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Señor Presidente, señor Director General, Excelencias y amigos. Me siento muy privilegiado de poder dirigirme a esta importante Conferencia en un momento crucial de la historia de los trabajadores del mundo. Es un momento crucial porque la primera ola de mundialización está por terminar, y podemos empezar a estudiar en profundidad y a tener una visión integrada de los problemas que plantea y de las oportunidades que nos brinda.

Muchas personas y comunidades que se encuentran en situaciones de dificultad ven el proceso de mundialización económica como una perspectiva aterradora y, sin embargo, la mundialización puede ser eficaz y propicia si se adopta un enfoque suficientemente amplio de las condiciones que rigen nuestras vidas y nuestros empleos.

Hay que tomar medidas bien definidas para fomentar los cambios económicos, sociales y políticos que pueden transformar una previsión temida en una realidad constructiva.

Hasta cierto punto, esto es precisamente lo que se pretende en la Memoria del Director General titulada, con sumo acierto, Trabajo Decente, Memoria profunda y adecuadamente ambiciosa. Por varias razones, podemos decir que se trata de una Memoria visionaria.

Quisiera dar las gracias a Juan Somavia por sus gratas palabras y voy a tener la audacia de darle la bienvenida al cargo que ocupa como nuevo Director General de la OIT.

Tal vez parezca un poco presuntuoso que yo, un simple catedrático de una pequeña universidad, me atreva a dar la bienvenida al Director General a su cargo. Sí, debo decir que parece una falta de sentido del decoro. Pero recuerdo un incidente que tuvo lugar hacer unos años, que me ayudó a entender ciertas cosas. Había ido a casa de un amigo en Calcuta, toqué el timbre y, pasado un rato, una niña de unos tres años se acercó a la puerta sonriéndome. Yo quise responder a su actitud amistosa y entonces le pregunté «¿cómo te llamas?» «¡Ah, no, no!» exclamó la niña pensativa. «Esta es nuestra casa, o sea que primero díme tú cómo te llamas.»

La reprimenda que recibí de esa niña me la merecía y estoy seguro de que Juan también podría reprenderme de forma similar por osar dar la bienvenida al Director General de la OIT a la OIT.

Sin embargo, en mi defensa, quisiera decir que mi estrecha relación con la OIT se remonta a hace más de 25 años, por lo menos, a comienzos de los años setenta, cuando tuve el privilegio de ser asesor de la OIT mientras trabajaba en el Programa Mundial del Empleo.

De hecho, mi primer vínculo de trabajo con la OIT fue en 1963, cuando fui destinado a El Cairo, hace 36 años. Si me permiten seguir dándome un poco de bombo, quisiera decir que dos de mis libros fueron escritos para la OIT. En realidad ya me han quitado la palabra de la boca, puesto que esto ya se ha mencionado. En los años setenta traté de convencer a la OIT de que tuviese mucha más en cuenta los derechos en el trabajo. Reconozco que lo hice de una forma un poco basta y desafortunada, tratando de invocar no solamente los derechos sino también los metaderechos. Esto ha sido argumentado con mucha más fuerza y claridad por el Sr. Somavia en su Memoria Trabajo Decente.

Sin embargo, como veterano de la OIT y como persona con un compromiso semejante al del Sr. Somavia, me tomo la libertad de dar la bienvenida al nuevo Director General en su cargo. Esperamos mucho de él y estamos encantados de ver que ya ha dado los primeros pasos en lo que podría calificarse como el comienzo de un gran premio. en cuanto se dio la señal, se lanzó la Memoria Trabajo Decente, es decir, fue muy bien recibida y llegó en buen momento.

Ahora podemos preguntarnos cuál es la naturaleza de esa partida y cómo encaja ésta en nuestras premisas intelectuales contemporáneas sobre los arreglos económicos, los valores sociales y las realidades políticas.

Quisiera destacar cuatro características específicas esbozadas en esta Memoria, que convendría analizar detalladamente. Por falta de tiempo, sólo podré examinar minuciosamente dos de estos puntos, pero voy a comentar brevemente las otras dos características particulares al final de mi intervención.

