trabajo, en colaboración con las comunidades y otros actores de la economía informal permitirá erradicar el trabajo infantil. En este sentido, el Gobierno afirma que está dispuesto a crear las condiciones para efectuar una auditoría institucional de la inspección del trabajo y proponer acciones que refuercen las capacidades de los inspectores del trabajo en el sector de la economía informal.

La Comisión toma nota además de que el Instituto Nacional de Estadística (INS), con el apoyo de socios técnicos y financieros, ha efectuado una encuesta nacional sobre el empleo y el sector informal (ENESI) en octubre-noviembre de 2012. El objetivo de esta encuesta es proporcionar información que permita calcular los indicadores pertinentes para el seguimiento de las políticas públicas en materia de empleo, iniciar la aplicación de un sistema de encuesta coherente sobre el empleo y el sector informal y reforzar las capacidades nacionales en materia de concepción, recopilación y análisis de los datos sobre el empleo y el sector informal. Este estudio se encuentra en curso de validación.

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión se ve en la necesidad de manifestar su preocupación por el número de niños que, con edades inferiores a la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo de 14 años, se ven obligados a trabajar y, a menudo, en condiciones peligrosas. La Comisión insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para luchar contra el trabajo infantil en el país y eliminarlo progresivamente, en particular, en el sector de la economía informal y especialmente elaborando y adoptando un plan de acción a estos efectos en colaboración con los interlocutores sociales y sin dejar de reforzar las capacidades de la inspección del trabajo y su formación, a fin de mejorar sus intervenciones directas en la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione los resultados de la encuesta del INS en el sector de la economía informal en su próxima memoria, así como informaciones sobre el impacto de esta encuesta en las actividades de la administración del trabajo en favor de los niños que trabajan en la economía informal en el Níger.

Artículo 2, párrafo 3. Escolaridad obligatoria. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la observación de los miembros trabajadores de la Comisión de la Conferencia, según la cual, si bien el acceso a la educación mejoró con una variación de la tasa de escolarización del 76,1 por ciento en 2011 al 79,1 por ciento en 2012, el índice de finalización de la enseñanza primaria del 55,8 por ciento en 2012 sigue siendo relativamente bajo. La Comisión observa que la Comisión de la Conferencia tomó nota con preocupación de que sigue registrándose una baja tasa de escolarización y una alta de abandono escolar en el país. Al tiempo que recalcó la importancia de una enseñanza universal y obligatoria gratuita para evitar y combatir el trabajo infantil, la Comisión de la Conferencia instó firmemente al Gobierno a que desarrolle y mejore el sistema educativo mediante la adopción, entre otras, de medidas efectivas para garantizar acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria a todos los niños con edades inferiores a la edad mínima de admisión al empleo, con objeto de impedir que los niños menores de 14 años trabajen y de reducir las tasas de abandono escolar en el país.

La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno en la que menciona, entre otras medidas, la adopción del programa sectorial de educación y formación de 2014 a 2024 (PSEF), que es un documento de estrategia de aplicación de la ley. El PSEF se basa en tres pilares estratégicos, a saber: la atención del programa para las actividades realizadas a nivel local mediante una mayor responsabilización de los equipos pedagógicos y de los comités de gestión de los establecimientos escolares; la contratación de docentes mujeres en las zonas rurales para promover la escolarización de las jóvenes; la puesta en marcha de medidas generadoras de ingresos para las madres, en particular la subvención a las actividades generadoras de ingresos que reduzcan los costos directos de oportunidad en la escolarización de sus hijas. Teniendo en cuenta que la escolaridad obligatoria es uno de los medios más eficaces de lucha contra el trabajo infantil, la Comisión insta encarecidamente al Gobierno a que persista en sus esfuerzos y a que adopte medidas que permitan aumentar la tasa de escolaridad y disminuir la tasa de abandono escolar, en particular de las niñas, a fin de impedir que los niños menores de 14 años trabajen. La Comisión solicita al Gobierno que, en su próxima memoria, suministre información sobre el impacto del PSEF en esta materia así como sobre los resultados obtenidos.

Artículo 3, párrafo 3. Autorización para emplear niños en trabajos peligrosos a partir de los 16 años. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que, en el caso de determinados tipos de trabajo peligrosos, el decreto núm. 67-126/MFP/T, de 7 septiembre de 1967, autoriza el empleo de los niños mayores de 16 años. Asimismo, tomó nota de que se habían creado comités de seguridad y salud en el trabajo (CSST) en las empresas y que se encargan de la sensibilización y formación del personal en materia de seguridad. La Comisión solicitó al Gobierno que comunicara información sobre los métodos de actuación de los CSST para que el trabajo efectuado por los adolescentes no resulte perjudicial para su propia seguridad y salud.

La Comisión toma nota de que la Comisión de Aplicación de Normas manifestó su preocupación por el hecho de que el Gobierno señala que los CSST detectan en pocas ocasiones trabajo infantil en el curso de sus actividades. La Comisión de la Conferencia alentó firmemente al Gobierno a que se cerciore de que estos comités de salud realicen actividades de sensibilización y de capacitación con objeto de que las condiciones de trabajo de los jóvenes no perjudiquen su salud, seguridad o bienestar.

La Comisión toma nota con preocupación de que el Gobierno señala que no se ha registrado ningún informe de la inspección del trabajo en el que se consigne una infracción en lo que respecta al trabajo de los jóvenes. El Gobierno señala que esto se explica en parte por el hecho de que el trabajo infantil existe principalmente en el sector informal. La Comisión toma nota que el representante gubernamental señaló, en la Comisión de la Conferencia, que no es frecuente detectar niños trabajadores porque los CSST no están presentes en las empresas de más de 50 asalariados. Sin embargo, el Gobierno señala que mediante el decreto núm. 365/MFT/T/DSST, de 16 de marzo de 2012, que creó una instancia de coordinación nacional de los CSST, que ha realizado varias actividades relativas a la formación de los miembros de estos comités, la participación en las actividades del mes de la prevención de los riesgos profesionales, el fortalecimiento de la capacidad de los miembros, la organización de visitas de empresas en colaboración con la inspección del trabajo, y la elaboración y adopción de un plan de acción de tres años (2013-2015). La Comisión solicita al Gobierno que redoble sus esfuerzos para asegurarse de que los CSST en las empresas velan para que las condiciones de empleo de los adolescentes de 16 a 18 años no representen una amenaza para la salud y la seguridad de éstos, de conformidad con el artículo 3, párrafo 3, del Convenio. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que transmita información sobre las medidas adoptadas en lo que respecta a la protección de la salud y la seguridad de los jóvenes que realizan trabajos peligrosos autorizados por el decreto núm. 67-126/MFP/T, de 7 de septiembre de 1967, en las empresas de menos de 50 asalariados, y en las cuales no se hayan organizado los CSST.

Al tiempo que toma nota de las dificultades a las que hace frente el Gobierno, la Comisión pide a la Oficina que le preste la asistencia técnica a este respecto.

Paraguay

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79) (ratificación: 1966)

Artículo 3 del Convenio. Período en el cual se prohíbe trabajar de noche. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que modificara las disposiciones del artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe el trabajo nocturno de los niños de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, durante un período de diez horas que abarcan el intervalo que se extiende entre las 20 horas y las 6 horas, con el fin de armonizarlo con el Convenio y con el artículo 2 del decreto núm. 4951, de 22 de marzo de 2005, que considera el trabajo nocturno realizado entre las 19 horas y las 7 horas, es decir, un período de doce horas, como un trabajo peligroso prohibido a los niños menores de 18 años.

En su memoria, el Gobierno indica que la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia dirigió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) una solicitud formal para que se realicen las diligencias necesarias para adoptar la modificación del artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta Secretaría manifestó su disposición a emprender las acciones necesarias, conjuntamente con el MTESS, a tal fin. Además, la Comisión toma nota de que, durante la misión de asistencia técnica de la Oficina que tuvo lugar en Paraguay, en septiembre de 2014, se suscribió un Memorando de Entendimiento tripartito entre los mandantes tripartitos y la Oficina, en virtud del cual el Consejo consultivo tripartito del MTESS colaborará con la OIT para examinar y, cuando proceda, llevar al Congreso las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la conformidad de la legislación con los convenios ratificados de la OIT. En ese contexto, la Comisión confía en que el Gobierno pueda informar, en su próxima memoria, de la adopción de un texto sobre la modificación del artículo 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia, de tal modo que se prohíba el trabajo nocturno de los niños durante un período de doce horas.

Suriname

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2006)

Artículos 3, d), y 6 del Convenio. Trabajos peligrosos y programas de acción para eliminar las peores formas de trabajo infantil. Trabajo en la economía informal. La Comisión recuerda la indicación del Gobierno, que ha venido reiterando desde su primera memoria sobre la aplicación en 2008, según la cual la Comisión Nacional sobre la Eliminación del Trabajo Infantil (NCECL), conformará un plan de acción nacional para eliminar las peores formas de trabajo infantil. La Comisión toma nota de la última declaración del Gobierno, según la cual este plan nacional, una vez finalizado, incluirá el trabajo infantil en el sector informal. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno, comunicada en su memoria de 2013, en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), según la cual el Consejo Consultivo del Trabajo, de carácter tripartito, aprobó una revisión del decreto sobre la inspección del trabajo.

Al tiempo que toma nota de los esfuerzos en curso del Gobierno, la Comisión toma nota de la creciente prevalencia del trabajo infantil en el sector informal, en particular en el sector de la minería de oro a pequeña escala. A este respecto, la Comisión señala a la atención del Gobierno los párrafos 550-552 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos en el trabajo, que destaca varias medidas que pueden adoptarse para garantizar la protección de los niños que trabajan en la economía informal de los trabajos peligrosos, incluida, por ejemplo, la posibilidad de asignar poderes especiales a los inspectores del trabajo respecto de los niños que están ocupados en esa actividad económica. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas concretas para aplicar el plan de acción nacional de la NCECL para eliminar las peores formas de trabajo infantil — que la Comisión espera se incluya el trabajo infantil en el sector informal — y le solicita que comunique, en su próxima memoria, información detallada sobre todo progreso realizado. La Comisión también invita al Gobierno a que, en el proceso de revisión del decreto sobre la inspección del trabajo, tome en consideración la posibilidad de autorizar a los inspectores del trabajo a que inspeccionen y supervisen las condiciones laborales de los niños que trabajan en el sector informal. Además, tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual la NCECL dirigirá, en su segundo mandato, una propuesta de ratificación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), la Comisión solicita al Gobierno que comunique información actualizada sobre toda decisión adoptada a este respecto.

Artículo 4, 1). Determinación de los trabajos peligrosos. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información del Gobierno sobre la formulación por el grupo de trabajo preparatorio de la Comisión Nacional sobre el Trabajo Infantil, de una lista de los tipos de trabajo peligrosos prohibidos a los niños menores de 18 años de edad.

La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción del decreto estatal sobre los trabajos peligrosos de los jóvenes (S.B. núm. 175, de 2010). La Comisión observa que las categorías de trabajos peligrosos establecidas en el decreto, incluyen, entre otras cosas, las actividades que implican una alta probabilidad de lesiones (por ejemplo, trabajar con estructuras que pueden desplomarse, trabajar cerca de determinadas instalaciones eléctricas, manejar grúas u otros montacargas accionados por motor); riesgos biológicos (actividades que impliquen el riesgo de exposición a animales enfermos, insectos, plantas venenosas, bacterias y virus, parásitos y hongos); riesgos químicos (trabajar con sustancias químicamente riesgosas que pueden implicar riesgos de seguridad y salud, como, por ejemplo, sustancias tóxicas o cancerígenas), riesgos ergonómicos (actividades en las que el lugar de trabajo, el medio ambiente u otras condiciones, no sean compatibles con la situación de los jóvenes, como, por ejemplo, trabajar durante largos periodos de tiempo en puestos de trabajo desfavorables, o levantar o llevar con frecuencia cargas pesadas); riesgos físicos (actividades con una exposición riesgosa a temperaturas extremas, ruidos, vibraciones y radiaciones); riesgos psicosociales (por ejemplo, sacrificio de animales, algunos trabajos relacionados con las máquinas, trabajos en locales nocturnos). La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica del decreto estatal sobre los trabajos peligrosos para los jóvenes (S.B. núm. 175, de 2010), incluidas las estadísticas desglosadas sobre el número y la naturaleza de las violaciones registradas, las investigaciones y las sanciones impuestas en virtud de las disposiciones pertinentes del Código del Trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Tailandia

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. La Comisión solicitó anteriormente una copia del artículo 287 del Código Penal. A este respecto, la Comisión tomó nota de que el artículo 287 del Código Penal prohíbe, entre otras cosas, producir o realizar cualquier documento, dibujo, impresión, cuadro, fotografía, película o grabación que sea «obsceno». Sin embargo, la Comisión tomó nota de la información que contiene un documento titulado «UNICEF insta al Gobierno a adoptar medidas rápidas sobre la pornografía infantil, de 11 de octubre de 2010, disponible en el sitio web de UNICEF», respecto a que en el país se distribuyen y venden vídeos de temática sexual en los que aparecen niños. En este documento, UNICEF instó a las autoridades tailandesas a aplicar «todo el peso de la ley» sobre los que producen, distribuyen o venden vídeos o cualquier otro material relacionado con la explotación sexual de niños, e instó al Gobierno a investigar dónde y cómo se producen estos vídeos. Sin embargo, aunque tomó nota de que la producción de pornografía infantil parece estar prohibida por la ley, la Comisión señaló con preocupación de que esta peor forma de trabajo infantil continúa siendo un problema en la práctica. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que, en la práctica, se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y se realicen procesamientos rigurosos de las personas que utilizan, reclutan u ofrecen a menores de 18 años para la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre si la participación de niños en actuaciones pornográficas no grabadas (tales como actuaciones en vivo) está prohibida por la ley.

Apartado c). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular, la producción y el tráfico de estupefacientes. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que aunque la producción, importación, exportación, posesión o consumo de narcóticos está prohibida en virtud de la Ley sobre Narcóticos de 1979, la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores de 18 años con este fin no parece estar prohibida. Asimismo, observó que con arreglo a la evaluación rápida realizada por la OIT/IPEC en 2002, niños de sólo 10 años de edad participan en el tráfico de drogas, y la mayoría de los niños que participan en esta actividad tienen entre 12 y 16 años y suelen comprar o vender drogas.

La Comisión tomó nota de que el Gobierno ha señalado sobre este punto que estaba compilando información de los organismos pertinentes a este respecto. La Comisión recordó al Gobierno que en virtud del artículo 3, c), del Convenio, la participación de menores de 18 años en la realización de actividades ilícitas constituye una de las peores formas de trabajo infantil, y que en virtud del artículo 1 del Convenio los Estados Miembros que ratifiquen este Convenio deberán adoptar medidas «inmediatas» para prohibir estas peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia. Al observar que Tailandia ratificó el Convenio en 2001, y que la utilización de niños para la producción y tráfico de drogas parece ser un problema en la práctica, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas inmediatas para prohibir explícitamente en la legislación con carácter de urgencia la utilización de niños en actividades ilícitas.

Artículo 5. Mecanismos de vigilancia. Trata. La Comisión tomó nota de que la policía real Thai estaba organizando una unidad específica responsable de la lucha contra la trata de niños y de mujeres (División de supresión de delitos contra niños, jóvenes y mujeres) y solicitó información sobre las medidas adoptadas por esta división en relación con la lucha contra la trata de niños.

La Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que la División de supresión de delitos contra niños, jóvenes y mujeres ha formado equipos para la investigación de determinadas personas y lugares que se sospecha que tienen vínculos con la trata de seres humanos y la utilización de trabajo infantil. Ha destinado a funcionarios de policía (a nivel de subcomandante y comandante) para controlar y acelerar la investigación de los casos de trata de seres humanos, mientras coordina esta labor con la de otros organismos pertinentes. El Gobierno indicó que la División de supresión de delitos contra niños, jóvenes y mujeres ha formado equipos de campaña para llevar a cabo actividades de sensibilización en comunidades, pueblos y fábricas y ha iniciado una campaña contra la trata de seres humanos, junto con otros organismos gubernamentales y organizaciones del sector privado. Además, la Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que está llevando a cabo una campaña de sensibilización para los funcionarios a fin de mejorar su comprensión del fenómeno y garantizar la eficacia de sus esfuerzos de lucha contra la trata. Además, la Comisión tomó nota de la información que contiene el informe de progreso técnico de la OIT/IPEC sobre la segunda fase del proyecto de la OIT/IPEC de lucha contra la trata de niños y mujeres en la subregión del Mekong (proyecto TICSA II), de 30 de enero de 2008, respecto a que se han elaborado directrices operativas sobre la identificación de víctimas de trata en casos de trabajo, como una colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana y el Ministerio de Trabajo para dar una respuesta coordinada a los casos de trata con fines de explotación laboral. El informe de progreso técnico de la OIT/IPEC para el proyecto de apoyo a las medidas nacionales para combatir el trabajo infantil y sus peores formas en Tailandia, de 10 de septiembre de 2010 (OIT/IPEC TPR 2010) indica que en 2009 se proporcionó formación a los inspectores del trabajo y otras partes interesadas fundamentales sobre estas directrices operativas. Sin embargo, la Comisión tomó nota de la información que contiene el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) titulado «Informe mundial sobre la trata de personas» de 2009 (Informe de la ONUDD) respecto a que la amplia mayoría de las víctimas extranjeras de trata identificadas entre octubre de 2006 y diciembre de 2007 eran menores (el 76 por ciento de las víctimas de trata) y que Tailandia sigue siendo un país de origen de las víctimas de trata. Por consiguiente, la Comisión insta encarecidamente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para reforzar la capacidad de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley en materia de control de la trata de niños, incluidos los de la División de supresión de delitos contra niños, jóvenes y mujeres, y los funcionarios encargados del control de las fronteras, a fin de garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Lucha contra la Trata de Personas. La Comisión solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

Artículo 6. Programas de acción para erradicar las peores formas de trabajo infantil. 1. El proyecto OIT/IPEC TICSA y el Plan nacional sobre la prevención y resolución de la trata trasfronteriza de niños y mujeres para que trabajen en el servicio doméstico (PNA sobre la trata de niños y mujeres 2003-2007). La Comisión tomó nota anteriormente del inicio del proyecto TICSA en 2000 y de que en el marco del proyecto TICSA II, el Comité nacional de lucha contra la trata de niños y mujeres puso en práctica un Plan nacional de acción (PNA) sobre la trata de niños y mujeres 2003-2007. Solicitó información sobre el impacto concreto de las medidas adoptadas a través de estas iniciativas.

La Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno en relación a que la aplicación del proyecto TICSA II dio como resultado intervenciones en Phayao, Chiang Mai, Chiang Rai, Mukdaharn y Bangkok. El Gobierno indica que el Centro de coordinación de Chiang Mai para la protección de niños y derechos de las mujeres (Centro de coordinación de Chiang Mai) (en virtud del MSDHS), creó una base de datos sobre personas que corren el riesgo de ser víctimas de trata, así como sobre los lugares de destino de las personas vulnerables, y que esta información ha sido utilizada por las agencias asociadas a la implementación de iniciativas. El Gobierno indicó que 306 vigilantes comunitarios voluntarios recibieron formación en 124 pueblos de la provincia de Phayao y que se hicieron esfuerzos para incluir la sensibilización sobre la trata en un programa de escuela secundaria. A este respecto, la Comisión tomó nota de la información de la OIT/IPEC respecto a que en el contexto del proyecto TICSA II, los programas de acción implementados incluyen: un proyecto de desarrollo integrado de las tribus de las montañas para la prevención de la trata de niños y mujeres (fase II); un programa para la prevención de la trata, de niños y mujeres en la provincia de Chiang Rai; el reforzamiento de las capacidades en la escuela de Ban Mae Chan para iniciar un programa de prevención sobre la trata y un proyecto sobre la trata de niños y mujeres con fines de trabajo forzoso y explotación sexual en Chiang Mai. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que combatir la trata de personas es una prioridad para el Gobierno, y las políticas específicas anunciadas a este respecto incluyen la creación de capacidades, el intercambio de información entre países y las campañas de sensibilización. Al observar que el PNA sobre trata de niños y mujeres 2003-2007 finalizó en 2007 y que el proyecto TICSA II concluyó en 2008, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se realizan amplios esfuerzos nacionales para combatir la venta y trata de personas de menos de 18 años. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre todos los planes nacionales de acción en curso o previstos para hacer frente a este fenómeno, y sobre la implementación de esos programas.

2. Explotación sexual comercial de niños. La Comisión había tomado nota de que la Oficina de la Comisión Nacional de Asuntos de la Mujer estimó que el número de prostitutas menores de 18 años de edad se situaba entre 22 500 y 40 000 (es decir, entre el 15 y el 20 por ciento del número total de prostitutas del país), y que estas estimaciones no incluían a las niñas extranjeras. Además, la Comisión tomó nota de que el Plan nacional de acción sobre erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2004-2009) incluía iniciativas para abordar la prostitución infantil, y solicitó información sobre las medidas concretas adoptadas a este respecto.

La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que está recopilando información de los organismos pertinentes acerca de este punto. Asimismo, toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno sobre la adopción en 2008 de un Plan nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2009-2014). La Comisión observó que aunque la explotación comercial sexual de personas de menos de 18 años está prohibida por la ley, sigue siendo una cuestión preocupante en la práctica. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a adoptar amplias medidas, incluso en el marco del Plan nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2009-2014), para combatir esta peor forma de trabajo infantil. Solicita al Gobierno que transmita información sobre los resultados concretos alcanzados en la lucha contra la explotación comercial sexual de niños.

Artículo 7, párrafo 1, y parte V del formulario de memoria. Sanciones y aplicación del Convenio en la práctica. 1. Trata. La Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que la División de supresión de delitos contra niños, jóvenes y mujeres se ocupa de la recopilación y gestión de los datos básicos. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que las entrevistas realizadas por la policía para determinar si hay niños extranjeros víctimas de trata han puesto de manifiesto que se sospecha que 112 niños son víctimas de esta peor forma de trabajo infantil. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la trata de niños sigue siendo un fenómeno mucho más amplio, y señala la información que contiene el informe de la ONUDD respecto a que entre octubre de 2006 y diciembre de 2007, se detectaron 416 niños víctimas de trata. Además, la Comisión tomó nota de la falta de información sobre una serie de personas investigadas y procesadas como resultado de la identificación de niños víctimas de trata. La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que se realizan investigaciones detalladas y se llevan a cabo procedimientos firmes de las personas que trafican con niños con fines de explotación laboral o sexual. Solicita al Gobierno que transmita información sobre el número de infracciones, investigaciones, procedimientos, condenas y sanciones penales a este respecto de los que se ha informado, así como cualquier información adicional de la División de supresión de delitos contra niños, jóvenes y mujeres acerca de la prevalencia de la trata de niños. En la medida de lo posible, toda la información comunicada debería ser desglosada por sexo y edad.

2. Explotación sexual comercial. La Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno procedente de la División de supresión de delitos contra niños, jóvenes y mujeres respecto a que en 2006 se informó de la existencia de dos niños víctimas de explotación sexual comercial y de dos infractores. Asimismo, el Gobierno indicó que en 2007 no se informó sobre la existencia de víctimas o infractores, y que en 2008, se registraron 23 niños víctimas y 16 infractores. La Comisión observó la falta de información sobre las sanciones aplicadas a esos infractores, y también que las cifras facilitadas parecen representar sólo una fracción del número de niños víctimas de la prostitución (con estimaciones anteriores del Gobierno que indicaban la existencia de decenas de miles de personas de menos de 18 años víctimas de esta peor forma de trabajo infantil). A este respecto, la Comisión tomó nota de la información que contiene el Informe de progreso técnico de la OIT/IPEC de 2010 respecto a que, en el marco del proyecto de la OIT «Apoyo a las medidas nacionales para combatir el trabajo infantil y sus peores formas en Tailandia» se ha realizado un estudio (en la Universidad de Khon Kaen) sobre la explotación comercial sexual de niños en tres provincias del noreste de Tailandia: Nong Khai, Udon Thani y Khon Kaen (que son zonas de donde provienen muchas niñas y mujeres que se dedican a la prostitución en Tailandia). La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información acerca del estudio realizado sobre la explotación comercial sexual de niños en Nong Khai, Udon Thani y Khon Kaen. Asimismo, insta encarecidamente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para garantizar que las personas que se dedican a la utilización, reclutamiento u oferta de personas de menos de 18 años con fines de explotación comercial sexual son procesadas y se les imponen en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. A este respecto, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre el número de infracciones de las que se informa, investigaciones llevadas a cabo, procedimientos realizados, condenas impuestas y sanciones penales aplicadas en lo que respecta a la explotación comercial sexual de personas de menos de 18 años.

Artículo 7, párrafo 2. Medidas efectivas en un plazo determinado. Apartado b). Prestar asistencia directa necesaria y adecuada para liberar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños víctimas de trata. 1. Servicios para los niños víctimas de trata. La Comisión había tomado nota de diversas medidas adoptadas por el MSDHS para ayudar a los niños víctimas de trata, y señaló que 3 062 víctimas extranjeras de trata habían recibido protección en refugios de Tailandia y habían sido repatriadas a sus países de origen.

La Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que las políticas específicas para combatir la trata anunciadas incluyen medidas para proteger a las víctimas, tales como proporcionar asistencia a las personas que corren el riesgo de ser víctimas de trata, el establecimiento de un fondo para ayudar a las víctimas de trata y campañas para eliminar las actitudes discriminatorias contra las víctimas de trata a fin de facilitar su reintegración en las comunidades. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señaló que se ha establecido el Centro de desarrollo ocupacional y de protección Baan Kred Trakarn, y que se creó un centro de aprendizaje como parte de su asistencia holística a las víctimas de trata. Los servicios que se proporcionan a las mujeres y niños víctimas de trata a través de estos centros incluyen la cobertura de las necesidades básicas, educación, formación profesional y asistencia para la recuperación psicológica. El Gobierno también indicó que los cuatro centros de desarrollo y protección de Ranong, Pratumthani, Songhkla y Chaing Rai proporcionan servicios de asistencia, protección y rehabilitación a las víctimas. Además, el Gobierno indicó que la División de supresión de delitos contra niños, jóvenes y mujeres coordina sus actividades con organismos que participan en la rehabilitación y repatriación de víctimas de trata. Por último, la Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que la política nacional y el Plan para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil (2009-2014) incluyen medidas para reintegrar a los niños en la sociedad preparando a sus familias y comunidades para su regreso, para repatriar a los niños de una forma que corresponda a sus necesidades y seguridad, y para hacer un seguimiento de su reintegración, tras la rehabilitación. La Comisión toma debida nota de las medidas aplicadas por el Gobierno, y le pide que continúe sus esfuerzos para proporcionar asistencia directa a los niños víctimas de trata, con miras a garantizar que las víctimas de trata de menos de 18 años reciben servicios apropiados para su rehabilitación y reintegración social con la participación de niños.

2. Medidas dirigidas a asegurar una indemnización a las víctimas de trata. La Comisión tomó nota de que el Gobierno había adoptado medidas encaminadas a garantizar que se hacía justicia con las víctimas de trata, incluidos los niños, y éstas recibían indemnizaciones. Tomó nota de que la Ley sobre Prevención y Supresión de la Trata de Seres Humanos prevé la posibilidad de que las víctimas de trata reciban una indemnización de los infractores y la aportación de unos fondos que asciendan a 500 millones de baht para su rehabilitación, formación profesional y desarrollo. Asimismo, el Gobierno indicó que la Ley sobre los Acusados, BE 2544 (2001), establece que los niños que son engañados para hacerlos víctima de trata, prostitución o trabajo forzoso, recibirán una indemnización.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que está recopilando información de organismos pertinentes a este respecto. Por consiguiente, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que indique, en su próxima memoria, el número de niños que habían sido víctimas de trata y que han recibido indemnizaciones, ya sea de los infractores o a través de fondos establecidos por el Gobierno con arreglo a la Ley de los Acusados, BE 2544 (2001) o la Ley sobre Prevención y Supresión de la Trata de Seres Humanos.

Artículo 8. Cooperación y asistencia internacionales. Cooperación regional y acuerdos bilaterales. La Comisión había tomado nota de diversas medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la trata a escala regional, incluidas las reuniones de la Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong contra la Trata (COMMIT). La Comisión solicita información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre las medidas concretas adoptadas en virtud de los Memorandos de Entendimiento sobre cooperación bilateral para la eliminación de la trata de niños entre Estados.

La Comisión tomó nota de que en su memoria el Gobierno señala que, en virtud del Memorando de Entendimiento de la Iniciativa Ministerial Coordinada del Mekong contra la Trata, firmado en 2004 y siguiendo la revisión del primer Plan subregional de acción (2005-2007), los países miembros han apoyado el Plan subregional de acción para 2008-2010. Este plan subregional de acción se centra en varias áreas particulares, incluida la formación y la creación de capacidades, las asociaciones multisectoriales y bilaterales, el reforzamiento de los marcos legales, la aplicación de la ley, la identificación de víctimas, la protección y reintegración, y la cooperación con el sector turístico. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que éste firmó, el 24 de marzo de 2008, un acuerdo con el Gobierno de Viet Nam sobre cooperación bilateral para eliminar la trata de personas y que con arreglo a este acuerdo, los dos gobiernos desarrollaron un Plan de acción para 2008-2009. Además, la Comisión tomó nota de que, en virtud del Memorando de Entendimiento para combatir la trata de seres humanos con los Gobiernos de Camboya (firmado en 2003) y Laos (firmado en 2005), se han elaborado proyectos de cooperación y se han implementado algunas medidas, incluido la organización de un taller sobre trata destinado a los funcionarios que ejercen sus funciones en la frontera entre Laos y Tailandia. Asimismo, el Gobierno indicó que está en proceso de concluir Memorandos de Entendimiento bilaterales similares con los Gobiernos de Myanmar, China y Japón. El Gobierno también indicó que en el marco del proyecto TICSA II, se proporcionó asistencia técnica y apoyo para combatir la trata, todo ello en relación con los Memorandos de Entendimiento entre Tailandia y sus países vecinos. Al tomar nota de que la trata transfronteriza sigue siendo una cuestión preocupante en la práctica, la Comisión insta al Gobierno a continuar sus esfuerzos de cooperación internacional en relación con la lucha contra la trata de personas de menos de 18 años. Solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas concretas implementadas a este respecto, y sobre los resultados alcanzados.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Turquía

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de la observación de la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-İŞ) de 2 de enero de 2014.

Artículo 1 del Convenio. Política nacional establecida para garantizar la abolición efectiva del trabajo infantil y la aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que la TÜRK-İŞ indica que en Turquía el trabajo infantil se realiza en el sector informal urbano, en el servicio doméstico y los trabajos agrícolas estacionales.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado un proyecto de activación de las fuentes locales para prevenir el trabajo infantil, destinado a los niños que realizan trabajos peligrosos en pequeñas y medianas empresas, en la calle y en trabajos agrícolas estacionales. Asimismo, el Gobierno indica que las unidades de control del trabajo infantil de cinco provincias piloto han realizado estudios para establecer un sistema de control eficaz a través de la coordinación y cooperación con otras agencias de las provincias. Está previsto ampliar esas unidades e institucionalizarlas con miras a establecer sistemas sostenibles de control del trabajo infantil a nivel local. Además, el Gobierno transmite información sobre las numerosas medidas que está adoptando para mejorar el funcionamiento del sistema educativo, que incluyen medidas para mejorar la calidad de la educación, aumentar la sensibilización sobre la importancia de la educación, aumentar las tasas de matriculación de niñas en la escuela y reducir el número de niños que abandonan la escuela.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Instituto Turco de Estadística realizó, en 2012, una encuesta sobre la mano de obra infantil que puso de manifiesto un aumento del número de niños de entre 6 y 14 años que realizan trabajo infantil, y reveló que el 2,5 por ciento de esos niños trabajan. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de 20 de julio de 2012, tomó nota del considerable progreso realizado por el Gobierno en la elaboración de políticas, programas y planes de acción para prevenir el trabajo infantil, pero también observó que el gran número de niños que siguen trabajando constituye un problema importante para el ejercicio de los derechos del niño, en particular el derecho a la educación (documento CRC/C/TUR/CO/2-3, párrafo 62).

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión señala con preocupación el aumento, en los últimos años, del número de niños que no han alcanzado la edad mínima de 15 años que realizan trabajos en el país. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar la eliminación del trabajo infantil. Asimismo, pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas adoptadas a este respecto, incluidas las medidas para establecer sistemas de control del trabajo infantil, así como sobre los resultados alcanzados. Además, pide al Gobierno que continúe proporcionando información estadística sobre el número de niños que trabajan en el país aunque no hayan alcanzado la edad mínima para hacerlo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-İŞ) y de la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), ambas de 2 de enero de 2014.

Artículo 7, párrafo 2), del Convenio. Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartado b). Asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social. Niños que trabajan en el sector agrícola. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de la indicación de la TÜRK-İŞ según la cual uno de los sectores más importantes en el cual los niños realizan trabajos peligrosos es el del trabajo agrícola estacional. Sin embargo, tomó nota de que el Gobierno está aplicando un proyecto que incluye medidas para reducir el trabajo infantil en el sector del trabajo agrícola estacional y para promover el acceso a la educación.

La Comisión toma nota de la indicación de la TÜRK-İŞ señalando que los niños trabajan en la cosecha de las avellanas en condiciones laborales muy precarias. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en el sentido de que los niños que trabajan en la agricultura forman uno de los grupos destinatarios del programa de duración determinada para la prevención del trabajo infantil y de que está ejecutando un plan de acción para mantener a los niños fuera de las plantaciones en las provincias en las que se lleva a cabo el cultivo de las avellanas. La Comisión también toma nota de la colaboración del Gobierno con la OIT/IPEC en un proyecto para hacer disminuir el trabajo infantil en la agricultura comercial estacional en la producción de avellanas en Ordu. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Comité de los Derechos del Niño (CRC), en sus observaciones finales de 20 de julio de 2012, señaló que sigue trabajando un gran número de niños, en especial en labores agrícolas de temporada (documento CRC/C/TUR/CO/2-3, párrafo 62). La Comisión insta al Gobierno a que prosiga e intensifique sus esfuerzos con el fin de garantizar que los niños menores de 18 años no realicen trabajos agrícolas peligrosos en el sector agrícola, en particular en el trabajo agrícola estacional y en la producción de avellanas. La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto, así como sobre los resultados obtenidos.

Apartado d). Niños que están particularmente expuestos a riesgos. Niños que viven o trabajan en las calles. La Comisión toma nota de la indicación de la TÜRK-İŞ según la cual se está generalizando cada vez más el trabajo infantil de los niños de la calle en Turquía, que esos niños realizan trabajos pesados peligrosos, abandonan la escuela, y son víctimas de abandono y explotación. La TÜRK-İŞ indica que son insuficientes los recursos económicos asignados para tratar la problemática de los niños de la calle y que es necesario realizar mayores esfuerzos para solucionarla.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de la Familia y Políticas Sociales está poniendo en práctica un modelo de servicios integrados para los niños que viven y trabajan en las calles. Se han creado equipos móviles integrados por oficiales de policía, psicólogos y trabajadores sociales, con el fin de detectar a los niños y procurar que sean enviados a instituciones donde les atiendan. El Gobierno indica que entre el 1.º de enero de 2011 y el 1.º de julio de 2013, se iniciaron acciones legales en relación con 29 niños a los que se obligaba a trabajar en las calles y se adoptaron medidas de seguimiento. El Gobierno también proporciona información en relación con las medidas adoptadas para ponerse en contacto con los niños en riesgo y hacerlos regresar a la escuela. Esas medidas incluyen la elaboración de un modelo de gestión del ausentismo y alertas tempranas, y un proyecto para incrementar la tasa de asistencia en la escuela primaria, que permite proporcionar a los niños servicios de protección y prevención por intermedio de centros de servicios sociales, así como ayuda financiera a las familias que se encuentran necesitadas. Al tomar nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión lo alienta a proseguir e intensificar sus esfuerzos para alcanzar a los niños que viven y trabajan en la calle con el fin de proteger a esos niños vulnerables de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione mayor información sobre las acciones legales iniciadas en relación con los niños a los que se obliga a trabajar en la calle, incluyendo el número de procesamientos, condenas y sanciones impuestas a los adultos a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uzbekistán

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2008)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida el 22 de agosto de 2014. Toma nota asimismo de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), de 1.º de septiembre de 2014, así como de la respuesta del Gobierno de 29 de octubre de 2014. La Comisión toma nota además de las observaciones del Consejo de la Federación de Sindicatos del Uzbekistán (CFTUU), de 26 de septiembre de 2014. Estas observaciones fueron transmitidas al Gobierno para sus comentarios.

Artículo 3, a) y d), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Trabajo forzoso u obligatorio en la producción de algodón y trabajo peligroso. La Comisión tomó nota anteriormente de las diversas disposiciones legales en Uzbekistán que prohíben tanto el trabajo forzoso (entre otros, el artículo 37 de la Constitución, el artículo 7 del Código del Trabajo y el artículo 138 del Código Penal) como la participación de los niños en el regadío y la recogida de la cosecha de algodón (en virtud de la lista de ocupaciones con condiciones de trabajo desfavorables en las que está prohibido emplear a menores de 18 años de edad). La Comisión tomó nota también del debate que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas durante la 102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2013, sobre la aplicación por Uzbekistán del presente Convenio, así como de la Mesa redonda celebrada posteriormente con la participación de la OIT, el PNUD, el UNICEF, la Comisión Europea y los representantes de organizaciones nacionales e internacionales de trabajadores y de empleadores, en julio de 2013. Por último, la Comisión tomó nota del control conjunto de la OIT y las instituciones uzbekas, que tuvo lugar del 11 de septiembre al 31 de octubre de 2013, mediante unidades de control integradas por observadores de la OIT y del país. Estas unidades de control fueron visitadas sin previo aviso en una superficie de aproximadamente 40 000 kilómetros por todo el país y detectaron la presencia de 62 niños en los campos de trabajo, entre los cuales 57 casos confirmados de niños que trabajaban en las cosechas.

La Comisión reitera los resultados de esta misión de control, que se exponen detalladamente en su comentario anterior y que, en última instancia, concluyen que aunque está fortaleciéndose la aplicación de la legislación para impedir que los niños menores de 18 años trabajen en la cosecha de algodón, persisten las lagunas respecto a los niños de 16 y 17 años. Por último, la Comisión recuerda el compromiso expresado por el Gobierno de seguir cooperando con la OIT de forma más generalizada dentro del marco del Programa de Trabajo Decente y su solicitud de asistencia técnica de la OIT, con objeto de aplicar el marco y las diversas políticas destinadas a abolir el trabajo infantil y el trabajo forzoso.

La Comisión toma nota de que, en sus comentarios más recientes, la OIE saluda los resultados de la misión de control de la OIT y el Gobierno Uzbeko como una clara demostración del compromiso y la cooperación del Gobierno y los interlocutores sociales con la OIT en aras de la erradicación de las prácticas del trabajo infantil en el país. La OIE manifiesta además que confía en que siga el compromiso pleno del Gobierno y de los interlocutores sociales del país, y solicita información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para integrar a los niños que fueron sustraídos de la cosecha de algodón en 2013 en el sistema educativo y sobre las sanciones impuestas a las personas responsables, así como los resultados del seguimiento reciente de 2014 de la cosecha de algodón y de la mejora del sistema de inspección.

La Comisión toma nota asimismo de las observaciones del CFTUU, que destacan las actividades recientes del Consejo Nacional de Coordinación en Materia de Lucha contra el Trabajo Infantil (Consejo de Coordinación), un órgano público de carácter permanente integrado por representantes del Gobierno, de sindicatos, asociaciones de empleadores y otros órganos de la sociedad civil y organizaciones internacionales con el fin de controlar la utilización del trabajo infantil, incluyendo el trabajo estacional, y coordinando las medidas destinadas a eliminar la explotación y el trabajo infantil. El CFTUU afirma que el Consejo de Coordinación aspira a vigilar la utilización del trabajo infantil en la producción de algodón durante la segunda mitad de 2014.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a la OIE, que destaca los esfuerzos de seguimiento que tuvieron lugar durante la cosecha de algodón de septiembre y octubre de 2014, así como las medidas recientes emprendidas conjuntamente con la Cámara de Comercio y el CFTUU en aplicación de los convenios de la OIT, entre otras, seminarios de formación sistemática y de sensibilización sobre las peores formas de trabajo infantil.

La Comisión toma nota con interés de la información del Gobierno que contiene su memoria relativa al desarrollo y la adopción del Programa de Trabajo Decente por País 2014-2016 (PTDP), que fue suscrito por el Ministerio de Trabajo y Protección Social, el Consejo de la Federación de Sindicatos, la Cámara de Comercio e Industria y la OIT, el 25 de abril de 2014. La Comisión toma nota, en particular, sobre las medidas destinadas a la aplicación del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), así como de sus conclusiones: i) mejoras comprobadas en el conocimiento de las cuestiones sobre el trabajo infantil; ii) transformaciones legislativas e institucionales sobre el trabajo infantil, incluyendo la revisión de una lista de trabajos infantiles peligrosos; iii) resultados del seguimiento del trabajo infantil en el país; y iv) casos de buenas prácticas sobre trabajo infantil. Además, la Comisión toma nota de que una de las prioridades del PTDP es garantizar que las condiciones de trabajo y empleo en la agricultura, incluido el sector de las plantaciones de algodón, se ajustan a lo dispuesto en los convenios fundamentales. La Comisión toma nota asimismo de la información del Gobierno sobre el debate que tuvo lugar en la Mesa redonda celebrada con representantes de la OIT, en agosto de 2014, en relación con la aplicación del PTDP. El Gobierno se refiere también a la resolución ministerial núm. 132, de 27 de mayo de 2014, sobre las medidas adicionales para aplicar los convenios de la OIT en 2014-2016, como las reformas legislativas, los programas de cooperación y las medidas de capacitación, así como el seguimiento nacional que utiliza metodología OIT/IPEC. Por último, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que los ministros competentes y sus departamentos, así como las organizaciones interesadas, están adoptando las medidas necesarias para poner en práctica las recomendaciones de la OIT.

La Comisión toma también debida nota de la reciente información estadística sometida por el Consejo de Coordinación relativa a la vigilancia efectuada en la cosecha de algodón de 2014, que fue recibida el 12 de noviembre de 2014. La Comisión toma nota de que esta actividad de vigilancia tuvo lugar entre el 18 de septiembre y el 25 de octubre de 2014 y fue efectuada por unidades de seguimiento integradas por representantes del Gobierno, los sindicatos, la Cámara de Comercio y el Consejo Agrario. Las unidades de vigilancia efectuaron visitas rotativas en un radio de acción de 40 000 kilómetros que abarcó 172 distritos y municipios rurales y 711 establecimientos con riesgos potenciales (316 colegios de formación profesional y academias y 395 granjas). No consta ninguna denuncia de las unidades de control sobre negativas a cooperar. En total, se efectuaron 745 entrevistas documentadas. En el informe se afirma que, en las instituciones educativas visitadas, el 91 por ciento de los estudiantes estaban presentes, y que se dieron instrucciones oficiales por parte de la oficina del Fiscal y de los órganos gubernamentales locales para prohibir la presencia de menores en los campos de algodón, incluyendo confirmaciones por escrito por parte de los padres de que sus niños no deben participar en la cosecha de algodón. Además, el informe señala que, en casi la totalidad de las escuelas de enseñanza secundaria, se llevan registros actualizados de la asistencia escolar y que los propietarios de las granjas hacen contratos por escrito con los recolectores de algodón.

El resultado de esta vigilancia señala que, en general, los observadores informaron de que se detectaron 49 casos de presencia de niños en las plantaciones de algodón, en su mayoría jóvenes. Entre ellos, nueve tuvieron lugar en Bukhara, seis en Sirdyarsk, 11 en Tashkent, dos en Gerghana y dos en Khorezm. El informe señala además que se declararon responsables administrativos a los directores de 11 escuelas de formación profesional de cinco distritos por violar las disposiciones sobre trabajo infantil y se les impusieron multas superiores a 8,5 millones de uzbeki (UZS) (aproximadamente 3 552,74 dólares de los Estados Unidos); en dos distritos, se declararon responsables administrativos a dos jefes de explotación y a seis brigadiers, y se les impusieron multas superiores a 3,2 millones de UZS (aproximadamente 1 337,50 dólares de los Estados Unidos); y se impuso una amonestación por escrito a un jefe de explotación agrícola.

La Comisión saluda las medidas programáticas y las iniciativas del Gobierno, entre otras, la adopción y la aplicación del PTDP, así como sus constantes esfuerzos por vigilar las cosechas de algodón y garantizar que se aplican efectivamente las prohibiciones contra la utilización de niños menores de 18 años y se aplican las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento. La Comisión observa que aunque se sigue ocupando a niños en las cosechas de algodón, siguen haciéndose progresos para la aplicación plena del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que siga fortaleciendo sus esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la legislación nacional que prohíbe el trabajo obligatorio y el trabajo peligroso de niños menores de 18 años. En este sentido, la Comisión insta al Gobierno a que siga aplicando el PTDP en colaboración con la OIT, incluida la participación del Consejo de Coordinación. La Comisión solicita al Gobierno que siga suministrando información actualizada en este sentido, incluyendo aquellas destinadas a vigilar el trabajo en la cosecha de algodón, fortalecer el mantenimiento de registros en las instituciones educativas, sancionar a las personas que contraten a niños en la cosecha de algodón y aumentar la sensibilización pública sobre esta materia.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Yemen

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) (ratificación: 2000)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como de la discusión detallada que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, durante su 103.ª reunión, en junio de 2014, en relación a la aplicación por el Yemen del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182).

Artículo 3, apartado a), del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Todas las formas de esclavitud o práctica análogas a la esclavitud. Reclutamiento obligatorio de niños en conflictos armados. La Comisión tomó nota anteriormente de que el reclutamiento de niños menores de 18 años en conflictos armados por parte del ejército y de los grupos armados se había convertido en una fuente constante de grave preocupación.

La Comisión toma nota de que el representante gubernamental del Yemen, durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en julio de 2014, reconoció que la situación de los niños en su país es grave debido a su participación en conflictos armados. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno sobre el plan de acción suscrito con el representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, con objeto de poner fin e impedir el reclutamiento de niños por fuerzas armadas. Este plan de acción establece medidas concretas para liberar a todos los niños vinculados con las fuerzas de seguridad del Gobierno, reintegrarlos a sus comunidades e impedir que vuelvan a ser reclutados. La Comisión toma nota de que las medidas que se prevé adoptar dentro de este plan de acción incluyen las siguientes: armonizar la legislación nacional con las normas internacionales que prohíben la contratación y utilización de niños en conflictos armados; dictar y difundir órdenes militares en las que se prohíba el reclutamiento y utilización de niños menores de 18 años; investigar los alegatos de reclutamiento y utilización de niños por parte de las fuerzas armadas del Gobierno del Yemen y garantizar que se hace rendir cuentas de sus actos a las personas responsables, y facilitar el acceso a las Naciones Unidas para que controlen el progreso y el cumplimiento del plan de acción. El representante gubernamental manifestó además que, del 18 de marzo de 2013 a enero de 2014, se celebró un Congreso Nacional para el Diálogo en el que se debatieron varias cuestiones relativas a la reconstrucción del Estado, entre las cuales figuran la reformulación de leyes y reglamentos con el fin de salvaguardar los derechos de los niños, entre otros, la protección contra su reclutamiento en conflictos armados.

La Comisión toma nota de que la Comisión de Aplicación de Normas, al tiempo que toma nota de la adopción de este plan de acción, expresó su grave preocupación por la situación de los niños menores de 18 años que son reclutados y obligados a alistarse en los grupos armados o en las fuerzas gubernamentales. La Comisión instó al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para acabar en la práctica con el reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por las fuerzas armadas del Gobierno y grupos armados afines, en particular, mediante la aplicación efectiva del plan de acción recientemente adoptado.

En este sentido, la Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, el Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y el Primer Ministro han reiterado su compromiso de aplicar las medidas convenidas en el plan de acción a fin de poner término al reclutamiento ilegal de niños por parte de las fuerzas armadas. No obstante, la Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, en mayo de 2014, las Naciones Unidas han documentado 106 casos de reclutamiento de niños, todos ellos con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. En el informe del Secretario General se señala también que 36 niños fueron asesinados y 154 mutilados. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para impedir el reclutamiento de niños por parte de las fuerzas armadas en el marco del plan de acción, la Comisión se ve obligada a expresar su grave preocupación por la situación y el número de niños que toman parte en un conflicto armado. La Comisión insta, en consecuencia, al Gobierno a adoptar medidas inmediatas y eficaces para garantizar que el plan de acción destinado a poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados se aplica efectivamente con carácter de urgencia. La Comisión solicita también al Gobierno que adopte medidas inmediatas y efectivas para asegurarse de que se llevan a cabo investigaciones concienzudas y enjuiciamientos firmes de las personas que reclutan a la fuerza niños menores de 18 años tras su utilización en conflictos armados y para garantizar que se les imponen sanciones, en la práctica, suficientemente disuasorias. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas y los resultados logrados en este aspecto.

Artículo 5. Mecanismos de control. La Comisión tomó nota anteriormente con preocupación de las conclusiones de la primera encuesta nacional sobre el trabajo infantil, según la cual el 50,7 por ciento de los niños trabajadores realizan trabajos peligrosos, la mayor parte de los cuales (95,6 por ciento) están empleados en ocupaciones peligrosas y el resto en actividades económicas peligrosas (a saber minería y construcción).

La Comisión toma nota de la declaración formulada por el representante gubernamental del Yemen ante la Comisión de Aplicación de Normas, según la cual el Gobierno del Yemen se encuentra en una situación difícil a causa de los problemas económicos, el conflicto armado y la violencia que han provocado la desestabilización del país y han llevado a la población a reclutar ilegalmente a niños y explotarlos con fines laborales. El representante gubernamental manifestó además que, si bien hasta 2010 el número de niños que trabajaban ascendía aproximadamente a 600 000, esa cifra ha alcanzado actualmente 1,5 millones. Destacó además la necesidad del país de contar con la ayuda material y asistencia moral mediante la puesta en marcha de proyectos económicos y la oferta de puestos de trabajo para los desempleados, así como mediante el apoyo a las familias para alentarlas a procurar que sus hijos vuelvan a la escuela.

La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia tomó nota con grave preocupación del elevado número de niños empleados actualmente en trabajo infantil en el país, la mayor parte de los cuales lo están en ocupaciones y actividades económicas peligrosas, incluyendo la agricultura, la pesca, la minería y la construcción. La Comisión de la Conferencia solicitó al Gobierno que refuerce y amplíe la capacidad de la inspección del trabajo para aplicar la ordenanza ministerial núm. 11, de 2013, sobre trabajos peligrosos prohibidos para los niños menores de 18 años, también en las zonas rurales.

En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no se han impuesto condenas o penas a las personas que hayan infringido estas leyes porque se ha tenido en cuenta la actual situación política del país. La Comisión toma nota también de que el Gobierno señala que aún no se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la ordenanza ministerial núm. 11, de 2013, porque la unidad de control del trabajo infantil ha tropezado con dificultades para llevar a cabo sus tareas debido a razones de seguridad así como a la falta de recursos financieros y de personal calificado. Al tiempo que reconoce la difícil situación que prevalece en el país, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas para fortalecer el funcionamiento de la inspección del trabajo mediante la dotación de recursos humanos y financieros adecuados con el fin de que controle la aplicación efectiva de las disposiciones nacionales que dan cumplimiento al Convenio, en todos los sectores donde existan las peores formas de trabajo infantil. La Comisión insta también al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para poner en práctica la orden ministerial núm. 11, de 2013, sin dilación, y a que se asegure de que las personas que infringen las disposiciones de dicha orden sean enjuiciadas y se les impongan sanciones eficientemente efectivas y disuasorias. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, librarlos de estos trabajos y garantizar su rehabilitación e integración social. Niños en conflictos armados. La Comisión toma nota de que la Comisión de Aplicación de Normas, en sus conclusiones, instó firmemente al Gobierno a que facilite el acceso a una enseñanza pública básica y gratuita para todos los niños, en particular para los niños que han sido desmovilizados de conflictos armados y para los que realizan trabajos peligrosos, con especial atención a la situación de las niñas. En este sentido, la Comisión de la Conferencia exhortó a los Estados Miembros de la OIT a que proporcionen asistencia al Gobierno del Yemen y alentó al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT con el fin de alcanzar un progreso tangible en la aplicación del Convenio.

La Comisión toma nota de la ausencia de información en la memoria del Gobierno sobre esta cuestión. La Comisión, en consecuencia, solicita al Gobierno que adopte medidas efectivas y en un plazo determinado para garantizar que los niños soldados que hayan sido desmovilizados de grupos y fuerzas armadas y los niños que hayan sido librados de trabajos peligrosos reciban asistencia adecuada para su rehabilitación e integración social, incluida su reintegración en el sistema escolar o en la formación profesional, cuando esto sea posible y adecuado. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados obtenidos.

Tomando nota de la intención del representante gubernamental de recabar la asistencia técnica de la OIT en su empeño por luchar contra el trabajo infantil, la Comisión insta al Gobierno que considere recurrir a la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 77 (Comoras, Tayikistán); el Convenio núm. 78 (Tayikistán); el Convenio núm. 79 (Tayikistán); el Convenio núm. 90 (Guinea, Tayikistán); el Convenio núm. 123 (Mongolia); el Convenio núm. 138 (Albania, Angola, Argentina, Bahrein, Barbados, Belice, Benin, Estado Plurinacional de Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Chad, República Checa, China, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Etiopía, Fiji, Gambia, Guinea Ecuatorial, Mauritania, Mongolia, Panamá, Rwanda, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía); el Convenio núm. 182 (Albania, Angola, Antigua y Barbuda, Argelia, Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belice, Benin, Estado Plurinacional de Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Canadá, República Centroafricana, Chad, República Checa, Chile, China, China: Región Administrativa Especial de Macao, Chipre, Colombia, Comoras, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Croacia, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estonia, Etiopía, Fiji, Finlandia, Francia, Gambia, Guinea Ecuatorial, República Democrática Popular Lao, Malí, Mauritania, Mongolia, Rwanda, Suriname, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Turkmenistán, Turquía, Uzbekistán, Vanuatu, Yemen).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 138 (Dinamarca); el Convenio núm. 182 (Austria, Bélgica, Dinamarca).

Igualdad de oportunidades y de trato

Arabia Saudita

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1978)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, junio de 2013)

La Comisión recuerda su observación anterior en la que tomó nota de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia y de la aceptación por parte del Gobierno de una misión de contactos directos en seguimiento a las cuestiones planteadas por esta Comisión y la Comisión de la Conferencia. La Comisión de la Conferencia había instado al Gobierno a que adoptara una política nacional orientada a promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación para todos los trabajadores con miras a eliminar en un futuro cercano toda discriminación basada en todos los motivos establecidos en el Convenio. Dado el gran número de trabajadores migrantes en el país, la Comisión de la Conferencia solicitó al Gobierno que diera una atención particular a garantizar que los derechos de los trabajadores migrantes, incluyendo los trabajadores domésticos estuvieran siendo efectivamente protegidos. La Comisión toma nota de que una misión de contactos directos visitó el país del 1.º al 6 de febrero de 2014 y que se mantuvieron reuniones con funcionarios gubernamentales de alto nivel, representantes del Consejo de Cámaras de Comercio e Industrias Saudíes y de los comités de trabajadores y otras organizaciones, incluyendo organismos de derechos humanos.

Artículo 2 del Convenio. Política nacional de igualdad. La Comisión toma nota de que la misión de contactos directos observó en sus conclusiones que ha habido una serie de progresos, incluyendo medidas para aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, para promover el empleo de personas con discapacidades, reformas en los procesos de solución de conflictos y una mayor iniciativa para implementar un programa de formación y educación técnica en el país para hombres y mujeres. Si estas medidas están coordinadas, podrían contribuir a establecer una base para la formulación de una política nacional de igualdad. La Comisión toma nota de la solicitud de asistencia técnica de la Oficina formulada por el Gobierno para desarrollar esa política. La Comisión subrayó con anterioridad que, para ser efectiva, dicha política nacional debe ser multifacética y claramente formulada, incluir un marco legal claro y comprehensivo, tratar las conductas estereotipadas y las actitudes basadas en prejuicios y prever mecanismos de sensibilización y de control. La misma debería cubrir todos los motivos establecidos en el Convenio, definir y dar tratamiento a la discriminación directa e indirecta, aplicarse a todos los aspectos del empleo y garantizar recursos adecuados. Teniendo en cuenta que uno de los aspectos a lograr de manera urgente es la adopción de disposiciones legales específicas sobre la no discriminación y la igualdad, la Oficina sometió un documento al Ministerio de Trabajo en marzo de 2014 con ejemplos de una serie de enfoques legislativos y poniendo de relieve los aspectos más efectivos en la legislación.

La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera en su memoria que en Arabia Saudita la sociedad está basada sobre la igualdad de derechos y deberes sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social de conformidad con la Ley Fundamental de Gobernanza. La Comisión espera firmemente que el Gobierno adoptará medidas inmediatas para desarrollar y aplicar una política nacional, incluyendo la adopción de disposiciones legales específicas, orientadas a promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, en colaboración con las partes interesadas. La Comisión insta al Gobierno a tomar medidas concretas para la adopción de una legislación que defina y prohíba específicamente la discriminación directa e indirecta basada en todos los motivos enumerados en el Convenio, que cubra a todos los trabajadores, incluyendo los trabajadores migrantes, y todos los aspectos del empleo. La Comisión espera que el Gobierno recibirá asistencia técnica de la OIT próximamente y pide al Gobierno que envíe información detallada sobre las medidas tomadas para la adopción de una política nacional de igualdad.

Discriminación contra los trabajadores migrantes. La Comisión observa de las estadísticas enviadas por el Gobierno que hay 8 millones de trabajadores migrantes en el sector privado (98 por ciento hombres), comparados con 1,46 millones de trabajadores saudíes (72,8 por ciento hombres) en 2013. La Comisión también toma nota, según el informe de la misión de contactos directos, que el Gobierno está tomando diversas medidas para dar tratamiento a la situación de los trabajadores migrantes, incluyendo una campaña reciente destinada a promover el empleo de los nacionales saudíes y regularizar la situación de un gran número de trabajadores migrantes. La campaña tuvo los resultados siguientes: 3,9 millones de permisos de trabajo emitidos; 2,4 millones de trabajadores migrantes cambiaron de ocupación; 2,6 millones de trabajadores migrantes cambiaron de empleador; 437 314 trabajadores obtuvieron una visa final de salida. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno registrada en el informe de la misión de contactos directos que el sistema de patrocinio fue abolido por la legislación hace algunos años, pero que todavía puede existir en la práctica y que se estaban elaborando disposiciones legales para tratar la cuestión. De conformidad con las «Reglas sobre la relación entre los empleadores y los trabajadores extranjeros» (sin fecha) proporcionadas por el Gobierno, esta relación debe ser regulada en el marco del contrato de empleo. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que los procedimientos existentes relativos al reclutamiento y la renovación de los permisos de residencia y de las visas de salida y de regreso a solicitud del empleador siguen siendo los mismos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, tal como fue registrada en el informe de la misión de contactos directos, que los trabajadores extranjeros pueden cambiar de empleador cuando su contrato expira o si sufren abusos, previa aprobación judicial del cambio, y que con anterioridad a la autorización, la Oficina del Trabajo puede dar al trabajador un permiso temporario para trabajar en otro lugar. El Gobierno también señaló que se estaba elaborando un decreto que permite a los trabajadores extranjeros que cuentan con una decisión pendiente contra su empleador, cambiar de empleador sobre la base de que la relación está dañada. La Comisión toma nota de la información detallada proporcionada por el Gobierno en relación con los servicios brindados en ocho lenguas por el Centro de Contacto del Ministerio de Trabajo, incluyendo el registro y seguimiento de quejas. El Gobierno proporcionó a la misión una copia del proyecto de ley sobre protección contra el abuso. Al tiempo que toma nota del deseo del Gobierno de progresar y de los esfuerzos realizados para dar tratamiento a la situación de los trabajadores migrantes, la Comisión continúa preocupada por el hecho de que, en el sistema actual de empleo, los trabajadores migrantes que sufran abusos y trato discriminatorio pueden todavía dudar en presentar quejas debido al temor de represalias por parte del empleador, o debido a la incertidumbre en cuanto a la posibilidad de cambiar de empleador o ser deportados. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para controlar minuciosamente la abolición efectiva del sistema de patrocinio en la práctica, con miras a determinar si se está dando la flexibilidad apropiada para cambiar de lugar de trabajo en la práctica a todos los trabajadores migrantes en los casos de abuso y de discriminación por los motivos previstos en el Convenio. Observando que el decreto que establece la posibilidad de cambiar de empleador cuando una decisión judicial está pendiente podría contribuir a mejorar el acceso eficaz de los trabajadores migrantes a mecanismos de solución de conflictos para que puedan hacer valer sus derechos, la Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre la adopción y el contenido del decreto y el estado del proyecto de ley sobre abuso. La Comisión pide al Gobierno que continúe tomando medidas para garantizar que todos los trabajadores migrantes gozan de protección adecuada contra la discriminación por los motivos establecidos en el Convenio, incluyendo a través del cumplimiento de la legislación existente, la adopción de nuevas disposiciones y las medidas de sensibilización relativas a los respectivos derechos y deberes de los trabajadores y de los empleadores.

Discriminación contra los trabajadores domésticos. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha adoptado recientemente medidas relativas a los trabajadores domésticos. Recordando que la Ley del Trabajo no se aplica a estos trabajadores, la Comisión toma nota de la adopción de la orden núm. 310 en julio de 2013, que regula el empleo de trabajadores domésticos y categorías similares de trabajadores a través de contrato escrito que establece el tipo de trabajo a llevar a cabo, los salarios, los derechos y obligaciones de las partes, el período probatorio, la duración del contrato y los métodos de prolongación del mismo. Si bien la orden constituye un primer paso para mejorar la protección de los trabajadores domésticos extranjeros contra la discriminación, incluyendo el acoso sexual, la Comisión observa que el mismo no contiene disposiciones que les permitan expresamente cambiar de empleador o dejar el país sin el consentimiento del empleador. La Comisión también toma nota de que se ha establecido un sitio web para dar información sobre los derechos y los deberes de los trabajadores migrantes y sus empleadores y que, según la memoria del Gobierno, se han establecido comités para la solución de conflictos que afectan a los trabajadores domésticos en 26 oficinas de trabajo en diferentes regiones del país. Se han concluido acuerdos bilaterales sobre trabajo doméstico con países de origen de los trabajadores domésticos, incluyendo a la India, Indonesia y Filipinas. La Comisión se refiere también a su observación sobre la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) por Arabia Saudita. Al tiempo que saluda estas medidas legales y prácticas, la Comisión pide al Gobierno que controle la abolición del sistema de patrocinio en la práctica y que continúe adoptando medidas para mejorar la situación de los trabajadores domésticos en relación con la discriminación y el abuso, incluso a través de medidas sancionatorias y de sensibilización. La Comisión pide al Gobierno que envíe información específica sobre el funcionamiento de los comités de solución de conflictos, incluyendo el número y la naturaleza de las quejas examinadas y su resultado así como información sobre el impacto de este procedimiento en la relación de empleo entre empleadores y trabajadores domésticos migrantes. La Comisión alienta al Gobierno a continuar cooperando con los países de origen con miras a la aplicación plena y eficaz de los acuerdos bilaterales relativos al trabajo doméstico y pide al Gobierno que envíe información sobre su impacto en la protección de los trabajadores domésticos contra el abuso y el trato discriminatorio por los motivos previstos en el Convenio.

Igualdad de oportunidades y de tratamiento entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que según las estadísticas proporcionadas por el Gobierno en 2013, las mujeres saudíes representan el 27,2 por ciento de los empleados saudíes en el sector privado. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno y los progresos relativos a la puesta en marcha de un proyecto para aumentar la proporción de mujeres en el sector privado (en el marco del programa Nitaqat para aumentar la proporción de nacionales saudíes en el empleo) a través de tres iniciativas: los programas de empleo directo, en particular en los negocios de venta de artículos destinados a las mujeres y en el sector al por menor; programas para desarrollar distintos sistemas de trabajo, incluyendo el trabajo a tiempo parcial y el trabajo a domicilio; y los programas para dar tratamiento a las barreras al empleo de las mujeres a través de servicios de apoyo. En este contexto, se promulgaron diversas órdenes ministeriales en 2011 y 2012 sobre el empleo de mujeres en ciertos trabajos (en negocios que venden artículos destinados a las mujeres, en las facilidades de recreo familiar y en las cocinas comerciales, etc.). En las oficinas del trabajo se establecieron unidades para el empleo de las mujeres y se ha preparado formación para las mujeres que busquen trabajo. Un informe reciente del Ministerio de Trabajo sobre el empleo de las mujeres concluye que como resultado de los programas de empleo, el número de trabajadoras ha aumentado de 55 618 en 2010 a 410 000 en 2013. El informe identifica al ambiente de trabajo, la legislación y su aplicación, la actitud de la sociedad hacia el empleo de las mujeres en el sector privado y las facilidades para el transporte y para el cuidado de los niños como los desafíos mayores. De conformidad con el informe de la misión de contactos directos, se están llevando a cabo estudios para identificar puestos que serían «adecuados» para las mujeres en las fábricas y para examinar la necesidad de que se adopte una regulación sobre el trabajo a distancia. El Gobierno indica también que se han tomado iniciativas para aumentar las oportunidades de educación y de formación, incluyendo en los colegios técnicos para las niñas y las instituciones de capacitación para las mujeres. En cuanto a las restricciones al empleo de las mujeres a «los campos que son adecuados según su naturaleza», de conformidad con el artículo 149 de la Ley del Trabajo, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual estas disposiciones no constituyen una limitación al trabajo de las mujeres ni disminuyen su derecho a ocupar puestos públicos. El Gobierno también declara que el artículo 149 prohíbe el empleo de mujeres en trabajos peligrosos o en el trabajo que pueda poner en peligro su salud o pueda exponerlas a peligros específicos y reitera que en el contexto de futuras enmiendas a la Ley del Trabajo, se considerará seriamente la derogación de las disposiciones señaladas por la Comisión. Al tiempo que toma nota de los progresos en el empleo de las mujeres, la Comisión pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para aumentar la participación de la mujer en una gama más amplia de ocupaciones, incluyendo en trabajos no estereotipados y en puestos con poder de decisión y que envíe información detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas. La Comisión también pide al Gobierno que envíe información sobre toda medida adoptada para dar tratamiento a los obstáculos identificados al empleo de las mujeres, incluyendo sensibilización sobre las percepciones estereotipadas sobre la capacidad de las mujeres y su rol en la sociedad y mediante el establecimiento de guarderías. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre los resultados de los estudios sobre los «puestos adecuados para las mujeres» en las fábricas y en el trabajo a distancia y sobre toda medida de seguimiento adoptada o prevista. En cuanto a las restricciones legales al empleo de las mujeres, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno para que modifique el artículo 149 de la Ley del Trabajo para garantizar que cualquier restricción al empleo de las mujeres se limite estrictamente a la protección de la maternidad y a que derogue la orden del consejo del trabajo núm. 1/19M/1405(1987), cuyo párrafo 2/A estableció los criterios para el trabajo de las mujeres. Sírvase enviar una copia de la decisión ministerial núm. 1/1/2475 de 10 de agosto de 1432 (2011) sobre las condiciones para el trabajo de las mujeres en las fábricas.

Control de la aplicación. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, tal como figura en el informe de la misión de contactos directos, que el nuevo modelo operacional para la solución de conflictos laborales, que comporta procesos en todos los niveles (oficina de la reconciliación, tribunal de instancia y tribunal de apelación), está siendo experimentado en Riad y Amar y será aplicado en todo el territorio nacional. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno, la orden Real ha sido emitida para establecer unidades de mujeres en las cortes y entidades judiciales bajo la supervisión de un departamento de mujeres independiente establecido en el sistema judicial principal. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda actividad preventiva y de sanción llevada a cabo por los servicios de inspección del trabajo en relación con la discriminación en el empleo y la ocupación y sus resultados. Al tiempo que toma nota de que los organismos de solución de conflictos laborales no han registrado casos de discriminación, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas, incluso con la asistencia técnica de la OIT, para reforzar la capacidad de los jueces, los inspectores de trabajo y otros funcionarios para identificar y dar tratamiento a la discriminación en el empleo y la ocupación. La Comisión también pide al Gobierno que aclare cuál es la competencia de las unidades de mujeres en los tribunales, incluyendo un resumen de la orden real mencionada por el Gobierno e información sobre el número y la naturaleza de los casos examinados por estas unidades.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Argelia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1962)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Evaluación de la brecha de remuneración entre hombres y mujeres. Desde hace varios años, la Comisión viene insistiendo en la necesidad de disponer de datos estadísticos completos y fiables sobre las remuneraciones de hombres y mujeres, a efectos de elaborar, aplicar y luego evaluar las medidas adoptadas para eliminar las brechas de remuneración. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información al respecto y de que no se desglosaron por sexo las estadísticas relativas a los salarios netos medios mensuales publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para compilar y analizar los datos relativos a las remuneraciones de hombres y mujeres, según las categorías profesionales y en todo los sectores de actividad económica, incluido el sector público, y que comunique esas estadísticas desglosadas por sexo.

Artículo 2, párrafo 2. Administración pública. El Gobierno reitera su opinión según la cual el artículo 27 de la ordenanza núm. 06-03, de 15 de julio de 2006, sobre el Estatuto General de la Administración Pública, según el cual «no puede realizarse ninguna discriminación entre los funcionarios, en razón de … su sexo…», da efecto al Convenio. La Comisión recuerda que la prohibición general de discriminación salarial basada en motivos de sexo, no es en general suficiente para dar efecto al Convenio, dado que no tiene en cuenta la noción de «trabajo de igual valor». Esta noción es, en efecto, determinante para luchar contra la segregación ocupacional basada en motivos de sexo por cuanto ésta permite comparar empleos de naturaleza completamente diferente, que requieren conocimientos, competencias y esfuerzos diferentes, pero que son no obstante de igual valor en su conjunto (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 673 a 675). Además, ante la ausencia de un marco legislativo claro a favor de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, la Comisión ha podido constatar, en repetidas ocasiones, que el país tuvo dificultades en demostrar que se garantiza en la práctica el respeto de este derecho, teniendo los trabajadores y las trabajadoras dificultades para hacer valer su derecho a una remuneración igual por un trabajo de igual valor ante el empleador, la inspección del trabajo o los tribunales, sin una base legal específica. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que examine la posibilidad de modificar el Estatuto General de la Administración Pública, con miras a incorporar al mismo una disposición que prevea la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión pide asimismo al Gobierno que tome las medidas necesarias para sensibilizar a los funcionarios y a sus organizaciones, así como a los responsables del personal, respecto del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

Artículo 3. Evaluación objetiva y clasificación de los empleos en la administración pública. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Estatuto General de la Administración Pública instituye un método de clasificación basado en un criterio objetivo y mensurable, a saber, el nivel de calificaciones acreditado por títulos, diplomas o ciclos de formación. Según el Gobierno, el sistema previsto se dirige a poner de relieve las calificaciones, las competencias y los méritos personales. La Comisión considera que este método de clasificación de los empleos, en tanto se focaliza en las características de una persona en particular, podría tener como efecto una infravaloración de determinadas competencias y determinados empleos, en general ejercidos por mujeres. La Comisión recuerda que un proceso de evaluación objetivo de los empleos, con el fin de establecer una clasificación y de fijar las remuneraciones correspondientes, implica la evaluación, para cada puesto, de la naturaleza de las tareas que conlleva en términos no sólo de calificaciones, sino también de capacidades, esfuerzos (físicos y también mentales), responsabilidades y condiciones de trabajo, y que se trata de evaluar el puesto y no a la persona que lo ocupa. Además, ocurre con gran frecuencia que, cuando la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor no forma parte de los objetivos a que apunta expresamente el método de evaluación y de clasificación, existen riesgos de que este método reproduzca los estereotipos sexistas en cuanto a las capacidades y aspiraciones de las mujeres en materia de empleo (véase Estudio General de 2012, párrafos 700 y 701). La Comisión pide al Gobierno que revise el método de evaluación y de clasificación de los empleos, a la luz de lo que antecede, con el fin de garantizar que está exento de todo sesgo de género y que no dé lugar a una infravaloración de los empleos que son ocupados en general por mujeres. Se pide asimismo al Gobierno que envíe datos, desglosados por sexo, sobre los efectivos de la administración pública por categorías (A, B, C y D). La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)

Artículo 1, a), del Convenio. Motivos de discriminación. Legislación. Desde hace unos años, la Comisión viene señalando que el artículo 17 de la Ley núm. 90-11, de 21 de abril de 1990, sobre Relaciones Laborales, que prevé que «toda disposición prevista en virtud de un convenio o de un acuerdo colectivo, o de un contrato de trabajo, con el fin de establecer cualquier tipo de discriminación entre trabajadores en materia de empleo, de remuneración o de condiciones de trabajo, basada en motivos de edad, de sexo, de situación social o estado civil, de vínculos familiares, de convicciones políticas, de afiliación o no a un sindicato, es nula y sin efecto», no abarca todos los motivos de discriminación en el empleo y la ocupación enumerados en el Convenio. La Comisión recuerda el carácter general del artículo 6 de la ley núm. 90-11, que prevé que los trabajadores tienen derecho a «una protección contra cualquier discriminación para ocupar un puesto distinto de aquel basado en sus aptitudes y sus méritos». La Comisión subraya que estas disposiciones no permiten comprender los comportamientos discriminatorios del empleador o de cualquier otra persona respecto de un trabajador en todos los aspectos del empleo (contratación, promoción, despido, etc.). En relación con la administración pública, la ordenanza núm. 06-03, de 15 de julio de 2006, sobre el Estatuto General de la Administración Pública, prohíbe toda discriminación entre los funcionarios «en razón de sus opiniones, de su sexo, de su origen, así como de cualquier otra situación personal o social» (artículo 27). El Gobierno indica que las preocupaciones expresadas por la Comisión en lo que respecta a los motivos de discriminación, fueron objeto de examen y se tuvieron en cuenta en el marco del proyecto de Código del Trabajo en curso de finalización. Afirma, por otra parte, que la discriminación es inexistente en la práctica nacional. Recordando que ningún país está libre de discriminación, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que el futuro Código del Trabajo prohíba expresamente toda discriminación basada, como mínimo, en los motivos enumerados en el Convenio, incluidos la raza, el color, la religión y la ascendencia nacional, y que comprenda todos los aspectos del empleo y la ocupación, especialmente el acceso a la formación profesional, el acceso al empleo y a las diferentes ocupaciones, así como las condiciones de empleo. La Comisión pide asimismo al Gobierno que considere la posibilidad de incluir, en la lista de los motivos de discriminación prohibidos, previstos en el Estatuto General de la Administración Pública, una referencia expresa a la opinión política, la religión, la raza, el color, la ascendencia nacional y el origen social.

Artículos 2 y 3. Política nacional. Discriminación basada en motivos de sexo y promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Desde hace muchos años, la Comisión viene expresando su profunda preocupación en cuanto a la escasa participación de las mujeres en el empleo y a la persistencia de actitudes estereotipadas en relación con las funciones de las mujeres y de los hombres y sus respectivas responsabilidades en la sociedad y en la familia, y señalando el impacto negativo de estas actitudes en el acceso de las mujeres al empleo y a la formación. La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce que la tasa de empleo de las mujeres sigue siendo relativamente baja y que las inercias sociológicas, las elecciones personales y otras resistencias sociales, constituyen frenos a la inserción de un gran número de mujeres en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que, según la memoria del Gobierno, el impacto de los proyectos de creación de actividades económicas sobre el empleo de la mujer es relativamente escaso y sigue sin responder enteramente a las expectativas. La Comisión expresa su satisfacción ante la adopción de un determinado número de medidas dirigidas a mejorar la situación de las mujeres y su función en la sociedad y el mundo del trabajo, y a garantizar y aumentar su participación en puestos de responsabilidad y de decisión (véase el informe nacional «Beijing+20» del Ministerio de Solidaridad Nacional, de la Familia y de la Condición de la Mujer). Señala, en particular, la adopción de la Estrategia nacional para la integración y la promoción de la mujer (2008-2014) y de su plan de acción nacional (2010-2014), así como la creación de una comisión de seguimiento; la elaboración, por los representantes de diferentes ministerios, de sindicatos y de asociaciones, en febrero de 2014, de una carta de las mujeres trabajadoras, que comprende un programa de empoderamiento de las mujeres, a través del empleo, y prevé especialmente la creación de un sistema de cuotas para los puestos de responsabilidad; y el fortalecimiento de programas de apoyo al empleo que beneficien sobre todo a las mujeres (creación de microempresas, microcrédito, inserción social de las tituladas, proyectos de proximidad en las zonas rurales, etc.). No obstante, la Comisión toma nota de que la tasa de actividad económica de las mujeres siga siendo especialmente débil (16,3 por ciento, en abril de 2014, según la Oficina Nacional de Estadísticas) y de que sólo evoluciona de manera muy lenta, a pesar de la elevada tasa de escolarización de las niñas y el importante porcentaje de mujeres con títulos de la enseñanza superior. Además, el 61,9 por ciento de las mujeres que trabajan, están empleadas en el sector público no comercial. La Comisión alienta al Gobierno a que prosiga e intensifique sus esfuerzos para promover el empleo de las mujeres en todos los niveles, en particular en el sector privado, y en todo el territorio, incluso en las zonas rurales. La Comisión pide al Gobierno que adopte especialmente medidas prácticas con miras a luchar activamente contra los prejuicios sexistas y los estereotipos sobre las aspiraciones y las capacidades de las mujeres y su aptitud para ocupar determinados empleos, y permitir que los trabajadores y las trabajadoras concilien el trabajo y las responsabilidades familiares, y comunique informaciones sobre el impacto de estas medidas, incluidas las informaciones estadísticas relativas a la situación de hombres y mujeres en el empleo, en los sectores público y privado. También pide al Gobierno que comunique informaciones sobre cualquier curso dado a la carta de las mujeres trabajadoras, incluido el sistema de cuotas, y sobre su impacto.

Artículo 5. Medidas especiales de protección. La Comisión recuerda una vez más que, cuando se revisan las disposiciones relacionadas con medidas de protección de las mujeres, es conveniente establecer una distinción entre las medidas especiales dirigidas a proteger la maternidad previstas en el artículo 5 y las medidas basadas en las percepciones estereotipadas relativas a las capacidades y al papel de las mujeres en la sociedad, que están en contradicción con el principio de igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que garantice que, en el futuro Código del Trabajo, las disposiciones relativas a la salud y a la seguridad en el trabajo tengan en cuenta la necesidad de prever un entorno seguro y salubre, tanto para los trabajadores como para las trabajadoras, teniendo en cuenta las diferencias de género con respecto a riesgos específicos para su salud, y que estas disposiciones no pongan ningún obstáculo al acceso de las mujeres al empleo y a las diferentes ocupaciones. Asimismo pide al Gobierno que procure que las medidas especiales de protección de las mujeres se limiten a lo que sea estrictamente necesario para proteger la maternidad, y que comunique informaciones sobre toda medida adoptada en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burundi

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) de 26 de septiembre de 2014 que reitera sus observaciones precedentes, según las cuales, tal como lo solicita la Comisión, se debe modificar el artículo 73 del Código del Trabajo para reflejar plenamente el principio del Convenio.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1, b), del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 57 de la Constitución, «las personas que tengan las mismas competencias tendrán derecho, sin discriminación alguna, a recibir el mismo salario por un trabajo igual» y que el artículo 73 del Código del Trabajo prevé que «en condiciones iguales de trabajo, calificaciones profesionales y rendimiento, el salario debe ser igual para todos los trabajadores, independientemente de su origen, sexo o edad». Desde hace varios años, la Comisión señala que estas disposiciones no aplican el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor que prevé el artículo 1, b), del Convenio. A este respecto, la Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y de la promoción de la igualdad. Este concepto es fundamental para acabar con la segregación laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo, un problema que afecta a casi todos los países ya que permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 672 a 675). Asimismo, la Comisión recuerda que en su memoria de 2007 el Gobierno indicó que no existía ningún obstáculo para incorporar el principio del Convenio en la legislación nacional. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 57 de la Constitución y el artículo 73 del Código del Trabajo a fin de ponerlos en conformidad con el Convenio y dar plena expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, tal como se prevé en el artículo 1, b), del Convenio. Se ruega al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas en este sentido.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de las observaciones comunicadas por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) sobre la aplicación del Convenio, el 26 de septiembre de 2014. La COSYBU reitera sus observaciones sobre la existencia de prácticas de contratación discriminatorias en la administración pública, basadas en la pertenencia al partido político en el poder, y precisa que estas prácticas tienen lugar sobre todo en los sectores de la educación y de la salud. Tomando nota de que el Gobierno no ha respondido a los comentarios formulados por la COSYBU en 2008, 2012 y 2013, la Comisión le ruega nuevamente que transmita los comentarios que desee realizar sobre los alegatos de la COSYBU relativos a la existencia de discriminación basada en la opinión política en la contratación en la administración pública, especialmente en los sectores de la educación y de la salud, y que indique todas las medidas adoptadas para que la contratación en la administración pública no sea discriminatoria.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Discriminación basada en motivos de raza, color o ascendencia nacional. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que comunicara información acerca de las medidas adoptadas para hacer frente a la discriminación en el empleo entre los diferentes grupos étnicos. En su respuesta, el Gobierno se refiere nuevamente a la Constitución de 2005 y al Acuerdo de Arusha. Como tomara nota con anterioridad la Comisión, el artículo 122 de la Constitución prohíbe la discriminación basada, entre otras cosas, en motivos de origen, raza, etnia, sexo, color e idioma. La Comisión también toma nota de que, en virtud del artículo 129, 1), de la Constitución, el 60 por ciento y el 40 por ciento de los escaños del Parlamento están reservados para los hutus y los tutsis, respectivamente. También existen similares disposiciones para los puestos en la administración pública. En su memoria, el Gobierno también afirma que ya no existe discriminación étnica alguna en el empleo y la ocupación. Puesto que la eliminación de la discriminación y la promoción de la igualdad es un proceso continuo y no puede alcanzarse únicamente a través de la legislación, la Comisión encuentra dificultades en aceptar las declaraciones en el sentido de que la discriminación es inexistente en un determinado país. Destaca la necesidad que tiene el Gobierno de emprender acciones continuas con miras a la promoción y a la garantía de no discriminación y de igualdad en el empleo y la ocupación. Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud de información sobre toda medida específica adoptada para promover y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato, sin distinción de origen étnico, respecto del empleo en los sectores privado y público, incluidas las actividades de sensibilización y las medidas dirigidas a promover el respeto y la tolerancia entre los diferentes grupos. También reitera su solicitud de información en torno a las actividades de la recientemente establecida Comisión de Contratación para la Administración Pública, con miras a promover la igualdad de acceso al empleo de la administración pública de los diferentes grupos étnicos.

Pueblos indígenas. La Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de acceso de los Batwa a la educación, a la formación profesional y al empleo, y también para que puedan realizar sus actividades tradicionales. A fin de lograr estos objetivos el Gobierno podría revisar y fortalecer las leyes y las políticas nacionales pertinentes y garantizar su plena aplicación. La Comisión también solicita al Gobierno que adopte medidas para combatir los estereotipos y los prejuicios contra este grupo. Se solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información detallada en relación con estos asuntos.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Camerún

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC), recibidas el 10 de octubre de 2014, sobre la memoria del Gobierno relativa a cuestiones examinadas por la Comisión. La Comisión toma nota también de las observaciones de la Confederación de Trabajadores Unidos de Camerún (CTUC), recibida el 11 de noviembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.

Artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. Legislación. La Comisión toma nota de que el Gobierno reafirma que está aún en curso el proceso de revisión del Código del Trabajo y que tendrá en cuenta las preocupaciones que la Comisión viene expresando en sus comentarios. Una vez más, la Comisión confía en que el Gobierno pueda, en un futuro próximo, informar de la adopción de este texto y que contenga efectivamente las disposiciones que definan y prohíban expresamente la discriminación directa e indirecta fundada, como mínimo, en cada uno de los criterios enumerados por el Convenio, en todos los aspectos del empleo y de la ocupación, incluido el acceso a la formación profesional. También se pide al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre el estado actual del proceso de revisión del Código del Trabajo, incluida información sobre las consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y que comunique una copia de la ley de refundición del Código del Trabajo en cuanto se haya adoptado.

Discriminación basada en motivos de sexo. Desde hace algunos años, la Comisión viene instando al Gobierno a que adopte medidas concretas para eliminar de la legislación nacional toda disposición que tenga por efecto la destrucción o la alteración de la igualdad de oportunidades o de trato de las mujeres en materia de empleo y ocupación, especialmente las disposiciones del Código Penal y del Código Civil, y de la ordenanza núm. 81-02, de 29 de junio de 1981, que confiere al marido el derecho de oponerse a que su mujer trabaje, invocando el interés de la familia y de los hijos. A ese respecto, el Gobierno indica que esta disposición ha quedado obsoleta, puesto que, en caso de recurso al tribunal por parte del cónyuge, se aplican las disposiciones del artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (se aseguran «los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación»). El Gobierno precisa que estas disposiciones no figurarán en el futuro Código Civil, que está en la actualidad en curso de elaboración. Al tiempo que toma nota de estas informaciones, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte, sin demora, las medidas necesarias para que se supriman de la legislación las disposiciones que tengan por efecto la discriminación de la mujer en materia de empleo y de ocupación, especialmente en materia civil y penal, y comunicar informaciones precisas sobre los progresos realizados a este respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que adopte medidas específicas para luchar contra los estereotipos y prejuicios relativos a las funciones específicas de hombres y mujeres en la sociedad, de modo de eliminar los obstáculos al empleo de las mujeres y comunicar informaciones sobre toda medida concreta adoptada en este sentido.

Artículo 1. Ofertas de empleo discriminatorias. La Comisión recuerda que la Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC), en una comunicación de 9 de septiembre de 2011, alegó que algunas empresas continúan publicando ofertas de empleo en función del género y que algunos empleos siguen aún reservados a un sexo, por ejemplo, los empleos de bomberos de la Agencia para la Seguridad de Navegación Aérea en África (ASECNA), que sólo contrataría a hombres. La Comisión toma nota de que, en una comunicación de 13 de febrero de 2013, el Gobierno indica que solicitó a la UGTC informaciones complementarias. Además, el Gobierno precisa en su memoria que las ofertas de empleo, incluidas las relativas a la ASECNA, se dirigen a las personas de los dos sexos, pero que existe no obstante un verdadero problema, dado que no se dispone de las competencias requeridas en estos terrenos, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. En su comunicación de 2014, la UGTC indica que, desde su comunicación anterior de 2011, la ASECNA ha contratado, mediante concurso, a una mujer en calidad de bombero. La organización también indica que ha comprobado la existencia de ofertas de empleo publicadas por oficinas de empleo, en las que se menciona uno u otro sexo, y precisa que tiene previsto organizar, para los consejeros de esas oficinas, una actividad de formación y de sensibilización sobre el principio del Convenio, en colaboración con la OIT. La Comisión pide al Gobierno que comunique todo comentario que desee formular en respuesta a las observaciones de la UGTC y que transmita informaciones sobre toda medida adoptada para, llegado el caso, poner fin y sancionar la difusión de ofertas de empleo discriminatorias, precisando la función y los medios de la inspección del trabajo a este respecto. También se pide al Gobierno que indique toda medida adoptada para sensibilizar a los trabajadores, a los empleadores y a sus organizaciones, así como a las personas encargadas de la contratación en las empresas y las administraciones sobre el principio de no discriminación.

Artículo 2. Política nacional de igualdad. La Comisión acoge favorablemente la validación, en febrero de 2014, de un documento de política nacional de género y la elaboración de planes sectoriales para su aplicación. Esta política se traduce en la designación de «puntos focales de género» en todas las administraciones, en un presupuesto que tenga en cuenta el género y en la consideración del género en el Código Electoral, sobre todo con el fin de fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública y la toma de decisiones en promover un entorno sociocultural favorable respecto de los derechos de la mujer y en reforzar el marco institucional. Al tiempo que acoge con satisfacción estas informaciones, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas prácticas adoptadas para aplicar la política nacional de género y sobre su impacto en el empleo y la ocupación. Recordando que, en virtud del Convenio, es esencial que la política nacional de igualdad se refiera a todos los motivos de discriminación enumerados en el artículo 1, párrafo 1, a), la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para elaborar y aplicar una política nacional de igualdad que comprenda programas de acción y medidas prácticas, con miras a promover la igualdad de oportunidades y de trato, sin distinción de raza, de color, de religión, de opinión política, de ascendencia nacional o de origen social, en todos los aspectos del empleo, incluido el acceso al empleo y la remuneración. También se pide al Gobierno que comunique informaciones sobre toda actividad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertades (CNDHL), que se dirija a luchar contra la discriminación basada en estos motivos y a promover la igualdad en materia de empleo y ocupación.

Artículo 5. Medidas especiales de protección de la mujer. En cuanto a los trabajos prohibidos a las mujeres, en virtud del decreto núm. 16/MLTS, de 27 de mayo de 1969, el Gobierno reafirma que la revisión en curso del Código del Trabajo entrañará la revisión de sus textos de aplicación. Si bien la Comisión comprende que estas restricciones están motivadas esencialmente por la voluntad de proteger la salud y la seguridad de las mujeres, considera que las medidas encaminadas a proteger a las mujeres en general, en razón de su sexo o de su género, fundadas en puntos de vista estereotipados de sus aptitudes y de la adecuada función que deben desempeñar en la sociedad, constituyen obstáculos a la contratación y al empleo de las mujeres. Sin embargo, la Comisión desea subrayar que para eliminar las disposiciones discriminatorias hacia la mujer puede ser necesario examinar qué otras medidas, como la mejora de la protección de la salud de hombres y mujeres, la puesta a disposición de medios de transporte adecuados y seguros y el establecimiento de servicios sociales, pueden ser necesarias para garantizar que las mujeres puedan trabajar en un plano de igualdad con los hombres. La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para revisar la lista reglamentaria de los trabajos prohibidos a las mujeres, a la luz del principio de igualdad, así como las medidas orientadas a eliminar los obstáculos al empleo de la mujer en la práctica y a mejorar la salud y la seguridad en el trabajo de hombres y mujeres. Asimismo, pide al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre los progresos realizados en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Comoras

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2004)

Artículo 2 del Convenio. Política nacional. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que el Gobierno reconoce en su memoria que es necesario adoptar importantes medidas para mejorar la situación de la mujer en materia de empleo, educación, alfabetización y formación profesional y que el acceso al crédito bancario tradicional es muy difícil para las mujeres. La Comisión también toma nota de las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en las que expresa su preocupación por la persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados respecto de las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y la sociedad (documento CEDAW/C/COM/CO/1-4, de 8 de noviembre de 2012, párrafos 21 y 22). La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene informaciones sobre la Política Nacional de Equidad y de Igualdad de Género (PNEEG) adoptada en 2008 y su plan de acción. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para eliminar los obstáculos que impiden la participación de las mujeres en el empleo y en las diferentes profesiones y favorecer su acceso al crédito y a los recursos, especialmente medidas destinadas a luchar contra los estereotipos y prejuicios respecto de las mujeres, y que proporcione informaciones sobre toda medida adoptada en ese sentido. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas para llevar a la práctica la PNEEG y la política y estrategia subregionales en materia de género de la Comisión del Océano Índico adoptada por los gobiernos de los países de la región en abril de 2009, o toda otra política adoptada más recientemente en la materia, y los resultados obtenidos en materia de empleo y ocupación.

Igualdad de oportunidades y de trato sin distinción basada en la raza, el color, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2 del Convenio, los Estados que ratifican el Convenio se obligan a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. La Comisión recuerda también que la aplicación de una política nacional en materia de igualdad presupone la adopción de una serie de medidas específicas que a menudo son una combinación de medidas legislativas y administrativas, convenios colectivos, políticas públicas, medidas positivas, mecanismos de resolución de conflictos y de control, órganos especializados, programas prácticos y actividades de sensibilización (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 848 y 849). Ante la ausencia de información sobre ese punto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para formular y aplicar una política nacional a fin de garantizar la igualdad en el empleo y la ocupación a todos, independientemente de la raza, el color, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República de Corea

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1998)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en mayo-junio de 2014, incluida la información escrita proporcionada por el Gobierno.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Trabajadores migrantes. Desde hace varios años la Comisión ha venido señalando al Gobierno la necesidad de prever una flexibilidad adecuada para permitir que los trabajadores migrantes cambien de lugar de trabajo y para garantizar una protección efectiva de estos trabajadores contra la discriminación. En este contexto, la Comisión tomó nota con anterioridad de que los trabajadores migrantes están comprendidos en general por la legislación laboral y contra la discriminación, y saludó los cambios realizados por el Sistema de Permiso de Empleo, que permite a los trabajadores extranjeros cambios ilimitados en el lugar de trabajo, en caso de «trato injusto», en cuya definición se incluye la discriminación infundada por parte del empleador. Al mismo tiempo, la Comisión tomó nota de que no está claro de qué manera los centros de trabajo «reconocen objetivamente» a una víctima de discriminación, lo que autorizaría al trabajador extranjero afectado a solicitar un cambio inmediato de lugar de trabajo. La Comisión pidió al Gobierno que siga realizando exámenes regulares de la legislación aplicable por la que se rigen los trabajadores migrantes y otras medidas afines. La Comisión observa que los trabajadores extranjeros pueden presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República de Corea (NHRCK), cuyos resultados pueden presentarse a los centros de trabajo. La Comisión toma nota también de que, durante las discusiones sobre la aplicación del Convenio en la Comisión de la Conferencia, el Gobierno indicó que la carga de la prueba no corresponde únicamente a los trabajadores, y que, ante la ausencia de pruebas suficientes, el centro de trabajo local trata de determinar los hechos para abordar el caso. El Gobierno indica asimismo en su memoria que, en caso de tal investigación, se coloca al trabajador en un nuevo puesto de trabajo, mientras esté pendiente la determinación del caso. El Gobierno también comunica información general sobre el número de establecimientos de trabajo inspeccionados en 2013 y el número total de violaciones de la legislación laboral detectadas. La Comisión pide al Gobierno que continúe sus esfuerzos para garantizar que los trabajadores migrantes puedan, en la práctica, cambiar de lugar de trabajo cuando sean víctimas de infracciones de la legislación contra la discriminación, y que comunique información a este respecto. Sírvase transmitir información sobre el número de trabajadores migrantes que se recurrieron a los centros de trabajo para solicitar un cambio de lugar de trabajo, en base a un «trato injusto por parte del empleador», la naturaleza y los resultados de esos casos y la manera en que los centros de trabajo «reconocen objetivamente» a una víctima de discriminación. La Comisión pide al Gobierno que continúe monitoreando la situación a efectos de garantizar que se aplique y ejecute plenamente la legislación que protege a los trabajadores migrantes de la discriminación, y que comunique información sobre la naturaleza y el número de violaciones detectadas, y las reparaciones acordadas, así como el número, la naturaleza y los resultados de las quejas presentadas por los inspectores del trabajo, los tribunales y la NHRCK.

Discriminación por motivos de sexo y de la situación en el empleo. La Comisión recuerda que, en el contexto coreano, los términos «trabajadores no regulares», se refieren a los trabajadores a tiempo parcial, con contratos de duración determinada y temporeros, siendo muchos de esos trabajadores mujeres. El Gobierno indica en su memoria que, tras las medidas para los trabajadores no regulares del sector público, adoptadas en noviembre de 2011, 30 932 trabajadores no regulares contratados en un trabajo permanente y continuo, se convirtieron en trabajadores con contratos indefinidos, y que la enmienda de la Ley sobre la Protección, etc., de los Trabajadores Temporeros, de 2012, dio lugar a que 3 800 trabajadores fuesen contratados directamente por sus empleadores, en 2013, de conformidad con las órdenes gubernamentales. El Gobierno también indica que, en 2014, se realizaron nuevas revisiones, tanto de la Ley sobre la Protección, etc., de los Trabajadores Temporeros, como de la Ley sobre la Protección, etc. de los Empleados con Contratos de Duración Determinada y a Tiempo Parcial, para introducir un sistema punitivo de compensación monetaria, como medida orientada a abordar la discriminación reiterada o intencional. Desde principios de 2014, se requiere que los empleadores con 300 o más trabajadores anuncien la situación contractual de los tipos de contrato de los trabajadores. El Gobierno también proyecta introducir una directriz para la seguridad del empleo de los trabajadores no regulares y su conversión en trabajadores regulares, que promoverá la conversión voluntaria de los trabajadores no regulares en trabajadores regulares. La Comisión toma nota asimismo de que, en 2013, la NHRCK realizó un estudio sobre las Trabajadoras no Regulares (Informe anual de 2013, Seúl, abril de 2014, pág. 72). Al tiempo que saluda estas iniciativas, la Comisión insta al Gobierno a que examine la eficacia de las medidas adoptadas sobre los trabajadores no regulares para garantizar que no den lugar en la práctica a una discriminación basada en motivos de sexo y en la situación contractual, en contradicción con el Convenio. En particular, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación práctica de las medidas para los trabajadores no regulares en el sector público y las revisiones efectuadas a la Ley sobre la Protección, etc., de los Empleados con Contratos de Duración Determinada y a Tiempo Parcial y a la Ley sobre la Protección, etc., de los Trabajadores Temporeros, incluida toda sanción impuesta a las infracciones. La Comisión pide al Gobierno que garantice que toda información reunida sobre la situación de los tipos de empleo de los trabajadores, esté desglosada por sexo, y que envíe información al respecto. Sírvase también comunicar información sobre los resultados del estudio de la NHRCK sobre las trabajadoras no regulares, incluidas las medidas de seguimiento adoptadas.

Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión recuerda la baja tasa de participación de las mujeres en la fuerza del trabajo y las medidas adoptadas por el Gobierno, para promover el empleo de la mujer, a través de programas de acción positiva. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual la tasa de participación de las mujeres aumentó del 54,5 por ciento, en 2010, al 57,2 por ciento, en 2014. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha adoptado nuevas medidas legislativas para garantizar la efectiva aplicación de sus programas de acción positiva. Toma nota especialmente de las enmiendas al decreto de aplicación de la Ley sobre Igualdad en el Empleo y Apoyo para Conciliar la Vida Familiar y Profesional, de diciembre de 2013, para elevar el porcentaje mínimo de mujeres en el empleo y en puestos de dirección, con arreglo a las obligaciones de acción positiva. El Gobierno también indica que la Ley sobre Igualdad en el Empleo y Apoyo para Conciliar la Vida Familiar y Profesional, se enmendó en noviembre de 2014, para introducir un sistema de denuncias a las empresas que no cumplen con sus obligaciones relacionadas con la acción positiva, que comenzó en 2015. El Gobierno también aplicó los objetivos establecidos para las mujeres dirigentes de instituciones públicas (fijados en 18,6 por ciento, en 2013) e indica que realizará una evaluación del desempeño en 2015. El Gobierno comunica asimismo información según la cual se prestan servicios de asesoramiento profesional, de colocación laboral y de formación profesional por parte de 82 centros de trabajo asociados con el Ministerio de Empleo y Trabajo (MEOL) y de 130 centros de trabajo asociados con el Ministerio de Igualdad de Género y Familia. Con respecto a la administración pública, el Gobierno informa que, desde la introducción de los programas de acción positiva, la tasa de empleo de las mujeres aumentó al 37,09 por ciento, en 2014, representando las mujeres el 18,37 por ciento de las personas que ocupan puestos directivos. En relación con los inspectores de igualdad en el empleo a título honorario (personas recomendadas, tanto por los trabajadores como por la administración, entre los trabajadores interesados del lugar de trabajo), el Gobierno indica que 5 000 de esos inspectores desempeñan funciones en establecimientos de trabajo de todo el país. La Comisión pide al Gobierno que continúe comunicando información sobre las medidas adoptadas, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para promover el acceso de las mujeres a una gama más amplia de oportunidades de empleo y a un empleo de alta calidad, en los sectores público y privado, incluidos los niveles directivo y de adopción de decisiones, y que informe sobre los resultados obtenidos. La Comisión también pide al Gobierno que indique el impacto de los programas ampliados de acción positiva en la participación de las mujeres en la fuerza del trabajo. Sírvase comunicar información adicional sobre las actividades de los inspectores de igualdad en el empleo a título honorario y su impacto al abordar la discriminación basada en motivos de sexo en el empleo y la ocupación.

Discriminación basada en motivos de opinión política. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó su preocupación respecto de la prohibición de que los profesores de enseñanza preescolar, primaria y secundaria participen en actividades políticas, y tomó nota de las referencias del Gobierno a los artículos de la Constitución relativos al derecho a la educación, a la neutralidad política de los funcionarios del Gobierno y a la neutralidad política de la educación, así como sentencias relacionadas del Tribunal Constitucional. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual, en agosto de 2014, el Tribunal Constitucional dictaminó que la aplicación de la prohibición de las actividades políticas sólo a los profesores de los niveles preescolar y de enseñanza media, no equivalen a una discriminación infundada. El Gobierno añade que se adoptaron medidas disciplinarias respecto de los profesores que juntaron o donaron fondos para partidos políticos concretos. La Comisión recuerda una vez más que la protección contra la discriminación basada en la opinión política, se aplica a las opiniones expresadas o demostradas, y que las medidas de exclusión basadas en la opinión política deberían examinarse objetivamente para determinar si los requisitos de naturaleza política están realmente justificados por los requisitos inherentes al empleo en cuestión (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 805). La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar que los profesores de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, gocen de una protección contra la discriminación basada en la opinión política, como prevé el Convenio, incluido el establecimiento de criterios concretos y objetivos para determinar los casos en los que la opinión política podría considerarse un requisito inherente de un determinado empleo, de conformidad con el artículo 1, párrafo 2), del Convenio. Sírvase comunicar información completa sobre los progresos realizados al respecto. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información sobre el número de profesores respecto de los cuales se iniciaron acciones disciplinarias, y los resultados de estos casos, y que transmita una copia de la sentencia del Tribunal Constitucional a la que se refiere el Gobierno.

Aplicación. La Comisión toma nota de la información general comunicada por el Gobierno sobre el número de lugares de trabajo inspeccionados y el número total de violaciones detectadas por los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que, según la información comunicada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia, se registraron en 2013, 589 violaciones de la Ley sobre la Protección, etc., de los Trabajadores Temporeros, y 213 violaciones de la Ley sobre la Protección, etc., de los Empleados con Contratos de Duración Determinada y a Tiempo Parcial. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno a la Comisión de la Conferencia, según la cual se establecieron 37 centros de apoyo y un centro de atención telefónica, para prestar servicios gratuitos a los trabajadores migrantes, como un asesoramiento en leyes laborales. La Comisión toma nota del Informe anual de 2013 de la NHRCK, según el cual recibió 615 quejas sobre discriminación en el empleo, la mayoría de las cuales se vincularon con la contratación y los salarios, pero no está claro en qué medida éstas fueron presentadas por los trabajadores migrantes. La Comisión pide al Gobierno que continúe comunicando información sobre el número y la naturaleza de las infracciones a la legislación sobre la no discriminación detectadas por los inspectores del trabajo o notificadas a los mismos, la Ley sobre la Protección, etc., de los Trabajadores Temporeros y la Ley sobre la Protección, etc., de los Trabajadores con Contratos de Duración Determinada y a Tiempo Parcial, las sanciones impuestas y las reparaciones acordadas. Sírvase indicar el número, la naturaleza y los resultados de las quejas pertinentes tramitadas por la NHRCK, así como de las quejas presentadas por los trabajadores migrantes ante la Comisión Nacional de Relaciones Laborales y los tribunales, y transmitir copias de las decisiones judiciales pertinentes.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Dominicana

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) recibidas el 2 de septiembre de 2014 que señalan que los trabajadores domésticos no están cubiertos por el Código del Trabajo y no gozan de iguales derechos que los demás trabajadores, y que las personas mayores de 35 años tienen mayores dificultades para acceder al empleo. Las organizaciones sindicales se refieren también a las cuestiones que ya están siendo examinadas por la Comisión como la persistente exigencia de pruebas de embarazo y de pruebas relativas al estado seropositivo respecto del VIH para acceder y permanecer en el empleo y la discriminación salarial de que son objeto los trabajadores de origen haitiano y de otros países latinoamericanos en el sector de la construcción. La Comisión toma nota también de las observaciones presentadas por la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) de 28 de agosto de 2014 en las que se expresa el rechazo a la discriminación y se informa sobre las actividades llevadas a cabo en el marco de la política sobre VIH y el sida en el lugar de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto, en particular sobre la situación de los trabajadores domésticos y las personas mayores de 35 años y sobre las actividades llevadas a cabo en el marco de la política sobre el VIH y el sida en el lugar de trabajo.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

Artículo 1, párrafo 1), del Convenio. La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de la Conferencia en mayo-junio de 2014. En sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia recordó que el caso fue examinado en 2008 y en 2013 y que las cuestiones planteadas se refieren a la discriminación en el empleo y la ocupación contra los haitianos y los dominicanos de piel oscura, la discriminación por motivo de sexo, incluyendo el acoso sexual, las pruebas de embarazo obligatorias y también las pruebas obligatorias para establecer el estado serológico respecto del VIH. La Comisión de la Conferencia se refirió también a la sentencia núm. TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, de 23 de septiembre de 2013, que denegaba de manera retroactiva la nacionalidad dominicana a los extranjeros e hijos de extranjeros afectando de manera particular a los haitianos y a los dominicanos de origen haitiano. A este respecto, la Comisión de la Conferencia tomó nota de la información suministrada por el Gobierno en relación con la adopción de las medidas legislativas y prácticas, en particular, del decreto núm. 327-13, de 20 de noviembre de 2013, que establece el Plan nacional de regularización de extranjeros y de la ley núm. 169-14, de 23 de mayo de 2014, que tiene el objeto de dar solución a la situación de los dominicanos de origen haitiano. La Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a incrementar sus esfuerzos para aplicar de manera efectiva la legislación sobre discriminación, reforzar las sanciones y asegurar que los procedimientos de queja sean eficaces y accesibles a todos los trabajadores incluyendo los trabajadores de origen haitiano, los trabajadores migrantes y los trabajadores de las zonas francas de exportación. También instó al Gobierno a tomar medidas específicas para dar tratamiento a los estereotipos sociales y culturales existentes que contribuyen a la discriminación en el país y a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de la legislación que prohíbe las pruebas de embarazo y de VIH obligatorias para acceder al empleo y permanecer en él, así como de disposiciones que prohíban el acoso sexual en el lugar de trabajo de manera adecuada. La Comisión de la Conferencia alentó al Gobierno a establecer un comité permanente de carácter tripartito para dar tratamiento a todas las cuestiones relacionadas con la igualdad y la no discriminación, incluyendo aquellas relativas a los trabajadores de origen haitiano.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la Dirección General de Empleo procura que cada una de las políticas, programas y proyectos garantice la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación, incluyendo en las actividades de capacitación y en el acceso al empleo. El Gobierno señala que se ha brindado capacitación a los inspectores del trabajo, a empleadores y trabajadores en materia de igualdad de oportunidades con enfoque de género. La Comisión toma nota también de que la Comisión Técnica Institucional en materia de Igualdad de Oportunidades de carácter tripartito, establecida por el Ministerio de Trabajo, tendrá por objeto dar seguimiento a las políticas, programas y proyectos que propicien los derechos de los trabajadores. El Gobierno se refiere a medidas de capacitación y la sensibilización en materia de VIH y el sida en el lugar de trabajo y la inclusión laboral de las personas con discapacidad e indica que se proveen facilidades de transporte y acompañamiento a las personas con discapacidad para permitirles el acceso a la formación.

La Comisión lamenta observar que la memoria del Gobierno no contiene información concreta que le permita constatar que se hayan adoptado medidas específicas para dar tratamiento a las cuestiones pendientes desde hace años ante esta Comisión que han sido examinadas en diversas ocasiones por la Comisión de Aplicación de Normas relativas a la discriminación contra los trabajadores haitianos, los dominicanos de origen haitiano y los migrantes, así como la exigencia de pruebas de embarazo para acceder o permanecer en el empleo. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas concretas y urgentes con miras a garantizar que los trabajadores haitianos, los dominicanos de origen haitiano y los migrantes gozan de adecuada protección contra la discriminación por motivo de ascendencia nacional, incluyendo el acceso a mecanismos de examen de quejas que prevean sanciones efectivas en caso de informaciones y reparaciones para las víctimas. La Comisión también pide al Gobierno que envíe información al respecto así como sobre el número y los resultados de las denuncias de discriminación basadas en la ascendencia nacional que se han presentado. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre la implementación del Plan de regularización de extranjeros y de la aplicación en la práctica de la ley núm. 169-14, de 23 de mayo de 2014, y su impacto en el acceso y permanencia en el empleo de las personas afectadas y el modo en que se asegura que los mismos no incrementan la situación de vulnerabilidad de esta categoría de trabajadores. Sírvase incluir información desglosada por sexo sobre el número y el origen nacional de las personas que se han acogido al Plan de regularización y a la ley núm. 169-14.

La Comisión también insta al Gobierno a tomar medidas concretas para prevenir el acoso sexual y sensibilizar al respecto, y para abordar la exigencia de pruebas de embarazo a fin de acceder y permanecer en el empleo. En particular, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas con miras a incluir en la legislación, incluso en el marco de la actual revisión del Código del Trabajo, disposiciones que prohíban y sancionen de manera adecuada el acoso sexual (tanto el que se asemeja a un chantaje sexual (quid pro quo) como el ambiente de trabajo hostil) y la exigencia de pruebas de embarazo. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre toda evolución a este respecto así como sobre el número y la naturaleza de las denuncias presentadas, el resultado de las mismas, las sanciones impuestas y la reparación acordada. Sírvase enviar información sobre las actividades llevadas a cabo por la Comisión Técnica Institucional en materia de Igualdad de Oportunidades y su impacto en la aplicación del Convenio.

La Comisión recuerda que la Conferencia ha invitado al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la Oficina a efectos de garantizar la aplicación y el control efectivos de la ley y la política sobre no discriminación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Eslovaquia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1993)

Artículo 2 del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. Durante varios años, la Comisión ha venido observando que el artículo 119a, 2), del Código del Trabajo, en su forma enmendada en 2007 por la ley núm. 348/2007 Coll., que define el «trabajo de igual valor como un trabajo de idéntica o comparable complejidad, responsabilidad y dificultad, realizado en condiciones de trabajo idénticas o comparables y con resultados y productividad idénticos o comparables para el mismo empleador» es más restrictivo que el principio del Convenio. La Comisión señala al Gobierno el hecho de que, mientras factores tales como complejidad, responsabilidad, dificultad y condiciones de trabajo son claramente pertinentes para determinar el valor de los empleos, cuando se examinan dos empleos el valor no es necesario que sea el mismo o incluso comparable respecto de cada uno de los factores considerados. Determinar si dos empleos diferentes son de igual valor consiste en determinar el valor global de los empleos teniendo en cuenta todos los factores. El principio del Convenio exige la igualdad de remuneración por trabajos que son de una naturaleza diferente, incluidos aquellos de nivel de complejidad, responsabilidad y dificultad diversos, y que son llevados a cabo en condiciones absolutamente diferentes, y produciendo resultados diferentes, pero que, sin embargo, son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 676 a 679). La Comisión recuerda que el Código del Trabajo (artículo 119a, 2)) también limita el ámbito de la comparación de los trabajos realizados para el mismo empleador y que la aplicación del principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor no debería limitarse a comparaciones entre hombres y mujeres que trabajan en el mismo establecimiento, empresa o sector. Si bien toma nota de la memoria del Gobierno de que es posible la comparación entre empleadores vinculados por convenios colectivos con el mismo nivel superior, la Comisión recuerda que el principio del Convenio permite una comparación mucho más amplia entre los empleos desempeñados por los hombres y las mujeres en distintos lugares o empresas, o entre distintos empleadores o en distintos sectores. Cuando las mujeres están más intensamente concentradas en determinados sectores y profesiones, se corre el riesgo de que las posibilidades de comparación a escala de la empresa o establecimiento sean insuficientes (véase Estudio General de 2012, párrafos 697-698). La Comisión pide al Gobierno que considere enmendar la definición de trabajo de igual valor en el artículo 119a, 2), del Código del Trabajo para asegurar que cuando se determina si dos empleos son de igual valor, se considere el valor global de esos puestos de trabajo y que la definición permita una comparación exenta de sesgos de género de empleos que son de naturaleza totalmente diferente, y más allá del mismo empleador. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica del artículo 119a, del Código del Trabajo, incluyendo todas las decisiones judiciales o administrativas y sus resultados. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas para promover las evaluaciones objetivas de los empleos en el sector privado exentas de todo sesgo de género.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Discriminación contra los romaníes. La Comisión ha venido señalando, desde hace varios años, la discriminación en la educación y el empleo de los miembros de la comunidad romaní y las dificultades que afrontan para integrarse en el mercado del trabajo. En este sentido, la Comisión toma nota de la preocupación expresada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en relación con la estigmatización y la discriminación constantes a las que se somete a la comunidad romaní, y con su situación socioeconómica, que continúa siendo precaria, así como con la segregación de facto de los niños romaníes en la educación, incluyendo la proporción excesiva de estos niños en las clases y escuelas «especiales» para niños con discapacidad intelectual (documento CERD/C/SVK/CO/9-10, 17 de abril de 2013, párrafos 10 y 11). La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) señala también, en su informe de 2014, el acceso limitado de los romaníes al empleo debido, entre otras razones, a un deficiente acceso a la educación que ha dado lugar a una falta de calificaciones, un respaldo insuficiente en la búsqueda de trabajo por parte de las oficinas de empleo, la no idoneidad de los programas de formación profesional y la falta de acceso periódico a los microcréditos (documento CRI(2014)37, 19 de junio de 2014, párrafos 92 a 94). La Comisión saluda la adopción, en enero de 2012, de la Estrategia para la integración de los romaníes hasta 2020, en la que se abordan los desafíos derivados de la integración social de los romaníes en los ámbitos de la educación, el empleo, la no discriminación, la salud, la vivienda y la integración económica, prestando una especial atención a las comunidades romaníes marginadas. La Comisión toma nota de que, en la citada Estrategia, el Gobierno reconoce que debe prestarse más atención a la cuestión de la no discriminación. El Gobierno afirma también que «las encuestas de opinión pública sugieren que los romaníes son víctimas de discriminación con más frecuencia que el resto de la población y que los casos de supuesta discriminación no son denunciados ni las respectivas autoridades toman cartas en el asunto». La Comisión toma nota además de que la citada Estrategia tiene por objeto mejorar el acceso a una educación de calidad, incluyendo las instalaciones de la enseñanza preescolar, suprimir la segregación escolar de los niños romaníes y promover el acceso a las oportunidades de empleo mediante, entre otros métodos, la mejora de sus calificaciones profesionales y las relaciones entre la comunidad romaní y las oficinas de empleo. La Comisión considera que es difícil evaluar los progresos realizados en la situación de los romaníes en el empleo y la educación debido a la falta de datos pertinentes en la memoria del Gobierno y a la falta de una evaluación de los resultados de las políticas anteriores sobre la comunidad romaní, como el Concepto de Medio Plazo del Desarrollo de la Minoría Nacional Romaní, en la República Eslovaca (2008-2013). La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para evaluar el alcance de la segregación escolar de los niños romaníes en las escuelas y afrontar los problemas que plantea su situación, entre otros, el hecho de escolarizarlos en escuelas «especiales» para niños con discapacidad intelectual así como para promover su participación en la educación y la formación a varios niveles, incluyendo en las escuelas de enseñanza preescolar. La Comisión pide al Gobierno que comunique información específica sobre las medidas prácticas adoptadas para aplicar la Estrategia para la integración de los romaníes hasta 2020, además de las medidas para proporcionar asistencia efectiva y específica a las víctimas de discriminación por su condición étnica. Se ruega además que se sirva proporcionar información sobre el impacto de estas medidas sobre la situación de los romaníes en la educación, la formación y el empleo así como de la reciente información estadística, desglosada por sexo, sobre la situación socioeconómica de la comunidad romaní.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

España

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) recibidas el 12 y el 29 de agosto de 2014 y transmitidas también por el Gobierno. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT) recibidas el 29 de agosto de 2014. La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno a estas observaciones recibidas el 25 de noviembre de 2014 y que serán examinadas oportunamente.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha salarial por motivo de género. La Comisión toma nota de que la UGT y la CCOO se refieren al aumento de la brecha salarial y a la ineficacia de las medidas adoptadas para combatirla. Añaden que las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis se tradujeron en un aumento del desempleo, del empleo a tiempo parcial y de la concentración de las mujeres en los empleos con salarios más bajos. Según la UGT la brecha salarial es mucho mayor en sectores como el de la hotelería y en las actividades de elevada formación académica. La CCOO se refiere a la flexibilidad impuesta por la Ley núm. 3/2012, de 6 de julio de 2012, sobre la Reforma del Mercado Laboral, la cual tiene efectos discriminatorios que afectan a las mujeres: se disminuyen las ayudas a las empresas que contratan mujeres después de la licencia por maternidad y se precariza el trabajo a tiempo parcial y el trabajo doméstico. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la adopción de la ley núm. 3/2012 se traduce en un aumento de las ayudas otorgadas a las empresas que contratan mujeres, en la supresión de las denominaciones sexistas de las categorías profesionales, en la modificación del permiso de lactancia en beneficio de hombres y mujeres y la flexibilización del sistema de trabajo a tiempo parcial y a distancia.

El Gobierno reconoce que la brecha salarial por hora de trabajo se redujo entre 2002 y 2010, pero que desde entonces ha aumentado pasando del 16,2 por ciento en 2010 al 17,8 por ciento en 2012. La Comisión toma nota además de que según el examen efectuado en el marco del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (PEIO 2014-2016), el 73,26 por ciento de los trabajadores ocupados a tiempo parcial son mujeres y la ganancia anual de las mismas fue en el período anterior (2008-2011) 22,99 por ciento inferior a la de los hombres. La tasa de ocupación de las mujeres es también considerablemente menor. Existe además una marcada segregación en el ámbito de la educación y del trabajo. La segregación horizontal y vertical se traducen en el ámbito laboral en la feminización de sectores como la educación (67 por ciento de mujeres), los servicios sanitarios y sociales (77 por ciento de mujeres) y el trabajo doméstico (88 por ciento de mujeres), mientras que los sectores de la construcción, el transporte y la agricultura, están ocupados en más del 77 por ciento por hombres. Las mujeres están más representadas asimismo en las ocupaciones menos calificadas y sólo el 3,2 por ciento ocupa puestos de responsabilidad. En cuanto a la segregación en la educación, las mujeres se matriculan principalmente en las ciencias de la salud y la educación y se ven menos representadas en las carreras de arquitectura e ingeniería, por ejemplo. A este respecto, el Gobierno añade que el primer eje del PEIO 2014-2016 está dedicado a la lucha contra la discriminación salarial y al control del cumplimiento de las normas en materia de igualdad salarial. La Comisión observa, sin embargo, que el Gobierno ha proporcionado escasa información sobre la adopción de medidas concretas tendientes a dar tratamiento a la brecha salarial y a la marcada segregación entre hombres y mujeres en la educación y en el empleo. La Comisión recuerda que las diferencias salariales siguen siendo una de las formas más persistentes de desigualdad entre hombres y mujeres y que deben tomarse medidas más proactivas para sensibilizar, evaluar, promover y hacer efectiva la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas concretas, incluso en el marco del PEIO 2014-2016, para dar tratamiento adecuado a la brecha salarial por motivo de género. La Comisión pide asimismo al Gobierno que tome medidas en el ámbito de la educación y la formación profesional, para dar tratamiento a la marcada segregación ocupacional y permitir un mayor acceso de las mujeres a carreras no tradicionales y puestos de responsabilidad. La Comisión pide al Gobierno que envíe información al respecto y que acompañe información estadística desglosada por sexo sobre la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo (indicando los sectores de ocupación y nivel de ingresos), en la educación y en la formación profesional.

Inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que según la UGT, la actuación de la inspección del trabajo en el tratamiento de la brecha de remuneración es insuficiente. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la Inspección del Trabajo realiza campañas regulares contra la discriminación salarial y se refiere a los resultados obtenidos desde 2010 hasta 2013. El Gobierno se refiere a la adopción de la instrucción núm. 3/2011 sobre la vigilancia en las empresas de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en virtud de la cual el examen de la discriminación constituye una actividad permanente de la inspección. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre las medidas adoptadas y las investigaciones llevadas a cabo por la Inspección del Trabajo, en particular sobre las actuaciones en virtud de la instrucción núm. 3/2011.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) recibidas el 8 y 22 de agosto de 2014 y transmitidas también por el Gobierno. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT) de 29 de agosto de 2014. La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno a estas observaciones recibidas el 25 de noviembre de 2014 y que será examinada posteriormente.

Artículo 1 del Convenio. Discriminación por motivo de raza, color, religión y ascendencia nacional. En sus comentarios anteriores la Comisión pidió al Gobierno que enviara información sobre las medidas, programas y planes de acción para promover la igualdad de oportunidades y de trato y abordar la discriminación en el empleo y la ocupación basada en motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la UGT señala que el Gobierno no ha adoptado planes de acción y medidas para promover la igualdad de trato y de oportunidades para los migrantes. Tampoco se han tomado medidas de diálogo social para la promoción de códigos de conducta y buenas prácticas en el empleo previstas en el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) 2011-2014. Asimismo, el presupuesto asignado para la implementación de diversas medidas, incluido el mencionado Plan se ha visto considerablemente reducido. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que en el marco del PECI 2011-2014 se ha elaborado una estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. Si bien la estrategia no está dirigida a grupos específicos de población, la misma tiene en consideración la situación de la población migrante y romaní como la más vulnerable. Partiendo de la transversalidad del principio de igualdad de trato, se prevén una serie de medidas en diversos ámbitos como la educación, la sensibilización y el empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que en el marco del PECI 2011-2014 se ha adoptado un proyecto destinado a elaborar un mapa de la discriminación en España que implica la realización de encuestas de percepción y la recopilación sistemática de datos empíricos y oficiales sobre denuncias, infracciones, sanciones, faltas y delitos de contenido discriminatorio. Al tiempo que toma nota también de las diversas medidas, programas estrategias adoptadas en el marco del PECI 2011-2014, la Comisión observa que no se proporciona información sobre el impacto concreto que dichas medidas han tenido en el tratamiento de la discriminación por motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional en el empleo y la ocupación. La Comisión destaca la importancia de evaluar el impacto de las medidas adoptadas en el marco del PECI 2011-2014 a fin de determinar si las mismas han sido eficaces en la eliminación de la discriminación por motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional y en la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato respecto de estos criterios para todas las categorías de trabajadores en todos los sectores de empleo y ocupación (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 844 a 847). La Comisión pide al Gobierno que garantice que las acciones y medidas previstas en el marco del PECI 2011-2014, y en particular en el marco de la estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, cuenten con el presupuesto adecuado para su realización. La Comisión pide asimismo al Gobierno que evalúe el impacto de dichas acciones y medidas en el tratamiento de la discriminación en el empleo y la ocupación por motivos de raza, color, religión y ascendencia nacional en los hombres y las mujeres, en particular con respecto a la situación de los trabajadores migrantes y de los romaníes. La Comisión pide también al Gobierno que informe sobre la elaboración del mapa de la discriminación en España y las medidas adoptadas como consecuencia del mismo. La Comisión pide al Gobierno que envíe información al respecto, así como sobre los obstáculos y las dificultades encontrados.

Artículo 2. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que en sus observaciones CCOO señala que el número de planes de igualdad elaborados por las empresas descendió en 2013 y 2014 y que se han visto paralizadas las medidas tendientes a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en todas las empresas, incluidas aquellas con menos de 250 trabajadores. Además, todavía no se ha llevado a cabo la evaluación tripartita de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (núm. 3/2007). En sus observaciones sobre la aplicación del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), la UGT se refiere también a la falta de adecuación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO 2014-2016) a la crisis económica actual, lo cual tiene un impacto negativo en el empleo de las mujeres. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las diversas medidas legislativas y prácticas adoptadas para promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota también de los diversos planes de igualdad adoptados por diversas empresas, de las subvenciones acordadas a las pequeñas y medianas empresas para la elaboración de dichos planes, así como del incremento en el porcentaje de convenios colectivos que incorporan previsiones relativas a los planes de igualdad (de 63 por ciento en 2012 a 64,44 por ciento en 2014). El Gobierno señala también que se ha elaborado un estudio académico sobre la ley núm. 3/2007 que ha sido presentado a las organizaciones sindicales como base para la evaluación tripartita de dicha ley. La Comisión toma nota de la evaluación del PEIO 2008-2011 según la cual los avances constatados en el acceso a la educación de las mujeres no se han traducido en el acceso, permanencia y condiciones de trabajo y en el acceso a puestos de responsabilidad de las mismas. Esto se debe, entre otras causas, a la dificultad en conciliar las responsabilidades familiares y laborales y a la marcada segregación en la educación y en el empleo. El Gobierno indica que estas conclusiones sirvieron para la elaboración del PEIO 2014-2016. El Gobierno señala también que la participación de la mujer en la vida política se ha ido incrementando de manera sensible (casi 36 por ciento de las bancas en las elecciones a diputados y a senadores y más de la mitad de los integrantes del sistema judicial); sin embargo, su representación es escasa en el sistema académico. La Comisión toma nota de que en sus objetivos estratégicos, el PEIO 2014-2016 busca dar tratamiento a esta situación y prevé la adopción de un Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial 2014-2016. La Comisión se remite a este respecto a sus comentarios formulados en el marco del examen de la aplicación del Convenio sobre Igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100). La Comisión pide al Gobierno que continúe tomando medidas proactivas con miras a incrementar el número de empresas que adoptan planes de igualdad y que indique si dichos planes son el resultado de negociaciones colectivas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas en el marco del PEIO 2014-2016 y del Plan especial para la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial 2014-2016, sobre el modo que dichas medidas se adaptan a la actual situación de crisis y el impacto de tales medidas en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Sírvase enviar también información sobre el resultado de la evaluación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (núm. 3/2007).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Filipinas

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1953)

Artículo 1, b), del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión ha venido tomando nota desde hace varios años de la interpretación restrictiva que el Gobierno hace de la definición de «trabajo de igual valor» — a la que se refiere el artículo 135, a), del Código del Trabajo — en el reglamento de 1990 en aplicación de la Ley de la República núm. 6725, donde se define el «trabajo de igual de valor» como «actividades, trabajos, tareas, funciones o servicios que sean idénticos o sustancialmente idénticos». La Comisión había instado al Gobierno a dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que está trabajando en la elaboración de una orden ministerial por la que se establecerán directrices para modificar dicha definición de forma que se ajuste a lo dispuesto en el Convenio. La Comisión hace hincapié en que el concepto de «trabajo de igual valor» es fundamental para dar tratamiento a la segregación laboral basada en las diferencias de sexo que caracteriza el mercado del trabajo de Filipinas; y en que comparar el valor relativo del trabajo realizado en profesiones que pueden requerir diversos tipos de calificaciones, responsabilidades o condiciones de trabajo, pero que sin embargo representan en general un trabajo del mismo valor, es esencial para eliminar la discriminación salarial (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 675). La Comisión insta al Gobierno a garantizar que las directrices para modificar la definición de «trabajo de igual valor» darán plena expresión legislativa al principio de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, incluyendo pero no limitando la igualdad de remuneración a un trabajo «idéntico», «igual», «el mismo» o «similar», y de forma que englobe también el trabajo de hombres y mujeres que aunque sea completamente diferente tiene el mismo valor.

Artículo 3. Evaluación objetiva del empleo. La Comisión ha venido solicitando al Gobierno desde hace varios años que suministre información sobre los métodos de los que dispone para promover una evaluación objetiva de los empleos, libre de sesgo de género. El Gobierno señala que el Departamento de Trabajo y Empleo (DOLE), a través de su Oficina de Empleo Local (BLE) está elaborando un Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos (orden administrativa DOLE núm. 145), destinada a prever un marco para definir y evaluar las competencias, exigencias laborales, necesidades, mano de obra y deficiencias en la educación y la formación de los trabajadores del país en relación con los sectores fundamentales. El Gobierno añade que la BLE informará y alentará a los diversos sectores y empleadores para que ejecuten análisis, programas de evaluación y planes de recursos humanos a fin de determinar el valor de cada puesto de trabajo en la organización. En este sentido, la Comisión señala al Gobierno la necesidad de asegurar que los métodos utilizados para la evaluación objetiva de los empleos están exentos de sesgo de género: es importante garantizar que la selección de los factores de comparación, la ponderación de esos factores y la comparación propiamente dicha no sean discriminatorias, ya sea directa o indirectamente. A menudo, las capacidades consideradas como «femeninas», como la destreza manual y las aptitudes relacionadas con el cuidado de las personas, están infravaloradas o ni siquiera se tienen en cuenta, en comparación con las capacidades tradicionalmente «masculinas», como la manipulación de objetos pesados (véase Estudio General de 2012, párrafo 701). La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para garantizar que el marco para la evaluación de las competencias y del empleo en virtud del Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos está desprovisto de sesgo de género y tiene en consideración la menor representación de las mujeres en determinados sectores y profesiones al evaluar las deficiencias en la educación y la formación. Sírvase proporcionar información específica sobre las medidas adoptadas o previstas para incitar a las empresas a que realicen evaluaciones objetivas de empleo desprovistas de sesgo de género.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Gambia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1, párrafo 1), a), del Convenio. Discriminación en el empleo y la ocupación. Legislación. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que destacó que las disposiciones de la Constitución sobre discriminación no incluyen ninguna referencia a la prohibición de la discriminación directa e indirecta en el empleo y la ocupación, y sólo se refieren al tratamiento discriminatorio ejercido por funcionarios públicos (artículo 33, 3)). Asimismo, la Comisión tomó nota de que la Ley del Trabajo de 2007 no define ni prohíbe la discriminación en el empleo y la ocupación en base a cualquiera de los motivos enumerados en el Convenio, excepto en caso de despido y de adopción de medidas disciplinarias (artículo 83, 2)). La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona respuesta alguna a su solicitud en relación con la necesidad de enmendar la legislación. La Comisión recuerda de nuevo que, si bien las disposiciones constitucionales generales sobre igualdad son importantes, no son en general suficientes para abordar los casos específicos de discriminación en el empleo y la ocupación, y se requiere una legislación integral contra la discriminación para garantizar la efectiva aplicación del Convenio, en base, como mínimo, a todos los motivos de discriminación que figuran en el artículo 1, 1), a), y en todos los ámbitos del empleo y la ocupación. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas a fin de incluir la protección legislativa contra la discriminación directa e indirecta en todas las fases del empleo y la ocupación en base, como mínimo, a todos los motivos que figuran en el Convenio, a saber, raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que incluya en la legislación disposiciones que prevean sanciones disuasorias y reparaciones apropiadas en los casos de discriminación. Sírvase transmitir información específica sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Grecia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1975)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Impacto de las medidas de la reforma estructural en la aplicación del Convenio. La Comisión ha venido examinando durante algunos años las medidas de austeridad adoptadas en el marco del mecanismo de apoyo financiero. En este contexto, solicitó al Gobierno que supervisara la evolución y el impacto de tales medidas en la aplicación práctica de las disposiciones relativas a la igualdad de remuneración, en la ley núm. 3896/2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de oportunidades de igualdad de trato de hombres y mujeres en el empleo y la ocupación (artículo 4, 1)). También solicitó al Gobierno que supervisara y evaluara la evolución y el impacto de las medidas de austeridad en la remuneración de hombres y mujeres en los sectores público y privado, con miras a determinar las medidas más adecuadas para evitar que se ampliara la brecha salarial. La Comisión toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar plenamente el principio del Convenio, incluida la reforma de la Inspección del Trabajo, que tiene la competencia de supervisar el pago de la remuneración y de otras prestaciones. El Gobierno indica además que la Dirección de Remuneración del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar, no detectó ninguna violación del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor o, en general, cualquier otra discriminación basada en motivos de sexo, en el texto de los convenios colectivos que se le presentaron. Sin embargo, el Gobierno reconoce que no puede excluirse que existan diferencias salariales basadas en motivos de sexo en aquellos casos en los que los salarios pagados por los empleadores superen aquellos estipulados por los convenios colectivos. El Gobierno indica que las diferencias salariales derivadas de convenios privados, no están supervisadas por la Dirección. El Gobierno indica asimismo que el Defensor del Pueblo consideró que los recortes en los salarios y en las asignaciones durante el embarazo, la licencia de maternidad y la licencia por cuidado de los hijos, aumentan la brecha salarial entre hombres y mujeres, incluso en el sector público. Al tiempo que toma nota de que la información comunicada no indica que se haya realizado ninguna evaluación del impacto, la Comisión pide al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias, en colaboración con los interlocutores sociales y la Oficina del Defensor del Pueblo, y sobre la base a las estadísticas adecuadas, para supervisar la evolución y el impacto de las medidas de austeridad en la remuneración de hombres y mujeres en los sectores público y privado, con miras a determinar las medidas más adecuadas para abordar las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres. La Comisión pide asimismo al Gobierno que tome medidas concretas para garantizar que no se reduzcan los salarios y las asignaciones de las madres que trabajan. La Comisión pide al Gobierno que comunique información completa a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1984)

Artículos 2 y 3 del Convenio. Impacto de las medidas de reforma estructural sobre la aplicación del Convenio. La Comisión ha venido examinando durante varios años las medidas de austeridad adoptadas en el marco del mecanismo de apoyo financiero. En este contexto ha solicitado al Gobierno que examinara el impacto de esas medidas sobre el empleo de hombres y mujeres, incluyendo los miembros de las minorías étnicas y religiosas, tanto en el sector público como en el privado, con miras a abordar cualquier discriminación directa o indirecta basada en los motivos previstos en el Convenio. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con la aplicación de la ley núm. 4024/2011, que establece la terminación automática de la relación de trabajo de diferentes categorías de empleados y la ubicación de algunas categorías de empleados en la «reserva laboral» (empleados con contratos de derecho privado por tiempo indeterminado) y de la aplicación de la ley núm. 4093/2012, en la que se prevé la movilidad en el servicio público, así como también la conversión, en el sector privado, de los contratos a tiempo completo en contratos a tiempo parcial y en contratos de trabajo rotativo, los cuales se examinan detalladamente en la solicitud directa. Además, la Comisión toma nota de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Grecia (NCHR) destacó la importancia de evaluar las consecuencias desfavorables de las múltiples medidas de austeridad en los derechos de empleo y de la seguridad social de amplios segmentos de la población y solicitó al Gobierno que pusiera término a la flexibilización de las relaciones laborales en los sectores público y privado (conclusiones de la NCHR adoptadas por el plenario de 27 de junio de 2013). Además, el experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, recomendó que se realizaran evaluaciones de impacto para identificar las posibles consecuencias negativas del programa de ajuste estructural y de las políticas necesarias para tratar tales consecuencias (documento A/HRC/25/50/Add.1, 27 de marzo de 2014, párrafo 91).

La Comisión toma nota de que en la información proporcionada por el Gobierno no se indica que se haya llevado a cabo medida alguna de evaluación del impacto de las medidas de ajuste estructural o de la política nacional de igualdad en el empleo de hombres y mujeres. La Comisión subraya la importancia de realizar evaluaciones periódicas con miras a revisar y ajustar las medidas y estrategias existentes de forma continua para promover mejor la igualdad y evaluar su impacto en la situación de los grupos protegidos y la incidencia de la discriminación. Además, la Comisión considera que es esencial que las medidas de carácter económico o político no debiliten los principios de igualdad y no discriminación o afecten negativamente los progresos logrados con las medidas anteriormente adoptadas para promover la igualdad (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 847). La Comisión pide al Gobierno que adopte sin demora las medidas necesarias, en cooperación con los interlocutores sociales y la Oficina del Defensor del Pueblo, para evaluar el impacto de las medidas de austeridad sobre la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo en los sectores público y privado con miras a determinar las medidas más apropiadas para enfrentar cualquier discriminación directa o indirecta basada en el sexo en lo que respecta al acceso al empleo y a la ocupación, los términos y las condiciones de empleo y la seguridad en el empleo. La evaluación del impacto de las medidas de austeridad también debería centrarse en la situación de empleo de las minorías étnicas y religiosas tales como los romaníes y los musulmanes, así como sobre los trabajadores migrantes que son especialmente vulnerables al impacto de la crisis económica. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información completa a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guinea

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L/72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1 del Convenio. Motivos de discriminación prohibidos. Función pública. La Comisión recuerda los comentarios que formula desde hace veinte años, en los que señala la necesidad de modificar el artículo 20 de la ordenanza núm. 017/PRG/SGG, de 23 de febrero de 1987, sobre los principios generales de la administración pública, que prohíbe únicamente la discriminación basada en la opinión filosófica o religiosa y en el sexo, a fin de garantizar a los funcionarios una protección contra la discriminación en base, como mínimo, al conjunto de criterios enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno se refiere al artículo 11 de la Ley núm. L/2001/028/AN, de 31 de diciembre de 2001, sobre el Estatuto General de los Funcionarios que prevé que «no pueden hacerse distinciones entre los funcionarios debido a sus opiniones políticas, sindicales, filosóficas o religiosas, su sexo o su origen étnico». El Gobierno añade que considera que el artículo 11 del Estatuto General de los Funcionarios tiene en cuenta el artículo 1, a), del Convenio. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno también indica que toma buena nota de las observaciones de la Comisión sobre el artículo 20 de la ordenanza núm. 017/PRG/SGG y que adoptará las disposiciones necesarias para modificar este artículo.

La Comisión recuerda que, aunque la discriminación contra un grupo étnico constituye una discriminación racial en el sentido del Convenio, la discriminación por motivos de «origen étnico» no cubre todos los aspectos de la discriminación por motivos de raza, color o ascendencia nacional y aún menos la discriminación basada en el origen social de una persona. A este respecto, la Comisión recuerda que la ascendencia nacional cubre el lugar de nacimiento y la ascendencia u origen extranjero de una persona y que el origen social hace referencia a la pertenencia a una clase social de un individuo, la categoría socioprofesional o la casta y que esta pertenencia puede determinar el futuro profesional de una persona. A fin de garantizar a los funcionarios y a los candidatos a un puesto de trabajo en la administración pública una protección contra toda discriminación directa o indirecta basada, como mínimo, en todos los motivos de discriminación previstos en el artículo 1, a) del Convenio, a saber, la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar las disposiciones del artículo 11 de la Ley núm. L/2001/028/AN sobre el Estatuto General de los Funcionarios y del artículo 20 de la ordenanza núm. 017/PRG/SGG sobre los principios generales de la administración pública. Asimismo, le pide que transmita información sobre todas las medidas adoptadas a este fin. Hasta tanto se adopten estas modificaciones y a falta de disposiciones legislativas al efecto, la Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera los funcionarios y los candidatos a un empleo en la administración pública están protegidos contra la discriminación basada en la raza, el color, la ascendencia nacional o el origen social, y que precise, entre otras cosas, si, y en caso de respuesta afirmativa, cómo, las autoridades competentes se han ocupado de casos de discriminación basados en esos motivos.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guyana

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1975)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Legislación. Desde 1998, la Comisión ha venido refiriéndose a la necesidad de enmendar el artículo 2, 3), de la Ley de Igualdad de Derechos, núm. 19, de 1990, que dispone la «igualdad de remuneración por el mismo trabajo o un trabajo de la misma naturaleza», para ponerlo en conformidad con las disposiciones del Convenio y ponerlo en consonancia con la Ley de Prevención de la Discriminación, núm. 26, de 1997, previendo ambas el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha informado avances a este respecto. La Comisión considera que la coexistencia de los dos diferentes conceptos en la legislación actual puede potencialmente conducir a confusiones en la aplicación del principio del Convenio. La Comisión recuerda que, cuando la cuestión salarial es objeto de legislación, el principio consagrado en el Convenio debe tener plena expresión legislativa (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 676). La Comisión pide al Gobierno que comunique información concreta sobre la aplicación del Convenio y, en particular, sobre las medidas adoptadas para enmendar el artículo 2, 3), de la Ley de Igualdad de Derechos, núm. 19, de 1990, con miras a ponerlo en conformidad con el principio del Convenio y ponerlo en consonancia con la Ley de Prevención de la Discriminación, núm. 26, de 1997, con el fin de eliminar las ambigüedades jurídicas.

Considerando la ambigüedad en la legislación y preocupada por los malentendidos en relación con el ámbito de aplicación y el significado del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que organizara actividades de formación y campañas de sensibilización acerca de este principio para los inspectores del trabajo y los jueces, así como para los representantes de los trabajadores y de los empleadores. La Comisión toma nota de que una vez más el Gobierno no ha comunicado ninguna información sobre alguna medida adoptada a este respecto, y destaca que es esencial una comprensión clara y exacta del concepto de igual valor, si ha de promoverse y reforzarse efectivamente el principio de igualdad de remuneración. En su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión destacó que el concepto de «trabajo de igual valor», constituye el núcleo del derecho fundamental de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Debido a actitudes históricas y a los estereotipos relativos a las aspiraciones, preferencias y capacidades de las mujeres, ciertos trabajos son realizados fundamental o exclusivamente por mujeres y otros por hombres. Con frecuencia, los trabajos considerados como «femeninos» están infravalorados en comparación con los trabajos de igual valor desempeñados por los hombres, cuando se determinan las tasas salariales. El concepto de «trabajo de igual valor» es fundamental para acabar con la segregación laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo, ya que permite un amplio ámbito de comparación, que incluye, pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente, pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012, párrafo 673). En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para abordar malentendidos en relación con el principio del Convenio, incluso a través de actividades dirigidas a una mayor sensibilización entre los inspectores del trabajo, los jueces y los representantes de los trabajadores y de los empleadores, sobre el ámbito de aplicación y el significado del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. También pide al Gobierno que comunique información sobre toda decisión judicial o administrativa vinculada con las disposiciones sobre igualdad de remuneración de la Ley de Igualdad de Derechos, núm. 19, de 1990, y la Ley de Prevención de la Discriminación, núm. 26, de 1997.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Honduras

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Central General de Trabajadores (CGT) recibidas el 1.º de septiembre de 2014 y de la respuesta del Gobierno.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha salarial. La Comisión toma nota de que según la CGT existe una gran desigualdad de remuneración entre hombres y mujeres y en los casos en que la mujer ocupa puestos de mayor nivel, esta percibe menores salarios. La Comisión toma nota de que según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, la brecha en el ingreso promedio total nacional entre hombres y mujeres en 2012 fue del 5 por ciento y en 2013 fue de casi el 7 por ciento. Sin embargo, si se examina la diferencia salarial entre hombres y mujeres según la rama de actividad (teniendo en cuenta, en particular que los salarios mínimos son fijados por rama de actividad o zona geográfica), dicha variación es en algunos casos mucho más pronunciada. Por ejemplo, la diferencia en el ingreso promedio es del 14,67 por ciento en la agricultura, silvicultura, caza y pesca; del 45,24 por ciento en la industria manufacturera; del 37,14 por ciento en el comercio y la hotelería; del 30,72 por ciento en los servicios comunales y sociales, y del 63,87 por ciento entre los conductores del transporte. La brecha es menor en los sectores de mayor calificación (10 por ciento en la rama de los profesionales y técnicos). La Comisión había tomado nota, en el marco del examen de la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), de la baja tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo y de la marcada segregación ocupacional por motivo de sexo tanto en zonas urbanas como rurales. La Comisión recuerda que las diferencias salariales siguen siendo una de las formas más persistentes de desigualdad entre hombres y mujeres y que los gobiernos, junto con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, deben tomar medidas más proactivas para sensibilizar, evaluar, promover y hacer efectiva la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 668 y 669). La Comisión pide al Gobierno que tome medidas concretas, junto con los interlocutores sociales, para dar tratamiento adecuado a la brecha salarial por motivo de género, que envíe información al respecto y que acompañe información estadística desglosada por sexo sobre la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo (indicando los sectores de ocupación y nivel de ingresos), en el sector público y privado.

Artículo 1. Trabajo de igual valor. La Comisión se refiere desde hace años (antes de 2003) a la necesidad de reformar el artículo 44 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (LIOM) que establece que a trabajo igual corresponderá salario igual. La Comisión toma nota de que en su memoria el Gobierno informa que la Subsecretaría de Inclusión y Desarrollo ha tomado medidas con miras a que la Comisión de Género del Congreso Nacional pueda revisar y presentar las propuestas que permitan las reformas relativas a los temas de género, igualdad, equidad y discriminación en el empleo. Asimismo, el Instituto Nacional de la Mujer ha celebrado un convenio con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social para impulsar reformas al Código del Trabajo para eliminar cualquier disposición discriminatoria. La Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y la promoción de la igualdad. El concepto de trabajo de igual valor es fundamental para acabar con la segregación laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo, que caracteriza el mercado laboral en Honduras, ya que permite un amplio ámbito de comparación, que incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual» el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012, párrafo 673). La Comisión insta al Gobierno a que tome medidas concretas con miras a la modificación próxima del artículo 44 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer a fin de incluir el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre toda evolución al respecto. La Comisión alienta al Gobierno a pedir, si lo considera necesario, la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Islámica del Irán

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Internacional de Sindicatos (CSI), recibidas el 28 de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que responda a las observaciones formuladas por la CSI.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, junio de 2013)

La Comisión reitera su observación anterior en la que tomó nota de las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2013, incluyendo la solicitud al Gobierno de que aceptara una Misión de Alto Nivel para el seguimiento de las cuestiones planteadas por esta Comisión y por la Comisión de la Conferencia. Esta última instó al Gobierno a adoptar con carácter de urgencia medidas efectivas para garantizar la protección contra la discriminación contra las mujeres y las minorías étnicas y religiosas en la legislación y en la práctica, promover el empoderamiento de las mujeres y su capacidad empresarial y adoptar medidas decisivas para combatir los estereotipos que subyacen en las prácticas discriminatorias y hacer frente al acoso sexual y otros tipos de acoso. Se refirió también a la necesidad de adoptar medidas efectivas para garantizar la protección contra la discriminación basada en la opinión política y el respeto a la libertad de expresión, y abordar el hecho de que sigue sin existir un entorno propicio para la libertad sindical.

La Comisión toma nota de la memoria detallada de la Misión de Alto Nivel que tuvo lugar del 4 al 8 de mayo de 2014 y que mantuvo amplias discusiones con representantes del Gobierno, organizaciones de trabajadores y de empleadores y otras partes interesadas. La Comisión toma nota de que según las conclusiones de la Misión, el Gobierno manifiesta su voluntad de seguir tomando parte en el diálogo sobre muchas de las cuestiones planteadas a esta Comisión y a la Comisión de la Conferencia, y de su intención de avanzar constructivamente hacia la aplicación del Convenio. Toma nota, en particular, de las enérgicas manifestaciones realizadas por el Presidente, Hassan Rouhani, el 1.º de mayo del presente año, de que no se toleraría ninguna discriminación entre mujeres y hombres ni tampoco con respecto a las minorías en el país.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Legislación. La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual un proyecto de ley sobre no discriminación en el empleo y la educación, que la Comisión había tratado exhaustivamente en 2011, fue aprobado por el Parlamento. El Gobierno señala en su memoria que el Presidente publicó, en noviembre de 2013, un proyecto de Carta sobre los derechos de la ciudadanía, una copia de la cual se remitió al Secretario General de las Naciones Unidas. La Comisión toma nota además del informe de la Misión de que el Gobierno ha reconocido que es necesario adoptar medidas legales y prácticas para impedir y poner fin al acoso sexual en el empleo. La Comisión toma nota de que el proyecto de ley sobre seguridad de las mujeres, en el que se establece una definición amplia de todas las formas posibles de violencia contra las mujeres será examinado por el Gobierno, y que se ha propuesto al Consejo de Ministros la creación de un centro nacional de prevención de la violencia contra las mujeres y la protección de las mujeres. La Comisión espera que estas iniciativas legislativas ofrecerán una protección jurídica exhaustiva a todos los trabajadores contra la discriminación directa e indirecta en, como mínimo, todos los motivos enumerados en el artículo 1, párrafo 1), a), del Convenio, y en relación con todos los aspectos del empleo y la ocupación y pide al Gobierno que envíe una copia de la Ley sobre Discriminación en el Empleo y la Educación así como información sobre su aplicación práctica. La Comisión insta al Gobierno a garantizar que el proyecto de ley sobre seguridad de las mujeres definirá y prohibirá expresamente todas las formas de acoso sexual, tanto el acoso que es equiparable a un chantaje (quid pro quo) como el acoso sexual resultante de un ambiente de trabajo hostil, y pide al Gobierno que facilite una copia de este proyecto de ley así como información sobre los progresos realizados en su adopción. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas prácticas para prevenir y abordar el acoso sexual en el empleo y la ocupación, incluyendo las del Centro Nacional para la Prevención de la violencia contra las mujeres y protección de las mujeres, en cuanto se haya establecido y esté operativo. La Comisión pide también al Gobierno que comunique una copia del proyecto de Carta sobre los derechos de los ciudadanos y el proyecto de Ley de Reforma al Código de Gestión de la Administración para las Mujeres y las Familias, y que añada información sobre su situación legislativa.

Restricciones legales sobre el empleo de las mujeres. La Comisión recuerda que el Gobierno había señalado que el artículo 18 de la Ley de Protección de la Familia, que amplió a las mujeres, aunque en circunstancias limitadas, el derecho a oponerse a que su esposo ejerza un empleo o una ocupación, había sustituido al artículo 1117 del Código Civil, que permite únicamente al marido oponerse en los tribunales a que su mujer ejerza un determinado trabajo o profesión. La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma ahora que el artículo 18 ya no está en vigor, que está previsto revisar el artículo 1117 del Código Civil y que se han adoptado las medidas necesarias para garantizar que la enmienda propuesta cumple con las disposiciones de los convenios internacionales. La Comisión toma nota de que el artículo 18 de la Ley de Protección de la Familia se refiere al papel que cumplen los centros de orientación familiar. La Comisión toma nota asimismo del informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica del Irán, según el cual hay un proyecto de plan integral de excelencia de la población y la familia, sometido actualmente a la aprobación del Parlamento, que parece introducir una jerarquía en las prácticas de contratación de las instituciones tanto públicas como privadas. Según esta jerarquía, en todos los sectores gubernamentales y no gubernamentales, los puestos se asignan en primer lugar a los hombres con hijos, en segundo lugar a los hombres casados sin hijos y por último a las mujeres con hijos. Aparentemente, el proyecto prohíbe también que se contrate a personas solteras en cargos de docentes de centros de enseñanza superior, instituciones de investigación y en puestos de profesores en los distintos niveles si hay candidatos casados cualificados (documento A/69/356, 27 de agosto de 2014, párrafo 70). En relación con el código de vestimenta islámico, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que la observancia de este código está establecida como una norma en la Constitución y es una práctica habitual. En relación con las disposiciones discriminatorias que favorecen al marido frente a la mujer en lo que se refiere a las prestaciones de pensión por hijo a cargo, la Comisión toma nota de que el artículo 48 de la Ley de Protección Familiar se refiere únicamente a las prestaciones de pensión y por hijo a cargo para las mujeres y los niños del marido fallecido. Al tiempo que toma nota de que se ha confiado a la Oficina del Vicepresidente para Asuntos de la Mujer y la Familia el cometido de llevar a cabo reformas legislativas sobre cuestiones relativas a las mujeres, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas para derogar o modificar el artículo 1117 del Código Civil a fin de garantizar que las mujeres tienen el derecho, en la legislación y en la práctica, a ejercer libremente cualquier empleo o profesión que estimen oportuno. La Comisión pide al Gobierno que comunique una copia del proyecto de plan integral de excelencia de la población y la familia que el Parlamento está examinando e insta a que examine cualesquiera disposiciones que pudieran incidir negativamente en el empleo de las mujeres, y a que transmita información detallada de las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión pide además al Gobierno que señale si, en el marco de las reformas legislativas que se están acometiendo, está considerando revisar las disposiciones en materia de seguridad social con miras a otorgar en pie de igualdad derechos de pensión y por hijo a cargo a los dos esposos.

Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, según el informe de la Misión, a pesar de que quedan pendientes de resolver algunas cuestiones legales, el Gobierno está trabajando para suprimir los obstáculos que restringen la participación de las mujeres en la economía. Toma nota de los esfuerzos decididos y constantes emprendidos por el Gobierno para mejorar el acceso de las mujeres a la educación, a la formación y al empleo. Hay un elevado número de licenciadas universitarias y de mujeres que se inscriben en cursos de formación profesional o ingresan a la universidad para estudiar ciencias o ingeniería, aunque la mayoría parece optar por aquellos estudios tradicionalmente preferidos por las mujeres como las humanidades y las ciencias sociales. En 2012-2013 se registró un 62 por ciento de estudiantes de sexo femenino en las universidades de medicina y, un 60 por ciento en las carreras de ciencias en todo el país. En lo que se refiere a las prohibiciones para que las mujeres se inscriban en 77 áreas de estudio, el Gobierno proporciona información de que estas restricciones se han impuesto en efecto en cuatro universidades en 2012, pero que una vez investigada la situación, estas prácticas se han corregido y ya no existen. La Comisión toma nota de que se ha avanzado también en el acceso de las mujeres a puestos decisorios en el Gobierno a nivel nacional, provincial y municipal. El informe de la Misión y la información comunicada por el Gobierno confirman una tendencia crecente de mujeres en puestos de responsabilidad en el Poder Judicial (670 juezas en 2013). La Misión saludó la capacidad de las juezas para dictar sentencias en los casos que se les presentan aunque son necesarios más datos sobre la naturaleza de las sentencias y de los tribunales concernidos. La presencia de las mujeres también se observa en ámbitos no tradicionales como los transportes, la industria naviera y la minería, aunque en proporciones reducidas.

La Comisión toma nota de que, a pesar de los progresos obtenidos en la educación, la participación de las mujeres en la economía sigue siendo baja a una tasa de 13,8 por ciento en comparación con una tasa de 61,6 por ciento en el caso de los hombres. No obstante, la Comisión toma nota del informe de la Misión de que el modelo de participación de las mujeres en la economía está cambiando y que se están adoptando medidas para favorecer este cambio. El empoderamiento de las mujeres, la iniciativa empresarial y la promoción del trabajo doméstico y las cooperativas constituyen las principales estrategias en esta materia, y se están adoptando también medidas orientadas a familias encabezadas por mujeres. La Comisión toma nota de la información detallada que el Gobierno ha transmitido a este respecto. La Comisión toma nota asimismo de las conclusiones de la Misión, según las cuales se reconoce que los obstáculos prácticos basados en estereotipos tradicionales siguen restringiendo las posibilidades de las mujeres en el empleo y la iniciativa privada, así como también en los puestos de dirección en las empresas. Dado que predomina también la opinión en el país de que corresponde a las mujeres la principal responsabilidad familiar, hay que adoptar medidas, incluidas de sensibilización, para corregir los estereotipos sobre la idoneidad de las mujeres para determinados trabajos, garantizando que éstas no siguen los caminos profesionales tradicionales en razón de las barreras culturales y los estereotipos con respecto a la función que desempeñan en la sociedad. La Misión tomó nota de que el Gobierno está trabajando para superar las trabas sociales y culturales que impiden la plena participación de las mujeres en el mercado de trabajo, pero que son necesarios mayores esfuerzos. Igualmente positivas son las medidas para ayudar a las mujeres a conciliar sus obligaciones laborales y familiares, pero aún hay que evaluar su impacto. La Comisión pide al Gobierno que continúe examinando y haciendo frente a los obstáculos, incluidas las barreras culturales, que las mujeres deben afrontar en la práctica para obtener la igualdad de oportunidades en el empleo, y que transmita información sobre las medidas adoptadas para promover y apoyar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones con los hombres, incluyendo en los puestos de alto nivel y de toma de decisiones. Al tiempo que saluda el abanico de actividades destinadas a favorecer la iniciativa empresarial de las mujeres, la Comisión pide al Gobierno que señale el impacto concreto de estas medidas, así como el número de mujeres que se han beneficiado de ellas hasta el momento. La Comisión pide asimismo al Gobierno que adopte medidas para alentar la participación de las mujeres en una amplia variedad de cursos de formación profesional y de ámbitos de estudios y garantizar que las mismas obtienen empleo en las carreras técnicas en las que se licencian. Al tiempo que toma nota de la importancia de las medidas para ayudar a las trabajadoras a conciliar sus responsabilidades laborales y familiares, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno para que evalúe y adapte las medidas que se están examinando con miras a garantizar que en la práctica no tengan el efecto de reforzar los roles y estereotipos tradicionales, como que las mujeres son las únicas responsables de la familia o de que deben circunscribirse a realizar determinados tipos de trabajos, lo que limitaría aún más su acceso al mercado de trabajo en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que siga transmitiendo estadísticas disponibles sobre las tasas de participación en el empleo del sector público y privado, desglosadas por sexo, así como sobre las tasas de participación de las mujeres y los hombres en los diversos campos de estudio y cursos de formación profesional. La Comisión pide al Gobierno que siga transmitiendo datos sobre el número de mujeres y hombres en puestos del Poder Judicial (en las distintas jurisdicciones y tribunales), y los datos estadísticos sobre la naturaleza y el número de las sentencias dictadas por juezas y los tribunales concernidos.

Discriminación basada en la religión y la etnicidad. La Comisión toma nota de que, según las conclusiones del informe de la Misión, se aprecian indicios de mejora y el Gobierno está emprendiendo algunas iniciativas. Los problemas relativos a la discriminación existen principalmente en la práctica. La Comisión toma nota de que la Misión se reunió con representantes de las minorías reconocidas en el Parlamento y pudo confirmar que las minorías religiosas reconocidas han progresado en el empleo y la educación. Las minorías religiosas reconocidas también pueden participar en diálogos sobre cuestiones de importancia, incluyendo la percepción que tienen de la discriminación que sufren. El Gobierno señala que, en 2014, se han aprobado varios proyectos para las provincias de Sistán y Baluchistán destinadas a crear más oportunidades de trabajo para la población local y que se ha asignado financiación en el presupuesto anual para ayudar a las comunidades de minorías religiosas. El Gobierno comunica información sobre las cifras totales de personas que participaron en cursos de formación técnica y profesional en las provincias donde hay minoría religiosa durante 2013. Las minorías étnicas están representadas en la administración pública, pero ésta no proporciona ningún dato al respecto. La Comisión toma nota de que, según el informe de la Misión, la situación con respecto a las minorías religiosas no reconocidas, en particular los Bahais, sigue siendo delicada e incide sobre la actitud que adopta la sociedad respecto a los miembros de este grupo. El Gobierno no aporta ninguna estadística en su memoria en la que indique el número de miembros de la minoría Bahai (o de cualquier otra confesión religiosa no reconocida) presentes en la administración pública. El impacto de la ley de selección, que requiere que los potenciales funcionarios y empleados del Estado demuestren su adhesión a la religión del Estado (gozinesh) en estos grupos sigue siendo poco clara. La situación actual en relación con el acceso de los Bahais a las universidades en la práctica sigue también sin estar clara. Al mismo tiempo, la Comisión toma nota del informe de la Misión de que hay indicios de una mayor apertura para el diálogo sobre algunas cuestiones, pero que cabe esperar que sea un procesos que lleve tiempo. La Comisión toma nota con interés del nombramiento de un consejero especial adjunto al Presidente para asuntos que se refieren a minorías religiosas y étnicas con el fin de supervisar el cumplimiento de los principios de ciudadanía y de la legislación aplicable. La Comisión espera que se seguirán adoptando medidas para favorecer la no discriminación de las minorías étnicas y religiosas, y pide al Gobierno que recopile, analice y suministre información sobre las tasas de participación de los hombres y las mujeres de minorías religiosas reconocidas en el empleo y la ocupación, así como en cursos de formación y campos de estudio específicos, formación sobre las medidas adoptadas para eliminar cualquier tipo de discriminación en el empleo y las profesiones en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que haga todo lo posible para seguir trabajando por la eliminación de la discriminación en la legislación y en la práctica contra los miembros de grupos religiosos no reconocidos en la educación y en el empleo en conformidad con las disposiciones del Convenio, y que adopte medidas para auspiciar el respeto y la tolerancia en la sociedad hacia todos los grupos religiosos. La Comisión pide también al Gobierno que transmita información sobre la situación y el impacto en la práctica de la Ley de Selección sobre las Minorías Religiosas no Reconocidas.

Aplicación. La Comisión toma nota de que la Misión pudo reunirse con la Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC), que está habilitada a recibir quejas en esta materia. La Comisión toma nota de que según el informe de la Misión, la IHRC ha recibido algunos casos relativos a la discriminación basada en motivos de género y religión en el empleo y ocupación, y que, debido a los cambios en el contexto social, su influencia ha aumentado en lo que se refiere al tratamiento de violaciones de derechos humanos. La Comisión no recibió ninguna otra información sobre la aplicación de las disposiciones contra la discriminación. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre las actividades de la Comisión Islámica de Derechos Humanos, así como información detallada sobre el número y la naturaleza de las quejas relacionadas con la igualdad y la no discriminación en el empleo y la ocupación, y sobre el modo en que la IHRC, la inspección del trabajo, los tribunales, los órganos de conciliación para las minorías religiosas y, en general, todos los órganos administrativos abordan esas quejas, así como los recursos previstos y las sanciones impuestas. La Comisión pide también al Gobierno que adopte medidas concretas para aumentar la sensibilización de los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respecto del principio del Convenio y los procedimientos de presentación de quejas disponibles, y fortalecer la capacidad de los que se ocupan de la supervisión y la aplicación de las leyes en esta materia para que puedan identificar y abordar la discriminación en el empleo y la ocupación.

Diálogo social. El Gobierno señala que el Instituto de Trabajo y Seguridad Social, en su calidad de órgano tripartito, ha adoptado medidas para desarrollar materiales y celebrar cursos de formación con objeto de mejorar la sensibilización de los trabajadores, los empleadores y las organizaciones afines sobre la normativa del trabajo. El Gobierno señala también que ha creado el Consejo Gubernamental de Diálogo Social, que ya ha celebrado 14 reuniones técnicas. La Comisión reitera que las disposiciones del Convenio exigen la aplicación de la política de no discriminación y promoción de la igualdad en cooperación con los interlocutores sociales. Al tiempo que toma nota del interés y la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en el curso de la Misión, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre su participación en la promoción de la aplicación del Convenio, también mediante el Consejo de Diálogo Social, y el comité técnico nacional tripartito.

La Comisión saluda las actividades iniciadas para el seguimiento de la Misión de Alto Nivel y que el Gobierno y el Centro Internacional de Formación de la Oficina de la OIT hayan firmado un Memorando de Entendimiento en el que se especifican áreas de cooperación en el futuro, entre otras, la capacitación de jueces en materia de normativa de la OIT y la promoción de la participación de las mujeres en el mercado del trabajo. La Comisión alienta a la Oficina y al Gobierno a continuar colaborando con miras a promover la plena aplicación del Convenio.

Japón

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Zensekiyu Showa-Shell recibidas el 17 de diciembre de 2012, a las cuales el Gobierno da respuesta en su memoria, así como también de las observaciones de la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), que se adjuntaron a la memoria del Gobierno recibida el 30 de septiembre de 2013. La Comisión también toma nota de las observaciones recibidas el 6 de agosto de 2013 del Sindicato de Trabajadores Solidarios de Aichi y del Sindicato de Mujeres Trabajadoras de Empresas Comerciales, así como de las observaciones de la Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN), recibidas el 25 de septiembre de 2013.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión recuerda el informe adoptado el 11 de noviembre de 2011 por el comité tripartito establecido por el Consejo de Administración encargado de examinar la reclamación presentada por el Sindicato Zensekiyu Showa-Shell (documento GB.312/INS/15/3). El comité tripartito concluyó que se requieren nuevas medidas, en colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, para promover y garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, en la ley y en la práctica, de conformidad con el artículo 2 del Convenio, y para fortalecer la aplicación y el control de las medidas y legislación vigentes, incluidas las medidas encaminadas a determinar el valor relativo de los puestos de trabajo (párrafo 57).

Artículos 1 y 2 del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. Durante varios años la Comisión ha venido señalando que el artículo 4 de la Ley relativa a las Normas Laborales, que establece que en lo que concierne a los salarios, el empleador no someterá a las mujeres a un tratamiento discriminatorio en relación con los hombres por motivo de sexo, no refleja plenamente el principio del Convenio. El Gobierno indica que, con objeto de clarificar la interpretación del artículo 4 de la Ley relativa a las Normas Laborales, la notificación conexa fue revisada en diciembre de 2012, y se añadieron algunos casos judiciales relacionados con el artículo 4 de la Ley relativa a las Normas Laborales como referencia. Además, se preparó un folleto con los casos judiciales pertinentes con objeto de que los trabajadores verificaran si su sistema de nómina está afectado por una sustancial discriminación por motivos de género. El Gobierno reitera que en la medida en que el sistema de nómina no permita discriminación alguna entre los salarios de mujeres y hombres sólo por el motivo de que se trate de una trabajadora, se considera que reúne los requisitos del Convenio. Al tiempo que toma nota de las opiniones expresadas por el Gobierno, la Comisión no puede sino reiterar que la mera prohibición general de la discriminación salarial por razones de sexo no suele ser suficiente para dar efecto al Convenio habida cuenta de que no refleja el concepto de «trabajo de igual valor», que es un concepto fundamental para acabar con la segregación laboral por motivos de sexo en el mercado de trabajo (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 673 a 676). La Comisión también toma nota de las opiniones expresadas por el Sindicato de Trabajadores de Zensekiyu Showa-Shell, el Sindicato de Trabajadores Solidarios de Aichi y el Sindicato de Mujeres Trabajadoras de Empresas Comerciales de que el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor no se considera un principio que regula directamente las relaciones de trabajo y, de ese modo, crea un obstáculo significativo a la igualdad de remuneraciones. Además, la JTUC-RENGO observa que la interpretación que hace el Gobierno del artículo 4 de la Ley relativa a las Normas Laborales en relación con la notificación limita el ámbito de la discriminación que debe eliminarse y no trata directamente la cuestión de la igualdad de remuneraciones para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La organización sindical reclama nuevamente la inclusión en la Ley sobre Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOL), de una cláusula que prohíba la discriminación salarial basada en motivos de sexo, y que se añada el término «sexo» como motivo de discriminación, en el artículo 3 de la Ley relativa a las Normas Laborales. La Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y concretas para garantizar que exista un marco legislativo que establezca claramente el derecho de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, así como procedimientos y recursos adecuados para hacer cumplir la ley. La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada acerca de las medidas adoptadas y de los progresos logrados en este sentido, así como información sobre toda revisión de la legislación laboral vigente que pueda tener repercusiones en la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres y sobre toda decisión judicial o administrativa relativa a la igualdad de remuneración.

Medidas prácticas para abordar la brecha de remuneración por razón de género y promover la igualdad de género. La Comisión toma nota de la detallada información facilitada por el Gobierno en relación con las medidas adoptadas para reducir las diferencias entre hombres y mujeres en las categorías de empleo y respecto de la antigüedad en el empleo, mediante medidas de acción positiva y de apoyo a la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Al tiempo que toma nota de que la brecha de remuneración por motivo de género sigue siendo considerable (27,8 por ciento en 2012), la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para alentar a las empresas a fin de que tomen medidas de acción positiva destinadas a reducirla, en particular en lo que concierne al acceso de la mujer a posiciones de dirección y la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares para mujeres y hombres en igualdad de condiciones. Se invita al Gobierno a que envíe información sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos.

Empleo no regular: empleo a tiempo parcial y contratos de duración determinada. La Comisión ha tomado nota con anterioridad de que en Japón, el «empleo no regular» se refiere al trabajo a tiempo parcial por tiempo determinado. En lo que respecta al empleo a tiempo parcial, la Comisión toma nota de la encuesta sobre la mano de obra de 2012, que las mujeres constituyen el 69,2 por ciento del total de la mano de obra a tiempo parcial. Según la JTUC-RENGO, los salarios y condiciones de trabajo de numerosos trabajadores a tiempo parcial siguen siendo bajos y sus salarios se incrementan escasamente según su edad o la antigüedad en el servicio. La Comisión recuerda el artículo 8 de la Ley sobre Trabajadores a Tiempo Parcial que prohíbe la discriminación laboral en cuanto a la fijación de los salarios sólo en el caso de los trabajadores a tiempo parcial que reúnan criterios específicos: sus atribuciones y su nivel de responsabilidad son iguales a aquellos de los trabajadores regulares; son titulares de un contrato de trabajo de duración indeterminada y durante su contrato, todo cambio en la descripción del puesto y su misión debe corresponder a lo que puede esperar un trabajador regular. La Comisión toma nota de que, según indica la ZENROREN, una encuesta oficial muestra que debido a estas condiciones sólo el 1,3 por ciento de los trabajadores a tiempo parcial gozan de igualdad de trato en comparación con los trabajadores a tiempo completo. La JTUC-RENGO solicita nuevamente que el artículo 8 sobre la igualdad de tratamiento sea revisado y que en su lugar figure una disposición relativa al pago de prestaciones divisibles con valor monetario para los trabajadores a tiempo parcial. En su memoria el Gobierno señala que se adoptarán medidas legislativas para enmendar las disposiciones que prohíben el trato discriminatorio. La Comisión también toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 27, de 2014, que modifica la Ley de los Trabajadores a Tiempo Parcial. Esta ley modifica diversas disposiciones, en particular el artículo 8, 1), sobre la prohibición de la discriminación para suprimir la condición relativa a la conclusión de un contrato de duración indeterminada, extendiendo de este modo la prohibición de trato discriminatorio a los trabajadores a tiempo parcial con contrato determinado y que reúnen las otras dos condiciones. Recordando que el Convenio se aplica tanto a los trabajadores a tiempo completo como a los trabajadores a tiempo parcial, la Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada sobre el contenido y el alcance de las enmiendas a la Ley sobre los Trabajadores a Tiempo Parcial y su impacto sobre la situación de los trabajadores a tiempo parcial en materia de remuneración, incluyendo la proporción de trabajadores y de trabajadoras a tiempo parcial que están ahora cubiertos por la prohibición de trato discriminatorio. La Comisión pide también al Gobierno que continúe tomando medidas para garantizar que los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo son tratados de manera igual con respecto al principio del Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que transmita información sobre los resultados obtenidos en la práctica en la conversión de los trabajadores a tiempo parcial a trabajadores regulares, y que continúe proporcionando información estadística, desglosada por sexo, sobre el número de trabajadores a tiempo parcial.

La Comisión toma nota de que, según indica el Sindicato de Trabajadores Zensekiyu Showa-Shell, las disparidades salariales entre hombres y mujeres se vinculan con las diferencias en las condiciones de trabajo, incluyendo la antigüedad en el empleo, entre trabajadores en empleo regular y empleo no regular en los que se concentran las mujeres. En relación con los empleos de duración determinada, la Comisión toma nota de la enmienda de la Ley sobre el Contrato de Trabajo adoptada en agosto de 2012 y en vigor desde abril de 2013, por la que se establece un mecanismo que requiere al empleador la conversión de los contratos de duración determinada en contratos de empleo por tiempo indeterminado, a petición del trabajador, cuando los contratos de plazo de duración determinada se renueven reiteradamente durante más de cinco años. Además, la enmienda prohíbe la terminación «en determinadas circunstancias» de los contratos de empleo de duración determinada así como la imposición a los trabajadores con un contrato a plazo determinado de condiciones que sean de una «diferencia desproporcionada» respecto de las de los trabajadores con contratos por un período indeterminado. A este respecto, la Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios del Sindicato de Trabajadores Zensekiyu Showa-Shell, en el sentido de que la «diferencia desproporcionada» de las condiciones de trabajo se determina teniendo en cuenta la descripción del puesto de trabajo (funciones y nivel de responsabilidad), alcance de las funciones, rotación en el puesto de trabajo y otros factores. La Comisión también toma nota de que la JTUC-RENGO señala que en muchos casos los empleadores establecen diferentes normas salariales para los trabajadores con un contrato a plazo determinado. Por otra parte, la ZENROREN expresa preocupación porque las condiciones de trabajo (funciones, lugar de trabajo, salario de trabajo, horario de trabajo, etc.) aplicables a los trabajadores con un contrato a plazo determinado no se modifican tras la conversión de su contrato, salvo que se suscriba un contrato por separado a estos efectos y, en consecuencia la brecha salarial seguirá persistiendo entre trabajadores con un contrato por un plazo indeterminado y los trabajadores con un contrato a plazo fijo cuyo trabajo es idéntico pero que reciben un trato diferente en términos de lugar, horas de trabajo y categoría de empleo de dirección. Además, la Comisión toma nota de que según la JTUC-RENGO y la ZENROREN la preocupación relativa al cumplimiento de las nuevas disposiciones por parte de los empleadores que desean evitar la conversión en contratos permanente subsiste. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para seguir atentamente el impacto de las nuevas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Trabajo en relación con la conversión de los contratos a plazo determinado en contratos por un período indefinido, de manera de garantizar que el mecanismo establecido no tenga consecuencias desfavorables en las remuneraciones de los trabajadores incluyendo las mujeres trabajadoras con un contrato a plazo determinado. La Comisión también pide al Gobierno que aclare el sentido, en la enmienda de la Ley sobre el Contrato de Trabajo, de la expresión «diferencia desproporcionada en las condiciones de trabajo» y que especifique cuáles son las «circunstancias» en virtud de las cuales se prohíbe al empleador que dé por terminado (o que no renueve) un contrato a plazo determinado, incluyendo toda interpretación al respecto expresada por medio de decisiones judiciales.

La Comisión también toma nota de la información estadística detallada facilitada por el Gobierno indicando que, al 1.º de abril de 2012, el total de funcionarios temporales y a tiempo parcial en los gobiernos locales era de 603 582, de los cuales el 74,2 por ciento son mujeres y que las diversas categorías de empleo muestran una elevada segregación por motivos de género. Según indica el Gobierno, desde el 24 de abril de 2009, los gobiernos locales están regidos por un aviso en el que se determina el sistema relativo a los trabajadores temporales y a tiempo parcial. El Gobierno señala que se proporcionará mayor información a este respecto. La JTUC-RENGO subraya la precaria situación de esos trabajadores, el 65 por ciento de los cuales recibe sus salarios de manera diaria o semanal y el 39,6 por ciento sigue trabajando por menos de un año (31,7 por ciento durante tres años o más y 17,8 por ciento durante cinco años o más). El sindicato también hace hincapié en la ausencia de disposiciones en la Ley sobre Autonomía Local y la Ley sobre Servicio Público Local en lo que respecta a los trabajadores temporales y a tiempo parcial en el sector público que refuerza la falta de claridad en su situación jurídica; tienen escaso acceso a las asignaciones por desplazamiento, exámenes médicos regulares y licencias por fallecimiento, aunque se los contrata para realizar trabajos similares a los de los trabajadores regulares. La JTUC-RENGO señala además que en mayo de 2013, la Alianza de Sindicatos de Trabajadores de la Administración Pública (APU) presentó a la Dieta un proyecto de ley destinado a enmendar parcialmente la Ley sobre Autonomía Local con objeto de que los trabajadores a tiempo parcial tengan derecho, sobre la base de ordenanzas municipales, a diversas asignaciones, cuyas condiciones de trabajo sean equivalentes a las de los trabajadores a tiempo completo o a las de los cargos oficiales con horarios de trabajo más reducidos. La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se determina la remuneración de los trabajadores no regulares de los gobiernos locales, en comparación con la remuneración de los funcionarios que desempeñan un empleo regular, y de qué manera se asegura que los funcionarios que realizan un trabajo de igual valor reciben una remuneración igual, independientemente de su situación en el empleo. Sírvase también seguir facilitando información desglosada por sexo sobre el número de funcionarios temporales y a tiempo parcial en los gobiernos locales a nivel prefectural y municipal.

Sistemas de desarrollo de carrera. La Comisión recuerda una vez más el impacto del sistema de desarrollo de carrera, que introdujo categorías de gestión del empleo en las directrices de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOL), sobre la persistente diferencia salarial entre hombres y mujeres debido a la baja representación de mujeres en el sistema principal integrado de carrera. El Gobierno señala que la proporción de mujeres que podrían emplearse en el sistema principal integrado de carrera sigue siendo baja (11,6 por ciento) y se aconseja a las empresas que emplean un pequeño número de mujeres en el principal desarrollo de carrera que aumenten la contratación de las mismas. El Gobierno añade que la cuestión de orientación relativa a los sistemas de desarrollo de carrera se ha examinado en el Consejo consultivo tripartito, y se reconoció que los trabajadores con responsabilidades familiares tienen dificultades en seguir trabajando en esos empleos o a ingresar en ellos. En este sentido, el Sindicato de Trabajadores Solidarios de Aichi y el Sindicato de Mujeres Trabajadoras de Empresas Comerciales subrayan que, en vista de las amplias facultades del empleador para la reasignación de funciones y reubicación, los trabajadores que necesitan conciliar el trabajo y la vida familiar están excluidos del sistema. La Comisión toma nota de que la JTUC-RENGO, reiterando la preocupación de que la cuestión de la discriminación por motivos de género en virtud de la EEOL sólo se examina dentro de cada categoría de gestión de empleo, impidiendo, en consecuencia, la posibilidad de comparar y evaluar empleos en diferentes categorías de empleo, sigue instando a la supresión de las categorías de gestión de empleo. La Comisión tuvo conocimiento de la adopción el 24 de diciembre de 2013, de directivas destinadas a los empleadores que aplican las categorías de gestión del empleo y expresa su agrado al respecto. La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada sobre las nuevas directivas sobre las categorías de gestión del empleo y de su impacto en el nombramiento de mujeres en la carrera principal y, por consiguiente, sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres. La Comisión pide igualmente al Gobierno que adopte medidas concretas para evaluar el impacto de los sistemas de desarrollo de carrera en la diferencia salarial entre hombres y mujeres y que asegure que el mismo no constituya un obstáculo al derecho de hombres y mujeres a recibir una remuneración igual por un trabajo de igual valor.

Kazajstán

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1, b), del Convenio. Marco legislativo. Trabajo de igual valor. La Comisión recuerda que el Código del Trabajo de 2007 contiene disposiciones que son más limitadas que el principio del Convenio. La Comisión también recuerda que el artículo 7, 1), prohíbe la discriminación por motivos de sexo en el ejercicio de los derechos laborales y el artículo 22, 15), dispone que el empleado deberá tener derecho «al mismo salario por el mismo trabajo sin discriminación alguna». La Comisión toma nota de que el Gobierno responde que no existe discriminación por motivo alguno, incluido sexo, cuando se determina el monto del salario de los trabajadores, y considera que la legislación cumple con el Convenio. La Comisión recuerda que la mera prohibición de la discriminación salarial por razones de sexo no suele ser suficiente para dar efecto al Convenio, habida cuenta de que no refleja el concepto de «trabajo de igual valor» (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 676). La Comisión también toma nota de que tener derecho «al mismo salario por el mismo trabajo sin discriminación alguna» no es suficiente, ya que no refleja el concepto de trabajo de igual valor. La Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y la promoción de la igualdad. Debido a actitudes históricas y a los estereotipos relativos a las aspiraciones, preferencias y capacidades de las mujeres, ciertos trabajos son realizados fundamental o exclusivamente por mujeres y otros por hombres, y, con frecuencia, los trabajos considerados como «femeninos» están infravalorados en comparación con los trabajos de igual valor desempeñados por hombres (Estudio General de 2012, párrafo 673). La Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas concretas para enmendar el Código del Trabajo a fin de dar pleno efecto legislativo al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, permitiendo comparar no sólo los trabajos iguales sino los trabajos de naturaleza completamente diferente. Sírvase transmitir información a este respecto.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de las discusiones que tuvieron lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en mayo-junio de 2014. Asimismo, toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno.

Artículo 1 del Convenio. Prohibición de la discriminación. La Comisión recuerda que el artículo 7, 2), del Código del Trabajo de 2007 cubre todos los motivos prohibidos de discriminación que se enumeran en el artículo 1, párrafo 1), a), del Convenio, con excepción del color. El artículo 7, 2), también incluye una serie de motivos adicionales, tal como está previsto en el artículo 1, párrafo 1), b), del Convenio (tales como la edad, la discapacidad física, la pertenencia a una tribu, y el ser miembro de una asociación pública). La Comisión toma nota de que durante las discusiones sobre la aplicación del Convenio que tuvieron lugar en la Comisión de la Conferencia, el Gobierno indicó que generalmente se considera que la raza es indisociable del color de la piel, pero que se celebrarían nuevas consultas con los representantes de las autoridades estatales centrales y con los interlocutores sociales con miras a resolver la cuestión del color como motivo de discriminación. La Comisión recuerda que cuando se adoptan disposiciones legales para dar efecto a los principios del Convenio se deben incluir al menos todos los motivos de discriminación enumerados en el artículo 1, 1), a), del Convenio. La Comisión alienta al Gobierno a realizar las consultas previstas a fin de adoptar legislación que prohíba la discriminación basada en el color en el empleo y la ocupación, y le pide que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección efectiva contra la discriminación basada en los motivos que se enumeran en el Convenio, incluido el color.

