Blog #NoContagiemosAlEmpleo
El COVID-19 y la precariedad que enfrentan las trabajadoras domésticas remuneradas
A pesar del importante rol que cada día cumple el trabajo doméstico en cientos de hogares, la pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de las trabajadoras que ejercen esta labor, en particular en relación a las condiciones de seguridad y salud mínimas que enfrentan diariamente.
Por Juan Jacobo Velasco, Oficial Nacional de Información Laboral, OIT Cono Sur
Las medidas de prevención contra la pandemia del Covid-19 han significado que muchos trabajadores y trabajadoras de América Latina permanezcan en casa por un plazo todavía sin definir. Ya sea en la modalidad de teletrabajo y/o como encargados de las tareas domésticas, sobre todo del cuidado de niños, personas enfermas y adultos mayores, una parte importante de los hogares de la región están convirtiéndose en “oficina y escuela en casa”.
El cambio masivo desde espacios separados de trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado, pone nuevamente de relieve un hecho históricamente invisibilizado: sin el trabajo doméstico no se puede realizar trabajo remunerado en condiciones decentes. La pandemia del Covid-19 debe generar una revalorización aún mayor del trabajo doméstico, tanto remunerado como no remunerado. Esto se debe traducir en hechos concretos que produzcan mejoras de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas (TDRs).
Pese a los avances en la región con la ratificación del Convenio 189, que equipara con otros asalariados condiciones mínimas laborales de ingreso, jornada, contrato y cobertura de seguridad social de las TDRs, y las reformas legales que al alero del Convenio 189 se han suscitado, todavía queda mucho por hacer.
Si bien estos cambios han significado incrementos importantes de los ingresos (por ejemplo, Paraguay igualó el salario mínimo de las TDRs con el salario mínimo nacional en 2019) y la cobertura de la seguridad social, persisten sensibles brechas respecto a otros asalariados: a nivel regional, menos de un tercio de las trabajadoras domésticas tienen cobertura de la seguridad social y sus salarios siguen siendo precarios.
Las mejoras de la legislación del trabajo doméstico remunerado equipararon pisos mínimos en aspectos básicos, pero en la mayoría de los casos no han podido avanzar hacia el logro de protecciones y prestaciones como seguros de desempleo, pagos de horas extra o acceso a capacitación, ni en la provisión de condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. A ello se añaden las dificultades para la fiscalización, lo que produce mayores niveles de incumplimiento respecto de otros asalariados.
No obstante, países como Uruguay han registrado avances importantes en esta década, a través de nueva legislación (seguridad social, contratos) y fiscalización. Como consecuencia, las TDRs uruguayas tienen la mayor cobertura de seguridad social de América Latina, alcanzando más del 65%.
La crisis del Covid-19 deja en evidencia la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas remuneradas, sobre todo respecto de los riesgos de contagio de la enfermedad, dado que su lugar de trabajo (el hogar) es cerrado y sus tareas implican interacción con los miembros del hogar al que prestan servicios. Resalta la escasa o ausencia de legislación sobre las condiciones de seguridad y salud mínimas para las TDRs. A ello se suma que 8 de cada 10 TDRs en la región son informales. Por ende, si no pueden asistir a su lugar de trabajo, en la práctica dejan de recibir ingresos laborales. A su vez, es mucho más débil la aplicación de las normas que permiten mantener el vínculo laboral en un contexto de crisis, por lo que muchas TDRs deben vivir en los hogares en los que prestan servicio durante la época de cuarentena.
Especialmente vulnerables son las TDRs migrantes, tanto a las consecuencias de la ruptura del vínculo laboral como al ser forzadas a permanecer en el hogar al que prestan servicios.
Las medidas para prevenir el contagio del Covid-19 han visibilizado el valor del trabajo doméstico remunerado y no remunerado. Las sociedades latinoamericanas deben actuar en consecuencia, apoyando las políticas de respuesta a la crisis con especial foco en trabajadores vulnerables, como las trabajadoras domésticas remuneradas.
Las medidas de corto plazo deben contemplar las transferencias de ingreso a las TDRs durante la época de cuarentena vía programas de transferencias directos y/o con su inclusión en los seguros de desempleo. A su vez, deben garantizar el acceso a los servicios de salud y de seguridad social. En particular lo que tiene que ver con la provisión de equipo adecuado, el acceso a servicios de salud por enfermedades contraídas en el lugar de trabajo o la posibilidad de acceso a licencias por enfermedad pagados.