La primera característica importante de ese documento que deseo señalar a la atención de los presentes es la inspirada articulación del objetivo general de la OIT. Tal como nos dice la Memoria, el objetivo principal de la OIT es la promoción de oportunidades para que los hombres y las mujeres obtengan un trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

El alcance de ese objetivo es sumamente amplio, y se indica explícitamente que no sólo abarca a los trabajadores del sector organizado y a los trabajadores del sector no estructurado, a los que trabajan por cuenta propia y a los trabajadores a domicilio. Según se interpreta en ese documento, a la OIT le incumbe la responsabilidad general de responder al hecho terrible de que el mundo está lleno de personas sobrecargadas de trabajo y de personas en paro. Es decir que, en cierto sentido, a la OIT le preocupan todos los trabajadores.

Esta universalidad respecto del alcance y de la preocupación marca una diferencia respecto de la función de la OIT, que en un principio se ocupaba de ciertos grupos de trabajadores, los del sector organizado, los que ya tenían empleo o los que estaban amparados por normas y reglamentos específicos. La primera cuestión que planteo se refiere al significado y al alcance de los objetivos que debería alcanzar la OIT. Resulta fácil afirmar que una Organización que debe defender a todos los trabajadores, tiene que hacer frente a numerosas cuestiones difíciles que tal vez no se plantearían si sus intereses se limitasen a grupos más reducidos, por ejemplo, al sector organizado (es decir, dejando de lado al sector no estructurado) o, tal vez, a los asalariados, (con lo que quedarían excluidos los trabajadores a domicilio), o a todos los trabajadores en activo, (con lo que quedarían excluidos los que están en paro). No se opta por un objetivo más amplio, para facilitarle la vida al Director General. Se toma esa opción porque es importante que el enfoque sea amplio.

Si se tienen en cuenta los intereses y las necesidades de un grupo, es muy fácil descuidar los intereses y las necesidades de otros. Se ha dicho reiteradamente que las organizaciones de trabajadores a veces defienden a grupos muy reducidos. Por ejemplo, se ocupan sólo de los trabajadores registrados en sindicatos y descuidan los legítimos intereses de otros grupos porque los costos que se les impondrían serían enormes. Por otra parte, al centrarse específicamente en el interés de los trabajadores del sector no estructurado, también sería posible menoscabar los logros que han obtenido con tanto esfuerzo las personas que trabajan en la industria organizada, ya que a veces se recomienda, aunque sea implícitamente, equipararlos a la baja en relación con los trabajadores del sector no organizado.

El mundo trabajador está dividido en grupos distintos con problemas y preocupaciones propios, y una organización como la OIT tiene excelentes motivos para prestar simultáneamente atención a las diversas preocupaciones de que se trata. Habida cuenta de los niveles masivos de desempleo que existen en numerosos países del mundo en la actualidad, incluso en las economías tan ricas de Europa occidental, es correcto que se centre la atención en aumentar el número de empleos y las oportunidades de trabajo. No hay que olvidar las condiciones de trabajo, que también son importantes. Se trata de evaluar estas preocupaciones con una visión amplia, para que las soluciones contra el desempleo no se utilicen como motivo para liquidar las buenas condiciones de trabajo de los que ya tienen empleo, ni tampoco se utilice la protección de los trabajadores que ya tienen empleo como excusa para mantener socialmente excluidas del mercado de trabajo a las personas desempleadas.

La necesidad de transar entre estas dos opciones a veces se exagera y está basada en un razonamiento muy rudimentario. Incluso cuando es necesario transar es mejor considerar estos casos tomando un enfoque más amplio que dando una total prioridad a un solo grupo.

Quisiera referirme a otro problema: el del envejecimiento y el coeficiente de dependencia que, a menudo, se yuxtaponen al problema del desempleo y la disponibilidad de trabajo. Esta yuxtaposición no ha sido examinada. Existen dos principios que entran en conflicto entre sí, y que a menudo son invocados simultáneamente al tratar estas diferentes cuestiones de manera autárquica desde el punto de vista intelectual.

Al referirnos a la proporción creciente de población anciana, especialmente en los países ricos, a menudo se lamenta el hecho de que, puesto que los ancianos no pueden trabajar, tienen que ser respaldados y mantenidos por los que son lo suficientemente jóvenes para trabajar.