Artículo 2. Exclusión de las mujeres de ciertas ocupaciones. La Comisión recuerda que la lista de empleos en los cuales está prohibido ocupar a mujeres y los pesos máximos que pueden levantar y desplazar manualmente las mujeres, de conformidad con el artículo 186, 1) y 2), del Código del Trabajo, debe ser elaborada por las autoridades estatales en materia laboral de acuerdo con las autoridades en materia de salud. La Comisión toma nota de la resolución núm. 1220, de 28 de octubre de 2011, transmitida por el Gobierno, que contiene una lista actualizada de trabajos prohibidos a las mujeres y establece los límites de peso que pueden levantar y desplazar manualmente las mujeres. El Gobierno indicó a la Comisión de la Conferencia que la lista había sido actualizada cuatro veces en 20 años y que la última actualización databa de 2011. Además, el Gobierno indicó que las prohibiciones no limitan el empleo pero sirven para proteger la maternidad y la salud de las mujeres, en particular teniendo en cuenta que el nivel de automatización en las manufacturas de Kazajstán está por debajo del nivel europeo. La Comisión toma nota de que la lista contiene 299 ocupaciones prohibidas, algunas de las cuales incluyen el manejo de máquinas para levantar pesos y de excavadoras. Si bien la Comisión entiende que estas medidas están motivadas por el deseo de proteger la salud y seguridad de las mujeres, recuerda que las medidas de protección aplicables al empleo de las mujeres que están basadas en estereotipos sobre sus capacidades físicas y profesionales así como en estereotipos relativos a su papel en la sociedad infringen el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. La Comisión recuerda también que las medidas especiales de protección de las mujeres deberían limitarse a la protección de la maternidad en el sentido estricto. Además, las disposiciones relativas a la protección de las personas que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles deberían tener como objetivo proteger la salud y la seguridad en el trabajo, tanto de los hombres como de las mujeres, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diferencias de género con respecto a riesgos específicos para su salud (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 840). La Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para revisar la actual lista de ocupaciones prohibidas a las mujeres con miras a garantizar la igualdad de oportunidades y la igualdad en materia de protección de la salud y seguridad entre hombres y mujeres, y le pide que transmita información sobre los progresos realizados a este respecto. Sírvase asimismo incluir información sobre las medidas adoptadas para realizar consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y sobre los resultados de esas consultas.

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que, según las estadísticas sobre el empleo de las mujeres para el primer trimestre de 2014 transmitidas por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia, las mujeres representan el 48,6 por ciento de la población empleada, y el 56,2 por ciento de los desempleados. Las estadísticas indican que la participación de las mujeres es del 54,6 por ciento en la función pública, el 31 por ciento en la industria, el 26 por ciento en la construcción, el 47 por ciento en la agricultura, silvicultura y pesca, el 60 por ciento en las finanzas y seguros, el 50 por ciento en los sectores profesional, científico y técnico, y el 74 por ciento en la educación. Además, el Gobierno indicó que la «Hoja de ruta para el empleo 2020» incluye mecanismos para luchar contra la crisis y se centra en las mujeres. La Comisión había tomado nota de la Ley de 2009 sobre las Garantías del Estado en relación con la Igualdad de Derechos y la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, y de la Estrategia para la Igualdad de Género 2006-2016, que tiene entre sus objetivos alcanzar la igualdad de representación de hombres y mujeres en los órganos ejecutivos y legislativos y en los puestos con poder de decisión, y desarrollar el emprendedurismo de las mujeres y aumentar su competitividad en el mercado de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas específicas adoptadas, especialmente en el marco de la Ley de 2009 sobre las Garantías del Estado en relación con la Igualdad de Derechos y la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, la Estrategia para la Igualdad de Género 2006-2016 y la «Hoja de ruta para el empleo 2020», a fin de promover y velar por la igualdad de oportunidades y de trato de las mujeres en el empleo y la ocupación en una amplia gama de trabajos, incluidos los trabajos de alto nivel y aquellos con perspectivas de carrera. Sírvase transmitir información, incluidas estadísticas desglosadas por sexo, sobre el impacto de esas medidas en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo (sectores público y privado). Sírvase asimismo transmitir información sobre la distribución de hombres y mujeres en los diferentes cursos de formación profesional y en la educación.

Trabajadores con responsabilidades familiares. La Comisión recuerda que el artículo 187 del Código del Trabajo requiere el consentimiento escrito de la mujer con niños menores de siete años y otras personas encargadas de la crianza de niños menores de siete años, huérfanos de madre, en casos de trabajo nocturno, para hacer horas extraordinarias, o para realizar viajes de negocios o trabajo en sistema de rotación. En virtud de los artículos 188 y 189, los padres tienen derecho a pausas para alimentar a sus hijos y al trabajo a tiempo parcial sólo cuando se trate de niños sin madre. La Comisión toma nota de que el Gobierno indicó a la Comisión de la Conferencia que la Ley núm. 566-IV, de 17 de febrero de 2012, sobre Modificaciones y Complementos del Código del Trabajo, a fin de conciliar el empleo con las responsabilidades familiares, introdujo enmiendas en el artículo 189 del Código del Trabajo, dando también al padre, cuando exista mutuo acuerdo de los padres al respecto, la posibilidad de trabajar a tiempo parcial. En relación con la modificación de los artículos 187 y 188 del Código del Trabajo, el Gobierno indicó que esta modificación se tenía que seguir examinando en colaboración con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el 17 de enero de 2013, Kazajstán ratificó el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). La Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para modificar los artículos 187 y 188 del Código del Trabajo, a fin de garantizar los derechos en pie de igualdad a hombres y mujeres, y pide al Gobierno que transmita información sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

Igualdad de oportunidades y de trato para las minorías étnicas y religiosas. La Comisión toma nota de que en la Comisión de la Conferencia el Gobierno indicó que no se dispone de estadísticas sobre la participación en el mercado de trabajo de hombres y mujeres de minorías étnicas y religiosas. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), recomendó que el Gobierno adopte medidas eficaces para facilitar y mejorar la representación de los grupos étnicos no kazajos en la función pública, en particular limitando el requisito del dominio del idioma kazajo a aquellos puestos en que dicho dominio resulte esencial (documento CERD/C/KAZ/CO/6-7, 17 de marzo de 2014, párrafo 9). La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas concretas adoptadas para promover la igualdad de oportunidades en el empleo y la ocupación de las minorías étnicas y religiosas y mejorar la representación de los grupos étnicos no kazajos en la función pública. Sírvase transmitir información sobre los requisitos profesionales de la función pública, en particular los requisitos en materia de idioma. La Comisión también pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para compilar y analizar datos sobre la distribución de hombres y mujeres que pertenecen a minorías étnicas o religiosas en el sector público y privado, desglosadas por rama de actividad y ocupación.

Aplicación. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las actividades realizadas por los inspectores del trabajo, así como sobre las 200 investigaciones especiales realizadas in situ en 2013 en relación con la discriminación. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información acerca de las medidas adoptadas para supervisar el cumplimiento del Convenio, y sobre todas las violaciones detectadas por los inspectores del trabajo y todas las decisiones administrativas o de los tribunales en relación con el principio del Convenio, incluidas las reparaciones ofrecidas y las sanciones impuestas.

Kuwait

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1966)

Artículo 1 del Convenio. Prohibición de la discriminación en el empleo y la ocupación. La Comisión recuerda la ausencia, en la legislación sobre el trabajo en el sector privado (ley núm. 6, de 2010) de toda disposición que prohíba la discriminación directa e indirecta, incluido el acoso sexual, en todos los aspectos del empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere, en su memoria, al artículo 29 de la Constitución, que prevé la igualdad de derechos sin ninguna distinción basada en motivos de sexo, origen, idioma o religión, y a los artículos 191 y 192 del Código Penal, que criminalizan e imponen sanciones a toda persona que «deshonre a otra persona bajo amenaza, por la fuerza o el engaño». La Comisión toma nota de que el artículo 29 no comprende todos los motivos establecidos en el artículo 1, párrafo 1), a), del Convenio ni cubre todas las formas de discriminación en el empleo y la ocupación. La Comisión recuerda que las disposiciones constitucionales, si bien son importantes, en general han demostrado no ser suficientes para abordar los casos específicos de discriminación en el empleo y la ocupación. Además, la Comisión recuerda que tratar el acoso sexual sólo a través de procedimientos penales no es suficiente, debido a la sensibilidad de la cuestión, la dificultad de la prueba y el hecho de que la ley penal puede no abarcar el amplio espectro de conductas que constituye acoso sexual en el empleo y la ocupación (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 792 y 851). La Comisión toma nota de las explicaciones del Gobierno relativas a las medidas de protección para las mujeres en virtud de la legislación del trabajo y de la indicación de que el Ministerio de Justicia estableció una comisión para revisar la legislación. El Gobierno también indica que, en virtud de la resolución núm. 90/a, de 2011 del Ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, se estableció una comisión conjunta de trabajo para aplicar un proyecto sobre la creación de un entorno legislativo dirigido a apoyar el empoderamiento social de las mujeres de Kuwait. La Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte medidas concretas para prohibir de manera explícita la discriminación directa e indirecta basada en motivos de raza, sexo, color, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social, respecto de todos los aspectos del empleo y la ocupación, y abarcando a todos los trabajadores. La Comisión también pide al Gobierno que adopte disposiciones legales específicas que definan y prohíban, tanto el acoso sexual «quid pro quo» como el acoso sexual en un entorno hostil en el trabajo, incluidas las reparaciones y las sanciones. Mientras tanto, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que todos los trabajadores sean protegidos en la práctica contra la discriminación, incluido el acoso sexual en el empleo y la ocupación, y que comunique información completa a este respecto. En el contexto de la actual revisión de la legislación laboral, se pide al Gobierno que revise los artículos 22 y 23 de la ley núm. 6, de 2010, con miras a garantizar que cualquier medida de protección relativa a las mujeres se relacione estrictamente con la protección de la maternidad.

Trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos. La Comisión recuerda que, tras la discusión por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del Examen Periódico Universal de Kuwait, en septiembre de 2010, el Gobierno reiteró su aceptación «de revocar el actual sistema de patrocinio y sustituirlo con una reglamentación que esté de conformidad con las normas internacionales» (documento A/HRC/15/15/Add.1, 13 de septiembre de 2010, párrafo 82.19). La Comisión, recuerda, sin embargo, que la ley núm. 6, de 2010, no suprime el sistema de patrocinio, pero el artículo 9 de la ley prevé el establecimiento, en el seno del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, de la Autoridad Pública de Recursos Humanos, a cargo de la contratación y el empleo de la mano de obra extranjera, siguiendo las solicitudes de los empleadores. La Comisión muestra su satisfacción por la adopción, el 12 de mayo de 2013, de la ley núm. 109, que establece la Autoridad Pública de Recursos Humanos, que es responsable de la gestión del empleo de los trabajadores migrantes en los sectores privado y petrolero, y de dictar las reglas y los procedimientos relativos a los permisos y traslados del trabajo de un empleador a otro empleador. Con respecto a los trabajadores domésticos que están excluidos del campo de aplicación de la ley núm. 6, de 2010, la Comisión también toma nota de que el Ministerio del Interior estableció un Departamento de Trabajadores Domésticos (DWD), que se ocupa de la aplicación de las disposiciones de la ley núm. 40, de 1992, y de la orden ministerial núm. 1182, de 2010, sobre la regulación de las agencias de contratación de los trabajadores domésticos, a través de inspecciones periódicas de las agencias. El Gobierno indica que el DWD recibe las quejas presentadas por los trabajadores domésticos contra sus patrocinadores respecto del impago de los salarios y del maltrato, realiza investigaciones y adopta las medidas necesarias para garantizar que se hagan efectivos los derechos y la rehabilitación de los trabajadores. El Ministerio del Interior también verifica la exactitud de las «notificaciones de absentismo», presentadas contra los trabajadores y asegura que los trabajadores interesados no son repatriados antes de haber hecho valer sus derechos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se examina en la actualidad el establecimiento de la programada «Empresa Operadora de Ayuda a Domicilio de Kuwait». La Comisión pide al Gobierno que adopte, sin más demora, las medidas necesarias para velar por que las reglas, los procedimientos y las medidas prácticas que deben adoptar la Autoridad Pública de Recursos Humanos, el Departamento de Trabajadores Domésticos, o cualquier otro organismo, garantizan el nuevo sistema de empleo de los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos, no coloque o mantenga a los trabajadores afectados en una situación de creciente vulnerabilidad a la discriminación y al abuso, como consecuencia del poder desproporcionado ejercido por el empleador sobre el trabajador. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre todas las medidas adoptadas o previstas para revisar el sistema de patrocinio y garantizar la plena aplicación del Convenio respecto de todos los trabajadores migrantes. Sírvase incluir información específica sobre los progresos realizados en el anteproyecto de ley sobre los trabajadores domésticos migrantes y en el establecimiento, el mandato y el trabajo operativo de la Empresa Operadora de Ayuda a Domicilio de Kuwait.

Artículo 2. Política nacional de igualdad. Al tiempo que toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información a este respecto, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que desarrolle y aplique un plan nacional integral para la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación respecto de todos los motivos establecidos en el Convenio, incluidas las medidas dirigidas a una mayor sensibilización en los asuntos relativos a la igualdad y a la no discriminación, y que comunique información sobre todo progreso realizado al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Letonia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1992)

Artículo 1, párrafo 2), del Convenio. Discriminación basada en la ascendencia nacional. Requisitos inherentes del puesto de trabajo. La Comisión ha venido refiriéndose durante algunos años a determinadas disposiciones de la Ley sobre la Lengua del Estado, de 1999, sobre los requisitos de idioma que pueden tener un impacto discriminatorio en grupos minoritarios en el empleo y la ocupación (especialmente en las minorías de lengua rusa). A este respecto, la Comisión tomó nota de que según la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) hay más de 1 000 profesiones en el sector privado que «inciden en los intereses legítimos de la población», respecto de las cuales se debe utilizar el idioma oficial, de conformidad con el artículo 6, 2), de la Ley sobre la Lengua del Estado (CRI 2012)3, 21 de febrero de 2012, párrafo 62)). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el nivel de conocimientos lingüísticos está definido por el reglamento núm. 733 del Gabinete de Ministros, sobre el nivel de conocimientos del idioma oficial, de 2009. El Gobierno indica asimismo que los requisitos de dominio del idioma se discutieron con expertos del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), reconociéndose como adecuados, y que los mismos se limitan a las profesiones que implican un interés público legítimo. El Gobierno comunica información sobre las actividades y los cursos de idioma que se llevaron a cabo de 2009 a 2013, que beneficiaron sobre todo a la minoría rusa. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sus observaciones finales, expresó su preocupación por los efectos discriminatorios del requisito de conocimiento del idioma en el empleo y el trabajo de los grupos minoritarios (documento CCPR/C/LVA/CO/3, de 11 de abril de 2014, párrafo 7). Recordando que el concepto de requisitos inherentes debe interpretarse de manera restrictiva, con el fin de evitar una limitación indebida de la protección otorgada por el Convenio, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique de qué manera garantiza que los requisitos lingüísticos no priven en la práctica a los grupos minoritarios étnicos de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. En este contexto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que examine y revise la lista de profesiones para las que se requiere el empleo del idioma oficial, en virtud del artículo 6, 2), de la Ley sobre la Lengua del Estado, con el fin de limitarlo a los casos en los que el idioma sea un requisito inherente del puesto de trabajo. Sírvase comunicar información sobre toda medida adoptada a este respecto.

Artículos 1, párrafo 2), y 4. Discriminación basada en la opinión política. Requisitos inherentes del puesto de trabajo. Actividades perjudiciales para la seguridad del Estado. La Comisión ha venido refiriéndose al requisito obligatorio establecido en la Ley de la Administración del Estado de 2000, que dispone que, para poder postularse como candidato a un puesto de la administración pública, se requiere que la persona en cuestión «no sea o no haya sido miembro permanente del personal de los servicios de seguridad del Estado, de los servicios de inteligencia o contrainteligencia de la URSS, de la República Socialista Soviética de Letonia (SSR) o de algún Estado extranjero» (artículo 7, 8)), o que la persona en cuestión «no sea o haya sido miembro de organizaciones prohibidas por la ley o por sentencia judicial» (artículo 7, 9)). La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las restricciones se dirigen a garantizar una administración pública leal y políticamente neutral, que a su vez asegure una administración del Estado estable y políticamente neutral, y no existe ninguna intención de derogar esta restricción. El Gobierno indica que, en 2013, 18 personas fueron despedidas de sus puestos en la administración pública, debido a los requisitos obligatorios que deben cumplir los funcionarios públicos. Si bien entiende las preocupaciones del Gobierno respecto del requisito de que todos los miembros del equipo de Gobierno sean leales al Estado, la Comisión quisiera recordar que las medidas que no se consideran discriminatorias en virtud del artículo 4 del Convenio, deben afectar a un individuo por las actividades que se sospeche justificadamente o se pruebe que ha realizado. Estas medidas pasan a ser discriminatorias cuando se adoptan simplemente en razón de la afiliación a un grupo concreto o a una comunidad concreta. Además, las medidas tienen que referirse a actividades que puedan considerarse como perjudiciales para la seguridad del Estado, y la persona interesada deberá tener el derecho de recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica nacional (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 832-835). La Comisión recuerda que esta excepción debería interpretarse de manera estricta. Recordando que la opinión política puede ser tenida en cuenta como requisito inherente, en virtud del artículo 1, párrafo 2), del Convenio, sólo en el caso de determinados puestos que conlleven responsabilidades especiales directamente vinculadas con el desarrollo de la política gubernamental, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para especificar y definir claramente las funciones respecto de las cuales se aplicarán los artículos 7, 8), y 7, 9), de la Ley de la Administración del Estado, de 2000. Teniendo en cuenta las condiciones en las que puede invocarse el artículo 4 del Convenio, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la aplicación en la práctica de los artículos 7, 8), y 7, 9), incluyendo todo dato disponible sobre el número de personas despedidas o cuya postulación haya sido rechazada en virtud de los artículos 7, 8), y 7, 9), de la Ley de la Administración del Estado, indicando las razones de esa decisión, y las funciones correspondientes, así como información sobre el procedimiento de recurso disponible para las personas afectadas y todo recurso presentado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Líbano

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1977)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brechas de remuneración entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, según las estadísticas publicadas en octubre de 2011 por la Administración Central de Estadísticas, la tasa de participación de las mujeres en la población activa era de alrededor del 23 por ciento en 2009, y que, en 2007, la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres fue del 6,2 por ciento en los servicios: 10,8 por ciento en el comercio, 21 por ciento en la agricultura, 23,8 por ciento en la industria manufacturera y 38 por ciento en los transportes y las comunicaciones. La Comisión recuerda que resulta particularmente importante disponer de datos estadísticos completos, fiables y recientes sobre las remuneraciones de hombres y mujeres para poder elaborar, aplicar y, posteriormente, evaluar las medidas adoptadas con el fin de eliminar la discriminación en la remuneración. En cuanto a los salarios en el sector privado, el Gobierno señala que se ha puesto en contacto con la Confederación General de Trabajadores del Líbano, la Asociación de Industriales Libaneses y la Asociación de Dirigentes y Jefes de Empresa Libaneses, para obtener informaciones sobre los salarios y las eventuales diferencias salariales entre hombres y mujeres. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para recopilar y analizar dichos datos en los diversos sectores de actividad económica, incluyendo el sector público, y para las diversas categorías profesionales, y le pide que tenga a bien comunicarlos. La Comisión pide igualmente al Gobierno que tome medidas concretas para poner fin a las disparidades salariales entre hombres y mujeres, incluyendo medidas de sensibilización entre los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones con respecto al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que proporcione informaciones sobre cualquier iniciativa que haya emprendido al respecto, así como sobre los eventuales obstáculos que hubieran podido encontrar.

Artículo 2. Legislación. Desde hace varios años, la Comisión ha venido pidiendo al Gobierno que dé pleno cumplimiento legal al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. El Gobierno señala en su memoria que los comentarios de la Comisión se transmitirán a la comisión encargada del examen de la legislación y los métodos de trabajo y que el nuevo proyecto de Código del Trabajo (artículo 14) tiene ya en consideración las preocupaciones examinadas por la Comisión. Al tiempo que toma nota de estas informaciones, la Comisión pide al Gobierno que se asegure de que el proyecto del Código del Trabajo refleje expresamente el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, con miras a garantizar que exista una gran amplitud en la comparación no solamente respecto a los trabajos iguales o similares, sino también sobre trabajos de características totalmente distintas efectuados por hombres y mujeres. Confiando en que el Gobierno podrá informar próximamente sobre los progresos realizados en este sentido, la Comisión pide al Gobierno que comunique una copia de las disposiciones pertinentes en cuanto hayan sido adoptadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1977)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección de los trabajadores contra la discriminación. Desde hace muchos años, la Comisión viene solicitando al Gobierno que introduzca al Código del Trabajo, que se está revisando actualmente, una definición y una prohibición general de la discriminación directa e indirecta basada en los motivos enumerados en el artículo 1, párrafo 1), a), del Convenio con respecto a todos los aspectos del empleo y la profesión. El Código del Trabajo actualmente en vigor no contempla más que la discriminación entre hombres y mujeres en determinados aspectos del empleo (artículo 26) y no ofrece ninguna protección eficaz contra todas las formas de acoso sexual (el acoso que conlleva un chantaje sexual (quid pro quo) y la creación de un ambiente de trabajo hostil). En efecto, el único artículo del Código que podría aplicarse en caso de acoso sexual es una disposición por la que se autoriza al asalariado a dejar su trabajo sin preaviso cuando «el empleador o su representante comete un delito de infracción de las buenas costumbres contra su persona» (artículo 75, 3)). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que los comentarios de la Comisión relativos al acoso sexual se comunicarán a la Comisión encargada del examen de la legislación y los métodos de trabajo. La Comisión recuerda que la aplicación de una verdadera política nacional en materia de igualdad para eliminar toda discriminación en el empleo y la profesión presupone la adopción de una serie de medidas específicas que a menudo constituyen una combinación de medidas legislativas y administrativas, convenios colectivos, políticas públicas, medidas de discriminación positiva, mecanismos de resolución de conflictos y de control, órganos especializados, programas prácticos y actividades de sensibilización (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 848). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que el futuro Código del Trabajo contenga las disposiciones que definan y prohíban la discriminación directa e indirecta fundada, como mínimo, sobre el conjunto de motivos enumerados en el artículo 1, párrafo 1 a), del Convenio, en todos los aspectos del empleo y la profesión, así como el acoso sexual en todas sus formas. Pide al Gobierno que proporcione informaciones detalladas sobre los progresos realizados con miras a adoptar el proyecto de Código del Trabajo. La Comisión pide igualmente al Gobierno que adopte medidas concretas para garantizar, en la práctica, la protección de los trabajadores contra la discriminación basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social, así como contra el acoso sexual en el empleo y la ocupación, en particular, las medidas destinadas a sensibilizar a los trabajadores, a los empleadores y sus organizaciones respectivas sobre estas cuestiones, así como medidas destinadas a formar a los inspectores del trabajo e intensificar su actuación a este respecto.

Trabajadores domésticos extranjeros. Discriminación múltiple. Desde hace varios años, la Comisión ha venido siguiendo las medidas adoptadas por el Gobierno para poner remedio a la falta de protección jurídica de los trabajadores domésticos, muchos de los cuales son mujeres migrantes que son excluidas del campo de aplicación del Código del Trabajo y se ven particularmente expuestas a la discriminación basada en el sexo así como en otros motivos como la raza, el color de la piel o el origen étnico. La Comisión toma nota de que, en 2012, el Ministerio de Trabajo, en colaboración con la OIT, publicó una guía práctica sobre derechos y deberes de los trabajadores domésticos migrantes en el Líbano, que puede consultarse en Internet. No obstante, al referirse a su observación de 2013 en virtud del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), la Comisión toma nota de que la situación de las trabajadoras domésticas migrantes, según la descripción de la Confederación Sindical Internacional (CSI), es particularmente difícil, sobre todo por el hecho de que tienen una relación con un empleador específico en virtud del sistema de patrocinio que las coloca en una situación de vulnerabilidad agravada. La Comisión toma nota igualmente del estudio sobre el acceso a la justicia de los trabajadores domésticos migrantes en el Líbano, que ha sido realizado en colaboración con la OIT y Caritas Migrant del Líbano en 2014. El estudio concluye, en particular, que es esencial que el derecho del trabajo tenga en cuenta a los trabajadores domésticos para que se eliminen las «zonas grises» que se prestan a que queden impunes numerosas violaciones de sus derechos y para que los magistrados dispongan de un marco jurídico completo, y recomienda, entre otros, que se mejore la legislación y la protección jurídica de los trabajadores domésticos migrantes, se refuercen las capacidades de los actores fundamentales, en particular, de las organizaciones de trabajadores, y se prevean mecanismos de prevención. La Comisión observa que, en su memoria, el Gobierno se refiere a la existencia de un proyecto de ley relativo al empleo de los trabajadores domésticos como viene haciéndolo desde hace algún tiempo, sin precisar ni el contenido actual ni el calendario para su examen y su adopción. La Comisión desearía subrayar nuevamente que este proyecto de ley presenta una ocasión de mejorar eficazmente la protección de los trabajadores domésticos migrantes frente a cualquier forma de discriminación basada sobre los motivos especificados por el Convenio, incluido el acoso sexual, así como de regular sus condiciones de trabajo mediante un texto específico que establezca sus derechos y deberes, así como los de los empleadores. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias, en colaboración con los interlocutores sociales, para que se garantice una protección viable de los trabajadores domésticos migrantes, tanto en la legislación como en la práctica, contra la discriminación directa e indirecta fundada sobre los motivos especificados por el Convenio y en todos los aspectos del empleo. La Comisión pide igualmente al Gobierno que adopte las medidas para que este proyecto de ley relativo al empleo de los trabajadores domésticos sea adoptado en un futuro próximo y que se sirva proporcionar informaciones sobre todos los progresos realizados en este sentido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malasia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1997)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación en la legislación y en la práctica. Durante varios años la Comisión ha venido formulando comentarios sobre el hecho de que la Constitución, la Ley del Empleo y la Ley sobre el Consejo Consultivo Nacional del Salario, de 2011, no incorporan plenamente el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que el Gobierno reafirma en su memoria una vez más que el principio del Convenio está consagrado en el artículo 8 de la Constitución, la Ley sobre el Consejo Consultivo Nacional del Salario, de 2011, y otra legislación laboral pertinente. Además, el Gobierno reitera que las tasas de remuneración están determinadas por el funcionamiento de las fuerzas del mercado, la legislación sobre el salario mínimo y la negociación colectiva, y que las organizaciones de trabajadores y de empleadores dan efecto al principio del Convenio. Asimismo, según indica el Gobierno, se realizan inspecciones periódicas en los lugares de trabajo para asegurar que se pague a los hombres y mujeres una remuneración igual por el «mismo trabajo». Sin embargo, el Gobierno no proporciona información que indique que la legislación se está interpretando de manera a aplicar el concepto más amplio de trabajo de igual valor, o de que ese principio sea aplicado en el contexto de la negociación colectiva. La Comisión también toma nota del informe sobre la Encuesta de Salarios y Remuneraciones, de 2013 (Departamento de Estadísticas, Malasia, agosto 2014), la persistente diferencia salarial por motivos de género que para determinadas ocupaciones representa casi el 30 o incluso el 40 por ciento. A nivel de industria, la diferencia salarial por motivos de género en las actividades inmobiliarias es del 36,5 por ciento; del 30,1 por ciento en las actividades de servicios de alojamiento, comida y bebida, y del 25,3 por ciento en la manufactura.

La Comisión recuerda nuevamente que el concepto de «trabajo de igual valor» permite un amplio ámbito de comparación, pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 673). La Comisión también recuerda que el hecho de que los salarios se acuerden mutuamente entre empleadores y trabajadores no excluye la existencia de discriminación salarial. La Comisión subraya también que en el contexto del Convenio, el término «valor» implica que se debería utilizar otro medio, además de las fuerzas del mercado, para garantizar la aplicación del principio, dado que las fuerzas del mercado pueden estar intrínsecamente condicionadas por los prejuicios de género (véase Estudio General de 2012, párrafo 674). En el contexto de la persistente diferencia salarial por motivos de género y de la segregación laboral por motivos de sexo acerca de las cuales tomó nota anteriormente la Comisión, así como sobre los persistentes malentendidos en cuanto al significado de las disposiciones del Convenio, su alcance y su aplicación en la práctica, la Comisión considera que dar pleno efecto legislativo al principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor es de especial importancia para garantizar la aplicación efectiva del Convenio. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte las siguientes medidas específicas, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores:

i)revise la legislación con objeto de incorporar expresamente el principio de igualdad de remuneraciones para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, teniendo en cuenta que la igualdad debe extenderse a todos los elementos de la remuneración tal como se definen en el artículo 1, a), del Convenio;

ii)tome medidas para aumentar la aptitud de los jueces, inspectores del trabajo y otros funcionarios públicos pertinentes, para identificar y abordar más satisfactoriamente las cuestiones relacionadas con la igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor;

iii)adopte las medidas adecuadas para aumentar la sensibilización entre trabajadores, empleadores, y sus organizaciones así como la comprensión pública del concepto de «trabajo de igual valor» y el principio del Convenio, y

iv)facilite información sobre toda medida que se haya adoptado y los resultados obtenidos sobre estos puntos, incluyendo los convenios colectivos que aplican el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malawi

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1965)

Artículo 2 del Convenio. Aplicación del principio en la administración pública. Desde 2005, la Comisión ha estado planteando su preocupación en relación con las denominaciones masculina y femenina en la clasificación de los puestos de trabajo y la estructura salarial de la administración pública. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que es el Departamento de Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo el que determina el sistema de clasificación y que este sistema no incluye denominaciones de género. La Comisión toma nota sin embargo de que no se proporciona información sobre la forma en que se establece ese sistema de clasificación. La Comisión pide una vez más al Gobierno que transmita información en la que se describan los diferentes niveles del sistema de clasificación y de la estructura salarial de la administración pública, tal como los ha determinado el Departamento de Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo, y que indique concretamente la manera en la que se garantiza que esa estructura está exenta de sesgo de género y garantiza la aplicación a los funcionarios públicos del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó su preocupación por el hecho de que la segregación ocupacional por motivo de género en la administración pública puede redundar en diferencias salariales entre hombres y mujeres, y tomó nota del bajo porcentaje de mujeres que ocupan puestos de dirección. A este respecto, tomó nota de que el Gobierno indica que se estaban realizando esfuerzos para retener a las mujeres en la administración pública y promover el empleo a largo plazo, y que se había emprendido un estudio sobre las mujeres en la administración pública con miras a elaborar una carta sobre cuestiones de género. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se ha empezado a realizar una auditoría sobre las desigualdades de género en los puestos de dirección de la administración pública y que la política nacional en materia de género y el Programa sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer pretenden abordar las desigualdades entre hombres y mujeres en los sectores público y privado. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados de la auditoría sobre desigualdades de género en los puestos de dirección de la administración pública y las medidas adoptadas a raíz de esos resultados. La Comisión también pide al Gobierno que indique todas las medidas concretas adoptadas o previstas en el marco de la carta sobre cuestiones de género, la política nacional en materia de género, y el Programa sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer para promover un mayor acceso de las mujeres a puestos de nivel más elevado y mejor remunerados. También le pide que vele por que hombres y mujeres reciban la misma remuneración por un trabajo de igual valor.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1965)

Artículo 2 del Convenio. Evolución de la legislación. La Comisión toma nota con interés de que, en 2013, se adoptó la primera Ley sobre Igualdad de Género, que tiene como objetivos: promover la igualdad de género y la igualdad de integración y de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad; sensibilizar a la opinión pública sobre la igualdad de género; prohibir la discriminación directa e indirecta basada en el sexo, las prácticas nocivas (prácticas sociales, culturales y religiosas nocivas) y el acoso sexual, y establecer la reparación de esas prácticas prohibidas. Asimismo, la Comisión toma nota de que la ley establece cuotas de empleo en igualdad de condiciones para hombres y mujeres en la administración pública, y la igualdad de acceso a la educación y la formación. La ley requiere la implementación de programas para promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la vida, y establece que la Comisión de Derechos Humanos aplique la ley antes mencionada. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para aplicar la Ley sobre Igualdad de Género, de 2013, y el impacto en la práctica de dichas medidas, en particular de las cuotas de empleo en igualdad de condiciones para hombres y mujeres en la administración pública, y para la educación y la formación, en la promoción de la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Sírvase asimismo transmitir información sobre los obstáculos que se han planteado para aplicar la ley, incluidas todas las cuestiones de interpretación legislativa. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre el número y la naturaleza de las violaciones examinadas por la Comisión de Derechos Humanos.

Acceso a la educación y la formación profesional. Durante algunos años, la Comisión ha estado pidiendo información sobre las medidas adoptadas para dar tratamiento a las desigualdades en materia de nivel educativo de hombres y mujeres. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las cuestiones de género y formación profesional se abordan en la política nacional en materia de género. Asimismo, la Comisión toma nota de que el artículo 16 de la Ley sobre Igualdad de Género, de 2013, requiere que el Gobierno adopte medidas activas para garantizar que la matriculación en instituciones de enseñanza superior sigue superando una cuota mínima del 40 por ciento de los estudiantes de cada sexo. Además, el artículo 14, 1), de la ley, establece el derecho de todas las personas «a acceder a la educación y la formación, incluida la formación profesional, en todos sus niveles». La ley también establece que el Gobierno adopte medidas activas para garantizar que las instituciones educativas ofrezcan igualdad de acceso tanto a niños y niñas como a hombres y mujeres. La Comisión pide al Gobierno que trasmita información detallada sobre las medidas adoptadas para cumplir con las cuotas de matriculación que se establecen en el artículo 16 de la Ley sobre Igualdad de Género, y sobre el impacto de estas medidas en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, incluso en los tradicionalmente llamados puestos «para hombres», y los puestos de nivel superior. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique toda medida concreta adoptada en el marco de la política nacional en materia de género para garantizar la igualdad de acceso a la educación y la formación, y que fomente la matriculación de niñas y niños, o mujeres y hombres, en una amplia gama de la educación y cursos de formación profesional, incluso en ámbitos no tradicionales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mauritania

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 2001)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM), recibidas el 31 de agosto de 2014, así como de la respuesta del Gobierno recibida el 13 de octubre de 2014.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 98.ª reunión, junio de 2009)

Artículo 2 del Convenio. Aplicación del principio. Legislación y convenios colectivos. La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en junio de 2009 en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y de las conclusiones de la mencionada Comisión. La Comisión toma nota en particular de que la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que modificara el Código del Trabajo y la Ley núm. 93-09, de 18 de enero de 1993, sobre la Administración Pública para asegurar que se dé plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, tanto en el sector público como en el privado. Además, en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia urgió al Gobierno que examine las causas de la enorme brecha salarial entre hombres y mujeres que existe en el país, y que adopte las medidas necesarias, por ejemplo a través de una gama más amplia de oportunidades de capacitación y formación, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para reducir esta brecha, incluso en la economía informal, y lograr que aumenten las oportunidades de las mujeres de acceder a una más amplia gama de empleos y ocupaciones, incluidos aquellos que están mejor remunerados. Por último, la Comisión de la Conferencia subrayó la importancia de que se restablezca el diálogo social en el país entre las organizaciones de trabajadores y de empleadores a fin de dar efecto al Convenio.

En su observación anterior, la Comisión tomó nota de las observaciones formuladas en 2008 por la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM) que subrayan la condición de marginación en que se encuentran las mujeres en Mauritania y señalan que el ingreso salarial de las mujeres es, en promedio, inferior al de los hombres en un 60 por ciento. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que está en curso la revisión del Código del Trabajo y que, en ese contexto, se tendrán en cuenta las consideraciones de la Comisión. Además, el Gobierno informa sobre su decisión de establecer un marco de concertación y de diálogo social y de adoptar las medidas necesarias para mejorar la comprensión del principio del Convenio por parte de los interlocutores sociales de manera que ese principio se refleje plenamente en los convenios colectivos. A este respecto, la Comisión observa que el Gobierno solicita la asistencia de la Oficina para impartir formación a los interlocutores sociales en cuanto al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

Al tiempo que toma nota de los compromisos expresados por el Gobierno y de su solicitud de asistencia técnica, la Comisión insta al Gobierno a que adopte en un futuro próximo las medidas necesarias, en colaboración con los interlocutores sociales, para modificar el Código del Trabajo y la Ley núm. 93-09, de 18 de enero de 1993, sobre la Administración Pública, de manera que esas leyes reflejen el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, que incluye pero va más allá del principio de la «igualdad de remuneración por un trabajo igual». La Comisión pide al Gobierno que comunique indicaciones precisas sobre los progresos de la labor legislativa en ese sentido. Además, la Comisión pide al Gobierno que precise si la revisión del artículo 37 del convenio colectivo general de trabajo de 13 de febrero de 1974, que también limita la igualdad de remuneración a la realización de un trabajo igual, está prevista por los interlocutores sociales.

Aplicación del Convenio en la práctica. Tomando nota de que la memoria el Gobierno no contiene información sobre ese punto, la Comisión, remitiéndose a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia a este respecto, pide al Gobierno que examine las causas de la brecha salarial entre hombres y mujeres a fin de adoptar las medidas necesarias para reducir esta brecha.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1963)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM) en una comunicación que se recibió el 29 de agosto de 2013. La CLTM afirma que la discriminación basada en la raza, el color y el origen es una práctica habitual en el país. Asimismo, señala que los antiguos esclavos, que constituyen el 50 por ciento de la población, son excluidos, marginados y privados de empleos decentes, y que también se les impide acceder a la función pública y a las altas funciones políticas, administrativas y militares. La CLTM también afirma que los antiguos esclavos no tienen acceso a los servicios básicos (escuelas, servicios de salud, agua, etc.) y están excluidos de las actividades económicas que generan ingresos. Rechaza los alegatos del Gobierno, a los que se refiere la Comisión en su observación, según los cuales, en el marco del Programa de Erradicación de las Secuelas de la Esclavitud (PESE), los antiguos esclavos se habrían beneficiado de oportunidades de empleo y de la creación de comercios. Según la CLTM todos los beneficiarios del PESE pertenecen a la comunidad árabe. La CLTM también indica que el país no dispone de ninguna estrategia de lucha contra la esclavitud y señala que la Agencia nacional de lucha contra la esclavitud, inserción y lucha contra la pobreza, creada a principios de 2013, no tiene programa, ni dispone de medios ni de estrategia. Por último, la organización afirma que algunos directivos y funcionarios mauritanos negros no consiguen recuperar sus derechos tras haber sido expulsados de sus trabajos en 1989 y 1990 debido a la discriminación racial. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones que la CLTM y la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM) realizaron en el contexto del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios respecto a esas observaciones.

Artículo 1 del Convenio. Discriminación basada en motivos de raza, color, ascendencia nacional u origen social. En relación con las prácticas discriminatorias de las que son víctimas los esclavos, los antiguos esclavos o los descendientes de esclavos, tal como fuera planteado por la CLTM, la Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno sobre la aplicación del Programa de Erradicación de las Secuelas de la Esclavitud (PESE). La Comisión toma nota en particular de que en el marco del PESE se han realizado más de 1 000 actividades, tales como la creación de comercios que beneficiaron a 93 000 personas en determinados pueblos y que se crearon 45 000 oportunidades de empleos ocasionales. La Comisión también toma nota de que, en su Informe publicado en 2010, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, hace referencia a un programa iniciado en 2008 por el Ministerio de Empleo y Formación Profesional con el fin de proporcionar microcréditos a los antiguos esclavos destinados a la creación de pequeñas empresas (documento A/HRC/15/20/Add.2, 24 de agosto de 2010, párrafo 77). Ese informe indica, no obstante, que antiguos esclavos recaen en la esclavitud por motivos de discriminación, carencia de educación o de formación profesional y de la falta de recursos para encontrar otro medio de subsistencia, o incluso se ven obligados a realizar trabajos manuales o de servicio en las zonas urbanas (documento A/HRC/15/20/Add.2, párrafos 36 y 51). En cuanto a la cuestión relativa a la existencia de esclavitud y de prácticas análogas a la esclavitud, la Comisión señala a la atención del Gobierno su observación de 2010 relativa al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), en la que subrayó la importancia de una estrategia global para combatir la esclavitud y sus vestigios. La Comisión considera que en el contexto de la estrategia global, es importante que se adopten medidas para tratar las prácticas discriminatorias, en particular, las que tienen como resultado que aquellos que alguna vez fueron esclavos vuelvan a serlo. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas, incluso en el contexto de la estrategia global, para combatir la esclavitud así como la discriminación, especialmente sobre la base del origen social y la estigmatización a la cual están expuestos ciertos sectores de la sociedad, en particular, los que alguna vez fueron esclavos, y los descendientes de esclavos. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre el impacto de tales medidas así como respecto de las medidas adoptadas para mejorar el acceso a la educación, la formación vocacional, el empleo y diversas ocupaciones. La Comisión también pide al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre todas las medidas adoptadas en materia de educación y sensibilización respecto a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación con objeto de luchar contra los prejuicios fundados en motivos de raza, color, ascendencia nacional u origen social y promover la tolerancia entre los trabajadores, los empleadores, sus organizaciones respectivas y el público en general.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

En relación con la situación de los trabajadores mauritanos negros de origen senegalés que habían sufrido, en el empleo, las consecuencias del conflicto con el Senegal en 1989, la Comisión sigue examinando el curso dado a las recomendaciones adoptadas en 1991 por el Consejo de Administración en torno a una reclamación presentada por la Confederación Nacional de Trabajadores del Senegal, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT. Al respecto, la Comisión tomó nota en su comentario anterior, de que, el 12 de noviembre de 2007, el Gobierno mauritano, el Gobierno senegalés y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), habían firmado un acuerdo por el que se establecía el marco jurídico para organizar el regreso voluntario de los refugiados mauritanos al Senegal. El Gobierno indica en su memoria que se han puesto en marcha programas de actividades generadoras de ingresos, en particular la cría de ganado, la creación de comercios y el desarrollo de cooperativas, en beneficio de las familias repatriadas. El Gobierno señala también que el censo de funcionarios y agentes del Estado víctimas de los acontecimientos de 1989, iniciado en 2010, permitirá que estas personas recuperen sus derechos y que tomen parte sin exclusiones en el proceso de desarrollo del país. Al tiempo que toma nota de esas indicaciones, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número de víctimas de los acontecimientos de 1989 identificadas en el marco del censo que se realiza actualmente y sobre el curso dado a este procedimiento, y en particular acerca de las medidas adoptadas para:

i)reintegrar a las personas afectadas en el empleo público o indemnizarlas, o indemnizar a sus derechohabientes;

ii)mejorar sus oportunidades de formación y empleo en el sector privado, y

iii)aplicar el acuerdo de 2007, en particular por intermedio de la Agencia Nacional de Integración de los Refugiados, en materia de Empleo y Profesión.

La Comisión también pide al Gobierno que comunique informaciones sobre toda medida adoptada para prevenir la discriminación en su contra en el empleo y la ocupación, especialmente durante la contratación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República de Moldova

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1996)

Evolución legislativa. La Comisión toma nota con satisfacción de que el «color de la piel» y la «infección del VIH/SIDA» se han añadido a la lista de motivos prohibidos de discriminación enumerados en el artículo 8 del Código del Trabajo enmendado, puesto en vigencia por la ley núm. 168 de 9 de julio de 2010. La Comisión también toma nota de que el artículo 10, 2), impone a los empleadores la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de todos los trabajadores sin discriminación, aplicar los mismos criterios para evaluar la labor de cada trabajador y garantizar la igualdad de condiciones de hombres y mujeres en relación con el trabajo y las obligaciones familiares (apartados f1), f2) y f4), respectivamente). Asimismo, la Comisión toma nota con interés de la adopción de la Ley de Garantía de Igualdad (núm. 121) de 25 de mayo de 2012, cuya finalidad es prevenir y combatir la discriminación y garantizar la igualdad de todas las personas en el país independientemente de los motivos de raza, color, nacionalidad, origen étnico, idioma, religión o creencia, sexo, edad, discapacidad, opinión, afiliación política, o todo otro criterio similar (artículo 1, 1)). La ley define y prohíbe la discriminación directa e indirecta (artículo 2), así como las peores formas de discriminación, que incluye la discriminación basada en dos o más motivos objeto de protección (artículo 4). El artículo 7 de la ley prohíbe explícitamente la discriminación en el empleo basada en los motivos antes mencionados y añade un motivo adicional relativo a la orientación sexual. Además, la ley prevé la creación de un Consejo para Prevenir y Combatir la Discriminación y Garantizar la Igualdad, encargado de examinar las quejas de discriminación y formular recomendaciones. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre la aplicación en la práctica de los artículos 8 y 10, 2), del Código del Trabajo, y de la Ley de Garantía de Igualdad, incluyendo información sobre el número de quejas presentadas y de sus resultados.

Acoso sexual. La Comisión toma nota con interés de que el artículo 1 del Código del Trabajo enmendado define actualmente el acoso sexual como «cualquier forma de comportamiento de orden físico, verbal o no verbal de naturaleza sexual que menoscaba la dignidad humana o crea un ambiente desagradable, hostil, degradante, humillante u ofensivo». Asimismo, la ley núm. 168, de 9 de julio de 2010, tipifica el delito de acoso sexual en el artículo 173 del Código Penal, definiéndolo como «la expresión de un comportamiento de orden físico, verbal o no verbal, que menoscaba la dignidad o crea un ambiente desagradable, hostil, degradante y humillante con el propósito de obligar a otro a tener relaciones sexuales o realizar otros actos mediante amenaza, coacción o chantaje». La Comisión toma nota de que a diferencia del Código Penal, el Código del Trabajo no exige de parte del presunto autor del acoso la intención de obligar a otro a tener un comportamiento sexual no deseado y, de ese modo, prevé una definición más amplia de acoso sexual. La Comisión saluda la inclusión en el artículo 10 del Código del Trabajo de las obligaciones del empleador relativas al acoso sexual, que incluyen la obligación de adoptar medidas preventivas y medidas para proteger de la persecución a las personas que presentan quejas de discriminación, así como la obligación de dictar reglamentos que prohíban la discriminación, incluyendo el acoso sexual (apartados 2, f3), y 2, f5)). El artículo 199, 1), b), también ha sido enmendado con objeto de establecer que los reglamentos deberán incluir disposiciones relativas a la eliminación del acoso sexual. Además, la Comisión toma nota de que a diferencia del Código Penal, el Código del Trabajo no incluye sanciones específicas en relación con el acoso sexual. A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en las que se lamenta la falta de medidas para hacer cumplir la legislación relativa al acoso sexual (documento CEDAW/C/MDA/CO/4-5, de 29 de octubre de 2013, párrafo 29). La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica del artículo 173 del Código Penal y del artículo 10 del Código del Trabajo, incluyendo información sobre las medidas tomadas por los empleadores para prevenir el acoso sexual en el empleo y la ocupación, así como sobre la manera en que se hacen cumplir las obligaciones del empleador y sobre los recursos previstos en el Código del Trabajo u otra legislación civil pertinente disponibles para las víctimas de acoso sexual. Sírvase también enviar información sobre las medidas adoptadas para sensibilizar a los trabajadores, empleadores y sus organizaciones sobre el acoso sexual en el empleo y la ocupación en aplicación del Código Penal y del Código del Trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mongolia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1969)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Trabajo de igual valor. La Comisión recuerda que el artículo 49, 2), del Código del Trabajo y el artículo 11, 2), 3) y 4), de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género, sólo se refiere a «trabajo igual» y no dan plena expresión al concepto de «trabajo de igual valor» de conformidad con el Convenio. La Comisión toma nota de que está en curso la elaboración del nuevo proyecto de ley del trabajo. La Comisión subraya la importancia de garantizar que la ley incorpore el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor que va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar». La Comisión también recuerda que el Convenio establece una definición muy amplia del término «remuneración», que comprende no sólo el «salario o sueldo ordinario, básico o mínimo», sino también cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados, directa o indirectamente, en concepto de empleo del trabajador (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 673 y 686). La Comisión pide al Gobierno que garantice que la nueva Ley de Trabajo tenga plenamente en cuenta el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, no sólo con respecto al salario básico sino también respecto a los emolumentos adicionales previstos en el artículo 1, a) y b), del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una copia de la ley una vez que ésta sea adoptada y le señala que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina para la aplicación del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1969)

Artículo 1 del Convenio. Evolución legislativa. La Comisión toma nota de que el nuevo proyecto de ley del trabajo está en curso de elaboración y aborda muchas de las cuestiones tratadas por la Comisión, incluidas la exclusión de las mujeres de ciertas ocupaciones, las restricciones relativas a los requisitos inherentes del empleo, la protección de los trabajadores con responsabilidades de familia y la protección contra el acoso sexual. La Comisión espera que la nueva ley del trabajo será adoptada próximamente, tomará en cuenta los comentarios de la Comisión y estará en conformidad con el Convenio.

Exclusión de las mujeres de ciertas ocupaciones. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores relativos a la exclusión de las mujeres de una amplia serie de ocupaciones en virtud del artículo 101.1 de la Ley del Trabajo, de 1999 y la orden núm. A/204, de 1999. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la orden núm. A/204, de 1999 fue anulada por la orden núm. 107 de 2008 y de que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social decidió, tras algunos estudios llevados a cabo para renovar la lista de los trabajos prohibidos, que no era necesario proceder a esa renovación o adoptar una lista de trabajos prohibidos para la mujer. El Gobierno indica también que según el nuevo proyecto de ley del trabajo las mujeres podrán ser excluidas de ciertas ocupaciones únicamente en caso de protección de la maternidad. La Comisión pide al Gobierno que garantice que la nueva ley del trabajo limite las medidas relativas a la exclusión de la mujer de ciertas ocupaciones estrictamente a aquellas destinadas a la protección de la maternidad.

Calificaciones requeridas para un empleo determinado. Requisitos inherentes. La Comisión se refirió en sus comentarios anteriores al artículo 6.5.6 de la Ley de la Promoción de la Igualdad de Género de 2011 que autoriza la contratación de una persona de un sexo determinado «basándose en la naturaleza específica de algunos lugares de trabajo tales como las instituciones de enseñanza preescolar». La Comisión también tomó nota de que el ámbito de otras disposiciones de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género parece ser demasiado amplio y permite establecer distinciones por motivos de género, tales como en «prestación de servicios de salud, enseñanza u otros servicios establecidos para atender las necesidades específicas de un sexo determinado» (artículo 6.5.1) y la afectación a determinados «lugares de trabajo» (artículo 6.5.2). La Comisión observa que la definición de requisitos inherentes (calificaciones requeridas para un empleo) del nuevo proyecto de ley del trabajo ya no se refiere a las limitaciones previstas en la Ley de Promoción de la Igualdad de Género. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que toda limitación a la protección contra la discriminación en la contratación para un trabajo, se refiere estrictamente a las calificaciones exigidas para un empleo determinado, de conformidad con el artículo 1, párrafo 2), del Convenio. La Comisión también pide al Gobierno que revise los artículos 6.5.1, 6.5.2 y 6.5.6 de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género para garantizar que no deniegan en la práctica la igualdad de oportunidades y de trato a hombres y mujeres respecto de su empleo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Níger

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1962)

Artículo 1 del Convenio. Evolución de la legislación. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la ley núm. 2012-045, de 25 de septiembre de 2012, por la que se establece el Código del Trabajo. La Comisión toma nota en particular de que el nuevo Código del Trabajo amplía la lista de motivos de discriminación prohibidos añadiendo el VIH/SIDA, así como la drepanocitosis (artículo 5) y de que contiene disposiciones favorables a las personas con discapacidades (cuota de contratación del 5 por ciento — artículo 10 — y adaptación de los empleos y las condiciones de empleo — artículo 46). La Comisión también toma nota de que las sanciones contra los autores de discriminación se han agravado considerablemente (artículos 338 a 341) y que el nuevo Código del Trabajo prohíbe expresamente algunas formas de acoso sexual (artículo 45). La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la adopción de todo texto de aplicación del Código del Trabajo concerniente a la igualdad y la no discriminación, así como sobre las medidas adoptadas para hacer conocer las disposiciones del nuevo Código del Trabajo a los trabajadores y a los empleadores, así como a sus organizaciones respectivas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nigeria

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2002)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Discriminación basada en el sexo, respecto del empleo en las fuerzas de policía. La Comisión consideró anteriormente que los artículos 118 a 128 del Reglamento del Cuerpo de Policía de Nigeria que prevén requisitos y condiciones de servicio especiales aplicables a las mujeres son discriminatorios e incompatibles con lo dispuesto en el Convenio, por lo que instó al Gobierno a que armonizara la legislación con las disposiciones contenidas en éste. La Comisión observó que los criterios y disposiciones relativos al embarazo y al matrimonio previstos en los artículos 118, 124 y 127 constituyen discriminación directa y que los artículos 121, 122 y 123 sobrepasan las exigencias aceptadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 1, párrafo 2), del Convenio. La Comisión también observó que la exigencia de una misma altura para hombres y mujeres probablemente constituye una discriminación indirecta de la mujer. La Comisión recuerda que las mujeres deben tener derecho a ejercer libremente cualquier empleo o profesión, y señala que las exclusiones o preferencias respecto de un empleo determinado en el contexto del artículo 1, párrafo 2), del Convenio deben determinarse de forma objetiva sin recurrir a estereotipos o prejuicios negativos sobre las funciones de los hombres y de las mujeres (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 788). Recordando que cada Estado Miembro en el que esté en vigor este Convenio, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3, apartado c), está obligado a revocar toda disposición legal que sea contraria a la igualdad de oportunidades y de trato, la Comisión una vez más insta al Gobierno a que ponga la legislación nacional en conformidad con el Convenio, e indique las medidas adoptadas a estos efectos en su próxima memoria. La Comisión confía en que el Gobierno, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, adoptará las medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato a las funcionarias del cuerpo de policía.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Nueva Zelandia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU) y de la Empresa Nueva Zelandia (Empresa NZ), presentadas por el Gobierno en su memoria.

Artículo 1 del Convenio. Trabajo de igual valor. Durante muchos años, la Comisión ha estado formulando comentarios según los cuales la Ley de Relaciones de Empleo (ERA), de 2000, la Ley de Derechos Humanos (HRA), de 1993, y la Ley de Igualdad de Salarios (EPA), de 1972, restringen el requisito de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres al mismo trabajo y a un trabajo esencialmente similar. En este sentido, la Comisión tomó nota de la escasa información proporcionada por el Gobierno indicando que la legislación relativa a la igualdad de remuneración se interpreta de manera a aplicar el concepto más amplio de «trabajo de igual valor» previsto en el Convenio. La Comisión toma nota de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Nueva Zelandia en el caso Terranova Homes & Care Ltd v. Service and Food Workers Union Nga Ringa Tota Inc. (CA631/2013 [2014] NZCA 516, de 28 de octubre de 2014) que confirmó la decisión del Tribunal de Empleo en el caso Service and Food Workers Union Nga Ringa Tota Inc. And Bartlett v. Terranova Homes & Care Ltd [2013] (Bartlett) sobre cuestiones jurídicas preliminares relativas a la interpretación del artículo 3, 1), b) de la EPA (trabajo realizado exclusivamente o de manera predominante por trabajadoras). La Comisión toma nota de que el Tribunal de Apelaciones, basándose en la existencia de dos categorías en el artículo 3, 1), a saber, la finalidad de la EPA y su definición de igualdad de remuneración, llegó a la conclusión de que la ley no se limita a establecer la igualdad de remuneración por el mismo trabajo o un trabajo similar. El Tribunal estimó que para comparar un trabajo realizado exclusivamente o de manera predominante por mujeres, puede ser de importancia considerar como prueba las remuneraciones pagadas por otros empleadores y en otros sectores. El Tribunal también consideró que debía tenerse en cuenta cualquier infravaloración sistémica del trabajo en cuestión. La Comisión toma nota de que tal vez pueda solicitarse al Tribunal de Empleo, antes de que examine la reclamación sobre el fondo del asunto en el caso Bartlett, que se pronuncie sobre los principios establecidos en el artículo 9 de la EPA en cuanto a los comparadores adecuados o las orientaciones adecuadas sobre el modo de presentar evidencia de otros grupos de comparadores o cuestiones relativas a la infravaloración sistémica. La Comisión toma nota de que Empresa NZ expresa su preocupación por las repercusiones del examen en cuanto al fondo del asunto en el Tribunal de Empleo y de que la NZCTU y el Gobierno estiman que el caso puede establecer un precedente importante en cuanto a los sectores de actividad predominantemente femeninos. Al tiempo que toma nota de que el caso puede tener repercusiones de largo alcance respecto de los sectores y ocupaciones predominantemente femeninos, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre los resultados del examen sobre el fondo del asunto ante el Tribunal de Empleo en el caso Bartlett y de toda declaración de principios en virtud del artículo 9 de la EPA. Sírvase seguir proporcionando información sobre toda decisión judicial o administrativa relacionada con el principio establecido en el Convenio. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre la manera en que se garantiza que al aplicar la Ley de Relaciones de Empleo, de 2000, y la Ley de Derechos Humanos, de 1993, se tenga en cuenta el concepto más amplio de trabajo de igual valor consagrado en el Convenio.

Segregación ocupacional. La Comisión toma nota de que el NZCTU llama la atención sobre la necesidad de promover la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor en aquellos sectores de la economía, tales como el sector del cuidado de personas de edad, en el cual un gran número de trabajadoras realizan labores calificadas de manera intensiva recibiendo bajas remuneraciones. La Comisión toma nota de que el informe de 2012 titulado «El Cuidado Cuenta», de la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Zelandia subraya la persistencia de amplitud de la infravaloración e insuficiencia de remuneración de miles de mujeres que trabajan en el sector del cuidado en residencias para personas de edad avanzada debido a que el trabajo de cuidados se considera como un trabajo femenino que tradicionalmente no se ha remunerado. El Gobierno indica a este respecto que el programa para 2013 del Ministerio de Asuntos de la Mujer se centró en la independencia económica de las mujeres con escasas calificaciones y bajos ingresos, y en el número cada vez mayor de mujeres en empleos no tradicionales para dar tratamiento al problema de la concentración de mujeres en ocupaciones de bajas remuneraciones, y en particular las mujeres maoríes y de las Islas del Pacífico que tienen más probabilidades de obtener empleo en puestos que exigen bajas calificaciones y son insuficientemente remuneradas. La Comisión toma nota de las observaciones de Empresa NZ, en el sentido de que la elección personal de una carrera es un factor que contribuye a la diferencia salarial por motivo de género. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas, incluso por el Ministerio de Asuntos de la Mujer, para dar tratamiento a la infravaloración del trabajo desempeñado por mujeres en el sector del cuidado, con inclusión de las medidas de seguimiento adoptadas en el contexto del informe El Cuidado Cuenta, así como en otros sectores que emplean predominantemente mujeres y, en particular, el apoyo a la educación y el trabajo social. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre resultados obtenidos por las medidas adoptadas para abordar la concentración de mujeres en ocupaciones con remuneraciones insuficientes, en particular las mujeres maoríes y de las Islas del Pacífico, para mejorar el acceso a una gama más amplia de oportunidades de empleo en todos los niveles.

Artículo 3. Evaluación de los empleos en el sector privado. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que seguirá proporcionando herramientas y recursos para la equidad en el empleo y la remuneración, incluidos las herramientas de revisión y el Sistema para la Evaluación Equitativa del Empleo, tanto para el sector público como el privado. A este respecto, el Gobierno sigue alentando la participación voluntaria de las organizaciones del sector público y privado en proyectos de equidad en materia de empleo y remuneración y garantiza la disponibilidad de los recursos mencionados. La Comisión toma nota de que Empresa NZ reitera observaciones anteriores, en el sentido de que el valor que ha de atribuirse a un empleo es un concepto extremadamente subjetivo, y que el valor que se atribuye a un empleo particular es probable que difiera según los prejuicios de la persona que lleva a cabo la evaluación. La Comisión pide al Gobierno que indique si se ha realizado alguna evaluación acerca de la utilización por los empleadores del sector público y privado de los recursos y herramientas en materia de igualdad en el empleo y la remuneración, y que facilite información sobre toda otra medida que se haya adoptado para garantizar que el valor de los empleos se determina objetivamente y sin sesgo de género. La Comisión alienta al Gobierno a realizar actividades de sensibilización, con la colaboración de los interlocutores sociales, acerca del concepto de «trabajo de igual valor» y de la importancia de utilizar una evaluación objetiva de los empleos libre de todo prejuicio y que facilite información sobre todas las medidas que haya adoptado a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU) y de Empresa Nueva Zelandia (Empresa NZ), proporcionadas por el Gobierno en su memoria, y de la respuesta del Gobierno.

Artículo 2 del Convenio. Acceso al empleo y formación profesional – Poblaciones maorí y de las Islas del Pacífico. La Comisión toma nota del continuado compromiso del Gobierno en mejorar los niveles de educación y de capacitación, y de la situación del empleo de las poblaciones maorí y de las Islas del Pacífico. La Comisión toma nota de que se establecieron nuevas estrategias educativas para la población maorí («Ka Hikitia-Accelerating Success», 2013-2017) y de que el Plan de Acción Económica del Pacífico fue sustituido por el Plan Educativo Pasifika, 2013-2017, los Servicios de Apoyo al Empleo del Pacífico (PESS) y el Programa de Gestión del Personal Directivo Superior del Pacífico. También se otorga una financiación de capital a algunos institutos, universidades y «Wananga» (instituciones de enseñanza terciaria maorí), así como a los estudiantes de las poblaciones maorí y de las Islas del Pacífico, con miras a una mayor igualdad de acceso a la educación y a los logros educativos. La Oficina de Asuntos Étnicos está adoptando medidas para promover la diversidad étnica en la ocupación y el empleo. Con respecto a la Estrategia de Enseñanza Terciaria, 2010-2015, la Comisión toma nota de los progresos realizados entre 2005 y 2012 en las tasas de finalización escolar de las poblaciones maorí y de las Islas del Pacífico, cinco años después de su inscripción en la enseñanza terciaria (para 2008-2012, las tasas de finalización escolar fueron del 49 por ciento, en el caso de los maoríes, y del 51 por ciento, en el caso de poblaciones de las Islas del Pacífico, hasta el 42 por ciento y el 41 por ciento, respectivamente, para 2001-2005. Al tiempo que saluda estas medidas, la Comisión toma nota de que la participación de las poblaciones maorí y de las Islas del Pacífico sigue siendo baja e incluso descendió en la formación profesional (a partir de 2012, el 14,6 por ciento del total de los formados era de la población maorí y el 7 por ciento, de la población de las Islas del Pacífico) y en el Plan de Aprendizaje Moderno (actualmente el Programa de Aprendizajes de Nueva Zelandia) (a partir de 2012, el 13,8 por ciento del total de los aprendices era de la población maorí y el 2,4 por ciento, de la población de las Islas del Pacífico). Según el NZCTU, las poblaciones maorí y de las Islas del Pacífico siguen estando desfavorecidas en relación con la población general en términos de desempleo (los europeos representan el 5 por ciento; los trabajadores maoríes representan el 12,8 por ciento y los trabajadores de las Islas del Pacífico, el 16,3 por ciento de la tasa de desempleo) y los salarios (en 2013, los trabajadores «Pakeha» (de ascendencia europea) ganaban un salario por hora promedio de 27,08 dólares neozelandeses, los trabajadores de la población maorí, 22,45 dólares neozelandeses y los trabajadores de la población de las Islas del Pacífico, 20,59 dólares neozelandeses). La Comisión pide al Gobierno que indique los resultados obtenidos hasta la fecha por las diversas iniciativas encaminadas a mejorar los niveles educativos y de capacitación y las oportunidades de empleo de los hombres y las mujeres que pertenecen a las poblaciones maorí y de las Islas del Pacífico, en particular las medidas adoptadas para aumentar más los niveles de participación de las poblaciones maorí y de las Islas del Pacífico en la formación profesional y en el Programa de Aprendizajes de Nueva Zelandia. La Comisión también pide al Gobierno que realice más esfuerzos para abordar las continuas desigualdades, incluidas las disparidades salariales que afrontan las poblaciones maorí y de las Islas del Pacífico, y que comunique información sobre los progresos realizados en ese sentido. Sírvase seguir comunicando estadísticas desglosadas por sexo sobre las tasas de participación y de finalización escolar de las poblaciones maorí y de las Islas del Pacífico en la formación profesional y en la educación, y su participación en el empleo en los sectores público y privado.

Acceso al empleo y a la formación profesional – Mujeres. La Comisión toma nota de que los niveles de participación de las mujeres en los cursos impartidos por las organizaciones de formación profesional para la industria y especialmente por el Programa de Aprendizajes de Nueva Zelandia, siguen siendo bajos (el 33,2 por ciento y el 11,7 por ciento, respectivamente). La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre los esfuerzos realizados por el Ministerio de Asuntos de la Mujer (MWA) para elevar el perfil de las mujeres en trabajos no tradicionales y a través de iniciativas educativas impulsadas por la industria, incluidos los resultados positivos obtenidos por la iniciativa Mujeres en el Poder, a cargo de la Organización de Formación de la Industria del Suministro de Electricidad. La Comisión también toma nota de que Empresa NZ apunta a la investigación llevada a cabo por el MWA, según la cual muchas niñas alrededor de los 13 y los 14 años parecen haber perdido interés en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y en las matemáticas (asignaturas STEM), pero no está claro si esto se vincula con los sesgos tradicionales del empleo; sin embargo, se están realizando considerables esfuerzos para generar un mayor interés en esas asignaturas. Además, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual la investigación encargada por el MWA, iniciada en septiembre de 2013, formula recomendaciones para un mejor uso de las habilidades de las mujeres en el contexto de las crecientes oportunidades en la industria de la construcción, tras los terremotos de Canterbury. En ese sentido, Empresa NZ considera que la reconstrucción de Canterbury brindará probablemente buenas oportunidades para introducir a las mujeres en una gama más amplia de trabajos. Al tiempo que apoya las iniciativas encaminadas a brindar oportunidades a las mujeres jóvenes para que accedan a «oficios dominados por los hombres», el NZCTU indica que las mujeres en los sectores minoristas y de la hostelería son las que se han visto más afectadas por las pérdidas de puestos de trabajo, tras los terremotos de Canterbury, y que debería prestarse la debida atención a su perfeccionamiento y apoyo. Al tiempo que toma nota de los esfuerzos del Gobierno para alentar a las mujeres a entrar en sectores con predominancia masculina, la Comisión pide al Gobierno que indique los resultados obtenidos por estas medidas, incluso en el contexto de la reconstrucción de Canterbury, con miras a la mejora de oportunidades para las mujeres en una gama más amplia de trabajos. La Comisión también pide al Gobierno que siga adoptando medidas para mejorar aún más la participación de las mujeres en la formación en el empleo y el Programa de Aprendizajes de Nueva Zelandia, y que comunique información, incluidas las estadísticas desglosadas por sexo, sobre todo progreso realizado a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Papua Nueva Guinea

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), fechadas a 31 de agosto de 2011.

Evolución legislativa. La Comisión ha solicitado al Gobierno que suministre información sobre la situación del proyecto de ley de relaciones laborales y del examen de la Ley sobre Empleo, de 1978, incluido el examen de los artículos 97 a 100 de esa Ley. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el borrador núm. 6 y final del proyecto de ley de relaciones laborales prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de raza, color, sexo, religión, embarazo, opiniones políticas, origen étnico nacional o social, y por el estado serológico real o supuesto respecto del VIH, contra un trabajador o solicitante de empleo, o en cualquier política o práctica de empleo. El Gobierno afirma que el proyecto de ley esté siendo elaborada por la Oficina del Procurador del Estado, el Departamento de Justicia y el Fiscal General, y anticipa que será promulgada en 2011. El Gobierno señala además, que las novedades relativas al examen de la Ley sobre Empleo serán comunicadas a la Oficina a su debido tiempo. La Comisión toma nota también de que el Programa de Trabajo Decente por País para 2009-2012 ha establecido como una de sus prioridades la reforma de la ley laboral. La Comisión espera que el proyecto de ley de relaciones laborales será adoptado en un próximo futuro y, pide al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados en este sentido, y que remita una copia del texto cuando haya sido adoptado. La Comisión pide asimismo al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados en torno al examen de la Ley sobre Empleo, con miras a armonizar las disposiciones sobre discriminación con lo dispuesto en el proyecto de ley de relaciones laborales y ponerlas en conformidad con lo dispuesto en el Convenio.

Discriminación por motivos de sexo en la administración pública. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en relación con el impacto discriminatorio del artículo 36, 2), c), iv), de la Ley de Servicios Públicos (administración), de 1995, que, al autorizar la convocatoria de candidaturas, especifica que «tan sólo podrán nombrarse, promoverse o transferirse unos determinados porcentajes de hombres y mujeres», así como del artículo 20.64 del decreto general núm. 20 y del artículo 137 de la Ley de Servicios Docentes, de 1988, relativas a las restricciones respecto a la concesión de determinados subsidios a las profesoras. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno señala que no se han registrado progresos con respecto a la modificación de las disposiciones discriminatorias aplicables a la administración pública, y que no se han iniciado todavía las consultas con los organismos gubernamentales correspondientes, a los cuales el Gobierno hace referencia en su memoria de 2009. Reiterando sus comentarios anteriores respecto al impacto discriminatorio de estas disposiciones, la Comisión insta al Gobierno a adoptar medidas rápidas para revisar y modificar las disposiciones a fin de ponerlas de conformidad con lo dispuesto en el Convenio.

Discriminación contra algunos grupos étnicos. La Comisión toma nota de que, según la CSI, se ha registrado un aumento de la violencia contra trabajadores y empresarios de origen asiático, a quienes se culpa por «acaparar las oportunidades de empleo». La CSI afirma también que, a lo largo de 2009 y 2010, se han registrado numerosos ataques y saqueos contra personas y empresas de origen asiático. La Comisión pide al Gobierno que investigue los alegatos de discriminación contra trabajadores y empresarios de origen asiático, incluidos los incidentes violentos, y que tenga a bien suministrar información sobre los resultados de dicha investigación. La Comisión pide también información sobre las medidas prácticas adoptadas para garantizar la protección, en el marco del empleo, contra actos de discriminación por motivos de raza, color u origen nacional, así como sobre cualquier otra medida adoptada o prevista para promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación entre los miembros de distintos grupos étnicos.

Motivos adicionales de discriminación. VIH y el sida. La Comisión toma nota de la estrategia en materia de VIH y el sida 2011-2015, en la que se incluyen la prevención, el asesoramiento, el análisis, el tratamiento, la atención y el apoyo así como el fortalecimiento de los sistemas. La Comisión toma nota además de los comentarios formulados por la CSI, según los cuales no existen leyes que prohíban la discriminación contra las personas que viven con el VIH y el sida, y de que se ha comunicado que algunas empresas han despedido personas que viven con el VIH y el sida. La CSI señala asimismo que la coalición de empresas contra el VIH y el sida ha ayudado a las empresas a elaborar políticas en materia del VIH y el sida en el lugar de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que indique de qué modo garantiza que la discriminación en el empleo y la ocupación por motivo de su estado serológico real o presunto del VIH y el sida es abordada efectivamente en la aplicación de la estrategia 2011-2015 sobre el VIH y el sida, y los resultados logrados por dichas medidas. La Comisión pide también una vez más al Gobierno que envíe información sobre la aplicación práctica de la Ley de Gestión y Prevención del VIH y el sida, núm. 4 de 2003, también en relación con las actividades de la Secretaría del Consejo Nacional del SIDA.

Discapacidad. La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la CSI, según los cuales las personas con discapacidades sufren discriminación en el acceso al empleo y a los servicios sociales. La Comisión pide al Gobierno que responda a las cuestiones planteadas en la comunicación de la CSI en relación con la discriminación que sufren las personas con discapacidades, y que indique todas las medidas adoptadas para hacer frente a estos asuntos.

Orientación sexual. La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la CSI, según los cuales hay personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero que son objeto de discriminación en el empleo. La Comisión pide al Gobierno que responda a las cuestiones planteadas en la comunicación de la CSI en relación con la discriminación que sufren las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y que indique las medidas adoptadas para hacer frente a estas cuestiones.

Política nacional de igualdad. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que no existe un documento concreto ni plenamente detallado que establezca la política en materia de empleo. El Gobierno afirma también que está verificando si existe una política de certificación de competencias laborales. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno sigue sin contener ninguna información suplementaria sobre la política nacional que trate específicamente sobre la discriminación por los motivos enumerados en el Convenio. Con respecto a la discriminación con motivo del sexo, la Comisión toma nota de que en el Plan de desarrollo a medio plazo de 2011-2015 figuran artículos en materia de género, y que en el Plan de visión 2050 para Papua Nueva Guinea (publicado en noviembre de 2009), el género figura como una de las «siete áreas de atención estratégicas»: «desarrollo de los recursos humanos, género y empoderamiento de los jóvenes y los adultos». Sin embargo, la Comisión toma nota de que ninguno de los artículos de estos planes o estrategias parece abordar específicamente las cuestiones de la igualdad de género en el empleo y la ocupación. Reiterando que, en virtud del artículo 2 del Convenio, la formulación de una política nacional debe incluir necesariamente la adopción y aplicación de medidas concretas y proactivas destinadas a promover la igualdad de oportunidades en materia de empleo y ocupación, al menos en lo que atañe a todos los motivos establecidos en el Convenio, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione todos los detalles sobre las medidas concretas adoptadas o previstas para garantizar y promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación sobre los motivos enumerados en el Convenio.

Restricciones al acceso de las mujeres a determinados puestos de trabajo. La Comisión recuerda que los artículos 98 y 99 de la Ley del Empleo prohíben el empleo de mujeres, entre otros, en trabajos pesados y que tengan lugar durante la noche. La memoria del Gobierno no contiene ninguna nueva información a este respecto. La Comisión pide al Gobierno que garantice que la adopción de medidas de protección para las mujeres se limita a la protección de la maternidad. La Comisión pide también al Gobierno que suministre información sobre cómo se garantiza en la práctica que las mujeres tengan acceso a todos los puestos de trabajo y ocupaciones en igualdad de condiciones con los hombres. La Comisión pide también información sobre todas las actividades de sensibilización para corregir las percepciones estereotipadas en relación con las capacidades de las mujeres y las funciones que cumplen en la sociedad.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Perú

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones presentadas por la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) de 26 de agosto de 2014, según las cuales la tasa de desempleo y subempleo de las mujeres son mayores que las de los hombres. La Comisión toma nota también de las observaciones presentadas por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) recibidas el 2 de septiembre de 2014. Según la CUT, las trabajadoras se concentran en los sectores del comercio, de la salud y de la enseñanza, en donde predomina el trabajo no registrado y de corta duración (más del 50 por ciento con contratos temporales y a tiempo parcial). La CATP señala que la segregación ocupacional agudiza la brecha salarial, que el Gobierno no ha adoptado un mecanismo para la evaluación objetiva de los empleos y observa que el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 (PLANIG 2012-2017) no aborda estas cuestiones. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones presentadas por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de 16 de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha salarial. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de los programas y medidas adoptados y pidió al Gobierno que enviara información sobre el impacto de los mismos en la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres y en la reducción de la brecha salarial. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que se ha adoptado una política nacional de empleo que tiene en cuenta las características y necesidades de mujeres y hombres, en especial de los grupos de población más vulnerable. Uno de los ejes de dicha política busca implementar medidas de acción positiva a favor de las mujeres para disminuir la segregación ocupacional entre hombres y mujeres, promover el acceso de las mujeres a puestos directivos y trabajos de alta especialización e incentivar el establecimiento de servicios de cuidado infantil en el seno de las empresas. El Gobierno añade que el PLANIG 2012-2017 contiene objetivos tendientes a incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y a mejorar la calidad del empleo. En el marco de su implementación se ha logrado una significativa participación de las mujeres en proyectos de capacitación y en proyectos productivos, y se ha incrementado el salario promedio de las mismas. Tres programas laborales «Jóvenes a la obra», «Vamos Perú» y «Trabaja Perú» tienen entre sus objetivos mejorar el acceso de las mujeres a una gama más amplia de empleos. La Comisión observa, sin embargo, que según las estadísticas recolectadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el ingreso medio de las mujeres en 2012 alcanzó el 66,6 por ciento del ingreso de los varones (64,4 por ciento para el área urbana y 57,3 por ciento para el área rural). La Comisión subraya que las diferencias salariales siguen siendo una de las formas más persistentes de desigualdad entre las mujeres y los hombres. La persistencia continuada de estas diferencias exige que los gobiernos, junto con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, tomen medidas más proactivas para sensibilizar, evaluar, promover y hacer efectiva la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor (Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 669). En este sentido, la Comisión recuerda que es especialmente importante disponer de datos estadísticos completos y fiables sobre las remuneraciones de los hombres y de las mujeres para elaborar, poner en práctica y evaluar las medidas adoptadas para eliminar las diferencias de remuneración. La recopilación, el análisis y la difusión de esta información son fundamentales para detectar y tratar la desigualdad de remuneración (véase Estudio General de 2012, párrafo 888). La Comisión pide al Gobierno que tome medidas para identificar y dar tratamiento a las causas subyacentes de la brecha salarial existente, tales como la discriminación por motivo de género, los estereotipos de género sobre las aspiraciones, preferencias y capacidades de las mujeres, o la segregación ocupacional vertical y horizontal y a promover el acceso de las mujeres a una gama más amplia de empleos en todos los niveles, incluso en puestos de dirección y en empleos mejor remunerados. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre toda evolución al respecto, así como sobre las medidas de sensibilización al principio de igual remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor llevadas a cabo entre los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones en el marco del PLANIG 2012-2017. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique datos estadísticos desagregados por sexo sobre la distribución de hombres y mujeres en el mercado de trabajo y sobre las remuneraciones percibidas por hombres y mujeres por sector de actividad económica, incluido el sector público.

Artículo 3. Evaluación objetiva del empleo. En su observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que informara sobre el sistema de evaluación del empleo que estaba siendo desarrollado por la Dirección General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que dicha Dirección está llevando a cabo una experiencia de validación de la metodología de evaluación de puestos de trabajo con enfoque de género en dos empresas privadas. Una vez terminada la experiencia se elaborará una «Guía para la aplicación del principio de igual remuneración entre hombres y mujeres». La guía tendrá el objetivo de divulgar el principio del Convenio, ayudar a los empleadores en la fijación de las remuneraciones y promover la inclusión del principio del Convenio en la negociación colectiva. La guía podrá ser utilizada por empresas de todos los tamaños y sectores, tanto públicas como privadas. Teniendo en cuenta la persistente brecha salarial por motivo de género, la Comisión insta al Gobierno a que tome las medidas necesarias con miras a adoptar sin demora un sistema de evaluación objetiva de los empleos. La Comisión pide al Gobierno que envíe mayor información sobre la «Guía para la aplicación del principio de igual remuneración entre hombres y mujeres», en particular sobre el modo en que la misma garantizará que la evaluación de los trabajos se llevará a cabo sobre la base de criterios absolutamente objetivos y exentos de todo sesgo de género. Sírvase enviar una copia de la mencionada guía, una vez que la misma sea adoptada.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1970)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) recibidas el 26 de agosto de 2014 y de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) recibidas el 2 de septiembre de 2014, que se refieren a cuestiones legislativas que ya son objeto de examen por parte de esta Comisión. La CATP se refiere también a la discriminación en las ofertas de empleo por motivo de raza, color y sexo y a la escasa actuación de la inspección del trabajo en lo que se refiere a la discriminación en el trabajo.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Discriminación por motivo de sexo. En su observación anterior la Comisión pidió al Gobierno que enviara información sobre la aplicación y el impacto de las disposiciones legales siguientes: decreto legislativo núm. 1057 de 28 de junio de 2007, que establece el contrato administrativo de servicios (CAS); ley núm. 28015 y decreto legislativo núm. 1086 que establecen el régimen de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de la micro y pequeña empresa y el acceso al empleo decente; ley núm. 27360 que aprueba las normas sobre el sector agrario y Ley núm. 27986 sobre Trabajadores del Hogar. La Comisión toma nota de que según la CTP, la CUT y la CATP estas normas que se aplican al sector público o al privado establecen regímenes específicos por modalidad de contratación, sector de actividad u ocupación y prevén menos derechos que la legislación de aplicación general. Además, según la CUT, estas normas tienen un impacto mayor sobre las mujeres y los trabajadores indígenas que ocupan mayoritariamente dichos sectores. La Comisión toma nota de que en el marco del Plan Nacional de Igualdad de Género (2012-2017) (PLANIG 2012-2017) se constató la persistencia de la utilización de regímenes especiales en los que se emplea principalmente a mujeres. La Comisión toma nota además, de la adopción de la ley núm. 29849, de 5 de abril de 2012, que prevé la eliminación progresiva del contrato administrativo de servicios previsto por el decreto legislativo núm. 1057 y que el 4 de julio de 2013 se adoptó la Ley núm. 30057 sobre Servicio Civil. La Comisión pide al Gobierno que evalúe el impacto de las disposiciones legales mencionadas que establecen regímenes especiales de trabajo, en particular sobre el acceso y las condiciones de empleo de las mujeres y los trabajadores indígenas respecto de los motivos previstos en el artículo 1, párrafo 1), a), del Convenio y que envíe información al respecto. La Comisión pide al Gobierno que envíe información estadística desglosada por sexo, y si es posible, indicando la proporción de trabajadores indígenas, sobre el número de trabajadores contratados en el sector público bajo las diversas modalidades de contrato, y en el sector privado en virtud de las leyes núms. 28015, 27360 y 27986. La Comisión pide también al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas para la aplicación eficaz de la legislación que prohíbe la discriminación en las ofertas de empleo por motivo de raza, color y sexo.

Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión saluda la evaluación del Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones (2006-2010) realizada en el marco del PLANIG 2012-2017 que contiene recomendaciones sobre medidas a adoptar en relación con el acceso y las condiciones de trabajo de las mujeres. A este respecto, la Comisión toma nota de que la CTP, la CUT y la CATP se refieren a las dificultades que enfrentan las mujeres, en particular las trabajadoras domésticas, para acceder a la economía formal. Asimismo, en su informe «La lucha contra la discriminación: avances y desafíos» de 2013, la Defensoría del Pueblo se refiere en particular, a la dificultad que enfrentan las mujeres embarazadas para acceder y permanecer en el empleo, la educación y la formación. La Comisión toma nota de que el PLANIG 2012-2017 prevé la adopción de medidas tendientes a promover la igualdad entre hombres y mujeres y, en particular, al acceso de las mujeres a sistemas previsionales y de salud, la protección de las trabajadoras domésticas y la garantía, por parte de las entidades públicas, de los derechos de maternidad y paternidad. La Comisión toma nota, además, de que el Gobierno se refiere a diversas guías y planes adoptados o en elaboración sobre buenas prácticas en materia de igualdad, conciliación del trabajo y las responsabilidades familiares y respeto de los derechos de los trabajadores domésticos. Recordando la importancia de hacer un seguimiento de la ejecución de los planes y políticas en términos de resultados y eficacia, la Comisión alienta al Gobierno a continuar de manera sistemática evaluando los planes y programas de igualdad adoptados. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que la implementación del PLANIG 2012-2017 trate de manera eficaz los problemas de discriminación existentes y promueva la igualdad de mujeres y hombres en el acceso y permanencia en el mercado de trabajo. La Comisión pide, en particular, al Gobierno que tome medidas concretas para garantizar el acceso y la permanencia de las mujeres embarazadas en el empleo, en la formación y en la educación. La Comisión pide al Gobierno que envíe información al respecto.

Inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que indicara cuáles eran las medidas que se adoptaban en caso de obstrucción por parte de los empleadores de las tareas de los inspectores del trabajo y cuál es la autoridad encargada de examinar las denuncias por discriminación en el sector público. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que según el decreto supremo núm. 019-2006-TR, la obstrucción a la entrada de los inspectores es una falta grave pasible de sanción y que las denuncias por discriminación en el sector público son examinadas por el Tribunal del Servicio Civil adscrito a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Las decisiones del tribunal son apelables ante la autoridad judicial. La CATP señala a este respecto que si bien la legislación considera la discriminación como una infracción grave, la inspección del trabajo ha realizado pocas intervenciones al respecto. La Comisión toma nota de que la CTA se refiere al aumento de denuncias por obstrucción a la actividad de la inspección en 2013 debido a la ineficacia de las sanciones impuestas ante tales hechos e indica que SERVIR y el Tribunal del Servicio Civil no se encuentran operativos aún. La Comisión subraya la importancia de la inspección del trabajo en el control de la aplicación de las disposiciones relativas a la no discriminación, la igualdad y la igualdad de remuneración y en la colecta de información sobre la naturaleza y el resultado de las quejas examinadas. La Comisión recuerda asimismo la importancia de que las sanciones impuestas por los órganos encargados de la inspección del trabajo sean suficientemente disuasivas y se remite en este aspecto a sus comentarios formulados en relación con la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). La Comisión pide al Gobierno que tome medidas concretas con miras a asegurar que el sistema de inspección del trabajo sea eficaz y contribuya a promover la igualdad de oportunidades y dar tratamiento a la discriminación en el trabajo. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre el funcionamiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y del Tribunal del Servicio Civil, así como estadísticas sobre el número y la naturaleza de las denuncias sobre discriminación presentadas en el sector público y privado, el tratamiento dado a las mismas por las distintas autoridades competentes, las sanciones impuestas y la reparación acordada. Sírvase enviar copia de las decisiones judiciales relevantes.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Qatar

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1976)

Artículo 1 del Convenio. Legislación. La Comisión ha venido observando desde hace varios años que las disposiciones de la Constitución de Qatar (artículo 35) y de la Ley del Trabajo núm. 14, de 2004 (artículos 93 y 98), no prohíben de manera eficaz la discriminación por todos los motivos previstos en el Convenio, en particular, la discriminación basada en la opinión política, en la ascendencia nacional y origen social y protegen únicamente contra la discriminación basada en ciertos aspectos del empleo. La Ley del Trabajo núm. 14 excluye de su protección a varias categorías de trabajadores, entre otros a los trabajadores domésticos. En este sentido, la Comisión toma nota de que, el Gobierno, en sus comentarios sobre el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes, señala que un proyecto de ley sobre trabajadores domésticos que se ajusta a las disposiciones del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), está siendo examinado en la actualidad (documento A/HRC/26/35/Add.2, de 5 de junio de 2014, párrafo 2). El Gobierno señala en su memoria que los trabajadores pueden reclamar sus derechos de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Trabajo, que establece, en términos generales, el derecho a presentar una demanda judicial. No obstante, la Comisión toma nota de que la memoria no incluye ninguna información concreta sobre las medidas prácticas adoptadas para abordar la discriminación basada en todos los motivos establecidos en el Convenio, incluyendo la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social en relación con todos los aspectos del empleo y la ocupación. Ante la ausencia de un marco jurídico claro de protección contra la discriminación en el empleo y la ocupación, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para asegurar que todos los trabajadores sin distinción gozan de protección, en la legislación y en la práctica, contra la discriminación basada en cualesquiera de los motivos cubiertos por el Convenio, incluyendo la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social. Sírvase transmitir información específica sobre el modo en el que se garantiza la protección contra la discriminación basada en los motivos cubiertos por el Convenio en la práctica, en particular, respecto del acceso a la formación profesional y la orientación vocacional, el acceso al empleo y a determinadas ocupaciones, incluida la contratación, así como también respecto de todos los términos y condiciones de empleo. La Comisión pide también al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas o previstas para modificar la legislación existente en este aspecto y, en particular, que comunique información sobre cualquier novedad relativa a la adopción del proyecto de ley sobre trabajadores domésticos.

Artículos 1 y 2. No discriminación de los trabajadores migrantes. Aplicación en la práctica. La Comisión recuerda que el Convenio se aplica a todos los trabajadores nacionales y no nacionales. La Comisión toma nota de las estadísticas recopiladas por el Ministerio de Desarrollo, Planificación y Estadística (intercambio de información en Qatar) de que, en 2012, el 93,8 por ciento de los trabajadores económicamente activos de Qatar no eran qataríes (1 173 186 hombres y 167 396 mujeres). La Comisión toma nota además de que el 100 por ciento de los trabajadores del sector del trabajo doméstico, el 99,8 por ciento del sector de la construcción, el 99,1 por ciento del comercio al por mayor y al por menor, y el 98,5 por ciento del sector de las manufacturas, siguen estando integrados por trabajadores de origen no qatarí. La Comisión ha venido refiriéndose desde hace varios años a las limitaciones en vigor a la posibilidad de que los trabajadores migrantes cambien de lugar de trabajo mediante el régimen de patrocinio, en particular, el requisito de obtener la autorización del patrocinador para dejar el país, lo que los sitúa en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los abusos y la discriminación por los motivos enumerados en el Convenio. La Comisión tomó nota de que presentar una demanda o una reclamación para establecer la existencia de abusos por parte del empleador es un requisito para que se otorgue la autorización a cambiar de lugar de trabajo. No obstante, los trabajadores migrantes que sufren abusos y tratos discriminatorios pueden abstenerse de presentar reclamaciones por miedo a represalias. La Comisión toma nota además de que, en sus conclusiones, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), manifestó su preocupación por la prevalencia de prejuicios y actitudes estereotipadas negativas respecto de los trabajadores domésticos migratorios, en particular, las mujeres, y de las múltiples formas de discriminación que padecen (documento CEDAW/C/QAT/CO/1, de 10 de marzo de 2014, párrafo 21). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, desde enero a julio de 2014, se han aprobado 38 solicitudes de transferencia permanente de patrocinio y 1 948 solicitudes de transferencia temporal sin indicar si éstas conciernen a trabajadores domésticos extranjeros. El Gobierno señala además que acaba de concluir recientemente la elaboración de un proyecto de ley que reemplazará al régimen de patrocinio actualmente en vigor con nuevas disposiciones para la entrada y la salida de trabajadores migrantes y la reglamentación de su estatuto jurídico de residencia. La Comisión toma nota de la adopción de la Ley núm. 4 de 2014 que enmienda el artículo 37 de la Ley del Trabajo núm. 14 y establece una tasa a pagar en caso de «cambio de ocupación». La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno sobre las actividades del Departamento de Relaciones Laborales y del Departamento de Derechos Humanos dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que se ocupan de recibir, examinar y tramitar las quejas y los recursos y que organizan campañas de sensibilización entre los trabajadores y los empleadores sobre los procedimientos jurídicos disponibles para solicitar reparación. La Comisión considera que propiciar una flexibilidad idónea que permita a los trabajadores migrantes cambiar de lugar de trabajo, puede ayudar a evitar situaciones en las que éstos se vean en una situación más vulnerable frente a la discriminación y los abusos; y que la aplicación efectiva de la legislación es esencial para garantizar que los trabajadores migrantes no son objeto de discriminación en contra de lo dispuesto en el Convenio. La Comisión se refiere a este respecto a las observaciones que formuló en relación con la aplicación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la protección efectiva de los trabajadores migrantes contra la discriminación basada en los motivos enumerados en el Convenio y a que comunique información completa a este respecto. La Comisión espera que la ley que reemplazará el actual régimen de patrocinio instaurará la flexibilidad adecuada para que los trabajadores migrantes, incluyendo los trabajadores domésticos, puedan cambiar de lugar de trabajo cuando son objeto de discriminación por los motivos indicados en el Convenio y pide al Gobierno que señale cualquier novedad a este respecto. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el número y la naturaleza de las quejas relativas a los casos de discriminación en el empleo presentadas por los trabajadores migrantes, incluidos los trabajadores domésticos, ante el Departamento de Relaciones Laborales, el Departamento de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC), y a que incluya información sobre las medidas de reparación proporcionadas y las sanciones impuestas. La Comisión pide al Gobierno que envíe una copia de cualquier decisión relevante en esta materia.

Artículo 2. Igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de las estadísticas recopiladas por el Ministerio de Desarrollo, Planificación y Estadística (intercambio de información de Qatar) de que, en 2012, las mujeres constituían únicamente un 12,78 por ciento de la población económicamente activa. La Comisión toma nota de que las trabajadoras se concentran en gran medida en el sector del trabajo doméstico, en el cual están empleados únicamente trabajadores no qatarís, el 64,58 por ciento de los cuales son mujeres, que representan al 52,45 por ciento de todas las mujeres económicamente activas del país. La Comisión toma nota de que, a pesar de la información previa del Gobierno de que se llevarían a cabo iniciativas para sensibilizar a la población y corregir las opiniones estereotipadas relativas al papel de las mujeres en la sociedad, el Gobierno no ha suministrado ninguna información concreta sobre las medidas aprobadas o previstas en este sentido. La Comisión toma nota además de que, en sus conclusiones, el CEDAW expresó su preocupación por «la persistencia de estereotipos profundamente arraigados en lo concerniente a las funciones y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y la sociedad, que sobre dimensiona la función de la mujer como cuidadora» (documento CEDAW/C/QAT/CO/1, párrafo 21). La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que el Consejo Superior de Asuntos Familiares ha sido sustituido por dos departamentos: el Departamento de Relaciones Familiares Productivas, que se ocupa de apoyar y promover a las familias productivas mediante la formación y servicios de apoyo, y el Departamento de Desarrollo Familiar, que tiene el cometido, entre otros, de sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las mujeres y aplicar programas de desarrollo y capacitación para ellas, en colaboración con los órganos gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. Al tiempo que toma nota de la información muy general que comunica el Gobierno en su memoria, la Comisión reitera que el Convenio exige que los Estados Miembros declaren y lleven a cabo una política nacional destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato en todos los sectores del empleo y la ocupación y que esta política debe ser efectiva (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 841 y 844). La Comisión insta firmemente al Gobierno a que proporcione información detallada sobre todas las medidas adoptadas, incluidas las del Departamento de Asuntos Familiares Productivos y del Departamento de Desarrollo Familiar, con el fin de promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación y para combatir las opiniones estereotipadas sobre los trabajos convenientes para hombres y mujeres, indicando, en particular, las medidas adoptadas en el empleo, la educación y la formación profesional para corregir la segregación ocupacional por motivos de sexo. La Comisión pide también al Gobierno que comunique estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo y origen, sobre la participación de hombres y mujeres en los diversos sectores de la actividad económica y en cada nivel de las diversas ocupaciones, tanto en el sector público como en el privado, así como estadísticas sobre la participación tanto de las mujeres qataríes como no qataríes en la educación y la formación profesional.

Aplicación. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Departamento de Inspección del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, lleva a cabo visitas de inspección con el fin de detectar prácticas discriminatorias y que, entre las medidas legales previstas para subsanarlas figuran el asesoramiento, la orientación o las amonestaciones a los empleadores. La Comisión toma nota también de la declaración del Gobierno de que disponen de informes para levantar actas de las infracciones que son remitidos a los órganos judiciales con el fin de que éstos inicien los procedimientos legales pertinentes contra los empleadores que hayan incurrido en infracciones. La Comisión toma nota de que la NHRC tramitó un total de 1 930 quejas relativas a cuestiones laborales planteadas en 2013, pero que la información del Gobierno no señala cuántas de estas quejas se referían a la discriminación. La Comisión destaca el papel que desempeña la inspección del trabajo para vigilar el cumplimiento de los criterios de igualdad y diversidad en el lugar de trabajo y reitera la importancia de formar a inspectores del trabajo con el fin de mejorar sus capacidades para prevenir, detectar y subsanar los casos de discriminación. La Comisión se refiere a este respecto a sus observaciones relativas a la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). La Comisión pide al Gobierno que siga enviando información sobre las actividades efectuadas por el Departamento de la Inspección del Trabajo, entre otras, sobre el número y la naturaleza de las infracciones detectadas en relación con la discriminación en el empleo y la ocupación y sobre los resultados de las mismas. La Comisión pide también al Gobierno que facilite información completa sobre el número y la naturaleza de las reclamaciones presentadas por casos de discriminación en el empleo y la ocupación ante el Departamento de Derechos Humanos, el Departamento de Relaciones Laborales y la NHRC, así como cualquier otro órgano administrativo o autoridad judicial, las medidas de reparación proporcionadas y las sanciones impuestas. Sírvase también comunicar copias de las decisiones pertinentes de estas instituciones y autoridades.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Reino Unido

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1971)

Parte IV del formulario de memoria. Aplicación. La Comisión toma nota de la adopción de la ordenanza sobre las tarifas de los tribunales de trabajo y las cámaras de apelación del trabajo de julio de 2013 que introduce una tarifa para iniciar actuaciones en los tribunales de trabajo. La Comisión toma nota de que según las estadísticas compiladas por el Ministerio de Justicia, desde la introducción de tales tarifas, el número de las quejas por discriminación ha disminuido considerablemente, en particular, aquellas relacionadas con cuestiones de igualdad de remuneración. La Comisión toma nota de que si se compara el período de octubre a diciembre de 2013 (primer trimestre en que las tarifas fueron establecidas) con el período de octubre a diciembre de 2012, los tribunales recibieron 83 por ciento menos reclamos por igualdad de remuneración. La Comisión toma nota de que la tendencia decreciente ha continuado. La Comisión entiende que la introducción de las tarifas ha sido objeto de un recurso ante las autoridades judiciales. La Comisión considera que establecer tarifas elevadas para poder presentar quejas sobre discriminación puede constituir un obstáculo en el goce de los derechos establecidos en el Convenio, en particular teniendo en cuenta que ello afecta principalmente a los más vulnerables a la discriminación. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que todos los trabajadores pueden, en la práctica, hacer valer eficazmente sus derechos ante los tribunales. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno, teniendo en cuenta las estadísticas existentes sobre la abrupta reducción de las quejas sobre discriminación presentadas ante los tribunales de trabajo, que revea las tarifas establecidas por la ordenanza sobre las tarifas de los tribunales de trabajo y las cámaras de apelación de trabajo de 2013 y que continúe enviando información estadística sobre la evolución en el número de quejas presentadas. Sírvase enviar información sobre la decisión adoptada en el recurso judicial contra las mencionadas tarifas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)

Artículos 1 a 3 del Convenio. Irlanda del Norte. En su observación anterior, la Comisión tomó nota de que la Ley de Igualdad, 2010 no es aplicable a Irlanda del Norte. También se refirió a la exclusión de los maestros de la protección contra la discriminación por motivo de creencia religiosa y a la aplicación de la Estrategia para la igualdad racial en Irlanda del Norte. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, por el momento, no existen planes de llevar adelante el proyecto de ley sobre igualdad en Irlanda del Norte y que la Oficina del Primer Ministro continúa adoptando disposiciones legales para dar protección legal contra la discriminación y promover la igualdad de oportunidades. En cuanto a la exclusión de los maestros de la protección contra la discriminación, el Gobierno señala que en seguimiento a la recomendación de la Comisión de la Igualdad de abolir la excepción, una moción de la Asamblea en abril 2013 pidió a la Oficina del Primer Ministro y Viceprimer Ministro que derogara la excepción a fin de garantizar la igualdad de oportunidades. El Gobierno indica asimismo que del 19 de junio al 10 de octubre de 2014 se lanzó una consulta formal sobre una nueva y modificada Estrategia para la igualdad racial para Irlanda del Norte (con el nombre «Sentido de pertenencia – Trayendo el cambio social a través de la Estrategia para la igualdad racial en Irlanda del Norte 2014-2024»). La consulta recopila opiniones sobre, entre otras cosas, la necesidad de modificar la legislación sobre la raza en Irlanda del Norte y las propuestas formuladas por la Comisión de la Igualdad, incluyendo la adopción de disposiciones que garanticen una mayor protección contra la discriminación y el acoso sobre los motivos de color y nacionalidad en el ámbito de la legislación sobre igualdad racial. También colecta opiniones sobre el modo en que la Estrategia debería ser implementada. Teniendo en cuenta la moción de la Asamblea en abril de 2013, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para abolir la excepción relativa a la exclusión de los maestros de la protección contra la discriminación por motivo de creencia religiosa y que envíe información sobre toda evolución al respecto. La Comisión pide además al Gobierno que envíe información sobre los resultados de la consulta lanzada en 2014 relativa a la Estrategia sobre la igualdad racial en Irlanda del Norte así como sobre las medidas legislativas concretas adoptadas por la Oficina del Primer Ministro y Viceprimer Ministro para dar tratamiento a la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.

Aplicación. La Comisión toma nota de la adopción en julio de 2013 de la ordenanza sobre las tarifas aplicables a los tribunales laborales y a los tribunales laborales de apelación que establece la obligación de pagar una tarifa para iniciar acciones en los tribunales laborales La Comisión toma nota de que según las estadísticas compiladas por el Ministerio de Justicia, desde la introducción de las tarifas, el número de quejas por discriminación ha disminuido considerablemente. La Comisión se refiere en este aspecto a sus comentarios formulados en el marco del examen de la aplicación del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100). También toma nota de que el artículo 66 de la Ley sobre la Empresa y la Reforma Reglamentaria de 2013 derogó el artículo 138 de la Ley de Igualdad de 2010 que permitía a una víctima potencial de discriminación someter una lista de preguntas al potencial demandado a fin de superar las dificultades para determinar si se produjo o no la discriminación. La Comisión también toma nota de la intención manifestada por el Gobierno en su memoria de derogar el artículo 124 de la Ley de Igualdad de 2010 en virtud del cual los tribunales laborales pueden hacer recomendaciones de alcance general en casos de discriminación para evitar casos similares en el futuro. Recordando que la carga de la prueba puede ser un obstáculo significativo para obtener justicia, en particular teniendo en cuenta que mucha de la información necesaria en los casos relacionados con la igualdad y la no discriminación está en manos del empleador, la Comisión pide al Gobierno que envíe mayor información sobre los motivos por los cuales se derogó el artículo 138 de la Ley de Igualdad de 2010 y se planea derogar el artículo 124 de la misma ley. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las decisiones judiciales y administrativas relativas a la aplicación del Convenio así como información estadística sobre la evolución en el número de quejas presentadas ante los tribunales laborales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Federación de Rusia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1956)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación del Trabajo de Rusia (KTR) recibida el 31 de octubre de 2014 que fueron enviadas al Gobierno para sus comentarios.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha de remuneración por motivo de género y sus causas subyacentes. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno de 2014 no contiene información en respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión también toma nota de que en su memoria de 2011 el Gobierno indica que, según la información estadística proporcionada por el Servicio federal de estadísticas de Rusia (Rosstat), en 2011 existía una amplia brecha salarial por motivo de género (36 por ciento) y los salarios medios de las mujeres ascendían al 64 por ciento de los salarios de los hombres. La causa principal de estas diferencias salariales es la representación de hombres y mujeres en diferentes ámbitos del empleo. Las estadísticas ponen de relieve que existe una importante segregación horizontal de los trabajos por motivo de género, y que las mujeres se concentran en los servicios de hotelería y restauración, la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales, y los hombres en el transporte y las comunicaciones, la construcción, y la producción y distribución de gas, agua y electricidad. La Comisión toma nota de que según el informe del Gobierno sobre la aplicación de la Carta Social Europea, la brecha salarial media por motivo de género por sector económico varía entre un 46 por ciento en las actividades recreativas, la cultura y los deportes y un 11 por ciento en la educación. Los salarios de las mujeres son más reducidos que los de los hombres en todos los sectores y categorías profesionales (directores, especialistas, y otros trabajadores de oficinas y trabajadores manuales); oscilan entre el 57 por ciento de los salarios de los hombres que reciben las trabajadoras con calificaciones medias y el 84 por ciento de los salarios de los hombres que reciben las trabajadoras sin calificaciones. En este informe, el Gobierno también indica que parte de las diferencias salariales entre hombres y mujeres se explican por el pago de compensaciones a los hombres por trabajar en condiciones nocivas, peligrosas y difíciles en las que se prohíbe el trabajo de las mujeres, y por las horas extraordinarias y el trabajo durante fines de semana y fiestas públicas que está prohibido para «ciertas categorías de mujeres» (RAP/RCha/RUS/3(2014), 20 de diciembre de 2013, págs. 27-30). Al tiempo que toma nota de que el marco legal establecido por el Código del Trabajo refleja el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, la Comisión observa que a la luz de la persistente brecha salarial y las restricciones legales mencionadas más arriba, el principio no está siendo aplicado en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas concretas para abordar la segregación horizontal y vertical de los trabajos por motivo de género y las desigualdades de remuneración que existen en la práctica entre hombres y mujeres, incluidas medidas para abordar las barreras jurídicas y prácticas para el empleo de mujeres, y las actitudes y prejuicios estereotipados, con miras a reducir las desigualdades en la remuneración, y que indique la manera en que los interlocutores sociales cooperan a este respecto. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre los puntos siguientes:

i)las medidas adoptadas para promover el desarrollo y la utilización de métodos de evaluación objetiva de los empleos tanto en el sector público como en el sector privado;

ii)el trabajo y resultados en materia de igualdad de remuneración del grupo de trabajo especial sobre igualdad de género establecido en 2010, y

iii)información estadística desglosada por sexo y sector económico que ponga de relieve la evolución de la participación de hombres y mujeres en el mercado del trabajo y sus ingresos correspondientes.

Aplicación. La Comisión toma nota nuevamente de la falta de información sobre la aplicación de las disposiciones legales en relación con la igualdad de remuneración, así como sobre los casos abordados por las autoridades administrativas y judiciales competentes. La Comisión señala su preocupación por el hecho de que esto puede ser debido a la falta de concienciación o acceso a los respectivos derechos y procedimientos y las reparaciones existentes en la legislación, o al miedo a represalias. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte medidas apropiadas para concienciar al público sobre la legislación pertinente, y sobre los procedimientos y las reparaciones disponibles en relación con la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Sírvase asimismo transmitir información sobre los casos en materia de igualdad salarial que han sido examinados por las autoridades administrativas y judiciales competentes.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Marco legislativo. La Comisión recuerda que, en 2010, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que adoptara medidas, a través de consultas tripartitas, para garantizar la no discriminación y promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación para todos los grupos protegidos en virtud del Convenio, a través del fortalecimiento del marco legal, a efectos de abordar la discriminación directa e indirecta y de prever soluciones y mecanismos efectivos para promover la igualdad y la no discriminación. La Comisión toma nota de la adopción de la Ley Federal núm. 162-FZ, de 2 de julio de 2013, sobre las enmiendas a la Ley Federal núm. 1032-I sobre el Empleo y otros actos legislativos, que enmienda el artículo 25, con el fin de prohibir de manera explícita la discriminación en la contratación. Con arreglo a la enmienda, se prohíbe la difusión de anuncios de vacantes que contengan restricciones o establezcan preferencias basadas en motivos de sexo, raza, color, nacionalidad, idioma, origen, propiedad, familia, situación social y laboral, edad, lugar de residencia, actitud hacia la religión, convicciones, afiliación o no afiliación a asociaciones voluntarias o grupos sociales, así como cualquier otro factor no relacionado con las calificaciones de los trabajadores, excepto en los casos en los que leyes específicas establezcan estas restricciones o preferencias. El Código de Delitos Administrativos fue enmendado en consecuencia para introducir una definición de discriminación y para contemplar multas en el caso de vacantes laborales discriminatorias. La Comisión entiende que la ley federal núm. 162-FZ, también enmienda el artículo 3 del Código del Trabajo (prohibición de discriminación basada en los motivos establecidos), con el fin de eliminar el adjetivo «políticas» antes del término «convicciones» (creencias) y añade «afiliación a otros grupos sociales». Al tiempo que toma nota de la enmienda al artículo 3 del Código del Trabajo y al artículo 25 de la Ley Federal núm. 1032-I sobre el Empleo, la Comisión pide al Gobierno que aclare si el término general «convicciones» (creencias) también incluye la «opinión política», como se menciona en el artículo 1, párrafo1, a), del Convenio. La Comisión también pide al Gobierno que especifique las disposiciones legales a las que se refiere el artículo 25 de la Ley sobre el Empleo, en su forma enmendada, y que transmita las decisiones administrativas o judiciales pertinentes, con el fin de aclarar los casos en los que no se aplica la prohibición de discriminación en la contratación y los motivos correspondientes. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información específica sobre toda medida adoptada para garantizar la protección contra la discriminación directa e indirecta, incluyendo el acceso a recursos eficaces, y que fortalezca o establezca mecanismos para la promoción, el análisis y el control de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación para todos los grupos cubiertos por el Convenio, incluidas las minorías étnicas.

Artículos 2 y 5. Igualdad de género y medidas especiales de protección. Durante algunos años, la Comisión ha venido solicitando al Gobierno que revisara el artículo 253 del Código del Trabajo (prohibición del trabajo de las mujeres en labores arduas y que se realicen en condiciones perjudiciales o peligrosas) y la resolución núm. 162, de 25 de febrero de 2000, que excluye a las mujeres de ser empleadas en 456 ocupaciones y 38 ramas de industria. El Gobierno indicó anteriormente que decidió enmendar la resolución núm. 162 y que se está trabajando para introducir un sistema general de gestión del riesgo laboral, en cooperación con los interlocutores sociales, en cada lugar de trabajo. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no comunica ninguna nueva información a este respecto. El Gobierno indica que el Tribunal Supremo brinda clasificación a los jueces en cuanto a la aplicación de la legislación sobre el empleo de las mujeres, con arreglo a la cual la situación especial de las mujeres como trabajadoras implica la exigencia para los empleadores de cumplir con algunas restricciones relativas al tipo de trabajo en el cual las mismas pueden ser empleadas y otorgar salvaguardias adecuadas (decisión núm. 1, de 28 de enero de 2014). El Gobierno también indica que la negativa de un empleador a contratar a una mujer para realizar el tipo de trabajo que figura en la lista, no es discriminatoria, si el empleador no ha establecido un entorno laboral seguro, hecho que se ve confirmado por una evaluación especial de las condiciones de trabajo. La Comisión recuerda que las disposiciones relativas a la protección de las personas que trabajan en condiciones peligrosas o difíciles, deberían tener como objetivo proteger la salud y la seguridad en el trabajo, tanto de los hombres como de las mujeres, teniendo en cuenta al mismo tiempo las diferencias de género con respecto a riesgos específicos para su salud (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 840). La Comisión toma nota asimismo del tercer informe nacional sobre la aplicación de la Carta Social Europea, presentado por el Gobierno, según el cual parte de las diferencias en los salarios entre hombres y mujeres, se explica por el pago de indemnizaciones a los hombres por los trabajos en condiciones perjudiciales, peligrosas y difíciles, cuando está prohibido emplear a mujeres, y para las horas extraordinarias, el trabajo los fines de semana y las festividades públicas, que se prohíbe para «determinadas categorías de mujeres» (RAP/RCha/RUS/3(2014), de 20 de diciembre de 2013, págs. 29-30). A este respecto, la Comisión recuerda que el Código del Trabajo (artículos 99, 113, 259, 298, etc.), contiene disposiciones específicas respecto de las mujeres que tienen hijos menores de 3 años de edad (o un año y medio), especialmente respecto del tiempo de trabajo (horas extraordinarias, trabajo nocturno, trabajo por turnos, etc.). A la luz del principio de igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres, la Comisión insta nuevamente al Gobierno a que revise la resolución núm. 162 y el Código del Trabajo, en particular el artículo 253, con el fin de garantizar que las restricciones que se aplican a las mujeres se limiten estrictamente a aquellas que tienen el objetivo de proteger la maternidad en sentido estricto y a aquellas que brindan condiciones especiales a las mujeres embarazadas y a las madres en período de lactancia, y que no se obstaculice el acceso de las mujeres al empleo y a su remuneración en base a estereotipos de género. La Comisión pide al Gobierno que comunique información completa sobre los progresos realizados a este respecto, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

Control y aplicación. La Comisión saluda los crecientes esfuerzos realizados por la inspección del trabajo para fortalecer la supervisión y el control del cumplimiento de la legislación laboral relacionada con la protección de las mujeres (mujeres embarazadas, mujeres con hijos pequeños y mujeres de las zonas rurales) y de las personas con responsabilidades familiares. La Comisión saluda la información detallada comunicada por el Gobierno a este respecto y toma nota de que, en 2013, se llevaron a cabo 52 444 inspecciones, que dieron lugar a la detección de 4 834 violaciones, que tratan fundamentalmente del impago de las prestaciones de maternidad y de los procedimientos de terminación de la relación de empleo de mujeres embarazadas y de mujeres con hijos pequeños (se emitieron 773 órdenes de cumplimiento a los empleadores y se impusieron 508 multas). El Gobierno indica que, en 2013, los servicios de inspección del trabajo del Estado recibieron cuatro comunicaciones sobre discriminación en el empleo, basadas en la nacionalidad. Recordando que, desde 2006, las denuncias de discriminación son sólo tramitadas por los tribunales y no por la inspección del trabajo, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno contiene información insuficiente sobre las quejas relativas a la discriminación o vinculadas con la misma, en el empleo y la ocupación, presentadas a los tribunales, dificultando la evaluación de si el mecanismo de quejas vigente es accesible en la práctica y permite que los trabajadores hagan valer efectivamente su derecho a la no discriminación y a la igualdad en virtud del Código del Trabajo. La Comisión pide una vez más al Gobierno que comunique información sobre el número y el contenido de los casos relativos a la discriminación en todos los aspectos del empleo y la ocupación que se llevaron a los tribunales en virtud del Código del Trabajo, y sobre los resultados de esos casos, así como el impacto que tiene limitar los recursos para obtener una reparación exclusivamente a los tribunales. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para fortalecer o establecer mecanismos orientados al análisis y al control de la igualdad de oportunidades y de trato (o no discriminación) para todos los grupos cubiertos por el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Rwanda

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1 del Convenio. Igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Legislación. En su comentario anterior, la Comisión señaló que la definición de la expresión «trabajo de igual valor» que figura en el artículo 1.9 de la Ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, sobre la Reglamentación del Trabajo en Rwanda sólo se refiere a los «trabajos similares» y que por lo tanto es demasiado restrictiva. Asimismo, indicó que esta ley no contiene ninguna disposición sustancial que prevea la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno se refiere de nuevo al artículo 37 de la Constitución, según el cual «a igualdad de competencias y capacidades toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a recibir el mismo salario por un trabajo de igual valor». También toma nota de que el Gobierno afirma que en la práctica no existe discriminación alguna entre hombres y mujeres en materia de remuneración. Además, indica que cuando se revise la ley núm. 13/2009 en el ámbito legislativo se dará plena expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión recuerda que debido a las actitudes estereotipadas relativas a las aspiraciones, preferencias y capacidades de las mujeres, ciertos trabajos son realizados fundamental y exclusivamente por mujeres y otros por hombres y que, cuando se determinan las tasas salariales, los trabajos considerados como «femeninos» están infravalorados en comparación con los trabajos de igual valor desempeñados por hombres. El concepto de «trabajo de igual valor» es fundamental para acabar con esta segregación laboral ya que permite establecer un amplio ámbito de comparación que cubre no sólo el trabajo «igual», el «mismo» o «similar» sino que también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 672 a 679). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar la Ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, sobre la Reglamentación del Trabajo a fin de dar plena expresión al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1981)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1 del Convenio. Legislación. En su comentario anterior, la Comisión pidió al Gobierno que, habida cuenta de las divergencias entre las diferentes versiones lingüísticas de la ley, transmitiese información sobre el ámbito de aplicación del artículo 12 de la Ley núm. 13/2009, de 27 de mayo de 2009, sobre la Reglamentación del Trabajo en Rwanda que prohíbe la discriminación. La Comisión toma nota de que el Gobierno precisa que la prohibición de toda discriminación directa o indirecta cubre todos los estadios del empleo, incluida la contratación, y que no se requiere que haya «intención» para que un acto pueda calificarse de discriminatorio conforme a este artículo. Asimismo, toma nota de que no se han presentado recursos sobre el fundamento de ninguno de los motivos de discriminación prohibidos ni se ha impuesto sanción alguna en virtud del artículo 169 de la ley núm. 13/2009. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para armonizar las diferentes versiones lingüísticas del artículo 12, a fin de que prohíban expresamente toda discriminación directa o indirecta en el empleo y la ocupación en el sentido del párrafo 3 del artículo 1 del Convenio, es decir, tanto en lo que concierne al acceso a la formación profesional y el acceso al empleo en las diferentes profesiones como en lo que respecta a las condiciones de empleo. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación del artículo 12 de la ley por los tribunales, precisando los motivos de discriminación invocados, las sanciones impuestas y las reparaciones otorgadas.

Acoso sexual. En sus comentarios anteriores, la Comisión manifestó su agrado por la adopción de la Ley núm. 59/2008, de 10 de septiembre de 2008, sobre la Prevención y Castigo de la Violencia basada en el Género y por la inclusión, en la ley núm. 13/2009, de disposiciones que prohíben «la violencia basada en el género» en el empleo y el acoso moral directo o indirecto en el trabajo. Al tiempo que señala que la combinación de estas medidas legislativas cubre los dos elementos esenciales del acoso sexual en el trabajo tal como se definen en la observación general de 2002, la Comisión instó al Gobierno a contemplar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para establecer una definición clara y precisa del acoso sexual en el lugar de trabajo, garantizando que esta definición cubra a la vez el acoso sexual que consiste en un chantaje sexual (quid pro quo) y el acoso sexual derivado de la creación de un entorno de trabajo hostil. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que cuando se proceda a la revisión de la Ley núm. 13/2009 sobre la Regulación del Trabajo se incluirá en ella una disposición que concierna específicamente al acoso sexual y que cubra el chantaje sexual y la creación de un entorno de trabajo hostil. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los avances en el proceso de revisión de la ley núm. 13/2009 así como sobre todas las nuevas disposiciones sobre el acoso sexual en el trabajo adoptadas en este marco. La Comisión reitera su solicitud de información sobre todas las medidas adoptadas para prevenir y eliminar el acoso sexual en el lugar de trabajo (programas educativos, campañas de sensibilización sobre los mecanismos de recurso, etc.).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Santa Lucía

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1983)

Artículo 1, a), del Convenio. Definición de remuneración. La Comisión recuerda que la Ley sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato en el Empleo y la Ocupación, de 2000, no contiene una definición del término «remuneración». La Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. 6, de 2011, de enmienda del Código del Trabajo, que modifica el artículo 95 del Código del Trabajo, de 2006, a fin de incluir la definición de «remuneración total» por la que se entienden «todos los salarios básicos pagados al trabajador o que éste tiene derecho a recibir por parte de su empleador o empleadora por trabajos realizados o servicios prestados al empleador durante el período de su empleo». La Comisión toma nota de que el artículo 2 del Código del Trabajo, continúa excluyendo de la definición de salarios el pago de horas extraordinarias, comisiones, gastos de servicios, alojamiento, vacaciones pagadas y otras asignaciones. La Comisión recuerda que el Convenio establece una definición muy amplia del término «remuneración» en el artículo 1, a), que comprende no sólo «el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo» sino también «cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagado por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de éste último» (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 686). La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para enmendar el artículo 95 del Código del Trabajo, para garantizar que al menos a los efectos de la aplicación del principio del Convenio, el concepto de remuneración comprenda no solamente el sueldo básico sino también cualquier prestación o asignación adicional derivadas del empleo del trabajador.

Salarios y prestaciones diferentes para hombres y mujeres. La Comisión lamenta tomar nota de que, a pesar de lo previamente anunciado por el Gobierno a este respecto, la ley núm. 6, de 2011, de enmienda al Código del Trabajo, no deroga las leyes y reglamentos vigentes que establecen tasas salariales diferentes para hombres y mujeres ni revoca la Ley sobre Contratos de Trabajo, que prevé diferentes edades para hombres y mujeres respecto al derecho de indemnización por despido. La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte medidas sin demora para garantizar que todas las leyes y reglamentos que establecen salarios diferentes para hombres y mujeres, así como también la Ley sobre Contratos de Trabajo que prevé edades diferentes para hombres y mujeres respecto del derecho a indemnización por cese, sean derogadas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda evolución a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Santo Tomé y Príncipe

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1982)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1 del Convenio. Legislación. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores, en los que señalaba que las disposiciones de la Constitución no reflejan plenamente el principio del Convenio, dado que se refieren a igualdad de salarios por un «trabajo igual», en lugar de «un trabajo de igual valor». De ahí la necesidad de que se adopten nuevas medidas legislativas para garantizar el pleno cumplimiento del Convenio. La Comisión recuerda su observación general de 2006, en la que resaltaba la importancia de dar plena expresión legislativa al principio del Convenio, disponiendo no sólo una remuneración por igual, el mismo o similar trabajo, sino también prohibiéndose la discriminación en cuanto a la remuneración que se da en situaciones en las que hombres y mujeres realizan un trabajo diferente pero que es, no obstante, de igual valor (párrafo 6). Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que garantice que la ley general del trabajo prevea explícitamente el derecho de hombres y mujeres a recibir una remuneración igual por un trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio, y a que indique todo progreso realizado al respecto. La Comisión también recuerda al Gobierno que está disponible la asistencia técnica de la OIT y solicita al Gobierno que considere la transmisión a la Oficina de una copia del proyecto de legislación para su revisión.

Artículo 4. Colaboración con las organizaciones de trabajadores y de empleadores. La Comisión recuerda la importancia del papel de las organizaciones de trabajadores y de empleadores respecto de dar efecto a las disposiciones del Convenio. Por consiguiente, solicita al Gobierno que procure la cooperación con esas organizaciones en relación con el establecimiento de un marco legislativo adecuado que aplique el Convenio, como se indicó antes, así como en relación con las medidas prácticas encaminadas a garantizar la igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Sírvase informar sobre los progresos realizados al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1982)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la breve información comunicada por el Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores. Reconociendo la participación del Gobierno en el Taller sobre normas internacionales del trabajo y obligaciones constitucionales de la OIT, realizado en septiembre de 2013, en Lisboa, la Comisión espera que la asistencia suministrada por la Oficina, brinde orientación adicional en la elaboración de la próxima memoria del Gobierno. Espera que la memoria contenga información completa sobre los asuntos planteados en su observación anterior, que figura a continuación:

Artículo 1 del Convenio. Legislación. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), según la cual se había preparado un proyecto de ley general del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que garantice que la legislación incluya una prohibición de discriminación directa e indirecta en todas las etapas del proceso de empleo y según todos los motivos que figuran en la lista del artículo 1 del Convenio. Solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas a tal fin.

Políticas e instituciones. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que el Gobierno había adoptado una Estrategia nacional de igualdad y equidad de género, que también trata asuntos relacionados con la igualdad de la mujer en el mundo del trabajo. Además, el Gobierno indica que es una prioridad del Gobierno la participación de la mujer en la educación y en la formación profesional. Con miras a fortalecer la promoción de la mujer, se ha establecido, dentro del Ministerio de Trabajo, un nuevo Instituto para la mujer. La Comisión solicita al Gobierno que comunique lo siguiente:

i)una copia de la Estrategia nacional de igualdad y equidad de género;

ii)información sobre el establecimiento y actividades del Instituto para la Mujer, sobre las medidas específicas adoptadas para promover la igualdad de acceso de la mujer a la formación profesional y al empleo en los sectores público y privado, y sobre los resultados obtenidos con tales acciones, y

iii)información estadística sobre la participación de hombres y mujeres en la formación profesional en el mercado laboral, indicando sus niveles de participación en los diferentes sectores y ocupaciones.

Sensibilización. La Comisión recuerda la importancia de los programas educativos para una mayor sensibilización respecto del principio de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda medida adoptada o prevista para promover la comprensión y la sensibilización respecto del principio de igualdad entre trabajadores y empleadores, así como de la sociedad en general, incluso a través de la cooperación con las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Senegal

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1962)

Artículo 1 del Convenio. Legislación. Desde hace algunos años, la Comisión viene señalando que el artículo L.105 del Código del Trabajo, que prevé que «en condiciones iguales de trabajo, de calificaciones profesionales y de rendimiento, el salario es igual para todos los trabajadores cualquiera sea su […] sexo», no da pleno efecto al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor establecido en el Convenio. La Comisión recuerda que de conformidad con el Convenio, los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho, no sólo a una remuneración igual cuando tienen condiciones de trabajo, calificaciones profesionales y un rendimiento iguales, sino también cuando esos elementos son diferentes y, en su conjunto, su trabajo, es decir, el conjunto de las tareas que desempeñan, tiene igual valor. Además, la Comisión señaló que el artículo L.86, 7) del Código del Trabajo, prevé que los convenios colectivos deben contener obligatoriamente disposiciones sobre «las modalidades de aplicación del principio de trabajo igual, salario igual, para las mujeres y los jóvenes». La Comisión recuerda que el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, engloba el principio de igualdad de remuneración por un trabajo igual, pero va más allá del mismo, puesto que permite tener en cuenta trabajos de naturaleza absolutamente diferente, pero sin embargo de igual valor. La Comisión toma nota de que el Gobierno reafirma su voluntad de adoptar las medidas necesarias para que el principio establecido en el Convenio sea incorporado en su legislación. A este respecto, el Gobierno indica que se ha elaborado un proyecto de ley relativo a la no discriminación en el trabajo que modifica y completa algunas disposiciones del Código del Trabajo y que el proceso de adopción está en curso. La Comisión pide al Gobierno que garantice que el proyecto de ley que modifica y completa el Código del Trabajo permita la incorporación en el mismo del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y que los artículos L.86, 7) y L.105, del Código del Trabajo, sean modificados en este sentido. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados en los trabajos legislativos y envíe una copia de este texto en cuanto se haya adoptado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1967)

Artículo 1 del Convenio. Legislación. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 25 de la Constitución de 22 enero de 2001, «nadie podrá verse perjudicado en su trabajo en razón de sus orígenes, su sexo, sus opiniones y sus opciones políticas o sus creencias». Además, el artículo L.1 del Código del Trabajo, prevé que «el Estado garantiza la igualdad de oportunidades y de trato a los ciudadanos en lo que respecta al acceso a la formación profesional y al empleo, sin distinción de origen, de raza, de sexo y de religión». El artículo L.29 del Código del Trabajo prevé que «se prohíbe que cualquier empleador tome en consideración la pertenencia a un sindicato o el ejercicio de una actividad sindical para adoptar sus decisiones en lo que respecta especialmente a la contratación, a la realización y la distribución del trabajo, a la formación profesional, a los ascensos, a la remuneración y a la concesión de prestaciones sociales, a las medidas de disciplina y de despido». La Comisión comprueba que estos textos no comprenden el conjunto de motivos de discriminación prohibidos por el Convenio, puesto que omiten la ascendencia nacional y el color, y que no se refieren expresamente al origen social. La Comisión toma nota asimismo de que la Constitución y el Código del Trabajo no permiten garantizar una protección contra la discriminación en todas las etapas del empleo y de la ocupación, es decir, no sólo en lo que atañe al acceso al empleo, a las diferentes ocupaciones y a la formación profesional, sino también en lo que respecta a las condiciones de empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se elaboró un proyecto de ley relativo a la no discriminación en el trabajo, que modifica y completa algunas disposiciones del Código del Trabajo y que el proceso de adopción sigue su curso. La Comisión pide al Gobierno que garantice que el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo defina y prohíba expresamente la discriminación directa e indirecta basada, al menos, en los motivos enumerados en el artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio, a saber, la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social, y que estén comprendidos todos los aspectos del empleo y de la ocupación, incluidas las condiciones de empleo. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre los progresos realizados en los trabajos legislativos y comunicar una copia de este texto en cuanto se haya adoptado.

Artículo 2. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos del Senegal (UNSAS), que pusieron el acento en la segregación sexual en el mercado de trabajo, así como en la tasa elevada de analfabetismo de las mujeres y la baja tasa de escolarización de las niñas, y tomó nota del lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Equidad y la Igualdad de Género (SNEEG), en diciembre de 2007. La Comisión toma nota con interés de las medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar la SNEEG, gracias a la intervención de 13 ministerios, de participantes técnicos y financieros y de organizaciones de la sociedad civil, en lo que respecta al acceso de las mujeres a los factores de producción y a los recursos financieros, al fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de las mujeres necesarias para la explotación técnica de sus actividades económicas, y a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres, especialmente en lo que respecta a aligerar los trabajos domésticos. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, las acciones emprendidas permitieron mejoras concretas, como la diversificación de las actividades de las mujeres, la mejora de su capacidad de producción en el ámbito de la pesca, el aumento del volumen de los créditos acordados a las iniciativas femeninas, el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las mujeres en los diferentes terrenos de la formación profesional, la puesta en práctica del proyecto de apoyo a la capacidad empresarial de la mujer, la mejora del acceso al agua potable y la construcción de guarderías comunitarias. El Gobierno subraya asimismo que el incremento del número de asociaciones de mujeres, permite una mejor capacidad de organización y de intervención de las mujeres. La Comisión alienta al Gobierno a que prosiga los esfuerzos realizados para mejorar la situación de las mujeres en el empleo y la ocupación y a que procure que las mujeres y los hombres puedan gozar de la igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre las acciones emprendidas y las medidas adoptadas en este sentido, así como sobre sus resultados, en lo que atañe especialmente al acceso a los recursos y a los factores de producción, al desarrollo de la formación profesional y al fortalecimiento de las medidas que alivian los trabajos de las mujeres y de los servicios de cuidados de los niños y a las personas de la tercera edad.

Organismo especializado. Al tiempo que toma nota de que está en curso de elaboración un anteproyecto de decreto que fija las reglas de organización y de funcionamiento del Observatorio sobre la Discriminación, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre la adopción de este texto y transmitir una copia del mismo.

Estadísticas. En sus comentarios anteriores la Comisión solicitó al Gobierno que comunicara informaciones estadísticas sobre la participación de hombres y mujeres en el empleo y en el trabajo en los sectores privado y público, así como en la economía informal, y sobre la participación en la formación profesional. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene informaciones a este respecto y recuerda que es indispensable disponer de datos fiables y actualizados para identificar las eventuales discriminaciones entre hombres y mujeres, y evaluar las medidas adoptadas para resolverlas. La Comisión confía en que el Gobierno estará próximamente en condiciones de comunicar esas informaciones estadísticas y le pide que adopte las medidas necesarias para iniciar la compilación y análisis de los datos relativos al empleo y la formación.

Serbia

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2000)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Aplicación de la legislación sobre la lucha contra la discriminación. En sus comentarios anteriores la Comisión había tomado nota con interés de la adopción de la Ley de Prohibición de la Discriminación, en abril de 2009, así como de las observaciones formuladas por la Federación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS) y la Confederación de Sindicatos «Nezavisnost», según los cuales, a pesar de la adopción de la legislación, siguen produciéndose casos de discriminación en la práctica. La Comisión había solicitado al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para promover la sensibilización y la comprensión de la legislación contra la discriminación en el empleo y la ocupación entre el público y aplicar las disposiciones del Código del Trabajo y de la Ley de Prohibición de la Discriminación. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información a este respecto. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas para aplicar la legislación contra la discriminación. Además, reiterando la importancia de adoptar medidas concretas y prácticas para promover la sensibilización y la comprensión de la legislación contra la discriminación entre los trabajadores y empleadores, sus organizaciones, la inspección del trabajo y los jueces, así como entre el público en general, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que transmita información sobre las actividades de promoción y formación emprendidas en relación con la legislación contra la discriminación y sobre el número, la naturaleza y el resultado de los casos de discriminación en el empleo de los que se haya ocupado la inspección del trabajo y el Comisionado para la Igualdad, incluyendo información sobre las reparaciones otorgadas y las sanciones impuestas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Seychelles

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)

Artículo 2 del Convenio. Política nacional en materia de igualdad. La Comisión toma nota con interés de la formulación, en colaboración con los interlocutores sociales, y la adopción, el 28 de abril de 2014, de la política nacional de empleo renovada. Esta política incluye una estrategia sobre no discriminación en el lugar de trabajo en la que se prevén medidas detalladas para promover la igualdad de género y hacer frente a la discriminación contra las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas que viven con el VIH/SIDA. La estrategia hace hincapié en la importancia de realizar un estudio sobre la discriminación en el lugar de trabajo a fin de identificar todas las formas posibles de discriminación y garantizar la aplicación efectiva del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) y de este Convenio. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno el Ministerio de Trabajo y Desarrollo de los Recursos Humanos ha programado este estudio para el último trimestre de 2014 y pretende finalizar el plan de acción de la política en octubre de 2014, en consulta con los interlocutores sociales. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en colaboración con los interlocutores sociales, se está elaborando un proyecto de política nacional sobre el VIH y el sida en el lugar de trabajo que aborda la discriminación de los trabajadores que viven con el VIH. La Comisión pide al Gobierno que detalle las medidas adoptadas, en el marco de la política nacional de empleo, su plan de acción, o de otro modo, para promover la igualdad en el empleo y la ocupación, independientemente de la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional y el origen social, y que transmita información sobre los resultados alcanzados. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información en relación con el estudio sobre la discriminación en el lugar de trabajo y sus conclusiones y acerca de la adopción e implementación de la política nacional sobre el VIH/SIDA en el lugar de trabajo, en particular en lo que respecta a hacer frente a la discriminación y estigmatización de los trabajadores sobre la base de su estado serológico real o supuesto respecto del VIH.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sri Lanka

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1993)

Artículo 1 del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión recuerda que había manifestado su preocupación con anterioridad respecto de la ausencia de una legislación que prevea la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y de las limitaciones del principio de iguales salarios por el «mismo» o «sustancialmente el mismo» trabajo, que se derivan de las ordenanzas sobre los salarios y de los convenios colectivos. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual no existen disposiciones específicas que garanticen que se pagan los salarios mínimos a hombres y mujeres sin discriminación, en virtud de la ordenanza de los consejos salariales, pero se garantiza que no existan salarios mínimos diferentes para hombres y mujeres, determinados por los consejos salariales. En consecuencia, el Gobierno considera que no existe una necesidad de indicar de manera específica que debería pagarse a los empleados sus salarios sin una discriminación basada en motivos de género. La Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» es fundamental para acabar con la segregación ocupacional por motivo de sexo en el mercado laboral cuando, en general, los hombres y las mujeres no realizan el mismo o similar trabajo, dado que permite un amplio margen de comparación entre los trabajos, incluido un trabajo «igual», «el mismo» o «similar», pero que va más allá, puesto que abarca el trabajo que es de naturaleza completamente diferente y que no obstante es de igual valor en su conjunto. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte medidas para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. La Comisión pide al Gobierno que comunique información específica sobre las medidas concretas adoptadas en este sentido.

Emolumentos adicionales. La Comisión toma nota de la reiterada declaración del Gobierno, según la cual existe una exigencia legal de pagar salarios en moneda de curso legal. Sin embargo, el Gobierno no ha proporcionado información sobre la práctica de proveer comidas a los trabajadores rurales y no a las trabajadoras rurales. La Comisión recuerda que el principio del Convenio debería aplicarse a todos los elementos que un trabajador puede percibir por su trabajo, incluidas las asignaciones pagadas junto al salario básico pagado o además de éste, como comida y alojamiento, independientemente del término utilizado («salarios», «sueldo», «remuneración», etc.). Por consiguiente, la Comisión pide una vez más al Gobierno que adopte medidas para garantizar que todos los emolumentos, en metálico o en especie, estén disponibles y se distribuyan o paguen a hombres y mujeres en un plano de igualdad, y que comunique información sobre toda medida adoptada al respecto.

Artículo 2. Consejos salariales. La Comisión toma nota de la notificación de nuevos consejos salariales, a partir de enero de 2013, en virtud de la ordenanza de los consejos salariales por la que se revisan los salarios mínimos en varias ocupaciones. Sin embargo, toma nota de que sigue utilizándose una terminología específica para cada sexo en las decisiones relativas a las juntas salariales. La Comisión toma nota asimismo de que en su memoria sobre la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), el Gobierno indica que está en curso la simplificación del sistema de consejos salariales y solicita la asistencia técnica de la OIT al respecto. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados para simplificar el sistema de consejos salariales. En este contexto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los salarios fijados por los consejos salariales se basen en criterios objetivos exentos de sesgo de género (como las calificaciones, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo), con el fin de que el trabajo realizado predominantemente por mujeres no se infravalore en comparación con el trabajo realizado predominantemente por hombres. También pide al Gobierno que adopte medidas adecuadas para garantizar que se utilice una terminología neutral de género al definir los diversos trabajos y ocupaciones en las ordenanzas de los consejos salariales, a efectos de evitar estereotipos en cuanto a que algunos trabajos deberían ser realizados por un hombre o una mujer.

Artículo 3. Evaluación objetiva del empleo. La Comisión saluda la inclusión, en el Plan de acción nacional de protección y promoción de los derechos humanos, 2011-2016, de la «igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor», como un objetivo explícito que ha de alcanzarse, a través de la realización de un estudio sobre la introducción de un sistema de evaluación del empleo, que servirá de base para desarrollar y establecer tal sistema de evaluación. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para realizar el estudio proyectado, a efectos de desarrollar un método de evaluación objetiva del empleo, en base al trabajo que ha de realizarse y utilizándose criterios objetivos sin sesgo de género, como las calificaciones y las capacidades, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que comunique información acerca de los progresos realizados a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1998)

Artículo 1 del Convenio. Protección legislativa contra la discriminación. Durante algunos años, la Comisión ha venido instando al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para introducir, en su legislación nacional, disposiciones contra la discriminación que abarquen todos los aspectos del empleo y la ocupación y todos los motivos enumerados en el Convenio. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual las disposiciones constitucionales que abordan la discriminación son, sobre todo, otras legislaciones y se aplican de manera efectiva. La Comisión recuerda que la Constitución garantiza la igualdad ante la ley y en general sólo protege a los ciudadanos contra la discriminación basada en motivos de «raza, religión, idioma, casta, sexo, opinión política, lugar de nacimiento o cualquiera de esos motivos» (artículo 12), y garantiza la libertad de contratación en el empleo y la ocupación (artículo 14) y el derecho de toda persona a recurrir al Tribunal Supremo respecto de las violaciones de esos derechos por parte del Estado (artículo 17). La Comisión recuerda que las disposiciones constitucionales contra la discriminación no prohíben la discriminación basada en motivos de color o de ascendencia nacional. Debido a la naturaleza sensible de los asuntos relativos a la discriminación y a la necesidad de poner término a situaciones de discriminación en el lugar de trabajo de manera oportuna y efectiva, la Comisión considera que, además de las garantías constitucionales, la inclusión de disposiciones sobre no discriminación e igualdad en el trabajo u otra legislación pertinente, constituiría un medio efectivo para abordar la discriminación en el empleo y la ocupación, y permitir que los trabajadores hagan valer sus derechos. Tomando nota de la indicación del Gobierno, según la cual no se han comunicado casos de discriminación en el empleo notificados al Departamento de Trabajo, la Comisión quisiera recordar que la ausencia de casos de discriminación en el empleo puede reflejar la falta de un marco legal idóneo y dificultades prácticas para el acceso a los procedimientos. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para introducir, en su legislación nacional, disposiciones contra la discriminación, a efectos de garantizar que todos los hombres y mujeres, ciudadanos y no ciudadanos, estén efectivamente protegidos de la discriminación en todos los aspectos del empleo y la ocupación sobre la base a todos los motivos comprendidos en el Convenio, incluidos el color y la ascendencia nacional. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique de qué manera pueden los trabajadores obtener una reparación respecto de la discriminación por parte de empleadores privados sobre la base a los motivos enumerados por el Convenio, y que comunique información sobre el número, la naturaleza y el resultado de los casos de discriminación en el empleo que han sido resueltos por el Tribunal Supremo, en virtud de los artículos 12, 1), y 17 de la Constitución. Sírvase acompañar copia de toda decisión judicial relevante.

Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que, en 2013, la participación en la fuerza del trabajo de las mujeres seguía siendo baja, situándose en el 35,6 por ciento (el 74,9 por ciento, en el caso de los hombres) y manteniéndose estable en los últimos diez años. Según los datos de 2013, las mujeres sólo representan el 10,3 por ciento de los empleadores; el 33,6 por ciento de los empleados; el 26,5 por ciento de los trabajadores por cuenta propia y el 78,5 por ciento de los trabajadores familiares. Al tiempo que toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno, la Comisión saluda la aprobación de un Plan de acción nacional para la mujer, de carácter integral, y el establecimiento de unidades específicas a las que se han asignado recursos humanos y materiales para implementar las actividades proyectadas. La Comisión también saluda la inclusión, en el Plan de acción nacional para la protección y promoción de los derechos humanos (2011-2016), de las medidas relativas a los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el empleo, incluyéndose la formulación, a través de un proceso consultivo, y la aplicación de una política para el sector privado que se adhiera al principio de no discriminación, y una investigación sobre los problemas que afrontan las mujeres que trabajan. Al tiempo que saluda los esfuerzos del Gobierno en el terreno de la igualdad de género, la Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre toda política y toda medida adoptada con arreglo al Plan de acción nacional para la mujer y al Plan de acción nacional para la protección y promoción de los derechos humanos, a efectos de aplicar de manera efectiva la igualdad de género en el empleo y la ocupación y sobre su impacto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique toda medida adoptada o prevista para aumentar la participación de la mujer en la fuerza del trabajo y su acceso a una gama más amplia de trabajos y a puestos de nivel más elevado, incluso a través de campañas de sensibilización y de medidas encaminadas a combatir los estereotipos vinculados con las aspiraciones, las preferencias y las capacidades de las mujeres y su papel en la sociedad. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que transmita información sobre la situación en que se encuentra la adopción del proyecto de ley sobre derechos de las mujeres y pide al Gobierno que envíe una copia del estudio sobre los problemas a los que se enfrentan las mujeres que trabajan, en cuanto se haya finalizado.

Acoso sexual. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores relativos a la ausencia de una protección efectiva de los trabajadores contra el acoso sexual en el empleo y la ocupación. La Comisión saluda la inclusión, en el Plan de acción nacional de 2011-2016, de medidas que abordan el acoso sexual, como «la revisión y la aplicación de una política contra el acoso sexual en las instituciones gubernamentales» y el establecimiento de un mecanismo dirigido a «supervisar la aplicación de la política contra el acoso sexual en el sector privado». La Comisión también acoge con satisfacción el nuevo Código de Conducta y Directrices para impedir y abordar el acoso sexual en los lugares de trabajo, que la Federación de Empleadores de Ceylán desarrolló en 2013, en colaboración con la OIT, y al que se refiere el Gobierno en su memoria. El Código de Conducta constituye una medida importante para combatir esta grave forma de discriminación sexual, pero se aplica con carácter voluntario. En su memoria, el Gobierno también se refiere a las disposiciones contenidas en el Código Penal, que abarcan el acoso sexual y que establecen que no hay necesidad de contar con una ley aparte a este respecto. La Comisión considera que normalmente no basta con abordar el acoso sexual sólo a través de procedimientos penales, debido a la sensibilidad de la cuestión y a la mayor carga de la prueba, que es más difícil de cumplir, especialmente si no existen testigos (que es lo que ocurre con frecuencia). También toma nota de que la explicación comunicada con arreglo al artículo 345 del Código Penal, se refiere a «una persona que ejerce la autoridad». La Comisión pide al Gobierno que aclare el ámbito de aplicación del artículo 345 del Código Penal, indicando si sólo se aplica al acoso sexual cometido por una persona autorizada o también por un compañero de trabajo o un cliente o un proveedor de la empresa. También pide al Gobierno que comunique información sobre los siguientes puntos:

i)el procedimiento penal para presentar una reclamación por acoso sexual en el empleo y la ocupación, especialmente las reglas sobre la carga de la prueba y toda medida adoptada para evitar la victimización, así como la información acerca de cualquier decisión judicial pertinente;

ii)toda medida preventiva adoptada por los empleadores, en los sectores público y privado, sobre la base del Código de Conducta, y

iii)los progresos realizados en la aplicación de las medidas adoptadas en virtud del Plan de acción nacional 2011-2016, especialmente respecto de la supervisión de la aplicación de la política contra el acoso sexual en los sectores público y privado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Sudán

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1970)

Artículos 1 a 3 del Convenio. Condiciones generales para garantizar protección contra la discriminación en el empleo y la ocupación. La Comisión ha venido manifestando desde hace varios años su honda preocupación por la situación de los derechos humanos en el país e instó al Gobierno a que adoptara medidas inmediatas para crear las condiciones necesarias para garantizar la protección efectiva contra la discriminación del conjunto de la población, incluyendo las tribus de Darfur. La Comisión toma nota del Informe del Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán de que persisten los problemas relacionados con los derechos humanos, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto como Darfur, Cordoban del Sur y Nilo Azul, aunque el Gobierno realiza esfuerzos sostenidos para mejorar la situación. El informe hace referencia en particular a la adopción por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de un plan estratégico de cuatro años para 2014-2018 (documento A/HRC/27/69, 4 de septiembre de 2014). La Comisión toma nota del compromiso del Gobierno con el Acuerdo de Paz de Doha en 2011, asumido con la intención de poner término al conflicto en Darfur, y de que se está elaborando una Constitución permanente con la participación de todos los partidos políticos y las asociaciones de la sociedad civil, de manera de aportar estabilidad al país. La Comisión subraya la importancia de hacer que la aplicación del Convenio sea una parte integral de este proceso, e insta firmemente al Gobierno a que siga adoptando medidas para crear las condiciones necesarias para garantizar una protección efectiva contra la discriminación para todos los miembros de la población, incluidos en las zonas de Darfur, Cordoban del Sur y Nilo Azul, sin distinción basada en alguno de los motivos establecidos en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dan efecto a las disposiciones del Convenio, incluyendo las actividades que se realicen en el contexto del plan estratégico cuatrienal 2014-2018.

Artículo 1, párrafo 1), a). Motivos prohibidos de discriminación. La Comisión recuerda que la Constitución Provisional de la República del Sudán, de 2005, garantiza que la ley establece la igualdad de protección para todas las personas, sin discriminación basada en cualquiera de los motivos establecidos en el Convenio, excepto el del origen social. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se incluirá en la Constitución permanente una disposición que prohíba claramente la discriminación en el empleo y la ocupación. El Gobierno añade también que las consultas con las organizaciones de trabajadores y de empleadores celebradas por intermedio del Consejo Nacional Consultivo de Normas Laborales permitieron adoptar una recomendación que incluye disposiciones en el proyecto de Código del Trabajo que prohíben claramente la discriminación en todos los aspectos del empleo y la ocupación y por los motivos previstos en el Convenio. La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación Sudanesa de Hombres de Negocios y de Empleadores, presentada con la memoria del Gobierno en la que se expresa apoyo por la inclusión de esa disposición en el Código del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que haga todo lo posible para que la Constitución permanente y el Código del Trabajo, una vez adoptados, establezcan una protección general de todos los trabajadores contra la discriminación directa e indirecta basada en todos los motivos establecidos en el Convenio y respecto de todos los aspectos del empleo, incluyendo la formación profesional, el acceso al empleo y a ocupaciones particulares, y términos y condiciones de empleo. Sírvase facilitar información sobre toda evolución relativa al avance en la adopción de la Constitución permanente y del nuevo Código del Trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Suiza

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Protección efectiva de los trabajadores contra la discriminación. Legislación y otras medidas. Desde hace algunos años, la Comisión viene señalando al Gobierno que las disposiciones jurídicas en vigor son insuficientes para asegurar a los trabajadores una protección eficaz contra la discriminación basada en todos los motivos enumerados por el artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio (raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional y origen social) en todos los aspectos del empleo, incluida la formación profesional, la contratación y las condiciones de empleo, y para permitirles hacer valer sus derechos en la materia. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales la situación permanece sin cambios puesto que el Parlamento no ha dado seguimiento a las intervenciones que proponen un fortalecimiento de la protección contra la discriminación en el terreno del derecho privado, especialmente el del trabajo. En lo que atañe más específicamente a la discriminación racial, el Gobierno reconoce que, en la medida en que no se apliquen las disposiciones constitucionales de manera directa en las relaciones entre particulares y que la norma penal (artículo 261 bis del Código Penal) no es con frecuencia aplicable en el terreno del empleo, las víctimas deben fundarse en las disposiciones de orden general del Código Civil o del Código de Obligaciones, especialmente en principios generales como la buena fe o la nulidad del contrato. A este respecto, la Comisión recuerda las conclusiones del estudio publicado en 2010 sobre el derecho contra la discriminación racial realizado por la Comisión Federal contra el Racismo (CFR), según las cuales la ausencia de una prohibición expresa de discriminación racial, genera una inseguridad jurídica considerable, en particular en lo que respecta a la discriminación indirecta. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), recomienda a Suiza la adopción de una definición clara y completa de la discriminación racial y su prohibición en todas las esferas de la vida privada y pública (documento CERD/C/CHE/CO/7-9, de 13 de marzo de 2014, párrafo 6). Además, en su informe de 2014, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) subraya asimismo las insuficiencias de la protección contra la discriminación entre particulares y recomienda nuevamente el fortalecimiento, en el derecho civil y administrativo, de la protección de las víctimas de discriminación racial en todas las esferas esenciales de la vida (CRI(2014)39, 19 de junio de 2014, párrafos 7-12). La Comisión toma nota asimismo de las informaciones comunicadas por el Gobierno sobre las medidas prácticas adoptadas para luchar contra la discriminación y promover la integración, como la instauración de un diálogo sobre la integración en el trabajo con, entre otras, las organizaciones de trabajadores y de empleadores, medidas en el marco de la estrategia global en materia de lucha contra la pobreza, la publicación de folletos y la realización de estudios. A este respecto, el Gobierno indica que el Centro Suizo de Competencia para los Derechos Humanos (CSDH), debe realizar un estudio dirigido a evaluar los mecanismos de acceso a la justicia de las víctimas de actos discriminatorios, cualquiera sea el motivo y en todas las áreas del derecho, y que el Consejo Federal está elaborando un informe sobre la eficacia de los instrumentos jurídicos en vigor y sobre las medidas contra la discriminación. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para establecer un marco jurídico eficaz contra toda discriminación basada, como mínimo, en todos los motivos enumerados en el artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio, en todas las etapas del empleo y de la ocupación, con miras a asegurar una protección eficaz de los trabajadores en la materia y permitirles, no sólo poner fin a la discriminación, sino también obtener una reparación. La Comisión pide al Gobierno que siga adoptando medidas específicas en materia de prevención y de lucha contra la discriminación en el empleo y la ocupación, y que comunique informaciones a este respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique informaciones sobre los puntos siguientes:

i)todo caso de discriminación detectado por los inspectores del trabajo o llevado a su conocimiento;

ii)todo caso de discriminación en materia de empleo examinado por los tribunales, precisando el motivo y las disposiciones jurídicas que se invocan y el resultado obtenido; y

iii)las conclusiones de los estudios realizados por el CSDH sobre el acceso a la justicia y por el Consejo Federal sobre los instrumentos jurídicos aplicables y toda medida de seguimiento en el terreno del empleo y la ocupación.

Formación vocacional y orientación. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que un proyecto de ley federal sobre formación continua entre cuyos objetivos se incluye el aumento de la igualdad de oportunidades, está siendo examinado por el Parlamento. El proyecto establece que «en el marco de los cursos de formación continua regulados o apoyados por la Confederación y los Cantones, éstos se esforzarán por aplicar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, tener en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad y facilitar la integración de los extranjeros y mejorar las oportunidades de las personas con escasa calificación en el mercado de trabajo». La Comisión toma nota igualmente de las informaciones proporcionadas por el Gobierno sobre el programa federal «Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las altas escuelas especializadas» y subraya que según el estudio publicado en junio de 2013 por la Oficina Nacional de Estadísticas «Hacia la igualdad entre mujeres y hombres (situación y evolución)», la elección de la ocupación y la rama de estudios está estrechamente ligada al sexo; las mujeres se orientan con mayor frecuencia que los hombres hacia los estudios relacionados con la salud, las ciencias humanas y sociales y la enseñanza. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre la evolución del proyecto sobre la formación continua. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas en materia de orientación profesional para alentar a las jóvenes a iniciar formaciones en ámbitos tradicionalmente masculinos así como las medidas adoptadas para promover la igualdad de oportunidades en el marco de la futura ley sobre la formación continua.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Tailandia

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1, b), del Convenio. Trabajo de igual valor. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara en términos muy generales que los artículos 15 y 53 de la Ley sobre Protección del Trabajador (LPA) garantizan la protección de hombres y mujeres de conformidad con el principio del Convenio. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores en los que instó al Gobierno a modificar el artículo 53 de la LPA con el fin de garantizar que la legislación establezca la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina no sólo por un trabajo igual, el mismo o similar, sino también por trabajos que son de una naturaleza diferente, pero que, sin embargo, son de igual valor. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha adoptado medida alguna para modificar el artículo 53 de la Ley sobre Protección del Trabajador. La Comisión recuerda que las disposiciones más restrictivas que el principio establecido en el Convenio, que no expresan el concepto de «trabajo de igual valor», obstaculizan el progreso hacia la erradicación de la discriminación salarial basada en el género. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha previsto realizar un estudio que estará centrado en la comprensión del principio del Convenio y ha adoptado medidas para mejorar la sensibilización acerca del concepto de «igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor» mediante la difusión pública de la observación general de la Comisión de 2006. La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 53 de la LPA con el fin de incluir explícitamente en esa disposición el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Sírvase también facilitar información sobre los resultados obtenidos mediante el estudio antes mencionado y sobre las actividades realizadas para la divulgación del principio del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Tayikistán

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. Cambios legislativos. La Comisión toma nota de la adopción de la Ley Marco sobre las Garantías Estatales en materia de Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres e Igualdad de Oportunidades en el Ejercicio de dichos Derechos, núm. 89, de 1.º de marzo de 2005. Toma nota de que la ley define y prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier esfera (artículos 1 y 3) y establece las obligaciones de las autoridades públicas en lo que respecta a garantizar la igualdad de género (artículo 4). Asimismo, la ley incluye disposiciones sobre las garantías estatales en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito de la educación y la ciencia (artículo 6) y el servicio de estado (capítulo 3). La igualdad de oportunidades en el ámbito socioeconómico (capítulo 4), incluye medidas a fin de hacer avanzar la igualdad de género en las relaciones laborales (artículo 13), disposiciones que imponen al empleador la carga de la prueba en lo que respecta a demostrar que no ha habido intento de discriminación (artículo 14), medidas con miras a asegurar la igualdad de género en el despido colectivo de trabajadores (artículo 15), y medidas para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los contratos y acuerdos colectivos (artículo 16). Por último, la ley incluye ciertas disposiciones a fin de ayudar a los trabajadores que tienen responsabilidades familiares (artículo 7). La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre la aplicación práctica de la Ley Marco sobre las Garantías Estatales en materia de Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres e Igualdad de Oportunidades en el Ejercicio de dichos Derechos, núm. 89, de 1.º de marzo de 2005, inclusive sobre la forma en la que se abordan las violaciones de sus disposiciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Túnez

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de la adopción, el 26 de enero de 2014, de la nueva Constitución que establece la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas ante la ley sin ninguna discriminación (artículo 21) y prevé que todo ciudadano y toda ciudadana tienen derecho al trabajo en condiciones decentes y a un salario equitativo (artículo 40). La Constitución prevé igualmente que el Estado se compromete a proteger los derechos adquiridos de la mujer, los sostiene y actúa para mejorarlos, garantiza la igualdad de oportunidades entre la mujer y el hombre para asumir las diferentes responsabilidades en todos los ámbitos y toma las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres (artículo 46).

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 2 y 3 del Convenio. Política nacional en lo que respecta a la discriminación basada en motivos diferentes del sexo. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno sigue sin comunicar información alguna sobre las medidas adoptadas para luchar contra la discriminación basada en la raza, el color, la ascendencia nacional, la religión, la opinión política y el origen social, en el marco de una política nacional de igualdad de oportunidades y de trato. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera su argumento, según el cual, en virtud del artículo 6 de la Constitución, todos los tunecinos tienen los mismos derechos y los mismos deberes y son iguales ante la ley. Toma nota asimismo de la indicación del Gobierno, según la cual los servicios competentes del Ministerio de Empleo e Inserción Profesional de los Jóvenes, no han señalado ningún caso de discriminación basada en la raza, el color, la religión, la opinión política, la ascendencia nacional o el origen social en materia de empleo y ocupación, y los servicios administrativos o los tribunales no han registrado ninguna queja.

La Comisión recuerda una vez más al Gobierno que la existencia de disposiciones constitucionales que prevén la igualdad de protección frente a la ley, no basta para asegurar la plena aplicación del Convenio. Del mismo modo, el hecho de que no se hayan presentado quejas ante las autoridades no significa que no exista en el país ninguna discriminación. La Comisión considera que ello podría más bien denotar un conocimiento insuficiente de las disposiciones legislativas pertinentes y de los recursos que están a disposición de las víctimas, o incluso podría depender del temor de las víctimas a represalias eventuales de parte del empleador. Además, la Comisión desea señalar nuevamente que el artículo 2 del Convenio, requiere que el Gobierno formule y aplique una política nacional dirigida a promover la igualdad de oportunidades y de trato, con miras a eliminar toda discriminación en materia de empleo y ocupación basada en los criterios mencionados en el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno:

i)que considere la posibilidad de adoptar disposiciones legislativas que prohíban expresamente la discriminación basada en la raza, el color, la ascendencia nacional, la religión, la opinión política o el origen social, en el marco de una política nacional de igualdad de oportunidades y de trato y que adopte medidas concretas para eliminar dicha discriminación en la práctica;

ii)que adopte medidas dirigidas a concienciar el público y los interlocutores sociales sobre el principio del Convenio y las disposiciones legales encaminadas a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación entre el público y los interlocutores sociales, y

iii)que adopte medidas, por ejemplo, bajo la forma de estudios o de otro tipo, para evaluar la eficacia de las vías de recurso, incluida cualquier dificultad de orden práctico encontrada por los trabajadores o las trabajadoras para obtener legalmente una reparación de una discriminación basada en cualquiera de los criterios especificados en el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Ucrania

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1956)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Brecha de remuneración por motivo de género. La Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno y el Servicio de Estadísticas del Estado de Ucrania sobre los sueldos y salarios medios mensuales de hombres y mujeres, la brecha salarial por motivo de género era del 22,8 por ciento en 2013 y del 24 por ciento durante el primer trimestre de 2014 (en comparación con el 23 por ciento en 2009). Asimismo, los datos de 2013 ponen de relieve diferencias significativas entre los salarios mensuales de mujeres y hombres en ciertos sectores de la economía, especialmente en el sector manufacturero (30,3 por ciento), los servicios postales y de correos (35,4 por ciento), y los deportes, el entretenimiento y la recreación (37,8 por ciento). El Gobierno indica que las diferencias salariales son debidas principalmente al sistema de división del trabajo en función del género, con las mujeres concentradas en sectores con requisitos educativos relativamente elevados pero salarios bajos, en particular en el sector público. Asimismo, el Gobierno indica que el Programa Estatal para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades a Hombres y Mujeres, 2013-2016, incluye actividades destinadas a reducir la brecha salarial por motivo de género entre hombres y mujeres. Al tiempo que toma nota de que desde 2009 la brecha salarial y de remuneración por motivo de género no ha variado, la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para reducir esa brecha, incluso determinando y abordando sus causas subyacentes, y que transmita información concreta sobre todas las actividades realizadas a este respecto en el marco del Programa Estatal para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades a Hombres y Mujeres, 2013-2016. Sírvase asimismo continuar transmitiendo información estadística sobre los niveles de sueldos y salarios de hombres y mujeres, desglosados por grupo profesional, sector de empleo y ocupación, y en relación con los diferentes grados y niveles de la función pública

Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Legislación. Durante una serie de años la Comisión ha realizado comentarios sobre el artículo 17 de la Ley para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Hombres y Mujeres, de 2006, que requiere que el empleador garantice la igualdad de remuneración a los hombres y las mujeres que realizan un trabajo que implica igualdad de calificaciones y de condiciones de trabajo, y ha señalado que este requisito es más restrictivo que el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor que establece el Convenio. Además, al vincular el derecho de hombres y mujeres a la igualdad de remuneración con dos factores específicos de comparación, la Comisión consideró que el artículo 17 puede tener el efecto de desalentar o incluso excluir la evaluación objetiva del empleo en base a una serie más amplia de criterios que son determinantes para eliminar efectivamente la infravaloración discriminatoria de los empleos tradicionalmente desempeñados por mujeres. Habida cuenta de que el Gobierno no ha transmitido información a este respecto y tomando nota de que el Código del Trabajo está siendo enmendado, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor tanto en la Ley para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Hombres y Mujeres como en el proyecto de nuevo Código del Trabajo, y le pide que indique todos los progresos que se realicen a este respecto. Sírvase asimismo proporcionar información sobre la aplicación y el cumplimiento del actual artículo 17 de la Ley para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Hombres y Mujeres, incluida información sobre el número y resultado de todos los casos pertinentes presentados ante las autoridades competentes.

Artículo 3. Evaluación objetiva de los puestos de trabajo. La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno se limita a repetir la información sobre la forma en que se establecen las tasas salariales de los empleados de instituciones y organizaciones financiadas a través del presupuesto del Estado, en el cual los salarios de los empleados del sector privado son determinados en el marco de los acuerdos a nivel de sector. Los sueldos y salarios están desglosados por ocupación y nivel de calificación, sin distinciones basadas en el sexo. Por consiguiente, continúa sin estar claro si los métodos utilizados para evaluar el trabajo realizado en diferentes empleos y ocupaciones son apropiados para eliminar el sesgo de género al determinar las tasas salariales, incluida la infravaloración de los trabajos y profesiones que generalmente realizan las mujeres la cual conduce a que se les paguen salarios más bajos en comparación con los que se aplican a los trabajos y ocupaciones que realizan predominantemente los hombres. La Comisión recuerda que si bien el Convenio no prescribe un método específico para evaluar y comparar el valor relativo de los diferentes trabajos, independientemente del método que se utilice debe procederse con mucho cuidado a fin de garantizar que esté libre de sesgo de género. Para mayor orientación sobre la evaluación objetiva de los trabajos, la Comisión remite al Gobierno a los párrafos 695 a 703 de su Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales. Habida cuenta de la persistencia de la brecha salarial por motivo de género y de la división del trabajo en función del género reconocida por el Gobierno, la Comisión insta firmemente al Gobierno a adoptar medidas específicas para promover la utilización, en los sectores público y privado, de métodos de evaluación objetiva de los trabajos que estén libres de sesgo de género con miras a garantizar el establecimiento de escalas de sueldos y salarios que estén de conformidad con el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y le pide que transmita información sobre todos los progresos que se realicen en la materia. La Comisión alienta al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1961)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Cambios legislativos. La Comisión toma nota con interés de la adopción de la Ley sobre la Prevención y Lucha contra la Discriminación en Ucrania, de 6 de septiembre de 2012 (modificada en mayo de 2014), que prohíbe tanto la discriminación directa como la discriminación indirecta y cubre los motivos de raza, color, opiniones políticas, creencias religiosas u otras, sexo, edad, discapacidad, origen étnico o social, nacionalidad, estado civil, situación patrimonial, lugar de residencia, idioma o cualquier otra característica que pueda ser real o percibida (artículos 1, 2), 1, 3), y 6, 2)). La Comisión toma nota de que la ley se aplica, entre otros, al ámbito de la educación, los servicios públicos y las relaciones de empleo (artículo 4). Asimismo, la ley establece una política para llevar a cabo medidas de acciones positiva con el objeto de eliminar las desigualdades de oportunidades (artículos 1, 5), y 7). Asimismo, la Comisión toma nota de que la nueva Ley de Empleo, adoptada en 2012 y enmendada en 2014, prevé la protección contra la discriminación en base a una gama ampliada de motivos, incluidos la raza, el color, las opiniones políticas, las creencias religiosas u otras, la afiliación a sindicatos o a otras asociaciones, el género, la edad, el origen étnico y social, la situación patrimonial, el lugar de residencia, el idioma u otras características (artículo 11, 1)). Al tiempo que toma nota de que la ascendencia nacional no se incluye explícitamente en la Ley sobre la Prevención y Lucha contra la Discriminación, la Comisión pide al Gobierno que aclare si este motivo está cubierto por la expresión «cualquier otra característica», y que transmita información sobre la aplicación práctica de la ley y sobre su impacto en lo que respecta al logro de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los casos de discriminación presentados ante las autoridades competentes en virtud del artículo 11, 1) de la Ley de Empleo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uganda

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Acoso sexual. La Comisión toma nota con interés de la adopción del Reglamento sobre el Empleo (acoso sexual), 2012, de conformidad con los artículos 7 y 97, 1), de la Ley sobre el Empleo, 2006 en adelante (la ley). El reglamento complementa las disposiciones sobre acoso sexual establecidas en el artículo 7 de la ley, proporcionando indicaciones claras sobre lo que son el acoso sexual y la intimidación, estableciendo lo que se tiene que incluir en una política en materia de acoso sexual, y la composición y el funcionamiento de los comités de empresa sobre acoso sexual, y disponiendo que el acoso sexual tiene que incluirse en los acuerdos colectivos. Asimismo, contiene disposiciones claras que prohíben las represalias o la discriminación contra las personas que presentan quejas así como contra los testigos u otras personas que colaboran en una investigación. El Gobierno indica que se han emprendido diversas actividades para difundir el nuevo instrumento y que los gobiernos locales llevarán a cabo nuevas iniciativas de sensibilización. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la aplicación del artículo 7 de la Ley sobre el Empleo y del Reglamento sobre el Empleo (acoso sexual), así como sobre las medidas concretas adoptadas, incluso por las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para prevenir y abordar el acoso sexual en el empleo y la ocupación.

El VIH y el sida. La Comisión toma nota de la adopción de la política nacional en materia de VIH y sida, 2011, y de la política nacional sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2007, en relación con las que recientemente se ha proporcionado formación específica a jueces y otros profesionales del derecho. La Comisión toma nota, en particular, de que la política nacional en materia de VIH y sida destaca la importancia de las políticas en el lugar de trabajo en los sectores público y privado, y en la economía formal e informal, y que todas las formas de discriminación contra las personas que viven con el VIH serán identificadas y abordadas a través de políticas y programas adecuados. Además, la Comisión toma nota de que la política que se centra específicamente en el mundo del trabajo prohíbe la discriminación o los abusos en el empleo en base al estado serológico real o supuesto respecto del VIH, y ofrece protección contra la estigmatización y la discriminación, que se tiene que abordar en las actividades educativas e informativas. Asimismo, se prohíbe exigir pruebas obligatorias en materia de VIH y toda la información relacionada con el VIH será confidencial. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas para implementar las políticas sobre el VIH y el sida, así como sobre el impacto de estas medidas en lo que respecta a abordar la discriminación en el empleo y la ocupación basada en el estado serológico real o supuesto respecto del VIH. Tomando nota de que en la política nacional en materia de VIH y sida se hace referencia al desarrollo de una legislación específica sobre el VIH y el sida, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre la Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200), y le pide que transmita información sobre el estado de elaboración de la ley.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Uruguay

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1989)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Brecha salarial y legislación. La Comisión se refiere desde hace años a la ausencia en la legislación nacional de una definición de los términos «remuneración» y «trabajo de igual valor» y a la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria que la brecha salarial entre hombres y mujeres, medida por sector de actividad y por nivel de educación, fue en ambos casos del 31 por ciento en 2013, y que la brecha salarial entre hombres y mujeres por hora de trabajo fue en 2013 del 9 por ciento (en 2009 esta brecha fue del 11,3 por ciento). De la información estadística proporcionada por el Gobierno surge, además, que la brecha se acentúa en aquellos sectores en los que predominan las mujeres. Por ejemplo mientras que la brecha de remuneración en la construcción, donde predominan los hombres, es de 5 por ciento, en el sector de la enseñanza, de los servicios sociales y salud y del trabajo doméstico, donde predominan las mujeres, la brecha es respectivamente del 31, del 35 y del 51 por ciento. Esta diferencia en favor de los hombres se acentúa aún más cuando los cargos son de mayor jerarquía. La Comisión toma nota asimismo de que en el informe de evaluación del primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA 2007-2011) se reconoce la persistencia de la brecha salarial, en particular desde 2009, y la existencia de una marcada segregación ocupacional entre hombres y mujeres. La Comisión se remite, a este respecto, a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). La Comisión recuerda, por otra parte, que los salarios son fijados por los consejos de salarios, órganos tripartitos, para cada categoría o sector. A este respecto, la Comisión recuerda que cuando los salarios se establecen a escala sectorial, se tiende a determinar salarios más bajos en los sectores donde predominan las mujeres (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 683). Considerando la persistente brecha salarial por motivo de género, la segregación ocupacional entre hombres y mujeres y que los salarios son establecidos por sector de actividad, la Comisión considera que dar plena eficacia legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor es de particular importancia para lograr la aplicación del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que tome medidas concretas con miras a dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor y definir el término «remuneración» en la legislación a fin de reflejar la definición del Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que tome medidas para reducir la brecha salarial existente por motivo de género, incluso abordando la cuestión de la segregación ocupacional entre hombres y mujeres y la promoción de las mujeres en mejores empleos en el marco de los planes de igualdad de oportunidades que se adopten. La Comisión pide al Gobierno que envíe información, incluyendo estadísticas, sobre toda evolución respecto de estas cuestiones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1989)

Artículo 1 del Convenio. Discriminación por motivo de sexo. Pruebas de embarazo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas con miras a prohibir, prevenir y sancionar la exigencia de tests de embarazo para acceder o permanecer en el empleo. A este respecto, la Comisión toma nota con satisfacción de la adopción de la ley núm. 18868, de 23 de diciembre de 2011, que prohíbe la exigencia de pruebas de embarazo como requisito para el ingreso, promoción o permanencia en cualquier cargo o empleo en el sector público y privado y establece las más graves sanciones en caso de incumplimiento. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre toda denuncia presentada ante la autoridad administrativa o judicial en virtud de dicha ley y sobre las sanciones impuestas y la reparación acordada.

Artículo 2. Política nacional de igualdad. La Comisión toma nota con interés de que en cumplimiento de la ley núm. 18104, el Consejo Nacional de Género efectuó la evaluación de la aplicación del primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA 2007-2011) por parte de los distintos organismos de la administración pública. En dicha evaluación se constata el aumento de la participación de las mujeres en la Cámara de Representantes (del 11,1 por ciento en 2005 al 15,1 por ciento en 2010), un escaso aumento de la participación en las juntas departamentales (de 0,8 por ciento), y la conformación de comisiones de género en los distintos organismos del Estado. La Comisión toma nota de que como resultado de la evaluación se formularon recomendaciones relacionadas con los derechos humanos, la participación política de las mujeres, las políticas educativas, de salud, laboral y de lucha contra la violencia de género. Dichas medidas incluyen, garantizar el trabajo decente, la inclusión de cláusulas sobre igualdad de género en los convenios colectivos, la prevención y sanción del acoso sexual, la adopción de facilidades para los trabajadores con responsabilidades familiares, y la mayor inclusión de la mujer, incluyendo las mujeres afrodescendientes y migrantes en el mercado de trabajo. Recordando la importancia de hacer un seguimiento de la ejecución de los planes y políticas en términos de resultados y eficacia, la Comisión alienta al Gobierno a continuar de manera sistemática evaluando los planes y programas de igualdad adoptados y enviando información al respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas en seguimiento a las recomendaciones formuladas en el marco de la evaluación ya efectuada y los resultados alcanzados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Uzbekistán

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1992)

Artículo 1 del Convenio. Marco legislativo. La Comisión reitera, que desde hace varios años, ha venido refiriéndose a la necesidad de modificar el Código del Trabajo de 21 de diciembre de 1995, que prohíbe la discriminación basada en motivos de sexo pero que no refleja plenamente el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor en los términos previstos en el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno, una vez más, no ha comunicado ninguna información a este respecto. La Comisión reitera también que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y de la promoción de la igualdad. Ese concepto permite un amplio ámbito de comparación, que incluye, pero va más allá de la igualdad de remuneración por un «trabajo igual» o por un trabajo realizado en «condiciones de igualdad», sino que también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente pero, no obstante, de igual valor (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 673). La Comisión toma nota del Quinto Informe Periódico presentado por el Gobierno al Comité de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), según el cual estaría adoptando medidas para mejorar el proyecto de ley sobre «garantías de iguales derechos e iguales oportunidades para hombres y mujeres» destinado a prevenir la discriminación contra la mujer (documento CEDAW/C/UZB/5, 14 de abril de 2014, párrafo 31). Recordando que las disposiciones más restrictivas que el principio establecido en el Convenio obstaculizan el progreso para la erradicación de la discriminación de remuneración por motivos de género, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, asegurando que la disposición incluya no sólo el trabajo igual o el trabajo realizado en condiciones de igualdad, sino también el trabajo de naturaleza absolutamente distinta y, no obstante, de igual valor, y a que suministre información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) (ratificación: 1982)

Artículo 1, a), del Convenio. Definición de remuneración. La Comisión toma nota de que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), adoptada el 7 de mayo de 2012, establece en el artículo 104 que se entiende por salario la remuneración que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y que comprende «las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda». La Comisión observa, sin embargo, que las prestaciones sociales no son consideradas remuneración y que el artículo 105 considera como beneficios sociales de carácter no remunerativo a: los servicios de los centros de educación inicial; el beneficio de alimentación, sea en servicios de comedor o en cupones o tarjetas electrónicas; los reintegros médicos; la ropa de trabajo; los útiles escolares y juguetes; las becas o cursos de capacitación, y los gastos funerarios. A este respecto, la Comisión recuerda que el Convenio establece una definición muy amplia del término «remuneración» con el objeto de incluir todos los elementos que un trabajador puede percibir por su trabajo y que exceden el salario básico. Estos componentes adicionales suelen ser considerables y cada vez representan una parte más importante de los ingresos totales. La remuneración también incluye todas las prestaciones pagadas en conformidad con los sistemas de seguro social a cargo de las empresas o industrias interesadas (véase el Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 686 a 692). La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias con miras a asegurar que todos los beneficios adicionales percibidos por los trabajadores con motivo de su empleo, tales como los previstos en el artículo 105 de la LOTTT, así como las prestaciones pagadas en conformidad con los sistemas de seguro social, sean considerados como remuneración a los fines de la aplicación de principio del Convenio y le pide que envíe información sobre todo progreso logrado al respecto.

Artículo 1, b). Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión se refiere desde hace años a la necesidad de incorporar el principio del Convenio en la legislación. A este respecto, la Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha aprovechado la oportunidad de la adopción de la LOTTT para incluir en la misma el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. En efecto, el artículo 109 establece que «a trabajo igual, desempeñado en puesto de trabajo, jornada y condiciones de eficiencia también iguales debe corresponder salario igual». La Comisión recuerda que el concepto de «trabajo de igual valor» previsto en el Convenio incluye pero va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de naturaleza absolutamente diferente pero que sin embargo son de igual valor (véase el Estudio General de 2012, párrafo 673). Teniendo en cuenta que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y la promoción de la igualdad, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias con miras a modificar el artículo 109 de la LOTTT a fin de dar plena expresión legislativa al principio del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre toda evolución a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), recibidas el 30 de agosto de 2014, y de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), recibidas el 22 de septiembre de 2014, que se refieren a la discriminación por motivos políticos en la administración pública central y descentralizada, en las empresas del Estado y en las fuerzas armadas. La Comisión toma nota asimismo de la respuesta del Gobierno a las observaciones de la CTV y de la UNETE.

Artículo 1, párrafo 1), a), del Convenio. Discriminación fundada en la opinión política. La Comisión se refiere desde hace años a actos de discriminación por motivos políticos contra los empleados de la administración pública central o descentralizada, empresas del Estado y miembros de las fuerzas armadas que incluyen amenazas, hostigamiento, traslado, desmejoramiento de las condiciones de trabajo y despidos masivos. En una observación anterior, la Comisión pidió al Gobierno que tomara medidas para que se realizara una investigación independiente sobre estos hechos y para garantizar que los trabajadores del sector público y del privado no sean objeto de discriminación debido a su opinión política. A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones de la CTV que se refieren a nuevos actos de discriminación por motivo de opinión política contra los trabajadores de la administración pública o de las empresas propiedad del Estado que no son partidarios del Gobierno o no participan de los actos organizados por éste. La CTV se refiere también al persistente acoso al que se ven sometidos los trabajadores que en 2004 firmaron a favor de la realización de un referéndum revocatorio del Presidente de la Nación y que figuran en la Lista Tascón, a la que la Comisión se refirió en comentarios anteriores. La Comisión toma nota de que, en su respuesta, el Gobierno desmiente la existencia de acoso y amenazas en la administración pública. El Gobierno señala asimismo desconocer la existencia de despidos por motivos políticos así como de listados para ingresar en la administración pública, ya que la admisión en la misma se efectúa por concurso público. El Gobierno no envía información sobre la realización de una investigación sobre los alegatos presentados. La Comisión recuerda que la protección contra la discriminación basada en la opinión política implica protección de las actividades encaminadas a expresar o demostrar oposición a opiniones y principios políticos preestablecidos. Asimismo, la obligación general de conformarse a una ideología establecida es considerada discriminatoria (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 805). La Comisión pide una vez más al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores del sector público y del privado no son objeto de discriminación debido a su opinión política. La Comisión pide asimismo al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se realice una investigación independiente sobre la base de los alegatos presentados para determinar si efectivamente persiste la discriminación contra los trabajadores que figuran en la llamada Lista Tascón y, de ser el caso, que se adopten las medidas necesarias para poner fin de inmediato a dicha discriminación y sancionar a los responsables. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.

Acoso sexual. La Comisión toma nota de que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) prohíbe el acoso sexual en todos los centros de trabajo y establece la obligación de prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual. El artículo 165 de la LOTTT define el acoso sexual como «el hostigamiento o conducta no deseada y no solicitada de naturaleza sexual, ejercida de forma aislada o mediante una serie de incidentes, por el patrono o la patrona o sus representantes, contra el trabajador o la trabajadora con el objeto de afectar su estabilidad laboral o de dar, mantener o quitar algún beneficio derivado de la relación del trabajo». La Comisión observa, tal como lo señalara la Alianza Sindical Independiente en sus comentarios de 14 de agosto de 2012, que esta disposición omite incluir en la definición el acoso sexual resultante de un ambiente de trabajo hostil. La prohibición no cubre tampoco el acoso sexual por parte de colegas de trabajo. La Comisión considera que cuando no se cuenta con una definición y una prohibición claras, tanto del acoso sexual que se asemeja a un chantaje (quid pro quo) como del derivado de un ambiente de trabajo hostil, no podrá afirmarse que la legislación aborda efectiva e indiscutiblemente todas las formas de acoso sexual (véase Estudio General de 2012, párrafo 791). La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias con miras a incluir en la legislación una protección adecuada contra el acoso sexual resultante de un ambiente de trabajo hostil y el acoso sexual por parte de colegas de trabajo. La Comisión pide también al Gobierno que comunique toda evolución a este respecto así como que envíe información sobre el número de quejas por acoso sexual en el trabajo presentadas ante las autoridades administrativas o judiciales, las sanciones impuestas y las reparaciones acordadas y copias de las sentencias más relevantes. La Comisión pide asimismo al Gobierno que envíe información concreta sobre las acciones de prevención del acoso sexual llevadas a cabo en el sector público y en el privado por parte del Estado y por parte de los empleadores.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Zimbabwe

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) (ratificación: 1999)

Artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión toma nota con interés de la adopción de una nueva Constitución en marzo de 2013, que introduce una serie de disposiciones en relación con el Convenio. En particular, la Comisión toma nota de las disposiciones relativas a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo entre hombres y mujeres (artículos 17, 1), a), 56, 2), y 80, 1)); así como de otras relativas a: las medidas para la representación equitativa de hombres y mujeres en los órganos gubernamentales (artículos 17, 1), b), y 124, 1), b)); las medidas constructivas para corregir la discriminación y los desequilibrios en materia de género del pasado (artículo 17, 2)); los programas que prevén medidas de acción positiva para los jóvenes, orientación, enseñanza y formación profesional para personas con discapacidades (artículos 20, 1), c), y 24, 2), c)); la prohibición de la discriminación directa e indirecta y la ampliación de la lista de motivos prohibidos de discriminación (artículo 56, 3)); así como también de las disposiciones que subrayan la firme obligación del Estado de promover la igualdad y proteger o favorecer a todas aquellas personas que hayan resultado desfavorecidas por discriminación injusta (artículo 56, 6)). La Comisión también toma nota de que en virtud del artículo 85, 1), a), toda persona tiene derecho a alegar en sede judicial que un derecho fundamental o libertad previsto en el capítulo 4 ha sido, está siendo o es posible que sea violado, y los tribunales pueden acordar las medidas adecuadas según el caso. La nueva Constitución dispone también el establecimiento de la Comisión sobre Cuestiones de Género de Zimbabwe (artículo 245), que desempeña funciones consultivas y de promoción sobre igualdad de género y que puede recibir e investigar quejas relativas a discriminación de género. La Comisión toma nota de que el proyecto de ley que prevé el establecimiento de esta Comisión ya ha sido presentado al Parlamento. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre los cambios legislativos y políticos con respecto a la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación como resultado de la nueva Constitución. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre cualesquiera progresos realizados en el establecimiento de la Comisión sobre Cuestiones de Género de Zimbabwe, así como sobre las actividades de dicha Comisión cuando se haya establecido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 100 (Arabia Saudita, Argelia, Burundi, Comoras, Eslovaquia, Eslovenia, Filipinas, Gambia, Grecia, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Islandia, Japón, Kazajstán, República Democrática Popular Lao, Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Malta, República de Moldova, Mongolia, Níger, Nigeria, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, Tailandia, República Unida de Tanzanía, Tayikistán, Togo, Túnez, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, República Bolivariana de Venezuela, Zambia, Zimbabwe); el Convenio núm. 111 (Arabia Saudita, Argelia, Burundi, Camerún, Comoras, República de Corea, Dominica, República Dominicana, Eslovaquia, Eslovenia, España, Gambia, Grecia, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Kirguistán, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Letonia, Líbano, Malawi, Malí, Malta, Mauritania, República de Moldova, Mongolia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rumania, Federación de Rusia, Rwanda, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Swazilandia, República Unida de Tanzanía, Tayikistán, Togo, Túnez, Ucrania, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, República Bolivariana de Venezuela, Zambia, Zimbabwe); el Convenio núm. 156 (Eslovaquia, Guinea, San Marino).

Consultas tripartitas

Antigua y Barbuda

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2002)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria recibida en septiembre de 2014 en la que el Gobierno reitera que el Consejo Nacional de Trabajo fue establecido en virtud de artículo B7 del Código del Trabajo y de que sus funciones y sus responsabilidades están dispuestas en el mismo. No obstante, la Comisión toma nota de que en el Código del Trabajo no se hace referencia a las cuestiones previstas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades del Consejo Nacional de Trabajo respecto de las cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio. La Comisión también pide nuevamente al Gobierno que incluya información detallada y actualizada sobre las consultas tripartitas celebradas respecto de cada una de las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo comprendidas en el artículo 5, párrafo 1.

Artículo 5, párrafo 1, b). Sumisión al Parlamento. El Gobierno indica en su memoria que todos los instrumentos adoptados por la Conferencia fueron sometidos al Parlamento. La Comisión se remite a las observaciones que ha formulado durante los últimos años en relación con la obligación de sumisión tal como prevista en la Constitución de la OIT. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe sobre las consultas celebradas respecto de las propuestas presentadas ante el Parlamento de Antigua y Barbuda en relación con la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia, incluidas las indicaciones sobre la fecha en que esos instrumentos fueron sometidos al Parlamento.

Artículo 5, párrafo 1, c). Examen de los convenios no ratificados y de las recomendaciones. El Gobierno indica nuevamente en su memoria que ha tomado nota de los comentarios formulados por la Comisión en relación con el examen de los convenios no ratificados. La Comisión pide al Gobierno comunicar información actualizada sobre el reexamen de los convenios no ratificados con los interlocutores sociales, en particular: i) el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), considerado convenio de gobernanza; ii) el Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) (que revisa el Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) y el Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101), del cual Antigua y Barbuda es un Estado parte); y iii) el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) (que revisa el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108), que también ha sido ratificado por Antigua y Barbuda).