Además de estas medidas, deben continuar los esfuerzos para que la legislación reconozca la vulnerabilidad en que se encuentra este sector y equipare los derechos laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas con el resto de asalariados en todas las dimensiones.
Las medidas de prevención contra la pandemia del Covid-19 han significado que muchos trabajadores y trabajadoras de América Latina permanezcan en casa por un plazo todavía sin definir. Ya sea en la modalidad de teletrabajo y/o como encargados de las tareas domésticas, sobre todo del cuidado de niños, personas enfermas y adultos mayores, una parte importante de los hogares de la región están convirtiéndose en “oficina y escuela en casa”.
El cambio masivo desde espacios separados de trabajo remunerado y trabajo doméstico no remunerado, pone nuevamente de relieve un hecho históricamente invisibilizado: sin el trabajo doméstico no se puede realizar trabajo remunerado en condiciones decentes. La pandemia del Covid-19 debe generar una revalorización aún mayor del trabajo doméstico, tanto remunerado como no remunerado. Esto se debe traducir en hechos concretos que produzcan mejoras de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas (TDRs).
Pese a los avances en la región con la ratificación del Convenio 189, que equipara con otros asalariados condiciones mínimas laborales de ingreso, jornada, contrato y cobertura de seguridad social de las TDRs, y las reformas legales que al alero del Convenio 189 se han suscitado, todavía queda mucho por hacer.
Si bien estos cambios han significado incrementos importantes de los ingresos (por ejemplo, Paraguay igualó el salario mínimo de las TDRs con el salario mínimo nacional en 2019) y la cobertura de la seguridad social, persisten sensibles brechas respecto a otros asalariados: a nivel regional, menos de un tercio de las trabajadoras domésticas tienen cobertura de la seguridad social y sus salarios siguen siendo precarios.
Las mejoras de la legislación del trabajo doméstico remunerado equipararon pisos mínimos en aspectos básicos, pero en la mayoría de los casos no han podido avanzar hacia el logro de protecciones y prestaciones como seguros de desempleo, pagos de horas extra o acceso a capacitación, ni en la provisión de condiciones adecuadas de seguridad y salud en el trabajo. A ello se añaden las dificultades para la fiscalización, lo que produce mayores niveles de incumplimiento respecto de otros asalariados.
No obstante, países como Uruguay han registrado avances importantes en esta década, a través de nueva legislación (seguridad social, contratos) y fiscalización. Como consecuencia, las TDRs uruguayas tienen la mayor cobertura de seguridad social de América Latina, alcanzando más del 65%.
La crisis del Covid-19 deja en evidencia la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas remuneradas, sobre todo respecto de los riesgos de contagio de la enfermedad, dado que su lugar de trabajo (el hogar) es cerrado y sus tareas implican interacción con los miembros del hogar al que prestan servicios. Resalta la escasa o ausencia de legislación sobre las condiciones de seguridad y salud mínimas para las TDRs. A ello se suma que 8 de cada 10 TDRs en la región son informales. Por ende, si no pueden asistir a su lugar de trabajo, en la práctica dejan de recibir ingresos laborales. A su vez, es mucho más débil la aplicación de las normas que permiten mantener el vínculo laboral en un contexto de crisis, por lo que muchas TDRs deben vivir en los hogares en los que prestan servicio durante la época de cuarentena.
Especialmente vulnerables son las TDRs migrantes, tanto a las consecuencias de la ruptura del vínculo laboral como al ser forzadas a permanecer en el hogar al que prestan servicios.
Las medidas para prevenir el contagio del Covid-19 han visibilizado el valor del trabajo doméstico remunerado y no remunerado. Las sociedades latinoamericanas deben actuar en consecuencia, apoyando las políticas de respuesta a la crisis con especial foco en trabajadores vulnerables, como las trabajadoras domésticas remuneradas.
Las medidas de corto plazo deben contemplar las transferencias de ingreso a las TDRs durante la época de cuarentena vía programas de transferencias directos y/o con su inclusión en los seguros de desempleo. A su vez, deben garantizar el acceso a los servicios de salud y de seguridad social. En particular lo que tiene que ver con la provisión de equipo adecuado, el acceso a servicios de salud por enfermedades contraídas en el lugar de trabajo o la posibilidad de acceso a licencias por enfermedad pagados.
Además de estas medidas, deben continuar los esfuerzos para que la legislación reconozca la vulnerabilidad en que se encuentra este sector y equipare los derechos laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas con el resto de asalariados en todas las dimensiones.