Esto nos conduce a un aumento considerable de la tasa o coeficiente de dependencia. Este hecho de por sí merece un estudio más pormenorizado. De hecho, hay pruebas considerables de que la longevidad obtenida con los adelantos médicos también ha prolongado el período de vida activa durante el cual las personas pueden trabajar y no tienen incapacidades. Por ejemplo, en el informe de G. Manton de la National Academy of Sciences de 1997 se destaca la reducción notable del número de incapacidades en el trabajo entre la población anciana en los Estados Unidos. La posibilidad de prolongar la vida laboral aumenta aún más por los adelantos técnicos, que exigen menos esfuerzos físicos.

Siendo esto así, es natural sugerir que una de las maneras de reducir la carga de la dependencia que conlleva el envejecimiento es aumentar la edad de jubilación o dar a las personas con buena salud la posibilidad de seguir trabajando. Los adversarios de esta propuesta, frecuentemente arguyen que los ancianos van a reemplazar a los jóvenes y que habrá más desempleo entre los jóvenes, pero este argumento contradice el argumento anterior de que la causa del problema radica en el hecho de que los ancianos no pueden trabajar y de que los jóvenes que pueden trabajar tienen que mantener a los ancianos. Hay un verdadero conflicto.

Si la salud y la capacidad de trabajo determinan, en definitiva, cuánto trabajo puede hacerse (y sin duda alguna los arreglos sociales y económicos pueden orientarse para garantizar que se pueda hacer el máximo) entonces el hecho de transar con el desempleo de los jóvenes es un verdadero non sequitur. El tamaño absoluto de la población trabajadora de por sí no causa más desempleo (por ejemplo, no ocurre así que los países con una mayor población trabajadora tienen una mayor proporción de desempleo, como Estados Unidos frente a Francia o Italia o España o Bélgica, sino todo lo contrario. Hay muchas cuestiones importantes que tratar al examinar las propuestas para revisar la edad de jubilación. Es un tema muy controvertido y no quisiera abordarlo superficialmente y sólo quisiera señalar que a veces se perciben conflictos que en realidad no existen. Sin embargo, el vincular el desempleo con la magnitud absoluta de la población trabajadora no enriquece esta discusión tan compleja.

En efecto, la combinación de una reacción visceral cuando se indica que la fuente del problema de la población que envejece es que los ancianos no pueden trabajar, y la reacción visceral cuando se indica que los jóvenes perderían sus trabajos si los ancianos trabajaran conduce a una encrucijada que nos deja muchas posibilidades sin examinar, basadas en la hipótesis de conflictos que pueden o no existir. Me temo que muchas de estas premisas sobre la economía del trabajo se deben a problemas que no han sido analizados.

La práctica de dejarse arrastrar por conflictos imaginarios, y por soluciones partidistas es contraproducente para abordar los temas del envejecimiento y el empleo, así como las condiciones de trabajo y la necesidad de empleo. Por un lado es necesario reconocer que los conflictos no pueden desaparecer sencillamente haciendo caso omiso de ellos para favorecer a uno u otro grupo, trátese de los trabajadores con empleo, de los desempleados, de los sindicados o de los que no están sindicados. Tampoco tienen por qué surgir conflictos por el mero hecho de que según un razonamiento de un libro de texto elemental podrían existir en determinadas condiciones hipotéticas. Es necesario encarar las posibilidades empíricas con una mente abierta y abordar cuestiones éticas que permitan encontrar un equilibro entre los distintos intereses sin prejuzgar ni dar total prioridad a un grupo en relación con otro.

Se plantean cuestiones similares al abordar el difícil problema del trabajo infantil que el Director General aborda con suma fuerza en su Memoria. Al argüir contra medidas como éstas, como la abolición del trabajo infantil, se pretende a menudo que la supresión del trabajo infantil perjudicará los intereses de los propios niños, puesto que quizás terminen muriéndose de hambre por falta de ingresos familiares y por un mayor descuido hacia sus personas. Sin duda es acertado pensar que el hecho de la pobreza familiar debe tenerse en cuenta al tratar este tema. Sin embargo, no queda en absoluto claro por qué debe suponerse que la supresión del trabajo infantil conducirá únicamente a reducir los ingresos familiares y a un descuido adicional de los niños si no se hace ningún otro tipo de ajuste económico, social o educativo. De hecho, esta falta de ajuste sería una posibilidad muy poco probable para las peores formas de trabajo infantil, es decir, la esclavitud, la servidumbre por deudas, la prostitución, el tráfico y la trata de niños, sobre lo cual se concentra la Memoria de la OIT.