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Burundi

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1997)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. Asistencia técnica para ayudar a los Estados parte a cumplir con las obligaciones de presentar memorias y aplicar las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) comunicados al Gobierno en septiembre de 2013. La COSYBU indica que la cultura de la consulta aún no está arraigada en el Gobierno ni en las estructuras descentralizadas del Estado. Asimismo, la COSYBU indica que se ha creado el Comité Nacional para el Diálogo Social y que ha abierto su oficina en Bujumbura. La Comisión lamenta tomar nota de que no ha podido examinar ninguna memoria del Gobierno desde 2007. La Comisión se remite de nuevo a la observación formulada en 2007 e invita al Gobierno a presentar informaciones detalladas sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas llevadas a cabo desde noviembre de 2007 sobre los asuntos relativos a las normas internacionales del trabajo, y en particular sobre las memorias que se deben presentar a la OIT, así como sobre el reexamen de los convenios no ratificados y de las recomendaciones (artículo 5, párrafo 1, c) y d)). La Comisión señala a la atención del Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT a fin de superar las lagunas existentes en materia de aplicación del Convenio.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Chad

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1998)

Asistencia técnica. En sus conclusiones de junio de 2013, la Comisión de la Conferencia invitó al Gobierno a adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar el funcionamiento eficaz de los procedimientos que exige este convenio de gobernanza. El Gobierno señala, en su memoria recibida en noviembre de 2014, que propugna siempre el diálogo social con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno envió las memorias sobre los convenios ratificados a los interlocutores sociales para que éstos formularan las observaciones correspondientes, tal como habían acordado durante un taller sobre las obligaciones constitucionales celebrado en Dakar, en julio de 2014. La Comisión toma también nota de que, en septiembre de 2014, se celebró en N’Djamena un taller de fortalecimiento de capacidades sobre normas internacionales del trabajo y diálogo social. Con el apoyo de la OIT y en el marco del seguimiento solicitado por la Comisión de la Conferencia tras una discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2013, los participantes formularon diversas propuestas para reforzar los mecanismos de consulta que requiere el Convenio, entre las cuales se encuentra la celebración de un taller tripartito con los departamentos y unidades concernidos para abordar las informaciones requeridas en los comentarios de la Comisión de Expertos, así como un taller tripartito encaminado a la validación de las memorias antes de presentarlas a la OIT. La Comisión invita al Gobierno a presentar otras informaciones sobre los progresos realizados tras la asistencia recibida de la OIT sobre las cuestiones relativas a las consultas tripartitas y al diálogo social.

Artículos 2 y 5 del Convenio. Mecanismos de consulta y consultas tripartitas efectivas. El Gobierno señala que, en 2013, el Comité de Alto Nivel para el Trabajo y la Seguridad Social se reunió para incorporar los comentarios técnicos formulados sobre el proyecto de Código del Trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que dicho Comité de Alto Nivel ha estado inactivo en 2014. La Comisión invita al Gobierno a comunicar información detallada sobre las consultas que hayan tenido lugar sobre cada una de las cuestiones de las que trata el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.

Artículo 4, párrafo 2. Formación. El Gobierno confirma que es necesario que los participantes en los procedimientos de consulta cuenten con formación, pero que con frecuencia esto plantea algún problema de financiación. La Comisión toma nota de la posibilidad de que el Gobierno intervenga directamente o por medio de los interlocutores para el desarrollo a fin de hacer posible dicha formación. La Comisión invita al Gobierno a describir las medidas adoptadas para la financiación de la formación necesaria de los participantes en los procedimientos de consulta.

Chile

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1992)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a la observación anterior, el Gobierno indica que, durante el primer semestre de 2014, solicitó el parecer de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en relación con la ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). La Comisión toma nota con interés de que mediante un mensaje de la Presidenta de la República de fecha 3 de septiembre de 2014, el Convenio núm. 189 fue sometido al Congreso Nacional para su ratificación. La Comisión también toma de las observaciones formuladas por la CUT quien manifiesta que subsiste una falta de reglamentación del Convenio núm. 144, pero que hubo una señal importante por parte de las nuevas autoridades, que asumieron en marzo de 2014, en proceder a las consultas en relación con la sumisión y la ratificación del Convenio núm. 189. El Gobierno declara su intención de establecer consultas, al menos una vez al año, respecto a las cuestiones referidas en el artículo 5, en común acuerdo con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, y avanzar en la sumisión de los instrumentos pendientes. La CUT señala su interés por el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129); el Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137), el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141), el Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150), el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154), el Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleadores, 1992 (núm. 173), el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176), el Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177), el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), y el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). La Comisión pide al Gobierno presentar indicaciones sobre las consultas tripartitas efectivas celebradas en relación con las propuestas presentadas al Congreso Nacional sobre los convenios mencionados (artículo 5, párrafo 1, b) y c)) y sobre los otros temas relativos a las normas internacionales del trabajo que se encuentran dentro del alcance del Convenio.

China

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (notificación: 1997)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria recibida tras su observación de 2013. El Gobierno indica que se ha consultado al Comité para la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo (CIILS) adscrito al Consejo Consultivo Laboral (LAB) sobre todas las memorias presentadas en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT y en relación con todos los comentarios formulados por la Comisión. Asimismo, se conformó un grupo tripartito que incluye a representantes del CIILS y el LAB para asistir a las 102.ª y 103.ª reuniones de la Conferencia. El informe del LAB que abarca el período 2013-2014 estará disponible a mediados de 2015. La Comisión invita al Gobierno a que siga comunicando información actualizada relativa a las consultas celebradas sobre los asuntos relativos a las normas internacionales del trabajo abarcadas por el artículo 5, párrafo 1.

Funcionamiento del procedimiento de consultas. En respuesta a su observación de 2013, el Gobierno indica en sus memorias recibidas en agosto y diciembre de 2014 que los afiliados a la Confederación de Organizaciones Sindicales de Hong Kong (HKCTU) tienen el mismo derecho que los demás sindicatos registrados a tomar parte en el proceso eleccionario. En consecuencia, no es posible alegar que algún grupo sindical determinado pueda ser excluido de las elecciones. En la Región Administrativa Especial de Hong Kong (HKSAR), todo afiliado sindical es libre de afiliarse a uno o más grupos sindicales o de no afiliarse a ellos. Todos los afiliados al sindicato reúnen las condiciones para ejercer su derecho a elegir libremente en el proceso electoral en el que participe; además, porque ninguno de los grupos sindicales tiene un número predominante de afiliados, ni ninguno de dichos grupos puede influir de manera determinante en las selecciones de los representantes de los trabajadores ante el LAB. El método actual para la elección de los representantes ante el LAB es el más adecuado a las condiciones locales de la HKSAR. El Gobierno añade que la manera que se elige a los representantes de los trabajadores se estableció en 1950 previa consulta con los sindicatos. El Gobierno estima que es un método de eficacia demostrada, basado en criterios, objetivos preestablecidos y transparentes, y ampliamente aceptado por el sector laboral. El método electoral en el que participan todos los sindicatos de los trabajadores garantiza que los representantes de los trabajadores sean libremente elegidos por los sindicatos y que las opiniones de los trabajadores se reflejen de la mejor manera. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la HKCTU en agosto de 2014, indicando que, por carecer de representantes en el LAB, no es frecuente que el Gobierno proporcione las memorias y los comentarios que deban presentarse a la Comisión. Por ejemplo, en relación con el actual ciclo de presentación de memorias, la HKCTU señala que el 18 de agosto de 2014 se solicitó una copia de la memoria del Gobierno sobre el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) y el Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151). Hasta el 31 de agosto de 2014, ninguna de las memorias se había enviado a la HKCTU. La HKCTU también reitera que los métodos electorales de los representantes de los trabajadores ante el LAB tienen por consecuencia que las elecciones sean dominadas por las organizaciones de trabajadores más poderosas, lo que implica su exclusión de las negociaciones tripartitas. La HKCTU estima que si se aplicara el principio utilizado para la designación de los representantes de los empleadores, los representantes de los trabajadores también deberían designarse por las organizaciones más representativas. La Comisión recuerda su observación de 2013 y pide al Gobierno y a los interlocutores sociales promover y fortalecer el tripartismo y el diálogo social para facilitar el funcionamiento de los procedimientos que aseguran consultas tripartitas efectivas (artículo 2, párrafo 1, del Convenio), asegurando en particular la participación de la HKCTU en el proceso de consulta.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

República Dominicana

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1999)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. Observaciones de las centrales sindicales. La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno recibida en marzo de 2014 y de los comentarios de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), transmitidos al Gobierno en diciembre de 2013. Las dos centrales sindicales reiteran que no reciben en los plazos correspondientes ni de manera organizada las respuestas a los cuestionarios y las memorias que deben ser cumplimentados por el Gobierno, pero que deberían contener las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Las dos centrales reiteran que no existe un procedimiento institucional para el seguimiento de manera tripartita de la adopción, sumisión, ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo. El Gobierno señala que se celebran consultas en el Consejo Consultivo del Trabajo y en la Comisión Nacional de Empleo — y que existen otros espacios de diálogo que mantienen permanente una interacción entre los interlocutores sociales para la búsqueda de consensos a cuestiones de interés común, tales como trabajo infantil, seguridad y salud en el trabajo, y formación (en el marco del Instituto de Formación Técnico Profesional). En relación con los comentarios anteriores, el Gobierno manifiesta que ha transmitido oportunamente las memorias correspondientes al año 2012 a las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores con el fin de que fuesen revisadas y se hiciera cualquier observación al respecto. El Gobierno agrega a la memoria las comunicaciones enviadas a la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), a la CNUS, a la CASC y a la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), en octubre de 2012, en relación con las memorias correspondientes a los convenios ratificados. El Gobierno indica que dichas comunicaciones se han efectuado para solicitar la revisión de las memorias de conformidad con el artículo 23, párrafo 2, de la Constitución de la OIT. La Comisión observa nuevamente que las consultas sobre las normas internacionales del trabajo que requiere el artículo 5, párrafo 1, del Convenio, no figuran entre los temas discutidos recientemente en el marco del Consejo Consultivo del Trabajo o en la Comisión Nacional de Empleo. En cuanto a la elaboración de memorias, la Comisión insiste en que la obligación de consulta con los interlocutores sociales sobre las memorias que han de comunicarse en relación con los convenios ratificados, debe distinguirse netamente de la obligación de comunicación de dichas memorias en virtud del artículo 23, párrafo 2, de la Constitución. La Comisión recuerda que para dar efecto al artículo 5, párrafo 1, d), del Convenio, para cualquier consulta, incluso aquellas que tengan lugar por escrito, el Gobierno debería transmitir copia del proyecto de memoria a las organizaciones representativas a fin de recabar sus opiniones antes de la elaboración de la memoria definitiva. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las consultas celebradas sobre cada una de las materias relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. En particular, para asegurar que se toman en cuenta las opiniones de las organizaciones representativas, la Comisión invita al Gobierno a considerar con los interlocutores sociales la posibilidad de establecer un calendario para la elaboración de las memorias (artículo 5, párrafo 1, d)).

El Salvador

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en septiembre de 2014 sobre las labores del Consejo Superior del Trabajo. La Comisión pide al Gobierno presentar sus comentarios al respecto de las observaciones de la ANEP y la OIE.

Artículo 2 del Convenio. Procedimientos adecuados. Consultas tripartitas efectivas. En relación con los comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones detalladas recibidas en agosto de 2013 y de la memoria recibida en junio de 2014. La Comisión toma nota de las consultas celebradas en 2012 y 2013 en el marco del Consejo Superior del Trabajo en relación con las actividades de la Organización, los puntos del orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y las memorias que se comunican sobre la aplicación de los convenios ratificados (artículo 5, párrafo 1, a) y d)). En la memoria recibida en junio de 2014, el Gobierno manifiesta que no se ha enviado a consulta la última memoria del Convenio núm. 144 al sector trabajador debido a que no se cuenta con su representación dentro del Consejo Superior del Trabajo. La Comisión toma nota de que fueron consultadas, en relación con la preparación de la memoria, seis organizaciones del sector empleador. La Comisión recuerda que el artículo 2, párrafo 1, del Convenio pide a los gobiernos que pongan en práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas entre los interlocutores sociales, sobre los asuntos relacionados con las actividades de la Organización. En el párrafo 2, 3) de la Recomendación sobre la consulta tripartita (actividades de la Organización Internacional del Trabajo), 1976 (núm. 152) se han enumerado las posibilidadess que tienen los Estados Miembros para proceder a las consultas requeridas por el Convenio. La Comisión pide al Gobierno y a los interlocutores sociales considerar la posibilidad de que las consultas requeridas por el Convenio también se lleven a cabo «por medio de comunicaciones escritas» si los interlocutores sociales estiman que tales comunicaciones son apropiadas y suficientes (párrafo 2, 3), d) de la Recomendación núm. 152). La Comisión espera que el Gobierno pueda presentar informaciones actualizadas sobre las consultas tripartitas celebradas en relación con los temas relativos a las normas internacionales del trabajo cubiertos por el Convenio.

Artículo 3, párrafo 1. Elección de los representantes de los interlocutores sociales en el Consejo Superior del Trabajo. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas transmitidas por el Gobierno en agosto de 2013 sobre los esfuerzos realizados para designar a los representantes trabajadores ante el Consejo Superior del Trabajo. En las reuniones celebradas en junio de 2013, no se logró un acuerdo para que los representantes de 37 federaciones y confederaciones sindicales designen a sus representantes ante el Consejo Superior del Trabajo. La Comisión advierte que, en julio de 2013, el Gobierno exhortó a los representantes de los trabajadores a que alcancen un acuerdo y presenten una nómina única con las personas que los representen ante el Consejo Superior del Trabajo. La Comisión reitera su pedido al Gobierno y a los representantes de los empleadores y de los trabajadores para que promuevan y refuercen el tripartismo y el diálogo social de manera de facilitar el funcionamiento de los procedimientos que aseguran consultas tripartitas efectivas. La Comisión espera poder observar progresos en el funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo y de otros procedimientos que permitan que se efectúen las consultas tripartitas que requiere el Convenio.

Artículo 5, párrafo 1, b). Consultas tripartitas sobre la sumisión al Congreso de la República de los instrumentos adoptados por la Conferencia. La Comisión comprueba desde hace muchos años una falta grave de sumisión al Congreso de la República de 54 instrumentos adoptados por la Conferencia al Congreso de la República. La Comisión pide al Gobierno redoblar sus esfuerzos para cumplir con las consultas tripartitas requeridas y que se sometan al Congreso de la República los 54 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1976 y 2012.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

España

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1984)

Artículo 5, párrafo 1, del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en diciembre de 2014 y de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), transmitidas al Gobierno en septiembre de 2014. Entre otros asuntos, las dos confederaciones expresan su preocupación por el hecho de que no reciben copia de las memorias sobre la aplicación de los convenios ratificados sino muy tarde (a partir de la segunda semana de septiembre) y sólo después de que el Gobierno las envía a la Oficina. La Comisión invita al Gobierno a presentar los comentarios que juzgue oportunos al respecto de las observaciones de la CCOO y de la UGT.

Guinea

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Consultas tripartitas efectivas requeridas por el Convenio. Financiación de la formación. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en julio de 2012. El Gobierno indica que hubo un retraso en las actividades de la Comisión Consultiva del Trabajo y de las Leyes Sociales (CCTLS) y que sólo se reanudaron en 2011. La CCTLS celebró su primera reunión del 8 al 23 de noviembre de 2011, consagrada a la relectura del proyecto de Código del Trabajo. La CCTLS tiene el propósito de intercambiar opiniones sobre las cuestiones inscritas en el orden del día de la próxima reunión de la Conferencia. En respuesta a sus últimos comentarios, el Gobierno indica que los gastos que insumen las reuniones de la CCTLS se sufragan con cargo al presupuesto nacional de desarrollo. El Gobierno hace referencia en su memoria a las actividades realizadas en el marco del Programa nacional de promoción del diálogo social en África de habla francesa, especialmente, en 2010, de un taller tripartito de formación sobre técnicas de negociación colectiva y un taller de formación para los miembros del comité de iniciativa del Foro nacional de diálogo social. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar en su próxima memoria informaciones detalladas sobre las consultas celebradas sobre las cuestiones abarcadas por el artículo 5, párrafo 1, del Convenio (respuestas a los cuestionarios, sumisiones a la Asamblea Nacional, reexamen de convenios no ratificados y de recomendaciones, memorias que se deben comunicar a la OIT) incluyendo indicaciones sobre las actividades de la Comisión Consultiva del Trabajo y de las Leyes Sociales (CCTLS) en relación con las consultas requeridas por el Convenio (artículos 2 y 5). Además, la Comisión invita al Gobierno a describir las actividades realizadas de formación en materia de normas internacionales del trabajo (artículo 4).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Irlanda

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1979)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de que el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), fue ratificado en julio de 2014. El Gobierno había declarado en su memoria de 2012 que seguía cumpliendo con lo dispuesto en el Convenio, tal como había expuesto en memorias anteriores. La Comisión tomó nota en este sentido de que la anterior memoria había sido recibida en octubre de 2005. La Comisión pide al Gobierno que comunique información actualizada sobre las consultas tripartitas efectivas celebradas sobre las respuestas a los cuestionarios relativos a los puntos del orden del día de la Conferencia, las propuestas sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia, el reexamen de los convenios no ratificados y de las recomendaciones, y los temas que se suscitan en las memorias sobre la aplicación de los convenios.

Jordania

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2003)

Artículo 5, párrafo 1, del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a los anteriores comentarios, el Gobierno reitera que la aplicación de las disposiciones del Convenio está garantizada por la legislación nacional, especialmente por el estatuto del comité tripartito que fue promulgado en cumplimiento del artículo 43 del Código del Trabajo. En lo que respecta a la frecuencia de las reuniones, el Gobierno especifica que, en virtud del artículo 7 del mencionado estatuto, el comité tripartito se reúne tres veces por año o cuando lo considera oportuno. La Comisión nota que no hay información disponible sobre las reuniones celebradas durante el período que abarca la memoria. La Comisión invita al Gobierno a que proporcione información detallada sobre el contenido y el resultado de las consultas tripartitas celebradas sobre cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo cubiertas por el Convenio. Además, la Comisión llama una vez más la atención del Gobierno sobre la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT para superar las lagunas en la aplicación del Convenio.

Madagascar

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1997)

Artículos 2 y 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. Asistencia técnica de la OIT. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Revolucionarios Malagasy (FISEMARE), que fueron transmitidas al Gobierno en septiembre de 2014. La FISEMARE indica que la OIT ha tenido en cuenta los deseos de los interlocutores sociales al apoyar diversas actividades de formación y sensibilización destinadas a ellos. Asimismo, la FISEMARE se refiere a la realización, en junio de 2014, de un taller nacional tripartito sobre las organizaciones sindicales y la representatividad, así como a una reunión tripartita para impulsar la finalización y adopción del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP), realizada en agosto de 2014, en colaboración con la OIT. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios a este respecto. La Comisión espera que el Gobierno pueda trasmitir información actualizada y detallada sobre la forma en que los representantes de los empleadores y de los trabajadores han sido elegidos a efectos de los procedimientos previstos en el Convenio (artículo 3) y sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas celebradas sobre cada una de las cuestiones previstas en el párrafo 1 del artículo 5.

Nigeria

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1994)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Consultas con las organizaciones representativas. En respuesta a los comentarios formulados en 2006, la Comisión toma nota de la breve memoria del Gobierno, recibida en noviembre de 2012, en la que se indica que el proyecto de ley sobre las instituciones nacionales del trabajo se encuentra todavía ante la Asamblea Nacional. La Comisión recuerda que es importante que las organizaciones de empleadores y de trabajadores puedan disfrutar del derecho a la libertad sindical, sin el cual no puede existir un sistema eficaz de consultas tripartitas. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados de la reforma legislativa y su impacto sobre la mejora de las consultas con las organizaciones representativas que disfrutan de libertad sindical, tal como se requiere en virtud de este Convenio.

Consultas tripartitas requeridas por el Gobierno. En su memoria, el Gobierno indica que sus respuestas a los cuestionarios relativos a los puntos del orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios sobre proyectos de textos generalmente se transmiten a los interlocutores sociales para que hagan sus contribuciones al respecto. Asimismo, el Gobierno señala que los interlocutores sociales participan en la elaboración de memorias. La Comisión recuerda que las consultas tripartitas cubiertas por el Convenio tienen por objetivo principal promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo y conciernen, en particular, a las cuestiones que figuran en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información completa y detallada sobre el contenido y los resultados de las consultas tripartitas que tratan de:

a)las respuestas del Gobierno a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el orden del día de la Conferencia y sus comentarios sobre los proyectos de texto que deba discutir la Conferencia, y

b)las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización.

Consultas tripartitas previas sobre las propuestas presentadas a la Asamblea Nacional. La Comisión recuerda que los instrumentos adoptados en la 95.ª reunión de la Conferencia se presentaron, el 21 de agosto de 2006, a la Asamblea Nacional para que tomara nota de los mismos. El Gobierno manifestó que no se realizaban consultas tripartitas debido a que no se había solicitado la ratificación de esos instrumentos. La Comisión indica que, aquellos Estados que han ratificado el Convenio núm. 144 deben efectuar consultas tripartitas efectivas previas sobre las propuestas que se formulen a las autoridades competentes al someter los instrumentos adoptados por la Conferencia (artículo 5, párrafo 1, b)). Aunque los gobiernos no tengan la intención de proponer la ratificación de un convenio, los interlocutores sociales deben ser consultados con suficiente antelación para permitirles formarse una opinión antes de que el Gobierno haya tomado su decisión. La Comisión se refiere a la observación formulada nuevamente este año sobre las obligaciones constitucionales en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización y confía en que el Gobierno y los interlocutores sociales examinen las medidas que se deben tomar para celebrar consultas efectivas sobre las propuestas que se hagan a la Asamblea Nacional al someter los instrumentos adoptados por la Conferencia, como lo requiere el Convenio.

Funcionamiento de los procedimientos consultivos. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique si, de conformidad con el artículo 6, se ha consultado a las organizaciones representativas para la preparación de un informe anual sobre el funcionamiento de los procedimientos de consultas previstos en el Convenio y, de ser así, que indique el resultado de estas consultas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Pakistán

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1994)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Federación de Trabajadores del Pakistán (PWF), recibidas en noviembre de 2013, en las que señala que la última conferencia tripartita del trabajo en el Pakistán se celebró en febrero de 2009. La PWF pidió al Gobierno que siga celebrando reuniones tripartitas periódicas de conformidad con lo dispuesto en el Convenio. La Comisión toma nota de que, en julio de 2014, el Gobierno notificó formalmente el establecimiento de un comité tripartito cuyo mandato incluye consultas sobre todos los asuntos enumerados en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio. La Comisión toma nota de que el Comité estará integrado por representantes del Gobierno, un representante de la Federación de Empleadores del Pakistán y un representante de la PWF. La Comisión toma nota asimismo de que el comité tripartito se reunirá al menos una vez cada tres meses. La Comisión pide al Gobierno facilitar información sobre el contenido y los resultados de las consultas tripartitas celebradas en el marco de las labores del comité tripartito establecido en julio de 2014 sobre los temas relacionados con las normas internacionales del trabajo que abarca el Convenio.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Perú

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 2004)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En respuesta a la observación formulada en 2010, el Gobierno presenta un calendario detallado para la remisión de observaciones y proyectos de memorias a las organizaciones sindicales, gremios empresariales y organismos públicos y los plazos que éstos tienen para presentar sus observaciones y comentarios. El Gobierno agrega que la secretaría técnica del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo fomenta y promueve la implementación de mecanismos para que se celebren acuerdos con la finalidad de financiar la formación de los actores sociales para que la participación en los procedimientos de consulta sea eficiente y eficaz. La Comisión toma nota de las observaciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien manifiesta que los procesos de consulta no se cumplen dado que el Gobierno ha adoptado normas sin consultar al sector empleador. Asimismo, la Comisión toma nota de las preocupaciones expresadas por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y la Confederación Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) quienes insisten en que no existe un adecuado acceso a los textos de memorias que presenta el Gobierno, los cuales son remitidos a las centrales a destiempo o simplemente no son remitidos y que salvo algún seminario aislado en fecha cercana al vencimiento del plazo para la presentación de memorias y comentarios, no existe un programa de capacitación. La CUT también hace hincapié en que pese a sus pedidos y solicitudes expresas, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú se niega a iniciar el proceso de sumisión a la autoridad competente del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), no pudiendo discutir la ratificación del mismo en ninguna instancia de participación tripartita. Por su parte, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) destaca que a pesar de que el Perú cuenta con instancias del diálogo tripartito, por falta de voluntad política, estas instancias de diálogo no han recibido el apoyo mínimo para el adecuado desempeño de sus funciones ni sus sesiones se han llevado a cabo de manera regular. Teniendo en cuenta la preocupación expresada por los interlocutores sociales, la Comisión pide al Gobierno que informe en detalle sobre las consultas celebradas sobre cada una de las materias previstas en el párrafo 1 del artículo 5 del Convenio. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a describir los acuerdos celebrados para financiar la formación necesaria para participar en los mecanismos de consulta (artículo 4, párrafo 2)).

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Polonia

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1993)

Artículos 2 y 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de las observaciones de Empresarios de Polonia (EP) recibidas en septiembre de 2014, que fueron apoyadas y endorsadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y de la información comunicada por el Gobierno en respuesta a dichas observaciones. El Gobierno indica que las memorias sobre la aplicación de todos los convenios de la OIT ratificados por Polonia se envían a los miembros del Equipo de la comisión tripartita para la cooperación con la OIT antes de ser comunicadas a la Organización (artículo 5, 1), d)). Empresarios de Polonia indica que, en ciertas situaciones, las consultas públicas llevadas a cabo por el Gobierno no cumplen el criterio de efectividad debido a que prevén un plazo de escasos días para la presentación de opiniones y observaciones. En el caso de las grandes organizaciones con estructuras complejas, como es el caso de EP, no es factible adoptar una postura con tan poca antelación. El Gobierno indica que las consultas previstas en el artículo 2 del Convenio se llevan a cabo con el Equipo de la comisión tripartita para la cooperación con la OIT, quien se reúne al menos una vez al año. Durante los períodos entre las reuniones, las consultas se llevan a cabo por escrito con los miembros del Equipo o — para tratar cuestiones más importantes como la composición de las delegaciones de los interlocutores sociales a la Conferencia Internacional del Trabajo o para la ratificación de los convenios de la OIT — con los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión invita al Gobierno a que presente información sobre el contenido, la frecuencia, y el resultado de las consultas llevadas a cabo acerca de los asuntos relativos a las normas internacionales del trabajo. La Comisión también invita al Gobierno a que facilite información sobre toda evolución relativa al procedimiento que garantice consultas efectivas en relación con los asuntos establecidos en el artículo 5, 1), del Convenio.

Artículo 1. Organizaciones representativas. En sus observaciones, EP hace referencia a la legislación nacional y a la obligación de tener actividades en más de la mitad del número total de secciones de la Clasificación de Actividades de Polonia (PKD). Los últimos años han demostrado que este criterio no impide que ciertas organizaciones industriales obtengan representatividad. Por ese motivo, en opinión de EP, dicho criterio no está en conformidad con las disposiciones del Convenio sobre «organizaciones más representativas». El Gobierno señala que los criterios para reconocer como representativa a una organización de empleadores son objetivos y pueden cuantificarse. Las solicitudes para declarar la representatividad son presentadas por las organizaciones de empleadores cada cuatro años. Añade que, en un caso particular, aunque la organización fue reconocida por un tribunal nacional como representativa en el sentido de la Ley sobre la Comisión Tripartita, la organización en cuestión no se presentó para ser miembro de la comisión o de sus grupos de trabajo, incluyendo el Equipo para la cooperación con la OIT. La Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre toda evolución a este respecto.

Artículo 4, párrafo 2. Formación. La EP señala que no se cumple la obligación establecida en el artículo 4, párrafo 2, del Convenio debido a que el Gobierno no financia la formación para las personas que participan en los procedimientos de consulta, y menos aún para los representantes de las organizaciones de empleadores. El Gobierno indica que hasta el momento, los interlocutores sociales no le han informado de sus necesidades en materia de formación para la participación en consultas previstas en las normas internacionales del trabajo. Sin embargo, en el pasado, el Gobierno adoptó medidas para permitir la financiación necesaria de la formación en el contexto, por ejemplo, del Programa Operacional Capital Humano 2007-2013. El Gobierno añade que la financiación de actividades de formación también será posible en virtud de las perspectivas financieras de la UE 2014-2020 en el marco del Programa Operacional para el Desarrollo de la Educación y el Conocimiento. La Comisión recuerda que, cuando es necesario proporcionar formación a los participantes en las consultas para que puedan cumplir con sus funciones de manera eficaz, la formación debería financiarse a través de acuerdos apropiados entre el Gobierno y las organizaciones representativas (véase Estudio General de 2000, Consulta tripartita, párrafos 125 y 126). La Comisión invita al Gobierno a comunicar información sobre los acuerdos concertados para proporcionar formación a los participantes en los procedimientos de consulta.

Artículo 6. Informe anual. En sus observaciones, EP indica que desconoce si el Gobierno elabora informes anuales sobre el funcionamiento de los procedimientos previstos. La Comisión recuerda que aunque el artículo 6 no impone la obligación de presentar un informe anual, requiere que se lleven a cabo consultas tripartitas sobre la oportunidad de elaborar o no tal informe. La Comisión invita al Gobierno a comunicar información sobre toda evolución a este respecto.

Portugal

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1981)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de las indicaciones detalladas presentadas por el Gobierno sobre las consultas tripartitas celebradas entre 2010 y 2014 que dieron lugar a la ratificación, en noviembre de 2012, del Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173); del Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), y del Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184). La Confederación de la Industria Portuguesa (CIP) confirma que continúan realizándose las consultas con los interlocutores sociales aunque dichas consultas se resumen a la mera circulación de documentos. Según la CIP, el Gobierno debería promover un diálogo más intenso con los interlocutores sociales, de forma de que participen de manera más activa. La Organización Internacional de Empleadores manifestó su apoyo a las observaciones de la CIP. Por su parte, la Confederación General de Trabajadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN) indica que los procesos escritos de consulta funcionan relativamente bien, pero resulta obvio que dichas consultas presentan insuficiencias en particular en lo que respecta a los temas que se deben discutir en la Conferencia. La Comisión se remite a su observación de 2010 y espera que el Gobierno presente indicaciones que le permitan apreciar la manera en que se han tenido en cuenta las observaciones de la CIP y de la CGTP-IN. La Comisión también espera que se seguirá progresando en lo concerniente a las consultas tripartitas sobre normas internacionales del trabajo requeridas por el Convenio.

Reino Unido

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1977)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en agosto de 2014, que incluye información detallada sobre las consultas tripartitas que se han celebrado en relación con las normas internacionales del trabajo y de las observaciones formuladas por el Congreso de Sindicatos (TUC). El Gobierno indica que ha reorganizado sus labores de manera de incrementar el tiempo asignado a la consulta de los interlocutores sociales sobre las memorias que han de enviarse a la OIT. En este sentido el TUC acoge favorablemente el tiempo para la consulta atribuido al proceso de presentación de memorias en virtud del artículo 22 para el corriente año. La Comisión invita al Gobierno a suministrar información actualizada sobre las consultas celebradas en relación con las cuestiones cubiertas por el artículo 5, párrafo 1, del Convenio.

Artículo 5, párrafo 1, c). Convenios no ratificados. La Comisión toma nota de que el Gobierno examina activamente la ratificación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), y ha constituido un grupo de trabajo tripartito derivado de un subgrupo del Grupo de Seguridad de la Industria Pesquera con el objeto de llegar a un acuerdo sobre las modalidades de aplicación. La primera reunión del grupo se realizó el 5 de febrero de 2014, y continuará reuniéndose cuando las actividades lo exijan. El grupo incluye funcionarios gubernamentales, un representante de los propietarios de buques pesqueros perteneciente a la Federación Nacional de Organizaciones de Pescadores (NFFO) y un representante de los pescadores que explotan pequeños barcos pesqueros, así como también un representante de una organización de beneficencia denominada Fishermen’s Mission. Cuando se considere de utilidad se invitará a otros sectores, incluidas otras federaciones de pesca, a contribuir al grupo para la aplicación del Convenio núm. 188. El TUC acoge con beneplácito la consideración que el Gobierno otorga a la ratificación del Convenio núm. 188 aunque observa que éste no ha consultado con el sindicato y sus afiliados en el proceso de elección de los representantes de los trabajadores para la constitución del grupo de trabajo. Asimismo, la Comisión toma nota de que el 12 de febrero de 2014, el Secretario de Estado de la Empresa Privada, la Innovación y las Capacidades invitó a los interlocutores sociales y ONG interesadas a una mesa redonda de discusión sobre el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). La Comisión invita al Gobierno a que continúe proporcionando información sobre las consultas celebradas para reexaminar los convenios no ratificados, incluidos el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) y el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189).

Santo Tomé y Príncipe

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1992)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Mecanismos de consultas tripartitas y consultas requeridas por el Convenio. En una sucinta memoria recibida en marzo de 2007, el Gobierno hace referencia a las consultas tripartitas celebradas en el marco del Consejo Nacional de Concertación Social. El Gobierno indica asimismo que el Consejo Nacional se reúne de manera regular. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores e invita nuevamente al Gobierno a que tenga a bien indicar en su próxima memoria la manera en que el Consejo Nacional participa en las consultas requeridas por el Convenio y facilite información detallada sobre las consultas que se hayan realizado sobre cada uno de los aspectos relacionados con las normas internacionales del trabajo contemplados en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio, incluyendo informes o recomendaciones que se hayan formulado sobre las normas internacionales del trabajo como consecuencia de dichas consultas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sierra Leona

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1985)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, transmitida en junio de 2004, en la que indica su compromiso para promover la consulta tripartita en todo el país, así como el apoyo a la delegación tripartita en la Conferencia Internacional del Trabajo. La Comisión espera que el Gobierno y los interlocutores sociales examinen de qué manera se aplica el Convenio y que la próxima memoria del Gobierno contenga indicaciones sobre toda medida adoptada para que se realicen consultas tripartitas efectivas en el sentido del Convenio (artículos 2 y 5 del Convenio).

La Comisión recuerda que la Oficina tiene la capacidad técnica para contribuir al fortalecimiento del diálogo social y para apoyar las actividades de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en relación con las consultas requeridas por el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Suriname

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1979)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en la que se indica que en las reuniones de 2012 y 2013 del Consejo Consultivo del Trabajo (AAC) se examinó la aplicación de diversos convenios ratificados. Asimismo, el Gobierno indica que está en curso el proceso de preparación de la sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia que se encuentran pendientes de sumisión. Las propuestas en relación con esos instrumentos se presentarán al AAC a fin de recabar el asesoramiento de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de que, en septiembre de 2014, los miembros gubernamentales del AAC propusieron que se creara una comisión para abordar las cuestiones que se mencionan en el artículo 5 del Convenio, con arreglo al decreto del Consejo Consultivo del Trabajo. La Comisión invita al Gobierno a transmitir información sobre los progresos realizados para establecer la comisión que se encargará de las cuestiones relativas a la OIT. Asimismo, la Comisión invita al Gobierno a transmitir información sobre el contenido y resultado de las consultas tripartitas celebradas sobre las cuestiones relacionadas con las normas internacionales del trabajo que abarca el Convenio.

Togo

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1983)

Artículo 5 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. La Comisión toma nota de las dos memorias suministradas por el Gobierno en respuesta a su observación de 2010, para los períodos que finalizan, respectivamente, en septiembre de 2011 y en septiembre de 2014. El Gobierno informa sobre el establecimiento de reactivación de algunas instituciones tripartitas tales como el Consejo Nacional de Diálogo Social y el Consejo Nacional de Trabajo y Leyes Sociales. Además, el Gobierno hace hincapié en la contribución del Grupo Nacional de Normas Internacionales del Trabajo en la elaboración de las memorias presentadas a la OIT. La Comisión toma nota con interés de que el fortalecimiento de los participantes en los procedimientos, así como la toma de conciencia acerca de la necesidad de promover la ratificación de un cierto número de convenios tuvieron como consecuencia que en 2012 se registrara la ratificación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), el Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150), el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), y el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando informaciones detalladas sobre las consultas tripartitas en relación con las cuestiones establecidas en el artículo 5, párrafo 1, del Convenio, incluidas las informaciones sobre la frecuencia de dichas consultas, y precisar la naturaleza de todos los informes o recomendaciones que resultaron de las consultas.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) (ratificación: 1983)

Artículos 2, 5 y 6 del Convenio. Consultas tripartitas efectivas. En relación con el comentario de 2013, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de su respuesta a las nuevas observaciones recibidas, en agosto y septiembre de 2014, de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE); de la Alianza Sindical Independiente (ASI), de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE). El Gobierno indica que se invitará a FEDECAMARAS a incorporarse en los organismos de seguimiento de la aplicación de normas internacionales en las mismas condiciones que a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca. El Gobierno agrega que remite las memorias a FEDECAMARAS a fin de que puedan emitir sus opiniones por escrito. También se remiten las memorias a UNETE; pero, el Gobierno indica que no las recibe la ASI dado que no figura como organización sindical en los registros oficiales. Por su parte, FEDECAMARAS y la OIE expresan nuevamente su preocupación por la situación del diálogo social en el país y se remiten al informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel que tuvo lugar en Caracas del 27 al 31 de enero de 2014 (documento GB.320/INS/8, marzo de 2014), y se refieren en particular al párrafo 52 del informe en el cual la Misión destacó que «el diálogo inclusivo que preconiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es plenamente compatible con la existencia de órganos tripartitos de diálogo social y que cualquier experiencia negativa en el pasado en relación con el tripartismo no puede poner en entredicho la aplicación de los convenios de la OIT sobre libertad sindical, negociación colectiva y diálogo social ni tampoco deslegitima el aporte que el tripartismo realiza en el conjunto de los Estados Miembros de la OIT». Las organizaciones sindicales también expresan su preocupación por las dificultades que encuentran para tener un diálogo social constructivo. En su respuesta, el Gobierno indica que continúa en proceso de consulta con las organizaciones sindicales, las cámaras, las federaciones y los otros tipos de organización popular para elaborar un plan de acción que contemple la constitución de las mesas de diálogo, con apego al marco constitucional y legal del país. En sus observaciones anteriores, la Comisión expresó su convicción de que el Gobierno y los interlocutores sociales deberían comprometerse a promover y reforzar el tripartismo y el diálogo social y poner en práctica procedimientos que aseguren consultas tripartitas efectivas. La Comisión pide al Gobierno que facilite información concreta sobre las consultas efectivas celebradas sobre cada uno de los temas relativos a las normas internacionales del trabajo que se encuentran dentro del alcance del Convenio. La Comisión reitera su pedido al Gobierno de que indique la manera en que se tienen en cuenta las opiniones expresadas por las organizaciones representativas sobre el funcionamiento de los procedimientos de consulta requeridos por el Convenio.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 144 (Albania, Argelia, Argentina, Belarús, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Dominica, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Etiopía, ex República Yugoslava de Macedonia, Filipinas, Grecia, Guyana, Honduras, Iraq, Japón, Kenya, Malí, Mongolia, Noruega, Rumania, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Seychelles, Singapur, República Árabe Siria, Sri Lanka, Sudáfrica, Swazilandia, República Unida de Tanzanía, Ucrania, Uganda, Uruguay, Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe).

Administración e inspección del trabajo

Alemania

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1955)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas formuladas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación de Asociaciones Alemanas de Empleadores (BDA), recibidas en la Oficina el 1.º de septiembre de 2014.

Además, la Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 7 y 10 del Convenio. Red de formación compartida entre seis estados federados (Länder). La Comisión toma nota de que, con el fin de mantener las competencias profesionales en una situación en la que desciende el número de inspectores del trabajo, debido a restricciones presupuestarias, seis Länder (Mecklenburg-Pomerania, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Brandenburgo, Thuringia y Berlín) aunaron fuerzas para crear una red de formación compartida concebida para impartir una formación uniforme a los inspectores del trabajo, en base a un currículo armonizado. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre la formación impartida a los inspectores del trabajo (contenido, participación, frecuencia, duración), en el marco de la red compartida, y sobre el impacto de esa formación en las actividades de inspección en cada uno de los Länder.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1973)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas formuladas por la Confederación de Trabajadores de la Construcción, la Agricultura y el Medio Ambiente (IGBAU) y la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), relativas a la frecuencia de las visitas de inspección en la agricultura y a los accidentes del trabajo en el sector, recibidas el 24 de noviembre de 2011. La Comisión solicita al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Además, la Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 6, párrafo 1, b), del Convenio. Medidas preventivas centradas en tipos de enfermedades profesionales recurrentes y los accidentes del trabajo. Prevención de las enfermedades profesionales. La Comisión toma nota de las medidas preventivas centradas en la mayor parte de las enfermedades profesionales más frecuentes. Además del asesoramiento intensivo que se proporciona para hacer disminuir los riesgos del conjunto de enfermedades profesionales, esas medidas de información están centradas en las enfermedades de las vías respiratorias y las enfermedades trasmisibles del animal al hombre. La Comisión observa, en particular: i) el establecimiento de un método de información (Schwarz-Weiß-Systeme) relativo a las prescripciones en materia de higiene destinadas a evitar la entrada de agentes patógenos exteriores en los edificios e instalaciones destinados a los animales; ii) alentar a los empleadores a que utilicen las nuevas pruebas analíticas de evaluación rápida de la cantidad de factores alergénicos en los establos en que se guarda a los novillos y a proporcionar aparatos de protección respiratoria a las personas afectadas cuya actividad implica necesariamente el contacto con animales, y iii) campañas centradas en las enfermedades de la piel, para los períodos 2007-2008 y 2008-2012. Por otra parte, la Comisión toma nota, de que la reducción del número y de la gravedad de las enfermedades osteomusculares es uno de los objetivos de la seguridad en el trabajo para el período 2008-2012 y la prevención de las lesiones de la columna vertebral es uno de los objetivos para el período 2013-2014.

Prevención de los accidentes del trabajo. La Comisión toma nota, en relación con el objetivo de lograr la reducción del número y gravedad de los accidentes del trabajo para el período 2008-2012, de que la Federación nacional de la caja de seguros y prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en la agricultura (Spitzenverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften) está encargada, de conformidad con el artículo 143 y SGB VII (Ley Social), de registrar de manera detallada los accidentes del trabajo (número y gravedad) y elaborar, sobre la base de esos datos, medidas preventivas específicas aplicables al trabajo en la agricultura.

La Comisión agradecería al Gobierno que siga proporcionando informaciones sobre toda evolución en materia de política de prevención de los riesgos profesionales específicos a los trabajadores agrícolas, así como sobre el impacto de las medidas aplicadas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Bangladesh

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1972)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia sobre la aplicación del presente Convenio, así como de la memoria del Gobierno, recibida el 18 de septiembre de 2014 y de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Federación de Empleadores de Bangladesh (BEF), recibidas el 28 de agosto de 2014, así como las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 31 de agosto de 2014.

La Comisión toma nota de que la discusión en el seno de la Comisión de la Conferencia versó sobre la necesidad de fortalecer el sistema de la inspección del trabajo, habida cuenta de los graves acontecimientos ocurridos recientemente, como el derrumbe del edificio Rana Plaza, y en particular: 1) las actividades de asistencia técnica con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud (SST) en el sector de la confección de prendas de vestir; 2) el fortalecimiento del capital humano y de los recursos a disposición de la inspección del trabajo, entre ellos los medios de transporte; 3) la adopción de reglamentos de aplicación de la Ley del Trabajo, en su forma enmendada, y la promulgación de enmiendas adicionales a la Ley del Trabajo; 4) la imposición de sanciones suficientemente disuasorias y mecanismos de aplicación eficaces; 5) la protección de los trabajadores en las zonas francas de exportación (ZFE), y 6) la publicación y la comunicación a la OIT del informe anual de inspección del trabajo.

La Comisión toma nota de que, a raíz de la invitación de la Comisión de la Conferencia para que acepte una misión de contactos directos, el Gobierno señaló su voluntad de prestar el apoyo y la cooperación necesarios para llevar a cabo tal misión, que está prevista para el primer semestre de 2015.

1.Actividades de asistencia técnica en el sector de la confección de prendas de vestir

Artículos 2, 3, 1), a) y b), 5, a), 13, 17 y 18 del Convenio. Actividades de inspección en el sector de la confección. Cooperación entre la inspección del trabajo y otras instituciones públicas o privadas que realizan actividades similares. La Comisión toma nota de que en el curso del debate en el seno de la Comisión de la Conferencia, se mencionaron diversas actividades y programas emprendidos por el Gobierno y los interlocutores sociales, con el apoyo de la OIT, además de las que se están aplicando con otros actores sociales con el objeto de mejorar las normas relativas a la SST en las fábricas del sector de la confección de prendas de vestir. Entre estas actividades, cabe citar las siguientes: el Plan de acción nacional tripartito sobre seguridad contra incendios e integridad estructural (NTPA); una importante iniciativa de la OIT (incluido el programa Better Work); el Pacto de Sostenibilidad Mundial de la Unión Europea por la mejora continua de los derechos laborales; el Acuerdo sobre la protección contra incendios y la seguridad de los edificios, un acuerdo suscrito entre las federaciones sindicales mundiales y un grupo de fabricantes y proveedores de ropa en el que predominan empresas europeas (Accord); y la Alianza para la seguridad de los trabajadores de Bangladesh, grupo de fabricantes y proveedores de ropa en el que las empresas americanas son predominantes (Alliance).

La Comisión toma nota de la información que figura en la página web del Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos (DIFE) sobre los progresos realizados (15 de septiembre de 2014) en las iniciativas de evaluación del NTPA, el Accord en relación con la resistencia de las estructuras y la seguridad de las instalaciones eléctricas contra incendios en las fábricas del sector de la confección. En este sentido, la Comisión toma nota de que la iniciativa de evaluación pública del NTPA, llevada a cabo por la Universidad de Ingeniería y Tecnología de Bangladesh bajo la supervisión del Comité Nacional Tripartito, permitió inspeccionar 380 fábricas de las 1 500 inicialmente seleccionadas en el sector de la confección textil. La Comisión toma nota asimismo de que las iniciativas de evaluación privadas, a saber el Accord y la Alliance permitieron inspeccionar 1 094 (de las 1 400 fábricas inicialmente seleccionadas en el sector) y 587 (de las 587 fábricas inicialmente seleccionadas en el sector), respectivamente. La Comisión toma nota además de la información disponible en el sitio web del Accord, según la cual las iniciativas de evaluación del Accord identificaron más de 80 000 cuestiones de seguridad y más de 400 planes de acciones correctivas fueron ejecutados por las fábricas, compañías y firmantes y aprobadas por el jefe de la Inspección del Trabajo.

La Comisión toma nota de que la CSI deplora la falta de progresos realizados por el NTPA para alcanzar el objetivo anteriormente mencionado de realizar 1 500 inspecciones de evaluación antes de finales de 2014. La Comisión recuerda que los debates en el seno de la Comisión de la Conferencia trataron también de la grave falta de coordinación y cooperación entre los organismos gubernamentales competentes y las instituciones privadas en materia de seguridad contra incendios e integridad estructural e inspección del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información detallada sobre las actividades emprendidas con el objeto de mejorar las condiciones de SST en el sector de la confección textil, en el marco de las diversas actividades y programas previstos a estos efectos y urge al Gobierno a tomar las medidas necesarias para reforzar y acelerar las inspecciones en materia de resistencia de las estructuras. La Comisión invita también al Gobierno a suministrar información sobre cualesquiera medidas adoptadas o previstas para promover la coordinación y la cooperación entre los servicios de la inspección del trabajo y los organismos de carácter público y privado que se ocupan de la resistencia de las estructuras, la seguridad eléctrica y contra incendios de las fábricas (tales como visitas de inspección conjuntas, o intercambio de información pertinente, etc.).

La Comisión ruega asimismo al Gobierno que se sirva proporcionar información sobre los resultados de las iniciativas de evaluación mencionadas (por ejemplo, el número de inspecciones efectuadas, el número de infracciones constatadas, el número y la naturaleza de las sanciones impuestas, así como de las medidas preventivas adoptadas con miras a corregir los defectos observados que pudieran constituir una amenaza para la salud o la seguridad de los trabajadores, incluyendo las medidas de aplicación inmediata).

2.Fortalecimiento de los recursos humanos y medios materiales de la inspección del trabajo, incluyendo medios de transporte

Artículos 7, 10 y 11. Fortalecimiento de los recursos humanos y medios materiales de la inspección del trabajo. Formación de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de las indicaciones comunicadas por el Gobierno y la OIE sobre los progresos realizados en el fortalecimiento y reestructuración de la inspección del trabajo, incluyendo el ascenso de la dirección de inspección a nivel de departamento de inspección, del aumento del número de sus oficinas de forma que cubran los 23 distritos, y de la propuesta de triplicar los medios presupuestarios y los recursos humanos del departamento. A estos efectos, la Comisión toma nota de la propuesta de aumento del número de inspectores del trabajo de 183 a 575 y del aumento del presupuesto de 60,29 mil millones taka de Bangladesh (BDT) en 2013-2014 (aproximadamente 781 310 dólares de los Estados Unidos) a 150,55 mil millones BDT en 2014-2015 (aproximadamente 1 953 925 dólares de los Estados Unidos). La Comisión toma nota que de los 392 puestos de inspección del trabajo adicionales que fueron aprobados, se ha contratado a 88 inspectores, a los cuales se les ha proporcionado formación básica. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno se refiere a los cursos de formación de cuatro semanas para inspectores del trabajo que se están impartiendo regularmente en los institutos de relaciones laborales, que dependen del Ministerio de Trabajo. La Comisión toma nota de que, con la asistencia técnica de la OIT, se proporcionará formación adicional.

La Comisión toma nota de que la CSI hace hincapié en la apremiante necesidad de contar con más inspectores del trabajo y en que los numerosos retrasos en su contratación ponen en tela de juicio el sentido de urgencia del Gobierno y, en última instancia, la sinceridad de su compromiso de establecer un servicio de inspección adecuado. En opinión de la CSI, los 200 inspectores del trabajo más que el Gobierno se comprometió a contratar antes de finales de 2013, pero que aún no han sido contratados, sigue siendo una cifra insuficiente para las necesidades de control del sector de la confección textil, que cuenta con 4 millones de trabajadores y no es suficiente tampoco para responder a los problemas de otros sectores, que emplean la inmensa mayoría de los trabajadores.

La Comisión toma nota además de la información comunicada por la CSI, según la cual el transporte para los inspectores es sumamente limitado o inexistente y la mayoría de ellos depende del transporte público para llegar hasta las fábricas, porque carecen de vehículos a esos efectos. Según la CSI, esto puede impedir la inspección de una fábrica en tiempo oportuno y abre la posibilidad de que los empleadores corrompan a los inspectores costeándoles el transporte y otros gastos. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se están proporcionando vehículos a los inspectores para el cumplimiento de sus obligaciones en las fábricas. El Gobierno declara en su memoria que la OIT se ha comprometido a facilitar motocicletas, con lo que aumentará la movilidad de los inspectores del trabajo. La Comisión insta una vez más al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para dotar a la inspección del trabajo de los recursos necesarios para el desempeño eficaz de sus funciones. Al tiempo que saluda las medidas que el Gobierno ha adoptado, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno proceda, a la mayor brevedad, a cubrir las vacantes de puestos de inspector del trabajo que han sido aprobadas, así como a contratar un número adecuado de inspectores calificados en relación con el número de establecimientos sujetos a inspección. La Comisión solicita al Gobierno que continúe suministrando información sobre las mejoras en la dotación de recursos humanos, medios materiales y de transporte a los servicios de inspección del trabajo, así como información detallada sobre la formación que se imparte a los inspectores del trabajo (incluida la frecuencia, los temas y la duración, así como el número de participantes).

3.Reformas legislativas

Artículo 28. Información sobre la legislación. Reglamentos que aplican la Ley del Trabajo en su forma enmendada. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, tras consultar con las diversas partes interesadas, se está ultimando un proyecto de reglamento de aplicación de la Ley del Trabajo revisada. La Comisión toma nota de que, a solicitud del Gobierno, la Oficina examinó el citado proyecto de reglamento, en particular, en relación con la inspección del trabajo y la SST, y transmitió sus comentarios al Gobierno. Sin embargo, las observaciones de la CSI, indican que no se ha dado curso en su totalidad a los comentarios de la OIT sobre el proyecto, en particular en lo que a la SST se refiere. La Comisión toma nota además de que la CSI señala que no se ha emprendido ninguna iniciativa para introducir otras enmiendas en la Ley del Trabajo, tal como el Gobierno había anunciado anteriormente, a fin de armonizarla con las normas internacionales del trabajo. La Comisión alienta al Gobierno a que tenga en cuenta las observaciones de la Oficina al ultimar el reglamento de aplicación. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados en la adopción de este reglamento, y que comunique una copia del mismo en cuanto haya sido adoptado. Solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre cualquier otra medida adoptada para continuar la revisión de la Ley del Trabajo.

4.Sanciones suficientemente disuasorias y mecanismos de aplicación efectiva

Artículos 17 y 18. Procedimientos legales y aplicación efectiva de las sanciones adecuadas. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado la información solicitada sobre el número de infracciones detectadas, el número de casos presentados ante los tribunales del trabajo, y de sentencias dictadas. Toma nota también de que a raíz de la enmienda del Código del Trabajo de 2013, el nivel de las sanciones aplicables en caso de infracción al mismo, fue incrementado de 5 000 BDT a 25 000 BDT (de aproximadamente 65 dólares de los Estados Unidos a 325 dólares de los Estados Unidos). Además, según las enmiendas de 2013, las sanciones que se imponen por obstrucción de la labor de los inspectores del trabajo en el ejercicio de sus obligaciones pasó de 5 000 taka (BDT) a 25 000 BDT, es decir, aproximadamente 325 dólares de los Estados Unidos.

En este sentido, la Comisión toma nota de que, según la CSI, la aplicación de la ley sigue siendo un obstáculo grave. La CSI reitera que los inspectores del trabajo carecen de potestad para imponer multas y que únicamente pueden denunciar ante los tribunales los casos de incumplimiento. Ni la dirección del trabajo ni el DIFE cuentan con personal con formación jurídica, y los propietarios de las fábricas suelen contratar abogados experimentados para que los defiendan de las denuncias ante los tribunales, ejerciendo una presión legal abrumadora sobre los inspectores y los investigadores sin recursos suficientes, para que se apliquen las sanciones pertinentes correspondientes contra ellos. Según la CSI, por lo general, las multas que se imponen por infracciones de la ley siguen siendo demasiado reducidas para ser disuasorias y no llegan a aplicarse debido a los largos procedimientos legales y la corrupción. El sindicato señala que el importe de las multas previstas en la Ley del Trabajo sigue siendo insignificante. La Comisión toma nota de que, según la OIE, la pena máxima por obstrucción al ejercicio de las funciones de los inspectores ha sido aumentada a seis meses de reclusión. La CSI señala además que desconoce si hay algún proceso penal pendiente por alguna violación de la Ley del Trabajo, a excepción del caso Rana Plaza. Asimismo, desconoce la medida en que se imponen o cobran las multas, ya que no dispone de datos.

La Comisión toma nota de las observaciones de la OIE, según las cuales deben constituirse tres nuevos tribunales del trabajo en tres divisiones administrativas correspondientes. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas con el fin de garantizar que el nivel de las multas introducidas sea suficientemente disuasorio y que las sanciones sean efectivamente aplicadas. La Comisión pide una vez más al Gobierno que facilite información sobre el número de violaciones detectadas (incluyendo el número de infracciones relacionadas con la SST), número de casos presentados ante los tribunales de trabajo y de decisiones dictadas (número de condenas impuestas en relación con las infracciones contratadas, monto de las multas impuestas, etc.).

5.La protección de los trabajadores en las zonas francas de exportación (ZFE)

Artículos 2, 4 y 23. Inspección del trabajo en las ZFE. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que durante las discusiones mantenidas en la Comisión de la Conferencia que la Autoridad de la zona franca de exportación de Bangladesh (BEPZA) sigue siendo la institución responsable de garantizar el cumplimiento de los derechos y los privilegios de los trabajadores de las empresas que operan en las ZFE. La Comisión toma nota además de las conclusiones de la Comisión de la Conferencia, según las cuales el Gobierno debería dar prioridad a las enmiendas introducidas en la legislación que regula las ZFE para que éstas entren en el ámbito de competencia de la inspección del trabajo. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que se está elaborando un proyecto de ley del trabajo independiente sobre las ZFE y que espera someterlo al Parlamento para su adopción. Toma nota de que, a solicitud del Gobierno, la Oficina examinó el proyecto de ley del trabajo para las ZFE, en particular con respecto a la inspección del trabajo, y transmitió sus comentarios al Gobierno.

La Comisión toma nota de que, según la información que figura en el sitio web de la BEPZA, «la BEPZA es el órgano oficial del Gobierno para promover, atraer y facilitar la inversión extranjera en las ZFE. El objetivo primordial de una ZFE consiste en procurar eliminar los trámites engorrosos en algunas zonas especiales donde los inversores potenciales consideran que el clima de inversión es propicio». La Comisión toma nota que el Gobierno ha señalado reiteradamente que los 60 consejeros que trabajan en las ZFE son responsables de garantizar los derechos de los trabajadores y condiciones de trabajo seguras y saludables.

La Comisión toma nota de que la CSI expresa una preocupación particular por el hecho de que las ZFE, donde trabajan más de 400 000 trabajadores siguen excluidas del ámbito de competencia de la Ley del Trabajo, y que los inspectores del trabajo carecen de potestades para llevar a cabo inspecciones en ellas. Los consejeros se ocupan de la tramitación de reclamaciones por un importe limitado, pero no hay inspección del trabajo en las ZFE. La Comisión toma nota asimismo de que la CSI señala que el proyecto de ley del trabajo sobre las ZFE plantea una serie de preocupaciones y en particular que: i) la inspección del trabajo y la aplicación de la ley en las ZFE sigue siendo competencia de la BEPZA y los inspectores del trabajo carecen de competencia en esta materia; ii) las facultades y funciones de los tribunales del trabajo en las ZFE y del tribunal de apelación del trabajo en las ZFE establecido en virtud del proyecto de ley sobre las ZFE son sumamente restringidas con respecto a los tribunales que se rigen por la Ley del Trabajo de Bangladesh (por ejemplo, los trabajadores deben solicitar autorización al director ejecutivo de las BEPZA para iniciar una acción penal contra un empleador ante los tribunales); y iii) la aplicación de una serie de disposiciones dependerá de las normas y reglamentos de aplicación que elaboren el Gobierno y la BEPZA, en la cual no se espera que los trabajadores tengan la oportunidad de contribuir.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha suministrado la información solicitada sobre las actividades de los órganos responsables de las inspecciones en las ZFE; toma nota en particular que no ha sometido las estadísticas pertinentes sobre las actividades de la inspección del trabajo, incluyendo el número de accidentes del trabajo y casos de enfermedad profesional. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para incluir a las ZFE en el ámbito de competencia de la inspección del trabajo. En este sentido, la Comisión alienta al Gobierno a que tenga en cuenta los comentarios de la Oficina sobre el proyecto de ley del trabajo para las ZFE. La Comisión le solicita además que comunique información sobre las actividades del personal responsable de la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores para las ZFE (incluyendo el número de violaciones detectadas y de sanciones impuestas), así como estadísticas sobre el número y la naturaleza de los accidentes laborales y de los casos de enfermedad profesional en las ZFE.

6.Publicación y comunicación a la OIT de un informe anual de la inspección del trabajo

Artículos 20 y 21. Publicación de un informe anual de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota una vez más de que no ha recibido ningún informe anual sobre las actividades de la inspección del trabajo. Además, el Gobierno no ha suministrado ninguna información estadística sobre el número de inspecciones del trabajo efectuadas, el número de infracciones detectadas, las sanciones impuestas, así como tampoco de los accidentes laborales registrados ni de los casos de enfermedad profesional. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno había expresado la necesidad de contar con asistencia técnica para la introducción de mejoras en los sistemas de gestión de datos. En este sentido, la Comisión toma nota con interés de que el Gobierno señala que, en marzo de 2014, se puso en marcha una base de datos de acceso público para las inspecciones del trabajo en el sector de la confección textil, con asistencia técnica de la OIT, que ahora está disponible en la página web de la DIFE. La Comisión toma nota de que esta página web contiene una lista de fábricas del sector de la confección textil, el número de asalariados que trabajan en ellas, el número de inspecciones efectuadas por la Alliance, el Accord y la NTPA, así como copias electrónicas de los informes de inspección de estos órganos en cada una de las fábricas del sector textil (incluyendo las deficiencias detectadas y las medidas pertinentes recomendadas). La Comisión toma nota asimismo de la información sobre el número total de fábricas que fueron cerradas o parcialmente cerradas como consecuencia de las inspecciones efectuadas por la Alliance, el Accord y la NTPA.

La Comisión toma nota de que la CSI indica que los informes de la inspección del trabajo son infrecuentes e incompletos y que esto deja mucho que desear en cuanto a la transparencia sobre sus iniciativas de inspección en el ámbito público y en el privado. La CSI declara que la base de datos del sector de la confección textil de la DIFE no contiene información sobre los procedimientos sancionadores incoados por incumplimiento de las disposiciones legales correspondientes. Tomando nota de las medidas que ya han sido adoptadas en relación con recopilación de datos de la inspección en el sector de la confección textil, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas con miras a establecer un registro de los establecimientos sujetos a inspección y de los trabajadores empleados en ellos así como a la recopilación de datos de la inspección en otros sectores. La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas con miras al cumplimiento por parte de la autoridad central de inspección de su obligación de publicar y transmitir a la OIT un informe anual con arreglo a los artículos 20 y 21 del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que siga recurriendo a la asistencia técnica de la Oficina con este objetivo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2015.]

Benin

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (ratificación: 2001)

Artículo 7 del Convenio. Ampliación de las funciones del sistema de administración del trabajo. La Comisión toma nota de las precisiones que proporciona el Gobierno en relación al papel que desempeña el Fondo de Apoyo a la Microfinanciación y el Proyecto de apoyo a las actividades generadoras de ingresos. La Comisión toma nota con interés de que, en virtud del artículo 3 del decreto núm. 2013-135, de 20 de marzo de 2013, relativo a las atribuciones, organización y funcionamiento de la Mutualidad de Previsión Social (MPS), esta caja de ahorros, que fue creada como establecimiento público con carácter social y que se encuentra bajo la tutela del ministerio encargado de la seguridad social, tiene por finalidad la aplicación de la extensión de la protección social a los trabajadores de la economía informal y a sus familias mediante la gestión de las prestaciones de enfermedad y de vejez. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre los progresos realizados en la aplicación de las disposiciones del citado decreto y sobre la misión encomendada al Ministerio de Trabajo de la administración pública y de la reforma administrativa e institucional, encargado del diálogo social (MTFPRAI-DS), en su aplicación. La Comisión agradecería al Gobierno que comunique asimismo información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento también a las disposiciones del artículo 7 de la Ley núm. 98-019, de 21 de marzo de 2003, sobre el Código de Seguridad Social, en función de las cuales se prevé la adopción de una ley sobre la organización y el funcionamiento del régimen especial en favor de los trabajadores agrícolas independientes.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Burundi

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) recibidas el 26 de septiembre de 2014.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU) de fecha 30 de agosto de 2012, en relación con la insuficiencia de los medios materiales de los inspectores del trabajo para la promoción de la seguridad y la salud en las empresas. La Comisión solicita al Gobierno que comunique cualquier comentario o información que considere útil a este respecto.

Funciones principales de la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores la Comisión observaba que las actividades de la inspección del trabajo estaban centradas principalmente en la resolución de conflictos y de manera accesoria, en las funciones de control previstas en el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. La Comisión basaba su apreciación en los informes de actividad de la inspección del trabajo relativos al año 2000 y al primer trimestre de 2001, que daban por otra parte cuenta de las numerosas actividades de carácter administrativo. La Comisión comprueba que de nueve inspectores, cinco están encargados de cuestiones vinculadas a la resolución de conflictos colectivos y tres del control de la aplicación de la legislación sobre las condiciones de trabajo, pero que el conjunto de ese personal ha participado en un seminario organizado por el Programa regional de promoción del diálogo social en África francófona (PRODIAF) sobre las técnicas de conciliación en el transcurso del primer trimestre de 2006. Estas informaciones confirman que la inspección del trabajo permanece desviada de su rol principal para centrarse en la resolución de conflictos laborales.

Según el Gobierno, la ausencia de un estatuto particular, la falta de medios de transporte, la falta de calificación del personal, la escasez de medios técnicos de control contribuyen a la falta de confianza manifestada por los empleadores con respecto a los inspectores.

La Comisión insiste una vez más en que los servicios de inspección deben centrar sus actividades en el control de la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión (artículo 3, párrafo 1) y que cualquier otra función confiada a los inspectores no debería entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera alguna, la autoridad o la imparcialidad necesarias en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores (párrafo 2). De otra parte, la Comisión recuerda al Gobierno que el artículo 11 del Convenio prevé la obligación para la autoridad competente de tomar las medidas que garanticen el suministro de los medios necesarios a los inspectores del trabajo, y en particular de los medios de transporte en caso de que no existan medios públicos apropiados y el reembolso de sus gastos de transporte profesional y de los gastos imprevistos necesarios para el desempeño de sus funciones. La Comisión expresa la esperanza de que un apoyo financiero apropiado podrá garantizarse en breve a través de la cooperación internacional y agradecería al Gobierno que indique las medidas tomadas y los progresos realizados a este respecto y que comunique, tan pronto como sea posible, un informe sobre las actividades de inspección en los establecimientos industriales y comerciales dirigidas a garantizar la aplicación de las disposiciones legales sobre las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Colombia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1967)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de las discusiones que tuvieron lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (CAN) sobre la aplicación del Convenio en relación con: las medidas legislativas necesarias para cumplir con las exigencias del Convenio; el fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo; los mecanismos de aplicación en caso de violaciones de la legislación laboral y las sanciones suficientemente disuasorias; y la publicación y comunicación a la Oficina de informes anuales de inspección del trabajo. En este sentido, la Comisión recibe con agrado la información comunicada por el Gobierno a la CAN sobre los progresos realizados en la aplicación del Convenio, y su compromiso para abordar todos los asuntos pendientes planteados por la CAN y esta Comisión.

La Comisión toma nota de la memoria y de la información adicional comunicada por el Gobierno, recibidas el 20 de septiembre y el 7 de noviembre de 2014, respectivamente. También toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), recibidas el 4 de junio y el 1.º de septiembre de 2014, el 29 de agosto de 2014 y el 31 de agosto de 2014, respectivamente. La Comisión toma nota de que la CTC y la CGT reconocen las medidas adoptadas por el Gobierno para fortalecer el sistema de inspección del trabajo, pero indican que son aún insuficientes para lograr la efectiva aplicación del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota asimismo de que la CUT indica que aún no se ha adoptado el reglamento de aplicación de la ley núm. 1610, que regula algunos aspectos de la inspección del trabajo y algunas decisiones sobre la formalización del empleo, aunque la ley prevé un plazo de seis meses para su adopción de manera tripartita, y a pesar de las sumisiones y peticiones pertinentes de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. A este respecto, la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales, en aplicación del artículo 19 de la ley núm. 1610, se estableció una subcomisión (compuesta de representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y del Ministerio de Trabajo) para la reglamentación de esta ley, se elaboró un proyecto de decreto sobre los criterios aplicables a la hora de la imposición de multas y el procedimiento a seguir cuando se ordenen medidas con fuerza ejecutoria inmediata. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda evolución a este respecto.

La Comisión toma nota asimismo de los comentarios conjuntos formulados por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), recibidos el 29 de agosto de 2014, en los que se destacan los progresos realizados en la aplicación del Convenio, y las medidas adoptadas por el Gobierno a este respecto.

Proyecto de cooperación técnica sobre las normas internacionales del trabajo y programa de cooperación técnica sobre el cumplimiento en el lugar de trabajo. La Comisión se felicita de que el Gobierno solicitó seguir beneficiándose de la asistencia técnica de la OIT en el marco del proyecto de cooperación técnica sobre «promoción del cumplimiento de las normas internacionales del trabajo»; y el programa en áreas de importancia decisiva de la OIT, «Fortalecer la conformidad de los lugares de trabajo a través de las inspecciones del trabajo» (ACI 7), para el cual Colombia fue seleccionada como uno de los tres países piloto para desarrollar estrategias modelo para el cumplimiento en el lugar de trabajo, de conformidad con los principios de los convenios sobre inspección del trabajo.

Artículos 10 y 16 del Convenio. Número de inspectores del trabajo que desempeñan funciones previstas en el Convenio. Habiendo tomado nota con anterioridad de las reiteradas indicaciones de la CUT y de la CTC sobre el número insuficiente de inspectores del trabajo, la Comisión toma nota con interés de las indicaciones del Gobierno, según las cuales se produjo un aumento en el número de puestos de inspección del trabajo aprobados, pasando de 424, en 2010, a 904, en 2014 (633 inspectores del trabajo especializados en asuntos jurídicos y 271 en medicina, ingeniería, administración y economía), así como un aumento en el número de inspectores del trabajo activos, que pasaron de 530, en agosto de 2013, a 715, en noviembre de 2014. Según las observaciones de la CUT y la CGT, el número actual de inspectores del trabajo es aún inadecuado en relación con el número de trabajadores y para la aplicación efectiva de las disposiciones legales correspondientes, incluso en las áreas de la libertad sindical, de la negociación colectiva y de las formas prohibidas de intermediación laboral. En este sentido, la CUT también indica que el sistema de inspección del trabajo es ineficiente y que, a pesar del aumento del número de inspectores del trabajo, el número de inspecciones del trabajo ha descendido considerablemente. Según la CTC, se requiere intensificar las inspecciones del trabajo, especialmente en la agricultura, en la minería y en los puertos. La Comisión confía en que se cubran pronto los puestos aprobados y le pide al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados a este respecto, así como sobre el número de visitas de inspección realizadas anualmente a partir de 2013 y la formación impartida a los inspectores.

Artículo 11. Medios materiales, incluidos los medios de transporte. En sus observaciones anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar que los recursos asignados a los inspectores del trabajo se fijaran de acuerdo con el carácter esencialmente móvil de sus funciones. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno afirma su compromiso de mejorar los recursos económicos de la inspección del trabajo, e indica que se asignó un presupuesto especial de un monto de 539 657 906 pesos, aproximadamente 259 613 dólares de los Estados Unidos, por concepto de medios de transporte y de gastos de viaje. El Gobierno indica, asimismo, que se elaboró un proyecto de decreto en virtud del artículo de la ley núm. 1610 sobre el procedimiento administrativo encaminado a otorgar un apoyo logístico y de transporte a los inspectores del trabajo, que se encuentra actualmente en revisión. La Comisión acoge positivamente asimismo la información del Gobierno según la cual se han invertido considerables recursos económicos en mejoras, financiación y modernización de la infraestructura física de la inspección del trabajo (29 000 millones de pesos, aproximadamente 15 millones de dólares de los Estados Unidos). La Comisión también toma nota de las observaciones de la CTC, según las cuales los inspectores del trabajo carecen de medios adecuados para el desempeño de sus funciones. Según las observaciones de la CUT, la inspección del trabajo sigue centrada en las zonas urbanas. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas para mejorar los medios de transporte de los servicios de inspección del trabajo y el reembolso de los gastos de viaje realizados.

Artículos 11, 1), b), y 15, a). Medios de transporte y principio de independencia e imparcialidad de los inspectores del trabajo. La Comisión observó anteriormente que el artículo 3, 2) de la ley núm. 1610, de 2013, que permite que los inspectores del trabajo busquen asistencia logística de empleadores o trabajadores, cuando las condiciones del terreno así lo requieran, para lograr un acceso a los lugares de trabajo susceptibles de inspección, no está de conformidad con las disposiciones del Convenio, y es contrario a la imparcialidad y a la autoridad necesarias a los inspectores en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores.

A este respecto, la Comisión toma nota de las explicaciones del Gobierno, según las cuales: i) esta disposición se introdujo debido a que es difícil obtener un acceso a determinadas zonas aisladas, por ejemplo, en los sectores de la minería y del petróleo, a las que sólo puede llegarse mediante el transporte que la empresa o el sindicato pone a disposición; ii) esta disposición también puede concebirse para la seguridad de los inspectores del trabajo, a la luz de los asuntos de orden público de algunas regiones, y iii) esta disposición sólo se ha aplicado en casos excepcionales y únicamente previo acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno afirma su compromiso de adoptar las medidas necesarias para dar un seguimiento a la solicitud de la Comisión, incluida la enmienda del artículo 3, 2), de la ley núm. 1610, si la Comisión lo considera indispensable. En este sentido, el Gobierno propone, como solución inmediata, dictar un decreto en virtud de la ley núm. 1610, que prevería la posibilidad de que las entidades del sector público suscriban acuerdos interinstitucionales para facilitar el transporte a los inspectores del trabajo, cuando sea necesario, y excluir la posibilidad de llegar a acuerdos con empleadores o trabajadores a este respecto. La Comisión confía en que se dicte pronto el mencionado decreto. Solicita al Gobierno que transmita una copia del mismo, en cuanto se haya dictado, y que comunique información sobre su aplicación en la práctica. Al tiempo que se felicita de la solución propuesta por el Gobierno para armonizar la legislación y la práctica nacionales con los mencionados artículos del Convenio, mediante un decreto en virtud de la ley núm. 1610, alienta al Gobierno, con fines de certeza jurídica, a que también considere la enmienda del artículo 3, 2) de la ley núm. 1610.

Artículos 12, 1), c) y 15, c). Principio de confidencialidad del origen de las quejas. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que adoptara medidas para establecer una base legal para garantizar que los inspectores del trabajo respeten el principio de confidencialidad de las quejas, con el fin de proteger a los trabajadores de las represalias de los empleadores o de sus representantes. A este respecto, la Comisión toma nota con satisfacción de que se dictó la resolución ministerial núm. 1867, de 13 de mayo de 2014, que prevé la obligación de los inspectores del trabajo de tratar como confidencial la fuente de todas las quejas, y su responsabilidad respecto de los procedimientos disciplinarios, en caso de incumplimiento de esta obligación.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Comoras

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1978)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Comoras (CTC) de 30 de agosto de 2013. Asimismo, toma nota de las preocupaciones de la CTC en relación con el hecho de que los inspectores del trabajo no poseen las calificaciones necesarias y con las presiones políticas de las que son objeto. La Comisión invita al Gobierno a responder a los comentarios de la CTC a este respecto.

Según las informaciones comunicadas por el Gobierno, la creación de una línea presupuestaria específica para la inspección del trabajo sólo será efectiva al finalizar las reuniones presupuestarias preparatorias para el ejercicio de 2009. Sin embargo, la Comisión toma nota de que la administración del trabajo ha emprendido un «diagnóstico» de la inspección del trabajo, con miras a la determinación de su presupuesto y la inserción de éste en el presupuesto nacional de 2009. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva comunicar informaciones acerca de los resultados de esta evaluación en cuanto disponga de los mismos.

La Comisión toma nota de que el Gobierno ha formulado una petición para la inclusión, en el proyecto nacional del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP), que se encuentra en elaboración en la actualidad, de una solicitud de asistencia técnica dirigida a la formación progresiva de inspectores del trabajo en número suficiente para abarcar todo el territorio. Por otra parte, se ha solicitado el apoyo de la OIT a efectos de que dos inspectores del trabajo puedan beneficiarse de una formación en la Escuela Nacional de Administración (ENA), de Madagascar. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva tener informada a la Oficina de los resultados de estas gestiones. Confía en que adoptará todas las medidas necesarias para obtener, en particular en el marco del futuro PTDP, el apoyo y la asistencia de la OIT para el desarrollo de un sistema de inspección del trabajo eficaz.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Congo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1999)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Ausencia de información práctica que permita evaluar el funcionamiento de la inspección del trabajo en lo que respecta a las disposiciones del Convenio y las disposiciones legales nacionales pertinentes. La Comisión toma nota de la información actualizada en relación con el número y la distribución geográfica y por categoría del personal de la inspección del trabajo. Destaca, en comparación con los datos que figuran en su memoria recibida en 2008, una disminución significativa del personal de la inspección del trabajo, en particular de los inspectores de trabajo (de 75 a 55) y de los controladores principales (de 96 a 72). La Comisión recuerda que, según el artículo 10 del Convenio, para que las funciones del servicio de la inspección del trabajo sean eficaces, se deberá fijar el número de inspectores del trabajo, teniendo en cuenta, entre otros criterios: el número, la naturaleza, la importancia y la situación de los establecimientos sometidos al control de la inspección; el número y la complejidad de las disposiciones legales cuya aplicación debe garantizarse; los medios materiales de ejecución disponibles para los inspectores y las condiciones prácticas en las que deberán efectuarse las visitas de inspección.

Si las disposiciones legales relativas a la inspección del trabajo, a sus atribuciones y a sus cargos están disponibles, cabe constatar, sin embargo, la ausencia de información cifrada sobre los demás criterios establecidos en el artículo 10 y, según la propia opinión del Gobierno, no existen medidas particulares para dar efecto a las disposiciones del artículo 11 sobre las condiciones materiales de trabajo de los inspectores del trabajo. Estos últimos no gozan de los medios de transporte necesarios para el ejercicio de sus funciones. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, a partir de ahora, los gastos de viaje y los gastos accesorios serán reembolsados por la autoridad competente previa presentación de los justificativos necesarios, lo que no siempre había sido el caso, según la memoria del Gobierno recibida en 2008.

La Comisión solicita una vez más al Gobierno, que en su próxima memoria, proporcione toda la información disponible a fin de evaluar el nivel de aplicación del Convenio tanto en la legislación como en la práctica. Estas informaciones deberán centrarse, en particular, en: i) la distribución geográfica actualizada del personal que desempeña funciones de inspección previstas en el párrafo 1 del artículo 3 del Convenio; ii) la distribución geográfica de los establecimientos sujetos a inspección o, por lo menos, de aquellos respecto de los cuales el Gobierno estima que las condiciones de trabajo requieren una protección especial de parte de la inspección del trabajo; iii) la frecuencia, el contenido y el número de participantes en las formaciones impartidas a los inspectores del trabajo en el curso de sus carreras; iv) el nivel de remuneración y las condiciones de avance en la carrera de estos últimos con respecto a otros funcionarios públicos que asumen responsabilidades similares; v) la parte del presupuesto nacional asignado a las funciones de inspección del trabajo; vi) la descripción de los casos en los cuales los inspectores realizan visitas a las empresas, del procedimiento a seguir y de los medios de transporte que utilizan a tal efecto, de las actividades que ejercen y del resultado de éstas; vii) la parte de las actividades de control de la legislación realizadas por los inspectores con respecto a la de sus actividades de conciliación.

Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique copias de todos los informes de actividad de inspección realizados por las direcciones regionales, incluyendo los informes mencionados en sus memorias recibidas por la OIT en 2008 y 2011; copia del proyecto o del texto definitivo del estatuto particular de los inspectores del trabajo; copias de los proyectos de texto de enmiendas del Código del Trabajo, así como el memorándum cuyo envío a la OIT anuncia el Gobierno, con el fin de lograr un mejor funcionamiento de la inspección del trabajo.

Para establecer un sistema de inspección del trabajo que responda a los objetivos socioeconómicos propuestos por el Convenio, la Comisión solicita encarecidamente al Gobierno que despliegue todos los esfuerzos posibles para adoptar las medidas necesarias para la implementación de las medidas descritas en las observaciones generales formuladas en 2007 (sobre la necesidad de una cooperación eficaz entre los servicios de inspección del trabajo y los órganos judiciales), en 2009 (sobre la necesidad de disponer de datos estadísticos relativos a los establecimientos industriales y comerciales sujetos a la inspección del trabajo y al número de trabajadores incluidos, así como informaciones básicas que permitan evaluar la aplicación del Convenio en la práctica), y en 2010 (sobre la publicación y el contenido de un informe anual sobre el funcionamiento de los servicios de inspección del trabajo). La Comisión recuerda una vez más al Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de la OIT y de solicitar, en el marco de la cooperación financiera internacional, un apoyo financiero con el fin de dar el estímulo necesario para el establecimiento y el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno que comunique información relativa a cualquier progreso alcanzado o sobre cualquier dificultad encontrada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República de Corea

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1992)

La Comisión toma nota de los comentarios de la Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU) y de la respuesta del Gobierno a éstas, ambas recibidas con la memoria del Gobierno el 4 de septiembre de 2014.

Artículos 10, 16 y 17 del Convenio. Número de inspectores del trabajo y visitas de inspección. La Comisión tomó nota anteriormente del comentario de la FKTU sobre la escasez de inspectores del trabajo, según el cual a éstos les llevaría aproximadamente 50 años inspeccionar todos los establecimientos de trabajo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que hay una insuficiencia de inspectores del trabajo, a pesar de los insistentes esfuerzos desplegados para incrementar su número, y que seguirá promoviendo su aumento. El Gobierno añade que, en 2012, 1 687 476 establecimientos fueron objeto de inspección y había 1 359 inspectores del trabajo. El Gobierno señala que efectúa inspecciones sobre la base del tipo de actividad empresarial y el tamaño del establecimiento con el fin de optimizar la eficacia de éstas. Las inspecciones intensivas se realizan en el sector de la construcción y en otros sectores vulnerables o en establecimientos de dimensiones reducidas que emplean a gran número de adolescentes, mujeres o trabajadores extranjeros, con el fin de garantizar que los trabajadores de estos establecimientos con condiciones laborales deficientes sean cubiertos por la inspección. En lo que respecta a la seguridad y la salud en el trabajo, las inspecciones se centran en aquellos lugares con una gestión deficiente de la seguridad y la salud o en aquellos otros donde se registra un elevado riesgo de accidentes laborales, incluyendo establecimientos donde han tenido lugar accidentes laborales, donde la tasa de accidentes laborales es elevada o en sectores donde se registran accidentes con frecuencia. La Comisión toma nota de que, en 2013, se inspeccionaron 22 245 lugares de trabajo en cumplimiento de la Ley de Normas Laborales, en el 90 por ciento de los cuales se detectaron infracciones de la legislación laboral. En relación con la seguridad y la salud en el trabajo, el 82 por ciento de los 18 812 establecimientos inspeccionados incurrieron en algún tipo de infracción de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual, antes de iniciar trámites judiciales, se otorga a los establecimientos que han sido objeto de inspección la oportunidad de adoptar medidas correctivas para subsanar la infracción. Por este motivo, no hay muchos establecimientos que, habiendo incurrido en infracciones de la ley, sean procesados judicialmente: en 2013, 177 establecimientos (de 284 casos) fueron sancionados judicialmente.

La Comisión toma nota de la declaración de la FKTU, según la cual son necesarios más inspectores del trabajo ya que cada inspector tiene que controlar e inspeccionar demasiados establecimientos (aproximadamente 1 736 por cada inspector). El número considerable de establecimientos donde se incurre en infracciones de la legislación laboral indica que las infracciones en el mercado del trabajo siguen siendo frecuentes. Aunque el aumento del número de inspectores del trabajo es esencial para prevenir la vulneración de los derechos de los trabajadores, el Gobierno no ha adoptado esta medida.

La Comisión reitera que, a tenor del artículo 10 del Convenio, el número de inspectores del trabajo debería ser suficiente para garantizar el desempeño efectivo de las funciones de los servicios de inspección en función del número de establecimientos sujetos a inspección, el número de los trabajadores empleados en tales establecimientos, el número y la complejidad de las disposiciones legales por cuya aplicación debe velarse, así como los medios materiales puestos a disposición de los inspectores y las condiciones prácticas en que deben realizarse las visitas para ser eficaces. Además, de conformidad con el artículo 16, deberían inspeccionarse los lugares de trabajo con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes. La Comisión solicita, en consecuencia, al Gobierno, que adopte las medidas necesarias para asegurar que haya un número suficiente de inspectores del trabajo para garantizar el cumplimiento efectivo de las funciones del servicio de inspección, de modo que los establecimientos sean inspeccionados con la frecuencia y el esmero necesarios. Tomando nota del elevado porcentaje de establecimientos inspeccionados que han incurrido en infracciones de las disposiciones de la Ley de Normas Laborales, y de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para fortalecer su aplicación en este sentido, y que comunique información sobre el impacto de las medidas adoptadas. Solicita al Gobierno que comunique información adicional sobre la naturaleza de los casos que han desembocado en un procedimiento judicial (especificando las disposiciones legales correspondientes, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y el número de trabajadores afectados), así como las sanciones impuestas. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que comunique información sobre el número de inspectores (desglosado por sexo), de establecimientos sujetos a inspección, y sobre el número de trabajadores empleados en estos establecimientos.

Artículos 12, 1), a), y 15, c). Libre acceso de los inspectores en los lugares de trabajo; confidencialidad de las quejas. La Comisión había tomado nota anteriormente de que, con arreglo al artículo 17 del Manual Laboral de los Inspectores del Trabajo, los empleadores deberán notificar las inspecciones con diez días de antelación. La Comisión tomó nota de que la FKTU señala que aún no se ha introducido en la práctica un sistema de inspección que autorice inspecciones sin previa notificación. Sin embargo, tomó nota de que, según el Gobierno, el Manual Laboral de Inspectores del Trabajo fue modificado en abril de 2010 a fin de autorizar las inspecciones sin previo aviso en los establecimientos de trabajo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, en virtud de las enmiendas de 2010, se requiere una notificación con una antelación de diez días para las inspecciones regulares, pero pueden realizarse inspecciones ocasionales y especiales sin previa notificación. El Gobierno señala que la mayoría de las inspecciones ocasionales se efectúan en aquellos casos donde se han presentado quejas y que estas visitas se realizan sin previa notificación con el fin de mantener la confidencialidad de las mismas. En 2013, aproximadamente el 30 por ciento de los establecimientos inspeccionados recibieron visitas sin previo aviso. El Gobierno señala que, para las inspecciones regulares, la notificación previa de diez días tiene la finalidad de aumentar la previsibilidad de la inspección del trabajo y proporcionar así al empleador la oportunidad de corregir voluntariamente cualquier infracción en la que hubiera incurrido. Refiriéndose al párrafo 263 de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, la Comisión reitera que la práctica habitual de efectuar un número suficiente de visitas sin previa notificación es tanto más útil cuanto que además permite a los inspectores cumplir las reglas de confidencialidad que exige el artículo 15, c), del Convenio en cuanto al objeto preciso del control cuando el origen de éste sea una queja o una denuncia. La Comisión pide al Gobierno que vele para que las autoridades competentes lleven a cabo un número suficiente de visitas de inspección sin notificación previa. La Comisión pide además al Gobierno que adopte las medidas pertinentes para garantizar que la obligación de confidencialidad sobre la presentación de una queja se refleje debidamente tanto en la legislación como en la práctica, y que suministre información sobre la aplicación y el impacto de estas medidas en la práctica. En este sentido, la Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información, en su período cubierto por su próxima memoria, sobre el número de inspecciones sin previo aviso efectuadas en comparación con la cifra total de inspecciones, y que comunique información sobre los resultados obtenidos en estas inspecciones (infracciones detectadas, sanciones impuestas, medidas adoptadas para acatar la ley).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Djibouti

Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Incumplimiento de la obligación de envío de memorias. Asistencia técnica para cumplir con las obligaciones de presentación de memorias y de aplicación de las disposiciones del Convenio. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha comunicado informaciones desde octubre de 2005. La Comisión espera que se remita una memoria para su examen por la Comisión en su próxima reunión y que contenga las indicaciones sobre el establecimiento del observatorio del empleo y de la formación. La Comisión invita al Gobierno a que comunique una memoria que contenga informaciones completas y detalladas sobre las medidas adoptadas para dar efecto al Convenio, respondiendo a los temas que figuran en el formulario de memoria para cada una de sus disposiciones. La Comisión señala a la atención del Gobierno la posibilidad de recurrir a la asistencia técnica de las unidades especializadas de la Oficina para resolver las lagunas en la aplicación del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Eslovenia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1992)

Legislación. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, en respuesta a la solicitud de la Comisión de aclarar la relación entre las disposiciones superpuestas de la Ley sobre la Inspección del Trabajo (ZID) y la Ley sobre la Inspección (ZIN), en el sentido de que el artículo 3 de la ZIN dispone que, en caso de disposiciones contradictorias, las disposiciones de las otras leyes priman sobre las de la ZIN. Sin embargo, en cuanto a la superposición entre la ZIN y la ZID sobre la obstrucción de los inspectores del trabajo en sus funciones, que prevén multas de 1 500 euros y de 4 172 euros, respectivamente, la Comisión toma nota de la referencia del Gobierno al artículo 40 de la ZIN, que establece que, en caso de disposiciones contradictorias sobre infracciones menores relativas a la obstrucción, prevalecen las de la ley que prevé sanciones más leves.

La Comisión toma nota de que existen casos en los que sigue dándose una inseguridad jurídica en relación con la aplicación de las mencionadas leyes, como ocurre respecto de que los inspectores del trabajo entren libremente a los establecimientos sujetos a inspección. En ese sentido, la Comisión toma nota de que el artículo 13 de la ZID prevé que los inspectores del trabajo entren libremente en los establecimientos, al tiempo que el artículo 21 de la ZIN prevé restricciones a este derecho en determinadas circunstancias. La Comisión también toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales está en la actualidad en preparación una nueva ley sobre inspección del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que indique si, en las actuales iniciativas legislativas, se adoptaron o previeron algunas medidas para consolidar la ZID y la ZIN, con el fin de garantizar una mayor certeza jurídica respecto de las disposiciones aplicables a la inspección del trabajo. Pide al Gobierno que transmita una copia de cualquier legislación pertinente, en lo posible en uno de los idiomas de trabajo de la OIT, en cuanto se haya adoptado.

Artículos 6, 10 y 16 del Convenio. Número de inspectores del trabajo y sus condiciones de servicio. La Comisión toma nota de que el número de inspectores del trabajo descendió de 88, en 2011, a 81, en 2013 (abarcando en la actualidad a 44 inspectores del trabajo para las inspecciones en el área de las condiciones generales del trabajo, 33 en el área de la SST y cuatro en el área de la seguridad social). En el mismo período, el ratio de establecimientos por inspector, aumentó de 2 108 a 2 314. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual se necesita con urgencia aumentar el número de inspectores, habida cuenta del creciente número de establecimientos sujetos a la inspección del trabajo y de las nuevas tareas de gran exigencia técnica. En ese sentido, la Comisión toma nota de que se previó, para 2013, la creación de cuatro nuevos puestos de inspectores de trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno no responde a sus comentarios anteriores relativos a la falta de condiciones adecuadas de servicio de los inspectores del trabajo, incluidos los salarios, para retener al personal cualificado y garantizar la independencia de los inspectores del trabajo de influencias externas. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los progresos realizados para incrementar el número de inspectores del trabajo. También solicita una vez más al Gobierno que especifique toda medida adoptada o prevista para mejorar las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo y hacerlas más atractivas para los candidatos cualificados. Solicita al Gobierno que indique todo progreso realizado o los obstáculos encontrados a este respecto.

Artículo 12, 1), b). Acceso a los establecimientos que se suponen sujetos a inspección. La Comisión tomó nota con anterioridad de que, en virtud de la ZIN, los propietarios o poseedores de locales comerciales, instalaciones de producción u otras instalaciones o tierras, que no sean el empleador sujeto a inspección, pueden denegar la entrada a los establecimientos en determinadas condiciones. La Comisión recuerda que las razones para esta negativa, en el artículo 21 de la ZIN, incluyen el riesgo de situación muy delicada, de considerables daños a la propiedad o de enjuiciamiento penal. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales: el artículo 13 de la ZID prevé la libre entrada de los inspectores de trabajo en los establecimientos; y, en la práctica, no se registraron casos en los que se hubiera denegado la entrada a los establecimientos en virtud del artículo 21 de la ZIN. La Comisión también toma nota de que el Gobierno se refiere a la prerrogativa de no declarar contra sí mismo prevista en el derecho penal. La Comisión desea destacar que, de conformidad con el artículo 12, 1), b), los inspectores del trabajo deberían estar facultados para entrar durante el día en los locales que tengan un motivo razonable para suponer que están sujetos a inspección, con el fin de garantizar de manera eficiente la protección de los trabajadores, y este artículo del Convenio no permite ninguna restricción. En relación con su Estudio General de 2006, la Comisión también recuerda que las restricciones impuestas en la ley o en la práctica al derecho de los inspectores de entrar en los establecimientos, sólo puede obstaculizar el logro de los objetivos de la inspección del trabajo, como se establece en el Convenio. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para armonizar la legislación nacional con el mencionado artículo del Convenio.

Artículo 15, a). Prohibición de tener cualquier interés directo o indirecto en las empresas sujetas a inspección. La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno a los artículos 15 y 17 de la ZIN como disposiciones que dan efecto al artículo 15, a), del Convenio. Sin embargo, ninguna de las disposiciones indicadas prohíbe de manera directa que los inspectores de trabajo tengan un interés directo o indirecto en las empresas sujetas a inspección. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que complemente la legislación vigente para dar efecto a este artículo y que proporcione informaciones al respecto.

Ghana

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (ratificación: 1986)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

En sus comentarios de 2009, en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), la Comisión toma nota de la evolución reciente del Departamento del Trabajo y del Departamento de Fábricas e Inspección del mencionado Ministerio, a saber, el desarrollo de los recursos humanos, la reforma de las necesidades actuales en materia de evaluación y organización y un mayor compromiso por parte del Gobierno para que el personal administrativo pueda inscribirse en algunos de los cursos de formación que ofrece OIT/ARLAC (Centro Regional Africano de Administración del Trabajo). La Comisión ruega al Gobierno que suministre más información sobre las actividades de formación que se han llevado a cabo durante el período que abarca su próxima memoria y, en su caso, que mantenga informada a la Oficina de las dificultades que hubieran podido presentarse.

La Comisión invita al Gobierno a que proporcione, en su caso, y en virtud de lo establecido en la parte III del formulario de memoria, información sobre las decisiones judiciales sobre cuestiones de principio relativas a la aplicación del Convenio y a que se sirva proporcionar el texto de dichas resoluciones.

En relación con la parte IV del formulario de memoria, la Comisión desearía que el Gobierno suministrase también cualquier informe, extracto de informe o cualesquiera otra información periódica en relación con los principales servicios de administración del trabajo, por ejemplo, el Ministerio de Empleo y Bienestar Social, los centros de empleo público, la Comisión Nacional Tripartita del Trabajo, el Consejo Nacional de Empleo, la Autoridad del Mercado Nacional del Trabajo, el Instituto de Gestión del Desarrollo y la Productividad o la Comisión Nacional Consultiva sobre el Trabajo, así como sobre cualquier otro órgano nacional o local que participe en la formulación y aplicación de las políticas o programas relativos al trabajo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guatemala

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de las observaciones del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), recibidas el 3 de septiembre de 2014, sobre la aplicación del Convenio y observa en particular que el MSICG alega la utilización de los inspectores del trabajo por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) para perseguir y sancionar a las organizaciones sindicales. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

La Comisión toma nota del informe de la Misión de la Oficina, encabezada por la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, sobre el seguimiento de la Hoja de ruta adoptada por el Gobierno en consulta con los interlocutores sociales del país, con miras a agilizar la aplicación del Memorándum de Entendimiento suscrito el 26 de marzo de 2013, entre el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT y el Gobierno de Guatemala.

Artículos 3, 10 y 16 del Convenio. Funciones de los inspectores del trabajo y adecuación de los recursos humanos a las necesidades de inspección. En lo que se refiere a la solicitud de información sobre el número actual de inspectores en ejercicio, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que existen 261 inspectores a nivel nacional, 55 de los cuales están asignados a la delegación de Guatemala, 33 de entre ellos trabajan la totalidad de su tiempo de trabajo en la sección de visitas y 22 trabajan todo el tiempo en la sección de conciliación. Los 206 inspectores restantes están repartidos entre las otras 21 delegaciones, cada una de las cuales dispone de entre tres a 19 inspectores, que dedican su tiempo de trabajo por mitades a la sección de visitas y a la de conciliación. La Comisión toma nota, además, de que de acuerdo con el artículo 49 del pacto de condiciones de trabajo del MTPS, de 3 de julio de 2013, éste se compromete a crear en 2013, 100 puestos de asistente profesional II, con especialidad en inspección de trabajo y 100 más en 2014, y a presupuestar esta restructuración y creación de puestos para aprobación por parte del Ministerio de Finanzas y de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Al tiempo que toma nota con interés de los esfuerzos del Gobierno para incrementar el número de inspectores, la Comisión pide al Gobierno que precise si los puestos de asistente profesional II, con especialidad en inspección del trabajo, fueron efectivamente creados y provistos, cuáles son sus funciones y su repartición geográfica.

En lo que concierne a las medidas adoptadas o previstas para disociar las funciones de control y de conciliación y para descargar a los inspectores del trabajo de las funciones distintas a las previstas en el artículo 3, párrafo 1, del Convenio, la Comisión toma nota de las medidas propuestas por el Gobierno en un plan de trabajo que deberá ejecutarse en septiembre de 2014, para delimitar las funciones del personal que participa en el trámite de los expedientes. La Comisión confía en que las medidas que prevé adoptar el Gobierno permitirán descargar a los inspectores del trabajo de las funciones que se les encomiendan fuera de las asignadas por el Convenio, con el fin de que puedan consagrarse al ejercicio de sus funciones, tal y como están definidas en el párrafo 1, del artículo 3, del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución a este respecto.

Por último y en lo que respecta a la solicitud de información sobre las actividades de la unidad especial de la Inspección del Trabajo en la maquila y sus resultados, la Comisión observa que, según los cuadros incluidos en la memoria del Gobierno, las actividades de la misma en el ámbito de la delegación de Guatemala, tanto en el curso de 2013 como de 2014, se centraron en casos que fueron objeto de denuncia de parte. La Comisión recuerda que los establecimientos deben ser inspeccionados con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales pertinentes. La Comisión pide al Gobierno que vele por el pleno cumplimiento de las disposiciones del artículo 16 del Convenio.

Artículos 5, a), 20, 21 y 24. Cooperación necesaria al establecimiento de un registro de empresas y elaboración del informe anual de inspección. 1. Establecimiento de un registro de empresas. La Comisión toma nota con interés de la firma en 2012 de un Convenio Marco Interinstitucional de Cooperación para el Intercambio de Información entre el MTPS, el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria, al que adhirió en 2013 el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El Gobierno precisa, además, que se tiene acceso por medio de su página web, a la información del Registro Mercantil General de la República, cuya función principal es la inscripción de todas las sociedades nacionales y extranjeras, sus respectivos representantes legales, las empresas mercantiles, los comerciantes individuales y todas las modificaciones en el seno de estas entidades. Destacando, como lo hizo en su Estudio General de 2006, Inspección del Trabajo, y en su observación general de 2009, lo esencial que resulta disponer de un registro de los establecimientos y empresas sujetos a inspección, que contenga datos relativos al número y a las categorías de trabajadores empleados en ellos, la Comisión espera que el Gobierno aprovechará la cooperación interinstitucional con los organismos mencionados, para el establecimiento y actualización periódica de tal registro y le pide que informe sobre los progresos realizados en este sentido.

2. Informe anual de inspección. La Comisión recuerda que hace muchos años ha venido insistiendo sobre la necesidad de publicar y comunicar a la OIT un informe anual de inspección sobre las actividades de los servicios de inspección, de conformidad con las disposiciones de los artículos 20 y 21 del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que el informe anual de 2013 de la Inspección General del Trabajo, se encontraba en fase de aprobación y estaría publicándose en la página web del MTPS en septiembre de 2014. La Comisión observa que a la fecha figuran en esta página, estadísticas sobre los operativos a nivel nacional realizados por la Inspección General del Trabajo en el curso de los primeros meses de 2014 y de los casos atendidos por la misma, en la sección de conciliaciones y en la sección de visitas, entre enero y el 23 de julio de 2014, así como sobre las actuaciones realizadas en la capital. La Comisión confía en que muy próximamente se publicará y se comunicará a la OIT, en conformidad con el artículo 20 del Convenio, un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección del trabajo, que contenga todas las informaciones exigidas en virtud de los literales a) a g) del artículo 21. La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina si lo considera necesario.

Artículos 5, a), 17, 18 y 21, e). Cooperación efectiva entre los servicios de inspección de trabajo y las autoridades judiciales. Aplicación efectiva de las sanciones. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que informara sobre las medidas adoptadas para dar curso a la recomendación retomada en la Hoja de ruta mencionada más arriba, a efectos de establecer un procedimiento administrativo que permita nuevamente a la Inspección General del Trabajo imponer sanciones, garantizando el derecho de recurso a los empleadores. El Gobierno informa que en cumplimiento de la Hoja de ruta, los mandantes tripartitos llevaron a cabo a finales de 2013 una larga deliberación sobre la manera de encaminar el proceso sancionatorio por infracciones a la legislación laboral. Añade que ante la divergencia de opiniones, el Ministro dio por agotada la consulta y el 23 de enero de 2014 envió los antecedentes al Congreso de la República para su estudio y la toma de decisión. La Comisión observa que de acuerdo con lo manifestado a la Misión de la OIT en septiembre de 2014, la Comisión de Trabajo del Congreso emitió concepto favorable sobre el proyecto de ley núm. 4703, que reforma el Código del Trabajo.

La Comisión toma nota también de que el MSICG objeta el proyecto de ley en cuestión.

En este contexto, la Comisión recuerda (véase Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, párrafos 279 a 303) que la credibilidad de todo servicio de inspección depende, en gran medida, no sólo de su capacidad para asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la mejor forma de aplicar las disposiciones legales cuyo cumplimiento le corresponde controlar, sino también de la existencia de un sistema de sanción y que es esencial para mantener la coherencia del sistema de inspección respecto a los objetivos que se persiguen, que las sanciones pronunciadas contra los autores de infracciones sean suficientemente disuasivas y efectivamente aplicadas, en conformidad con las disposiciones del artículo 18 del Convenio. La Comisión observa que el Congreso de la República y el Departamento de Normas firmaron un Protocolo de intenciones, que prevé brindar asistencia técnica en la preparación y redacción de proyectos de ley en el área laboral. La Comisión expresa la esperanza de que el Gobierno recurra a la asistencia técnica de la Oficina y confía en que las medidas legislativas que se adopten tendrán en cuenta estos principios. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno, que transmita informaciones cifradas sobre las infracciones detectadas por los inspectores del trabajo, indicando la disposición legal a la cual se refieren y las sanciones impuestas. Pide además al Gobierno que precise las medidas adoptadas o previstas para favorecer una cooperación efectiva entre el sistema de inspección del trabajo y el sistema judicial, con el objeto de estimular en las instancias judiciales la diligencia y el tratamiento exhaustivo que debe acordarse a las actas de inspección del trabajo.

Artículos 7, 13 y 14. Formación de los inspectores del trabajo y funciones de control y de prevención. En relación con los comentarios que viene formulando sobre la aplicación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), la Comisión destacó en sus comentarios anteriores la necesidad de asistencia técnica de la OIT entre otras cosas, para la capacitación de los inspectores del trabajo en materia de libertad sindical, y expresó la esperanza de que esta asistencia fuera proporcionada en un futuro próximo. A este respecto, la Comisión toma nota con interés de que, con la asistencia del representante del Director General de la OIT en Guatemala y de la Oficina Subregional de la OIT en San José, se realizaron en 2013, tres talleres dirigidos a 109 inspectores de todo el país sobre las normas internacionales del trabajo, tres talleres sobre la OIT y las normas internacionales del trabajo, que contaron respectivamente con la asistencia de 70 inspectores de todo el país, 50 del noroccidente y 30 del centro y sur del país, y 11 talleres de capacitación dirigido a 288 inspectores de trabajo de todo el país sobre detección y referencia de casos de trata de personas bajo la normativa nacional e internacional. La Comisión pide al Gobierno que continúe tomando medidas para que los inspectores del trabajo reciban una formación adecuada para el desempeño de sus funciones.

En relación también con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota además con interés, de la información que obra en la memoria del Gobierno sobre el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), según la cual, con el respaldo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos y el Proyecto Cumple y Gana, se llevó a cabo el primer diplomado de actualización en Inspectoría de trabajo, seguridad y salud ocupacional, dirigido a 82 inspectores.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1994)

La Comisión reitera asimismo sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en la medida en que se guardan relación con el presente Convenio.

La Comisión toma nota de las observaciones del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), recibidas el 3 de septiembre de 2014. A este respecto, se refiere a sus comentarios bajo el Convenio núm. 81. Toma nota, además, de las observaciones formuladas por la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), recibidas en la Oficina el 22 de octubre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículo 6, 1), a) y b) y 2), artículos 21, 23, 24 y 27, e), del Convenio. Función de control de las condiciones de trabajo y de vida en las empresas agrícolas, asesoría ejercida por los inspectores en las mismas y frecuencia de las visitas de inspección. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno informaciones sobre el ejercicio de las funciones de control llevadas a cabo, incluyendo en las fincas productoras de banano y sus resultados, incluyendo en el contexto del cumplimiento de las disposiciones legales sobre la libertad sindical. El Gobierno indica que en 2013 se implementó el primer plan de inspecciones focalizadas y regionalizadas, durante el cual se desarrollaron 54 989 intervenciones, de las cuales 36 884 fueron atendidas por la sección de visitas y 18 105 por la sección de conciliaciones. En estas intervenciones se verificaron separadamente el pago del salario mínimo, la afiliación al seguro social y las peores formas de trabajo infantil en varios sectores, incluido el sector agrícola. Se realizaron intervenciones en 1 561 empresas agrícolas, exportadoras y de maquila, en las cuales se encontraron diez adolescentes de entre 14 y 17 años y ningún niño menor de esa edad. De las informaciones facilitadas por el Gobierno en su memoria, aparece que este plan hace uno solo con los operativos realizados en apoyo a la política nacional de seguridad alimentaria, para verificar el cumplimiento del pago del salario mínimo y demás prestaciones legales en las empresas agrícolas y agroexportadoras. La Comisión considera que la presentación de estas informaciones no permite además hacerse una idea clara de las actividades de control, y específicamente de las visitas de inspección llevadas a cabo por los inspectores del trabajo en las empresas agrícolas. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre las funciones de control y de información técnica y asesoría llevadas a cabo específicamente en las empresas agrícolas (incluidas las plantaciones de banano), como parte de la planificación ordinaria, incluyendo en el contexto de la aplicación de las disposiciones relativas a la libertad sindical, con indicación del número de visitas realizadas por los inspectores a las empresas, las infracciones constatadas y la legislación a la cual se refieren, las sanciones impuestas. Solicita también al Gobierno que proporcione informaciones sobre el número y situación de las empresas agrícolas sujetas a inspección (artículo 14, a), i)) y el número y categorías de las personas que trabajan en las mismas (artículo 14, a), ii)), los criterios con base en los cuales se planifican las visitas de inspección a las empresas agrícolas y las medidas adoptadas para que éstas sean realizadas con el esmero y la frecuencia necesarios para garantizar la aplicación de las disposiciones legales pertinentes, como está prescrito en el artículo 21 del Convenio.

Artículo 9, 3). Necesidad de una formación específica para los inspectores que ejercen funciones en la agricultura. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno adoptar sin demora las medidas necesarias para que los inspectores del trabajo que ejercen funciones en la agricultura reciban una capacitación inicial y una formación continua específica para el desempeño de sus funciones, que considere las particularidades humanas, medioambientales y técnicas de su actividad. El Gobierno comunica informaciones relativas a las capacitaciones organizadas para los inspectores a nivel nacional entre 2010 y 2013. Entre estas informaciones, la Comisión destaca que sólo una actividad de capacitación sobre el uso y aplicación del protocolo de inspección en la agricultura fue organizada en la ciudad de Guatemala, con la participación de 21 inspectores provenientes de diversas delegaciones entre el 26 y el 27 de julio de 2010. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas pertinentes para garantizar a los inspectores del trabajo una formación inicial y posibilidades de perfeccionamiento en el curso del empleo adecuadas para el desempeño de sus funciones en la agricultura, que tengan en consideración la evolución de la tecnología y de los métodos de trabajo (riesgos de accidente y patologías inherentes en particular al uso de máquinas e instrumentos y a la manipulación de productos y sustancias químicas).

Artículo 15, 1), b) y 2). Medios de transporte y reembolso a los inspectores de los gastos de viaje. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno describir los medios de transporte a disposición de los inspectores que ejercen funciones en la agricultura y el procedimiento para reembolsarles los gastos de viaje necesarios para el desempeño de sus funciones. La Comisión nota que el Gobierno no comunica información sobre los medios de transporte a disposición de los inspectores del trabajo. El Gobierno indica sin embargo, que se ha dado prioridad a sufragar entre otros, gastos de viáticos y combustible para los inspectores. En relación con el cobro de los viáticos, la Comisión observa que éste se hace caso por caso, a través de la presentación del formulario pertinente debidamente llenado, ante el supervisor, quien lo hace a su vez llegar a la delegada departamental, que a su vez lo traslada al inspector general del trabajo o al director departamental, para su firma. El inspector general del trabajo o el director departamental, según el caso, lo devuelve el día hábil siguiente. Una vez con la firma del superior jerárquico, la liquidación se envía al Departamento de Contabilidad de la Unidad de Administración Financiera del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La Comisión pide otra vez al Gobierno, que describa los medios de transporte de que disponen los inspectores del trabajo para el ejercicio de sus funciones en la agricultura y su repartición geográfica.

Artículos 26 y 27. Informe anual sobre la labor de los servicios de inspección en la agricultura. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado el informe anual. Insta al Gobierno a velar por que la autoridad central de inspección adopte las medidas necesarias para la publicación y la comunicación a la OIT en los plazos previstos en el artículo 26, de un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección en la agricultura, bien bajo la forma de un informe separado o como parte de su informe anual general, que contenga las informaciones prescritas por el artículo 27. La Comisión invita al Gobierno, a considerar la posibilidad de recurrir, en caso de ser necesario, a la asistencia técnica de la Oficina a estos efectos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guinea

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 1, 3, 4, 7, 10 y 11 del Convenio. Funcionamiento de la inspección del trabajo y medios puestos a su disposición. La Comisión recuerda que, desde 2005, expresa su preocupación en cuanto a la insuficiencia persistente de medios a disposición de la inspección del trabajo. Toma nota de que, en la primera memoria que se envió, en 2006, el Gobierno indicaba que se había dotada a la Inspección del Trabajo 80 nuevos funcionarios y solicitaba el apoyo de la OIT para la elaboración de un programa de formación de controladores y de inspectores del trabajo a fin de proporcionar las calificaciones necesarias a estos nuevos funcionarios. Sin embargo, la Comisión toma nota con preocupación de que, según el Gobierno, los medios de acción de la inspección del trabajo — además de la puesta a disposición de la Inspectora general del trabajo de un vehículo todo terreno — son muy escasos debido al plan de austeridad adoptado por el Gobierno. La Comisión señala que, por consiguiente, en 2011 sólo se llevaron a cabo 11 visitas de inspección técnica en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, parece que los inspectores dedican una gran parte de su tiempo a tareas que van más allá de sus funciones principales, como la solución de los conflictos laborales, la supervisión de las elecciones sindicales, la negociación de las reivindicaciones sociales, el estudio de los reglamentos internos de las empresas y la clasificación de los puestos. Por consiguiente, la Comisión toma nota de que no existe una distinción real entre la inspección del trabajo y la administración del trabajo. Además, con base en la memoria del Gobierno sobre el Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150), toma nota con preocupación de que según una encuesta del Comité nacional de lucha contra la corrupción y para la moralización de las actividades económicas y financieras (CNLC), realizada en 2004, la Inspección General del Trabajo es considerada como uno de los servicios públicos menos eficaces. La Comisión también toma nota de que, según la memoria del Gobierno en virtud del Convenio núm. 150, éste solicitó la asistencia técnica de la OIT para realizar un estudio sobre la organización y el funcionamiento del Ministerio de Trabajo y de la función pública, a fin de reagrupar los servicios de administración del trabajo en un mismo departamento y reforzar las capacidades de estos servicios, y que la validación de este estudio estaba prevista para el primer trimestre de 2012. La Comisión espera que a la ocasión de este estudio se haga una distinción clara entre las funciones de la administración del trabajo y las de la inspección del trabajo. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que tiene previsto adoptar las medidas necesarias para asignar más medios a los servicios de inspección del trabajo para que pueda ser eficaz, y que informará a la OIT cuando se reúnan las condiciones para ello.

La Comisión urge al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reforzar los recursos, el funcionamiento y la coordinación del sistema de inspección del trabajo a fin de que pueda responder a las exigencias del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para que progresivamente se descargue a los inspectores del trabajo de las funciones diferentes a las previstas en virtud del artículo 3, párrafo 1, del Convenio, a saber, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. Asimismo, invita al Gobierno a formalizar su solicitud de asistencia técnica a la OIT para la formación de nuevos inspectores y a que también pida apoyo a la OIT para la búsqueda de los recursos necesarios en el marco de la cooperación internacional a fin de proporcionar a la inspección del trabajo todos los medios necesarios, incluidos medios de transporte apropiados a las condiciones del país para que pueda realizar sus funciones. Solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre las medidas adoptadas o previstas a este efecto.

Artículos 5, 20 y 21. Informe anual de la inspección. La Comisión toma nota con preocupación de que, a pesar de sus solicitudes reiteradas, el Gobierno no ha proporcionado ningún informe de la Inspección del Trabajo desde que transmitió el informe que cubría el período de octubre de 1994 a octubre de 1995. En su última memoria en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, el Gobierno se limita a comunicar ciertas informaciones sucintas sobre las actividades de la inspección del trabajo. La Comisión recuerda su observación general de 2010 en la que subrayó la importancia esencial que atribuye a la publicación y comunicación a la OIT de un informe anual de inspección, que ofrece una base indispensable para la evaluación de los resultados en la práctica de las actividades de los servicios de la inspección del trabajo y también para la determinación de los medios adecuados para mejorar su eficacia. Además, en relación con su observación general de 2009, la Comisión recuerda que un registro de los establecimientos que se actualice de forma periódica debería permitir a la autoridad central de inspección establecer prioridades de acción con el fin de garantizar, al menos, la protección de los trabajadores más vulnerables, a saber, los que están más expuestos a los riesgos profesionales, y defender, con base en datos pertinentes de las autoridades financieras nacionales e internacionales, las necesidades en recursos humanos, materiales y logísticos de la inspección a fin de que, dentro de las posibilidades del país, se le asigne una partida presupuestaria apropiada. En cada estructura de la inspección del trabajo podrá elaborarse un programa de visitas en función de los medios disponibles, y podrán comunicarse informes periódicos de actividad, tales como los previstos en el artículo 19, a la autoridad central a fin de que se elabore el informe anual previsto por los artículos 20 y 21. A través de este informe se comunicarán a los interlocutores sociales, los otros órganos gubernamentales interesados y los órganos de control de la OIT los progresos y las insuficiencias del sistema de inspección del trabajo a fin de recabar sus opiniones con miras a introducir mejoras.

Por consiguiente, la Comisión urge al Gobierno a fomentar, como prescribe el artículo 5, a), del Convenio, la cooperación efectiva de los servicios de inspección del trabajo con otros servicios gubernamentales competentes (autoridades fiscales y de seguros sociales, entre otras) para establecer una cartografía de los establecimientos sujetos a control, registrarlos e indicar como mínimo su situación geográfica, la actividad que allí se realiza, el número y las categorías de trabajadores, así como el número de hombres y de mujeres. Expresa la esperanza de que estas medidas se adopten en un futuro próximo a fin de que la autoridad central de la inspección del trabajo pueda elaborar y publicar un informe anual sobre las actividades de inspección que contenga la información requerida en cada uno de los apartados a) a g) del artículo 21.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (ratificación: 1982)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 10 del Convenio. Funcionamiento de la administración del trabajo. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, según las cuales resulta difícil evaluar el sistema de administración del trabajo del país, habida cuenta de la dispersión de sus funciones entre diversos departamentos ministeriales. La Comisión toma nota con preocupación de las conclusiones del estudio del Comité Nacional de Lucha contra la Corrupción (CNLC), dedicado a la regeneración moral de las prácticas en las actividades económicas y financieras, estudio realizado en 2004 en colaboración con el Banco Mundial, el Comité de Usuarios y el Stat View International (SVI) y comunicado por el Gobierno. Según el resumen del estudio de dicho comité sobre el Plan de la gobernanza, el desvío de fondos públicos y la corrupción en el sector público parecen ocupar el primer lugar dentro de los problemas que afligen el país. En el estudio se señala que se considera que tan sólo funcionan bien tres departamentos ministeriales, entre los cuales no figura el Ministerio de Trabajo. En lo que respecta a la contratación en la administración pública, la memoria señala que el candidato más calificado no obtiene siempre el puesto al que se postula.

La Comisión toma nota en este contexto, de la información según la cual el Gobierno solicitó la asistencia de la OIT para llevar a cabo un estudio sobre la organización y el funcionamiento del Ministerio de Trabajo y de la Función Pública al objeto de reagrupar los servicios de la administración del trabajo dentro de un mismo departamento y de reforzar las capacidades de estos servicios, y que la aprobación de dicho estudio se había previsto para el primer trimestre de 2012. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien transmitir informaciones sobre las gestiones oficiales realizadas para beneficiarse de la asistencia de la Oficina, así como sobre todo progreso realizado en cuanto a la reorganización del sistema de administración del trabajo y su fortalecimiento en términos de funciones, de coordinación, de personal y de recursos financieros. La Comisión solicita igualmente al Gobierno que comunique copia del informe definitivo del CNLC con sus recomendaciones y que indique toda medida adoptada para dar curso a las mismas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guinea-Bissau

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 3, párrafo 1, 7, párrafo 3, 10, 11, 14 y 16 del Convenio. Funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que la aplicación del Convenio encuentra importantes y persistentes dificultades de orden económico y material. Señala asimismo que el número de inspectores es insuficiente y que la inspección general del trabajo y de la seguridad social atraviesa una carencia de medios de transporte. La Comisión cree asimismo comprender que el Gobierno no se encuentra en condiciones de garantizar una formación apropiada para el ejercicio de sus funciones a los inspectores del trabajo, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 7 del Convenio. Sin embargo, toma nota de la indicación, según la cual los inspectores se beneficiaron de algunas actividades de formación en el marco de la cooperación técnica de las estructuras de inspección del trabajo de la subregión y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). El Gobierno da cuenta también de las dificultades vinculadas con la compilación de datos estadísticos fiables sobre los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional, en razón de la subdeclaración de parte de los propios trabajadores. El Gobierno señala asimismo que trabaja para reunir las condiciones que permitan comunicar, de manera periódica, las informaciones disponibles sobre cada una de las cuestiones previstas en el artículo 21 y en la forma prescrita por el artículo 20, aunque encuentra dificultades de índole diferente y necesita, por ello, la asistencia técnica de la OIT para tal fin. En consecuencia, la Comisión invita al Gobierno a que dirija una solicitud formal de asistencia técnica a la OIT a los fines de la elaboración y de la publicación de un informe anual de inspección, como prescriben los artículos 20 y 21 del Convenio, así como a considerar la extensión de esta solicitud a la compilación y al registro de las informaciones estadísticas sobre los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional, y al establecimiento de una evaluación del sistema de inspección, dirigido a la determinación de los medios que han de ponerse en práctica para mejorar su eficacia. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar, junto a su próxima memoria, informaciones sobre toda evolución a este respecto.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guyana

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1966)

Artículos 20 y 21 del Convenio. Comunicación y contenido del informe anual de inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que el informe anual para 2012 sobre las actividades del Departamento de Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo (LOSHD) del Ministerio de Trabajo, Recursos Humanos y Seguridad Social, adjunto a la memoria del Gobierno, contiene información sobre las actividades de inspección del trabajo llevadas a cabo en 2012, como el número de visitas de inspección del trabajo, el número de violaciones detectadas, los temas con los que se relacionan y el número de casos llevados a los tribunales, así como el número de accidentes del trabajo que tuvieron lugar. Sin embargo, toma nota de que informaciones tales como el número de establecimientos industriales y comerciales sujetos a inspección y el número de trabajadores empleados en dichos establecimientos (artículo 21, c)), que son esenciales para evaluar en qué medida se aplica el Convenio, no están contenidas en el informe del LOSHD. En relación con su observación general de 2009, la Comisión destaca la importancia de establecer y actualizar un registro de establecimientos y de empresas sujetos a inspección y el número de trabajadores empleados en dichos establecimientos, que aportarían a las autoridades centrales de inspección del trabajo los datos que son fundamentales para preparar el informe anual. Tomando nota de la información comunicada en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), según la cual existen memorandos de entendimiento entre el Ministerio de Trabajo y varios organismos que realizan actividades similares (como el Régimen Nacional del Seguro, la Dirección de Ingresos de Guyana, etc.), la Comisión espera que el intercambio de datos con esas instituciones permita el establecimiento de un registro de establecimientos que dé cumplimiento a los objetivos asignados. Al tiempo que saluda los esfuerzos realizados por el Gobierno para aportar la mencionada información estadística, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas para establecer un registro de establecimientos sujetos a inspección y de los trabajadores empleados en dichos establecimientos, con miras a que la dirección central de inspección dé cumplimiento a su obligación de publicar y transmitir a la OIT un informe anual que contenga información completa sobre todos los temas que figuran en el artículo 21, a) a g) del Convenio. Recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea.

En ese sentido, la Comisión señala a la atención del Gobierno la valiosa orientación proporcionada en la parte IV de la Recomendación núm. 81 sobre la manera en que podría presentarse la información prevista en el artículo 21, para que refleje de manera provechosa la labor de la inspección del trabajo en la práctica.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1971)

La Comisión reitera asimismo sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en la medida en que guardan relación con el presente Convenio.

Artículos 6, 26 y 27 del Convenio. Actividades de la inspección del trabajo en el sector agrícola y contenido del informe anual sobre la labor de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de la información comunicada en el informe anual para 2012, sobre las actividades del Departamento de Trabajo y Seguridad y Salud en el Trabajo (LOSHD) del Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social, según la cual, a pesar del elevado número de accidentes del trabajo en las plantaciones de caña de azúcar en 2012 (423 de los 738 accidentes que tuvieron lugar en este sector) y el número constantemente elevado de huelgas durante los últimos diez años, la inspección del trabajo solo realizó, en 2012, una inspección para todo el sector.

Además, la Comisión toma nota de que el informe anual general sobre la inspección del trabajo transmitido por el Gobierno, sólo contiene una información sucinta sobre las actividades de los servicios de inspección del trabajo en la agricultura (esto es, el número de visitas de inspección en las plantaciones de caña de azúcar y en la agricultura, y el número de accidentes del trabajo en las plantaciones de caña de azúcar). En consecuencia, se ve obligada una vez más a observar que la información estadística comunicada por el Gobierno es insuficiente respecto del nivel de información requerido en el artículo 27, a) a g), y no permite que la Comisión evalúe la aplicación del Convenio en la práctica. En relación con sus observaciones generales de 2009 y 2010, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas adecuadas, si fuese necesario con la asistencia técnica de la Oficina, para permitir que la autoridad central de la inspección del trabajo incluya toda la información requerida en el artículo 27, a) a g), en un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección en la agricultura, ya sea como un informe separado, ya sea como parte de su informe anual general.

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 5. Funciones del comité tripartito. En la anterior solicitud directa de la Comisión, se pidió al Gobierno que indicara las funciones del comité tripartito presidido por el Ministro de Trabajo, así como las de los seis subcomités a los que se refirió en su memoria de 1999. El Gobierno declara en su respuesta que esta cuestión fue ya tratada exhaustivamente en relación con el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). Pese a que la Comisión no ha encontrado la información solicitada en la memoria del Gobierno, desea, no obstante, hacer hincapié en que las consultas tripartitas a las que se refiere dicho instrumento se distinguen claramente por su finalidad — actividades de la Organización Internacional del Trabajo — de las consultas tripartitas a las que se refiere el artículo 5 del presente Convenio, que se refieren a las diversas áreas de política nacional del trabajo. La Comisión solicita, por tanto, una vez más al Gobierno que señale las funciones del comité tripartito presidido por el Ministro de Trabajo, así como la de los subcomités que menciona en su memoria recibida en 1999, y que informe a la Oficina de cualquier otro acuerdo concertado a nivel nacional, regional y local para garantizar la consulta, la cooperación y la negociación previstas en el artículo 5. Le agradecería que tuviera a bien comunicar también copias de todos los informes o extractos de informes relativos a la labor de los diversos órganos tripartitos, su finalidad y sus resultados.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Haití

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1952)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Teniendo conciencia de las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno y de los esfuerzos que debe realizar para crear las condiciones necesarias para la aplicación del Convenio, la Comisión recuerda al Gobierno que, si así lo desea, puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT, incluso para un apoyo en la búsqueda de los recursos necesarios, en el marco de la cooperación internacional, con miras al establecimiento progresivo de un sistema de inspección del trabajo que responda a las exigencias del Convenio. Le solicita que tenga a bien comunicar informaciones acerca de cualquier gestión formal emprendida para tal fin.

Artículos 3, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 del Convenio. Ejercicio de las funciones principales de la inspección del trabajo. En relación con los comentarios anteriores de la Comisión, la CSI destaca la necesidad de una reforma del Código del Trabajo, especialmente en lo relativo al artículo 411, que prevé que los inspectores del trabajo comuniquen informaciones y brinden asesoramiento técnico a los empleadores y a los trabajadores «si es necesario».

La Comisión toma nota de que el Gobierno se propone modificar la expresión «si es necesario» del artículo 411, cuando se realice la refundición del Código del Trabajo, que se prevé efectuar con el apoyo técnico de la OIT, con miras a armonizar el mencionado Código con los convenios internacionales del trabajo ratificados por Haití. Además, el Gobierno subraya que, a pesar de la redacción del artículo 411 del Código del Trabajo, se efectúa regularmente el trabajo de inspección en Puerto Príncipe y en algunos departamentos del país, desde hace tres años.

La Comisión recuerda que la función de la inspección del trabajo no debe limitarse a reaccionar a las demandas de los trabajadores o de los empleadores, y que deberían inspeccionarse los establecimientos, anunciándose o no, con la frecuencia y el esmero necesarios en todo el país (artículo 16), con el fin de permitir que la inspección del trabajo cumpla con sus funciones principales, como las previstas en el artículo 3, párrafo 1. La Comisión toma nota de que la eficacia del sistema de inspección y la credibilidad de los inspectores ante los empleadores y los trabajadores, dependen en gran medida de la manera en que éstos últimos ejercen sus prerrogativas (derecho de entrada en los establecimientos, poder de ordenar lo que haya lugar de manera directa o indirecta, establecimiento de atestados, inicio de acciones judiciales, etc.) y respetan sus obligaciones (sobre todo, la probidad y la confidencialidad), como establecen los artículos 3, 12, 13, 15, 17 y 18 del Convenio.

La Comisión solicita al Gobierno que se sirva tener informada a la Oficina de todo progreso realizado en lo que atañe a la revisión del artículo 411 del Código del Trabajo, de modo que se reconozca la transmisión de informaciones y de asesoramiento técnico a los empleadores y a los trabajadores como una función permanente de la inspección del trabajo, de conformidad con el artículo 3, párrafo 1, b).

Además, la Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones detalladas, acompañadas de datos estadísticos sobre la planificación y la puesta en práctica de visitas sistemáticas de inspección, en todo el país, incluso en las zonas francas, así como sobre sus resultados (comprobaciones de infracción o de irregularidad, asesoramiento técnico e información, observaciones, órdenes, requerimientos, acciones legales iniciadas o recomendadas, sanciones impuestas y efectivamente aplicadas) y que indique todo obstáculo a la plena aplicación en la práctica de las prerrogativas y las obligaciones de los inspectores del trabajo.

Por último, la Comisión agradecería al Gobierno que tenga a bien comunicarle una copia del modelo de acta de inspección, así como algunos ejemplares de actas de inspección ya llenos.

Artículos 6, 8, 10 y 11. Personal y medios materiales a disposición de la inspección del trabajo. El Gobierno se refiere a los obstáculos encontrados en la aplicación del Convenio en la práctica, que, según su memoria, son legión: número insuficiente de inspectores del trabajo, habida cuenta del número, de la naturaleza y de la importancia de los establecimientos sujetos al control de la inspección, y de la complejidad de las disposiciones del Código del Trabajo en vigor; falta de medios logísticos; presupuestos que no permiten el otorgamiento de un salario razonable a los inspectores del trabajo; falta de vehículos para facilitar el transporte de los inspectores/inspectoras, que les permitan garantizar plenamente sus funciones; locales inaccesibles a determinadas personas (sobre todo discapacitados, por ejemplo).

Según la CSI, los servicios de inspección del trabajo siguen careciendo de medios para ser plenamente operativos y presentan lagunas en materia de organización en el terreno.

La Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas o previstas, incluido el recurso a la ayuda financiera internacional, para obtener los fondos necesarios al fortalecimiento de las capacidades del sistema de inspección del trabajo, especialmente a través del aumento del número de inspectores del trabajo y de los medios materiales y logísticos a disposición de la inspección del trabajo.

Además, en relación con el párrafo 209 de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, la Comisión, al tiempo que es plenamente consciente de las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno, debe, no obstante, señalar la importancia que reviste ofrecer a los inspectores del trabajo un trato correspondiente a la relevancia y a las características de sus funciones y permitirle progresar en su trabajo gracias a sus méritos personales. La Comisión solicita al Gobierno que indique todas las medidas adoptadas o previstas para mejorar la situación y las condiciones de servicio de los inspectores, de manera que correspondan a las condiciones de los funcionarios públicos que ejercen tareas comparables como, por ejemplo, los inspectores de impuestos.

Artículos 5, a) y 21, e). Cooperación efectiva con otros servicios gubernamentales y con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La CSI destaca la necesidad de comunicar datos estadísticos que permitan evaluar la existencia y las modalidades de colaboración con otros servicios gubernamentales y con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. El Gobierno se refiere, por su parte, a la cooperación entre la inspección del trabajo y otros servicios gubernamentales, como la Oficina Nacional del Seguro de Vejez (ONA), la Oficina del Seguro de Accidentes del Trabajo, Enfermedad y Maternidad (OFATMA), la Oficina de Protección de los Ciudadanos (OPC), así como las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa de los derechos de la persona humana. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre esta cooperación y sobre su impacto en la eficacia de la acción de la inspección del trabajo, con miras a la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión.

El Gobierno se refiere también a la cooperación entre la inspección del trabajo y el tribunal del trabajo, al que se envían los expedientes para la aplicación de las sanciones previstas en la ley, tras haberse levantado un acta por negativa al cumplimiento. La Comisión recuerda su observación general de 2007, en la que destacó la importancia de medidas que permitieran una cooperación efectiva entre el sistema de inspección del trabajo y el sistema judicial, con el fin de suscitar, de parte de las instancias judiciales, la diligencia y el tratamiento a fondo que deben acordar a las actas de los inspectores del trabajo, así como a los litigios relativos a las mismas áreas que los trabajadores o sus organizaciones les presentan directamente. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien transmitir datos estadísticos sobre el curso dado a las actas remitidas por la inspección del trabajo a las instancias judiciales y comunicar si se han adoptado o han previsto medidas para fortalecer la cooperación entre la inspección del trabajo y el sistema judicial, por ejemplo, mediante la creación de un sistema de registro de las decisiones judiciales, accesible a la inspección del trabajo, con el fin de permitir que la autoridad central utilice esas informaciones para alcanzar sus objetivos, e incluirlas en el informe anual, en aplicación del artículo 21, e) del Convenio.

Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para reforzar la colaboración entre la inspección del trabajo y las organizaciones de empleadores y de trabajadores (artículo 5, b)), incluso en el sector de la construcción que, en opinión del Gobierno, constituye una prioridad para la reactivación del país. La Comisión recuerda las orientaciones aportadas en los párrafos 4 a 7 de la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) respecto de la colaboración entre empleadores y trabajadores en lo que concierne a la salud y la seguridad.

Artículo 7, párrafo 3. Formación de los inspectores. En relación con los comentarios de la Comisión al respecto, la CSI señala las lagunas en materia de capacitación, mientras que el Gobierno da cuenta de algunos cursos de formación en 2008 y en 2011, con el apoyo de la OIT y de los proveedores de fondos internacionales. La Comisión agradecería al Gobierno que tenga a bien indicar las medidas adoptadas o previstas para desarrollar una estrategia de formación, y comunicar informaciones sobre la frecuencia, el contenido y la duración de las formaciones impartidas a los inspectores del trabajo, así como sobre el número de participantes y el impacto de estas formaciones en el ejercicio eficaz de las funciones de la inspección del trabajo.

Artículo 14. Notificación y registro de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional. La Comisión toma nota de los comentarios de la CSI sobre la necesidad de comunicar datos al respecto y de las informaciones transmitidas por el Gobierno, según las cuales los accidentes del trabajo se notifican a la inspección general de la OFATMA. La Comisión solicita al Gobierno que describa detalladamente el sistema de notificación de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional, y que indique las medidas adoptadas o previstas tras el terremoto, con el fin de compilar y transmitir datos estadísticos al respecto, incluso en el sector de la construcción.

La Comisión ruega encarecidamente al Gobierno que se sirva efectuar, como etapa preliminar a la preparación de un informe anual de inspección, y con el fin de evaluar la situación de los servicios de inspección del trabajo respecto de las necesidades, el censo y el registro de los establecimientos industriales y comerciales sujetos al control de la inspección del trabajo (número, actividad, tamaño y situación geográfica) y de los trabajadores empleados en los mismos (número y categorías), y tener informada a la Oficina de todo progreso realizado en este terreno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Honduras

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1983)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central General de Trabajadores (CGT), recibidas el 1.º de septiembre de 2014 y de la respuesta del Gobierno a las mismas, recibida el 27 de octubre de 2014.

Artículo 3, 2), del Convenio. Funciones de los inspectores en el ámbito de los conflictos laborales. En relación con sus comentarios anteriores acerca de las medidas adoptadas para garantizar que las funciones de conciliación o mediación ejercidas por los inspectores del trabajo no interfiera con el cumplimiento de sus funciones principales, la Comisión toma nota con interés de la información del Gobierno según la cual, los inspectores del trabajo no participan más en estas tareas, ahora a cargo del Servicio de Mediación y Conciliación Individual y Colectivo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Artículos 3, 1), 7, 10, 11, 16 y 24. Adecuación de los recursos humanos, medios financieros y materiales a las necesidades de inspección. En repuesta a sus comentarios anteriores sobre medidas implementadas con el fin de llevar a cabo una evaluación de las necesidades de los servicios de inspección del trabajo en relación con los recursos humanos y su capacitación, así como con los medios financieros y materiales, el Gobierno indica que la Ley del Servicio Civil regula la selección y reclutamiento de personal de la administración pública, la capacitación para los inspectores del trabajo y el presupuesto asignado por la administración central a la inspección del trabajo. Precisa por otra parte, que los cuatro vehículos asignados a las oficinas regionales, son de uso exclusivo para la realización de inspecciones de oficio. En sus observaciones, la CGT destaca que la inspección del trabajo está más debilitada, el número de inspectores es muy reducido (120), y la inspección dispone además de poca logística. En su respuesta a estas observaciones, el Gobierno estima que si bien es cierto que la Inspección General del Trabajo dispone de poca logística, esto no ha sido óbice para que realice su trabajo, como lo reflejan las estadísticas sobre las inspecciones realizadas entre 2005 y 2013. Refuta además, que hay 120 inspectores y precisa que hay actualmente 141 inspectores a nivel nacional, 137 de los cuales a título permanente y cuatro por contrato. La Comisión toma nota de las informaciones suministradas por el Gobierno en relación con la repartición geográfica de los inspectores, así como de las estadísticas sobre las visitas de inspección efectuadas entre 2005 y 2013. La Comisión lamenta que la actividad de la inspección ha estado enfocada de manera muy importante desde el 2005, a las inspecciones especiales o por denuncia (en 2009, por ejemplo, se realizaron 12 759 inspecciones por denuncia y 2 033 inspecciones de oficio. En 2013, 11 506 inspecciones se realizaron con motivo de una denuncia, mientras 6 037 inspecciones se realizaron de oficio). La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los establecimientos sujetos a inspección en virtud del Convenio, sean objeto de visitas de inspección con la frecuencia y el esmero exigidos para garantizar la aplicación de las disposiciones legales, de conformidad con el artículo 16 del Convenio. Pide, además al Gobierno, que suministre informaciones sobre el número y la distribución geográfica de los establecimientos sujetos al control de la inspección, y de los trabajadores ocupados en ellos, que precise el número de vehículos a disposición de los inspectores del trabajo o las facilidades de transporte de que se benefician en el ejercicio de sus funciones y su repartición geográfica, así como cualquier otra información útil para la evaluación, por parte de la autoridad competente, de las necesidades de la inspección del trabajo con respecto a recursos humanos (inspectores y personal administrativo), medios materiales, facilidades o medios de transporte.

Artículos 6 y 15, a). Necesidad de asegurar condiciones de servicio aptas para garantizar a los inspectores del trabajo la estabilidad en el empleo y la independencia con respecto a los cambios de gobierno y cualquier influencia indebida. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó nuevamente al Gobierno informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas con el fin de completar la legislación nacional mediante la inclusión de disposiciones legales expresas que garanticen al personal de inspección la estabilidad en el empleo y la independencia de los cambios de gobierno y de cualquier otra influencia indebida. El Gobierno se refiere en primer lugar, a las disposiciones constitucionales que prevén que el régimen de servicio civil regula las relaciones de empleo y la función pública, con base en los principios de idoneidad, eficiencia y honestidad y cuya administración está sometida a la Ley del Servicio Civil. Indica también que ésta regula las condiciones de ingreso a la administración pública, las promociones y ascensos con base en los méritos y aptitudes, la garantía de permanencia, el régimen de traslados, suspensiones y garantías, los recursos contra las decisiones que los afecten y establece también la independencia de los empleados públicos con respecto a los cambios de gobierno. El Gobierno informa, por otra parte, que a fines de 2013, se revisó y actualizó la estructura de los puestos en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SIARH), para verificar su impacto presupuestal y crear nuevas clases (inspector del trabajo, supervisor de inspección de trabajo y coordinador regional de trabajo), que se encuentran en proceso de definición. La Comisión señala a la atención del Gobierno, como lo hizo en el párrafo 201 a 216 de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, que es indispensable que la cuantía de la remuneración y las perspectivas de carrera de los inspectores sean tales que puedan atraer a un personal de calidad, retenerlo y protegerlo frente a toda influencia indebida. La Comisión pide al Gobierno que precise las medidas adoptadas con el fin de asegurar que todos los inspectores del trabajo gocen de estabilidad en el empleo, así como para garantizarles la independencia necesaria al ejercicio de las funciones de inspección y ponerlos al abrigo de toda influencia indebida (tales como mejoras en la escala de salarios, perspectivas de carrera). Pide también al Gobierno que informe sobre la evolución de la creación de las nuevas categorías de puestos de personal de inspección, así como, llegado el caso, su impacto con respecto a la independencia frente a influencias indebidas de que deben gozar los inspectores del trabajo.

Artículos 18 y 21, e). Sanciones adecuadas y efectivamente aplicadas. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proyecto de revisión del Código del Trabajo, que modifica el artículo 625, en virtud del cual se sanciona la obstrucción al cumplimiento de los deberes de los inspectores y la violación de las disposiciones legales que no prevén una sanción especial, no ha sido consensuado entre el Gobierno y los interlocutores sociales. En sus observaciones, la CGT afirma que el trabajador debe pagar para llevar un inspector cuando es despedido injustificadamente, pero la mayoría no tiene capacidad económica para hacerlo y las infracciones quedan en la impunidad. En su respuesta, el Gobierno no se pronuncia sobre esta cuestión. La CGT indica también que hay patronos que no dejan entrar a los inspectores del trabajo a empresas tales como las maquilas, los establecimientos de comidas rápidas, las empresas de seguridad, restaurantes, las empresas de aseo. El Gobierno afirma en su respuesta que si bien es cierto que algunos patronos no dejan entrar a los inspectores a los establecimientos, el artículo 625 del Código del Trabajo prevé una multa por obstrucción al cumplimiento de las funciones de los inspectores, sin perjuicio de cualquier acción penal, civil o laboral que corresponda. El inspector deja constancia de esta situación en su informe, para proceder al procedimiento pertinente y la sanción. A este respecto, la Comisión toma nota de la resolución emitida por la Inspección General del Trabajo, imponiendo multa a una empresa de seguridad privada, cuyo gerente no se presentó en tiempo debido a formular descargos y a aportar documentos. La Comisión destaca que, según las estadísticas proporcionadas por el Gobierno, el número de casos sancionados entre 2005 y 2013 es ínfimo, en relación con el número de casos no sancionados, y que el mismo ha sufrido además, una importante disminución entre 2005 y 2013. La Comisión señala, como lo hizo en el párrafo 295 de su Estudio General ya citado, la importancia que reviste disponer de sanciones pecuniarias suficientemente disuasivas, pese a la fluctuación de la moneda. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias con el fin de que se establezca un método apropiado de revisión de las sanciones pecuniarias previstas en caso de obstrucción a los inspectores en el desempeño de sus funciones y por incumplimiento de las disposiciones de la legislación laboral. Solicita también al Gobierno velar por la aplicación efectiva de dichas sanciones y comunicar en su próxima memoria estadísticas de las infracciones a la legislación laboral constatadas por los inspectores del trabajo (con indicación de la legislación a la cual se refieren) y de las sanciones impuestas.

Asistencia técnica. La Comisión toma nota de que el Gobierno solicitó a la Oficina asistencia técnica para realizar una auditoría sobre el funcionamiento del sistema de inspección del trabajo. La Comisión espera que la asistencia técnica solicitada será prestada próximamente y pide al Gobierno que informe sobre cualquier actividad emprendida en este contexto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

India

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1949)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central de Sindicatos Indios (CITU), recibidas el 4 de noviembre de 2014, que se refieren, entre otras cuestiones, a las enmiendas propuestas en el ámbito de aplicación de numerosas leyes laborales, las cuales según la CITU excluirán a un gran número de trabajadores de las leyes fundamentales del trabajo actualmente en vigor. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.

Legislación. La Comisión toma nota de que se solicitó a la Oficina que examinara el proyecto de ley sobre pequeñas fábricas (regulación del empleo y condiciones de servicio), de 2014. Toma nota de que la Oficina comunicó sus comentarios al Gobierno, en lo que se refiere también a la inspección del trabajo y a la seguridad y la salud en el trabajo (SST). La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre la adopción del proyecto de ley, así como sobre cualquier otra reforma legislativa prevista. La Comisión espera que el Gobierno continúe recurriendo a la asistencia técnica de la OIT con esta finalidad.

Artículos 10 y 16 del Convenio. Cobertura de los establecimientos por la inspección del trabajo. 1. La inspección del trabajo en el ámbito central y estatal. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno señaló que el Ministerio de Trabajo y Empleo estaba estudiando revisar la legislación laboral a fin de garantizar un entorno laboral sin acosos y reducir las injerencias innecesarias del personal de la inspección («Terminar con el Inspector Raj») y que se estaban adoptando medidas para que sea la presentación de quejas la que impulse principalmente el sistema de la inspección del trabajo. En este contexto, el Gobierno indicó anteriormente que esto no significa que no se efectuará el seguimiento a la aplicación de la legislación laboral: las visitas de inspección del trabajo se llevan a cabo, en efecto, en la esfera central y, contrariamente a lo indicado por la CITU, en la mayoría de los estados no se han dictado instrucciones impidiendo la realización de las mismas. En este contexto, la Comisión insistió en que cualquier medida para limitar el número de inspecciones del trabajo es una restricción incompatible con el principal objetivo de la inspección del trabajo, que es la protección de los trabajadores, y con el artículo 16 del Convenio, que establece que los lugares de trabajo o empresas sujetos a inspección deberán ser inspeccionados con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales pertinentes.

La Comisión toma nota de las estadísticas proporcionadas por el Gobierno en respuesta a su solicitud anterior relativa a las actividades de la inspección del trabajo y sus resultados en los ámbitos central y estatal. Por lo que respecta a las actividades de control del cumplimiento en el ámbito central, la Comisión toma nota de que, de la información estadística suministrada por el Gobierno, se deduce que el número de inspecciones del trabajo, infracciones observadas, procedimientos iniciados, y condenas en relación con la supervisión del cumplimiento de un cierto número de leyes, ha disminuido de 2010 a 2014. En relación con las actividades de control del cumplimiento en el ámbito de los estados, la Comisión considera que no puede evaluar adecuadamente el funcionamiento de la inspección del trabajo en los estados, dado que no se ha facilitado información sobre el número de lugares de trabajos y de trabajadores abarcados por la inspección del trabajo en cada estado, y que la información estadística relativa a la inspección del trabajo en los estados sólo se proporciona en relación con la aplicación de tres leyes. Por consiguiente, la Comisión no puede determinar si el Gobierno ha adoptado alguna medida para corregir los desequilibrios anteriormente observados, entre unos estados y otros, en la cobertura de los lugares de trabajo y de los trabajadores sujetos a la inspección. Al recordar nuevamente que en virtud del artículo 16, los establecimientos se deberán inspeccionar con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales pertinentes, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que se da pleno cumplimiento a esta disposición del Convenio. Solicita al Gobierno que siga facilitando información estadística sobre las actividades de la inspección del trabajo y sus resultados en el ámbito central y estatal, que debería ser lo más detallada posible, e incluya información sobre los establecimientos sujetos a la inspección del trabajo y los trabajadores empleados en ellos.

2. La inspección del trabajo en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y la tecnología de la información (IT) y en los servicios informáticos (ITES). La Comisión tomó nota anteriormente de las indicaciones del Gobierno en respuesta de las alegaciones del CITU y la Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), según las cuales se han llevado a cabo muy pocas inspecciones en estos sectores. Además, tomó nota de las indicaciones del Gobierno en el sentido de que no existe legislación independiente para las ZEE y que dichas zonas están sujetas a la inspección del trabajo, con algunas excepciones establecidas para algunas unidades de ZEE, tales como la delegación de poderes al comisionado para el desarrollo previstas en la Ley de Conflictos Laborales, de 1947. Asimismo, el Gobierno señaló que el cumplimiento de la legislación en los establecimientos de estos sectores se lleva a cabo mediante informes presentados por los empleadores en virtud de diversas leyes del trabajo. La Comisión toma nota que desde 2007 el Gobierno no proporciona respuesta sobre sus solicitudes anteriores relativas a la inspección del trabajo y al cumplimiento de las disposiciones legales en esos sectores. Por consiguiente, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que especifique las dispensas concedidas a algunas unidades de ZEE y el alcance de su impacto en la inspección del trabajo; agradecería asimismo al Gobierno que proporcione información estadística detallada sobre las empresas y los trabajadores en las ZEE, los inspectores del trabajo que las supervisan, las visitas de inspección efectuadas, las infracciones constatadas, las sanciones impuestas, los accidentes laborales y los casos de enfermedad profesional notificados.

Además, la Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre el número de informes presentados sobre la aplicación de la legislación laboral en el sector de la IT y las ITES, que remita copia de ejemplos pertinentes y que describa el proceso por el que estos informes son presentados y verificados por los inspectores del trabajo. La Comisión también solicita al Gobierno que facilite información sobre toda enmienda propuesta en virtud de las leyes del trabajo (dispensa a determinados establecimientos de presentar informes y de mantener registros), 1988.

3. Introducción de planes de autocertificación. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones formuladas por la CITU y la BMS con respecto al plan de autocertificación aplicado desde 2008, especialmente en relación con la ausencia de un mecanismo de verificación de la información transmitida mediante este procedimiento. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que en virtud de este mecanismo, se exige a los empresarios con una plantilla de hasta 40 trabajadores que expidan únicamente una autocertificación relativa al cumplimiento, mientras que las empresas de 40 o más trabajadores están obligadas a presentar una autocertificación debidamente compulsada por un contador público. Además, tomó nota de que el Gobierno indica que en 2008 se introdujo una nueva política de inspección, centrada en la inspección de las nuevas unidades sometidas a control de los inspectores de los empleadores en infracción de las disposiciones legales y a aquellos que no hayan presentado la autocertificación. La Comisión nota la información que figura en una publicación del Ministerio de Trabajo y Empleo, según la cual la autocertificación está prevista en 16 leyes laborales a nivel central. La Comisión toma nota que desde 2007 el Gobierno no ha proporcionado respuesta en relación con sus solicitudes anteriores a este respecto. Por consiguiente, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que suministre información sobre la repercusión del sistema de autocertificación introducido en 2008, en particular sobre la frecuencia, esmero y eficacia de las visitas de inspección, que indique los sectores en que la autocertificación es más común y que describa los mecanismos previstos para la verificación de la información suministrada por los empleadores en los planes de autocertificación, la gestión de los conflictos y las medidas adoptadas respecto a las infracciones que se hubieran detectado.

Artículo 6. Independencia e integridad de los inspectores del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que según la Organización Nacional de Industriales de la India (AIMO), cualquier propuesta para conceder atribuciones sustanciales a los inspectores del trabajo puede dar lugar a un problema de corrupción y de que el Gobierno ha adoptado medidas a fin de que el sistema de inspección se base en las quejas a fin de reducir la arbitrariedad. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha proporcionado respuesta alguna en relación con su solicitud anterior. La Comisión recuerda nuevamente que, en virtud del artículo 6 del Convenio, las condiciones de servicio del personal de la inspección, en particular sus salarios, deberían garantizarles su independencia frente a cualquier influencia exterior indebida. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique información sobre la escala de salario de los inspectores del trabajo en comparación con la remuneración que perciben otras categorías comparables de funcionarios públicos, como los inspectores fiscales.

Artículo 12, 1), a). Libre acceso de los inspectores a los lugares de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno tampoco ha transmitido información en relación con el anuncio anterior del Gobierno sobre la introducción de enmiendas en la Ley de Fábricas, de 1948, y en la Ley de Trabajadores Portuarios (Seguridad, Salud y Bienestar), de 1986, a fin de ponerlas de conformidad con las prescripciones establecidas en el artículo 12, 1), a), del Convenio, es decir, para establecer explícitamente el derecho de los inspectores del trabajo a entrar libremente en los establecimientos de trabajo. La Comisión toma nota asimismo de que tampoco el Gobierno ha hecho llegar ninguna respuesta en relación con los alegatos previos de la CITU de acuerdo con los cuales en el estado de Haryana no puede efectuarse ninguna inspección del trabajo sin autorización previa de la Secretaría del Trabajo, una autorización que nunca tiene lugar. En este contexto, la Comisión también toma nota de la información que publica el Ministerio de Trabajo y Empleo, según la cual el Gobierno tiene previsto establecer un sistema informatizado, con arreglo al cual se determinará de forma aleatoria qué inspector se encargará de visitar un establecimiento. La Comisión solicita al Gobierno que adopte sin más dilación las medidas necesarias para modificar la Ley de Fábricas (facultades de los inspectores) y la Ley de Trabajadores Portuarios (Seguridad, Salud y Bienestar), de forma que el derecho de los inspectores del trabajo a entrar libremente en los establecimientos de trabajo esté garantizado por la ley. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien suprimir todas las restricciones en la práctica, cuando proceda, en relación con el principio de la libre iniciativa de los inspectores para entrar en cualquier establecimiento sujeto a inspección. La Comisión agradecería al Gobierno que proporcione información sobre los planes antes mencionados para establecer un sistema informático que determine los establecimientos sujetos a inspección, y que proporcione información acerca de si, en virtud de este sistema, se autorizará también a los inspectores del trabajo a entrar por propia iniciativa y sin trabas en todo establecimiento sujeto a la inspección.

Artículo 18. Sanciones adecuadas. La Comisión tomó nota anteriormente de que el Gobierno ha señalado en repetidas ocasiones desde 2008 que las enmiendas destinadas a incrementar las sanciones impuestas en virtud de lo dispuesto en la Ley de Fábricas, de 1948 y en la Ley sobre los Trabajadores Portuarios (Seguridad, Salud y Bienestar), de 1986, siguen siendo objeto de estudio, cuyos textos finales correspondientes se enviarán a la OIT en cuanto sean adoptados. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado información al respecto en su presente memoria. La Comisión, en consecuencia, insta una vez más al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para que estas enmiendas sean adoptadas sin más dilación a fin de disponer de sanciones suficientemente disuasorias para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones relativas a las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores, y a que se envíen a la OIT copias de los textos finales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Israel

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1955)

Artículos 3, 1), b), y 14 del Convenio. Actividades preventivas en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Sector de la construcción. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el sector de la construcción ha sido identificado como el más peligroso y que la Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) ha llevado a cabo operaciones de inspección centradas en este sector, así como medidas de ejecución conjuntas de inspectores e investigadores de la unidad de investigación sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Otras medidas adoptadas incluyen una campaña mediática dirigida a prevenir los accidentes en razón de caídas, la elaboración de normas relacionadas con la formación de empresarios en el sector de la construcción, la introducción de regulaciones que requieren un plan de gestión de la seguridad en el lugar de trabajo y una mejor aplicación, a través del incremento de la aplicación de multas y sanciones. La Comisión también toma nota de la información contenida en los informes de la Administración de la SST, proporcionada por el Gobierno, según la cual el número de accidentes mortales aumentó (de 42 en 2009 a 52 en 2010 y a 64 en 2011), y más de la mitad de estos accidentes ocurrieron en el sector de la construcción. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar que el sector de la construcción se inspeccione de manera efectiva, y a que siga facilitando informaciones sobre las medidas adoptadas a este respecto. La Comisión pide al Gobierno que proporcione datos estadísticos sobre las visitas de inspección en el sector de la construcción y los resultados de estas inspecciones, así como sobre los accidentes del trabajo en el mismo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Kenya

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1964)

Asistencia técnica. Auditoría de las necesidades de la administración y la inspección del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que la OIT había realizado, en 2010, una auditoría de las necesidades de la administración y la inspección del trabajo, a raíz de la solicitud del Gobierno de asistencia técnica. La Comisión tomó nota de que el Gobierno señaló que estaba estudiando las recomendaciones formuladas tras dicha auditoría. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en la presente memoria de que, con respecto a las recomendaciones formuladas en la citada auditoría de 2010, está procurando formular normas y reglamentos que lleven a la práctica algunos artículos de la Ley de Empleo de 2007, de la Ley sobre Instituciones Laborales, de 2007, y de la Ley de Relaciones Laborales, de 2007. El Gobierno señala que, aparte de éstas, no se ha registrado ninguna otra novedad importante con respecto a las recomendaciones de auditoría de 2010. La Comisión solicita al Gobierno que prosiga e intensifique sus esfuerzos para dar cumplimiento, en la legislación y en la práctica, a las disposiciones del Convenio, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas en la auditoría de 2010, y a que siga suministrando información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

Artículos 3, 1), 4 y 5, b) del Convenio. Estructura del sistema de la inspección del trabajo, cooperación entre los servicios de la inspección del trabajo y vigilancia y control de la autoridad competente. La Comisión había tomado nota anteriormente de la auditoría de 2010, de la ausencia de funcionario o departamento con responsabilidad general sobre las diversas actividades de la inspección del trabajo, así como de la ausencia de una cooperación institucional entre el Departamento de Trabajo, la Dirección de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Fondo Nacional de la Seguridad Social. Los dos sistemas de inspección bajo el control del Departamento de Trabajo y la Dirección de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, funcionan de forma independiente, con una escasa cooperación o colaboración entre ellos. La auditoría de 2010 recomendó una cooperación más efectiva entre estos servicios de inspección a fin de facilitar el intercambio de datos sobre los establecimientos y la inspección y de alentar, en su caso, la consolidación o el intercambio de recursos, tales como oficinas y transportes. La auditoría sugirió también que el Gobierno debería considerar situar a la inspección del trabajo bajo la responsabilidad de un inspector jefe que sería responsable de la coordinación general de los servicios de la inspección del Ministerio de Trabajo. Teniendo en cuenta la ausencia de información sobre este punto en la memoria del Gobierno, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema de la inspección del trabajo bajo la supervisión y el control de una autoridad central. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre cualesquiera medidas adoptadas o previstas para dar cumplimiento a las recomendaciones mencionadas anteriormente.

Artículos 10, 11 y 16. Recursos humanos y medios materiales de la inspección del trabajo y eficiencia de las inspecciones. La Comisión toma nota de la declaración que consta en el Informe Anual del Comisario del Trabajo, de 2012, según la cual la dotación insuficiente de personal y, en particular, la falta de funcionarios técnicos (personal de la inspección) ha incidido negativamente en la eficiencia de la prestación de los servicios. El departamento cuenta con numerosas vacantes y, por ello, algunas de las oficinas del trabajo del país únicamente cuentan con un funcionario de la inspección o ninguno. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno señala en la memoria presentada en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129), que se está realizando una reforma de la administración civil, y que, en consecuencia, los departamentos dotados con insuficientes recursos y personal se verán beneficiados del personal transferido de los organismos que cuentan con un exceso de plantilla. La Comisión toma nota además de la indicación contenida en el Informe Anual de 2012-2013, de la Dirección de los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, según la cual una de las principales deficiencias que afrontan los funcionarios de este ámbito es la falta de transporte para llegar hasta todos los establecimientos de su competencia por la escasa dotación de personal para realizarlos. Esto ha propiciado que la mayor parte de las inspecciones efectuadas se realicen en un radio de acción limitado, accesible a bajo costo, por ejemplo a pie. La Comisión pide al Gobierno que haga cuanto le sea posible para dotar a la inspección del trabajo de los recursos presupuestarios que necesita para el cumplimiento efectivo de sus funciones. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas, en particular dentro del marco de las reformas en marcha del servicio civil, a fin de cubrir los puestos vacantes y garantizar que el número inspectores del trabajo es el idóneo en relación al número de establecimientos sujetos a inspección. La Comisión solicita también al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar a los inspectores los medios materiales y de transporte necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Líbano

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. Sin embargo, también toma nota de que esta memoria sólo contiene información en relación con los comentarios que la Comisión realizó en su anterior solicitud directa, pero no responde a los comentarios formulados en su observación. Por consiguiente, se ve obligada a repetir su observación que estaba formulada en los términos siguientes:

Artículo 3, párrafo 2, del Convenio. Funciones adicionales en materia sindical encomendadas a los inspectores del trabajo. Desde hace muchos años, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas destinadas a limitar la intervención de los inspectores del trabajo en las cuestiones internas de los sindicatos y confederaciones únicamente en los casos de quejas presentadas por un número considerable de afiliados. La cuestión fue planteada por la Comisión en relación con el artículo 2, párrafo c), del decreto núm. 3273, de 26 de junio de 2000, en virtud del cual la inspección del trabajo dispone de facultades de supervisión de las organizaciones y confederaciones profesionales, en todos los niveles, para verificar si éstas, en su funcionamiento, no exceden los límites establecidos por la ley, sus reglamentos y los estatutos. En una solicitud directa de 2002, la Comisión consideró que tales facultades se asemejaban a un derecho de injerencia en los asuntos internos de las asociaciones profesionales. El Gobierno anunció, entonces, que la cuestión podía solucionarse mediante una modificación del Código del Trabajo. No obstante, un memorándum del director general del Ministerio de Trabajo núm. 35/2, de fecha 12 de abril de 2006, reproduce en los mismos términos la disposición objeto de crítica.

En su versión presentada a la consideración de la OIT en 2007, el proyecto de Código del Trabajo preveía en su artículo 163, apartado 3, que el Departamento de Inspección del Trabajo, Prevención y Seguridad del Ministerio de Trabajo se encargaría del control de la aplicación de las leyes, decretos y reglamentos relativos a los términos y condiciones de trabajo y a la protección de los asalariados en el ejercicio de su profesión, incluidas las disposiciones de los convenios internacionales y de los convenios regionales con los países árabes ratificados, así como de manera más específica […] «3) llevar a cabo investigaciones como consecuencia de quejas relativas a los sindicatos y confederaciones en todos los niveles».

El Gobierno indica en su memoria de 2009 que esta disposición forma parte del artículo 161, 3), del proyecto de Código del Trabajo en su versión actual cuya finalidad es suprimir toda facultad de control de la inspección del trabajo en las cuestiones sindicales, que deberá atribuirse al consejo sindical. Señala que, en consecuencia, la competencia de la inspección del trabajo respecto de las organizaciones profesionales se limitará al examen de las quejas que sean presentadas por estas últimas. Esta interpretación del texto en cuestión, de ninguna manera deriva de su redacción actual y, por consiguiente, es indispensable revisar el texto de manera pertinente para evitar toda ambigüedad a este respecto. La Comisión, constatando que el proyecto de modificación del Código del Trabajo es objeto de discusión desde hace más de diez años, ruega al Gobierno que considere, en espera de su adopción definitiva, la anulación, en la forma prevista por la ley en cuestiones de esta índole, de la disposición del memorándum del director general del Ministerio de Trabajo núm. 35/02, de 12 de abril de 2002, en virtud del cual los inspectores del trabajo siguen teniendo facultades de fiscalización sobre las actividades de los sindicatos. La Comisión pide al Gobierno que comunique en su próxima memoria informaciones sobre los progresos alcanzados en ese sentido.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Luxemburgo

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1958)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó el 30 de junio de 2010, así como de los informes anuales de la Inspección del Trabajo y de las Minas (ITM), para 2007, 2008 y 2010, recibidos en la OIT el 21 de abril de 2011. Toma nota de la publicación, a través del sitio de Internet del ITM http://www.itm.lu/itm-rapport annuel, del informe anual, a partir del de 2004, lo que permite valorar la evolución del funcionamiento de la inspección del trabajo en cada ámbito.

La Comisión toma nota asimismo de la inclusión, en el informe anual, del Código de Deontología de la Inspección del Trabajo, adoptado el 11 de junio de 2008 y presentado como un documento dirigido a permitir a la Inspección del Trabajo y de las Minas, como institución y a su personal, la aplicación de normas de calidad en el terreno de la conducta profesional y de la ética.

De igual modo, la Comisión toma nota del establecimiento del «help center» de la ITM, en octubre de 2009. Se trata de un servicio informático nacional de consejo y de asistencia, que tiene por objetivo responder a todas las cuestiones que pueden plantearse los asalariados, así como los empleadores, sobre la legislación nacional. Siguiendo las informaciones contenidas en el informe anual de inspección para 2010, el «help center», accesible a través del portal de internet www.guichet.lu, ya permitió a los miembros de la inspección del trabajo, que actúan de manera desconcentrada a partir de las agencias regionales, centrarse en la recepción de los usuarios, así como en las encuestas en las empresas.

Artículos 3, párrafo 1), a), y 5 del Convenio. Modalidades de control de las condiciones de trabajo de los trabajadores desplazados temporalmente. La Comisión señala que el Código del Trabajo, adoptado en virtud de la ley de 31 de julio de 2006, fue modificado, en particular con la inclusión de las nuevas disposiciones de la ley de 21 de diciembre de 2007, que reforma la Inspección del Trabajo y de las Minas. El Código del Trabajo, en su nueva redacción, entró en vigor el 13 de junio de 2011.

La Comisión toma nota de la modificación del artículo 142-3 del Código, en virtud del cual las empresas extranjeras que ejerzan actividades en Luxemburgo sin tener un establecimiento estable y que empleen uno o varios trabajadores, estarán en adelante obligadas a comunicar a la ITM, en los más breves plazos (y ya no a solicitud de esta última, como ocurría con arreglo a la antigua disposición), los documentos descritos en el artículo 142-2; relacionados con la empresa y con los trabajadores ocupados en la misma. La Comisión cree comprender que esta modificación legislativa dará a la ITM la posibilidad de controlar las condiciones de trabajo de los asalariados concernidos desde el inicio de las actividades de la empresa en el territorio, y de hacer fracasar, así, las eventuales tentativas de abuso, en detrimento de los trabajadores empleados con contratos de corta duración.

Sin embargo, la Comisión señala en el informe anual de la ITM para 2010, que se emitieron 30 mandatos de puesta en conformidad con el nuevo artículo 142-3, nueve de ellos por parte de los agentes de la Oficina luxemburguesa de enlace de adscripción temporal (BLLD) (entidad resultante de la fusión del servicio de adscripción temporal y trabajo ilegal (SDTI) y de la oficina de enlace luxemburguesa), y 21 por los agentes de la administración de impuestos. La BLLD asume una función motriz y de organización en el marco de la célula interadministrativa de lucha contra el trabajo ilegal (CIALTI), estructura de geometría variable no institucionalizada, capaz de movilizar a los agentes provenientes de seis a ocho ministerios o administraciones, y que contribuye, así, activamente, según el informe anual, a las acciones llamadas «puñetazos», organizadas en las obras o en las empresas ya mencionadas en los comentarios anteriores de la Comisión. En 2010, se realizaron 17 acciones de control en materia de «trabajo clandestino organizado», durante los fines de semana, y tres acciones «después del trabajo», es decir, entre las 17 horas y las 21 horas. Los controles se centraron sobre el trabajo clandestino, así como sobre las horas extraordinarias. El informe anual señala, por otra parte, que, en el marco de las actividades de la división ASCAP de la administración de aduanas e impuestos realizadas en cooperación con la ITM, se realizaron 792 controles en el curso de los cuales se comprobaron y sancionaron 204 infracciones. Se impusieron 48 sanciones por trabajo clandestino y se labraron ocho actas por infracción a la legislación relativa al desplazamiento. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la cooperación transfronteriza en la que participa la BLLD tiene por objetivo combatir eficazmente las numerosas variantes, sin cesar cada vez más ingeniosas, de trabajo ilegal y contribuir concretamente a una misión de prevención de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores migrantes.

La Comisión solicita al Gobierno que precise la función de los agentes de control de la ITM en la preparación y el desarrollo de las acciones llamadas «puñetazos».

En relación con sus comentarios formulados en 2007 y reiterados en 2010, y comprobando que el Gobierno no comunicó las informaciones solicitadas respecto de la situación de los trabajadores extranjeros encontrados en situación irregular en el curso de los controles, especialmente en lo que atañe a la protección de los derechos derivados de su calidad de asalariados durante su período efectivo de empleo, la Comisión le solicita que tenga a bien comunicar esas informaciones.

La Comisión solicita al Gobierno que se sirva precisar de qué manera la cooperación transfronteriza en materia de control del desplazamiento de los trabajadores hace parte de una misión de prevención de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores migrantes.

Artículos 2 y 3. Campo de aplicación del Convenio y atribuciones del personal de la Inspección del Trabajo. En virtud del antiguo artículo L.611-1, del Código del Trabajo, «sin perjuicio de otras atribuciones que le hayan sido confiadas por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, la Inspección del Trabajo y de las Minas, se encarga especialmente: 1) de asegurar la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y convencionales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores asalariados en el ejercicio de su profesión, como las disposiciones relativas a la duración del trabajo, a los salarios, a la seguridad, a la higiene y al bienestar, al empleo de niños y adolescentes, a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, a la protección contra el acoso sexual durante las relaciones de trabajo, y otras materias conexas, en la medida en que el personal de la inspección del trabajo y de las minas se encarga de asegurar la aplicación de las mencionadas disposiciones […]». Esta disposición está en plena conformidad con los artículos 2 y 3, párrafo 1, del Convenio en lo que respecta al campo de aplicación del Convenio y a las atribuciones del sistema de Inspección del Trabajo (que se centran en las condiciones del trabajo y en la protección de los trabajadores).

La Comisión señala que, en virtud del nuevo texto sobre la cuestión (artículo 612-1 del Código), la Inspección del Trabajo y de las Minas se encarga en particular de velar y de que se haga velar por la aplicación de la legislación, «especialmente» sobre las condiciones de trabajo y la protección de los asalariados, lo que, al menos en la letra, relega a un plano secundario del campo de competencia de la Inspección del Trabajo las misiones de la Inspección del Trabajo, como las define el artículo 3, párrafo 1, del Convenio. Comprueba que los agentes de la Inspección del Trabajo se encargan, además de las funciones definidas por el artículo 3, de algunas otras funciones de control que no tienen relación con éstas, como la vigilancia y el seguimiento de la puesta en el mercado y de la utilización de productos en el país (ascensores, aparatos a presión en general, aparatos a gas, aparatos de levantamiento), que movilizan una gran parte de los recursos humanos y de medios logísticos de la institución.

En su Estudio General de 2006, Inspección del Trabajo, la Comisión recordó y subrayó que las funciones de inspección (control de las disposiciones legales previstas en el artículo 3, párrafo 1; la comunicación de informaciones y de consejos técnicos a los empleadores y a los trabajadores, así como a sus organizaciones; la contribución a la mejora de la legislación pertinente), son complejas y requieren formación, tiempo, medios y una gran libertad de acción y de movimiento (párrafo 69). Señala nuevamente a la atención del Gobierno que, con arreglo al artículo 3, párrafo 2, del Convenio, si otras funciones se encomiendan a los inspectores del trabajo, éstas no deberían entorpecer el cumplimiento efectivo de sus funciones principales o perjudicar, en manera alguna, la autoridad e imparcialidad que los inspectores necesitan en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores. En consecuencia, la Comisión invita al Gobierno a que adopte las medidas necesarias dirigidas a restablecer, sobre una base legal, el sistema de inspección del trabajo en sus funciones principales definidas en los artículos 2 y 3, párrafo 1, del Convenio, y a que comunique informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas a tal fin.

Solicita al Gobierno que tenga a bien indicar, además, la proporción de tiempo y de medios consagrados por los agentes de la Inspección del Trabajo para el ejercicio de las demás funciones respecto del tiempo y de los medios consagrados a las funciones definidas en el artículo 3, párrafo 1.

Artículo 12, párrafo 1. Alcance del derecho de entrada de los inspectores en los establecimientos sujetos a su control. La Comisión comprueba que, en virtud del artículo L.614-3. 1), apartado 1, del nuevo Código, «si existen indicios suficientes o motivos legítimos para considerar que un control del cumplimiento de las disposiciones legales sujetas a la competencia de la inspección del trabajo y de las minas se impone en las obras, en los establecimientos y en los inmuebles, así como en sus dependencias respectivas, los miembros de la inspección del trabajo deberán tener libre acceso y sin previo aviso, a cualquier hora del día y de la noche. Las acciones de control o de registro emprendidas en el lugar respetarán el principio de proporcionalidad en relación con los motivos mencionados». La Comisión toma nota de que esta disposición marca una regresión con respecto a la legislación nacional anterior. En efecto, con arreglo al artículo 13, 1), de la ley de 4 de abril de 1974 sobre la reorganización de la Inspección del Trabajo y de las minas, de conformidad con el artículo 12, párrafo 1 a), del Convenio, fue retomado por el artículo 612-1, 1), de la ley de 31 de julio de 2006, que prevé que «el personal de inspección y de control provisto de documentos justificativos de sus funciones, está autorizado a: entrar libremente sin aviso previo […]».

La Comisión considera que la subordinación de las visitas de inspección por el nuevo código a la existencia de indicios suficientes o de motivos legítimos, limita de manera contraria al Convenio el alcance del derecho de entrada de los Inspectores del Trabajo en los establecimientos y lugares de trabajo sujetos a inspección. La única condición para ese derecho debería residir, con arreglo al artículo 12, párrafo 1, en la obligación que tienen los inspectores de estar en posesión de documentos justificativos de sus funciones. El hecho de que un establecimiento o un lugar de trabajo esté sujeto a inspección es una razón suficiente en sí misma para el pleno ejercicio de este derecho, con miras a garantizar la aplicación efectiva del artículo 16, en virtud del cual «los establecimientos se deberán inspeccionar con la frecuencia y el esmero que sean necesarios para garantizar la efectiva aplicación de las disposiciones legales […]». La Comisión quisiera señalar por otra parte, que el reconocimiento a los inspectores de un derecho de libre entrada tal y como lo define el Convenio, permite además, que los inspectores del trabajo garanticen el respeto de su obligación de confidencialidad en cuanto a la fuente de toda queja y en cuanto a un vínculo eventual entre la visita y una queja (artículo 15, c)).

En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas dirigidas a restablecer en la legislación el derecho de entrada de los inspectores de trabajo en los lugares de trabajo y establecimientos sujetos a inspección, en toda la medida prevista en el artículo 12, párrafo 1), a), del Convenio, e indicar las medidas adoptadas a tal efecto.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Madagascar

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores Revolucionarios Malagasy (FISEMARE), recibidas en la Oficina el 31 de agosto de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Además, la Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 6, 7 y 11 del Convenio. Situación, condiciones de servicio y de trabajo de los inspectores del trabajo. Medios a disposición de la inspección del trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó su preocupación ante la situación descrita, no sólo por el Gobierno, sino también por el Sindicato Autónomo de Inspectores del Trabajo (SAIT), en cuanto a la indigencia de los medios materiales de la inspección del trabajo respecto de las funciones, tan numerosas como complejas, que tienen a su cargo los inspectores. Esta situación parecía verse agravada por una falta de consideración por parte de las autoridades respecto de los agentes de inspección del trabajo, lo que tuvo como consecuencia el debilitamiento de la institución pública a la que pertenecen y cuyo papel es el de garantizar el respeto de la legislación del trabajo. Los inspectores fueron, así, desacreditados a los ojos de los interlocutores sociales, no sólo en razón de la indigencia de sus medios, sino sobre todo por la fragilidad de su situación con respecto a la de otros funcionarios de nivel, calificaciones y responsabilidad comparables. La Comisión tomó nota, además, de que las raras informaciones comunicadas por el Gobierno sobre el funcionamiento de la inspección del trabajo en la práctica, denotan un desconocimiento manifiesto del valor y del papel socioeconómico de esta institución pública. Recordando que la independencia de los inspectores del trabajo respecto de todo cambio de Gobierno y de toda influencia exterior indebida, es uno de los principios clave inscritos en los convenios sobre la inspección del trabajo, la Comisión tomó nota de que los documentos comunicados por el SAIT, relativos a la destitución y al alejamiento geográfico de los inspectores del trabajo hacia zonas geográficas muy alejadas, en diciembre de 2009, es decir, el mes siguiente de su participación en una acción social confirmarían la opinión de la organización, según la cual estas medidas tendrían el carácter de sanciones por motivo de pertenencia o de actividad sindical.

La Comisión lamenta tomar nota de que la memoria del Gobierno se limita a indicar que, en razón del aumento del número de inspectores como consecuencia de las recientes graduaciones, se adoptaron medidas de reorganización a nivel de ministerio, acompañadas de la decisión de asignación en las regiones, sin ninguna consideración de pertenencia sindical. No obstante, según el Gobierno, las decisiones en materia de asignación fueron suspendidas ante la inestabilidad política. El Gobierno añade que el proyecto de decreto sobre el régimen particular del cuerpo superior de inspectores del trabajo, sigue esperando su adopción definitiva y su promulgación por las autoridades competentes, en razón de la actual coyuntura de crisis. La Comisión toma nota de que, por falta de ese decreto, los inspectores del trabajo se encuentran en la actualidad en un vacío jurídico en lo que respecta a su estatuto particular (dado que el decreto núm. 61-226, que crea un cuerpo de inspectores del trabajo y de leyes sociales, y que fija el estatuto particular de este cuerpo, parece haber sido derogado por la Ley núm. 2003-11, sobre el Estatuto General de los Funcionarios). La Comisión recuerda que el Consejo Superior de la Administración Pública ya aprobó, en 2007, este proyecto de decreto dirigido a mejorar las condiciones de trabajo de los inspectores, que, según el sindicato SAIT, serían netamente inferiores a la de otros cuerpos de funcionarios con calificaciones comparables y que ejercen funciones similares, como los administradores civiles, los inspectores de impuestos, etc., lo que constituiría, según el SAIT, una discriminación injustificada.

En los párrafos 218-219 de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, la Comisión se refirió a las situaciones en las que las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo se caracterizan por su gran fragilidad y donde los métodos de gestión de su carrera parecen obedecer más a un clima de suspicacia respecto de su probidad que a la intención de retenerlos en su función, incluso a través de traslados, sin entrar a considerar los efectos negativos que estos cambios pueden tener en su vida social y familiar. La Comisión debe destacar que la autoridad competente en el ámbito nacional debería velar por que los inspectores del trabajo sean tratados con todas las consideraciones que merecen las responsabilidades que asumen a diario y la función social que desempeñan, a saber, la mejora continua de las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión, y, como es ampliamente reconocido, la mejora de los resultados económicos de las empresas (observación general de 2010). Deberían poder aspirar legítimamente a perspectivas de carrera que valorizaran su antigüedad, su esmero y su compromiso, y ser sancionados por toda falta profesional de su parte, según su gravedad, de conformidad con reglas de procedimiento contradictorias que los protejan de toda decisión arbitraria. Como subrayó la Comisión en los párrafos 202 y 204 de su Estudio General de 2006, si su continuidad en el servicio o sus perspectivas de carrera dependen de consideraciones políticas, los inspectores no podrán obrar como exige su función, con total independencia. Es indispensable que la cuantía de la remuneración y las perspectivas de carrera, así como los medios materiales y la formación puestos a disposición de los inspectores sean tales que puedan atraer a un personal de calidad, retenerlo y protegerlo frente a toda influencia indebida.

La Comisión expresa nuevamente su viva esperanza de que el Gobierno emprenda un examen a fondo de los casos de traslado señalados por el sindicato SAIT. Solicita al Gobierno que se sirva tener informada a la Oficina de las medidas adoptadas al respecto e indicar si el Gobierno tiene la intención de revisar las decisiones de traslado en consideración, que están, por el momento, suspendidas.

La Comisión invita al Gobierno a que tome las medidas necesarias para que se adopte y promulgue, en los más breves plazos, el proyecto de decreto sobre el estatuto de los inspectores del trabajo, y a tener informada a la Oficina de todo progreso realizado en la materia.

La Comisión alienta vivamente al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT a los fines del restablecimiento de un funcionamiento normal del sistema de inspección del trabajo y de la identificación de los proveedores de fondos con ese objetivo.

Artículos 19, 20 y 21. Obligaciones en materia de informes. Coordinación por parte de la autoridad central de la sumisión de informes periódicos. La Comisión lamenta tomar nota de que la Oficina no ha recibido desde 1995 un informe de inspección anual refundido y de que las estadísticas que figuran en la memoria del Gobierno cubren únicamente la región de Analamanga. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno indica que hay dificultades en la recopilación y el envío de datos provenientes de otras regiones. Refiriéndose a su observación general de 2010, la Comisión recuerda la importancia que revisten la compilación y la publicación de informaciones sobre las actividades de inspección del trabajo en un informe anual para la evaluación del funcionamiento del sistema de inspección del trabajo, la identificación de las prioridades y la formulación de estimaciones presupuestales, en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión solicita al Gobierno que comunique copia de los informes de las oficinas locales de inspección (artículo 19) e indique la manera como se compilan y transmiten a la autoridad central estos informes, con el fin de identificar las fallas eventuales en el proceso de elaboración de un informe anual de inspección, de conformidad con los artículos 20 y 21 del Convenio.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de los comentarios formulados por el Sindicato Autónomo de Inspectores del Trabajo (SAIT) mediante una comunicación fechada el 26 de agosto de 2011. La Comisión solicita al Gobierno que comunique informaciones a este respecto.

La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha respondido a los anteriores comentarios de la Comisión, limitándose a reiterar los términos de su respuesta a la observación bajo el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). Él mismo reconoce, sin embargo, que la aplicación del Convenio encuentra dificultades y atribuye las mismas a la inexistencia de formación específica sobre la inspección del trabajo en las empresas agrícolas, en el plan de estudios de los estudiantes-inspectores en la Escuela Nacional de Administración de Madagascar (ENAM). La Comisión se refiere a éste respecto, al informe del Gobierno comunicado a la OIT en el 2009, en el cual afirmaba su voluntad de inscribir en el programa de formación de dicha escuela un curso especial en la materia. El Gobierno agregó además que se habían iniciado contactos con los responsables del ministerio interesado, pero que los trabajos habían sido suspendidos en razón de la crisis política por la que atravesó el país. La Comisión retoma la declaración de buena voluntad del Gobierno en el sentido de hacer respetar las disposiciones del Convenio, asociada a una solicitud de asistencia de la Oficina para tal fin.

La Comisión invita en consecuencia al Gobierno a formalizar su solicitud de asistencia técnica, esforzándose para proporcionar a la Oficina todas las informaciones útiles disponibles acerca de la situación concreta de la inspección del trabajo en las empresas agrícolas, sus recursos, su estructura, los medios logísticos de que dispone o puede disponer y los medios y facilidades de transporte disponibles. La Comisión ruega al Gobierno proporcionar asimismo informaciones sobre el número de inspectores que ejercen actividades en las empresas agrícolas y sobre la naturaleza de esas actividades, sobre las capacidades de la inspección del trabajo para establecer, en colaboración con otros órganos competentes de la administración pública, un registro nacional o registros locales de las empresas agrícolas, incluidas aquellas de las zonas francas. Finalmente se le ruega al Gobierno comunicar los datos disponibles más recientes sobre el número y la distribución geográfica de las empresas agrícolas y el número de trabajadores ocupados.

Refiriéndose al comentario del SAIT, en el cual asegura su total disposición a asumir su parte de responsabilidad en el esfuerzo de realización de la Agenda del trabajo decente, la Comisión le agradecería al Gobierno que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas para iniciar, con el apoyo de los interlocutores sociales, las gestiones necesarias para el establecimiento progresivo de un sistema de inspección del trabajo en la agricultura.