Es necesario hacer un análisis económico mucho más amplio, y un examen ético muy serio en todos estos casos. El «trabajo decente» es un derecho que nos permite orientarnos en esta dirección, sin caer en la trampa de prejuicios o pesimismos prematuros.

Y ahora voy a referirme a una segunda característica conceptual, la utilización de la idea de «derechos». Siento mucha nostalgia al hablar de ello, porque a principios del decenio de 1970 ya los mencionaba en la OIT, con motivo del Programa Mundial de Empleo y recuerdo que traté de argumentar en este mismo sentido. En términos de concepción de evaluación, el objetivo general en el que me he centrado da a los programas de la OIT una forma basada en objetivos, como acabo de señalar. Hay ciertos objetivos que tienen que promoverse, y estos objetivos están enunciados con fuerza y lucidez, a pesar de la importancia que se le concede a una formulación de tanta envergadura de estos objetivos generales que tienen que ser promovidos por la OIT, el ámbito del razonamiento práctico rebasa los objetivos complementarios en favor del reconocimiento de los derechos generales de los trabajadores. Lo que hace que esta formulación sea muy certera y especialmente significativa es que los derechos que abarca no se limitan a una legislación laboral establecida, ni tampoco a la tarea -- por importante que sea -- de establecer más derechos jurídicos por medio de una nueva legislación, sino que el marco de evaluación empieza reconociendo algunos derechos básicos y poco importa que estén legislados como parte de una sociedad decente. Las repercusiones prácticas que dimanan de este reconocimiento pueden rebasar la nueva legislación, llegando a otras acciones sociales políticas y económicas. Todos los que trabajan -- dice la Memoria del Director General -- tienen derechos en el trabajo. Esto es una cita directa de la Memoria, que destaca la frase en cursiva.

El marco de esta concepción fundada en derechos se extiende desde el aspecto jurídico hasta las reivindicaciones éticas que trascienden el reconocimiento jurídico, pues la Memoria del Director General de la OIT coincide con lo que se está convirtiendo cada vez más en el enfoque general de las Naciones Unidas ante la política práctica por medio de un razonamiento basado en derechos, incluyendo los argumentos que he podido escuchar cuando, hace un mes, tuve ocasión de visitar la Organización Mundial de la Salud y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El marco del pensamiento basado en los derechos se extiende, pues, del ámbito de la pura legalidad al ámbito más amplio de la ética social. Estos derechos pueden considerarse más como derechos anteriores que como derechos posteriores al reconocimiento jurídico. Efectivamente, el reconocimiento social de estos derechos puede considerarse como una invitación a la legislación para que ascienda hasta la ética social, pero esta invitación no se refiere únicamente a la nueva legislación, por importante que sea, puesto que el logro de los derechos sólo puede ser propiciado por otra evolución, como la creación de instituciones nuevas y el mejor funcionamiento de las instituciones actuales.

Por último, pero no menos importante, mediante un compromiso político y social de alcance general para obrar en aras del funcionamiento adecuado de los acuerdos sociales, políticos y económicos a fin de facilitar la aplicación de los derechos socialmente reconocidos.

Aquí existen dos contrastes: uno entre los derechos jurídicos y los principios socialmente aceptados de justicia, a los que acabo de referirme, y otro contraste entre el razonamiento basado en los derechos y las fórmulas basadas en objetivos de ética social cuya pertinencia también voy a comentar, aunque esto ha sido anteriormente una gran controversia académica.

Al examinar el enfoque del Director General cabe preguntarse también hasta qué punto el razonamiento basado en los derechos se integra con la programación basada en los objetivos, que también se invocan en la Memoria de la OIT. Estos dos preceptos fundamentales han sido a veces considerados, especialmente por parte de los teóricos en materia jurídica, por ejemplo, mi amigo y colega Ronald Dworkin, un gran abogado, como alternativas éticas distintas entre las cuales hay cierto grado de conflicto. ¿Debemos orientarnos, en caso de conflicto, por la primacía de nuestros objetivos sociales o por la prioridad de los derechos individuales? Esa es la pregunta que se plantea. ¿Pueden estas dos perspectivas invocarse simultáneamente sin entrar en una contradicción interna? Creo que los dos enfoques no entran verdaderamente en conflicto entre sí, siempre y cuando se los formule adecuadamente. He tratado de analizar este tema en profundidad por escrito en revistas filosóficas y también en un próximo libro sobre el desarrollo de la libertad.

Hay que abordar la cuestión metodológica subyacente, y tengo que examinar los motivos por los cuales pienso que no hay aquí un conflicto profundo. Cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué el logro de los derechos no puede ser uno de los objetivos que se persigue? Se ha afirmado, en efecto, el supuesto de que tiene que haber conflicto, pero lo que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿por qué hemos de aceptar esta afirmación? Muy probablemente nos encontremos en un callejón sin salida si queremos hacer del cumplimiento de cada derecho una cuestión de adhesión absoluta, como hacen algunos filósofos libertarios. Pero en general el razonamiento basado en los derechos al que se alude en los debates políticos, incluyendo los que tienen que ver con los derechos humanos, y el razonamiento basado en los derechos en el sistema de las Naciones Unidas, no siguen ese enfoque.

He examinado estas cuestiones de manera más detallada en otros contextos. Si la formulación es adecuada para permitir que se llegue a las soluciones de compromiso que tendrán que abordarse, entonces será posible efectivamente valorar el logro de los derechos, así como el cumplimiento de otros objetivos y metas. Lo que se denomina «derechos en el trabajo» puede integrarse dentro del mismo marco general, que también exige «oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana».

El hecho de prestar atención a cualquiera de estas exigencias no implica que hagamos caso omiso de otras preocupaciones, y los derechos de los que trabajan pueden considerarse junto con los intereses de los desempleados.

A veces se plantea otra pregunta centrada en la relación entre los derechos y los deberes. Algunos académicos opinan que los derechos pueden formularse de manera sensata únicamente en combinación con deberes correlacionados, es decir, si se tiene derecho a «algo», ese derecho tiene sentido si determinado individuo o agente tiene la obligación de otorgarme ese «algo», de lo contrario carece de sentido. Aquéllos que insisten en esta relación binaria tienden a ser muy críticos, en general, respecto de cualquier discusión sobre los derechos, por ejemplo, la retórica de los derechos humanos, sin especificar cuáles son los agentes responsables y sus deberes específicos para hacer posible el pleno cumplimiento de estos derechos. Las exigencias relativas a los derechos humanos se ven así como mera retórica. Lo mismo puede decirse de afirmaciones como ésta: todos los que trabajan tienen derechos en el trabajo; tal afirmación podría ser objeto de la misma crítica.

Una preocupación básica que motiva en parte este escepticismo es cómo estar seguros de que los derechos pueden plasmarse, en efecto, a no ser que se acompañen de los deberes correspondientes. Efectivamente, algunos no ven ningún sentido en un derecho al que no corresponda lo que Kant llamó «una obligación perfecta», esto es una obligación específica de un agente determinado para que sea posible el verdadero logro o disfrute de ese derecho específico.

Esta premisa puede ser la base para rechazar las ideas basadas en derechos en muchos ámbitos prácticos. De hecho, además del escepticismo general de algunos abogados, hay también distinguidos filósofos, como mi colega Onora O'Neal de Cambridge, quienes se han manifestado en favor de este vínculo binario entre los derechos y los deberes exactos de los individuos u organismos específicos y considerando que la afirmación de que «todos aquellos que trabajan tienen derechos en el trabajo» debía analizarse con mucho tiento.

Lo que cabe preguntarse es, sin embargo, por qué se insiste tanto, por qué exigir la necesidad absoluta de una obligación perfecta para que un derecho potencial pueda calificarse como derecho real. No hay la menor duda de que una obligación perfecta contribuiría en gran medida a la aplicación de los derechos. Pero ¿por qué no puede haber derechos que se desconozcan, en determinadas circunstancias, y esperando que sean pocos, derechos que no puedan lograrse?