La Comisión solicita finalmente al Gobierno que proporcione información relativa a las gestiones realizadas ante el ministerio de tutela de la ENAM para que se introduzca en los cursos de formación alumnos-inspectores del trabajo un módulo de inspección del trabajo destinado al ejercicio de esta función en las empresas agrícolas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malasia

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1963)

Artículos 3, 2), y 5, a), del Convenio. Funciones que se encomiendan a los inspectores del trabajo y cooperación con otras entidades gubernamentales. La Comisión tomó nota con anterioridad que a partir de la enmienda de 2010 de la Ley de 2007 contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, los funcionarios del trabajo han asumido funciones de control en este ámbito. También tomó nota de las indicaciones que figuran en los informes anuales del Departamento de Trabajo de Sabah, Sarawak y Malasia Peninsular, según las cuales, tras estas enmiendas, los funcionarios del trabajo asumieron funciones de aplicación en este terreno.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su memoria, según la cual el Departamento de Trabajo coopera y colabora con otros organismos gubernamentales, incluidos la policía y el Departamento de Inmigración, y se encomendó a los inspectores la participación en actividades de formación a cargo de estas instituciones. La Comisión también toma nota de la información que figura en el informe del Ministerio de Recursos Humanos, de 2012, en la que se indica que el Ministerio gestionó un total de 39 casos en virtud de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, en 2012. Ocho de estos casos incluyen el impago de salarios por un período de más de tres meses, y, como consecuencia de las investigaciones, se pagaron posteriormente los salarios adeudados. Sin embargo, la memoria indica también que, en los demás casos investigados, se entregó a 30 personas al Departamento de Inmigración para ser enviados a su país de origen. Además, la Comisión toma nota de la indicación que figura en la memoria, bajo el título de Estadísticas de trabajo y recursos humanos, de 2012, según la cual el número de quejas recibidas sobre «el empleo ilegal y el trato indebido de los empleados migrantes» descendió de manera significativa entre 2009 y 2012. Señala, en este sentido, que este informe no establece ninguna distinción entre las quejas relacionadas con el trato y las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes y las quejas recibidas sobre el empleo ilegal.

En cuanto a los párrafos 76-78, de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo, la Comisión desea destacar que la función principal de los inspectores del trabajo es asegurar la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores, y no aplicar la legislación sobre inmigración. De conformidad con el artículo 3, 2), del Convenio, sólo deberían asignarse funciones adicionales a los inspectores del trabajo, en la medida en que no interfieran con sus funciones principales y no ocasionen en modo alguno ningún perjuicio a la autoridad y a la imparcialidad, necesarias para los inspectores en sus relaciones con los empleadores y los trabajadores. A este respecto, la Comisión recuerda que encomendar a los inspectores del trabajo la función de aplicación de la legislación sobre inmigración, puede no conducir a la relación de confianza necesaria para conseguir la cooperación de empleadores y trabajadores con los inspectores del trabajo. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que la aplicación de la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes por parte de los funcionarios del trabajo, no perjudique el cumplimiento efectivo de sus funciones principales y no comprometa la relación de confianza con los empleadores y los trabajadores. La Comisión también solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las acciones llevadas a cabo por la inspección del trabajo en la aplicación de las obligaciones de los empleadores hacia los trabajadores migrantes, incluidos aquellos que se encuentran en una situación irregular, como el pago de los salarios, la seguridad social y otras prestaciones. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información estadística específicamente sobre las quejas relativas al trato indebido de los trabajadores migrantes, desglosada de la información sobre las quejas vinculadas con el empleo ilegal.

Artículos 20 y 21. Obligación de publicar y comunicar un informe anual sobre la labor de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que no se recibió un informe anual de la labor de los servicios de inspección del trabajo. Toma nota también de que algunos elementos relacionados con los temas previstos en el artículo 21, a) a g), del Convenio, están contenidos en los informes disponibles en el sitio web del Ministerio de Recursos Humanos (bajo el título de Estadísticas sobre trabajo y recursos humanos, de 2012, informe anual del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2012, e informe del Ministerio de Recursos Humanos, de 2012), como la información relativa al número de establecimientos registrados, el número de establecimientos inspeccionados, el número de procesamientos llevados a cabo y las estadísticas vinculadas con los accidentes del trabajo. Sin embargo, estos informes no contienen estadísticas sobre el personal de la inspección del trabajo o sobre el número de trabajadores empleados en los establecimientos sujetos a inspección, y son breves las estadísticas relativas a las violaciones y a las sanciones impuestas. En este sentido, la Comisión recuerda que esos datos deben publicarse como parte integrante de un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección del trabajo y comunicarse a la OIT (artículo 20, 1), del Convenio). La Comisión solicita una vez más al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se publique un informe anual que contenga información sobre cada uno de los temas que figuran en la lista del artículo 21, incluida la información sobre las actividades de la inspección del trabajo llevadas a cabo en Malasia Peninsular, Sarawak y Sabah, y para que dicho informe se transmita a la Oficina.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malawi

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1965)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 4, párrafo 1, del Convenio. Necesidad del restablecimiento de una autoridad central investida de funciones de control y facultades de supervisión en el sistema de inspección del trabajo. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales aún no se han aplicado las recomendaciones formuladas por la Misión de asistencia técnica de la OIT tras su visita al país en 2006, ni la auditoría correspondiente (auditoría 2006 de la inspección del trabajo), debido al retraso en el proceso de reestructuración de funciones del Ministerio de Trabajo. El Gobierno reitera su compromiso de aplicar las recomendaciones de la auditoría de la inspección del trabajo de 2006 (por etapas) y se refiere al reciente nombramiento del funcionario superior encargado de cuestiones de trabajo, que encabezará y coordinará el departamento de trabajo del Ministerio, como parte de las recomendaciones para el restablecimiento de una autoridad central de inspección del trabajo. No obstante, el Gobierno no proporciona ninguna otra información en relación con las etapas de aplicación mencionadas, ni tampoco facilita información en relación con las medidas anunciadas en su memoria comunicada a la OIT en 2007.

La Comisión recuerda que una de las recomendaciones principales de la Misión de asistencia técnica se refería a la creación de una unidad especial de la inspección del trabajo o al fortalecimiento de las existentes en el Ministerio de Trabajo (en la actualidad, existe un departamento encargado de las inspecciones en materia de seguridad y salud (SST), y otro encargado de las condiciones generales de trabajo) para que pueda cumplir una función más importante en el establecimiento de los objetivos anuales, la supervisión del desempeño por las oficinas en el terreno y las oficinas de la sede, así como la evaluación de la calidad de las inspecciones. La Comisión recuerda a este respecto de sus observaciones anteriores, que el presupuesto y la financiación de la inspección del trabajo se ha descentralizado de tal manera que cada oficina recibe fondos directamente del servicio de tesorería con arreglo a las prioridades que este servicio establece. Por consiguiente, las oficinas dotadas de motocicletas o vehículos a motor se hacen cargo de los gastos de combustible y mantenimiento, y el Ministerio se limita a recibir informes de las actividades realizadas. Con base en esta información, la Comisión observa que la propia noción de autoridad central de la inspección del trabajo parece haber perdido todo su significado, ya que la reducida función que mantiene el Ministerio consiste en recibir los informes de actividades de las oficinas de inspección del trabajo, sin ningún poder para determinar las necesidades de los servicios de inspección del trabajo en términos de medios financieros y materiales, con miras a que funcionen adecuadamente.

Además, la Comisión recuerda las conclusiones de la auditoría de la inspección del trabajo de 2006 en las que se indica que no existen obstáculos inherentes o estructurales para el funcionamiento de un servicio de inspección del trabajo eficaz; aunque hay espacio para la mejora en particular en las políticas, la planificación, los procedimientos de gestión, las comunicaciones, los equipos, y la formación, y esto podría hacerse racionalizando, simplificando y consolidando las funciones de la inspección del trabajo o la estructura en el terreno, añadiendo un mínimo de recursos financieros. Por último, la Comisión recuerda que la auditoría de inspección de 2006 recomendó que un grupo departamental de alto nivel que incluya todas las unidades competentes del Ministerio de Trabajo esté encargado del seguimiento de esas recomendaciones.

Al referirse a sus reiteradas solicitudes a este respecto, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que proporcione información detallada acerca de las medidas y etapas anunciadas en el marco del seguimiento dado a las recomendaciones de la auditoría de la inspección del trabajo de 2006.

Sírvase indicar si se ha confiado a un comité o grupo de trabajo el seguimiento de esas recomendaciones y suministrar información sobre la participación de los interlocutores sociales en este proceso.

La Comisión insta nuevamente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el sistema de inspección del trabajo funcione bajo la vigilancia y control de una autoridad central (artículo 4), y se dote de los recursos humanos necesarios, tanto en número como en calificaciones (artículos 6, 7 y 10) y de los medios materiales de trabajo necesarios para el ejercicio de sus funciones (artículo 11), y que mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan en la legislación y en la práctica a este fin.

En vista del retraso en la aplicación de las recomendaciones de 2006 y para superar todas las dificultades encontradas a este respecto, la Comisión sugiere que el Gobierno solicite nuevamente la asistencia técnica de la OIT, con miras al establecimiento progresivo de un sistema de inspección del trabajo que cumpla con los requerimientos del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre toda medida adoptada oficialmente con éste objetivo.

Artículos 20 y 21. Informe anual sobre las actividades de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota, una vez más, de que no se ha recibido el informe anual (el último informe anual correspondía a los años 2000-2002) y que la memoria del Gobierno no incluye información estadística alguna, circunstancia que hace imposible evaluar el grado actual de la aplicación del Convenio. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo publicará pronto un informe anual y que enviará una copia a la Oficina. Al recordar que una de las recomendaciones formuladas en la auditoría de la inspección del trabajo de 2006 se refería al establecimiento de un registro de empresas, la Comisión desea señalar que también puede solicitarse la asistencia técnica para la realización de un censo de empresas sujetas a inspección con miras a establecer un registro de lugares de trabajo, un requisito esencial, como puso de relieve la Comisión en el párrafo 326 de su Estudio General de 2006, Inspección del trabajo y en su observación general de 2009, para la elaboración del informe anual y que, además, puede ser una importante herramienta para evaluar la eficacia de las oficinas exteriores y de su personal. La Comisión solicita al Gobierno que haga todo lo posible para permitir a la autoridad central del trabajo que publique y remita a la OIT un informe anual de inspección (artículos 20 y 21 del Convenio), y que indique las medidas adoptadas a este respecto. Solicita al Gobierno que, en todo caso, proporcione con su próxima memoria información estadística tan detallada como sea posible (establecimientos industriales y comerciales sujetos a inspección, número de inspecciones, infracciones observadas y las disposiciones legales a las que se refieren, etc.).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión se remite a sus comentarios en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), en la medida en que tengan relación con la aplicación del presente Convenio.

Artículo 7 del Convenio. Necesidad de restablecer una autoridad central investida de funciones de control y facultades de supervisión del sistema de inspección del trabajo en la agricultura. La Comisión toma nota de la información que proporciona el Gobierno en su memoria en virtud del Convenio núm. 81, según la cual recientemente se nombró un funcionario jefe de asuntos laborales para dirigir y coordinar el Departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo. Según el Gobierno, este nombramiento se ha realizado en respuesta a las recomendaciones realizadas tras una misión de asistencia técnica de la OIT de 2006 (auditoría de la inspección del trabajo 2006). La Comisión se refiere a sus observaciones anteriores en virtud de los Convenios núms. 81 y 129, especialmente a la necesidad de restablecer una autoridad central de inspección del trabajo encargada de establecer objetivos anuales y controlar el rendimiento a través de estructuras de la inspección del trabajo, así como de determinar las necesidades de recursos materiales y financieros con miras a su funcionamiento adecuado. Asimismo, recuerda que las recomendaciones de la auditoría de la inspección del trabajo de 2006 incluyen la necesidad de reforzar la inspección del trabajo en las empresas agrícolas con miras a garantizar el trabajo decente en el sector económico del país que resulta más atractivo para las inversiones extranjeras.

En relación con sus reiteradas solicitudes a este respecto y los comentarios de la Comisión en virtud del Convenio núm. 81, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información sobre las medidas que se ha indicado que se llevarán a cabo en seguimiento de las recomendaciones de la auditoría de la inspección del trabajo de 2006. Asimismo, solicita al Gobierno que mantenga informada a la OIT sobre todas las medidas previstas o adoptadas para su implementación, en la medida en la que tengan relación con la inspección del trabajo en la agricultura.

La Comisión pide de nuevo al Gobierno que adopte todas las medidas esenciales para garantizar que el sistema de inspección del trabajo en la agricultura esté bajo la supervisión y el control de un organismo central y disponga de los recursos humanos y las condiciones materiales de trabajo adecuados para las necesidades específicas del sector agrícola. Asimismo, solicita al Gobierno que la mantenga informada sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

Artículos 26 y 27. Informe anual de las actividades de la inspección del trabajo. Aunque el Gobierno sigue sin comunicar ningún informe anual ni estadísticas sobre las actividades de la inspección del trabajo en la agricultura, la Comisión toma nota de que, tal como indica el Gobierno, el informe anual de la inspección del trabajo, se publicará pronto y se comunicará a la OIT, incluyendo información sobre la labor de la inspección del trabajo en la agricultura. La Comisión solicita al Gobierno que haga todos los esfuerzos necesarios para que la autoridad central de inspección del trabajo pueda publicar y comunicar un informe anual de la inspección del trabajo que cubra la inspección en la agricultura y que indique las medidas adoptadas a este respecto. Pide al Gobierno que, en cualquier caso, en su próxima memoria transmita información estadística que sea todo lo detallada posible (lugares de trabajo agrícolas sujetos a inspección, número de inspecciones que se realizan en ellos, infracciones detectadas y disposiciones legales relacionadas, etc.).

Actividades de la inspección del trabajo cuyo objetivo es el trabajo infantil. La Comisión toma nota de que, según el Plan nacional de acción sobre el trabajo infantil del ministerio de trabajo para 2009-2016, comunicado junto con la memoria del Gobierno en virtud del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), se estima que 1 400 000 niños son víctimas del trabajo infantil en Malawi, y que un 52 por ciento de éstos trabajan en el sector agrícola. La Comisión pide de nuevo al Gobierno que transmita información sobre las actividades de inspección en el ámbito de la lucha contra el trabajo infantil.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Marruecos

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1958)

I.Seguimiento de la asistencia técnica

Mejoras en la aplicación del Convenio. La Comisión toma nota de la asistencia técnica de la OIT proporcionada en el marco del programa de actividades acompañadas de plazos relativas a las normas internacionales del trabajo, financiado por el programa de duración determinada sobre las normas internacionales del trabajo financiados por la Cuenta de Programas Especiales (SPA), establecido por el Consejo de Administración en su 310.ª reunión. A ese respecto, toma nota, en particular, de que se obtuvieron los siguientes resultados.

Artículo 7 del Convenio. Formación de los inspectores del trabajo en materia de derechos fundamentales en el trabajo. La Comisión toma nota de la realización de un proyecto de asistencia técnica sobre el fortalecimiento de la eficacia de la inspección del trabajo, entre la OIT y el Gobierno, que consiste en un programa de formación centrado principalmente en los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Toma nota con interés de que, en el marco de este proyecto: i) se realizaron, en 2013, 20 talleres en las diferentes regiones de Marruecos, que permitieron la formación de 500 inspectores del trabajo; y ii) se publicará próximamente una guía sobre los derechos fundamentales dirigida a los inspectores del trabajo de Marruecos. Toma nota de que una de las conclusiones de los debates en el taller, formuladas en el marco del coloquio tripartito sobre el Código del Trabajo, en septiembre de 2014, se refiere a la consolidación de la función del Instituto Nacional de Trabajo y Previsión Social en materia de formación de los inspectores. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre el impacto de los conocimientos adquiridos por los inspectores del trabajo en materia de derechos fundamentales en el trabajo sobre la aplicación de la legislación correspondiente (comprobación de las infracciones en la materia, las actas levantadas y los casos presentados a los fiscales para el inicio de acciones judiciales, etc.).

Artículos 20 y 21. Informes anuales sobre las actividades de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota con interés de que, por primera vez en cinco años, se recibieron informes anuales sobre la inspección del trabajo en el sentido del Convenio y que contienen estadísticas detalladas para 2012 y 2013 sobre la mayoría de los temas enumerados en el artículo 21. El informe de 2012 incluye asimismo datos sobre las enfermedades profesionales compilados en 30 de los 51 departamentos a cargo del empleo, en el Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales (delegaciones regionales del empleo). La Comisión toma nota con interés de que una de las conclusiones de los debates en el taller, formuladas en el marco del coloquio tripartito sobre el Código del Trabajo, en septiembre de 2014, trata de la instauración de un sistema de información relativo a la acción de la inspección del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para la instauración de un sistema de información sobre las actividades de la inspección del trabajo. Solicita al Gobierno que se sirva velar por que se sigan publicando y comunicando a la Oficina, con carácter regular, los informes anuales de inspección, y que éstos incluyan informaciones sobre todos los temas comprendidos en el artículo 21, a) a g), incluidas las estadísticas sobre los casos de enfermedad profesional.

II. Otras cuestiones

Artículo 3, párrafo 2. Funciones adicionales de los inspectores del trabajo. La Comisión tomó nota con anterioridad de que los inspectores del trabajo parecen pasar una parte importante de su tiempo en la solución de conflictos individuales y colectivos, con la movilización potencial de un gran porcentaje de los recursos humanos y de los medios que deberían dedicarse fundamentalmente a las principales funciones de la inspección del trabajo. A este respecto, el Gobierno indica en su memoria que los inspectores del trabajo dedican las mañanas a dar cumplimiento a la función de control, reservando el resto de la jornada a trabajos administrativos y a la solución de conflictos. En ese sentido, la Comisión toma nota de que, según las estadísticas comunicadas en los informes anuales sobre la inspección del trabajo, las visitas de inspección aumentaron considerablemente, de 17 871, en 2011, a 32 526, en 2013. Toma nota asimismo de que parece haberse producido asimismo una mayor implicación de los inspectores del trabajo en la conciliación de los conflictos individuales. Al respecto, la Comisión recuerda las orientaciones que figuran en el párrafo 8 de la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), según las cuales «las funciones de los inspectores del trabajo no deberían incluir las de conciliador o árbitro en conflictos del trabajo». La Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias para poner remedio a esta situación de tal manera que, de conformidad con el artículo 3, párrafo 2, del Convenio, las funciones adicionales de conciliación y administrativas encomendadas a los inspectores del trabajo, no sean un obstáculo al ejercicio de sus funciones principales. A este respecto, solicita al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre el tiempo dedicado a las funciones principales en virtud del artículo 3, párrafo 1, del Convenio, en relación con otras funciones de la inspección del trabajo.

Artículos 6, 17 y 18. Procedimiento de las infracciones y sanciones efectivamente aplicadas, e independencia de los inspectores del trabajo de cualquier influencia exterior indebida. La Comisión toma nota de las estadísticas contenidas en los informes anuales de inspección para 2012 y 2013, según los cuales el número de actas levantadas es relativamente bajo comparado con el número de infracciones detectadas (en 2012, se formularon 814 708 observaciones sobre la aplicación de la legislación; se detectaron 9 692 infracciones y se levantaron 487 actas; en 2013, se formularon 842 749 observaciones, se detectaron 5 897 infracciones y se levantaron 273 actas). Además, la Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la guía sobre los derechos fundamentales, según las cuales el número de infracciones pertinentes observadas, sigue siendo excepcionalmente bajo. Además, toma nota de que el artículo 17 del dahir núm. 1-58-008, sobre el Estatuto General de la administración pública, prevé que «cualquier falta cometida por un funcionario en el ejercicio o durante el ejercicio de sus funciones, lo expone a una sanción disciplinaria, sin perjuicio, cuando proceda, de las penas previstas en el Código Penal». Recordando la importancia de garantizar a los inspectores del trabajo condiciones laborales que los hagan independientes de cualquier influencia exterior indebida, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien indicar las consecuencias penales que pueden sufrir los inspectores del trabajo, relativo a las acciones emprendidas o de las medidas adoptadas en el ejercicio de sus funciones, así como las disposiciones legales correspondientes y comunicarle una copia de los textos legislativos pertinentes. Solicita al Gobierno que tenga a bien comunicar informaciones detalladas sobre la aplicación en la práctica del artículo 17 del dahir núm. 1-58-008, incluso en relación con los procedimientos iniciados contra los inspectores del trabajo ante la justicia en el curso de los últimos años (faltas alegadas, disposiciones legales invocadas, duración de los procedimientos, etc.) y sus resultados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Mauritania

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1963)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, junio de 2013)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM), recibidas el 28 de agosto de 2014, así como de la respuesta del Gobierno en fecha 14 de octubre de 2014.

La Comisión recuerda que las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2013 se referían al funcionamiento del sistema de inspección del trabajo en todo el territorio del país, en particular sobre: 1) la ausencia de progresos en las cuestiones relativas a los salarios y a las prestaciones insuficientes de los inspectores de los que resultan la falta de independencia y de estabilidad en el empleo de los inspectores; 2) la necesidad de fortalecer los recursos humanos, los medios financieros y materiales de los servicios de inspección del trabajo, incluidos los medios de transporte y las oficinas convenientemente equipadas, y 3) la falta de comunicación a la OIT de los informes anuales sobre las actividades de los servicios de inspección.

La Comisión recuerda que se congratuló que el Gobierno, tras la adopción de las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia haya presentado una solicitud formal de asistencia técnica a la Oficina en diciembre de 2013.

No obstante, la Comisión lamenta que el Gobierno no haya dado curso a la solicitud de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de proporcionar una memoria detallada a la Comisión de Expertos indicando las medidas adoptadas para poner en práctica las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2013; el Gobierno no suministra respuesta alguna a los comentarios que la Comisión de Expertos reitera desde 2011. La Comisión toma nota, sin embargo, de que en su respuesta a las observaciones de la CLTM, el Gobierno facilita informaciones parciales en relación con las cuestiones planteadas por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia y por la Comisión de Expertos.

1.Salarios y prestaciones insuficientes de los inspectores, de las que resulta la falta de independencia y estabilidad en el empleo de los inspectores

Artículos 6 y 7 del Convenio. Situación jurídica y condiciones de servicio de los inspectores del trabajo. Aptitudes y formación permanente de los inspectores. En sus conclusiones, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia subrayó que las cuestiones relativas a los salarios y prestaciones insuficientes de los inspectores tienen como consecuencia una falta de independencia y estabilidad en el empleo de los inspectores del trabajo, estaban pendientes de examen desde hacía decenios. Expresó la firme esperanza de que el Gobierno pronto haría lo necesario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio, para adoptar las medidas anunciadas con el fin de garantizar a los inspectores del trabajo un estatuto particular que incluya beneficios financieros que les aseguren empleos estables e independencia en relación con los cambios de gobierno y las influencias externas indebidas. La Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia también tomó nota de la reciente contratación, por concurso, de 40 inspectores y controladores del trabajo a quienes, además de la formación práctica, se impartió una formación de dos años en el Instituto de Administración Nacional, y de que se elaboró con la asistencia de la OIT una guía metodológica y un «juego de herramientas» para su utilización por los inspectores.

La Comisión de Expertos tomó nota de que la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), en su comunicación de 30 de agosto de 2013, expresó su preocupación por la estabilidad del empleo y la independencia de los inspectores, debido a que aún no se ha adoptado el decreto que debe establecer su estatuto. La Comisión también tomó nota de que la CGTM expresó su preocupación por la falta de colaboración de los servicios de inspección con expertos y técnicos calificados, debido a que la contratación no se basa en las aptitudes del candidato para el desempeño de sus funciones, y por la falta de un programa de formación apropiado.

A este respecto, la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales, el estatuto de los inspectores y controladores del trabajo se adoptó a finales de octubre de 2013. A este respecto, la Comisión toma nota también del decreto núm. 187, de 2013, copia del cual fue comunicada a la Oficina. Toma nota asimismo, que de acuerdo con el Gobierno, los inspectores del trabajo recibirán diversas prestaciones monetarias, en particular: prima por lugar de destino difícil, una prima de estímulo y una prima por prestación de servicios de guardia. Según el Gobierno, el conjunto de esas asignaciones y bonificaciones permitirá reforzar considerablemente el poder adquisitivo de los inspectores del trabajo. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno no ha dado respuesta a las observaciones anteriores de la CGTM, según los cuales los inspectores del trabajo no gozan de la independencia necesaria en el ejercicio de sus funciones debido a que están sometidos a la dirección del trabajo que puede «utilizar» a los inspectores del trabajo, colocarlos en comisión o en situación de desempleo técnico, según su criterio. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre el estatuto y las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo (salarios, indemnizaciones, etc.) en relación con los funcionarios que cumplen funciones similares, por ejemplo los inspectores fiscales. Además, la Comisión pide al Gobierno que facilite mayores detalles sobre las indemnizaciones a las que tienen derecho los inspectores del trabajo (por ejemplo, la periodicidad, cuantía, etc.), e indicar el número de inspectores del trabajo beneficiados, y el total de las indemnizaciones que se pagaron efectivamente a los inspectores del trabajo, como consecuencia de la adopción del estatuto de los inspectores del trabajo en octubre de 2013.

Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las calificaciones exigidas para la contratación de los inspectores del trabajo, describa la manera en que se evalúan las aptitudes de los candidatos en los concursos, y facilite informaciones sobre la formación posterior de los inspectores del trabajo (materias tratadas, duración y número de participantes).

2.Necesidad de fortalecer los recursos humanos, medios materiales y financieros a disposición de los servicios de inspección del trabajo, incluidos los medios de transporte y las oficinas debidamente equipadas

Artículos 10, 11 y 16. Recursos humanos, medios materiales y financieros a disposición de los servicios de inspección del trabajo. La Comisión toma nota de que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia subrayó la importancia del funcionamiento de un sistema eficaz de la inspección del trabajo en el país y de la necesidad de reforzar los medios materiales, humanos y los recursos económicos a disposición de los servicios de inspección, incluidos los medios de transporte y las oficinas adecuadamente equipadas. La Comisión toma nota de que en las discusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia se indicó que unos 70 inspectores y controladores cumplen funciones actualmente en la totalidad del territorio. La Comisión también observa que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia tomó nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en las deliberaciones, según las cuales, se ha contratado recientemente a 40 inspectores y que los inspectores del trabajo disponen actualmente de mejores equipos y medios materiales. La Comisión toma nota de que en esas discusiones, el Gobierno también se refirió a la mejora del equipamiento de las inspecciones regionales del trabajo a través de un proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En su comunicación de 28 de agosto de 2014, la CLTM indica que persisten los problemas relativos a la falta de medios materiales: los locales son inadecuados, y la mayor parte son inaccesibles en período de lluvias. El número de esos locales es insuficiente para cubrir todo el territorio nacional, los medios logísticos son inexistentes, al igual que los equipos necesarios para el funcionamiento regular de los servicios. La organización sindical indica que esas condiciones no permiten que los inspectores desempeñen satisfactoriamente sus funciones, en detrimento de la protección de los trabajadores.

La Comisión saluda las indicaciones del Gobierno en su comunicación de 14 de octubre de 2014, según las cuales se han creado tres nuevas inspecciones, una en el interior del país que abarca las regiones de los dos Hodhs, y las otras dos en Nouakchott, permitiendo así el acercamiento de los usuarios a la administración. El Gobierno señala que dos servicios fueron afectados por las inundaciones, y que se está a la espera de su restauración; por el momento funcionan en locales del Ministerio o en oficinas, y los funcionarios siguen cumpliendo sus funciones. La Comisión pide al Gobierno que indique el número de inspectores y controladores del trabajo, y su distribución entre los diferentes servicios de la inspección. Además, la Comisión pide al Gobierno que describa de manera detallada los medios materiales y logísticos de los que dispone la inspección del trabajo. En este sentido, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique el número y la distribución por delegación regional de la utilización de vehículos disponibles para las visitas de inspección en relación con el número de inspectores que se desempeñan en esas delegaciones.

Además, pide al Gobierno que facilite informaciones precisas sobre el avance del proyecto del PNUD destinado a la mejora del equipamiento de las direcciones regionales.

3.Comunicación a la OIT de los informes anuales sobre las actividades de los servicios de inspección

Artículos 20 y 21. Informe anual de inspección. La Comisión toma nota de que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia recalcó la importancia de la publicación de los informes anuales de inspección que contengan la información estadística exigida en el artículo 21 del Convenio para permitir una evaluación objetiva de los progresos mencionados por el Gobierno. En este sentido, la Comisión toma nota de las dificultades indicadas por el representante gubernamental en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, y su solicitud de asistencia técnica en nombre del Gobierno a estos efectos. En este contexto, la Comisión también toma nota de las constataciones, del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) en Mauritania para 2012-2015, sobre la insuficiencia de las estadísticas del trabajo.

La Comisión lamenta que tampoco esta vez se ha recibido ningún informe anual con estadísticas sobre las actividades de la inspección del trabajo, con el fin de permitir a la Comisión evaluar la aplicación del Convenio en la práctica, a pesar del compromiso del representante gubernamental en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2013, según las cuales el Gobierno estaba finalizando el informe anual sobre la inspección del trabajo que debía comunicarse próximamente a la OIT. La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias en un futuro próximo para dar efecto a la obligación prevista en el artículo 20, en virtud del cual, la autoridad central de inspección publicará y comunicará a la OIT un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección que estén bajo su control y que deberá contener las informaciones sobre todas las cuestiones previstas en el artículo 21. La Comisión espera que el Gobierno aprovechará la asistencia técnica de la OIT, en el marco del PTDP, para establecer un registro de establecimientos y elaborar estadísticas relativas a la actividad de la inspección del trabajo, y le solicita que comunique informaciones sobre todas las medidas adoptadas a estos efectos.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2015.]

Países Bajos

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1951)

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación formulada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión toma nota de que en su 322.ª reunión, en noviembre de 2014, el Consejo de Administración aprobó el informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV) y la Federación de Sindicatos de Profesionales (VCP) (anteriormente Federación de Sindicatos del Personal Medio y Superior (MHP)), en la que se alega el incumplimiento por los Países Bajos de este Convenio, del Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (documento GB.322/INS/13/7). El Consejo de Administración encomendó a la Comisión que efectúe un seguimiento sobre la aplicación del Convenio en relación con las cuestiones planteadas en el informe y con respecto a la aplicación de los Convenios núms. 129 y 155.

En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre las cuestiones planteadas por el comité tripartito para su examen por la Comisión en su próxima reunión, en particular sobre:

i)las medidas adoptadas para asegurarse de que las tareas administrativas encomendadas a los inspectores del trabajo no perjudiquen el desempeño efectivo de sus funciones principales. En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que comunique información sobre la proporción del tiempo utilizado por los inspectores del trabajo en tareas administrativas, en relación con las funciones principales de la inspección del trabajo (artículo 3, 2), del Convenio);

ii)los esfuerzos desplegados para mejorar la cooperación entre las direcciones operativas del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo y con los servicios de inspección de otros ministerios; y las actividades emprendidas para promover la cooperación efectiva entre la inspección del trabajo y los servicios privados de seguridad y salud en el trabajo (SST), en particular para el intercambio de datos pertinentes (artículo 5, a));

iii)el suministro de formación adicional a los inspectores del trabajo cuando se le asignen tareas más especializadas. A este respecto, la Comisión agradecería al Gobierno que comunique información sobre la formación impartida a los inspectores del trabajo en cuestiones relativas al estrés psicosocial, las sustancias químicas, las nanopartículas en el lugar de trabajo y la evaluación del análisis de riesgo (frecuencia, duración y número de participantes), en la medida en que los inspectores del trabajo ejercen funciones a este respecto (artículo 7, 3));

iv)las medidas adoptadas para asegurar que el número de inspectores del trabajo y la frecuencia de las inspecciones sean suficientes para el desempeño efectivo de las funciones de inspección y el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes en todos los lugares de trabajo, y en particular en las empresas que no pertenecen a los sectores considerados de alto riesgo y en las pequeñas empresas. Sírvase proporcionar estadísticas pertinentes a este respecto, incluso sobre el número de lugares de trabajo sujetos a la inspección y el número de lugares de trabajo en los que se realizaron visitas de inspección (sírvase especificar el número correspondiente de lugares de trabajo de alto riesgo, lugares de trabajo no considerados de alto riesgo y pequeñas empresas); estadísticas de las infracciones observadas y las sanciones impuestas, incluyendo información sobre las disposiciones legales a las que se refieren, en particular, la Ley sobre Condiciones de Trabajo (evaluación de riesgos y organización de la asistencia de expertos en SST) y estadísticas sobre los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales (artículos 10 y 16);

v)el resultado del examen de la manera en que el sistema de notificación de las enfermedades profesionales puede mejorarse, y, de ser aplicable, las medidas adoptadas a este respecto (artículo 14);

vi)el número de visitas de inspección sin previa notificación, en relación con el número general de otras visitas de inspección, como uno de los medios para garantizar la confidencialidad de las quejas (artículo 15, c)).

La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno recibida el 29 de agosto de 2014, en respuesta a comentarios anteriores de la Comisión. La Comisión toma nota de que la mayoría de los comentarios anteriores formulados por la Comisión se refieren a las cuestiones tratadas en la reclamación antes mencionada. En consecuencia, la Comisión examinará la información proporcionada en la memoria del Gobierno en su próxima reunión, junto con la información suministrada por el Gobierno en respuesta a las cuestiones planteadas por el comité tripartito.

Otras cuestiones

Artículo 3, 1) y 2). Funciones adicionales confiadas a los inspectores del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que según el informe anual relativo a la labor de la inspección del trabajo, aproximadamente un tercio de las inspecciones del trabajo llevadas a cabo en 2010 estaban relacionadas con el control del empleo ilegal (es decir, Ley sobre el Empleo de Extranjeros y Ley de Salario Mínimo y el Subsidio Mínimo de Vacaciones).

La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales desde hace dos años también se encomienda a los inspectores del trabajo controlar si los trabajadores extranjeros son titulares de los permisos de trabajo exigidos, aunque no tienen competencia en relación con la permanencia de los trabajadores extranjeros indocumentados. Asimismo, toma nota de las indicaciones del Gobierno en el sentido de que se confía a los inspectores del trabajo el control del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de salario mínimo, horas de trabajo y SST, independientemente de si los trabajadores extranjeros están indocumentados. La Comisión también toma nota de que el Gobierno señala que la Inspección del Trabajo y el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) tienen responsabilidades independientes y no realizan visitas conjuntas de inspección. Sin embargo, la Comisión también toma nota que, de acuerdo con la información disponible en el sitio web de la Inspección del Trabajo, durante las visitas de inspección los inspectores del trabajo suelen estar acompañados por la policía (de extranjeros).

Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los trabajadores extranjeros indocumentados que no disponen del permiso de residencia exigido pueden reclamar los salarios pendientes ante los tribunales civiles, al igual que los demás trabajadores. Refiriéndose nuevamente a lo señalado en el párrafo 78 del Estudio General de 2006, Inspección del Trabajo, la función principal de los inspectores de trabajo debe ser proteger a los trabajadores y no hacer aplicar la legislación en materia de inmigración, la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para garantizar que las funciones de verificación de la legalidad del empleo no interfieran en el cumplimiento efectivo de las funciones principales de los inspectores del trabajo relativas al control de la observancia de los derechos de los trabajadores, y no perjudiquen la relación de confianza con los empleadores y trabajadores necesaria a los inspectores.

La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre el procedimiento aplicable y las consecuencias legales y prácticas para los trabajadores extranjeros cuando se los descubre trabajando sin el permiso de trabajo exigido. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite información sobre las acciones emprendidas por los servicios de inspección del trabajo para el control del cumplimiento de las obligaciones de los empleadores en relación con los derechos legales de los trabajadores extranjeros indocumentados durante el período de su relación de trabajo efectiva, tales como el pago de salarios y otras prestaciones, en especial en los casos en los que los trabajadores son expulsados del país.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) (ratificación: 1973)

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación formulada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión toma nota de que en su 322.ª reunión, noviembre de 2014, el Consejo de Administración aprobó el informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), la Federación de Sindicatos Cristianos (CNV) y la Federación de Sindicatos de Profesionales (VCP) (anteriormente Federación de Sindicatos de Personal Medio y Superior (MHP)), en la que se alega el incumplimiento por los Países Bajos del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (documento GB.322/INS/13/7). El Consejo de Administración encomendó a la Comisión que efectúe un seguimiento de la aplicación del Convenio en relación con las cuestiones planteadas en el informe con respecto a la aplicación del Convenio y de los Convenios núms. 81 y 155.

La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las cuestiones planteadas por el comité tripartito para su examen por la Comisión en su próxima reunión. A este respecto, también remite al Gobierno a las solicitudes de información relativa al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), y le solicita que suministre información concreta en respuesta a estas solicitudes en relación con la inspección del trabajo en la agricultura, cuando sea aplicable.

La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno recibida el 29 de agosto de 2014, en respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión. La Comisión toma nota de que las cuestiones tratadas en la reclamación antes mencionada corresponden, en gran medida, a las cuestiones tratadas en los comentarios anteriores formulados por la Comisión. En consecuencia, la Comisión examinará la información proporcionada en la memoria del Gobierno en su próxima reunión, junto con la información suministrada por el Gobierno en respuesta a las cuestiones planteadas por el comité tripartito.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Pakistán

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1953)

Seguimiento de la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota por segundo año consecutivo de que en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia tuvo lugar una discusión relativa a la aplicación del Convenio por Pakistán. La Comisión toma nota de que la discusión en el seno de la misma se refirió a la eficacia de la inspección del trabajo en el contexto de la cesión de competencias legislativas y jurisdiccionales a las provincias en el área laboral; los recursos humanos y medios materiales de la inspección del trabajo; la inspección del trabajo y la seguridad y salud en el trabajo (SST) a raíz del reciente incendio en una fábrica textil en Karachi, en el cual perdieron la vida en 2012 cerca de 300 trabajadores; la situación con respecto a la publicación regular y la comunicación a la OIT de los informes anuales sobre la inspección del trabajo; las políticas restrictivas de la inspección y la cuestión más amplia de la coordinación.

Artículos 4 y 5, b). Vigilancia y control de la autoridad central de inspección y determinación de las prioridades de inspección en colaboración con los interlocutores sociales. La Comisión tomó nota anteriormente de las conclusiones adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2013 en las que se insistía sobre la importancia de disponer de un sistema efectivo de inspección del trabajo en todas las provincias, así como sobre la necesidad de definir las prioridades de inspección del trabajo de común acuerdo y que se adopte un enfoque estratégico y flexible, en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión tomó nota en este sentido de la indicación del Gobierno, según la cual, el Ministerio de Pakistaníes en el Exterior y Desarrollo de Recursos Humanos (MOPHRD) es responsable de la coordinación y supervisión de la legislación laboral en las provincias y que el mecanismo de coordinación en el ámbito federal incluye una comisión de coordinación y una comisión técnica.

La Comisión toma nota de la información presentada por escrito por el Gobierno a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2014, de que se estableció un mecanismo de coordinación entre el Gobierno federal y las provincias, que contribuirá a la solución de los problemas institucionales. Durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, el Gobierno indicó que había convocado una rueda detallada de consultas con los cuatro gobiernos provinciales a fin de incrementar su sensibilización en relación con la importancia de hacer cumplir las normas internacionales del trabajo. La Comisión también toma nota de que durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia algunos oradores plantearon preocupaciones significativas en relación con la falta de coordinación entre las provincias. Además, varios oradores insistieron en la importancia de contar con un sistema efectivo de la inspección del trabajo en todas las provincias y de celebrar acuerdos a nivel central y entre los interlocutores sociales, como una de las prioridades de la inspección del trabajo. Además se destacó durante las discusiones que deberían adoptarse medidas para garantizar que las cuatro provincias adoptaran y aplicaran la legislación relativa a la inspección del trabajo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la falta de coordinación entre los departamentos de trabajo y otras partes interesadas sigue siendo un obstáculo para la aplicación del Convenio. El Gobierno señala que los gobiernos provinciales están adoptando medidas para responder a los nuevos desafíos y que se está reactivando el sistema de la inspección del trabajo.

La Comisión también toma nota de la información disponible en la Oficina de que se está realizando con la asistencia de la OIT un estudio en el ámbito nacional para elaborar un perfil de la inspección del trabajo y un perfil en el ámbito de la SST con la asistencia de la OIT, que proporcionará bases para actividades futuras relativas al fortalecimiento de la inspección del trabajo en el país. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas concretas para asegurar la coordinación y la cooperación en el marco de las actividades de la inspección del trabajo, bajo la supervisión y control de una autoridad central. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno que suministre mayores informaciones sobre el mecanismo de coordinación establecido, con inclusión del mandato, composición y actividades del comité de coordinación y del comité técnico. Además, pide al Gobierno que comunique información relativa al perfil de la inspección del trabajo en el ámbito nacional, así como de otras medidas adoptadas para la determinación de las prioridades de la inspección del trabajo, y especificar la función de los interlocutores sociales en este proceso.

Artículos 3, 1), a) y b), 17, 18, 20 y 21. Aplicación efectiva y sanciones suficientemente disuasorias. La Comisión tomó nota anteriormente de las indicaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en el sentido de que no se prevén sanciones adecuadas por infracción de la legislación laboral. La Comisión también tomó nota de que el Gobierno señalaba que los inspectores del trabajo habían recibido instrucciones de recurrir principalmente a la persuasión, la orientación y la prevención, indicando también que las acciones legales sólo se utilizan como último recurso.

La Comisión toma nota de que varios oradores durante la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia expresaron preocupaciones relativas a la falta de sanciones disuasorias por infracciones a la legislación laboral. Algunos oradores indicaron que no se había evaluado la eficacia de un enfoque preventivo.

La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno sobre la cuantía de las multas impuestas por infracciones en las provincias de Khyber Pakhtunkhwa, Punjab y Baluchistán, así como del número de advertencias formuladas y acciones judiciales iniciadas en la provincia de Punjab. El Gobierno indica que las inspecciones no tienen la finalidad de perseguir o castigar, sino garantizar la seguridad en el lugar de trabajo mediante la aplicación de las leyes y reglamentos centrándose en la prevención y en la mejora. El Gobierno afirma que se ha comprometido en un proceso de transición de un enfoque tradicional hacia un enfoque más moderno basado en la objetividad. La Comisión recuerda que el suministro de información técnica y asesoramiento por los inspectores del trabajo (de conformidad con el artículo 3, 1), b), del Convenio) si bien favorecen la adhesión a las prescripciones legales, también debe ir acompañado de un mecanismo de cumplimiento efectivo que permita la sanción de los autores de infracciones. Las funciones del control del cumplimiento y de asesoramiento son inseparables en la práctica y los inspectores deberían tener la facultad discrecional de formular advertencias y de aconsejar, en vez de iniciar o recomendar un procedimiento (véase Estudio General de 2006, Inspección del Trabajo, párrafos 279 y 282). La Comisión pide al Gobierno que siga facilitando información sobre el número de infracciones observadas, así como también sobre el número de infracciones que tuvieron como consecuencia el inicio de procedimientos o la imposición de sanciones. Además, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre toda medida adoptada o prevista para incrementar las multas y otras sanciones previstas en la legislación en el contexto de la reforma legislativa en curso en las provincias.

Artículo 18. Sanciones por obstrucción a los inspectores en el desempeño de sus funciones. La Comisión tomó nota anteriormente de que la CSI alegó que los empleadores a menudo niegan a los inspectores del trabajo el acceso a los registros de la empresa, y aunque el inspector puede recurrir a los tribunales para obtener este acceso, los procedimientos pueden llevar muchos meses y resultar en multas insignificantes.

La Comisión toma nota de que durante la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, algunos oradores indicaron que no se aplicaban sanciones suficientes por obstrucción a los inspectores del trabajo en el desempeño de sus funciones.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, respecto a las fábricas, la obstrucción a la labor de los inspectores es sancionada con una multa de 20 000 rupias pakistaníes (aproximadamente 195 dólares de los Estados Unidos) en las provincias de Punjab, y que en otras provincias están revisando las multas a este respecto. En cuanto al sector de la minería, en virtud de la Ley de Minas, de 1923, la persona que obstaculiza una inspección en una mina puede ser sancionada con una pena de prisión de hasta tres meses y una multa de hasta 1 000 rupias pakistaníes (cerca de 10 dólares de los Estados Unidos). El Gobierno indica que los casos en que se denegó a los inspectores del trabajo el acceso a los registros ascienden a 128, y los casos en que el empleador denegó el acceso al establecimiento fabril, son 357. Estos casos se han llevado a los tribunales para que se inicien acciones judiciales. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre los casos de obstrucción a los inspectores, incluyendo los procedimientos incoados, en particular en relación con los casos mencionados anteriormente y sus resultados, así como sobre las sanciones aplicadas, desglosadas por provincia. Asimismo, pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que en cada provincia se adopte una legislación que establezca sanciones suficientemente disuasorias por obstrucción de la labor de los inspectores en el desempeño de sus funciones en todos los sectores, de conformidad con el artículo 18. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto.

Artículos 3, 1), a) y b), 5, b), 9 y 13. Actividades de la inspección del trabajo en el ámbito de la SST, incluyendo los establecimientos industriales de la provincia de Sindh. La Comisión tomó nota anteriormente de la elaboración de un plan de acción conjunto en la provincia de Sindh para abordar cuestiones en materia de inspección del trabajo y de SST, habida cuenta de los graves accidentes que han tenido lugar en el país, en especial el incendio en la fábrica de textiles en Karachi, Sindh, en septiembre de 2012, que tuvo como consecuencia la muerte de cerca de 300 trabajadores. La Comisión también tomó nota de las indicaciones de la CSI según las cuales en la provincia de Sindh el sistema de la inspección del trabajo es inoperante, no se realizan inspecciones regulares de los lugares de trabajo y no se adoptan medidas para eliminar o reducir al mínimo las situaciones peligrosas en el lugar de trabajo, debido a que los empleadores saben perfectamente que no serán declarados responsables de los incumplimientos en la materia. La CSI señaló también que la fábrica de Karachi donde se produjo el incendio había recibido con anterioridad un certificado que adolecía de graves errores, expedido por una empresa de auditoría privada acreditando el cumplimiento de las normas internacionales, entre otras, en el ámbito de la SST.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia resumiendo los aspectos principales del plan de acción conjunto elaborado tras la celebración de consultas tripartitas en la provincia de Sindh que incluye la adopción y revisión periódica de una política de inspección del trabajo; la organización de cursos de formación temáticos para todos los inspectores del trabajo; así como el diseño y adopción de un sistema de contratación en el departamento del trabajo de Sindh que garantice la contratación del personal, su retención y el avance profesional del personal dedicado a la SST. La Comisión también toma nota de que durante la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, algunos oradores indicaron que esas medidas eran encomiables, aunque se carece de información tanto sobre la financiación como sobre la aplicación de esas medidas. Asimismo expresaron preocupaciones respecto del incendio de la fábrica de Karachi, y en particular por la inspección llevada a cabo por empresas de auditoría privada.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se han impartido instrucciones a los gobiernos provinciales a fin de que adopten las medidas necesarias para supervisar a las empresas de auditoria privadas y que solicitó información de las provincias en relación con el procedimiento de autorización de funcionamiento de esas empresas. El Gobierno indica también que se ha constituido en la provincia de Sindh un equipo eficaz de inspección para verificar la observancia de las normas de seguridad y salud por parte de los propietarios de fábricas, y se ha llevado a cabo un estudio de fábricas en la provincia para evaluar las cuestiones de salud y seguridad. Para dar curso a las recomendaciones del plan de acción conjunto, el Gobierno de Sindh está en un proceso de elaboración de la política en materia de SST, en consulta con los mandantes tripartitos y, asimismo, se está revisando una nueva legislación.

La Comisión solicita al Gobierno que siga adoptando medidas para garantizar la aplicación del plan de acción conjunto en Sindh, y mejorar también la inspección del trabajo y el nivel de cumplimiento de las normas relativas a la SST. La Comisión solicita que se proporcione información sobre el impacto de esas medidas, incluidos los resultados de la encuesta de fábricas y la elaboración de una política en materia de SST. Asimismo solicita al Gobierno que facilite información sobre cualquier otro plan similar adoptado en las otras tres provincias, así como información sobre la financiación asignada a esas iniciativas. Además, pide al Gobierno que suministre información detallada sobre las actividades de la inspección del trabajo en el ámbito de la SST, en particular en la provincia de Sindh (número de visitas de inspección, infracciones observadas, disposiciones legales infringidas, tipos de sanciones impuestas y medidas adoptadas con fuerza de ejecución inmediata en el caso de un peligro inminente para la salud o seguridad de los trabajadores), así como el número de accidentes del trabajo y casos de enfermedad profesional notificados. Asimismo, la Comisión solicita mayor información sobre la supervisión de las empresas de auditoría privadas, así como sobre el funcionamiento y actividades de dichas empresas, incluido el alcance de sus actividades, el número de esas empresas y el número de empresas cubiertas por las certificaciones que expiden.

Artículos 3, 1), a) y b), 13, 17, 18, 20 y 21. La inspección del trabajo y la SST en el sector de la minería de la provincia de Baluchistán. La Comisión observó anteriormente que la CSI hizo referencia al elevado número de muertes y heridos en las minas de carbón de la provincia de Baluchistán. La CSI informó que los trabajadores realizan sus actividades prácticamente desprovistos de equipos de protección y los propietarios de las minas toman muy escasas medidas de seguridad.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que hay diez funcionarios de inspección para llevar a cabo inspecciones relacionadas con la Ley de Minas en la provincia de Baluchistán. Cada inspector realiza diez inspecciones por mes en las minas, incluyendo inspecciones regulares e inspecciones sin aviso previo. El Gobierno indica también que en 2011, el gobierno provincial de Baluchistán modificó la Ley de Minas para incrementar las sanciones, ya que las multas eran muy bajas para servir como medio de disuasión. La Comisión solicita al Gobierno que facilite nuevas informaciones estadísticas sobre las actividades de la inspección del trabajo en materia de SST en la provincia de Baluchistán, en particular en las minas de carbón de esa provincia, incluyendo el número de minas inspeccionadas, el número de infracciones detectadas, y las sanciones aplicadas.

Artículos 7, 10 y 11. Recursos humanos y medios materiales de la inspección del trabajo y formación de los inspectores del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en sus conclusiones adoptadas en 2013, insistió en la importancia de que se proporcionen recursos y medios materiales suficientes y de brindar una capacitación adecuada a los inspectores del trabajo. A este respecto, también tomó nota de las indicaciones de la CSI, según las cuales hay una escasez crítica de inspectores del trabajo en el país y los inspectores reciben una formación muy rudimentaria. La CSI indica también que en la mayoría de los casos se requiere a los inspectores que utilicen sus propios vehículos para llevar a cabo las inspecciones y que raras veces se reembolsan sus gastos de viaje.

La Comisión también toma nota de que durante las discusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2014, varios oradores se refirieron a la falta de recursos humanos y de medios materiales para los inspectores del trabajo, los cuales están escasamente equipados y reciben una formación insuficiente. Además, algunos oradores plantearon preocupaciones en relación con la financiación indicando que existe una falta de coordinación entre las provincias y el Gobierno federal para asegurar que se suministren fondos suficientes a la inspección del trabajo.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual las restricciones a los recursos siguen obstaculizando la capacidad de los gobiernos federal y provinciales para aplicar el Convenio. Sin embargo, el Gobierno señala que se ha dotado de motocicletas a los inspectores de trabajo en el ámbito local y de distrito a los fines de la inspección y se han previsto partidas en el presupuesto anual para el pago de gastos de desplazamiento y subsidios diarios para gastos de alojamiento. El Gobierno indica que la disponibilidad de los medios de transporte sigue constituyendo un problema para los inspectores en las minas, que suelen encontrarse en zonas alejadas con un limitado servicio de transporte público.

La Comisión también toma nota de que el departamento provincial del trabajo de Sindh organizó, con la asistencia de la OIT, un curso de formación destinado a los 120 inspectores del trabajo provinciales en 2014. Además, el gobierno provincial de Punjab elaboró, con la asistencia de la OIT, un manual de formación y una guía práctica sobre inspección del trabajo, y se desarrollaron en las cuatro provincias una serie de cursos de formación para los inspectores del trabajo sobre la utilización de esta guía práctica. Al tomar nota de los esfuerzos realizados para proporcionar medios de transporte destinados a las inspecciones, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se asignen a la inspección del trabajo los recursos humanos y los medios materiales suficientes para asegurar el cumplimiento efectivo de sus funciones, y para garantizar la coordinación entre los gobiernos provinciales y el Gobierno federal a este respecto. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información actualizada sobre el número de inspectores del trabajo en cada provincia, e información detallada sobre los medios materiales de que disponen los servicios de inspección del trabajo en cada provincia, tales como oficinas y medios de transporte. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre la formación impartida a los inspectores del trabajo en cada provincia incluyendo las materias tratadas, el número de participantes y la duración de la formación, y que evalúe el impacto de dicha formación.

Artículo 12, 1). Políticas restrictivas para la inspección del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la CSI señalando que si bien es cierto que en la provincia de Punjab se revocó la política restrictiva de larga data de impedir la entrada de los inspectores del trabajo a las instalaciones de las fábricas, en la provincia de Sindh aún se exige que los inspectores notifiquen con bastante antelación a los empleadores que van a realizar una visita de inspección. No obstante, el Gobierno indicó que no se prohíbe realizar inspecciones en provincia alguna y que las inspecciones ordinarias se han reiniciado en la provincia de Punjab.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señaló ante la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia que no existen obstáculos legales o administrativos para la realización de inspecciones. Sin embargo, de acuerdo con informaciones proporcionadas durante las discusiones en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en la práctica esto no siempre es así. La Comisión solicita al Gobierno que suministre mayor información sobre las medidas adoptadas en la legislación y en la práctica para garantizar que los inspectores del trabajo estén facultados para entrar libremente y sin notificación previa a cualquier hora del día y de la noche en todo lugar de trabajo sujeto a inspección, de manera que puedan cumplir sus funciones en todas las provincias del país con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones del Convenio.

Artículos 20 y 21. Publicación de un informe anual de inspección. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en 16 distritos de la provincia de Punjab se ha puesto en marcha la primera fase del sistema informatizado de inspección. Los inspectores de fábricas envían informes de inspección en línea, y se conservan datos sobre el número de fábricas, el número de inspecciones llevadas a cabo, las infracciones observadas y las sanciones impuestas. Este mecanismo facilitará la presentación de los informes de inspección en tiempo oportuno. En otras provincias también se está trabajando a este respecto para elaborar un sistema integral de inspección y presentación de informes. El Gobierno señala que se han dado instrucciones a las provincias para que elaboren un informe anual sobre las actividades de inspección. La Comisión también toma nota de la información estadística facilitada por el Gobierno en su memoria sobre el número de inspectores en cada provincia y el número de inspecciones realizadas, así como también de la información relativa al número de empresas sujetas a inspección y de los trabajadores empleados en ellas, el número de infracciones observadas y el número de accidentes del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para asegurar que la autoridad central de inspección publique y se comunique a la OIT un informe anual de la inspección del trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. Expresa la firme esperanza de que gracias a la informatización en curso del sistema de la inspección del trabajo, el informe contenga información completa sobre todas las cuestiones previstas en el artículo 21, a)-g), respecto de cada provincia.

Asistencia técnica. Al tomar nota de la indicación proporcionada por el Gobierno durante la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en 2014 respecto de la asistencia técnica recibida, así como la nueva solicitud de asistencia, la Comisión invita al Gobierno a comunicar información sobre todo seguimiento a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Panamá

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1958)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (FENASEP), recibidas el 28 de agosto de 2012, y de la respuesta del Gobierno a las mismas, recibida el 24 de enero de 2013. Toma nota asimismo, de las observaciones de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), recibidas el 30 de agosto de 2013. Estas últimas, tratan en parte sobre puntos ya abordados por parte de la Comisión y versan sobre: la falta de comunicación de las memorias a las organizaciones sindicales; la selección y destitución de los inspectores con base en el clientelismo político y su falta de idoneidad para el desempeño de las funciones de inspección; la falta de estabilidad laboral y las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo; la ineficacia de las visitas de inspección; la insuficiencia del número de inspectores; la falta de probidad de los mismos; la falta de ejecución de las multas impuestas por los inspectores del trabajo por órdenes de la jerarquía; la persistencia de los accidentes del trabajo en el sector de la construcción, y la necesidad de voluntad del Gobierno y de mayor asistencia técnica de la OIT para mejorar la situación de la inspección. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículos 6, 7 y 15, a), del Convenio. Necesidad de mejorar las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo para garantizar el respeto de los principios deontológicos; condiciones de contratación y formación adecuada de los inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones de 2012, la FENASEP alega que la situación en relación con la destitución de los inspectores con base en criterios de clientelismo político de la que dio cuenta en 2011, no ha cambiado y que ninguno de los inspectores destituidos, incluyendo el que gozaba de fuero sindical en su calidad de secretario general de la Asociación de Empleados del Ministerio de Trabajo (ASEMITRABS), ha sido reincorporado. Pone de relieve igualmente, la disminución del número de inspectores del trabajo (pues de los 128 inspectores que reportaba el Gobierno anterior, sólo había 86 inspectores nombrados en 2012) y su insuficiencia para controlar las empresas de todo el país. Alega además, que el salario de los inspectores, que es el mismo de hace cinco años es insuficiente y se presta para que se presenten situaciones de corrupción; que no existe ni capacitación previa para el empleo, ni refrescamiento profesional periódico, ni evaluación periódica, ni certificación de competencias. Además, buena parte de los inspectores renuncian una vez adquiridos los conocimientos suficientes para el desempeño de su función y son contratados en el sector privado.

La Comisión toma nota que el Gobierno informa por su parte que, aunque se encuentra debidamente registrada, la ASEMITRABS no funciona, pero ha sido utilizada por varios exfuncionarios del ministerio para refugiarse en un supuesto fuero sindical. Las eventuales reincorporaciones de los inspectores destituidos debe ordenarlas el órgano judicial y no se había recibido orden judicial de restitución de exfuncionarios en razón de su fuero sindical. Según el Gobierno, la afirmación de la FENASEP sobre la disminución del número de inspectores es infundada. Destaca que en 2010 el número de inspectores nombrados era de 125, para el año 2011, era de 128, y para el 2012, era de 114 (el cuadro presentado en la memoria del Gobierno da cuenta de 111 inspectores y 95 oficiales de seguridad en 2013). El Gobierno añade que el presupuesto de 2012 previó un aumento del salario de los inspectores para fijarlo en 1 000 Balboas y el de los oficiales de seguridad, que quedó fijado en 1 200 Balboas. Estos aumentos, no entraron sin embargo en vigencia, en razón del recorte presupuestal, pero un aumento volvió a contemplarse para el 2013. El Gobierno sostiene por otra parte, que a partir de 2009 se han establecido de manera continua capacitaciones para los inspectores del trabajo (el Gobierno transmite cuadros sobre las actividades de capacitación en las que han participado los inspectores del trabajo y los oficiales de seguridad, entre el 2010 y el 2013) y aclara que todo funcionario público que trabaja en el Ministerio es libre de cambiar de empleo cuando lo estime conveniente.

En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, relativos a las causales de la destitución del 70 por ciento de los funcionarios con respecto a los cuales se consideró que no cumplían con las expectativas de desempeño, el Gobierno precisa que los mismos: i) no cumplían las exigencias académicas (tener un título de educación media (bachiller) en ciencias, letras o comercio); ii) no contaban con una experiencia laboral de un año en las tareas básicas de inspector de trabajo, y iii) no habían asistido a cursos o seminarios sobre la aplicación de la legislación laboral. Con respecto a las causales de destitución del 5 por ciento por incumplimiento de la reglamentación interna y la comisión de faltas, el Gobierno declara que estas fueron: i) la falta de cumplimiento de las funciones propias del cargo (preparación de informes, visitas de inspección); ii) incumplimiento de los horarios de trabajo y constantes ausencias injustificadas; iii) solicitación y recepción de sobornos, y iv) el desobedecimiento a las órdenes impartidas o programas establecidos por los superiores jerárquicos. Todas estas faltas están contempladas, según el Gobierno, en el reglamento interno del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la ley núm. 9 de 20 de julio de 1994, que establece y regula la carrera administrativa y su texto de aplicación, el decreto ejecutivo núm. 222 de 12 de septiembre de 1997, que establece y regula la Dirección General de Carrera Administrativa. Los recursos interpuestos contra esas decisiones han dado lugar a una investigación disciplinaria, cuyos resultados han sido mantener la destitución. El Gobierno declara también que los motivos principales de renuncia son el acceso a un puesto de mayor jerarquía, con un mejor salario y motivos personales.

En lo tocante a las medidas adoptadas o previstas con miras a retener el personal calificado y experimentado y en particular para garantizar a los inspectores del trabajo la independencia necesaria al ejercicio de las funciones de inspección, el Gobierno alude a las evaluaciones de desempeño, que permiten verificar el grado de participación y cooperación de los funcionarios, para la realización a posteriori de capacitaciones motivacionales y de refuerzo y a la disciplina y el compromiso, que permiten a los inspectores ascender a puestos de coordinación.

La Comisión toma nota igualmente de que las reglas de ética que deben observar los inspectores se encuentran en el decreto ejecutivo núm. 246 de 15 de diciembre de 2004, por el cual se dicta el Código Uniforme de Ética de los servidores públicos que laboran en las entidades del gobierno central, cuyo incumplimiento puede dar lugar, de acuerdo con la gravedad de la falta, a amonestación verbal o escrita, suspensión del cargo o destitución, previo el procedimiento administrativo correspondiente.

El Gobierno informa asimismo que la contratación de los inspectores del trabajo es realizada mediante entrevistas realizadas por personal calificado, el cual se encarga de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del cargo. Precisa también que el manual de procedimientos elaborado por la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, se encontraba en proceso de actualización.

La Comisión pide al Gobierno que comunique copia del texto que fija las condiciones a las que debe sujetarse la contratación de los inspectores del trabajo. La Comisión solicita también al Gobierno, que informe las medidas adoptadas para que los inspectores sean contratados únicamente sobre la base de las aptitudes del candidato para el desempeño de las funciones de inspección, así como las medidas tomadas o previstas con miras a retener al personal calificado y experimentado (mejoras en las perspectivas de carrera y de la escala de salarios en relación con la de otras categorías comparables de funcionarios públicos) y en particular, aquellas tendientes a garantizarle la independencia necesaria al ejercicio de las funciones de inspección. La Comisión espera además, que el Gobierno continúe informando sobre las capacitaciones impartidas al personal de inspección para el desempeño de sus funciones (con indicación del tipo de actividad, la duración, la temática, el número de inspectores participantes y la entidad a cargo de la capacitación).

Artículos 3, párrafos 1, a) y b), y 13. Prevención en materia de seguridad y salud en el sector de la construcción. La FENASEP alega que aunque el auge de la industria de la construcción condujo también al fortalecimiento de los mecanismos legales de protección en este sector, la actividad de inspección del trabajo en el mismo sigue rezagada. El Gobierno declara por su parte que el oficial o encargado de seguridad tiene a su cargo la supervisión y verificación de que en la obra en que ha sido designado, se apliquen las medidas de seguridad ocupacional, salud e higiene y que actualmente hay en el ámbito nacional, 95 oficiales o encargados de seguridad. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre cualquier medida adoptada con miras a reforzar las condiciones de seguridad y salud en el sector de la construcción, en particular a través de actividades de control y de información técnica y asesoría de la inspección.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Perú

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1960)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) y por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), recibidas respectivamente el 2 y 6 de septiembre de 2014. La Comisión solicita al Gobierno que comunique sus comentarios con respecto a las observaciones de la CUT y de la CATP.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión toma nota de que el Consejo de Administración aprobó en su 321.ª reunión de junio de 2014, el informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada por la CATP.

Artículos 3, 1), a), 4, 1), y 16 del Convenio. Necesidad de restablecer una autoridad central y de planificar las visitas de inspección con la debida frecuencia y esmero. La Comisión recuerda que el comité tripartito solicitó al Gobierno que proporcionara informaciones sobre los medios para asegurarse que las regiones aplican efectivamente los planes de inspección y realizan las visitas planificadas con la frecuencia y el esmero exigidos por el Convenio. La Comisión observa que el Gobierno indica que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) dispone de la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo, que en virtud de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 36 de su Reglamento de Organización y Funciones, supervisa que las intendencias regionales y las autoridades administrativas a cargo de la inspección del trabajo de los gobiernos regionales, apliquen efectivamente los planes de inspección y realicen las visitas con la frecuencia y esmero exigidos por el Convenio.

Asimismo, la Comisión recuerda que el comité tripartito estimó en sus conclusiones que la organización y funcionamiento de la inspección del trabajo resultantes de la descentralización no están en plena conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 del Convenio, dado que en la práctica la función de la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), en su calidad de autoridad central, se redujo sustancialmente. Sin embargo, el comité observó también, que con la entrada en vigencia de la ley núm. 29981 en 2013 y su reglamentación, la situación estaba evolucionando positivamente. El comité tripartito pidió al Gobierno que adoptara de manera regular las medidas necesarias, tanto en la legislación como en la práctica, con el fin de asegurar el cumplimiento de esta disposición del Convenio. A este respecto, la Comisión observa que el Gobierno informa que la SUNAFIL es la actual autoridad central y ente rector del sistema de inspección del trabajo y que de conformidad con la resolución ministerial núm. 037-2014-TR, inició sus funciones como autoridad central a nivel nacional, el 1.º de abril de 2014. Añade el Gobierno que en este sentido, los gobiernos regionales sólo podrán ejercer dentro de su ámbito funciones de inspección en relación con las microempresas formales o informales, en concordancia con las políticas y planes sectoriales y con las normas que emita la SUNAFIL. Asimismo, el Gobierno indica que, con arreglo al artículo 19 de la Ley General de Inspección del Trabajo, la autoridad central (la SUNAFIL) de la cual dependen técnicamente los órganos de inspección de los gobiernos regionales, ejerce la dirección, organización, coordinación, planificación, seguimiento y control de la actuación y el funcionamiento del sistema de inspección a nivel nacional. En estas condiciones, al tiempo que saluda la expedición de la resolución ministerial núm. 037-2014-TR, la Comisión pide al Gobierno que precise de qué manera la SUNAFIL ejerce en la práctica las funciones de dirección, organización, coordinación, planificación, seguimiento y control, en relación con las regiones, así como que proporcione datos de las inspecciones diferenciados por región, incluso en relación con las microempresas.

Artículos 6 y 15, a). Situación jurídica y condiciones de servicio de los inspectores. La Comisión recuerda que el comité tripartito consideró que la contratación de inspectores del trabajo por los gobiernos regionales bajo los regímenes de la actividad privada y del Contrato administrativo de servicios (CAS) no está en conformidad con las exigencias de estabilidad en el empleo e independencia de los cambios de gobierno y de cualquier influencia exterior indebida, previstas por el Convenio. El comité tripartito pidió al Gobierno velar por que mientras se implementa el estatuto único, previsto en la Ley del Servicio Civil, adopte las medidas necesarias para garantizar a todos los inspectores del trabajo dichas condiciones, asegurando igualmente, condiciones adecuadas de servicio y remuneración. La Comisión observa que el Gobierno informa que a partir del primer semestre de 2014, no se permite, ni en los gobiernos regionales, ni en la SUNAFIL, la contratación de inspectores del trabajo bajo el régimen laboral del decreto legislativo núm. 1057, CAS. Añade el Gobierno que la Intendencia Nacional de Supervisión del Sistema Inspectivo de la SUNAFIL ha puesto además en conocimiento de las gerencias y/o direcciones regionales, la exclusividad de la función de inspección y que la SUNAFIL puede adecuarse al régimen previsto en el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil de junio de 2014 (en cuanto a que el personal cubierto por el CAS puede optar voluntariamente por entrar en el sistema público) en los próximos años. El Gobierno informa igualmente que la aprobación de la escala remunerativa de la SUNAFIL mediante el decreto supremo núm. 324-2013-EF, de 18 de diciembre de 2013, aumenta la remuneración de los inspectores del trabajo en más de un 120 por ciento. Por último, el Gobierno se refiere también a la obligación para el personal de inspección de efectuar las inspecciones con apego a los principios de probidad, imparcialidad y confidencialidad previstos en la Ley General de Inspección del Trabajo y el Reglamento de la Carrera del Inspector del Trabajo, y las sanciones en que puede incurrir por el ejercicio indebido de sus facultades y competencias, previo procedimiento con su participación. Al tiempo que saluda las medidas adoptadas para obtener la uniformidad de la contratación de los inspectores en todo el territorio nacional y de sus condiciones de servicio, la Comisión pide al Gobierno que informe de toda evolución sobre la transferencia al sistema público del personal de inspección y de toda medida que pudiera tomar para continuar mejorando sus condiciones de servicio.

Artículo 7, párrafo 1. Condiciones para la contratación de los inspectores del trabajo. La Comisión recuerda que el comité tripartito solicitó al Gobierno tomar de manera regular las medidas necesarias para asegurarse de que los requisitos para la contratación de los inspectores en las regiones responden a las prescripciones de esta disposición del Convenio. La Comisión observa que el Gobierno señala que en virtud del artículo 20 de la ley núm. 29981, se accede a todos los niveles de la carrera de inspector del trabajo por concurso público y se está sujeto a procesos de evaluación anual y que la contratación y carrera del inspector del trabajo están reguladas en el Reglamento de la Carrera del Inspector del Trabajo, que establece la forma de ingreso y las condiciones de promoción. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la aplicación en la práctica del Reglamento de la Carrera del Inspector del Trabajo.

Artículo 7, párrafo 3. Formación de los inspectores del trabajo. La Comisión recuerda que el comité tripartito pidió al Gobierno conceder una atención especial a la continuidad de la capacitación de los inspectores del trabajo en las regiones. El Gobierno informa que la SUNAFIL ha dado inicio a un plan de capacitación a nivel nacional para el personal de inspección, incluido el personal de inspección de las regiones para el año en curso y que en 2013 se realizaron 104 eventos de capacitación (según el Gobierno, se capacitaron 279 inspectores). Los principales temas abordados en el curso de estas capacitaciones fueron la seguridad y la salud en el trabajo, los procedimientos de inspección, las normas sociolaborales. La Comisión alienta al Gobierno a que continúe proporcionando información sobre las actividades de formación que se llevan a cabo para el personal de inspección.

Artículos 10 y 11. Recursos humanos, medios financieros y medios materiales de los inspectores del trabajo. La Comisión recuerda que el comité tripartito manifestó que esperaba que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para evaluar las necesidades de los servicios de inspección en términos de recursos humanos y de medios materiales. La Comisión observa que el Gobierno indica que mediante la resolución suprema núm. 019-2013-TR se aprobó el cuadro para asignación de personal (CAP) de la SUNAFIL, el cual contempla un total de 460 plazas de inspector auxiliar, 205 de inspector del trabajo y 89 de supervisor, repartidas en 26 oficinas regionales. La Comisión toma nota de esta información y pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas para cubrir las plazas aprobadas, así como que proporcione informaciones sobre los medios materiales, en particular sobre los medios de transporte de los que disponen los inspectores para el desempeño de sus funciones.

Artículo 18. Sanciones adecuadas y efectivamente aplicadas. La Comisión recuerda que el comité tripartito expresó la esperanza de que el Gobierno continúe desplegando esfuerzos de índole práctica para mejorar la imposición y la aplicación efectiva de sanciones (en virtud de lo dispuesto en la ley núm. 29981). A este respecto, el Gobierno declara que dispone de un convenio suscrito con entidades financieras para el apoyo en la gestión de la recaudación de las multas impuestas. La Comisión pide al Gobierno que informe si el convenio al que se refiere el Gobierno cubre también la recaudación de las sanciones impuestas a todos los establecimientos de trabajo que son competencia de la inspección, incluidas las microempresas.

Artículos 19, 20 y 21. Elaboración de informes periódicos y publicación y comunicación a la OIT del informe anual. La Comisión recuerda que el comité tripartito destacó la necesidad de que el Gobierno adoptara de manera regular las medidas necesarias tendientes a recolectar información periódica completa sobre las oficinas locales de inspección, con el fin de dar aplicación a estos artículos del Convenio. La Comisión observa que el Gobierno precisa que: i) de conformidad con el inciso f) del artículo 15 del Reglamento de la Carrera del Inspector del Trabajo, es obligación del personal que cumple funciones de inspección, presentar informes mensuales sobre los resultados del ejercicio de sus funciones; ii) el artículo 24 de la Ley General de Inspección del Trabajo, prevé que los inspectores del trabajo deben informar sobre sus actividades de inspección a su respectivo director de inspección y éste al director regional competente territorialmente, quien debe consolidar la información recibida y ponerla en conocimiento de la autoridad central, en la forma y frecuencia que ella determine. La Comisión toma nota de estas informaciones, pero, observa sin embargo, que no se han recibido los informes de actividades correspondientes. La Comisión confía en que el Gobierno tomará las medidas necesarias para garantizar la publicación y comunicar a la OIT, un informe anual sobre la labor de los servicios de inspección del trabajo, que contenga todas las informaciones exigidas en virtud de los literales a) a g) del artículo 21. A este respecto, la Comisión invita al Gobierno a considerar la posibilidad de recurrir, en caso de ser necesario, a la asistencia técnica de la Oficina.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Qatar

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1976)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de 2014 sobre la aplicación del Convenio por Qatar.

Asimismo, la Comisión toma nota de que una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT en la que se alega el incumplimiento del Convenio, así como del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), por Qatar, presentada por varios delegados de los trabajadores durante la Conferencia, fue declarada admisible y sigue pendiente ante el Consejo de Administración. La Comisión se refiere además, a sus comentarios sobre el Convenio núm. 29.

Artículos 10 y 16 del Convenio. Número suficiente de inspectores del trabajo. La Comisión toma nota de las conclusiones del comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución en la que se alega el incumplimiento por Qatar del Convenio núm. 29, que fueron aprobadas por el Consejo de Administración en su 320.ª reunión (marzo de 2014). El comité tripartito acogió con agrado que el Gobierno indicara que tenía previsto incrementar el número de inspectores, pero también tomó nota de las dificultades que plantea la aplicación efectiva del marco legal que regula el trabajo de los trabajadores migrantes. Además, el comité tripartito consideró que es fundamental que se sigan adoptando medidas para reforzar la capacidad de la inspección del trabajo, incluidas medidas proactivas para velar por que se realicen inspecciones aleatorias no motivadas por quejas.

La Comisión también toma nota de las declaraciones realizadas por varios oradores durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia respecto a que el número de inspectores del trabajo es insuficiente habida cuenta del tamaño de la fuerza de trabajo. Diversos oradores expresaron su inquietud en relación con la exhaustividad de las inspecciones a la luz del número elevado de inspecciones llevadas a cabo por cada inspector. En respuesta a estas preocupaciones, el Gobierno indicó que es consciente de la magnitud del problema y de los desafíos relacionados, y que está intentando solucionar estas cuestiones. El Gobierno indicó que había incrementado el número de inspectores del trabajo, que son 200. Asimismo, señaló que en el país ya hay 1 700 000 trabajadores migrantes, lo que constituye un desafío para la inspección del trabajo.

La Comisión toma nota de que en su última memoria el Gobierno señala que ha reforzado la función de la inspección del trabajo, y ha incrementado aún más el número de inspectores del trabajo, que ahora son 227. El Gobierno indica que también ha aumentado el número de visitas de inspección, que pasaron de 46 624 en 2012, a 50 538 en 2013, y que el número de lugares de trabajo sujetos a inspección continúa aumentando, y pasó de 45 000 empresas en 2013, a 48 178 en 2014. Asimismo, el Gobierno indica que está adoptando medidas para facilitar la labor de los inspectores del trabajo, proporcionándoles tabletas electrónicas y vinculándolos al sistema especial de cartografía del Estado a fin de que puedan encontrar de forma más rápida y precisa las empresas sujetas a inspección.

La Comisión toma nota de que el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes en su informe al Consejo de Derechos Humanos sobre su misión a Qatar de 23 de abril de 2014, expresó su preocupación en relación con el número insuficiente de inspectores del trabajo que, junto con la falta de intérpretes, conduce a que no se puedan investigar exhaustivamente las condiciones de vida y de trabajo en los campos de trabajo (documento A/HRC/26/35/Add.1, párrafo 45). La Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para contratar a más inspectores del trabajo a fin de que su número sea suficiente para inspeccionar los lugares de trabajo sujetos a inspección, y le pide que continúe adoptando medidas para reforzar la eficacia del sistema de inspección del trabajo. Además, observando el gran número de inspecciones realizadas por cada inspector, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el tiempo promedio dedicado por los inspectores del trabajo a cada visita de inspección y adopte las medidas necesarias para que los lugares de trabajo sean inspeccionados con toda la exhaustividad necesaria para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales en relación con las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores.

Artículos 7 y 8. Contratación y formación. La Comisión toma nota de los comentarios realizados por diversos oradores durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia sobre la formación y contratación de inspectores, respecto a la necesidad de impartir una formación adicional a los inspectores del trabajo. Asimismo, varios oradores indicaron que se necesitan más inspectores del trabajo que hablen el idioma de los trabajadores migrantes, y que deberían contratarse más inspectoras del trabajo.

La Comisión toma nota de que el Gobierno menciona las medidas adoptadas para contratar a más inspectores, que incluyen incentivos financieros, tales como el pago de horas extraordinarias, así como subsidios para vehículos y teléfonos. Asimismo, ha asignado a 14 funcionarios jurídicos del departamento de asuntos legales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que trabajen en el departamento de inspección del trabajo después de sus horas normales de trabajo a cambio de subsidios, y ha transferido a la inspección a 12 empleados de otros departamentos. El Gobierno indica que aproximadamente el 8 por ciento de los inspectores son mujeres, y que las inspectoras reciben los mismos salarios y tienen los mismos privilegios que sus homólogos masculinos. Además, el Gobierno lleva a cabo cursos de formación para inspectores del trabajo, tanto en el país como en el extranjero. El Gobierno señala que solicitará la asistencia técnica de la OIT para formar a un número suficiente de inspectores con miras a prepararlos para el desempeño de sus funciones. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información detallada sobre la formación proporcionada a los inspectores del trabajo, en la que se indique, entre otras cosas, la frecuencia de esos cursos de formación, su duración y el número de participantes y los temas cubiertos. Asimismo, pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que se proporciona la formación necesaria a los funcionarios transferidos temporalmente a la inspección del trabajo a fin de que puedan realizar adecuadamente las funciones que se les asignan. Además, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para contratar inspectores del trabajo e intérpretes que conozcan los idiomas de los trabajadores migrantes, y que aumente el número de inspectoras del trabajo.

Artículos 5, a), 17, 18 y 21, e). Cooperación efectiva entre la inspección del trabajo y el sistema judicial, procedimientos legales y aplicación efectiva de sanciones adecuadas. La Comisión toma nota de que, durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, se señaló que el Gobierno solicitó un informe sobre los trabajadores migrantes en el país, que contiene recomendaciones en relación con la inspección del trabajo. Estas recomendaciones incluyen el reforzamiento de las facultades de los inspectores, que en la actualidad sólo pueden formular recomendaciones y no tienen autoridad para imponer sanciones, y la mejora de la coordinación con el sistema judicial a fin de someter a la justicia las violaciones cometidas.

La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno sobre las inspecciones realizadas en 2013 y el primer trimestre de 2014, que dieron como resultado amonestaciones para que se pusiera fin a las infracciones detectadas y el levantamiento de actas de infracción (que se remiten al departamento de relaciones laborales para que tome nuevas medidas, y también a los tribunales). Se levantaron actas de infracción en relación con 825 de las 50 538 inspecciones realizadas en 2013. A este respecto, toma nota de que durante el primer trimestre de 2014 ha aumentado significativamente el número de actas de infracción (438 en comparación con 825 durante todo el año 2013), y también del aumento significativo del levantamiento de actas en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (SST). El Gobierno indica que, durante el primer trimestre de 2014, la judicatura se ocupó de 448 casos en los que se dictaron 379 condenas. La Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para mejorar la eficacia de los mecanismos de aplicación existentes, incluidas medidas para reforzar las facultades en materia de aplicación a los inspectores del trabajo y promover la colaboración efectiva con las autoridades judiciales, y que transmita información a este respecto. Solicita al Gobierno que especifique el número de casos remitidos por la inspección del trabajo a las autoridades judiciales. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información no sólo sobre el número de casos en los que se han impuesto condenas, sino también sobre todas las medidas concretas aplicadas en dichos casos. También pide al Gobierno que vele por que las estadísticas sobre las infracciones detectadas y las sanciones impuestas que figuran en su informe anual se clasifiquen según las disposiciones legales correspondientes, incluso en lo que respecta a la confiscación de pasaportes, las condiciones de trabajo y el pago puntual de los salarios.

Artículos 5, a), 14 y 21, f). Inspección del trabajo en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. La Comisión toma nota de que, durante la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, diversos oradores indicaron que el reforzamiento de la inspección del trabajo contribuiría a proteger la SST de los trabajadores migrantes que trabajan en el país, especialmente en el sector de la construcción, puesto que en ese sector se han producido varias muertes de trabajadores causadas por accidentes profesionales.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que tiene previsto crear un departamento independiente responsable de las cuestiones relativas a la SST, que se encargará de realizar inspecciones en materia de SST en las empresas. Asimismo, toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno en la que se señala que durante el primer trimestre de 2014 se realizaron 3 485 visitas en materia de SST en 920 empresas. La Comisión toma nota de que, si bien se realizaron el doble de inspecciones para controlar otras cuestiones laborales, las inspecciones realizadas en materia de SST dieron como resultado un número mayor de amonestaciones (1 302 amonestaciones en materia de SST en comparación con 371 sobre otras cuestiones laborales). La Comisión también toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno sobre las notificaciones recibidas en relación con accidentes del trabajo que causaron discapacidades. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno no transmite información alguna sobre los accidentes del trabajo mortales, pero indica que si un trabajador muere como resultado del trabajo o durante el trabajo, el empleador debe notificar la defunción al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como a la policía y a las autoridades sanitarias competentes. Según el Gobierno, las cifras sobre accidentes del trabajo dependen de la manera en que las notificaciones lleguen al Ministerio. La Comisión insta al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para reforzar la capacidad de la inspección del trabajo en lo que respecta al control de la SST, especialmente en el sector de la construcción. Asimismo, solicita al Gobierno que adopte medidas para garantizar la coordinación y colaboración entre los inspectores del trabajo y los inspectores del nuevo departamento de SST. La Comisión también pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que se informa a la inspección del trabajo de todos los accidentes laborales, y para que en el informe anual de la inspección del trabajo se incluyen estadísticas pertinentes, incluso sobre los accidentes del trabajo mortales.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

San Marino

Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) (ratificación: 1988)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Parte I del formulario de memoria. Legislación. La Comisión agradecería al Gobierno que indicase todas las nuevas disposiciones legales en relación con las cuestiones cubiertas por el Convenio y las normas internacionales usadas al elaborar o revisar los conceptos, definiciones y metodología utilizados en el acopio, compilación y publicación de las estadísticas requeridas por este Convenio.

Artículo 2 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de las últimas normas internacionales del trabajo y que especifique, para cada artículo del Convenio en relación con el cual se aceptaron las obligaciones (a saber, artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15), qué normas y directivas se utilizan.

Artículo 7. La Comisión solicita al Gobierno que indique los conceptos, definiciones y metodología utilizados para realizar estimaciones oficiales sobre la mano de obra, el empleo y el desempleo en San Marino.

Artículo 8. La Comisión insta al Gobierno a transmitir a la OIT información metodológica sobre los conceptos y definiciones en relación con las estadísticas sobre la mano de obra basadas en registros, en cumplimiento del artículo 6 del Convenio.

Artículo 9, 1). Tomando nota de que las estadísticas anuales sobre las ganancias medias y las horas medias de trabajo realmente efectuadas aún no se desglosan por sexo, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias a este fin y que mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan a este respecto.

Artículo 9, 2). La Comisión solicita al Gobierno que garantice que las estadísticas cubiertas por estas disposiciones se transmiten de forma regular a la OIT.

Artículo 10. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar efecto a esta disposición y que mantenga informada a la OIT sobre todos los cambios que se produzcan en este ámbito.

Artículo 11. La Comisión toma nota de que no se dispone de información sobre la estructura de la remuneración de los empleados por componentes principales. Por consiguiente, pregunta al Gobierno si es posible compilar estas estadísticas en relación con más de cuatro grupos de la industria manufacturera, y le pide que comunique estas estadísticas a la OIT tan pronto como sea posible, de conformidad con el artículo 5 del Convenio.

Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para elaborar, publicar y comunicar a la OIT información metodológica concreta sobre los conceptos, definiciones y métodos adoptados para compilar estadísticas sobre la remuneración de los empleados, con arreglo al artículo 6.

Artículo 12. La Comisión insta al Gobierno a transmitir información metodológica sobre los nuevos índices de los precios al consumo (base diciembre 2002=100) con arreglo al artículo 6 de este Convenio.

Artículo 13. La Comisión toma nota de que en una publicación anual titulada Encuesta sobre el consumo y el estilo de vida de las familias de San Marino, la Oficina de Planificación Económica, Procesamiento de Datos y Estadísticas publica regularmente estadísticas detalladas sobre los gastos de los hogares. Sin embargo, esta publicación no contiene información sobre las fuentes, conceptos, definiciones y metodología utilizados en el acopio y la compilación de estadísticas sobre los ingresos y gastos de los hogares. La Comisión insta al Gobierno a:

i)indicar si las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores fueron consultadas para la elaboración de los conceptos, definiciones y metodología utilizados (con arreglo al artículo 3), y

ii)comunicar una descripción detallada de las fuentes, conceptos, definición y metodología utilizados en el acopio y compilación de estadísticas sobre los ingresos y gastos de los hogares, tal como se requiere en virtud del artículo 6.

Artículo 14. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información más amplia sobre el sistema estadístico, haciendo especial referencia a los conceptos y definiciones utilizados para realizar estadísticas sobre lesiones profesionales.

Artículo 15. Habida cuenta de que no se han proporcionado datos sobre las huelgas y cierres patronales (tasa de días no trabajados, por actividad económica), la Comisión invita al Gobierno a comunicar información con arreglo al artículo 5 de este Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sudán

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1970)

Proyecto de estrategia sobre la inspección del trabajo. La Comisión toma nota que, tras una solicitud de asistencia técnica por parte del Gobierno, se celebró, en mayo de 2014, un taller nacional tripartito sobre la inspección del trabajo, en colaboración con la OIT. En el taller, se discutieron las medidas encaminadas a abordar los actuales desafíos del sistema de inspección del trabajo y esto dio lugar a la elaboración de un proyecto de estrategia sobre la inspección del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que informe si se adoptó este proyecto de estrategia sobre la inspección del trabajo y, de ser así, que transmita información acerca de las medidas específicas adoptadas para su implementación.

Artículo 4, 1) y 2), del Convenio. Organización y funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo bajo la vigilancia y el control de una autoridad central. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se elaboró un organigrama del Departamento de Inspección del Trabajo y Relaciones Laborales, que está pendiente de adopción. Recordando sus comentarios anteriores sobre el funcionamiento de los servicios de inspección del trabajo, la Comisión pide al Gobierno que prosiga su reforma de la inspección del trabajo, incluso a la luz del mencionado proyecto de estrategia sobre la inspección del trabajo, con miras a garantizar el funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo bajo la vigilancia y el control de una autoridad central. También solicita al Gobierno que comunique el organigrama del Departamento de Inspección del Trabajo y Relaciones Laborales, en cuanto se haya adoptado, y una lista actualizada de las estructuras de la inspección del trabajo en las oficinas de empleo de los estados, así como información acerca de los recursos asignados a esas oficinas.

Artículos 19, 20 y 21. Elaboración, publicación y comunicación a la OIT de un informe anual. La Comisión toma nota con preocupación de que, hace más de 25 años, no se ha comunicado a la Oficina un informe anual sobre las actividades de los servicios de inspección del trabajo. Insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que se elabore y publique un informe anual de inspección del trabajo, con el contenido de la información relativa a todos los puntos comprendidos en el artículo 21, y le solicita que envíe una copia a la OIT. A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, con el fin de cumplir con sus obligaciones en virtud de estas disposiciones del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Turquía

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1951)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-İŞ) adjuntas a la memoria del Gobierno y recibidas el 2 de enero de 2014. La Comisión toma nota también de las observaciones formuladas por la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK), y de la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, así como de las observaciones de la TÜRK-İŞ, y la Confederación de Sindicatos Reales de Turquía (HAK-IŞ), recibidas el 3 de noviembre de 2014, todas ellas relativas a la aplicación del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), y del Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161).

Artículos 3, 1), a) y b), 5, a), 10, 13, 14 y 16 del Convenio. Inspección del trabajo y seguridad y salud en el trabajo (SST). 1. Incidencia de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales y su notificación a la inspección del trabajo. La Comisión había tomado nota anteriormente de la información comunicada por la TÜRK-İŞ sobre el aumento del número de accidentes del trabajo y casos de enfermedad profesional comunicados a las instituciones de la seguridad social, que pasaron de 866 en 2008 a 1 171 en 2009. A este respecto, la Comisión toma nota de que la DISK, la KESK y la TÜRK-İŞ señalan que el número de accidentes del trabajo mortales en Turquía es muy elevado, además del problema de que el número de notificaciones de los casos de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales es inferior al registrado realmente.

La Comisión remite al Gobierno a los comentarios que formula en virtud del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), y le pide que tenga a bien examinar los métodos con los que puede mejorarse el sistema de notificación de los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional.

2. Inspecciones del trabajo en el ámbito de la SST, incluido el sector minero. La Comisión toma nota de las estadísticas suministradas por el Gobierno, según las cuales, en 2011, se efectuaron 19 469 visitas de inspección en materia de SST, y en 2012, 11 533. La Comisión toma nota también de que, según las informaciones de la DISK, las inspecciones del trabajo cubren únicamente un 6 por ciento de todos los establecimientos del país. Toma nota de las observaciones formuladas por la KESK, de acuerdo con las cuales el grave accidente ocurrido en las minas de Soma, donde 301 trabajadores perdieron la vida, fue el resultado de un incumplimiento generalizado de los reglamentos preventivos en materia de SST. Según la HAK-IŞ, el número de accidentes laborales y, en particular, el accidente minero de Soma, demuestra que las inspecciones de SST son insuficientes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en esta materia. En este contexto, la TÜRK-İŞ subraya la necesidad de que existan inspecciones eficaces en materia de SST y señala que las multas administrativas por incumplimiento de las obligaciones en esta materia no son disuasorias.

La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, el sector minero fue uno de los sectores prioritarios de inspección del trabajo en materia de SST en 2012, con 747 inspecciones realizadas. Teniendo en cuenta la situación de la SST en el país, la TÜRK-İŞ valora positivamente los planes del Gobierno para 2014-2018 de centrarse en los sectores de la metalurgia, la minería y la construcción con miras a la prevención de accidentes laborales. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno anunció en una conferencia de prensa de noviembre de 2014, la introducción de una serie de medidas en materia de SST en los sectores de la minería y de la construcción, incluida la inspección del trabajo, con el objetivo específico de reducir la incidencia de los accidentes del trabajo mortales e incrementar la seguridad en el lugar de trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para mejorar la eficacia de la inspección del trabajo en el ámbito de la SST en particular en el sector de la industria minera y que suministre información estadística detallada sobre las actividades de prevención y de control efectivo de la aplicación que realiza la inspección del trabajo a este respecto (el número de lugares de trabajo y de trabajadores empleados en ellos, el número de visitas efectuadas en dichos lugares, las medidas de prevención ordenadas, tales como medidas cautelares con efecto inmediato en caso de peligro inminente para la salud o seguridad de los trabajadores, las infracciones detectadas y las sanciones y penas impuestas en el ámbito de la SST, y las disposiciones jurídicas correspondientes, así como el número de accidentes del trabajo y casos de enfermedad profesional registrados).

Sírvase proporcionar datos desglosados relativos al sector de la minería, en particular sobre el número de los lugares de trabajo sujetos a inspección (incluidos sus dimensiones y distribución geográfica), y sobre el número de esos lugares de trabajo que han sido controlados por la inspección del trabajo. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre la autoridad responsable de la inspección del trabajo en el sector de la minería y sobre el número de inspectores del trabajo especializados en este ámbito.

3. Condiciones en materia de SST en situaciones de subcontratación. Según la KESK, los accidentes del trabajo suceden en su mayoría en situaciones de subcontratación. La TÜRK-İŞ señala que alrededor de un millón de trabajadores se encuentran en situación de subcontratación y que, debido a la ausencia de inspecciones del trabajo, se ven obligados a trabajar en condiciones inseguras e insalubres.

La Comisión toma nota de la información estadística comunicada por el Gobierno sobre las actividades y los resultados relativos al control de las prácticas ilegales de subcontratación, esto es, la inspección de 59 empresas subcontratistas y la identificación de 10 490 trabajadores, que han dado lugar a la imposición de multas administrativas en 15 establecimientos. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha comunicado ninguna información específica sobre el número de casos detectados de incumplimiento de las disposiciones en materia de SST en estos establecimientos. La Comisión solicita al Gobierno que facilite información sobre las actividades preventivas y para hacer cumplir la ley que realiza la inspección del trabajo en relación con las disposiciones legales sobre las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores en situaciones de subcontratación (el número de inspecciones pertinentes efectuadas, el número de infracciones detectadas y las disposiciones jurídicas a las que se refieren, así como las medidas pertinentes adoptadas).

4. La inspección del trabajo en la economía informal. La Comisión toma nota de que la TÜRK-İŞ hace referencia a los persistentes problemas que se observan en vasto ámbito del sector informal de la economía (tales como la falta de pago de los salarios mínimos, la falta de registro de los trabajadores ante las autoridades de la seguridad social y las prácticas desfavorables de la subcontratación) e insta a que la inspección del trabajo se ocupe de abordar esta cuestión. En este sentido, la Comisión toma nota de la información estadística proporcionada por el Gobierno sobre las actividades y resultados de la inspección del trabajo centrados en los trabajadores no declarados, incluida la notificación a las autoridades de la seguridad social de los trabajadores no declarados y su registro. La Comisión, al observar que desde hace varios años viene señalando la ausencia de estadísticas sobre el número de lugares de trabajo no registrados y de trabajadores no asegurados, circunstancia que hace difícil llevar a cabo visitas de inspección en esos lugares de trabajo, la Comisión toma nota con interés de que en el marco del 7.º Plan de acción estratégico para luchar contra la economía informal, se ha establecido un sistema de información que permite a los inspectores del trabajo el acceso a la información pertinente de numerosas instituciones. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información estadística sobre la labor de control de la aplicación de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores a través de la inspección relativa al trabajo no declarado (número de casos de trabajadores registrados ante las autoridades de la seguridad social, número de casos en los que se pagan salarios pendientes resultantes de anteriores relaciones de trabajo, etc.). Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el número estimado de trabajadores no registrados y no asegurados (incluidos los empleados en el sector de la minería y en situaciones de subcontratación).

Artículos 10 y 16. Número de inspectores, frecuencia y esmero de las inspecciones. La Comisión tomó nota anteriormente de que la inspección del trabajo contaba con 840 inspectores en 2011 y que se ha aprobado la convocatoria de 1 000 nuevos puestos vacantes que están en curso de contratación. En este sentido, la Comisión valora positivamente que la cifra de inspectores del trabajo haya aumentado de 840 a 1 020 (en agosto de 2013). Según las informaciones comunicadas por la DISK, el número actual de inspectores del trabajo alcanza los 1 050, entre los cuales 460 inspectores del trabajo social, y 590 inspectores técnicos. La Comisión entiende que, según las informaciones del Gobierno, no todos los inspectores del trabajo están autorizados a efectuar inspecciones. La Comisión toma nota asimismo de que la TÜRK-İŞ señala que la necesidad de incrementar el número de inspectores del trabajo, así como de que la DISK estima que el número de inspectores es insuficiente para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones y que tanto las inspecciones como las sanciones impuestas están lejos de ser disuasorias.

La Comisión toma nota que el número de inspecciones ha seguido disminuyendo: de 46 969 inspecciones del trabajo en 2010 a 38 131 en 2012. La Comisión toma nota de las explicaciones del Gobierno de que este descenso en el número de inspecciones se debe a la introducción de medidas proactivas y a que la realización de cada inspección requiere más tiempo. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados para proveer los puestos vacantes en la inspección del trabajo. Teniendo en cuenta el descenso considerable del número de inspecciones en los últimos años, la Comisión alienta al Gobierno a velar por que el número de inspectores e inspecciones del trabajo sea suficiente para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales relativas a las condiciones del trabajo y para la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión.

Asistencia técnica. La Comisión toma nota de que el 16-17 de octubre de 2014, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social organizó una «Reunión Nacional Tripartita sobre la mejora de la SST en las minas», en cooperación con la OIT, durante la cual el Gobierno, y representantes de los trabajadores y de los empleadores llegaron a un acuerdo sobre los principales elementos de una hoja de ruta, que incluye un capítulo relativo a la inspección del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre toda medida adoptada o prevista en relación con la inspección como consecuencia de la asistencia técnica proporcionada por la Oficina en el contexto de las actividades mencionadas anteriormente.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Yemen

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) (ratificación: 1976)

Reforma de la legislación laboral. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual se aprobó el proyecto de enmiendas al Código del Trabajo y se presentará al Parlamento. En este sentido, toma nota de que el Gobierno no comunica ninguna información en relación con las medidas legislativas adoptadas para abordar las cuestiones planteadas con anterioridad por la Comisión, a saber, si el proyecto de enmiendas prevé la facultad de los inspectores del trabajo de interrogar a los empleadores o a los trabajadores (artículo 12, c), i), del Convenio), y un aumento de las sanciones en caso de violación de la legislación laboral, incluso por obstrucción a los inspectores del trabajo, de modo que sean suficientemente disuasorias (artículos 17 y 18). La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre toda medida legislativa adoptada respecto de las mencionadas cuestiones en virtud de los artículos 12, c), i), 17 y 18 del Convenio, y que transmita una copia del Código del Trabajo revisado en cuanto haya sido adoptado.

Artículos 4, 5, a), 6, 8, 9, 10 y 11 del Convenio. Organización y funcionamiento efectivo del sistema de inspección del trabajo bajo la vigilancia y el control de una autoridad central; dotación de recursos humanos y medios materiales suficientes a los servicios de inspección del trabajo y condiciones adecuadas de servicio para los inspectores del trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente, a partir de una auditoría sobre la inspección del trabajo realizada por la OIT a solicitud del Gobierno en 2009, de que: i) es insuficiente la coordinación entre los dos departamentos encargados de la inspección del trabajo, en el Ministerio de Asuntos Sociales y Laborales (MOSAL) (a saber, la Dirección de Administración General de Inspección del Trabajo (GALI) y la Administración General de Seguridad y Salud en el Trabajo (GAOSH)), al igual que es insuficiente la coordinación entre el MOSAL y la GALI y otros servicios del Gobierno que llevan a cabo servicios similares; ii) el número de inspectores e inspectoras del trabajo, incluidos los especialistas en seguridad y salud en el trabajo (SST) es insuficiente; iii) se carece de los medios logísticos mínimos para la inspección del trabajo (no hay medios de transporte y no se reembolsan los gastos profesionales, los inspectores del trabajo no tienen acceso a ordenadores e Internet, etc.), y iv) los inspectores del trabajo tienen salarios y asignaciones inadecuados para cubrir al menos las condiciones de vida básicas.

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual es continua la coordinación entre la GALI y la GAOSH en el sector de las relaciones laborales del MOSAL y existen planes para fortalecer la coordinación de los servicios de inspección del trabajo con la Corporación General del Seguro Social (GSCI) y otros organismos pertinentes. La Comisión también toma nota de que el MOSAL está considerando la posibilidad de establecer una institución independiente subordinada al MOSAL, integrando las funciones de inspección del trabajo y SST, como recomendaba, en 2009, la OIT en la auditoría sobre la inspección del trabajo. Sin embargo, el Gobierno indica que las condiciones económicas no son en la actualidad adecuadas y que el Gobierno trata de encontrar recursos financieros para financiar las actividades del Ministerio. En cuanto a las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo, el Gobierno indica que el MOSAL tiene la intención de solicitar recursos presupuestarios adicionales, destinados a los inspectores del trabajo y de SST, dentro del presupuesto del Ministerio en los próximos años. La Comisión alienta al Gobierno a que haga todo lo posible para dotar a los servicios de Inspección del Trabajo de los recursos económicos necesarios para funcionar de manera efectiva, y a que comunique información actualizada sobre el presupuesto del MOSAL asignado a tal fin, especificando también el porcentaje del presupuesto nacional.

A este respecto, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que informe detalladamente sobre las medidas concretas adoptadas o previstas para la aplicación de las recomendaciones de la auditoría sobre la inspección del trabajo de 2009, en particular: i) las medidas implementadas para asegurar una cooperación efectiva entre la GALI, la GAOSH y otras instituciones y organismos públicos o privados ocupados en trabajos similares a la inspección del trabajo; ii) el aumento del número de inspectores del trabajo; iii) la dotación de recursos materiales adecuados (incluidos ordenadores, equipos y medios de transporte disponibles), y iv) las medidas adoptadas para garantizar que las condiciones de servicio de los inspectores del trabajo, incluido el sistema de remuneración y de niveles salariales, sean tales que los inspectores del trabajo gocen de independencia frente a influencias externas indebidas, y gocen de la neutralidad requerida para un adecuado desempeño de sus funciones, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 6.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 63 (Argelia, Barbados, Chile, Cuba, Francia, Francia: Nueva Caledonia, Francia: Polinesia Francesa); el Convenio núm. 81 (Alemania, Bangladesh, Colombia, República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, Gabón, Granada, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Jamaica, Jordania, Kenya, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Líbano, Liberia, Libia, Lituania, Luxemburgo, Madagascar, Malasia, Malí, Malta, Marruecos, Mauricio, República de Moldova, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos: Caribe parte de los Países Bajos, Países Bajos: Curazao, Países Bajos: Sint Maarten, Pakistán, Panamá, Perú, Qatar, Sierra Leona, Sudán, Tayikistán, Togo, Turquía, Yemen); el Convenio núm. 129 (Eslovaquia, Guatemala, Islandia, Kenya, Letonia, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Togo); el Convenio núm. 150 (Albania, Antigua y Barbuda, Argelia, Argentina, Australia, Belice, Benin, Burkina Faso, Camboya, República Centroafricana, República Checa, China, Congo, Costa Rica, Cuba, República Democrática del Congo, Dinamarca, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Finlandia, Gabón, Guyana, Jordania, San Marino, Togo); el Convenio núm. 160 (Alemania, Australia, Australia: Isla Norfolk, Hungría, Irlanda, Italia, Swazilandia).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 129 (Eslovenia); el Convenio núm. 150 (Chipre).

Política y promoción del empleo

Alemania

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1971)

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Tendencias del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de la memoria presentada por el Gobierno en julio de 2013, que incluye información en respuesta a la observación de 2012. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) recibidas en septiembre de 2013. El Gobierno informa sobre las enmiendas de la legislación para mejorar la integración del mercado de trabajo, en vigor desde 2012 y abarca medidas de promoción activa del empleo y prestaciones sociales para los solicitantes de empleo. El Gobierno señala que las medidas contribuyen a la colocación mediante la descentralización de los instrumentos de política laboral, el fortalecimiento de la toma de decisiones en el ámbito local y el refuerzo de la flexibilidad y transparencia en el diseño y aplicación de los instrumentos de política laboral, así como a mejorar el control de calidad sobre los proveedores de servicios del mercado de trabajo. Asimismo, el Gobierno se refiere a una serie de medidas fiscales destinadas a disminuir la presión tributaria de las empresas para alentar las inversiones y la creación de puestos de trabajo. La Comisión toma nota que, desde 2009, el número de desempleados disminuyó en cerca de 500 000 personas, situándose en 2,9 millones de personas en 2013, el nivel más bajo observado en los últimos veinte años. El Gobierno indica que, a finales de junio de 2013, el número de personas empleadas en el país ascendía a 41,6 millones y el número de trabajadores comprendido en el seguro social obligatorio a 28,9 millones. En septiembre de 2012, la tasa de empleo femenino era del 71,5 por ciento y la tasa de empleo de las personas de edad se situaba en el 61,5 por ciento. El número de jóvenes desempleados de edades comprendidas entre los 15 y 25 años ha registrado un ligero aumento, de 279 000 en 2011 a 291 000 en 2013. En el caso de personas de edades comprendidas entre los 20 y 25 años, la tasa de desempleo ascendió en un 2,9 por ciento en relación con el año anterior, lo que representa a 246 000 desempleados. La Comisión invita al Gobierno a que siga comunicando información sobre las medidas activas del mercado de trabajo adoptadas y, en particular, que indique la manera en que dichas medidas se determinan y revisan periódicamente en el marco de una política económica y social coordinada, en consulta con los interlocutores sociales.

Jóvenes. Desempleo de larga duración. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica que para combatir el desempleo de larga duración ha diseñado y aplicado en cooperación con otros Estados miembros de la Unión Europea, el programa «Integración a través del Intercambio» (IdA). El programa fue elaborado para reforzar la creación y mejora de las oportunidades de empleo de los jóvenes desfavorecidos y de las personas con discapacidad prestando apoyo a la realización de prácticas internacionales en el ámbito de los países de la Unión Europea. El Gobierno señala que, en 2013, 9 000 solicitantes fueron enviados a otros Estados miembros de la Unión Europea para recibir formación en el empleo y que dos terceras partes de los jóvenes que estuvieron desempleados durante un promedio de 15 meses iniciaron, un aprendizaje o encontraron empleo sujeto al seguro social obligatorio en un plazo de seis meses después de haber finalizado el programa IdA. Además, el Gobierno indica que el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales junto con los Länder ha elaborado una estrategia consistente en compilar información sobre experiencias positivas para elaborar orientación y principios que han de considerarse al abordar la situación de los desempleados de larga duración. La DGB expresó su preocupación por la escasa mejora en la situación de las personas beneficiarias de prestaciones desde hace largo tiempo. Según la información proporcionada por la DGB, el gasto de medidas de promoción en el sistema de seguridad social se ha reducido de 6 600 millones de euros en 2010 a 3 900 millones de euros en 2013. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar más informaciones sobre los resultados del programa IdA en cuanto a la integración en el mercado de trabajo de los jóvenes desempleados. La Comisión también invita al Gobierno a incluir informaciones sobre las medidas adoptadas para ayudar a obtener un empleo duradero a las personas beneficiarias de prestaciones de seguridad social desde hace largo tiempo.

Oferta de mano de obra calificada. El Gobierno informa que el Pacto Nacional sobre Enseñanza y Formación Profesional finalizó en 2014. La Comisión toma nota de que en el período 2011-2012 se informó de la existencia de 517 000 puestos de aprendizaje, una cifra prácticamente similar a la del año anterior. En enero de 2013, la campaña de colocación en el empleo realizada conjuntamente por las diversas agencias de empleo y cámaras de comercio e industria logró reducir el número de solicitantes de empleo que no obtuvieron una colocación a 7 700 personas. Por ejemplo, cada uno de los candidatos que asistió a los eventos de la campaña recibió un promedio de siete ofertas de plazas de aprendizaje. La DGB solicita una formación más específica y adecuadamente financiada para ayudar a los desempleados de larga duración a integrarse al mercado de trabajo. La Comisión invita al Gobierno a informar sobre las nuevas medidas adoptadas para dar competencias laborales adecuadas a los desempleados.

«Miniempleos». Trabajadores cedidos por agencias de trabajo temporal. La Comisión toma nota de las preocupaciones expresadas por la DGB en relación a los denominados «miniempleos». La DGB señala que prácticamente 4,8 millones de personas trabajan exclusivamente en «miniempleos», una modalidad de empleo a tiempo parcial que les permite a los trabajadores devengar un salario mensual de hasta 450 euros sin estar sujetos a un sistema impositivo regular. La DGB también subraya que uno de cada tres empleos registrados en las agencias de empleo es para realizar un trabajo temporario (Leiharbeit) cuya duración promedio es de tres meses. En tales casos son pocos los trabajadores que pueden obtener un empleo permanente. La Comisión invita al Gobierno a facilitar informaciones sobre las medidas adoptadas, en consulta con los interlocutores sociales, para promover empleo duradero para aquellos trabajadores que se desempeñan en «miniempleos» y trabajadores que no se encuentran regularizados.

Angola

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1976)

Artículo 1 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. En relación a los comentarios que formula desde hace muchos años, la Comisión toma nota de las indicaciones trasmitidas por el Gobierno en mayo de 2014 respecto al Programa de revitalización, expansión y modernización de los centros de empleo. El Gobierno indica que se han creado 16 pabellones ocupacionales que prestarán servicio en distintas localidades. Dichos pabellones servicios ejecutivos indirectos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) orientados a ayudar a las comunidades en la realización de actividades profesionales especializadas (contratación de mano de obra y realización de actividades profesionales), así como a participar en el reconocimiento, la validación y la certificación de competencias. La Comisión recuerda la necesidad de garantizar la función esencial del servicio del empleo público y gratuito para promover empleo en el país. En ese sentido, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que facilite una memoria que contenga informaciones estadísticas disponibles sobre el número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por las oficinas (parte IV del formulario de memoria). Asimismo, la Comisión reitera la solicitud de información formulada respecto a:

–las consultas celebradas con representantes de los empleadores y de los trabajadores en la organización y funcionamiento del servicio del empleo (artículos 4 y 5);

–la manera en que ha sido organizado el servicio del empleo y cuáles son las actividades que desarrolla para asegurar eficazmente el desempeño de las funciones enunciadas en el artículo 6;

–las actividades del servicio público del empleo en relación con las categorías de solicitantes de empleo en situaciones socialmente vulnerables, en particular, las personas con discapacidad (artículo 7);

–las medidas adoptadas para favorecer a los jóvenes en el campo de los servicios del empleo y de la orientación profesional (artículo 8);

–las medidas propuestas para formar o perfeccionar al personal del servicio del empleo (artículo 9, párrafo 4);

–las medidas propuestas por el servicio del empleo, en colaboración con los interlocutores sociales, destinadas a estimular la utilización máxima del servicio del empleo (artículo 10), y

–las medidas adoptadas o previstas por el servicio del empleo para lograr la cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias privadas de colocación (artículo 11).

Argelia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1969)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Participación de los interlocutores sociales. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica en su memoria que en el marco de la aplicación de la Política nacional para la promoción del empleo, las autoridades públicas están deseosas de continuar la aplicación de los elementos fundamentales del plan de acción de promoción del empleo y lucha contra el desempleo adoptado en 2008. Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas en abril de 2014, la población activa era de 11 716 000 personas, y se estimaba que la tasa de participación de la población de 15 y más años alcanzaba el 41,5 por ciento, mientras que la tasa de empleo era del 37,5 por ciento en el ámbito nacional (el 60,5 por ciento en el caso de los hombres y del 14 por ciento en el de las mujeres). En ese mismo período, había 1 151 000 personas desempleadas, y la tasa de desempleo en el ámbito nacional era del 9,8 por ciento. La Comisión invita al Gobierno a comunicar informaciones sobre los resultados obtenidos y las dificultades encontradas para alcanzar los objetivos del plan de acción para la promoción del empleo y la lucha contra el desempleo, incluyendo informaciones cuantitativas actualizadas sobre los resultados de las medidas aplicadas para estimular el crecimiento del desarrollo económico, elevar el nivel de vida, atender los requerimientos de la mano de obra y resolver el problema del desempleo y el subempleo (artículo 1, párrafo 1). Asimismo, la Comisión invita al Gobierno a comunicar datos actualizados sobre la población activa y su distribución, la naturaleza, el alcance y las tendencias del subempleo y del desempleo, desglosadas por edad, sexo y región. Además, la Comisión invita al Gobierno a proporcionar informaciones precisas sobre la contribución de los interlocutores sociales a la formulación de un nuevo plan de acción para el empleo, indicando de qué manera se ha tenido en cuenta la opinión de los trabajadores del sector rural y de la economía informal para lograr su plena cooperación en la formulación de las políticas del empleo y obtener el apoyo necesario para la ejecución de las medidas adoptadas en la materia.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Australia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1969)

Medidas de política de empleo eficaces. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno y de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), recibidas en septiembre de 2014. El Gobierno indica que, en el contexto de un entorno internacional relativamente deprimido y de un crecimiento nacional por debajo de la tendencia general, las condiciones del mercado de trabajo de Australia no han sido buenas durante los tres años transcurridos entre junio de 2011 y junio de 2014. Tras la celebración de elecciones generales en septiembre de 2013, el nuevo Gobierno se ha comprometido a mejorar la productividad impulsando la participación de la fuerza de trabajo. La Comisión toma nota de que en esos tres años se crearon 365 400 nuevos empleos y en junio de 2014 había 11 576 900 personas empleadas, lo que representa una tasa anual de crecimiento del 1,1 por ciento. Esta tasa está muy por debajo de la tendencia a largo plazo, que es del 2 por ciento. Además, el desempleo aumentó en 163 000 personas durante ese período para alcanzar la cifra de 745 200 desempleados. La tasa de desempleo se incrementó pasando de un 4,9 por ciento en junio de 2011 a un 6 por ciento en junio de 2014. El Gobierno señala que el número de desempleados a largo plazo (personas que han estado desempleadas durante 52 semanas o más) aumentó significativamente en los últimos años, pasando de 60 500 personas en junio de 2011 a 172 400 en junio de 2014, el nivel más alto desde noviembre de 1999. En el sistema Job Services Australia (JSA) 2012-2015 se incluyeron medidas para ayudar a los desempleados de muy larga duración a encontrar un empleo. Además, en el marco del presupuesto gubernamental de 2014-2015 se han previsto iniciativas concebidas específicamente para abordar el desempleo y para ayudar a los grupos especialmente afectados. En sus observaciones, el ACTU ha señalado que el trabajo precario es uno de los problemas más acuciantes a los que tienen que hacer frente actualmente los trabajadores de Australia. El ACTU indica que el 40 por ciento de todos los trabajadores están cubiertos por acuerdos de trabajo no convencionales, que incluyen acuerdos de trabajo ocasional, trabajo de duración determinada, contratación y subcontratación. Un significativo 25 por ciento de todos los empleados trabaja con arreglo a acuerdos de trabajo ocasional. Si bien el ACTU reconoce que estas formas de empleo tienen objetivos legítimos y concretos, su uso está aumentando, y se abusa de ellas para evitar las responsabilidades que implica una relación permanente de trabajo. El ACTU considera que la obligación de llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido de conformidad con el artículo 1 del Convenio requiere que el Gobierno adopte medidas positivas para abordar el problema del trabajo precario. Teniendo en cuenta las preocupaciones planteadas por el ACTU, la Comisión pide al Gobierno que especifique la manera en que, en virtud del artículo 2 del Convenio, revisa las medidas y políticas adoptadas con arreglo a los resultados alcanzados en relación con el cumplimiento de los objetivos de pleno empleo, productivo y libremente elegido, especificados en el artículo 1. La Comisión también invita al Gobierno a transmitir información sobre los resultados de las medidas adoptadas para hacer frente al desempleo a largo plazo y al subempleo, incluso sobre el número de beneficiarios del programa que han obtenido un empleo duradero.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que las condiciones del mercado de trabajo de los jóvenes (personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años) se han deteriorado durante los tres años transcurridos entre junio de 2011 y junio de 2014, y señala que se perdieron 37 400 empleos (el 2 por ciento) y la tasa de desempleo de este grupo de edad se incrementó, pasando de un 11,2 por ciento en junio de 2011 a un 13, 6 por ciento en junio de 2014. En el marco del presupuesto de 2014-2015, se ha previsto que a partir del 1.º de enero de 2015 los jóvenes de menos de 30 años que están plenamente capacitados para trabajar tendrán que estudiar o trabajar ya que los criterios de elegibilidad para obtener prestaciones serán más estrictos. El «programa Ejército Verde» también ofrecerá experiencias laborales en un contexto medioambiental a un máximo de 15 000 jóvenes de edades comprendidas entre los 17 y los 24 años. Los jóvenes en busca de empleo podrán unirse al «programa Ejército Verde» como alternativa al desempleo. La Comisión toma nota de las observaciones del ACTU en las que se indica que el «programa Ejército Verde» y el programa para desocupados presentan muchas deficiencias. No hay garantía de un trabajo continuo para los participantes y no se tiene la obligación de utilizar fondos de la Commonwealth para ayudar a los desempleados más desfavorecidos a encontrar un empleo. Tampoco se exige que los proveedores de servicios de empleo ofrezcan a los participantes una formación estructurada para el empleo, tutorías o informaciones sobre otros servicios de empleo. Teniendo en cuenta las preocupaciones planteadas por el ACTU, la Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas en el presupuesto de 2014-2015 para estimular y mejorar los niveles de empleo y reducir el desempleo de los jóvenes.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Brasil

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1969)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. El Gobierno destaca en su memoria que la coordinación de las políticas en diferentes áreas permitió la formación de un ambiente productivo enfocado en la generación de puestos de trabajo, lo que se tradujo en la inclusión social en el trabajo, en el crecimiento de la clase media brasileña, del consumo, del crédito y de la oferta; y en la redistribución de los ingresos y la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota asimismo de que en 2011, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) entró en su segunda fase, con el mismo pensamiento estratégico, con más recursos y alianzas con los estados y municipios para la ejecución de obras estructurales que permiten mejorar la calidad de vida en las ciudades. También en 2011, el Gobierno lanzó el plan «Brasil Maior», el cual constituye la política industrial, tecnológica y de comercio exterior del Gobierno federal. El desafío de dicho plan es mantener el crecimiento económico inclusivo en un contexto económico adverso y generar un cambio estructural de la inserción del país en la economía mundial. El plan se centra en la innovación y la densificación productiva del parque industrial, con foco en las ganancias sustentadas en la productividad del trabajo. El Gobierno sostiene que cuando se reduce la demanda agregada se compromete la generación de puestos de trabajo. Las expectativas de ventas de las empresas, tomando como referencia el pasado reciente, determinan el nivel de empleo en el ámbito de cada empresa. Según el Gobierno, el consumo determina el nivel de empleo, ya que las contrataciones se llevan a cabo teniendo en cuenta el funcionamiento del mercado. Según los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el mercado de trabajo mantuvo una evolución favorable y en 2013 presentó una tasa de desempleo promedio anual del 5,4 por ciento, el menor nivel desde 2002. La CEPAL destaca asimismo la creación de 1,1 millones de nuevos puestos formales. Asimismo, en los primeros cuatro meses de 2014 continuó la disminución de la tasa de desempleo, que afectó a un 5 por ciento de la población activa (frente a un 5,6 por ciento en igual período de 2013). La Comisión invita al Gobierno a que continúe agregando información detallada sobre las políticas ejecutadas y medidas adoptadas para alcanzar los objetivos del Convenio. La Comisión invita también al Gobierno a que siga proporcionando información sobre el impacto que ha tenido el Programa de Aceleración del Crecimiento y del plan Brasil Maior para favorecer el empleo productivo. Sírvase asimismo, incluir información sobre las medidas adoptadas para incrementar la participación en el mercado de trabajo de los grupos socialmente vulnerables como los jóvenes, los trabajadores de edad, las mujeres demandantes de empleo, los trabajadores migrantes, las minorías étnicas y las personas con discapacidad; indicando la manera en que la tasa de desempleo de estos grupos se compara con la tasa nacional de desempleo.

Políticas educativas y de formación profesional. Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno sobre el Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) presentada en 2013, en la que informa sobre el inicio del Programa Nacional de Acceso a la Educación Técnica y al Empleo (PRONATEC/ley núm. 12513 de 2011) para ampliar la oferta de cursos de la educación profesional y tecnológica. El Gobierno indica que como consecuencia de la aprobación del PRONATEC, se han implementado cambios al Plan Nacional de Cualificación (PNQ). El Gobierno destaca que la mejora de la cualificación de los trabajadores es un factor crítico para el desarrollo del país e impacta directamente en la productividad y en los ingresos de los trabajadores. Durante el período 2004-2012 se observa un aumento en el número de trabajadores más cualificados en tanto se ha reducido el número de trabajadores con menos de ocho años de estudio. El Gobierno también hace referencia al programa «Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã» del Ministerio de Trabajo y Empleo, iniciado en 2008, que busca preparar a los jóvenes de 18 a 29 años para el mercado laboral. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el impacto que ha tenido el PRONATEC, el PNQ y el programa «Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã» así como otras iniciativas adoptadas para dar a los trabajadores la oportunidad de recibir la formación necesaria que les permita encontrar empleos adecuados y utilizar su formación y calificaciones en dichos empleos. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a que incluya indicaciones sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en el ámbito de las políticas educativas y de formación profesional y sobre su relación con las oportunidades de empleo.

Camboya

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1971)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Formulación y aplicación de una política activa del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno, que se recibieron en octubre de 2013 y septiembre de 2014, en respuesta a la observación de 2011. El Gobierno indica que tiene previsto establecer una serie de plataformas políticas en el ámbito del trabajo y el empleo, incluida una plataforma para la formulación de una política nacional del empleo para adaptarse al progreso socioeconómico. A este respecto, la Comisión toma nota de que las prioridades y medidas claves del Plan nacional de desarrollo estratégico 2014-2018 incluyen la formulación y aplicación de una política nacional del empleo a fin de vincular estrechamente el sector del empleo con las necesidades de desarrollo socioeconómico. Por consiguiente, la Comisión invita al Gobierno a presentar información sobre los progresos realizados en lo que respecta a la formulación y aplicación de la política nacional del empleo, e información sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales a este respecto.

Artículo 2. Estadísticas e información sobre el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de los objetivos establecidos por el Departamento de Información sobre el Mercado de Trabajo que incluyen, entre otros, proporcionar asistencia técnica a los funcionarios encargados de las estadísticas del trabajo y de la información sobre el mercado de trabajo de los departamentos provinciales de trabajo y formación profesional. Asimismo, la Comisión toma nota de la Encuesta de 2012 sobre la fuerza de trabajo en general y la fuerza de trabajo infantil de Camboya, publicado en noviembre de 2013. Esta encuesta fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística con la ayuda de la OIT. La Comisión toma nota de que en 2012 la tasa estimada de participación de la fuerza de trabajo era del 68,8 por ciento (75,8 por ciento de hombres y 62,4 por ciento de mujeres). Las encuestas precedentes datan de 2000 y de 2001. La Comisión se refiere a su Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo (párrafo 70), en el que subrayó la importancia de compilar y analizar datos estadísticos y tendencias como base para decidir las medidas que habrán de adoptarse en el ámbito de la política del empleo. La Comisión invita al Gobierno a presentar información estadística actualizada, desglosada por edad y sexo, sobre el mercado de trabajo del país y las tendencias del empleo. Sírvase asimismo indicar la forma en que los datos del mercado de trabajo se compilan y utilizan para determinar y revisar las medidas en materia de política del empleo.

Políticas educativas y de formación. La Comisión toma nota de los diversos programas de formación ofrecidos entre 2008 y 2013 y del número de beneficiarios de esos programas. Asimismo, la Comisión toma nota de que en abril de 2014 el Gobierno aprobó el Marco de Calificaciones de Camboya (CQF). El Gobierno indica que el Departamento de Información sobre el Mercado de Trabajo coopera con empresas para llevar a cabo los programas de aprendizaje. El Gobierno añade que 50 539 personas han completado aprendizajes durante el período 2004-2012, y que 46 229 de esas personas eran mujeres. Además, el Gobierno proporciona información sobre la política en materia de educación y formación dirigida a los miembros de comunidades vulnerables, a saber, a las personas con discapacidad, las mujeres y las personas más pobres de las zonas rurales. Al respecto, la Comisión toma nota de que el Departamento de Información sobre el Mercado de Trabajo tiene previsto incrementar sus esfuerzos para proporcionar a los integrantes de las comunidades más pobres, especialmente a las personas pertenecientes a grupos étnicos, calificaciones técnicas que correspondan a las necesidades del mercado de trabajo. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar información sobre las medidas adoptadas para mejorar los programas educativos y de formación, incluidos los programas de aprendizaje, y coordinar las políticas educativas y de formación con las oportunidades de empleo.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que la Política nacional sobre el desarrollo de los jóvenes, adoptada en 2011, tiene por objetivo, entre otros, proporcionar a los jóvenes la oportunidad de obtener un acceso equitativo y de calidad a la educación y a la formación profesional. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre el impacto de las medidas adoptadas en materia de promoción del empleo productivo para los jóvenes.

Desarrollo regional y rural. La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores y toma nota de que el triángulo de desarrollo Camboya-República Democrática Popular Lao-Viet Nam (CLV-CTA) está siendo examinado para extenderlo hasta 2020. La Comisión invita al Gobierno a presentar información sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir las diferencias regionales a fin de lograr un mejor equilibrio en el mercado de trabajo.

Canadá

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1950)

Artículo 1 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que incluye información en respuesta a la observación de 2011 e información detallada de las provincias. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), trasmitida por el Gobierno. La Comisión toma nota de que desde marzo de 2013, las bolsas de trabajo del sector privado pueden ofrecer empleos en línea por intermedio del Servicio Nacional del Empleo (NES) si cumplen con los requisitos legislativos del Gobierno del Canadá. En la Bolsa de trabajo en línea, que forma parte del NES, se publican anualmente aproximadamente un millón de ofertas de empleo regulares y de empleos para estudiantes. La Agencia de Empleo y Desarrollo Social de Canadá (ESDC) elabora iniciativas de empleo destinadas a grupos específicos, por ejemplo, pueblos aborígenes, jóvenes, trabajadores de edad y personas con discapacidades. El Gobierno indica que se introdujeron mejoras en el programa Seguro de Empleo (EI) para que las personas desempleadas tuvieran un mejor acceso a puestos de trabajo adecuados a sus calificaciones y que se encuentren en el ámbito local. En 2012-2013 Service Canada siguió invirtiendo en el diseño y utilización de tecnologías para facilitar el tratamiento automático de las solicitudes de empleo y amplió los servicios en línea, y mejorar por ese medio la prestación de servicio de EI. En sus observaciones, la CSN se refiere al artículo 3, párrafo 1), del Convenio, en el que se establece que el servicio del empleo deberá comprender una red de oficinas locales y regionales en número suficiente para atender a cada una de las regiones del país. La CSN indica que el cierre de las oficinas de Service Canada ha tenido repercusiones negativas en cuanto al tiempo empleado para tratar las reclamaciones de EI. La Comisión invita al Gobierno a comunicar información actualizada sobre el impacto de las actividades llevadas a cabo por el servicio del empleo y la manera en que éste garantiza «la mejor organización posible del mercado del empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener y garantizar el sistema del empleo para todos y a desarrollar y utilizar los recursos de la producción» (artículo 1, 2)). Además, la Comisión invita al Gobierno a que continúe facilitando informaciones acerca del número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por las oficinas (parte IV del formulario de memoria).

Artículos 4 y 5. Cooperación con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. El Gobierno indica que la ESDC desarrolla actividades con las 13 provincias y territorios del Canadá para desarrollar una mano de obra productiva, calificada y adaptable. El Gobierno añade que la ESDC también facilita asociaciones con empleadores, trabajadores, cámaras de la industria y otras organizaciones sin fines de lucro a fin de elaborar herramientas y estrategias que ayuden a garantizar que las personas que buscan empleo y los trabajadores tengan las calificaciones y los conocimientos requeridos por el puesto de trabajo al que aspiran. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar información sobre la manera en que se consulta a las organizaciones de los empleadores y de los trabajadores en la organización y funcionamiento del servicio del empleo, así como en el desarrollo del programa del servicio del empleo.

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1966)

Artículos 1-3 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que incluye información detallada en respuesta a la observación de 2011 e información específica transmitida por las provincias. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC) y por la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), transmitidas por el Gobierno. El Gobierno indica que, a través de la iniciativa: Conectar a los canadienses con los trabajos disponibles, el presupuesto de 2014 invierte en medidas de empleo, mediante un enfoque de tres vertientes: garantizar que la formación refleje las necesidades del mercado laboral; la formación de la fuerza de trabajo del futuro; y el fortalecimiento del mercado laboral del Canadá. La Comisión toma nota del Informe de empleos de 2014 — El estado del mercado laboral del Canadá — que dispone una evaluación del estado del mercado laboral, su preparación para hacer frente a los futuros desafíos, y concluye con una descripción de las acciones emprendidas por el Gobierno para establecer un entorno que conduzca a un mercado laboral dinámico y a la creación de trabajos de alta calidad. Según el Estudio sobre la fuerza del trabajo de octubre de 2014, la tasa de desempleo alcanzó el 6,5 por ciento, el porcentaje más bajo desde noviembre de 2008. Durante el período de 12 meses hasta octubre de 2014, el empleo aumentó en 182 000 personas, con un empleo a tiempo parcial que se elevó en 101 000 y el empleo a tiempo completo, en 81 000. En relación con sus observaciones formuladas en 2009, el CLC manifiesta su preocupación por el hecho de que no exista aún un claro compromiso hacia el pleno empleo o hacia alguna medida exitosa. La CSN considera que la política del empleo requiere una revisión para situar al pleno empleo como su objetivo fundamental. La CSN indica que los problemas relativos al desempleo en el Canadá se vinculan, en su mayor parte, con una falta de oportunidades de empleo y de empleo de calidad, y lo ilustra con la información de Estadísticas del Canadá, en la que se indica que, en febrero de 2014, hubo siete personas desempleadas por cada oferta de empleo. Además, el porcentaje de personas desempleadas durante más de seis meses, es extraordinariamente elevado y los demandantes de empleo aceptan un empleo a tiempo parcial, debido a la falta de oportunidades de empleos a tiempo completo. En relación con el tema de la inseguridad laboral, que se trató en el Informe VI, «Políticas de empleo para una recuperación y un desarrollo sostenibles», presentado a la 103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2014, la CSN es de la opinión de que se requiere con urgencia que los gobiernos federal y provinciales aborden la cuestión de la precariedad en el empleo. A la luz de las preocupaciones del CLC y de la CSN, la Comisión invita al Gobierno a que indique de qué manera, en virtud del artículo 2 del Convenio, revisa regularmente las medidas y las políticas adoptadas con arreglo a los resultados obtenidos en la prosecución de los objetivos del Convenio, especificados en el artículo 1. La Comisión también invita al Gobierno a que comunique más información acerca de las consultas eficaces celebradas con los interlocutores sociales sobre los asuntos comprendidos en el Convenio.

Políticas educativas y de formación. El Gobierno indica que Empleo y Desarrollo Social en el Canadá (ESDC) convocó, en junio de 2014, una Cumbre Nacional sobre las Calificaciones, que reunió a varios actores del mercado laboral y del sistema de formación para debatir los asuntos pertinentes relativos a las calificaciones e identificar las mejores prácticas y prioridades para la acción. La Cumbre Nacional sobre las Calificaciones fortaleció la importancia de las alianzas y la necesidad de un diálogo continuo, como soluciones para los numerosos desafíos en materia de calificaciones que requieren que trabajen juntas las múltiples partes interesadas. En sus observaciones, el CLC indica que el desarrollo de las calificaciones es esencial para mejorar la empleabilidad, la movilidad y los ingresos de los trabajadores, y para mejorar la productividad, la creación de empleo y el crecimiento económico de un país a largo plazo. Sin embargo, el CLC añade que el Canadá tiene un pobre desempeño en el desarrollo de las capacidades fuera del sistema educativo formal, dado que el Canadá no cuenta con un sistema de aprendizaje de adultos y de formación en el lugar de trabajo amplio o equitativo. A la luz de las preocupaciones planteadas por el CLC, la Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre el impacto de las medidas adoptadas en el área de las políticas de educación y formación, incluyéndose el aprendizaje y la formación en el lugar de trabajo de los adultos, y sobre su relación con las oportunidades futuras de empleo.

Empleo juvenil. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que se completó, en 2009, una evaluación final de la Estrategia del Empleo Juvenil (YES), según la cual la estrategia asiste a los jóvenes en la mejora de sus calificaciones para la empleabilidad, al tiempo que aumenta el número de jóvenes capacitados en la fuerza de trabajo. La evaluación final de la YES indicó que en general los programas se tradujeron en resultados positivos para los participantes. Se programa, para 2015, una nueva evaluación resumida. La Comisión toma nota de que, en 2012-2013, la YES ayudó a casi 48 000 jóvenes a obtener las calificaciones y la experiencia laboral que necesitaban para entrar con éxito en el mercado laboral. La Comisión toma nota de que el presupuesto de 2014, anunció la financiación durante más de dos años de la YES, de manera de apoyar hasta 3 000 pasantías a tiempo completo para los graduados de enseñanza terciaria en áreas de gran demanda. Además, para facilitar las vinculaciones entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los jóvenes, el Gobierno asignará fondos con carácter anual para apoyar hasta 1 000 pasantías en las PYME. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando información sobre el impacto de las medidas relativas al mercado laboral adoptadas para apoyar el empleo productivo y duradero para los jóvenes. Sírvase también incluir información sobre de la evaluación de 2015 de la Estrategia para el Empleo Juvenil.

Pueblos aborígenes. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que está en curso una única evaluación que abarca a los programas de la Estrategia para la Capacitación y el Empleo de los Aborígenes (ASETS) y de la Alianza de Inversiones para la Capacitación (SPF). La evaluación abarca a las actividades de la ASETS y de la SPF, desde abril de 2010 hasta enero de 2014. La Comisión toma nota de que la más reciente evaluación de la Alianza para la Capacitación y el Empleo de los Aborígenes (ASEP), que se completó en 2013, demostró que aquellos que participaron en los proyectos de la ASEP de 2003, aumentaron sus ingresos laborales y la incidencia del empleo en el período de cuatro años, tras el inicio de su participación. La Comisión toma nota del Informe de empleos de 2014, según el cual garantizar el empleo constituye un desafío para algunos canadienses, incluidos los pueblos aborígenes, que tienen tasas de desempleo que se sitúan por encima de otros canadienses. La CSN considera que los pueblos aborígenes aún continúan haciendo frente a la discriminación en el empleo y de que siguen existiendo deficiencias respecto de la educación y la formación. A la luz de las preocupaciones planteadas por la CSN, la Comisión invita al Gobierno a incluir información sobre el impacto de las medidas adoptadas para aumentar las oportunidades de empleo productivo para los pueblos aborígenes.

Medios de promoción del empleo para las otras categorías de trabajadores vulnerables. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que, hasta el presente, se aplicaron en todas las provincias y territorios, 687 proyectos de la Iniciativa destinada a los trabajadores de edad (TIOW), asistiendo a más de 32 230 trabajadores de edad desempleados. Una evaluación final de la Iniciativa destinada a los trabajadores de edad (TIOW), completada en 2014, detectó que la mayoría de los participantes en el estudio (el 75 por ciento) obtuvieron un empleo remunerado tras la participación en la TIOW. Con respecto a las personas con discapacidad, el Gobierno indica que aproximadamente 300 000 intervenciones asisten a las personas con discapacidad cada año, a través de más de 100 programas concebidos y ejecutados por las provincias. El presupuesto de 2013 anunció la introducción de una nueva generación de acuerdos del mercado de trabajo para personas con discapacidades (LMAPD), a efectos de responder mejor a las necesidades de empleo de las empresas canadienses y para mejorar las perspectivas de empleo de las personas con discapacidad. En el presupuesto de 2014 se reiteró dicho compromiso. Cada provincia y cada territorio se comprometieron a elaborar una evaluación de los programas financiados en 2018, cuyos resultados se harán públicos. Además, se está procediendo a completar una evaluación resumida del Fondo de Oportunidades (OF) para las personas con discapacidad. La Comisión toma nota del Informe sobre empleos de 2014, según el cual, a pesar de los elevados niveles de logros educativos, los inmigrantes recientes tienen unos resultados más bajos en el mercado laboral que los trabajadores nacidos en el Canadá, incluidas unas tasas de desempleo más altas y unos ingresos más bajos. Con respecto a los trabajadores temporales extranjeros, tanto el CLC como la CSN manifiestan su preocupación de que esos trabajadores migrantes se encuentren en una situación vulnerable, considerando que su residencia temporal y sus permisos de trabajo están vinculados con un contrato de trabajo con un empleador específico. En su respuesta, el Gobierno afirma que está comprometido a garantizar que el Programa temporal para el trabajador extranjero siga siendo justo y equitativo para trabajadores y empleadores. La Comisión invita al Gobierno a seguir incluyendo información sobre la eficacia de las medidas del mercado laboral relativas a los trabajadores de edad, a los trabajadores con discapacidad, a los inmigrantes, a los trabajadores temporales extranjeros y a otros trabajadores vulnerables.

China

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1997)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política activa del empleo. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno en respuesta a su observación anterior. El Gobierno indica que en la tercera sesión plenaria de la 18.ª reunión del Comité Central del Partido Comunista de China, celebrada en 2013, se decidió que debían mejorarse los sistemas y mecanismos que impulsan la creación de empleo y empresas. Además, el Plan de promoción del empleo 2011-2015, formulado en enero de 2012, recoge las principales políticas y medidas para la promoción del empleo, incluido el establecimiento de un plan general para el empleo urbano y rural de los grupos vulnerables, y el desarrollo de los recursos humanos. El Gobierno señala que, durante el período 2011-2013, se crearon empleos para 38 millones de personas en las zonas urbanas y que la tasa de desempleo registrado permaneció por debajo del 4,1 por ciento. Asimismo, el Gobierno indica que se esfuerza constantemente por mejorar las políticas del empleo y su aplicación en virtud de la legislación pertinente y que ello ha dado como resultado un aumento del empleo y una mejora de su estructura. La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando información detallada sobre la formulación y aplicación de políticas activas del empleo y sobre su impacto en la creación de empleo productivo.

Grupos vulnerables. La Comisión toma nota de que el número de titulados de instituciones de educación superior aumentó, pasando de 6,6 millones en 2011 a 7,27 millones en 2013. Asimismo, la Comisión toma nota de las medidas adoptadas para promover el empleo juvenil y el emprendedurismo en los jóvenes, que incluyen la puesta en marcha en 2013 de un programa nacional de promoción del empleo, que en mayo de 2014 introdujo una nueva ronda del Plan de licenciados universitarios pioneros del espíritu empresarial, y de que esas medidas promueven servicios específicos en materia de empleo. Además, en 2012 el Gobierno adoptó el reglamento especial sobre la protección del trabajo de las funcionarias y las trabajadoras, que prevé explícitamente la protección contra el despido durante el embarazo, la licencia de maternidad y los períodos de lactancia. En relación con los trabajadores rurales migrantes, la Comisión toma nota de las medidas de empleo que se han adoptado, destinadas, entre otras cosas, a mejorar el sistema de igualdad en el empleo en zonas rurales y urbanas y a reforzar los servicios y las políticas de apoyo al empleo. Además, la Comisión toma nota de las medidas para la protección de las minorías étnicas, que incluyen proporcionar servicios de empleo centrados en estas minorías y realizar sesiones especiales de contratación por parte de las empresas estatales. El Gobierno indica que la reinserción profesional de los trabajadores que han sido despedidos de las empresas estatales se ha abordado en el trabajo conjunto de varios sectores. La Comisión invita al Gobierno a transmitir información sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el empleo de los grupos vulnerables, incluida información estadística actualizada sobre la situación y las tendencias del empleo.

Información sobre el mercado de trabajo. Fortalecimiento de los servicios del empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha establecido un sistema para analizar de manera trimestral la oferta de empleo y la información sobre la demanda en más de 100 ciudades representativas y que a fin de proporcionar orientación a las personas que buscan empleo y a los empleadores también difunde periódicamente los resultados de ese análisis a través de los medios de comunicación. Asimismo, el Gobierno informa sobre las medidas adoptadas para mejorar los servicios públicos de empleo. La Comisión toma nota de que en el país funcionan 19 000 agencias de empleo privadas, que en 2013 ayudaron a encontrar empleo a casi 50 millones de personas. El Gobierno indica que ha iniciado campañas para mejorar la credibilidad de las agencias de empleo privadas y para promover la normalización de los servicios de empleo. Además, el Gobierno informa de las inspecciones y el control de las agencias de empleo privadas. La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando información sobre el funcionamiento de los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas, y sobre las medidas adoptadas para mejorar los servicios de empleo y garantizar la cooperación entre ellos.

Construcción de un mercado de trabajo unificado. La Comisión toma nota de que desde 2011 los gobiernos locales han ampliado los servicios públicos de empleo a través de las zonas urbanas y rurales. A finales de 2013 el número de agencias de servicio a escala nacional era de más de 10 000 y el número de ventanillas de servicio en el ámbito municipal era de más de 40 000, lo que cubre el 97 por ciento de los municipios. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar información sobre el impacto de las medidas aplicadas para unificar el mercado de trabajo en lo que respecta a la situación del empleo.

Promoción de las pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de que el Gobierno introdujo una serie de medidas para apoyar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que incluyen las políticas de apoyo financiero adoptadas en 2013. El Gobierno también introdujo políticas tributarias preferenciales para las PYMES en 2014. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar información sobre el impacto de las medidas en materia de generación de empleo a través de la promoción de las PYMES.

Formación y educación profesional. La Comisión toma nota de que el servicio público de empleo ha proporcionado formación profesional a personas que buscan empleo. Además, la Comisión toma nota de que en 2013 las agencias de empleo privadas llevaron a cabo 60 000 sesiones de formación. La Comisión se refiere a sus comentarios anteriores y una vez más invita al Gobierno a transmitir información sobre la coordinación entre las políticas de desarrollo de los recursos humanos y las medidas activas del mercado de trabajo.

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que la 19.ª Conferencia Nacional Tripartita sobre la Coordinación de las Relaciones Laborales se convocó para febrero de 2014 y de que el Gobierno pretende aprovechar plenamente el mecanismo tripartito. La Comisión invita al Gobierno a continuar transmitiendo información sobre las consultas con los interlocutores sociales en materia de formulación e implementación de políticas activas de empleo, incluidas las consultas con los representantes de los trabajadores rurales.

Chipre

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1966)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. En su memoria, el Gobierno describe las medidas en materia de empleo que se han aplicado desde 2009, incluidos los programas de subsidio del empleo para determinados grupos de solicitantes de empleo, tales como los desempleados de larga duración, los jóvenes y las personas con discapacidad. Asimismo, el Gobierno menciona las leyes que se han adoptado desde que envió su última memoria, incluida la Ley sobre las Agencias Privadas de Colocación núm. 126(I)/2012. La Comisión toma nota del importante aumento de la tasa de desempleo, que pasó de un 7,9 por ciento en 2011 a un 11,8 por ciento en 2012 y un 15,9 por ciento en 2013. Durante el mismo período, la tasa de empleo descendió de un 73,4 por ciento en 2011 a un 70,2 por ciento en 2012 y un 67,2 por ciento en 2013. En 2013, la tasa de empleo era del 72,6 por ciento de los hombres y el 62,2 por ciento de las mujeres. Además, se produjo un aumento alarmante del desempleo de los jóvenes, que pasó de un 22,4 por ciento en 2011 a un 27,8 por ciento en 2012 y un 38,9 por ciento en 2013. La Comisión toma nota del Memorándum de entendimiento sobre condiciones económicas específicas, que incluye el documento sobre el programa de ajuste económico para Chipre (mayo de 2013), en el que se indica que las reformas del mercado de trabajo pueden mitigar el impacto de la crisis sobre el empleo, limitar el desempleo de larga duración y el desempleo de los jóvenes, facilitar la movilidad profesional y contribuir a una mejora de la resistencia futura de la economía chipriota frente a impactos económicos adversos. La Comisión expresa su preocupación por el deterioro de la situación del empleo desde que realizó su última observación en 2011. La Comisión solicita al Gobierno que especifique la forma en que, con arreglo al artículo 2 del Convenio y en el marco de una política económica y social coordinada, adopta decisiones sobre políticas y medidas en materia de empleo y reformas del mercado de trabajo, y las examina con regularidad a fin de lograr los objetivos de pleno empleo, productivo y libremente elegido. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que incluya información sobre la eficacia de las medidas que figuran en su memoria y sobre otras nuevas medidas adoptadas para evitar el deterioro de la situación del empleo.

Políticas y programas educativos y de formación. La Comisión toma nota de las medidas de formación que han sido implementadas desde 2009, incluidos los programas de formación acelerada, el sistema de subsidios para la formación profesional vinculada al empleo, y otros programas de formación. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre el impacto de las medidas adoptadas en el ámbito educativo y de la formación así como acerca de su relación con las posibles oportunidades de empleo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la manera en que la experiencia y las opiniones de los interlocutores sociales se han tomado en cuenta en la formulación y aplicación de las medidas en materia de política del empleo. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que indique el alcance de las consultas celebradas con representantes de las personas afectadas por las medidas que se han adoptado, como los jóvenes, a fin de poder realizar una evaluación de la aplicación efectiva del Convenio.

Comoras

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota de la breve memoria del Gobierno recibida en octubre de 2011. En respuesta de la observación de 2009, el Gobierno indica que el documento marco sobre la política nacional del empleo fue aprobado por el Consejo de Ministros y que se elaboró y presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre la política nacional del empleo. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de Comoras (CTC) en septiembre de 2011. La CTC confirma que a pesar de la validación del documento marco sobre la política nacional del empleo, la Asamblea Nacional no aprobó aún ley alguna en esa materia. La CTC reconoce haber sido consultada en virtud de lo previsto en el Documento de Estrategia de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (DSCRP) y el Programa de Trabajo Decente por País (PTDP). El Gobierno indica que el Proyecto de apoyo al mantenimiento de la paz mediante la promoción del empleo de los jóvenes y de las mujeres en Comoras (APROJEC) ha permitido iniciar varias actividades de promoción del empleo de los jóvenes en las islas. La CTC pide que se realice una reevaluación a mitad de período de los resultados del proyecto APROJEC. Además, el Gobierno hace referencia a la falta de medios financieros necesarios para realizar un censo de jóvenes titulados sin empleo y solicita la asistencia financiera de la OIT para extender esos estudios a las demás islas. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria tenga a bien indicar si se ha adoptado la ley sobre la política nacional de empleo e indicar si se han encontrado dificultades particulares para alcanzar los objetivos establecidos por el DSCRP. La Comisión también invita al Gobierno a que comunique informaciones sobre los medios utilizados para alcanzar las prioridades en materia de empleo establecidas en el marco del PTDP 2009-2012, así como sobre el efecto de las medidas y programas tales como el proyecto APROJEC destinadas a favorecer el acceso de los jóvenes a un empleo decente.

Compilación y utilización de datos relativos al empleo. La Comisión invita al Gobierno a que incluya en su próxima memoria informaciones detalladas sobre los progresos realizados en la compilación de datos sobre el mercado de trabajo, así como sobre la manera en que esos datos se toman en consideración al formular y aplicar la política del empleo (artículo 2).

Participación de los interlocutores sociales. La Comisión invita al Gobierno a que incluya informaciones completas sobre las consultas previstas en el artículo 3 del Convenio, que requieren la participación de los representantes de las personas interesadas — y sobre todo los representantes de los empleadores y de los trabajadores — en la formulación y aplicación de las políticas del empleo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Costa Rica

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1966)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo. Participación de los interlocutores sociales. En relación con la observación formulada en 2013, la Comisión toma nota de la información detallada y completa proporcionada por el Gobierno en agosto de 2014 que incluye observaciones de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). La Organización Internacional de Empleadores expresó su apoyo a las observaciones de la UCCAEP. El Gobierno resalta que se redujo el desempleo en una cifra cercana a los 29 000 trabajadores, además de haber un aumento en el empleo en términos absolutos estimado en 10 033 nuevos empleos ocupados. Según la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se estimó la tasa de desempleo en el último trimestre del 2013, en 8,3 por ciento. La Comisión toma también nota de que, en marzo de 2014, el Consejo Superior del Trabajo aprobó el Plan de implementación del Programa de Trabajo Decente de la República de Costa Rica donde figura, entre las cuatros áreas prioritarias, el establecimiento de una política de empleo y de trabajo decente. Al respecto, la UCCAEP resalta que se solicitó el apoyo de la OIT para que acompañe al país en la elaboración de una política de empleo realmente efectiva. La Comisión toma nota con interés que el Gobierno presentó, el 14 de agosto de 2014, el documento de la Estrategia Nacional de Empleo y Producción, «El empleo en el corazón del desarrollo», cuyo objetivo consiste en ampliar las oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo, por medio de un esfuerzo combinado de la política económica y social, y de los sectores público y privado, que fomente el crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza y la desigualdad. La Comisión invita al Gobierno a continuar presentando informaciones sobre los progresos realizados por la Estrategia Nacional de Empleo y Producción para alcanzar los objetivos del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que agregue indicaciones sobre las consultas que se realizan con los interlocutores sociales y en particular con quienes trabajan en el sector rural y en la economía informal, de manera de obtener el apoyo necesario para la ejecución de la política del empleo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Djibouti

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1978)

Artículo 1 del Convenio. Adopción y aplicación de una política activa del empleo. Asistencia técnica de la OIT. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica en su memoria que, si bien la estrategia para la elaboración de una política nacional de empleo se inició en abril de 2003 y que se crearon nuevas estructuras, aún no se ha concretado la formulación de un documento de política nacional de empleo. La Comisión toma nota de que el foro nacional sobre el empleo celebrado en el 2010 puso de manifiesto la necesidad de definir una nueva política de empleo adaptada a las necesidades del mercado de trabajo y que estará dirigida prioritariamente a la reforma del sistema de formación profesional y la mejora de los servicios de ayuda al empleo. El Gobierno señala que según estimaciones recientes, de una población de 818 159 habitantes en edad de trabajar, la tasa de desempleo es del 48,4 por ciento. El Gobierno indica también que, tras la misión de evaluación de la cooperación técnica realizada por la OIT en marzo de 2011, reiteró su compromiso de elaborar el Programa de Trabajo Decente de Djibouti. El Gobierno añade que espera recibir la asistencia de la Oficina a esos efectos. La Comisión pide al Gobierno que facilite informaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar que el empleo, un elemento clave de la reducción de la pobreza, sea un factor esencial de las políticas macroeconómicas y sociales, así como sobre los progresos realizados en la adopción de una política nacional encaminada a lograr el pleno empleo en el sentido del Convenio.

Empleo juvenil. El Gobierno indica que en 2012, a pesar de observarse una relativa disminución, el desempleo afectaba muy especialmente a los jóvenes titulados de la enseñanza superior. Además, aunque el país no dispone actualmente de una estrategia establecida para favorecer el empleo juvenil, se pusieron en marcha diversas iniciativas para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, promover el espíritu empresarial y proporcionar formación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo. La Comisión invita al Gobierno a comunicar informaciones sobre la manera en que las medidas adoptadas han resultado en la creación de oportunidades de empleo productivo y duradero para los jóvenes, así como sobre la colaboración de los interlocutores sociales en su aplicación.

Artículo 2. Compilación y utilización de datos sobre el empleo. El Gobierno comunicó en marzo de 2014 un breve resumen sobre la situación del empleo preparado por el Observatorio Nacional del Empleo y las Calificaciones. Se indica en ese resumen que está aumentando el número de empleos (creación de 30 118 empleos en 2007, 35 393 empleos en 2008 y 37 837 empleos en 2010). La Comisión invita al Gobierno que indique cuáles son las medidas adoptadas para mejorar el sistema de información relativa al mercado de trabajo y a consolidar los mecanismos que permitan vincular dicho sistema con la adopción de decisiones en materia de política de empleo. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que comunique datos estadísticos actualizados y desglosados por edad y sexo así como todo otro dato pertinente en relación con la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y el alcance del desempleo y el subempleo y las tendencias en la materia.

Artículo 3. Colaboración de los interlocutores sociales. La Comisión recuerda la importancia de las consultas requeridas por el Convenio y solicita nuevamente al Gobierno que comunique indicaciones relativas a las medidas adoptadas o previstas para consultar a los representantes de las personas interesadas en relación con las políticas del empleo.

Ecuador

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1988)

Artículos 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política nacional. La Comisión toma nota con interés de la aprobación de la Ley Orgánica de Discapacidades que entró en vigencia en 2012. El artículo 45 de dicha ley consagra el derecho de las personas con discapacidad a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al empleo. Por su parte, el artículo 47 establece que los empleadores públicos y privados que cuentan con una nómina de 25 o más trabajadores tienen la obligación de contratar un mínimo de 4 por ciento de personas con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de discapacidades. La Comisión también toma nota de la adopción del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades vigente desde 2013. El Gobierno informa sobre el proyecto de inclusión laboral de personas con discapacidad en trabajos formales y acciones afirmativas consistentes en aumentar el puntaje de postulantes con discapacidad que aspiran a un puesto de trabajo en el sector público. El Gobierno señala que se ha logrado la inclusión de 56 450 personas con discapacidad en el mercado laboral dentro del período comprendido entre 2007 y 2013. La Comisión invita al Gobierno a que continúe presentando informaciones sobre el impacto de la política nacional para la readaptación profesional y el empleo de personas con discapacidad, incluyendo información desagregada por edad, sexo y naturaleza de la discapacidad.

Artículo 5. Consulta. La Comisión toma nota de que la Ley Orgánica de Discapacidades ha establecido el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades como una institución pública que tiene entre sus funciones la formulación de políticas públicas y estrategias para la inserción social e integración de personas con discapacidad. El Consejo está conformado por representantes del Estado y de la sociedad civil, cuyos representantes son elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana en base a un concurso de méritos. La Comisión invita al Gobierno a informar de forma más precisa sobre la manera en que las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores son consultadas sobre las medidas para promover la cooperación y la coordinación entre los organismos públicos y privados que participan en actividades de readaptación profesional.

España

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1960)

Artículos 4 y 5 del Convenio. Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. Colaboración de los interlocutores sociales. En relación con las observaciones formuladas durante los últimos años, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno y de las observaciones presentadas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). El Gobierno se remite a las medidas legislativas adoptadas y en particular a un acuerdo marco en el Sistema Nacional de Empleo que tuvo como objetivo favorecer la participación de los agentes privados en la prestación de servicios de intermediación. Además, se estableció un marco común de seguimiento de la actividad de intermediación en todo el territorito mediante una plataforma electrónica para la colaboración y el intercambio de informaciones. La Comisión toma nota de que a finales de 2013 existían 761 oficinas de empleo, se habían recibido solicitudes de empleo de casi 6 millones de personas distintas y notificado algo menos de 400 mil puestos de trabajo. La CCOO declara que resulta incomprensible que en una situación grave como la actual se reduzca anualmente los efectivos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Desde 2011, el Gobierno redujo el gasto de personal del SEPE, lo que produjo un deterioro del SEPE llevando a su personal, en 2014, a tener que atender a 10 224 parados por técnico. En el mismo sentido, la UGT insiste en que se debería dimensionar las plantillas de los Servicios Públicos de Empleo a las necesidades reales, en función del número de desempleados inscritos en las oficinas del empleo. La UGT señala que la Comisión Permanente del Consejo General del Sistema de Empleo, en 2013, no se ha reunido en ninguna ocasión, incumpliendo la obligación de reunirse con periodicidad trimestral, circunstancia que estaba también ocurriendo en 2014. En su respuesta a las observaciones formuladas por las dos confederaciones, el Gobierno proporcionó informaciones adicionales en noviembre de 2014 indicando que se debe tomar en cuenta que algunas competencias y fondos relativos a los servicios públicos de empleo se han traspasado y se encuentran disponibles en las comunidades autónomas. En relación con la observación formulada en 2012, la Comisión advierte que no se ha logrado obtener la cooperación de los interlocutores sociales en la organización y funcionamiento de los servicios del empleo como requiere el Convenio. En consecuencia, la Comisión invita al Gobierno a presentar una memoria que describa las medidas adoptadas para asegurarse que «la política general del servicio del empleo» ha sido fijada «previa consulta» con los interlocutores sociales (artículo 5). La Comisión pide al Gobierno que presente indicaciones que permitan comprobar la eficacia del Servicio Público de Empleo Estatal, al igual que los servicios del empleo ofrecidos por las comunidades autónomas, y la manera en que el servicio público y gratuito de empleo ha contribuido a encontrar empleo a los jóvenes y a aquellas personas que, como consecuencia de la crisis, se encuentran desempleadas desde hace muchos años.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1970)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 102.ª reunión, junio de 2013)

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Medidas para mitigar el impacto de la crisis. En sus conclusiones de junio de 2013, la Comisión de Aplicación de Normas expresó su preocupación ante la persistente deterioración del mercado del trabajo y urgió al Gobierno a que continúe evaluando, con la participación de los interlocutores sociales, el impacto de las medidas del empleo adoptadas para superar la crisis de puestos de trabajo. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que incluyó las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), y de la respuesta del Gobierno recibida en noviembre de 2014. En agosto de 2013, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) manifestaron que las reformas aprobadas desde principios de 2012 persiguen establecer las bases de la futura recuperación económica mediante una reducción de los desequilibrios macroeconómicos, la creación de un entorno normativo favorable a la creación y al desarrollo de las empresas, quienes son la fuente principal de generación de empleo; la mejora de su competitividad y productividad y una mejor reasignación de los recursos hacia los sectores económicos más dinámicos como, por ejemplo, el sector exportador. Las organizaciones empresariales recuerdan que la política económica del Gobierno está condicionada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, el cual pone énfasis en la reducción del déficit público y de la deuda pública. Por su parte, la CCOO manifiesta que las reformas impuestas sólo han servido para intensificar la destrucción de empleo, devaluar los salarios y empeorar las condiciones laborales de los trabajadores. Según la CCOO, se debería aumentar la inversión pública, estimular la demanda y la actividad económica y canalizar el crédito a las empresas. La UGT, en las observaciones recibidas en agosto de 2014, indica que si bien los datos del segundo trimestre de 2014 corroboran una mejora moderada en algunos indicadores económicos y del mercado de trabajo, no hubo una creación de empleo de calidad. La tasa de temporalidad alcanza a casi al 24 por ciento de los asalariados. El Gobierno enumera las medidas adoptadas para fomentar la creación de empleo y reducir la dualidad laboral y se remite al Programa Nacional de Reformas presentado en 2013 a la Unión Europea, así como a la Estrategia Española de Empleo y a los planes anuales de política de empleo. El Gobierno resalta el moderado incremento del desempleo: en el segundo trimestre de 2013 la tasa de paro se logró reducir en 0,9 puntos, si bien el paro afectaba a 5 977 500 personas, es decir al 26,26 por ciento de la PEA. El Gobierno destaca que, por primera vez durante la crisis, un mayor deterioro del PIB no se ha traducido en una aceleración del ritmo de destrucción de empleo. El Gobierno estima que, en ausencia de reforma laboral, se habría destruido más empleo; y que la economía española es capaz de generar empleo a partir de una tasa de crecimiento del PIB de entre el 1 por ciento y 1,2 por ciento. La Comisión toma nota de que las organizaciones empresariales tienen una valoración general positiva de la reforma laboral, como han afirmado en octubre de 2013, y en una nueva comunicación recibida en septiembre de 2014. Las organizaciones empresariales destacan las decisiones del Tribunal Constitucional (la sentencia núm. 118/2014, dictada el 16 de julio de 2014, y el auto núm. 43/2014, dictado el 12 de febrero de 2014) que respaldan la reforma laboral de 2012. Las organizaciones empresariales estiman que la reforma laboral iniciada en 2012 se aproxima a la flexibilidad de los países del entorno europeo y destacan que en marzo de 2014 se mantuvo una reunión tripartita donde se expresó la necesidad de impulsar medidas para favorecer el crecimiento y el cambio de ciclo económico. Por su parte, las dos principales confederaciones sindicales en marzo de 2014, se remitieron a la discusión tripartita que había tenido lugar en la Comisión de la Conferencia en junio de 2013, y se dirigieron nuevamente al Gobierno señalando los textos legislativos y programas de empleo que habían sido adoptados sin la participación de las organizaciones sindicales y desconociendo los compromisos con el diálogo social. La Comisión comprueba que persiste una grave situación de desempleo que afecta principalmente a jóvenes y a aquellas personas que, como consecuencia de la crisis, se encuentran desempleadas desde hace muchos años. La Comisión se remite nuevamente al artículo 2 del Convenio que requiere que se proceda regularmente a un examen de las medidas y las políticas adoptadas de manera de poder alcanzar los objetivos del Convenio. En consecuencia, la Comisión invita al Gobierno a aumentar sus esfuerzos para reforzar el diálogo social y, en consulta con los interlocutores sociales, encontrar soluciones a las dificultades económicas que permitan alcanzar los objetivos del pleno empleo productivo y libremente elegido. Al igual que en su observación de 2013, la Comisión invita al Gobierno a indicar de qué manera se han tenido en cuenta la experiencia y las opiniones de los interlocutores sociales al formular y ejecutar las medidas de política de empleo. Sírvase también precisar en qué medida se han realizado consultas con representantes de las personas afectadas por las medidas adoptadas, en particular con jóvenes, que permitan apreciar la aplicación efectiva del Convenio.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que contiene 100 medidas encaminadas a favorecer la inserción laboral de los jóvenes. Según las observaciones presentadas en agosto de 2013 por la CCOO, en dicha estrategia hay un notable desequilibrio otorgándose un mayor peso presupuestario al fomento del emprendimiento y el autoempleo y a los incentivos de contratación en detrimento de la formación. Por su parte, la CEOE valora positivamente los planteamientos generales y la prudencia en la que se sustenta dicha estrategia. Las diferencias entre los interlocutores sociales se han centrado fundamentalmente en aquellas medidas que favorecen la flexibilidad en la contratación. Las organizaciones empresariales insisten en que pretenden responder a la necesidad del trabajador joven o con poca experiencia de insertarse en el mundo laboral a través de un primer empleo y desde una perspectiva de aplicar medidas con carácter transitorio (hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 por ciento). La Comisión pide al Gobierno que presente una evaluación de las medidas ejecutadas en el marco de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, con la participación de los interlocutores sociales, para reducir el desempleo juvenil y favorecer la inserción duradera de jóvenes trabajadores en el mercado del trabajo, en particular de las categorías más desfavorecidas de jóvenes.

Políticas y programas de educación y formación profesional. El Gobierno indica en la memoria recibida en noviembre de 2013 que se reconoce el derecho individual a la formación atribuyendo a los trabajadores un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación, vinculada a la actividad de la empresa y acumulables por un período de hasta cinco años. El Gobierno manifiesta que los Servicios Públicos de Empleo han creado una cuenta personal de formación, asociada al número de afiliación a la seguridad social, donde se recogerá la formación recibida a lo largo de su carrera profesional. El Gobierno destaca también que en la reforma laboral se han ampliado las posibilidades que ofrece el contrato para la formación y el aprendizaje. La CEOE expresa su valoración positiva de la constitución, en mayo de 2013, de una mesa tripartita de diálogo social sobre el futuro de la formación profesional para el empleo. La CEOE recuerda que, desde 1992, se alcanzaron sucesivos acuerdos nacionales de formación y expresa su disponibilidad para renovar y adaptar los acuerdos vigentes a las nuevas y difíciles situaciones que amenazan la economía y el empleo. En la memoria relativa a la aplicación del Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), recibida en septiembre de 2013, el Gobierno presenta las medidas y los programas promovidos en el marco de la política educativa. La Comisión toma nota de los esfuerzos realizados desde noviembre de 2012 para avanzar en la formación profesional dual basada en el incremento de la formación adquirida en las empresas. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria sobre el Convenio núm. 122 agregue informaciones actualizadas sobre las medidas adoptadas para mejorar el nivel de calificaciones y coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo. Sírvase también incluir informaciones que permitan apreciar la manera en que mediante el diálogo social se han podido establecer sistemas de orientación y de formación que cubran las necesidades de aprendizaje y formación profesional de las empresas, de los colectivos de trabajadores y de las regiones más afectados por la crisis.

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1990)

Artículos 2 y 3 del Convenio. Política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la memoria presentada por el Gobierno para el período que termina en junio de 2014 en la que enumera las medidas legislativas adoptadas para favorecer las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad y agrega datos estadísticos sobre la evolución de las contrataciones de personas con discapacidad. La Comisión toma también nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) incluidas en la memoria del Gobierno. La CCOO sostiene que no se disponen de datos reales sobre el cumplimiento de la cuota de reserva (las empresas con más de 50 trabajadores están obligadas a que al menos 2 por ciento de la plantilla sean personas con discapacidad). La CCOO mantiene que la mayoría de las personas con discapacidad en edad de trabajar son inactivas, por lo que existe una muy baja participación de ellas en el mercado de trabajo. Tampoco se reconoce la experiencia laboral de las personas que, sin disponer de un título que lo acredite, se ocupan de la atención y readaptación de personas con discapacidad. La Comisión invita al Gobierno a presentar los comentarios que juzgue oportunos al respecto de las observaciones de la CCOO. La Comisión pide también al Gobierno que describa su política nacional de rehabilitación profesional y empleo para los trabajadores con discapacidad, incluyéndose datos prácticos sobre los logros alcanzados en la promoción de las oportunidades de empleo a las personas con discapacidad en el mercado libre de trabajo. Sírvase presentar indicaciones sobre la manera en que se consulta a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, así como a las organizaciones representativas constituidas por personas con discapacidad en la aplicación de la política (artículo 5); los servicios de orientación e información profesionales, colocación, empleo y otros afines, a fin de que las personas con discapacidad puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo (artículo 7); los servicios de readaptación profesional y de empleo para personas con discapacidad en zonas rurales y las comunidades apartadas (artículo 8); y las medidas adoptadas en la práctica para asegurar la disponibilidad del personal calificado en materia de readaptación profesional (artículo 9).

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) (ratificación: 1999)

Artículos 1, c), 3, y 13 del Convenio. Consulta previa con los interlocutores sociales. Cooperación entre el servicio público de empleo y las agencias de empleo privadas. La Comisión toma nota de la memoria presentada por el Gobierno en la que enumera las medidas legislativas y administrativas adoptadas hasta junio de 2014 y que incluye las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO). El Gobierno indica que la Ley núm. 35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, legalizó las agencias de colocación de carácter lucrativo y aumentó las funciones de las agencias de colocación en la gestión de las políticas activas de empleo y en la intermediación de la actividad de recolocación de los trabajadores despedidos en los procesos de restructuración empresarial (agencias que cubren cualquiera de los servicios previstos en el artículo 1, a) y c), del Convenio). Además, el Gobierno sostiene que la Ley núm. 3/2012, de 6 de julio, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, expresó que cabía reconocer a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) como un potente agente dinamizador del mercado de trabajo y por ende se les autorizó a operar como agencias de colocación (agencias que cubren los servicios previstos en el artículo 1, b), del Convenio). El Gobierno informa sobre el acuerdo marco con agencias de colocación para la colaboración con los Servicios Públicos de Empleo (SPE) en la inserción en el mercado laboral de personas desempleadas, el cual dio lugar a la publicación, en junio de 2014, de una lista de 80 agencias de colocación autorizadas para colaborar con el SPE y ocuparse de la colocación de desempleados. La CCOO denuncia que el Gobierno presentó el mencionado acuerdo marco sin previa información ni consulta con los interlocutores sociales. La CCOO afirma que el Estado debe ser garante de los objetivos generales de la política del empleo y expresa su preocupación por las cantidades que se abonen a las agencias de colocación y la calidad de empleo que consigan por su intermedio los desempleados. La Comisión invita al Gobierno a presentar los comentarios que juzgue oportuno al respecto de las observaciones de la CCOO.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Francia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1971)

Artículo 1, párrafo 2, del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. En relación con los comentarios anteriores, el Gobierno señala, en su memoria recibida en agosto de 2014, que los años 2012 y 2013 se han caracterizado por un regreso a la destrucción de empleo, el avance del empleo temporal y del subempleo. La tasa de desempleo en el primer trimestre de 2014 alcanzó un 10,2 por ciento de la población económicamente activa. En Francia metropolitana, el desempleo afecta a 2,8 millones de personas y el subempleo a alrededor de 1,6 millones de trabajadores. La Comisión toma nota de que la disminución de los costes laborales en favor de las empresas constituye la principal orientación adoptada por el Gobierno, en particular mediante la Desgravación Fiscal para la Competitividad y el Empleo (CICE, por sus siglas en francés), aprobada en enero de 2013; el Pacto nacional para el crecimiento, la productividad y el empleo, que se puso en marcha en noviembre de 2012; y el Pacto de responsabilidad y solidaridad, anunciado en 2014. La Comisión toma nota de que, en respuesta al pacto de responsabilidad, por su lado, los distintos sectores profesionales se comprometerán en este proceso en lo que respecta a la creación de empleo, la formación profesional y al aumento de la calidad del empleo. El Gobierno precisa igualmente que una parte de la atenuación de dichos costos, no se financiará mediante un aumento de los impuestos, sino mediante la reducción del gasto público. La Comisión invita al Gobierno a suministrar información sobre la política activa del mercado del trabajo que se está poniendo en práctica. La Comisión invita igualmente al Gobierno a evaluar las medidas adoptadas, precisando su impacto tanto en lo que se refiere a la creación de empleos productivos como en materia de lucha contra el desempleo y el subempleo a nivel nacional, y a que señale asimismo la manera en que las recientes iniciativas adoptadas por el Gobierno para desendeudar al Estado han afectado la situación del empleo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno indica que hace del diálogo social una de sus prioridades y que constituye un pilar de su método de gobierno. El Gobierno informa sobre la aprobación del Acuerdo Nacional Interprofesional sobre la Competitividad y la Seguridad del Empleo, en el que han participado los interlocutores sociales en enero de 2013, y que tiene por objeto instaurar un nuevo equilibrio entre la seguridad necesaria para los asalariados y las posibilidades de adaptación indispensables para las empresas. Más recientemente, en diciembre de 2013, las negociaciones interprofesionales sobre la formación profesional se lograron mediante la firma de un acuerdo nacional interprofesional que sirvió de base a las principales orientaciones de la ley de 5 de marzo de 2014 relativas a la formación profesional, el empleo y la democracia social. Dicha ley permitió, en particular, la creación de una cuenta personal de formación (CPF) y la puesta en marcha de un consejo de desarrollo profesional. En el marco de la conferencia social, celebrada en julio de 2014, el Gobierno y los interlocutores sociales reafirmaron sus compromisos con la creación de empleo y expresaron su deseo de amplificar sus medidas, en particular, para la creación de empleo de los jóvenes, los trabajadores en edad avanzada y las personas con dificultades. La Comisión invita al Gobierno a presentar otros ejemplos sobre la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de una política activa destinada a promover el pleno empleo productivo y libremente elegido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Grecia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1984)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Medidas sobre políticas del empleo aplicadas en el marco del programa de ajuste. La Comisión toma nota de la amplia y detallada memoria del Gobierno, recibida en noviembre de 2013, en respuesta a la observación de 2012. En la memoria se incluye la información que figura en el informe de 2013 sobre el Programa Nacional de Reformas de Grecia presentado a la Comisión Europea. La Comisión toma nota de que se encargó al Consejo Económico y Social de Grecia que prepare un plan de acción integrado sobre políticas del empleo. Los objetivos de dicho plan son los siguientes: a) mejorar el funcionamiento de los centros de promoción del empleo para que los desempleados estén mejor preparados para cubrir las vacantes disponibles; b) mejorar la eficacia de los programas de formación para los desempleados y buscar formación proporcionada por las empresas para los desempleados, y c) utilizar para la formación el tiempo que queda libre a causa de la reducción de las horas de trabajo. Durante los últimos años, el desempleo ha aumentado significativamente debido a la prolongada recesión. El desempleo fue del 27,6 por ciento en mayo de 2013 comparado con el 23,8 por ciento en mayo de 2012. De modo alarmante, la tasa de desempleo de los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad ha continuado incrementándose y pasó de un 55,1 por ciento en mayo de 2012 a un 64,9 por ciento en mayo de 2013. El Gobierno indica que las pocas posibilidades de conseguir empleo también se reflejan en el aumento del desempleo a largo plazo, que pasó de 3,6 por ciento en 2008 a 5,7 por ciento en 2010 y 14,4 por ciento en 2012 — un porcentaje muy alto cuando se compara con la media de la UE-27 (4,6 por ciento en 2012). En 2012, la tasa de empleo (de las personas de entre 20 y 64 años de edad) era del 55,3 por ciento. En el primer trimestre de 2013 había 3 596 000 personas empleadas, lo que implica una caída de un 6,3 por ciento del empleo en comparación con el primer trimestre de 2012. A fin de responder a los desafíos que plantea la crisis económica, durante el período que abarca las memorias se han aprobado una serie de leyes para reducir los costos laborales y promover la flexibilidad en el mercado de trabajo. La conversión de los contratos de pleno empleo en contratos a tiempo parcial o en trabajos rotativos ha contribuido a la conservación de puestos de trabajo y ha evitado pérdidas de empleos. Según los datos de la Autoridad Estadística de Grecia (ELSTAT), los trabajadores a tiempo parcial representaban el 8,6 por ciento de la fuerza de trabajo en el primer trimestre de 2013, en comparación con un 7,2 por ciento en el mismo trimestre de 2012. En relación con las políticas activas de mercado del trabajo, la Comisión toma nota de que, desde 2010, más de 1 291 597 personas, ya sean empleados, empleados por cuenta propia o aprendices, se han beneficiado de 74 programas de la Organización Griega de Empleo de Mano de Obra (OAED) para la conservación del empleo, la promoción del empleo o la formación, con un presupuesto total de 3 870 000 euros. A este respecto, se estima que cuando terminen estos programas se habrán beneficiado de ellos un número total de 1 471 829 personas. Asimismo, la Comisión toma nota de que la OAED ha llevado a cabo programas en materia de empleo y formación para reforzar la situación de empleo de los jóvenes, las mujeres, los desempleados de larga duración y otros grupos afectados por la crisis. Habida cuenta de que el número de desempleados en general y de jóvenes desempleados en particular continúa siendo muy elevado, la Comisión invita de nuevo al Gobierno a especificar con mayor detalle la manera en que, en virtud del artículo 2 del Convenio, revisa las medidas y políticas de empleo adoptadas a fin de tratar de alcanzar los objetivos de pleno empleo, productivo y libremente elegido, en consulta con los interlocutores sociales. Asimismo, la Comisión invita al Gobierno a proporcionar información sobre los resultados de las medidas adoptadas para hacer frente al desempleo de los jóvenes y al desempleo a largo plazo.

Políticas y programas educativos y de formación. La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria presentada por el Gobierno sobre la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), en la que se indica que en noviembre de 2011 se estableció la Organización Nacional para la Certificación de las Calificaciones y la Orientación Profesional (EOPPEP), tras la fusión de tres entidades. El Programa operativo sobre desarrollo de los recursos humanos tiene un presupuesto de 2 740 millones de euros y es el instrumento de financiación más importante del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar para la aplicación de la estrategia y de las políticas sobre desarrollo de los recursos humanos y el logro de la cohesión social. Entre las medidas implementadas en el marco del programa operativo figuran la concesión de prestaciones en materia de educación para formación de trabajadores en las empresas; programas de formación profesional continua; programas de formación profesional para los desempleados a través del uso de vales de formación; formación profesional para los grupos sociales vulnerables, y vales para la entrada en el mercado de trabajo de las personas desempleadas de hasta 29 años de edad. El programa operativo también incluye la elaboración y aplicación de un sistema integrado para la identificación de las necesidades del mercado de trabajo. La Comisión invita al Gobierno a transmitir información sobre el impacto de las medidas educativas y de formación en la obtención de empleos duraderos por parte de los jóvenes y otros grupos de trabajadores vulnerables. Sírvase asimismo incluir información sobre los progresos realizados en lo que respecta a la activación del Sistema nacional para vincular la educación y formación profesional con el empleo (ESSEEKA).

Modernización de las instituciones del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que la reorganización de las instituciones del mercado de trabajo, que incluye todas las intervenciones sistémicas que contribuyen a la reforma y la integración funcional de instituciones del mercado de trabajo, se ha incluido en el programa operativo de desarrollo de los recursos humanos. El Gobierno indica que el desarrollo de estas intervenciones sistémicas se inició en 2011 y sigue en curso. Al respecto, la Comisión se remite a su solicitud directa de 2014 en relación con el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88). La Comisión e invita al Gobierno a transmitir más información sobre la eficacia de la reorganización de sus instituciones del mercado de trabajo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Bienestar estableció, en septiembre de 2012, el Comité Nacional para el Dialogo Social. En la primera fase de las consultas sociales se abordaron los graves problemas y distorsiones del mercado de trabajo (desempleo, trabajo no declarado, la evasión del pago de las cotizaciones a la seguridad social, costes no salariales y burocracia, y reforma del mecanismo de fijación del salario mínimo). Durante la segunda fase de las consultas se han buscado formas de hacer frente a los desafíos que plantea el mercado de trabajo, tales como el desempleo de los jóvenes. Asimismo, la Comisión toma nota de la información en relación con las consultas tripartitas llevadas a cabo en varios comités, incluido el Comité Nacional para el Empleo. La Comisión invita al Gobierno a que continúe transmitiendo información sobre la forma en la que se tienen en cuenta las opiniones y experiencias de los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la formulación y aplicación de las medidas requeridas por el Convenio.

Guatemala

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1988)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Ejecución de una política nacional del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. El Gobierno indica en la memoria recibida en 2013 que lanzó la Política Nacional del Empleo en marzo de 2012 con el objetivo de mejorar el nivel de vida de las familias, creando las condiciones que promuevan la generación de empleo seguro, decente y de calidad en Guatemala. En relación con los comentarios que se formulan desde hace muchos años, la Comisión toma nota con interés del documento Efectos del comercio en el empleo: Informe Guatemala, publicado por la OIT en junio de 2013, en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea. Los estudios técnicos realizados y las discusiones multidisciplinarias permiten nuevamente concluir que el fomento del comercio debe incluir una perspectiva que ponga en el centro al desarrollo de los recursos humanos para fomentar las oportunidades socioeconómicas que provean empleo y salarios dignos. La Comisión recuerda que conviene tomar en cuenta la opinión y obtener el apoyo de los interlocutores sociales para asegurarse de que los programas ejecutados generen empleos de calidad. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones sobre la manera en que se han alcanzado los objetivos establecidos en la Política Nacional del Empleo. Sírvase también agregar informaciones detalladas sobre las consultas destinadas a lograr la cooperación de los interlocutores sociales para ejecutar una política activa del empleo (artículo 3). Asimismo, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que incluya informaciones sobre las consultas que requiere el Convenio con todos los sectores interesados, en particular con quienes representan al sector rural y a la economía informal.

Artículo 1, párrafo 2, c). Coordinación de la política de enseñanza y de formación con las oportunidades de empleo. La Comisión toma nota de la información proporcionada respecto a los resultados para el año 2012, de la ejecución del Programa de Formación para el Trabajo en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán. La Comisión invita al Gobierno a seguir brindando indicaciones sobre el impacto alcanzado por los planes y programas del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) y por aquellos ejecutados por el Ministerio de Educación, por el Sistema Nacional del Empleo, para que cada persona que haya adquirido una formación pueda ocupar un empleo que le convenga y utilizar en dicho empleo la formación y las facultades que posea.

Artículo 2. Información relativa al mercado del trabajo. La Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) consideró en las observaciones recibidas en agosto de 2013 que la información atinente al mercado laboral es inadecuada. Según la información estadística facilitada por el Gobierno en su memoria, el 97 por ciento de la población económicamente activa (PEA) se encuentra ocupada (6 055 826 personas) y la población desocupada representa el 3 por ciento de la PEA. La población subocupada visible representa el 18 por ciento de la población total ocupada (1 111 954 personas). Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2012, se calcula que un 25,5 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad. La Comisión invita al Gobierno a seguir incluyendo informaciones actualizadas sobre la situación, el nivel y las tendencias del mercado del trabajo que permitan distinguir el impacto que tienen las medidas adoptadas para favorecer el empleo de categorías particulares de trabajadores (mujeres, jóvenes, trabajadores que se encuentran en el sector rural y en la economía informal). Sírvase agregar datos actualizados sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo y del subempleo.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que según el diagnóstico efectuado en el documento de la Política Nacional de Empleo, el país cuenta con una fuerza laboral joven y poco calificada; el 70 por ciento de la población guatemalteca tiene menos de 30 años de edad, mientras que el 53 por ciento tiene menos de 20 años. Según el Panorama Laboral 2013 publicado por la OIT, en Guatemala los jóvenes desempleados representan más de la mitad del total de desempleados. La Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones más específicas sobre las medidas adoptadas para fortalecer los programas que facilitan la inserción de la población joven en el mercado laboral.

Empleo rural. La Comisión toma nota de que según el diagnóstico de la Política Nacional de Empleo, a pesar de los esfuerzos realizados para diversificar la producción, el sector agrícola sigue siendo el mayor empleador (37 por ciento de la PEA). En dicho sector se suelen ocupar personas con menor escolaridad y sueldos más bajos. La Comisión también toma nota de que en el documento de Política Agropecuaria 2011-2015, se contempla el fortalecimiento de las capacidades y la asistencia técnica a los productores así como la generación y transferencia tecnológica. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones sobre las medidas adoptadas para promover el empleo rural.

Guinea

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1995)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 2 y 3 del Convenio. La Comisión recuerda que el Programa de rehabilitación nacional de base comunitario (PNRBC), iniciado por el Ministerio de Asuntos Sociales y del Progreso de Mujeres y Niños, establece la rehabilitación profesional, incluidas la integración de los niños con discapacidad en las escuelas, la formación profesional y la promoción del empleo de las personas con discapacidad. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre la aplicación en la práctica de las medidas adoptadas en el contexto del PNRBC y una copia del informe anual al que se refiere en sus memorias anteriores. Le ruega que se sirva comunicar cualquier otro documento que contenga estadísticas, estudios o encuestas sobre las materias cubiertas por el Convenio (parte V del formulario de memoria).

Artículo 4. La Comisión toma nota de que se aplican normas para garantizar la igualdad de oportunidades y que se elaboró un proyecto de ley sobre la protección y la promoción de las personas con discapacidad. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el contenido de dichas normas y que envíe una copia del texto legislativo cuando sea adoptado.

Artículo 7. La Comisión toma nota de que hay un departamento responsable para la integración en el trabajo de las personas con discapacidad dentro de la Dirección nacional de educación técnica y formación profesional, y que la Oficina nacional para la formación profesional y formación superior estableció una sección especial encargada de la formación de jóvenes con discapacidad. La Comisión solicita al Gobierno que suministre información sobre las medidas adoptadas en que estos servicios adoptaron en la práctica para garantizar, mantener en el empleo y promover a las personas con discapacidad.

Artículo 8. La Comisión toma nota de que la rehabilitación profesional y el empleo de las personas con discapacidad en su lugar de origen (zonas rurales y comunidades apartadas) constituye un objetivo esencial del PNRBC en colaboración con la Federación de Guinea de Personas con Discapacidades (FE.GUI.PAH). Además se han adoptado algunas medidas, como el establecimiento de centros auxiliares del Centro ortopédico nacional, en el interior del país (Mamou y N’Zérékoré), y la concesión de exenciones sobre los impuestos y las obligaciones fiscales para cualquier empresa donde trabajen personas con discapacidad. La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre el establecimiento de servicios para las personas con discapacidad en las zonas rurales y en las comunidades apartadas.