No nos contradeciremos de manera flagrante si afirmamos que estas personas tenían todos estos derechos pero, desafortunadamente, no pudieron disfrutarlos por la ausencia de una base institucional.

Esto no es una afirmación contradictoria; es necesario evocar algo más para pasar del pesimismo sobre el disfrute de los derechos a la negación de los derechos, que puede causar cierta confusión. Esta distinción puede ser una cuestión semántica, y el rechazo que arguyen los filósofos o los juristas puede basarse en cómo se utiliza el término «derechos» en el lenguaje ordinario, pero éste no es el caso. En las discusiones y los debates públicos el término «derecho» se utiliza en un sentido mucho más amplio de lo que permitiría la insistencia en relaciones binarias.

Quizás el problema percibido surge de una tentativa implícita de ver la utilización de los derechos en un discurso político o moral mediante una analogía estrecha con los derechos dentro del sistema jurídico, con su exigencia de especificación de los deberes relacionados. Esto es algo que Benthum dijo hace más de 200 años describiendo los derechos generales, entre ellos los que estamos analizando aquí, como algo que no sólo podría ser una tontería, sino también un estereotipo que no quiere decir absolutamente nada, como algo artificial llevado a un grado sumo.

Por el contrario, en discusiones normativas a menudo se defienden los derechos como poderes o inmunidades que convendría que las personas poseyesen. Los derechos humanos se consideran derechos que son compartidos por todos, independientemente de la ciudadanía, y representan ventajas que todo el mundo debería tener. Son demandas que se abordan de manera general y, como Kant hubiera dicho, de forma imperfecta. El se refirió, en numerosas ocasiones, a las obligaciones imperfectas, lo cual coincide con la noción de derechos presentada por el Sr. Juan Somavia o la noción de derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas.

Se trata de reclamaciones dirigidas a todos aquellos que pueden ayudar, aunque ninguna persona u organismo tiene que ocuparse del logro del disfrute de estos derechos. Incluso si no es viable que todo el mundo pueda gozar de sus derechos en este sentido -- por ejemplo, si aún no es posible eliminar la malnutrición -- todavía puede darse mérito en la medida en que estos derechos se cumplan y en la medida en que se impidan las violaciones de dichos derechos.

El reconocimiento de tales reivindicaciones como derechos quizás no sea sólo una declaración éticamente importante, sino que también pueda contribuir a centrar la atención sobre estas cuestiones, haciendo que su logro sea más rápido.

Esta es, efectivamente, la forma en que muchos paladines de los derechos han tratado de utilizar la idea de derechos, retrocediendo hasta la época de Tom Pain o Mary Walterston.

El invocar la idea de los derechos en el documento Trabajo Decente no está ni en tensión con el amplio marco ético basado en objetivos ni tampoco ha sido excluido por la necesidad de obligaciones perfectas, supuestamente necesarias para que la idea de los derechos tenga sentido.

El amplio enfoque adoptado aquí puede defenderse no sólo en términos de sentido común, sino también como una manera de captar la gran variedad de valores y preocupaciones que tienden a surgir en las discusiones y exigencias públicas.

A continuación, paso brevemente a las dos otras características distintivas del enfoque esbozado en esta Memoria, que voy a identificar pero que no tendré tiempo de analizar en profundidad.

Como tercera característica del enfoque, señalo aquella que sitúa las condiciones de trabajo y empleo en un amplio marco económico, político y social; objetivo mismo de la OIT y de su trabajo decente, que cité hace un momento.

Esta trata, por ejemplo, no sólo de los requisitos de la legislación del trabajo y de su práctica sino también de la necesidad de una sociedad abierta y, cito textualmente, de «la promoción del diálogo social».

No cabe duda de que la vida de aquellos que trabajan se ve directamente afectada por las reglas y los convenios que rigen su empleo y su trabajo, pero también se ve influenciada, en última instancia, por sus libertades como ciudadanos con voz y voto que pueden ejercer su influencia tanto en la política como en las opciones institucionales.