Artículo 9. El Gobierno indicó que existió un centro ortopédico nacional desde 1973, destinado a la rehabilitación y aprendizaje de personas de todas las edades con discapacidad. La Comisión solicita al Gobierno que indique el número de personas que recibieron formación y se encuentran disponibles en dichos centros.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Hungría

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1969)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en octubre de 2013, que incluye información detallada en respuesta a su observación de 2012. La Comisión toma nota con interés de que el artículo xii de la Ley Fundamental de Hungría, que entró en vigor en 2012, consagra el derecho de toda persona que pueda y esté dispuesta a trabajar tenga la oportunidad de ejercer ese derecho. La Comisión recuerda que en 2011 se adoptó un programa de reforma estructural con objeto de aumentar la participación en el mercado de trabajo a fin de lograr, en 2020, que la tasa de empleo de las personas de edades comprendidas entre los 20 y 64 años de edad alcance el 75 por ciento, como se prevé en la Estrategia Europa 2020. La Comisión toma nota de que la tasa de empleo en el grupo de edad de 20 a 64 años fue de 62,1 por ciento en 2012. Según datos de Eurostat, la tasa de empleo se incrementó al 63,2 por ciento en 2013 y la tasa de desempleo se situó en un 8,7 por ciento en diciembre de 2013. El Gobierno indica que los planes de obras públicas contribuyeron a que disminuyera la proporción de solicitantes de empleo durante largo tiempo del 28,3 por ciento en 2010 al 26,1 por ciento en 2011. El número de personas que participaron en esos programas fue de 363 937 (242 136 hombres y 121 801 mujeres) al mes de diciembre de 2012. El programa denominado «Seguridad en el empleo» proporcionó a los empleadores la oportunidad de solicitar subsidios para sufragar los gastos salariales, ingresos complementarios para las personas que trabajan con horarios reducidos y ayuda a la formación; el 82 por ciento de los fondos disponibles se asignaron a pequeñas y medianas empresas. Para mejorar la situación en las áreas de bajos ingresos, el Gobierno dictó un decreto en 2013 por el que se establecen «zonas de libre empresa» en regiones de depresión económica. Las empresas que funcionan en esas regiones pueden beneficiarse de deducciones tributarias con objeto de impulsar el empleo y el crecimiento de la inversión. La Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre la manera en que las medidas activas del mercado de trabajo han contribuido a promover los objetivos establecidos en el artículo 1 del Convenio. La Comisión también invita al Gobierno a que especifique la manera en que los participantes en los programas de obras públicas se han incorporado a formas de empleo duradero incluyendo información sobre las modalidades ocupacionales en las que se encuentran. Sírvase también seguir proporcionando información sobre las tendencias del mercado de trabajo en el ámbito nacional y en las regiones de bajos ingresos (artículo 2).

Mujeres. Jóvenes trabajadores. La Comisión toma nota de las medidas adoptadas para proporcionar asistencia a las madres con hijos pequeños, a las mujeres mayores de 50 años a quienes comienzan una carrera profesional, a las mujeres con escasas calificaciones y desempleadas durante largo tiempo a reintegrarse al mercado de trabajo. Las medidas incluyen programas de formación profesional y de asistencia financiera a los empleadores para sufragar los salarios que supone la contratación, entre otros, de trabajadores vulnerables. En relación con los jóvenes, en septiembre de 2012 el Gobierno puso en marcha medidas con objetivo de aumentar la tasa de empleo de los jóvenes. El programa «Garantía de un primer empleo» está destinado a facilitar la celebración de un primer contrato de empleo de los jóvenes. El programa suministró al 31 de diciembre de 2013, oportunidades de empleo a 7 243 personas que se iniciaban en la actividad laboral. Asimismo, se elaboró un programa para ayudar a los jóvenes entre los 18 y 35 años de edad a que crearan sus propias empresas, prestándoles asistencias para el desarrollo de conocimientos y calificaciones empresariales, así como proporcionando ayuda financiera a los jóvenes que inician su propia actividad empresarial. La Comisión invita al Gobierno a que siga comunicando información sobre el impacto de las medidas diseñadas para integrar al mercado del trabajo a grupos específicos de trabajadores y de qué modo se identifican esos grupos y de qué manera se establecen las metas correspondientes. La Comisión también pide al Gobierno que incluya una evaluación de los progresos realizados a través de la aplicación de medidas formuladas para asegurar un empleo duradero para los jóvenes trabajadores y las mujeres.

La minoría romaní. La Comisión toma nota de que las medidas para mejorar la situación del empleo y la capacidad para atender a las personas vulnerables están principalmente centradas en la minoría romaní. Entre mayo de 2011 y abril de 2013, 16 500 solicitantes de empleo perteneciente a esa comunidad, que corresponde al 15 por ciento de las 110 000 personas cuya participación estaba prevista, recibieron asistencia como parte de un programa destinado a mejorar la empleabilidad de los trabajadores vulnerables que hayan que aplicarse. La Comisión también toma nota de que se estableció un acuerdo marco con el Gobierno autónomo de la minoría romaní con el objetivo de incluir en el mercado de trabajo a 100 000 desempleados pertenecientes a dicha minoría para 2015, así como el suministro de competencias profesionales idóneas para el mercado de trabajo a un mínimo de 50 000 personas pertenecientes a la comunidad romaní. Para abril de 2013, el número de personas con bajos niveles de educación abarcadas por los programas de formación era de 14 875, entre las cuales se encontraban 3 100 romaníes. Además, se asignaron fondos oficiales para las pequeñas, medianas y microempresas dispuestas a crear oportunidades de empleo para la minoría romaní. La Comisión se complace en poder examinar información actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas para incrementar el pleno empleo productivo y la cohesión social de los romaníes. Sírvase especificar cómo ha sido asociado el Gobierno autónomo de la minoría romaní con objeto de obtener su apoyo para dichas medidas (artículo 3).

Artículo 3. Consulta con los interlocutores. La Comisión toma nota de que en 2011 se estableció un nuevo Consejo Nacional Económico Social (NGTT) como un organismo consultivo destinado a reforzar el diálogo en alto nivel con los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil respecto de asuntos económicos y sociales. El Gobierno indica que durante el proceso legislativo para la adopción de la ley sobre adaptación profesional, de 2011 y el Código del Trabajo de 2012, se requirió celebrar consultas obligatorias con el NGTT. El Gobierno también subraya el papel desempeñado por el Foro Permanente de Consulta del Sector Privado (VKF) para reforzar la cooperación entre los organismos gubernamentales y los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por las organizaciones de trabajadores representadas en el Consejo Nacional para cuestiones de la OIT indicando que, como consecuencia de la adopción de la ley de 2011 por la que se establece el NGTT, se decretó la disolución de los organismos nacionales y regionales consulta tripartita, incluido el Consejo Nacional de Conciliación de Intereses. Las organizaciones de trabajadores indican que la estructura actualmente en funcionamiento no es adecuada para celebrar consultas tripartitas sustantivas en el plano nacional y regional. La Comisión invita al Gobierno a describir las medidas adoptadas con miras a garantizar la cooperación de los interlocutores sociales en la formulación y evaluación de la aplicación de las medidas del mercado de trabajo.

Islandia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1990)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y medidas activas del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de la memoria detallada suministrada por el Gobierno en 2013, preparada en consulta con el comité tripartito de Islandia para cuestiones de la OIT. En referencia a los objetivos establecidos en la Declaración de política de Islandia para 2020, el Gobierno indica que se designó una comisión ministerial para examinar la economía y el mercado de trabajo. Se crearon dos equipos de trabajo, uno encargado de formular políticas de empleo y creación de empleo, y el otro sobre medidas del mercado de trabajo para los desempleados y medidas correctivas en materia de formación profesional y educación permanente. Como en oportunidades anteriores, el objetivo era elaborar una política del empleo basada en los principios establecidos en colaboración con los interlocutores sociales y otras entidades, incluyendo representantes de los partidos políticos. Durante el período 2010-2013, se aplicó un programa de política de desarrollo regional basado en medidas para la innovación y desarrollo del empleo en conformidad con Islandia 2020. Uno de los objetivos fijados en Islandia 2020 es reducir la tasa de desempleo al 3 por ciento para el 2020. El Gobierno informa que durante el período cubierto por la memoria la situación del mercado de trabajo mejoró con lentitud y la tasa promedio de desempleo fue del 6 por ciento en 2012 y del 7,1 por ciento en 2011. Luego del período cubierto por la memoria, la Comisión observa que el desempleo disminuyó a un 4,5 por ciento en enero de 2014. En los últimos años el desempleo alcanzó niveles más elevados en las áreas metropolitanas que en las rurales. La tasa de cambio más baja registrada como consecuencia de la crisis económica tuvo repercusiones positivas en sectores generadores de divisas, como por ejemplo el sector de la pesca, de considerable importancia en numerosos distritos rurales. Sin embargo, una excepción a esta tendencia general es la precaria situación del empleo en la región Suðurnes (con una tasa de desempleo del 9,7 por ciento en 2012). La Comisión también toma nota de que se elaboró un programa especial denominado «De manera que funcione», resultado de un esfuerzo del Gobierno y de los interlocutores sociales iniciado en 2012, para aplicar medidas correctivas del empleo que benefician a unas 1 500 personas desempleadas. El objetivo del programa es crear nuevos puestos de trabajo para las personas desempleadas durante largos períodos en empresas y municipalidades y con el apoyo del Fondo de seguro de desempleo. El Gobierno señala que, en el marco del programa se contrataron a más de 1 400 personas, dos tercios en el sector privado, y las estadísticas muestran que del 60 al 70 por ciento de las personas contratadas en virtud de programas de ese tipo, cuando cesa la financiación, vuelven a ser contratadas por períodos ulteriores, y pasan a ser completamente independientes del sistema de prestaciones de seguridad social. La Comisión invita al Gobierno que siga proporcionando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para generar empleo mediante de la aplicación de una política del empleo. La Comisión también invita al Gobierno a que incluya mayores informaciones sobre las medidas de empleo destinadas a las personas desempleadas desde hace largo tiempo.

Empleo juvenil. El Gobierno informa que las tasas de desempleo entre los jóvenes (de 16 a 24 años) son mucho más elevadas que entre la gente de más edad, y se situó en el 14,6 por ciento en 2011, el 13,6 por ciento en 2012 y el 13,5 por ciento en el primer semestre de 2013. En Reykjavík y en municipios aledaños se crearon varios centros de empleo en 2012 para las personas menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. La Comisión toma nota de que el programa denominado «El estudio es un medio viable» iniciado en 2011, tiene el objetivo de garantizar el acceso al colegio secundario (postobligatorio) para todos los solicitantes menores de 25 años de edad. En el marco de ese programa se matricularon en cursos de estudio unas 1 500 personas incluyendo 1 000 solicitantes de empleo. A finales de 2012, cerca del 10 por ciento de los integrantes del grupo recibían nuevamente prestaciones de desempleo. En el otoño de 2012 se admitió en el programa a un nuevo grupo, que debió finalizar en la primavera de 2014. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para combatir el desempleo juvenil.

Políticas y programas de educación y formación. La Comisión toma nota que en el contexto de Islandia 2020, se hizo hincapié en una política de educación progresiva destinada a apoyar el desarrollo económico; este objetivo tiene la finalidad de dar prioridad a la calidad y a la inversión en materia de recursos humanos, la investigación y el desarrollo. Al propiciar esta relación recíproca entre consideraciones económicas y educativas, debe prestarse especial atención a proporcionar a aquellos que se encuentran temporariamente desempleados una nueva oportunidad para proseguir sus estudios o una formación profesional. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar información sobre el impacto de las medidas tomadas en el ámbito de las políticas de educación y formación y sobre su relación con el logro de un empleo productivo por parte de los beneficiarios de esas medidas.

Desarrollo empresarial. La Comisión toma nota de los programas iniciados en el ámbito de las actividades empresariales. Uno de esos programas está centrado en el desarrollo de las ideas empresariales de los participantes, permitiéndoles trabajar en esas ideas durante un período de hasta seis meses al mismo tiempo que perciben prestaciones de desempleo. Asimismo, la Comisión toma nota de la información actualizada que el Gobierno facilita en su memoria en relación con el Fondo de garantía crediticia para la mujer, incluyendo el número total de garantías de préstamos concedidas desde 2011. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando información sobre el impacto de las medidas de desarrollo en la creación de empleo y trabajo decente.

Italia

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1971)

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Medidas para mitigar el impacto de la crisis. Tendencias del empleo. La Comisión toma nota de la memoria comunicada por el Gobierno en octubre de 2013 que incluye información sobre las medidas adoptadas para combatir el empleo informal y facilitar la transición de la educación al mercado de trabajo. Las medidas adoptadas en 2013 estaban dirigidas hacia cuatro metas prioritarias: i) la creación de empleo a través de contratos por tiempo indefinido; ii) la promoción del empleo por cuenta propia; iii) atraer por medio del aprendizaje a los jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación; iv) la lucha contra la pobreza extrema. La Comisión toma nota de las medidas de reforma del mercado de trabajo adoptadas en virtud de la ley núm. 92/2012 que tiene por objeto establecer un mercado de trabajo amplio y dinámico, de manera de contribuir a la creación de empleos, en términos de cantidad y calidad, al crecimiento económico y social y a la reducción permanente de la tasa de desempleo. Los datos del informe anual de 2014 del Instituto Nacional de Estadísticas (ISTAT) muestran que el único tipo de empleo que se incrementó en relación con las cifras de empleo de 2008 es el empleo a tiempo parcial. Los datos del ISTAT también indican que el desempleo ascendió al 12,6 por ciento en mayo de 2014, un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo período en 2013. El número de personas desempleadas fue de 3 222 000, un aumento de 127 000 personas en un período superior a un año. Además, la Comisión toma nota de que en el informe anual del ISTAT de 2014 se señalan las persistentes diferencias en las tasas de empleo y de desempleo en las regiones del norte y del sur de Italia. La tasa de desempleo en Italia fue del 12,2 por ciento en 2013 (5,4 puntos porcentuales más que en el 2008 y 1,5 puntos porcentuales más que en el 2012) y un desempleo que alcanzó el 19,7 por ciento en Italia meridional. La Comisión tomó nota anteriormente de la diferencia en los niveles de ocupación de mujeres y hombres. Los datos del ISTAT muestran que la tasa de empleo de los hombres fue del 65 por ciento en julio de 2013 y del 46,8 por ciento para las mujeres. En vista del incremento del desempleo desde la observación de 2012, la Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se aplica el artículo 2 del Convenio, es decir, si se revisan periódicamente las medidas y políticas adoptadas para alcanzar los objetivos del Convenio establecidos en el artículo 1. La Comisión también pide al Gobierno que proporcione información sobre los efectos de las medidas adoptadas para poner término a las diferencias en los niveles de empleo entre las diversas regiones del país y reducir con las diferencias entre los niveles de empleo de hombres y mujeres. Sírvase también proporcionar información acerca de la manera en que se han tenido en cuenta las experiencias y opiniones de los interlocutores sociales en la aplicación y evaluación de las medidas de política del empleo (artículo 3).

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la alta tasa de desempleo juvenil que afecta a todas las regiones de Italia. La Comisión toma nota a este respecto de la información del ISTAT según la cual el desempleo entre los jóvenes del grupo de 15 a 24 años de edad fue del 43 por ciento en mayo de 2014, un aumento de 4,2 puntos porcentuales en relación con el año anterior. La Comisión toma nota de las medidas relativas al desempleo juvenil entre las que se incluye la de aplicarse hasta junio de 2015 y tiene por objeto la creación de contratos de trabajo por tiempo indefinido para los jóvenes de hasta 29 años de edad acordando reducciones de costos a las empresas contratantes durante un período de 18 meses. A este respecto, el decreto ley núm. 76/2013, convertido en ley núm. 99/2013, prevé un presupuesto de 794 millones de euros para el período 2013-2016 destinado a incentivos para los empleadores que contratan jóvenes trabajadores mediante un contrato por tiempo indefinido (500 millones de euros para las regiones de Italia meridional y 294 millones de euros para otras regiones). El Gobierno indica que esas medidas previstas en la legislación adoptada en 2013 sólo constituyen el primer paso de su estrategia para promover el empleo, especialmente el empleo juvenil, y la cohesión social. Se establecerá un segundo grupo de medidas una vez que las instituciones europeas hayan aprobado las normas para la utilización de los fondos estructurales para el período 2014-2020 y las referidas a las garantías para los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que facilite información que permita examinar el resultado de las medidas tomadas para reducir el desempleo de los jóvenes.

Políticas de educación y formación. La Comisión toma nota de la información incluida en la detallada memoria del Gobierno relativa a la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), recibida en noviembre de 2013, indicando que, a partir del año académico 2013-2014 se establecerán centros territoriales permanentes en los centros provinciales destinados a la educación de los adultos destinados a proporcionar una formación articulada en niveles de aprendizaje para la obtención de calificación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de las medidas de educación y formación, incluidos los programas de aprendizaje, en la obtención de empleos duraderos para los jóvenes y otros grupos de trabajadores vulnerables.

Cooperativas. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que el número de cooperativas se incrementó de 70 029 en 2001 a 79 949 en 2011, empleando a más de 1,3 millones de trabajadores. Durante la crisis económica, prosiguió el crecimiento y se alcanzó la cifra de 80 844 cooperativas en el tercer cuatrimestre de 2012. La Comisión se remite a la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), e invita al Gobierno a que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas para promover el empleo productivo por intermedio de cooperativas.

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 2000)

Promoción de las oportunidades de empleo para los trabajadores con discapacidad. Ajustes razonables. La Comisión toma nota de la información y estadísticas proporcionadas por el Gobierno en noviembre de 2013 en respuesta a su observación de 2011. El Gobierno indica que el período 2010-2011 se caracterizó por la persistencia de la crisis económica y del empleo que afectó a todo el país, y que también tuvo repercusiones en el mecanismo de colocación obligatoria de personas con discapacidad. La aplicación de la ley núm. 68/99 relativa al derecho a trabajar de las personas con discapacidades, tuvo como consecuencia que se coloquen en puestos de trabajo a 22 360 personas en 2010 y 22 023 en 2011; en estos períodos las cifras fueron superiores a la caída registrada en 2009, con 20 830 colocaciones. De las estadísticas suministradas, la Comisión observa la disparidad que existe entre las regiones del país en relación con el registro y las colocaciones; la recuperación parece haber afectado favorablemente a la mayoría de las regiones, salvo a las regiones del Sur. La Comisión también toma nota de que más de la mitad de las colocaciones en el empleo consisten en contratos a un plazo determinado u otros tipos de contrato, con exclusión de los contratos de trabajo de duración indeterminada. Entre las medidas aplicadas cabe mencionar la inclusión de una sección dedicada al empleo de personas con discapacidades en el portal de colocación del sitio web del Ministerio de Trabajo. Además, la Comisión toma nota del establecimiento del Observatorio Nacional sobre la Condición de las Personas con Discapacidad. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno adoptó el decreto legislativo núm. 76, de 28 de junio de 2013, convertido en ley núm. 99, de 9 de agosto de 2013, en el que se requiere que los empleadores del sector público y privado adopten las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables en el lugar del trabajo, tal como se define en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para garantizar la igualdad de las personas con discapacidades y los demás trabajadores. La Comisión alienta al Gobierno a que intensifique sus esfuerzos para promover las oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en el mercado regular del empleo, de modo de garantizar que puedan lograr y conservar un empleo y progresar en el mismo. La Comisión pide al Gobierno que transmita una evaluación confirmada, en la medida de lo posible, por estadísticas desglosadas por género, del impacto de la política nacional en la readaptación profesional y en el empleo de las personas con discapacidades mostrando de qué manera se aumenta la participación en el mercado de trabajo de las personas concernidas (artículos 3 y 7 del Convenio). Sírvase también proporcionar información sobre el impacto del ordenamiento jurídico vigente en el empleo de las personas con discapacidades, incluyendo la cuestión de los ajustes razonables, y sobre las actividades del Observatorio Nacional sobre las Condiciones de las Personas con Discapacidades en relación con las cuestiones abarcadas por el Convenio.

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) (ratificación: 2000)

Protección de los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2013 que incluye observaciones generales sobre el funcionamiento del servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas. El Gobierno indica que, desde su memoria anterior de noviembre de 2010, un gran número de agencias de empleo privadas cesaron sus actividades debido, entre otros motivos, al incremento de la utilización de bases de datos informatizadas para buscar empleo y a la disminución de la trascendencia de los servicios de intermediación laboral. En lo que respecta a la cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas (artículo 13 del Convenio), el Gobierno señala que aún siguen sin determinarse las modalidades de cooperación posible entre el servicio público y el privado a la luz de los cambios regulatorios, tales como la mayor liberalización del mercado de trabajo. Este es, por ejemplo, el caso de las agencias de empleo temporal. El Gobierno añade que las autoridades pueden reglamentar las actividades de las agencias de empleo privadas a través de la oferta pública de los mismos servicios, estableciendo así niveles de calidad elevada. La coexistencia de las agencias públicas y privadas tiene numerosos efectos positivos pero también puede tener repercusiones negativas; la necesidad de que el servicio público del empleo actúe en competencia con las agencias de empleo privadas puede reducir la atención que se presta a las personas más vulnerables que se encuentran a la búsqueda de un empleo. El Gobierno indica que la cuestión más importante es que las autoridades estén en condiciones de supervisar y evaluar los resultados; si esto no es así, las agencias privadas seleccionarán a los solicitantes de empleo cuya colocación resulte más fácil para reducir al mínimo sus costos y maximizar sus resultados y no los de la sociedad en su conjunto. La sinergia potencial entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas consiste en mejorar el funcionamiento en los siguientes sectores: colocación, pago de prestaciones y aplicación de las medidas de la política de empleo. En relación con la solicitud anterior de la Comisión en virtud de los artículos 11 y 12 del Convenio, el Gobierno señala que no se disponía de datos en la época de la elaboración de la memoria y que se proporcionará información en cuanto esté disponible. La Comisión recuerda las cuestiones planteadas por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), en relación con su observación anterior, en la que se expresa preocupación por el hecho de que no se garantiza un trato justo a los trabajadores de agencias en relación con sus condiciones de trabajo y empleo. La Comisión se remite a su observación de 2011 y pide al Gobierno que comunique una memoria en la que se indique de qué manera se asegura una adecuada protección de los trabajadores de las agencias de trabajo temporal que trabajan para empresas usuarias (artículos 11 y 12 del Convenio). La Comisión también pide al Gobierno que comunique información en la que se demuestre que se han tenido en cuenta las opiniones de los interlocutores sociales sobre las medidas adoptadas para promover la cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas (artículo 13). Sírvase también indicar el número de trabajadores comprendidos en las medidas que dan efecto al Convenio (especificando el tipo y la duración de sus acuerdos de empleo), y el número y la naturaleza de las infracciones notificadas en relación con las actividades de las agencias de empleo privadas (artículo 10 y 14 y parte V del formulario de memoria).

Japón

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) (ratificación: 1992)

Promoción del empleo para las personas con discapacidad. Consultas con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en octubre de 2014, que incluye las observaciones realizadas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO) e información en respuesta a las observaciones realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios Sociales y de Protección de la Infancia (NUWCW), en agosto de 2013. Asimismo, toma nota de las observaciones más recientes realizadas por el NUWCW, que se recibieron en agosto de 2014. La Comisión toma nota de que, en enero de 2014, el Japón ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Gobierno indica en su memoria que el número de personas con discapacidad empleadas en el sector privado era de 408 947 en junio de 2013, lo que representa un 7 por ciento de aumento en relación con el año anterior. El Gobierno añade que el número de personas con discapacidad que están empleadas ha aumentado durante diez años consecutivos. La tasa real de empleo de las personas con discapacidad en empresas privadas está creciendo de manera constante, y ha alcanzado un 1,76 por ciento este año, en comparación con el 1,69 por ciento el año anterior. El Gobierno indica que la Subcomisión sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad del Consejo de Políticas Laborales establece los objetivos de las políticas de empleo para las personas con discapacidad, y aplica esas políticas y evalúa sus resultados. La JTUC-RENGO opina que, si bien el empleo de las personas con discapacidad aumenta de forma sostenida y más del 40 por ciento de las empresas han alcanzado la cuota obligatoria del 2 por ciento de empleo para personas con discapacidad, se necesitan más políticas y medidas debido a que aproximadamente el 60 por ciento de las empresas que no han alcanzado esa cuota no han empleado ni a una sola persona con discapacidad. Además, señala que los objetivos del sistema de tasas de empleo (sistema de cuotas) se limitan a las personas que tienen una libreta de identificación de persona con discapacidad y actualmente sólo un número reducido de personas disponen de ese documento. La JTUC-RENGO añade que a fin de establecer las medidas adecuadas para hacer frente a los problemas de las personas con discapacidad es necesario disponer de datos desglosados por grupo de edad, género y tipo de discapacidad en relación con cada una de las políticas y medidas. La Comisión invita al Gobierno a transmitir sus comentarios sobre las observaciones realizadas por el NUWCW en agosto de 2014. Sírvase continuar transmitiendo evaluaciones sobre las medidas adoptadas a fin de incrementar las oportunidades de empleo en el mercado regular de trabajo de las personas con discapacidad. La Comisión también invita al Gobierno a transmitir ejemplos de la manera en que las opiniones y preocupaciones de los interlocutores sociales y de los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad se tienen en cuenta con miras a la formulación, aplicación y evaluación de la política sobre readaptación profesional y empleo de personas con discapacidad. Sírvase asimismo transmitir estadísticas desglosadas, dentro de lo posible, por sexo, edad y naturaleza de la discapacidad, así como extractos de los informes, estudios y encuestas en relación con las cuestiones cubiertas por el Convenio.

Artículos 1, párrafo 3), y 3 del Convenio. Política nacional destinada a garantizar una readaptación profesional adecuada a todas las categorías de personas con discapacidad. a) Criterios utilizados para determinar si una persona con discapacidad es considerada apta para «trabajar en el marco de una relación de trabajo» (párrafo 73 del informe del comité tripartito). La Comisión recuerda que, en su 304.ª reunión (marzo de 2009), el Consejo de Administración adoptó el informe del comité tripartito encargado de examinar la reclamación por la que se alega el incumplimiento por el Japón del Convenio (documento GB.304/14/6). La Comisión también recuerda que se le asignó dar seguimiento a las recomendaciones del comité tripartito. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, en su memoria de septiembre de 2013 el Gobierno transmitió información sobre la aplicación y los resultados de las medidas en materia de empleo de las personas con discapacidad. En lo que respecta a la promoción del programa «apoyo del equipo» a fin de proporcionar apoyo continuo durante el período de empleo y lograr la adaptación al lugar de trabajo, señala que, en 2012, 10 610 personas con discapacidad encontraron trabajo en el marco de este programa. La Comisión toma nota de que, en abril de 2013, se habían establecido 317 centros de empleo y apoyo a la vida a fin de ayudar a las personas con discapacidad. También toma nota de que, en 2010, en el marco del Programa de Apoyo para la Continuación del Trabajo (SPCW) 459 personas fueron transferidas de programas tipo B (concebidos para aquellas personas que tienen dificultades en trabajar en el contexto de una relación de trabajo, aunque, de todas maneras, les brindan la oportunidad de realizar actividades productivas) a programas tipo A (concebidos para personas discapacitadas que han alcanzado un nivel adecuado para trabajar en el marco de una relación de trabajo y, por lo tanto, les permiten trabajar con arreglo a un contrato de trabajo) y 1 606 personas fueron transferidas de programas tipo B a empleos regulares. En sus observaciones de 2013, el NUWCW indica que las medidas para la transición de los programas tipo B en el marco del SPCW al empleo no protegido son insuficientes. En su respuesta, el Gobierno indica que para ampliar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad ha estado adoptando iniciativas que combinan políticas del empleo con políticas de servicios sociales. Añade que el número de personas que han pasado de los programas tipo B a empleos regulares aumentó pasando de 1 606 en 2011 a 2 307 en 2012. La Comisión invita al Gobierno a continuar transmitiendo información sobre las medidas adoptadas o previstas para incrementar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad que no son consideradas aptas para trabajar en el marco de una relación de trabajo, a fin de que tengan acceso al mercado regular del empleo. Sírvase continuar incluyendo información actualizada sobre el número de transiciones de los programas tipo B en el marco del SPCW a los programas tipo A y al empleo no protegido, así como sobre el impacto de las medidas aplicadas por la Oficina Pública de Seguridad del Empleo en materia de transición de personas con discapacidad del empleo de la inserción social al mercado abierto del trabajo.

b) Incluir el trabajo realizado por personas con discapacidad en talleres protegidos dentro del ámbito de aplicación de la legislación laboral (párrafo 75 del informe). En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que, en octubre de 2011, 100 385 personas con discapacidad habían obtenido conocimientos en materia laboral y recibido la formación necesaria a fin de mejorar sus calificaciones a través de actividades productivas y otras actividades en el lugar de trabajo con arreglo a los programas tipo B en el marco del SPCW. En sus observaciones de 2013, el NUWCW indica que, en virtud de la política gubernamental, los talleres protegidos y los pequeños talleres forman parte de las medidas de inserción social y no se consideran servicios de readaptación profesional. Añade que, sin embargo, el objetivo real de las actividades es la rehabilitación social y la participación en la sociedad a través del trabajo, lo cual corresponde al objetivo de readaptación profesional previsto en el artículo 1 del Convenio. El NUWCW se refiere a la circular ministerial de 2007 sobre la aplicación del artículo 9 de la Ley sobre Normas del Trabajo a las personas con discapacidad que participan en los programas tipo B en el marco del SPCW y señala que esta circular restringe la aplicación de la legislación del trabajo. En su respuesta, el Gobierno indica que se supone que las personas que participan en los programas tipo B en el marco del SPCW reciben asistencia de los servicios sociales mientras realizan actividades productivas sin tener contratos de trabajo con los empleadores. Estas personas no tienen que ser consideradas «trabajadores» porque tienen derecho a más flexibilidad que los trabajadores en lo que respecta a los días de trabajo, las horas de trabajo y la carga de trabajo y no reciben instrucciones ni orientaciones. Además, añade que la decisión de si una persona puede ser calificada como trabajador y puede tener una relación de trabajo empleador-empleado debe tomarse desde una perspectiva amplia, y basándose en diversos elementos que incluyen la forma en la que se realiza el trabajo y la remuneración. El Gobierno indica que las leyes y reglamentos del trabajo se aplican de manera equitativa a las personas con discapacidad y no se excluye la aplicación de la Ley sobre las Normas del Trabajo a las personas con discapacidad que trabajan en los lugares en los que se llevan a cabo los programas tipo B. La Comisión invita al Gobierno a continuar informando sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que el trato que las personas con discapacidad reciben en los talleres protegidos está de conformidad con los principios del Convenio, incluido el principio de igualdad de oportunidades y de trato (artículo 4).

c) Baja remuneración para las personas con discapacidad que realizan actividades con arreglo a los programas del tipo B en el marco del SPCW (párrafo 76 del informe). En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco del plan quinquenal para duplicar la remuneración en los talleres (plan quinquenal 2007-2011) a fin de incrementar la remuneración que se ofrece en los talleres. El Gobierno indica que tras haber revisado la cuestión, teniendo en cuenta los resultados de los esfuerzos que se han realizado hasta ahora, se ha iniciado un plan de tres años para aumentar entre 2012 y 2014 la remuneración que se ofrece en los talleres. En sus observaciones de 2013, el NUWCW indica que el aumento salarial con arreglo al plan de 2012-2014 no es factible en virtud de la legislación actual, con la exención de la legislación en materia de salario mínimo. El Gobierno indica que en virtud de la Ley núm. 50, de 2012, sobre la Promoción de la Adquisición por el Estado de Bienes de las Instalaciones para el Empleo de Personas con Discapacidad, que se promulgó el 20 de junio de 2012 y entró en vigor el 1.º de abril de 2013, los organismos administrativos y los gobiernos locales están obligados a adquirir de forma preferente los bienes y servicios de las instalaciones para el empleo de las personas con discapacidad. Añade que la ley contribuirá a incrementar la remuneración que se recibe en los talleres y a apoyar el incremento de los salarios en los programas tipo B. La Comisión invita al Gobierno a continuar informando sobre las medidas adoptadas o previstas para aumentar la remuneración que se ofrece en los talleres.

d) Cuotas de los participantes por los servicios recibidos en los programas del tipo B en el marco del SPCW (párrafos 77 y 79 del informe). La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno de 2013, los hogares con ingresos bajos no tienen que pagar las cuotas de los servicios sociales para discapacitados. En sus observaciones de 2013, el NUWCW reitera que hacer pagar cuotas de servicios contraviene los convenios y recomendaciones de la OIT en materia de personas con discapacidad. El Gobierno indica que, en diciembre de 2003, el 93,4 por ciento de los usuarios de los servicios sociales para personas con discapacidad, incluidos los participantes en los programas del tipo B, recibían servicios gratuitos. Recordando que el párrafo 22, 2), de la Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955 (núm. 99), recomienda que se deben proporcionar servicios gratuitos de adaptación y readaptación profesionales, la Comisión alienta al Gobierno a continuar tomando medidas al respecto y que presente informaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que no se desalienta la participación en dichos programas a las personas con discapacidad para que finalmente puedan acceder al mercado de trabajo.

Artículos 3, 4 y 7. Igualdad de oportunidades entre las personas con discapacidad y los trabajadores en general. a) Plan quinquenal para la aplicación de medidas prioritarias (2008-2012) (párrafo 80 del informe). b) Sistema de cuotas para el empleo de personas con discapacidad (párrafos 81 y 82 del informe). La Comisión toma nota de la información actualizada proporcionada por el Gobierno sobre la aplicación del plan quinquenal (2008-2012). Asimismo, toma nota de que la Ley de Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad en su tenor reformado, promulgada en junio de 2013, incluye a las personas con discapacidad mental en las cuotas de empleo legalmente establecidas para las personas con discapacidad. El Gobierno indica que en junio de 2012 el número de personas con discapacidad que trabajaban en el sector público era de 382 363. En 2012, el número de personas con una discapacidad grave que tenían un empleo era de 104 970, lo que representa un aumento de 9 523 personas en relación con 2010. En sus observaciones de 2013, el NUWCW indica que el número real de personas con discapacidad grave que están empleadas debería aumentar y que para ello no se debería utilizar como medida temporal el sistema de doble contabilización (las personas con discapacidad severa son doblemente contabilizados con arreglo al sistema de cuotas) sino que se debería cumplir con la obligación de ajuste razonable o adoptar una nueva política a través de la colaboración en materia de políticas de empleo y medidas de bienestar. El Gobierno informa de que, en su informe de marzo de 2013, la Subcomisión sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad del Consejo de Políticas Laborales indicó que el sistema de doble contabilización ha estado desempeñando una función en la promoción del empleo de las personas con discapacidad grave que tienen muchas dificultades para trabajar. La JTUC-RENGO opina que el sistema de doble contabilizacion plantea un problema, pero añade que este sistema se ha convertido en un incentivo para el empleo de personas gravemente discapacitadas. La Comisión invita al Gobierno a continuar proporcionando información pertinente sobre las personas con discapacidad y las personas gravemente discapacitadas empleadas con arreglo al sistema de cuotas.

c) Ajuste razonable (párrafo 84). El Gobierno indica que el proyecto de ley sobre la eliminación de la discriminación contra las personas con discapacidad se sometió a la Dieta en abril de 2013 y fue aprobado en junio de 2013. Según la ley, los órganos administrativos deberán establecer medidas de ajuste razonable y las empresas privadas deberán aplicar esas medidas. Además, la Ley de Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad en su tenor reformado define las medidas para prohibir la discriminación de las personas con discapacidad en el empleo y minimizar los obstáculos para que esas personas trabajen (obligación de proporcionar un cuidado razonable). La Comisión toma nota de que a partir de abril de 2016 será obligatorio ofrecer un ajuste razonable. La JTUC-RENGO indica que el contenido concreto de la prohibición de la discriminación y de la obligación de ofrecer un ajuste razonable se formulará a través de directrices, y que un grupo de investigación del Gobierno está finalizando un informe sobre la naturaleza de esas directrices. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar información actualizada sobre la aplicación y los resultados de las medidas en materia de ajuste razonable.

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) (ratificación: 1999)

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión reitera que, en su 313.ª reunión (marzo de 2012), el Consejo de Administración aprobó el informe del comité tripartito constituido para examinar la reclamación en la que se alega el incumplimiento por el Japón del presente Convenio (documento GB.313/INS/12/3). En el párrafo 43 del citado informe, el comité tripartito expresó su firme esperanza de que el nuevo proyecto legislativo por el que se revisaba la Ley sobre Cesión de Trabajadores sería promulgado muy pronto a fin de garantizar la «protección adecuada» de todos los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas, de conformidad con los artículos 1, 5 y 11 del Convenio. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en la que se incluye información en respuesta a los comentarios y observaciones formulados anteriormente por la Federación Empresarial del Japón (NIPPON KEIDANREN) y por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO). Toma nota asimismo de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN), recibidas en septiembre de 2014. La Comisión recuerda que la Ley sobre Cesión de Trabajadores fue revisada en 2012. El Gobierno señala en su memoria que la necesidad de reformar esta ley aproximadamente un año después de haber entrado en vigor, es decir, en octubre de 2013, fue señalada durante las deliberaciones en la Dieta. En este sentido, se han celebrado deliberaciones en el seno del Consejo de Política Laboral entre el Gobierno y los interlocutores sociales. En enero de 2014, se elaboró un informe en el que se concluía que la respuesta a la cuestión de la inestabilidad en el empleo causada por la «cesión de trabajadores meramente registrados» (los trabajadores figuran nuevamente «inscritos» ante la agencia que los cede, sin ser empleados de la misma) y la cesión de trabajadores a empresas manufactureras no debía consistir en una prohibición sino en garantizar que los agentes cesionarios adopten medidas destinadas a asegurar la estabilidad en el empleo a los trabajadores cedidos con contratos de duración determinada. Sobre la base del informe del Consejo de Política Laboral, se presentó a la Dieta un proyecto de ley destinado a enmendar la Ley sobre Cesión de Trabajadores. En sus observaciones, la NIPPON KEIDANREN señala que está en favor del proyecto de ley, añadiendo que sus disposiciones instaurarán un sistema de permisos para todas las agencias de cesión de trabajadores, crearán un entorno empresarial idóneo para estas agencias y garantizarán la igualdad de trato y la promoción del desarrollo profesional para los trabajadores cedidos. A juicio de la NIPPON KEIDANREN, estas medidas contribuirán a resolver las cuestiones relativas a la «cesión de trabajadores meramente registrados» y la cesión de trabajadores a las empresas manufactureras. La JTUC-RENGO señala que ha venido exigiendo insistentemente que se respete el principio de que las modalidades de cesión de trabajadores sean sólo provisionales y de que se fortalezca la protección adecuada de los trabajadores procedentes de las agencias de trabajo temporal mediante la aplicación del principio de igual trato, pero añade que no ve reflejada sus opiniones en el proyecto de ley. La JTUC-RENGO considera que existe el peligro de que en el Japón se instaure un ordenamiento jurídico que normalice el empleo indirecto. Además crece la preocupación de que se amplíen más las modalidades de cesión de trabajadores mal remunerados. Añade que el límite temporal para la cesión de trabajadores y el principio de igualdad de trato constituyen dos normas de alcance mundial que están claramente reconocidas en la Directiva de la UE relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal adoptada por el Parlamento Europeo y por el Consejo, así como por los ordenamientos jurídicos de China y la República de Corea. El Gobierno presentó el proyecto de ley a la Dieta, en marzo de 2014, pero lo retiró finalmente por falta de tiempo para deliberar sobre él al término de la sesión en junio de 2014. La JTUC-RENGO señala que el proyecto de ley volverá a someterse a la aprobación de la Dieta, en su próxima reunión de 2014. A juicio de ZENROREN si se adoptara este proyecto en su forma actual se propiciaría probablemente el aumento de la cesión de trabajadores y se pondría gravemente en peligro el principio de empleo directo. La Comisión expresa su firme esperanza, al igual que el comité tripartito, de que la legislación revisada garantizará «una adecuada protección» de todos los trabajadores contratados por agencias de empleo privadas, tal como dispone el Convenio. La Comisión invita al Gobierno a suministrar a la OIT una copia de la ley de reforma de la Ley sobre Cesión de Trabajadores en cuanto sea adoptada.

Artículo 5, párrafo 1). Igualdad de oportunidades y de trato. En el párrafo 38 del informe del comité tripartito, se solicita al Gobierno que aclare si las disposiciones del párrafo 1 del artículo 5 del Convenio se aplican tanto a los agentes de cesión de trabajadores como a las empresas cesionarias. El Gobierno señala que el artículo 44 de la Ley de Cesión de Trabajadores establece que las agencias de cesión de trabajadores y los clientes están sujetos a la orientación y la inspección de las oficinas de inspección de las condiciones de trabajo en cuanto al cumplimiento del artículo 3 de la Ley del Trabajo, que prohíbe el trato discriminatorio entre unos trabajadores y otros. Además, el Gobierno añade que las agencias de cesión de trabajadores están sujetas a la orientación y supervisión de las oficinas del trabajo de las prefecturas en cuanto al cumplimiento de la Ley sobre Seguridad en el Empleo. La Comisión invita al Gobierno a que siga suministrando información sobre la aplicación del artículo 5, párrafo 1), del Convenio en la práctica. Por ejemplo, la Comisión le ruega que se sirva indicar si las autoridades responsables de la aplicación de la legislación mencionada han adoptado decisiones o si los tribunales han pronunciado sentencias sobre esta cuestión en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 11. Medidas para garantizar la adecuada protección de los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas. El Gobierno señala que la Ley de Contratos Laborales, en vigor desde abril de 2013, introdujo disposiciones para convertir los contratos de trabajo de duración determinada en contratos de duración indefinida, para prohibir la terminación del contrato de empleo por parte del empleador en determinadas circunstancias, prohibir la imposición de condiciones de trabajo a los trabajadores contratados de duración determinada que sean irracionalmente distintas de las que se aplican a los trabajadores con contratos de duración indefinida. Además, la ley de reforma de la Ley sobre Cesión de Trabajadores incluye medidas para promover la conversión de algunos contratos de duración determinada en contratos de duración indefinida y para promover la educación y la formación de los trabajadores cedidos. La Comisión toma nota de que algunas disposiciones de la citada ley de reforma serán efectivas a partir de octubre de 2015. En sus observaciones, la ZENROREN señala que, a pesar de que en los últimos años ha descendido el número de accidentes de carácter laboral que causan cuatro o más días de ausencia, el número de accidentes profesionales ha aumentado en el caso de los trabajadores temporales. Añade que muchas empresas usuarias descuidan la atención en materia de salud y seguridad a los trabajadores cedidos de los que no se sienten directamente responsables. Además, la ZENROREN señala que la legislación japonesa no establece ninguna obligación de la empresa usuaria de tener que aceptar la negociación colectiva por parte de los trabajadores temporales. La Comisión invita al Gobierno a que comunique sus comentarios a este respecto. La Comisión invita también al Gobierno a que especifique el modo en el que las disposiciones que garantizan una protección adecuada para los trabajadores empleados por agencias de empleo privadas en materia de negociación colectiva (artículo 11, b)) y de seguridad y salud en el trabajo (artículo 11, g)) están sometidas al control de las autoridades públicas competentes con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento (artículo 14, párrafo 2)).

Artículos 10 y 14. Examen de las quejas y medidas de corrección adecuadas. La Comisión toma nota de que se presentaron 13 quejas ante el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, en 2012, respecto a los servicios prestados por las agencias de empleo privadas en asuntos relativos de especificación clara de las condiciones de trabajo. En aquel mismo año, se presentaron 87 quejas más en relación con empresas de cesión de trabajadores, entre otras cuestiones por contrato laboral disfrazado. La Comisión toma nota además de que, en 2012, constan 8 764 ejemplos de directivas escritas. Asimismo, el número de personas que han visitado las oficinas del Ministerio Público por vulneración de la Ley de Cesión de Trabajadores ascienden a 74, en 2012. La Comisión invita al Gobierno a que siga suministrando información sobre el número y la naturaleza de las quejas presentadas respecto a las actividades de las agencias de empleo privadas. La Comisión le pide que se sirva suministrar información sobre las medidas de corrección disponibles en caso de violación de las disposiciones del Convenio, así como una evaluación de la pertinencia de dichas medidas, junto con estadísticas, desglosadas por sexo y sector económico, con respecto al origen de las quejas.

Artículo 13. Cooperación entre el servicio público de empleo y las agencias de empleo privadas. La Comisión toma nota de que los principios básicos de las políticas de empleo fueron revisados en 2014 y de que, entre ellos, figura la intención de que varias instituciones encargadas de los servicios de empleo, incluyendo el servicio de empleo público y las agencias de empleo privadas, cumplan con su papel en sus ámbitos de especialización y cooperen en la medida de lo necesario para optimizar las funciones de los servicios de empleo. La Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre el método para promover y revisar periódicamente la cooperación eficaz entre el servicio de empleo público y las agencias de empleo privadas.

Mauritania

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1971)

Seguimiento de la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

Artículos 1,2 y 3 del Convenio. Promoción del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la discusión tripartita que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas en la 103.ª reunión de la Conferencia, de 2014. El Gobierno indica que se han obtenido resultados positivos en materia de reducción del desempleo. El Ministerio de Empleo y Formación Profesional preparó un plan de acción a corto, medio y largo plazo, que fue aprobado por el Consejo de Ministros. Algunas de las medidas previstas en el marco de dicho plan de acción son: la actualización y adopción de la Estrategia nacional de promoción del empleo, así como de su plan operativo de aplicación; la instauración de un Consejo Nacional de Empleo y de Formación Técnica y Profesional (CNEFTP); y la institucionalización de la coordinación entre diferentes departamentos para la integración de la «dimensión empleo» en las estrategias y planes de acción sectoriales. Además, en lo que respecta a la participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas, el Gobierno da cuenta del establecimiento de un mecanismo de concertación, intercambio e implicación de los interlocutores sociales en la elaboración y validación de estrategias y planes de acción. En relación con las observaciones relativas a la falta de concertación con los sindicatos formuladas por la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), el Gobierno informó de que el inicio de las negociaciones era inminente. La Comisión invita al Gobierno a transmitir información detallada sobre los resultados obtenidos en el marco de la estrategia nacional de promoción del empleo en lo que respecta a la creación de empleos durables, la reducción del subempleo y la lucha contra la pobreza. La Comisión también invita al Gobierno a transmitir información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en la aplicación de dicha estrategia. Sírvase también indicar las medidas adoptadas o previstas para la participación de representantes de las personas que viven en zonas rurales y de las personas que trabajan en la economía informal en las consultas previstas por el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Nigeria

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1961)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2012 que incluye breves respuestas a sus comentarios anteriores. El Gobierno indica que los servicios que prestan las oficinas de colocación y los registros de profesionales y del personal directivo son gratuitos. Además informa que existen 42 oficinas de colocación y 17 registros de profesionales y personal directivo distribuidos en 36 estados y en el territorio de la Capital Federal. En 2011, se registraron 2896 desempleados en el Servicio Público del Empleo, que incluye el Servicio de colocaciones, el Registro de profesionales y personal directivo, la Agencia nacional de colocaciones informatizada (NELEX), y la Dirección Nacional de Centros de Empleo, colocándose en el empleo a 329 solicitantes sobre un total de 383 vacantes. Según la memoria del Gobierno, los artículos 23 a 25 de la Ley del Trabajo reglamentan las actividades de las agencias de empleo privadas. Además, el Gobierno se refiere a la Política Nacional de Empleo que es el producto de las consultas tripartitas. La Comisión recuerda que el servicio público de empleo es una de las medidas necesarias al logro del pleno empleo. El Convenio núm. 88 junto con el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) y el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) forman una estructura necesaria para el crecimiento del empleo (Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, párrafos 785 a 790). La Comisión invita al Gobierno a incluir, en su próxima memoria, información adicional sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se establezcan suficientes oficinas de empleo para atender las necesidades específicas de los empleadores y de las personas en busca de empleo en cada una de las regiones geográficas del país. La Comisión invita asimismo al Gobierno a que incluya información sobre la Política Nacional del Empleo y otras medidas adoptadas para el establecimiento de instituciones destinadas a lograr el pleno empleo y alienta a los interlocutores sociales a examinar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), instrumento de la mayor importancia para la gobernanza. Además se le pide al Gobierno que siga incluyendo en la memoria las informaciones estadísticas que se hayan publicado en forma de informes anuales o periódicos sobre el número de oficinas de colocación y de registros de profesionales y de personal directivo establecidos, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por las oficinas (parte IV del formulario de memoria).

Artículos 4 y 5 del Convenio. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión invita al Gobierno a que comunique información más detallada sobre las consultas celebradas en la Comisión Nacional Consultiva del Trabajo sobre la organización y funcionamiento del Servicio del Empleo y sobre el desarrollo del programa del servicio del empleo.

Artículo 6. Organización del servicio del empleo. El Gobierno indica que las personas en busca de empleo y las agencias de empleo privadas utilizan los instrumentos y herramientas disponibles en la NELEX para los anuncios de empleo y las colocaciones. La Comisión invita al Gobierno a describir más detalladamente la manera en que ha sido organizado el Servicio del Empleo y cuáles son las actividades que desarrolla para asegurar eficazmente el desempeño de las funciones enumeradas en el Convenio.

Artículo 7. Actividades del servicio del empleo. El Gobierno indica que las oficinas de colocación y los registros de profesionales y personal directivo están abiertos para los solicitantes de todas las profesiones e industrias. Informa además que en dicho servicio repercute la política sobre personas discapacitadas. Por ejemplo, en el discurso presidencial de 1986 sobre el presupuesto se indicó que se esperaba que todo empleador diera trabajo a un mínimo de dos personas con discapacidad por cada 100 empleados que contratase. Además, las Directrices para el nombramiento, promoción y disciplina de los funcionarios de la administración pública federal, incluyen una orden presidencial que otorga a las personas con discapacidades concesiones especiales respecto a los nombramientos para el empleo en la función pública. La Comisión invita al Gobierno a que facilite información sobre los resultados de las medidas adoptadas por el servicio del empleo en relación con las diferentes ocupaciones e industrias, así como las categorías particulares de solicitantes de empleo, como los trabajadores con discapacidades.

Artículo 8. Medidas de ayuda a los jóvenes. Además de las medidas aplicadas por la NELEX y las instituciones del Servicio del Empleo, el Gobierno indica que ha establecido una Dirección Nacional de Empleo y un Programa Nacional para la Erradicación de la Pobreza a fin de que los jóvenes reciban asistencia para encontrar empleos adecuados. La Comisión invita al Gobierno a que incluya en su próxima memoria informaciones más detalladas sobre las medidas adoptadas por el servicio del empleo para prestar asistencia a los jóvenes en la búsqueda de un empleo adecuado.

Artículo 10. Medidas para estimular la utilización máxima del servicio del empleo. El Gobierno indica que en 2009 organizó, junto con los interlocutores sociales, un taller sobre la NELEX del que resultó su confirmación como estructura del servicio del empleo. La Comisión invita al Gobierno a que siga facilitando información sobre las medidas propuestas por el servicio del empleo en colaboración con los interlocutores sociales, destinadas a estimular la utilización máxima del servicio del empleo.

Artículo 11. Cooperación entre las agencias públicas y privadas de colocación. El Gobierno indica que en 2007 y 2010 se organizaron actividades de formación para funcionarios clave de las agencias privadas de colocación. La Comisión invita al Gobierno se sirva indicar en su próxima memoria las medidas concretas que se hayan adoptado para garantizar la cooperación efectiva entre el servicio público del empleo y las agencias privadas de colocación.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Portugal

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1981)

Seguimiento de la discusión celebrada en la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de que, durante la discusión tripartita, el Gobierno presentó una información sobre el mercado laboral que mostraba que la tasa de desempleo descendió del 17,5 por ciento, en el primer trimestre de 2013, al 15,1 por ciento, en el primer trimestre de 2014. El Gobierno tiene la intención de mejorar el funcionamiento del servicio público del empleo y seguir aplicando medidas activas del mercado de trabajo, especialmente orientadas a los jóvenes, como el Programa de garantías a los jóvenes. La Comisión toma nota de que siguen existiendo importantes desafíos del mercado de trabajo, especialmente la necesidad de creación de oportunidades de empleo para los desempleados, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYME) y la coordinación de las políticas de educación y formación con las necesidades del empleo de los trabajadores más afectados por la crisis. La Comisión se refiere nuevamente a la Declaración del Oslo, «Restablecer la confianza en el empleo y el crecimiento», adoptada en la novena Reunión Regional Europea (Oslo, 8-11 de abril de 2013), que establece que, por una parte, la consolidación fiscal, la reforma estructural y la competitividad, y por otra parte, los paquetes de medidas de estímulo, la inversión en la economía real, los puestos de trabajo de calidad y mayores créditos para las empresas, no deberían ser paradigmas en conflicto. En consecuencia, la Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre las medidas adoptadas para revisar, con la participación de los interlocutores sociales, el impacto de las medidas relativas al empleo adoptadas para abordar la crisis del empleo (artículos 2 y 3 del Convenio). La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno el hecho de que la Oficina podría contribuir, a través de la asistencia técnica, a abordar la situación del empleo en el contexto del Convenio.

La Comisión se remite a su observación de 2013 e invita al Gobierno a que presente información sobre el impacto de las medidas adoptadas para mejorar las normas relativas a las calificaciones y a que coordine las políticas educativas y de formación con las oportunidades de empleo, para reducir el desempleo juvenil y facilitar el retorno al mercado laboral de aquellas categorías de trabajadores más afectadas por la crisis. Sírvase también incluir información sobre las medidas adoptadas para facilitar la creación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Sierra Leona

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1961)

La Comisión lamenta que no se haya recibido la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Contribución del servicio del empleo a la promoción del empleo. Asistencia técnica de la OIT. La Comisión tomó nota anteriormente de la declaración del Gobierno contenida en una memoria recibida en junio de 2004 en la que se afirma que la legislación sobre servicios de empleo se encontraba para su discusión en la agenda de la Comisión Consultiva Conjunta. El Gobierno tenía el propósito de dar un nuevo mandato a los servicios de empleo para que se transformaran en dinámicos centros de información sobre el mercado de trabajo. Los nuevos servicios de empleo debían cubrir no sólo los centros urbanos sino también las áreas rurales y asegurar la información, planificación y aplicación de las políticas del empleo en todo el país. El Gobierno también declaró que para alcanzar sus propósitos se requería la asistencia técnica de la OIT. La Comisión acogió con beneplácito que el Gobierno se propusiera también reforzar los servicios de empleo. Además, la Comisión recordó que la Oficina apoyó programas para generar oportunidades de empleo reforzando los servicios de empleo para los jóvenes. La Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de describir en su próxima memoria la manera en que las reformas del servicio del empleo han contribuido a asegurar su función esencial que es la de «lograr la mejor organización posible del mercado del empleo, como parte integrante del programa nacional destinado a mantener y garantizar el sistema de empleo para todos y a desarrollar y utilizar los recursos de la producción» (artículo 1 del Convenio), en cooperación con los interlocutores sociales (artículos 4 y 5). En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que facilite las informaciones estadísticas que hayan podido recabarse acerca del número de oficinas públicas de empleo existentes, de solicitudes de empleo recibidas, de ofertas de empleo notificadas y de colocaciones efectuadas por las oficinas (parte IV del formulario de memoria).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Tailandia

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) (ratificación: 1969)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 6, b), iv), del Convenio. Medidas para facilitar la movilidad de los trabajadores migrantes de un país a otro. El Gobierno recuerda que, desde 2004, se han definido siete estrategias para la gestión de los trabajadores extranjeros con la finalidad última de «emplear legalmente a los trabajadores extranjeros». La aplicación de esta estrategia se ha escalonado en tres fases: la fase 1 consiste en el registro de los trabajadores migrantes procedentes de Birmania, la República Democrática Popular Lao y Camboya. Estos trabajadores registrados están autorizados a trabajar provisionalmente durante un período que no exceda de un año mientras esperan la repatriación. El número de trabajadores extranjeros a los que se ha renovado el permiso de trabajo alcanzó la cifra de 535 732 personas en 2007, y de 510 570 personas en 2008. La fase 2 trata de equiparar la situación jurídica de los trabajadores extranjeros registrados a los trabajadores migrantes en situación legal. Esto implica que, tras verificarse la nacionalidad de los trabajadores, éstos deben solicitar el visado ante las autoridades tailandesas para poder aspirar a un permiso de trabajo. Hasta septiembre de 2008 esta situación afectaba a unos 41 000 trabajadores de la República Democrática Popular Lao y a 33 856 de Camboya, mientras que los procedentes de Birmania se encuentran aún en proceso de registro; la fase 3 tiene la finalidad de contratar a los trabajadores extranjeros con arreglo a los memorandos de entendimiento firmados entre el Gobierno de Tailandia y los Gobiernos de Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar. El Gobierno señala además que la estrategia establecida en virtud de la política sobre servicios de empleo en el extranjero hace hincapié en extender las oportunidades de empleo a los trabajadores de otras nacionalidades y mantener la presencia de los trabajadores tailandeses en el extranjero. Aun cuando se promueven los nuevos mercados de trabajo en Europa y Sudáfrica, la mayoría de los trabajadores tailandeses tienen como lugar de destino la República de Corea y otros destinos en Asia. Se han firmado acuerdos bilaterales con los países de acogida, principalmente con el Japón, la República de Corea, Israel, Malasia y los Emiratos Árabes Unidos. En su Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión destacó la importancia de los servicios públicos de empleo para facilitar la movilidad profesional y geográfica de la mano de obra con el objeto de lograr el pleno empleo (véase párrafo 269 del Estudio General de 2010). Sobre esta importante cuestión, la Comisión remite a sus observaciones sobre la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122). La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre la repercusión de las medidas adoptadas por el servicio público de empleo para evitar los abusos en la contratación de la mano de obra y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia y para facilitar su registro. Tal como se indica en el Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la adopción de medidas a nivel nacional e internacional es crucial para erradicar los abusos de intermediarios que se dedican a la trata de personas y violan los derechos consagrados en los convenios fundamentales.

Fortalecimiento de los servicios públicos de empleo para proteger adecuadamente a los trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de los esfuerzos dedicados a proporcionar una mejor protección a los trabajadores migrantes mediante la introducción de medidas para comprobar las nacionalidades de los trabajadores migrantes con el objeto de regularizar su situación laboral. El Gobierno señala además que el Departamento de Empleo ha dado instrucciones a los empleadores para que registren su demanda de mano de obra en los puestos donde hace falta y para que su necesidad de trabajadores migrantes procedentes de Myanmar, Camboya y la República Democrática Popular Lao respete la cooperación de estos países y los correspondientes acuerdos bilaterales con los gobiernos. La Comisión solicita al Gobierno que suministre más información sobre el impacto de las medidas adoptadas para fortalecer los servicios de empleo para lograr una protección adecuada a los trabajadores migrantes.

Cooperación efectiva entre el servicio público de empleo y las agencias privadas de empleo. El Gobierno afirma que hasta el momento no se han adoptado medidas relativas a la cooperación entre el servicio público y las agencias privadas de empleo. La Comisión toma nota de los datos suministrados por el Gobierno en su memoria, según los cuales un total de 161 852 trabajadores tailandeses fueron trasladados al extranjero (de los cuales 137 940, solamente entre enero y noviembre de 2009). La Comisión se refiere a su Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, e invita al Gobierno a adoptar un marco legal para regular las agencias privadas de empleo. La Comisión invita asimismo al Gobierno a que, en su próxima memoria, incluya información sobre las medidas adoptadas para garantizar la cooperación entre el servicio público de empleo y las agencias privadas de empleo.

Parte IV del formulario de memoria. Información sobre los servicios públicos de empleo. La Comisión toma nota de la información detallada suministrada por el Departamento de Empleo en materia de solicitudes de empleo, puestos vacantes y colocación. La Comisión invita al Gobierno a seguir proporcionando información estadística sobre el número de oficinas de empleo público establecidas, el número de solicitudes de empleo recibidas, el número de vacantes notificadas y el número de personas colocadas en dichas oficinas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1969)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones actualizadas sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, libremente elegido y decente para las categorías vulnerables de trabadores, en particular para los trabajadores de la economía informal. Sírvase también incluir información sobre la extensión, las tendencias y la cobertura de las prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la economía informal, así como sobre las acciones emprendidas para coordinar las medias activas del mercado del trabajo con las prestaciones de la seguridad social.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión solicita al Gobierno que incluya información sobre los resultados obtenidos en la generación de empleo en relación con el Plan nacional de desarrollo económico y social, y que comunique información detallada sobre los objetivos del empleo formulados en el Plan de 2007-2011 además de orientaciones sobre el próximo Plan Nacional. En este sentido, la Comisión destaca la importancia de promover y entablar consultas tripartitas genuinas sobre los asuntos cubiertos por el Convenio. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que incluya información detallada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales para formular y aplicar una política activa de empleo, como requiere el artículo 3 del Convenio.

Políticas del mercado del trabajo y de formación. El Gobierno señaló que se había establecido, bajo la autoridad del Primer Ministro, la Comisión Nacional de Coordinación del Desarrollo de las Capacidades y Creación del Trabajo. En 2010, el Departamento de Desarrollo de las Capacidades formuló una nueva estrategia para tener en cuenta el impacto de la crisis económica mundial. Además, la Comisión tomó nota de que el Gobierno transmite información en línea sobre el mercado de trabajo. Según el NCTL, el sistema de desarrollo de las capacidades no responde a las necesidades del mercado de trabajo. Debería tenerse en cuenta la cooperación entre las instituciones de desarrollo de las capacidades y las empresas para aplicar las medidas necesarias. En su Estudio General de 2010, la Comisión destaca la importancia cada vez mayor del cometido de los interlocutores sociales y de las instituciones de formación en la definición de las estrategias de desarrollo de los recursos humanos. La Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera contribuyeron los representantes de los trabajadores y de los empleadores al desarrollo de los mecanismos de formación profesional, y cómo se fortaleció la coordinación entre las instituciones de formación. Le ruega también que se sirva indicar cómo se coordinan las medidas de desarrollo de las capacidades con las medidas activas del mercado del trabajo.

Mujeres. Prevención de la discriminación. El Gobierno señaló que no existe discriminación alguna hacia las mujeres y que éstas tienen igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo. La Comisión tomó nota de las estadísticas desglosadas por género comunicadas por el Gobierno en su memoria en cuanto al número de mujeres registradas en el Departamento de Empleo para solicitar empleo que habían obtenido un puesto de trabajo, así como de los cursos de formación impartidos. En lo que se refiere a los comentarios sobre el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), la Comisión pide al Gobierno explique en qué medida los datos que aporta en su memoria sobre el Convenio núm. 122 demuestran que el principio de no discriminación se aplica efectivamente en la práctica. La Comisión invita también al Gobierno a seguir comunicando información sobre las iniciativas tomadas para promover una mayor participación de la mujer en el mercado del trabajo. Le ruega que tenga a bien comunicar más información, incluidas estadísticas, sobre el impacto de tales iniciativas para garantizar que existe una libertad de elección del empleo y que cada trabajador tiene todas las posibilidades de ocupar el que le convenga y de utilizar en este empleo sus aptitudes, en las condiciones establecidas en el artículo 1, 2), c), del Convenio.

Trabajadores migrantes. El Gobierno había reconocido anteriormente que afronta un desafío en relación con los trabajadores migrantes debido a cuestiones políticas, sociales, económicas, de asistencia sanitaria y de seguridad nacional. Habiendo comprendido las dificultades que afrontan los trabajadores migrantes en lo que se refiere al acoso que padecen de los empleadores y de las agencias de empleo, incluida la amenaza de trata de seres humanos, el Ministerio de Trabajo tomó diversas medidas para registrar a los trabajadores migrantes, especialmente, a los trabajadores migrantes ilegales, y también para mejora la inspección del trabajo de los trabajadores migrantes. El Gobierno mencionó la Declaración de 3 de agosto de 2010 por la dignidad y el trabajo, que tiene por fin proteger a los tailandeses que trabajan en el extranjero y a los migrantes que trabajan en Tailandia, así como impedir la trata de seres humanos, reducir las comisiones y los gastos de los servicios de empleo y proteger a las familias de los trabajadores afectados. La Comisión tomó nota de que el NCTL expresó su preocupación acerca de las prácticas y las medias adoptadas por el Gobierno para abordar las dificultades relativas a los trabajadores migrantes. El NCTL señaló asimismo que sigue siendo aún extenso el número de trabajadores extranjeros no registrados y sin documento nacional de identidad. Los trabajadores extranjeros no registrados no pueden gozar de sus derechos para obtener protección laboral ni cobertura de la seguridad social, tal como requiere la legislación y la reglamentación nacionales. La Comisión solicita al Gobierno que actúe rápidamente y que informe con detalle sobre las medidas eficaces adoptadas para abordar y resolver los problemas relativos a los trabajadores migrantes atendiendo especialmente a la sensibilidad de género. La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos en el marco de una política activa de empleo en la prevención del abuso en la contratación de trabajadores extranjeros y la explotación de trabajadores migrantes en Tailandia, con el debido respeto por sus derechos fundamentales.

Trabajadores de edad avanzada. El NCTL señaló que debería darse prioridad a la extensión de la cobertura médica, al ahorro para la jubilación y las oportunidades de empleo de los trabajadores de más edad. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria información sobre las medidas adoptadas o previstas para una mejor integración de los trabajadores de edad avanzada en el mercado del trabajo.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno informó sobre el proyecto de empleo y desarrollo urgentes de las capacidades, con el fin de mitigar el sufrimiento de la población durante las crisis económicas y catástrofes naturales. El empleo de emergencia incluye la contratación de trabajadores en tareas de interés público, como el dragado de canales y zanjas o la construcción de diques. La Comisión invita al Gobierno a señalar de qué modo los planes de emergencia aplicados dieron la oportunidad a sus beneficiarios de desarrollar sus capacidades y utilizarlas en trabajos decentes para los que estaban calificados, tal como requiere el artículo 1, 2), del Convenio. En este sentido, la Comisión invita al Gobierno a que informe sobre la cantidad y la calidad de las oportunidades de trabajo para los trabajadores a domicilio, con especial atención a la situación de las mujeres y sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente de las trabajadoras y de los trabajadores de la economía informal y para facilitar su transición en el mercado del trabajo y concederles la protección adecuada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Tayikistán

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) (ratificación: 1993)

La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha comunicado ninguna información sobre la aplicación del Convenio desde julio de 2010. Confía en que suministrará una memoria a la Comisión para su examen en el curso de su próxima reunión y que en ella incluirá información exhaustiva sobre las cuestiones planteadas en su observación anterior.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. El Gobierno había señalado anteriormente que el programa de promoción del empleo 2010-2011 tenía la finalidad de crear 238 425 puestos de trabajo en ámbitos como la construcción de centrales de energía hidroeléctrica, las obras viales y la edificación de hospitales. El programa tenía por objeto también reducir el impacto de la crisis financiera y económica en el mercado del trabajo. El Gobierno señaló que se había adoptado un nuevo programa de creación de empleo para el período 2008-2015. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados en el marco de los programas de creación y promoción del empleo, desglosados por categoría, especialmente de las categorías de solicitantes de empleo en situaciones socialmente vulnerables, como los jóvenes y las mujeres. La Comisión solicita también al Gobierno que señale el modo en el que se recopilan los datos del mercado del trabajo que se utilizan para determinar y examinar las medidas en materia de política de empleo.

Medidas para superar la crisis económica. El Gobierno señaló, en su memoria de 2009, que las capacidades económicas y políticas de Tayikistán se habían visto gravemente menoscabadas por la crisis financiera y que el país afrontaba una caída de su producción industrial, un aumento del desempleo, un incremento de la deuda pública en concepto de salarios y pensiones, un descenso de la balanza comercial exterior y un déficit presupuestario. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las repercusiones de la crisis económica en el empleo y las medidas adoptadas para reactivar una política de promoción del empleo pleno, productivo y libremente elegido.

Compilación y utilización de los datos sobre el empleo. El Gobierno informó anteriormente de que se crearía una base de datos sobre las oportunidades de empleo en cuanto entrara en funcionamiento la página web del servicio público de empleo. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados en la creación de una base de datos que satisfaga las necesidades de los solicitantes de empleo.

Coordinación de la política de empleo con la estrategia para la reducción de la pobreza. La Comisión solicita al Gobierno que incluya información sobre los progresos obtenidos en relación con la creación de empleo de largo plazo y reducción de la pobreza, en particular, en las zonas rurales. La Comisión le ruega que se sirva suministrar información sobre las medidas adoptadas o previstas para reducir las disparidades regionales en el crecimiento económico y el empleo.

Coordinación de la política de educación y formación con la política de empleo. El Gobierno había señalado anteriormente que las dificultades que entorpecían la consecución de su objetivo de un empleo pleno, productivo y libremente elegido se debían esencialmente a deficiencias en los niveles de formación profesional, puesto que la mayoría de los solicitantes de empleo inscritos oficialmente en los servicios de empleo carecían de las calificaciones requeridas. El Gobierno señaló también que el Instituto de Investigación Científica de Trabajo y Seguridad Social había formulado una serie de recomendaciones destinadas a mejorar el sistema de formación y orientación profesional y a adaptar la enseñanza profesional a los requisitos del mercado del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos obtenidos en las actividades de formación para los solicitantes de empleo. La Comisión también le ruega que se sirva incluir información sobre el impacto de las medidas adoptadas para la mejora del nivel de calificaciones y para la coordinación de las políticas de educación y formación con las expectativas de empleo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y la aplicación de políticas. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información actualizada sobre los procedimientos de consulta a los representantes de los interlocutores sociales en relación con la formulación de políticas de empleo. La Comisión solicita también asimismo al Gobierno que señale las medidas adoptadas o previstas para celebrar consultas con las categorías más vulnerables de la población, en particular, con los representantes de los trabajadores en las zonas rurales y en la economía informal, con miras a tener plenamente en cuenta su experiencia y sus opiniones al elaborar programas y medidas de política de empleo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Uruguay

Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181) (ratificación: 2004)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 3, 10 y 14 del Convenio. Regulación de las agencias de empleo privadas. Control y sanciones. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y pide al Gobierno que indique si el decreto reglamentario ha sido aprobado de manera de asegurar que la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) puede supervisar de manera eficaz el funcionamiento de las empresas suministradoras de mano de obra y reglamentar también los servicios que siguen prestando las «ex agencias de colocación». La Comisión espera que el Gobierno describa el funcionamiento de los mecanismos y procedimientos apropiados para examinar las quejas, los presuntos abusos y las prácticas fraudulentas de las agencias de empleo privadas. La Comisión reitera que la DINAE y las otras autoridades públicas competentes (como la Inspección del Trabajo) deberían contar con recursos adecuados para tomar medidas correctivas que aseguren la aplicación de la legislación nacional pertinente.

Artículo 7, párrafo 3. Excepciones. En caso de autorizarse las excepciones previstas en el artículo 7, párrafo 2, del Convenio, la Comisión invita al Gobierno a suministrar la información correspondiente y a motivarla debidamente.

Artículo 8. Trabajadores migrantes. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno se remitió a la ley núm. 18250, de enero de 2008, sobre migración. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones sobre la manera en que se imponen sanciones para aquellas agencias cubiertas por el Convenio que incurran en prácticas fraudulentas o abusos. Además, la Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones sobre acuerdos laborales fuera del área del MERCOSUR en relación con las materias cubiertas por el Convenio.

Artículo 13. Cooperación entre los servicios públicos y las agencias privadas. Compilación y divulgación de la información. El Gobierno indica que mediante la red de Centros Públicos de Empleo (CePE) se envían a las agencias de empleo privadas los perfiles de los postulantes, requiriéndose para ello el consentimiento del/la trabajador/a. Las agencias deben enviar información trimestralmente. La Comisión invita al Gobierno a presentar indicaciones más precisas sobre la puesta en práctica de la cooperación entre el servicio público del empleo y las agencias de empleo privadas.

Partes IV y V del formulario de memoria. Protección de los trabajadores cubiertos por el Convenio. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a comunicar el texto de decisiones de los tribunales de justicia que hayan interpretado la legislación nacional sobre los derechos de los trabajadores ante los procesos de descentralización empresarial (ley núm. 18099, de 2007, en su tenor modificado por la ley núm. 18251, de 2008) de manera de poder examinar la manera en que se asegura la protección que deben gozar los trabajadores amparados por el Convenio. Sírvase también agregar informaciones actualizadas sobre el número de trabajadores protegidos por el Convenio, el número y la naturaleza de las infracciones registradas y otros datos pertinentes sobre la aplicación práctica del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible por adoptar en un futuro cercano las medidas necesarias.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 2 (Marruecos, Myanmar); el Convenio núm. 88 (Bahamas, República de Corea, Djibouti, Etiopía, Grecia, Líbano, Libia, Madagascar, Mauricio, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Rumania, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, República Árabe Siria, Suriname, Túnez); el Convenio núm. 96 (Argentina, Costa Rica, Djibouti, Egipto, Francia, Luxemburgo, Malta, Mauritania, México, Senegal, República Árabe Siria, Sri Lanka, Swazilandia); el Convenio núm. 122 (Antigua y Barbuda, Argelia, Australia, Australia: Isla Norfolk, Barbados, Bélgica, Estado Plurinacional de Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, República Checa, China: Región Administrativa Especial de Hong Kong, China: Región Administrativa Especial de Macao, Costa Rica, Croacia, Cuba, Dinamarca: Groenlandia, Ecuador, El Salvador, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Francia: Nueva Caledonia, Francia: Polinesia Francesa, Guinea, República Islámica del Irán, Iraq, Japón, Letonia, Líbano, Lituania, Mauritania, República de Moldova, Mongolia, Países Bajos: Aruba, Togo, Túnez); el Convenio núm. 159 (República de Corea, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malawi, Malí, Mauricio, Mongolia, Nigeria, Noruega, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Suiza, Tailandia, Tayikistán, Túnez, Uganda, Uruguay, Zambia); el Convenio núm. 181 (Argelia, Bulgaria, Etiopía, Israel, Lituania, Marruecos, República de Moldova, Países Bajos, Polonia, Suriname).

Orientación y formación profesionales

Brasil

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) (ratificación: 1992)

Artículos 2, 3, 4 y 10 del Convenio. Política para fomentar la licencia pagada de estudios. Coordinación de las políticas generales con la política de fomento de la licencia pagada de estudios. La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria reitera las indicaciones transmitidas anteriormente sobre las prestaciones que se otorgan en el marco de la Bolsa de Qualificação y agrega que, en 2011, dichas prestaciones beneficiaron a 8 808 trabajadores y, en 2012, a 13 444 trabajadores — lo que representa un aumento constante desde su creación en 1998. La Comisión reitera que el Convenio requiere que los Estados Miembros formulen y lleven a cabo una política para fomentar, según métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales, una licencia pagada de estudios con fines de formación profesional, de educación general, social o cívica y de educación sindical. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que envíe información detallada en respuesta a los asuntos planteados en el formulario de memoria para los artículos 2, 3 y 10 del Convenio indicando en cada caso las condiciones que deben reunir los trabajadores para beneficiarse de la licencia pagada de estudios, la duración de la licencia y el nivel de las prestaciones económicas pagadas. La Comisión pide también al Gobierno que indique las medidas adoptadas para coordinar la política nacional de licencia pagada de estudios con las políticas generales en materia de empleo, educación, formación y duración del trabajo (artículo 4).

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Guinea

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) (ratificación: 1976)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Política para la promoción de la licencia pagada de estudios y su aplicación en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada para demostrar que formula y aplica, de conformidad con el artículo 2 del Convenio, una política elaborada para promover la concesión de licencias pagadas de estudios con diversos objetivos de formación y educación especificados. La Comisión también pide al Gobierno que describa la forma en la que las autoridades públicas, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y las instituciones u organismos dedicados a la educación o a la formación participan en la formulación de la política destinada a fomentar la licencia pagada de estudios (artículo 6). Por último, la Comisión invita al Gobierno a comunicar todos los informes, estudios, encuestas y estadísticas que permitan evaluar la amplitud de la aplicación del Convenio en la práctica (parte V del formulario de memoria).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Elaboración y aplicación de las políticas de educación y de formación. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que no existirían estructuras de coordinación entre los tres ministerios encargados de la aplicación de las políticas y de los programas de orientación y de formación profesionales. La memoria del Gobierno, recibida en junio de 2004, enumera las instituciones de formación técnica y profesional existentes. La memoria del Gobierno contiene también informaciones sobre el componente «empleo» de la estrategia de reducción de la pobreza, aprobada en 2002. La Comisión se refiere a sus comentarios relativos al Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) y pide al Gobierno que indique de qué manera las medidas adoptadas o previstas en el marco de la estrategia de reducción de la pobreza fortalecen la relación entre la enseñanza, la formación y el empleo, especialmente gracias a los servicios del empleo. La Comisión pide al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, indicaciones sobre los esfuerzos realizados para garantizar la coordinación entre los diferentes organismos competentes para desarrollar políticas y programas completos y concertados de orientación y de formación profesionales. La Comisión pone nuevamente en relieve la importancia que reviste el diálogo social para elaborar, aplicar y revisar una política nacional de desarrollo de recursos humanos, de educación y de formación y pide al Gobierno que tenga a bien transmitir asimismo informaciones prácticas sobre los niveles de instrucción, las cualificaciones y las actividades de formación que permita examinar la aplicación en la práctica de todas las disposiciones del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guyana

Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140) (ratificación: 1983)

Artículos 2 y 6 del Convenio. Formulación y aplicación de una política a fin de promover la concesión de licencias pagadas de estudios. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno en la que se indica que, en la función pública, la responsabilidad general de la gestión y administración de las licencias pagadas de estudios recae en el Ministerio de la Función Pública. El Ministerio está dotado de una División de Formación que se ocupa tanto de los cursos locales como de los cursos en ultramar de los funcionarios públicos (cursos cortos y largos). Actualmente, 205 funcionarios públicos están realizando cursos de formación. En lo que respecta a la aplicación del Convenio en el sector privado, el Gobierno indica que la legislación no exige que las empresas revelen esta información. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que no se dispone de información que sugiera que se adoptaran o que existen medidas para la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la formulación y aplicación de la política para la promoción de las licencias pagadas de estudios. La Comisión recuerda que el Convenio exige la formulación y aplicación de «una política para fomentar, según métodos apropiados a las condiciones y prácticas nacionales, la concesión de licencia pagada de estudios» (artículo 2) con la participación de los interlocutores sociales (artículo 6). Por consiguiente, la Comisión invita al Gobierno a adoptar políticas y medidas para promover la concesión de licencias pagadas de estudios con fines de formación profesional a todos los niveles, así como con fines de educación sindical. Asimismo, la Comisión invita al Gobierno a transmitir una memoria que contenga información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas a fin de dar efecto al Convenio.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

República de Moldova

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) (ratificación: 2001)

Artículo 1, párrafos 1) y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de políticas y programas de educación y de formación. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en octubre de 2013, en la que se incluye información detallada y completa en respuesta a su solicitud directa de 2009. En 2012, se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo «Moldova 2020» que incluye entre las prioridades de desarrollo vincular el sistema educativo con las necesidades del mercado de trabajo a fin de potenciar la productividad de los trabajadores e incrementar el número de empleos. El Gobierno indica que, desde 2010, se incluye un módulo sobre desarrollo personal y carrera y un módulo sobre legislación del trabajo en el plan de estudios modernizado sobre educación cívica. En general, las instituciones educativas ofrecen actividades extracurriculares tales como orientación profesional, y encuentros con especialistas en derecho laboral y agentes económicos. Además, en las escuelas secundarias los estudiantes pueden elegir entre una serie de cursos optativos sobre materias que incluyen la ética empresarial, la protección del consumidor, la formación empresarial y la educación sobre igualdad de género e igualdad de oportunidades. La Comisión toma nota de que, a fin de ofrecer formación a los desempleados, en 2013, se establecieron acuerdos contractuales con 17 instituciones de formación profesional técnica que imparten formación en 49 profesiones y ocupaciones. Además, la Agencia Nacional de Empleo (NEA) lleva a cabo un estudio anual «Previsión/Pronóstico sobre el Mercado de Trabajo» a fin de establecer programas de formación profesional vinculados con las necesidades del mercado de trabajo. Las 35 estructuras territoriales de la NEA tienen en cuenta las previsiones pertinentes sobre el mercado de trabajo cuando ofrecen sus servicios (a saber orientación profesional y formación profesional para los desempleados). La Comisión acoge con agrado la información recibida e invita al Gobierno a transmitir más información sobre la elaboración y aplicación de las políticas y programas de educación y formación, estrechamente vinculadas con las necesidades del empleo.

Artículo 4. Formación profesional y aprendizaje permanente. El Gobierno indica que, con arreglo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, la política en el ámbito de la educación se orientará hacia la calidad. La formación de una fuerza de trabajo calificada se garantizará promoviendo la orientación profesional y proporcionando oportunidades de formación profesional permanente. La Comisión toma nota con interés de que en febrero de 2013 se adoptó la Estrategia de Desarrollo de la Educación Profesional/Técnica junto con su plan de acción. El Gobierno indica que el objetivo general de la estrategia es modernizar y racionalizar la educación profesional y técnica, a fin de incrementar la competitividad de la economía nacional; el objetivo específico núm. 2 establece la formación profesional basada en las calificaciones y su vinculación con los requisitos del mercado de trabajo. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar información actualizada sobre la aplicación de la Estrategia de Desarrollo de la Educación Profesional/Técnica (2013-2020). Asimismo, invita al Gobierno a transmitir información en relación con todas las medidas adoptadas sobre el aprendizaje permanente.

Artículo 5. Cooperación con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Consejo nacional sobre estándares ocupacionales y certificación de las calificaciones profesionales es la plataforma de diálogo social desde junio de 2008. El Consejo ayuda a garantizar las sinergias entre la educación profesional y técnica, el mercado de trabajo y la economía nacional. La Comisión invita al Gobierno a transmitir más información sobre las medidas adoptadas, en el marco del Consejo nacional, para que los interlocutores sociales participen en la formulación y aplicación de políticas y programas de orientación profesional y formación profesional.

Portugal

Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) (ratificación: 1981)

Políticas y programas de orientación y de formación profesional en estrecha relación con el empleo. Colaboración de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finaliza en mayo de 2013 y de las observaciones formuladas por la Unión General de Trabajadores (UGT) adjuntas a la memoria recibida en enero de 2014. La Comisión también toma nota de las contribuciones proporcionadas por el Instituto de Empleo y Formación Profesional y la Agencia Nacional de Calificación y Enseñanza Profesional, a los programas en curso de ejecución, así como por el Gabinete de estrategia y estudios del Ministerio de Economía y Empleo a los programas de formación profesional que promueven las organizaciones de empleadores. El Gobierno indica que en el marco del seguimiento del Protocolo de Acuerdo relativo al Programa de Ajustes Económicos suscrito en mayo de 2011 entre Portugal, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, está previsto seguir reduciendo los bajos niveles de escolarización, el abandono escolar prematuro y mejorar la calidad de la enseñanza secundaria y profesional con el fin de incrementar la eficacia del sector educativo, la calidad del capital humano y facilitar su adecuación al mercado de trabajo. El Gobierno señala que se han acordado medidas en el marco acuerdo tripartito para el crecimiento, la competitividad y el empleo, de 22 de marzo de 2011, especialmente para valorizar las ofertas de doble certificación destinadas a hacer disminuir el abandono escolar temprano, el fracaso escolar, y reforzar el apoyo proporcionado a la orientación como un medio para elevar el nivel de calificaciones. En enero de 2012, se suscribió el compromiso tripartito para el crecimiento, la competitividad y el empleo. En relación con el acuerdo tripartito para el crecimiento, la competitividad y el empleo, la UGT señala que si bien los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo sobre su pertinencia, se han observado retrasos en la puesta en marcha de medidas destinadas a mejorar el sistema de certificación profesional, en particular en relación con el reconocimiento, la validez y la certificación. Además, la UGT alega que la decisión del Gobierno de suspender las actividades de los «centros de nuevas oportunidades» que carecen de autonomía financiera, tuvo como consecuencia que se pusiera a término a diversas actividades en curso sin proporcionar alternativas reales a las personas afectadas, un hecho aún más preocupante debido a que la nueva red de 120 «centros de calificación y enseñanza profesional» no serán plenamente operativos sino a principio de 2015. La UGT estima que las respuestas del Gobierno en relación con la formación de los desempleados han sido insuficientes, especialmente debido a la falta de una articulación adecuada con el refuerzo de la empleabilidad. Por último, la UGT hace referencia al insuficiente grado de participación de los interlocutores sociales lo que respecta a la elaboración y acompañamiento de las medidas e instrumentos potencialmente abarcados por el Convenio. La Comisión se refiere a los comentarios formulados en el marco de la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm.122), y a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2013 en la Comisión de la Conferencia e invita al Gobierno a que proporcione, en su memoria sobre el Convenio núm. 142, informaciones detalladas sobre la manera en que se garantiza la colaboración de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la formulación y aplicación de las políticas y programas de formación y orientación profesional (artículo 5 del Convenio). La Comisión invita al Gobierno a que incluya en su memoria informaciones e impacto de las medidas adoptadas para coordinar las políticas de educación, de formación y de empleo, y sobre los resultados de las medidas adoptadas para promover la vinculación entre la educación, la formación y el empleo.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 140 (Alemania, Belice, Eslovenia, Hungría, Iraq, Países Bajos: Aruba, San Marino, Suecia, Ucrania); el Convenio núm. 142 (Antigua y Barbuda, Argelia, Belarús, Burkina Faso, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guyana, Hungría, República Islámica del Irán, Iraq, Kirguistán, Letonia, Líbano, Lituania, Níger, Países Bajos: Aruba, Federación de Rusia, Suiza, Tayikistán, Túnez, Turquía, Ucrania).

Seguridad del empleo

Australia

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 1993)

Observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE). La Comisión toma nota de la comunicación de agosto de 2014 en la que la Organización Internacional de Empleadores (OIE) incluye a Australia en sus observaciones sobre la aplicación del Convenio.

Artículo 2, párrafo 2), b), del Convenio. Trabajadores que efectúan el tiempo de servicio exigido. En sus observaciones, recibidas en septiembre de 2014, el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) reitera que le preocupa enormemente que sigan existiendo normas diferentes para las pequeñas empresas. La regla que prevé que sólo los trabajadores que hayan cumplido con el tiempo de servicio exigido de doce meses, en una empresa con una plantilla de menos de 15 personas, podrán presentar un recurso por despido injustificado, excluye a un número considerable de trabajadores de la protección que brinda el recurso por despido injustificado. El Gobierno señala en su memoria que la legislación relativa al despido injustificado en virtud de la Ley de Trabajo Justo, incluyendo un tiempo mínimo de servicio exigido, tiene la finalidad de equilibrar los derechos de los trabajadores a la protección frente al despido injustificado con la necesidad de los empleadores, en las pequeñas empresas especialmente, de gestionar con justicia y eficacia sus trabajadores. Además, las disposiciones de la Ley de Trabajo Justo relativas a la transmisión de una actividad empresarial entre dos empresas ofrecen protección para los trabajadores en caso de que se efectúe dicha transmisión. Tan sólo si dos empresas no son entidades asociadas, la Ley de Trabajo Justo establece que la segunda empresa podrá optar por no reconocer el servicio prestado por el trabajador a su antiguo empleador, para que éste compute el período de antigüedad que le permitiría defenderse ante un despido injustificado. A estos efectos, antes de que el trabajador inicie sus servicios con su nuevo empleador, el empleador deberá notificar por escrito que no reconocerá el período de antigüedad. Todos los trabajadores siguen gozando de la protección general que les brinda el resto de las disposiciones. La Comisión invita al Gobierno a suministrar información actualizada sobre la cuestión planteada por el ACTU, incluyendo datos disponibles sobre la incidencia del período de antigüedad sobre las pequeñas empresas y sus trabajadores.

Artículo 2, párrafo 3). Garantías adecuadas. El ACTU señala que le preocupa seriamente el uso de las formas precarias de empleo en Australia como medio de evitar la protección derivada del Convenio. Pese a que la Ley de Trabajo Justo prohíbe la «contratación simulada» (entendida como la tergiversación de la situación de una persona que se encuentra en una relación de trabajo como si fuera un contratista independiente), la ausencia de una prueba inequívoca para determinar la existencia de una relación de empleo permite a las empresas utilizar contratistas independientes para encubrir relaciones de empleo genuinas. El ACTU añade que la ausencia de restricciones generales de algún tipo a la utilización de contratos de duración determinada en Australia propicia que, con el fin de soslayar la eficacia de las leyes de despido injustificado, los empleadores recurran a una serie de contratos periódicamente renovables en lugar de recurrir a los acuerdos de empleo permanente. La Comisión invita al Gobierno a suministrar información sobre garantías contra el recurso abusivo a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevé el presente Convenio (véase a este respecto el párrafo 3 de la Recomendación sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 166)).

Artículos 8 y 9. Recurso contra la terminación. La Comisión había tomado nota de los comentarios del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) indicando que el período de prescripción de las acciones en el ámbito civil era de seis años. El ACTU consideraba que el plazo máximo de 60 días previsto en la Ley de Trabajo Justo era demasiado breve, ya que era posible que muchos trabajadores no tuviesen conocimiento del motivo del despido hasta mucho después del acto. La Comisión toma nota de que la Ley de Trabajo Justo de 2012 incrementó el plazo para interponer un recurso por despido injustificado de 14 a 21 días y redujo el plazo para la presentación de un recurso de protección general de 60 a 21 días. La Ley de Enmienda de 2013 redujo el plazo para interponer recursos por despido abusivo de 60 a 21 días. Dichas enmiendas alinearon los plazos para todos los recursos relacionados con la terminación de la relación de trabajo. El Gobierno indica que en casos excepcionales, tales como cuando los empleados no hayan tenido conocimiento del motivo del despido hasta mucho tiempo después del acto, los plazos pueden ser prorrogados. En las observaciones recibidas en septiembre de 2014, el ACTU acoge con agrado el incremento del plazo para interponer un recurso por despido injustificado de 14 a 21 días, pero sostiene que un plazo de 21 días es muy breve. El ACTU añade que la prórroga de los plazos sólo aplica en circunstancias excepcionales y la determinación de la concesión de una prórroga es discrecional. El ACTU observa que hubo un número importante de casos en los cuales los peticionarios que por razones legítimas (como mala salud o estrés relacionado con el despido) no pudieron interponer el recurso a tiempo no lograron obtener una prórroga del plazo. Por esas razones, el ACTU considera que el plazo debería ser eliminado o al menos empezar a correr a partir de la fecha en la que el trabajador o la trabajadora tenga conocimiento de que tiene un reclamo válido. La Comisión invita al Gobierno a que comunique sus comentarios a este respecto incluyendo informaciones sobre casos en los cuales se haya solicitado una extensión de los plazos y la manera en que se han resuelto.

Artículo 11. Falta grave. La Comisión tomó nota anteriormente de que el ACTU había expresado su preocupación por el hecho de que el Código de Despido Justo para las Pequeñas Empresas no garantiza que los trabajadores de estas empresas sean tratados de manera justa. Por ejemplo, el Código sugiere que un empleador puede despedir sin previo aviso a un empleado si considera que éste cometió un acto de robo, fraude o violencia. El Gobierno explica que la Comisión de Trabajo Justo acostumbra a considerar que, a falta de una investigación adecuada, el despido no se efectuó con arreglo a una causa justificada. El ACTU señala que la Comisión de Trabajo Justo no se pronuncia, ateniéndose a las pruebas, sobre si se produjo o no cierta conducta. Tampoco dicha comisión necesita estar convencida de que el empleador tenía un motivo razonable para considerar que la conducta del trabajador fue lo suficientemente grave para merecer el despido inmediato. El ACTU considera que el Código del Despido Justo para las Pequeñas Empresas debería derogarse. El ACTU añade que todo trabajador debería gozar del derecho a la protección frente al despido inmediato, con independencia de las dimensiones de la empresa en la que preste servicios. Los trabajadores de las pequeñas empresas, no deberían tener, por el mero hecho de estar contratados en pequeñas empresas, menos derecho a una justicia procedimental y sustantiva ni tampoco menos posibilidades de acceder a un procedimiento judicial que les repare de dicho incumplimiento de la ley. La Comisión invita al Gobierno a que siga proporcionando información sobre la cuestión planteada por el ACTU, incluyendo ejemplos de decisiones de la Comisión de Trabajo Justo en las que se aplique el Código de Despido Justo para las Pequeñas Empresas en caso de que se haya acordado o no un despido inmediato.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

España

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 1985)

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

En su 321.ª reunión (junio de 2014), el Consejo de Administración confió a la Comisión de Expertos el seguimiento de las cuestiones planteadas en el informe del comité tripartito que atendió la reclamación incoada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) alegando el incumplimiento por España del Convenio núm. 158 (documento GB.321/INS/9/4, de 13 de junio de 2014). En el párrafo 226 de su informe, el comité tripartito tomó nota de la importancia que tienen las normas internacionales del trabajo en España lo que se manifiesta particularmente por la ratificación de un número muy importante de convenios internacionales del trabajo (84 convenios se encuentran en vigencia). El comité tripartito también recordó la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2013 en la Conferencia en relación con el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), en donde se evocó que desde que comenzó la recesión económica en 2008, y ante los obstáculos para superar la crisis de la deuda en la zona euro, se observaron serios desafíos para la aplicación de algunos convenios. Asimismo, el comité tripartito recordó que el Comité de Libertad Sindical, al examinar el caso núm. 2947, tomó debida nota de la necesidad de reaccionar urgentemente ante una crisis económica muy grave y complicada y de afrontar el problema de la grave situación de desempleo (con las cifras más altas de la Unión Europea). Al igual que la Comisión de la Conferencia y el Comité de Libertad Sindical, el comité tripartito subrayó la importancia de reglas compartidas por los interlocutores sociales en materias importantes relativas a las relaciones profesionales. La Comisión se remite a la observación que formula este año sobre el Convenio núm. 122, y al igual que el comité tripartito, invita al Gobierno a aumentar sus esfuerzos para reforzar el diálogo social y, en consulta con los interlocutores sociales, encontrar soluciones a las dificultades económicas que sean conformes con el Convenio núm. 158.

Exclusiones. Fijación de un período de un año en el contrato de trabajo de «apoyo a los emprendedores» (párrafos 227-247 del informe). El comité tripartito observó que el artículo 2, párrafo 2, del Convenio permite la exclusión de la totalidad o de alguna de sus disposiciones a ciertas categorías de trabajadores, pero consideró que una utilización generalizada de dichas exclusiones sería contraria a la finalidad que persigue el Convenio, es decir, lograr un equilibrio entre los intereses del empleador y los del trabajador, promoviendo el diálogo social como una manera de lograr dicho equilibrio. El comité tripartito consideró que no se comprobó el vínculo directo entre la facilitación de los despidos y la creación de empleos. Además, el comité tripartito observó que, según las dos confederaciones, el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores (previsto en el artículo 4 de la ley núm. 3/2012 de 6 de julio) fue establecido sin diálogo social. El comité estimó que no disponía de fundamentos suficientes para considerar si la extensión de un año de la exclusión del campo de aplicación del Convenio podía ser considerada como razonable, más aun cuando dicha extensión no había sido el resultado de la concertación social y que la exclusión se había introducido de manera general en dicha modalidad contractual. En consecuencia, la Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones sobre la evolución del contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores y de la cuestión correspondiente relativa al diálogo social, y a la luz de las informaciones disponibles, a examinar la posibilidad de adoptar medidas, en consulta con los interlocutores sociales, para evitar que ese tipo de contrato sea terminado por iniciativa de un empleador con el objeto de eludir de manera abusiva la protección prevista en el Convenio.

Artículos 1, 8, párrafo 1, y 9 párrafos 1 y 3. Nueva regulación de las causas de despido económicas, técnicas, organizativas o de producción (párrafos 248-266 del informe). El comité observó que la nueva redacción del artículo 51, párrafo 1, del Estatuto de los Trabajadores y la práctica de los tribunales continúan permitiendo que los jueces examinen no sólo la concurrencia de las causas sino también las circunstancias relacionadas con los despidos y que verifiquen si los despidos se debieron realmente a las causas alegadas por el empleador. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones sobre la manera en que la nueva regulación de las causas de despido económicas, técnicas, organizativas o de producción se han aplicado en la práctica, incluyendo datos sobre el número de recursos interpuestos, el resultado de dichos recursos y el número de terminaciones por razones económicas o análogas.

Artículo 10. Supresión de los salarios de tramitación en caso de opción por el empresario de la extinción del contrato ante la declaración judicial de la improcedencia del despido (párrafos 267-280 del informe). El comité tripartito tomó nota de que el artículo 56, apartado 1 del estatuto de los trabajadores, en su tenor modificado por la reforma laboral de 2012, redujo para el supuesto de despido improcedente — en lugar de la readmisión — la indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades. Sin embargo, el comité tripartito comprobó que los jueces españoles siguen facultados para ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada en caso de que se llegue a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada. La Comisión pide al Gobierno que presente informaciones sobre la naturaleza de las reparaciones concedidas por las decisiones judiciales que han concluido que la terminación de la relación de trabajo fue injustificada.

Artículo 6. Modificación de la regulación de las faltas de asistencia al trabajo motivadas por enfermedad o lesión debidamente justificadas: el despido por absentismo (párrafos 281-296 del informe). El comité tripartito tomó nota de que las modificaciones a la redacción del artículo 52, d), del estatuto de los trabajadores, introducidas por la ley núm. 3/2012, requieren que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5 por ciento de las jornadas hábiles. Además, la nueva redacción introdujo un supuesto en el que no se computan las ausencias relacionadas con incapacidad temporal como aquellas causas que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave. La Comisión invita al Gobierno a facilitar informaciones sobre la manera en que se computan en la práctica las ausencias relacionadas con la incapacidad temporal y en particular aquellas causas que hayan obedecido a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) (ratificación: 1985)

Artículo 8 del Convenio. Recursos contra el despido injustificado. La Comisión toma nota de las observaciones recibidas en agosto de 2014 en las que la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) expresan nuevamente su preocupación por las ineficiencias en la productividad de las empresas que genera el procedimiento de reenganche previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), en vigencia desde mayo de 2012, y la inamovilidad laboral decretada por el Gobierno. En respuesta a dichas observaciones, en dos comunicaciones recibidas en noviembre de 2014, el Gobierno se remite a las indicaciones presentadas en su memoria de 2011 y sostiene que las inspectorías del trabajo deben atender a más de 42 000 denuncias de despidos ilegales cada año. El Gobierno se remite también al procedimiento para el reenganche y restitución de derechos establecido en el artículo 425 de la LOTTT que concierne a los trabajadores amparados por el fuero sindical o la inamovilidad que hayan sido despedidos. FEDECAMARAS y la OIE reiteran que las disposiciones de la LOTTT y la práctica nacional no permiten a los empleadores dar por terminada una relación de trabajo otorgando una justa protección como ha previsto el Convenio. Según indican FEDECAMARAS y la OIE, la inspección del trabajo debe calificar previamente la causa justificada y puede dar lugar a un pedido de readmisión por parte de la inspección del trabajo (artículo 425, párrafo 2, de la LOTTT). Según FEDECAMARAS y la OIE, la inspección del trabajo atiende solamente los alegatos del trabajador y concede el reenganche y el pago de salarios caídos o la restitución al puesto de trabajo. Si un empleador se opone a la orden de readmisión de la inspección del trabajo incurre en el delito de desacato, el cual puede ser sancionado con arresto (artículo 425, párrafo 6, de la LOTTT). Además, en el artículo 425, párrafo 9, de la LOTTT no se permite a un empleador que interponga un recurso judicial contra la decisión administrativa de reenganche, sino luego de haber cumplido con la orden de reenganche de la inspección del trabajo. FEDECAMARAS y la OIE insisten en que la inspección del trabajo se demora dos, tres o más años en tomar las decisiones en relación con las decisiones de los empleadores de proceder a un despido justificado, lo que hace que resulten más onerosos, aún justificados, los despidos para los empleadores. FEDECAMARAS y la OIE consideran que se debería revisar la legislación y los procedimientos en materia de inamovilidad laboral, reenganche y pago de salarios caídos, de manera de que garanticen, por una parte, la protección de los trabajadores despedidos, lo sean con causa justificada, pero, por otra parte, que también aseguren el derecho de los empleadores a presentar sus defensas oportunamente y a despedir por causas justificadas a aquellos trabajadores que incumplan sus obligaciones laborales. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones que permitan apreciar la manera en que se da efecto, en la legislación y la práctica nacionales, a las disposiciones del artículo 8 del Convenio donde se requiere que los despidos injustificados sean recurridos ante un organismo neutral.

La Comisión se remite a sus observaciones de 2011 y de 2013, y pide al Gobierno que presente informaciones sobre la manera en que se aplica el Convenio agregando datos sobre las actividades de los órganos de apelación en relación con los recursos interpuestos contra despidos justificados, el resultado de dichos recursos y el promedio del tiempo empleado para decidir sobre recursos contra despidos justificados (parte V del formulario de memoria). La Comisión invita al Gobierno a incluir ejemplos de decisiones judiciales recientes dictadas en relación con la definición de las causas justificadas de despido (parte IV del formulario de memoria).

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 158 (Antigua y Barbuda, Australia, Etiopía, Lesotho, Malawi, Montenegro, Santa Lucía, Uganda, Yemen).

Salarios

Burundi

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1963)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 3 del Convenio. Métodos para la fijación de salarios mínimos. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU), de fecha 30 de agosto de 2012, sobre la aplicación del Convenio. La COSYBU considera que el Convenio es letra muerta, dado que no se revisó, desde la década de 1980, el salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG). La COSYBU indica que es lamentable y escandaloso continuar con un SMIG oficialmente fijado en 160 francos de Burundi (aproximadamente 0,10 dólares de los Estados Unidos) al día, en los centros urbanos, y en 105 francos de Burundi (aproximadamente 0,07 dólares de los Estados Unidos) al día, en las zonas rurales, y solicita al Gobierno que reajuste el nivel del SMIG con carácter de urgencia. En relación con esto, la Comisión recuerda las indicaciones del Gobierno en sus memorias anteriores, según las cuales el reajuste del salario mínimo nacional es parte del proceso más amplio de revisión del Código del Trabajo y está también condicionado a la preparación de un estudio preliminar en esta materia. En estas circunstancias, la Comisión se ve obligada a concluir que el proceso de fijación del salario mínimo previsto en los artículos 74 (las ordenanzas ministeriales que fijan los salarios mínimos garantizan una remuneración justa a los trabajadores) y 249 (la revisión anual de los salarios mínimos por el Consejo Nacional Tripartito del Trabajo) del Código del Trabajo, ya no se aplica en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que transmita todo comentario que pueda querer formular en respuesta a las observaciones de la COSYBU. La Comisión también solicita al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para reactivar el proceso de fijación del salario mínimo, celebrando consultas plenas con los interlocutores sociales, y que proceda al reajuste, tanto tiempo retrasado, del salario mínimo interprofesional garantizado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1963)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la adopción de la Ley núm. 1/01, de fecha 4 de febrero de 2008, relativa al Código sobre Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público. La legislación sobre adquisiciones y contrataciones del sector público regula la adjudicación, la ejecución y la supervisión de todos los contratos públicos en base a la igualdad de trato y a la transparencia. También establece dos órganos, la Dirección Nacional de Supervisión de la Contratación Pública (DNCMP) y la Autoridad Reguladora de la Contratación Pública (ARMP), que tienen competencias en garantizar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos relacionados con la contratación pública. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Código sobre Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público no prevé la inserción de cláusulas de trabajo, como prescribe este artículo del Convenio. En efecto, la única disposición que parece abordar los asuntos laborales en relación con el proceso de adquisiciones y contrataciones del sector público, es el artículo 55, 1), a), del Código, que excluye de la licitación pública a las personas que no hubieran tenido una regularidad en el pago de los impuestos, cotizaciones y otro tipo de cuotas, y que no hubieran podido elaborar un certificado de la autoridad administrativa correspondiente indicando el cumplimiento de dichas contribuciones. Al respecto, la Comisión se remite a los párrafos 117-118 del Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, en los que destaca que el Convenio no se refiere a criterios generales de elegibilidad de individuos o empresas que realizan ofertas en contratos públicos, pero exige que la cláusula de trabajo se incluya expresamente en el contrato que finalmente firmen la autoridad competente y el contratista seleccionado. De igual modo, la certificación puede ofrecer alguna prueba del desempeño pasado de los licitadores, incluido el respeto de las obligaciones sociales, pero no entraña ningún compromiso respecto de las operaciones futuras, como lo implican las cláusulas de trabajo. Al tomar nota de que el Gobierno había anunciado, en su última memoria, su intención de emprender las acciones adecuadas para armonizar plenamente su legislación con el Convenio, la Comisión espera que se adopten, sin más dilaciones, las medidas necesarias. Al tomar nota asimismo de que el decreto núm. 100/120, de 18 de agosto de 1990, sobre las condiciones generales de los contratos, dejará de aplicarse cuando entre en vigor el nuevo Código sobre Adquisiciones y Contrataciones del Sector Público, la Comisión solicita al Gobierno que transmita el texto de las nuevas condiciones generales de los contratos en cuanto haya sido adoptado. Además, la Comisión solicita al Gobierno que aclare si sigue aún en vigor el decreto presidencial núm. 100/49, de 11 de julio de 1986, sobre las medidas específicas dirigidas a garantizar condiciones mínimas a los trabajadores empleados por un contratista público — que reproduzca en esencia las disposiciones del artículo 2 del Convenio, sin por ello referirse expresamente a las cláusulas de trabajo — y, de ser así, de qué manera se garantiza la aplicación del artículo 2 del decreto presidencial en la práctica.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Djibouti

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1978)

Artículo 1 del Convenio. Establecimiento de métodos para la fijación de los salarios mínimos. En relación con sus comentarios anteriores sobre la abolición del sistema del salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG), la Comisión toma nota de las informaciones contenidas en la memoria del Gobierno, según las cuales: 1) mediante una interpretación extensiva del artículo 260 del Código del Trabajo, las tasas de los salarios mínimos fijadas mediante convenios colectivos, tienen fuerza obligatoria; 2) se instituyó un nuevo Consejo Nacional del Trabajo, del Empleo y de la Seguridad Social (CONTESS), mediante el decreto núm. 2012-273/PR/MTRA, de 30 de diciembre de 2012, fecha en la cual se reunió por primera vez; 3) el salario mínimo fue revalorizado en 35 000 FD (es decir, 200 dólares de los Estados Unidos), al igual que los bajos salarios, en el marco del nuevo convenio colectivo de la Administración y los establecimientos públicos, firmado el 26 de septiembre de 2011; 4) 3 784 asalariados contractuales se beneficiaron de esta revalorización; y 5) el Ministro exhortó al sector privado a revalorizar el salario mínimo a la hora de la renegociación de los convenios colectivos.

Al tiempo que toma nota de estas informaciones, la Comisión comprueba que sigue realizándose la fijación de los salarios mínimos exclusivamente a través de la negociación colectiva y que el Gobierno no menciona decisiones sobre la reintroducción del salario mínimo nacional. La Comisión quiere recordar nuevamente que el Convenio prevé la institución de métodos que permitan fijar las tasas mínimas de los salarios para los trabajadores empleados en las industrias o partes de industrias en las que no exista un régimen eficaz para la fijación de los salarios, mediante convenio colectivo, o en las que los salarios sean excepcionalmente bajos. Recuerda asimismo que el establecimiento de un mecanismo de fijación del salario mínimo fuera del sistema de negociación colectiva, es esencial para garantizar una protección social eficaz a los trabajadores que no están encuadrados por reglas relativas a los convenios colectivos, y que el Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que la aplicación de las tasas del salario mínimo fijadas mediante convenios colectivos, se vincula con un sistema de supervisión y de sanciones eficaces.

La Comisión subraya que estas cuestiones han venido siendo objeto de comentarios desde 2008 y espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias para armonizar plenamente su legislación y práctica nacionales con esta disposición del Convenio.

Grecia

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (ratificación: 1955)

Artículo 11 del Convenio. Reclamaciones salariales como crédito privilegiado en los procedimientos de quiebras. La Comisión recuerda que en su última observación tomó nota de que el Fondo de Garantía Salarial era un complemento útil para la protección privilegiada de crédito laboral prevista en este artículo del Convenio y solicitó al Gobierno que comunicara información adicional sobre el impacto que la actual crisis económica podría haber tenido en el funcionamiento de dicho Fondo. En su última memoria, el Gobierno no proporcionó ninguna información nueva sobre este punto. La memoria del Gobierno no aclara la manera en que el Fondo de Garantía Salarial funciona actualmente en la práctica ni si se plantean problemas. La Comisión reitera su solicitud anterior de que se proporcione información actualizada sobre el funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, haciendo especialmente hincapié en el impacto de la actual crisis económica y financiera y de las diversas medidas de austeridad aplicadas en respuesta a la crisis, incluyendo, por ejemplo, información sobre la estabilidad financiera del fondo y el número y porcentaje de trabajadores de empresas que han ido a la bancarrota que se benefician del pago de la parte adeudada de sus salarios con dinero procedente de dicho fondo.

Artículo 12. Pago de los salarios a intervalos regulares. Rápido pago de los salarios debidos al terminar el contrato. En su comentario anterior, la Comisión instó al Gobierno a seguir adoptando medidas activas a fin de prevenir la generalización de los problemas de falta de pago o de retraso en el pago de los salarios. Además, habida cuenta de su preocupación por los recortes salariales en el sector público y la reducción del salario mínimo nacional, la Comisión instó al Gobierno a realizar amplias consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores antes de adoptar cualquier medida de austeridad, a fin de evitar nuevas reducciones de los derechos de los trabajadores en materia de protección de los salarios y procurar restablecer el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Asimismo, le pidió que transmitiera una amplia memoria que contuviera información sobre todas las medidas en materia salarial adoptadas en el contexto de la crisis financiera, todas las consultas tripartitas celebradas antes de su adopción y el impacto social de esas medidas.

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria en relación con las dificultades en materia de pago puntual de los salarios. En particular, toma nota del número de multas, quejas y conflictos laborales registrados por la Inspección del Trabajo (SEPE) en relación con casos de impago o retraso en el pago de los salarios entre 2011 y abril de 2013. Según esta información, el 10,2 por ciento de todos los casos de multas y el 75 por ciento de los conflictos laborales están relacionados con el impago o el retraso en el pago de salarios. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los casos de impago o retraso en el pago de los salarios, las vacaciones pagadas y las asignaciones y bonificaciones son cada vez más numerosos. A este respecto, toma nota del informe sobre los resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Pequeñas Empresas (IME) de la Confederación Helénica de Profesionales, Artesanos y Comerciantes (GSEVEE). En las conclusiones de ese informe se indica, en particular, que el 51,4 por ciento de las empresas examinadas tienen dificultades para el pago regular de los salarios, y que el 43,2 por ciento de las empresas que respondieron a la encuesta deben contribuciones a la Organización de Seguros de los Trabajadores Autónomos (OAEE) y el 22,6 por ciento al Fondo de la Seguridad Social. Estas empresas también tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones en materia de impuestos y de pago de los servicios públicos.

La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno en relación a diversas disposiciones del Código Civil sobre la protección de los trabajadores en caso de que los salarios no se paguen de forma puntual, que no parece que estipulen la prevención del impago o el retraso en el pago de los salarios ni las sanciones al respecto. Habida cuenta de la situación antes descripta, la Comisión reitera su profunda preocupación por el hecho de que siga habiendo casos de impago o retraso en el pago de los salarios. Considera que la situación actual sigue planteando dificultades a los trabajadores y sus familias, cuyos ingresos ya se han reducido sustantivamente debido a la aplicación de las medidas de austeridad, que incluyen la reducción de salarios y prestaciones. La Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas, ya sean legislativas o de otro tipo, posibles para garantizar el pago de salarios de manera puntual y completa, y que transmita información sobre los resultados alcanzados. Asimismo, pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre los cambios que se produzcan en la situación de impago o retraso en el pago de los salarios, incluyendo, por ejemplo, información sobre el monto de los salarios atrasados cobrados.

En lo que respecta a los recortes salariales en el sector público, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en la que se señala que desde el 1.º de enero de 2013 los funcionarios públicos ya no tienen derecho a vacaciones pagadas y pagas extras en Navidad y Semana Santa en virtud del artículo 1, párrafo c) (C1) de la ley núm. 4093/2012. Se trata de un elemento adicional para complementar una serie de medidas que ya se aplicaban y de las que se había informado anteriormente, que han conducido a la reducción de los salarios y las prestaciones básicas que reciben los trabajadores del sector público. A este respecto, la Comisión entiende que el Consejo de Estado, que es el más alto tribunal administrativo de Grecia, dictaminó en enero de 2014 que los recortes salariales aplicados en 2012 a la policía y a las fuerzas armadas son inconstitucionales, y que los trabajadores afectados deben ser reembolsados. La Comisión también entiende que, en virtud de la ley núm. 4172/2013, algunos puestos de la administración pública se han suprimido y a los trabajadores que ocupaban estos puestos se les ha asignado el estatus llamado «no activo» o «movilidad» y reciben un salario reducido durante un período de hasta ocho meses durante el que se procura conseguirles otro puesto en el sector público. Además, entiende que con esta medida se pretende lograr que un total de 25 000 trabajadores del sector público tengan el estatus de no activos, y que 5 000 funcionarios públicos se retiren o sean despedidos. La Comisión señala que estas medidas forman parte de los esfuerzos por reducir el presupuesto nacional y tienen un amplio efecto negativo sobre el nivel de vida de los trabajadores públicos, que ahora han de recibir salarios y prestaciones reducidos y no gozarán de vacaciones pagadas.

En relación con el salario mínimo nacional, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria respecto a que, según el Gobierno, el nuevo mecanismo para fijar las tasas de salario mínimo nacional, que se prevé en la ley núm. 4172/2013, refuerza la función de los interlocutores sociales. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el nuevo mecanismo entrará en vigor después de la aplicación de los programas de ajuste fiscal, a saber, no antes del 1.º de enero de 2017. Hasta entonces, continuarán aplicándose las tasas establecidas en virtud de la ley del Consejo de Ministros núm. 6, de febrero de 2012, lo cual reduce las tasas anteriores en un 22 por ciento para los trabajadores de 25 años de edad o más y en un 32 por ciento para los trabajadores de menos de 25 años de edad.

En relación con las consultas tripartitas sobre cuestiones salariales, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a otras actividades tales como la celebración de talleres tripartitos en materia de diálogo social y la realización de acuerdos entre el Gobierno y la OIT sobre diversos proyectos. Si bien estas iniciativas representan pasos positivos por los que congratularse en el amplio contexto de una salida de la difícil situación económica actual a través de la promoción del empleo, no están relacionadas específicamente con las consultas tripartitas previas a la adopción de cualquier nueva medida de austeridad.

Habida cuenta de que las medidas señaladas por el Gobierno, que se han mencionado antes, aún no se han llevado a la práctica y de que todavía no se han logrado resultados a través de actividades concretas, la Comisión solicita al Gobierno que contemple adoptar medidas adicionales para evitar un nuevo impacto negativo sobre los trabajadores en materia de protección salarial. La Comisión también reitera su solicitud anterior al Gobierno de que vele por que los representantes de los empleadores y de los trabajadores sean consultados plenamente antes de la adopción de nuevas medidas de austeridad. Asimismo, pide de nuevo al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre todas las medidas adoptadas o previstas en relación con estas cuestiones y acerca de los resultados alcanzados.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Guinea

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L/2014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 2 del Convenio. Inclusión de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que la última memoria del Gobierno no contiene respuesta alguna a sus comentarios anteriores, sino que reproduce esencialmente una información ya presentada en memorias anteriores que la Comisión ha considerado estrictamente ajena a la cuestión relativa al campo de aplicación y al contenido del Convenio. La Comisión se ve nuevamente llevada a concluir que, en los últimos cuarenta años, no se había producido prácticamente ningún progreso en la aplicación de las disposiciones del Convenio, en la ley o en la práctica. La Comisión expresa su honda decepción en torno a la continuada falta de aplicación del Convenio por parte del Gobierno, a pesar de la asistencia técnica aportada por la Oficina en 1981 y de los muchos compromisos contraídos por el Gobierno desde entonces en cuanto a la redacción y a la adopción de una reglamentación o de una legislación específica sobre los contratos públicos. Ante tales circunstancias, la Comisión espera que el Gobierno realice verdaderos esfuerzos para mantener un diálogo genuino con los órganos de control de la OIT e insta una vez más al Gobierno a que adopte, sin más retrasos, todas las medidas necesarias para armonizar su legislación y su práctica nacionales con los términos y objetivos claros del Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Islámica del Irán

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (ratificación: 1972)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, así como también de las observaciones presentadas el 28 de septiembre de 2014 por la Confederación Sindical Internacional (CSI) referida a la gravedad de la situación de los atrasos salariales en el país.

Artículo 12 del Convenio. Pago de los salarios a intervalos regulares. La situación de los atrasos salariales. La Comisión toma nota de la información contenida en la última memoria del Gobierno sobre las medidas adoptadas para dar solución a la crisis de los atrasos salariales, incluidos una mejora general en el entorno empresarial, un mecanismo de protección social, y un acuerdo firmado en 2014 en el seno del comité tripartito nacional, por el que se establece que las confederaciones de trabajadores y de empleadores comuniquen al Ministerio de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social información sobre los casos en que se aleguen infracciones a la legislación laboral que afecten a sus miembros. El Gobierno indica también que una encuesta realizada por la Asociación de Industrias Textiles del Irán (AITI) sobre los atrasos salariales sólo reveló la existencia de unos pocos casos de falta de pago de los salarios en la industria textil del país, y que se estaban resolviendo por la AITI y las oficinas de los gobiernos locales. El Gobierno indica también que con objeto de identificar las industrias y empresas en las que se registran atrasos salariales, se ha diseñado un programa informático de carácter técnico instalado en las direcciones provinciales de cooperativas, trabajo y bienestar social. Al tomar nota de esa evolución, la Comisión sigue alentando al Gobierno a que adopte las medidas adecuadas para mejorar la recopilación de datos de modo que pueda mantenerse una estrecha supervisión y una evaluación constante de la situación. Además, solicita al Gobierno que proporcione sus comentarios en respuesta a las recientes observaciones formuladas por la CSI sobre la situación de los atrasos salariales en el país. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno mencionó en su memoria que deseaba beneficiarse de la asistencia técnica de la OIT, y confía en que la Oficina dará seguimiento a su solicitud.

Jamaica

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) (ratificación: 1962)

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas. La Comisión toma nota de que, a pesar de las explicaciones detalladas comunicadas en comentarios anteriores sobre el campo de aplicación y la finalidad del Convenio, así como de las medidas requeridas para su aplicación práctica, el Gobierno sigue refiriéndose a textos legislativos que tienen poca pertinencia con el Convenio, puesto que no aportan cláusulas de trabajo del tipo prescrito en el artículo 2 del Convenio. Más concretamente, la Comisión toma nota de las referencias del Gobierno a la Ley de Fábricas y a la Ley de Salarios Mínimos, como instrumentos que protegen a todos los trabajadores sin excepción, y también al Acuerdo entre los trabajadores y la Dirección (LMA), de 2011-2013, para la industria de la edificación y la construcción. En particular, la Comisión toma nota de que el LMA prevé una escala salarial que es más elevada que la tasa del salario mínimo, que se revisó por última vez en septiembre de 2012 y que está fijada en la actualidad en 5 000 dólares de Jamaica (JMD) (aproximadamente 48 dólares de los Estados Unidos) por una semana laboral de 40 horas.

En relación con esto, la Comisión recuerda que el Convenio requiere que los contratos públicos (sean obras de construcción, fabricación de mercancías o prestación de servicios) incluyan cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios, horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza en la profesión o industria interesada de la misma región, por medio de un contrato colectivo, de un laudo arbitral o de una legislación o reglamentación nacional. En el caso de un contrato de construcción, por ejemplo, este requisito significaría prácticamente que el contratista seleccionado y todo subcontratista, estarían obligados a pagar unos salarios que se situaran al menos en la tasa del LMA — y no en el salario mínimo nacional —, siempre y cuando el LMA contuviera las condiciones salariales más favorables para los trabajadores de la construcción. Esto es así precisamente porque el empleo y las condiciones de trabajo establecidas en la legislación laboral general se mejoran a menudo a través de la negociación colectiva respecto de la cual la Comisión ha expresado sistemáticamente la opinión de que el simple hecho de que la legislación nacional sea aplicable a todos los trabajadores, no libera al Gobierno interesado de su obligación de prever la inserción de cláusulas de trabajo en todos los contratos celebrados por las autoridades públicas, de conformidad con el artículo 2, párrafos 1 y 2 del Convenio. Recordando que el Convenio no requiere necesariamente la adopción de una nueva legislación, sino que también puede aplicarse a través de instrucciones o circulares administrativas, la Comisión expresa una vez más la esperanza de que el Gobierno adopte rápidamente medidas para garantizar la efectiva aplicación del Convenio, tanto en la ley como en la práctica.

Portugal

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173) (ratificación: 2012)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación de Industria Portuguesa (CIP), recibidos el 1.º de septiembre de 2014, sobre la protección de los créditos de los trabajadores, a través del Fondo de Garantía Salarial (FGS), reglamentado en virtud de la ley núm. 35/2004, de 29 de julio. La OIE y la CIP consideran que la entrada en vigor de la ley núm. 16/2012, de 20 de abril, sobre la creación de un Procedimiento Extraordinario de Revitalización (PER) de las empresas en una difícil situación económica o de insolvencia, pero susceptibles de recuperación, tiene por efecto dejar que los trabajadores pertenezcan a una empresa en PER, fuera de la protección del FGS. En consecuencia, la OIE y la CIP solicitan la modificación del artículo 318 de la ley núm. 35/2004, con el fin de incluir, entre las situaciones comprendidas en el FGS, el caso de las empresas en PER. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien transmitir sus comentarios a este respecto.

Sierra Leona

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (ratificación: 1961)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 16 del Convenio. Información completa sobre las modificaciones legislativas. Recordando que el Gobierno lleva diez años refiriéndose a la inminente adopción de la nueva legislación laboral, y que han pasado más de veinte años desde la elaboración de los proyectos de enmiendas, con la asistencia de la OIT, para que la legislación nacional cumpla con los requisitos del Convenio, la Comisión insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias, sin más dilación, para que se promulgue la nueva legislación y recuerda que puede, si así lo desea, solicitar la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Uganda

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1963)

Seguimiento de las discusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

Artículos 1-4 del Convenio. Establecimiento y funcionamiento de los métodos para la fijación de salarios mínimos. La Comisión toma nota de que ese caso se discutió en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2014. Durante esta discusión, el Gobierno indicó que había preparado un documento para reactivar la Junta Consultiva sobre Salarios Mínimos para su presentación al Gabinete. También indicó que se espera que el Gabinete apruebe la nueva Junta de Salarios, en septiembre de 2014, y que, una vez aprobada, la Junta de Salarios debería presentar sus recomendaciones al Gabinete, a finales de abril de 2015. Indicó asimismo que se espera que el Gabinete haya considerado estas recomendaciones en junio de 2015 y que vaya a aplicarse el nuevo salario mínimo, en julio de 2015. Además, el Gobierno indicó que está preparado para seguir la recomendación de la Comisión de Expertos y aguarda con gran interés recibir una asistencia técnica de la OIT, a efectos de completar el proceso de fijación de los salarios de manera beneficiosa para los trabajadores, los empleadores y el Gobierno. La Comisión también toma nota de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y por la Federación de Empleadores de Uganda (FUE), el 21 de agosto de 2014, en las que plantean sus inquietudes respecto de la aplicación, en la ley y en la práctica, del Convenio. En sus observaciones, la OIE y la FUE indicaron que la inactividad de la Junta de Salarios Mínimos se tradujo en una tasa salarial mínima nacional que permaneció sin ajustes desde 1984. Según la OIE y la FUE, sería necesario reactivar la Junta Consultiva sobre Salarios Mínimos y garantizar la participación de los interlocutores sociales en los métodos para la fijación de los salarios mínimos. Además, la OIE y la FUE subrayaron que Uganda estaba gozando de un crecimiento del PIB que debería traducirse lo antes posible en la plena aplicación del Convenio. La OIE y la FUE también coincidieron con el Gobierno en el hecho de que se precisaba la realización de un estudio sobre las tendencias salariales en los diferentes sectores económicos y una evaluación del costo de vida, junto con un análisis de las tendencias del empleo y varios factores económicos, antes de que se pudiera fijar un nuevo salario mínimo. Por último, la OIE y la FUE señalaron que consideran conveniente que el Gobierno recurra a la asistencia técnica de la OIT, con el fin de que pueda fijarse y aplicarse, en julio de 2015, el nuevo salario mínimo. La Comisión solicita al Gobierno que comunique cualquier información como seguimiento de la discusión de junio de 2014 en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia con respecto a la reactivación de la Junta Consultiva sobre Salarios Mínimos y a la ulterior fijación de un nuevo salario mínimo en el país, y que transmita todo comentario que pueda querer realizar en respuesta a las observaciones formuladas por la OIE y la FUE. Asimismo, la Comisión recomienda que la Oficina provea la asistencia técnica solicitada por el Gobierno con el fin de asegurar que se aplique un nuevo salario mínimo para julio de 2015.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (ratificación: 1944)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 31 de agosto y el 27 de noviembre de 2014, según las cuales, no se celebraron consultas tripartitas exhaustivas y con el preaviso suficiente como para permitir emitir una opinión sobre la cuestión de la fijación de salarios mínimos.

Seguimiento de las discusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. La Comisión toma nota de que en el marco de la Comisión de Aplicación de Normas y en su memoria, el Gobierno manifestó que: 1) la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece como obligación del Estado la revisión y fijación anual del salario mínimo nacional; y 2) en 2014 fueron realizados dos ajustes del salario mínimo previa consulta a las organizaciones de trabajadores y de empleadores en las mesas de trabajo propuestas por iniciativa del ejecutivo nacional.

La Comisión recuerda que, en materia de diálogo social, en un marco más amplio que el de los salarios mínimos, la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en enero de 2014 recordó «la importancia de generar las condiciones necesarias para entablar un diálogo social tripartito con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas en relación con aquellas cuestiones vinculadas con las relaciones profesionales, lo cual implica un espíritu constructivo, buena fe, respeto mutuo y respeto de la libertad sindical, independencia de las partes, discusiones en profundidad durante un período razonable y esfuerzos para llegar en la medida de lo posible a soluciones compartidas…».

La Comisión insta al Gobierno que realice todos los esfuerzos para garantizar la plena consulta y participación en condiciones de igualdad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas para el establecimiento y la aplicación de los sistemas de salarios mínimos. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto y le recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 26 (Malí, Sierra Leona); el Convenio núm. 94 (Dominica, Guyana, Sierra Leona); el Convenio núm. 95 (Djibouti, Malí, República de Moldova, Tayikistán, Yemen); el Convenio núm. 99 (Comoras); el Convenio núm. 173 (Burkina Faso, Chad).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 95 (Bulgaria, Guyana).

Tiempo de trabajo

Estado Plurinacional de Bolivia

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) (ratificación: 1973)

Artículo 8, párrafo 3), del Convenio. Descanso compensatorio. La Comisión recuerda nuevamente que, desde 1976, ha venido formulando comentarios sobre la necesidad de modificar el artículo 31 del decreto regulatorio núm. 244, de 1943, por el que se autoriza al empleador, en caso de trabajo realizado en el día de descanso domingo, que conceda a éste, ya sea un descanso semanal compensatorio por otro día de la semana, o una remuneración adicional por el doble del salario mínimo del trabajador. La Comisión toma nota de que en su última memoria, el Gobierno indica que la modificación del artículo 31 del citado decreto requiere de un análisis profundo con los actores involucrados en las modificaciones normativas, si se toma en cuenta que la posibilidad de la compensación económica es un derecho que se viene pagando a los trabajadores durante muchos años y su eliminación podría ser considerada una disminución de sus derechos laborales. En comentarios anteriores, la Comisión había hecho hincapié en que, de conformidad con el artículo 8, párrafo 3), del Convenio, cuando se formulen excepciones provisionales respecto al día de descanso semanal, deberá concederse un descanso compensatorio por una duración total de al menos 24 horas consecutivas, con independencia del pago de cualquier indemnización económica. Reiterando una vez más los principios básicos del Convenio, que se pretende que garanticen un período mínimo de descanso y tiempo libre para los trabajadores, esencial para su salud y bienestar, la Comisión expresa nuevamente su esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para poner finalmente de conformidad el artículo 31 del decreto regulatorio núm. 244, de 1943, con los requisitos previstos en el Convenio.

China

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) (ratificación: 1934)

Artículo 2 del Convenio. Régimen normal de descanso semanal. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que la Confederación Sindical Internacional (CSI) indicó que el derecho de los trabajadores al descanso semanal se ve fácilmente socavado por los empleadores que utilizan reglas nacionales y locales sobre regímenes de horas de trabajo flexibles y consolidadas, para excluir a los trabajadores de la protección legal del descanso y la compensación. La CSI también indicó que, con arreglo a esos regímenes, que pasaron a ser un lugar común e incluso la norma en un creciente número de sectores, el descanso semanal puede sustituirse por el «descanso consolidado», acordado unilateralmente por los empleadores en base a consideraciones comerciales. La CSI alegó asimismo que el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social concedió a menudo excepciones, con el simple «consentimiento en papel» del sindicato de empresa, sin consultas previas idóneas con los trabajadores. La Comisión también tomó nota de que la CSI se refirió al acuerdo sobre las medidas de examen y aprobación de horas de trabajo flexibles y al régimen de horas consolidadas, adoptados en 1995, que permiten un promedio de horas de trabajo sin, no obstante, garantizar un acuerdo razonable sobre el día de descanso semanal. En lugar de especificar el derecho a un descanso compensatorio por cada período de siete días, las medidas se refirieron vagamente al «trabajo consolidado y descanso consolidado» y, como consecuencia, los empleadores engañaron fácilmente a sus empleados para que se confundiera el descanso compensatorio con las vacaciones anuales. Tomó nota asimismo de que, según la CSI, los empleados están mal pagados o no reciben ninguna remuneración por la realización de su trabajo en su día de descanso semanal, lo que debería darles derecho al 200 por ciento de la tarifa horaria normal, en virtud de la Ley del Trabajo. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que transmita sus comentarios en respuesta a las observaciones de la CSI y que comunique más información sobre la manera en que se garantiza, en la ley y en la práctica, el descanso semanal.

Además, en su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que la CSI se refirió al nuevo proyecto de legislación nacional sobre las horas de trabajo, que el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social preparó en mayo de 2012, y, en particular, al proyecto de artículo 10, que prevé un día de descanso de 24 horas por cada período de dos semanas, en el caso de los regímenes de horas de trabajo consolidadas. La Comisión valoraría recibir información actualizada sobre la situación del mencionado proyecto de legislación y solicita al Gobierno que comunique información a este respecto.

Artículos 4 y 6. Lista de excepciones. En relación con su comentario anterior sobre los acuerdos de descanso semanal, aplicables a industrias específicas (que incluyen ferrocarriles, petróleo y química, generación de energía, prensa y publicaciones, aviación civil, metalurgia, bancos, tabaco y construcción naval) y las condiciones establecidas en el Convenio, según las cuales debe darse cumplimiento a toda excepción a la norma general (es decir, el debido respeto a todas las consideraciones humanitarias y económicas que correspondan y previas consultas con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas), la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales las autoridades de la administración del trabajo adoptaron una revisión y unos procedimientos de examen estrictos para la aprobación de las horas de trabajo especiales, que incluyen la consulta por escrito con los sindicatos de empresa. Sin embargo, recuerda que la CSI alegó que el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social concede con frecuencia excepciones simplemente con el «consentimiento sobre el papel» del sindicato de empresa, sin las consultas previas idóneas con los trabajadores. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que comunique más información sobre los acuerdos relativos al descanso semanal aplicables a estas industrias específicas. En particular, solicita al Gobierno que indique cómo se garantizan, en la ley y en la práctica, estas disposiciones del Convenio.

República Dominicana

Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171) (ratificación: 1993)

Artículo 3 del Convenio. Medidas de protección para los trabajadores que realizan un trabajo nocturno. Durante algunos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno la necesidad de adoptar medidas de protección concretas — legislativas o de otro tipo —, que garanticen un nivel mínimo de protección para los trabajadores que realizan un trabajo nocturno, de conformidad con los requisitos específicos establecidos en los artículos 4 (evaluación gratuita del estado de salud), 6 (trabajadores declarados no aptos para el trabajo nocturno), 7 (protección de la maternidad), 9 (servicios sociales) y 10 (consulta con los representantes de los trabajadores) del Convenio. La Comisión toma nota de la información del Gobierno contenida en su memoria, según la cual se estableció una comisión especial para revisar y actualizar el Código del Trabajo, a efectos de armonizarlo con las normas internacionales del trabajo, incluidos los convenios de la OIT. El Gobierno también indica que dentro de esta comisión, se adoptarán medidas para garantizar la participación de los interlocutores sociales en el procedimiento de reforma. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y confía en que el Gobierno dé la debida consideración a las cuestiones planteadas en los mismos. Solicita al Gobierno que comunique información sobre toda enmienda al Código del Trabajo que dé efecto a las mencionadas disposiciones del Convenio.

Ecuador

Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por carretera), 1979 (núm. 153) (ratificación: 1988)

Artículos 5 a 9 del Convenio. Horas de trabajo y de descanso. En comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que desde hace veinte años señala que las condiciones de trabajo en las empresas de transporte públicas y privadas no están de conformidad con el Convenio. La Comisión ha tomado conocimiento de una iniciativa de modificación del Código del Trabajo entregado por el Ministerio de Relaciones Laborales a la Asamblea Nacional en mayo de 2014 para su respectiva discusión. La Comisión observa que en dicha iniciativa se han incorporado disposiciones en relación con la pausa obligatoria por cada cuatro horas de conducción ininterrumpida y el descanso diario de al menos diez horas consecutivas, las cuales están en conformidad con los artículos 5 y 8 del Convenio respectivamente. La Comisión observa también que la citada iniciativa prevé una duración total máxima de conducción, comprendidas las horas extraordinarias, de diez horas diarias y cincuenta semanales en lugar de las nueve horas diarias y cuarenta y ocho semanales que prevé el artículo 6 del Convenio. La Comisión espera que el Gobierno en su próxima memoria agregue informaciones sobre la adopción de una nueva legislación de modo de asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones del Convenio.

Guinea Ecuatorial

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) (ratificación: 1985)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 6 del Convenio. Excepciones permanentes y temporales. En respuesta a los comentarios que la Comisión ha realizado desde 1994, el Gobierno indicó en su memoria de 2004 que los reglamentos de aplicación del artículo 49 de la ley núm. 2/1990 estaban todavía siendo examinados con las partes interesadas, en especial en el sector de los hidrocarburos. La Comisión pide al Gobierno que le comunique informaciones sobre los progresos realizados en este proceso. Asimismo, invita al Gobierno a proporcionar informaciones sobre las organizaciones de empleadores y de trabajadores consultadas en el marco de la elaboración de estos reglamentos. Además, la Comisión ruega encarecidamente al Gobierno que comunique informaciones sobre la forma en que se aplican en la práctica las disposiciones del artículo 49 de la ley núm. 2/1990 relativa a las horas extraordinarias.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) (ratificación: 1985)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 7 del Convenio. Excepciones permanentes y temporales. En respuesta a los comentarios que la Comisión ha realizado desde 1994, el Gobierno indicó en su memoria de 2004 que los reglamentos de aplicación del artículo 49 de la ley núm. 2/1990 siguen siendo examinados con las partes interesadas, en especial en el sector de los hidrocarburos. La Comisión le ruega que comunique informaciones sobre los progresos realizados en este proceso. Asimismo, le pide al Gobierno proporcionar informaciones sobre las organizaciones de empleadores y de trabajadores consultadas en el marco de la elaboración de estos reglamentos. Además, la Comisión insta al Gobierno a que comunique informaciones sobre la forma en que se aplican en la práctica las disposiciones del artículo 49 de la ley núm. 2/1990 relativas a las horas extraordinarias.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Indonesia

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) (ratificación: 1972)

Artículo 8, párrafo 3), del Convenio. Excepciones temporales. Descanso compensatorio. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión nuevamente lamenta tomar nota de que la última memoria del Gobierno no contiene información sobre algunas de las nuevas medidas adoptadas o previstas. No se concede a los trabajadores un descanso compensatorio por trabajar en su día de descanso semanal y sólo son compensados con el pago de horas extraordinarias, de conformidad con el artículo 11, b), del decreto del Ministro de Mano de Obra y Migraciones núm. KEP-102/MEN/VI/2004, sobre el Trabajo en Horas Extraordinarias y su Remuneración. La Comisión recuerda una vez más que, en virtud del artículo 8, párrafo 3), del Convenio, el descanso compensatorio de una duración total equivalente al período previsto en el artículo 6, es un requisito absoluto y debe ser concedido a los trabajadores que han trabajado en su día de descanso, independientemente de la compensación monetaria. Recordando que la Comisión ha venido planteando esta cuestión a lo largo de más de treinta años, insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para armonizar su legislación con los requisitos del Convenio, a través de disposiciones legislativas o administrativas. La Comisión también solicita al Gobierno que transmita, en su próxima memoria, información actualizada sobre la aplicación práctica del Convenio, incluyendo, por ejemplo, estadísticas sobre el número aproximado de trabajadores comprendido en la legislación pertinente, los resultados de la inspección del trabajo que muestren el número de contravenciones observadas sobre el descanso semanal y las sanciones impuestas, etc.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Panamá

Convenio sobre las horas de trabajo (comercio y oficinas), 1930 (núm. 30) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) recibidas el 2 de septiembre de 2014, exhortando a que se utilice la Mesa del Acuerdo Tripartito de Panamá, compuesta por la Comisión del Acuerdo Tripartito de Panamá (Adecuación de la legislación laboral) y la Comisión Rápida de Quejas sobre Libertad y Negociación Sindical, para lograr una revisión integral de las normas laborales. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículo 7, párrafos 3 y 4, del Convenio. Excepciones temporales. Límite anual del número de horas extraordinarias y remuneración de horas extraordinarias. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había indicado que era necesario enmendar el artículo 36, párrafo 4, del Código del Trabajo que fija únicamente límites diario y semanal al número de horas extraordinarias, mientras que el Convenio prescribe, en el marco de las excepciones temporales, que también se establezca un límite anual. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, dada la falta de consenso entre los interlocutores sociales, no ha sido posible modificar dicha disposición. La Comisión toma nota también de que el Gobierno propone realizar una reunión tripartita con el fin de abordar esta cuestión con los interlocutores sociales. A este respecto, al tiempo que saluda la propuesta del Gobierno de llevar a cabo una reunión tripartita sobre esta cuestión, la Comisión confía en que se tomarán las medidas necesarias para modificar el artículo 36, párrafo 4, del Código del Trabajo en el sentido indicado. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando de toda evolución al respecto.

Por otra parte, la Comisión recuerda que se había referido también: i) a la necesidad de establecer límites diarios y anuales en materia de horas suplementarias aplicables en el sector público, en virtud del artículo 7, párrafo 3, del Convenio, la Comisión toma nota de que el Manual de procedimientos de acciones de recursos humanos de 2005 establece que el máximo de tiempo compensatorio que podrá acumularse será de 40 horas mensuales, y no podrá exceder el 25 por ciento de la jornada regular de trabajo; y ii) a que, salvo en los casos de accidente o fuerza mayor, las horas extraordinarias deben ser objeto de una remuneración incrementada en al menos un 25 por ciento en relación con la remuneración ordinaria, e independientemente de la cuestión de que se conceda un descanso compensatorio, tal como lo establece el párrafo 4 del artículo 7 del Convenio. A este respecto, la Comisión tomó nota de que en virtud del artículo 122 del decreto ejecutivo núm. 222, de 12 de septiembre de 1997, sólo se reconocerá la remuneración de las horas extraordinarias cuando su realización haya sido previamente autorizada por el jefe responsable. A este respecto, la Comisión toma nota de que: i) el Gobierno indica que la Comisión del Acuerdo Tripartito de Panamá (Subcomisión tripartita de trabajo sobre carrera administrativa) está organizando el temario que se va a discutir en lo relativo a la carrera administrativa y que podrán tratarse en ese ámbito los temas relacionados con el Convenio, dependiendo del consenso de las partes; ii) las nuevas autoridades de la Dirección de Carrera Administrativa y el representante de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (FENASEP) tendrán un acercamiento para determinar cómo van a proceder y se ha sugerido la elaboración de un proyecto de ley que posteriormente se pueda discutir en la Comisión. Al tiempo que confía en que la Comisión del Acuerdo Tripartito de Panamá tendrá debidamente en cuenta sus comentarios anteriores en relación con estas cuestiones, la Comisión pide al Gobierno que continúe informando de toda evolución al respecto.

Perú

Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 1939 (núm. 67) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que el transporte público y privado de personas y mercancías es regulado en la actualidad por el decreto supremo núm. 017-2009-MTC, que reproduce en esencia las disposiciones del decreto supremo núm. 009-2004-MTC, analizado por la Comisión en sus comentarios anteriores. La Comisión también toma nota de las observaciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), que se comunicaron junto con la memoria del Gobierno. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno comunica poca información sobre los asuntos planteados en los comentarios anteriores de la Comisión, la Comisión espera que el Gobierno envíe información detallada sobre los puntos siguientes.

Artículo 7 del Convenio. Horas diarias de trabajo. La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 30, 2) del decreto supremo núm. 017-2009-MTC, los conductores de vehículos del transporte público de personas no pueden conducir durante más de cinco horas consecutivas durante el día o cuatro horas consecutivas en la noche. En virtud del mismo artículo, el límite diario de trabajo, en un período de 24 horas, es de diez horas. Sin embargo, el Gobierno aclara que, pendiente de la entrada en vigor de esta disposición, tal límite seguirá hasta 12 horas. La Comisión recuerda al Gobierno que el artículo 7, párrafo 1), del Convenio, dispone que las horas de trabajo de las personas a quienes se aplique el Convenio, no podrán exceder de ocho horas por día. Las horas de trabajo diarias sólo pueden extenderse con arreglo a determinadas condiciones, a saber: i) cuando las horas de trabajo de uno o más días de la semana sean menos de ocho y no más de una hora por día (artículo 7, párrafo 2)); ii) para las personas cuyas horas semanales de trabajo no excedan de 48, en ninguna semana, o cuyas horas de trabajo sean de un promedio de 48 (artículo 7, párrafo 3), a)); iii) para las personas que efectúen habitualmente y en gran proporción trabajos auxiliares o cuyo trabajo sea interrumpido frecuentemente por períodos de simple presencia (artículo 7, párrafo 3), b)); iv) en los casos en los que se recupere el tiempo perdido (artículo 9); v) en los casos en los que haya una mano de obra calificada insuficiente (artículo 10); vi) en caso de accidentes o casos de fuerza mayor (artículo 11); vii) en los casos de trabajo indispensable para cumplir requisitos excepcionales respecto del transporte de pasajeros entre los hoteles y las estaciones y también el transporte efectuado por las empresas de pompas fúnebres (artículo 12), y viii) en los casos de horas extraordinarias de trabajo (artículo 13). La Comisión pide al Gobierno que armonice plenamente su legislación con las disposiciones del Convenio sobre punto. Solicita al Gobierno que comunique información sobre todo progreso realizado a este respecto. Asimismo, la Comisión toma nota del comentario de la SNI, según el cual sólo los límites a las horas de trabajo de los vehículos ocupados en el transporte de personas por carretera, son regulados en virtud de la legislación aplicable. Solicita al Gobierno que comunique información sobre la legislación que regula los límites a las horas de trabajo de los vehículos ocupados en el transporte de mercancías.

Artículo 15. Descanso diario. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas o contempladas para armonizar su legislación con esta disposición del Convenio.

Artículo 16, párrafo 1). Descanso semanal. La Comisión solicita al Gobierno que adopte, sin retrasos, las medidas necesarias para garantizar que se conceda a los conductores el período de descanso semanal prescrito en esta disposición del Convenio.

Recordando sus comentarios anteriores, la Comisión alienta al Gobierno a que ratifique el Convenio sobre duración del trabajo y períodos de descanso (transportes por carretera), 1979 (núm. 153), que entraña «ipso jure» la inmediata denuncia del Convenio núm. 67. La Comisión solicita al Gobierno que continúe informando de toda decisión adoptada o contemplada a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Portugal

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) (ratificación: 1928)

Artículos 2 y 5 del Convenio. Superar las horas normales de trabajo. Cálculo del promedio de las horas de trabajo. Semana de trabajo comprimida. Capitalización del tiempo de trabajo. La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo — ley núm. 7/2009, de 12 de febrero de 2009, que deroga el Código del Trabajo de 2003. Toma nota de que los artículos 204 y 205 del Código del Trabajo de 2009, que reproducen disposiciones del Código del Trabajo de 2003, establecen que el período normal de trabajo puede ser definido como un promedio de horas de trabajo, ya sea en un convenio colectivo o en un acuerdo entre el empleador y el trabajador. En el primer caso, la jornada laboral podrá incrementarse hasta cuatro horas y la semana laboral no podrá superar las 60 horas (o 50 horas durante un período de dos meses). En el segundo caso, las horas normales de trabajo podrán incrementarse hasta dos horas diarias, siempre que la duración de la semana de trabajo no supere las 50 horas (sistemas flexibles). En virtud de los artículos 207 y 211 del nuevo Código del Trabajo, el promedio de horas de trabajo debe establecerse sobre la base de un período de referencia, que se fija en los convenios colectivos aplicables y no puede sobrepasar los doce meses o, a falta de una disposición de este tipo, basándose en períodos de hasta cuatro meses. El artículo 206 prevé la posibilidad de ampliar, ya sea a través de un convenio colectivo o de un acuerdo entre el empleador y el trabajador, el sistema de promedio de las horas de trabajo a todos los empleados de un equipo, sección o unidad económica cuando una determinada mayoría está cubierta por un convenio colectivo o ha aceptado la propuesta del empleador (flexibilidad de grupo). Los artículos 208 a 208B regulan el régimen de capitalización del tiempo de trabajo. En virtud de un convenio colectivo, las horas normales de trabajo pueden incrementarse hasta cuatro horas adicionales al día, con tal de que la semana de trabajo no supere las 60 horas y que las horas extraordinarias anuales no sean más de 200. Cuando el objetivo es que no se pierdan puestos de trabajo, el límite anual puede ser dejado de lado por medio de un convenio colectivo durante un período de hasta doce meses (artículo 208). Con arreglo a los acuerdos individuales entre el empleador y el trabajador, las horas normales de trabajo pueden incrementarse hasta dos horas adicionales al día y la semana de trabajo puede ser de hasta 50 horas, pero no puede sobrepasarse un límite de 150 horas extraordinarias al año (artículo 208A). El artículo 208B prevé la posibilidad de extender, a través de acuerdos colectivos o individuales, y en ciertas condiciones, el régimen de capitalización del tiempo de trabajo a todos los trabajadores de un equipo, sección o unidad económica, cuando una determinada mayoría de tales trabajadores está cubierta por un convenio colectivo o ha aceptado la propuesta del empleador en ese sentido. Por último, el artículo 209 prevé la posibilidad de incrementar las horas normales de trabajo hasta en cuatro horas diarias (acuerdos de tiempo de trabajo comprimido): a) a través de un convenio colectivo o un acuerdo individual a fin de comprimir las horas de trabajo semanales en un máximo de cuatro días de trabajo, o b) a través de un convenio colectivo que establezca un ordenamiento del tiempo de trabajo de un máximo de tres días consecutivos seguidos por al menos dos días de descanso. En el último caso, las horas normales semanales de trabajo deben respetarse, en promedio, durante un período de referencia de 45 días.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) adjuntos a la memoria del Gobierno. La CGTP indica que los artículos 204 y 205 (sistemas flexibles) y 208 (capitalización del tiempo de trabajo) del Código del Trabajo infringen los artículos 2 y 5 del Convenio. La UGT indica que fueron las presiones externas resultantes de la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Gobierno y «la Troika» las que llevaron a introducir en el nuevo Código del Trabajo determinadas medidas en materia de horas de trabajo, especialmente el régimen de capitalización del tiempo de trabajo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a los comentarios de la CGTP, en la que se indica que, si bien los sistemas flexibles y la capitalización del tiempo de trabajo permiten el aumento del número de horas que constituyen el período diario o semanal de trabajo, en promedio, ninguno de estos mecanismos cambia el período normal de trabajo. De hecho, un trabajador puede trabajar más horas un día o una semana y menos horas otro día u otra semana y durante un determinado período (período de referencia) tener un promedio de horas de trabajo de ocho horas al día y 40 horas a la semana, lo que resulta inferior al período máximo de 48 horas previsto por el Convenio.

Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la legislación actual que promueve la flexibilidad de la ordenación del tiempo de trabajo responde a las nuevas necesidades en materia de organización del trabajo y tiene por objetivo el aumento de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Además, el Gobierno señala que algunas de las disposiciones del Convenio no están actualizadas y no reflejan el actual entorno laboral que ha evolucionado hacia una organización diferente del trabajo y una mayor protección de la salud y seguridad de los trabajadores.

La Comisión reconoce que la actual ordenación flexible del tiempo de trabajo puede poner en entredicho la pertinencia de ciertas limitaciones impuestas por el Convenio en relación con la duración máxima de la jornada o de la semana de trabajo, pero quiere hacer hincapié en la importancia de establecer unos límites razonables y salvaguardias de protección a fin de velar por que la ordenación del tiempo de trabajo moderna no resulte perjudicial para la salud de los trabajadores y para lograr el equilibrio necesario entre la vida laboral y la vida personal. A ese respecto, en las conclusiones de la Reunión tripartita de expertos de la OIT sobre la ordenación del tiempo de trabajo, celebrada en octubre de 2011, se señaló que las normas de la OIT en materia de horas semanales y diarias de trabajo siguen siendo pertinentes en el siglo xxi y deberían promoverse a fin de fomentar el trabajo decente. A este respecto, la Comisión recuerda que el Convenio permite excepciones al máximo de ocho horas diarias y 48 horas semanales en circunstancias muy limitadas y claramente definidas, a saber: i) distribución de las horas de trabajo durante la semana (artículo 2, b)); ii) promedio de horas de trabajo durante un período de tres semanas en caso de trabajo por turnos (artículo 2, c)); iii) los trabajos cuyo funcionamiento debe ser continuo y que no deben exceder en promedio las 56 horas por semana (artículo 4); iv) promedio de las horas diarias de trabajo en casos excepcionales (artículo 5), y v) excepciones permanentes (trabajos preparatorios, complementarios o intermitentes) y excepciones temporales (aumentos extraordinarios de trabajo) (artículo 6). Asimismo, recuerda de nuevo que el artículo 5 del Convenio sólo permite que las horas de trabajo sean objeto de promedio en casos excepcionales en los que se reconoce que el límite de ocho horas al día y de 48 horas a la semana no puede aplicarse, y sólo a través de un convenio colectivo que podrá tener la fuerza de reglamento. Por consiguiente, la Comisión espera que al autorizar la ordenación flexible del tiempo de trabajo, por ejemplo el promedio de horas de trabajo, la semana comprimida de trabajo o la capitalización del tiempo de trabajo, el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que esta ordenación del tiempo de trabajo cumpla con las disposiciones del Convenio.

Uzbekistán

Convenio sobre las cuarenta horas, 1935 (núm. 47) (ratificación: 1992)

Artículo 1 del Convenio. Semana de 40 horas. Cálculo de la duración media del trabajo. Horas extraordinarias. La Comisión toma nota con preocupación de que, a pesar de los comentarios que viene formulando desde hace más de veinte años, la memoria del Gobierno no contiene nuevas informaciones sobre los artículos 123 y 124 del Código del Trabajo, que regulan el cálculo de la duración media del trabajo y las horas extraordinarias, respectivamente. Tal como se señaló anteriormente, estas disposiciones no parecen estar en conformidad con el espíritu del Convenio, como lo explica la Recomendación sobre la reducción de la duración del trabajo, 1962 (núm. 116), ya que pueden conducir a una duración del trabajo excesivamente larga. Así, el artículo 123 autoriza jornadas de trabajo de hasta 12 horas en un período de un año, sin que se determinen las circunstancias bajo las cuales tal autorización puede tener lugar, contrariamente al párrafo 12 de la Recomendación núm. 116 según el cual, el cálculo de la duración media normal del trabajo en un período más largo que la semana, sólo debería permitirse cuando circunstancias especiales en una rama de actividad o necesidades técnicas lo justifiquen. Asimismo, el artículo 124 autoriza la realización de horas extraordinarias sin ningún límite, contrariamente al párrafo 14 de la Recomendación, que dispone que las autoridades competentes de cada país deberán determinar en qué circunstancias y dentro de qué límites podrán autorizarse excepciones a la duración normal del trabajo en forma permanente, temporal o periódica. Al tiempo que toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre este punto, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que, en su próxima memoria, comunique información sobre la aplicación de los artículos 123 y 124 del Código del Trabajo y explique de qué manera esta forma de ordenación del tiempo de trabajo, o una amplia autorización de las horas extraordinarias, puede considerarse compatible con una política de reducción de la duración del trabajo, manteniendo el nivel de vida de los trabajadores, tal como lo prevé este Convenio. En cuanto a su próxima memoria, la Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la Oficina, si así lo desea, para responder a las preocupaciones formuladas anteriormente por la Comisión, que hasta la fecha no han sido resueltas.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 1 (Angola, Bulgaria, China: Región Administrativa Especial de Macao, Comoras, Djibouti, República Dominicana, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, Líbano, Malta, Mozambique); el Convenio núm. 4 (Colombia, Nicaragua); el Convenio núm. 14 (Angola, Argelia, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, China: Región Administrativa Especial de Macao, Djibouti, Ghana, Guinea-Bissau, Haití, Iraq, Malasia: Sarawak, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique, Portugal, Swazilandia, Tailandia, Tayikistán, Turquía, Yemen); el Convenio núm. 30 (Egipto, Ghana, Guinea Ecuatorial, Haití, Iraq, Líbano, Mozambique, Nicaragua); el Convenio núm. 47 (Australia, Belarús, Nueva Zelandia, Federación de Rusia, Tayikistán); el Convenio núm. 52 (Belarús, Burundi, Djibouti, República Dominicana, Eslovaquia, Líbano, Malí, Mauritania); el Convenio núm. 67 (Perú); el Convenio núm. 89 (Angola, Djibouti, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Iraq, Líbano, Mauritania, Rwanda); el Convenio núm. 101 (Burundi, Djibouti, Sierra Leona); el Convenio núm. 106 (Angola, Belarús, Bulgaria, China: Región Administrativa Especial de Macao, Djibouti, República Dominicana, Ghana, Guinea-Bissau, Haití, Líbano, Malta, Portugal, Tayikistán); el Convenio núm. 132 (Bélgica, Burkina Faso, Croacia, España, Guinea, Iraq, Malta, Rwanda, Uruguay, Yemen); el Convenio núm. 153 (España, Turquía, Ucrania, República Bolivariana de Venezuela); el Convenio núm. 171 (Brasil, República Checa, Portugal); el Convenio núm. 175 (Eslovenia, Guyana).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 14 (Belarús, Congo, Croacia, Eslovaquia, Rwanda); el Convenio núm. 30 (Bulgaria); el Convenio núm. 52 (Bulgaria, Comoras, Kuwait); el Convenio núm. 101 (Comoras); el Convenio núm. 106 (Croacia, Ecuador, Italia); el Convenio núm. 153 (Suiza); el Convenio núm. 171 (Bélgica); el Convenio núm. 175 (Portugal).

Seguridad y salud en el trabajo

Observación general

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115)

En virtud del artículo 3, 1), del Convenio, deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para lograr una protección eficaz de los trabajadores, «basándose en la evolución de los conocimientos». Entre las medidas de protección que han de adoptarse en consecuencia, el artículo 6, 1), prevé la fijación para las diferentes categorías de trabajadores de «las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes, procedentes de fuentes situadas fuera o dentro del organismo, así como las cantidades máximas admisibles de sustancias radioactivas introducidas en el organismo», y el artículo 6, 2), especifica que «estas dosis y cantidades máximas admisibles deberán ser objeto de constante revisión, basándose en los nuevos conocimientos».

Al evaluar la observancia de estos requerimientos, es una práctica de la Comisión hacer referencia a los nuevos conocimientos que figuran en las recomendaciones de la Comisión Internacional sobre la Protección Radiológica (CIPR) y otras fuentes internacionales de referencia basadas en las mismas recomendaciones, tales como las Normas Básicas Internacionales de Seguridad (BSS) elaboradas por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y copatrocinadas por varias organizaciones internacionales, incluida la OIT.

La evolución del enfoque de la CIPR respecto de la protección radiológica, incorporado en las recomendaciones de 2007 (publicación 103 de la CIPR), ha sido determinante para la revisión de las BSS, cuya versión definitiva fue publicada en julio de 2014.

A la luz de esa evolución, la Comisión considera que es necesario revisar su observación general de 1992 relativa a este Convenio, que está basada en el anterior enfoque de la CIPR. En consecuencia, la Comisión ha decidido aplazar sus comentarios sobre la aplicación de este Convenio a su 86.ª reunión en 2015.

Burundi

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) (ratificación: 1963)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión lamenta tomar nota de que, pese a los comentarios que viene formulando desde hace varios años, no se registra evolución alguna en la legislación nacional relativa a la aplicación del Convenio.

Artículo 4 del Convenio. Sistema de inspección. Refiriéndose a sus observaciones anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno, según las cuales analizará las posibilidades de brindar formación a los inspectores del trabajo para controlar las normas de seguridad en el sector de la edificación. No obstante, el Gobierno señala en su memoria que el personal superior que se ocupa de la prevención de los riesgos profesionales en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) tiene la competencia requerida para realizar visitas en el mencionado sector. Indica que proporcionará instrucciones útiles a los empleadores en cuestión. La Comisión solicita al Gobierno que, en su próxima memoria, comunique informaciones sobre la aplicación en la práctica de esta disposición del Convenio.

Artículos 6 a 15. Refiriéndose a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en el sentido de que no se han derogado los textos en materia de seguridad en el trabajo y que la ordenanza Rwanda-Urundi (ORU), núm. 21/94, de 24 de julio de 1953, que fija el marco jurídico en materia de seguridad del trabajo en la industria de la edificación, no se ha derogado y, en consecuencia, el Gobierno ha previsto su reactualización. La Comisión solicita al Gobierno se sirva facilitar aclaraciones sobre los textos vigentes en la materia a fin de poder apreciar la aplicación del Convenio en el país.

Parte V del formulario de memoria. Refiriéndose a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de los datos estadísticos proporcionados en la memoria del Gobierno respecto de la evolución del número de trabajadores activos y del número de beneficiarios de prestaciones en materia de riesgos profesionales de 2000 a 2004, así como la clasificación de empresas según su tamaño y por rama de actividad económica al 31 de diciembre de 2004. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien comunicar, en su próxima memoria, informaciones complementarias relativas a la evolución de los accidentes en la industria de la edificación y toda otra información pertinente que permita a la Comisión apreciar la manera en que las normas de seguridad establecidas por el Convenio se aplican en la práctica.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Comoras

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) (ratificación: 1978)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Parte V del formulario de memoria. La Comisión solicita al Gobierno que presente una valoración general de la manera en que se aplica el convenio en el país, incluidos, por ejemplo, extractos de los informes de los servicios de inspección, así como toda información disponible sobre el número de trabajadores comprendidos en la legislación pertinente, el número y la naturaleza de las contravenciones notificadas, etc.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República de Corea

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) (ratificación: 2008)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU) y de la respuesta del Gobierno a las mismas, ambas recibidas junto a la memoria del Gobierno, el 4 de septiembre de 2014.

Artículo 4, 2), c), del Convenio. Mecanismos para garantizar la observancia. En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual aumentó de manera continuada, en los últimos cinco años, el número de inspectores de seguridad laboral. La Comisión también toma nota de que, según la FKTU, el número de inspectores de seguridad laboral, aproximadamente 300, es claramente insuficiente para prevenir los accidentes del trabajo en el país y los empleadores están menos motivados para cumplir con sus funciones, debido a la escasez de personal de inspección. La FKTU pide al Gobierno que contrate más inspectores de seguridad laboral con conocimientos técnicos. En su respuesta, el Gobierno reconoce el déficit de personal de inspección del trabajo e indica que en la actualidad un inspector de seguridad laboral está a cargo de aproximadamente 6 900 lugares de trabajo y 54 000 trabajadores. También menciona que, en 2013, el Ministerio de Empleo y Trabajo llevó a cabo un plan de reorganización que dio lugar a la asignación de 35 inspectores a lugares de trabajo con elevadas tasas de accidentes. Por último, el Gobierno indica su intención de abordar este asunto en colaboración con la administración competente. Teniendo presente su observación relativa a la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), la Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para fortalecer su sistema de inspección del trabajo, en especial, con respecto a la aplicación eficaz de las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Se solicita también al Gobierno que comunique información sobre esas medidas y sobre los resultados obtenidos.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Eslovenia

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) (ratificación: 1992)

Artículo 3, 1), del Convenio. Prohibición de emplear a jóvenes y mujeres. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno reitera la información comunicada en 2004 y 2009 sobre las disposiciones que prohíben el empleo de jóvenes en base a una evaluación del riesgo realizada por el empleador, teniendo en cuenta la utilización de plomo y sus compuestos; y las disposiciones que otorgan una protección a las trabajadoras embarazadas y a las trabajadoras que han dado a luz recientemente y se encuentran en período de lactancia. La Comisión remite una vez más al Gobierno a sus comentarios anteriores respecto de este artículo y reitera su solicitud de que el Gobierno comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas para prohibir el empleo de hombres menores de 18 años de edad y de todas las mujeres en cualquier trabajo de pintura de carácter industrial que entrañe el empleo de cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique más información sobre la evaluación del riesgo que han de realizar los empleadores en virtud del artículo 6 de las normas sobre protección de la salud en el trabajo de niños, adolescentes y jóvenes, con especial referencia a una evaluación del riesgo vinculada con el empleo que entrañe la utilización de cerusa y de sus compuestos.

Artículo 5, 1), a). Prohibición de la utilización de cerusa. La Comisión toma nota de que el Gobierno se remite a la información ya comunicada en su memoria anterior, en la que se indicaba que en el artículo 8, 1) y 2), del reglamento sobre la protección de los trabajadores de riesgos de exposición a sustancias químicas en el trabajo, se requiere que un empleador elimine o reduzca, todo lo posible, el riesgo en el trabajo de sustancias químicas peligrosas para la seguridad y la salud de los trabajadores. La Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que se prohíba en los trabajos de pintura el empleo de cerusa, de sulfato de plomo o de productos que contengan estos pigmentos, excepto en forma de pasta o de pintura preparada para su empleo.

España

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) (ratificación: 1924)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida el 10 de septiembre de 2014, así como de las observaciones de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) recibidas el 22 de agosto de 2014 y de las observaciones de la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 29 de agosto de 2014, que se refieren fundamentalmente a las estadísticas, a la disminución de las actividades de la inspección del trabajo y a la necesidad de mayores medidas de prevención y protección de los trabajadores autónomos. La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno a estas observaciones, recibida el 25 de noviembre de 2014 y que será examinada oportunamente.

Artículo 5, párrafo II, apartado c), del Convenio. Medidas tendientes a evitar que la ropa que no se use durante el trabajo se ensucie con los materiales empleados en la pintura. La Comisión toma nota de que según la CCOO, en el Real decreto núm. 374/2001 sobre el riesgo químico no se obliga a las empresas a poner a disposición de los trabajadores vestuarios y duchas, así como un tiempo reglado para que puedan proceder al lavado previo y posterior y a separar la ropa de trabajo de la ropa de calle para evitar que esta última se ensucie, en cumplimiento de lo previsto en el apartado c) del párrafo II del artículo 5 del Convenio. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que la legislación aplicable en materia de utilización de cerusa es fundamentalmente la normativa comunitaria, cuya transposición en el orden jurídico español se realizó mediante el Real decreto núm. 374/2001. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento al inciso c) del párrafo II del artículo 5 del Convenio y que proporcione informaciones sobre el particular.

Artículo 7. Estadísticas. Con relación a sus comentarios anteriores en que la Comisión tomó nota de que en 2006 hubo dos afectados por enfermedades profesionales producidas por el plomo, con baja leve, en tanto que en 2017 hubo 47 casos, el Gobierno indica que desconoce los motivos de ese pico que se dio en dos provincias. La Comisión toma nota con preocupación de que según el Gobierno, los datos publicados sobre enfermedades profesionales tras la implantación del CEPROSS (sistema de notificación de enfermedades profesionales) no permiten desagregar los datos sobre el plomo. Al respecto, la Comisión toma nota de que según la UGT, la manera en que se desglosa el número de enfermedades profesionales en las estadísticas no permite saber cuántas fueron causadas por desarrollar actividades en las que el plomo está presente. La Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que sea posible desagregar los datos correspondientes al saturnismo entre los obreros pintores a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Convenio y que proporcione informaciones sobre el particular.

Aplicación del Convenio en la práctica. Trabajadores autónomos. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre la aplicación del Convenio en la práctica a los trabajadores autónomos y sobre las actividades de la inspección del trabajo con relación al presente Convenio.

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (ratificación: 1973)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y por la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 22 y 29 de agosto de 2014, respectivamente. Las observaciones de la CCOO también están incluidas en la memoria del Gobierno recibida el 10 de septiembre de 2014.

Artículo 4. Prohibición del empleo de benceno y de productos que contengan benceno como disolvente o diluente. Transportistas, cargadores y descargadores. La Comisión toma nota de que según indica la CCOO, el Real decreto núm. 665/97 establece que el primer principio preventivo respecto de las substancias cancerígenas es buscar una alternativa a su uso y que, aunque el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) ha elaborado notas técnicas de prevención como la núm. 712 que desarrolla criterios para proceder a la sustitución de sustancias y preparados, su uso es voluntario. Agrega el sindicato que los límites de sustancias cancerígenas no deberán considerarse satisfactorios dado que el riesgo persiste, aun dentro de los límites establecidos. Por su parte, la UGT indica que el benceno es considerado como cancerígeno de nivel 1A y como mutágeno de nivel 1B según el Real decreto núm. 1272/2008. Su uso en España está limitado pero aún quedan profesiones en las que el trabajador está en contacto con este producto químico altamente peligroso. En concreto, menciona a los trabajadores de gasolineras y transportistas de combustible, los cuales quedan expuestos a sus riesgos en las operaciones de llenados de tanque, subraya que deben ser protegidos y que sería recomendable establecer medidas de protección de forma obligatoria. Con relación a las preguntas formuladas en sus últimos comentarios, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el Real decreto núm. 87/2014, de 14 de febrero, que regula las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, en su disposición adicional cuarta, se remite a las normas de SST vigentes en la materia, es decir, a la Ley núm. 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales y a sus normas reglamentarias; fundamentalmente al Real decreto núm. 374/2001, de protección de la seguridad y salud en el trabajo contra los riesgos relacionados con agentes químicos durante el trabajo, que se aplicaría a los trabajadores ante un posible riesgo de exposición a un producto tóxico e inflamable como el benceno. Indica además que en el apartado 2 del artículo 1 del decreto núm. 665/1997, de 12 de mayo, se indican las disposiciones mínimas aplicables a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a sustancias cancerígenas y que ello incluye a transportistas y fundamentalmente a cargadores y descargadores. La Comisión pide al Gobierno que indique las profesiones en que el trabajador está en contacto con el benceno y las normas obligatorias de protección que dan efecto al Convenio respecto de estas categorías, incluyendo a los transportistas, cargadores y descargadores.

Artículo 11, párrafo 1. Prohibición del empleo de mujeres embarazadas y de madres lactantes en trabajos que entrañen exposición al benceno. Legislación y aplicación en la práctica. Con relación a sus comentarios anteriores la Comisión toma debida nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno indicando que el benceno o los productos que contengan benceno están incluidos en los anexos VII y VIII del Real decreto núm. 39/1997, que promueven la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora embarazada. La Comisión toma nota por otra parte de las indicaciones de la UGT según los cuales si no hay puesto de sustitución, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social conceden prestaciones pero hace hincapié en que las mutuas no deberían dilatar en el tiempo el reconocimiento de esta prestación, ya que el benceno afecta desde el primer trimestre de embarazo tanto a la madre como al feto. Además, las mutuas deberían dar a conocer estas prestaciones ya que hay un gran desconocimiento y muchas trabajadoras optan por solicitar una baja por contingencia común, lo que supone una merma de sus ingresos. Por último, la UGT se refirió a los servicios de prevención y señaló que se debe reforzar la importancia de la evaluación de los riesgos químicos y biológicos y las medidas preventivas formuladas por personal suficientemente calificado. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre la manera en que asegura en la práctica la aplicación de este artículo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) (ratificación: 1980)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), y por la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas respectivamente, el 12 y 29 de agosto de 2014. La Comisión toma nota también de la respuesta del Gobierno a estas observaciones, recibida el 25 de noviembre de 2014 y que será examinada oportunamente.

Artículo 6, párrafo 2, del Convenio. Deber de colaborar cuando varios empleadores desarrollan actividades simultáneamente en un mismo lugar de trabajo. La Comisión toma nota de que la UGT manifiesta que la ley es estricta al establecer el deber de coordinación de los empleadores que realicen simultáneamente actividades en el mismo lugar de trabajo. Sin embargo, según declara dicha organización, en la práctica, cuando una empresa detecta un determinado riesgo en una evaluación previa a la realización de una actividad, y éste puede suponer un problema específico, la empresa en cuestión subcontrata a otra empresa a los efectos de que realice el trabajo con riesgo, para así transferirle la responsabilidad al subcontratista, y sustraerse a la responsabilidad por los posibles daños y consecuencias que pudieren sufrir los trabajadores subcontratados. A este respecto, la Comisión recuerda a la atención del Gobierno que el artículo 6 prescribe que, cuando varios empleadores realicen simultáneamente actividades en el mismo lugar de trabajo, tendrán el deber de colaborar para aplicar las medidas prescritas. Es decir, que la colaboración entre los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo no es facultativa sino que implica un deber. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para dar pleno efecto a este artículo en la práctica, incluidos los casos de subcontratación, y que proporcione informaciones sobre las actividades de fiscalización llevadas a cabo a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 1985)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y por la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 12 de agosto de 2014 y el 29 de agosto de 2014, respectivamente. Las observaciones de la CCOO también están incluidas en la memoria del Gobierno recibida el 10 de septiembre de 2014.

Artículo 9 del Convenio. Sistema de inspección apropiado y suficiente. La Comisión nota de que, según la observación formulada por la UGT, la siniestralidad laboral no ha dejado de aumentar en 2014, y que a pesar de ello, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) redujo en 2013 el número de actuaciones en casi un 10 por ciento, lo que trajo aparejado una menor cantidad de infracciones declaradas y de sanciones (como se indica en las estadísticas facilitadas por el Gobierno, en particular, en los cuadros del año 2012 y del año 2013 relativos a las actividades de la ITSS – 2009-2013), que se adjuntan a su memoria. La Comisión también toma nota de lo expresado por esta organización sindical en el sentido de que el Gobierno debería implicarse más en esta materia, mediante el incremento de las actuaciones de control a fin de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en todos los sectores y empresas. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios respecto de las observaciones formuladas por la UGT.

Artículo 11, párrafos c) y e) leídos conjuntamente con los artículos 4 y 7. Declaración de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y publicación de estadísticas. Política Nacional. Exámenes globales o relativos a determinados sectores. La Comisión toma nota de que, según la UGT, se debería modificar la publicación de estadísticas sobre enfermedades profesionales para ceñirse a un modelo similar al de las estadísticas de los accidentes de trabajo. Según dicha organización, tales estadísticas deberían estar disponibles en forma mensual, en ellas se deberían especificar las muertes por enfermedad profesional, así como realizarse un desglose de las enfermedades profesionales (de modo que conste en dicho desglose el código correspondiente a cada enfermedad profesional), según el Cuadro de enfermedades profesionales español. A este respecto, la Comisión nota que según surge de las informaciones relativas a las actividades de la ITSS – 2009-2013, que figuran en la memoria presentada por el Gobierno, se suministran estadísticas sobre enfermedades profesionales, elaboradas por el Observatorio de enfermedades profesionales (CEPROSS), pero en ellas no se desglosa por ramas de actividad económica como sí se lo hace en las estadísticas relativas a los accidentes profesionales. Asimismo, la Comisión toma nota de que según la CCOO se debería mejorar y simplificar el sistema de registro y notificación de las enfermedades profesionales. Además, indica que muchas enfermedades profesionales no se notifican como tales sino más bien como enfermedades comunes con lo cual no se identifica la causa. La Comisión recuerda que según el párrafo 296 de su Estudio General de 2009 sobre la seguridad y la salud en el trabajo, una compilación eficaz de datos y su análisis por los Estados Miembros es fundamental para identificar los ámbitos prioritarios de acción en materia de SST, incluidos los recursos y las necesidades de formación para abordar los fallos y evaluar posteriormente la eficacia de las medidas adoptadas para subsanarlos. En efecto, contar con informaciones estadísticas completas, confiables y actualizadas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales resulta indispensable para la formulación y revisión de la política nacional de SST. La Comisión invita al Gobierno a examinar estas cuestiones en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, en el marco de la revisión periódica de su política nacional, y teniendo asimismo en cuenta el artículo 7 del Convenio y le solicita que proporcione informaciones sobre el particular.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1990)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y por la Unión General de Trabajadores (UGT), recibidas el 12 de agosto de 2014 y el 29 de agosto de 2014, respectivamente. La Comisión toma nota también de la detallada memoria del Gobierno recibida el 10 de septiembre de 2014, que incluye las observaciones de la CCOO.

Artículo 1, 1), del Convenio. Campo de aplicación. Trabajadores autónomos. La Comisión toma nota de que la UGT señala que ni la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ni sus normativas conexas se aplican a los trabajadores autónomos, y que por lo tanto a estos trabajadores no se les aplica la normativa expresa en materia de asbesto, vale decir, el Real decreto núm. 396/2006 de 31 de marzo de 2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva informar sobre la manera en que asegura la aplicación del Convenio a los trabajadores autónomos, teniendo en cuenta que el Convenio se aplica a todas las actividades en que los trabajadores estén expuestos al asbesto en el curso de su trabajo.

Artículos 3 y 4. Revisión periódica de la legislación nacional. Consulta a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota de que la CCOO resalta que existen muchas instancias en las que se plantea la necesidad de revisión y actualización del referido Real decreto núm. 396/2006 para adaptarlo a las situaciones actuales, a los proyectos normativos de la Unión Europea, a la experiencia acumulada y al conocimiento actual. Indica por ejemplo que de los resultados del «Programa de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al amianto» se desprende que se han diagnosticado un conjunto de enfermedades profesionales, pero que sólo un escasísimo 2 por ciento es reconocido como tal por el Sistema de Seguridad Social español. Según la CCOO esa situación tiene como consecuencia la falta de compensación a los afectados de esas patologías, y revela graves deficiencias en los procedimientos. Al respecto, la CCOO expresa que es necesario ampliar el cuadro de enfermedades profesionales a todas aquellas otras que la evidencia científica vincula como patologías relacionadas con el amianto. También declara que se debería crear un fondo de compensación para aquellos trabajadores afectados que ya no tienen una empresa que responda por los daños que se les ocasionaran, tras haber reconocido que su salud se ha visto afectada por exposición al amianto. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva proporcionar informaciones sobre las medidas adoptadas o previstas para examinar estas cuestiones, de conformidad con los artículos 3 y 4 del Convenio, a la luz de los conocimientos científicos y técnicos, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas y que proporcione informaciones sobre el particular, incluyendo sobre la notificación.

Artículo 21, apartado 4. Otros medios de mantener sus ingresos. La Comisión toma nota de que la UGT pone de relieve la problemática de los trabajadores que precisan un cambio de puesto de trabajo por no poder exponerse (por prescripción médica) al asbesto, pero que a veces ello es imposible porque la empresa se dedica únicamente a la retirada de dicho del asbesto. La UGT también se refiere a que todas las víctimas del asbesto deberían tener derecho a un tratamiento médico apropiado y apoyo financiero de los regímenes de la seguridad social, e indica que dentro de las medidas de apoyo financiero deberían incluirse medidas de adelanto en la edad de jubilación y apoyo social a los enfermos y sus familiares. Por su parte, la CCOO manifiesta que en lo referido al trabajo alternativo y el mantenimiento de las percepciones económicas del trabajador, y habida cuenta de la situación económica que atraviesa España en la actualidad, resulta más sencillo la sustitución del trabajador, y por lo tanto, la salida del mercado de trabajo de aquellos trabajadores para los que no es aconsejable la exposición al asbesto, que adoptar medidas para ofrecer al trabajador afectado otros medios de mantener sus ingresos. Según señala dicha organización, no se trata entonces de un problema de carácter normativo, sino de carácter práctico, puesto que las empresas prescinden de los trabajadores en vez de tomar medidas tendientes a adaptar y modificar las condiciones de trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto junto con detalladas informaciones sobre otros medios aplicados o previstos para mantener los ingresos del trabajador cuando no sea aconsejable desde el punto de vista médico la asignación permanente a un trabajo que entrañe exposición al asbesto, y en particular sobre su aplicación en la práctica.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Ex República Yugoslava de Macedonia

Convenio sobre la cerusa (pintura), 1921 (núm. 13) (ratificación: 1991)

La Comisión toma nota de que en su breve memoria, el Gobierno se refiere una vez más al reglamento sobre los requisitos mínimos de salud y seguridad para la exposición de los trabajadores a sustancias químicas, indicando que, en virtud del artículo 11, 2), del reglamento, los procedimientos relativos a la protección de la salud cuando se trabaja con sustancias químicas peligrosas respecto de las cuales existe un valor límite biológico vinculante, están previstos en el anexo 2 del reglamento. Sin embargo, la Comisión toma nota de que, a pesar de su solicitud, el Gobierno no ha presentado una copia del reglamento y de sus anexos y no ha comunicado información sobre las medidas adoptadas para dar efecto al Convenio. Recordando que la Oficina está disponible para asistir a los gobiernos en la armonización de su legislación y práctica nacionales con este Convenio, la Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas para dar pleno efecto a cada una de las disposiciones del Convenio y que presente una copia del mencionado reglamento y de sus anexos.

Filipinas

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno respecto de la entrada en vigor de la Orden Administrativa del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (DAO) 2010-21 (en lo sucesivo «DAO 2010-21»), mediante la cual se da cumplimiento al artículo 12 del Convenio (artículo 144 b)). La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas legislativas adoptadas en relación con la aplicación del Convenio.

Artículo 5, 5), del Convenio. Planos de la explotación. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que en virtud del artículo 144 de la DAO 2010-21, todas las personas que se dedican a la explotación de minas deben presentar un Programa de Seguridad y Salud Anual (ASHP), que se utilizará durante todas las actividades que se realicen en la mina, en el que deben figurar varios elementos, entre ellos, normas relativas a la organización y la gestión de riesgos ambientales. Sin embargo, la Comisión advierte que en la disposición a la que el Gobierno hace referencia no se incluye la prescripción de que los empleadores deban preparar planos de la explotación. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información adicional sobre las medidas adoptadas, en la legislación y en la práctica, tendientes a garantizar que el empleador responsable de la mina prepare planes apropiados de la explotación antes de iniciar las operaciones, y que cada vez que haya una modificación significativa, éstos se actualicen de manera periódica.

Artículo 7, a). Diseño y construcción seguros de las minas y suministro de equipos eléctricos, mecánicos y de otra índole. La Comisión toma nota de que según el Gobierno en el artículo 150 de la DAO 2010-21 se establece que se debe obtener un permiso, que será expedido por el Director Regional, antes de que se puedan realizar instalaciones de energía eléctrica y/o instalaciones mecánicas en las operaciones mineras, y que en las reglas 21.20 (párrafo 5) y 989 (párrafo 68) de las Normas de Seguridad y Salud en las Minas de 2000 (en adelante «DAO 2000-98») se establece la obligación de que los empleadores mantengan sistemas de inspección para detectar riesgos de seguridad en la operación de las minas y para verificar la seguridad del cableado y de los equipos eléctricos. Sin embargo, la Comisión observa que en las disposiciones legislativas a las que se refiere el Gobierno no se prevé la obligación de que los empleadores deben asegurarse de que la mina se diseñe, se construya y se dote de equipos eléctricos, mecánicos y de otra índole, incluido un sistema de comunicación, de tal manera que se garantice una explotación segura y un medio ambiente de trabajo salubre. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas, en la legislación y en la práctica, para asegurar que los empleadores cumplan las obligaciones previstas en el presente artículo del Convenio.

Artículo 10, c). Medidas y procedimientos tendientes a establecer un sistema de registro que permita saber los nombres de todas las personas que están bajo tierra y la localización de las mismas. La Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno, según la cual el empleador debe establecer puestos de guardia en el acceso principal de las minas subterráneas y de llevar registros del horario diario de trabajo de cada uno de los trabajadores. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el sistema «Chapa» se utiliza en la mayoría de las operaciones mineras subterránea para realizar un recuento de todos los trabajadores al finalizar su turno de trabajo. Sin embargo, la Comisión advierte que no se proporciona ninguna información sobre la manera en que se registra la posible localización de los trabajadores en la mina, y al no ofrecerse detalles sobre el sistema «Chapa», no resulta posible evaluar si se cumple plenamente este artículo del Convenio. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información adicional sobre la manera en que da cumplimiento, en la legislación y en la práctica, a este artículo del Convenio, que incluyan referencias específicas a la legislación pertinente a este respecto. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que facilite información detallada sobre el sistema de registro «Chapa».

Artículo 13, 1), a), y 2), f). Derechos y obligaciones de los trabajadores y sus representantes en lo que atañe a la notificación de los accidentes, los incidentes peligrosos y los riesgos a la autoridad competente y a la recepción de notificación de los accidentes e incidentes peligrosos. La Comisión toma nota de que las disposiciones de la DAO 2000-98 mencionadas por el Gobierno, y más concretamente, las reglas 23.1 y 24 (párrafo 6), dan cumplimiento al artículo 13, párrafos 1, b), y 2, b), i), del Convenio. Sin embargo, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona información sobre las disposiciones legislativas que dan efecto a los párrafos 1, a), y 2, f) de este artículo. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas o que se propone adoptar, en la legislación y en la práctica, tendientes a garantizar que los trabajadores y sus representantes puedan ejercer el derecho a informar los accidentes, los incidentes peligrosos y los riesgos al empleador y a la autoridad competente, y que los representantes de los trabajadores reciban una notificación de los accidentes y de los incidentes peligrosos pertinentes para los sectores para los que han sido elegidos.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión acoge con agrado los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno sobre los accidentes en la industria minera respecto del ejercicio económico 2012-2013, desglosados por métodos y empresas de explotación minera. La Comisión toma nota de que, en consonancia con el aumento del número de empleados del sector minero, que pasó de 44 397 en el ejercicio 2011-2012 a 93 091 en el ejercicio 2012-2013, el número de accidentes también aumentó considerablemente durante ese período, y que el número de accidentes no mortales sin pérdida de tiempo de trabajo se ha visto incrementado de 725 a 1 226, el de accidentes no mortales con pérdida de tiempo de trabajo aumentó de 54 a 69, y que el de accidentes mortales aumentó de 6 a 17. La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre las medidas adoptadas o que prevea adoptar para responder al aumento de los accidentes de trabajo en la industria minera. Asimismo, pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la aplicación del Convenio, en la práctica, incluidas copias de los informes de inspección e información sobre el número de trabajadores cubiertos por la legislación, el número y la naturaleza de las infracciones observadas, y el número, la naturaleza y la causa de los accidentes informados.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Guatemala

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) (ratificación: 1989)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) recibidos el 3 de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios a este respecto.

Artículos 2 y 4 del Convenio. Política nacional coherente sobre servicios de salud en el trabajo en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas. Medidas. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores había tomado nota de que se encontraba en discusión en el Congreso de la República la Política nacional de salud, higiene y seguridad ocupacional. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria informa que no existe una política de seguridad y salud en el trabajo, ni una reglamentación adecuada y articulada de SST y que ni siquiera existe una norma técnica para los trabajadores de la construcción, aunque la naturaleza de sus labores es reconocida mundialmente como de alto riesgo. En estas condiciones, la Comisión pide al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas y a la luz de las condiciones y la práctica nacionales, tome las medidas necesarias para formular, aplicar y reexaminar periódicamente una política nacional coherente sobre servicios de salud en el trabajo y las medidas necesarias para dar efecto al Convenio, tal como lo establece el artículo 4 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto.

Artículo 3, 1) y 2). Establecer progresivamente servicios de salud en el trabajo para todos los trabajadores. La Comisión observa que el Gobierno no ha comunicado las informaciones solicitadas sobre la aplicación de este artículo del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas para establecer progresivamente servicios de salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluidos los del sector público y los miembros de las cooperativas de producción, en todas las ramas de actividad económica y en todas las empresas.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que las enfermedades profesionales no son contempladas, la falta de reglamentación no permite el reconocimiento de las mismas, ni su tratamiento ni compensación oportuna. El Gobierno indica que, sin embargo se ha logrado un nuevo escenario político laboral que propicia una capacidad de diálogo social que podría facilitar los cambios. La Comisión se refiere a sus consideraciones efectuadas en el párrafo siguiente. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones al respecto y en particular sobre los avances logrados en la aplicación efectiva del Convenio.

Asistencia técnica. Protocolo de intenciones de 2014. La Comisión saluda la firma del Protocolo de intenciones entre el Congreso de la República de Guatemala por medio de la Comisión de Trabajo y el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, de fecha 10 de septiembre de 2014, cuya disposición segunda c) establece el compromiso de las partes a colaborar en asistencia técnica en la preparación y redacción de proyectos de ley en el área de la legislación laboral. La Comisión espera que dicha asistencia técnica se haga efectiva a la brevedad y que contribuya a dar efecto a las disposiciones del Convenio y pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1989)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), recibidas el 3 de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.

Legislación y otras medidas para dar efecto al Convenio. La Comisión recuerda que, desde hace muchos años pide al Gobierno que adopte las medidas legislativas necesarias para dar efecto al Convenio. La Comisión toma buena nota de que el Gobierno en su memoria ha solicitado la asistencia técnica de la Oficina para adoptar medidas sobre el uso y regulación del asbesto, y que el Consejo Nacional de Salud e Higiene Ocupacional (CONASSO) acordó tratar el Convenio de manera extraordinaria en 2014 e incluir en su agenda ordinaria 2014-2016 el seguimiento a todos los convenios ratificados y recomendaciones a dichos convenios, que de manera directa e indirecta se relacionen con el tema de salud y seguridad ocupacional. La Comisión toma nota también de que el Gobierno comunicó a la Oficina un proyecto de acuerdo gubernativo para regular el uso del asbesto en Guatemala.

A este respecto, al tiempo que saluda esta iniciativa del Gobierno para dar efecto al Convenio, la Comisión observa sin embargo que el proyecto de acuerdo gubernativo en cuestión no está en plena conformidad con las disposiciones del Convenio. En particular, el anteproyecto no prevé disposiciones específicas para prohibir la utilización de la crocidolita (artículo 11); prohibir la pulverización de todas las formas de asbesto (artículo 12); asegurar mediante la legislación que los empleadores notifiquen, en la forma y con la extensión que prescriba la autoridad competente, determinados trabajos que entrañen exposición al asbesto (artículo 13) y prescribir límites de exposición (artículo 15). Además, la Comisión hace notar que el Convenio requiere que la autoridad competente establezca un sistema de autorización para empleadores o contratistas calificados para emprender las demoliciones a que se refiere el artículo 17; establezca métodos para medir la concentración del asbesto en suspensión y fije la periodicidad de tales exámenes y otras cuestiones relativas a la vigilancia del ambiente de trabajo (artículo 20). La Comisión nota que el proyecto tampoco da efecto a estos artículos del Convenio. Respecto del artículo 21 del Convenio (vigilancia de la salud de los trabajadores), la Comisión hace notar que si bien el proyecto establece que debe haber exámenes de salud no especifica los mismos ni tampoco contiene disposiciones sobre la notificación como lo requiere este artículo del Convenio.

En estas condiciones, la Comisión expresa la firme esperanza de que, previa consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, el acuerdo gubernativo para regular el uso del asbesto en Guatemala al que se refiere el Gobierno será promulgado en un futuro muy próximo; dará pleno efecto al Convenio y tendrá plenamente en cuenta los comentarios formulados. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre toda evolución al respecto. Por último, la Comisión confía en que la OIT brindará la asistencia técnica requerida por el Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Guinea

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 6 del Convenio. Estadísticas. La Comisión toma nota con interés de que, según las estadísticas suministradas por el Gobierno, parece haber disminuido el número de accidentes en el sector de la construcción y de las obras públicas en 2004 y 2005, pero globalmente parece haber aumentado el número de casos en todas las categorías profesionales. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información estadística exhaustiva en relación con la aplicación del Convenio en la práctica.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica, en su última memoria, que se había preparado un proyecto de ordenanza relativo a la contaminación del aire, los ruidos y las vibraciones, los pozos negros de letrina, el agua potable y la protección contra las radiaciones que, posteriormente, fue dividido en varios proyectos de ordenanza para que fuese más fácilmente aplicable. Esos proyectos tendrían que haberse adoptado desde hace un cierto tiempo. No obstante, la comisión consultiva del trabajo y legislación social, de carácter tripartito, está integrada por diferentes miembros con preocupaciones muy diversas que, a veces, entrañan compromisos a nivel nacional, lo que les ha permitido finalizar su reunión habitual. Además, el Gobierno declara que el Estado guineano tiene tareas prioritarias, incluso en el ámbito de la adopción de textos legislativos y reglamentarios. La Comisión constata que el Gobierno viene anunciando desde hace muchos años su intención de adoptar disposiciones reglamentarias destinadas a garantizar la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes, sin adoptar, no obstante, las medidas necesarias a estos efectos. La Comisión lamenta comprobar la actitud del Gobierno que ignora la urgencia de tomar las medidas legislativas necesarias a fin de promulgar disposiciones reglamentarias en materia de protección contra las radiaciones ionizantes. A este respecto, la Comisión recuerda que este Convenio fue ratificado por Guinea en 1966 y que, desde ese entonces, la Comisión se ha visto obligada a formular comentarios sobre diferentes puntos relativos a la aplicación del Convenio. La Comisión recuerda que, cuando el Gobierno ratifica soberanamente un convenio, se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para poner en ejecución las disposiciones del Convenio en cuestión. La Comisión considera por otra parte, que si bien el Gobierno puede alegar que existen otras cuestiones que deben ser objeto prioritario de la actividad legislativa o reglamentaria, sería oportuno, después de tantos años transcurridos, que adopte las medidas necesarias para que los proyectos de ordenanzas que puedan estar relacionados con la aplicación de las disposiciones de este Convenio sean adoptados lo más rápidamente posible. La Comisión reitera la esperanza que el Gobierno estará próximamente en condiciones de anunciar la adopción de disposiciones que abarquen todas las actividades que entrañen la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes durante su trabajo y conformes con los límites de dosis mencionados en su observación general de 1992, a la luz de los conocimientos actuales, incorporados en las recomendaciones de 1990 de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones (CIPR) y en las Normas básicas internacionales de protección contra las radiaciones ionizantes y para la seguridad de las fuentes de radiación, establecidas en 1994.

Artículos 2, 3, párrafo 1, 6 y 7 del Convenio. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales, los límites de dosis en vigor correspondían a un equivalente de dosis anual de 50 mSv para las personas expuestas a radiaciones ionizantes. La Comisión había recordado las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes establecidas en las recomendaciones de 1990 de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones (CIPR) y las Normas básicas internacionales de protección de 1994. Para los trabajadores directamente afectados a trabajos expuestos a radiaciones esas dosis son de 20 mSv por año sobre un término medio de cinco años (100 mSv en cinco años) y la dosis efectiva no debe superar anualmente los 50 mSv. Además, la Comisión señala igualmente a la atención los límites de dosis previstos para los aprendices de 16 a 18 años de edad fijados, en el anexo II, párrafo II-6 de las Normas básicas internacionales de protección de 1994. La Comisión reitera la esperanza de que las dosis y las cantidades máximas que serán establecidas en el proyecto de ordenanza del Gobierno, estarán en conformidad con las dosis y cantidades máximas admisibles, y que el proyecto sea efectivamente adoptado.

Exposición ocupacional durante una emergencia y suministro de otro empleo. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas en relación con las cuestiones planteadas en el párrafo 35, c) y d) de las conclusiones de su observación general de 1992 relativa al Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria por la séptima vez consecutiva del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de que el Gobierno no tiene la intención de enmendar en la actualidad el decreto núm. 2265/MT, de 9 de abril de 1982, pero prevé formular, en consulta con los interlocutores sociales, directrices técnicas sobre los productos cancerígenos perjudiciales y peligrosos, especialmente el benceno. La Comisión también toma nota de que las directrices previstas estarán disponibles para todos los usuarios. Espera que las directrices se formulen y adopten sin retrasos y solicita al Gobierno que comunique información acerca de todo progreso realizado en este tema.

Artículo 4, párrafo 2, del Convenio. La Comisión toma nota de la información del Gobierno relativa a los procesos que utilizan métodos de trabajo seguros como los que se llevan a cabo en un sistema cerrado. Toma nota, en particular, de que el aumento de las inspecciones del trabajo y de la salud en las empresas y la implicación de los comités de trabajadores de salud, seguridad y condiciones de trabajo (CHSCT), garantizan que los procesos se lleven a cabo en las condiciones lo más seguras posible. La Comisión solicita al Gobierno que comunique una indicación sobre la frecuencia de las inspecciones realizadas en las empresas que utilizan benceno. También solicita al Gobierno que transmita copias de las estadísticas compiladas durante las inspecciones, para permitir que la Comisión evalúe en qué medida se aplica en la práctica esta disposición.

Artículo 6, párrafos 2 y 3. Con respecto a la concentración de vapor de benceno en el aire en los lugares de trabajo, la Comisión toma nota de que un decreto sobre los archivos de los datos relativos a la seguridad de las sustancias químicas, establece un nivel no superior a 10 ppm o a 32 miligramos por metro cúbico, en un tiempo medio ponderado de ocho horas. En consecuencia, la Comisión concluye que el límite máximo establecido en el proyecto de decreto es más bajo que el establecido en el Convenio cuando se adoptara en 1971. No obstante, desea destacar al Gobierno que el valor límite del umbral recomendado por la Conferencia Estadounidense de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH), es de 0,5 ppm en un tiempo medio ponderado de ocho horas. Por consiguiente, invita al Gobierno a que adopte medidas para armonizar el valor máximo establecido por el proyecto de decreto con el valor recomendado por la ACGIH. La Comisión también solicita al Gobierno que especifique las directrices emitidas por la autoridad competente en torno al procedimiento de determinación de la concentración de benceno en los lugares de trabajo. También solicita al Gobierno que transmita una copia del mencionado decreto en cuanto se haya adoptado.

Artículo 8, párrafo 2. Con respecto al límite de duración de la exposición de los trabajadores que, por razones especiales, puedan estar expuestos a concentraciones de benceno en el aire en los lugares de trabajo que excedan de los máximos establecidos, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, está en curso un estudio sobre este tema. Solicita al Gobierno que comunique información acerca de todo progreso realizado al respecto.

La Comisión también solicita al Gobierno que comunique los extractos de los informes de inspección pertinentes y las estadísticas disponibles sobre el número de empleados comprendidos en la legislación, así como el número y la naturaleza de las violaciones notificadas, como se solicita en la parte IV del formulario de memoria.

En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de la declaración del Gobierno, según la cual se había formulado, con la asistencia técnica de la OIT, un proyecto de decreto sobre cáncer laboral, que da pleno efecto a las disposiciones del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que indique si sigue considerándose la adopción de este decreto para su promulgación.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (ratificación: 1976)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve a reiterar sus comentarios anteriores.

En relación con los comentarios que formula desde hace varios años relativos al artículo 2, párrafo 1, del Convenio, el Gobierno explica en sus diferentes memorias que en virtud del artículo 4 de la ordenanza núm. 93/4767/MARAFDPT/DNTLS, de 4 de junio de 1993, el empleador tiene que sustituir los productos cancerígenos por otros productos que no sean cancerígenos, o que lo sean menos, si estos productos existen, y ello cada vez que, teniendo en cuenta las circunstancias, dicho cambio pueda realizarse. La Comisión toma nota de la breve información que contiene la última memoria del Gobierno según la cual se tomarán disposiciones a partir de la adopción de un nuevo Código del Trabajo para poner de conformidad con el Convenio las disposiciones del artículo 4 de dicha ordenanza. La Comisión ruega al Gobierno que comunique copia del nuevo Código del Trabajo una vez que haya sido adoptado y que indique todos los progresos que se realicen a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) (ratificación: 1982)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 1, párrafo 1, del Convenio. La Comisión toma nota de que el borrador de las condiciones de servicio en la administración pública, que se discute en el Gobierno, deberían contener las medidas necesarias para dar pleno efecto a las disposiciones de este artículo del Convenio, a través de su aplicación en la práctica en todas las ramas de la actividad económica. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de la evolución en torno a estas condiciones de servicio y que comunique una copia de las mismas cuando se hubiesen adoptado.

Artículos 4, 8 y 10. La Comisión toma nota de la información relativa al proyecto de decreto, preparado por el Gobierno, que debía examinar la Comisión Consultiva sobre Legislación Laboral y Social. Este proyecto de texto comprendería los pozos ciegos, el agua potable, los ruidos, las vibraciones, la contaminación del aire, etc. La Comisión solicita al Gobierno que indique si este texto se había emitido en virtud del artículo 171, 1), del Código del Trabajo. Recuerda al Gobierno que, con arreglo al artículo 4, las disposiciones adoptadas deberán prescribir las medidas específicas que han de adoptarse para la prevención de los riesgos laborales debidos a la contaminación del aire, a los ruidos y a las vibraciones, y para el control y la protección de los trabajadores respecto de esos riesgos. La Comisión también recuerda al Gobierno que, en virtud del artículo 8 del Convenio, el proyecto de texto anterior debería prever el establecimiento de criterios para la determinación de los riesgos de exposición a la contaminación del aire, a los ruidos y a las vibraciones y debería especificar los límites de exposición. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no indica si el proyecto de texto anterior dispone, como exige el artículo 10, la disposición de un equipo de protección personal cuando las medidas adoptadas para eliminar los riesgos no llevan la contaminación del aire, los ruidos y las vibraciones a los límites especificados por la autoridad competente. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de la adopción de este proyecto de texto, que comunique una copia cuando se hubiese adoptado y que le informe de cualquier otra medida específica adoptada para la aplicación de las disposiciones de los artículos 4, 8 y 10 del Convenio.

Artículo 9. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas técnicas y las medidas complementarias de organización del trabajo dirigidas a eliminar los mencionados riesgos.

Artículo 14. La Comisión toma nota de que el Servicio Nacional de Medicina Laboral está equipado de un laboratorio que no está adecuadamente dotado de los instrumentos requeridos para sus necesidades, pero el Gobierno proyecta, en un período de tiempo relativamente breve, dotar al mencionado servicio de un equipo moderno e idóneo. Solicita al Gobierno que la mantenga informada de los progresos realizados en el suministro de equipos al Servicio Nacional de Medicina Laboral y que le informe de cualquier otra medida adoptada para promover tal investigación.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guyana

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) (ratificación: 1966)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno y de la documentación anexa. Toma nota de que el artículo 75, 1), b), de la Ley sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo (ley núm. 32 de 1997) prevé que el Ministerio pueda adoptar un reglamento que rija de forma más detallada las cuestiones a este respecto. Toma nota del proyecto detallado de reglamento sobre la utilización de productos químicos en el trabajo, de 31 de enero de 2003, adjunto a la memoria del Gobierno. Sin embargo, también toma nota de que este proyecto no contiene reglas sobre las radiaciones ionizantes. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre las medidas adoptadas o previstas para garantizar la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes en el trabajo, especialmente a través de la publicación de un reglamento en virtud del artículo 75 de la Ley sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Artículo 3, párrafo 1, del Convenio. Protección eficaz de los trabajadores en función de los conocimientos disponibles actualmente. En lo que respecta a los límites de exposición a las sustancias y agentes químicos, la Comisión toma nota de que el anexo 2 del proyecto de reglamento menciona la norma internacional establecida por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. La Comisión aprovecha esta oportunidad para remitir al Gobierno a su observación general de 1992 en virtud de este Convenio que especifica los límites de exposición a las radiaciones ionizantes que recomienda la Comisión Internacional de Protección Radiológica (CIPR), publicación núm. 60 (1990). Por ejemplo, el nivel de exposición a las radiaciones ionizantes tolerado, recomendado por la CIPR, es de 20 mSv al año, durante una media de cinco años, pero no debe superar una dosis anual de 50 mSv. La Comisión pide al Gobierno que transmita información complementaria sobre las medidas adoptadas o previstas para dar efecto al Convenio, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones de la CIPR a las que se refiere en su observación general de 1992 en virtud de este Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (ratificación: 1983)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno, y de que el proyecto de reglamento de 31 de enero de 2003 sobre la utilización sin riesgos de productos químicos en el trabajo se está examinando. Además, toma nota de la declaración el Gobierno según la cual este proyecto de reglamento prevé la protección contra el cáncer profesional y remite a la norma internacional establecida para los límites de exposición por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. Asimismo, la Comisión toma nota de que el capítulo 3.6 del anexo 2 del proyecto contiene reglas aplicables en materia de efectos cancerígenos. También toma nota de la declaración del Gobierno, según la cual este proyecto debería prever exámenes médicos. Espera que el reglamento se adopte próximamente y que garantice la aplicación del Convenio y prevea exámenes médicos o bilógicos u otras pruebas o investigaciones, durante y después del empleo, de conformidad con el artículo 5 del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que en su próxima memoria proporcione información sobre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación del Convenio y que transmita una copia de este reglamento una vez que se haya adoptado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar las medidas necesarias en un futuro próximo.

Madagascar

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la breve información en la última memoria del Gobierno, en la que se indica la adopción de una nueva Ley sobre el Código del Trabajo (núm. 2003-044), que incluye disposiciones que requieren sistemas, equipos y materiales de construcción que han de estar sujetos a unas normas de seguridad obligatorias, incluidos el control, el mantenimiento y unas verificaciones sistemáticas. La Comisión toma nota asimismo de la intención del Gobierno de revisar las disposiciones de seguridad y salud de la orden núm. 889, de 20 de mayo de 1960, para tener en cuenta el nuevo Código del Trabajo. La Comisión reitera, como hiciera en ocasiones anteriores, su sincera esperanza de que el Gobierno acabe adoptando los textos de aplicación que han venido anunciándose a lo largo de algunos años, con el fin de dar efecto a las disposiciones de los artículos 2 y 4 del Convenio. Espera que esos textos legislativos contengan las disposiciones que den efecto a los artículos 2 y 4 del Convenio, que prohíben la venta, el arrendamiento y la cesión a cualquier otro título o la exposición de máquinas, cuyos elementos peligrosos, que se especifican en el artículo 2, párrafos 3 y 4, se hallen desprovistos de los dispositivos adecuados de protección, incumbiendo la obligación de garantizar el cumplimiento de estas prohibiciones al vendedor, al arrendador o a la persona que cede la máquina a cualquier otro título, o al expositor o al fabricante que vende, arrienda, cede a cualquier otro título o expone máquinas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la breve información en la última memoria del Gobierno, en la que se indica la ausencia de progreso en la revisión de la legislación actual, debido a la inestabilidad política en el país. La Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno indique la fecha en que la comisión técnica consultiva retomará la revisión del proyecto de decreto que establece «las prescripciones generales para la salud, la higiene y la seguridad en el trabajo y el entorno laboral», a que hace referencia el Gobierno en su memoria anterior, y, en su caso, los progresos realizados al respecto. En vista del tiempo transcurrido desde que señalara a la atención del Gobierno la necesidad de adopción de una legislación que diera efecto a las disposiciones del Convenio, especialmente de aquéllas relativas a los artículos 14 y 18, la Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno haga todo lo posible para que tal legislación se adopte en un futuro próximo.

La Comisión también solicita al Gobierno que indique si ha de publicarse aún la compilación relativa a los asuntos de principio pertenecientes a la aplicación del Convenio, a los que se hacía referencia en una memoria anterior, y reitera su solicitud de que el Gobierno comunique una copia de la misma en cuanto se haya publicado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) (ratificación: 1971)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 3 del Convenio. Establecimiento del peso máximo para el transporte manual. La Comisión toma nota de la información en la última memoria del Gobierno, en la que se indica la decisión por unanimidad de los ministros pertinentes de fijar en 50 kilos el peso máximo para el transporte manual de cualquier carga por un solo trabajador adulto masculino. La Comisión espera que la orden interministerial que da pleno efecto a las disposiciones del Convenio, incluido su artículo 3, entre en vigor sin más retrasos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Malasia

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) (ratificación: 2012)

La Comisión acoge con agrado la exhaustiva primera memoria del Gobierno.

Artículo 5, 1), del Convenio. Elaboración, aplicación, control, evaluación y reexamen periódico de un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo (SST), en consulta con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno sobre la adopción y aplicación de un plan director en materia de SST, 2009-2015, para Malasia. Toma nota con interés de que el plan director se elaboró de forma tripartita y contiene metas y objetivos claros. El objetivo general que se quiere alcanzar con este plan es crear, cultivar y mantener una cultura de seguridad y salud en el trabajo. El plan director se encuentra en la etapa intermedia de una serie de tres planes quinquenales consecutivos que se iniciaron en 2005, y se ha programado otro plan en materia de SST para 2015-2020. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas, en consulta con los interlocutores sociales, para revisar el plan director teniendo en cuenta la situación nacional y el sistema nacional de SST, con miras a formular el próximo plan quinquenal para 2015-2020.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malta

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 6 del Convenio. Prohibición por las leyes y reglamentos nacionales de la utilización de máquinas desprovistas de los dispositivos adecuados de protección. Tomando nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuesta alguna a sus comentarios anteriores, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas a fin de prohibir, de conformidad con el Convenio, la utilización de máquinas que tengan alguna parte peligrosa, incluyendo los órganos de trabajo (punto de operación), desprovista de dispositivos adecuados de protección.

Artículo 7. Deber del empleador de asegurar la observancia. La Comisión toma nota de la información sobre el efecto dado en la práctica a la Ley sobre la Autoridad en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 2000 (ley núm. XXVII de 2000) y en particular de la declaración respecto a que hay pocos delitos notificados y sanciones impuestas por infracciones a las obligaciones de los empleadores en relación con el uso de maquinaria peligrosa. Toma nota de que el Gobierno señala que uno de los problemas es que a menudo la maquinaria es de segunda mano. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los empleadores cumplen con sus obligaciones en virtud del artículo 7 en lo que respecta a la maquinaria de segunda mano.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar en un futuro cercano, las medidas necesarias.

México

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 1984)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (SNTCPF), recibida el 1.º de septiembre de 2014. Indica el sindicato que desde el accidente de Pasta de Conchos hasta la fecha han muerto al menos 107 mineros más, y que si no se pone un freno a la precarización del empleo en las minas de carbón por medio de un programa de inspección adecuado, las condiciones de trabajo actuales continuarán en el futuro. La mayoría de los siniestros hasta 2012 sucedieron en pocitos o tiros verticales y de 2012 a 2014 la mayoría ha muerto en las ahora llamadas «minitas de arrastre», las que según el sindicato son verdaderas minas de arrastre pero en condiciones precarias, ilegales e inseguras. Declara que ni los pocitos, ni las minitas de arrastre, ni las cuevas, cumplen con la norma NOM-032-STPS-2009 para minas subterráneas de carbón. Se refiere también a la disyuntiva de la Inspección del Trabajo porque al realizar inspecciones en minas que no cumplen requisitos legales, al tiempo que las controlan, de alguna manera las legalizan. En 2012 hubo una iniciativa del Presidente Calderón para prohibir los tiros verticales pero desapareció subrepticiamente y en 2013 se prohibieron los tiros verticales de hasta 100 metros de profundidad. Se pregunta el sindicato por qué a partir de 101 metros serían más seguros. Respecto de los accidentes, menciona, en particular, dos casos. El primero es el del pocito Boker en el que el 27 de marzo de 2014 murieron dos mineros del carbón de 19 y 21 años. Cayeron al fondo de un «pocito» al romperse un cable que los descendía a más de 85 metros. Ese pocito no tenía además salida de emergencia, fue inspeccionado diez veces consecutivas pero en cuanto se retiraba la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) volvía a funcionar sin ninguna medida de seguridad. El «pocito Boker» cerró y luego abrió como «salida de emergencia de un nuevo pocito». El segundo caso se refiere a la mina las Charcas en San Luis de Potosí, en la que el 12 de febrero de 2014 murieron cinco trabajadores a pesar de que la mina había sido inspeccionada cuatro veces y se habían constatado violaciones a las normas de salud y seguridad. El sindicato subraya que esta mina es propiedad del grupo que tenía la propiedad de la mina de Pasta de Conchos. Declara que, aunque la multa fue, según el STPS, la más alta que se había puesto en el país, del acta de inspección surge que el monto de la multa representa mucho menos que la inversión en seguridad para garantizar la vida, la salud y la integridad de los trabajadores. También indica que el presupuesto destinado a las inspecciones propiamente dichas bajó y que el presupuesto en equipo de protección para los inspectores no alcanza ni para comprarse el casco. Además indica que la extracción de recursos naturales sin normas de seguridad y salud en el trabajo (SST) e inspección apropiada no ocurre sólo en la minería del carbón sino que el esquema se está repitiendo con las enormes reservas de gas respecto de las cuales se acaba de aprobar la legislación para su extracción sin haberse adoptado la legislación de SST apropiada. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione sus comentarios sobre estas observaciones. Además, solicita al Gobierno que indique si la Inspección del Trabajo constató peligro grave e inminente para la salud de los trabajadores en las minas referidas, y las razones por las cuales no procedió a su cierre u otras medidas de aplicación inmediatas.

Además, la Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión está dando seguimiento a las recomendaciones contenidas en el informe adoptado por el Consejo de Administración en marzo de 2009 (documento GB.304/14/8) con relación al accidente que tuvo lugar en la mina de carbón de Pasta de Conchos en Coahuila. En sus comentarios de 2011, la Comisión tomó nota del debate que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2011 y de sus conclusiones, de una comunicación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (SNTCPF), de la memoria del Gobierno, y de las observaciones del Gobierno a una comunicación del mismo sindicato recibida en 2010. La Comisión indicó que el debate y las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia se refieren asimismo al seguimiento del informe sobre la reclamación y en dicho marco, a la aplicación del Convenio a los trabajadores de las minas de carbón en Coahuila. También se refieren a la misma situación las comunicaciones del sindicato de 2010 y 2011. La Comisión toma nota de la detallada memoria del Gobierno y de una comunicación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). La UNT declara que el Gobierno no ha informado fehacientemente a la opinión pública sobre el número de siniestros, condiciones generales de trabajo y organizaciones que representen a los trabajadores formales e informales que prestan servicios en los llamados «pocitos» y que ignora si tal información se incluyó en las memorias. Proporciona algunas informaciones sobre nuevos accidentes de trabajo que se han cobrado la vida de trabajadores mineros, publicadas en los medios de comunicación. La Comisión invita al Gobierno a comunicar los comentarios que considere oportuno formular sobre la comunicación de la UNT.

I. Medidas a ser adoptadas en consulta con los interlocutores sociales

Artículos 4, párrafos 1 y 2, y 7 del Convenio. Política nacional. Exámenes globales o relativos a determinados sectores: actividades laborales peligrosas como las que se realizan en el sector de la minería del carbón.

a) Registro de datos confiables sobre las minas existentes y de los trabajadores de esas minas.

Antecedentes. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que según el Gobierno, en Coahuila existen 909 concesiones mineras que abarcan una superficie de 2,5 millones de hectáreas y que existen nueve grandes minas de carbón y 62 medianas. Respecto de los pocitos (pequeñas minas), el Gobierno indicó que con el sistema satelital GeoInfoMex, a partir de marzo de 2010 se dio inicio a un trabajo de ubicación de tales pequeñas minas que concluyó en mayo de 2011. Esto permitió identificar la existencia de 563 tiros verticales de los cuales se ha podido apreciar actividad en 297, los cuales serán inspeccionados. La Comisión tomó nota de que el Gobierno diferencia entre registro de concesiones mineras y registro de centros de trabajo y manifiesta que está progresando en la coordinación entre los diferentes órganos del Estado relacionados con la minería en Coahuila. La Comisión solicitó al Gobierno que continuara proporcionando informaciones actualizadas sobre el número y tipo de minas y, recordando la solicitud de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, le solicitó que diferenciara las minas registradas de las no registradas en dichas informaciones. Asimismo, la Comisión solicitó al Gobierno que indicara el número total de mineros estimado en Coahuila, el número de mineros registrados y el número estimado de mineros no registrados. Se trata de dos cuestiones diferentes pero complementarias, que forman parte de la aplicación del Convenio a todos los lugares de trabajo y a todos los trabajadores que se encuentren en el lugar de trabajo, por lo cual le solicitó que adoptara las medidas necesarias para contar con registros lo más completos posible al respecto y que informara sobre el particular.

Memoria 2012. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, al mes de mayo de 2012, existen 30 458 concesiones vigentes a nivel nacional, de las cuales 2 463 se encuentra ubicadas en el Estado de Coahuila; entre éstas 970 corresponden a minas de carbón, 297 de las cuales son pozos o tiros verticales. En relación con los 297 pozos o tiros verticales identificados en Coahuila, respecto de los cuales la Comisión había tomado nota en sus precedentes comentarios, se han inspeccionado 149. El Gobierno declara que, respecto al número estimado de mineros de acuerdo a las inspecciones de la autoridad laboral, se han detectado 24 527 trabajadores, y que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un registro de 95 000 trabajadores de la minería. Se ha establecido un grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con la finalidad de intercambiar bases de datos que permitan integrar un directorio único de empresas dedicadas a la minería. La Comisión nota que las informaciones proporcionadas no permiten distinguir si la cifra de 24 527 trabajadores mencionada por el Gobierno se refiere a Coahuila o a nivel nacional y si cubre a trabajadores registrados o a trabajadores no registrados también. Respecto de la cifra de 95 000 trabajadores, parece referirse a nivel nacional y no sólo a Coahuila. La Comisión nota que las informaciones proporcionadas por el Gobierno no responden plenamente a las preguntas formuladas por la Comisión en su último comentario. La Comisión espera que el nuevo grupo de trabajo contribuya a mejorar la coordinación y reunión de datos confiables y claros, lo cual permitirá progresar en el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en la minería. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva comunicar informaciones sobre el número y tipo de minas en Coahuila que incluyan : 1) informaciones diferenciando las minas registradas de las no registradas; 2) el número total de mineros estimado en Coahuila; 3) el número de mineros registrados, y 4) el número estimado de mineros no registrados.

b) Accidentes en el sector de la minería del carbón.

Antecedentes. En sus comentarios anteriores la Comisión tomó nota de que según el Gobierno, en los últimos diez años (2001-2010), el IMSS ha registrado 38 069 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en el sector de la minería y 340 defunciones. El Gobierno indicó que, si se compara 2001 con 2010, el número de trabajadores en la actividad minera aumentó de 35,74 por ciento y que, respecto de las muertes, no hubo una variación significativa (31 en 2010 y 30 en 2001). La Comisión tomó nota de que según una comunicación del SNTCPF, desde junio de 2010 hasta agosto 2011 murieron en accidentes de trabajo 33 mineros más, de los cuales 26 en Coahuila; que 14 mineros murieron el 3 de mayo de 2011 en el Pozo 3 de la empresa BINSA y que ninguno de los 14 estaban registrados en el IMSS, incluyendo un menor de 14 años. En 2011, la Comisión solicitó al Gobierno que continuara proporcionando detalladas informaciones sobre estas cuestiones incluyendo informaciones estadísticas sobre los accidentes en las minas de carbón y sobre la aplicación del Convenio en las minas en que los accidentes tuvieron lugar.

Memoria de 2012. La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que la autoridad laboral ha apoyado en todo momento a los deudos de los trabajadores fallecidos incluyendo en la presentación de demandas de prestaciones laborales y proporciona detalles sobre el particular. Al respecto, la Junta Federal de Arbitraje emitió decisiones a favor de los deudos pero no se han ejecutado pues todavía las partes pueden presentar recursos. El Gobierno informa acerca de diversas ayudas que ha gestionado para las familias. La Comisión toma nota además de los cuadros adjuntados por el Gobierno, y en particular del cuadro titulado «Accidentes relevantes en la industria minera», en los cuales se indican algunos accidentes, el número de violaciones detectadas, las multas impuestas y si han sido impugnadas o están en trámite. Estas informaciones no permiten a la Comisión hacerse una idea de la evolución de los accidentes del trabajo en la minería del carbón, y si los mismos han disminuido o se mantienen estables. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva proporcionar informaciones estadísticas sobre el número de accidentes de trabajo en la minería del carbón, en particular en Coahuila, indicando el número de accidentes y de víctimas desde 2010 hasta el momento de elaboración de la próxima memoria, diferenciando entre los accidentes producidos en los llamados pocitos y en las minas medianas o grandes.

i) Mina Lulú. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por el SNTCPF indicando que en la Mina Lulú fallecieron dos trabajadores el 6 de agosto de 2009. Según el sindicato, esa mina estaba en operaciones desde 2001 pero no había sido inspeccionada nunca. En su memoria de 2011, el Gobierno informó que se tenía previsto realizar una inspección en la Mina Lulú en agosto de 2009 pero que previo a la inspección, el 6 de agosto, se produjo el accidente, por lo cual se realizó una inspección extraordinaria del 7 al 10 de agosto, seguida de otra inspección el 13 y el 14 de agosto, y se restringió el acceso. Además, la Comisión tomó nota de que la comunicación de 2011 del sindicato incluyó como anexo la recomendación núm. 12/2011, de 29 de marzo de 2011 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual tiene rango constitucional, sobre el accidente en esta mina. En el examen del caso, la CNDH declara que en el caso concreto «con las omisiones antes descritas por parte de los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de la Secretaria de Economía se permitió el funcionamiento de la referida empresa en condiciones que no garantizan la integridad y salud de los trabajadores, se los puso en grave riesgo y se los expuso a situaciones como la que derivó en el fallecimiento de (dos trabajadores)». La CNDH afirma asimismo que actuaron en contravención de los artículos 7 y 9 del Convenio. En su memoria de 2012, el Gobierno indica que los representantes de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ofrecieron asesoría y representación jurídica a las viudas, una de ellas la declinó explícitamente y la otra no acudió a las oficinas de PROFEDET por lo que se supone que ha declinado sus servicios. Además, el Gobierno indica que la STPS aceptó la recomendación de la CNDH, haciendo énfasis en que en todo momento llevó a cabo sus funciones de vigilancia y verificación en la mina donde se registró el accidente. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva informar si se ha llevado a cabo una encuesta (investigación) del accidente de trabajo, tal como lo prevé el artículo 11, d), del Convenio, y sus resultados, en particular sobre las causas del mismo.

ii) Pocito Ferber. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que según el SNTCPF, el 13 de agosto de 2009 se realizó la inspección periódica de esa mina y que dejando de lado los incisos que no aplican por ser operaciones de menor escala, se verificaron 85 incumplimientos y se dictaron 76 medidas correctivas, con restricción de acceso. El 11 de septiembre de 2009 murió un trabajador de 23 años. Indica también el sindicato que la inspección se presentó sólo el 17 de septiembre de 2009 para efectuar la comprobación o verificación de la aplicación de las medidas correctivas indicadas. Alega negligencia del STPS. La Comisión tomó nota de que en el examen del caso realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (recomendación núm. 85/2010, de 21 de diciembre de 2010), dicha comisión afirma en términos similares que se vulneró el Convenio. En su memoria de 2012 el Gobierno informa sobre las acciones de PROFEDET para lograr mayor beneficio para la viuda, logrando una suma superior a la inicialmente acordada. Además indica el Gobierno que la STPS aceptó la recomendación de la CNDH y aceptó que su responsabilidad institucional consiste en vigilar las condiciones de seguridad en las empresas y sancionar los incumplimientos. La Comisión solicitó al Gobierno que se sirva indicar si la reglamentación aplicable exige inspecciones de seguimiento dentro de un período de tiempo determinado cuando una o un número sustancial de violaciones se hayan constatado y se hayan ordenado medidas correctivas, y que proporcione informaciones sobre los plazos legales establecidos para realizar tal seguimiento. La Comisión también solicita al Gobierno si se ha llevado a cabo una investigación del accidente de trabajo, tal como lo prevé el artículo 11, d), del Convenio, y sus resultados, en particular sobre las causas del mismo.

Además la Comisión solicita al Gobierno que se sirva indicar si ha realizado encuestas de conformidad con el artículo 11, d), del Convenio, cada vez que un accidente del trabajo — en este caso en la minería del carbón en Coahuila — parezca revelar una situación grave, y que comunique asimismo sus resultados, en particular sobre las causas de los accidentes.

En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno, según la cual la Mina Lulú y el Pocito Ferber no están contemplados en las recomendaciones adoptadas por el Consejo de Administración en su informe sobre la reclamación, pero que el Gobierno proporcionaba informaciones al respecto con la finalidad de aclarar tales cuestiones. La Comisión indicó al Gobierno que la información sobre los accidentes en dichas minas efectivamente hace parte del seguimiento de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración, puesto que la recomendación del párrafo 99, apartado b), i), del Informe se refiere a asegurar la aplicación de los artículos 4 y 7 del Convenio, con particular acento en las minas de carbón, y la recomendación contenida en el párrafo 99, apartado b), iii), del informe se refiere a asegurar la aplicación del artículo 9 del Convenio «con el fin de disminuir el riesgo de que en el futuro se produzcan accidentes como el de Pasta de Conchos». Por lo tanto, la Comisión señaló que las informaciones sobre los accidentes en las minas de carbón de Coahuila y el análisis de sus causas coadyuvan a determinar el impacto real de las medidas adoptadas y a comprender si se hizo lo que razonablemente podía esperarse que se hiciera para evitar o reducir, al mínimo, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo, según lo establece el artículo 4, párrafo 2, del Convenio.

Asimismo, señaló a la atención del Gobierno que la repetición de accidentes en minas en las que manifiestamente no se habían adoptado las medidas de SST requeridas, pone en evidencia la necesidad de reforzar la acción gubernamental para asegurar la aplicación del Convenio en la práctica. Por consiguiente, la Comisión exhortó al Gobierno a realizar, de conformidad con los artículos 4 y 7 del Convenio, en consulta con los interlocutores sociales, el examen periódico de la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo en las minas de carbón en Coahuila, incluyendo los Pocitos, a fin de identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces de resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas que haya que tomar, y evaluar los resultados; y lo exhortó también a proporcionar detalladas informaciones al respecto, incluyendo sobre las consultas realizadas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el ámbito para dar atención a la situación de SST en las minas de carbón de Coahuila son la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (COCONASHT), las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo (COCOESHT) y las Subcomisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo (SUBCOCOESHT). El Gobierno informa que en 2008 se creó una SUBCOCOESHT encargada de establecer las acciones pertinentes para crear condiciones de seguridad de los trabajadores de las minas de carbón en Coahuila que ha mantenido reuniones con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas acerca de las acciones desarrolladas o previstas, que enuncia a continuación. El Gobierno se refiere a un programa de inspección con cinco líneas de trabajo: 1) integración del directorio (se continuará con la integración de un padrón de minas y pozos a visitar para actualizar las bases de datos de las autoridades participantes); 2) requerimientos documentales (aquellas empresas que no cuenten con antecedentes de inspección serán requeridas para que acrediten documentalmente el cumplimiento de la normatividad); 3) inspecciones (serán programadas en aquellos centros de trabajo que tengan antecedentes de inspección o registros que acrediten reincidencia en el incumplimiento de la normatividad); 4) gran minería (dirigido a diez minas que cuentan con gran número de trabajadores), y 5) fomento (con el objetivo de fomentar el cumplimiento de diversas normas oficiales mexicanas y específicamente la NOM-032-STPS-2008, sobre seguridad para minas subterráneas de carbón. También informa acerca de las actividades de capacitación y de apoyo desarrolladas por el gobierno del Estado de Coahuila y por la Unión de Productores de Carbón; de la elaboración en 2011 de la Guía para la evaluación del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud para operaciones mineras de carbón a menor escala, y la capacitación del personal de la STPS, impartiéndose, de enero de 2011 a mayo de 2012, cursos a 154 participantes. Además la STPS celebró, el 28 de marzo de 2012, un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la consolidación de una cultura de los derechos humanos de los servidores públicos de la STPS y en especial de su cuerpo inspectivo.

Sin embargo, la Comisión hace notar que el objetivo de los exámenes previstos en el artículo 7 del Convenio es el de identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces de resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas que haya que tomar y evaluar los resultados, y que el Gobierno no ha proporcionado informaciones sobre todos los puntos solicitados. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva informar si ha realizado, de conformidad con los artículos 4 y 7 del Convenio, en consulta con los interlocutores sociales, el examen periódico de la situación en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo en las minas de carbón en Coahuila, incluyendo los Pocitos y que proporcione informaciones sobre las siguientes cuestiones, las que, según el artículo 7 del Convenio, constituyen la finalidad de estos exámenes: a) los problemas principales identificados; b) los medios propuestos para resolverlos; c) el orden de prelación de las medidas que haya que tomar, y d) la evaluación de los resultados. Sírvase asimismo indicar las organizaciones de trabajadores y empleadores representados y si las organizaciones de los mineros participan en dicho examen.

Artículo 9. Sistema de inspección adecuado y suficiente. En sus comentarios anteriores, la Comisión notó que la Mina Lulú, que el Gobierno cerró el 10 de febrero de 2011, tuvo la primera inspección el 7 de agosto de 2009, al día siguiente del fallecimiento de dos trabajadores, que se comprobaron numerosas irregularidades en materia de SST y que a pesar de eso su clausura llevó 17 meses. En el caso de Pocito Ferber, cerró el propietario. La Comisión se refirió a la declaración del Gobierno de que los inspectores han cumplido con la normatividad existente. La Comisión consideró que, en ese caso, dicha normatividad no parece constituir un marco que asegure un sistema de inspección apropiado y suficiente para salvaguardar la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores de la minería subterránea del carbón. Además, la Comisión recordó al Gobierno que, en sus recomendaciones, el Consejo de Administración solicitó al Gobierno que asegure, por todos los medios necesarios, el control eficaz de la aplicación práctica de las leyes y reglamentos relativos a la seguridad, salud y medio ambiente de trabajo en consulta con los interlocutores sociales. Por consiguiente, la Comisión solicitó al Gobierno que, en el marco del examen requerido por la Comisión en aplicación del artículo 7, examine la manera en que se puede fortalecer a la inspección del trabajo, particularmente en caso de peligro inminente y que informe sobre el particular así como sobre las medidas de aplicación inmediata de que dispone actualmente la inspección del trabajo, incluyendo la clausura, en caso de peligro inminente para la salud y seguridad de los trabajadores. También le solicitó que proceda a un análisis de las inspecciones efectuadas que comunicó a la Comisión a fin de determinar los principales problemas para lograr mayor eficacia en la actividad inspectiva en las minas de carbón y que comunique asimismo las medidas propuestas para hacer frente a dichos problemas. En tanto se lleven a cabo dichos exámenes, la Comisión exhortó al Gobierno a adoptar muy rápidamente las medidas necesarias para salvaguardar la vida y la seguridad de los trabajadores y a proporcionar informaciones al respecto. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno de 2012, la STPS ha establecido protocolos para el desarrollo de las inspecciones de seguridad e higiene en las minas y se refiere asimismo a la Guía para la evaluación de cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud para operaciones mineras de carbón a menor escala. La Comisión toma nota además de las diversas medidas de fortalecimiento de la inspección del trabajo de las cuales toma nota en diversos párrafos de este comentario. El Gobierno se refiere asimismo a cursos de capacitación y al incremento de plazas de inspector federal del trabajo, previéndose en el presupuesto para 2012, 400 nuevas plazas de inspector. También se refiere al Sistema de Apoyo al Proceso Inspectivo (SAPI) el cual permitirá generar a nivel central el programa anual de inspección, estandarización de los catálogos de las violaciones y medidas, y un mejor control del proceso inspectivo en general. También se está trabajando en la especialización de los inspectores en la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Respecto de las medidas de aplicación inmediata, incluyendo la facultad de clausura, el Gobierno indica que todas las medidas sugeridas durante una visita de seguridad y salud en el interior de la mina deberán tener el carácter de aplicación inmediata y de observancia permanente y, en situaciones que impliquen un riesgo inminente para la seguridad, la integridad física y la vida de los trabajadores, se deberá restringir el acceso parcial o total al interior de la mina, circunstanciando este hecho antes del cierre del acta. Si no se cumple con la capacitación de los trabajadores en materia de seguridad e higiene inherente a su actividad, se deberá ordenar el retiro inmediato de los mismos de su área de trabajo en tanto se acredite el cumplimiento de esta obligación, toda vez que exista un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador. La Comisión nota, sin embargo, que de las informaciones anteriormente proporcionadas tanto por el Gobierno como por el SNTCPF, y en particular respecto de la Mina Lulú cuya clausura llevó 17 meses, no parece desprenderse que la inspección disponga entre sus facultades inmediatas, de la facultad de clausura. La Comisión nota que este punto tampoco quedó dilucidado con las informaciones proporcionadas por el Gobierno. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva indicar las medidas de aplicación inmediata de que dispone actualmente la inspección del trabajo, y que indique con claridad si entre las medidas de aplicación inmediata dispone de la facultad de clausura, en caso de peligro inminente para la salud y seguridad de los trabajadores.

II. Otras medidas

Indemnizaciones – pensiones. La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno relativas a beneficios derivados de la ley, del contrato colectivo y también sobre la situación de laudos y recursos, respecto de los familiares de los trabajadores muertos en Pasta de Conchos. Respecto de los recursos, el Gobierno informa que no obstante haber combatido los diferentes laudos a fin de elevar el salario diario percibido por los trabajadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las prestaciones debían calcularse bajo el salario registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (110 a 113 pesos diarios). Toma nota asimismo que, como resultado del juicio penal derivado del accidente, la empresa cubrió a todos los derechohabientes de los trabajadores fallecidos la cantidad de 182 000 pesos por el concepto de reparación del daño. Asimismo, el Gobierno informa sobre pagos efectuados por el STPS en cumplimiento de sentencias resultantes de reclamaciones por responsabilidad patrimonial del Estado. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre las cuestiones pendientes respecto de las indemnizaciones y pensiones a los familiares de los trabajadores fallecidos.

Prestaciones estatales y sociales. La Comisión toma nota de que según el Gobierno se creó el Fideicomiso educativo para dependientes de los trabajadores de Pasta de Conchos, a fin de permitir que continuaran sus estudios recibiendo apoyo económico y académico, desde su formación inicial hasta concluir sus estudios. En junio de 2006 ingresaron al Fideicomiso educativo 111 beneficiarios y, a seis años de establecido el Fideicomiso educativo, han concluido sus estudios seis becarios del Fideicomiso. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones al respecto y que se sirva indicar cuántas familias de las 65 han tenido ayuda para acceso a la vivienda.

Diálogo con las familias de Pasta de Conchos. Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que en 2011 se sostuvo una reunión con la organización Familia Pasta de Conchos, en la que se trataron temas relacionados con la situación de la actividad minera en la región carbonífera de Coahuila. Por lo que se refiere al rescate de los cuerpos, el Gobierno reitera la importancia de salvaguardar la vida de los rescatistas por lo que cualquier posibilidad de recuperación debe partir de la premisa fundamental de no arriesgar la integridad física o la vida de las demás personas. La Comisión solicita al Gobierno que continúe el diálogo con la organización y las familias para encontrar una solución adecuada respecto de las quejas planteadas por las familias de las víctimas del accidente de Pasta de Conchos y solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre el diálogo mantenido.

Asimismo, la Comisión llama a la atención del Gobierno sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150).

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) (ratificación: 1987)

Legislación. La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción en 2009 de la norma oficial mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo – Funciones y actividades, que reemplaza a la norma NOM-030-STPS-2006, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo – Organización y funciones que da efecto a la mayoría de los artículos del Convenio. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el Gobierno esta nueva norma tiene por objeto establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, y que esta norma rige en todo el territorio del país y se aplica en todos los centros de trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) (ratificación: 1990)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 8, párrafo 2, del Convenio. Cooperación efectiva en materia de seguridad y salud cuando dos o más empleadores realicen actividades simultáneamente en una misma obra; artículo 20, párrafo 1. Buena construcción de las ataguías y los cajones; artículo 22. Diseño y construcción de armaduras y encofrados que aseguran la protección de los trabajadores a los riesgos que entrañe la fragilidad o inestabilidad temporales de tales estructuras; y artículo 23. Trabajos por encima o a proximidad inmediata de una superficie de agua. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que las disposiciones referidas por el Gobierno no dan expresión legislativa a los artículos mencionados y que se estaba elaborando una norma oficial mexicana que incluiría la regulación de los temas mencionados en estos artículos. La Comisión toma nota de que según la memoria en el Programa Nacional de Normalización de 2008, se indicó que la fecha de terminación estimada del proyecto de norma referido se fijó en diciembre de 2009. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre la evolución de dicho proyecto de norma oficial mexicana y que, hasta tanto sea adoptado, tome las medidas necesarias para asegurar la aplicación de estos artículos del Convenio y proporcione informaciones detalladas al respecto.

Artículo 9. Seguridad y salud de los trabajadores en la concepción y planificación de un proyecto de construcción. La Comisión toma nota de que según la memoria, en 2006 se llevó a cabo un Foro sobre buenas prácticas de trabajo en la industria de la construcción, del cual surgió una publicación que se concluyó en octubre de 2007 que incluía lineamientos de seguridad y salud en el diseño y contratación de obras, planeamiento y administración de la seguridad y salud, y procedimientos generales y específicos de trabajo. Al tiempo que toma nota de estas medidas promocionales, la Comisión indica que es necesario que se adopten medidas que aseguren la aplicación de las disposiciones del Convenio y no sólo que las promuevan. En consecuencia, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para asegurar que las personas responsables de la concepción y planificación de un proyecto de construcción tomen en consideración la seguridad y la salud de los trabajadores de la construcción y que proporcione informaciones detalladas al respecto, tanto sobre la manera de asegurar la aplicación de esta disposición como sobre su aplicación práctica.

Artículo 12. Derecho de todo trabajador de alejarse de una situación de peligro que entraña riesgo inminente y grave para su seguridad y su salud, y obligación del empleador de adoptar medidas inmediatas para interrumpir las actividades. En sus comentarios anteriores, la Comisión manifestó su esperanza de que, a fin de colmar la laguna existente, el Gobierno adoptara disposiciones legislativas o reglamentarias que garanticen expresamente a los trabajadores el derecho de alejarse de un peligro grave para su seguridad y establecer la obligación del empleador de interrumpir las actividades y, si fuere necesario, proceder a la evacuación de los trabajadores. La Comisión toma nota de que, sobre este punto el Gobierno se limita a informar que no existe ninguna propuesta para modificar el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral. La Comisión se refiere a su solicitud directa de 2010 sobre la aplicación del Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170), en la que, al efectuar comentarios sobre la aplicación del artículo 18 de ese Convenio indicó, entre otros, que el trabajador, en función de estar inmerso en un determinado contexto, puede percibir peligros que tal vez no se perciban fuera de dicho contexto y en consecuencia debe tener el derecho de apartarse. Por lo tanto, la Comisión solicita al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para asegurar el reconocimiento y protección de este derecho en la práctica, así como el deber del empleador de adoptar medidas inmediatas para interrumpir actividades y que proporcione informaciones al respecto.

Artículo 16, párrafo 2. Vías de acceso seguras y apropiadas y el control de tráfico que garantiza la utilización en condiciones de seguridad de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras o de manipulación de materiales. En sus comentarios anteriores la Comisión había señalado que la norma indicada por el Gobierno (NOM-004-STPS.1994) no contiene disposiciones sobre vías de acceso seguras y apropiadas que deben facilitarse para el uso de vehículos y maquinarias, ni sobre la organización y el control del tráfico de estos vehículos y maquinarias y solicitó al Gobierno que indicara las medidas consideradas para dar efecto a esta disposición del Convenio. La Comisión toma nota de que según la memoria, estas cuestiones están tratadas en el documento «Prácticas Seguras en la Industria de la Construcción», y en particular en el capítulo 4 sobre procedimientos específicos de trabajo que el Gobierno mencionó en las informaciones proporcionadas con relación al artículo 9 del Convenio. Como ya lo expresó en sus comentarios sobre dicho artículo, la Comisión reitera que al tiempo que toma nota de estas medidas promocionales, la Comisión indica que es necesario que se adopten medidas que aseguren la aplicación de las disposiciones del Convenio y no sólo que las promuevan. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar la aplicación de este artículo y que proporcione informaciones detalladas al respecto, incluyendo en la práctica.

Artículo 19, apartados a), b), d) y e). Precauciones adecuadas para evitar a los trabajadores riesgos de desmoronamiento o desprendimiento de tierras, caídas de personas, materiales u objetos, consecuencias de incendio o de una irrupción de agua o de materiales peligros subterráneos; y artículo 21, párrafo 2. Aptitud física necesaria de personas que trabajan en aire comprimido. La Comisión toma nota de que el Gobierno hace una remisión general a la parte I de su memoria en la cual se enuncian todas las normas oficiales mexicanas en vigor, señala a la atención del Gobierno general que esta remisión general no responde a su solicitud. Por lo tanto, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que se sirva proporcionar indicaciones sobre la manera en que da efecto en la legislación y en la práctica, a estas disposiciones del Convenio.

Parte VI del formulario de memoria. Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno incluye comentarios de la Confederación de Trabajadores de México considerando que se da cumplimiento al Convenio y enunciando los títulos de las normas oficiales mexicanas que, en su opinión, dan efecto al Convenio. También toma nota de las detalladas indicaciones del Gobierno sobre los diferentes órdenes de competencia en el sistema jurídico mexicano, incluyendo en lo relativo a la inspección del trabajo. Con relación a la inspección del trabajo, la Comisión toma nota de que la Inspección Federal del Trabajo ha sostenido diversas reuniones con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, durante 2009, a fin de llevar a cabo un operativo de inspección en materia de seguridad e higiene y capacitación en empresas del sector. Los trabajos se han abocado a definir los procedimientos de estas inspecciones previstas para la segunda mitad de 2009. Uno de los principales acuerdos logrados consiste en que la cúpula empresarial proporcionará a la autoridad competente un directorio actualizado de sus miembros en los que se hará constar los domicilios fiscales y centros de trabajo que se encuentran operando en la actualidad. La coordinación entre la autoridad y los empleadores tiene asimismo por objetivo establecer un compromiso para difundir el tema de las inspecciones e informar a las empresas afiliadas a fin de disipar cualquier duda en las empresas. Estos encuentros se llaman «Sesión técnica sobre el procedimiento de las Inspecciones de las Condiciones Generales de Seguridad e Higiene, Capacitación y Adiestramiento en la Industria de la Construcción». La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el Convenio en la práctica incluyendo los resultados de las inspecciones a que hizo referencia, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más frecuentes según dichas inspecciones y las medidas adoptadas o previstas para hacerles frente.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Nicaragua

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) (ratificación: 1981)

Artículos 2 y 4 del Convenio. Prohibición de la venta, del arrendamiento, de la cesión a cualquier otro título y de la exposición de las máquinas cuyos elementos peligrosos se encuentren desprovistos de los dispositivos adecuados de protección. Obligación del Gobierno de adoptar medidas para asegurar que se dé efecto a estos artículos del Convenio. Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que son las personas que llevan a cabo las operaciones de compra, venta, cesión y arrendamiento, quienes establecen las cláusulas de dichas operaciones con arreglo a las leyes de comercio, mercantil y civil, pero nota que el Gobierno no proporciona informaciones concretas sobre los artículos de la legislación referida que dan efecto al Convenio. La Comisión subraya que aunque estas operaciones sean llevadas a cabo entre particulares, corresponde al Gobierno adoptar las medidas legislativas necesarias, u otras de análoga eficacia, para asegurar la conformidad con el Convenio. Por lo tanto, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que proporcione informaciones detalladas sobre los artículos de su legislación que dan efecto a cada uno de los párrafos del artículo 2 del Convenio y a su artículo 4, incluyendo sobre las obligaciones que incumben al vendedor, al arrendador, a la persona que cede la máquina o al expositor, y sobre la prohibición contenida en el artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Además, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que proporcione informaciones sobre la aplicación de estas disposiciones en la práctica.

Autoridad competente y requisitos. En su memoria anterior, el Gobierno se refirió a la norma ministerial sobre disposiciones mínimas de higiene y seguridad de los equipos de trabajo publicada el 9 de abril de 1996, cuyo artículo 3, literal a), numeral 2), dispone que los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores, deberán cumplir los requisitos de seguridad que establezca la autoridad administrativa competente para la libre comercialización de los equipos de trabajo. La Comisión tomó nota de que esta disposición remite «los requisitos de seguridad que establezca la autoridad administrativa competente» y solicitó al Gobierno que proporcionara copia de la normativa sobre los requisitos de seguridad a los que se refiere el Gobierno en su memoria e informaciones sobre las autoridades competentes del control de la aplicación de tales normas. Tomando nota de que el Gobierno no proporcionó las informaciones solicitadas, la Comisión le solicita una vez más que proporcione informaciones sobre los requisitos de seguridad establecidos por la autoridad administrativa competente a que se refiere la norma ministerial referida precedentemente y que proporcione informaciones sobre las autoridades competentes del control de la aplicación de tales requisitos.

Artículo 15, párrafo 1. Medidas de aplicación y sanciones. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de proporcionar informaciones sobre la aplicación del párrafo 1 del artículo 15 del Convenio y en particular en relación con los artículos 2 y 4 del Convenio.

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (ratificación: 1981)

Legislación. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que ha dictado el decreto núm. 04-2014, publicado el 11 de febrero de 2014, por el cual se crea la Comisión Nacional de Registro y Control de sustancias tóxicas. Dicho órgano tiene por objeto la coordinación de las políticas, acciones y actividades relacionadas con la importación, exportación, producción, comercialización, distribución, uso y consumo de todo lo relacionado con las sustancias tóxicas. El Gobierno indica que esa comisión tiene en estudio reformar la ley núm. 274, Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares y su reglamento emitido por decreto núm. 49-98, con el fin de actualizarlos. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre las medidas adoptadas por la nueva comisión para dar efecto al presente Convenio.

Artículo 2, párrafo 1, del Convenio. Obligación de sustituir las sustancias y agentes cancerígenos por sustancias o agentes no cancerígenos, o por sustancias y agentes menos nocivos. Con relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere nuevamente al artículo 18, 4), de la ley núm. 618 sobre obligaciones de los empleadores. La Comisión señala nuevamente a la atención del Gobierno que el artículo 2, párrafo 1, del Convenio es más específico y no se refiere a las obligaciones de los empleadores sino a las obligaciones del Gobierno por cuanto a éste le corresponde en primer lugar determinar las sustancias y agentes cancerígenos que deben ser sustituidos y en segundo lugar dictar las medidas necesarias para su sustitución. La Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para determinar las sustancias y agentes cancerígenos que deben ser sustituidos y para asegurar su sustitución y que comunique informaciones sobre el particular.

Además, la Comisión lamenta tomar nota de que, en su breve memoria, el Gobierno no proporcionó respuestas a las preguntas formuladas por la Comisión en su observación anterior. La Comisión subraya, en particular, que el hecho de haber nombrado la nueva Comisión Nacional del Registro y Control de Sustancias Tóxicas para reformar la legislación, no exime al Gobierno de dar efecto al Convenio en tanto se adopte la nueva legislación, ni de responder a las preguntas formuladas por la Comisión, para que ésta pueda contar con los elementos necesarios para hacerse una idea clara sobre la aplicación actual del Convenio. Por lo tanto la Comisión se ve obligada a reiterar la parte sustancial de sus anteriores comentarios.

Artículos 1 y 3 del Convenio. Determinación de sustancias y agentes cancerígenos y establecimiento de un sistema apropiado de registro. La Comisión llama a la atención del Gobierno que el aspecto fundamental del artículo 1 del Convenio es la determinación de una lista de sustancias y agentes cancerígenos a los que la exposición en el trabajo estará prohibida o sujeta a autorización y control y la existencia de un mecanismo de revisión periódica. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona informaciones sobre el funcionamiento del Registro Nacional Único de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares previsto en el artículo 6 de la ley núm. 274, Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares, de 1998. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que comunique la legislación en virtud de la cual se determinan las sustancias cuya exposición al trabajo estará prohibida, o sujeta a autorización o control, y aquellas a las que se aplican otras disposiciones del presente Convenio, los mecanismos de actualización y las medidas de protección a los trabajadores y registro a los que se refieren los artículos 1 y 3 del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva indicar si ya está en funcionamiento el Registro Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares, que será una instancia de la autoridad de aplicación de la ley núm. 274 y su reglamento.

Artículo 2, párrafo 2. Duración y niveles de exposición. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que según el artículo 129 de la ley núm. 618, el Ministerio de Trabajo dictará, para las sustancias químicas que se detecten en los diferentes centros de trabajo, los valores límites de exposición del trabajador que se establecerán de acuerdo a criterios internacionales y a las investigaciones nacionales que se realizan en esta materia y faculta a la Dirección General de Higiene y Seguridad del Trabajo, para tomar como referencia en sus inspecciones los valores límite umbral (TLV por sus siglas en inglés) de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH). La Comisión solicitó al Gobierno que proporcionara detalladas informaciones sobre la aplicación de la legislación en la práctica como por ejemplo comunicando las disposiciones sobre los valores límite dictados por el Ministerio de Trabajo en aplicación del artículo 129 referido; e incluyendo asimismo informaciones sobre la aplicación del Convenio a los trabajadores del campo. Tomando nota de que el Gobierno no ha proporcionado dichas informaciones, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que se sirva proporcionar informaciones detalladas al respecto.

Artículo 4. Obligación de informar a los trabajadores del peligro presentado por sustancias cancerígenas. Notando que el Gobierno no ha proporcionado informaciones sobre el efecto dado a este artículo del Convenio, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione informaciones sobre el efecto dado a este artículo del Convenio, en la legislación y en la práctica.

Artículo 5. Exámenes médicos durante el empleo o después del mismo. La Comisión toma nota de que los artículos 23 a 27 de la ley núm. 618 establecen la realización de los exámenes pre-empleo y durante el empleo pero que no contempla la realización de exámenes después del empleo tal como lo estipula el Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas para dar efecto a este artículo y que proporcione informaciones sobre la legislación y la práctica.

Parte IV del formulario de memoria. Aplicación en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones detalladas sobre la aplicación del Convenio en el país, incluyendo sobre la implementación de la obligación de mantener registros, la capacitación, los exámenes médicos incluyendo asimismo informaciones sobre la aplicación del Convenio a los trabajadores del campo y en particular sobre la aplicación de la ley núm. 274, Ley Básica para la Regulación y Control de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares en los aspectos de relevancia para el presente Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Noruega

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 1982)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida el 29 de agosto de 2014 y de las observaciones de la Confederación de Sindicatos de Noruega (LO), incluidas en la memoria del Gobierno y también recibidas separadamente el 8 de septiembre de 2014.

Artículo 4 del Convenio. Política nacional. La Comisión tomó nota, en sus comentarios anteriores, de las observaciones de la LO, en las que se reconoce la vasta legislación que regula las cuestiones de seguridad y salud de los trabajadores en el país, pero se cuestiona si esto refleja una política nacional de SST coherente que abarque, tanto a los lugares de trabajo que corresponden a la jurisdicción de la Inspección del Trabajo (LI) como a aquellos que corresponden a la Autoridad de Seguridad en la Industria Petrolífera (PSA). La Comisión toma nota de la actual memoria del Gobierno, según la cual la LI informó a la PSA acerca de los posibles cambios y mejoras con la reglamentación legislativa sobre seguridad y salud de los trabajadores. La PSA está realizando un trabajo regulador y se intercambiaron planes con la LI. La Comisión también toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual existe en curso un diálogo entre la LI y la PSA. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los cambios posibles en la reglamentación legislativa sobre seguridad y salud de los trabajadores, así como sobre toda mejora en la coherencia de la política de SST nacional derivada del diálogo entre la LI y la PSA.

Aplicación del Convenio en la práctica. Información estadística. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que, si bien es obligatorio informar a la LI sobre las enfermedades vinculadas con el trabajo, con arreglo a la Ley sobre el Medio Ambiente (WEA), menos del 5 por ciento de los médicos noruegos notifican a la LI las enfermedades vinculadas con el trabajo y por consecuencia, las cifras de las enfermedades vinculadas con el trabajo notificadas por el Gobierno a la OIT sean representativas. La Comisión también toma nota de que la OIT continúa expresando su preocupación en este sentido. La LO indica, en particular, que está mucho más preocupada por el subregistro estadístico de las enfermedades provocadas por la exposición a sustancias químicas.

La Comisión toma nota asimismo de que la Dirección de la LI cuenta con un registro de accidentes laborales mortales en los sectores de tierra firme, y de que se han registrado, en los últimos diez años, un número medio de 43 casos de lesiones mortales. La Comisión toma nota de la información según la cual se desmanteló el registro de accidentes del trabajo, y la Oficina de Estadística de Noruega, responsable del nuevo registro, notificará los datos del sistema en 2015, que dará cumplimiento a la normativa de Eurostat. La información del nuevo registro podría utilizarse para identificar todos los casos de accidentes en el trabajo que son notificados por el Servicio de Trabajo y Bienestar de Noruega (NAV). Por último, la Comisión toma nota de que el Departamento de Vigilancia de Salud Ocupacional (NOA) y el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (STAMI) también coordinan, sistematizan y difunden conocimientos acerca del entorno laboral y la salud en el trabajo, con un sistema de vigilancia que se centra primordialmente en las lesiones, las enfermedades, las discapacidades y las muertes prematuras relacionadas con el trabajo. Tomando nota una vez más de las deficiencias y las discrepancias notificadas en los datos que han estado disponibles, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas o previstas para abordar la información inexacta a la LI de los casos de enfermedades relacionadas con el trabajo, así como las cuestiones que preocupan a la LO. Se invita al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para sensibilizar entre los médicos la obligación de informar de las enfermedades profesionales. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre el nuevo registro de la Oficina de Estadística de Noruega sobre los casos de accidentes en el trabajo, y que transmita información estadística sobre los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, indicando las tendencias y los principales problemas detectados en los diversos sectores de actividad.

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) (ratificación: 1991)

Artículo 4 del Convenio. Legislación nacional. La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno, según la cual el reglamento núm. 608, de 26 de junio de 1998, sobre el respeto de la utilización de equipos de trabajo, ahora ha quedado subsumido en los siguientes reglamentos: reglamento núm. 1355, de 6 diciembre de 2011, relativo a la organización, la gestión y la participación de los trabajadores; reglamento núm. 1356, de 6 de diciembre de 2011, relativo a los lugares de trabajo; reglamento núm. 1357, de 6 de diciembre de 2011, relativo al desempeño de actividades; y los reglamentos relativos a disposiciones de administración. La Comisión también toma nota de que el Gobierno ha aplicado la directiva núm. 92/57/CEE del Consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles, que entró en vigor el 1.º de enero de 2010. Tomando nota de que el Gobierno manifiesta que estas modificaciones de los reglamentos son sólo de carácter estructural y no conllevan cambios sustanciales, la Comisión pide al Gobierno que indique cuáles son las disposiciones concretas de estos reglamentos que permiten dar efectivo cumplimiento al Convenio, y que le proporcionase la traducción de tales disposiciones a uno de los idiomas de trabajo de la OIT. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que aclare la relación de la directiva núm. 92/57/CEE con la aplicación del Convenio.

Aplicación del Convenio en la práctica. Dumping social. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual, en el período comprendido entre 2008 y 2014, éste llevó a cabo tres planes de lucha contra el dumping social, el último de los cuales concluyó en mayo de 2013. El Gobierno indica que en un informe de investigación del Instituto de Investigaciones Sociales y Laborales (FAFO) se pone de manifiesto que las medidas que se pusieron en práctica en relación con la lucha contra el dumping social han sido eficaces, lo que trajo consigo muchos logros positivos, a pesar de que el dumping social cobra cada vez mayor importancia y de que una gran cantidad de empresas encuentran nuevos medios para eludir la ley. La Comisión toma nota de la información, según la cual en 2013, la Inspección de Trabajo llevó a cabo 800 inspecciones de dumping social en el sector de la construcción, de las cuales 543 dieron lugar a medidas de suspensión de las actividades. La Inspección del Trabajo también realizó una encuesta entre 72 inspectores del trabajo con experiencia en la esfera del dumping social, y llegó a la conclusión de que en el ámbito de la industria de la construcción, el 89 por ciento de los inspectores estiman que la mayoría de los trabajadores extranjeros carecen de una formación adecuada, el 60 por ciento cree que la mayoría de estos trabajadores no disponen de equipos de protección, el 89 por ciento piensa que tales trabajadores se ven expuestos a mayores riesgos que los trabajadores noruegos, el 67 por ciento estima que los trabajadores extranjeros reciben salarios más bajos y que sus condiciones de trabajo son más precarias y el 98 por ciento considera que los problemas relacionados con el idioma y la comunicación representan un grave riesgo. El Gobierno estima que si bien el dumping social sigue siendo un problema importante, las medidas adoptadas tendientes a reducirlo han sido fructíferas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación efectiva de todos los aspectos del Convenio, incluidos, por ejemplo, la protección de los derechos y obligaciones de los trabajadores (artículos 10, 11, 12 y 13 del Convenio), así como la aplicación en la práctica, especialmente, teniendo en cuenta la información referida al elevado número de trabajadores migrantes en el sector de la construcción.

Otras estadísticas. Además, la Comisión observa que entre 2010 y 2013, la Inspección del Trabajo llevó a cabo un total de 13 991 inspecciones en los lugares de trabajo, del sector de la edificación y la construcción: 3 548 en 2010; 3 412 en 2011; 3 681 en 2012; y 3 350 en 2013. La Comisión toma nota de la información proporcionada de que, en la actualidad, Noruega no dispone de un registro de accidentes de trabajo debido a la mala calidad del registro actual y de que se están tomando las medidas necesarias para poner en marcha un nuevo registro. Asimismo, toma nota de que el Gobierno manifiesta que, según datos de Registro de Enfermedades Relacionadas con el Trabajo (RAS) de 2013, de las 2 827 enfermedades informadas y registradas, 652 estaban relacionadas con el sector de la edificación y la construcción. La Comisión advierte además que en 2013, el número de empleados en el sector de la edificación y la construcción de Noruega fue de 197 000, y que en dicho año se registraron nueve accidentes mortales en tal sector. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la puesta en marcha del nuevo registro de accidentes de trabajo y que continúe proporcionando información de la aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión también pide al Gobierno que indique las medidas especiales que han sido adoptadas o que prevé adoptar con el fin de contabilizar el elevado número de accidentes, incluido el alto número de accidentes mortales en el sector de la construcción.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada los presentes comentarios en 2016.]

Nueva Zelandia

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 2007)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno recibida el 30 de septiembre de 2014 incluye las observaciones del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU) y de Empresa Nueva Zelandia, así como las respuestas del Gobierno.

Legislación. La Comisión toma nota de que los trabajos sobre la tragedia de la mina de carbón de Pike River realizados por el Equipo Independiente de Tareas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Comisión Real, dieron lugar, en 2013, a la adopción de la Ley sobre Trabajo Seguro en Nueva Zelandia, que creó WorkSafe New Zealand (WorkSafe NZ), un órgano dependiente de la Corona dotado con mayores recursos que sus predecesores. La Comisión toma nota asimismo de la adopción de la Ley de Rescate Minero y de la información de que el proyecto de reforma de la Ley sobre Seguridad y Salud (H&SR) se ha presentado recientemente a la aprobación del Parlamento. La Comisión solicita al Gobierno que comunique una copia del proyecto de ley H&SR en cuanto haya sido adoptado y que siga comunicando información sobre las medidas emprendidas respecto a la aplicación del Convenio.

Artículos 7 y 9 del Convenio. Aplicación de las leyes y los reglamentos. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que ha aumentado la financiación de WorkSafe NZ mediante un aumento del impuesto sobre seguridad y salud en el trabajo, y que, según la declaración de intenciones publicada por WorkSafe NZ para 2013-2017 se ampliarán las funciones y competencias de la Corona en esta materia. La Comisión toma nota también de la observación del NZCTU, en la que alega una constante deficiencia de recursos para que el ente regulador pueda desempeñar sus funciones de ejecución de la ley. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre la aplicación de sus planes de ampliar las competencias y medios de WorkSafe NZ con miras a garantizar la aplicación de las leyes y reglamentos en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST).

Artículo 19. Disposiciones a nivel de empresa. En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de que el artículo 78, 1), c), del proyecto de ley H&SR requiere una persona que lleve a cabo una empresa o un negocio (PCBU) para autorizar a que un representante de seguridad y salud en el trabajo dedique todo el tiempo que sea razonablemente necesario al cumplimiento de sus funciones o a ejercer sus facultades. La Comisión toma nota también del alegato del NZCTU, de que las disposiciones del proyecto de ley H&SR no son suficientes y deben ser respaldadas por una orientación clara y una ejecución firme. El NZCTU señala también que el proyecto de ley H&SR suprime la obligación de un número mínimo de días de formación al año para el representante de seguridad y salud en el trabajo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno a este respecto, según la cual el Comité de transporte y relaciones laborales estudiará atentamente todas las modificaciones que se presenten sobre el proyecto de ley H&SR, incluidas las del NZCTU. La Comisión solicita al Gobierno que siga suministrando información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento al artículo 19 en lo que se refiere a los derechos de los representantes sobre seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 20. Cooperación entre los empleadores y los trabajadores. En lo que se refiere a su observación anterior, la Comisión toma nota de que el proyecto de ley H&SR propone un mecanismo por el cual las personas que lleven a cabo una empresa o un negocio tendrán la obligación de contar con un sistema de representación de los trabajadores en virtud del cual sea posible elegir a un representante en materia de seguridad y salud y los trabajadores lo soliciten, o mediante una iniciativa de las personas que lleven a cabo una empresa o un negocio (artículo 65 del proyecto de ley H&SR). La Comisión toma nota asimismo de la referencia del NZCTU al informe del equipo independiente de tareas sobre seguridad y salud en el trabajo, según el cual los niveles de participación del trabajador en los procedimientos para determinar y gestionar los problemas de seguridad y salud en el trabajo siguen siendo escasos. El NZCTU afirma que algunos empleadores pueden utilizar el sistema propuesto en el proyecto de ley H&SR como una justificación para proseguir con prácticas deficientes en materia de seguridad y salud en el trabajo. La Comisión pide al Gobierno que comunique información adicional sobre las medidas adoptadas o previstas para asegurar la cooperación entre la dirección y los trabajadores en la práctica.

Artículo 21. Carga financiera para los trabajadores. Al referirse a su observación anterior, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que el derecho de los empleados del contratista a beneficiarse de medidas en materia de SST sin costo alguno no se establece claramente en la legislación actual y que el Gobierno aclarará esta situación en el proyecto de ley H&SR. En el artículo 14 de este proyecto de ley se define «trabajador» de forma que incluya a los empleados del contratista. La Comisión toma nota asimismo de la observación del NZCTU de que la formulación del citado proyecto de ley en esta materia puede funcionar como un incentivo para que el PCBU estructure sus mecanismos de contratación de modo que utilice empresas subcontratistas en lugar de trabajadores, con el fin de evitar la aplicación del artículo 28 del citado proyecto, que prohíbe al PCBU repercutir los costos de los equipos de protección sobre los trabajadores. La Comisión, al referirse a la respuesta del Gobierno de que el Comité de transporte y relaciones laborales estudia las modificaciones presentadas por el NZCTU en esta materia, solicita al Gobierno que comunique información adicional sobre las medidas adoptadas en la legislación y en la práctica, para garantizar que las medidas en materia de SST no suponen ningún costo para los trabajadores.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Países Bajos

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 1991)

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión toma nota de que el Consejo de Administración, en su 322.ª reunión, de noviembre de 2014, aprobó el informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada por la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV) y la Federación de Sindicatos de Profesionales (VCP) (anteriormente, Federación de Sindicatos del Personal Medio y Superior (MHP)), en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, en la que se alega el incumplimiento por los Países Bajos del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), del Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (documento GB.322/INS/13/7). El Consejo de Administración encomendó a la Comisión el seguimiento de la aplicación del Convenio respecto de las cuestiones planteadas en la memoria sobre la aplicación de los Convenios núms. 81, 129 y 155.

En lo que atañe al Convenio núm. 155, la conclusión del comité tripartito fue la siguiente: señalando que la cooperación y el diálogo permanente con los interlocutores sociales que participan en la aplicación de la seguridad y salud en el trabajo (SST) son fundamentales en todas las etapas del proceso de elaboración de políticas a fin de garantizar la coherencia de la política nacional de SST, el comité pidió al Gobierno que diese un seguimiento a las cuestiones planteadas por los sindicatos y las organizaciones de empleadores, en el contexto del examen periódico de la política nacional de SST. En este sentido, pidió al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales, comunicase información sobre la identificación de los principales problemas de coherencia, se dote de medios para resolverlos, y defina la prioridad de las medidas que haya de tomar, de conformidad con el artículo 7 del Convenio núm. 155. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas a este respecto, para su examen por la Comisión en su próxima reunión.

Otras cuestiones

Artículos 1, 1), 4 y 8 del Convenio. Campo de aplicación, política nacional de SST y las medidas adoptadas para dar efecto a la misma. Trabajadores por cuenta propia. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a sus enmiendas de 2012 al reglamento de SST para los trabajadores por cuenta propia. Según el Gobierno, si bien son aplicables algunas normas de SST a los trabajadores por cuenta propia, en su mayoría son responsables de su propia seguridad y salud en el trabajo. La Comisión recibe con satisfacción las indicaciones del Gobierno, según las cuales, tras las mencionadas enmiendas, las mismas normas de SST se aplican en la actualidad a los trabajadores y empleados por cuenta propia, cuando trabajan codo con codo.

A este respecto, la Comisión también toma nota de las observaciones de la FNV, según las cuales las medidas adoptadas por el Gobierno no prevén la plena armonización en la protección de los trabajadores y los empleados por cuenta propia, en contradicción con el asesoramiento del Consejo Social y Económico (SER), un órgano de asesoramiento sobre asuntos socioeconómicos compuesto de representantes de los empleadores, de los empleados y del Gobierno. La FNV expresa su preocupación de que la aplicación de las mismas normas de SST a los trabajadores por cuenta propia pueda ser eludida en la práctica, cuando se instruye a los trabajadores por cuenta propia para que trabajen por su cuenta, exponiéndolos, en consecuencia, a peligros y riesgos, en el caso de que no prevean su propia protección. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios respecto de las observaciones de la FNV.

Artículo 10. Medidas para orientar a los empleadores y a los trabajadores. Obligaciones de seguridad y salud. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales, si bien los pactos sobre la SST quien cubren particulares sectores han demostrado ejercer un impacto positivo en la mejora de la SST, las ramas y las empresas deberían seguir trabajando en torno a las medidas desarrolladas en estos pactos. Sin embargo, la Comisión también toma nota de las opiniones expresadas por la FNV, según las cuales los pactos han perdido por completo su utilidad, y sólo tienen éxito durante un período de tiempo relativamente breve, en un número limitado de ramas. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios en relación con las observaciones de la FNV. La Comisión solicita también al Gobierno que transmita un informe estadístico actualizado sobre el impacto de los pactos en cumplimiento con las obligaciones legales de SST en las diferentes empresas y ramas.

Artículo 17. Dos o más empresas que desarrollan simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la Confederación de Empleadores e Industrias de los Países Bajos (VNO-NCW), sobre los obstáculos en la aplicación de las obligaciones legales en relación con la distribución de responsabilidades de los empleadores, y el control del cumplimiento de estas obligaciones durante las inspecciones del trabajo.

A este respecto, la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales la inspección de trabajo no realiza una supervisión específica en relación con las obligaciones legales sobre la distribución de la responsabilidad entre los empleadores, pero el cumplimiento de estas obligaciones se controla durante las visitas de inspección. La Comisión solicita al Gobierno que adopte medidas para garantizar la efectiva aplicación de esta disposición en la práctica y que comunique información en ese sentido.

Artículo 19, c) y e). Información y consulta en el ámbito de la empresa. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la FNV, en las que se indicó que los trabajadores no tienen derecho en virtud de la legislación de solicitar documentos sobre la evaluación del riesgo y las medidas adoptadas para abordar esos riesgos.

A este respecto, la Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno, según las cuales, de conformidad con la Ley sobre los Comités de Empresa, la evaluación del riesgo y el plan de acción correspondiente, deben obtener la aprobación del comité de empresa o de los representantes de los trabajadores. La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 8 de la Ley sobre Condiciones de Trabajo, el empleador debe informar a los trabajadores de los riesgos que conlleva su trabajo, así como de las medidas adoptadas para prevenir esos riesgos. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre la manera en que el Gobierno garantiza que se establezcan acuerdos a nivel de empresa, en virtud de los cuales los representantes de los trabajadores puedan solicitar y obtener documentos sobre las evaluaciones del riesgo y las medidas adoptadas para abordar esos riesgos, especialmente en la práctica.

[Se solicita al Gobierno que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), que se recibieron el 28 de agosto de 2014.

Legislación. La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno respecto a que desde febrero de 2012 se aplican las nuevas disposiciones en el ámbito de la certificación de la extracción del asbesto y en relación con la modificación del sistema nacional de certificación a fin de sancionar de manera más estricta a los titulares de certificados y las instituciones de certificación que no cumplan las normas. Asimismo, la Comisión toma nota de que, desde el 1.º de abril de 2014, el programa de indemnizaciones para las víctimas del asbesto (programa «TAS» y «TNS»), que en principio estaba abierto a las personas que padecen mesotelioma, ha sido modificado a fin de que también puedan solicitar indemnizaciones las personas que sufren asbestosis. La Comisión también toma nota de las observaciones realizadas por la FNV, que complementan lo señalado por el Gobierno, en relación con los valores límite legales (o valores umbral de exposición profesional (BOELs)) que establecen cambios en los valores límite para el asbesto, y se aplicarán y estarán vigentes a partir de 2015. La Comisión solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre las medidas legislativas adoptadas en relación con la aplicación del Convenio.

Artículo 5 del Convenio. Sistema de inspección suficiente y apropiado y sanciones adecuadas. La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno respecto a que, desde enero de 2012, la Inspección del Trabajo I-SZW (I-SZW) dispone de un equipo especial dedicado a la inspección en materia de asbesto. Asimismo, en la memoria se señala que se ha intensificado la aplicación y que el equipo antes mencionado se ocupa de las actividades de alto riesgo, especialmente de los trabajos de demolición en los que existe exposición al asbesto. Se han duplicado las sanciones mínimas por violaciones de las normas de trabajo seguro con el asbesto y en casos de reincidencia se aplican sanciones progresivamente más elevadas, una política con la que la FNV está de acuerdo. Sin embargo, la Comisión toma nota de que en sus observaciones la FNV expresa su preocupación acerca del sistema de certificación de las empresas de remoción del asbesto o de demolición cuando hay asbesto, señalando que los que no cumplen con la legislación deben ser sancionados y se les debe retirar su certificado. La FNV también expresa su preocupación acerca de la forma en que funciona la I-SZW en el ámbito del asbesto, ya que sólo dispone de 13 inspectores que cada año se ocupan de más de 53 000 informes sobre retirada de asbesto. Asimismo, la FNV indica que la I-SZW no presiona lo suficiente al 70 por ciento de las empresas que se ocupan de retirar asbesto. La Comisión toma nota de que según la memoria del Gobierno se ha elaborado un instrumento de autoinspección, a través del que se dan instrucciones a los trabajadores y a los empleadores en materia de retirada del asbesto, y un sistema de seguimiento del asbesto (LAVS), que se utiliza para el intercambio de información entre todas las partes que participan en los trabajos de retirada de asbesto o de demolición en lugares en los que hay asbesto. Este sistema tiene por objetivo lograr que las autoridades nacionales y locales puedan aplicar la normativa más fácilmente y con más eficacia, y que el proceso de retirada del asbesto sea más transparente para los dueños de las propiedades. La Comisión toma nota de que la FNV no cree que el instrumento de autoinspección sea eficaz para las empresas que deliberadamente contravienen los reglamentos en materia de seguridad y salud, y señala que se desconoce si este instrumento tendrá un impacto positivo sobre la protección de los trabajadores. Habida cuenta de las preocupaciones planteadas por la FNV, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones de la legislación pertinente, incluida información en relación con el número de inspectores especializados en el ámbito del asbesto y las sanciones impuestas en caso de violación de las disposiciones legales. También pide al Gobierno que realice una valoración del impacto del instrumento de autoinspección sobre la protección de los trabajadores.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la información que figura en la memoria del Gobierno en relación con la concesión de indemnizaciones a las personas que padecen de mesotelioma. En 2012, 469 personas que sufrían mesotelioma recibieron una prestación, que era un pago del Gobierno previo a una posible indemnización de los empleadores. Esta prestación sirve para garantizar que las víctimas reciben una indemnización mientras siguen vivas, habida cuenta de que, debido a las negociaciones o a los tribunales tardan en dictar sus sentencias, las víctimas del asbesto a menudo ya han fallecido cuando reciben una indemnización del empleador. Además, esta prestación tiene la función de indemnización en los casos en los que se desconoce quién era el antiguo empleador o éste no puede ser localizado, y se añade a los ingresos que las víctimas reciben durante la licencia por enfermedad o la licencia por discapacidad. La Comisión toma nota de que en el 63,7 por ciento de las mediaciones para las víctimas o sus compañeros se consigue una indemnización. Asimismo, toma nota de que el I-SZW ha intensificado la comunicación acerca de los riesgos del asbesto, y se han organizado reuniones nacionales y se han elaborado instrumentos para influir en el comportamiento y la actitud de los trabajadores que corren el riesgo de estar expuestos al asbesto. La Comisión solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada sobre la aplicación del Convenio en la práctica, incluida información sobre el número de trabajadores cubiertos por la legislación pertinente, el número y la naturaleza de las infracciones notificadas y el número de enfermedades profesionales notificadas que han sido causadas por asbesto.

Perú

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) recibidas con la memoria del Gobierno el 1.º de septiembre de 2014, y nuevamente recibidas por separado el 15 de septiembre de 2014. También toma nota de las observaciones formuladas por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) recibidas el 15 de septiembre de 2014.

Legislación. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere en particular a la ley núm. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST), reglamentada por el decreto supremo núm. 005-2012-TR, que deroga el decreto supremo núm. 009-2005-TR, y a la norma técnica de edificación G-050, de seguridad en la construcción, aprobada por el decreto supremo núm. 010-2009-VIVIENDA. Por otra parte, la Comisión toma nota de que según la CTP, ni la LSST ni la política nacional en materia de SST se refieren a la construcción y que la norma técnica de edificación mencionada por el Gobierno, si bien es importante para la estabilidad del suelo, no contiene medidas preventivas. Habida cuenta de que el Gobierno en su memoria se limita a reproducir las observaciones formuladas por dicha organización sindical sin realizar comentario alguno, la Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Artículo 6 del Convenio. Obligación de informar los datos estadísticos más recientes sobre el número y clasificación de accidentes. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de los datos estadísticos proporcionados por el Gobierno que indican que, en 2012 se notificaron 1 863 accidentes no mortales en la construcción y en 2013 se notificaron 2 758; en tanto que en 2012 se notificaron 25 accidentes mortales y en 2013 se notificaron 18. Al respecto, la CATP afirma que: 1) no se suele notificar todos los casos de accidentes, y que ello no es revertido con acciones efectivas por parte del Gobierno, y 2) se declara el accidente mortal laboral como accidente mortal común. Sobre el primer punto afirma la CATP que en 2013 se verificaron 45 trabajadores muertos en la construcción y que esa información llega al sindicato por los afectados, en tanto que el Gobierno informa sobre 18 accidentes porque sus estadísticas se basan en la obligación del empleador de declarar y, si bien la omisión de declarar es una falta muy grave, por lo general ésta no es objeto de sanción efectiva. Respecto al segundo punto, informa la CATP que para eludir investigaciones hubo casos, sobre todo en zonas alejadas, en que los empleadores presentaron casos de muertes por accidente de trabajo como muertes por riña e incluso suicidio. La CATP solicita sobre todo que se incremente la eficacia de la inspección del trabajo y que se apliquen más frecuentemente las medidas de paralización de obras como medida preventiva, cuando se carezca de medidas de prevención o no se disponga de las licencias indispensables. La Comisión solicita al Gobierno que formule comentarios al respecto y que, en particular, adopte medidas para reforzar la inspección del trabajo en el sector de la construcción; para hacer frente a la falta de notificación de todos los casos de accidente y para que su sistema de estadísticas del trabajo tome en cuenta los casos no notificados por el empleador pero de los que se tiene conocimiento por medio de afectados, sindicatos, inspección del trabajo u otras vías, y que proporcione informaciones sobre el particular.

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) (ratificación: 2008)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, y por la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CATP), recibidas el 2 de septiembre de 2014. Dichas observaciones se refieren fundamentalmente a la no aplicación del Convenio a trabajadores no cubiertos por la ley núm. 29088, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales, pero que sí están incluidos en el campo de aplicación del Convenio, a la ausencia de un sistema unificado de supervisión e inspección a los cargadores en los mercados, y a la ausencia de datos sobre la aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione sus comentarios sobre estas observaciones.

Artículo 2, párrafo 2, del Convenio. Campo de aplicación. En sus comentarios anteriores, la Comisión había tomado nota de que según el Gobierno, el Convenio se aplica a las actividades de producción, transporte y comercialización de la cadena agroproductiva en el ámbito nacional, coincidiendo con el ámbito de aplicación de la ley núm. 29088, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales. La Comisión solicitó al Gobierno que asegurara la aplicación del Convenio respecto de todas las actividades de transporte manual y habitual de carga en actividades no cubiertas por la ley núm. 29088 pero que están comprendidas en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio y que proporcionara informaciones sobre el particular. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo núm. 29873, de 2011 y su reglamento, aprobado mediante decreto supremo núm. 005-2012-TR son aplicables a todos los sectores económicos y de servicios, comprenden a todos los empleadores y trabajadores bajo el régimen de la actividad privada, incluyendo a los trabajadores por cuenta propia y al sector público. Según esta normativa, el empleador deberá establecer requisitos mínimos entre los cuales está el de peso. El Gobierno también informa que, para las actividades no cubiertas por la ley núm. 29088 se aplica la resolución ministerial núm. 375-2008-TR que aprueba la «norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico» donde en su título III, Manipulación manual de cargas, numerales 4 a 13 establece medidas ergonómicas de protección para todos los trabajadores. El Gobierno concluye afirmando que el Convenio se aplica en el Perú a todos los sectores de la actividad económica mediante la ley núm. 29088 y su reglamento aprobado por el decreto supremo núm. 005-2009-TR y la resolución ministerial núm. 375-2008-TR. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la CATP indica que el Gobierno no ha realizado ninguna acción normativa ni formulado propuesta alguna para incluir a todos los sectores de actividad económica para los cuales el Estado Miembro interesado mantenga un sistema de inspección del trabajo, a fin de adecuar su normativa al presente Convenio. Por lo tanto, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione sus comentarios sobre el particular, y que indique si la resolución ministerial núm. 375-2008-TR es de aplicación obligatoria a todos los trabajadores cubiertos por el Convenio.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de las resoluciones ministeriales adjuntas a la memoria del Gobierno y, en especial, de la resolución ministerial núm. 313-2011, que establece los exámenes médicos ocupacionales para la vigilancia de la salud de los trabajadores que manipulan cargas. La memoria indica asimismo que los estibadores terrestres, carretilleros y tricicleros que laboran en la cadena comercial de productos agrarios, desde los centros de acopio en las regiones hasta en los mercados mayoristas y minoristas, pertenecen a un gran sector de la economía informal, y que la manipulación manual de cargas ocasiona frecuentes y variadas enfermedades y accidentes de origen laboral. Al respecto la Comisión toma nota de que según la CUT, la gran mayoría de los estibadores terrestres y transportistas manuales son empleados por cuenta propia, o no tienen una relación formal con su empleador, o directamente trabajan en el sector de la economía informal y que no se fiscaliza correctamente el cumplimiento del peso máximo y otras reglas de salud y seguridad en el trabajo. Tampoco existe un sistema unificado en los mercados que supervise y haga cumplir las reglas sobre peso máximo. Por su parte, la CATP indica que al no existir fiscalización ni control se obliga a los estibadores a cargar más de 100 kilos por cada carga y al día puede haber entre 40 y 50 cargas. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que se sirva indicar la manera en que asegura la aplicación del Convenio a todos los trabajadores cubiertos por el Convenio, incluyendo a los trabajadores de los mercados, a los trabajadores autónomos y de la economía formal e informal. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que proporcione resúmenes de los informes de los servicios de inspección y, en tanto lo permitan los servicios de estadística, información sobre el número y naturaleza de las infracciones observadas y de las medidas adoptadas al respecto.

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) (ratificación: 1976)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 1, párrafos 1 y 3 del Convenio. Determinación periódica de las sustancias y agentes cancerígenos a los que la exposición en el trabajo estará prohibida o sujeta a autorización o control. La Comisión toma nota de que según el Gobierno la determinación del poder cancerígeno de las sustancias o agentes se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional, aprobado mediante el decreto supremo núm. 039-93-PCM, de 28 de junio de 1993. En dicho decreto supremo se establece que el Instituto Nacional de Salud establecerá los valores límites permisibles sobre la base de la información de los Organismos Internacionales pertinentes y de estudios de investigación nacionales. Asimismo, la Comisión toma nota de que según el Gobierno el «Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-2017», aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en la sesión ordinaria núm. 14, de fecha 12 de diciembre de 2013, ha contemplado entre las líneas de acción, la de desarrollar una normativa complementaria para la adecuada implementación de la Ley núm. 29783 (LSST) de Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como la relativa a actualizar los listados sobre agentes cancerígenos y los TLV (valores umbrales límite) de los agentes químicos. Por otra parte, la Comisión toma nota de que según lo expresado por la CATP la norma referida tiene más de 21 años de antigüedad. La Comisión invita al Gobierno a que transmita copia del citado «Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-2017», especialmente, en lo referido a la actualización de los listados sobre agentes cancerígenos, e indique si ya se han actualizado los listados referidos, de conformidad con lo establecido en el Convenio.

Artículo 3. Establecimiento de un sistema apropiado de registro. Artículo 6. Adopción de medidas para dar efecto a las disposiciones del convenio, en consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores más representativas. La Comisión toma nota con interés de la información facilitada por el Gobierno en el sentido de que en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo funciona el Sistema Informático de Notificación de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales (SAT), mediante el cual los médicos asistenciales (de instituciones de salud públicas o privadas) efectúan las notificaciones de enfermedades ocupacionales, entre ellas, el cáncer profesional, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 110 del reglamento de la LSST, aprobado por decreto supremo núm. 005-2012-TR. Además, la Comisión toma nota de la propuesta de registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales presentada por la Comisión Técnica Multisectorial en setiembre de 2013, creada mediante resolución suprema núm. 069-2013-PCM, en el marco de la legislación referida anteriormente. La Comisión solicita información sobre el funcionamiento en la práctica del Sistema Informático de Notificación (SAT). La Comisión también pide al Gobierno que suministre información sobre todo progreso relativo a la aprobación del registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales en un futuro cercano.

Artículo 6, a). Deber de adoptar medidas para dar efecto a las disposiciones del Convenio en consulta con las organizaciones interesadas. La Comisión toma nota de que según la CATP, el Estado se niega a la inclusión y a la activa participación de las organizaciones sindicales en las distintas iniciativas vinculadas a la protección de la salud y la vida frente al cáncer profesional. A este respecto, la Comisión toma nota de que, según la CATP, la Comisión Nacional contra el Cáncer Ocupacional, instituida hace ya 21 años en el país, no admite la participación sindical. Así, la Comisión recuerda al Gobierno que en el párrafo a), del artículo 6, del Convenio se establece la obligación de adoptar, por vía legislativa o por cualquier otro medio, las medidas necesarias para dar efecto a sus disposiciones, en consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores más representativas. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que al adoptar, por vía legislativa o por cualquier otro método, las medidas necesarias para dar efecto a las disposiciones del presente Convenio lo realice en consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores más representativas, tal como lo establece este artículo del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) (ratificación: 2008)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), recibidas el 1.º de septiembre de 2014.

Artículo 3 del Convenio. Política nacional de seguridad y salud en las minas, previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobó, el 11 de abril de 2013, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST) y solicitó al Gobierno que proporcionara informaciones sobre los aspectos de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que guarden relación con el presente Convenio, y que indicara si se había previsto la elaboración de una política nacional de seguridad y salud en las minas. En su memoria, el Gobierno indica que si bien es cierto que en la PNSST no se ha plasmado ninguna acción directamente relacionada con la actividad minera, ello no supone que no se haya previsto o no se pueda llevar a cabo en el transcurso del tiempo. En el marco del eje de acción número 1, «promover un marco normativo armónico, coherente e integral sobre SST», el Ministerio de Energía y Minas se encuentra elaborando un proyecto de adecuación del reglamento de salud ocupacional y otras medidas complementarias. Al respecto, la CATP indica que la PNSST, aprobada mediante decreto supremo núm. 002-2013-TR, constituye un marco general de las prioridades del Estado en materia de seguridad y salud en el trabajo. Agrega que, sin embargo, aún no se han dado pasos para dar efecto a la política nacional de seguridad y salud en las minas, tal como lo prevé el presente Convenio. La CATP indica también que, a pesar de que las organizaciones sindicales del sector minero han solicitado su elaboración y manifestado su disposición a participar en el proceso, el Gobierno no ha desarrollado acciones concretas al respecto. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud en las minas, en especial en lo que atañe a las medidas destinadas a hacer efectivas las disposiciones del presente Convenio, teniendo en cuenta las condiciones y la práctica nacionales, y previa consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, y que proporcione informaciones sobre el particular, incluyendo sobre los resultados de dichas consultas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Portugal

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 1985)

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión toma nota que el Consejo de Administración aprobó en su 319.ª reunión de octubre de 2013, el informe del comité tripartito establecido para examinar la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, por la Asociación Sindical de Profesionales de la Policía de Seguridad Pública (ASPP/PSP), alegando el incumplimiento por Portugal del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (documento GB.319/INS/14/8). El Consejo de Administración encomendó a la Comisión el seguimiento de curso dado a las conclusiones del informe con respecto a la aplicación del Convenio núm. 155.

Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas en consulta con los interlocutores sociales para garantizar la aplicación efectiva, tanto en la legislación como en la práctica, del Convenio núm. 155 a la Policía de seguridad pública (PSP), y en particular, de los artículos 4, 8, 9, 16, 19, c) y d) y 20. Estas medidas deberían incluir aquellas destinadas a asegurar un examen de la situación de la PSP en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, teniendo en cuenta sus especificidades, de conformidad con el artículo 7 del Convenio, con miras a identificar los problemas principales, desarrollar medios eficaces para resolverlos, y evaluar los resultados.

Reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato de Inspectores del Trabajo (SIT)

La Comisión toma nota, asimismo, de la reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato de Inspectores del Trabajo (SIT), alegando el incumplimiento por Portugal del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), del Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155). En su 319.ª reunión (octubre de 2013), el Consejo de Administración decidió que la reclamación era admisible y nombró un comité tripartito para examinarla (documento GB.319/INS/15/6). La reclamación está actualmente en curso de examinación.

Otras cuestiones relativas a la aplicación del Convenio

La Comisión toma nota, además, de las observaciones conjuntas de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación de la Industria Portuguesa (CIP) sobre la aplicación del Convenio, recibidas el 1.º de septiembre de 2014, y de acuerdo con las cuales el decreto legislativo núm. 126-C/2011 declaró exinto el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que era el organismo responsable de la evaluación de la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y estableció el Consejo Nacional para las políticas de Solidaridad, Seguridad Social, Familia, Rehabilitación y de Voluntariado. A este respecto, la CIP destaca que pidió al Gobierno que comunique detalles sobre este nuevo Consejo, y en particular, en relación con sus funciones y responsabilidades. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios a este respecto.

Además, la Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la estrategia nacional de seguridad y salud en el trabajo (SST) 2008-2012, que define dos ejes fundamentales a este respecto, el primero sobre el desarrollo de políticas públicas coherentes y eficaces, y el segundo basado en la promoción de la seguridad y salud en los lugares de trabajo. Asimismo, la estrategia establece los diez objetivos siguientes: 1) desarrollar y consolidar una cultura de prevención en virtud del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187); 2) perfeccionar los sistemas de información, con inclusión de la creación de un modelo único de seguimiento de los accidentes de trabajo; 3) incluir sistemas de SST en la educación; 4) redinamizar el sistema nacional de prevención de riesgos laborales; 5) mejorar la coordinación de los servicios públicos competentes; 6) concretar, perfeccionar y simplificar las normas específicas en materia de SST; 7) aplicar el modelo de organización de la Autoridad para las condiciones de trabajo que reúne la promoción de la SST y la inspección del trabajo; 8) promover la aplicación de la legislación en materia de SST, especialmente en las pequeñas y medianas empresas; 9) mejorar las prestaciones en materia de SST, y 10) fortalecer la función de los interlocutores sociales en la mejora de las condiciones de SST en los lugares de trabajo. Tomando nota de que el sexto objetivo de la estrategia incluye la intención de ratificar el Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167), el Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184), así como el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), la Comisión se refiere al plan de acción para alcanzar una amplia ratificación y una aplicación efectiva del Convenio núm. 155, su Protocolo de 2002, y el Convenio núm. 187, adoptado por el Consejo de Administración en marzo de 2010, y señala a la atención del Gobierno la posibilidad de solicitar la asistencia técnica de la Oficina en el marco del plan de acción a fin de lograr, en las mejores condiciones posibles, alcanzar estos objetivos normativos. Asimismo, tomando nota de que la estrategia prevé realizar una evaluación a medio plazo así como una evaluación final sobre su aplicación, la Comisión ruega al Gobierno que tenga a bien comunicar copias de estas evaluaciones una vez que hayan finalizado.

Artículo 4, párrafo 1, del Convenio. Política nacional en materia de SST. La Comisión toma nota de los comentarios de la Unión General de Trabajadores (UGT), adjuntos a la memoria del Gobierno, así como de la respuesta del Gobierno. Según la UGT, una gran parte de los acuerdos firmados con los interlocutores sociales, que están incluidos en el plan nacional de acción sobre la prevención adoptado en 2001, no se han aplicado. La UGT espera que la estrategia nacional de seguridad y salud en el trabajo sea un instrumento decisivo para modificar profundamente el marco de la SST, que califica de deficitario. La UGT indica que sigue habiendo lagunas y fallos. Además, señala que el Servicio Nacional de Salud no cumple con sus responsabilidades de protección y control de la salud de los trabajadores. Asimismo, según la UGT, aunque Portugal cuenta con un sistema de estadísticas en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, este sistema se ve afectado por los problemas siguientes: los datos no se actualizan y no son fiables; en el caso de los accidentes del trabajo, existen diversas fuentes estadísticas y ninguna de ellas está actualizada, y en lo que respecta a las enfermedades profesionales, la situación es más grave ya que se notifican menos enfermedades de las que existen. Según el Gobierno, las deficiencias que alega el Servicio Nacional de Salud tienen su origen, en particular, en la falta de médicos del trabajo. Esta dificultad se ha solucionado debido a la creación de la especialidad de medicina del trabajo a través del decreto núm. 176/2009. En lo que respecta a los datos estadísticos, indica que el Instituto de Seguros de Portugal (ISP) garantiza la recopilación, el tratamiento y la publicación de los datos. El Gobierno precisa la naturaleza de los datos recogidas e indica que se puede acceder a ellos a través del sitio web del ISP (www.isp.pt). En lo que respecta a las enfermedades profesionales, el Gobierno señala que cada año se realiza un informe anual sobre las enfermedades profesionales. En lo que concierne a los alegatos relativos a una notificación insuficiente, el Gobierno indica que se trata de un problema más amplio que requiere la coordinación de diversos órganos, tales como la Inspección del Trabajo, los servicios de seguridad y salud en el trabajo y las empresas del Servicio Nacional de Salud (SNS). Además, el Gobierno pone de relieve que algunos médicos no están al corriente de que la notificación es obligatoria. Indica que se está examinando un proyecto de sistematización de estadísticas y que el país participa en un proyecto europeo sobre estadísticas en materia de enfermedades profesionales. La Comisión ha tomado nota de los puntos planteados por la UGT y de los esfuerzos para superar las dificultades de los que informa el Gobierno, y recuerda que, en virtud del artículo 4 del Convenio, el Gobierno, en consulta con los interlocutores sociales, debe definir, aplicar y revisar la política nacional en la materia. Según el párrafo 55 del Estudio General de la Comisión de Expertos de 2009, la política nacional debe formularse, ponerse en práctica y revisarse periódicamente. El examen periódico es una etapa indispensable para asegurar que la eficacia de su aplicación práctica se evalúa y que se determinan los ámbitos que requieren medidas suplementarias. Por otra parte, en su observación, la Comisión ha tomado nota de que la estrategia nacional de seguridad y salud en el trabajo 2010-2012 prevé la realización de una evaluación intermedia así como de una evaluación final, lo que responde a las exigencias de revisión que contempla el artículo 4. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que revise, en consulta con los interlocutores sociales, las cuestiones indicadas por la UGT (déficit de control de la salud de los trabajadores por parte del SNS, deficiencias en la actualización de las estadísticas y déficit de notificaciones) en el marco de la evaluación intermedia de la estrategia, que tome todas las medidas suplementarias necesarias para facilitar la puesta en práctica de su política nacional y que transmita información a este respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Reino Unido

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) (ratificación: 2008)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el Congreso de Sindicatos (TUC), recibidas junto con la memoria del Gobierno el 26 de agosto de 2014.

Artículos 2, 1), 3, 1) y 4, 3), a), del Convenio. Participación tripartita. La Comisión toma nota de que el TUC se refiere a los requisitos previstos en los artículos 2, 1), 3, 1), y 4, 3), a), del Convenio. El TUC afirma que el Gobierno no ha señalado qué procedimientos utiliza, con arreglo a los artículos 2, 1), y 3, 1), del Convenio, aparte de las consultas públicas, para consultar a los representantes de los trabajadores y de los empleadores, así como tampoco ha señalado cómo define cualesquiera de los órganos tripartitos (en referencia al artículo 4, 3, a)) o cómo garantiza que estos organismos son tripartitos. La Comisión solicita al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.

Artículo 4, 2), c). Mecanismos para garantizar la observancia de la legislación nacional, incluidos los sistemas de inspección. La Comisión había tomado nota anteriormente de los comentarios del TUC de que el nivel de las inspecciones llevadas a cabo en el país es de escasa calidad y poco sistemático. En este sentido, el Gobierno señaló que el número de inspecciones realizadas por las divisiones de operaciones sobre el terreno de la Dirección de Salud y Seguridad (HSE) debería evaluarse dentro del contexto de las actividades preventivas que esta división lleva a cabo activamente.

La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno en su última memoria, según la cual el plan para la reforma del sistema de salud y seguridad ha introducido la nueva categoría de industrias que no constituyen peligros potenciales graves, por lo que la inspección se concentra en los sectores industriales que representan riesgos superiores. El Gobierno señala que las inspecciones ya no se efectúan en sectores de bajo riesgo donde éstas no son eficaces en términos de resultados, sino que pueden realizarse visitas a empresas de cualquier sector que no cumplen todas las condiciones requeridas en materia de salud y seguridad. El Gobierno señala que, en colaboración con el Laboratorio de Salud y Seguridad, se ha elaborado un sistema estratégico de detección de lugares de trabajo donde podría estar justificado efectuar una inspección a propósito. Esta política de selección previa de inspecciones ha dado lugar a que se haya reducido un tercio la cifra de inspecciones al año respecto a su nivel de actividad en 2010-2011. En lo que se refiere a sus comentarios en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), la Comisión solicita al Gobierno que suministre información adicional sobre el funcionamiento del nuevo sistema de selección estratégica previa y sobre el procedimiento mediante el cual se seleccionan los lugares de trabajo que serán sometidos a inspección, incluyendo las modalidades para identificar a los empleadores que no cumplen todas las condiciones requeridas en materia de salud y seguridad. En este sentido, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los criterios para determinar los sectores que suponen menos riesgos, en los cuales no tendrán lugar las inspecciones, así como los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la legislación nacional en materia de salud y seguridad en dichos sectores.

Artículo 4, 3), d). Servicios de salud en el trabajo, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales. La Comisión tomó nota de la declaración del TUC de que no existe ninguna disposición sobre salud en el trabajo en el Reino Unido y que, dado que pocos empleadores pueden acceder a proveedores privados, la gran mayoría de los trabajadores carecen de cobertura. En este sentido, la Comisión tomó nota de que el Gobierno señala que la legislación requiere que los empleadores proporcionen estos servicios cuando se considera que pueden ocurrir determinados riesgos y donde la vigilancia médica podría resultar necesaria.

La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que las pequeñas y medianas empresas pueden obtener asesoramiento y apoyo en materia de salud en el trabajo mediante una línea gratuita de información y mediante una red de proveedores del Servicio Nacional de Salud. Asimismo, esta línea proporciona información sobre servicios privados de salud en el trabajo que los empleadores pueden contratar, así como sobre un sistema voluntario legal de acreditación para estos proveedores destinado a aumentar el nivel general de atención sanitaria que prestan dichos servicios de salud. La Comisión solicita al Gobierno que, en su próxima memoria, suministre información sobre el porcentaje de trabajadores cubiertos por los servicios de salud en el trabajo. La Comisión solicita también al Gobierno que siga proporcionando información sobre iniciativas para mantener, desarrollar de forma progresiva y revisar periódicamente su sistema de servicios de salud en el trabajo.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Anguilla

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de que, en respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica nuevamente que todavía no se ha promulgado ninguna disposición destinada a garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la contaminación del aire, pero que en conformidad con el capítulo P 125 de la Ley de Salud Pública, el Ministro de Salud está facultado para adoptar todas las medidas necesarias a fin de suprimir todo factor nocivo que pueda ser perjudicial para la salud, y que los funcionarios en materia de salud en el medio ambiente tienen facultades para entrar en todo lugar de trabajo y realizar las inspecciones o exámenes que puedan ser necesarios a los fines de la ley. Además, el Ministro está facultado para elaborar reglamentos para la protección de la salud de las personas expuestas a condiciones, sustancias o procesos que puedan ser perjudiciales para la salud. La Comisión toma nota también de que, si bien no se ha adoptado ningún reglamento de ese tipo, el Gobierno indica que considerará la elaboración de tales reglamentos.

La Comisión recuerda que las obligaciones en virtud de este Convenio respecto a la contaminación del aire fueron aceptadas y convertidas en aplicables en Anguilla por la declaración sin modificación de fecha 11 de julio de 1980, y que la Comisión, en varios comentarios formulados desde 1991 ha señalado a la atención del Gobierno el artículo 4 del Convenio que dispone que la legislación nacional deberá disponer la adopción de medidas en el lugar de trabajo para prevenir y limitar los riesgos profesionales en el medio ambiente de trabajo debidos a la contaminación del aire y que para la aplicación práctica de las medidas así prescritas se podrá recurrir a la adopción de normas técnicas, repertorios de recomendaciones prácticas y otros métodos apropiados. La Comisión insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias, ya sea mediante la adopción de un reglamento en virtud del artículo 20, 1), de la ordenanza laboral núm. 8 de 1996 o adoptando los métodos adecuados para garantizar la protección de los trabajadores contra los riesgos debidos a la contaminación del aire e invita al Gobierno a informar sobre los progresos realizados a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Rwanda

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Legislación. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria y al tiempo que toma nota de la adopción de la orden ministerial núm. 01, de 17 de mayo de 2012, que determina las modalidades para el establecimiento y funcionamiento de las comisiones de seguridad y salud en el trabajo y la orden ministerial núm. 02, de 17 de mayo de 2012, que determina las condiciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Nota también que dichas órdenes no incluyen disposiciones que den efecto a la mayor parte de los artículos de este Convenio. La Comisión acoge con agrado las copias traducidas de las nuevas disposiciones adoptadas, adjuntas a la memoria del Gobierno. El Gobierno indica también su intención de denunciar este Convenio y ratificar el Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167). La Comisión solicita al Gobierno que mantenga a la Oficina informada de toda evolución a este respecto, y que continúe proporcionando información sobre toda modificación legislativa que se haya llevado a cabo en relación con la aplicación del Convenio.

Artículo 1 del Convenio. La Comisión toma nota de que los artículos 12, 28 y 38 de la orden ministerial núm. 2 dan efecto al artículo 10, 3) y 4) y al artículo 16, y que mientras que el artículo 21 se refiere a las máquinas y aparatos elevadores, no da pleno efecto a las exigencias específicas de los artículos 11 a 15. La Comisión toma nota de que los restantes artículos del Convenio no son tratados en la legislación adjunta. Al recordar que la ordenanza núm. 21/94, de 23 de julio de 1953, que regula la seguridad del trabajo en la industria de la edificación fue derogada en 2001, la Comisión reitera al Gobierno que se sirva adoptar medidas urgentes a fin de llenar el vacío legal creado por la derogación de esta ordenanza. La Comisión recuerda nuevamente al Gobierno que la Oficina puede proporcionar la asistencia técnica pertinente al Gobierno a fin de ayudarle en sus esfuerzos para poner su legislación y su práctica en conformidad con el Convenio.

Artículos 4 y 6, en conjunción con la parte V del formulario de memoria. Inspección del trabajo, información estadística y aplicación en la práctica. La Comisión acoge con agrado la información proporcionada por el Gobierno sobre el ejercicio integral actualmente en curso de establecer un perfil de país en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Gobierno indica que este perfil proporcionará información estadística en relación con el número y clasificación de los accidentes, incluyendo aquéllos pertinentes para los trabajadores de la economía informal. Asimismo, la Comisión remite al Gobierno a los comentarios que formula sobre la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). Al recordar que la información estadística más reciente recibida del Gobierno en relación con la aplicación práctica de este Convenio data de 2003, la Comisión recuerda en consecuencia al Gobierno las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6 del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien cerciorarse de que su próxima memoria incluya información estadística relativa al número y clasificación de los accidentes del trabajo padecidos por las personas que realizan las actividades comprendidas en el ámbito de este Convenio, y toda otra información que sea pertinente para la aplicación de este Convenio en la práctica.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

San Marino

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) (ratificación: 1988)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 4 (prevención y limitación de los riesgos profesionales y protección de los trabajadores contra tales riesgos), artículo 8 (establecimiento de criterios que permitan definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones y los límites de exposición), artículo 9 (medidas técnicas para garantizar que todo riesgo debido a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones se elimina en los lugares de trabajo) y artículo 10 (equipo de protección personal) del Convenio. La Comisión toma nota de la adopción del decreto núm. 74, de 17 de mayo de 2005, por el que se modifica el artículo 15, párrafo 1, del decreto núm. 25 de 26 de febrero de 2002, que prevé la aplicabilidad de niveles de exposición reconocidos a escala internacional, especialmente en materia de ruido. La Comisión también toma nota de que se menciona la ley núm. 94, de 28 de junio de 2005, sobre la utilización, el tratamiento y la eliminación del amianto, que prevé, entre otras cosas, la utilización de equipos de protección personal de conformidad con las especificaciones del Comité Europeo de Normalización (CEN/TC 79). La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, aún se están definiendo las normas técnicas de referencia sobre la contaminación del aire en general y las vibraciones, y los criterios que permiten definir los casos en los que se deben proporcionar equipos de protección personal están directamente relacionados con estas normas técnicas de referencia. La Comisión señala de nuevo su esperanza de que las normas técnicas cuya preparación estaría en curso se adopten en un futuro próximo, y pide al Gobierno que transmita información sobre los progresos realizados así como copias de las normas una vez que se hayan adoptado.

Artículo 5. Consultas entre la autoridad competente y las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión se felicita por la información relacionada con las numerosas consultas que el Departamento de Salud Pública ha realizado con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores sobre las medidas a adoptar para mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de las pequeñas empresas, que llevaron a la adopción del decreto núm. 4, de 14 de enero de 2008, de revisión del anexo I del decreto núm. 123/2001. La Comisión ruega al Gobierno que transmita información sobre la aplicación práctica de este decreto.

Artículo 11, párrafo 3. Otro empleo adaptado u otras medidas propuestas para asegurar el mantenimiento de los ingresos del trabajador trasladado. La Comisión toma nota con interés de las directivas detalladas sobre el establecimiento del control médico en base a la ley núm. 31/98, y de los textos de ley adoptados el 20 de diciembre de 2002 después de un amplio proceso de consultas. Esas directivas mencionan el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), y proporcionan instrucciones detalladas sobre los tipos de exámenes médicos y las obligaciones legales y médicas resultantes de esos exámenes. Asimismo, toma nota de que los trabajadores cuya capacidad de trabajo se ha visto reducida pueden ser empleados en actividades protegidas en los lugares de integración del Estado (Cantieri Integrativi Dello Stato). Por último, toma nota de que en virtud del artículo 9 del decreto núm. 15/2006, los trabajadores a los que cubre éste decreto podrían ser empleados por la administración pública en condiciones definidas en el acuerdo entre el Estado y el sindicado. La Comisión ruega al Gobierno que indique si el traslado a otro empleo al que se hace referencia sólo concierne a los trabajadores con discapacidad, o si también se prevé en los casos en los que la exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones no se aconseja por motivos médicos, incluso aunque no exista discapacidad. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre los casos en los que un traslado a otro empleo se ha producido tal como se prevé en este artículo del Convenio.

Parte V del formulario de memoria y artículo 16. Sanciones y servicios de inspección. La Comisión toma nota de las estadísticas transmitidas por el Gobierno, que contienen información sobre las inspecciones efectuadas y los datos recogidos. Según estas estadísticas, se registraron 21 infracciones en grandes empresas, cuatro en empresas medianas y una en una pequeña empresa. La Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las infracciones de este tipo, y que continúe transmitiendo información detallada sobre la aplicación del Convenio en la práctica, incluyendo estadísticas sobre el número de trabajadores cubiertos por la legislación aplicable, si es posible, desglosadas por sexo, así como sobre el número y la naturaleza de las infracciones señaladas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar las medidas necesarias en un futuro próximo.

Sierra Leona

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) (ratificación: 1964)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Desde hace algunos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno el hecho de que la legislación nacional no contiene disposición alguna que dé efecto a la parte II del Convenio (prohibición de venta, arrendamiento, cesión a cualquier otro título y exposición de máquinas desprovistas de dispositivos adecuados de protección) y no establece la plena aplicación del artículo 17 del Convenio (que se aplica a todos los sectores de actividad económica), por cuanto no es aplicable a determinadas ramas de actividad, entre otras, los transportes marítimo, aéreo o terrestre y las minas.

Desde 1979, en respuesta a los comentarios de la Comisión, el Gobierno venía indicando en sus memorias que se encontraba en proceso de redacción un proyecto de ley que revisaba la Ley de Fábricas de 1974, que contenía disposiciones que estaban en consonancia con las del Convenio y que se aplicaría a todos los sectores de actividad económica. En su última memoria (recibida en 1986), el Gobierno indica que la comisión parlamentaria competente había examinado el proyecto de Ley de Fábricas de 1985 y que iba a someterse al Parlamento para su adopción.

Con su memoria para el período que finaliza el 30 de junio de 1991, el Gobierno comunicó una copia de los extractos del proyecto de Ley de Fábricas con el contenido de las disposiciones que deberían dar efecto a la parte II del Convenio. En relación con esto, se solicitó al Gobierno que indicara en qué fase del procedimiento legislativo se encontraba el proyecto de ley y qué organismo tenía a su cargo el proceso de examen del mismo. Al no haber comunicado el Gobierno información alguna al respecto, la Comisión expresa nuevamente la esperanza de que se adopte en un futuro cercano el mencionado proyecto de ley y solicita al Gobierno que envíe una copia de este texto en cuanto haya sido adoptado.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República Árabe Siria

Convenio sobre la protección contra las radiaciones, 1960 (núm. 115) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en su última memoria, incluyendo la adopción del decreto legislativo núm. 64, de 2005, así como del decreto del Primer Ministro núm. 134, de 2007, sobre protección contra la radiación y seguridad contra las fuentes de radiación en Siria, que parecen dar mayor cumplimiento a las disposiciones del Convenio. La Comisión toma nota asimismo de la respuesta del Gobierno en relación con la aplicación del artículo 3, párrafo 1, y el artículo 6, párrafo 2, del Convenio, sobre las dosis máximas de exposición admitidas para trabajadoras embarazadas; y el artículo 7, párrafo 2, sobre la prohibición de emplear trabajadores menores de 16 años en trabajos que impliquen la utilización de radiaciones ionizantes. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva seguir proporcionando información sobre las medidas legislativas adoptadas en relación con el Convenio y que facilite una copia del decreto núm. 64, de 2005 y del decreto núm. 134, de 2007.

Artículo 8. Máximos de exposición admisibles para trabajadores no ocupados directamente en trabajos bajo radiación. La Comisión toma nota de la información de que la sección 59 del decreto núm. 134, de 2007, estipula que los empleadores garantizarán, en las mismas condiciones que para el público en general, la protección de los trabajadores que pudieran estar expuestos a fuentes de radiación que no tengan relación con su trabajo. La Comisión toma nota de la respuesta del Gobierno, en la que señala que la exposición por razones médicas, en virtud de la sección 1 del decreto núm. 134, de 2007, se define como la exposición a las radiaciones por parte de personas enfermas como consecuencia de su tratamiento médico o dental una vez establecido el diagnóstico, las exposiciones (además de aquellas por razones de trabajo) en las que incurran voluntariamente y a sabiendas aquellos individuos que acudan a los hospitales a ayudar o aliviar a los pacientes durante su tratamiento; y la exposición a las radiaciones por parte de los voluntarios que trabajen en los hospitales como parte de su investigación o formación médica. La Comisión toma nota de que la sección 15 del decreto anteriormente mencionado trata de la aplicación y no aplicación de las dosis máximas permitidas en casos de exposición médica autorizada, y que el anexo II del mencionado decreto fija un límite de dosis de exposición radiactiva mSv (Milisievert) para las personas que acompañen a algún paciente durante su tratamiento y para los voluntarios que trabajan en investigación médica, y menos de un mSv para los niños de visita en el hospital. La Comisión solicita al Gobierno que indique, a la luz del párrafo 14 de su observación general de 1992 sobre el Convenio, las medidas adoptadas o previstas para revisar los límites de las dosis actualmente en vigor respecto a las personas que trabajan en los hospitales sin ser empleados del hospital; así como las dosis de radiación a las que se ven expuestas los voluntarios durante su investigación médica.

Límites de la exposición profesional en situaciones de urgencia. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, en virtud del decreto núm. 1427, de 2002, se ha establecido un Plan de Emergencia Nacional a fin de responder a las situaciones de emergencia, y que la sección 10 del decreto núm. 64, de 2005, estipula que la Autoridad de Energía Atómica será el organismo responsable de fomentar la capacidad nacional para responder a las situaciones de emergencia radiactiva o nuclear. La Comisión pide al Gobierno que facilite una copia del Plan de Emergencia Nacional anteriormente mencionado y que señale, en relación con los párrafos 16 al 27 y 35, c), de la observación general de 1992 de la Comisión sobre el Convenio, así como en relación con los párrafos V.27 y V.30 de las Normas Básicas de Seguridad en materia de protección radiológica, publicadas en 1994, las circunstancias en las que se autorizará la exposición excepcional de los trabajadores, que supere el límite normal de dosis tolerada, en los casos de tareas que puedan surgir durante operaciones de carácter urgente e inmediato.

Parte IV del formulario de memoria. Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de la información de que la sección 15 del decreto núm. 64, de 2005, estipula que la responsabilidad de la autoridad de energía atómica es llevar a cabo inspecciones de las instalaciones y los lugares en los que se utilizan fuentes de radiación y nombrar inspectores para llevar a cabo estas inspecciones, y que la sección 16 del decreto establece que los inspectores tengan la capacidad de la policía judicial. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva seguir proporcionando información sobre la aplicación práctica de las disposiciones del Convenio, incluido el número y la naturaleza de las infracciones denunciadas así como de las medidas pertinentes adoptadas para solucionarlas.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Suecia

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 1982)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sueca de Sindicatos (LO), recibida el 21 de noviembre de 2013.

Toma nota también de las observaciones formuladas conjuntamente por la Confederación Sueca de Profesionales (TCO), la LO y la Confederación Sueca de Asociaciones Profesionales (SACO), recibidas el 10 de noviembre de 2014. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione sus comentarios a este respecto.

Artículo 4, 1), del Convenio. Política nacional. Consultas. La Comisión toma nota de las observaciones de la LO, según las cuales el Gobierno no cumple con los requisitos previstos en este artículo en relación con la consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, dado que las reuniones tripartitas que se han organizado son sobre todo de naturaleza informativa no se focalizan de manera adecuada sobre cuestiones políticas. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las consultas tripartitas celebradas en relación con la política nacional, incluyendo sobre su frecuencia y resultado, a la luz de las observaciones de la LO.

Artículo 9, 1). Sistema de inspección del trabajo apropiado y suficiente para asegurar la aplicación efectiva de las leyes y reglamentos en materia de seguridad y salud (SST). La Comisión toma nota de las observaciones de la LO, según las cuales el número de establecimientos de trabajo que la Dirección del Medio Ambiente de Trabajo (WEA) está encargada de inspeccionar se incrementó en 194 133 durante el período 2007-2012, y el número de trabajadores aumentó de 3 952 507 (2007) a 4 227 711 (2012), mientras que el número de inspectores se redujo de 359 a 250. La LO observa que debido al hecho de que el número de trabajadores por cada inspector ha aumentado a 16 991 mientras que la OIT recomienda un inspector cada 10 000 trabajadores, es evidente que estos funcionarios están expuestos a situaciones de estrés en relación con el número de inspecciones impuestas por la WEA y el Gobierno. En vista de las observaciones de la LO, se solicita al Gobierno que facilite información sobre las medidas tomadas en la práctica para asegurar de que las leyes y reglamentos en materia de SST se hacen cumplir mediante un sistema de inspección apropiado y suficiente.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de las iniciativas adoptadas por la WEA, durante el período sobre el que se informa, para la prevención de los trastornos del sistema oseomuscular y las enfermedades relacionadas con el estrés, incluidos los programas de formación interactivos en línea sobre el estrés en el lugar de trabajo y de ergonomía para la prevención de los trastornos del sistema oseomuscular y páginas temáticas sobre esos temas, disponibles en la página web de la WEA. Otras medidas incluyen la revisión y entrada en vigor de disposiciones relativas a la ergonomía para la prevención de los trastornos del sistema oseomuscular, que introduce disposiciones sobre la manipulación de cargas (directiva UE núm. 90/269/CEE), la elaboración de disposiciones sobre cargas de trabajo perjudiciales para la salud, y las numerosas actividades llevadas a cabo por la WEA en el período 2009-2011 centradas en la violencia y amenazas en el lugar de trabajo, junto con iniciativas en materia de inspección, principalmente en el sector minorista. La Comisión también toma nota de las observaciones de la LO señalando que en 2012 aumentaron los accidentes de trabajo de toda clase, con excepción de los accidentes ocurridos durante el trayecto, y en particular de jóvenes trabajadores de edades entre 16 y 24 años (incremento anual del 17 por ciento) y, asimismo, el aumento en el número de casos de enfermedades profesionales. La LO indica que, en los últimos años, han aumentado considerablemente los informes relativos a problemas psicosociales en el lugar de trabajo y que actualmente no existen reglas de cumplimiento obligatorio para los empleadores en este sentido, a pesar de tratarse de uno de los mayores problemas relacionados con el trabajo que se presentan en Suecia. A la luz de las observaciones de la LO, la Comisión también solicita al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para abordar la cuestión del número de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, incluidas las enfermedades relacionadas con el estrés, y sobre el impacto de esas medidas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) (ratificación: 2008)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sueca de Sindicatos (LO) recibidas el 21 de noviembre de 2013.

Toma nota también de las observaciones conjuntas formuladas por la Confederación Sueca de Profesionales (TCO), la LO y la Confederación de Asociaciones Profesionales de Suecia (SACO), recibidas el 10 de noviembre de 2014. La Comisión solicita al Gobierno que comunique sus comentarios respecto de estas observaciones.

Artículo 4, 2), c), del Convenio. Mecanismos para garantizar la observancia de la legislación nacional, incluidos los sistemas de inspección. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, según la cual, desde 2011 ha venido disminuyendo paulatinamente el número de visitas a los establecimientos de trabajo y el número de inspecciones a los mismos. El Gobierno señala que el número de inspectores ha descendido pero se ha optimizado el trabajo para mejorar la eficiencia de las visitas de inspección. El número de visitas asignadas a cada inspector aumentó entre 2009 y 2011 como consecuencia de la implantación de métodos de inspección más efectivos y la reducción de los trámites administrativos. Además, tras el proyecto piloto de 2011-2012, se decidió que las actividades de inspección deberían centrarse en alcanzar los establecimientos más vulnerables. En este contexto, la Agencia para la Gestión Pública (APM) analizó la capacidad del Organismo para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (WEA) para cumplir con su mandato en consonancia con las decisiones del Gobierno con respecto al entorno de trabajo. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la LO sobre el hecho de que el número de establecimientos sujetos a inspección por el WEA ha aumentado en 194 133 entre 2007 y 2012, y de que el número de trabajadores por inspector se ha incrementado de 11 010 a 16 991, lo que supera con creces la recomendación de la OIT de que exista un inspector por cada 10 000 trabajadores. Esto significa también que los inspectores han recibido instrucciones para orientar sus actividades hacia la mediación y la formación antes que hacia la inspección. A la luz de las observaciones de la LO, la Comisión solicita al Gobierno que comunique información adicional sobre el funcionamiento de su sistema de la inspección del trabajo y sobre las medidas adoptadas o previstas para corregir la disminución del número de inspecciones efectuadas por el WEA. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que transmita información sobre el análisis de la APM sobre las actividades de la inspección del WEA, incluyendo los resultados obtenidos en ellas.

Artículo 4, 3), a). Órgano u órganos consultivos tripartitos de ámbito nacional para tratar las cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo. La Comisión toma nota que el Gobierno señala que, además de celebrar consultas regulares con los interlocutores sociales, el Ministerio de Trabajo lleva a cabo consultas cuando sea necesario. Además, en virtud de los artículos 5 y 6 de la ordenanza por la que se crea establece el WEA (2007:913), este órgano debe consultar a los interlocutores sociales en la medida necesaria para el cumplimiento de sus actividades y antes de tomar una decisión sobre las disposiciones o sobre casos administrativos relevantes. En este sentido, la Comisión toma nota de que la LO observa una vez más que las reuniones tripartitas organizadas son más centradas en dar informaciones en lugar de la discusión sobre la política y se celebran con demasiada poca frecuencia. A la luz de las observaciones de la LO, la Comisión pide al Gobierno que comunique información adicional sobre las consultas tripartitas mantenidas en materia de SST, entre otras, sobre su frecuencia y la naturaleza de las cuestiones planteadas en las reuniones.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Túnez

Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificación), 1937 (núm. 62) (ratificación: 1959)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 6 del Convenio. Informaciones estadísticas sobre el número y la clasificación de los accidentes sufridos por personas ocupadas en trabajos cubiertos por el Convenio. La Comisión toma nota de las detalladas informaciones estadísticas sobre la evolución de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales en el sector de la construcción durante el período 1995-2008, incluyendo un análisis detallado sobre las principales causas de los mismos en 2008. La Comisión toma nota de una relativa tendencia a la disminución de la cantidad de accidentes registrados, pero nota que la tendencia sobre enfermedades profesionales es muy irregular. Toma nota asimismo de las detalladas informaciones sobre las medidas adoptadas por la Caja Nacional de Seguro de Enfermedad (CNAM) para hacer frente a estos problemas, incluyendo la realización, en 2007, de 1 234 misiones de asistencia técnica en empresas afiliadas, y de 1 307 misiones de este tipo en 2008. La Comisión toma nota con particular interés de que los accidentes del trabajo han disminuido en 10,8 por ciento en 2007 y en 19,3 por ciento en 2008, y que en 2009, la CNAM llevaría a cabo misiones de asistencia técnica similares en 1 397 empresas. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno instituyó incentivos financieros, los que incluyen asistencia financiera para programas de prevención, cubriendo el 70 por ciento de los costos de la inversión; un sistema de premios y castigos sobre las cotizaciones, reduciendo las cotizaciones de las empresas que deseen invertir en estrategias de prevención y aumentando las cotizaciones de aquellas que se niegan a invertir en tales estrategias; utilización del aumento de las cotizaciones como sanción a la infracción por infracciones a las disposiciones de salud y seguridad; y la organización de 14 seminarios de información (incluyendo un seminario referido específicamente a la salud y seguridad en el sector de la construcción) con la participación de especialistas técnicos del CNAM. La Comisión nota igualmente que el Gobierno ha adoptado un programa nacional de gestión de riesgos profesionales para el período 2009-2011 conteniendo tres objetivos principales: la promoción de la salud en el trabajo, la promoción de la seguridad en el trabajo y la reducción de los accidentes del trabajo, en particular los accidentes mortales y graves. La Comisión toma nota con agrado de esta información e invita al Gobierno a seguir proporcionando informaciones sobre sus continuos esfuerzos para mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo y en particular en el sector de la construcción.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Turquía

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-İŞ), por la Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK) y por la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (KESK), recibidas el 1.º de septiembre de 2014. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la KESK, la TÜRK-İŞ y la Confederación de Sindicatos Turcos Auténticos (HAK-IŞ), así como de las observaciones presentadas por la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), anexadas a la memoria del Gobierno y recibidas el 3 de noviembre de 2014.

La Comisión toma nota asimismo de que, en referencia a las observaciones formuladas por la TÜRK-İŞ y la KESK, recibidas el 1.º de septiembre de 2014, el Gobierno indica, en una comunicación recibida el 12 de noviembre de 2014, que en esta fase no tiene ningún comentario que transmitir al respecto.

La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por el Sindicato de Trabajadores Municipales (TÜM YEREL-SEN), recibidas el 30 de octubre de 2014. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios sobre estas observaciones.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Ámbito de aplicación. Exclusiones. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la KESK, según las cuales la Ley núm. 6331 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores (SST), de 2012 (ley núm. 6331 sobre SST), excluye de su campo de aplicación algunas actividades y personas y la aplicación de los artículos 6 y 7 de esta ley se aplazó a julio de 2016 en lo que respecta a los empleados públicos. En sus observaciones, la TISK indica que el reglamento núm. 28710 sobre las medidas de seguridad y salud que han de adoptarse en el lugar de trabajo, adoptado en virtud de la Ley núm. 6331 sobre SST, no abarca los medios de transporte utilizados fuera de la empresa y los medios de transporte utilizados en el establecimiento para la construcción temporal o móvil, la minería, las industrias del petróleo y del gas, los buques de pesca y las zonas agrícolas y forestales. La TISK considera que estas disposiciones están de conformidad con los artículos 1, 2) y 2, 2), del Convenio. La Comisión toma nota de que estas exclusiones no parecen corresponder a las indicadas en la primera memoria del Gobierno. Recuerda que, en virtud de los artículos 1, 3) y 2, 3), del Convenio, los Estados Miembros pueden excluir ramas particulares de la actividad económica, en relación con las cuales surgen problemas especiales de naturaleza sustancial o categorías limitadas de trabajadores respecto de los cuales existen especiales dificultades, sólo en su primera memoria, dando las razones de tales exclusiones, e indicará, en memorias posteriores, todo progreso realizado hacia una más amplia aplicación. En su solicitud directa de 2005, la Comisión tomó nota de la indicación del Gobierno, según la cual un nuevo proyecto de ley incluiría todas las ramas de actividad económica y todos los trabajadores de éstas. La Comisión solicita al Gobierno que garantice que las exclusiones que prevé la Ley núm. 6331 sobre SST y su reglamento, no sean más amplias en su alcance que las indicadas en su primera memoria, y que comunique información detallada al respecto. La Comisión también solicita al Gobierno que describa las medidas adoptadas para otorgar una protección adecuada a los trabajadores de las ramas excluidas y que indique todo progreso orientado a una aplicación más amplia.

Artículo 4. Formulación, aplicación y revisión periódica de la política nacional sobre SST, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Artículo 8. Medidas que han de adoptarse, incluida la legislación, en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, para dar efecto a la política nacional. En sus observaciones, la TÜRK-İŞ se refiere a la política nacional de seguridad y salud de los trabajadores (SST) para 2014-2018, presentada al Consejo Nacional de SST, e identifica varias áreas de acción que requerirían ser abordadas o mejoradas: actividades dirigidas a promover la aplicación de la Ley núm. 6331 sobre SST; actividades de formación y de promoción en el terreno de la SST; visitas de inspección efectivas en los establecimientos; y un descenso en el número de accidentes en el lugar de trabajo, especialmente en los sectores de la minería, de la construcción y del metal. Además, la Comisión toma nota de que, según la DISK, los interlocutores sociales no están adecuadamente representados en el Consejo Nacional de SST y que no se reunió con suficiente frecuencia para garantizar su funcionamiento (en la actualidad, dos veces al año). En sus observaciones, la DISK, la TÜRK-İŞ y la KESK, alegan que la Ley núm. 6331 sobre SST, se adoptó sin el acuerdo de los interlocutores sociales y no respondió a sus expectativas. Según la DISK, se introdujeron algunas enmiendas a otras leyes y reglamentos generales, con efectos negativos en el marco temporal de aplicación de la Ley núm. 6331 sobre SST. La Comisión también toma nota de que el marco de la política nacional sobre SST, en virtud de los artículos 4 y 7 del Convenio, implica un proceso dinámico y cíclico, y requiere una revisión periódica para garantizar que la política y las medidas nacionales sobre SST, adoptadas de conformidad con el artículo 8 del Convenio para dar efecto a la política nacional sobre SST, sean idóneas y adecuadas y sigan siendo constantemente actualizadas. La Comisión invita al Gobierno a que adopte medidas para garantizar que se formule, aplique y revise periódicamente la política nacional sobre SST, en consulta con los interlocutores sociales, como exige el artículo 4 del Convenio. En vista del proceso en curso de la reforma legislativa, la Comisión solicita al Gobierno que garantice consultas eficaces con los interlocutores sociales en este proceso y que comunique información detallada sobre las consultas celebradas y sus resultados.

Artículos 5, a) y b), y 16. Seguridad y salud en el lugar de trabajo. La Comisión toma nota de, por una parte, las preocupaciones expresadas por la TISK sobre la obligación de contratar médicos laborales y expertos en seguridad en el trabajo (OSE) en todas las empresas clasificadas como peligrosas o muy peligrosas, independientemente del número de trabajadores empleados. Según la TISK, tal disposición da lugar a una mayor carga en los empleadores de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Por otra parte, la KESK recuerda que la Ley núm. 6331 no confiere potestad alguna a los OSE respecto de la SST, pero que en la práctica siguen siendo aún responsables de las lesiones sufridas por los trabajadores y son pasibles de sanciones. En lo que atañe al artículo 16 del Convenio, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que, si bien no es una obligación en virtud del Convenio contratar médicos laborales y OSE en todos los lugares de trabajo, se requiere que los empleadores garanticen, en la medida en que sea razonablemente factible, que los lugares de trabajo y el entorno laboral sean seguros y sin riesgos para la salud. Con respecto a la observación formulada por la KESK, la Comisión toma nota de que la designación de OSE o de cualquier otro órgano técnico o profesional para asistir al empleador en relación con los asuntos relativos a SST, no puede sustituir o limitar la responsabilidad que corresponde a los empleadores de garantizar lugares de trabajo y entornos laborales que sean seguros y sin ningún riesgo para la salud, de conformidad con el artículo 16. La Comisión solicita al Gobierno que aclare las diferentes funciones y responsabilidades de los empleadores y de los OSE en garantizar la seguridad en los lugares de trabajo y en los entornos laborales, y que comunique información a este respecto. La Comisión también remite al Gobierno a sus comentarios en relación con el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161).

Artículo 7. Exámenes periódicos de la situación de la SST, global o relativa a determinados sectores. Subcontratación y sectores de la minería, del metal y de la construcción. En sus observaciones, la DISK se refiere a un informe de evaluación sobre la situación de la SST, preparado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 2005, según el cual se identificaron, en el sistema de SST, algunas deficiencias, especialmente en relación con: la prevención de los riesgos laborales; la falta de supervisión del entorno laboral; y la ausencia de reconocimiento y de declaración de las enfermedades relacionadas con el trabajo. La DISK considera que, a pesar de la adopción de la nueva legislación sobre SST, persisten aún estas cuestiones. En cuanto a la TÜRK-İŞ, ésta identifica los sectores de la minería, de la construcción y del metal como sectores prioritarios en el desarrollo de una política de SST dirigida a prevenir los accidentes del trabajo y a garantizar inspecciones en el lugar de trabajo. En relación con esto, la TÜRK-İŞ también destaca las condiciones laborales insalubres e inseguras de los trabajadores de empresas de subcontratación, denunciando la ausencia de una inspección del trabajo efectiva, y recuerda que, según estadísticas oficiales, el número de trabajadores empleados por empresas que subcontratan sería de 1 millón. Además, la KESK considera que los datos oficiales subestiman el fenómeno y que esos trabajadores serían 2 millones. La Comisión se refiere al párrafo 78 de su Estudio General de 2009 sobre seguridad y salud en el trabajo, que indica que «la revisión de la política nacional en materia de SST, en virtud del artículo 4 del Convenio, se asienta y debe estar informada por la revisión de la situación nacional, en virtud del artículo 7». Esta revisión permite la evaluación de la situación de la SST en la práctica. La Comisión solicita al Gobierno que continúe con sus esfuerzos, en consulta con los interlocutores sociales, con mira a identificar los asuntos importantes, desarrollando métodos efectivos para abordarlos, definiendo las prioridades de las acciones y evaluando los resultados obtenidos, en consonancia con el artículo 7 del Convenio, y que comunique información a este respecto, incluido el sector de la minería.

Artículo 9. Aplicación de las leyes y de los reglamentos por un sistema de inspección apropiado y suficiente y las sanciones adecuadas. En sus observaciones, la DISK considera que no existe en el país un número suficiente de inspectores del trabajo. Añade que las sanciones no se aplican como corresponde. En la misma línea la HAK-IŞ considera que deberían adoptarse medidas para fortalecer la inspección del trabajo y para garantizar que las sanciones se apliquen de manera efectiva. La KESK pone de relieve la ineficiencia de la inspección del trabajo relacionada con diversas formas de trabajo precario, en el contexto de la privatización, de la reducción de la tasa de sindicalización, del trabajo no registrado y de la subcontratación. La Comisión remite al Gobierno a sus comentarios acerca de la aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81).

Artículo 11, c). Establecimiento y aplicación de procedimientos para la declaración de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y elaboración de estadísticas anuales sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Según las observaciones enviadas por la KESK y la DISK, Turquía supuestamente ocupa un lugar muy destacado en lo que atañe a la incidencia de los accidentes relacionados con el trabajo. En conexión con esto, la KESK pone en cuestión el descenso del número de accidentes laborales mortales anunciado por el Gobierno y resalta el hecho de que existen en el país 9 millones de trabajadores no declarados y de que ello tiene como consecuencia que el número real de víctimas mortales sea probablemente mucho más elevado. La KESK también cuestiona la exactitud de las estadísticas nacionales sobre la incidencia de las enfermedades profesionales, que se estima en el 0,05 por mil, al tiempo que los datos promedio a escala mundial varían entre el 4 y el 12 por mil. Según la KESK, la definición de enfermedades profesionales, su registro y declaración plantea un grave problema en el país. En este sentido, destaca las deficiencias en la detección de las enfermedades profesionales en el sector primario, debido a una falta de control de la salud de los trabajadores. La KESK afirma además que en el sector público, los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales no se reconocen como tales. En sus observaciones, la KESK y la TÜRK-İŞ hacen un llamamiento a acciones encaminadas a compilar datos sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y a mejorar el sistema nacional de identificación y detección de las enfermedades profesionales, con el fin de evaluar la situación en el país. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios acerca de los asuntos planteados por los sindicatos, incluyendo las cuestiones relativas al subregistro y a la subcontratación, y que comunique información sobre la aplicación en la práctica de los procedimientos establecidos para la declaración de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y la elaboración de estadísticas anuales. Solicita al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para mejorar estos procedimientos (incluyendo su definición y registro), en consulta con los interlocutores sociales, en el marco de la política de SST.

Evolución reciente y asistencia técnica. La Comisión toma nota de que la mayoría de las observaciones recibidas se refieren a asuntos anteriores a la Ley núm. 6331 sobre SST, y de que éstas indican que la ley no ha resuelto estas cuestiones en la práctica. La Comisión también toma nota de que algunas observaciones se refieren a un aumento de los accidentes relacionados con el trabajo en el sector de la minería y al accidente que tuvo lugar en la mina de Soma, que se cobró la vida de 301 mineros. La Comisión toma nota de que, tras este accidente, la Oficina se comprometió a brindar asistencia técnica en asuntos de SST. La Comisión también toma nota del comunicado de prensa de la OIT, de 17 de octubre de 2014, según el cual el Gobierno, los representantes de los trabajadores y de los empleadores y otras partes interesadas pertinentes, convinieron en los principales elementos de una Hoja de ruta sobre cómo mejorar la SST en las minas, en la «Reunión nacional tripartita sobre mejora de la seguridad y salud de los trabajadores (SST) en las minas», organizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 16-17 de octubre de 2014, en cooperación con la OIT. La Comisión toma nota de que, si bien el taller se centró en el sector de la minería, los elementos de la Hoja de ruta desarrollados, son más amplios en su alcance, puesto que abordan los asuntos de SST en general y no sólo los relativos al sector de la minería. En este sentido, toma nota de que, entre otros elementos se aborda el tema de la subcontratación, y de que, según el comunicado de prensa, también se acordó que una institución de investigación llevaría a cabo una nueva investigación sobre SST, en el contexto y el alcance de los acuerdos sobre subcontratación, en determinados sectores de alto riesgo en Turquía. La Comisión también toma nota de que en su memoria sobre la aplicación del Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45), el Gobierno informa a la Oficina y a la Comisión que el Gobierno presentó a la Asamblea Nacional de Turquía, el 23 de septiembre de 2014, un anteproyecto de ley aceptando la ratificación del Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176), para su aprobación.

Además, la Comisión toma nota del anuncio del Gobierno efectuado el 12 de noviembre de 2014, sobre la introducción de una serie de medidas sobre seguridad laboral en los sectores de la minería y de la construcción, con el objetivo específico de reducir la incidencia de los accidentes del trabajo mortales y de mejorar las normas sobre seguridad en el lugar de trabajo. Por último, la Comisión toma nota de que, el 21 de noviembre de 2014, el Parlamento de Turquía aprobó la ratificación del Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167).

La Comisión saluda los esfuerzos en curso realizados por el Gobierno y los interlocutores sociales para mejorar la seguridad y la salud en el trabajo y sus intenciones manifestadas durante la reunión nacional tripartita de solucionar los asuntos identificados, de manera integral y sostenida, con el apoyo, cuando proceda de la Oficina.

La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada sobre todo progreso realizado en relación con cada una de las cuestiones planteadas anteriormente, y sobre la aplicación de los elementos de la Hoja de ruta sobre la mejora de la SST.

Otras cuestiones. En sus comentarios anteriores, la Comisión planteó las siguientes cuestiones, que también son pertinentes para la mejora de la prevención de los accidentes relacionados con el trabajo y las enfermedades profesionales en el país.

Artículos 13 y 19, f). Peligro grave e inminente. La Comisión toma nota de la referencia del Gobierno al artículo 13 de la Ley núm. 6331 sobre SST, que dispone, en su primer párrafo, que se requiere que los trabajadores expuestos a un peligro grave e inminente presenten una solicitud con el comité de SST, o en su ausencia, con el empleador, de que se identifique el peligro y se adopten medidas de carácter urgente. El artículo 13, 3), de la Ley núm. 6331 sobre SST, también establece que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores tienen derecho a dejar su situación laboral o área peligrosa, sin seguir el mencionado procedimiento de declaración. La Comisión destaca que esta disposición no da pleno efecto a los artículo 13 y 19, f), del Convenio. Recuerda que los artículos 13 y 19, f), no prevén la declaración a un comité o al empleador como condición previa para su eliminación. En relación con esto, la Comisión se remite a los párrafo 145-152 de su Estudio General de 2009, Promover la seguridad y salud en el medio ambiente de trabajo, y subraya que los artículo 13 y 19, f), no están adecuadamente incorporados cuando «el derecho de los trabajadores a interrumpir el trabajo, si bien no entraña consecuencias injustificadas, depende de la decisión del responsable de seguridad o de otra persona con grado de supervisor». En lo que concierne a las condiciones previas establecidas en el artículo 13, 3), de la Ley núm. 6331 sobre SST, la Comisión entiende que la condición de «inevitabilidad» del peligro, significa que debe ocurrir un accidente. La Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que, para beneficiarse de la protección del artículo 13 del Convenio, no es necesario que el accidente sea inevitable, sino que es suficiente con que el trabajador tenga una justificación razonable para considerar que la situación laboral presenta un peligro inminente y grave para su vida o su salud, ocurra o no el accidente. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar su legislación, con el fin de dar pleno efecto a los artículos 13 y 19, f), del Convenio, y que comunique información a este respecto.

Artículo 17. Colaboración entre dos o más empresas que desarrollan simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo. En su memoria, el Gobierno se refiere a las disposiciones elaboradas para garantizar la responsabilidad conjunta del empleador principal y del subcontratista respecto de las obligaciones previstas en la Ley del Trabajo núm. 4857. Añade que el artículo 22 de la Ley núm. 6331 sobre SST, prevé en la actualidad el establecimiento de un comité conjunto de seguridad y salud para asegurar la cooperación y la colaboración entre el empleador principal y el subcontratista, siempre que la duración del contrato de externalización supere los seis meses. La Comisión recuerda que la colaboración prescrita de los empleadores debe aplicarse desde el inicio de los trabajos y no está sujeta a su duración. La Comisión también toma nota de que el artículo 23 de la Ley núm. 6331 sobre SST, establece el deber de cooperar de los empleadores que llevan a cabo actividades en el mismo entorno laboral, con miras a prevenir, proteger e informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales. La Comisión desea señalar a la atención del Gobierno el párrafo 11 de la Recomendación sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 164), que dispone que, en los casos apropiados, la autoridad competente debería prescribir las modalidades generales de tal colaboración. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que, cuando dos o más empleadores realicen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, la colaboración prescrita no esté sujeta a ningún período de tiempo, y que comunique información en este sentido, incluyendo información sobre la aplicación en la práctica. También se solicita al Gobierno que comunique información sobre toda medida tomada o procedimiento adoptado por la autoridad para garantizar esta colaboración.

La Comisión también plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se solicita al Gobierno que responda detalladamente a los presentes comentarios en 2015.]

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) (ratificación: 2005)

La Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK), que se recibieron el 1.º de septiembre de 2014. Asimismo, la Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la KESK y la Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-İŞ), así como de las observaciones sometidas por la Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK), anexas a la memoria del Gobierno, recibida el 3 de noviembre de 2014.

Asimismo, la Comisión toma nota de que, en relación con las observaciones realizadas por la KESK, recibidas el 1.º de septiembre de 2014, el Gobierno indica, en una comunicación recibida el 12 de noviembre de 2014, que en este momento no tiene comentarios que realizar al respecto.

Además, la Comisión toma nota de las observaciones realizadas por el Sindicato de Trabajadores Municipales (TÜM YEREL-SEN), recibidas el 30 de octubre de 2014. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios sobre estas observaciones.

Artículos 2 y 4 del Convenio. Formulación, aplicación y examen periódico de una política nacional sobre los servicios de salud en el trabajo. Medidas que deben adoptarse para dar efecto al Convenio. Consultas a este respecto con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. En respuesta al comentario anterior de la Comisión sobre este punto, el Gobierno indica que el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, del que forman parte representantes del Gobierno y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, se reúne dos veces al año para formular recomendaciones sobre las políticas y estrategias en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) con miras a mejorar la situación de la SST en el país. Añade que el documento de políticas que se está preparando actualmente tiene en cuenta las opiniones y sugerencias formuladas por el Consejo. Además de las observaciones que presentó en 2010, la KESK reitera los alegatos en relación con la falta de un diálogo auténtico entre el Gobierno y los interlocutores sociales durante la preparación de la Ley sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, núm. 6331, de 2012 (ley sobre SST núm. 6331) e indica que el Gobierno nunca ha tomado en cuenta sus comentarios y objeciones. La Comisión quiere señalar que la política nacional prevista en el artículo 2 del Convenio tiene relación con la organización y el funcionamiento de los servicios en materia de salud en el trabajo y que, a este respecto, debe establecer objetivos específicos en el marco de la política nacional en materia de SST prevista en el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155). Asimismo, la Comisión se refiere a su observación en virtud del Convenio núm. 155 en la que toma nota de los esfuerzos que está realizando el Gobierno para mejorar la seguridad y salud en el trabajo a través de la elaboración de una Hoja de ruta y la adopción de medidas específicas en materia de seguridad en el trabajo en los sectores minero y de la construcción. Habida cuenta de estos cambios, la Comisión quiere hacer hincapié en la función decisiva que tienen los servicios de salud en el trabajo para el logro de los objetivos de la política nacional en materia de SST. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre: 1) la formulación, aplicación y revisión periódica de su política nacional sobre servicios de salud en el trabajo en el marco de la política nacional sobre seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con el artículo 2 del Convenio; 2) las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones del Convenio, de conformidad con el artículo 4, y 3) las consultas realizadas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, y sus resultados. Asimismo, pide al Gobierno que transmita todos los documentos, incluido el documento de políticas antes mencionado, en relación con la política nacional sobre servicios de salud en el trabajo, las consultas con los interlocutores sociales y la legislación pertinente.

Artículo 3. Desarrollo progresivo de servicios de salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluidos los del sector público. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Ley sobre SST núm. 6331 se aplica a todos los lugares de trabajo de los sectores público y privado. Sin embargo, la Comisión toma nota de que el artículo 2, 1), de esta ley prevé la exclusión de determinados trabajadores y actividades de su ámbito de aplicación. La Comisión también toma nota de las observaciones realizadas por la KESK según las cuales la aplicación de los artículos 6 y 7 de la Ley sobre SST núm. 6331, que prevén el establecimiento de servicios de seguridad y salud en el trabajo en todas las empresas, ha sido pospuesta hasta julio de 2016 en lo que respecta a los empleados públicos. A este respecto, la Comisión toma nota de que el artículo 38 de la ley no aclara si los artículos 6 y 7 están vigentes para todas las empresas o se aplican de forma gradual. La Comisión quiere recordar que el artículo 3, 1), del Convenio establece que todo Miembro se compromete a establecer progresivamente servicios de salud en el trabajo para todos los trabajadores, incluidos los del sector público y los miembros de las cooperativas de producción, en todas las ramas de actividad económica y en todas las empresas. Los apartados 2) y 3) del artículo 3 del Convenio estipulan que cuando no puedan establecerse inmediatamente servicios de salud en el trabajo para todas las empresas, los Estados Miembros deberán elaborar planes para el establecimiento de tales servicios, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, y transmitir información sobre todos los progresos realizados en la aplicación de esos planes. A este respecto, la Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene información suficiente en relación con el establecimiento de servicios de salud en el trabajo y las ramas de actividad económica y categorías de trabajadores que cubren. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información detallada sobre todas las ramas de actividad económica en las que se han establecido, en la legislación y en la práctica, servicios de salud en el trabajo y el número y categorías de trabajadores cubiertos, así como sobre todos los planes para el establecimiento de esos servicios en todos los sectores económicos, incluido el sector público, y sobre las consultas realizadas con los interlocutores sociales a este respecto, con arreglo al artículo 3 del Convenio.

Artículos 5 y 7. Funciones de los servicios de salud en el trabajo. Organización de los servicios de salud en el trabajo. Expertos en seguridad en el trabajo (OSE). En relación con las funciones realizadas por los servicios de salud en el trabajo, en su memoria el Gobierno se refiere al artículo 6 de la Ley sobre SST núm. 6331 que prevé que los empleadores designen a algunos trabajadores como expertos en seguridad en el trabajo, a los médicos del trabajo y a otro personal sanitario a fin de que proporcionen servicios de seguridad y salud en el trabajo, incluidas las actividades en relación con la protección de los trabajadores y la prevención de los riesgos profesionales. Añade que la «Directiva sobre deberes, competencias, responsabilidades y formación de los médicos del trabajo y demás personal sanitario» establece: cuáles son los deberes de los médicos del trabajo, que incluyen el asesoramiento y la realización de propuestas al empleador sobre cuestiones de SST; la participación en las investigaciones realizadas en el ámbito de la SST; la supervisión e inspección de las condiciones generales de higiene en el entorno de trabajo; la participación en evaluaciones de los riesgos en el lugar de trabajo; la organización del control de la salud de los trabajadores; la formación que se proporciona en materia de SST; la cooperación con unidades relacionadas, tales como los OSE y los comités de seguridad y salud en el trabajo, etc. En sus observaciones, la KESK señala que con arreglo a la Ley sobre SST núm. 6331 la responsabilidad de velar por la seguridad y salud en el trabajo ha pasado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los empleadores a los OSE y los médicos del trabajo. A este respecto, la KESK recuerda que los OSE no tienen potestades en virtud de la Ley sobre SST núm. 6331, pero que, en la práctica, aún son considerados responsables de las lesiones de los trabajadores y pueden ser sancionados. La Comisión quiere señalar que según el artículo 1, a), del Convenio, el término «servicios de salud en el trabajo» designa unos servicios investidos de funciones esencialmente preventivas y encargados de asesorar al empleador, a los trabajadores y a sus representantes en la empresa, y que como consecuencia de ello, la responsabilidad de velar por un entorno de trabajo sano y seguro es del empleador. Además, la Comisión señala que estos servicios deben realizar las funciones que figuran en los apartados a) a k) del artículo 5 del Convenio, ya que son necesarios y apropiados en relación con los riesgos profesionales que se corren en la empresa. Por consiguiente, las funciones llevadas a cabo por estos servicios pueden variar según cuales sean los riesgos profesionales que presenta la empresa. A este respecto, la Comisión quiere señalar a la atención del Gobierno las directrices que figuran en los párrafos 3 a 35 de la Recomendación sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 171). La Comisión toma nota de que la información proporcionada en la memoria del Gobierno no aclara la manera en que las funciones realizadas por los expertos en seguridad en el trabajo, tal como se enumeran en la Ley sobre SST núm. 6331 y su directiva, se adaptan en la práctica a todas las empresas, habida cuenta del tamaño de las empresas y de los riesgos profesionales.

En relación con la organización de los servicios de salud en el trabajo, la Comisión toma nota de las observaciones realizadas por la TISK sobre el Convenio núm. 155 según las cuales la obligación, en virtud del artículo 6 de la Ley sobre SST núm. 6331, de contratar médicos del trabajo y OSE en todas las empresas clasificadas como peligrosas o muy peligrosas, independientemente del número de trabajadores empleados, representa una carga más pesada para los empleadores de las pequeñas y medianas empresas. A este respecto, la Comisión quiere señalar a la atención del Gobierno el artículo 7 del Convenio que establece que los servicios de salud en el trabajo pueden organizarse, según los casos, como servicios para una sola empresa o como servicios comunes a varias empresas, y que de conformidad con las condiciones y la práctica nacionales, los servicios de salud en el trabajo podrán organizarse por: las empresas o los grupos de empresas interesadas; los poderes públicos o los servicios oficiales; las instituciones de la seguridad social; cualquier otro organismo habilitado por la autoridad competente; una combinación de cualquiera de las fórmulas anteriores. La Comisión toma nota de que en el artículo 38 de la ley no queda claro si los artículos 6, 7 y 8, que están relacionados con la organización de los servicios de salud en el trabajo, están vigentes en todas las empresas o se aplican de forma gradual. Asimismo, la Comisión toma nota de que los principales elementos de la Hoja de ruta sobre cómo mejorar la seguridad y salud en el trabajo en las minas, acordada por el Gobierno y los interlocutores sociales el 17 de octubre de 2014, incluyen la aclaración de la función de los OSE. Habida cuenta de los cambios que recientemente se han producido en el país en lo que respecta a mejorar la salud y seguridad en el trabajo y de la cooperación técnica en curso con la OIT, mencionada en su observación sobre la aplicación del Convenio núm. 155, la Comisión solicita al Gobierno que examine la organización de los servicios de salud en el trabajo, incluidos los puntos planteados por los interlocutores sociales, teniendo debidamente en cuenta las funciones enumeradas en el artículo 5 del Convenio, y que transmita información detallada a este respecto, incluso sobre la aplicación del Convenio en la práctica.

Además, la Comisión toma nota de que, el 12 de noviembre de 2014, el Gobierno informó de que en los sectores minero y de la construcción se aplicarán una serie de medidas de seguridad en el trabajo con el objetivo concreto de reducir los accidentes mortales del trabajo y mejorar las normas de seguridad en el lugar de trabajo. Pide al Gobierno que transmita información sobre todas las medidas adoptadas en relación con la aplicación del Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Uruguay

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 1988)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas conjuntamente por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), recibidas el 1.º de septiembre de 2014. Toma nota asimismo de la respuesta del Gobierno, recibida el 31 de octubre de 2014.

Artículos 4, 8 y 11, e) del Convenio. Legislación relativa a la política nacional de salud y seguridad en el trabajo (SST), en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas. La Comisión toma nota de que la OIE, la CIU y la CNCS, se refieren a la aprobación de la ley núm. 19196, de marzo de 2014, por la cual se establece la responsabilidad penal del empleador cuando incumpliere con las normas de seguridad y salud y al decreto núm. 120/2014, reglamentario de la Ley núm. 19172, de Control y Regulación del Estado de la Importación, Producción, Adquisición, Almacenamiento, Comercialización y Distribución de la Marihuana y sus Derivados, de 7 de enero de 2014. Indican las organizaciones de empleadores que ni la ley núm. 19196 ni el decreto núm. 120/2014 fueron consultados en el Consejo Nacional de Seguridad en el Trabajo (CONASSAT), ni en otras instancias tripartitas. Declaran que, aunque el sector empleador brindó su opinión sobre la ley núm. 19196 en el ámbito parlamentario, dicha ley fue presentada al Parlamento, con total carencia de estadísticas sobre accidentabilidad laboral y sin formar parte de una política nacional coherente en materia de SST. Respecto del decreto núm. 120/2014, sobre cannabis, la OIE, la CIU y la CNCS expresan que, dicho decreto fue aprobado sin consulta a pesar de prever aspectos laborales, y declaran que en su aplicación práctica esta norma impone graves impedimentos a la potestad de dirección del empleador ante la situación de encontrar un trabajador bajo el efecto del cannabis.

En sus comentarios a las observaciones referidas, el Gobierno indica que el tripartismo es parte de las políticas y las prácticas en materia de seguridad y salud laboral, encontrándose en funcionamiento más de 18 comisiones tripartitas sectoriales (por rama de actividad) en cumplimiento del Convenio. Declara que el reciente decreto sobre seguridad en la industria de la construcción fue trabajosamente negociado tripartitamente y finalmente el Poder Ejecutivo recogió la totalidad de los acuerdos alcanzados salvo en dos breves aspectos. En cuanto a las observaciones sobre la aprobación de la ley núm. 19196, de responsabilidad penal del empleador, el Gobierno declara que al ser una iniciativa parlamentaria, los empleadores y sus organizaciones tuvieron varias oportunidades de comparecer en las comisiones de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado de la República y en la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Representantes. También fueron escuchados en los respectivos ámbitos el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hasta la actualidad, y luego de varios meses de vigencia de la ley, no han existidos procesamientos de empleador alguno, lo que dice claramente que la ley es ponderada y que los jueces la aplican con criterio riguroso, sin afectar los principios de libertad y seguridad de las personas. Sobre el decreto núm. 120/2014, sobre el cannabis, indica el Gobierno que debe tenerse en cuenta la importancia trascendental y el papel que viene jugando el Uruguay en el tema de la drogadicción, que lo coloca en la vanguardia del combate al narcotráfico de una manera alternativa a la que hasta ahora había fracasado. Declara el Gobierno que el escrito de las organizaciones de empleadores no identifica con claridad el objeto de su crítica: tan sólo dice que se limita el poder disciplinario del empleador, y que seguramente los empleadores se refieren a un artículo que permite que el empleador retire al trabajador del lugar de trabajo en caso de que se encuentre bajo el efecto del uso del cannabis, sin denotar la reglamentación ningún sesgo de sanción al trabajador. Afirma el Gobierno que eso es así porque se considera que el trabajador al estar bajo la adicción, no tiene una voluntad libre como para ser objeto de sanción y de lo que se trata es de proteger su salud y la de sus compañeros de labor.

Respecto de la ley núm. 19196, la Comisión nota que tanto el Gobierno como las organizaciones de empleadores son coincidentes en que hubo consultas en el Parlamento. La Comisión nota asimismo que el decreto núm. 120/2014 referido consta de 104 artículos y que un solo artículo, el 42 se refiere a aspectos laborales. Dicho artículo prohíbe consumir cannabis durante todo el tiempo en que el trabajador se encuentre a la orden del empleador, prohíbe asimismo trabajar cuando haya consumido cannabis previamente, se establecen controles en el lugar de trabajo que pueden ser dispuestos por el empleador, previa comunicación a la comisión bipartita de salud y seguridad, y si, a consecuencia del control se comprueba la existencia de tetrahidrocannabinol (THC) en el organismo del trabajador éste deberá suspender sus tareas y si el empleador lo dispone retirarse del lugar de trabajo. Refiriéndose a los artículos 4, 7 y 8 del Convenio, la Comisión hace notar que, aunque el Convenio no establece que las consultas previstas se deben realizar en el marco de un órgano tripartito, el hecho de proceder a la consulta en el ámbito de dichos órganos cuando éstos están establecidos, como en el caso de CONASSAT, facilitaría el diálogo social y podría coadyuvar a una mayor coherencia de la política nacional de SST. La Comisión considera en consecuencia, que los problemas que pudieran surgir de la aplicación práctica de la ley núm. 19196 y del reglamento núm. 120/204 que tuvieran relación con la política nacional de SST, se deberían examinar en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores interesadas, y de ser posible, en el marco de la CONASSAT. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre toda consulta que tuviere lugar al respecto, y su resultado.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161) (ratificación: 1988)

Legislación. Artículos 2 y 4 del Convenio. Formulación, aplicación y reexamen periódico de una política nacional coherente sobre servicios de salud en el trabajo, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas. La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción de los decretos núms. 127/014 y 128/014, ambos de fecha 13 de mayo de 2014, que reglamentan la aplicación del Convenio, el primero en todas las actividades y el segundo en la industria química, y que dan efecto a la mayor parte de las disposiciones del Convenio. Estos Decretos fueron adoptados en el marco del diálogo social tripartito. El decreto núm. 127/014 se examinó en el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONASSAT) consultando con las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo integran y el decreto núm. 128/014 también se examinó en el CONASSAT y se efectuaron consultas al Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ), al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), a la Asociación de Industrias Químicas del Uruguay (ASIQUR) y a la Cámara de Industrias del Uruguay. El artículo 5 de ambos decretos establece la manera en que se establecerán los servicios en las pequeñas, medianas y grandes empresas en tanto que el segundo párrafo del artículo 16 del decreto núm. 127/014 dispone que en el plazo de cinco años a partir de su entrada en vigencia, todas las ramas de actividad deberán contar con servicios de prevención y salud en el trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones sobre los progresos en el establecimiento de servicios de salud para todos los trabajadores.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) (ratificación: 2005)

Artículos 3 y 4 del Convenio. Legislación que asegure la aplicación de las disposiciones del Convenio. Consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. La Comisión toma nota con satisfacción de la adopción del decreto núm. 125/014, de 7 de mayo de 2014, por el que se aprueba el reglamento sobre seguridad e higiene en la industria de la construcción y que reglamenta el presente Convenio. Además, en los considerandos indica que a propuesta de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, en la Comisión Tripartita de la Industria de la Construcción, en el área de seguridad e higiene, se llevó a cabo un intercambio técnico muy rico en materia de contenidos entre los representantes de las organizaciones del sector empleador, representantes del sector de los trabajadores, y conducido por la Inspección del Trabajo a partir de un pre-proyecto concreto presentado por ésta última. El artículo 13 del decreto núm. 125/014 dispone que los casos que no se encuentren contemplados en el decreto en lo relativo a la seguridad en la actividad de la construcción, se tomará como material de consulta el presente Convenio y el Repertorio de Recomendaciones Prácticas de la OIT en materia de seguridad y salud en la construcción en tanto que su artículo 424 dispone que la Comisión Tripartita en el área de seguridad e higiene en la industria de la construcción, tiene el cometido de interpretar el decreto, proponer sus modificaciones, evacuar las consultas que se le realicen y recabar asesoramiento de otras entidades públicas y/o privadas. Además contiene disposiciones sobre el establecimiento de servicios de salud en el trabajo en la construcción y anexos técnicos. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre las actividades desarrolladas por la Comisión Tripartita en el área de seguridad e higiene en la industria de la construcción en virtud del artículo 424 referido.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (ratificación: 1984)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), recibidas el 1.º y el 24 de septiembre de 2014 respectivamente. Toma nota asimismo de la respuesta del Gobierno a anteriores observaciones de la UNETE y a las observaciones de la CTV de 2014. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios respecto de las últimas observaciones formuladas por UNETE.

Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 4 de noviembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que proporcione sus comentarios al respecto.

Artículos 4 y 8 del Convenio. Formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, y medidas para dar efecto a la política nacional de SST en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido a un comentario de la CTV indicando que el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), opera de manera inconsulta con las organizaciones sindicales. La Comisión solicitó al Gobierno que proporcionara informaciones sobre el contenido de su política nacional; sobre las consultas mantenidas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas respecto de la formulación, aplicación y evaluación de su política nacional y de las medidas a que se refiere el artículo 8 del Convenio, y sobre los resultados de tales consultas. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que durante el año 2014 se han realizado mesas referidas a la paz y la verdad económica en las que se han discutido ampliamente las condiciones en materia de SST; que en esas mesas han participado representantes de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores y que esas mesas concernían los siguientes sectores: i) sector de la actividad bovina y porcina; ii) los sectores de insumos químicos, electrodomésticos y telecomunicaciones; iii) sector textil, y iv) sector mecanotextil. El Gobierno añade que se ha realizado consulta pública a sectores de empleadores y trabajadores para la aprobación de leyes y normas técnicas. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona informaciones concretas sobre los temas de SST tratados y sus resultados, ni sobre las leyes o normas técnicas tratadas, ni sobre la manera en que las consultas efectuadas dan efecto a estos artículos del Convenio. Tampoco indica las organizaciones que participaron en dichas consultas, declarando que fueron consultas «públicas». Al respecto, la Comisión reitera a la atención del Gobierno que los artículos 4 y 8 del Convenio se refieren a la consulta, acerca de la política nacional y de las medidas para darle efecto, con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas. La Comisión subraya que la política nacional prevista en este artículo del Convenio, implica un proceso dinámico y cíclico y requiere un reexamen periódico para asegurar que la política nacional de SST y las medidas para darle efecto se mantengan constantemente actualizadas. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno proporcione informaciones: 1) sobre el contenido de su política nacional de SST; 2) sobre las consultas mantenidas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas respecto de la formulación, aplicación y evaluación de su política nacional a que se refiere el artículo 4, y de la adopción de medidas a que se refiere el artículo 8; 3) sobre los resultados de tales consultas y su incidencia en la política nacional de SST y las medidas contempladas por el artículo 8; y 4) sobre la periodicidad de tales consultas. La Comisión pide también al Gobierno que informe cuáles son las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas que participaron en tales consultas. Sírvase adjuntar documentación que ilustre las consultas realizadas en relación con estos artículos del Convenio.

Artículo 5, e). Esferas de acción que deberá tener en cuenta la política nacional: protección de los trabajadores y de sus representantes contra toda medida disciplinaria resultante de acciones emprendidas justificadamente por ellos de acuerdo con la política a que se refiere el artículo 4 del presente Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de una comunicación de la Alianza Sindical Independiente (ASI), alegando el despido de delegados de prevención y tomó nota de que según el artículo 44 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), el delegado o delegada de prevención no podrá ser despedido, trasladado o desmejorado en sus condiciones de trabajo, a partir del momento de su elección y hasta tres meses después de vencido el término para el cual fue elegido o elegida, sin justa causa previamente calificada por el inspector del trabajo, en concordancia con la Ley Orgánica del Trabajo. La Comisión solicitó informaciones sobre los casos alegados de despido de delegados de prevención y sobre lo que la legislación considera «justa causa» en el contexto del artículo 44 referido. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), contiene una lista de los hechos que se consideran «causa justificada de despido». El Gobierno informa además que en los casos en que un empleador pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de fuero sindical o inamovilidad laboral, trasladarlo o modificar sus condiciones laborales, deberá solicitar la correspondiente autorización al inspector del trabajo, mediante el procedimiento de calificación de despido previsto en el artículo 422 de la LOTTT.

La Comisión toma nota que la CTV indica que, en diciembre de 2013 la Inspectoría del Trabajo del estado de Falcón, autorizó el despido de PDVSA del Sr. Iván Freites, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos del Estado Falcón (SUTPGEF) y Secretario de profesionales y técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo, del Gas, sus Similares y Derivados de Venezuela (FUTPV). Según la CTV este despido está directamente relacionado con la denuncia que el dirigente realizó, en el sentido de que el accidente ocurrido en 2012 en la Refinería de Amuay se debe a falta de mantenimiento durante años y al incumplimiento de las normas mínimas de seguridad industrial. Por su parte, el Gobierno indica que el accidente se debió a un sabotaje y que el despido del Sr. Freites no guarda relación alguna con problemas de seguridad y salud sino que se trata de una calificación de faltas solicitada por la empresa PDVSA. Añade el Gobierno que para realizar su despido se respetaron las reglas del debido proceso y el resultado del procedimiento fue la calificación de las faltas cometidas por el Sr. Freites como graves. El Gobierno indica que no se tiene noticia de que el Sr. Freites hubiera iniciado acción judicial al respecto. La Comisión recuerda que, como lo expresó en el párrafo 26 de su Estudio General de 2009, sobre seguridad y salud en el trabajo, «El principio básico conforme al cual se debería proteger de las medidas disciplinarias a los trabajadores y sus representantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado e), es uno de los principales ámbitos a incluir en la política nacional, lo que indica la vital importancia que se concede a este principio». Asimismo, en el párrafo 73 de su Estudio General, la Comisión señalo que: «En primer término, el artículo 5, apartado e), no prescribe que debe protegerse a los trabajadores y sus representantes respecto de medidas disciplinarias sino que se limita solamente a recordar que la política nacional debe brindarles esa protección. En otras palabras, incumbe a los Miembros determinar la extensión y las condiciones de esa protección, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. En segundo término, la protección se ofrece solamente para las acciones ‘justificadas’ que haya emprendido el trabajador de conformidad con dicha política». En vista de la reiteración de este tipo de alegatos por parte de organizaciones de trabajadores, y teniendo en cuenta que la protección de los trabajadores y sus representantes establecida por este artículo del Convenio es un tema que debe examinarse en el marco de la política nacional, la Comisión espera que el Gobierno examinará esta cuestión y las diferencias surgidas de su aplicación en la práctica en el marco de su política nacional, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores interesadas. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione informaciones a este respecto.

Artículo 7. Realización de exámenes globales o relativos a determinados sectores a intervalos adecuados. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionara informaciones sobre los exámenes realizados o en curso relativos a determinados sectores a que se refiere el artículo 7 del Convenio, y sobre el funcionamiento y actividades de las comisiones sectoriales de las que había tomado nota previamente. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el INPSASEL ha trabajado con relación a la verificación de las condiciones y medioambiente de trabajo de acuerdo a la morbilidad y accidentalidad reportada, formación y abordaje preventivo multidisciplinario identificando los procesos peligrosos y generando un plan de trabajo. También informa que desde 2008, el instituto pasó a aplicar su política en forma global. La Comisión observa que las informaciones proporcionadas son de carácter general y que no le permiten evaluar si los exámenes realizados dan efecto a este artículo del Convenio. La Comisión recuerda que en el párrafo 78 de su Estudio General de 2009 señaló que «La revisión de la política nacional en materia de SST, en virtud del artículo 4 del Convenio se asienta y debe estar informada por la revisión de la situación nacional, en virtud del artículo 7. Aunque estos dos procesos están vinculados, dicha revisión permite, fundamentalmente, determinar la situación de la SST en los hechos, si se compara con la revisión de la política contemplada en el artículo 4 del Convenio». En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para realizar los exámenes previstos en el artículo 7 del Convenio con el objetivo de identificar los problemas principales, elaborar medios eficaces de resolverlos, definir el orden de prelación de las medidas que haya que tomar, y evaluar los resultados; y que proporcione informaciones detalladas concretas sobre el particular, incluyendo documentación al respecto.

Artículo 11, c). Establecimiento y aplicación de procedimientos para la declaración de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a una comunicación de la ASI que indicaba un aumento de accidentes de trabajo y que se calcula que el 90 por ciento de los accidentes de trabajo no son declarados. Tomó nota también de un comentario de la UNETE indicando que el INPSASEL está facultado legalmente para emitir certificado por enfermedades laborales pero que la ausencia de norma reglamentaria que determine el plazo de emisión del certificado, hace que el INPSASEL se demore indefinidamente dejando al trabajador en situación de indefensión pues el certificado es indispensable para solicitar indemnización. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa, en cuanto al aumento de los accidentes de trabajo, que se ha observado desde 2006 hasta la actualidad un incremento en la declaración de los accidentes de trabajo, lo cual refleja el buen funcionamiento de los sistemas de declaración online así como una mayor conciencia colectiva basada en los esfuerzos institucionales, por parte de los empleadores y de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones legislativas y prácticas sobre el procedimiento para la declaración de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo los plazos, y sobre el procedimiento y plazos para emitir certificados de enfermedad profesional.

Artículo 11, d). Realización de encuestas cada vez que un accidente del trabajo parezca revelar una situación grave. En 2013, la Comisión tomó nota de que la UNETE se refirió a un accidente que tuvo lugar en 2012, cuando se produjo una gran explosión en la refinería de Amuay, estado de Falcón, de propiedad de PDVSA, que según la UNETE dejó más de 40 personas muertas y de 100 heridos y cientos de familias sin hogar, además de daños ambientales inconmensurables. La UNETE declaró en 2013 que a un año del accidente, no se conocen todavía las causas que lo produjeron, ni se adoptaron las medidas correctivas para evitar que vuelva a suceder un accidente de dichas características. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que dicho accidente se debió a un sabotaje. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva informar si se realizó una investigación sobre dicho accidente y que proporcione informaciones sobre el particular.