De hecho, se puede demostrar que la protección contra la vulnerabilidad y la imprevisibilidad en que se centra la Memoria del Director General depende en gran medida de la participación democrática y los incentivos políticos. En otra parte de mi discurso me he referido al hecho notable en la historia de las hambrunas. En ningún país democrático, por muy pobre que sea, se ha producido nunca una hambruna de importancia. Esto se debe a que, en realidad, es fácil evitar las hambrunas si un gobierno trata de impedirlo, y un gobierno en una democracia pluralista con elecciones y prensa libre tiene una fuerte motivación política para impedir las hambrunas. Esto indicaría que la libertad política en forma de democracia contribuye a salvaguardar la libertad económica y la libertad de sobrevivir.

La seguridad que ofrece la democracia puede que no se eche mucho de menos cuando un país no tiene la mala suerte de verse enfrentado a una catástrofe, sino que todo se desarrolla armoniosamente. Pero, de hecho, el peligro de la inseguridad, que surge de los cambios en la economía u otras circunstancias (o errores de política no corregidos), puede acechar amenazadoramente en lo que parece un Estado sano. Este es un aspecto importante que hay que tener presente cuando se examinan los diferentes aspectos políticos de la reciente crisis económica asiática.

Los problemas de algunas de las economías de Asia del Este y del Sudeste reflejan, entre otras cosas, los inconvenientes de los gobiernos no democráticos y ello de dos formas sorprendentes, relacionadas con el abandono de dos libertades fundamentales, a saber, «la seguridad protectora», que hemos estado discutiendo, y la garantía de transparencia, que está estrechamente vinculada con la aportación de incentivos adecuados a los agentes económicos y políticos. Ambos están directa o indirectamente salvaguardando el trabajo decente y promoviendo vidas decentes.

Tratemos primeramente esta cuestión. El desarrollo de la crisis financiera de algunas de estas economías ha estado estrechamente vinculada a la falta de transparencia empresarial, en particular, la falta de participación pública en el examen de las disposiciones financieras y comerciales. La ausencia de un foro democrático ha agravado este hecho. La oportunidad que hubiesen podido facilitar los procesos democráticos de impugnar el poder de determinados grupos o familias en varios de estos países hubiese podido ser determinante.

La disciplina de la reforma financiera que el Fondo Monetario Internacional intentó imponer las economías que no pueden asegurar el pago de su deuda fue necesaria en gran medida, debido a la falta de apertura y de información y a la existencia de vínculos empresariales poco escrupulosos, que caracterizaba parte de estas economías. No estoy hablando de si la gestión del Fondo Monetario de estas crisis fue la adecuada o si no se hubiesen podido aplazar las reformas hasta más tarde, cuando se hubiese restablecido la confianza financiera en estas economías. Eso lo debatiré en otro foro.

Pero, independientemente de cómo debieran haberse realizado estos ajustes, no cabe duda de que la falta de libertad y transparencia predisponía a estas economías a la crisis económica.

La evaluación del riesgo y las inversiones improcedentes especialmente por parte de las familias políticamente influyentes, podrían haber sido objeto de un mayor control si los observadores democráticos lo hubieran solicitado en, por ejemplo, Indonesia o Corea del Sur antes de la crisis. Claro está, en ninguno de estos países existía entonces un sistema democrático que hubiese permitido que estas exigencias surgieran de fuera del Gobierno.

El poder indiscutido de los dirigentes virtuales se tradujo en la aceptación de la falta de responsabilidad y de apertura que nadie cuestionó y que fue reforzada por los fuertes vínculos entre el Gobierno y los líderes de las finanzas. El carácter poco democrático del Gobierno desempeñó un papel importante al surgir la crisis económica.

En segundo lugar, cuando la crisis financiera desembocó en una recesión económica general, se echó de menos la protección de la democracia así como su capacidad para combatir las hambrunas en los países democráticos. Los sectores recién desposeídos no tuvieron la audiencia que necesitaban. Una disminución del producto nacional bruto de, aproximadamente, el 10 por ciento, no parece muy importante, al venir después de un máximo no sobrepasado económico del 5 al 10 por ciento anual, que se produjo año tras año durante varios decenios. ¿Cuál puede ser el problema, si sólo representa una pequeña baja después de un aumento importante? Sin embargo, esta disminución puede arruinar la vida, crear miseria y aumentar la mortalidad de millones de personas de no compartirse la contracción económica, que se acumula para algunos, para los desempleados y para los que acaban de perder sus empleos que son los que menos pueden soportarlo.