Artículo 11, párrafo e). Publicación anual de informaciones sobre los accidentes del trabajo, los casos de enfermedades profesionales y otros. En sus comentarios anteriores, la Comisión se refirió a comunicaciones de la ASI y de la CTV indicando un aumento de accidentes de trabajo; que se calcula que el 90 por ciento de los accidentes de trabajo no son notificados. Asimismo, la CTV indicó que se registra en el país un incremento de los accidentes del trabajo respecto a diez años atrás debido al deterioro del medio ambiente de trabajo y que no existen estadísticas confiables. El Gobierno informó que el INPSASEL posee en su página web informaciones sobre accidentes del trabajo acaecidos durante el período 2005-2007 y sobre enfermedades profesionales en el período 2002-2006. Respecto de la actualización de informaciones sobre accidentes del trabajo, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que se encuentra en construcción un nuevo sistema automatizado de indicadores en materia de SST. La Comisión solicita al Gobierno que informe si publica anualmente informaciones sobre los accidentes del trabajo, los casos de enfermedades profesionales y las otras cuestiones a que se refiere este artículo del Convenio y que proporcione copia de las últimas estadísticas al respecto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Zambia

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) (ratificación: 1999)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2014, en las que se indica que las empresas mineras chinas del sector del cobre infringen continuamente las normas en materia de seguridad y salud elaboradas para proteger a los trabajadores. Concretamente, con frecuencia los trabajadores están expuestos a malas condiciones de trabajo y no disponen de equipos de protección adecuados, lo cual redunda a menudo en el desarrollo de graves enfermedades profesionales y en accidentes graves en las minas. Asimismo, se alega la violación de los derechos de los trabajadores que se enumeran en el artículo 13 del Convenio, incluido el derecho a notificar al empleador y a la autoridad competente los accidentes, los incidentes peligrosos y los riesgos, así como el derecho a retirarse de cualquier sector de la mina en caso de que la vida o la salud estén en peligro. Además, se alega que los trabajadores que ejercen su derecho a negarse a trabajar en sitios inseguros corren el riesgo de que se dé por terminada su relación de trabajo o de ser transferidos a otro empleo. Asimismo, la CSI indica que los esfuerzos realizados por el Gobierno para mejorar las normas de seguridad en las minas son muy limitados e insuficientes, y que la autoridad en materia de minas y seguridad casi no lleva a cabo inspecciones y las estadísticas gubernamentales sobre accidentes mineros no son representativas porque en sus informes las empresas tienden a rebajar el número de accidentes y de otros incidentes peligrosos a fin de evitar las multas. La Comisión solicita al Gobierno que transmita sus comentarios sobre las cuestiones planteadas por la CSI.

La Comisión también toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene respuesta a sus comentarios anteriores. Por consiguiente, se ve obligada a repetir su solicitud directa anterior.

Artículo 3 del Convenio. Elaboración de una política nacional y nuevo reglamento minero. Asistencia técnica proporcionada y seguimiento de esa asistencia. La Comisión toma nota de que el Gobierno está elaborando una política nacional sobre seguridad y salud en el trabajo (SST) que incluye disposiciones para velar por que se cumplan las exigencias del Convenio. La Comisión ha sido informada de que, en 2013, la OIT llevó a cabo un taller sobre esta cuestión en Zambia. La Comisión espera que gracias a todo ello el Gobierno pueda aplicar mejor el Convenio, y pide al Gobierno que mantenga informada a la Oficina sobre los progresos que se realicen como consecuencia de las labores en curso y que envíe copias de la política nacional una vez que se haya adoptado.

Artículo 2, 2). Alcance. Artículo 5, 2), d). Compilación y publicación de estadísticas sobre accidentes y enfermedades profesionales e incidentes peligrosos. Artículo 5, 2), f). Derecho de los trabajadores y sus representantes a ser consultados. Artículo 5, 5). Planes de trabajo. Artículo 6. Medidas de prevención y protección. Artículo 7, a), b) y g). Responsabilidades de los empleadores. Artículo 8. Planes de respuesta de emergencia. Artículos 9, a) y 10, a). Información y formación. Artículo 12. Responsabilidades del empleador a cargo de la mina cuando dos o más empleadores llevan a cabo actividades en la misma mina. Artículo 13, 1)-4). Derechos de los trabajadores y de sus representantes en materia de seguridad y salud. Artículo 15. Cooperación entre los empleadores y los trabajadores. La Comisión toma nota de la información en relación con la asistencia proporcionada por la OIT en 2011 en materia de gestión de riesgos dirigida a los inspectores de las minas, en cumplimiento de los requisitos del Convenio en materia de aplicación de los métodos de evaluación de los riesgos. Asimismo, toma nota de que los inspectores gubernamentales que han recibido formación ahora están mejor preparados para poder evaluar los riesgos antes de que se lleven a cabo trabajos importantes en la industria minera y para entender los informes de evaluación de los riesgos proporcionados por los empleadores de la industria minera. En el mismo contexto se impartió formación a diversos trabajadores mineros y representantes de sindicatos mineros para que puedan entender las causas de los accidentes y evitarlos o mitigar sus efectos. Asimismo, la Comisión toma nota de los esfuerzos que se están realizando para revisar el reglamento minero en el marco de un proceso de consultas tripartitas y de la asistencia técnica proporcionada por la OIT en 2013 para apoyar ese proceso. La Comisión toma nota de que según el Gobierno el reglamento minero revisado que se está elaborando dará pleno efecto a las disposiciones antes mencionadas del Convenio. La Comisión expresa la firme esperanza de que el reglamento minero revisado pronto se finalice y adopte y que, de esta forma, se dé pleno efecto a esas disposiciones del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que mantenga informada a la Oficina sobre los progresos que se realicen gracias a los esfuerzos en curso y sobre todas las medidas adoptadas o previstas, en la legislación y en la práctica, para dar pleno efecto a esos artículos del Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que transmita copia de la nueva legislación una vez que se haya adoptado.

Parte V del formulario de memoria. Aplicación en la práctica. La Comisión toma nota de la información estadística transmitida en relación con las infracciones notificadas y las multas impuestas durante el período 2008-2012. Esta información pone de relieve una tendencia a la baja de los casos, que fueron 529 en 2008 y 437 en 2012, mientras que las multas impuestas han seguido una tendencia más irregular y variaron entre 54 245 000 kwachas (ZMK) en 2011 y 162 390 000 ZMK en 2010. Las medidas utilizadas para abordar esta cuestión incluyen inspecciones rutinarias, auditorías medioambientales anuales, proporcionar asistencia y orientación técnicas sobre cuestiones relacionadas con la SST, chequeos médicos periódicos, supervisión ambiental reglamentaria, simulacros de preparación para emergencias y control de los sistemas de eliminación de desechos de todas las operaciones mineras con arreglo a la legislación pertinente. Además, la Comisión toma nota de la información en la que se señala que el número de trabajadores de la industria minera ha variado, y que en 2008 y 2012 se alcanzaron máximos de 65 311 y 72 702 personas, respectivamente. La Comisión solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre la aplicación del Convenio en la práctica, por ejemplo estadísticas sobre las infracciones antes mencionadas e información sobre todas las medidas adoptadas para hacer frente a esas infracciones e información sobre el número de trabajadores cubiertos por las medidas adoptadas para dar efecto al Convenio. Asimismo, pide al Gobierno que transmita extractos pertinentes de los informes de inspección.

Zimbabwe

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) (ratificación: 2003)

Evolución legislativa. La Comisión toma nota que el Gobierno indica que se prevé adoptar una legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) y una reglamentación sobre el amianto, que permitirán cubrir más ampliamente el control de la exposición profesional al amianto crisotilo. La Comisión alienta al Gobierno a ampliar en este proceso el ámbito de aplicación de la nueva legislación a todas las formas de amianto, según lo dispuesto en el artículo 2, e), del Convenio. Además, con referencia a sus comentarios anteriores, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas en el marco de la reforma legislativa para dar pleno efecto al artículo 14 (etiquetado de amianto y de productos que contienen amianto); artículo 15, 4) (dotación de equipos de protección respiratoria adecuada por el empleador); artículo 17 (demolición de instalaciones y estructuras que contengan amianto); y el artículo 20, 4) (derecho de los trabajadores y de sus representantes a impugnar ante la autoridad competente los resultados de los controles del medio ambiente del trabajo).

Artículo 6, 2) y 3) del Convenio. Cooperación entre los empleadores y preparación de los procedimientos para hacer frente a situaciones de urgencia. La Comisión toma nota de que la Autoridad Nacional de Seguridad Social (NSSA) lleva a cabo actividades de promoción para el establecimiento de programas de preparación para urgencias y realiza evaluaciones industriales sobre este tema en los principales sectores de la economía. La Comisión toma nota también de que a las empresas con sistemas funcionales de SST que incluyen un programa de preparación para urgencias se les atribuyen reconocimientos durante la conferencia tripartita anual sobre la SST. Aunque toma nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno para promover la preparación de los procedimientos de urgencia, la Comisión desea recordar que en virtud del artículo 6, 3), del Convenio, la preparación de este tipo de procedimientos es una obligación para todos los empleadores que participan en actividades que implican riesgos de exposición al amianto. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas, fuera de las de promoción, que dan plenamente efecto a este artículo del Convenio. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que indique cómo se garantiza que los empleadores que realizan simultáneamente actividades en un lugar de trabajo, cooperen para cumplir con las medidas de salud y seguridad, según lo prescrito por el artículo 6, 2), del Convenio.

Artículo 15. Límites de exposición. Recordando que el límite de exposición profesional para el crisotilo está fijado actualmente en 0.5 f/ml, la Comisión toma nota de que la revisión de este límite que según el Gobierno debía hacerse en 2010, ahora se realiza en 2014, con el fin de promover su descenso a 0,1 f/ml. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre los progresos realizados a este respecto, incluyendo la debida consideración prestada a los progresos tecnológicos y avances en el conocimiento científico y tecnológico, y a las últimas recomendaciones emitidas por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC).

Artículo 19. Responsabilidad de los empleadores para la eliminación de residuos que contengan asbesto. Refiriéndose a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota que el Gobierno indica que los empleadores están obligados a manipular los residuos en conformidad con la Ley de Gestión Ambiental, capítulo 20:27, y sus reglamentos complementarios, especialmente el instrumento legislativo núm. 10, de 2007, sobre los reglamentos de gestión de residuos peligrosos y el instrumento estatutario núm. 6, de 2007, sobre los reglamentos de gestión ambiental (efluentes y residuos sólidos). La Comisión pide al Gobierno que envíe una copia de estos textos. La Comisión recuerda que el artículo 19 pone de relieve que la manera de eliminar los residuos que contienen asbesto no supondrá un riesgo para la salud de los trabajadores afectados. La Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar que los empleadores cumplan con esta obligación de asegurar que los trabajadores implicados en la eliminación no estén expuestos a riesgos para la salud.

Artículo 21. Exámenes médicos. La Comisión toma nota de que, en virtud del decreto núm. 68, de 1990, y el reglamento sobre las fábricas y obras (general), notificación núm. 263, de 1976, los trabajadores deben someterse a un examen médico previo al empleo en los casos en que haya un posible riesgo de exposición a sustancias nocivas. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno de que las empresas que se ocupan del amianto crisotilo organizan un control médico previo, durante y después del empleo, así como exámenes médicos a solicitud de los empleados, durante las horas de trabajo y gratuitos. La Comisión pide al Gobierno que indique las disposiciones legales específicas que prevén la obligación para las empresas que se ocupan del asbesto crisotilo de practicar esos exámenes médicos.

Aplicación del Convenio en la práctica. Tomando nota de la indicación del Gobierno de que se han recolectado datos estadísticos desglosados por sector que serán publicados en un informe estadístico, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione una copia del último informe, incluyendo la información sobre el número de trabajadores cubiertos por la legislación, el número de enfermedades profesionales reportadas como causadas por el amianto y el número y la naturaleza de las infracciones observadas. La Comisión solicita también al Gobierno que proporcione información sobre la manera en que se aplica el Convenio en la práctica, incluyendo las dificultades en su aplicación.

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) (ratificación: 1998)

Artículo 6, 1), del Convenio. Sistemas de clasificación. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, además de los artículos 72, 74, b) y c), y 75 de la Ley de Gestión Ambiental (capítulo 20:27) mencionados en su memoria anterior y que prevén la clasificación y etiquetado de los productos químicos, el artículo 3 del reglamento sobre la gestión ambiental (sustancias peligrosas, pesticidas y otras sustancias tóxicas), SI 12, de 2007 (en adelante «SI 12»), establece requisitos adicionales de etiquetado de las sustancias peligrosas. Sin embargo, la Comisión observa una vez más que el Gobierno no proporciona ninguna información adicional sobre los criterios específicos para la clasificación de todos los productos químicos y para evaluar la pertinencia de la información necesaria para determinar si un producto químico es peligroso. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información adicional sobre los criterios específicos para la clasificación de todos los productos químicos y sobre los procedimientos de etiquetado, en la legislación y en la práctica. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que le comunique una copia de SI 12 de 2007.

Aplicación del Convenio en la práctica. Con referencia a las observaciones del Congreso de Sindicatos de Zimbabwe (ZCTU), presentados en 2009, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la Autoridad Nacional de Seguridad Social (NSSA) y la Agencia de Gestión Ambiental (EMA) supervisan y cumplen las disposiciones legales relativas al registro y etiquetado de productos químicos e imponen sanciones cuando se descubren violaciones. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno indica que en el 2012 se reportaron 117 casos causados por factores de estrés químico. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre el número de inspecciones llevadas a cabo en este sentido, el número y la naturaleza de las infracciones observadas, y el número y la naturaleza de las sanciones impuestas. En relación con los 117 casos, el Comité pide al Gobierno que proporcione información más detallada sobre la naturaleza de los factores de estrés químico reportados, el sector en el que éstos se han detectado, y las medidas tomadas por el Gobierno en este respecto.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 13 (Djibouti, Letonia, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Marruecos, Montenegro, Nicaragua, Rumania, Senegal, Suecia, Suriname, Togo); el Convenio núm. 45 (Malasia: Malasia Peninsular, México, Montenegro, Nicaragua, Sri Lanka, Uganda); el Convenio núm. 62 (España, Mauritania, Países Bajos, Polonia, Suriname); el Convenio núm. 115 (Kirguistán, Líbano, Portugal, Tayikistán); el Convenio núm. 119 (Ecuador, Eslovenia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Kirguistán, Letonia, Malasia, Marruecos, Montenegro, Níger, Paraguay, Polonia, Suecia, Tayikistán); el Convenio núm. 120 (Djibouti, Eslovaquia, España, Francia: Nueva Caledonia, Kirguistán, Letonia, Líbano, Noruega, Paraguay, Polonia, Reino Unido, Senegal, Tayikistán, Túnez); el Convenio núm. 127 (España, Honduras, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Malta, Nicaragua, Panamá, Polonia, Tailandia, República Bolivariana de Venezuela); el Convenio núm. 136 (Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Líbano, Malta, Marruecos, Montenegro, Nicaragua, Uruguay, Zambia); el Convenio núm. 139 (República de Corea, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, ex República Yugoslava de Macedonia, Líbano, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Perú, Portugal, Suecia, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela); el Convenio núm. 148 (Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Kirguistán, Letonia, Líbano, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Níger, Noruega, Portugal, Seychelles, Suecia, República Unida de Tanzanía, Tayikistán, Zambia); el Convenio núm. 155 (República de Corea, El Salvador, Eslovenia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Guyana, Lesotho, Letonia, Luxemburgo, México, Mongolia, Montenegro, Níger, Nigeria, Nueva Zelandia, Portugal, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Suecia, Tayikistán, Turquía, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela, Zimbabwe); el Convenio núm. 161 (Eslovaquia, Eslovenia, ex República Yugoslava de Macedonia, Guatemala, Luxemburgo, México, Montenegro, Níger, Polonia, Seychelles, Suecia, Turquía, Uruguay, Zimbabwe); el Convenio núm. 162 (República de Corea, Ecuador, Eslovenia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Luxemburgo, Marruecos, Montenegro, Noruega, Portugal, Serbia, Suecia, Suiza, Uganda, Uruguay); el Convenio núm. 167 (Eslovaquia, Kazajstán, Luxemburgo, Suecia, Uruguay); el Convenio núm. 170 (República de Corea, Líbano, Luxemburgo, México, Noruega, Polonia, Suecia, República Unida de Tanzanía); el Convenio núm. 174 (Arabia Saudita, Eslovenia, Líbano, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Zimbabwe); el Convenio núm. 176 (Bélgica, Eslovaquia, España, Líbano, Noruega, Perú, Polonia, Suecia, Zimbabwe); el Convenio núm. 184 (Burkina Faso, Eslovaquia, Kirguistán, Suecia, Uruguay); el Convenio núm. 187 (República de Corea, Eslovaquia, España, ex República Yugoslava de Macedonia, Malasia, Mauricio, Níger, Reino Unido, Suecia, Togo).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 13 (República Bolivariana de Venezuela); el Convenio núm. 45 (Marruecos); el Convenio núm. 120 (República Bolivariana de Venezuela); el Convenio núm. 127 (Rumania); el Convenio núm. 136 (Rumania); el Convenio núm. 139 (Suiza); el Convenio núm. 148 (Uruguay).

Seguridad social

Argelia

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) (ratificación: 1962)

En respuesta a la observación anterior de la Comisión, el Gobierno señala que las preocupaciones de la misma relativas a los títulos de las secciones sobre las intoxicaciones por arsénico (cuadros núms. 20 y 21), las afecciones provocadas por los derivados alógenos de los hidrocarburos grasos (cuadros núms. 3, 11, 12, 26 y 27), las intoxicaciones producidas por el fósforo y algunos de sus compuestos (cuadros núms. 5 y 34), serán integradas en el programa anual de la Comisión de enfermedades profesionales. La Comisión espera que el Gobierno aproveche esta ocasión para presentar a la comisión de enfermedades profesionales las demás preocupaciones que se vienen expresando desde 2007, en lo que atañe a:

–los trabajos que exponen a la infección carbuncosa que deberían conllevar asimismo la carga, la descarga y el transporte de mercancías en general, de modo de cubrir a los trabajadores (como los estibadores) que hubiesen transportado mercancías que hubiesen sido contaminadas por la espora del carbunco, y

–la necesidad de dar un carácter indicativo a la enumeración de las diversas manifestaciones patológicas que se encuentran en la columna de la izquierda de los cuadros de las enfermedades profesionales bajo el título de «Designación de las enfermedades», como ocurre en el caso de la enumeración de los trabajos correspondientes que figuran en la columna de la derecha de los mencionados cuadros.

Argentina

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1950)

La Comisión toma nota de los comentarios de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los trabajadores) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA autónoma), de fechas 5 y 31 de agosto de 2014, y recibidas el 26 y 17 de septiembre de 2014, respectivamente.

Artículo 2 (leído conjuntamente con el artículo 6) del Convenio. Aplicación a los trabajadores no registrados. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que explique detalladamente: la forma en la que el Convenio se aplica a los trabajadores a los que los empleadores no han registrado; quién garantiza a estos trabajadores la indemnización y el pago de los gastos médicos en caso de accidentes del trabajo; y qué sanciones se imponen a los empleadores que no cumplen con la obligación de asegurar a sus trabajadores contra los accidentes del trabajo.

La Comisión toma nota de que la CTA autónoma indica que la ley núm. 24557, de 13 de septiembre de 1995, de riesgos del trabajo sólo considera como protegido el trabajador que está «incluido en las nóminas de los contratos de seguro que el empleador contrata con los aseguradores del trabajo o que incluye en su proprio autoseguro» y que no prevé ningún sistema que permita que los trabajadores no registrados gocen de las garantías previstas claramente en el artículo 6 del Convenio. Añade la CTA autónoma que un trabajador no registrado que quiere obtener cobertura por las contingencias producidas por el trabajo debe judicializar su reclamo solicitando las prestaciones de la propia ley y/o las del sistema civil, ya que no cotizan para el sistema de la seguridad social en los términos del inciso segundo del artículo 23 de la ley núm. 24557. La CTA autónoma indica además que el trabajador conserva a su favor el derecho a demandar a su empleador, pero mientras tanto, deberá solventar de su propio peculio y con auxilio de las prestadoras públicas de salud las vicisitudes que se derivan de los accidentes o enfermedades derivadas del trabajo. Así pues, los trabajadores no registrados deben recurrir a la justicia para obtener las prestaciones previstas por la ley. Según la CTA autónoma ni la ley núm. 26773 de 2012 sobre el régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ni su decreto reglamentario núm. 472/14 modificaron el estado de las cosas en relación a los trabajadores no registrados. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios en relación con los comentarios de la CTA autónoma. Asimismo, la Comisión insta al Gobierno a que envíe sus observaciones en relación con las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores.

Artículo 5. Pago de las indemnizaciones en forma de capital. En su comentario anterior, recordando que el artículo 5 del Convenio prevé que las prestaciones podrán pagarse total o parcialmente en forma de capital sólo cuando se garantice a las autoridades competentes un empleo razonable del mismo, la Comisión pidió al Gobierno que indique de qué manera se aplica esta disposición en el contexto actual. A este respecto, el Gobierno indica que existe una renta vitalicia para aquellos trabajadores que sufran incapacidad permanente mayor al 66 por ciento y que el artículo 17 de la ley núm. 26773, de 2012, que deroga el artículo 19 de la ley núm. 24557, de 1995, dispone que «las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución». Por su parte, la CTA de los trabajadores señala que tal disposición está en contradicción con lo dispuesto en el artículo 5 del Convenio. Tomando nota de que el artículo 2, párrafo 4, de la ley núm. 26773 dispone que «el principio general indemnizatorio es de pago único, sujeto a los ajustes previstos por este régimen», la Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera la legislación y la práctica nacionales garantizan un empleo razonable de ese capital.

Artículo 10. Aparatos de prótesis y de ortopedia. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el Gobierno se refirió a un proyecto de resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sobre casos crónicos, que establecía la obligación de la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) de verificar de forma periódica el estado de los aparatos de prótesis y de ortopedia que se han proporcionado. La Comisión pidió al Gobierno que indique el estado de avance en la adopción de dicha resolución. La Comisión pide una vez más al Gobierno la información solicitada.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Barbados

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) (ratificación: 1974)

En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con satisfacción de la adopción del Reglamento sobre el Seguro y la Seguridad Social Nacionales (prestaciones) (enmienda), de 2006 (SI, 2006, núm. 130), por el cual el artículo 59 del reglamento principal de 1967 se sustituyó por el nuevo texto, que permite el pago de prestaciones en el extranjero a las personas que están residiendo en otro país, de conformidad con el artículo 5 del Convenio. La Comisión invita al Gobierno a que proporcione en su próxima memoria informaciones sobre las medidas tomadas para aplicar los nuevos reglamentos, incluyendo informaciones sobre toda decisión judicial o administrativa tomada al respecto.

Comoras

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de Comoras (CTC), el 27 de agosto de 2013, que dan seguimiento a otras informaciones ya comunicadas en 2011 y que dan cuenta asimismo de las graves carencias en lo que respecta a la aplicación del Convenio en la práctica: ausencia del Consejo de Administración encargado de gestionar la Caja de Previsión Social, textos de aplicación de las leyes no adoptadas, inobservancia de la obligación de afiliación de los trabajadores a las instituciones de seguridad social y ausencia de estadísticas en la materia. Además, en 2000, la Unión de Sindicatos Autónomos de los Trabajadores de Comoras (USATC) comunicó asimismo las informaciones relativas a la inexistencia de un servicio de registro de trabajadores en la Caja Nacional de Previsión Social. La Comisión toma nota de que se trata de alegatos relativos a disfunciones importantes. A la espera de una respuesta detallada del Gobierno, la Comisión le pide que indique de qué manera se garantiza, en la práctica, la aplicación del Convenio a los trabajadores que no estarían declarados en la Caja Nacional de Previsión Social en lo que atañe especialmente a su indemnización y a la asunción de los gastos médicos contraídos por tales trabajadores. Sírvase indicar asimismo las sanciones impuestas en caso de inobservancia de la obligación de afiliación de los trabajadores al seguro contra los accidentes del trabajo por parte de los órganos de inspección del trabajo.

Además, se solicita al Gobierno que tenga a bien transmitir copias de la ley relativa a la Caja Nacional de Previsión Social, del decreto relativo a los estatutos de la misma y del decreto sobre la organización y que fijan las reglas de funcionamiento, así como el régimen financiero de la Caja Nacional de Previsión Social.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1978)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no responde a las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión observa que, desde la ratificación del Convenio por parte de Comoras en 1978, se ha visto obligada a señalar a la atención del Gobierno la necesidad de modificar el artículo 29 del decreto núm. 57-245 de 24 de febrero de 1957 sobre la indemnización y la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. De hecho, en virtud de esta disposición, los extranjeros víctimas de accidentes del trabajo que transfieran su residencia al extranjero sólo recibirán como indemnización un capital que corresponda a tres veces el monto de la renta que les ha sido concedida, contrariamente a los nacionales del país que continúan percibiendo su renta. Los derechohabientes extranjeros que dejen de residir en Comoras sólo recibirán un capital que no supere el valor de la renta fijada a través de un decreto. Por último, los derechohabientes de un trabajador extranjero empleado en Comoras no tendrán derecho a ninguna renta si, en el momento del accidente de este último, no residían en este país.

En su última memoria, como en las comunicadas desde 1997, el Gobierno declara que no existe en la práctica ninguna diferencia de trato entre los trabajadores nacionales y los extranjeros en lo que respecta a la indemnización por accidentes del trabajo. Indica que los trabajadores extranjeros continúan percibiendo sus prestaciones monetarias en el extranjero si han comunicado previamente su nueva dirección. Sin embargo, la memoria del Gobierno no indica los progresos realizados en el proyecto de texto que debería, según las informaciones transmitidas por el Gobierno en sus memorias anteriores, derogar las disposiciones del decreto núm. 57-245 que son contrarias al Convenio.

Por consiguiente, la Comisión confía en que el Gobierno adopte a la mayor brevedad las medidas necesarias para poner la legislación nacional en plena conformidad con el Convenio, que garantiza a los nacionales de Estados que lo hayan ratificado, así como a sus derechohabientes, el mismo trato que se garantiza a los nacionales en lo que respecta a la indemnización por accidentes del trabajo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) (ratificación: 1978)

Actualización de la lista de enfermedades profesionales. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno, según la cual el decreto núm. 59-73, de 25 de abril de 1959, no cubre el conjunto de enfermedades profesionales previstas en el cuadro que figura en el artículo 2 del Convenio. El Gobierno precisa que deberá elaborarse un estudio para determinar las enfermedades profesionales que pueden incluirse en la lista nacional. Asimismo, hay que instaurar un mecanismo de control y establecer un servicio de medicina del trabajo a estos efectos. La Comisión quiere destacar que, desde el punto de vista jurídico, se impone la observancia de la lista de enfermedades profesionales que figuran en el artículo 2 del Convenio en cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por las Comoras; y del artículo 10 de la Constitución de la Unión de las Comoras, que prevé que los tratados ratificados tienen un rango superior al de las leyes. Así pues, el Gobierno tiene la obligación de reconocer como profesionales las enfermedades que figuran en la lista y, en consecuencia, de indemnizar a los trabajadores que son víctimas de ellas. Le corresponde asimismo informar debidamente a las instituciones y jurisdicciones nacionales competentes y de proceder de forma que éstas respeten las obligaciones internacionales suscritas por las Comoras. En este sentido, la Comisión coincide con el Gobierno en que un primer paso hacia la aplicación del Convenio y la adquisición de conocimientos especializados necesarios sería la creación de un departamento de medicina del trabajo cuya función consista en diagnosticar las enfermedades que figuran en el Convenio en los sectores de actividad correspondientes. Se invita al Gobierno a que transmita información sobre todas las medidas adoptadas en este sentido.

Djibouti

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1978)

Artículo 1, párrafo 2, del Convenio. Igualdad de trato en materia de reparación de los accidentes del trabajo. Desde que tuvo lugar la ratificación del Convenio, en 1978, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno la necesidad de enmendar el artículo 29 del decreto núm. 57-245, de 1957 sobre la reparación de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, para armonizar la reglamentación nacional con el artículo 1, párrafo 2, del Convenio, garantizando a los nacionales de los Estados que hubiesen ratificado el Convenio, así como a sus derechohabientes, la igualdad de trato con los ciudadanos de Djibouti en materia de reparación de los accidentes del trabajo. En virtud del decreto de 1957, al contrario de lo que ocurre en el caso de los ciudadanos nacionales, los extranjeros víctimas de accidentes del trabajo que trasladan su residencia al extranjero, ya no perciben una renta, sino una indemnización global igual a tres veces la renta que se les pagaba. A este respecto, la Comisión toma nota de que, en su memoria, el Gobierno hace referencia a la Ley núm. 154-AN/02/4.ª-L, de 31 de diciembre de 2002, sobre la Codificación del Funcionamiento del Organismo de Protección Social y del Régimen General de Jubilaciones de los Trabajadores Asalariados, indicando que ésta no establece ninguna diferencia de trato entre los asalariados nacionales y los asalariados extranjeros y sus derechohabientes por el otorgamiento de las indemnizaciones relativas a los accidentes del trabajo, y no establece, de conformidad con el Convenio, ninguna condición de residencia respecto de los trabajadores extranjeros, con miras a que gocen de sus derechos a prestaciones. Sin embargo, la Comisión observa que la mencionada ley no regula las rentas de los accidentes del trabajo como objetivo principal, sino únicamente la cuestión de su acumulación con las prestaciones de jubilación. Además, observa que, en su memoria sobre la aplicación del Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17), el Gobierno sigue remitiéndose a las disposiciones del decreto núm. 57-245, de 1957, en lo que atañe al régimen jurídico de las rentas de los accidentes del trabajo. Habida cuenta de los elementos que anteceden, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que proceda a la modificación del artículo 29 del decreto núm. 57-245, de modo tal que se armonice plenamente la legislación nacional con el artículo 1, párrafo 2, del Convenio.

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) (ratificación: 1978)

Artículo 1 del Convenio. Establecimiento de un sistema de seguro de enfermedad obligatorio. La Comisión toma nota de que la ley núm. 212/AN/07/5.ª-L, sobre la creación de la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) prevé que se instituyan, por vía reglamentaria, nuevos instrumentos sociales complementarios, como, especialmente, el seguro de enfermedad (artículo 5 de la ley). Toma nota asimismo de la adopción de la ley núm. 199/AN/13/6.ª-L, de 20 de febrero de 2013, por la que se amplía la cobertura de la asistencia a los trabajadores independientes, y del decreto núm. 2013-055/PR/MTRA, de 11 de abril de 2013, por el que se fijan las modalidades de registro y las cotizaciones de los trabajadores independientes ante la CNSS. El Gobierno declara que estos textos son precursores de la instauración, en un futuro próximo, de un seguro de enfermedad universal en Djibouti. La Comisión espera que, una vez instaurado, este seguro asuma el pago de las prestaciones de enfermedad a los asegurados, que en la actualidad corren a cargo del empleador, lo que contraviene el Convenio. Se invita al Gobierno a que mantenga a la Oficina informada sobre toda evolución en relación con el establecimiento de un seguro de enfermedad universal.

Convenio sobre el seguro de invalidez (industria, etc.), 1933 (núm. 37) (ratificación: 1978)

Convenio sobre el seguro de invalidez (agricultura), 1933 (núm. 38) (ratificación: 1978)

Establecimiento de un sistema de seguro de invalidez obligatorio. En relación con su observación respecto del Convenio núm. 24, la Comisión recuerda que, desde hace algunos años, el sistema nacional de protección social se encuentra en una fase de reestructuración que implica la fusión de diferentes cajas de seguro existentes, con miras a racionalizar la gestión. En este contexto, mientras que el sistema de protección social no prevé una rama específica relativa a las prestaciones de invalidez, el Gobierno indica que la Ley núm. 154/AN/02/4.ª-L, de 31 de enero de 2002, sobre la Codificación del Funcionamiento de la Oficina de Protección Social (OPS) y del régimen general de jubilaciones de los trabajadores asalariados, prevé algunas disposiciones que autorizan que los trabajadores mayores de 50 años, afectados por una disminución permanente de sus capacidades físicas o mentales, tengan derecho a una pensión de jubilación anticipada cuando justifiquen un mínimo de 240 meses de seguro (artículo 60 y siguientes). A este respecto, la Comisión subraya que, si se justifica en el contexto de una jubilación anticipada, la fijación de una edad mínima para gozar de la protección en caso de invalidez que prevé la ley núm. 154/AN/02/4.ª-L, está en contradicción con los artículos 4 de los Convenios núms. 37 y 38. Además, la duración del período de calificación que precede y que da derecho a una pensión de invalidez, no podrá exceder de 60 meses de afiliación, en virtud de los artículos 5, párrafo 2, de los Convenios núms. 37 y 38. En vista de la insuficiencia de estas disposiciones para dar cumplimiento a las principales exigencias de los Convenios núms. 37 y 38, la Comisión pide al Gobierno que realice los estudios de viabilidad necesarios para el establecimiento de un régimen de seguro de invalidez.

República Dominicana

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1956)

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno se limita a indicar que no se modificó el régimen de seguro de riesgos laborales y no proporciona las informaciones solicitadas en lo relativo al seguimiento de las recomendaciones del Consejo de Administración. En sus comentarios recibidas el 2 de septiembre de 2014, la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), señalaron que a pesar de la adopción de dos resoluciones núms. 165-03 y 164-08 al efecto de autorizar al Instituto Dominicano de Seguros Sociales a prestar los servicios de salud del régimen contributivo a los trabajadores móviles y ocasionales, la situación de desprotección de los trabajadores migrantes se agrava, en razón de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, el 18 de diciembre de 2013, que declaró «desprovistas de toda eficacia jurídica las resoluciones núms. 165-03 y 164-08 del Consejo Nacional de la Seguridad Social, por ser contrarias a la Ley núm. 87-01 sobre el Sistema Dominicano de la Seguridad Social». La Comisión toma nota igualmente de las indicaciones de las centrales sindicales relativas al Plan nacional de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular, establecido por el decreto núm. 327-13, de 29 de noviembre de 2013, indicando que, en la práctica, éste no tiene por efecto dar el estatus de residente a la mayoría de los trabajadores extranjeros, excluyéndoles del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Según las informaciones proporcionadas por las centrales sindicales, no existen datos sobre el número de trabajadores en los sectores como la construcción, la agricultura o los servicios portuarios y no se puede encontrar publicaciones oficiales con datos sobre la cantidad de trabajadores extranjeros que prestan sus servicios en estos sectores. Por su parte, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), en sus comentarios recibidos el 28 de agosto de 2014, indican que los trabajadores extranjeros que no cuentan con un estatuto migratorio legal y sus familiares benefician, por parte del sistema nacional de salud, de atención de salud oportuna. Se espera que una vez concluido el proceso de regularización, el sistema de seguridad social cubra a estos trabajadores y a sus familiares

La Comisión no puede sino observar que la situación jurídica de los trabajadores extranjeros considerados por la legislación como «no residentes» en la República Dominicana todavía no les permite afiliarse al seguro de riesgos laborales, en contravención a las obligaciones contraídas en virtud del artículo 1, 2), del Convenio y de las recomendaciones formuladas por el comité tripartito. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte sin más demora las medidas necesarias a fin de:

i)modificar los artículos 3 y 5 de la ley núm. 87-01 para eliminar la condición general de residencia impuesta a los trabajadores extranjeros para acceder a las prestaciones del seguro de riesgos laborales. En el marco de tal reforma, el Gobierno podría iniciar un estudio considerando las diferentes opciones relativas a la financiación de esta extensión de la protección a los trabajadores migrantes. Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que le comunique informaciones detalladas sobre la aplicación del Plan de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular (particularmente sobre la aplicación de los artículos 8 y 12 del decreto núm. 327-13, de 29 de noviembre de 2013), especificando el número de migrantes que se beneficiaron de la implementación de este plan;

ii)impartir instrucciones a los servicios competentes de conformidad con sus compromisos anteriores para fortalecer la inspección del trabajo, incluso a través de la Coordinación Nacional de Inspección del Trabajo, especialmente en los sectores con mayor siniestralidad laboral y con mayor presencia de trabajadores extranjeros y para realizar los estudios estadísticos necesarios. A este fin, la Comisión alienta al Gobierno a que se ponga en contacto con la Oficina con miras a realizar un estudio profundizado que permita identificar los sectores con mayor siniestralidad laboral, el número y el origen de los trabajadores que trabajan en tales sectores y las medidas que sean necesarias para mejorar la prevención de los accidentes del trabajo y el respeto de la legislación correspondiente;

iii)iniciar una cooperación efectiva con el Gobierno de Haití para hacer frente a los desafíos planteados por la aplicación del Convenio, por ejemplo concluyendo un convenio bilateral de seguridad social que atribuiría un estatus definido a los trabajadores de ambos países en el territorio de cada nación y les garantizaría un acceso igualitario al seguro de riesgos laborales.

La Comisión invita al Gobierno a que incluya a los interlocutores sociales en la puesta en práctica de esas recomendaciones y recuerda la posibilidad de solicitar la asistencia técnica de la OIT con miras a armonizar la legislación y la práctica nacionales con los requisitos del Convenio.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Grecia

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) (ratificación: 1955)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria así como de la discusión que tuvo lugar en relación con la aplicación del Convenio en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014.

En su observación anterior, la Comisión expresó su preocupación por el hecho de que la consolidación presupuestaria prevista en el marco del Memorando de Entendimiento concluido con la «troika» (es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) dentro de un contexto de desempleo masivo, impago de los impuestos y de las cotizaciones de la seguridad social y con un enorme déficit del principal fondo de seguridad social del país, el IKA, se menoscababa la viabilidad financiera del sistema nacional de seguridad social y de su capacidad para mantener a la población «en condiciones de vida sanas y convenientes» (artículo 67, c), del Convenio) por encima del umbral de pobreza. La Comisión, en consecuencia, urgió al Gobierno a que evalúe minuciosamente la repercusión global de las políticas de ajuste económico sobre la viabilidad del sistema de seguridad social y sobre el aumento de la pobreza, en particular, la pobreza infantil, y formuló al respecto algunas recomendaciones concretas al Gobierno. Por su parte, la Comisión de Aplicación de Normas recordó que el principio de responsabilidad general del Estado en cuanto a la sostenibilidad de la financiación y de la gestión de su sistema de seguridad social, consagrado en los artículos 71 y 72 del Convenio, impone al Gobierno la obligación de dotar al sistema de seguridad social de una arquitectura financiera institucional sólida y de «adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar dicho fin», incluso, en particular, mantener el equilibrio financiero del sistema; garantizar la percepción de las cotizaciones e impuestos teniendo en cuenta la situación económica del país y las categorías de las personas protegidas; realizar los estudios y cálculos actuariales necesarios para evaluar cualquier modificación de las prestaciones, los impuestos o la tasa de las cotizaciones; asegurar el pago de las prestaciones garantizadas por el Convenio e impedir que las personas de recursos económicos modestos no tengan que encontrarse en una situación aún más onerosa. La Comisión examina a continuación la situación a la luz de las mencionadas recomendaciones y de los principios establecidos por el Convenio.

Preservar la viabilidad del sistema de seguridad social. La Comisión de Aplicación de Normas tomó nota de la declaración del Gobierno de que, habida cuenta de que se trata de una época sumamente difícil, al Gobierno se le ha exhortado en repetidas ocasiones a que mantenga un equilibrio justo entre el nivel de protección social en virtud del Convenio núm. 102 y el respeto a los compromisos contraídos en el marco del Memorándum de Entendimiento acordado con la «troika» y una reestructuración drástica del marco institucional del sistema griego de seguridad social. En su memoria en virtud del Convenio, el Gobierno señala que la política económica principal que se ha aplicado siempre en el ámbito del programa de ajuste de la economía griega se basa tanto en los ajustes presupuestarios destinados a eliminar el déficit presupuestario primario como en la devaluación interna, con objeto de recuperar la pérdida de competitividad de la economía. Estas iniciativas encaminadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos han tenido un impacto social significativo cuyo resultado es una profunda recesión y el aumento significativo del desempleo y de la pobreza. El impacto de este reajuste presupuestario es peor de lo previsto, un hecho que el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reconocido al señalar que ha utilizado «multiplicadores incorrectos» en las proyecciones del impacto de las medidas aplicadas.

La Comisión toma nota de que el Gobierno ha utilizado una formulación inequívoca para reconocer que su principal política económica, aplicada atendiendo a los consejos del FMI, ha engendrado un impacto social significativo, que ha provocado un aumento significativo del desempleo y de la pobreza. La Comisión, junto con los órganos de control del Código Europeo de Seguridad Social (CESS), así como de los órganos de control de los derechos humanos a nivel europeo y de las Naciones Unidas ha identificado la necesidad de evaluar el impacto social de los programas de ajuste económico aplicados en Europa. La Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas adecuadas para corregir los «multiplicadores» de su política económica con el fin de reducir significativamente el desempleo y la pobreza.

A este respecto, la Comisión saluda que, en el contexto económico actual, el Gobierno considera absolutamente necesario que el sistema de seguridad social siga sostenible y que el Estado cumpla sus obligaciones para con sus conciudadanos y sus obligaciones internacionales. En la memoria se señala que Grecia, que tiene como objetivo principal la viabilidad del sistema, y de conformidad con los términos previstos en el Memorando, ha decidido elaborar y aplicar las medidas políticas necesarias para la racionalización y la viabilidad del sistema, entre las cuales la memoria menciona específicamente las destinadas a reducir las pensiones elevadas y a evitar los abusos respecto a las prestaciones sociales mediante la utilización de sistemas informatizados. Se han impuesto reducciones progresivas sobre las pensiones de más de 1 000 euros con objeto de distribuir la carga económica en función de los ingresos de los jubilados y las sumas resultantes de estas reducciones representen ingresos adicionales para los organismos de la seguridad social. Los sistemas informatizados (Ergani, Ariadne, Ilios, Atlas) preservan la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo del sistema de la seguridad social mediante la creación de un registro nacional de seguros para la verificación cruzada de los datos, la reducción del trabajo no declarado y no asegurado, el control de los pagos de las prestaciones y la prevención de los abusos. El Centro de recaudación de las cotizaciones de la seguridad social (KEAO) ha establecido un mecanismo unificado que se ocupa de recaudar las deudas y los retrasos en el pago de las cotizaciones, y que representa una primera etapa en el camino a una reforma más amplia destinada a la integración completa de los organismos de la seguridad social en la administración tributaria. El objetivo del Fondo de Solidaridad Intergeneracional (AKAGE) consiste en la creación de reservas de financiación de los diversos regímenes de pensiones de los diversos organismos de la seguridad social que quedarán «bloqueados» hasta 2019. Se prevé que los recursos para la creación de este fondo procederán de la privatización futura de las empresas y de los organismos públicos (10 por ciento) y de los ingresos anuales del IVA (4 por ciento).

La Comisión desea reconocer los esfuerzos significativos que el Gobierno ha dedicado a favorecer la organización de un sistema de seguridad social viable mediante, entre otros métodos, la informatización, la eliminación de los fraudes y del trabajo no declarado, un control actuarial riguroso y una administración eficaz, e incluso mediante la reducción de las jubilaciones elevadas con objeto de preservar las jubilaciones más reducidas en aras de la solidaridad. Sin embargo, la Comisión sigue dudando de que estas solas medidas sean suficientes para preservar la viabilidad del sistema de seguridad social en la situación económica en la que se encuentra el país. La Comisión toma nota de que, a pesar de que los indicadores macroeconómicos indican que la economía griega podría estabilizarse, la política de devaluación interna aplicada por el Gobierno no solamente ha provocado, en cuatro años, una caída del 25 por ciento de los salarios reales por hora en Grecia, tal como ha revelado un estudio de la OCDE de 2014 titulado «Perspectivas del empleo», sino asimismo una devaluación aún más importante de las cotizaciones de la seguridad social de los trabajadores y las empresas resultantes de dichos salarios. En lo que respecta a los trabajadores, alrededor de 1,1 millón de ellos están sufriendo retrasos en el pago de su remuneración que oscilan entre los tres y los doce meses, lo que, desde la óptica de la seguridad social, los «invisibiliza» en cuanto a cotizaciones y prestaciones, y los deja en situación de riesgo de perder su derecho a la atención sanitaria. El informe del Instituto Laboral de la Confederación General Griega de Trabajadores (INE/GSEE), publicado en septiembre de 2014, ha calculado que los ingresos del trabajo de los asalariados y de los trabajadores independientes, que constituyen la base de la cotización de la seguridad social, se redujeron en 41 000 millones de euros a precios corrientes en el período 2010-2013. En lo que se refiere a las empresas, sigue creciendo la cuantía de las deudas y los retrasos en el pago de las cotizaciones y los impuestos derivados de la seguridad social por parte de las pequeñas empresas de menos de 50 trabajadores, que representan el 99,6 por ciento del conjunto de las empresas griegas, y un tercio de ellas se han manifestado incapaces de atender sus obligaciones en materia de impuestos y seguridad social en 2014. Para muchos economistas, el impago de estas deudas y retrasos supone el principal obstáculo para la recuperación económica. Desde una óptica más general, la Cámara de Comercio y de Industria de Atenas informó, en septiembre de 2014, que más del 50 por ciento de los ciudadanos se ven imposibilitados de cumplir con sus obligaciones en materia de impuestos y de seguridad social. Además, la supresión de muchos impuestos privaría al sistema de seguridad social de 1 700 millones de euros de ingresos. El aumento del desempleo y la reducción del número de personas aseguradas amplifica la devaluación interna de la seguridad social. Si bien únicamente un parado de cada diez percibe prestaciones por desempleo, la viabilidad del sistema de seguridad social está amenazada ya que el número de desempleados registrado por ELSTAT en mayo de 2014, que no pagan sus cotizaciones se elevaba a 1 309 213 personas. La memoria del Gobierno confirma que existe una tendencia alarmante al retroceso económico por parte de muchos cotizantes a la seguridad social, así como de numerosas personas que reciben prestaciones de ésta. La grave preocupación que suscita el posible desplome del sistema de la seguridad social en Grecia expresado por la Comisión en su observación anterior sigue estando plenamente justificada y sus recomendaciones no han perdido vigencia. En lo que respecta a la recomendación relativa a la exigencia principal del Convenio (artículo 71, 3)), en virtud de la cual la viabilidad del régimen de seguridad social debe evaluarse periódicamente con arreglo a los estudios y cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio financiero, la Comisión toma nota de que en 2014 se esperaba la publicación del segundo estudio actuarial del régimen de la seguridad social por parte de la Autoridad Nacional Actuarial y que, a finales del mes de octubre de 2014, debían haber sido finalizados los informes sobre la viabilidad de los fondos de la seguridad social. La Comisión pide al Gobierno que resuma las conclusiones de este estudio en su próxima memoria en aplicación del Convenio, junto con los planes de reformas más amplias del sistema mencionados en la memoria, ya sea por medio de la integración completa de los organismos de la seguridad social en la administración tributaria, la consolidación de los diversos fondos de pensiones en un único fondo o la ampliación del programa de ingresos mínimos garantizados al conjunto del país para convertirlo en la piedra angular del nuevo sistema de protección social en Grecia. La Comisión entiende que el diseño del sistema de la seguridad social griego en el futuro depende de las conclusiones que se extraigan del estudio actuarial mencionado anteriormente «de conformidad con los términos del Memorando» según la expresión utilizada por el Gobierno en sus memorias. La Comisión espera que se respetarán los principios de base relativos a la organización y a la financiación de la seguridad social que se establece en el Convenio y en el CESS, y que la experiencia internacional ha designado constantemente como los que están en mejores condiciones para proporcionar las garantías idóneas para la construcción de sistemas sostenibles. La Comisión desea recordar al Gobierno a este respecto que, consciente de que llevar el régimen de protección social griego a buen puerto en este período de crisis representa desafíos económicos y de gestión sin precedentes, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia ha solicitado a la Oficina que facilite al Gobierno orientaciones sobre la reforma de su sistema de seguridad social en consonancia con las que figuran en la Declaración de Oslo adoptada por la novena Reunión Regional Europea de la OIT. La Comisión espera que el Gobierno tendrá en cuenta la posibilidad de solicitar, si procede, los servicios de la Oficina a este respecto. La Comisión de Aplicación de Normas ha observado que la contracción continua del sistema de seguridad social en lo que se refiere a la cobertura y a las prestaciones ha afectado a todos los regímenes de la seguridad social y se ha traducido, en algunos casos, en un descenso del nivel general de protección por debajo de los niveles enunciados en los artículos 65 a 67 del Convenio. Reiterando que dicha Comisión ha invitado al Gobierno a mantener su vigilancia del funcionamiento del sistema de seguridad social, la Comisión espera que la introducción de sistemas informatizados permitirá al Gobierno presentar en su próxima memoria detallada, informaciones estadísticas detalladas sobre la base de indicadores de funcionamiento del sistema para el período de 2010-2014, en la que se especifiquen, para cada parte aceptada del Convenio, las modificaciones en el número de personas aseguradas por los principales organismos de la seguridad social, el total de las cuantías de las cotizaciones recaudadas y las prestaciones pagadas, las deudas y los déficits acumulados de los fondos de la seguridad social.

Además, la Comisión toma nota de que, según las declaraciones públicas del Ministerio de Trabajo, de la Seguridad Social y del Bienestar, en octubre de 2014, el Ministerio ha participado en un esfuerzo de simplificación de la legislación en materia de seguridad social que representa «un mosaico completo de los regímenes y las lagunas legales especiales» que comprende 5 436 leyes distintas, unas 2 600 sentencias judiciales y 26 directivas europeas o internacionales en un volumen que suma alrededor de 39 000 páginas. Según el Ministro, este proceso de simplificación debería concluir en un plazo de 11 meses, al término del cual el país dispondría de un sistema de seguridad social «construido sobre bases saludables y firmes». La Comisión saluda el esfuerzo del Gobierno por hacer que la legislación en materia de seguridad social sea más fácil de administrar, lo que constituye una condición previa indispensable para el ejercicio de la responsabilidad general por parte de una buena administración de la seguridad social, en virtud del artículo 72, 2), del Convenio. La Comisión espera que, en el marco de este ejercicio, las obligaciones internacionales de Grecia en virtud de la aplicación del Convenio y del CESS figuren en un lugar destacado, y desearía que el Gobierno señale los progresos realizados en su próxima memoria, incluida la forma y la estructura que dará al corpus redefinido de la legislación griega en materia de seguridad social.

La seguridad social y la reducción de la pobreza. En lo que respecta a la reducción de la pobreza, la Comisión toma nota de que el Gobierno es muy consciente de las consecuencias sociales derivadas del aumento de la pobreza en Grecia y se esfuerza por concebir y aplicar políticas «dentro de los límites permitidos por la aplicación del programa de ajuste económico», encaminado a la prevención y a la reversión de la pobreza con objeto de restablecer en cierta medida el equilibrio social y ayudar a los grupos de población más vulnerables. Entre estas medidas, la memoria menciona: el pago de un dividendo social a 564 535 beneficiarios; servicios designados a proporcionar alojamiento, alimentos y apoyo social para las personas sin techo; la exoneración de las reducciones mensuales para las personas que perciben pensiones de jubilación modestas; reducción de impuestos para las personas con rentas reducidas y para categorías específicas de personas que padecen discapacidades; deducciones de impuestos para algunas categorías de salarios, pensiones e indemnizaciones; la creación de un ingreso mínimo garantizado para las personas y las familias que viven en condiciones de extrema pobreza y otras medidas que la Comisión ya ha mencionado. La Comisión ya había subrayado en sus observaciones anteriores que el Ministerio de Trabajo, la Seguridad y del Bienestar había establecido tres objetivos integrados en el Programa nacional de reforma 2011-2014 en relación con la reducción del número de adultos y de niños en riesgo de pobreza y el desarrollo de una «red de protección social» contra la exclusión social.

La Comisión toma nota de que el Gobierno ha reconocido ante la Comisión de Aplicación de Normas que la eficacia y la extensión de sus esfuerzos se ha visto limitada por el impacto de la crisis y de las restricciones presupuestarias impuestas por la aplicación del programa de ajuste económico. La Comisión toma nota, no obstante, que desde el inicio de la crisis económica, las últimas memorias sobre la aplicación del Convenio y del CESS son las primeras que no mencionan los nuevos recortes y reducciones en las prestaciones sociales. La Comisión toma nota de que, a pesar de que el Gobierno se ha opuesto a la decisión de la «troika» de reformar por segunda vez el sistema de jubilación, lo que conllevaría a un nuevo aumento de la edad de jubilación y la reducción de las pensiones abonadas por los fondos de prestaciones básicas, el Gobierno ha adoptado un nuevo método de cálculo de las pensiones básicas de las personas que se jubilarán a partir de 2015, así como la denominada cláusula de «déficit cero» para los fondos de jubilación complementaria, lo que significa que a partir de 2015, los pagos a tanto alzado así como las pensiones complementarias se ajustarán (reducirán) en función de la situación financiera de cada uno de los fondos de la seguridad social. Por otra parte, la Comisión toma nota de que, según las informaciones publicadas por el Ministerio, desde ahora hasta noviembre de 2015 se examinarán 393 memorias anuales relativas a 93 fondos de seguridad social, que reflejarán nítidamente la situación general de los fondos. La Comisión entiende, en consecuencia, que al establecer la cláusula de «déficit cero» el Gobierno no tenía una imagen clara de las reducciones que esta cláusula impondría a las pensiones complementarias pagadas por los diversos fondos de garantía, de los cuales muchos son conocidos por atravesar por dificultades financieras graves. La Comisión se refiere a este respecto a los criterios fijados en el artículo 71, 3), del Convenio en el marco del ejercicio de la responsabilidad general del Estado por el servicio de las prestaciones, y espera que el Ministerio haya efectuado como es debido los estudios actuariales necesarios sobre los medios disponibles para alcanzar el equilibrio financiero de los fondos y se haya evaluado plenamente la repercusión social de la cláusula del «déficit cero» sobre la pobreza de la población asegurada, de conformidad con las mejores prácticas de la UE. En este sentido, la Comisión toma nota de que, en virtud de las declaraciones formuladas durante la discusión sobre el caso de Grecia en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2014, la cláusula del «déficit cero», que supuestamente debería entrar en vigor a partir del 1.º de julio de 2014, afectará a unos 4 millones de personas que verán reducidas sus pensiones complementarias en un 25 por ciento. La Comisión pide, por tanto, al Gobierno que precise el alcance de las nuevas reducciones de las cuantías de las pensiones primarias y complementarias que se derivarían de las medidas mencionadas anteriormente, así como el resultado de sus negociaciones con la «troika» sobre la segunda reforma de las pensiones de jubilación.

La Comisión lamenta que la nueva ola de recortes significativos de pensiones pueda comprometer gran parte de los esfuerzos anunciados por el Gobierno para reducir la pobreza. En este contexto, la Comisión observa que la situación de pobreza en el país no ha mejorado, a pesar de que el umbral de riesgo de pobreza ha disminuido en los últimos tres años en más de 2 000 euros y que el aumento en los indicadores de pobreza infantil y privación material severa se haya acentuado. La Comisión lamenta que la memoria no contenga datos o indicadores sobre el seguimiento de la evolución de la pobreza entre los diferentes grupos de población y los hogares, lo que permitiría evaluar y demostrar la eficacia de las transferencias sociales y de otras medidas detalladas por el Gobierno. No consta tampoco ninguna información en la memoria del Gobierno de la importancia de garantizar un ingreso mínimo y otras prestaciones básicas en relación con el nivel de subsistencia física determinada por las necesidades básicas y la canasta de consumo mínimo. A este respecto, la Comisión observa que la nueva prestación por desempleo de larga duración para las personas que ya han agotado su derecho a la prestación regular por desempleo, así como las prestaciones de maternidad para las trabajadoras por cuenta propia garantizada por la ETAA, asciende a 200 euros, una cuantía muy inferior al umbral de riesgo de pobreza, que el EUROSTAT fija en el 40 por ciento del ingreso mediano equivalente (279 euros en 2013). La Comisión pide al Gobierno que indique los criterios que se utilizaron para calcular los montos de estas nuevas prestaciones así como las prestaciones previstas por el nuevo programa de ingresos mínimos garantizados que, según la memoria, pretende convertirse en el pilar de la nueva estrategia de protección social para todo el país. Sírvase proporcionar información y datos disponibles sobre la evolución de la pobreza en el país entre las diferentes categorías de la población y los hogares y explicar los progresos realizados hacia la consecución de los objetivos nacionales en la lucha contra la pobreza, precisando el papel asignado a este respecto a las prestaciones de seguridad social.

Por último, la Comisión observa que, si bien la memoria del Gobierno demuestra una actitud positiva hacia las recomendaciones formuladas por la Comisión, no se menciona ninguna acción concreta en cuanto a su realización en la práctica, ya sea a nivel nacional o de la UE. Tampoco se llevó a cabo una evaluación ex ante o ex post del impacto social de las medidas de austeridad. En la memoria se reitera en varias ocasiones que el espacio presupuestario para la aplicación del Convenio y del CESS y de las medidas contra la pobreza en Grecia, se encuentra rigurosamente definido por los límites de la aplicación del Programa de Ajuste Económico y los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco del Memorando de Entendimiento firmado con la «troika». La Comisión, no obstante, insta al Gobierno a que dé cumplimiento, con acciones concretas, a las siguientes declaraciones enunciadas en la memoria: 1) que el Gobierno ha sometido y someterá la cuestión de la prevención de la pobreza en la agenda de sus reuniones con las partes en el mecanismo de apoyo internacional para Grecia; 2) que la Autoridad Actuarial Nacional será capaz de determinar el impacto social de la reducción de las prestaciones de seguridad social, y 3) que se analizarán las medidas adoptadas para prevenir la pobreza con miras a encontrar las vías más rápidas para revertir algunas de las medidas de austeridad y los recortes desproporcionados en las prestaciones.

Parte II (Asistencia médica). Según la memoria, durante el período 2010-2011, el número de asegurados que se beneficiaba de un seguro médico disminuyó en más de 400 000 personas pero, desde 2012, el proveedor competente para la prestación de servicios en materia de salud (EOPYY), no ha proporcionado ninguna información en cuanto a la evolución de la cobertura que pudiera incluirse en la memoria. Recordando que la memoria informa de que el Registro nacional de beneficiarios de los servicios de salud se establece y se actualiza en tiempo real, la Comisión pide al Gobierno que proporcione estadísticas actualizadas sobre el número de personas aseguradas en virtud de la parte II del Convenio. La Comisión sigue preocupada por las declaraciones formuladas durante la discusión del caso de Grecia ante la Conferencia Internacional del Trabajo en 2014, según las cuales la reducción drástica de los gastos públicos de salud ha dado lugar a tiempos de espera más largos, a tasas de admisión más elevadas, al recurso al copago y al cierre de hospitales y centros de salud, así como a la exclusión de los ciudadanos pobres y los grupos marginados del sistema de salud. Las personas desempleadas desde hace más de un año pierden su cobertura de salud. El sistema de seguridad social debía al principal proveedor de servicios de salud 421,4 millones de euros de cotización que había recaudado sin haberlos distribuido. A raíz de ello, cada vez hay más personas en Grecia que carecen de una cobertura de salud o de una protección adecuada, cuya calidad se ha deteriorado. A la luz de esta información, la Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria información detallada sobre la aplicación de todos los artículos de la parte II del Convenio en la legislación y en la práctica, acompañada de los datos estadísticos que expliquen la situación financiera del sistema nacional de salud y su rendimiento en cuanto al mantenimiento, la restauración y la mejora de la salud de las personas protegidas.

Parte XI (Cálculo de los pagos periódicos). Artículos 65 y 66. Fijación del salario de referencia. El salario de referencia utilizado en la memoria de 2014 en aplicación del Convenio para el cálculo de la tasa de reemplazo de las prestaciones en especie se determina en virtud del artículo 65, párrafo 6, a), y, en virtud del convenio colectivo de trabajo de 2010, corresponde al salario del «tornero casado» después de un año de cotizaciones (1 091,25 euros) para la parte VI del Convenio; después de 15 años de empleo (1 331,26 euros) para las partes V, IX y X; y después de 30 años de empleo (1 462,21 euros) para las partes III, V y VIII. La nota que figura en la memoria explica que estos cálculos conciernen a las personas aseguradas por primera vez hasta el 31 de diciembre de 1992. La Comisión no entiende las implicaciones de esta nota para el cálculo del salario de referencia del año 2010 y siguientes. La Comisión observa, sin embargo, que el método utilizado para determinar el salario de referencia del trabajador calificado del sexo masculino no parece corresponder plenamente con el método descrito en el artículo 65 del Convenio y aparece sensiblemente inferior al salario de referencia calculado para una persona representativa de los trabajadores calificados en base a los datos de EUROSTAT para el mismo año (2010). En particular, la Comisión desea subrayar que, en virtud del artículo 65, párrafo 6, a), no deberá seleccionarse el tornero en cualquier sector de la economía, sino en algún sector de la «industria mecánica que no sea la industria de máquinas eléctricas», por lo general, con el nivel de competencia más elevado y dentro de los trabajadores del sexo masculino. Además, la Comisión pide al Gobierno que confirme que el convenio colectivo de trabajo de 2010, al que se refiere en 2014, sigue en vigor y que los torneros continúan recibiendo remuneraciones con el nivel salarial fijado en el año 2010. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Comisión pide al Gobierno que revise el método utilizado para determinar el salario de referencia del beneficiario tipo en virtud del artículo 65 del Convenio y que establezca asimismo, con un objetivo de comparación, el salario de referencia del trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino en virtud del artículo 66.

Guinea

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

Asimismo, la Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión espera que el Gobierno proporcione una memoria para su examen por la Comisión en su próxima reunión y que contendrá respuestas a sus comentarios anteriores.

Artículo 5 del Convenio. Pago de las prestaciones en caso de residencia en el extranjero. La Comisión recuerda que el Gobierno había indicado en sus memorias anteriores que el nuevo Código de Seguridad Social, una vez adoptado, aplicaría plenamente el artículo 5 del Convenio, en virtud del cual el servicio de las prestaciones de vejez, de sobrevivencia y de los subsidios por fallecimiento, así como el pago de las pensiones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en particular, se deberá garantizar de pleno derecho en caso de residencia en el extranjero, cualquiera sea el país de residencia, e incluso si no se han celebrado acuerdos con ese país, tanto a los nacionales de Guinea, como a los nacionales de todo otro Estado que haya aceptado las obligaciones del Convenio respecto a una rama correspondiente. En su última memoria, sin embargo, refiriéndose al nuevo Código de Seguridad Social, el Gobierno indica que no satisface plenamente las disposiciones del artículo 5 del Convenio, debido a que no ofrece continuidad en el pago de las diversas prestaciones a los residentes extranjeros en caso de cambio de residencia, y que esto corresponde a una restricción constante en la materia en la legislación de los Estados de la subregión. El Gobierno espera no obstante que la negociación de acuerdos bilaterales con otros Estados subsanará esta carencia del Código de Seguridad Social.

La Comisión toma nota a ese respecto de que, según los apartados 1 y 2 del artículo 91 del nuevo Código, se suprimen las prestaciones cuando el beneficiario abandona definitivamente el territorio de la República de Guinea o se suspenden cuando el titular no reside en territorio nacional. La Comisión comprueba no obstante que, según el último apartado de dicho artículo esas disposiciones «no son aplicables a los nacionales de países que hayan asumido las obligaciones derivadas de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social, ratificadas por la República de Guinea o si existen acuerdos de reciprocidad o convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social sobre el servicio de las prestaciones en el extranjero». Habida cuenta de que en virtud de esta excepción, los nacionales de todo Estado que hayan aceptado las obligaciones del Convenio núm. 118 respecto a la rama correspondiente deberían en principio poder pretender, en lo sucesivo, al servicio de sus prestaciones en caso de residencia en el extranjero, la Comisión pide al Gobierno se sirva indicar si es efectivamente así y, en la afirmativa, si la Caja Nacional de Seguridad Social ha establecido un procedimiento de transferencia de prestaciones al extranjero, para responder a las eventuales solicitudes de transferencias de prestaciones al extranjero. Además, la Comisión pide al Gobierno se sirva precisar si la excepción prevista en el último apartado del artículo 91 antes mencionado, se aplica también a los nacionales de Guinea en el caso en que trasladen su residencia al extranjero, de conformidad con el principio de igualdad de trato establecido por el artículo 5 del Convenio en materia de pago de las prestaciones en el extranjero.

Artículo 6. Pago de las prestaciones familiares. En relación con los comentarios que viene formulando desde hace muchos años sobre el otorgamiento de asignaciones familiares en relación con los niños que residan en el extranjero, la Comisión toma nota de que, según el artículo 94, apartado 2, del nuevo Código, para tener derecho a las prestaciones familiares, los niños a cargo «deben residir en la República de Guinea, salvo disposiciones particulares aplicables de los convenios internacionales de seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdos de reciprocidad o de convenios bilaterales o multilaterales». Por lo que respecta a los acuerdos de reciprocidad o a los convenios bilaterales o multilaterales, la Comisión recuerda que Guinea no ha concluido hasta el presente ningún acuerdo de ese tipo para el pago de las asignaciones familiares con respecto a los niños que residen en el extranjero. En lo que respecta a las disposiciones particulares aplicables de los Convenios de la OIT, la Comisión recuerda que en virtud del artículo 6 del Convenio núm. 118 todo Estado que haya aceptado las obligaciones del Convenio en lo que respecta a la rama i) (prestaciones familiares) deberá garantizar el beneficio de las asignaciones familiares a sus propios nacionales y a los nacionales de todo Estado que haya aceptado las obligaciones del Convenio respecto a la misma rama, así como a los refugiados y a los apátridas, en relación con los niños que residan en el territorio de uno de esos Estados, a reserva de las condiciones y limitaciones que puedan establecerse de común acuerdo entre los Estados interesados. A ese respecto, el Gobierno declara en su memoria que se garantiza el pago de las prestaciones familiares a las familias cuyo responsable haya sido, de manera regular, un asegurado social en regla con sus cotizaciones y las de sus empleadores sucesivos. Por consiguiente, la Comisión espera que el Gobierno podrá confirmar formalmente en su próxima memoria que el pago de las prestaciones familiares se extiende también a los asegurados en regla con sus cotizaciones, sean nacionales, refugiados, apátridas o nacionales de los Estados que hayan aceptado las obligaciones del Convenio con respecto a la rama i), cuyos hijos residan en el territorio de uno de esos Estados y no en Guinea. La Comisión también desea saber cómo se tiene en cuenta en esos casos la supresión de la condición de residencia para la aplicación del artículo 99, apartado 2, del nuevo Código, que no reconoce como hijos a cargo sino a los hijos «que viven con el asegurado», así como de su artículo 101, que sujeta el pago de las asignaciones familiares a la revisión médica del niño una vez por año, hasta la edad en que sea seguido por el servicio médico escolar, y a la asistencia regular de los niños beneficiarios en edad escolar a las clases de los establecimientos escolares o de formación profesional.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) (ratificación: 1967)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

Asimismo, la Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión espera que el Gobierno proporcione una memoria para su examen por la Comisión en su próxima reunión y que contendrá respuestas a sus comentarios anteriores.

Artículo 8 del Convenio. Enfermedades profesionales. La Comisión solicita al Gobierno que comunique una copia de la lista revisada de enfermedades profesionales que fue adoptada en 1992, indicando si ha entrado en vigor.

Artículo 15, párrafo 1. Conversión de los pagos periódicos en una suma global. De conformidad con las disposiciones del artículo 111 del Código de Seguridad Social, los pagos periódicos de las prestaciones en caso de accidentes del trabajo se convierten en una suma global cuando la incapacidad permanente sea como máximo igual a un 10 por ciento. La Comisión recuerda, no obstante, que sus comentarios se referían a la posibilidad de convertir los pagos periódicos en el caso de enfermedades profesionales en las condiciones previstas en los artículos 114 (conversión después del transcurso de un plazo de cinco años) y 115 del Código de Seguridad Social (conversión parcial de los pagos periódicos en un capital a solicitud del interesado). La Comisión expresa nuevamente la esperanza de que podrán adoptarse las medidas necesarias para garantizar que en todos esos casos la transformación de los pagos periódicos en un capital puede efectuarse únicamente en circunstancias excepcionales, con el acuerdo de la víctima y cuando la autoridad competente tenga motivos para creer que el pago de una suma global se utilizará de manera ventajosa para la misma.

Artículos 19 y 20. Monto de las prestaciones. A falta de las informaciones estadísticas solicitadas que le permitan determinar si la cuantía de las prestaciones abonadas en caso de incapacidad temporal, de incapacidad permanente y de muerte del sostén de la familia alcanza los niveles prescritos por el Convenio, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que indique si recurre al sistema previsto en el artículo 19 o en el artículo 20 para determinar que se alcanzan los porcentajes requeridos en el cuadro II de dicho instrumento, y que comunique las informaciones estadísticas solicitadas en el formulario de memoria adoptado por el Consejo de Administración en virtud del artículo 19 o del artículo 20, según el sistema escogido.

Artículo 21. Revisión de las tasas de las prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Habida cuenta de la importancia que le atribuye a esta disposición del Convenio que prevé la revisión de las tasas de las prestaciones monetarias por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a fin de tener en cuenta la evolución del costo de la vida y del nivel general de ganancias, la Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno incluirá informaciones sobre la cuantía de las reevaluaciones efectuadas y que no dejará de incluir las estadísticas requeridas en el formulario de memoria relativo a la aplicación de este artículo del Convenio.

Artículo 22, párrafo 2. Pagos de las prestaciones a las personas a cargo. La Comisión expresa nuevamente la esperanza de que el Gobierno podrá tomar las medidas necesarias para garantizar que, en todos los casos en los que se suspende el pago de las prestaciones por accidentes del trabajo o de enfermedades profesionales y, en particular, en los casos previstos en los artículos 121 y 129 del Código de Seguridad Social, una parte de ellas será abonada a la persona a cargo del interesado, de conformidad con lo previsto en esta disposición del Convenio.

La Comisión ha tomado nota de la declaración del Gobierno, según la cual las disposiciones del Estatuto de la función pública dan entera satisfacción a los funcionarios y a sus familias en materia de cobertura social. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno se sirva comunicarle junto con su próxima memoria el texto de las disposiciones del mencionado Estatuto relativas a la indemnización de las enfermedades profesionales.

Por último, la Comisión solicita al Gobierno que comunique en su próxima memoria informaciones sobre todo progreso realizado en la revisión del Código de Seguridad Social, a la que el Gobierno se había referido con anterioridad.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Haití

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo (agricultura), 1921 (núm. 12) (ratificación: 1955)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1955)

Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) (ratificación: 1955)

Convenio sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25) (ratificación: 1955)

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) (ratificación: 1955)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Situación general. Según la memoria del Gobierno, la ley de 28 de agosto de 1967 sobre la creación de la Oficina del Seguro de Accidentes del Trabajo, Enfermedades y Maternidad (OFATMA), abarca a todos los trabajadores dependientes, cualquiera sea el sector de actividad. En cuanto al sector agrícola, la memoria precisa que, aunque jurídicamente los trabajadores agrícolas no estén excluidos por la ley, éstos no podrían beneficiarse de dicha ley debido al predominio de la agricultura familiar y de la inexistencia de empresas agrícolas. La Comisión comprueba, además, que más del 95 por ciento de la población activa de Haití está ocupada en la economía informal. Por último, la Comisión señala que, en virtud de la ley de 1967, la OFATMA gestiona en la actualidad el seguro de accidentes del trabajo, pero, en cambio, no ha sido aún posible al día de hoy establecer un seguro de enfermedad.

En ese contexto, las iniciativas mencionadas por el Gobierno se refieren especialmente a la formación del cuerpo de inspectores del trabajo y a la creación de dos hospitales en el norte y en el sur del país. La Comisión señala asimismo las declaraciones del Gobierno que indican que entiende proseguir sus esfuerzos, por una parte, para establecer progresivamente una rama del seguro de enfermedad que abarque a toda la población y, por otra parte, para permitir que la OFATMA vuelva a ganar la confianza de la población. La Comisión toma buena nota de estos elementos. Con el fin de poder evaluar mejor los desafíos que encuentra el país en la aplicación de los convenios de seguridad social y de apoyar mejor las iniciativas tomadas en la materia, la Comisión solicita al Gobierno que le comunique, en su próxima memoria, más información sobre las causas de la pérdida de confianza de la población hacia la OFATMA, así como que precise los datos clave relativos al funcionamiento del seguro de accidentes del trabajo gestionado por la OFATMA (número de afiliados, cuantía de las cotizaciones recaudadas anualmente, número de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales registrados, cuantía de las prestaciones pagadas en concepto de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales).

Asistencia internacional. La Comisión comprueba que las acciones del Gobierno reciben un apoyo sustancial de la OIT y de la comunidad internacional, especialmente en materia de inspección del trabajo. Además, desde 2010, la OIT y todo el sistema de las Naciones Unidas tienen a disposición del Gobierno sus conocimientos técnicos en materia de elaboración de un piso de protección social. Por otra parte, la Comisión toma nota de que Better Work, programa conjunto de la OIT y de la IFC (Banco Mundial), presente en el sector textil de Haití, y destinado a mejorar a la vez las condiciones de trabajo y la productividad, señaló que el impago de las cotizaciones de seguridad social sobre los accidentes del trabajo y las pensiones de vejez, constituye un fenómeno generalizado dentro de la industria textil y sitúa esta cuestión entre sus prioridades. Gracias a acciones específicas y, en particular, a la organización de reuniones y de información de la Oficina Nacional del Seguro de Vejez (ONA), dentro de las empresas interesadas, Better Work registró, en su informe bianual de octubre de 2012, una mejora sensible en el pago de las cotizaciones de seguridad social a la ONA y a la OFATMA. La Comisión invita al Ministerio de Trabajo y a la OFATMA a tomar en consideración esas acciones específicas en materia de cotizaciones, con el fin de poder prever, llegado el caso, su traslado a otros sectores de la economía formal haitiana.

En lo que respecta al establecimiento de un piso de protección social, la Comisión considera que es necesario que el Gobierno prevea, de manera prioritaria, la creación de mecanismos que permitan proporcionar a toda la población, incluidos los trabajadores informales y sus familias, un acceso a la asistencia de la salud básica y a un ingreso mínimo, cuando su capacidad de ganancia está afectada. A este respecto, la Comisión señala que, con el fin de transmitir orientaciones a los Estados cuyos sistemas de seguridad social atraviesan dificultades ante las realidades económicas y sociales nacionales, y para garantizar el respeto del derecho de toda persona a la seguridad social, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), dirigida a establecer el conjunto de garantías elementales de seguridad social para prevenir y reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social. En este sentido, la aplicación de los Convenios núms. 12, 17, 24, 25 y 42 y de la Recomendación núm. 202, deberían proseguirse en paralelo, persiguiendo y explotando las sinergias y las complementariedades.

A este respecto, la Comisión recuerda que la creación de un piso de protección social fue inscrita por el Gobierno haitiano como uno de los elementos del Plan de acción para la recuperación y el desarrollo de Haití, adoptado en marzo de 2010. Sin embargo, desde entonces este objetivo no parece haber dado lugar a acciones destinadas a elaborar una política nacional en la materia. Recordando que la asistencia técnica de la Oficina, coordinada con la de todo el sistema de las Naciones Unidas, fue puesta a disposición del Gobierno, la Comisión invita al Gobierno a que le comunique, en su próxima memoria, informaciones sobre las iniciativas tomadas con miras al establecimiento de un piso de protección social.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Honduras

Convenio sobre las enfermedades profesionales (revisado), 1934 (núm. 42) (ratificación: 1964)

Notificación de las enfermedades profesionales. La Comisión recuerda que desde hace muchos años advierte las dificultades del funcionamiento del sistema de notificación de las enfermedades profesionales. En su comunicación recibida el 1.º de septiembre de 2014, la Central General de Trabajadores (CGT) indica que, sobre este tema, sólo existen unas disposiciones en el Código del Trabajo por lo que hay importantes lagunas. Por su parte, el Gobierno confirma que no existe una normativa específica sobre la notificación obligatoria de las enfermedades profesionales en el Código del Trabajo pero informa que el artículo 9, inciso j), del Reglamento general de medidas preventivas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales obliga al empleador a «llevar un registro adecuado de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en los lugares de trabajo». Informa igualmente que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social elevará la propuesta al Consejo Económico y Social (CES) sobre la reforma del artículo 435 del Código del Trabajo, para que la cuestión de la notificación obligatoria de las enfermedades profesionales sea presentada al Congreso Nacional. Tomando debida nota de esta declaración, la Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para establecer sin más demora un sistema eficaz de notificación, registro e indemnización de las enfermedades profesionales. La Comisión pide al Gobierno que mantenga la Oficina informada de toda evolución en esta materia y que proporcione copia de toda enmienda adoptada al respecto.

Libia

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) (ratificación: 1975)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) (ratificación: 1975)

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) (ratificación: 1975)

Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130) (ratificación: 1975)

La Comisión toma nota de las memorias proporcionadas por el Gobierno en 2012 y 2013 relativas al Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), al Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121), al Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128), y al Convenio sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (núm. 130), respecto de los cuales el Gobierno se refiere a la adopción de una nueva legislación que tiene un impacto en la aplicación de los convenios ratificados sobre seguridad social, incluida la Ley núm. 12, de 2010, que promulga la nueva Ley de Relaciones Laborales, y la Ley núm. 20, de 2010, sobre el Seguro de Salud. La Comisión toma nota, en particular, de que el Gobierno reitera que el Fondo de la Seguridad Social, se encuentra aún en el proceso de llevar a cabo un estudio actuarial, como requiere el artículo 34 de la Ley sobre Seguridad Social núm. 13, de 1980, con miras a emprender una revisión integral de los pagos periódicos otorgados por el sistema de seguridad social, considerando el número de participantes, así como las prestaciones en efectivo y en especie que se concederán, al igual que el valor de las cotizaciones para el personal asegurado en el futuro. El Gobierno también reitera su buena disposición para solicitar la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

Consciente de la situación difícil en la que se encuentra actualmente el país, la Comisión se felicita de la decisión del Gobierno de emprender un análisis actuarial antes de adoptar importantes decisiones paramétricas dirigidas a reformar el sistema nacional de seguridad social, en consonancia con el artículo 71, 3), del Convenio, que establece la responsabilidad general del Estado en la debida concesión de prestaciones, incluso a través de estudios actuariales, antes de todo cambio en las prestaciones, la tasa de las cotizaciones del seguro o los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión.

La Comisión espera que el Gobierno pronto será capaz de proporcionar informaciones sobre nuevas evoluciones a este respecto y reanudará el examen de las cuestiones técnicas pendientes en relación con los convenios antes mencionados en el marco del ciclo regular, a saber en 2016.

Malasia

Malasia Peninsular

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1957)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 100.ª reunión, junio de 2011)

Artículo 1, 1), del Convenio. Igualdad de trato de los trabajadores extranjeros. La Comisión recuerda que desde el 1.º de abril de 1993, el régimen de la seguridad social de Malasia contiene desigualdades de trato que contravienen las disposiciones del Convenio. Esta desigualdad se debe a que la legislación nacional transfiere a los trabajadores extranjeros que han sido empleados en Malasia por un período de hasta cinco años del Régimen de la Seguridad Social de los Empleados (ESS), que establece los pagos periódicos a las víctimas de accidentes del trabajo y sus derechohabientes, al Régimen de Indemnización por Accidentes de Trabajo (WCS), que sólo garantiza el pago de una suma global única por una cuantía considerablemente inferior. El caso de Malasia ha sido objeto de discusión por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en varias oportunidades. La última vez, en junio de 2011, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que adoptara medidas inmediatas para armonizar la legislación y la práctica nacionales con lo dispuesto en el artículo 1 del Convenio, que respetara el mecanismo de reciprocidad automática instituido por el Convenio entre los Estados ratificantes, y que solicitara la asistencia técnica de la OIT para resolver las dificultades administrativas mediante la concertación de acuerdos especiales con los países que suministran mano de obra, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1, 2), y 4 del Convenio. En agosto de 2011, el Gobierno indicó a la Comisión que un comité técnico que incluiría a todas las partes interesadas, dependiente del Ministerio de Recursos Humanos, emprendería la elaboración del mecanismo y el sistema adecuado para tratar esta cuestión, teniendo en cuenta las tres opciones siguientes: i) extensión de la cobertura del ESS a los trabajadores extranjeros; ii) instauración de un régimen especial para los trabajadores extranjeros en el marco del ESS, y iii) incremento del nivel de las prestaciones otorgadas por el WCS a fin de equipararlas a las prestaciones del ESS.

En respuesta a la observación de la Comisión de 2011, el Gobierno señala en su última memoria que, actualmente, está llevando a cabo un estudio actuarial sobre las tres opciones que se están considerando y que, una vez terminado el estudio, emprenderá consultas con las partes interesadas para determinar cuál es la opción más indicada. La Comisión espera que el estudio que se está elaborando no tardará en finalizarse, que las opciones formuladas por el Gobierno en consulta con todas las partes interesadas tendrán plenamente en cuenta los requisitos dispuestos en el Convenio, que un nuevo enfoque conforme con el Convenio sea puesto en práctica a la brevedad y que el Gobierno incluya dicha información en su próxima memoria.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Sarawak

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Se invita al Gobierno que tenga a bien remitirse a los comentarios formulados en relación con Malasia Peninsular.

Mauricio

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1969)

Artículo 1 del Convenio. Igualdad de trato. Durante muchos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno la necesidad de enmendar el artículo 3 del decreto relativo al régimen nacional de pensiones (no ciudadanos y personas ausentes), de 1978, en su forma enmendada por la ley relativa al régimen nacional de pensiones (NPA), en virtud del cual los nacionales de países extranjeros no pueden estar afiliados al régimen del seguro, salvo que hayan residido en Mauricio durante un período continuado de al menos dos años. Los trabajadores extranjeros que no cumplen con esta condición de residencia, están comprendidos en la Ley sobre Indemnización de los Trabajadores, de 1931, que no garantiza el nivel de protección equivalente al garantizado con arreglo al régimen nacional de pensiones, en caso de lesiones laborales. En su memoria, el Gobierno indica una vez más que el proyecto de reglamento que revisa el artículo 3 del decreto de 1978, sigue estando en la Consejería Jurídica del Estado para su finalización. El nuevo reglamento preverá el pago de cotizaciones al Fondo Nacional de Pensiones (NPF) y al Fondo Nacional del Ahorro (NSF), a favor de aquellos que no son ciudadanos, a partir del primer día de su empleo. El Gobierno también indica que está finalizando en la actualidad la fusión de la Ley sobre la Indemnización de los Trabajadores, de 1931, y la Ley Nacional sobre Pensiones, de 1976, debiéndose el retraso a las diversas implicaciones que se debieron tener en cuenta. Recordando que el Gobierno ha venido refiriéndose a las medidas anteriores desde 2001, la Comisión expresa su preocupación del largo período de inacción y la firme esperanza de que se adopte pronto la legislación derivada de la fusión y que dé pleno cumplimiento al principio de igualdad de trato entre los residentes nacionales y los residentes extranjeros que garantiza el Convenio, sin ninguna condición en cuanto a la residencia.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Mauritania

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) (ratificación: 1968)

Aplicación del Convenio en la legislación y en la práctica. La Comisión recuerda que desde hace varios años, la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM) y la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM) señalan serios problemas en relación con la falta de buena gobernanza del sistema de protección social. La Comisión lamenta que el Gobierno se haya limitado en su memoria a referirse de manera sucinta a las disposiciones del derecho nacional sin dar respuestas de fondo a las múltiples alegaciones planteadas por las organizaciones antes mencionadas en cuanto a la cobertura muy limitada del sistema de seguridad social; el bajo nivel de las prestaciones; el marco legislativo obsoleto; los obstáculos administrativos para la tramitación de los expedientes para obtener las prestaciones; las demoras en la aplicación de las conclusiones de los estudios actuariales realizados en 2002 con el fin de contribuir al saneamiento de la situación financiera del régimen de la seguridad social; a la insuficiencia de la gestión paritaria al régimen y a la unilateralidad de las medidas del Poder Ejecutivo; la apropiación por parte del Gobierno de los recursos de las pensiones para hacer frente a sus necesidades financieras; el alegado fraude social practicado por la mayoría de los empleadores, recurriendo a la contratación de mano de obra por medio de sociedades fantasmas; la no operatividad de los servicios de control de las instituciones de previsión social, y la ausencia de revalorización adecuada de las prestaciones monetarias distintas de las prestaciones mínimas. El Gobierno tampoco dio respuesta al llamamiento de las organizaciones sindicales para que procediera sin demoras a reunir a los interlocutores sociales para una revisión total de la Caja Nacional de Seguridad Social, con el fin de garantizar una gestión participativa, la protección de los fondos de seguridad social contra la mala gestión y una financiación sostenible de la misma.

En estas circunstancias, la Comisión se ve en la obligación de recordar al Gobierno su responsabilidad general y principal, en virtud de los artículos 71 y 72 del Convenio, de garantizar la perennidad del sistema de seguridad social, en particular, a través de una gestión transparente y paritaria basada en datos actuariales fiables así como un sistema de inspección y de sanciones suficientemente disuasorias. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione una respuesta detallada a las graves alegaciones formuladas por las organizaciones sindicales antes mencionadas y que comunique una memoria detallada siguiendo las preguntas que figuran en el formulario de memoria sobre cada una de las partes aceptadas del Convenio, es decir, las partes V a VII, IX y X. Sírvase comunicar la totalidad de los datos requeridos para el cálculo de la cuantía de las prestaciones (con arreglo a los artículos 44 y 65 ó 66 del Convenio), para la revalorización del total de las prestaciones a largo plazo (en virtud del título VI del artículo 65: Evolución del índice del costo de la vida, del índice de las ganancias y de la cuantía de las prestaciones, para el mismo período considerado), y respecto del ámbito de aplicación de los diferentes regímenes de seguridad social (en virtud del título I del artículo 76: Número total de asalariados efectivamente protegidos en relación con el total de asalariados del país). Habida cuenta de la complejidad de las cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales, la Comisión invita a la Oficina a establecer contactos directos con el Gobierno con el fin de evaluar la situación y proporcionar toda la asistencia necesaria para la preparación de la próxima memoria del Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Sierra Leona

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) (ratificación: 1961)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 5 del Convenio (en relación con el párrafo 1 del artículo 2). Pago de las indemnizaciones en forma de renta sin límite de tiempo. En su última memoria, el Gobierno indica, en respuesta a los comentarios formulados durante muchos años por la Comisión, que se había promulgado un proyecto de Ley sobre Indemnización por Accidentes del Trabajo, pero no se había aún adoptado. Declara asimismo que el mencionado proyecto de legislación refleja las disposiciones del Convenio en lo relativo al pago de las prestaciones por lesiones profesionales en todo el período de la contingencia y que se comunicaría a la OIT una copia de la legislación revisada en cuanto hubiese sido adoptada. La Comisión toma nota de esta información, así como de la solicitud del Gobierno de asistencia técnica de la Oficina, a efectos de acelerar el proceso de aplicación de la legislación revisada. La Comisión expresa la esperanza de que se adopte pronto el proyecto de legislación y le solicita que se transmita una copia del mismo. En base a la nueva legislación, la OIT podrá seguramente discutir con el Gobierno los términos de la asistencia técnica solicitada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Tailandia

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) (ratificación: 1968)

Artículo 1 del Convenio. Igualdad de trato en caso de accidentes del trabajo. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada en la memoria del Gobierno y encomia el compromiso del Gobierno de adoptar medidas para mejorar la situación de cientos de miles de migrantes documentados e indocumentados que trabajan en Tailandia. La Comisión recuerda que mientras que los trabajadores documentados están registrados y gozan de protección y cobertura en el marco de la Caja de Seguridad Social (SSF) en las mismas condiciones que los trabajadores nacionales, los trabajadores extranjeros indocumentados que no pueden acreditar su nacionalidad no tienen derecho a las prestaciones del sistema de seguridad social. Sin embargo, esas personas pueden recibir, en las mismas condiciones que los trabajadores nacionales una indemnización por cuestiones laborales de la Caja de Compensación de Trabajadores (WCF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley sobre Indemnización de los Trabajadores, por el cual se autoriza al Instituto de Seguridad Social (SSO) a ordenar al empleador el pago de una indemnización. Asimismo, los empleadores también son responsables del pago de las cotizaciones del seguro de salud de los trabajadores indocumentados (1 150 baht (THB) para los trabajadores a la espera de registro en la Caja de Seguridad Social y de 2 800 baht para aquellos no cubiertos por dicha caja). En lo que respecta a la mejora de la cobertura de seguridad social de los trabajadores migrantes, el Gobierno informa que un grupo de trabajo, presidido por el subsecretario del Instituto de Seguridad Social, y encargado de examinar las actuales limitaciones al acceso a las prestaciones de seguridad social, recomendó que el Instituto de Seguridad Social facilitara el acceso de los trabajadores migrantes a las prestaciones de la Caja de Compensación de los Trabajadores, de conformidad con los términos y condiciones de trabajo y de autorización de residencia de los trabajadores migrantes. El Instituto de Seguridad Social, por su parte, llevó a cabo investigaciones sobre la elaboración de un sistema de seguridad social que contemple la situación tanto de los trabajadores migrantes que entran al país como de los que salen, el informe técnico se examina actualmente por el Comité de Investigación y Verificación.

La Comisión saluda los esfuerzos que realiza el Instituto de Seguridad Social para facilitar el acceso de los trabajadores migrantes a las prestaciones de la Caja de Compensación de los Trabajadores y para examinar la posibilidad de elaborar un régimen de seguridad social para los trabajadores migrantes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre las decisiones adoptadas por el Instituto de Seguridad Social, así como sobre los efectos prácticos de esas medidas en el cumplimiento por parte de los empleadores de su obligación de indemnizar a los trabajadores, sean éstos documentados o indocumentados, en caso de accidentes del trabajo. Asimismo, recordando que las medidas adoptadas con miras a verificar la nacionalidad de los migrantes indocumentados dejarán de estar vigentes en agosto de 2014, la Comisión pide al Gobierno que comunique con su próxima memoria una evaluación completa de la situación de los migrantes indocumentados que siguen residiendo y trabajando en Tailandia.

En relación con la situación de los trabajadores domésticos migrantes, trabajadores estacionales y trabajadores de la agricultura y la pesca, quienes, según la memoria están exceptuados de la cobertura tanto del régimen de seguridad social como de la Caja de Compensación de los Trabajadores debido a las dificultades en el cobro de las cotizaciones, la Comisión recuerda que esas categorías de trabajadores están plenamente amparadas por el Convenio y, en consecuencia, tienen derecho a recibir el mismo trato que los trabajadores nacionales en el caso de accidentes del trabajo. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que tome medidas para cumplir con el Convenio y pide asimismo que proporcione en su próxima memoria informaciones más detalladas sobre esta situación, tanto en la legislación como en la práctica, incluyendo informaciones desagregadas sobre el número de trabajadores migrantes documentados e indocumentados en las categorías antes mencionadas.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 12 (Comoras, Uganda); el Convenio núm. 17 (Argentina, Burundi, Djibouti, Zambia); el Convenio núm. 18 (Djibouti); el Convenio núm. 19 (Dominica, Islas Salomón); el Convenio núm. 42 (Burundi); el Convenio núm. 44 (Argelia); el Convenio núm. 102 (Barbados, Honduras); el Convenio núm. 118 (Guinea, Libia); el Convenio núm. 128 (Barbados, Estado Plurinacional de Bolivia); el Convenio núm. 157 (Kirguistán).

Protección de la maternidad

Belice

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) (ratificación: 2005)

Artículo 8 del Convenio. Protección del empleo. En relación con sus comentarios anteriores relativos a la protección de la mujer, en particular durante el embarazo, la Comisión toma nota con interés de que la Ley del Trabajo (enmienda), núm. 3, de 2011, ha introducido el nuevo artículo 42, 1), en la Ley del Trabajo, en el que se establece que el embarazo de una trabajadora o una razón vinculada con este embarazo, no constituye una causa justificada y suficiente para el despido o para la imposición de una sanción disciplinaria contra una trabajadora.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Guatemala

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) (ratificación: 1989)

Artículo 3, párrafos 2 y 3, del Convenio. Período obligatorio del descanso postnatal. En seguimiento a su comentario anterior en el que se pidió al Gobierno que garantizara la obligatoriedad del período de descanso postnatal, la Comisión toma nota de que el Gobierno sólo se refiere a la misión de los servicios de inspección del trabajo de controlar el registro a la seguridad social. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que tome las medidas necesarias para insertar en la legislación nacional una disposición expresa que garantice el carácter obligatorio del descanso postnatal con miras a impedir que, producto de presiones indebidas o con la finalidad de obtener la totalidad de su salario, la trabajadora retome su trabajo antes de la expiración del período de seis semanas en detrimento de su salud.

Artículo 4. Prestaciones pecuniarias y médicas por maternidad. Suspensión. La Comisión toma nota del estudio técnico jurídico proporcionado por el Gobierno según el cual, dejar sin efecto los artículos 48, c), 149, c), y 71, c), de los acuerdos núms. 410, 466 y 468 de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) — que prevén la suspensión del pago de la prestación por marcada conducta antisocial de la beneficiaria — significaría dejar sin protección a los trabajadores de la institución, así como a los afiliados y beneficiarios que acuden a las distintas oficinas o unidades médicas, ante las agresiones verbales o físicas de que pueden ser objeto. La Comisión llama una vez más la atención del Gobierno sobre el hecho de que dichas disposiciones son contrarias al Convenio que no permite la suspensión del pago de la prestación por marcada conducta antisocial de la beneficiaria. Se trata de una obligación internacional que el Gobierno ha asumido y debe asegurarse de que la junta directiva del IGSS respeta y aplica dicha obligación. La Comisión espera que la junta directiva sea capaz de encontrar medios más efectivos para prevenir las agresiones verbales o físicas de que puedan ser objeto sus empleados que no sean la denegación del derecho a prestaciones por maternidad de las mismas en violación de los compromisos internacionales asumidos por Guatemala. Tomando nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual todavía no se ha registrado ninguna suspensión en base a los artículos antes mencionados, la Comisión espera que el Gobierno tome medidas para garantizar que se abroguen los artículos 48, c), 149, c), y 71, c), de los acuerdos núms. 410, 466 y 468.

Italia

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) (ratificación: 2001)

Comentarios de las organizaciones sindicales. La Comisión toma nota de los comentarios formulados por la Unión Italiana del Trabajo (UIL) y la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL), que se recibieron el 28 y el 23 de diciembre de 2013 respectivamente. En particular, la CISL se refiere a métodos de cálculo y a montos de las prestaciones que no son a favor de las trabajadoras semidependientes (lavoro-parasubordinato). Esto es porque, ya que no se benefician de contratos continuos, las prestaciones están calculadas en base al ingreso de 12 meses y no en base al último salario, lo que resulta en una disminución del nivel de las prestaciones. Esto vulnera la posibilidad de gozar de una plena protección contra la discriminación y el despido. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus observaciones a este respecto.

Artículo 4, párrafo 4, del Convenio. Período obligatorio del descanso postnatal. El Gobierno indica que el decreto legislativo núm. 119, de 18 de julio de 2011, ha modificado el artículo 16 del texto unificado en materia de protección de la maternidad y de la paternidad. El párrafo 1 bis de ese artículo actualmente permite que la asalariada regrese al trabajo en determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones, renunciando así, en su totalidad o en parte, a la licencia postnatal. La Comisión pide al Gobierno que indique cómo tiene previsto poner de conformidad esta disposición con el artículo 4, párrafo 4, del Convenio que dispone que «la licencia de maternidad incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto, al menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores».

Artículo 8, párrafo 1. Protección contra el despido. Trabajadoras domésticas. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la decisión del Tribunal Supremo núm. 6199, de 1998, por la que se limita a la licencia de maternidad (dos meses antes del parto y tres meses después del parto) el período de protección frente al despido de las trabajadoras domésticas, al considerar que aplicar las disposiciones del artículo 54 del texto unificado (protección contra el despido hasta que el hijo haya alcanzado un año de edad) resulta demasiado costoso para los empleadores. La Comisión señala que esta decisión es de 1998, a saber, antes de la ratificación del Convenio por Italia, que se produjo en 2001. Asimismo, toma nota de que el párrafo 1 del artículo 10 de la Constitución prevé que las leyes deben estar de conformidad con los tratados internacionales. Por este motivo, la Comisión considera que son las disposiciones del artículo 8, párrafo 1, del Convenio las que se deben aplicar en el sistema jurídico italiano. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que ponga todas las disposiciones pertinentes — especialmente el artículo 62 del decreto núm. 151 de marzo de 2001 y el artículo 24 del convenio colectivo — de conformidad con el Convenio en lo que respecta a este punto.

Lituania

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) (ratificación: 2003)

Artículo, 4), párrafo 4), del Convenio. Período obligatorio del descanso postnatal. En relación con sus comentarios anteriores la Comisión toma nota de que las enmiendas hechas al Código del Trabajo en diciembre de 2010 no prevén el carácter obligatorio de la licencia por maternidad durante un período mínimo de seis semanas después del parto, de conformidad con esta disposición del Convenio. Sin embargo, la Comisión observa que en virtud del artículo 138, 3), de la Constitución nacional, los tratados internacionales ratificados por Lituania formarán parte de su ordenamiento jurídico. El artículo 11 de la Ley sobre los Tratados Internacionales, de 1999, estipula que esos tratados deben cumplirse y, si establecen normas distintas de las previstas en la legislación nacional, se aplicarán las disposiciones del tratado. De conformidad con esas disposiciones, el artículo 8, 1), y 2), del Código del Trabajo también establece que cuando los tratados internacionales establezcan normas distintas de las previstas en el presente Código y demás legislación laboral de la República de Lituania, se aplicarán las normas de los tratados internacionales en los que la República de Lituania es Parte. Los tratados internacionales en los que la República de Lituania es Parte se aplicarán directamente a las relaciones de trabajo con excepción de los casos en que esos tratados establezcan que su aplicación exige la adopción de una ley regulatoria especial nacional. La Comisión pide al Gobierno que tenga a bien confirmar que, en virtud de esas disposiciones de la legislación nacional, el requisito del Convenio de licencia obligatoria de seis semanas después del parto «se aplicará directamente a las relaciones de trabajo» en Lituania y que dicha licencia se otorga en la práctica. La Comisión pide al Gobierno que encargue al Ministerio de Seguridad Social y Trabajo de formular una declaración explicativa a este respecto para evitar confusiones y garantizar la seguridad jurídica. La Comisión considera que el Gobierno tal vez desee modificar el Código del Trabajo de manera que prohíba expresamente el empleo de mujeres durante el período de licencia obligatoria por maternidad, de conformidad con sus obligaciones internacionales.

Malí

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) (ratificación: 2008)

Modificación del Código del Trabajo. La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno, y, en particular, de que se indica que está en curso la elaboración de un proyecto de ley de enmienda del Código del Trabajo (ley núm. 92-020, de 23 de septiembre de 1992). La Comisión espera que el Gobierno tenga en cuenta sus comentarios e incluya disposiciones explícitas a fin de: aumentar la licencia postnatal de cuatro a seis semanas (artículo 4 del Convenio); incrementar el período de protección del empleo previsto en los artículos L.183 y L.326, párrafo 2, del Código del Trabajo durante el período de embarazo y un período a determinar consecutivo al regreso al trabajo (artículo 8, párrafo 1, del Convenio); completar el Código del Trabajo previendo el derecho de las trabajadoras a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad (artículo 8, párrafo 2).

Artículo 9. No discriminación. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno se refiere al artículo L.305, apartado 2, del proyecto de enmienda del Código del Trabajo que prevé las agencias retribuidas de colocación no deben discriminar a los trabajadores por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social ni practicar ninguna otra forma de discriminación reconocida. La Comisión señala que, para dar pleno efecto al artículo 9 del Convenio en relación con la discriminación basada en la maternidad, el Código del Trabajo debe: 1) reconocer expresamente la maternidad como motivo prohibido de discriminación; 2) prever las medidas apropiadas mencionadas en el artículo 9; 3) imponer a todos los empleadores, y no solamente a las agencias retribuidas de colocación, la obligación de respetar estas disposiciones, y 4) prever sanciones eficaces en caso de discriminación basada en la maternidad. La Comisión espera que el Gobierno pueda integrar estos principios en el nuevo Código del Trabajo.

Mauritania

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3) (ratificación: 1963)

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM) recibidos el 28 de agosto de 2014, así como de la respuesta del Gobierno a los mismos, de fecha 10 de Octubre de 2014. La CLTM reitera que, al día de hoy, no se adoptaron aún los textos de aplicación del nuevo Código del Trabajo (ley núm. 2004-017 de 2004), que son la causa de muchas dificultades. La CLTM considera que la ausencia de textos de aplicación del Código del Trabajo es el origen de un retroceso en la protección de la maternidad, siendo raros los empleadores que respetan la legislación en un contexto de falta de controles y de sanciones respecto de los infractores y del aumento del número de mujeres embarazadas o en período de lactancia expuestas a más peligros y riesgos importantes. La Comisión lamenta la demora en la adopción de los textos de aplicación y su consecuencia y espera que los mismos se adopten en un futuro próximo para mejorar la protección de la maternidad.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Panamá

Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3) (ratificación: 1958)

Artículo 3, c), del Convenio. Prestaciones de maternidad proporcionadas a las mujeres que no cumplen con las condiciones del seguro social. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que analice la posibilidad de hacer extensivo el mecanismo de «indemnización» mediante prestación de pago único — mencionado en el apartado 14 del artículo 1 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social núm. 51 — para las mujeres en estado de gravidez que no cumplan los requisitos señalados por la ley para el otorgamiento del subsidio por la Caja de Seguro Social a fin de que el empleador no esté personalmente obligado a costear las prestaciones debidas a las mujeres que él emplea. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que las prestaciones económicas otorgadas a las mujeres que no cumplen con las condiciones que dan derecho a las mismas son más beneficiosas que el mecanismo de «indemnización» previsto en la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social núm. 51.

Artículo 3, d). Pausas para la lactancia. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que el artículo 114 del Código del Trabajo establece dos opciones para permitir la lactancia, a saber, un intervalo de 15 minutos cada tres horas, o media hora dos veces al día. A este respecto, el Gobierno informó que en la práctica las pausas de 15 minutos cada tres horas raramente se utilizaban. La Comisión toma nota con interés de la modificación del artículo 36 del decreto ejecutivo núm. 1457, de 30 de octubre de 2012, que permite a las trabajadoras lactantes disfrutar de una reducción de su tiempo de trabajo de una hora al inicio o al final de la jornada, además de otras opciones (cuatro períodos de 15 minutos o dos de 30 minutos) para una mejor aplicación de esta disposición del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre la aplicación de esta disposición en la práctica, incluso informaciones estadísticas y precisiones sobre toda queja en relación con dicha aplicación.

Sri Lanka

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) (ratificación: 1993)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 100.ª reunión, junio de 2011)

La Comisión toma nota con interés de que, a raíz de una solicitud de cooperación técnica por parte del Gobierno, un taller tripartito nacional fue organizado por la OIT en septiembre de 2014 en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Relaciones Laborales sobre la aplicación del Convenio. El taller se desarrolló sobre la base de un informe técnico solicitado por la Oficina para que el Gobierno pueda explorar las opciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos del Convenio, a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta los diferentes casos de incumplimiento planteados por la Comisión y la Comisión de Aplicación de Normas en 2011. Estos casos incluyen, entre otras cosas, el establecimiento de un régimen de seguro social de maternidad para reemplazar el sistema actual, basado en el empleador para el pago de las prestaciones pecuniarias por maternidad, en coordinación con otras reformas como el establecimiento de un sistema de protección contra los accidentes de trabajo y los elementos necesarios de un piso de protección social. La Comisión espera que el Gobierno proporcione información detallada sobre las opciones elegidas durante el taller en base a las discusiones tripartitas, junto con un calendario con los objetivos para la aplicación de las reformas previstas. La Comisión remite al Gobierno a su observación de 2011, para un análisis exhaustivo de las diferencias que aún existen entre la legislación y la práctica nacionales y las disposiciones del Convenio.

Zambia

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) (ratificación: 1979)

Reforma de la legislación laboral destinada a asegurar la observancia del Convenio. En respuesta a la observación anterior de la Comisión, el Gobierno señala que actualmente está realizando una amplia reforma de la legislación laboral y un proceso de diálogo que tratará de eliminar las discrepancias entre la legislación nacional y las disposiciones antes mencionadas del Convenio en relación con el artículo 3 (necesidad de conceder un descanso de maternidad independientemente del período de servicio), el artículo 3, 3) (necesidad de establecer la naturaleza obligatoria del descanso postnatal durante el período de seis semanas después del parto), y el artículo 5 (necesidad de establecer pausas para la lactancia que deberán contarse como horas de trabajo y remunerarse como tales). Al recordar que el Gobierno se ha venido refiriendo reiteradamente a la reforma en curso, la Comisión espera que el Gobierno estará en condiciones de indicar en su próxima memoria que se han realizado progresos tangibles en relación con las cuestiones antes mencionadas.

Reformas destinadas a introducir prestaciones por maternidad en el marco de un nuevo sistema de seguridad social. Prestaciones monetarias por maternidad. El Gobierno señala que ha emprendido una amplia reforma de pensiones en la que se prevé la introducción de un fondo de protección de la maternidad administrado por el Instituto Nacional de Seguridad Social. Los recursos de este fondo procederán de una contribución del 1 por ciento pagada tanto por los trabajadores como por los empleadores, como se recomendó en el informe técnico preparado por el Grupo Técnico de Trabajo para la Reforma de Pensiones. Además, el Gobierno subraya que está colaborando estrechamente con la OIT a este respecto y convocó, en 2013, una conferencia consultiva tripartita nacional para examinar, entre otras cuestiones, las opciones para financiar las prestaciones por maternidad. La Comisión recuerda que actualmente en Zambia los empleadores son personalmente responsables del costo de las prestaciones monetarias por maternidad pagadas a las mujeres que hayan empleado, contrariamente a lo establecido en una importante disposición del Convenio en virtud de la cual las prestaciones serán concedidas en virtud de un seguro social o con cargo a los fondos públicos con miras a prevenir la discriminación contra la mujer en el empleo (artículo 4, 4) y 8)). Por consiguiente, la Comisión saluda la iniciativa del Gobierno a fin de abandonar el régimen de responsabilidad del empleador, y financiar la protección de la maternidad mediante el seguro social, en conformidad con los requisitos del Convenio y la tendencia global para adoptar mecanismos de protección financiados colectivamente, basados en el principio de la solidaridad social. En consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno indique en su próxima memoria los progresos realizados con miras a establecer una rama de protección de la maternidad como un componente del régimen de seguridad social vigente. La Comisión invita a la Oficina a que siga proporcionando al Gobierno todo el apoyo técnico necesario a este respecto.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 3 (Guinea); el Convenio núm. 103 (Ecuador, Grecia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Mongolia, Papua Nueva Guinea, San Marino, Tayikistán, Zambia); el Convenio núm. 183 (Austria, Belice, Benin, Bulgaria, Eslovaquia, ex República Yugoslava de Macedonia, Hungría, Lituania, Luxemburgo, República de Moldova, Montenegro).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 103 (Ucrania); el Convenio núm. 183 (Belarús).

Política social

Guinea

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) (ratificación: 1966)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L72014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. La Comisión solicita al Gobierno que se sirva indicar de qué manera el mejoramiento del nivel de vida se considera como el objetivo principal de los planes de desarrollo económico en el marco de la estrategia para luchar contra la pobreza (artículo 2 del Convenio). A este respecto, la Comisión recuerda al Gobierno que de conformidad con el artículo 1, párrafo 1, del Convenio «toda política deberá tender en primer lugar al bienestar y el desarrollo de la población».

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Panamá

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) (ratificación: 1971)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), transmitidas al Gobierno en septiembre de 2013, relativas al impacto de distintos programas gubernamentales y a la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. Las dos organizaciones señalan que programas tales como «Red de Oportunidades», «100 a los 70» y «Becas Universales» no han cumplido con las metas que fueron fijadas con miras al mejoramiento del nivel de vida y agregan que, si bien la economía panameña es la de mayor crecimiento en la región, existen dificultades en cuanto a la distribución de las riquezas. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique sus comentarios en relación con las observaciones de la CONUSI y del CONATO. La Comisión espera que se envíe una memoria para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contenga informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa de 2009.

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. El Gobierno dio a conocer en mayo de 2009 los resultados de los planes operativos del Ministerio de Desarrollo Social, cuya estrategia de lucha contra la pobreza estuvo basada en el programa «Red de Oportunidades». La Comisión pide al Gobierno que presente informaciones sobre el impacto de los nuevos programas ejecutados para luchar contra la pobreza. Sírvase también incluir una apreciación actualizada sobre la manera en que se asegura que «el mejoramiento del nivel de vida» ha sido considerado como «el objetivo principal de los planes de desarrollo económico» (artículo 2 del Convenio).

Parte III. Trabajadores migrantes. La Comisión tomó nota de la adopción del decreto-ley núm. 3, de 22 de febrero de 2008, que creó el Servicio Nacional de Migración, cuya función es la administración, supervisión, control y aplicación de las políticas migratorias dictadas por el Ejecutivo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando informaciones sobre la manera en la que las actividades del Servicio Nacional de Migración contribuyen a dar efecto al Convenio.

Parte IV. Remuneración de los trabajadores. Anticipos de salario. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno se remitió a la jurisprudencia emitida el 17 de abril de 2001 por el Tribunal Superior del Trabajo con respecto a las disposiciones del artículo 161, párrafos 3 y 13, del Código del Trabajo, en la que se establecieran criterios restrictivos para interpretar las disposiciones que permiten el descuento de sumas al salario del trabajador, por tratarse de normas de protección al salario. La Comisión pide al Gobierno que agregue información actualizada sobre la manera en que las decisiones de los tribunales de justicia o las resoluciones administrativas hayan aplicado las disposiciones del artículo 161, párrafos 3 y 13, del Código del Trabajo en el sentido del artículo 12 del Convenio.

Portugal

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) (ratificación: 1981)

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. En relación con la observación formulada en 2010, la Comisión toma nota de las respuestas detalladas del Gobierno recibidas en enero de 2014 y de las observaciones anexadas a la memoria formuladas por la Confederación General de Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación del Turismo Portugués (CTP). El Gobierno se refiere al Memorando de Entendimiento relativo al Programa de Ajuste Económico y Financiero celebrado en 2011 con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y al Acuerdo Tripartito de Concertación Social de 2012 que requirieron cambios a las prestaciones sociales en distintas áreas. La Comisión toma nota de las medidas adoptadas para tratar de garantizar la protección social de las personas más vulnerables sin poner en peligro la sustentabilidad financiera del sistema de seguridad social. La CGTP-IN expresa su preocupación por el hecho de que en los últimos diez años se observa una diferencia creciente entre el nivel de vida promedio en Portugal y el de los países de la Unión Europea que se acentuó como consecuencia de los programas de austeridad acordados entre el Gobierno y la troika. La renta disponible real disminuyó cerca del 4 por ciento entre 2011 y 2012 (en términos de variación promedio anual), sobre todo en razón de las reducciones de las remuneraciones laborales y de las transferencias internas. La UGT también manifiesta que las respuestas adoptadas en relación con la crisis de la deuda soberana han sido por sobre todo las medidas de austeridad que han tenido un impacto negativo persistente en los trabajadores y pensionistas, así como resultados económicos cuestionables. Por su parte, la CTP considera que no obstante el «congelamiento» actual del salario mínimo nacional, es innegable el impacto positivo para mejorar los niveles de vida de los trabajadores que tuvo la actualización del salario mínimo mediante los convenios colectivos en algunos sectores. La Comisión invita al Gobierno a presentar una síntesis de los resultados alcanzados por los programas de política social y las otras iniciativas destinadas a asegurar que «el mejoramiento del nivel de vida» ha sido considerado como el objetivo principal de los planes de desarrollo económico en el marco de las políticas sociales aplicadas en el contexto de la crisis económica y financiera (artículo 2 del Convenio).

Parte IV. Remuneración de los trabajadores. En la observación anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno que transmita decisiones de las autoridades competentes en relación con la aplicación del artículo 279 del Código del Trabajo que reglamenta las retenciones que los empleadores pueden realizar de las remuneraciones de los trabajadores. En este sentido, la Comisión toma nota con interés de las decisiones del Tribunal de Apelación de Lisboa que han declarado la nulidad de algunos descuentos indebidamente efectuados en concepto de anticipo de salarios. La Comisión invita al Gobierno a continuar ilustrando su próxima memoria con decisiones de las autoridades competentes, los tribunales u otros organismos sobre cuestiones de principio relativas a la aplicación del artículo 279 del Código del Trabajo (artículo 12).

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 82 (Francia: Polinesia Francesa, Nueva Zelandia: Tokelau, Reino Unido: Montserrat); el Convenio núm. 117 (Brasil, Ecuador, España, Italia, Kuwait, Madagascar, Malta, República de Moldova, Níger, Paraguay, República Árabe Siria, Sudán, Túnez).

Trabajadores migrantes

China

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (notificación: 1997)

La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Confederación de Organizaciones Sindicales de Hong Kong (HKCTU) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Domésticos Asiáticos de Hong Kong (FADWU), que se recibieron el 31 de agosto de 2014. Asimismo, toma nota de la respuesta del Gobierno a estas observaciones y a las observaciones anteriores de la HKCTU y la FADWU.

Artículo 6, párrafo 1), a), i) del Convenio. Igualdad de trato – trabajadores domésticos extranjeros. Durante algunos años, la Comisión ha estado haciendo un seguimiento de las preocupaciones expresadas por la Confederación Sindical Internacional (CSI), la HKCTU y la FADWU en relación con el trato desigual que reciben los trabajadores domésticos extranjeros, que representan la inmensa mayoría de los trabajadores inmigrantes a los que se permite trabajar en la Región Administrativa Especial de Hong Kong. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, en 2014 había 328 041 trabajadores domésticos extranjeros (el 98,4 por ciento de los cuales eran mujeres) y 63 901 otros trabajadores migrantes (excluyendo a aquellos de China Continental). La Comisión toma nota de que en su comunicación más reciente, la HKCTU y la FADWU reiteran su preocupación anterior en relación con el trato desigual que reciben los trabajadores domésticos migrantes en materia de remuneración y alojamiento, las dificultades que tienen estos trabajadores para acceder a la información y a los servicios, y lo especialmente vulnerables que son los trabajadores domésticos extranjeros procedentes de Indonesia y Nepal a las violaciones de sus derechos legales y sus contratos de trabajo.

La Comisión había tomado nota de que los trabajadores inmigrantes, incluidos los trabajadores domésticos extranjeros, gozan de los mismos derechos laborales y de la misma protección que los trabajadores locales, y tienen derechos y prestaciones adicionales en virtud del contrato estándar de empleo (SEC). Asimismo, tomó nota de que, si bien debido a la obligación de alojarse en el lugar de trabajo (párrafo 3 del SEC), los trabajadores domésticos extranjeros están excluidos del ámbito de aplicación de la ordenanza sobre el salario mínimo (MWO), capítulo 608 de la legislación de Hong Kong, desde 2003 reciben un salario mínimo autorizado (MAW) y disfrutan de prestaciones adicionales en especie, incluidos alimentos, alojamiento y asistencia médica gratuita, tal como se estipula en el SEC. Según el Gobierno, el MAW se revisa regularmente en consulta con las organizaciones pertinentes de empleadores y de trabajadores, y actualmente es de 4 010 dólares de Hong Kong (en 2012 era de 3 920). La Comisión toma nota de que, sin embargo, la HKCTU y la FADWU consideran que la exclusión de los trabajadores domésticos del ámbito de aplicación de la MWO es discriminatoria y que no existe ningún mecanismo para calcular los costos reales del alojamiento. El requisito de alojarse en el lugar de trabajo también hace que los trabajadores domésticos migrantes estén más expuestos a los abusos y las violaciones de sus derechos.

La Comisión toma nota de que el Gobierno se compromete a establecer «condiciones de igualdad entre los trabajadores migrantes y la fuerza de trabajo local». A este respecto, el Gobierno se refiere a una serie de medidas legislativas y prácticas que ha adoptado con miras a aplicar el Convenio y garantizar que los trabajadores migrantes, en particular los trabajadores domésticos extranjeros, disfruten de los mismos derechos y protección que los trabajadores locales, tengan acceso gratuito a los servicios, incluidos los servicios de interpretación, y acceso a los mecanismos de queja. Asimismo, el Gobierno ha adoptado una política proactiva para concienciar e informar a los empleadores y los trabajadores domésticos extranjeros sobre sus derechos y obligaciones (utilizando guías, medios de comunicación, anuncios, etc.) y ha redoblado sus esfuerzos para colaborar con los países de origen de los trabajadores domésticos extranjeros a fin de promover sus derechos. Al tiempo que toma nota de los continuos esfuerzos realizados por el Gobierno para proteger los derechos de los trabajadores domésticos extranjeros y teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por la HKCTU y la FADWU en relación con sus condiciones particulares de trabajo, la Comisión pide al Gobierno que realice esfuerzos especiales, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para examinar las modalidades de trabajo de los trabajadores domésticos extranjeros a fin de determinar si en la práctica se les otorga un trato menos favorable que a los nacionales y a otros trabajadores migrantes en lo que respecta a las cuestiones enumeradas en el artículo 6, párrafo 1), a), del Convenio (remuneración, condiciones de trabajo y alojamiento). Sírvase transmitir información completa sobre todas las medidas adoptadas a este respecto y sobre los resultados alcanzados. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que aclare cómo se calcula el costo del alojamiento de las personas que viven en su lugar de trabajo.

Aplicación. La Comisión toma nota de que según la HKCTU y la FADWU los trabajadores domésticos migrantes continúan teniendo dificultades para presentar quejas, incluso en el Departamento de Trabajo, debido a la duración de los procesos, las barreras idiomáticas, el requisito de vivir en el lugar de trabajo y la «regla de dos semanas» (que requiere que los trabajadores domésticos extranjeros abandonen la Región Administrativa Especial de Hong Kong en un plazo de dos semanas después de que haya expirado o se haya terminado de forma anticipada su contrato de empleo). El Gobierno reafirma que los trabajadores domésticos migrantes pueden obtener reparación a través del sistema legal y conseguir ayuda jurídica siempre que cumplan con los criterios de elegibilidad aplicables a todos. Según el Gobierno, los trabajadores domésticos extranjeros tienen pleno acceso a los servicios que ofrece el Departamento de Trabajo, incluidas las consultas gratuitas y los servicios de conciliación, y el procedimiento de reclamaciones y el tiempo de espera para las reuniones de conciliación se aplican de manera equitativa y justa tanto a los trabajadores locales como a los trabajadores domésticos extranjeros. La Comisión toma nota de que, entre el 1.º de junio de 2012 y el 31 de mayo de 2014, el Departamento de Trabajo tramitó 6 134 quejas relacionadas con trabajadores domésticos extranjeros u otros trabajadores inmigrantes, con arreglo al Programa de Mano de Obra Adicional (SLS), sobre supuestos incumplimientos de la ordenanza del empleo o el SEC; el 1,9 por ciento de estas quejas concernían al pago insuficiente de salarios. En lo que respecta a los casos que no se pudieron resolver a través de los esfuerzos de conciliación del Departamento de Trabajo, la Comisión toma nota de que 1 298 quejas fueron posteriormente remitidas al Tribunal del Trabajo o a la Junta de Arbitraje de Reclamaciones Laborales de Menor Cuantía (MECAB). Durante el período objeto de examen, el Departamento de Trabajo también emitió 124 citaciones en relación con el pago insuficiente de salarios u otros incumplimientos de la ordenanza del empleo por parte de los empleadores de los trabajadores migrantes, aunque no está claro si concernían a trabajadores domésticos extranjeros. En relación con la norma de las dos semanas y el acceso a los procedimientos, el Gobierno transmite información respecto a que se aprobaron todas las 7 014 solicitudes de ampliación de la estancia de trabajadores domésticos extranjeros para emprender acciones civiles o penales. En el mismo período, se aprobaron 55 011 solicitudes de cambio de lugar de trabajo presentadas por trabajadores domésticos extranjeros, y se denegaron 289 solicitudes, especialmente debido a que los solicitantes no cumplían con los criterios de cambio de empleo. La Comisión pide al Gobierno que examine las dificultades a las que tienen que hacer frente los trabajadores domésticos extranjeros para que sus quejas se tramiten en pie de igualdad con las presentadas por los nacionales con arreglo al artículo 6, párrafo 1), d), del Convenio, y que envíe información sobre los progresos realizados al respecto. Asimismo, pide al Gobierno que adopte medidas apropiadas para reforzar el respeto de los derechos de los trabajadores domésticos extranjeros en virtud de la ordenanza del empleo y el contrato estándar de empleo, y que garantice que los trabajadores migrantes que han solicitado una extensión de su estancia debido a que han iniciado procedimientos legales tengan acceso a una resolución de los conflictos rápida y efectiva, y puedan completar los procedimientos legales y obtener reparaciones. Sírvase continuar proporcionando información sobre el número y la naturaleza de las quejas, en lo que respecta a las violaciones de las leyes y reglamentos pertinentes y del contrato estándar de empleo incluidas las quejas en materia de remuneración indebida, presentadas por trabajadores domésticos extranjeros y otros trabajadores migrantes en virtud del Programa de Mano de Obra Adicional al Departamento de Trabajo, el Tribunal de Trabajo y la Junta de Arbitraje de Reclamaciones Laborales de Menor Cuantía, y sobre sus resultados.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Malasia

Sabah

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) (ratificación: 1964)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 6, párrafo 1), b), del Convenio. Igualdad de trato respecto de la seguridad social. Prestaciones por lesiones profesionales. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores relativos a las diferencias en el trato entre los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros de temporada respecto del pago de las prestaciones de seguridad social en caso de accidentes de trabajo. Las diferencias se relacionan con el Régimen de Indemnización de los Trabajadores (WCS) que garantiza a los trabajadores extranjeros que trabajan en el país durante un período de hasta cinco años, únicamente el pago de una suma global de una cuantía considerablemente inferior a los pagos periódicos a las víctimas de accidentes laborales previstos en el Régimen de Seguridad Social de los Empleados (ESS), mientras que los malayos y los trabajadores extranjeros con residencia permanente en Malasia (Sabah) siguen cubiertos por el ESS. El Gobierno indicó, en noviembre de 2012, que estaba llevando a cabo un estudio actuarial teniendo en cuenta las tres opciones siguientes: i) extensión de la cobertura del ESS a los trabajadores extranjeros; ii) instauración de un régimen especial para los trabajadores extranjeros en el marco del ESS, y iii) incremento del nivel de las prestaciones otorgadas por el WCS a fin de equipararlas a las prestaciones del ESS. Una vez terminado el estudio, emprenderá consultas con las partes interesadas para determinar cuál es la opción más indicada. Además, la Comisión entiende que la Organización de Seguridad Social de Malasia (SOCSO) está considerando la elaboración de un estudio técnico sobre la posible creación de un fondo y esquema independientes para la cobertura de los trabajadores extranjeros, y ha solicitado la asistencia técnica de la OIT a este respecto. En cuanto a los accedentes en el trabajo, la Comisión espera que el estudio actuarial estará terminado próximamente y remite al Gobierno a sus comentarios relativos al Convenio sobre el Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) en lo que respecta a Malasia Peninsular. La Comisión lamenta tomar nota, sin embargo, de que el Gobierno no ha enviado su memoria relativa a la aplicación del Convenio núm. 19, debida en 2013 y por lo tanto la Comisión no tiene mayor información sobre el progreso realizado en el estudio actuarial.

Otras prestaciones de seguridad social. En lo que respecta a las demás prestaciones de seguridad social, la Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno relativa al contenido del Memorando de Entendimiento celebrado entre los países de origen, el cual, sin embargo, no indica el modo en que se garantiza que a los trabajadores migrantes no se les aplica un trato menos favorable que a los nacionales en cuanto a las prestaciones de seguridad social, incluyendo las prestaciones de asistencia médica de invalidez, de vejez, y las pensiones de sobrevivientes, así como de enfermedad y de maternidad. Teniendo en cuenta el elevado número de trabajadores extranjeros afectados, la Comisión solicita al Gobierno que facilite información adicional sobre las medidas adoptadas, incluyendo la conclusión de acuerdos bilaterales o multilaterales para garantizar que los trabajadores migrantes no reciban un trato menos favorable que el aplicado a los trabajadores nacionales o a los trabajadores extranjeros con residencia permanente en el país respecto de las demás prestaciones en materia de seguridad social. La Comisión también pide al Gobierno que envíe información sobre toda evolución en relación con el estudio actuarial relativo al establecimiento de un esquema separado para la cobertura de los trabajadores extranjeros, el estudio técnico objeto de estudio por la Organización de Seguridad Social de Malasia, y los resultados alcanzados.

Salarios mínimos y gravamen a los trabajadores extranjeros. La Comisión toma nota de la Ley sobre el Consejo Consultivo Nacional de Salarios (NWCC), de 2011 (ley núm. 732) y de la Orden sobre Salarios Mínimos, de 2012, que establece un salario mínimo mensual regional de 800 ringgit malayos (MYR) en Sabah a ser implementado a partir del 1.º de enero de 2013. La Comisión también toma nota de las Directrices para la Aplicación de la Orden sobre Salarios Mínimos, de 2012 («Directrices») publicadas por el NWCC (6 de septiembre de 2012), así como el comunicado de prensa de 13 de marzo de 2013 sobre la aplicación de los salarios mínimos. La Comisión toma nota de que la Orden sobre Salarios Mínimos, de 2012, se aplica a los «empleados» tal como se define en el artículo 2, párrafo 1 del anexo de la Ordenanza de Trabajo (Sabah cap. 67), y cubre por lo tanto a trabajadores nacionales y extranjeros pero excluye a los trabajadores domésticos de su aplicación. También toma nota de que, según se indica en las Directrices que el suministro de alojamiento y alimentos están excluidos del salario mínimo. La Comisión también toma nota de que en virtud de la Orden sobre el Salario Mínimo (enmienda), de 2013, ciertas empresas fueron autorizadas a diferir el pago de los salarios mínimos hasta el 31 de diciembre de 2013, pero que a partir del 1.º de enero de 2014, todos los empleadores que empleen trabajadores extranjeros deberán pagar el salario mínimo mencionado. La Comisión también toma nota de que el documento sobre la Política del Salario Mínimo (marzo de 2013) publicado por el Ministerio de Recursos Humanos establece que los empleadores que han aplicado el salario mínimo están autorizados a deducir el monto actual del gravamen del trabajador extranjero prorrateado mensualmente así como el costo del alojamiento, el cual no debe exceder de 50 ringgit por mes por persona. En circunstancias especiales, basadas en motivos individuales, el Departamento de Trabajo puede considerar solicitudes relativas a los gastos de alojamiento superiores a 50 ringgit mensuales. La Comisión había tomado nota, de la indicación del Gobierno de que el gravamen no podía ser deducido de los salarios del trabajador. La Comisión había advertido con anterioridad sobre el posible impacto negativo del sistema de gravámenes en los salarios y condiciones generales de trabajo y derechos de los trabajadores migrantes, especialmente cuando el monto de los gravámenes es elevado y se deduce de los salarios del empleado. La Comisión considera por lo tanto que autorizar, en la práctica, que la cuantía del gravamen se descuente de los salarios mínimos de los trabajadores extranjeros puede resultar en un trato menos favorable que el brindado a los trabajadores nacionales lo cual es contrario al artículo 6, párrafo 1), a), del Convenio. Dada la ambigüedad en la declaración anterior del Gobierno y la Política del Salario Mínimo (2013) del Ministerio de Recursos Humanos relativo al descuento autorizado de los salarios mínimos de los trabajadores extranjeros, la Comisión pide al Gobierno que aclare si los empleadores están todavía autorizados a deducir un gravamen y gastos de acomodamiento de los salarios mínimos de los trabajadores extranjeros y que envíe el texto de las disposiciones legales o de la política adoptada al respecto. La Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los empleadores no descuenten, en la práctica, el gravamen de los salarios mínimos pagados a los trabajadores extranjeros y que envíe información al respecto. Recordando que el Gobierno señaló previamente que estaba dispuesto a examinar el impacto del sistema de gravámenes en las condiciones de trabajo y la igualdad de trato de los trabajadores migrantes, incluidos los salarios, la Comisión solicita al Gobierno que realice una evaluación a ese respecto, y que envíe información sobre sus resultados y de todo seguimiento dado al mismo.

La Comisión recuerda que plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 97 (Burkina Faso, China: Región Administrativa Especial de Hong Kong, Dominica, Malasia: Sabah, Países Bajos, Reino Unido, Tayikistán); el Convenio núm. 143 (Burkina Faso, Guinea, San Marino, Tayikistán).

Gente de mar

Observación general

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006)

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006: Observaciones derivadas del examen de las primeras memorias

En su informe de 2012, la Comisión formuló una observación general relativa a la preparación para la entrada en vigor del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). En dicha observación se destacaron algunas características innovadoras del Convenio especialmente en relación con el sistema de observancia y control del cumplimiento del Convenio, que incluye la certificación de las condiciones del trabajo y de vida de la gente de mar a bordo de los buques. El MLC, 2006 entró en vigor para 30 Miembros el 20 de agosto de 2013 y hasta noviembre de 2014 ha sido ratificado por 65 Miembros. Este año se solicitaron a 32 Miembros las primeras memorias sobre la aplicación del MLC, 2006 para su examen por la Comisión. La Comisión ha tenido la oportunidad de examinar la mayoría de las memorias recibidas y, de conformidad con su práctica habitual con las primeras memorias relativas a los convenios, ha formulado comentarios específicos a través de solicitudes directas[1] dirigidas a los gobiernos respectivos.

La Comisión tomó nota con interés del informe recientemente publicado por la secretaría de un Memorándum de Entendimiento regional para el control de los buques por el Estado rector del puerto, respecto del número de inspecciones de los buques realizadas por funcionarios del Estado rector del puerto sobre el cumplimiento de los requisitos del MLC, 2006. Ese informe incluye una lista de deficiencias que se han identificado a bordo de los buques, así como informaciones sobre un número considerable de detenciones de buques por cuestiones relativas al MLC, 2006, durante el primer año siguiente a la entrada en vigor del Convenio. La Comisión toma nota de la importancia de este sistema de control de la aplicación a bordo de los buques que implica tanto inspecciones por parte de los Estados del pabellón como inspecciones de buques extranjeros que entran en puertos de Miembros ratificantes y que apoya de manera continua y concreta el examen cíclico nacional sobre la aplicación de los convenios en el marco del sistema de control de la OIT. Aunque el MLC, 2006 es aún relativamente nuevo y el sistema que establece recién comienza su funcionamiento, la presente información, junto con la información suministrada por los gobiernos en sus memorias y las observaciones de las organizaciones de armadores y de gente de mar, indica que el nivel de aplicación en la práctica es importante, y en muchos casos va mucho más allá de la adopción de la legislación, y observa un alto nivel de compromiso por parte de los actores pertinentes del sector. De lo anteriormente expuesto se deriva también que las cuestiones relativas a la coherencia en la aplicación del MLC, 2006 a la industria del transporte marítimo — la más antigua y una de las más internacionalizadas — representan una preocupación considerable para los gobiernos, los armadores y la gente de mar.

En vista del número de primeras memorias que se solicitarán a los países durante los próximos años y de la necesidad de ofrecer orientación y promover un entendimiento común acerca de los requisitos del MLC, 2006 la Comisión ha decidido formular una observación general sobre varias cuestiones observadas en el examen de esas primeras memorias en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT.

Aplicación y consultas nacionales tripartitas

La Comisión toma nota de que esas observaciones se recibieron de varias organizaciones de trabajadores (gente de mar), en la mayoría de las cuales se indica que se ha obtenido un buen nivel, incluso elevado, de consulta y diálogo social en el proceso nacional de aplicación. Sin embargo, algunas organizaciones de trabajadores han comunicado observaciones donde expresan sus preocupaciones, las que se indican en solicitudes directas. Además, algunos Miembros manifestaron la existencia de algunas dificultades, dado que carecen de organizaciones representativas establecidas para la celebración de consultas que puedan prestar asistencia en la aplicación. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración estableció el Comité Tripartito Especial en virtud del artículo XIII del MLC, 2006, que celebró su primera reunión en abril de 2014. El Comité Tripartito Especial, de conformidad con el Convenio, adoptó medidas provisionales para las consultas con las organizaciones de armadores y de la gente de mar, como está previsto en el artículo VII del MLC, 2006, en los casos en que en un Miembro no existan organizaciones representativas.

Memorias nacionales y medidas de aplicación. La función e importancia de la Declaración de conformidad laboral marítima (DCLM), partes I y II

La Comisión recuerda que la estructura innovadora del MLC, 2006, y la extensión del mismo, tuvieron como consecuencia la adopción por el Consejo de Administración de un nuevo formato para el formulario de memoria, que facilitará la presentación de memorias en línea y la utilización de la documentación nacional preparada para su uso a bordo de los buques. La Comisión toma nota de que una serie de gobiernos proporcionaron información detallada en sus memorias, así como documentación sustancial y/o enlaces vía Internet a documentos y sitios web relacionados con la aplicación del MLC, 2006. Otros, en cambio, prefirieron recurrir a la Declaración de conformidad laboral marítima (DCLM) partes I y II, considerando que suministra información suficiente sobre los 14 temas cubiertos por la DCLM. En ese contexto, la Comisión observó que en algunos casos se presentan dificultades respecto de las partes I y II de la DCLM, además de la cuestión de la información suficiente a los efectos de la preparación de las memorias por los países. La Comisión tomó nota, en particular, de que los ejemplos nacionales de la DCLM, parte I, a menudo sólo contienen una lista de títulos o referencias a la legislación nacional de aplicación u otras medidas, y en algunos casos, las referencias son incorrectas e incluyen muy poca o ninguna información adicional. La Comisión recuerda que el párrafo 10, a), de la norma A5.1.3 establece que la parte I de la DCLM deberá ser redactada por la autoridad competente, la cual no sólo deberá «indicar los requisitos nacionales que incorporan las disposiciones pertinentes del presente Convenio, haciendo referencia a las disposiciones legales nacionales pertinentes» sino que también deberá proporcionar, «de ser necesario, información concisa sobre el contenido principal de los requisitos nacionales». La Comisión también recuerda que el párrafo 1, de la pauta B5.1.3 proporciona orientación en relación con la declaración relativa a los requisitos nacionales, incluyendo la recomendación de que: «Cuando la legislación nacional se ajuste exactamente a los requisitos indicados en el presente Convenio, bastará una referencia». Sin embargo, en numerosos casos, una referencia no facilitará información suficiente sobre los requisitos nacionales, cuando éstos se refieran a cuestiones para las cuales el MLC, 2006 prevé algunas diferencias en las prácticas nacionales. Análogamente, la Comisión observa que muchos de los ejemplos de la parte II de la DCLM aprobada — documento cuya finalidad es identificar las medidas adoptadas por los armadores para aplicar los requisitos nacionales — también contienen, con frecuencia, únicamente referencias a otros documentos. Salvo que todos esos documentos a los que se hace referencia se lleven a bordo del buque y todas las personas interesadas puedan consultarlos fácilmente, sería difícil para los funcionarios del Estado rector del puerto o la gente de mar comprender cuáles son los requisitos nacionales relativos a esas cuestiones. En esos casos, las partes I y II de la DCLM no parecen cumplir los objetivos fijados en el MLC, 2006, es decir ayudar a todas las personas interesadas, tales como los inspectores del Estado del pabellón, los funcionarios autorizados de los Estados rectores del puerto y la gente de mar, a verificar que los requisitos nacionales sobre los 14 puntos que figuran en ese documento se aplican adecuadamente a bordo de un buque.

A este respecto, la Comisión también recuerda que la DCLM no abarca todos los aspectos del MLC, 2006 que los Miembros deben implementar.

Artículo II. Definiciones y ámbito de aplicación

La Comisión observa que en relación con la aplicación del MLC, 2006 a la gente de mar, de acuerdo con el artículo II, los gobiernos indicaron que cuando deben tomar una decisión, tras celebrar consultas con las organizaciones representativas interesadas pertinentes, siguen las definiciones que figuran en el Convenio y tienen en cuenta la orientación y criterios establecidos en la Resolución relativa a la información sobre los grupos profesionales, adoptada en la 94.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (febrero de 2006). No obstante, en relación con la aplicación del principio de flexibilidad, previsto en los párrafos 3, 5 y 6 del artículo II, la Comisión observó la existencia de dificultades. La Comisión toma nota, a este respecto, de que el concepto de «sustancialmente equivalentes», previsto en los párrafos 3 y 4 del artículo VI al que se hace referencia en detalle más adelante, no es aplicable a los casos en que se duda si el Convenio se aplica a una categoría de personas o de buques.

La Comisión también toma nota de que el MLC, 2006, no autoriza la aplicación parcial de la legislación nacional pertinente cuando los trabajadores interesados sean gente de mar cubierta por el Convenio. La exclusión de los trabajadores del ámbito del Convenio es posible únicamente cuando: a) no entran claramente en la definición de «gente de mar»; o b) el buque en el que desempeñan actividades claramente no es un «buque» abarcado por el Convenio; o c) puede surgir una duda en relación con los puntos a) o b) a los que se hizo referencia anteriormente y se ha determinado, de conformidad con el Convenio, que las categorías de trabajadores interesadas no son gente de mar o no están trabajando en buques cubiertos por el Convenio; o d) las disposiciones de la legislación pertinente que no se aplican a esos trabajadores se refieren a cuestiones que no están abarcadas por el MLC, 2006.

En relación con las normas para la gente de mar que trabaja a bordo de buques con un arqueo bruto inferior a 200 que no efectúen viajes internacionales, el párrafo 6 del artículo II ofrece cierta flexibilidad respecto a la aplicación a esos buques de «algunos elementos particulares del Código». La flexibilidad prevista en el párrafo 6 sólo puede ejercerse por la autoridad competente en consulta con las organizaciones de armadores y de la gente de mar interesada, en los casos en que se determine que no sería razonable o factible aplicar en ese momento las disposiciones del Código, y cuando el tema de que se trate esté contemplado de manera diferente en la legislación nacional, en convenios colectivos o en otras medidas. La Comisión subraya que el párrafo 6 del artículo II no prevé la exclusión de un buque o de una categoría de buques de la protección ofrecida por el Convenio, e incluso si se ha efectuado una determinación, sólo puede aplicar algunos elementos particulares del Código (las normas y las pautas). De todos modos, deben aplicarse las disposiciones del reglamento.

La Comisión también ha observado varios casos en los cuales la legislación nacional confía a la autoridad competente la facultad de formular excepciones generales a los requisitos de aplicación del MLC, 2006, en circunstancias específicas. Sin embargo, la Comisión toma nota de que esas excepciones sólo pueden aplicarse de manera limitada y únicamente cuando el MLC, 2006 lo autorice explícitamente.

Artículo III. Derechos y principios fundamentales Artículo VI. Reglas y partes A y B del Código

Por lo que respecta a la aplicación de los artículos III y VI, en el contexto del MLC, 2006, la Comisión estima, en principio, que en el examen de las memorias enviadas por los gobiernos sobre la aplicación del MLC, 2006, no puede formular una opinión sobre cuestiones generales, tales como determinar si un Miembro se ha asegurado de que su legislación respeta los derechos fundamentales a los que se hace referencia en el artículo III o si en la adopción de la legislación por la que se aplica el MLC, 2006, el Miembro ha tomado debidamente en consideración las disposiciones de la parte B del Código. En cambio, el examen de la Comisión se referirá, en principio, a los requisitos concretos que figuran en los títulos 1 a 5 del Convenio, y examinará las disposiciones de la legislación nacional que aplican dichos requisitos — lo cual permitiría indicar que no se han tenido debidamente en cuenta algunos derechos fundamentales a los que se hace referencia en el artículo III — así como las prácticas relativas a la aplicación de un requisito particular de los títulos 1 a 5, las cuales podrían indicar que la legislación nacional pertinente no ha tomado debidamente en cuenta un derecho fundamental al que se hace referencia en el artículo III. Análogamente, en relación con el párrafo 2 del artículo VI, la Comisión examinará principalmente las disposiciones nacionales de aplicación a las cuales, al parecer, no se ha dado la debida consideración en la forma prevista en la parte B del Código.

Además, la Comisión recuerda que el concepto de sustancialmente equivalente no es una cuestión que pueda dejarse a la discrecionalidad administrativa sino que debe ser determinado por el Miembro interesado, el cual en primer lugar debe asegurarse, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo VI, que no está en condiciones de aplicar los principios y derechos en la forma prevista en la parte A del Código del MLC, 2006. Además, a menos que en el Convenio se disponga expresamente otra cosa, un Miembro podrá aplicar las normas de la parte A del Código en las leyes y reglamentos u otras medidas si verifica que la legislación pertinente u otras medidas de aplicación «favorece[n] la realización plena del objeto y propósito general de la disposición o de las disposiciones pertinentes de la parte A del Código» y «da efecto a la disposición o a las disposiciones pertinentes de la parte A del Código». La principal obligación de cada Miembro es «verificar que», lo cual no implica una total autonomía, pues corresponde a las autoridades encargadas de supervisar la aplicación a nivel nacional o internacional determinar no sólo si se ha realizado el procedimiento de verificación, sino también si éste se ha llevado a cabo de buena fe, de tal forma que se garantice que el objetivo de la aplicación de los principios y derechos establecidos en el reglamento se logra adecuadamente, si bien de manera distinta a la indicada en la parte A del Código. Es en este contexto que los Miembros que ratifiquen el Convenio deben valorar si sus disposiciones nacionales son sustancialmente equivalentes, identificando el objeto y propósito generales de la disposición pertinente (de conformidad con el apartado a) del párrafo 4 del artículo VI) y determinando si podría considerarse de buena fe que la disposición nacional propuesta da efecto a la disposición de la parte A (como se estipula en el apartado b) del párrafo 4 del artículo VI). Toda medida que sea sustancialmente equivalente que se haya adoptado debe constar en la parte I de la DCLM que debe llevarse a bordo de los buques que han sido inspeccionados. Como se indica en los consejos prácticos (párrafo 7) que figuran al principio del formulario de memoria nacional para el MLC, 2006, se solicitan explicaciones en los casos en que una medida de aplicación nacional del Miembro que presenta la memoria difiera de los requisitos prescritos en las normas contenidas en la parte A del Código. En relación con la adopción de medidas sustancialmente equivalentes, la Comisión normalmente necesitará información sobre los motivos que impidieron al Miembro aplicar el requerimiento que figura en la parte A del Código (salvo que sea evidente) y sobre el motivo en que se fundó el Miembro para verificar que la medida sustancialmente equivalente reúne los criterios establecidos en el párrafo 4 del artículo VI.

Regla 1.4 y el Código. Contratación y colocación

Por lo que respecta a la aplicación de los requisitos previstos en el párrafo 5 del artículo V y en la regla 1.4 y el Código, la Comisión observa que cuando los Miembros ratificantes con servicios de contratación y de colocación que operen en su territorio no hayan aplicado estos requisitos, es importante recordar que los armadores e inspectores del Estado del pabellón de otros Miembros ratificantes dependen de todos los Miembros que hayan ratificado el Convenio para aplicar efectivamente estos requisitos. El incumplimiento de esta obligación puede resultar en una ventaja indebida para un Miembro que ha ratificado el MLC, 2006, en relación con los Miembros que no lo hayan ratificado, pero cuyos servicios de contratación y colocación deben satisfacer los requerimientos que establece el MLC, 2006, para que la gente de mar pueda obtener un empleo a través de esos servicios. Asimismo, la Comisión tomó nota de que varios países dependen de los servicios de contratación y colocación y en algunos casos parecería que la ratificación del Convenio sobre la contratación y la colocación de la gente de mar, 1996 (núm. 179) sería equivalente a la ratificación y aplicación del MLC, 2006. La Comisión recuerda que el MLC, 2006 no contiene exactamente las mismas disposiciones del Convenio núm. 179, especialmente en cuanto a los requisitos previstos en el párrafo 5, b) y c), vi), de la norma A1.4 del MLC, 2006.

Regla 2.1 y el Código. Acuerdos de empleo de la gente de mar

En relación con las agencias de empleo de la gente de mar, la Comisión insiste en la importancia de la relación jurídica fundamental que el MLC, 2006 establece entre la gente de mar y la persona definida como «armador» en virtud del artículo II. De conformidad con el párrafo 1 de la norma A2.1, cada marino debe tener un acuerdo de empleo de la gente de mar firmado por el marino y por el armador o un representante del armador (independientemente de que el armador sea considerado o no como empleador de la gente de mar).

Regla 2.3 y el Código. Horas de trabajo y de descanso

La Comisión toma nota, en relación con la flexibilidad relativa a los límites previstos en la norma A2.3 respecto del número mínimo de horas de descanso o el número máximo de horas de trabajo, que toda excepción incluidas las previstas en el Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (STCW), en su tenor enmendado, debe cumplir los requisitos previstos en el párrafo 13 de la norma A2.3.

Regla 4.5 y el Código. Seguridad social

En relación con la protección de seguridad social, la Comisión recuerda que en virtud de la obligación prevista en los párrafos 2 y 3 de la norma A4.5, cada Miembro deberá adoptar medidas acorde con sus circunstancias nacionales para proporcionar protección en por lo menos tres ramas de la seguridad social a toda la gente de mar que tenga residencia habitual en su territorio. La Comisión señala que en el momento de la ratificación, de conformidad con los párrafos 2 y 10 de la norma A4.5, cada Miembro debe especificar en qué ramas de la seguridad social se brinda protección a los trabajadores con residencia habitual en su territorio. Esta obligación puede aplicarse en diversas formas, tal como se establece en los párrafos 3 y 7 de la norma A4.5 y la atribución de responsabilidades también podrá ser materia de los acuerdos bilaterales y multilaterales adoptados en el marco de una organización de integración económica regional, como se prevé en el párrafo 4. La Comisión observó que efectivamente se han celebrado entre algunos Estados Miembros varios acuerdos regionales y que en algunos casos los Miembros celebraron acuerdos bilaterales con otros países. No obstante, esos mecanismos y disposiciones no parecen haberse generalizado y no se dispone de información clara sobre este asunto importante.

La Comisión también desea señalar que, si bien la obligación principal recae en el país Miembro en el que la gente de mar reside habitualmente, en virtud del párrafo 6 de la norma A4.5, los Miembros también tienen la obligación de tomar en consideración las distintas maneras en que, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, se proporcionarán a la gente de mar prestaciones comparables en los casos en que no exista una cobertura suficiente en las nueve ramas de la seguridad social. Como se ha señalado más arriba, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 7, esta protección podrá suministrarse de distintas maneras, incluso en una ley o reglamento, en regímenes privados o en convenios colectivos o en una combinación de éstos.

Asistencia técnica para la aplicación

La Comisión toma nota de que algunos gobiernos indicaron que, hasta la fecha, no son Estados del pabellón ya que no poseen buques a los que el Convenio se aplica y, en consecuencia, se han abstenido de adoptar una legislación detallada para aplicar el MLC, 2006. Sin embargo, la Comisión observa que aun en esos casos rigen otras obligaciones, en virtud del MLC, 2006, que deben aplicarse en la medida que sean pertinentes para el país en cuestión, tales como la reglamentación relativa a la contratación privada y los servicios de colocación, la promoción de servicios de bienestar social basados en su territorio y el cumplimiento de las responsabilidades que le incumben en carácter de Estado rector del puerto. En algunos casos la Comisión observó que la asistencia y cooperación técnicas serían útiles para que los Miembros interesados avancen en la aplicación del MLC, 2006.

Difusión y actualización de la información sobre la aplicación del MLC, 2006 Sitio web y base de datos de la OIT sobre el MLC, 2006

Por último, la Comisión recuerda que, para satisfacer los requisitos del MLC, 2006 relativos a la difusión de información, la Oficina ha creado una página web y una base de datos que contienen información proporcionada por los gobiernos de conformidad con el Convenio. Es una fuente útil de información para los demás Miembros y armadores y la gente de mar y es importante que los Miembros proporcionen dicha información a la Oficina y que adopten medidas para mantener actualizada esa información.

Conclusión

De manera general, la Comisión desea reconocer la contribución de los Miembros que fueron los primeros en presentar memorias y que se encuentran entre los que primero ratificaron el MLC, 2006 y lo han puesto en vigor, y que, en muchos aspectos, señalan a los demás el camino a seguir.

Guinea

Convenio sobre la prevención de accidentes (gente de mar), 1970 (núm. 134) (ratificación: 1977)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L/2014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 2 del Convenio. Prevención de los accidentes del trabajo de la gente de mar. La Comisión recuerda sus comentarios anteriores, en los que solicitó al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación de las disposiciones del Convenio. En su última memoria, el Gobierno indica que, con el regreso al orden constitucional y el relanzamiento de las actividades de la Comisión Consultiva del Trabajo y las Leyes Sociales, se adoptarán medidas para la elaboración de los textos legislativos y los reglamentos que darán efecto al Convenio. La Comisión cree comprender que la Comisión Consultiva del Trabajo y las Leyes Sociales fue reactivada en virtud del artículo 96 del decreto presidencial núm. D/2008/040/PRG/SGG, de 28 de julio de 2008, sobre la atribución y organización de los departamentos ministeriales, de las secretarías generales y de la Oficina del Primer Ministro. En consecuencia, la Comisión espera que el Gobierno hará todo lo posible para que se adopten, en un futuro muy próximo, los textos que dan efecto al Convenio. Solicita al Gobierno que se sirva tener informada a la Oficina de todo progreso realizado en este sentido y transmitirle una copia de esos textos en cuanto se hayan promulgado.

Por último, la Comisión espera que el Gobierno se encuentre pronto en condiciones de ratificar el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), que revisa el Convenio núm. 134, así como otros 36 convenios internacionales sobre el trabajo marítimo y cuya regla 4.3 y el código correspondiente, contienen disposiciones detalladas sobre la seguridad y la salud en el trabajo y la prevención de los accidentes.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Líbano

Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71) (ratificación: 1993)

Artículos 2 a 4 del Convenio. Régimen de pensiones para la gente de mar. La Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno la necesidad de establecer o asegurar la instauración de un régimen para el pago de las pensiones a la gente de mar cuando se jubila del servicio marítimo. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha comunicado ninguna nueva información sobre su observación anterior. La Comisión recuerda las indicaciones anteriores del Gobierno, según las cuales se encuentra en el proceso de preparación de un proyecto de texto que regule el régimen de pensiones de la gente de mar, en consulta con la Asociación de Armadores de Líbano y la Federación de Sindicatos de Transportes Marítimos. La Comisión espera que se adopten las medidas necesarias para dar efecto a las disposiciones del Convenio y solicita al Gobierno que comunique información completa sobre las medidas adoptadas o previstas, incluida la finalización de su reglamentación nacional que establezca un régimen de pensiones para la gente de mar, y que transmita una copia de cualquier texto en cuanto se haya adoptado.

Perú

Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 (núm. 71) (ratificación: 1962)

La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en respuesta a sus observaciones de 2011 y 2012, incluso de sus respuestas a los comentarios de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú (FETRAPEP) y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

Artículo 3, párrafos 1, a), y 2, del Convenio. Tasa mínima de reemplazo. Trabajadores pesqueros. En relación con las recomendaciones del Consejo de Administración relativas a la reclamación en la que se alega el incumplimiento por el Perú del presente Convenio, presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP), la Comisión toma nota de que se aprobó la ley núm. 30003, de 14 de marzo de 2013, que tiene por finalidad facilitar el acceso de los trabajadores y pensionistas pesqueros a la seguridad social y contiene medidas extraordinarias para los trabajadores y pensionistas afectados por la disolución y liquidación de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP). La citada ley prevé que los trabajadores anteriormente afiliados a la CBSSP y los nuevos trabajadores pesqueros pueden optar por la afiliación al Régimen Especial de Pensiones (REP) — el nuevo régimen de jubilación de los trabajadores pesqueros — o al Sistema Privado de Pensiones (SPP). La Comisión toma nota de la información del Gobierno de que, tal como lo exige el Convenio, ambos sistemas prevén el financiamiento colectivo de las prestaciones que se otorgan, con aportes a cargo del trabajador y del armador (8 por ciento y 5 por ciento de la remuneración asegurable, respectivamente). La Comisión toma nota de que, en virtud del artículo 10 de la ley núm. 30003 y del artículo 33 del reglamento de la ley núm. 30003, la pensión de jubilación en el REP y la pensión de rescate complementaria para los afiliados al SPP se otorga a los trabajadores pesqueros que acrediten un mínimo de 25 años de trabajo en la pesca y hayan cumplido 55 años. El monto de la pensión, en cuanto al REP, se determina aplicando la tasa de reemplazo equivalente al 24,6 por ciento del promedio de la remuneración mensual asegurable de los cinco últimos años de trabajo en la pesca. El régimen de SPP, a pesar del hecho que la ley no fija una tasa mínima de reemplazo, garantiza una pensión de rescate complementaria que se agrega al monto de la pensión de SPP, cuando ésa sea menor a lo que hubiera percibido el trabajador en el marco de la CBSSP (artículo 33, e), del reglamento de la ley núm. 30003). La Comisión recuerda que el artículo 3, párrafo 1, a), ii), del Convenio prevé que las pensiones no deberán ser de una cuantía inferior al 1,5 por ciento de la remuneración, por cada año de servicio en el mar, es decir 37,5 por ciento para una carrera de 25 años, es decir el período mínimo exigido por la legislación nacional para obtener una pensión de vejez. En este sentido, la Comisión observa que la tasa de reemplazo del 24,6 por ciento es inferior a la que resulta del artículo 3, párrafo 1, a), del Convenio. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que la legislación nacional prevea una tasa mínima de sustitución de conformidad con el artículo 3, párrafo 1, a), ii), del Convenio. Asimismo, la Comisión observa que el Gobierno no comunicó las informaciones relativas: i) al monto total de las cotizaciones pagadas por los pesqueros sujetos a los regímenes REP y SPP, y ii) al monto total de las pensiones pagadas en virtud de esos regímenes y no precisa qué porcentaje de la suma indicada en el punto ii) representa la suma que figura en el punto i) para demonstrar que los trabajadores en cuestión, colectivamente, no contribuyen a más de la mitad del costo de las pensiones pagaderas en virtud de esos regímenes, de acuerdo con el artículo 3, párrafo 2, del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones al respecto.

Financiamiento colectivo de las pensiones de los trabajadores marítimos, fluviales y lacustres. Con respecto a los trabajadores marítimos fluviales y lacustres, el Gobierno indica que en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) — regulado por el decreto-ley núm. 19990 — se cuenta con un régimen especial de jubilación para esos trabajadores reglamentado por las leyes núms. 21952 y 23370. En el SNP la tasa de aportación está exclusivamente a cargo del asegurado y es del 13 por ciento de la remuneración asegurable, no pudiendo tener la base imponible de la aportación un monto menor a la remuneración mínima vital. El Gobierno indica que el monto mínimo mensual de la aportación al Sistema Nacional de Pensiones en 2013 equivale a 97,5 nuevos soles y que el monto de la pensión mínima es de 415 nuevos soles, por lo que considera que la tasa de aportación al sistema de pensiones por los trabajadores marítimos, fluviales y lacustres es menos de la mitad del costo de las pensiones pagaderas en ese régimen. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que a los trabajadores marítimos, fluviales y lacustres que cotizan al sistema de pensiones sobre la base de la cotización mínima se les garantiza una pensión mensual equivalente a cuatro veces el monto de su cotización. Sin embargo, la Comisión observa que el artículo 3, párrafo 2, del Convenio no requiere que la proporción de las cotizaciones mínimas sea inferior al 50 por ciento del costo de las pensiones pagaderas, sino que el porcentaje representado por el total de las cotizaciones pagadas en el sistema por todas las personas cubiertas por ese régimen no supere el 50 por ciento del costo de las pensiones pagaderas por el régimen de pensión. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que proporcione todas las informaciones solicitadas por el formulario de memoria sobre el artículo 3 del Convenio a fin de demostrar que los trabajadores en cuestión no participan colectivamente a más del 50 por ciento del costo de las pensiones pagaderas. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona informaciones sobre la tasa mínima de sustitución de las pensiones de jubilación pagadas a los trabajadores marítimos, fluviales y lacustres, que en virtud del artículo 3, párrafo 1, a), del Convenio debe ser de un mínimo de 1,5 por ciento de la remuneración por cada año de servicio en el mar si el régimen prescribe pensiones a partir de la edad de 55 años. La Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones a este respecto.

Ex trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores S.A. (CPV). En cuanto a los ex trabajadores de la CPV, el Gobierno indica que pueden estar comprendidos tanto en el régimen del decreto-ley núm. 19990 que regula el sistema nacional de pensiones de la seguridad social, o pueden haber sido incorporados por mandatos judiciales al régimen del decreto-ley núm. 20530 sobre régimen de pensiones y compensaciones por servicios civiles prestados al Estado no comprendidos en el decreto-ley núm. 19990. Sin embargo, la Comisión observa que la memoria no incluye datos sobre el monto de las pensiones pagadas a estos trabajadores. En consecuencia, pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para garantizar que el monto de las pensiones pagadas a los ex trabajadores de la CPV, que antes eran gente de mar y que hayan cumplido un período determinado de servicio en el mar, sea en todo caso, por lo menos, igual al monto resultante de la aplicación de la tasa mínima de sustitución prescrita en el artículo 3, párrafo 1, a), ii), del Convenio, revisando, de ser necesario, el tope máximo aplicable a esas pensiones.

Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno indica que la sentencia dictada el 24 de noviembre de 2009 por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, que había ordenado al Estado pagar su deuda respecto de la CBSSP se encuentra pendiente de ejecución. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionado informaciones sobre la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema antes mencionada. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre la liquidación de las acreencias previsionales que se encuentren pendientes de pago por la CBSSP.

Observaciones de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). La Comisión se refiere a las observaciones de la CGTP mencionadas en su observación de 2011 sobre la administración de pensiones por el SPP y sobre el impacto de la crisis financiera mundial sobre los fondos de pensiones. En respuesta a esas observaciones, el Gobierno se refiere a los instrumentos de inversión u operaciones en los cuales los fondos de pensiones pueden invertir, así como a los límites de inversión por tipo de fondo de pensiones. Asimismo, el Gobierno indica que el dinero que ingresa a las cuentas individuales de capitalización de los afiliados se expresa en cuotas de la Administradora Privada de Fondo de Pensiones (AFP) y tipo de fondo que se hubiera elegido. Los afiliados tienen una cuenta individual de capitalización que registra los aportes pagados mes a mes, y la acumulación de estas cuotas constituye el saldo que mantienen los afiliados. Dichos saldos se pueden valorizar en cualquier día, tomando como referencia el valor cuota de la AFP y el tipo de fondo al que pertenezcan los afiliados, motivo por el cual una valorización que arroje resultados negativos respecto de un período de referencia previo no implica necesariamente que los afiliados registren pérdidas. El hecho que en algún período se puedan presentar situaciones de disminución de los saldos, no implica que dicha reducción sea permanente. El Gobierno indica que lo relevante es evaluar los aspectos vinculados con la rentabilidad a largo plazo generada por el SPP, ya que siempre existirán situaciones donde la rentabilidad podría disminuir, ante eventos como una crisis internacional. La Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones permite generar incentivos para que la AFP optimice la inversión de los aportes. Observando que según el párrafo 4 del artículo 4 del Convenio «los armadores y la gente de mar que contribuyan a sufragar el costo de las pensiones pagaderas en virtud del régimen tendrán derecho a participar, por intermedio de representantes, en la administración del régimen», la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre la aplicación de este párrafo con respecto a la gestión del SPP.

Observaciones de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú (FETRAPEP). La Comisión toma nota de que, con respecto a las observaciones presentadas por la FETRAPEP mencionadas en su observación de 2011 y relativas a las dificultades encontradas por los pescadores en la percepción de las prestaciones de vejez debido a la suspensión de su contrato durante el período de veda de cada año, el Gobierno se refiere a un informe de la mesa de trabajo multisectorial encargada de buscar soluciones a las demandas planteadas por las organizaciones de pensionistas y jubilados. Sin embargo, la Comisión observa que dicho informe no aborda las cuestiones planteadas por la FETRAPEP. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones con respecto a posibles soluciones a las cuestiones planteadas por la FETRAPEP.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 8 (Dominica, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Granada); el Convenio núm. 9 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas); el Convenio núm. 16 (Albania, Dinamarca: Groenlandia, Dominica, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Guinea); el Convenio núm. 22 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas); el Convenio núm. 23 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas); el Convenio núm. 53 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas); el Convenio núm. 55 (Estados Unidos); el Convenio núm. 58 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas); el Convenio núm. 68 (Argelia, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Guinea-Bissau); el Convenio núm. 69 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Guinea-Bissau); el Convenio núm. 73 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Guinea-Bissau); el Convenio núm. 74 (Angola, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Guinea-Bissau); el Convenio núm. 91 (Angola, Guinea-Bissau); el Convenio núm. 92 (Argelia, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Guinea-Bissau); el Convenio núm. 108 (Barbados, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Ghana, Granada, Guinea-Bissau, República Islámica del Irán, Irlanda); el Convenio núm. 133 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Guinea); el Convenio núm. 134 (Costa Rica, Francia: Tierras australes y antárticas francesas); el Convenio núm. 146 (Francia: Tierras australes y antárticas francesas); el Convenio núm. 147 (Albania, Dominica, Francia: Tierras australes y antárticas francesas, Islandia); el Convenio núm. 166 (Guyana); el MLC, 2006 (Antigua y Barbuda, Australia, Benin, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Filipinas, Islas Marshall, Letonia, Noruega, Panamá, Polonia, Singapur, Suiza, Togo).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 7 (Dinamarca: Groenlandia); el Convenio núm. 8 (Fiji); el Convenio núm. 16 (Japón); el Convenio núm. 22 (Argentina, Japón); el Convenio núm. 91 (Bosnia y Herzegovina).

Pescadores

Liberia

Convenio sobre el contrato de enrolamiento de los pescadores, 1959 (núm. 114) (ratificación: 1960)

Artículos 3 a 9 del Convenio. Contrato de enrolamiento de los pescadores. La Comisión toma nota de la breve memoria del Gobierno en la que se indica que la autoridad marítima de Liberia está reformando sus leyes para ponerlas de conformidad con las disposiciones del Convenio. La Comisión recuerda que desde hace tiempo pide al Gobierno que transmita información completa sobre las medidas para aplicar el Convenio tanto en la legislación como en la práctica, y que desde la última memoria, que se transmitió en 1999, el Gobierno no ha respondido a estas solicitudes. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que explique cómo se da efecto a este Convenio, cuyas exigencias se reproducen en gran medida en el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) que es el instrumento consolidado y actualizado en materia de pesca. Al hacerlo, sírvase aclarar si la Ley Marítima de Liberia (RLM-107), el Reglamento Marítimo de Liberia (RLM-108) y el aviso marítimo SEA-002 (Rev. 05/12) también se aplican a las embarcaciones de pesca. La Comisión también pide al Gobierno que transmita información completa en relación con el proceso de reforma legal antes mencionado emprendido por la autoridad marítima de Liberia.

Sierra Leona

Convenio sobre los certificados de competencia de pescadores, 1966 (núm. 125) (ratificación: 1967)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículos 3 a 15 del Convenio. Certificados de competencia. La Comisión ha realizado comentarios durante bastantes años sobre la falta de legislación que dé efecto al Convenio. El Gobierno afirma en su memoria comunicada en 2004 que se ha progresado a este respecto y que se organizó un taller nacional sobre la elaboración de políticas de pesca. Asimismo, el Gobierno indica, en su última memoria, que tan pronto como se hayan adoptado se comunicarán a la OIT copias de los nuevos textos legislativos y de los textos que prevean la nueva política. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los resultados del taller nacional encargado de elaborar la política de pesca y sobre todos los progresos concretos realizados en lo que respecta a la adopción de leyes nacionales para dar aplicación al Convenio. La Comisión considera que la Oficina está preparada para ofrecer asesoramiento y responder favorablemente a toda petición específica de asistencia técnica a este respecto. Por último, la Comisión le ruega al Gobierno proporcionar información actualizada sobre la industria de la pesca, incluidas estadísticas sobre la composición y capacidad de la flota pesquera del país y el número aproximado de pescadores remunerados empleados en el sector.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 112 (Mauritania); el Convenio núm. 113 (Guinea, Federación de Rusia, Tayikistán); el Convenio núm. 114 (Mauritania, Montenegro); el Convenio núm. 126 (Montenegro, Sierra Leona, Tayikistán).

Trabajadores portuarios

Guinea

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) (ratificación: 1982)

La Comisión toma nota de la adopción del nuevo Código del Trabajo (ley núm. L/2014/072/CNT, de 10 de enero de 2014). La Comisión solicita al Gobierno que comunique todo texto relativo a la aplicación del Código a fin de un examen completo de la nueva legislación.

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Artículo 6, párrafo 1, apartados a) y b), del Convenio. Medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores portuarios. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que los artículos 170 y 172 del Código del Trabajo, que imponen una obligación general a los asalariados de utilizar correctamente las disposiciones de higiene y seguridad así como una obligación a los jefes de establecimientos para que organicen formaciones prácticas apropiadas en materia de seguridad y salud para los trabajadores, aseguran la aplicación del artículo 6, párrafo 1, a) y b), del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que indique detalladamente las medidas adoptadas para garantizar que las disposiciones generales se apliquen a los trabajadores portuarios.

Artículo 7. Consultas con los empleadores y los trabajadores. La Comisión toma nota de la información transmitida por el Gobierno en lo que respecta a los artículos 288 y 290 del Código del Trabajo que prevén la creación de una comisión consultiva que tenga por mandato, entre otros, emitir opiniones y formular propuestas y resoluciones en cuanto a la legislación y la reglamentación en materia de trabajo y leyes sociales. La Comisión ruega al Gobierno que transmita información sobre la aplicación práctica de las medidas adoptadas para garantizar la colaboración entre los trabajadores y los empleadores, previstas por el artículo 7 del Convenio.

Artículo 12. Lucha contra incendios. La Comisión toma nota de que los artículos 71, 72 y 76 del Código de la Marina Mercante tratan brevemente la cuestión relativa a los sistemas y dispositivos de protección contra incendios, pero solamente en el contexto de la inspección de buques que efectúan viajes internacionales. La Comisión ruega al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar que los medios apropiados y suficientes de lucha contra incendios se ponen a disposición para ser utilizados donde se efectúan los trabajos portuarios.

Artículo 32, párrafo 1. Cargas peligrosas. La Comisión toma nota de que el artículo 174 del Código del Trabajo establece, en general, que los vendedores o distribuidores de sustancias peligrosas y los jefes de establecimientos en los que se utilizan están obligados a marcar y etiquetar esas sustancias. La Comisión ruega al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar la aplicación práctica de esta disposición general en el sector portuario.

La Comisión toma nota de que la información transmitida por el Gobierno en su memoria de mayo de 2005 relativa a la aplicación de los artículos 16, 18, 19, párrafo 1, 29, 30, 35 y 37, es de orden general y no permite que la Comisión valore si la aplicación se garantiza en el sector portuario. La Comisión ruega al Gobierno que aclare cuáles son las medidas adoptadas para garantizar la aplicación de los artículos 16, 18, 19, párrafo 1, 29, 30, 35, y 37 del Convenio y que adjunte una copia de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no responde a su solicitud de información precisa realizada en la solicitud directa anterior en cuanto a la aplicación de los artículos 19, párrafo 2, y 33 del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que transmita la información solicitada así como información sobre las medidas adoptadas en relación con la aplicación de estos artículos.

La Comisión toma nota de que el Gobierno en su memoria no aporta aclaraciones en cuanto a las medidas adoptadas para dar efecto a los artículos 6, párrafo 1, c), 2, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, párrafos 2 a 5, y 34 del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno que adopte medidas para garantizar la aplicación de estos artículos y que comunique información sobre todas las medidas adoptadas en este sentido.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Guyana

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) (ratificación: 1983)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en septiembre de 2002, según la cual no se han producido cambios en la aplicación del Convenio. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione una evaluación general de la forma en la que el Convenio se aplica en la práctica, incluyendo, por ejemplo, extractos de informes de las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes y reglamentos, y la información disponible sobre el número de trabajadores portuarios registrados, de conformidad con el artículo 3 del Convenio y sobre los cambios que se produzcan al respecto (parte V del formulario de memoria).

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

República de Moldova

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) (ratificación: 2007)

Legislación. La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio. Asimismo, toma debida nota de la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (RM núm. 186-XVI de 10 de julio de 2008) (en adelante, la Ley OSH), así como de las normas sobre seguridad para el trabajo a bordo de buques de navegación interior y el funcionamiento de los botes salvavidas y del equipo de salvamento de los buques (en adelante, las normas sobre seguridad para el trabajo a bordo de buques de navegación interior) a la que hace referencia el Gobierno. Sin embargo, la Comisión observa que el Gobierno no ha proporcionado la legislación ni las disposiciones reglamentarias concretas que dan efecto al Convenio. La Comisión pide al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las disposiciones pertinentes que dan efecto a cada artículo del Convenio y que transmita el texto de dichas disposiciones, así como una copia de las normas sobre seguridad para el trabajo a bordo de buques de navegación interior, si es posible en uno de los idiomas de trabajo de la Oficina.

La Comisión también toma nota de que el Puerto Franco Internacional de Giurgiulesti (GIFP), que dispone de la capacidad necesaria para recibir tanto buques de navegación interior como de navegación marítima, cuenta con un fácil acceso al Mar Negro y que cada vez cobra mayor importancia en la región. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que transmita a la Oficina las normas por las que se rige el GIFP, así como cualesquiera otras normas o reglamentaciones aplicables a los empleadores y los trabajadores, una vez que se las haya adoptado.

Artículo 1 del Convenio. Trabajos portuarios. La Comisión recuerda que en este artículo del Convenio se establece que al elaborar o revisar la definición de trabajos portuarios se deberá consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas o recabar su concurso con ese fin en alguna otra forma. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas y sobre la manera en que se las ha consultado a la hora de elaborar la definición de «trabajos portuarios».

Artículo 5, párrafo 1. Responsabilidad de asegurar que se cumplan las medidas a las que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 4. La Comisión toma nota de que según el Gobierno, en el artículo 10, párrafo 1, de la Ley OSH se establece que el empleador deberá tomar las medidas necesarias para proteger la salud y seguridad de los trabajadores, incluidas las medidas de prevención de riesgos laborales, el suministro de información y formación, y las medidas tendientes a garantizar la organización y provisión necesarias de recursos. La Comisión pide al Gobierno que facilite información adicional sobre la legislación nacional que deberá hacer recaer sobre las personas apropiadas la responsabilidad de asegurar que se cumplan las medidas a las que se hace referencia en el artículo 4 del presente Convenio.

Artículo 6, párrafo 1. Medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores portuarios. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que se llevan a cabo reuniones informativas periódicas con los empleados de las empresas sobre técnicas de seguridad y que se les imparte capacitación en métodos y criterios de seguridad en el trabajo, y que se han elaborado instrucciones en materia de técnicas de seguridad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información adicional sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar a fin de dar efecto a este artículo del Convenio.

Artículo 7, párrafo 2. Establecimiento de una estrecha colaboración entre los empleadores y los trabajadores. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se ha establecido un comité sindical para garantizar una cooperación más estrecha entre los trabajadores y los empleadores y para resolver las controversias que puedan surgir. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más detalles sobre el comité sindical y la labor que éste desarrolla a fin de garantizar la aplicación de las medidas contempladas en el párrafo 1, del artículo 4 del presente Convenio.

Artículo 14. Instalación, construcción, operación y mantenimiento de equipos eléctricos. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la inspección de suministro eléctrico del Estado (Gosenergonadzor) aprobó normas relativas a la operación por parte de los usuarios de las instalaciones eléctricas y normas de seguridad sobre el funcionamiento de las instalaciones eléctricas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más detalles sobre las normas concretas de seguridad, en relación con la operación de las instalaciones eléctricas, destinadas a dar aplicación al presente artículo.

Artículo 15. Medios de acceso al buque correctamente instalados y sujetos cuando se lleven a cabo operaciones de carga o descarga. La Comisión toma nota de que en la información facilitada por el Gobierno se retoman los términos del artículo, sin proporcionar información detallada sobre los medios de acceso al buque correctamente instalados y sujetos, de conformidad con lo establecido en el presente artículo. La Comisión pide al Gobierno que describa los medios de acceso correctamente instalados y sujetos que se exigen cuando se cargue o descargue un buque atracado a un muelle o a otro buque.

Artículo 16. Medidas adecuadas que han de tomarse cuando los trabajadores tengan que embarcar para ir a un buque o desde un buque a otro lugar, o haya que transportar trabajadores, por tierra, hasta un lugar de trabajo o de regreso de éste, para garantizar su embarque, transporte y desembarque en condiciones de seguridad. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al párrafo 2 de la norma 2.4 de las normas sobre seguridad para el trabajo a bordo de buques de navegación interior, en el que se establece que se proporcionarán en todos los buques de más de 25 metros de eslora, a excepción de los buques de pasajeros de alta velocidad y los demás buques de esa índole que operen en ciudades y de los buques sin propulsión propia y sin tripulación. Sin embargo, la Comisión advierte que esta disposición no garantiza la plena aplicación de este artículo del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más detalles sobre las medidas previstas para el embarque, desembarque y transporte de los trabajadores en condiciones de seguridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.

Artículo 17. Acceso a la bodega o a la cubierta del buque. La Comisión toma nota de que en la información facilitada por el Gobierno se retoman los términos de este artículo, sin proporcionar información concreta sobre su aplicación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre los medios de acceso a las bodegas o las cubiertas de carga de los buques, de conformidad con el párrafo 1, b), del presente artículo.

Artículo 34, párrafo 1. La Comisión toma nota de que en la información proporcionada en la memoria del Gobierno se retoman los términos del presente artículo, sin facilitar información concreta sobre la aplicación del mismo. La Comisión pide al Gobierno que describa las circunstancias en las cuales se exige la provisión y utilización de equipos y prendas de protección personal.

Artículo 36, párrafo 1. Exámenes médicos. La Comisión toma nota de que el Gobierno manifiesta que se celebran consultas con los empleadores en reuniones generales anuales y que el Ungheni River Port, en consulta con el sindicato de industria que representa los intereses de los trabajadores, celebrará un convenio colectivo de tres años de duración. La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que se llevan a cabo las consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores de todos los puertos de Moldova en relación con los exámenes médicos.

Artículo 38, párrafo 1. Instrucción o formación adecuada. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las instrucciones que se imparten a los trabajadores deberán formularse respecto de todas las ocupaciones y tareas que se realizan en la empresa, en función de sus características concretas y de la naturaleza específica de las tareas y de los puestos de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que indique de qué manera se proporciona la instrucción y formación a los trabajadores que realizan trabajos portuarios.

Por otra parte, al no haberse facilitado información alguna sobre su aplicación, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas adoptadas o que prevé adoptar, en la legislación y en la práctica, para dar pleno efecto a las siguientes disposiciones del Convenio:

–Artículo 6, párrafo 2. Consultas sobre los procedimientos de trabajo utilizados.

–Artículo 7, párrafo 1. Disposiciones en las que se establece que la autoridad competente deberá actuar en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas.

–Artículo 8. Medidas tendientes a proteger a los trabajadores contra tareas que implican riesgos para la salud distintos de los gases peligrosos.

–Artículo 9. Medidas de seguridad relativas al alumbrado y señalización de los obstáculos peligrosos.

–Artículo 10. Medidas tendientes a mantener de forma adecuada las superficies utilizadas para el tránsito o para el apilamiento de mercancías a conservar y el apilamiento de mercancías en condiciones de seguridad.

–Artículo 11. Pasillos de anchura adecuada y pasillos separados para el tránsito de peatones.

–Artículo 12. Medios convenientes y adecuados de lucha contra incendios.

–Artículo 13, párrafos 1 a 3 y 5 a 6. Protección eficaz de todas las partes peligrosas de una máquina; posibilidad de cortar el suministro de energía en caso de urgencia; adopción de medidas de protección cuando se realizan trabajos de limpieza, mantenimiento o reparación; adopción de medidas de precaución en caso de que se quite un resguardo.

–Artículo 19. Protección alrededor de los puentes y entrepuentes.

–Artículo 20. Adopción de medidas de seguridad cuando funcionen vehículos a motor en las bodegas; fijación de los cuarteles de escotillas para evitar su deslizamiento; sistemas de renovación del aire; adopción de medidas adecuadas que permitan medios de evacuación de una tolva a bordo del buque cuando se cargue o descargue carga seca a granel.

–Artículo 21. Diseño de aparejo de izado y de todas las piezas del equipo accesorio de manipulación, así como de toda eslinga o dispositivo elevador;

–Artículo 22, párrafos 3 y 4. Obligación de someter a prueba con periodicidad el equipo de izado de muelle y de certificar el equipo de izado y las piezas del equipo accesorio de manipulación.

–Artículo 24. Inspección del equipo accesorio de manipulación y de las eslingas.

–Artículo 25. Registros de los aparejos de izado y del equipo accesorio de manipulación.

–Artículo 26. Reconocimiento mutuo de las disposiciones relativas a las pruebas y exámenes.

–Artículo 31. Funcionamiento y disposición de las estaciones terminales de contenedores de carga y organización del trabajo en tales terminales.

–Artículo 32. Manipulación, almacenamiento y estibaje de mercancías peligrosas, de acuerdo con los requisitos que al respecto establezcan los reglamentos internacionales relativos al transporte de mercancías peligrosas; medidas tendientes a prevenir la exposición de los trabajadores a substancias o a atmósferas nocivas.

–Artículo 34, párrafos 2 y 3. Obligación de cuidado del equipo y las prendas de protección personal y de mantenerlos en buen estado de conservación.

–Artículo 35. Evacuación de los heridos.

–Artículo 36, párrafos 2 y 3. Exámenes médicos sin que ocasionen gasto alguno al trabajador y carácter confidencial de las comprobaciones hechas con ocasión de tales exámenes.

–Artículo 37. Comisiones de seguridad e higiene.

–Artículo 38, párrafo 2. Obligación de que las personas encargadas del funcionamiento de los aparejos de izado y de otros aparatos de manipulación de carga sean mayores de 18 años.

–Artículo 39. Notificación de accidentes profesionales.

–Artículo 40. Normas que prevean la obligación de contar con suficiente número de instalaciones sanitarias y de aseo, en condiciones de servicio adecuadas.

–Artículo 41. Especificación de las obligaciones, en materia de higiene y seguridad del trabajo, y establecimiento de sanciones adecuadas.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna información sobre la aplicación práctica de las disposiciones que dan efecto al Convenio. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que proporcione una valoración general de la manera en que se aplica el Convenio en el país y facilite información sobre el número de trabajadores portuarios empleados, el número y la naturaleza de las infracciones observadas, la medida a que tales infracciones dieron lugar, el número de accidentes y enfermedades profesionales informados, y que adjunte los extractos pertinentes de los informes de los servicios de inspección en cuestión.

[Se invita al Gobierno a que comunique una memoria detallada en 2016.]

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 27 (Burundi); el Convenio núm. 32 (Tayikistán); el Convenio núm. 137 (Australia, Brasil, Noruega).

Pueblos indígenas y tribales

República Centroafricana

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 2010)

Seguimiento de la discusión de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, mayo-junio de 2014)

Artículo 3 del Convenio. Derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. La Comisión tomó nota de las cuestiones planteadas durante la discusión tripartita sobre la situación tan preocupante en la que se encuentra el país, especialmente por la violencia de la que son objeto los miembros de los pueblos Aka y Mbororo, protegidos por el Convenio, así como por el empeoramiento de las condiciones de inseguridad y de las tensiones entre unas comunidades y otras. La Comisión toma nota de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad, el 10 de abril de 2014, la resolución núm. 2149 (2014), por la que se crea la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA). La Comisión expresa nuevamente su profunda preocupación por los actos de violencia que han causado víctimas entre las comunidades indígenas del país y provocado la huida de un elevado número de ganaderos, en particular, de miembros de la etnia Mbororo, que se han tenido que exiliar hacia países limítrofes. La Comisión urge a todas las partes a que no recurran a la violencia y que restablezcan el diálogo entre las diferentes comunidades. La Comisión invita a las autoridades gubernamentales de transición a que redoblen sus esfuerzos para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y, en particular, los de los niños y de las mujeres de las etnias Aka y Mbororo. La Comisión espera que se restablezca la ley y el orden en el país e invita a las autoridades gubernamentales a aplicar plenamente el Convenio. La Comisión manifiesta asimismo su deseo de que la OIT contribuya a la búsqueda de una solución sostenible que otorgue toda la importancia que merecen las normas internacionales del trabajo.

La Comisión toma nota de la comunicación de fecha 1.º de septiembre de 2014, por la cual la Organización Internacional de Empleadores (OIE) incluye a la República Centroafricana en sus observaciones sobre la aplicación del Convenio. La Comisión invita al Gobierno a que presente los comentarios que juzgue oportuno respecto de las observaciones de la OIE.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Colombia

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 1991)

Protección de los pescadores raizales artesanales. La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación General de Trabajo (CGT) recibidas el 10 de febrero y el 28 de marzo de 2014, en las que manifiesta nuevamente su preocupación sobre la situación de la población raizal a raíz del desconocimiento de sus derechos ancestrales tutelados por el Convenio. Asimismo, la Comisión toma nota de las respuestas del Gobierno recibidas en septiembre y noviembre de 2014. La CGT indica que el Gobierno no garantizó el derecho a la consulta previa al pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia en el marco del proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en relación con el conflicto territorial con Nicaragua. La CGT señala que la pesca es el segundo sector económico de la isla después del turismo y recuerda que el área de pesca ya se había reducido luego de la fijación del límite marítimo norte con Honduras, lo que tuvo un fuerte impacto social y económico para muchas familias raizales. En este contexto, la CGT afirma que, desde noviembre de 2012, luego de la decisión de la CIJ respecto del límite marítimo con Nicaragua, los pescadores raizales ya no pescan con la tranquilidad que lo habían hecho de manera ancestral. Los pescadores raizales deben atravesar territorio marítimo nicaragüense lo que generaría dificultades y pago de multas. La CGT estima que unas 100 familias raizales han quedado sin sustento que derivaba directamente de la pesca. Además, los barcos pesqueros industriales vienen a pescar muy cerca de los cayos, que antes eran zonas de pesca exclusiva de los pescadores raizales artesanales. La CGT pide que se reconozca al pueblo raizal sus derechos de acceso y de pesca sobre los territorios ancestrales y se garantice el ejercicio de sus actividades de subsistencia. La Comisión observa que la CGT continúa preocupada por los obstáculos que sufre la actividad pesquera tradicional de la comunidad raizal y la necesidad de que se asegure a dicha comunidad la consulta y la participación en caso de que se adopten nuevas medidas para el desarrollo regional que la afecte directamente.

El Gobierno indica en la memoria recibida en octubre de 2014 que mantiene un diálogo abierto, franco y constructivo con las autoridades locales de San Andrés incluyendo a las comunidades raizales. El Gobierno recuerda que la Corte Constitucional, respondiendo a una demanda de la comunidad raizal que alegaba la obligación de consultar la delimitación marítima acordada mediante el tratado con Honduras (en el tratado bilateral suscripto, en San Andrés, el 2 de agosto de 1986), determinó que no era indispensable la realización de consultas particulares y obligatorias a poblaciones específicas aunque podría ser deseable que éstas se realicen (párrafo 19 de la sentencia C-1022 de 16 de diciembre de 1999). El Gobierno indica que el diseño y desarrollo de la estrategia ante la CIJ fue objeto de estudio, reuniones y discusiones con representantes de la población de San Andrés. El Gobierno declara que las aguas donde tradicionalmente han pescado los pescadores artesanales de la comunidad raizal siguen perteneciendo a Colombia y los pescadores pueden continuar con sus faenas tal como lo hacían antes de la sentencia de la CIJ de noviembre de 2012. En relación con el derecho de los habitantes de San Andrés para acceder a los lugares tradicionales de pesca, el Gobierno aclara que las áreas de pesca se encuentran precisamente alrededor de los cayos y dichas áreas no se vieron afectadas por la sentencia de la CIJ pues se trata de mar territorial que se reconoció a favor de Colombia junto con la soberanía de las islas y de los siete cayos. El Gobierno también informa de las medidas tomadas para apoyar a la pesca artesanal y a las otras actividades destinadas a promover la actividad social, económica y cultural de San Andrés incluyendo una operación de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para fomentar entre otras cosas, el desarrollo urbano integral, el acceso al agua y saneamiento, y la mera de la infraestructura costera.

Según indica el Gobierno en la memoria recibida en noviembre de 2014, los raizales ostentan el derecho fundamental de consulta previa y se garantiza su derecho a participar en el análisis y la identificación de los impactos y la formulación de las medidas relacionadas con los proyectos, las obras o las actividades que afecten directamente su desarrollo económico, social y cultural. El Gobierno sostiene que se integraron a los representantes de las asociaciones de pescadores de San Andrés para ejecutar un plan de apoyo a la pesca artesanal; la comunidad raizal se encuentra cubierta por el sistema de protección social, participa en las reuniones de los servicios de salud y coopera con los servicios de educación. Además, el Gobierno indica que las comunidades isleñas participan en la Comisión de Vecindad de Jamaica. La Comisión se remite a sus comentarios de 2013 y pide al Gobierno que presente ejemplos de las consultas llevadas a cabo con los representantes de los pescadores raizales artesanales sobre las materias cubiertas por el Convenio y el impacto que han tenido las medidas adoptadas, con la participación y cooperación de la comunidad raizal, destinadas a mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación (artículos 6 y 7, párrafo 2, del Convenio). La Comisión recuerda al Gobierno que agregue en su memoria las informaciones pedidas en la observación y solicitud directa formuladas en 2013. En este sentido, la Comisión espera que el Gobierno prepare sus respuestas a las informaciones solicitadas en consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones indígenas interesadas (partes VII y VIII del formulario de memoria).

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2015.]

Ecuador

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que contiene informaciones y documentación detallada relacionada con sus comentarios anteriores. La Comisión pide al Gobierno que al preparar su próxima memoria consulte con los interlocutores sociales y las organizaciones indígenas sobre los temas evocados en los presentes comentarios, agregando indicaciones sobre los resultados alcanzados por las medidas adoptadas para dar efecto al Convenio (partes VII y VIII del formulario de memoria).

Artículo 6 del Convenio. Consulta prelegislativa. Medidas administrativas. La Comisión toma nota con interés que, en su sentencia núm. 001-10-SIN-CC de 18 de marzo de 2010, la Corte Constitucional señaló que el artículo 6 del Convenio constituye el marco genérico de regulación de consultas previas a realizarse con anterioridad a la adopción de medidas legislativas o administrativas. Dicha sentencia facilitó la adopción por parte del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional de un instructivo para la aplicación de la consulta prelegislativa que se encuentra vigente desde el 27 de junio de 2012. La Comisión también toma nota con interés, que una comisión especializada de la Asamblea Nacional dirige el proceso de consulta el cual comprende las fases de preparación; convocatoria pública; información y realización; análisis de resultados y cierre de la consulta. Organizaciones indígenas a nivel local, regional y nacional están llamadas a participar en el proceso de consulta. Además, el instructivo ha previsto la realización de audiencias provinciales y una mesa de diálogo nacional conformada por representantes indígenas y representantes de la Asamblea Nacional con el fin de arribar a consensos. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones sobre casos en que se hayan realizado consultas prelegislativas cuando se estudian medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Sírvase también indicar de qué modo se consulta a los pueblos interesados cuando se estudian medidas administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Seguimiento de las recomendaciones del comité tripartito (reclamación presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT)

Consulta previa hidrocarburífera. En relación con el artículo 15 del Convenio, la Comisión se había remitido a las recomendaciones del comité tripartito que había subrayado la necesidad de establecer un mecanismo eficaz para la consulta previa con los pueblos indígenas antes de empezar o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras (párrafo 45 del documento GB.282/14/2, noviembre de 2001). Al respecto, la Comisión toma nota con satisfacción de la adopción del reglamento para la ejecución de la consulta previa libre e informada en los procesos de licitación y asignación de áreas y bloques hidrocarburíferos, que se encuentra vigente desde el 2 de agosto de 2012. Dicho reglamento también ha previsto beneficios sociales para las comunidades ubicadas dentro del área de influencia de los proyectos de explotación hidrocarburífera. La Comisión también toma nota con interés que la Ley de Minería vigente desde 2009 ha incluido en su artículo 90 el deber del Estado de implementar un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas afectados por las concesiones mineras y que su artículo 93 establece que parte de las regalías derivadas de la actividad minera serán destinadas a proyectos de desarrollo local en las comunidades que se encuentran en áreas de influencia. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones sobre las consultas hidrocarburíferas realizadas durante el período cubierto por la próxima memoria y la evolución de la situación en las concesiones petroleras evocadas en los precedentes comentarios. Sírvase incluir indicaciones sobre la manera en que se asegura la participación de las comunidades indígenas afectadas, incluso en los beneficios que reporten las actividades hidrocarburíferas (artículo 15, párrafo 2).

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

El Salvador

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) (ratificación: 1958)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en mayo de 2014. La Comisión toma nota con interés de que, el 12 de junio de 2014, la Asamblea Legislativa decidió incorporar un inciso al artículo 63 de la Constitución que ahora dispone: «El Salvador reconoce a los pueblos indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad.» La Constitución hace también referencia a las lenguas autóctonas y a la riqueza artística, histórica y arqueológica como objetos de protección por parte del Estado. En este sentido, la Comisión también nota que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha elaborado un documento de análisis favorable a la ratificación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). En una comunicación transmitida a la Oficina en julio de 2014, el Gobierno solicitó que se faciliten los procesos de consulta para someter a la Asamblea Legislativa la ratificación del Convenio núm. 169. La Comisión recuerda que el Consejo de Administración invitó a los Estados parte en el Convenio núm. 107 a que examinen la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 169, ratificación que implicaría, ipso jure, la denuncia inmediata del Convenio núm. 107 (documento GB.270/LILS/3 (Rev. 1), noviembre de 1997). La Comisión invita al Gobierno a continuar informando sobre las consultas celebradas y los progresos realizados para ratificar el Convenio núm. 169.

Artículo 5 del Convenio. Colaboración y participación. El Gobierno se refiere en su memoria a las dos ordenanzas adoptadas en octubre de 2010 y abril de 2012, en los municipios de Nahuizalco e Izalco (departamento de Sonsonate) para promover el desarrollo integral y el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las comunidades indígenas. La Comisión toma nota de que en ambas ordenanzas municipales se prevé que toda actividad, programa, empresa o proyecto que esté relacionado con la tierra, el territorio, los recursos naturales y el medio ambiente de las comunidades indígenas, o cualquier acción que afecte los intereses legítimos de las comunidades indígenas, debe ser previamente consultado a éstas, a través de sus representantes constituidos de acuerdo a su formas propias de organización. El Gobierno añade que están siendo objeto de discusión otras dos ordenanzas en los municipios de Panchimalco (departamento de San Salvador) y Cacaopera (departamento de Morazán), y que se han celebrado reuniones de promoción de una ordenanza en los municipios de Cuisnahuat y de Santa Catarina Masahuat (departamento de Sonsonate). La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las medidas tomadas, a nivel nacional y municipal, destinadas a asociar eficazmente a las poblaciones indígenas para el pleno desarrollo de sus iniciativas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Fiji

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 1998)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que contiene información en respuesta a las cuestiones planteadas en la solicitud directa de 2013. La Comisión también toma nota de la comunicación de fecha 1.º de septiembre de 2014 de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y de las observaciones de la Asociación de Docentes de Fiji (FTA) recibidas en octubre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que presente los comentarios que juzgue oportuno en relación con las observaciones de la OIE y de la FTA y que consulte con los interlocutores sociales y las organizaciones indígenas al preparar su próxima memoria. En vista de las reformas a las normas e instituciones relativas a los pueblos indígenas introducidas desde 2007, la Comisión pide al Gobierno que proporcione informaciones sobre las leyes y reglamentos actualmente y en vigor que dan efecto a las disposiciones del Convenio.

Artículo 6 del Convenio. Consulta. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las preocupaciones planteadas por el Consejo de Sindicatos de las Islas Fiji (FICTU) relativas a la adopción de las políticas y la legislación que afecta a los pueblos indígenas sin que se realicen consultas adecuadas a los pueblos interesados. El Gobierno indica en su memoria que el Consejo de Fideicomiso de Tierras iTaukei (TLTB) realizó peticiones al Comité de revisión constitucional y al Gobierno en nombre de los propietarios de tierras en relación con cuestiones que afectan a los pueblos indígenas. La Comisión pide al Gobierno que facilite informaciones más precisas sobre la manera en que se consulta a todos los pueblos indígenas, a través de sus instituciones representativas, cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Artículo 7. Participación. Desarrollo. El Gobierno indica que el TLTB estableció en el 2008 la Unidad de Asuntos Relativos a los Propietarios de Tierras (LAU) encargada de facilitar la participación de los propietarios de tierras en actividades empresariales y en el desarrollo económico nacional, así como de proporcionar asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las tierras iTaukei. La LAU también ofrece formación en emprendedurismo, formación financiera básica y programas de enseñanza en cuestiones económicas y sociales. La Comisión pide al Gobierno que facilite ejemplos de instancias en las cuales todos los pueblos indígenas han participado en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

Artículo 15. Recursos naturales. La Comisión toma nota de que, de conformidad con el artículo 30 de la Constitución de 2013, los propietarios de tierras tienen derecho a recibir una participación justa de las regalías resultantes de la extracción de los recursos del subsuelo perteneciente a sus tierras. La Comisión también toma nota de que el preámbulo de la Constitución reconoce a los iTaukei y a los rotumanos como pueblos indígenas y también reconoce su derecho a la propiedad sobre sus tierras. El Gobierno indica que el TLTB está encargado de la administración de las tierras y fondos iTaukei. El Gobierno añade que las consultas con los propietarios de tierras se realizan a través del TLTB. La Comisión pide al Gobierno que proporcione ejemplos de medidas adoptadas por el TLTB para garantizar que se protejan los derechos de todos los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras. Sírvase también indicar cuáles son los procedimientos establecidos para garantizar la participación de todas las comunidades indígenas en los beneficios derivados de la explotación de los recursos del subsuelo existentes en sus tierras. Sírvase precisar si dichas medidas y procedimientos incluyen a los rotumanos y a todos los otros grupos que abarca el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud enviada directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detalla a los presentes comentarios en 2016.]

Guatemala

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 1996)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en agosto de 2014 y que incluye observaciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Además, la Comisión toma nota de la comunicación de septiembre de 2014, de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) que incluyó a Guatemala en sus observaciones sobre la aplicación del Convenio. Igualmente, la Comisión toma nota de las observaciones de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), de fecha 28 de agosto de 2014, del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), de fecha 29 de agosto de 2014, y de la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), de fecha 1.º de septiembre de 2014. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.

Artículo 3 del Convenio. Derechos humanos. En el informe alternativo preparado por el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala (COMG), transmitido en diciembre de 2012 por la Confederación Central de Trabajadores del Campo y la Ciudad (CCTCC), se habían evocado los sucesos del 4 de octubre de 2012 en una protesta social que había tenido lugar en Totonicapán donde resultaron muertos ocho indígenas y 35 heridos. El Gobierno presenta informaciones detalladas de la Fiscalía Distrital de Totonicapán y del Ministerio Público identificando las personas que se encuentran procesadas y acusadas de los delitos cometidos durante los sucesos. Teniendo en cuenta la preocupación expresada por las organizaciones indígenas y la gravedad de los sucesos, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para evitar que la fuerza o la coerción sea utilizada en violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Sírvase incluir indicaciones actualizadas sobre la causa abierta en relación con los sucesos en Totonicapán y las decisiones dictadas en relación con las personas procesadas en dicha causa.

Artículos 6 y 7. Mecanismo apropiado de consulta y participación. En relación con los comentarios anteriores, el Gobierno informa sobre los intercambios entre representantes de las autoridades indígenas de algunos municipios del departamento de El Quiché y las otras reuniones de consulta celebradas durante 2014. El Gobierno indica que, como resultado de dichos intercambios y consultas, se redactó un borrador de documento de protocolo para la aplicación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. Dicho documento se presentó a la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales, el 8 de mayo de 2014, para que los interlocutores sociales formulen sus comentarios al respecto. La Comisión toma nota de que, en agosto de 2014, el Gobierno no había aún recibido los comentarios de los interlocutores sociales. Además, la Comisión toma nota de las indicaciones transmitidas por la Corte de Constitucionalidad en la memoria del Gobierno en relación con el reconocimiento del derecho de consulta de los pueblos indígenas. La Corte de Constitucionalidad explica el alcance de sus decisiones sobre las consultas e indica que en ciertos casos el resultado de dichas consultas puede que no sea vinculante. La Comisión toma nota de que lo que la Corte de Constitucionalidad ha resuelto es de obligado cumplimiento para el poder público y los órganos del Estado. La Comisión espera que se desarrolle en el país un diálogo constructivo para establecer un mecanismo apropiado de consulta y participación. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre los resultados alcanzados, con la participación de las entidades representativas de los pueblos indígenas, para regular la consulta previa por medios idóneos.

Artículos 6, 7 y 15. Consulta. Recursos naturales. Proyecto de construcción de una planta de cemento en el municipio de San Juan Sacatepéquez (departamento de Guatemala). En relación con los comentarios que la Comisión formula desde 2008, el Gobierno recuerda que la Corte de Constitucionalidad, en el expediente núm. 3878-2007, en la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2009, ordenó realizar las consultas requeridas por el Convenio en relación con los temas que afectaban la construcción de una planta de cemento por parte de la firma Cementos Progreso. En este sentido, la Comisión toma nota de las detalladas informaciones agregadas a la memoria por el CACIF en relación con dicho proyecto. La Comisión aprecia que el CACIF haya presentado una documentación detallada sobre el diálogo, que tuvo lugar en junio de 2014, entre los representantes de las Doce Comunidades de San Juan Sacatepéquez y el Presidente de la República, acompañado por otras autoridades nacionales. La agenda del diálogo convenida en dicha oportunidad incluye la construcción de una carretera vinculada con la planta de cemento, la instalación de una brigada militar en la localidad y la preocupación relativa a la criminalización de los integrantes de las comunidades que reclaman contra el proyecto de construcción de la planta de cemento. La Comisión toma nota de la documentación agregada por la empresa Cementos Progreso sobre el diálogo estructurado a nivel municipal para facilitar las negociaciones a nivel local y comunitario. La Comisión toma nota de las informaciones del grupo empresarial para realizar proyectos de inversión social y la documentación técnica sobre el monitoreo del aire, del ruido y de la captación de agua en la zona afectada por el proyecto de la planta de cemento. La empresa se dice consciente de la divergencia de opiniones al respecto del proyecto y garantiza que el proceso de construcción se llevará a cabo cumpliendo las leyes y con altos estándares de producción, pero sobre todo con respeto de las prioridades, los intereses y los bienes de sus vecinos. En estas circunstancias, la Comisión reitera los pedidos formulados en sus comentarios anteriores respecto de que las soluciones propuestas para que una fábrica de cemento se establezca en la zona tengan en cuenta los intereses y prioridades de las comunidades mayas kaqchikeles afectadas, y que no haya efectos nocivos para la salud, la cultura y los bienes de dichas comunidades. La Comisión reitera su pedido a todas las partes concernidas de evitar toda actitud de intimidación y violencia contra quienes no compartan sus puntos de vista respecto del proyecto. La Comisión invita al Gobierno a presentar en su próxima memoria informaciones sobre el avance de las negociaciones de buena fe y conformes al Convenio en relación con el proyecto de planta de cemento.

Concesiones mineras y proyectos hidroeléctricos. La Comisión toma nota de un documento focalizado en los pueblos y territorios mayas Ixil, K’iché, Q’eqch’ y Uspanteco en el departamento de El Quiché, elaborado por la Asociación Tejedores de Vida, transmitido por UNSITRAGUA. La Comisión toma nota de la preocupación expresada por el MISCG y la UNSITRAGUA por la conflictividad social que provoca la imposición de proyectos hidroeléctricos y mineros sin la obligada y previa consulta de las comunidades indígenas afectadas. Además, la Comisión toma nota de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, dictada en el expediente núm. 4419-2011, de fecha 5 de febrero de 2011, donde se analiza, entre otros asuntos, la ausencia de consulta en el procedimiento de autorización de operaciones de la industria hidroeléctrica. En los comentarios que formula desde hace varios años, la Comisión solicitó al Gobierno que presente informaciones actualizadas sobre las consultas y la participación en los beneficios para las comunidades indígenas que reportan las actividades de explotación de los recursos de la mina Marlín en San Miguel Ixtahuacán (departamento de San Marcos) y la explotación del níquel y de otros minerales en el territorio del pueblo Q’eqchi, en el municipio de El Estor (departamento de Izábal, véase también el documento GB.299/6/1, noviembre de 2007). La Comisión comprueba que la memoria del Gobierno no contiene informaciones al respecto. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores, y urge al Gobierno a que incluya informaciones actualizadas sobre las consultas con las comunidades indígenas afectadas y la participación en los beneficios que reportan las actividades de explotación de los recursos de las minas Marlin y El Estor. La Comisión reitera su interés por conocer las medidas efectivamente adoptadas para alinear la Ley de Minería y otra legislación pertinente, en particular la Ley General de Electricidad, con los requerimientos de la consulta previa y la participación en los beneficios que establece el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

Noruega

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 1990)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en septiembre de 2013 y de la comunicación del Parlamento noruego sami recibida en enero de 2014. La Comisión recuerda que, según la voluntad expresada por el Gobierno tras la ratificación, el Parlamento sami desempeña una función directa en el diálogo sobre el control de la aplicación del Convenio.

Artículos 6 y 7 del Convenio. Consultas y participación. El Gobierno recuerda que el derecho de los pueblos indígenas a participar en los procesos de toma de decisiones se formalizó en mayo de 2005 con el establecimiento de los procedimientos de consulta entre las autoridades estatales y el Parlamento sami (PCSSP). Como resultado de este acuerdo, cada año tienen lugar entre un 30 y un 40 por ciento de consultas formales. El Gobierno señala que las consultas deben llevarse a cabo de buena fe por ambas partes, y con el objetivo de lograr acuerdos. En su comunicación, el Parlamento sami indica que los PCSSP han fortalecido la interacción y cooperación sobre cuestiones que puedan tener un impacto directo sobre el pueblo sami. Tras el acuerdo (o acuerdo parcial) entre las partes se han modificado algunos textos o reglamentos legislativos. El Parlamento sami también indica que cuando no se logra un acuerdo es porque el proceso consultivo se ha caracterizado por una falta de comunicación y de participación del Parlamento sami. En esos casos, antes de que las consultas se inicien, o mientras están en curso, las autoridades han tomado una decisión o adoptado públicamente una posición. El Parlamento sami añade que en algunas ocasiones existen diferencias importantes en la forma en la que se interpreta el artículo 6 del Convenio y también en la manera en que lo aplican diversos ministerios gubernamentales. El Parlamento sami pide que el Gobierno tenga prácticas internas más claras en este ámbito. Asimismo, el Parlamento sami indica que no existe ningún mecanismo que ayude a aclarar si en determinados casos el Parlamento noruego (Storting) ha cumplido con la obligación de realizar consultas. Además, el Parlamento sami agrega que los PCSSP no cubren los incentivos financieros o las medidas presupuestarias y considera que las iniciativas y los parámetros financieros son de importancia fundamental y tienen un impacto directo sobre la comunidad sami. El Parlamento sami considera que las reuniones en las que representantes del pueblo sami sólo pueden proporcionar al Ministro de Finanzas información sobre cuestiones relacionadas con las necesidades presupuestarias de la sociedad sami, pero en las que no se obtiene información acerca de las evaluaciones llevadas a cabo, las prioridades establecidas y las decisiones tomadas por el Gobierno, no son consultas que cumplan con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Convenio. La Comisión había tomado nota de que en virtud de los PCSSP las autoridades estatales tienen que informar al Parlamento sami «lo antes posible» en lo que respecta «al inicio de los asuntos pertinentes que afectan directamente al pueblo sami», e hizo hincapié en que las consultas deberían iniciarse lo antes posible para garantizar a los pueblos indígenas una verdadera oportunidad de influir en el proceso y el resultado finales. En su respuesta a la comunicación del Parlamento sami, el Gobierno indica que el mecanismo de consulta garantiza que los responsables de la toma de decisiones conocen bien los puntos de vista del Parlamento sami y, con arreglo al artículo 6, tratan de alcanzar un acuerdo sobre las medidas propuestas. El Gobierno agrega que aún deben resolverse algunas dificultades en relación con la implementación práctica de los procedimientos de consulta y que, en diálogo con el Parlamento sami, examinará cómo se pueden resolver esas dificultades. La Comisión pide al Gobierno que prosiga con sus esfuerzos para abordar los retos identificados y a continuar transmitiendo información que permita examinar la forma en que los procedimientos establecidos garantizan que las consultas con los pueblos indígenas interesados y su participación en las decisiones que pueden afectarles directamente sean efectivas, dando pleno efecto a los requerimientos del Convenio.

Seguimiento dado a los comentarios anteriores de la Comisión. Enmiendas a la Ley Finnmark. En respuesta a la observación de 2009 de la Comisión, el Gobierno indica que el artículo 29 de la Ley Finnmark, de 2005, se modificó en 2012. La enmienda entró en vigor el 1.º de enero de 2013 y ha llevado a la ampliación del mandato de la Comisión Finnmark a fin de incluir la investigación de los derechos individuales o colectivos a los lugares de pesca a petición de toda persona que tenga un interés legítimo en el esclarecimiento de estos derechos. La ampliación del mandato de la comisión ha conducido a una ampliación paralela del mandato del Tribunal de las Tierras no Cultivadas de Finnmark. La Comisión Finnmark publicó un primer informe en marzo de 2012 (las tierras Stjernøya y Seiland) y un segundo informe en febrero de 2013 (las tierras Nesseby). La Comisión toma nota de que la característica común de los derechos que la Comisión Finnmark reconoce a la población local y a los pastores de renos de las tierras Stjernøya y Seiland y las tierras Nesseby es que se basan en la utilización a largo plazo. De esta forma, sus derechos sobre la tierra les protegen de la expropiación y procedimientos similares, lo cual también implica ciertas restricciones sobre los derechos de propiedad de la comunidad Finnmark. En marzo de 2013, se modificó el reglamento administrativo de la Comisión Finnmark y el Tribunal de las Tierras no Cultivadas de Finnmark a través de un Real decreto para vincular los procedimientos de nombramiento de los miembros del Tribunal con los que se utilizan para el nombramiento de los jueces de los tribunales ordinarios. Antes de tomar la decisión final sobre los nuevos procedimientos de nombramiento de los miembros del tribunal se consultó al Parlamento sami y se logró un acuerdo. El Parlamento sami indica que el consejo de la comunidad Finnmark no ha adoptado ninguna decisión en relación con los cambios en la utilización de las tierras no cultivadas, aunque las autoridades hayan otorgado permisos autorizando el apoderamiento de tierras en el condado de Finnmark. La Comisión confía en que se adopten las medidas necesarias para garantizar que los procesos de identificación y reconocimiento de los derechos al uso y propiedad en virtud de la Ley Finnmark estén de conformidad con el artículo 14, párrafo 1, y con el artículo 8 del Convenio que establecen que al aplicar las leyes y reglamentos relacionados deberán tomarse debidamente en consideración las costumbres o el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas interesados. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que presente informaciones sobre los progresos realizados en lo que respecta a la identificación y al reconocimiento de los derechos existentes de los pueblos indígenas del condado de Finnmark, incluida información sobre el trabajo de la Comisión Finnmark y del Tribunal de las Tierras no Cultivadas de Finnmark. Sírvase asimismo incluir información sobre la aplicación de la Ley Finnmark en lo que respecta a la gestión de la utilización de la tierra no cultivada en el condado de Finnmark y sobre la manera en que los derechos e intereses del pueblo sami se tienen en cuenta en este proceso.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Paraguay

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 1993)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que terminó en 2013 y de los ilustrativos anexos, recibidos en enero de 2014; que incluyen un informe detallado del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI). Asimismo, la Comisión toma nota de la documentación del INDI que se entregó a la misión de asistencia técnica de la Oficina en octubre de 2014.

Artículos 2 y 6 del Convenio. Acción coordinada y sistemática. Consulta previa. En relación con la preocupación expresada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en sus observaciones de agosto de 2013 sobre las repercusiones negativas para los negocios que puede tener la falta de cumplimiento de la obligación de consulta, el Gobierno indica que el Plan Estratégico del INDI promueve la cooperación multidisciplinaria de varios sectores gubernamentales. El INDI señala que se dispone de una publicación realizada con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas en el país conteniendo las «orientaciones básicas para el trabajo del funcionariado público con los pueblos indígenas», que constituye una herramienta de trabajo para mejorar la implementación de los planes y programas dirigidos a los pueblos indígenas. El INDI también evoca en la memoria un proyecto de ley relativo al derecho de consulta previa de los pueblos indígenas que la Defensoría del Pueblo presentó al Poder Legislativo, en abril de 2013. Además, la Comisión toma nota de que, dando seguimiento a las discusiones en el Congreso Nacional sobre la necesidad de modificar el Estatuto de las Comunidades Indígenas (ley núm. 904, de 1981), se había previsto una reunión informativa con la participación de representantes de nucleaciones indígenas e indigenistas, y con representantes de los distintos sectores gubernamentales interesados. En este sentido, la Comisión toma nota del pronunciamiento oficial de los pueblos indígenas, reproducido en el informe del INDI, en el que reclaman el respeto a sus territorios y a los recursos naturales y exigen políticas públicas que promuevan sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los líderes indígenas han manifestado que existen irregularidades que vulneran el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado reconocido por el Convenio núm. 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este sentido, la Comisión toma nota de que, en agosto de 2014, los representantes indígenas formalizaron ante el Congreso Nacional su disconformidad con el proyecto legislativo dado que consideraron que el documento no había sido objeto de consultas y solicitaron su archivo por no haber sido socializado con las organizaciones indígenas. La Comisión recuerda que el Convenio requiere que se asegure la participación eficaz de los pueblos indígenas en las instituciones, tales como el INDI, que administran los programas que los afecten (artículos 2 y 33) y se establezcan procedimientos apropiados sobre la consulta previa para la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones susceptibles de afectarles directamente (artículos 6 y 7). La Comisión invita al Gobierno a responder a las preocupaciones de las organizaciones indígenas sobre los proyectos legislativos relativos a la consulta previa y a la modificación del Estatuto de las Comunidades Indígenas, y que asegure también que los pueblos indígenas sean consultados en relación con los procesos legislativos correspondientes. Sírvase también incluir información sobre las actividades del INDI en el marco de la resolución núm. 2039/2010 que estableció la obligación de solicitar la intervención del INDI para todos los procesos de consultas con las comunidades indígenas.

Artículo 15. Recursos naturales. Explotaciones forestales. Intrusiones. La Comisión había solicitado que se presenten informaciones sobre las medidas adoptadas para responder a la alegación de «la notoria depredación» que se observaba en la gestión ambiental y manejo forestal en tierras asignadas a comunidades indígenas. La Comisión toma nota de la respuesta del INDI a la preocupación expresada por la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) en agosto de 2012 por las ocupaciones de tierras de comunidades indígenas por parte de campesinos sin tierra, quienes habían extraído madera y deforestado bosques. El INDI se remite a la resolución núm. 080/013, de 21 de enero de 2013, por la cual se ha creado un proyecto de utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica por las comunidades indígenas. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que describa las medidas tomadas por la Fiscalía del Medio Ambiente, el INDI y otras entidades gubernamentales competentes para asegurar la protección de los derechos de los pueblos indígenas a los recursos existentes en sus tierras, incluyendo sus derechos a participar y ser consultados en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. La Comisión también pide al Gobierno que presente información sobre las medidas tomadas en relación con la ocupación de tierras de las comunidades indígenas por parte de campesinos sin tierra.

Artículo 16, párrafo 4. Traslados. En relación con comentarios formulados desde hace muchos años, la Comisión toma nota con interés que el INDI dictó la resolución núm. 023/013, de fecha 14 de enero de 2013, por la cual se reconoce el daño sufrido por el pueblo mbaya guaraní de los departamentos de Itapúa, Caazapá y Misiones por la construcción de la hidroeléctrica Yaciretá y recomendó que se haga lugar a la solicitud de reparación e indemnización que plantea la comunidad indígena al Estado paraguayo. Además, la Comisión toma nota de que el INDI dictó la resolución núm. 120/013, de fecha 5 de febrero de 2013, donde se reconoce la deuda histórica del Estado paraguayo con las comunidades indígenas ava guaraní paranaenses, afectadas por la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú y la procedencia de los reclamos por daños y perjuicios. La Comisión invita al Gobierno a dar noticia detallada de las medidas tomadas para reubicar e indemnizar a las comunidades mbaya guaraní y ava guaraní paranaenses afectadas por la construcción y el embalse de la hidroeléctrica binacional Itaipú. Sírvase indicar los resultados de la convocatoria efectuada a los organismos públicos, nacionales, binacionales y regionales para dar cumplimiento a las mencionadas resoluciones del INDI y asegurar el cumplimiento efectivo del Convenio.

Artículo 32. Contactos y cooperación a través de las fronteras. Pueblos indígenas en aislamiento voluntario. La Comisión toma nota de las indicaciones transmitidas por el INDI sobre la comunidad indígena ayoreo totobiesgosode, ubicada en el centro del departamento de Alto Paraguay. La Comisión saluda las acciones iniciadas por la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público para denunciar actos de deforestación en áreas donde se ha comprobado la presencia de ayoreos totobiesgosode en aislamiento voluntario. La Comisión invita al Gobierno a comunicar el resultado de las medidas adoptadas en el marco del «Protocolo de acción conjunta en casos de avistamientos o encuentros sorpresivos con los indígenas sin contacto situados en la región occidental o Chaco». Sírvase indicar si se han concertado acuerdos internacionales para facilitar los contactos y la cooperación entre los pueblos indígenas que habitan a través de las fronteras.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2016.]

República Bolivariana de Venezuela

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) (ratificación: 2002)

La Comisión toma nota de la comunicación de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) de fecha 1.º de septiembre de 2014 y de la respuesta del Gobierno que se remite a las informaciones ya presentadas en la memoria recibida en agosto de 2014.

Artículo 3 del Convenio. Derechos humanos. Observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE). La Comisión toma nota de las observaciones de la UNETE y de la respuesta del Gobierno recibida en octubre de 2014. En sus observaciones, la UNETE evocó el asesinato del dirigente del pueblo yukpa, el Sr. Sabino Romero, el 3 de marzo de 2013. La UNETE también evocó la situación laboral de los pueblos indígenas que habitan en la zona del Alto Caura (entre los Estados de Bolívar y Apure). En su respuesta, el Gobierno indica que se han perseguido judicialmente a quienes cometieron dicho crimen. Además, el Gobierno impulsa una nueva ley para penalizar atentados contra luchadores campesinos. En relación con el Plan Caura, iniciado el 24 de abril de 2014, el Gobierno indica que su principal objetivo es detener la minería ilegal en la zona, preservar su diversidad biológica y proteger a los pueblos indígenas que se encuentran en el área. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre el resultado de todos los procesos incoados en relación con el asesinato del Sr. Sabino Romero. Sírvase también indicar si se han adoptado nuevas disposiciones para reforzar el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y luchar contra la minería ilegal.

Derechos humanos. Denuncia de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM). La Alianza Sindical Independiente (ASI) en una comunicación recibida en agosto de 2013, se refirió a una masacre de indígenas yanomami en el municipio de Alto Orinoco, estado Amazonas. La Comisión toma nota de que un equipo técnico integrado por 28 funcionarios y designado por el Ministerio Público se movilizó por vía aérea, el 31 de agosto de 2012, para verificar la situación y condiciones de los pueblos indígenas en la selva amazónica. El Gobierno declara que luego de haberse reunido con la comunidad de Momoy, otra comunidad de Irotathery y demás comunidades de la zona se constató y comprobó que no ocurrió ninguno de los hechos denunciados por la COIAM. La Comisión invita al Gobierno a seguir informando sobre las medidas adoptadas para asegurar que los derechos humanos de los pueblos indígenas sean respetados y que, en caso de que se denuncien violaciones, se realicen las investigaciones correspondientes.

Artículos 6, 7, 15 y 16. Procedimientos apropiados de consulta y participación. La Comisión toma nota con interés de la Ley de Bosques y Gestión Forestal, publicada en agosto de 2013, cuyos artículos 25 y 26 han previsto la consulta previa con las comunidades indígenas interesadas. El Gobierno también recuerda los derechos reconocidos en materia de consulta y participación en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. La Comisión invita al Gobierno a presentar ejemplos de la manera en que se asegura la consulta y participación efectivas de los pueblos indígenas interesados en las medidas y decisiones susceptibles de afectarles directamente.

Artículo 14. Representación indígena. Tierras demarcadas. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que en cada comunidad de los pueblos indígenas se eligieron a través de asambleas a sus voceros principales y suplentes para integrar la comisión de demarcación de hábitat y tierras indígenas, constituyéndose comisiones de demarcación tanto a nivel nacional como regional. La Comisión toma nota con interés de que la efectiva representación y participación indígena se pone de manifiesto, según indica el Gobierno, al hacerse la primera demarcación mediante una «auto-demarcación», es decir, una delimitación territorial elaborada por los propios pueblos indígenas plasmando los recursos nemotécnicos de los mapas cognitivos, los cuales son luego certificados por el Instituto Geográfico de Venezuela. La Comisión también toma con interés de que, entre 2009 y 2013, se han podido consolidar 47 títulos y, entre 2005 y 2013, se otorgaron un total de 87 títulos colectivos. La superficie total titulada representa 2 943 096,55 hectáreas y alrededor de 76 400 indígenas se encuentran en los territorios titulados. La Comisión invita al Gobierno a continuar incluyendo informaciones actualizadas sobre los procesos de titulación y registro de tierras efectuados por las comisiones de demarcación, las superficies tituladas y las comunidades beneficiadas en cada región.

Conflictos por tierras. La Comisión toma nota de las indicaciones presentadas sobre algunos conflictos que han surgido de la evaluación de los informes técnicos para la demarcación de tierras. El Gobierno informa sobre la situación en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) «Hugo Chávez Frías» en relación con 30 comunidades indígenas de las cuales 12 pertenecen al pueblo kariña, en los estados Anzoátegui y Bolívar, que, siguiendo un procedimiento que duró hasta 2013, recibieron un título de propiedad colectiva. La Comisión recuerda que en las observaciones de la Alianza Sindical Independiente (ASI) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) recibidas en agosto de 2013 se había mencionado, como el caso más grave, el del pueblo Hoti del estado Amazonas que habría visto reducida la superficie de su autodemarcación en un 42,2 por ciento en el informe técnico aprobado por la Comisión Regional de Demarcación en agosto de 2012. La Comisión pide al Gobierno que responda a la preocupación planteada y que continúe presentando indicaciones sobre la manera en que se han solucionado las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados, dando ejemplos de los casos que se han resuelto de conformidad con el Convenio.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 64 (Burundi); el Convenio núm. 107 (Angola, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Haití, Iraq, Malawi, República Árabe Siria, Túnez); el Convenio núm. 169 (República Centroafricana, Dominica, Ecuador, Fiji, Guatemala, Nepal, Noruega, Paraguay, República Bolivariana de Venezuela).

Categorías específicas de trabajadores

Polonia

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) (ratificación: 1980)

Artículo 2 del Convenio. Política nacional sobre los servicios de enfermería y el personal de enfermería. La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato Nacional de Enfermeras y Parteras (OZZPiP), de fecha 25 de febrero de 2014, en las que solicita al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados respecto de la enmienda de la ordenanza núm. 1545, de 28 de diciembre de 2012, sobre la manera de establecer las normas mínimas de trabajo de enfermeras y parteras en las entidades de asistencia de la salud. Según la OZZPiP, esta ordenanza determinará que descienda sustancialmente el número de enfermeras y parteras registradas y empleadas, en los próximos cinco años, lo que tendrá, con el tiempo, un efecto negativo en la salud y la seguridad de los pacientes. Además, la OZZPiP indica que la remuneración de enfermeras y parteras requiere un ajuste, a efectos de que refleje la capacidad profesional de esos trabajadores y un incentivo a la contratación de profesionales jóvenes.

La Comisión también toma nota de la respuesta del Gobierno a las observaciones formuladas por la OZZPiP. El Gobierno indica que la ordenanza núm. 1545 entró en vigor el 1.º de enero de 2013 y que las entidades de asistencia sanitaria establecieron normas en virtud de la ordenanza hasta el 31 de marzo de 2014. Después de ese tiempo, el Ministro de Salud nombró un grupo de trabajo para analizar los mecanismos que establecen las normas mínimas de trabajo para las entidades de asistencia sanitaria. El Gobierno indica asimismo que la actual ordenanza sólo establece los mecanismos dirigidos a establecer normas de empleo y que, de hecho, determinaciones tales como la duración del empleo son realizadas por las propias entidades de asistencia sanitaria. Además, con arreglo a la Ley sobre la Actividad Médica, de 15 de abril de 2011, cada propuesta relativa a las condiciones de trabajo en la asistencia sanitaria es objeto de consultas con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas para garantizar que se proporcionen al personal de enfermería condiciones de empleo y de trabajo, incluidas las perspectivas de carrera y una remuneración, capaces de atraer y retener al personal en la profesión.

Federación de Rusia

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) (ratificación: 1979)

Artículo 2 del Convenio. Política nacional sobre los servicios y el personal de enfermería. La Comisión toma nota de que la última información sustancial comunicada por el Gobierno sobre la aplicación del Convenio data de 2003. En su última memoria, el Gobierno no responde a ninguno de los puntos planteados por la Comisión desde 2004 (incluida la restructuración de los servicios de salud, el sistema de pagos al personal de enfermería y la participación de los organismos que representan a los enfermeros en la planificación de los servicios de enfermería) y se limita a comunicar información sobre el empleo de las mujeres, la protección de la maternidad y las personas con responsabilidades familiares.

La Comisión entiende, sin embargo, que en los últimos años, han tenido lugar progresos importantes que pueden tener efectos en la aplicación del Convenio, como por ejemplo, la creación, en virtud de la resolución del Gobierno núm. 1018, de 8 de octubre de 2012, de la Comisión sobre los servicios de salud y la elaboración del Programa del Estado sobre el desarrollo de los servicios de salud, en aplicación del decreto presidencial núm. 596, de 7 de mayo de 2012. La Comisión también entiende asimismo que, tal como lo anunció el Gobierno en enero de 2013, la implementación de los programas regionales de modernización de los servicios de salud para el período 2011-2013 está en curso y que alrededor de 700 000 millones de rublos (19 900 millones de dólares de los Estados Unidos) fueron asignados a dichos programas. Además de la construcción de centros de salud y la modernización del material médico, estas iniciativas implicaron la modificación de 57 leyes federales y, en algunas regiones, dieron como resultado un alza de los salarios y el establecimiento de nuevos sistemas de remuneración del personal médico.

Sin embargo, la Comisión toma nota de que existen dificultades importantes, especialmente en lo relativo a la dotación del sistema de salud con personal altamente calificado y motivado. La Comisión toma nota en particular que, tal como se indicó en una reunión del Gobierno celebrada en abril de 2013, dedicada al desarrollo de los recursos humanos en el sistema de salud, actualmente, la proporción de personal de enfermería por médico es de dos enfermeros por médico, en lugar de cinco con que cuentan los países con sistemas de salud modernos. En la misma reunión el Ministro de Salud dijo que, en los últimos diez años el número de enfermeros por 10 000 habitantes había disminuido de 97 a 90 a pesar de que el país necesitaba 117,5 enfermeros por cada 10 000 habitantes. El Ministro agregó que aunque anualmente se formaban 59 000 nuevos enfermeros, cada año abandonaban la profesión 90 000, de los cuales sólo 15 000 lo hacían debido a la jubilación y el resto en busca de mejores empleos.

Asimismo, la Comisión toma nota de las informaciones contenidas en el Informe 2013 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Informe sobre el desarrollo humano en la Federación de Rusia: Desarrollo sustentable: los desafíos de Río, según el cual a pesar de las mejoras considerables que tuvieron lugar en el sistema de salud en los últimos años, para resolver las dificultades actuales, hace falta que se produzcan otros cambios en un lapso de ocho a diez años, en particular, con vistas a utilizar más eficazmente los recursos financieros, materiales y humanos y poner énfasis en prioridades tales como las competencias y la motivación del personal. Este informe contiene asimismo varias recomendaciones, incluyendo la introducción de contratos de trabajo más eficaces para los trabajadores de la salud (salarios más elevados y conexión con niveles precisos de calidad y cantidad de servicios), la introducción de un nuevo sistema de certificación de personal, la reforma del sistema de educación y de formación médica profesional y el aumento del rol de las comunidades profesionales en materia de administración de servicios de salud. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones detalladas sobre las medidas, iniciativas o campañas lanzadas en el marco de los programas de desarrollo de los servicios de salud (2011-2013) con miras a promover la atracción de la profesión de enfermero y a mejorar las condiciones de empleo del personal de enfermería. La Comisión pide también al Gobierno que precise si consulta efectivamente, y de qué manera, a las organizaciones representativas de trabajadores, tales como la Asociación de Enfermeros Rusos, en lo atinente a la elaboración de nuevas políticas o a la creación de nuevos programas o estructuras que podrían tener repercusiones sobre las condiciones de empleo y de trabajo del personal de enfermería.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: el Convenio núm. 149 (Bangladesh, Belarús, Congo, Ecuador, Egipto, Eslovenia, Francia, Francia: Nueva Caledonia, Grecia, Guinea, Guyana, Malawi, Malta, República Unida de Tanzanía, Tayikistán); el Convenio núm. 172 (Alemania, República Dominicana, España, Guyana, Países Bajos: Caribe parte de los Países Bajos, Países Bajos: Curazao, Países Bajos: Sint Maarten); el Convenio núm. 177 (Argentina, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, ex República Yugoslava de Macedonia); el Convenio núm. 189 (Uruguay).

La Comisión ha tomado nota de las informaciones comunicadas por los siguientes Estados en respuesta a una solicitud directa sobre: el Convenio núm. 149 (Francia: Polinesia Francesa, Iraq, Portugal, Suecia); el Convenio núm. 177 (Bulgaria).

[1] Tal como se indicó en la Nota al lector del Informe de la Comisión de Expertos, las solicitudes directas no se publican en dicho informe sino que se comunican directamente al gobierno interesado. Se publican en NORMLEX, la base de datos del sitio web de la OIT sobre las normas internacionales del trabajo (véase: «Control de la aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo» (http://www.ilo.org/normlex)).

II.Observaciones acerca de la sumisión a las autoridades competentes de los convenios y recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo (artículo 19 de la Constitución)

Albania

La Comisión toma nota de que la ratificación del Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177), y del Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), se registró en abril de 2014. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores e invita al Gobierno a que tenga a bien informar sobre la sumisión al Parlamento albanés de los restantes instrumentos adoptados por la Conferencia en la 82.ª reunión (Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947), 90.ª reunión (Recomendaciones núms. 193 y 194), y todos los instrumentos adoptados en las 78.ª, 86.ª, 89.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª reuniones (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia.

Angola

Falta grave de sumisión. La Comisión, tal como lo hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge al Gobierno a comunicar las informaciones requeridas sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en las 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia (2003-2012). La Comisión también recuerda que el Gobierno debe hacer llegar informaciones sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de la Recomendación sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 180) (79.ª reunión, 1992), del Protocolo de 1995 relativo al Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (82.ª reunión, 1995) y de la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189) (86.ª reunión, 1998).

Antigua y Barbuda

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en abril de 2014 indicando que los 20 instrumentos adoptados por la Conferencia desde la 83.ª a la 101.ª reuniones (1996-2012) fueron sometidos nuevamente por el Ministerio de Trabajo al Gabinete de Antigua y Barbuda el 11 de marzo de 2014. La Comisión se remite a su observación anterior e invita nuevamente al Gobierno a especificar las fechas en las cuales los instrumentos adoptados por la Conferencia de la 83.ª a la 101.ª reuniones fueron sometidos al Parlamento de Antigua y Barbuda.

Azerbaiyán

La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión se remite a sus observaciones precedentes y pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones relativas a la sumisión a la Asamblea Nacional (Milli Mejlis) de la Recomendación núm. 180 (79.ª reunión), y de los instrumentos adoptados en las 83.ª, 84.ª, 89.ª, 90.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia. Sírvase indicar también la fecha de sumisión de la Recomendación núm. 195 a la Asamblea Nacional.

Bahamas

La Comisión toma nota de la comunicación recibida en noviembre de 2014 en la que el Gobierno indica que la información solicitada en relación con los instrumentos que todavía no se han sometido al Parlamento no se encuentra disponible. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe sobre la sumisión al Parlamento de los 20 instrumentos adoptados por la Conferencia en once reuniones que tuvieron lugar entre 1997 y 2012 (85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones).

Bahrein

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2014 señalando que el artículo 19 de la Constitución deja una gran libertad a los Estados Miembros en cuanto a la elección de los procedimientos adecuados, incluso cuando es el Ejecutivo la autoridad competente para examinar los instrumentos adoptados por la Conferencia. La Comisión también toma nota de la comunicación del Gobierno recibida en marzo de 2014 en la que se indica que los instrumentos adoptados por la Conferencia fueron sometidos al Consejo de Ministros, que se considera la autoridad competente en el Reino de Bahrein debido a que decide acerca de la ratificación de los convenios y tratados internacionales (artículo 37 de la Constitución de Bahrein). En sus observaciones anteriores, la Comisión tomó nota de que, con arreglo a la Constitución, los convenios internacionales se tienen que someter al Consejo de Ministros, que es el órgano responsable de la formulación de la política pública del Estado y del seguimiento de su aplicación (artículo 47, apartado a), de la Constitución de Bahrein). La Comisión recuerda que en virtud de los párrafos 5 y 6 del artículo 19 de la Constitución de la OIT, cada Miembro de la Organización se compromete a someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la autoridad o las autoridades a quienes competa el asunto, a efectos de que le den forma de ley o adopten otras medidas. En el Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, el Consejo de Administración indica que la autoridad competente es aquella que tenga, de acuerdo con la Constitución nacional de cada Estado, el poder de legislar o de tomar cualquier otra medida para dar efecto a los convenios y recomendaciones. La autoridad competente debe ser normalmente el Legislativo. Aún en el caso en el que los instrumentos no exijan la adopción de medidas legislativas, sería conveniente, para garantizar que se ha dado pleno cumplimiento a los objetivos de la sumisión, que dichos instrumentos se lleven a la atención de la opinión pública mediante su sumisión a un órgano de carácter parlamentario. La Comisión también recuerda que, en septiembre de 2011, el Gobierno indicó que al iniciarse en 2002 la vida parlamentaria, y establecerse la Asamblea Nacional — compuesta por el Consejo Consultivo (Majlis Al-Shura) y el Consejo de Representantes (Majlis Al-Nuwab) — fue necesario establecer un mecanismo nuevo para someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la Asamblea Nacional. La Comisión toma nota de que la Oficina indicó que está dispuesta a examinar con las autoridades nacionales la manera en que podría establecerse un mecanismo para someter a la Asamblea Nacional los instrumentos adoptados por la Conferencia con objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la Constitución de la OIT. La Comisión urge al Gobierno, tal como hizo la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, a proporcionar información completa sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en las reuniones celebradas entre 2000 y 2012. La Comisión alienta al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT a este respecto.

Bangladesh

La Comisión toma nota de que la ratificación del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), y del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), se registró en abril de 2014. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a transmitir información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados en la 77.ª reunión (Convenio núm. 170 y Recomendación núm. 177), la 79.ª reunión (Convenio núm. 173 y Recomendación núm. 180), la 85.ª reunión (Recomendación núm. 188), así como todos los instrumentos adoptados en las 81.ª, 82.ª, 83.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia.

Belice

La Comisión toma nota de la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), que fue registrada el 8 de julio de 2014. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y pide al Gobierno a que facilite información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los 37 instrumentos pendientes adoptados por la Conferencia durante 18 reuniones celebradas entre 1990 y 2012.

Estado Plurinacional de Bolivia

La Comisión se remite a las observaciones formuladas desde 2005, en donde se tomó nota que, el 26 de abril de 2005, se sometieron al Congreso Nacional los convenios internacionales del trabajo adoptados por la Conferencia entre 1990 y 2003. Sin embargo, no se recibieron informaciones sobre la sumisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional de las 13 recomendaciones y de los tres protocolos adoptados por la Conferencia durante dicho período (1990-2003). La Comisión invita al Gobierno a someter a la Asamblea Legislativa Plurinacional los tres convenios adoptados por la Conferencia desde 2006, al igual que las 19 recomendaciones y los tres protocolos que todavía no se sometieron, y a comunicar a la OIT las informaciones correspondientes.

Brasil

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración de la representante gubernamental en la Comisión de la Conferencia (junio de 2014). El Gobierno expresó su voluntad de identificar la mejor forma de resolver la situación en el marco del diálogo tripartito. La Comisión recuerda que se encuentran pendientes de sumisión al Congreso Nacional los Convenios núms. 128, 129, 130, 149, 150, 156 y 157, y los demás instrumentos adoptados en las 52.ª, 78.ª, 79.ª, 81.ª, 82.ª (Protocolo de 1995), 83.ª, 84.ª (Convenios núms. 179 y 180; Protocolo de 1996, Recomendaciones núms. 186 y 187), 85.ª, 86.ª, 88.ª, 90.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia. La Comisión expresa su preocupación y urge nuevamente al Gobierno a que informe a la brevedad sobre las medidas adoptadas para someter los 41 instrumentos pendientes al Congreso Nacional. En este sentido, la Comisión recuerda nuevamente que la Comisión Tripartita de Relaciones Internacionales (CTRI) solicitó en marzo de 2006 al Ministerio de Relaciones Exteriores, que tome las medidas necesarias para someter al Congreso Nacional la Recomendación sobre los arrendatarios y aparceros, 1968 (núm. 132), la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189), la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), la Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002 (núm. 194) y la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195).

Burundi

La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique informaciones sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en las 94.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia.

Chile

La Comisión toma nota de que mediante el mensaje núm. 457-362 de fecha 3 de septiembre de 2014, el Gobierno sometió al Congreso Nacional el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) para su ratificación. La Comisión se remite a la observación que formula sobre el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) y pide nuevamente al Gobierno que transmita las informaciones requeridas sobre la sumisión al Congreso Nacional de 27 instrumentos adoptados en ocasión de 14 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1996 y 2012 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª y 101.ª reuniones).

Comoras

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge nuevamente al Gobierno a someter a la Asamblea de la Unión de Comoras los 40 instrumentos adoptados en las 19 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1992 y 2012.

Congo

La Comisión toma nota con interés de que en 2014 se registraron las ratificaciones del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), y el Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188). En sus observaciones anteriores, la Comisión había tomado nota de que el Ministerio de Trabajo y la Secretaría General del Gobierno habían acordado someter trimestralmente algunos convenios a la Asamblea Nacional con la intención de ratificarlos. La Comisión invita al Gobierno a culminar el procedimiento de sumisión de los 61 convenios, recomendaciones y protocolos que aún no han sido sometidos a la Asamblea Nacional. La Comisión recuerda que se trata de instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 54.ª (Recomendaciones núms. 135 y 136), 58.ª (Convenio núm. 137 y Recomendación núm. 145), 60.ª (Convenios núms. 141 y 143, Recomendaciones núms. 149 y 151), 63.ª (Recomendación núm. 156), 67.ª (Recomendaciones núms. 163, 164 y 165), 68.ª (Convenio núm. 157, Recomendación núm. 166 y Protocolo de 1982 relativo al Convenio sobre las plantaciones, 1958), 69.ª, 70.ª, 71.ª (Recomendaciones núms. 170 y 171), 72.ª y 75.ª (Recomendaciones núms. 175 y 176) reuniones, así como los convenios, las recomendaciones y los protocolos adoptados en las 27 reuniones de la Conferencia celebradas entre 1990 y 2012.

Côte d'Ivoire

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. La Comisión recuerda que el Gobierno indicó en una comunicación transmitida en octubre de 2011 que los convenios y las recomendaciones adoptadas por la Conferencia entre 1995 y 2010 se sometieron, el 25 de agosto de 2011, al Consejo Económico y Social. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, la Comisión invita nuevamente al Gobierno a que finalice los trámites para someter a la Asamblea Nacional los 31 instrumentos (convenios, recomendaciones y protocolos) que se adoptaron en 15 reuniones de la Conferencia celebradas entre junio de 1996 y de 2012 (83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones).

Croacia

La Comisión se refiere a sus observaciones anteriores, y pide nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para asegurar que 18 instrumentos adoptados por la Conferencia en diez reuniones que tuvieron lugar entre 1998 y 2012 (86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª, 101.ª reuniones) se sometan al Parlamento de Croacia.

República Democrática del Congo

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, la Comisión urge al Gobierno a que comunique las informaciones pertinentes sobre la sumisión efectiva al Parlamento de los 31 instrumentos adoptados en las 15 reuniones de la Conferencia celebradas entre 1996 y 2012.

Djibouti

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la comunicación recibida en septiembre de 2014 en la que el Gobierno indica que las directrices, convenios, recomendaciones y protocolos de la Organización, cuando requieren de la intervención del legislador, se comunican a la Asamblea Nacional y que, por otra parte, los instrumentos adoptados por la Conferencia son sometidos al Consejo Nacional de Trabajo, Empleo y Formación Profesional (CNTEFP) que dispone de una competencia muy amplia en cuestiones sociales. La Comisión recuerda que en virtud del artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT los Miembros de la Organización se obligan a someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, a efectos de que le den forma de ley o adopten otras medidas. En el Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y recomendaciones a las autoridades competentes, el Consejo de Administración indica que la autoridad competente es aquella que tenga, de acuerdo con la Constitución de cada Estado, el poder de legislar o de tomar cualquier otra medida para dar efecto a los convenios y recomendaciones. Aun en el caso en que los instrumentos no exijan la adopción de medidas legislativas, sería conveniente asegurar que se cumple plenamente con el objetivo de la sumisión que incluye que los convenios, protocolos y recomendaciones se lleven a la atención del público mediante su sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, pide nuevamente al Gobierno que haga todo lo posible, en un marco tripartito, para estar en un futuro cercano en condiciones de proporcionar las informaciones requeridas sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los 65 instrumentos adoptados en 29 reuniones de la Conferencia celebradas de 1980 a 2012. La Comisión espera que el Gobierno reciba la asistencia técnica de la Oficina para superar esta importante demora.

Dominica

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, pide nuevamente al Gobierno que facilite información sobre la sumisión a la Asamblea de los 38 instrumentos adoptados por la Conferencia en 18 reuniones que tuvieron lugar entre 1993 y 2012 (80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones).

El Salvador

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la sumisión al Congreso de la República de los instrumentos pendientes adoptados en las 63.ª (Convenio núm. 148 y Recomendaciones núms. 156 y 157), 67.ª (Convenio núm. 154 y Recomendación núm. 163), 69.ª (Recomendación núm. 167) y 90.ª (Recomendaciones núms. 193 y 194) reuniones. Asimismo, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, la Comisión urge al Gobierno a que someta al Congreso de la República los instrumentos adoptados en 20 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre octubre de 1976 y junio de 2012.

Ex República Yugoslava de Macedonia

La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y recuerda que el Gobierno indicó en febrero de 2012, que la revisión de los convenios internacionales del trabajo no ratificados era uno de los temas del orden del día del Consejo Económico y Social y que el examen se realizaba antes de la sumisión a la Asamblea. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a brindar las informaciones pertinentes en relación con la sumisión a la Asamblea de la República (Soberanie) de los convenios, recomendaciones y protocolos pendientes de sumisión adoptados por la Conferencia entre octubre de 1996 y junio de 2012.

Fiji

La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y toma nota de que en 2013 se adoptó una nueva Constitución. La Comisión recuerda que el Gobierno expresó su intención de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia una vez que se constituyera el Parlamento. La Comisión toma nota a este respecto de que, en septiembre de 2014, se celebraron elecciones generales. Por consiguiente, la Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre toda evolución relativa a la sumisión al Parlamento de los 18 instrumentos adoptados por la Conferencia en la 83.ª, 86.ª, 88.ª, 90.ª, 91.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones celebradas entre 1996 y 2012.

Gabón

La Comisión invita nuevamente al Gobierno a comunicar informaciones sobre la sumisión al Parlamento de los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados en ocasión de las 82.ª, 83.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia.

Granada

La Comisión recuerda que, en septiembre de 2008, el Gobierno informó que con arreglo a la Conclusión del Gabinete núm. 486, de fecha 12 de marzo de 2007, se aprobó una lista de convenios y recomendaciones. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y pide nuevamente al Gobierno que comunique la fecha de sumisión de los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1994 y 2006 y de las decisiones adoptadas por el Parlamento de Granada en relación con los instrumentos sometidos. Asimismo, la Comisión renueva su pedido al Gobierno que transmita información sobre la sumisión al Parlamento de Granada de los instrumentos adoptados en las 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia.

Guinea

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, la Comisión urge nuevamente al Gobierno a que comunique las informaciones requeridas sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los 29 instrumentos adoptados por la Conferencia en ocasión de 14 reuniones celebradas entre octubre de 1996 y junio de 2012 (84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones).

Guinea-Bissau

La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión expresa nuevamente su esperanza de que el Gobierno pueda informar rápidamente que los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones fueron sometidos a la Asamblea Nacional Popular.

Guinea Ecuatorial

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda una comunicación de fecha 9 de mayo de 2008, mediante la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social solicitó al Jefe del Gobierno que proceda con la sumisión a la Cámara de los Representantes del Pueblo de los instrumentos adoptados por la Conferencia en las 13 reuniones que tuvieron lugar entre 1993 y 2006. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que transmita las otras informaciones pertinentes sobre la manera en que se ha cumplido con la obligación de sumisión, en particular, la fecha en que efectivamente se ha efectuado la sumisión a la Cámara de los Representantes del Pueblo de los instrumentos adoptados entre 1993 y 2006. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, la Comisión urge al Gobierno a que informe sobre la sumisión a la Cámara de Representantes del Pueblo de los instrumentos adoptados por la Conferencia en las 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones (2010-2012).

Haití

Falta grave de sumisión. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, pide al Gobierno que realice todos los esfuerzos para anunciar a la brevedad la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos siguientes:

a)los instrumentos restantes de la 67.ª reunión (Convenios núms. 154 y 155 y Recomendaciones núms. 163 y 164);

b)los instrumentos adoptados en la 68.ª reunión;

c)los instrumentos restantes adoptados en la 75.ª reunión (Convenio núm. 168 y Recomendaciones núms. 175 y 176), y

d)los instrumentos adoptados en oportunidad de 22 reuniones de la Conferencia que tuvieron lugar entre 1989 y 2012.

Iraq

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en febrero de 2014 en la que se indica que la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), fue examinada por el Comité consultivo tripartito en una reunión celebrada en noviembre de 2013. Además, en septiembre de 2014, el Gobierno informó de que se remitieron algunos convenios a los órganos sectoriales para que los examinaran y compararan con la legislación nacional pertinente con el objetivo de revisar la posibilidad de ratificarlos. Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión espera que el Gobierno se encuentre pronto en condiciones de transmitir las informaciones requeridas sobre la sumisión al Consejo de Representantes establecido por la Constitución de Iraq de 2005 de los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados por la Conferencia entre 2000 y 2012.

Irlanda

La Comisión toma nota de que la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), se registró el 28 de julio de 2014. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores e invita al Gobierno a que transmita las informaciones requeridas sobre la sumisión al Oireachtas (Parlamento) de los instrumentos adoptados por la Conferencia en nueve reuniones celebradas entre 2000 y 2012 (88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª y 101.ª reuniones).

Islas Salomón

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con profunda preocupación de que el Gobierno no ha dado respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda de que, en virtud de las disposiciones pertinentes del artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT, los Miembros de la Organización se obligan a someter los instrumentos adoptados por la Conferencia a la autoridad o autoridades a quienes competa el asunto, a efectos de que le den forma de ley o adopten otras medidas. En el Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y recomendaciones a las autoridades competentes, el Consejo de Administración indica que la autoridad competente es aquella que tenga, de acuerdo con la Constitución Nacional de cada Estado, el poder de legislar o de tomar cualquier otra medida para dar efecto a los convenios y recomendaciones. La autoridad competente debe ser normalmente el legislativo. Aun en el caso en que los instrumentos no exijan la adopción de medidas legislativas, sería conveniente, para garantizar que se ha dado pleno cumplimiento a los objetivos de la sumisión, que dichos instrumentos se lleven a la atención de la opinión pública mediante su sumisión a un órgano de carácter parlamentario. Por lo tanto, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que haga todo lo posible para cumplir con la obligación constitucional de someter al Parlamento Nacional los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1984 y 2012. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge al Gobierno a tomar medidas sin demora para someter los 59 instrumentos pendientes al Parlamento Nacional.

Jamaica

Falta de sumisión. La Comisión lamenta nuevamente que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión pide al Gobierno que transmita las informaciones pertinentes sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones (2004-2012).

Jordania

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, recordando que el Gobierno ratificó el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), en febrero de 2014 y pronto estará en condiciones de facilitar información relativa a la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia. Además, el Gobierno indicó, en agosto de 2014, que el Ministro de Trabajo remitirá al Comité Tripartito para Asuntos Laborales los instrumentos adoptados por la Conferencia para su examen. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge al Gobierno a completar el procedimiento para someter los instrumentos adoptados por la Conferencia entre 2004 y 2012 (93.ª, 94.ª, 95.ª, 96ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones) a la Asamblea Nacional (Majlis Al-Ummah) y a comunicar información a este respecto.

Kazajstán

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración formulada por el representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, señalando que se habían sometido a las autoridades competentes los convenios y recomendaciones adoptados de 1994 a 2012. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, pide al Gobierno que facilite información sobre la fecha en la cual los 33 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1993 y 2012 fueron sometidos al Parlamento y sobre la decisión tomada por el Parlamento sobre los instrumentos que se sometieron.

Kirguistán

Falta grave de sumisión. La Comisión recuerda las informaciones detalladas comunicadas por el Gobierno en noviembre de 2013 sobre las medidas tomadas para dar efecto a la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202). La Comisión pide al Gobierno que presente la información correspondiente sobre la sumisión de la Recomendación núm. 202 al Consejo Supremo (Jogorku Kenesh). En este sentido, la Comisión se remite a los comentarios que formula desde 1994, y recuerda que, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, cada Miembro se compromete a presentar los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a la autoridad o a las autoridades a quienes competa la materia, «al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas». En 2005, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo adoptó un Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes, en el que se solicitan informaciones sobre esta cuestión. La Comisión recuerda nuevamente que el Gobierno no ha proporcionado información sobre la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados en 18 reuniones de la Conferencia entre 1992 y 2011. La Comisión pide al Gobierno a comunicar la información requerida en el cuestionario que se encuentra al final del Memorándum sobre la autoridad competente, sobre la fecha en la que se presentaron los instrumentos y las proposiciones realizadas por el Gobierno sobre las medidas que se podrían adoptar respecto de los instrumentos sometidos.

La Comisión urge al Gobierno, junto con la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, a no escatimar esfuerzos para dar cumplimiento a la obligación constitucional de sumisión y recuerda que la Oficina puede aportar asistencia técnica para superar este grave retraso.

Kiribati

La Comisión toma nota de que la ratificación del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), se registró el 6 de junio de 2014. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a que someta al Parlamento los 18 instrumentos adoptados por la Conferencia en diez reuniones celebradas entre 2000 y 2012 (88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones).

Kuwait

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2014 en la que reitera que el Gobierno inició las consultas, en particular con los interlocutores sociales, sobre los instrumentos adoptados por la Conferencia. Asimismo, la Comisión toma nota de la comunicación recibida por el Gobierno en septiembre de 2014 en la que se recuerda la declaración formulada por el representante gubernamental durante la Conferencia. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual se ha preparado un estudio especial sobre cada instrumento pendiente de sumisión y se desea celebrar consultas con los interlocutores sociales a este respecto. El Gobierno añade que las opiniones expresadas por los interlocutores sociales se comunicarán al Consejo de Ministros, que es el órgano competente para la sumisión de esos instrumentos a la Asamblea Nacional (Majlis Al-Ummah). La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, solicita al Gobierno que comunique la fecha de sumisión de los instrumentos adoptados en la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones a la Asamblea Nacional (Majlis Al-Ummah). Además la Comisión se remite a sus comentarios anteriores e invita nuevamente al Gobierno a que especifique la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados en la 77.ª reunión (1990: Convenios núms. 170 y 171, Recomendaciones núms. 177 y 178 y el Protocolo de 1990), 80.ª reunión (1993: Recomendación núm. 181), 86.ª reunión (1998: Recomendación núm. 189), y 89.ª reunión (2001: Convenio núm. 184 y Recomendación núm. 192) de la Conferencia.

Liberia

Asistencia técnica de la OIT. La Comisión recuerda la solicitud de asistencia técnica formulada por el Gobierno en una comunicación recibida en mayo de 2012. Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión reitera su esperanza de que el Gobierno a la brevedad esté en condiciones de someter a la Asamblea Nacional los 19 instrumentos pendientes adoptados por la Conferencia entre 2000 y 2012, así como los Protocolos de 1990 y 1995.

Libia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información presentada por el representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2014 recordando que Libia atraviesa una fase crítica de transición en su evolución hacia el establecimiento de un Estado democrático. El Gobierno ha enviado los convenios adoptados en las reuniones anteriores de la Conferencia a los sectores correspondientes para que los examinen y se pronuncien sobre su ratificación con miras a su posterior presentación ante el Congreso Nacional General. En una comunicación recibida posteriormente, el Gobierno indica que, después de las elecciones, el Parlamento inició sus actividades el 4 de agosto de 2014. Las nuevas autoridades iniciarán los procedimientos necesarios para remitir los instrumentos adoptados por la Conferencia a los ministerios competentes para su examen y que formulen una opinión relativa a su sumisión al Consejo de Ministros y, posteriormente, al Parlamento. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia, invita al Gobierno a que siga adoptando las medidas necesarias para dar cumplimiento a la obligación de someter a las autoridades competentes (en el sentido del artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT) los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados por la Conferencia en las 15 reuniones celebradas entre 1996 y 2012.

Madagascar

La Comisión recuerda de las informaciones transmitidas por el Gobierno en octubre de 2013, indicando que el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y la correspondiente Recomendación núm. 201, fueron sometidos al Consejo Superior de la Transición (Senado) y al Congreso de la Transición (Asamblea Nacional), el 7 de julio de 2013. La Comisión pide al Gobierno que transmita las informaciones pertinentes sobre la sumisión al Parlamento de Transición (Parlamento) de los 12 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 2002 y 2012.

Malí

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la comunicación recibida en agosto de 2014 en la que el Gobierno indica que se están tomando las medidas para someter a la Asamblea Nacional los instrumentos todavía no sometidos. La Comisión invita al Gobierno a comunicar las otras informaciones pertinentes sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los Protocolos de 1996 y de 2002, así como de los instrumentos adoptados en las 86.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia.

Mauritania

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia de junio de 2014. Asimismo, la Comisión toma nota de una comunicación de 8 de julio de 2014 del Ministerio de la Función Pública, Trabajo y Modernización de la Administración en la que se pidió al Ministro de Comunicación y Relaciones con el Parlamento que informase al Parlamento sobre los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo adoptados por la Conferencia entre 2006 y 2012. La Comisión se remite a sus comentarios anteriores y, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, pide al Gobierno que presente las otras informaciones requeridas sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de las Recomendaciones núms. 182 (81.ª reunión) y 195 (92.ª reunión), los protocolos de 1995 (82.ª reunión) y de 1996 (84.ª reunión) así como los instrumentos adoptados en las 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia.

México

En relación con la anterior solicitud directa, la Comisión toma nota de la detallada comunicación del Gobierno recibida en agosto de 2014 en la que se enumera nuevamente las subsecretarías y departamentos ministeriales que se encuentran abocados al estudio de las Recomendaciones núms. 193, 194, 195, 198, 200 y 202. En cuanto al Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) y la Recomendación núm. 197 que lo acompaña; al Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) y la Recomendación núm. 199 que lo acompaña, al Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y la Recomendación núm. 201 que lo acompaña; se procede a su reexamen a la luz de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012. La Comisión toma nota de que, con fecha 25 de agosto de 2014, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social remitió a la Secretaría de Relaciones Exteriores el texto de las Recomendaciones núms. 193, 194, 195, 198, 200 y 202 para que por su conducto fueran hechas del conocimiento del Senado de la República, o de ser el caso, se adoptaran las medidas legislativas que convengan en el ámbito nacional. La Comisión invita al Gobierno a indicar la fecha en que las Recomendaciones núms. 193, 194, 195, 198, 200 y 202 han sido sometidas al Senado de la República (epígrafes VIII y II, a), del cuestionario que figura al final del Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y recomendaciones a las autoridades competentes). La Comisión invita nuevamente al Gobierno a completar los trámites correspondientes para someter al Senado de la República los Convenios núms. 187, 188 y 189 y sus correspondientes Recomendaciones núms. 197, 199 y 201 (95.ª, 96.ª y 100.ª reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo).

Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión se complace de las observaciones formuladas por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos que ofrecen sugerencias destinadas a la eventual ejecución de las Recomendaciones núms. 193, 194, 195, 198, 200 y 202.

República de Moldova

La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a las observaciones que formula desde 2012. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que transmita información sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 92.ª, 94.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones.

Mozambique

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, pide nuevamente al Gobierno que comunique las informaciones pertinentes sobre la sumisión a la Asamblea de la República de los 31 instrumentos adoptados por la Conferencia en ocasión de 15 reuniones que tuvieron lugar entre 1996 y 2012.

Níger

La Comisión recuerda las informaciones presentadas por el Gobierno en marzo de 2013 transmitiendo informes preparatorios para someter los convenios, recomendaciones y protocolos adoptados por la Conferencia en sus 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª y 101.ª reuniones. La Comisión pide al Gobierno que indique la fecha de sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos antes mencionados. La Comisión espera que el Gobierno pueda pronto finalizar el procedimiento para someter a la Asamblea Nacional los 27 instrumentos adoptados por la Conferencia durante las 14 reuniones comprendidas entre 1996 y 2012.

Pakistán

Falta grave de sumisión. La Comisión recuerda la información proporcionada por el Gobierno en agosto de 2013 indicando que se había iniciado el proceso de sumisión pero que no pudo continuar debido a las elecciones generales y al cambio de Gobierno y del Parlamento. En consecuencia, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que complete el proceso de manera de estar en condiciones de someter al Majlis-e-Shoora (Parlamento) los instrumentos adoptados por la Conferencia en 16 reuniones que tuvieron lugar entre 1994 y 2012 (81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones). La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge al Gobierno a tomar medidas sin demora para someter los 35 instrumentos pendientes al Parlamento.

Papua Nueva Guinea

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la información presentada por el representante gubernamental a la Comisión de la Conferencia en junio de 2013, en la que se indicó que se habían realizado progresos en la preparación inicial de la sumisión al Consejo de Ejecutivo Nacional de los 19 instrumentos pendientes. Asimismo, el representante gubernamental indicó que habida cuenta del gran número de instrumentos que tenían que someterse a la autoridad competente era necesario realizar más consultas técnicas y jurídicas antes de la sumisión. Al igual que la Comisión de la Conferencia, la Comisión urge al Gobierno a dar cumplimiento a esta obligación constitucional y someter sin demora a la Asamblea Nacional los 19 instrumentos adoptados por la Conferencia en las 11 reuniones celebradas entre 2000 y 2012.

Rwanda

Falta grave de sumisión. La Comisión se remite a sus observaciones anteriores y pide nuevamente al Gobierno que informe sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los convenios, las recomendaciones y los protocolos adoptados por la Conferencia en las 17 reuniones celebradas entre 1993 y 2012 (80.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones). La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge al Gobierno a que adopte sin demora medidas para someter a la Asamblea Nacional los 36 instrumentos pendientes.

Saint Kitts y Nevis

Sumisión a la Asamblea Nacional. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. La Comisión recuerda que la autoridad nacional competente debe ser el órgano legislativo, a saber, en el caso de Saint Kitts y Nevis, la Asamblea Nacional. La Comisión pide al Gobierno completar el procedimiento de sumisión y a transmitir la información requerida sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en 13 reuniones celebradas entre 1996 y 2012 (83.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones).

San Vicente y las Granadinas

La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores.

La Comisión recuerda que, en virtud de la Constitución de 1979 de San Vicente y las Granadinas, el Consejo de Ministros es la autoridad ejecutiva que tiene que tomar decisiones finales sobre la ratificación y decidir las cuestiones que se someterán a la Asamblea para que se tomen medidas legislativas. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que cumpla plenamente con sus obligaciones pendientes en virtud del artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la OIT sometiendo a la Asamblea los 25 instrumentos (convenios, recomendaciones y protocolos) adoptados por la Conferencia en 13 reuniones que tuvieron lugar desde 1995 hasta 2012 (82.ª, 83.ª, 85.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones).

Santa Lucía

Falta grave de sumisión. La Comisión recuerda la breve comunicación transmitida por el Gobierno en agosto de 2012 en la que indicó que los instrumentos se comunicarán al Ministro de Trabajo para su sumisión. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 19, párrafos 5 y 6, de la Constitución de la Organización, Santa Lucía, como miembro de la Organización, tiene la obligación de someter al Parlamento los convenios, recomendaciones y protocolos pendientes adoptados por la Conferencia entre 1980 y 2012 (66.ª, 67.ª (Convenios núms. 155 y 156 y Recomendaciones núms. 164 y 165), 68.ª (Convenio núm. 157 y Protocolo de 1982), 69.ª, 70.ª, 71.ª, 72.ª, 74.ª, 75.ª, 76.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones). La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de la obligación constitucional de sumisión.

Santo Tomé y Príncipe

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. La Comisión recuerda que el Gobierno no ha comunicado las informaciones requeridas sobre la sumisión a las autoridades competentes de 45 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1990 y 2012 (77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones). La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge al Gobierno a tomar medidas inmediatamente para cumplir con la obligación constitucional de sumisión y recuerda que la OIT puede prestar la asistencia técnica necesaria para dar cumplimiento a esta obligación constitucional esencial.

Seychelles

La Comisión toma nota con interés de que el 7 de enero de 2014 se registró la ratificación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). La Comisión se remite a sus comentarios anteriores e invita nuevamente al Gobierno a someter rápidamente a la Asamblea Nacional los 16 instrumentos adoptados por la Conferencia en nueve reuniones celebradas entre 2001 y 2012.

Sierra Leona

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota nuevamente con profunda preocupación que el Gobierno no ha dado respuesta a sus comentarios anteriores. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en octubre de 1976 (Convenio núm. 146 y Recomendación núm. 154, 62.ª reunión) y de todos aquellos adoptados entre 1977 y 2012. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia, insta al Gobierno a tomar medidas inmediatamente para someter los 95 instrumentos pendientes al Parlamento.

República Árabe Siria

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus observaciones anteriores. La Comisión recuerda que 43 instrumentos adoptados por la Conferencia se encuentran pendientes de sumisión al Consejo del Pueblo. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge nuevamente al Gobierno a tomar medidas para someter los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 66.ª y 69.ª reuniones (Recomendaciones núms. 167 y 168) así como en sus 70.ª, 77.ª, 78.ª, 79.ª, 80.ª, 81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 90.ª (Recomendaciones núms. 193 y 194), 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª , 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones al Consejo del Pueblo.

Somalia

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota con interés de que la ratificación del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), se registró el 20 de marzo de 2014. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, la Comisión invita al Gobierno a presentar información sobre la sumisión a las autoridades competentes de los 48 instrumentos adoptados por la Conferencia entre 1989 y 2012.

Sudán

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental en la Comisión de la Conferencia de junio de 2013. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge nuevamente al Gobierno a tomar medidas para someter a la Asamblea Nacional los 36 instrumentos pendientes adoptados por la Conferencia entre 1994 y 2012.

Suriname

Falta grave de sumisión. La Comisión toma nota de la declaración del representante gubernamental ante la Comisión de la Conferencia en junio de 2013, en la que indicó que se estaba finalizando la preparación de un documento que se sometería a la autoridad competente (Asamblea Nacional). El Gobierno quiere cumplir esta obligación antes de que finalice 2014. La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, pide al Gobierno que indique si los instrumentos adoptados por la Conferencia entre las 90.ª y 96.ª reuniones han sido sometidos a la Asamblea Nacional. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones (2010-2012).

Tayikistán

Falta grave de sumisión. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores. La Comisión recuerda nuevamente la información transmitida por el Gobierno en julio de 2011, que, según la Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) se tradujo al tayik y se sometió para su aprobación a los ministerios y comités nacionales interesados. En agosto de 2012, el Gobierno brindó otras informaciones detalladas sobre las actividades realizadas con la participación de los interlocutores sociales y varios departamentos gubernamentales para promover la Recomendación núm. 200 y prevenir el VIH/SIDA en el lugar de trabajo. La Comisión recuerda que, sólo los convenios se comunican para su ratificación, de conformidad con el artículo 19, párrafo 5, a), de la Constitución de la OIT. La Comisión recuerda también que se le ha pedido al Gobierno que presente informaciones sobre la sumisión al Consejo Supremo (Majlisi Oli) de los instrumentos adoptados para la Conferencia en 13 reuniones que tuvieron lugar entre octubre de 1996 y junio de 2012 (84.ª, 85.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones). La Comisión, al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, urge nuevamente al Gobierno a tomar medidas inmediatamente para someter los 28 instrumentos pendientes al Consejo Supremo (Majlisi Oli).

Togo

La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a sus comentarios anteriores.

La Comisión pide al Gobierno que comunique toda la información pertinente sobre la sumisión a la Asamblea Nacional de los instrumentos adoptados por la Conferencia en las 88.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 95.ª (Recomendación núm. 198), 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones (2010-2012).

Uganda

Falta grave de sumisión. La Comisión recuerda la información proporcionada por el Gobierno en junio de 2013 en la que indicó que se había elaborado un memorándum del Gabinete para someterlo al Gabinete y al Parlamento a través del procedimiento gubernamental. La Comisión pide al Gobierno que transmita la información requerida sobre la sumisión al Parlamento de los instrumentos adoptados por la Conferencia en las 17 reuniones celebradas entre 1994 y 2012 (81.ª, 82.ª, 83.ª, 84.ª, 85.ª, 86.ª, 88.ª, 89.ª, 90.ª, 91.ª, 92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones). Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, la Comisión urge al Gobierno a tomar medidas a la mayor brevedad para someter los instrumentos pendientes al Parlamento.

Vanuatu

Falta grave de sumisión. La Comisión recuerda nuevamente que desde el 22 de mayo de 2003, Vanuatu es Miembro de la Organización. La Comisión recuerda también que la ratificación por Vanuatu de los ocho convenios fundamentales se registró en julio de 2006. Al igual que la Comisión de la Conferencia en junio de 2014, la Comisión urge al Gobierno a que comunique información sobre la sumisión al Parlamento de Vanuatu de los cinco convenios y de las siete recomendaciones que la Conferencia adoptó en siete reuniones celebradas entre 2003 y 2012 (92.ª, 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones). La Comisión recuerda que el Gobierno puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina para contribuir a lograr el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 19 de la Constitución en relación con la sumisión al Parlamento de Vanuatu de los instrumentos adoptados por la Conferencia.

Solicitudes directas

Además, se han enviado directamente a los siguientes Estados solicitudes relativas a ciertas cuestiones: Afganistán, Alemania, Argelia, Argentina, Austria, Barbados, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Chad, China, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Gambia, Guatemala, Guyana, Hungría, República Islámica del Irán, República Democrática Popular Lao, Lesotho, Líbano, Malasia, Malawi, República de Maldivas, Malta, Mongolia, Nepal, Nigeria, Omán, Países Bajos, Palau, Panamá, Paraguay, Qatar, Federación de Rusia, Samoa, San Marino, Senegal, Sri Lanka, Sudán del Sur, Suecia, Swazilandia, Tailandia, Timor-Leste, Turkmenistán, Tuvalu, Uruguay, Viet Nam, Yemen, Zambia.

Anexos

Anexo I. Cuadro de las memorias recibidas sobre convenios ratificados en fecha de 6 de diciembre de 2014 (artículos 22 y 35 de la Constitución)

El artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo dispone que «cada uno de los Miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite». El artículo 23 de la Constitución prescribe que el Director General presentará en la siguiente reunión de la Conferencia un resumen de las memorias que le hayan comunicado los Estados Miembros en cumplimiento del artículo 22, y que cada Estado Miembro enviará a su vez copia de estas memorias a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

En su 204.a reunión (noviembre de 1977) el Consejo de Administración aprobó las siguientes disposiciones relativas a la presentación por el Director General a la Conferencia de resúmenes de las memorias facilitadas por los gobiernos en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución:

a)la práctica seguida desde hacía varios años, consistente en clasificar en forma de cuadros las memorias posteriores a las primeras presentadas después de la ratificación, sin someter un resumen de su contenido, sería extendida a todas las memorias, incluidas las primeras memorias;

b)el Director General pondría a disposición de la Conferencia, para que ésta los pueda consultar, los textos originales de todas las memorias sobre los convenios ratificados que se hayan recibido. Además, podrían suministrarse fotocopias de estas memorias, de solicitarlo así los miembros de las delegaciones.

En su 267.a reunión (noviembre de 1996) el Consejo de Administración aprobó nuevas medidas de racionalización y de simplificación.

Las memorias recibidas en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución figuran de manera simplificada, en un cuadro anexo al informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; las primeras memorias aparecen entre paréntesis.

Las personas que deseen consultar las memorias y obtener copias de las mismas pueden dirigirse al secretariado de la Comisión de Aplicación de Normas.

Anexo I. Cuadro de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados

(artículos 22 y 35 de la Constitución)

Memorias recibidas hasta el 6 de diciembre de 2014

Nota: Las primeras memorias figuran entre paréntesis.

Afganistán

5 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 105, (138), (144), (159), (182)

Albania

14 memorias solicitadas

• 12 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 122, 135, 138, 144, 150, 151, 154, 178, 182, 185

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 16, 147

Alemania

12 memorias solicitadas

• 5 memorias recibidas: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 87

• 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 81, 98, 129, 135, 140, 150, 160

Angola

19 memorias solicitadas

• 2 memorias recibidas: Convenios núms. 88, 98

• 17 memorias no recibidas: Convenios núms. 1, 14, 29, 68, 69, 73, 74, 87, 89, 91, 92, 105, 106, 107, 108, 138, 182

Antigua y Barbuda

14 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 108, 122, 135, 138, 142, 144, 150, 151, 154, 158, 182, (MLC, 2006)

Arabia Saudita

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 45, 100, 105, 111, 174

Argelia

28 memorias solicitadas

• 26 memorias recibidas: Convenios núms. 3, 29, 42, 44, 56, 68, 69, 71, 73, 74, 91, 92, 98, 100, 105, 108, 111, 122, 135, 138, 142, 144, 147, 150, 181, 182

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 63, 87

Argentina

22 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 17, 22, 23, 29, 53, 58, 68, 71, 73, 87, 96, 105, 135, 138, 144, 150, 151, 154, 182

Armenia

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 17, 29, 105, 122, 135, 138, 150, 151, 154, 160, 182

Australia

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 122, 135, 137, 150, 158, 160, 182, (MLC, 2006)

Australia - Isla Norfolk

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 122, 160

Austria

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 122, 135, 138, 160, 182

Azerbaiyán

18 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 16, 23, 29, 69, 73, 92, 105, 122, 133, 134, 135, 138, 147, 151, 154, 160, 182, 185

Bahamas

8 memorias solicitadas

• 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 103, 105, 117, 144, (MLC, 2006)

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 138, 182

Bahrein

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Bangladesh

8 memorias solicitadas

• 6 memorias recibidas: Convenios núms. 16, 22, 29, 81, 105, 182

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 149

Barbados

8 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 63, 105, 108, 122, 135, 138, 182

Belarús

12 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 16, 29, 87, 105, 108, 122, 138, 150, 151, 154, 160, 182

Bélgica

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 122, 132, 138, 150, 151, 154, (176), (177), 182

Belice

19 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 16, 22, 23, 29, 55, 58, 92, 105, 108, 133, 134, 135, 138, 147, 150, 151, 154, 182

Benin

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 135, 138, 150, (154), 160, 182, 183, (MLC, 2006)

Bolivia, Estado Plurinacional de

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 106, 122, 138, 160, 182

Bosnia y Herzegovina

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 91, 105, 122, 135, 138, 182, 185, (MLC, 2006)

Botswana

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 138, 151, 182

Brasil

29 memorias solicitadas

• 28 memorias recibidas: Convenios núms. 16, 22, 29, 53, 92, 94, 103, 105, 118, 122, 133, 134, 135, 138, 144, 145, 146, 147, 151, 154, 155, 160, 163, 164, 166, 178, 182, 185

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 117

Brunei Darussalam

2 memorias solicitadas

• 1 memoria recibida: Convenio núm. (138)

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 182

Bulgaria

22 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 1, 3, 14, 29, 30, 52, 71, 87, 95, 98, 105, 106, 108, 122, 138, 144, (161), 177, 181, 182, 183, (MLC, 2006)

Burkina Faso

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 122, 135, 138, 142, 150, 182

Burundi

27 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 11, 12, 14, 17, 19, 26, 27, 29, 42, 52, 62, 64, 81, 87, 89, 90, 94, 98, 100, 101, 105, 111, 135, 138, 144, 182

Cabo Verde

4 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Camboya

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 122, 138, 150, 182

Camerún

12 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 9, 16, 29, 87, 105, 108, 111, 122, 135, 138, 146, 182

Canadá

8 memorias solicitadas

• 6 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 88, 105, 122, 160, 182

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 108, (MLC, 2006)

Centroafricana, República

9 memorias solicitadas

• 8 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 122, 138, 150, 182

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 169

Chad

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 144, 151, 182

Checa, República

11 memorias solicitadas

• 9 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 108, 138, 150, 160, 163, 164, 182

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 122, 135

Chile

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 29, 63, 105, 122, 135, 138, 144, 151, 182

China

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 16, 22, 23, 122, 138, 150, 182

China - Región Administrativa Especial de Hong Kong

19 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 16, 22, 23, 29, 74, 92, 97, 105, 108, 122, 133, 138, 144, 147, 150, 151, 160, 182

China - Región Administrativa Especial de Macao

15 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 22, 23, 29, 68, 69, 73, 74, 87, 92, 105, 108, 122, 138, 150, 182

Chipre

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 122, 135, 138, 150, 151, 154, 160, 182, (MLC, 2006)

Colombia

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 29, 81, 105, 138, 151, 154, 160, 182

Comoras

25 memorias solicitadas

• 12 memorias recibidas: Convenios núms. 1, 19, 29, 42, 77, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

• 13 memorias no recibidas: Convenios núms. 6, 11, 12, 13, 14, 17, 52, 81, 89, 99, 101, 106, 122

Congo

12 memorias solicitadas

• 5 memorias recibidas: Convenios núms. 14, 89, 98, 144, 149

• 7 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 81, 87, 105, 138, 150, 182

Corea, República de

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 88, 111, 115, 135, 139, 155, 159, 162, 170, 187

Costa Rica

15 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 16, 29, 92, 96, 105, 122, 134, 135, 138, 145, 147, 150, 160, 182

Côte d'Ivoire

6 memorias solicitadas

• 5 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105, 133, 138, 182

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 135

Croacia

14 memorias solicitadas

• 2 memorias recibidas: Convenios núms. 98, 135

• 12 memorias no recibidas: Convenios núms. 14, 29, 87, 103, 105, 106, 122, 132, 138, 182, (185), (MLC, 2006)

Cuba

17 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 29, 53, 63, 92, 105, 108, 122, 135, 138, 145, 150, 151

Democrática del Congo, República

7 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 11, 29, 105, 135, 138, 150, 182

Dinamarca

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 108, 122, 135, 138, 150, 151, 160, 182, (MLC, 2006)

Dinamarca - Groenlandia

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 7, 16, 29, 105, 122

Dinamarca - Islas Feroe

3 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, (MLC, 2006)

Djibouti

46 memorias solicitadas

• 41 memorias recibidas: Convenios núms. 1, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 37, 38, 52, 53, 55, 56, 69, 71, 73, 77, 78, 88, 89, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 105, 106, 108, 115, 120, 122, 125, 126

• 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 63, 124, 138, 182

Dominica

20 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 14, 16, 19, 22, 29, 87, 94, 97, 98, 105, 108, 111, 135, 138, 144, 147, 150, 169, 182

Dominicana, República

14 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 29, 98, 105, 106, 107, 111, 122, 138, 144, 150, 171, 172, 182

Ecuador

26 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 87, 95, 98, 101, 102, 103, 105, 106, 110, 115, 117, 119, 122, 136, 138, 139, 142, 144, 148, 149, 153, 159, 162, 169, 182

Egipto

23 memorias solicitadas

• 22 memorias recibidas: Convenios núms. 9, 22, 29, 53, 55, 56, 63, 68, 69, 71, 73, 92, 105, 134, 135, 138, 144, 145, 147, 150, 166, 182

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 74

El Salvador

15 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 107, 122, 135, 138, 142, 144, 150, 151, 155, 160, 182

Emiratos Árabes Unidos

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111

Eritrea

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 138

Eslovaquia

34 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 14, 27, 52, 81, 88, 98, 100, 111, 115, 120, 123, 129, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 148, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 167, 176, 181, 183, 184, 187

Eslovenia

17 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 88, 100, 111, 119, 135, 136, 139, 144, 148, 151, 154, 155, 159, 161, 162, 174

España

24 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 62, 88, 100, 111, 115, 119, 120, 122, 127, 132, 135, 136, 144, 148, 151, 154, 155, 159, 162, 176, 181, (MLC, 2006), 187

Estados Unidos

3 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 144, 176, 182

Estados Unidos - Guam

1 memoria solicitada

• No se recibió ninguna memoria: Convenio núm. 144

Estados Unidos - Islas Marianas del Norte

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 144

Estados Unidos - Islas Vírgenes Estadounidenses

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 144

Estados Unidos - Puerto Rico

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 144

Estados Unidos - Samoa Americana

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 144

Estonia

14 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 29, 53, 105, 108, 122, 135, 138, 147, 182

Etiopía

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 11, 29, 105, 138, 182

Ex República Yugoslava de Macedonia

20 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 45, 88, 100, 111, 119, 135, 136, 139, 144, 148, 155, 158, 159, 161, 162, (177), (181), (183), (187)

Fiji

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 29, 87, 105, 108, 122, 138, 169, 178, 182

Filipinas

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 88, 100, 111, 144, 159, 176, (MLC, 2006), (189)

Finlandia

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 105, 108, 122, 135, 138, 150, 151, 154, 160, 182

Francia

11 memorias solicitadas

• 10 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 63, 71, 96, 97, 105, 122, 135, 138, 182

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 185

Francia - Nueva Caledonia

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 63, 71, 105, 108, 120, 122

Francia - Polinesia Francesa

19 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 9, 16, 22, 23, 29, 53, 55, 56, 58, 63, 69, 71, 73, 105, 108, 122, 145, 146, 147

Francia - Tierras australes y antárticas francesas

19 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 87, 92, 98, 108, 133, 134, 146, 147

Gabón

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 98, 135, 150, 151, 154

Gambia

8 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

Georgia

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98, 151, 163

Ghana

26 memorias solicitadas

• 21 memorias recibidas: Convenios núms. 1, 14, 19, 29, 30, 81, 87, 89, 94, 96, 98, 103, 105, 106, 107, 115, 117, 119, (138), 149, 182

• 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 108, (144), 150, 151, (184)

Granada

7 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 16, 81, 87, 98, 108, (155)

Grecia

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 71, 81, 87, 98, 102, 108, 135, 150, 151, 154, 160

Guatemala

15 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 1, 16, 58, 81, 87, 98, 103, 108, 129, 154, 160, 161, 162, 163, 169

Guinea

38 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 3, 11, 14, 16, 45, 62, 81, 87, 89, 90, 94, 98, 100, 105, 111, 113, 115, 117, 118, 121, 122, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 156, 159

Guinea-Bissau

11 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 27, 68, 69, 73, 74, 81, 91, 92, 98, 107, 108

Guinea Ecuatorial

14 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 14, 29, 30, (68), 87, (92), 98, 100, 103, 105, 111, 138, 182

Guyana

30 memorias solicitadas

• 16 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 87, 95, 98, 100, 108, 111, 129, 138, 140, 144, 149, 151, (155), 172, 175

• 14 memorias no recibidas: Convenios núms. 11, 12, 29, 94, 105, 115, 131, 135, 137, 139, 141, 142, 150, 166

Haití

15 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 1, 12, 14, 17, 24, 25, 30, 42, 81, 87, 98, 100, 106, 107, 111

Honduras

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 42, 81, 87, 98, 100, (102), 108, (127), (144)

Hungría

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 98, 129, 135, 151, 154, 160, 185

India

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 16, 22, 81, 108, 147, 160

Indonesia

6 memorias solicitadas

• 5 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 87, 98, 106, 185

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 69

Irán, República Islámica del

5 memorias solicitadas

• 3 memorias recibidas: Convenios núms. 95, 111, 142 • 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 108, 122

Iraq

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 16, 22, 23, 81, 92, 98, 108, 135, 145, 146, 147, 150

Irlanda

20 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 16, 22, 23, 53, 68, 69, 73, 74, 81, 87, 92, 98, 108, 144, 147, 160, 178, 179, 180

Islandia

6 memorias solicitadas

• 5 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 87, 98, 108, 129

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 147

Islas Marshall

2 memorias solicitadas

• 1 memoria recibida: Convenio núm. (MLC, 2006)

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. (185)

Islas Salomón

7 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 45, (87), (98), (100), (105), (111), (182)

Israel

12 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 9, 53, 81, 87, 92, 98, 133, 134, 147, 150, 160, (181)

Italia

10 memorias solicitadas

• 9 memorias recibidas: Convenios núms. 71, 81, 87, 98, 108, 129, 135, 150, 151

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 160

Jamaica

6 memorias solicitadas

• 4 memorias recibidas: Convenios núms. 8, 16, 81, 150

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 98

Japón

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 81, 87, 98, 144, 159, 181

Jordania

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 98, 135, 144, 147, 150, 185

Kazajstán

13 memorias solicitadas

• 11 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 87, 88, 98, 129, 135, 148, 155, (162), (167), (183)

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 100, 111

Kenya

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 45, 81, 88, 98, 129, 135, 144

Kirguistán

13 memorias solicitadas

• 2 memorias recibidas: Convenios núms. 87, 98

• 11 memorias no recibidas: Convenios núms. 45, 81, 111, 115, 119, 120, 142, 148, 154, 159, 184

Kiribati

5 memorias solicitadas

• 2 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 105

• 3 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 98, (MLC, 2006)

Kuwait

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 98, 119, 136, 159

Lao, República Democrática Popular

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 4, 13, 100, 111, 182

Lesotho

8 memorias solicitadas

• 6 memorias recibidas: Convenios núms. 45, 81, 87, 98, 158, 167

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 135, 155

Letonia

15 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 81, 87, 98, 111, 115, 119, 120, 129, 135, 148, 151, 154, 155, (MLC, 2006)

Líbano

25 memorias solicitadas

• 8 memorias recibidas: Convenios núms. 1, 30, 52, 89, 100, 106, 111, 172

• 17 memorias no recibidas: Convenios núms. 14, 45, 81, 88, 98, 115, 120, 122, 127, 136, 139, 142, 148, 159, 170, 174, 176

Liberia

5 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 81, 87, 98, 108, (MLC, 2006)

Libia

12 memorias solicitadas

• 3 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 87, 98

• 9 memorias no recibidas: Convenios núms. 53, 88, 96, 100, 111, 122, 128, 130, 182

Lituania

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 88, 98, 127, 135, 154, 159, 181

Luxemburgo

28 memorias solicitadas

• 26 memorias recibidas: Convenios núms. 2, 13, 81, 87, 88, 96, 98, 115, 119, 120, 127, 129, 135, 136, 139, 148, 151, 155, 159, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. (185), (MLC, 2006)

Madagascar

12 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 13, 81, 87, 88, 98, 117, 119, 120, 127, 129, 144, 159

Malasia

7 memorias solicitadas

• 5 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 98, 100, 119, (187)

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 29, 88

Malasia - Malasia - Peninsular

2 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 19, 45

Malasia - Malasia - Sabah

1 memoria solicitada

• No se recibió ninguna memoria: Convenio núm. 97

Malasia - Malasia - Sarawak

2 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 14, 19

Malawi

15 memorias solicitadas

• 9 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 87, 89, 98, 100, 107, 111, 158, 159

• 6 memorias no recibidas: Convenios núms. 45, 81, 99, 105, 129, 149

Malí

24 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 6, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 29, 52, 81, 87, 95, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 144, 151, 159, 182, 183

Malta

23 memorias solicitadas

• 8 memorias recibidas: Convenios núms. 1, 14, 100, 106, 111, 117, 132, 149

• 15 memorias no recibidas: Convenios núms. 2, 13, 62, 81, 87, 88, 96, 98, 119, 127, 129, 135, 136, 148, 159

Marruecos

13 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 13, 45, 81, 98, 119, 129, 135, 136, 154, 162, 181, (MLC, 2006)

Mauricio

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 19, 81, 87, 88, 98, 154, 159, (187), (189)

Mauritania

21 memorias solicitadas

• 1 memoria recibida: Convenio núm. 102

• 20 memorias no recibidas: Convenios núms. 3, 13, 14, 29, 33, 52, 62, 81, 87, 89, 96, 98, 100, 101, 111, 112, 114, 122, 138, 182

México

13 memorias solicitadas

• 11 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 45, 87, 96, 115, 120, 135, 150, 159, 161, 170

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 155, 167

Moldova, República de

15 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 88, 98, 119, 127, 129, 135, 151, 154, 155, (160), 181, 184, 187

Mongolia

13 memorias solicitadas

• 7 memorias recibidas: Convenios núms. 100, 111, 122, 123, 138, 144, 182

• 6 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 98, 103, 135, 155, 159

Montenegro

20 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 13, 45, 81, 87, 88, 98, 119, 129, 135, 136, 139, 140, 148, 155, 158, 159, 161, 162, (183)

Mozambique

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 88, 98

Myanmar

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 87

Namibia

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 87, 98

Nepal

2 memorias solicitadas

• 1 memoria recibida: Convenio núm. 98

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 169

Nicaragua

13 memorias solicitadas

• 12 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 45, 87, 88, 98, 111, 115, 119, 127, 135, 136, 139

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 4

Níger

12 memorias solicitadas

• 2 memorias recibidas: Convenios núms. 81, 138

• 10 memorias no recibidas: Convenios núms. 13, 87, 98, 119, 135, 148, 154, 155, 161, 187

Nigeria

13 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 11, 16, 45, 81, 87, 88, 98, 100, 111, 144, 155, 159

Noruega

22 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 81, 87, 88, 98, 115, 119, 120, 129, 135, 139, 144, 148, 151, 154, 155, 159, 162, 167, 170, 176, (MLC, 2006)

Nueva Zelandia

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 88, 98, 155

Países Bajos

18 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 62, 81, 87, 88, 97, 98, 115, 129, 135, 151, 154, 155, 159, 162, 174, 181, (MLC, 2006)

Países Bajos - Aruba

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 88, 135

Países Bajos - Caribe parte de los Países Bajos

3 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 88

Países Bajos - Curazao

3 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 88

Países Bajos - Sint Maarten

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 81, 87, 88, (144)

Pakistán

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 81, 96, 100, 111, 144, 159

Palau

1 memoria solicitada

• No se recibió ninguna memoria: Convenio núm. (MLC, 2006)

Panamá

17 memorias solicitadas

• 16 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 30, 45, 88, 100, 107, 110, 111, 119, 120, 127, 138, 159, 167, 181, (MLC, 2006)

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 117

Papua Nueva Guinea

4 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 2, 45, 100, 111

Paraguay

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 79, 100, 111, 115, 119, 120, 159

Perú

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 62, 81, 88, 100, 111, 127, 139, 144, 151, 159, 176

Polonia

19 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 13, 62, 100, 111, 115, 119, 120, 127, 135, 144, 148, 151, 159, 161, 170, 176, 181, (MLC, 2006)

Portugal

28 memorias solicitadas

• 18 memorias recibidas: Convenios núms. 29, 45, 88, 105, 117, 120, 127, 135, 142, 144, 149, 151, 158, 159, (173), 175, 176, 181

• 10 memorias no recibidas: Convenios núms. 100, 111, 115, 122, 139, 148, 155, 162, (183), (184)

Qatar

3 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 81, 111

Reino Unido

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 97, 100, 111, 115, 120, 135, 144, 148, 151, 187

Reino Unido - Anguilla

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 148

Reino Unido - Bermudas

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 115, 135

Reino Unido - Gibraltar

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 45, 82, 100, 135, 142, 151

Reino Unido - Guernsey

5 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 115, 135, 148, 151

Reino Unido - Isla de Man

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 151

Reino Unido - Islas Malvinas (Falkland)

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 45

Reino Unido - Jersey

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 115

Reino Unido - Montserrat

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 82

Reino Unido - Santa Elena

1 memoria solicitada

Se han recibido todas las memorias: Convenio núm. 151

Rumania

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 88, 100, 111, 127, 135, 136, 144, 154

Rusia, Federación de

17 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 45, 100, 111, 115, 119, 120, 135, 148, 154, 155, 159, 162, (173), (174), (MLC, 2006), 187

Rwanda

12 memorias solicitadas

• 8 memorias recibidas: Convenios núms. 14, 29, 81, 105, 132, 135, 138, 182

• 4 memorias no recibidas: Convenios núms. 62, 89, 100, 111

Saint Kitts y Nevis

4 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 100, 111, 144, (MLC, 2006)

Samoa

2 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 100, 111

San Marino

23 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 29, 87, 88, 98, 100, 103, 105, 111, 119, 138, 140, 142, 143, 144, 148, 150, 151, 154, 156, 159, 160, 161, 182

San Vicente y las Granadinas

4 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 100, 111, 144, (MLC, 2006)

Santa Lucía

4 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 100, 111, 154, 158

Santo Tomé y Príncipe

11 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 88, 98, 100, 111, 135, 144, 151, 154, 155, 159, (184)

Senegal

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 96, 100, 111, 120, 135, 144

Serbia

17 memorias solicitadas

• 15 memorias recibidas: Convenios núms. 13, 45, 88, 100, 119, 135, 136, 139, 144, 148, 155, 159, 161, 167, 187

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 111, 162

Seychelles

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 100, 111, 144, 148, 151, 155, 161

Sierra Leona

20 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 8, 16, 17, 19, 22, 26, 32, 45, 81, 88, 94, 95, 99, 100, 101, 111, 119, 125, 126, 144

Singapur

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 88, 100, 144, (MLC, 2006), (187)

Siria, República Árabe

36 memorias solicitadas

• 28 memorias recibidas: Convenios núms. 1, 14, 29, 30, 45, 52, 81, 89, 94, 95, 98, 100, 101, 106, 111, 119, 120, 123, 124, 129, 131, 135, 136, 138, 139, 155, 170, 182

• 8 memorias no recibidas: Convenios núms. 2, 88, 96, 105, 107, 115, 117, 144

Somalia

13 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 16, 17, 19, 22, 23, 29, 45, 84, 85, 94, 95, 105, 111

Sri Lanka

8 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 96, 100, 103, 111, 115, 135, 144

Sudáfrica

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 45, 100, 111, 144, 155, 176

Sudán

3 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 100, 111

Sudán del Sur

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. (29), (98), (100), (105), (111), (138), (182)

Suecia

24 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 88, 100, 111, 115, 119, 120, 135, 139, 144, 148, 151, 154, 155, 159, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184, (MLC, 2006), 187

Suiza

17 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 45, 62, 88, 100, 111, 115, 119, 120, 136, 139, 144, 151, 154, 159, 162, (MLC, 2006)

Suriname

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 62, 88, 135, 144, 151, 154, 181, 182

Swazilandia

7 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 45, 87, 96, 100, 111, 144, 160

Tailandia

9 memorias solicitadas

• 4 memorias recibidas: Convenios núms. 14, 19, 105, 127

• 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 88, 100, 122, 159, 182

Tanzanía, República Unida de

8 memorias solicitadas

• 7 memorias recibidas: Convenios núms. 100, 111, 144, 148, 149, 154, 170

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. 135

Tanzanía, República Unida de - Tanzanía. Tanganyika

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 88

Tayikistán

37 memorias solicitadas

• No se recibió ninguna memoria: Convenios núms. 14, 27, 29, 32, 45, 47, 52, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 95, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 111, 113, 115, 119, 120, 122, 124, 126, 138, 142, 143, 148, 149, 155, 159, (177), 182

Timor-Leste

2 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 182

Togo

10 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, (81), 100, 111, (122), (129), 144, (150), (MLC, 2006), (187)

Trinidad y Tabago

4 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111, 144, 159

Túnez

13 memorias solicitadas

• 1 memoria recibida: Convenio núm. 117

• 12 memorias no recibidas: Convenios núms. 13, 45, 62, 88, 100, 111, 119, 120, 122, 127, 135, 159

Turkmenistán

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 29, 100, 105, 111, (138), 182

Turquía

24 memorias solicitadas

• 22 memorias recibidas: Convenios núms. 14, 29, 45, 81, 88, 96, 100, 105, 111, 115, 119, 127, 138, 142, 144, 151, 153, 155, 158, 159, 161, 182

• 2 memorias no recibidas: Convenios núms. 87, 135

Tuvalu

1 memoria solicitada

• No se recibió ninguna memoria: Convenio núm. (MLC, 2006)

Ucrania

17 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 2, 45, 100, 111, 115, 119, 120, 135, 139, 144, 154, (155), 159, 161, 174, 176, 184

Uganda

13 memorias solicitadas

• 1 memoria recibida: Convenio núm. 154

• 12 memorias no recibidas: Convenios núms. 12, 19, 26, 29, 45, 100, 105, 111, 144, 158, 159, 162

Uruguay

20 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 100, 111, 115, 119, 120, 136, 139, 144, 148, 151, 154, 155, 159, 161, 162, 167, 181, 184, 1(89)

Uzbekistán

6 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 105, 111, 135, 154, 182

Vanuatu

8 memorias solicitadas

• 7 memorias recibidas: Convenios núms. 29, (87), (98), (100), 105, (111), (182)

• 1 memoria no recibida: Convenio núm. (185)

Venezuela, República Bolivariana de

12 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 13, 26, 45, 88, 100, 111, 120, 127, 139, 144, 155, 169

Viet Nam

7 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 45, 100, 111, 120, (122), 144, 155

Yemen

9 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 19, 94, 100, 111, 122, 135, 144, 159, 182

Zambia

13 memorias solicitadas

• 8 memorias recibidas: Convenios núms. 17, 100, 111, 136, 144, 148, 159, 176

• 5 memorias no recibidas: Convenios núms. 19, 135, 151, 154, 173

Zimbabwe

11 memorias solicitadas

Se han recibido todas las memorias: Convenios núms. 100, 111, 135, 144, 155, 159, 161, 162, 170, 174, 176

Total general

Se ha solicitado un total de 2 251 memorias (artículo 22),
de las cuales se recibieron 1 597 (70,95 por ciento)

Se ha solicitado un total de 132 memorias (artículo 35),
de las cuales se recibieron 112 (84,85 por ciento)

Anexo II. Cuadro estadístico de las memorias recibidas sobre los convenios ratificados hasta el 6 de diciembre de 2014 (artículo 22 de la Constitución)

Año de la reunión de la Comisión de Expertos

Memorias solicitadas

Memorias recibidas en la fecha solicitada

Memorias recibidas para la reunión de la Comisión

Memorias recibidas para la reunión de la Conferencia

1932

447

-

406

90,8%

423

94,6%

1933

522

-

435

83,3%

453

86,7%

1934

601

-

508

84,5%

544

90,5%

1935

630

-

584

92,7%

620

98,4%

1936

662

-

577

87,2%

604

91,2%

1937

702

-

580

82,6%

634

90,3%

1938

748

-

616

82,4%

635

84,9%

1939

766

-

588

76,8%

-

1944

583

-

251

43,1%

314

53,9%

1945

725

-

351

48,4%

523

72,2%

1946

731

-

370

50,6%

578

79,1%

1947

763

-

581

76,1%

666

87,3%

1948

799

-

521

65,2%

648

81,1%

1949

806

134

16,6%

666

82,6%

695

86,2%

1950

831

253

30,4%

597

71,8%

666

80,1%

1951

907

288

31,7%

507

77,7%

761

83,9%

1952

981

268

27,3%

743

75,7%

826

84,2%

1953

1026

212

20,6%

840

75,7%

917

89,3%

1954

1175

268

22,8%

1077

91,7%

1119

95,2%

1955

1234

283

22,9%

1063

86,1%

1170

94,8%

1956

1333

332

24,9%

1234

92,5%

1283

96,2%

1957

1418

210

14,7%

1295

91,3%

1349

95,1%

1958

1558

340

21,8%

1484

95,2%

1509

96,8%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración, desde 1959 hasta 1976 sólo se han pedido memorias detalladas para ciertos convenios

1959

995

200

20,4%

864

86,8%

902

90,6%

1960

1100

256

23,2%

838

76,1%

963

87,4%

1961

1362

243

18,1%

1090

80,0%

1142

83,8%

1962

1309

200

15,5%

1059

80,9%

1121

85,6%

1963

1624

280

17,2%

1314

80,9%

1430

88,0%

1964

1495

213

14,2%

1268

84,8%

1356

90,7%

1965

1700

282

16,6%

1444

84,9%

1527

89,8%

1966

1562

245

16,3%

1330

85,1%

1395

89,3%

1967

1883

323

17,4%

1551

84,5%

1643

89,6%

1968

1647

281

17,1%

1409

85,5%

1470

89,1%

1969

1821

249

13,4%

1501

82,4%

1601

87,9%

1970

1894

360

18,9%

1463

77,0%

1549

81,6%

1971

1992

237

11,8%

1504

75,5%

1707

85,6%

1972

2025

297

14,6%

1572

77,6%

1753

86,5%

1973

2048

300

14,6%

1521

74,3%

1691

82,5%

1974

2189

370

16,5%

1854

84,6%

1958

89,4%

1975

2034

301

14,8%

1663

81,7%

1764

86,7%

1976

2200

292

13,2%

1831

83,0%

1914

87,0%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1976), desde 1977 hasta 1994, las memorias detalladas fueron solicitadas según determinados criterios, a intervalos de uno, dos o cuatro años

1977

1529

215

14,0%

1120

73,2%

1328

87,0%

1978

1701

251

14,7%

1289

75,7%

1391

81,7%

1979

1593

234

14,7%

1270

79,8%

1376

86,4%

1980

1581

168

10,6%

1302

82,2%

1437

90,8%

1981

1543

127

8,1%

1210

78,4%

1340

86,7%

1982

1695

332

19,4%

1382

81,4%

1493

88,0%

1983

1737

236

13,5%

1388

79,9%

1558

89,6%

1984

1669

189

11,3%

1286

77,0%

1412

84,6%

1985

1666

189

11,3%

1312

78,7%

1471

88,2%

1986

1752

207

11,8%

1388

79,2%

1529

87,3%

1987

1793

171

9,5%

1408

78,4%

1542

86,0%

1988

1636

149

9,0%

1230

75,9%

1384

84,4%

1989

1719

196

11,4%

1256

73,0%

1409

81,9%

1990

1958

192

9,8%

1409

71,9%

1639

83,7%

1991

2010

271

13,4%

1411

69,9%

1544

76,8%

1992

1824

313

17,1%

1194

65,4%

1384

75,8%

1993

1906

471

24,7%

1233

64,6%

1473

77,2%

1994

2290

370

16,1%

1573

68,7%

1879

82,0%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), fueran solicitadas para 1995, a título excepcional, las memorias detalladas de sólo cinco convenios

1995

1252

479

38,2%

824

65,8%

988

78,9%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 1993), las memorias se solicitaran, según determinados criterios, a intervalos de uno, dos o cinco años

1996

1806

362

20,5%

1145

63,3%

1413

78,2%

1997

1927

553

28,7%

1211

62,8%

1438

74,6%

1998

2036

463

22,7%

1264

62,1%

1455

71,4%

1999

2288

520

22,7%

1406

61,4%

1641

71,7%

2000

2550

740

29,0%

1798

70,5%

1952

76,6%

2001

2313

598

25,9%

1513

65,4%

1672

72,2%

2002

2368

600

25,3%

1529

64,5%

1701

71,8%

2003

2344

568

24,2%

1544

65,9%

1701

72,6%

2004

2569

659

25,6%

1645

64,0%

1852

72,1%

2005

2638

696

26,4%

1820

69,0%

2065

78,3%

2006

2586

745

28,8%

1719

66,5%

1949

75,4%

2007

2478

845

34,1%

1611

65,0%

1812

73,2%

2008

2515

811

32,2%

1768

70,2%

1962

78,0%

2009

2733

682

24,9%

1853

67,8%

2120

77,6%

2010

2745

861

31,4%

1866

67,9%

2122

77,3%

2011

2735

960

35,1%

1855

67,8%

2177

77,4%

De acuerdo con una decisión del Consejo de Administración (noviembre 2009 y marzo 2011), las memorias se solicitan, según determinados criterios, a intervalos de uno, tres o cinco años

2012

2207

809

36,7%

1497

67,8%

1742

78,9%

2013

2176

740

34,1%

1578

72,5%

1755

80,6%

2014

2251

875

38,9%

1597

70,9%

Anexo III. Lista de las observaciones de las organizaciones de empleadores y de trabajadores

Albania

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Alemania

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Asociaciones Alemanas de Empleadores (BDA); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

81, 87, 98

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Angola

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Antigua y Barbuda

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

158

Arabia Saudita

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE); Consejo de Cámaras Sauditas (CSC)

29

Argelia

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98, 135

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Sindicato Nacional Autónomo del Personal de la Administración Pública (SNAPAP); Internacional de la Educación (IE)

87, 98

Argentina

sobre los Convenios núms.

•Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)

17, 87, 135, 144, 154

•Central de Trabajadores de la Argentina (CTA de los Trabajadores)

8, 9, 16, 17, 22, 23, 29, 53, 58, 68, 71, 73, 87, 96, 105, 135, 138, 144, 150, 151, 154, 182

•Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT RA)

29, 87, 96, 98, 135, 138, 144, 150, 151, 154

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Federación Judicial Argentina (FJA)

154

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Australia

sobre los Convenios núms.

•Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU)

29, 87, 98, 122, 135, 137, 158, 182, MLC, 2006

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 158

Austria

sobre los Convenios núms.

•Cámara del Trabajo Austriaca (AK)

29, 122, 135, 138, 160, 182

•Cámara Federal Austriaca de Economía (WKÖ)

122

Azerbaiyán

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Bahamas

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Bangladesh

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

81, 87

•Federación de los Empleadores de Bangladesh (BEF); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

81

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Barbados

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Belarús

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (BKDP)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Bélgica

sobre el Convenio núm.

•Central General de Sindicatos Liberales de Bélgica (CGSLB); Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC); Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB)

154

Belice

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Benin

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Sindicatos Autónomos de Benin (CSA-Benin)

29, 105, 135, 138, 150, 154, 160, 182, 183

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Bolivia, Estado Plurinacional de

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

138

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Bosnia y Herzegovina

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Sindicatos Independientes de Bosnia y Herzegovina (SSSBiH)

87

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Botswana

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98, 151

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Brasil

sobre los Convenios núms.

•Asociación Gaúcha de Inspectores del Trabajo (AGITRA)

81

•Asociación Nacional de Agentes de Seguridad y Salud en el Trabajo (ANAHST)

81

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

•Federación Nacional de los Portuarios (FNP)

137

•Sindicato de Médicos del Estado de Bahía (SINDIMED-Ba)

111

•Sindicato Nacional de los Agentes de la Inspección del Trabajo (SINAIT)

81

Bulgaria

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Sindicatos Independientes en Bulgaria (KNSB/CITUB)

1, 14, 29, 71, 87, 98, 138, 161, 177, 181, 182, 183, MLC, 2006

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Sindicato de Trabajadores Independientes y de la Economía Informal "Unidad"

177

Burkina Faso

sobre el Convenio núm.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87

Burundi

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Sindicatos de Burundi (COSYBU)

26, 29, 81, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 144, 182

• Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Camboya

sobre los Convenios núms.

• Asociación Nacional de Trabajadores de la Educación para el Desarrollo (NEAD); Internacional de la Educación (IE)

87, 98

• Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

• Federación Camboyana de Empleadores y de Asociaciones Empresariales (CAMFEBA); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Camerún

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Trabajadores Unidos del Camerún (CTUC)

87, 89, 111, 138

• Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

• Unión General de Trabajadores de Camerún (UGTC)

9, 16, 29, 87, 111, 122, 135, 138, 182

Canadá

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN)

29, 88, 105, 122, 160

• Congreso del Trabajo del Canadá (CLC)

29, 122

• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Centroafricana, República

sobre los Convenios núms.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 169

Chad

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Checa, República

sobre el Convenio núm.

• Confederación Checo-Morava de Sindicatos (CM KOS); Confederación de la Industria y del Transporte (SP ČR)

150

Chile

sobre los Convenios núms.

•Central Unitaria de Trabajadores (CUT)

144

• Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del Pan y de la Alimentación (CONAPAN); y otros sindicatos nacionales

87, 98

• Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

• Federación Sindical Mundial (FSM)

87, 98, 135, 151

• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

China - Región Administrativa Especial de Hong Kong

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Organizaciones Sindicales de Hong Kong (HKCTU)

144

• Confederación de Organizaciones Sindicales de Hong Kong (HKCTU); Federación de Sindicatos de Trabajadores Domésticos Asiáticos de Hong Kong (FADWU)

97

China - Región Administrativa Especial de Macao

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

• Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Colombia

sobre los Convenios núms.

•Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

29, 81, 138, 182

•Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT)

8, 9, 16, 22, 23, 29, 81, 105, 138, 151, 154, 160, 182

•Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)

8, 9, 16, 22, 23, 29, 81, 138, 151, 154, 182

•Confederación General del Trabajo (CGT)

29, 81, 87, 98, 105, 138, 151, 154, 169, 182

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL)

98

•Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI)

87, 98, 151, 154

•Unión de Trabajadores de Colombia (UTC)

17, 18

Comoras

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Congo

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Corea, República de

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

135

•Federación de Organizaciones Sindicales Coreanas (FKTU)

81, 88, 135, 159, 162, 170, 187

Costa Rica

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)

29, 105, 135, 138, 160, 182

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP)

8, 16, 29, 92, 96, 105, 122, 134, 135, 138, 145, 147, 150, 160, 182

•Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

29, 105, 122, 135, 138, 150, 160, 182

Côte d'Ivoire

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Croacia

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

98, 135

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Cuba

sobre los Convenios núms.

•Coalición Sindical Independiente de Cuba (CSIC)

29, 105, 111, 122

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Democrática del Congo, República

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical de Congo (CSC)

29, 105, 135, 138, 182

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 158

Dinamarca

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Sindicatos de Dinamarca (LO)

87, 98, MLC, 2006

Djibouti

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Sindicato de Maestros de la Escuela Primaria (SEP); Sindicato de Profesores de Colegios y Liceos de Djibouti (SPCLD); Internacional de la Educación (IE)

98

Dominica

sobre los Convenios núms.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 169

Dominicana, República

sobre los Convenios núms.

•Confederación Autónoma Síndical Clasista (CASC); Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD); Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS)

19, 29, 111

•Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

19, 29, 105, 111, 122, 150

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Ecuador

sobre los Convenios núms.

•Comité Permanente Intersindical; Internacional de Servicios Públicos (ISP)-Ecuador; Unión Nacional de Educadores (UNE)

87

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 169

Egipto

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98, 135

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

El Salvador

sobre los Convenios núms.

•Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 144

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Eritrea

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Eslovaquia

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

158

España

sobre los Convenios núms.

•Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

122

•Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO)

13, 62, 88, 100, 111, 115, 119, 120, 122, 127, 132, 135, 136, 144, 148, 151, 154, 155, 159, 162, 176, 181, MLC, 2006, 187

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Unión General de Trabajadores (UGT)

13, 62, 88, 100, 111, 115, 119, 122, 132, 135, 136, 144, 148, 151, 154, 155, 162, MLC, 2006, 187

Estados Unidos

sobre el Convenio núm.

•Consejo de los Estados Unidos para las Empresas Internacionales (USCIB) ; Organización Internacional de Empleadores (OIE)

182

Estonia

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Etiopía

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Ex República Yugoslava de Macedonia

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

158

Fiji

sobre los Convenios núms.

•Asociación de Docentes de Fiji (FTA)

87, 98, 169

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 169

Finlandia

sobre los Convenios núms.

•Comisión de Empleadores de Entidades Locales (KT)

151, 154

•Confederación de Industrias de Finlandia (EK)

135, 154, 160

•Confederación Finlandesa de Profesionales (STTK)

151, 154

•Confederación Finlandesa de Sindicatos de Asalariados Diplomados de la Educación Superior (AKAVA)

122, 135, 151, 154

•Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK)

29, 105, 122, 151, 154

•Servicio de Empleadores del Estado (VTML)

151, 154

Francia

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Gabón

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Gambia

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Georgia

sobre los Convenios núms.

•Confederación Georgiana de Sindicatos (GTUC)

87, 98, 111, 163

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Sindicato Libre del Personal Docente y Científico de Georgia (ESFTUG); Internacional de la Educación (IE)

87, 98

Ghana

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Granada

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Grecia

sobre los Convenios núms.

•Asociación de Inspectores del Trabajo (GALI)

81

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Federación Griega de Empresas e Industrias (SEV)

98, 154

•Federación Panhelénica de Marinos (PNO); Federación International de los Trabajadores del Transporte (FIT)

MLC, 2006

•Federación Panhelénica de Marinos (PNO); Federación Sindical Mundial (FSM)

MLC, 2006

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 102

•Sindicato de Inspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo.

81

Guatemala

sobre los Convenios núms.

•Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (CACIF)

169

•Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (CACIF); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 98

•Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG)

1, 87, 103, 161, 162, 169

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG)

81, 87, 98, 103, 129, 154, 169

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 169

•Sindicato de Trabajadores de Operadores de Plantas, Pozos y Guardianes de la Empresa Municipal de Agua y sus Anexos (SITOPGEMA)

1

•Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA)

87, 100, 110, 111, 129, 138, 169

Guinea

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Guinea Ecuatorial

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Guyana

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Haití

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Honduras

sobre los Convenios núms.

•Central General de Trabajadores (CGT)

42, 81, 87, 100, 102, 144

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

102, 127, 144

•Internacional de la Educación (IE)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Hungría

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

India

sobre los Convenios núms.

•Asociación Nacional de Armadores de la India (INSA)

22, 108

•Central de Sindicatos Indios (CITU)

81, 144

•Sindicato Nacional de Gente de Mar de la India (NUSI)

147

Indonesia

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

29, 87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Irán, República Islámica del

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Representantes de Trabajadores Iranís (CIWR)

142

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

95, 111, 122

Iraq

sobre el Convenio núm.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

Irlanda

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Islandia

sobre los Convenios núms.

•Federación del Trabajo de Islandia (ASÍ)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Islas Salomón

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Israel

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Italia

sobre los Convenios núms.

•Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL)

3, 183

•Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL); Unión Italiana del Trabajo (UIL)

3, 183

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Unión Italiana del Trabajo (UIL)

71, 151

Jamaica

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Japón

sobre los Convenios núms.

•Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO)

81, 87, 98, 144, 159, 181

•Confederación Nacional de Sindicatos (ZENROREN)

98, 181

•Federación de comercio de Japón (NIPPON KEIDANREN)

81, 87, 98, 181

•Federación Japonesa de Sindicatos de Trabajadores de Prefecturas y Municipios (JICHIROREN)

87

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Sindicato de la Construcción de Buques y de la Ingeniería Naval de Japón (AJSEU)

29

•Sindicato de los Trabajadores Migrantes

29

•Sindicato de Trabajadores de los Servicios Postales de Japón (YUSANRO)

122

•Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios Sociales y de la Proteción de la Infancia (NUWCW)

159

Jordania

sobre el Convenio núm.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

Kazajstán

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Sindicatos Libres de Kazajstán (CFTUK)

87, 98

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Kenya

sobre el Convenio núm.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

Kirguistán

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Kiribati

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Kuwait

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Lesotho

sobre los Convenios núms.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 158

Letonia

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Empleadores de Letonia (LDDK)

87

•Confederación de Sindicatos Libres de Letonia (LBAS)

87, 135, 155

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Sindicato Letón de Empleados de la Educación y de las Ciencias (LIZDA); Internacional de la Educación (IE)

87, 98

Liberia

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Libia

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Lituania

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Luxemburgo

sobre los Convenios núms.

•Confederación Luxemburguesa de Sindicatos Cristianos (LCGB)

87, 135

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Madagascar

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Sindicatos de Trabajadores Revolucionarios Malagasy (FISEMARE)

81, 87, 88, 98, 117, 144

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Malasia

sobre los Convenios núms.

•Federación Malasia de Empleadores (MEF)

119, 187

•Sindicato Nacional de Empleados Bancarios (NUBE); Federación Sindical Mundial (FSM)

29, 98, 105, 144

Malawi

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 158

Malí

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

138, 182

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 98

Malta

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Marruecos

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

98, 135

Mauricio

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Trabajadores del Sector Privado (CTSP)

26

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Federación de Empleadores de Mauricio (MEF); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Mauritania

sobre los Convenios núms.

•Confederación Libre de Trabajadores de Mauritania (CLTM)

3, 14, 29, 62, 81, 87, 96, 98, 100, 102

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

México

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)

13, 45, 87, 96, 115, 120, 150, 159, 161

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 135

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (SNTCPF)

150, 155

•Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

87, 135

Moldova, República de

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Mongolia

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Sindicatos de Mongolia (CMTU)

100, 111, 144, 182

•Federación de Empleadores de Mongolia (MONEF)

100, 144, 182

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Montenegro

sobre los Convenios núms.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 158

•Unión de Sindicatos Libres de Montenegro (UFTUM)

140

Mozambique

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Asociaciones Económicas de Mozambique (CTA)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Myanmar

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Namibia

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Nepal

sobre los Convenios núms.

•Internacional de la Educación (IE)

98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

169

Nicaragua

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Níger

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Nigeria

sobre los Convenios núms.

•Asociación de los Altos Funcionarios de Nigeria (ASCSN)

87

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Noruega

sobre los Convenios núms.

•Asociación Noruega de Armadores (NSA)

MLC, 2006

•Asociación Noruega de Oficiales de la Marina Mercante (NSOF)

MLC, 2006

•Confederación Noruega de Sindicatos (LO)

13, 81, 115, 119, 120, 129, 135, 139, 148, 155, 159, 162, 167, 170, 176, MLC, 2006

•Confederación de Comercio e Industria de Noruega (NHO)

137

•Confederación de Comercio e Industria de Noruega (NHO); Asociación Noruega de Autoridades Locales y Regionales (KS); Federación de las Empresas de Noruega (VIRKE)

81

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

•Sindicato de Trabajadores Marítimos (NSF)

MLC, 2006

Nueva Zelandia

sobre los Convenios núms.

•Consejo de Sindicatos de Nueva Zelandia (NZCTU)

88, 98, 155

•Empresa Nueva Zelandia

81, 88, 98, 155

Países Bajos

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV)

97, 98, 135, 151, 154, 155, 159, 162, MLC, 2006

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Países Bajos (Aruba)

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Países Bajos (Curazao)

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Panamá

sobre los Convenios núms.

•Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI); Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO)

87, 98

•Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

30, 100, 107, 111, 138

Perú

sobre los Convenios núms.

•Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP)

62, 81, 100, 111, 127, 139, 144, 151, 159, 176

•Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT)

81, 100, 111, 127, 144

•Confederación de Trabajadores del Perú (CTP)

62, 100, 111, 151

•Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

100, 111, 144, 151

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Polonia

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Empresarios de Polonia (EP); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

100, 142, 144

•Sindicato Independiente y Autónomo "Solidarnosc"

2, 111, 127, 135, 151, 159, 161, 181

•Sindicato Nacional de Enfermeras y Parteras (OZZPiP)

149

Portugal

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Comercio y Servicios de Portugal (CCSP)

117

•Confederación de la Industria Portuguesa (CIP); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

45, 144, 155, 158, 162, 173, 183

•Confederación General de los Trabajadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN)

29, 88, 117, 127, 144, 151, 158, 159, 176, 181

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

158

•Unión General de Trabajadores (UGT)

29, 88, 117, 120, 127, 135, 142, 144, 158, 173, 175, 176, 181

Reino Unido

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Congreso de Sindicatos (TUC)

2, 97, 135, 144, 151, 187

Rumania

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98, 154

Rusia, Federación de

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Trabajo de Russia (KTR)

100, 111, 135, 154

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Federación de Sindicatos de Trabajadores del Transporte Marítimo (FPRMT)

154, 185, MLC, 2006

Rwanda

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

San Marino

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Santa Lucía

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

158

Santo Tomé y Príncipe

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Senegal

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Serbia

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Sindicatos 'Nezavisnost'

144

•Federación de Sindicatos Autónomos de Serbia (CATUS)

13, 45, 88, 100, 111, 119, 135, 136, 139, 144, 148, 159, 161, 162, 167

•Unión de los Empleadores de Serbia

87, 98, 144

Seychelles

sobre el Convenio núm.

•Federación de Sindicatos de Trabajadores de Seychelles (SFWU)

151

Siria, República Árabe

sobre los Convenios núms.

•Cámara Síria de Industria

1, 14, 29, 52, 89, 124

•Confederación de Sindicatos de Trabajadores

1, 14, 29, 52, 89, 124, 129

•Federación de Cámaras de Agricultura Sirias

129

Sri Lanka

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Sudán

sobre los Convenios núms.

•Federación Sudanesa de Hombres de Negocios y de Empleadores

2, 100

Sudán del Sur

sobre los Convenios núms.

•Asociación de Empleadores de Sudán del Sur (EASS)

29, 98, 100, 111, 138, 182

•Federación de Sindicatos de Trabajadores de Sudán del Sur (SSWTUF)

29, 98, 100, 111, 138, 182

Suecia

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sueca de Profesionales (TCO); Confederación Sueca de Asociaciones Profesionales (SACO); Confederación Sueca de Sindicatos (LO)

13, 88, 100, 111, 119, 144, 148, 154, 155, 159, 161, 162, 184, 187

Suiza

sobre los Convenios núms.

•Unión Sindical Suiza (USS/SGB)

144, 151, 154, 162

Swazilandia

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Tailandia

sobre el Convenio núm.

•Congreso Nacional del Trabajo de Tailandia (NCTL)

105

Tanzanía, República Unida de

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Tayikistán

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Togo

sobre el Convenio núm.

•Consejo Nacional de Empleadores de Togo (CNP-Togo); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Trinidad y Tabago

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Túnez

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Turkmenistán

sobre los Convenios núms.

•Centro Nacional de Sindicatos

29

•Unión de Industriales y empresarios de Turkmenistán

29

Turquía

sobre los Convenios núms.

•Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK)

14, 29, 88, 96, 105, 115, 119, 127, 144, 151, 153, 158, 159, 182

•Confederación de Asociaciones de Empleadores de Turquía (TISK); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 98, 100, 111

•Confederación de Sindicatos de Funcionarios Públicos (KESK)

100, 111, 144, 151, 155, 161

•Confederación de Sindicatos Progresistas de Turquía (DISK)

155

•Confederación de Sindicatos Turcos (TÜRK-IS)

14, 45, 81, 88, 96, 100, 105, 111, 115, 119, 127, 138, 144, 153, 155, 158, 159, 161, 182

•Confederación de Sindicatos Turcos Auténticos (HAK-IS)

45, 88, 96, 100, 111, 155, 158, 159

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

158

•Sindicato de Trabajadores de los Municipios de Turquía (TÜM YEREL-SEN)

87, 98, 155, 161

•Unión de Sindicatos de Empleados de las Municipalidades y de las Entidades de Derecho Privado del Estado (BEM-BIR-SEN)

87, 98

Ucrania

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Sindicato Independiente de Mineros de la Mina de Carbón Nikanor-Nova

45

Uganda

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Federación de Empleadores de Uganda (FUE); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

26

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87, 158

Uruguay

sobre los Convenios núms.

•Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS); Cámara de Industrias del Uruguay (CIU); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

98, 144, 155, 161

•Sindicato Nacional de Cuidadoras del Uruguay

30, 98, 128, 130, 132, 151

Uzbekistán

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

105

•Consejo de la Federación de Sindicatos del Uzbekistán (CFTUU)

29, 105, 182

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

29, 105, 182

Vanuatu

sobre el Convenio núm.

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

87

Venezuela, República Bolivariana de

sobre los Convenios núms.

•Alianza Sindical Independiente (ASI)

87, 98, 144

•Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV)

111, 144, 155

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

•Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS); Organización Internacional de Empleadores (OIE)

26, 87, 144, 158

•Organización Internacional de Empleadores (OIE)

158, 169

•Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE)

81, 87, 98, 111, 144, 155, 169

Zambia

sobre el Convenio núm.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

176

Zimbabwe

sobre los Convenios núms.

•Confederación Sindical Internacional (CSI)

87, 98

Anexo IV. Resumen de las informaciones comunicadas por los gobiernos respecto de la obligación de someter los instrumentos adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo a las autoridades competentes

El artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en sus párrafos 5, 6 y 7, impone a los Estados Miembros la obligación de someter a las autoridades competentes, dentro de un plazo determinado, los convenios, los correspondientes protocolos y las recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. Estas mismas disposiciones prevén que los gobiernos de los Estados Miembros deberán informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas para someter los instrumentos a las autoridades competentes y comunicar asimismo toda información relativa a la autoridad o las autoridades consideradas como competentes y sobre las decisiones de las mismas.

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución, se presentó a la Conferencia un resumen de las informaciones comunicadas de conformidad con el artículo 19.

En su 267.ª reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración aprobó nuevas medidas de racionalización y de simplificación. En consecuencia, el resumen de dichas informaciones se publica en el anexo al informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.

El presente resumen incluye las informaciones más recientes sobre la sumisión a las autoridades competentes de la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202), adoptada por la Conferencia en su 101.ª reunión (junio de 2012). Además, el presente resumen contiene la información facilitada por los gobiernos en relación con los instrumentos adoptados anteriormente que fueron sometidos a la autoridad competente en 2014, así como información preliminar comunicada por los gobiernos sobre la sumisión de la Recomendación sobre el trabajo forzoso (medidas complementarias), 2014 (núm. 203) y del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, adoptados en la 103.ª reunión de la Conferencia (junio de 2014).

Estas informaciones resumidas incluyen también aquellas que fueron comunicadas al Director General de la Organización Internacional del Trabajo con posterioridad a la clausura de la 103.ª reunión de la Conferencia (junio de 2014), y que no se pudieron poner en conocimiento de dicha reunión.

Alemania. La Recomendación núm. 202 fue sometida al Bundestag y Bundesrat el 21 de noviembre de 2013.

Belarús. La Recomendación núm. 202 fue sometida a la Asamblea Nacional el 31 de diciembre de 2013.

Bélgica. La Recomendación núm. 202 fue sometida a la Cámara de Representantes y al Senado el 5 de agosto de 2014.

Benin. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 100.ª y 101.ª reuniones fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 14 de julio de 2014.

Bosnia y Herzegovina. La Recomendación núm. 202 fue sometida a la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina el 29 de octubre de 2013.

Canadá. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones fueron sometidos a la Cámara de Representantes y al Senado el 8 de abril de 2014.

Filipinas. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos al Senado y a la Cámara de Representantes el 29 de agosto de 2014.

Grecia. La Recomendación núm. 202 fue sometida al Parlamento Helénico el 9 de enero de 2014.

Honduras. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 94.ª, 95.ª, 96.ª, 99.ª y 100.ª reuniones fueron sometidos al Congreso Nacional el 1.º de abril de 2014. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión, fueron sometidos al Congreso Nacional el 4 de septiembre de 2014.

Israel. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Knesset el 15 de septiembre de 2014.

Luxemburgo. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia fueron sometidos a la Cámara de Diputados el 10 de abril y 4 de septiembre de 2012. Los instrumentos adoptados en la 103.ª reunión fueron sometidos a la Cámara de Diputados el 19 de agosto de 2014.

Marruecos. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en su 103.ª reunión fueron sometidos a la Cámara de Representantes y a la Cámara de Consejeros el 8 de agosto de 2014.

Mauricio. La Recomendación núm. 202 fue sometida a la Asamblea Nacional el 9 de diciembre de 2013.

Mongolia. La Recomendación núm. 202 fue sometida al Gran Khural el 7 de diciembre de 2013.

Myanmar. La Recomendación núm. 202 fue sometida al Pyithu Hluttaw (Parlamento) el 8 de mayo de 2013.

Namibia. Los instrumentos adoptados en ocasión de las 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones de la Conferencia fueron sometidos a la Asamblea Nacional en 2011 y 2012.

Noruega. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 100.ª y 103.ª reuniones fueron sometidos al Storting el 8 de octubre de 2014.

Portugal. La Recomendación núm. 202 fue sometida a la Asamblea de la República el 12 de diciembre de 2013.

Senegal. Los instrumentos adoptados por la Conferencia en sus 99.ª, 100.ª y 101.ª reuniones fueron sometidos a la Asamblea Nacional el 16 de octubre de 2014.

Singapur. La Recomendación núm. 202 fue sometida al Parlamento de Singapur el 20 de enero de 2014.

Sudáfrica. La Recomendación núm. 202 fue sometida a la Asamblea Nacional el 2 de septiembre de 2014.

Suecia. La Recomendación núm. 202 fue sometida al Parlamento el 5 de diciembre de 2013.

La Comisión ha considerado necesario solicitar, en algunos casos, informaciones complementarias sobre la naturaleza de las autoridades competentes a las que se habían sometido los instrumentos adoptados por la Conferencia, así como otras precisiones requeridas por el cuestionario incluido en el Memorándum sobre la obligación de someter los convenios y recomendaciones a las autoridades competentes, en su tenor revisado en marzo de 2005.

Anexo V. Informaciones facilitadas por los gobiernos con respecto a la obligación de someter los convenios y las recomendaciones a las autoridades competentes

(31.ª a 102.ª reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1948-2013)

Nota. Los números de los convenios y las recomendaciones aparecen entre paréntesis, precedidos por la letra C o R, en los casos en que solamente algunos de los textos adoptados en el curso de una misma reunión hayan sido sometidos a las autoridades competentes. Los protocolos se indican con la letra P, seguida del número del convenio correspondiente. Los convenios ratificados y las recomendaciones correspondientes se consideran como sometidos.

Se ha tenido en cuenta la fecha de admisión o de readmisión de los Estados Miembros a la OIT para determinar las reuniones de la Conferencia cuyos textos adoptados son tomados en consideración.

La Conferencia no adoptó convenios ni recomendaciones en sus 57.ª reunión (junio de 1972), 73.ª reunión (junio de 1987), 93.ª reunión (junio de 2005), 97.ª reunión (junio de 2008), 98.ª reunión (junio de 2009) y 102.ª reunión (junio de 2013).

Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes

Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)

Afganistán

31-56, 58-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101

Albania

79-81, 82 (C176, R183), 83, 84 (C178, P147, R186), 85, 87, 88, 90 (P155), 91, 95 (C187, R197)

78, 82 (P081), 84 (C179, C180, R185, R187), 86, 89, 90 (R193, R194), 92, 94, 95 (R198), 96, 99-101

Alemania

34-56, 58-72, 74-76, 77 (C170, R177), 78-92, 94-96, 99-101

77 (C171, P089, R178)

Angola

61-72, 74-78, 79 (C173), 80, 81, 82 (R183, C176), 83-85, 87-90

79 (R180), 82 (P081), 86, 91, 92, 94-96, 99-101

Antigua y Barbuda

68-72, 74-82, 84, 87, 94, 100

83, 85, 86, 88-92, 95, 96, 99, 101

Arabia Saudita

61-72, 74-92, 94-96, 99-101

Argelia

47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 100

99, 101

Argentina

31-56, 58-72, 74-90, 92, 94, 95 (R197, C187), 96, 100

91, 95 (R198), 99, 101

Armenia

80-92, 94-96, 99-101

Australia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Austria

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101

Azerbaiyán

79 (C173), 80-82, 85-88, 91, 92

79 (R180), 83, 84, 89, 90, 94-96, 99-101

Bahamas

61-72, 74-84, 87, 91, 94

85, 86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101

Bahrein

63-72, 74-87

88-92, 94-96, 99-101

Bangladesh

58-72, 74-76, 77 (C171, R178), 78, 80, 84, 85 (C181), 87, 91, 94

77 (C170, P089, R177), 79, 81-83, 85 (R188), 86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101

Barbados

51-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101

Belarús

37-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Bélgica

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Belice

68-72, 74-76, 84, 87, 88, 94

77-83, 85, 86, 89-92, 95, 96, 99-101

Benin

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Bolivia, Estado Plurinacional de

31-56, 58-72, 74-79, 80 (C174), 81 (C175), 82 (C176), 83 (C177), 84 (C178, C179, C180), 85 (C181), 87, 88 (C183), 89 (C184), 91, 100

80 (R181), 81 (R182), 82 (P081, R183), 83 (R184), 84 (P147, R185, R186, R187), 85 (R188), 86, 88 (R191), 89 (R192), 90, 92, 94-96, 99, 101

Bosnia y Herzegovina

80, 81, 82 (C176, R183), 83-89, 90 (R193, R194), 91, 92, 94-96, 99, 101

82 (P081), 90 (P155), 100

Botswana

64-72, 74-92, 94-96, 99, 100 Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes

101 Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)

Brasil

31-50, 51 (C127, R128, R129, R130, R131), 53 (R133, R134), 54-56, 58-62, 63 (C148, R156, R157), 64 (C151, R158, R159), 65, 66, 67 (C154, C155, R163, R164, R165), 68 (C158, P110, R166), 69-72, 74-77, 80, 82 (C176, R183), 84 (C178, R185), 87, 89, 91

51 (C128), 52, 53 (C129, C130), 63 (C149), 64 (C150), 67 (C156), 68 (C157), 78, 79, 81, 82 (P081), 83, 84 (C179, C180, P147, R186, R187), 85, 86, 88, 90, 92, 94-96, 99-101

Brunei Darussalam

96, 99-101

Bulgaria

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Burkina Faso

45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Burundi

47-56, 58-72, 74-92, 95

94, 96, 99-101

Cabo Verde

65-72, 74-92, 94-96, 99-101

Camboya

53-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Camerún

44-56, 58-72, 74-92, 94-96, 101

99, 100

Canadá

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Centroafricana, República

45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Chad

45-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Checa, República

80-92, 94-96, 99-101

Chile

31-56, 58-72, 74-82, 87, 95 (C187, R197), 100

83-86, 88-92, 94, 95 (R198), 96, 99, 101

China

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 100

101

Chipre

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Colombia

31-56, 58-72, 74-81, 82 (C176, P081), 83-89, 90 (R193, R194), 91, 92, 94-96, 99-101

82 (R183), 90 (P155)

Comoras

65-72, 74-78, 87

79-86, 88-92, 94-96, 99-101

Congo

45-53, 54 (C131, C132), 55, 56, 58 (C138, R146), 59, 60 (C142, R150), 61, 62, 63 (C148, C149, R157), 64-66, 67 (C154, C155, C156), 68 (C158), 71 (C160, C161), 74, 75 (C167, C168), 76, 84, 87, 91, 94, 96

54 (R135, R136), 58 (C137, R145), 60 (C141, C143, R149, R151), 63 (R156), 67 (R163, R164, R165), 68 (C157, P110, R166), 69, 70, 71 (R170, R171), 72, 75 (R175, R176), 77-83, 85, 86, 88-90, 92, 95, 99-101

Corea, República de

79-92, 94-96, 99-101

Costa Rica

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Côte d'Ivoire

45-56, 58-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101

Croacia

80-85, 87, 91, 94

86, 88-90, 92, 95, 96, 99-101

Cuba

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Democrática del Congo, República

45-56, 58-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101

Dinamarca

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Djibouti

64, 65, 67, 71, 72, 83, 87

66, 68-70, 74-82, 84-86, 88-92, 94-96, 99-101

Dominica

68-72, 74-79, 87

80-86, 88-92, 94-96, 99-101

Dominicana, República

31-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 99

96, 100, 101

Ecuador

31-56, 58-72, 74-88, 90 (P155), 91, 92, 94, 95, 100, 101

89, 90 (R193, R194), 96, 99

Egipto

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

El Salvador

31-56, 58-61, 63 (C149), 64, 67 (R164, R165, C155, C156), 69 (R168, C159), 71, 72, 74-81, 87, 90 (P155)

62, 63 (R156, R157, C148), 65, 66, 67 (R163, C154), 68, 69 (R167), 70, 82-86, 88, 89, 90 (R193, R194), 91, 92, 94-96, 99-101

Emiratos Árabes Unidos

58-72, 74-92, 95, 96

94, 99-101

Eritrea

80-92, 94-96, 99-101

Eslovaquia

80-92, 94-96, 99-101

Eslovenia

79-92, 94-96, 99-101

España

39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Estados Unidos

66-72, 74-92, 94-96, 99-101

Estonia

79-92, 94-96, 99-101

Etiopía

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Ex República Yugoslava de Macedonia

80-83, 85, 87, 88, 95 (C187, R197)

84, 86, 89-92, 94, 95 (R198), 96, 99-101

Fiji

59-72, 74-82, 84, 85, 87, 89, 92, 94

83, 86, 88, 90, 91, 95, 96, 99-101

Filipinas

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Finlandia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Francia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Gabón

45-56, 58-72, 74-81, 82 (C176), 83 (C177), 84, 85 (C181), 87, 89 (C184), 91, 94

82 (P081, R183), 83 (R184), 85 (R188), 86, 88, 89 (R192), 90, 92, 95, 96, 99-101

Gambia

82-92, 94-96

99-101

Georgia

80-92, 94-96, 99-101

Ghana

40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Granada

66-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101

Grecia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Guatemala

31-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Guinea

43-56, 58-72, 74-83, 87

84-86, 88-92, 94-96, 99-101

Guinea-Bissau

63-72, 74-88, 94

89-92, 95, 96, 99-101

Guinea Ecuatorial

67-72, 74-79, 84, 87

80-83, 85, 86, 88-92, 94-96, 99-101

Guyana

50-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 100

96, 99, 101

Haití

31-56, 58-66, 67 (C156, R165), 69-72, 74, 75 (C167), 87

67 (C154, C155, R163, R164), 68, 75 (C168, R175, R176), 76-86, 88-92, 94-96, 99-101

Honduras

38-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Hungría

31-56, 58-72, 74-92, 94-96 Reuniones de la Conferencia cuyos textos han sido sometidos a las autoridades consideradas por los gobiernos como competentes

99-101 Reuniones de la Conferencia cuyos textos no han sido sometidos (incluidos los casos en que no ha sido comunicada ninguna información)

India

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Indonesia

33-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Irán, República Islámica del

31-56, 58-72, 74-89, 90 (R193, R194), 91, 92, 94-96

90 (P155), 99-101

Iraq

31-56, 58-72, 74-87, 89

88, 90-92, 94-96, 99-101

Irlanda

31-56, 58-72, 74-87, 94, 100

88-92, 95, 96, 99, 101

Islandia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Islas Marshall

99-101

Islas Salomón

74, 87

70-72, 75-86, 88-92, 94-96, 99-101

Israel

32-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Italia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Jamaica

47-56, 58-72, 74-91

92, 94-96, 99-101

Japón

35-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Jordania

39-56, 58-72, 74-91

92, 94-96, 99-101

Kazajstán

82 (C176, R183), 87, 88, 91

80, 81, 82 (P081), 83-86, 89, 90, 92, 94-96, 99-101

Kenya

48-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Kirguistán

87, 89

79-86, 88, 90-92, 94-96, 99-101

Kiribati

94

88-92, 95, 96, 99-101

Kuwait

45-56, 58-72, 74-76, 78, 79, 80 (C174), 81-85, 87, 88, 90, 91

77, 80 (R181), 86, 89, 92, 94-96, 99-101

Lao, República Democrática Popular

48-56, 58-72, 74-81, 82 (R183, C176), 83-92, 94-96, 99, 100

82 (P081), 101

Lesotho

66-72, 74-92, 94-96

99-101

Letonia

79-92, 94-96, 99-101

Líbano

32-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Liberia

31-56, 58-72, 74-76, 77 (C170, C171, R177, R178), 78-81, 82 (C176, R183), 83-87, 91, 94

77 (P089), 82 (P081), 88-90, 92, 95, 96, 99-101

Libia

35-56, 58-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101

Lituania

79-92, 94-96, 99-101

Luxemburgo

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Madagascar

45-56, 58-72, 74-89, 91, 100

90, 92, 94-96, 99, 101

Malasia

41-56, 58-72, 74-92, 94, 95 (C187, R197)

95 (R198), 96, 99-101

Malawi

49-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Maldivas, República de

99-101

Malí

45-56, 58-72, 74-83, 84 (C178, C179, C180, R185, R186, R187), 85, 87-89, 90 (R193, R194), 91

84 (P147), 86, 90 (P155), 92, 94-96, 99-101

Malta

49-56, 58-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101

Marruecos

39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Mauricio

53-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Mauritania

45-56, 58-72, 74-80, 81 (C175), 82 (C176, R183), 83, 84 (C178, C179, C180, R185, R186, R187), 85-91

81 (R182), 82 (P081), 84 (P147), 92, 94-96, 99-101

México

31-56, 58-72, 74-89, 90 (P155, R194), 91, 94

90 (R193), 92, 95, 96, 99-101

Moldova, República de

79-91, 95 (C187, R197)

92, 94, 95 (R198), 96, 99-101

Mongolia

52-56, 58-72, 74-81, 82 (C176, R183), 83-92, 94-96, 99-101

82 (P081)

Montenegro

96, 99-101

Mozambique

61-72, 74-82, 87

83-86, 88-92, 94-96, 99-101

Myanmar

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Namibia

65-72, 74-92, 94-96, 99-101

Nepal

51-56, 58-72, 74-92, 94, 95

96, 99-101

Nicaragua

40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Níger

45-56, 58-72, 74-82, 87, 88, 95 (C187, R197)

83-86, 89-92, 94, 95 (R198), 96, 99-101

Nigeria

45-56, 58-72, 74-92, 94, 95, 100

96, 99, 101

Noruega

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Nueva Zelandia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Omán

81-92, 95 (R197, R198), 99

94, 95 (C187), 96, 100, 101

Países Bajos

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 101

99, 100

Pakistán

31-56, 58-72, 74-80, 87, 91

81-86, 88-90, 92, 94-96, 99-101

Palau

101

Panamá

31-56, 58-72, 74-87, 88 (R191), 89 (R192), 90 (R193, R194), 92, 94, 95 (R197, R198), 96 (R199), 99, 100 (R201), 101

88 (C183), 89 (C184), 90 (P155), 91, 95 (C187), 96 (C188), 100 (C189)

Papua Nueva Guinea

61-72, 74-87

88-92, 94-96, 99-101

Paraguay

40-56, 58-72, 74-92, 94-96, 100

99, 101

Perú

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Polonia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Portugal

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Qatar

58-72, 74-92, 94-96, 99

100, 101

Reino Unido

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Rumania

39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Rusia, Federación de

37-56, 58-72, 74-88, 91, 94, 95 (C187, R197)

89, 90, 92, 95 (R198), 96, 99-101

Rwanda

47-56, 58-72, 74-79, 81, 87

80, 82-86, 88-92, 94-96, 99-101

Saint Kitts y Nevis

84, 87, 94

83, 85, 86, 88-92, 95, 96, 99-101

Samoa

94

95, 96, 99-101

San Marino

68-72, 74-92, 94-96

99-101

San Vicente y las Granadinas

84, 86, 87, 94

82, 83, 85, 88-92, 95, 96, 99-101

Santa Lucía

67 (C154, R163), 68 (C158, R166), 87

66, 67 (C155, C156, R164, R165), 68 (C157, P110), 69-72, 74-86, 88-92, 94-96, 99-101

Santo Tomé y Príncipe

68-72, 74-76, 87, 89

77-86, 88, 90-92, 94-96, 99-101

Senegal

45-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Serbia

89-92, 94-96, 99-101

Seychelles

63-72, 74-88, 94

89-92, 95, 96, 99-101

Sierra Leona

45-56, 58-61, 62 (C145, C147, R153, R155)

62 (C146, R154), 63-72, 74-92, 94-96, 99-101

Singapur

50-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Siria, República Árabe

31-56, 58-65, 67, 68, 69 (C159, R167), 71, 72, 74-76, 77 (C170, R177), 87-89, 90 (P155)

66, 69 (R168), 70, 77 (C171, P089, R178), 78-86, 90 (R193, R194), 91, 92, 94-96, 99-101

Somalia

45-56, 58-72, 74, 75, 87

76-86, 88-92, 94-96, 99-101

Sri Lanka

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Sudáfrica

81, 82 (C176, R183), 83-92, 94-96, 99-101

Sudán

39-56, 58-72, 74-80, 87

81-86, 88-92, 94-96, 99-101

Sudán del Sur

101

Suecia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99, 101

100

Suiza

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Suriname

61-72, 74-89

90-92, 94-96, 99-101

Swazilandia

60-72, 74-92, 94-96

99-101

Tailandia

31-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Tanzanía, República Unida de

46-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Tayikistán

81-83, 86, 87

84, 85, 88-92, 94-96, 99-101

Timor-Leste

92, 94-96

99-101

Togo

44-56, 58-72, 74-87, 89, 94, 95 (C187, R197)

88, 90-92, 95 (R198), 96, 99-101

Trinidad y Tabago

47-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Túnez

39-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Turkmenistán

81-92, 94-96, 99, 100

101

Turquía

31-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Tuvalu

99-101

Ucrania

37-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Uganda

47-56, 58-72, 74-80, 87

81-86, 88-92, 94-96, 99-101

Uruguay

31-56, 58-72, 74-89, 90 (R193, R194), 91, 92, 95 (R197, R198), 100

90 (P155), 94, 95 (C187), 96, 99, 101

Uzbekistán

80-92, 94-96, 99-101

Vanuatu

91, 92, 94-96, 99-101

Venezuela, República Bolivariana de

41-56, 58-72, 74-92, 94-96, 99-101

Viet Nam

79-92, 94-96, 99, 100

101

Yemen

49-56, 58-72, 74-87, 88 (C183), 89 (C184), 91, 95 (C187)

88 (R191), 89 (R192), 90, 92, 94, 95 (R197, R198), 96, 99-101

Zambia

49-56, 58-72, 74-92, 94-96

99-101

Zimbabwe

66-72, 74-92, 94-96, 99-101

Anexo VI. Situación de los Estados Miembros en relación con la sumisión a las autoridades competentes de los instrumentos adoptados por la Conferencia al 6 de diciembre de 2014

Reuniones de la CIT

Número de Estados en que, según las informaciones comunicadas por los gobiernos:

Número de Estados Miembros de la OIT al momento de la reunión

Todos los instrumentos han sido sometidos

Algunos instrumentos han sido sometidos

Ningún instrumento ha sido sometido

Todos los instrumentos adoptados entre la 31° y la 50° reuniones han sido sometidos a las autoridades competentes por los Estados Miembros

51.a

(Junio de 1967)

116

1

0

117

52.a

(Junio de 1968)

117

0

1

118

53.a

(Junio de 1969)

120

1

0

121

54.a

(Junio de 1970)

119

1

0

120

55.a

(Octubre de 1970)

120

0

0

120

56.a

(Junio de 1971)

120

0

0

120

58.a

(Junio de 1973)

122

1

0

123

59.a

(Junio de 1974)

125

0

0

125

60.a

(Junio de 1975)

125

1

0

126

61.a

(Junio de 1976)

131

0

0

131

62.a

(Octubre de 1976)

129

1

1

131

63.a

(Junio de 1977)

130

3

1

134

64.a

(Junio de 1978)

133

1

1

135

65.a

(Junio de 1979)

135

0

2

137

66.a

(Junio de 1980)

137

0

5

142

67.a

(Junio de 1981)

137

5

1

143

68.a

(Junio de 1982)

140

3

4

147

69.a

(Junio de 1983)

142

2

4

148

70.a

(Junio de 1984)

142

0

7

149

71.a

(Junio de 1985)

145

1

3

149

72.a

(Junio de 1986)

145

0

4

149

74.a

(Octubre de 1987)

146

0

3

149

75.a

(Junio de 1988)

143

2

4

149

76.a

(Junio de 1989)

141

0

6

147

77.a

(Junio de 1990)

133

4

10

147

78.a

(Junio de 1991)

137

0

12

149

79.a

(Junio de 1992)

140

2

14

156

80.a

(Junio de 1993)

149

2

16

167

81.a

(Junio de 1994)

149

2

20

171

82.a

(Junio de 1995)

139

13

21

173

83.a

(Junio de 1996)

140

2

32

174

84.a

(Octubre de 1996)

142

5

27

174

85.a

(Junio de 1997)

138

3

33

174

86.a

(Junio de 1998)

133

0

41

174

87.a

(Junio de 1999)

173

0

1

174

88.a

(Junio de 2000)

132

3

40

175

89.a

(Junio de 2001)

127

4

44

175

90.a

(Junio de 2002)

113

11

51

175

91.a

(Junio de 2003)

133

0

43

176

92.a

(Junio de 2004)

116

0

61

177

94.a

(Febrero de 2006)

129

0

49

178

95.a

(Junio de 2006)

109

13

56

178

96.a

(Junio de 2007)

101

1

76

178

99.a

(Junio de 2010)

83

0

100

183

100.a

(Junio de 2011)

87

1

95

183

101.a

(Junio de 2012)

76

0

109

185

Anexo VII. Lista de los comentarios presentados por la Comisión por país

Los comentarios abajo indicados han sido redactados en forma de "observaciones" que se reproducen en este informe, o bien como "solicitudes directas", que no se publican, pero que se comunican de modo directo a los gobiernos interesados. Son igualmente mencionadas las respuestas recibidas a las solicitudes directas, de las cuales la Comisión ha tomado nota.

Afganistán

Observación general

Observación para el Convenio núm. 105

Solicitud directa para el Convenio núm. 105

Solicitud directa sobre la sumisión

Albania

Observación para el Convenio núm. 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 138, 144, 147, 150, 182

Observación sobre la sumisión

Alemania

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 122, 129

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 140, 160, 172

Solicitud directa sobre la sumisión

Angola

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 88, 98, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 14, 29, 74, 87, 89, 91, 98, 105, 106, 107, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Antigua y Barbuda

Observaciones para los Convenios núms. 138, 144, 151, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 122, 135, 142, 150, 158, 182, MLC, 2006

Observación sobre la sumisión

Arabia Saudita

Observaciones para los Convenios núms. 29, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 111, 174

Argelia

Observaciones para los Convenios núms. 29, 42, 87, 100, 105, 111, 122, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 29, 44, 63, 68, 87, 92, 98, 100, 111, 122, 142, 144, 150, 181, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Argentina

Observaciones para los Convenios núms. 17, 29, 87, 138, 154

Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 29, 96, 138, 144, 150, 151, 177, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 22

Solicitud directa sobre la sumisión

Australia

Observaciones para los Convenios núms. 29, 122, 158, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 47, 122, 135, 137, 150, 158, 160, 182, MLC, 2006

Isla Norfolk

Solicitudes directas para los Convenios núms. 122, 160

Austria

Observaciones para los Convenios núms. 29, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 183

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Azerbaiyán

Observación para el Convenio núm. 138

Solicitud directa para el Convenio núm. 182

Observación sobre la sumisión

Bahamas

Observación para el Convenio núm. 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 182

Observación sobre la sumisión

Bahrein

Observaciones para los Convenios núms. 105, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Bangladesh

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 87, 105, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 105, 149, 182

Observación sobre la sumisión

Barbados

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 118, 135

Solicitudes directas para los Convenios núms. 63, 102, 105, 108, 122, 128, 138, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Belarús

Observación para el Convenio núm. 87

Solicitudes directas para los Convenios núms. 47, 52, 87, 106, 142, 144, 149

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 183

Bélgica

Observación para el Convenio núm. 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 122, 132, 154, 176

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 171, 182

Belice

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 105, 183

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 140, 150, 154, 182, 183

Observación sobre la sumisión

Benin

Observaciones para los Convenios núms. 29, 105, 138, 150, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 138, 150, 182, 183, MLC, 2006

Bolivia, Estado Plurinacional de

Observaciones para los Convenios núms. 105, 106, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 122, 128, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Bosnia y Herzegovina

Solicitudes directas para los Convenios núms. 122, 135, 138, 177, 182, MLC, 2006

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 91

Solicitud directa sobre la sumisión

Botswana

Observaciones para los Convenios núms. 151, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Brasil

Observaciones para los Convenios núms. 122, 140

Solicitudes directas para los Convenios núms. 117, 137, 144, 151, 154, 171

Observación sobre la sumisión

Brunei Darussalam

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Bulgaria

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 14, 106, 144, 177, 181, 182, 183

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 30, 52, 95, 177

Burkina Faso

Observaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 29, 97, 105, 122, 132, 142, 143, 144, 150, 173, 182, 184

Solicitud directa sobre la sumisión

Burundi

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 11, 26, 29, 62, 81, 87, 94, 98, 100, 111, 138, 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 17, 27, 29, 42, 52, 64, 87, 100, 101, 105, 111, 135, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Cabo Verde

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 138, 182

Camboya

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 122, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 138, 150, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Camerún

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 105, 111, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 111, 122, 135, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Canadá

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 88, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 182

Centroafricana, República

Observaciones para los Convenios núms. 29, 138, 169, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 122, 150, 169, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Chad

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 144, 151, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 105, 138, 173, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Checa, República

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 122, 138, 150, 171, 182

Chile

Observaciones para los Convenios núms. 138, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 63, 151, 182

Observación sobre la sumisión

China

Observaciones para los Convenios núms. 14, 122, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 150, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Observaciones para los Convenios núms. 97, 105, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 97, 105, 122

Región Administrativa Especial de Macao

Observación para el Convenio núm. 87

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 14, 29, 87, 105, 106, 122, 182

Chipre

Observaciones para los Convenios núms. 122, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 135, 138, 154, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 150

Colombia

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 138, 151, 154, 169, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 4, 81, 138, 151, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Comoras

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 13, 17, 19, 42, 81, 98, 111, 122, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 12, 77, 87, 99, 100, 111, 138, 182

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 52, 101

Observación sobre la sumisión

Congo

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 87, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 138, 144, 149, 150, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 14

Observación sobre la sumisión

Corea, República de

Observaciones para los Convenios núms. 81, 111, 135, 187

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 88, 111, 139, 155, 159, 162, 170, 187

Costa Rica

Observaciones para los Convenios núms. 122, 135, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 96, 122, 134, 138, 150, 182

Cote d’Ivoire

Observaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182

Observación sobre la sumisión

Croacia

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 122, 132, 138, 182

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 106

Observación sobre la sumisión

Cuba

Observación para el Convenio núm. 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 63, 105, 122, 138, 150

Democrática del Congo, República

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 29, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 135, 138, 150, 182

Observación sobre la sumisión

Dinamarca

Solicitudes directas para los Convenios núms. 150, MLC, 2006

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182

Groenlandia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 122

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 7

Djibouti

Observaciones para los Convenios núms. 19, 24, 26, 37, 38, 63, 87, 98, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 13, 14, 17, 18, 29, 52, 87, 88, 89, 95, 96, 101, 105, 106, 120, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Dominica

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 29, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 16, 19, 29, 87, 94, 97, 105, 111, 135, 144, 147, 150, 169, 182

Observación sobre la sumisión

Dominicana, República

Observaciones para los Convenios núms. 19, 98, 111, 144, 171, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 29, 52, 105, 106, 107, 111, 138, 150, 172, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Ecuador

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 153, 159, 169, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 103, 105, 117, 119, 122, 136, 138, 139, 142, 144, 148, 149, 162, 169, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 106

Solicitud directa sobre la sumisión

Egipto

Observaciones para los Convenios núms. 29, 105, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 29, 30, 96, 105, 107, 142, 144, 149, 182

El Salvador

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 107, 144, 151, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 107, 122, 135, 138, 142, 150, 155, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 105

Observación sobre la sumisión

Emiratos Árabes Unidos

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 81, 89

Solicitud directa sobre la sumisión

Eritrea

Observaciones para los Convenios núms. 29, 87, 98, 105, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 105, 138

Eslovaquia

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 52, 81, 98, 100, 111, 120, 129, 135, 136, 139, 144, 148, 151, 156, 161, 167, 176, 183, 184, 187

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 154

Solicitud directa sobre la sumisión

Eslovenia

Observaciones para los Convenios núms. 13, 81

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 100, 111, 119, 136, 139, 140, 144, 148, 149, 151, 154, 155, 161, 162, 174, 175

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 129

España

Observaciones para los Convenios núms. 13, 88, 100, 111, 122, 136, 144, 148, 155, 158, 159, 162, 181

Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 98, 111, 117, 119, 120, 127, 132, 136, 148, 151, 153, 155, 162, 172, 176, 187

Estados Unidos

Observación para el Convenio núm. 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 55, 144

Guam

Solicitud directa general

Estonia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 122, 138, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 105

Etiopía

Observaciones para los Convenios núms. 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 138, 144, 158, 181, 182

Ex República Yugoslava de Macedonia

Observación para el Convenio núm. 13

Solicitudes directas para los Convenios núms. 119, 136, 139, 144, 148, 155, 161, 162, 177, 183, 187

Observación sobre la sumisión

Fiji

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 105, 138, 169, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 105, 122, 138, 169, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 8

Observación sobre la sumisión

Filipinas

Observaciones para los Convenios núms. 100, 176

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 144, MLC, 2006

Finlandia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 122, 150, 182

Francia

Observación para el Convenio núm. 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 63, 96, 122, 149, 182

Nueva Caledonia

Solicitudes directas para los Convenios núms. 63, 120, 122, 149

Polinesia Francesa

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 63, 82, 122

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 149

Tierras australes y antarticas francesas

Observación general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 9, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 92, 108, 133, 134, 146, 147

Gabón

Observación para el Convenio núm. 87

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 98, 150, 151

Observación sobre la sumisión

Gambia

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 98, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 100, 105, 111, 138, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Georgia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98

Ghana

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 98, 150

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 14, 30, 87, 89, 106, 108

Granada

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 8, 81, 87, 108

Observación sobre la sumisión

Grecia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 95, 98, 100, 102, 111, 122, 154

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 88, 100, 103, 111, 144, 149

Guatemala

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 103, 122, 129, 161, 162, 169

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 81, 103, 129, 154, 161, 169

Solicitud directa sobre la sumisión

Guinea

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 62, 81, 94, 111, 115, 117, 118, 121, 134, 136, 139, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 159

Solicitudes directas para los Convenios núms. 3, 16, 87, 90, 98, 100, 105, 111, 113, 118, 122, 132, 133, 143, 149, 156

Observación sobre la sumisión

Guinea-Bissau

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 81, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 14, 68, 69, 73, 74, 81, 91, 92, 106, 108

Observación sobre la sumisión

Guinea Ecuatorial

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 1, 30, 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 29, 30, 103, 105, 111, 138, 182

Observación sobre la sumisión

Guyana

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 98, 100, 115, 129, 137, 138, 139, 140, 150

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 94, 100, 111, 142, 144, 149, 150, 155, 166, 172, 175

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 95

Solicitud directa sobre la sumisión

Haití

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 12, 17, 24, 25, 42, 81, 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 14, 30, 87, 100, 106, 107, 111

Observación sobre la sumisión

Honduras

Observaciones para los Convenios núms. 42, 81, 87, 98, 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 100, 102, 127, 144

Hungría

Observaciones para los Convenios núms. 98, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 140, 142, 154, 160, 183

Solicitud directa sobre la sumisión

India

Observación para el Convenio núm. 81

Solicitud directa para el Convenio núm. 81

Indonesia

Observación para el Convenio núm. 106

Solicitud directa para el Convenio núm. 81

Irán, República Islámica del

Observaciones para los Convenios núms. 95, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 108, 122, 142

Solicitud directa sobre la sumisión

Iraq

Observación para el Convenio núm. 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 30, 89, 107, 122, 132, 135, 140, 142, 144

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 149

Observación sobre la sumisión

Irlanda

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 98, 108, 160

Observación sobre la sumisión

Islandia

Observación para el Convenio núm. 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 100, 129, 147

Islas Marshall

Solicitud directa general

Solicitud directa para el Convenio núm. MLC, 2006

Islas Salomón

Solicitud directa general

Solicitud directa para el Convenio núm. 19

Observación sobre la sumisión

Israel

Observación para el Convenio núm. 81

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 181

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 87

Italia

Observaciones para los Convenios núms. 122, 159, 181, 183

Solicitudes directas para los Convenios núms. 117, 160

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 106

Jamaica

Observaciones para los Convenios núms. 87, 94, 98

Solicitud directa para el Convenio núm. 81

Observación sobre la sumisión

Japón

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 159, 181

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 122, 144

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 16, 22

Jordania

Observaciones para los Convenios núms. 98, 135, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 150

Observación sobre la sumisión

Kazajstán

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 100, 135, 167

Observación sobre la sumisión

Kenya

Observación para el Convenio núm. 81

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 98, 129, 144

Kirguistán

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 98, 111, 115, 119, 120, 142, 148, 154, 157, 159, 184

Observación sobre la sumisión

Kiribati

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 105

Observación sobre la sumisión

Kuwait

Observación para el Convenio núm. 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 111, 117, 159

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 52

Observación sobre la sumisión

Lao, República Democrática Popular

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Lesotho

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 155, 158

Solicitud directa sobre la sumisión

Letonia

Observación para el Convenio núm. 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 81, 98, 111, 119, 120, 122, 129, 142, 148, 155, MLC, 2006

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 87

Líbano

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 71, 81, 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 30, 52, 81, 88, 89, 98, 100, 106, 111, 115, 120, 122, 127, 136, 139, 142, 148, 159, 170, 174, 176

Solicitud directa sobre la sumisión

Liberia

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 114

Solicitud directa para el Convenio núm. 81

Observación sobre la sumisión

Libia

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 102, 121, 128, 130

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 88, 118

Observación sobre la sumisión

Lituania

Observaciones para los Convenios núms. 87, 183

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 98, 122, 127, 142, 181, 183

Luxemburgo

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 81

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 81, 87, 96, 127, 129, 135, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 183

Madagascar

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 81, 87, 98, 119, 120, 127, 129, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 81, 88, 117, 159

Observación sobre la sumisión

Malasia

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 98, 100, 187

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 100, 119, 187

Solicitud directa sobre la sumisión

Peninsular

Observación general

Observación para el Convenio núm. 19

Solicitud directa para el Convenio núm. 45

Sabah

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 97

Solicitud directa para el Convenio núm. 97

Sarawak

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 19

Solicitud directa para el Convenio núm. 14

Malawi

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 87, 100, 111, 129

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 87, 98, 100, 105, 107, 111, 149, 158, 159

Solicitud directa sobre la sumisión

Maldivas, República de

Solicitud directa sobre la sumisión

Malí

Observaciones para los Convenios núms. 98, 138, 151, 182, 183

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 14, 26, 29, 52, 81, 87, 95, 100, 105, 111, 144, 159, 182

Observación sobre la sumisión

Malta

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 119

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 14, 81, 96, 100, 106, 111, 117, 127, 129, 132, 136, 148, 149

Solicitud directa sobre la sumisión

Marruecos

Observación para el Convenio núm. 81

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 13, 81, 98, 119, 129, 136, 154, 162, 181

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 45

Mauricio

Observaciones para los Convenios núms. 19, 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 88, 159, 187

Mauritania

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 3, 29, 81, 87, 100, 102, 111, 122, 138, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 52, 62, 87, 89, 96, 98, 111, 112, 114, 122, 138, 182

Observación sobre la sumisión

México

Observaciones para los Convenios núms. 87, 155, 161, 167

Solicitudes directas para los Convenios núms. 45, 87, 96, 155, 161, 170

Observación sobre la sumisión

Moldova, República de

Observaciones para los Convenios núms. 111, 142, 152

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 95, 98, 100, 111, 117, 122, 181, 183

Observación sobre la sumisión

Mongolia

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 100, 103, 111, 122, 123, 135, 138, 144, 155, 159, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Montenegro

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 45, 81, 114, 119, 126, 129, 136, 139, 148, 155, 158, 161, 162, 183

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 135

Mozambique

Solicitudes directas para los Convenios núms. 1, 14, 30

Observación sobre la sumisión

Myanmar

Observación para el Convenio núm. 87

Solicitudes directas para los Convenios núms. 2, 87

Namibia

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98

Solicitudes directas para los Convenios núms. 87, 98

Nepal

Observación para el Convenio núm. 98

Solicitud directa para el Convenio núm. 169

Solicitud directa sobre la sumisión

Nicaragua

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 119, 139

Solicitudes directas para los Convenios núms. 4, 13, 30, 45, 88, 111, 127, 136

Níger

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 98, 111, 135, 138

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 117, 119, 142, 148, 154, 155, 161, 187

Observación sobre la sumisión

Nigeria

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 87, 88, 111, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 98, 100, 111, 155, 159

Solicitud directa sobre la sumisión

Noruega

Observaciones para los Convenios núms. 155, 167, 169

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 120, 129, 137, 139, 144, 148, 159, 162, 169, 170, 176, MLC, 2006

Nueva Zelandia

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 155

Solicitudes directas para los Convenios núms. 47, 81, 98, 100, 111, 155

Tokelau

Solicitud directa para el Convenio núm. 82

Omán

Solicitud directa sobre la sumisión

Países Bajos

Observaciones para los Convenios núms. 81, 98, 129, 155, 162

Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 88, 97, 129, 135, 151, 174, 181

Solicitud directa sobre la sumisión

Aruba

Solicitudes directas para los Convenios núms. 122, 135, 140, 142

Caribe parte de los Países Bajos

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 172

Curazao

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 172

Sint Maarten

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 87, 172

Pakistán

Observaciones para los Convenios núms. 81, 144

Solicitud directa para el Convenio núm. 81

Observación sobre la sumisión

Palau

Solicitud directa general

Solicitud directa sobre la sumisión

Panamá

Observaciones para los Convenios núms. 3, 30, 81, 117

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 88, 127, 138, MLC, 2006

Solicitud directa sobre la sumisión

Papua Nueva Guinea

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 103, 111

Observación sobre la sumisión

Paraguay

Observaciones para los Convenios núms. 79, 169

Solicitudes directas para los Convenios núms. 117, 119, 120, 169

Solicitud directa sobre la sumisión

Perú

Observaciones para los Convenios núms. 62, 67, 71, 81, 100, 111, 127, 139, 144, 151, 176

Solicitudes directas para los Convenios núms. 67, 81, 100, 111, 139, 151, 176

Polonia

Observaciones para los Convenios núms. 144, 149

Solicitudes directas para los Convenios núms. 62, 100, 111, 119, 120, 127, 135, 151, 161, 170, 176, 181, MLC, 2006

Portugal

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 1, 117, 122, 142, 144, 155, 173

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 29, 100, 106, 111, 115, 139, 148, 155, 162, 171

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 149, 175

Qatar

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 81, 111

Solicitud directa sobre la sumisión

Reino Unido

Observaciones para los Convenios núms. 98, 100, 111, 144, 187

Solicitudes directas para los Convenios núms. 97, 100, 111, 120, 135, 151, 187

Anguilla

Observación para el Convenio núm. 148

Isla de Man

Solicitud directa para el Convenio núm. 151

Montserrat

Solicitud directa para el Convenio núm. 82

Rumania

Rusia, Federación de

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 88, 100, 111, 135, 144, 154

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 127, 136

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 149

Solicitudes directas para los Convenios núms. 47, 111, 113, 142

Solicitud directa sobre la sumisión

Rwanda

Observaciones para los Convenios núms. 62, 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 89, 100, 111, 132, 138, 182

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 135

Observación sobre la sumisión

Saint Kitts y Nevis

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111

Observación sobre la sumisión

Samoa

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111

Solicitud directa sobre la sumisión

San Marino

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 148, 160

Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 100, 103, 111, 140, 143, 150, 156, 159

Solicitud directa sobre la sumisión

San Vicente y las

Solicitud directa general

Granadinas

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 144

Observación sobre la sumisión

Santa Lucía

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 100

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 154, 158

Observación sobre la sumisión

Santo Tomé y Príncipe

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 98, 100, 111, 144, 154

Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 100, 135, 151, 155, 159

Observación sobre la sumisión

Senegal

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 96, 100, 120, 144

Solicitud directa sobre la sumisión

Serbia

Observación para el Convenio núm. 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 111, 135, 162

Seychelles

Observación para el Convenio núm. 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 144, 148, 151, 155, 161

Observación sobre la sumisión

Sierra Leona

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 17, 88, 95, 119, 125, 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 26, 81, 94, 100, 101, 111, 126

Observación sobre la sumisión

Singapur

Solicitudes directas para los Convenios núms. 144, MLC, 2006

Siria, República Árabe

Observaciones para los Convenios núms. 105, 115

Solicitudes directas para los Convenios núms. 88, 96, 107, 117, 144

Observación sobre la sumisión

Somalia

Observación general

Observación sobre la sumisión

Sri Lanka

Observaciones para los Convenios núms. 100, 103, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 45, 96, 100, 111, 135, 144

Solicitud directa sobre la sumisión

Sudáfrica

Solicitud directa para el Convenio núm. 144

Sudán

Observaciones para los Convenios núms. 81, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 81, 100, 111, 117

Observación sobre la sumisión

Sudán del Sur

Solicitud directa sobre la sumisión

Suecia

Observaciones para los Convenios núms. 155, 187

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 100, 111, 119, 139, 140, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184, 187

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 149 Solicitud directa

sobre la sumisión

Suiza

Observación para el Convenio núm. 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 111, 142, 159, 162, MLC, 2006

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 139, 153

Suriname

Observaciones para los Convenios núms. 144, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 62, 88, 181, 182

Observación sobre la sumisión

Swazilandia

Solicitud directa general

Observación para el Convenio núm. 87

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 87, 96, 100, 111, 144, 160

Solicitud directa sobre la sumisión

Tailandia

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 19, 88, 100, 105, 122, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 100, 105, 127, 159, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Tanzanía, República Unida de

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 144, 148, 149, 154, 170

Tayikistán

Observación general

Observaciones para los Convenios núms. 111, 122

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 29, 32, 47, 77, 78, 79, 81, 87, 90, 95, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 111, 113, 115, 119, 120, 126, 138, 142, 143, 148, 149, 155, 159, 182

Observación sobre la sumisión

Timor-Leste

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Togo

Observación para el Convenio núm. 144

Solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 81, 100, 111, 122, 129, 150, MLC, 2006, 187

Observación sobre la sumisión

Túnez

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 62, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 88, 100, 107, 111, 117, 120, 122, 142, 159

Turkmenistán

Solicitudes directas para los Convenios núms. 138, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Turquía

Observaciones para los Convenios núms. 29, 81, 87, 138, 155, 161, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 29, 81, 87, 105, 138, 142, 151, 153, 155, 161, 182

Tuvalu

Solicitud directa sobre la sumisión

Ucrania

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 140, 142, 144, 153

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 103

Uganda

Solicitud directa general

Observaciones para los Convenios núms. 26, 105, 111

Solicitudes directas para los Convenios núms. 12, 29, 45, 100, 105, 111, 144, 158, 159, 162

Observación sobre la sumisión

Uruguay

Observaciones para los Convenios núms. 100, 111, 155, 161, 167, 181

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 132, 136, 139, 144, 151, 154, 155, 159, 161, 162, 167, 184, 189

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 148

Solicitud directa sobre la sumisión

Uzbekistán

Observaciones para los Convenios núms. 47, 100, 105, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 105, 111, 182

Respuesta recibida a una solicitud directa para el Convenio núm. 154

Vanuatu

Solicitud directa general

Solicitudes directas para los Convenios núms. 29, 100, 105, 111, 182

Observación sobre la sumisión

Venezuela, República Bolivariana de

Observaciones para los Convenios núms. 26, 87, 100, 111, 144, 155, 158, 169

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 127, 139, 153, 155, 169

Respuestas recibidas a solicitudes directas para los Convenios núms. 13, 120

Viet Nam

Solicitud directa para el Convenio núm. 144

Solicitud directa sobre la sumisión

Yemen

Observaciones para los Convenios núms. 81, 182

Solicitudes directas para los Convenios núms. 14, 81, 95, 132, 135, 144, 158, 182

Solicitud directa sobre la sumisión

Zambia

Observaciones para los Convenios núms. 103, 176

Solicitudes directas para los Convenios núms. 17, 100, 103, 111, 136, 144, 148, 159

Solicitud directa sobre la sumisión

Zimbabwe

Observaciones para los Convenios núms. 111, 162, 170

Solicitudes directas para los Convenios núms. 100, 111, 144, 155, 161, 174, 176

ISBN: 978-92-2-329005-4 (impreso)

ISBN: 978-92-2-329006-1 (web pdf)

ISSN: 0251-3226

Primera edición 2015

La publicación de informaciones sobre las medidas tomadas respecto de los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo no implica opinión alguna de la Oficina Internacional del Trabajo acerca del estatuto jurídico del Estado que comunica tales informaciones (incluida la comunicación de una ratificación o de una declaración), ni acerca de su autoridad sobre las zonas o territorios a los que se refieran las informaciones comunicadas; en algunos casos ello puede plantear problemas sobre los cuales la OIT no tiene competencia para expresar una opinión.

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