Los sectores vulnerables de Indonesia tal vez no hayan echado mucho de menos la democracia cuando todo iba bien, pero por ello no hicieron oír su voz cuando surgió la crisis, que afectó en distintas formas a unos y otros. La función protectora de la democracia se echa de menos cuando más se necesita.

Yo diría que este punto de vista global de la sociedad justifica el enfoque centrado en el trabajo decente. Permite una comprensión mucho más alentadora de las necesidades de las distintas instituciones y las distintas políticas en pro de los derechos y de los intereses de los trabajadores.

Los vínculos entre las acciones y las posibilidades económicas, políticas y sociales pueden ser fundamentales para la consecución de los derechos y para el logro de los amplios objetivos del trabajo decente y de una vida adecuada para los trabajadores.

Por último, quiero referirme a la cuarta característica del enfoque que estamos analizando. Si bien una Organización como la OIT debe ir más allá de las políticas nacionales, sin pasar por alto la importancia decisiva de las acciones de los gobiernos y de las sociedades en el marco de cada nación, existe una diferencia esencial entre un enfoque internacional y un enfoque global. Esta distinción a veces se confunde y me ha complacido comprobar que en la Memoria, Trabajo Decente, se establecía claramente esa distinción, aunque de forma implícita.

Un enfoque internacional es inevitablemente parasítico respecto de las relaciones entre naciones, ya que funciona entre distintos países y naciones. En cambio, un enfoque realmente global no tiene por qué considerar a los seres humanos sólo, o principalmente, como ciudadanos de determinados países, ni aceptar que la interacción entre ciudadanos de distintos países tenga que pasar inevitablemente por las relaciones entre las distintas naciones. Muchas instituciones globales, incluso las que son esenciales para nuestra vida laboral, deben ir mucho más allá de los límites de las relaciones internacionales.

En el análisis que da forma a esta importante Memoria puede detectarse el esbozo de un verdadero enfoque global.

La economía mundial, cada vez más globalizada, exige a su vez un enfoque cada vez más mundializado de las éticas básicas y de los procedimientos sociales y políticos. La economía de mercado en sí no constituye únicamente un sistema internacional, sino que sus conexiones mundiales trascienden las relaciones entre naciones, y a menudo entre las personas de diferentes países y entre las diversas partes de una transacción comercial.

La ética capitalista, con sus puntos fuertes y sus debilidades, es una cultura esencialmente mundial del siglo XX y no solamente una construcción internacional. Abordar las condiciones de la vida de trabajo, así como los intereses y los derechos de los trabajadores en general, exige igualmente trascender las limitaciones propias de las relaciones internacionales, más allá de las fronteras nacionales y de las relaciones mundiales.

El enfoque global forma parte del acervo de los movimientos del trabajo en la historia del mundo. Los movimientos de trabajo tienen una forma global y no corresponden a una nación o a un Estado concretos y esto es uno de sus aspectos más loables. Este rico acervo, que a menudo se ha rechazado en las discusiones oficiales, debe considerarse a la hora de hacer frente a los desafíos que plantea el trabajo decente en el mundo contemporáneo.

Una visión universal del trabajo y de las relaciones de trabajo puede vincularse a una tradición de solidaridad y de compromiso. Hoy es más necesario que nunca recordar la importancia que reviste este enfoque global. El mundo actual, que se globaliza económicamente, con todas sus oportunidades, con todos sus problemas y dificultades, exige una comprensión globalizada de la prioridad, que ha de concederse al trabajo decente y a sus múltiples exigencias a nivel económico, político y social.

Reconocer esta necesidad real ya es en sí un buen principio.

Para mayor información, dirigirse al Servicio de Relaciones Oficiales (REL OFF) al Tel: +41.22.799.7732 or Fax: +41.22.799.8944 o por correo electrónico: RELOFF@ilo.org