7. SUBCONTRATACION

La versión original del estudio que tenemos el placer de presentar fue encargada por la OIT al Sr. Beethoven Herrera Valencia, Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia, con miras a ser sometida a un Seminario Subregional Sindical sobre Globalización Económica, Integración y Equidad. Este seminario se realizó en Cancún, Estado de Quintana Roo, México, entre el 26 y el 28 de agosto de 1998, y congregó a dirigentes sindicales de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, además de dos expertos de las organizaciones sindicales españolas UGT y CCOO. Fue resultado de un esfuerzo conjunto de la Oficina de Area de la OIT para Cuba, Haití y México, el Equipo Técnico Multidisciplinario de la OIT para Centroamérica, Cuba, Haití, México, Panamá y la República Dominicana, la Oficina para Actividades con los Trabajadores (ACTRAV), y el Proyecto OIT/AECI "Fortalecimiento de las Organizaciones Sindicales para el Diálogo Social Tripartito y el Desarrollo Socioeconómico de la Región". Se contó además con un importante apoyo logístico ofrecido por la Confederación de Trabajadores de México. Su coordinación técnica estuvo a cargo de Elizabeth Tinoco, Especialista Principal en Actividades con los Trabajadores, del Equipo Técnico Multidisciplinario Centroamericano, y Oscar Valverde, Coordinador Técnico Principal del Proyecto sobre Fortalecimiento de las Organizaciones Sindicales.

La integración Centroamericana es una aspiración de larga data. Ya al declararse la Independencia, en 1821, se vivió una primera experiencia de integración política, bajo el impulso de estadistas como Francisco Morazán. Esta experiencia fue efímera, pero la búsqueda de la integración económica se mantuvo presente a lo largo de la historia., hasta que en 1961 se materializó mediante la creación del Mercado Común Centroamericano, contemporáneo de otros acuerdos de integración en la región, como el Grupo Andino, el Caricom y la ALALC. El conflicto entre El Salvador y Honduras, lo mismo que las guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, frustraron durante más de dos décadas los avances de este segundo proceso de integración. Sin embargo, el proceso de paz, impulsado sobre todo a partir de la Cumbre de Presidentes, Esquipulas II, 1987, permitió ofrecer un nuevo horizonte a la integración, concebida dentro del marco de los objetivos de la consolidación de la paz y la democracia. Una de sus manifistaciones fue la creación del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), el cual además de avanzar en el ámbito económico ha trascendido a la esfera política y presenta ya unas instituciones básicas para la dirección del proceso.

A la hora actual, no se pueden negar los logros políticos y económicos de este proceso, pues por primera vez en mucho tiempo Centroamérica se apresta a concluir un decenio de su historia en una situación mejor que la que enfrentaba cuando lo comenzó. No obstante, existen razones para temer por la solidez de estos progresos: el crecimiento económico no ha sido acompañado por una mayor equidad social, los niveles de deterioro del medio ambiente han aumentado de manera inquietante, y la región en su conjunto – con algunas honrosas excepciones- sigue presentando un grave vacío en la satisfacción de las necesidades básicas de grandes sectores de la población: tres de cada cinco centroamericanos viven en condición de pobreza y dos de cada cinco viven en indigencia o pobreza extrema. Pese al incremento del comercio entre la región, la mayor parte de las exportaciones centroamericanas se siguen dirigiendo a los países desarrollados y lo que es más grave, siguen siendo mayoritariamente productos primarios.

En una medida importante, las estrategias económicas de la región han potenciado un modelo basado en la oferta de mano de obra de bajo costo, acompañada de notables facilidades de orden fiscal, aduanero y cambiario, en beneficio de la inversión extranjera directa. Ello explica la importancia de la implantación de las industrias maquiladoras en una mayoría de países, al punto que hacia 1999 los empleos directos generados por la maquila se estimaban en no menos de trescientes mil en el Istmo Centroamericano, y alrededor de doscientos mil en la República Dominicana. Es evidente, sin embargo, que en el largo plazo la competitividad que se puede alcanzar por esta vía es insostenible frente a aquellos países que deciden competir mediante la ofertad de productividad y calidad. Además, la estrategia que consiste en ofrecer bajo costo y baja calidad, mantiene a amplios sectores de la población en condición precaria, al tiempo que amenaza seriamente el entorno medioambiental. Se impone por consiguiente la necesidad de que las fuerzas políticas, los actores sociales y la sociedad civil en su conjunto, tomen conciencia sobre el estado en que se encuentra la región a la hora actual – con sus logros y sus problemas – y reflexionen sobre las estrategias que deberían adoptar con miras a lograr un modelo de desarrollo sostenible y equitativo, en términos tanto políticos, como económicos y sociales.

Como fue destacado en las Conclusiones adoptadas por la Decimocuarta Reunión Regional Americana, de la OIT, Lima, agosto de 1999, las políticas económicas deben ser armonizadas con las de justicia social, ya que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para generar trabajo decente. Se requiere además la aplicación de políticas económicas que promuevan el aumento de la productividad y garanticen la estabilidad macroeconómica necesaria para estimular el ahorro y la inversión. Se añade en la mismas Conclusiones, que Para propiciar una equitativa distribución de los beneficios del crecimiento, es necesario que las políticas sean fruto de un amplio diálogo social tripartito. Este diálogo debería conducir a un programa que promueva el trabajo decente y la protección para todos, y que sea apoyado por los copartícipes sociales. La OIT debe contribuir, a solicitud de los mandantes, a facilitar la realización de iniciativas nacionales y regionales de diálogo social.

La OIT ha venido contribuyendo para que los actores tripartitos que la constituyen mantengan una actitud de concertación y diálogo y para que en la marcha del proceso se preserven y respeten las normas internacionales existentes al respecto. Al presentar este material, que sirvió de documento base para este Seminario, elaborado a partir de estudios de nacionales, y posteriormente revisado a la luz de aportes surgidos dentro del evento, la OIT hace votos por el buen éxito del diálogo social.

Los proceso de integración económica que están en curso en nuestro continente se inscriben en el proceso de la economía mundial hacia una mayor interdependencia, la internacionalización de la producción y el incremento del comercio.

Desde la conformación de las instituciones multilaterales (FMI y Banco Mundial) en la Conferencia de Bretton Woods (1944), lo mismo que desde el inicio del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT- La Habana 1948), el conjunto de los diseñadores de las políticas internacionales adhirieron a las tesis del multilateralismo, entendido como la consideración de todos los países en pié de igualdad en el escenario económico mundial.

Las antiguas potencias coloniales con Inglaterra a la cabeza pretendían mantener privilegios para su excolonias y ello los hacía preferir el bilateralismo. Desde entonces ha habido un desarrollo conflictivo entre los procesos y a cuerdos multilaterales y los acuerdos bilateral, regional o de grupos de naciones, conocido como regionalismo.

El multilateralismo se expresa en los criterios de trato igual y no-discriminación entre naciones, de modo tal que ningún agente económico podrá ser tratado de modo diferente a los actores nacionales en razón de su origen extranjero. Ello hace impugnable por ejemplo, la adopción de gravámenes o limitaciones a empresas, inversiones o productos en razón de su nacionalidad. Por esa vía, cualquier beneficio otorgado a un socio comercial debería ser extensible a los demás países, so pena de ser impugnable ante las instancias multilaterales.

A través de diversas rondas de negociación (Tokio, Kennedy, Uruguay), los países fueron avanzando en diversos campos como la reducción de aranceles, la reducción (no la eliminación) de los subsidios, la regulación del comercio de servicios y los acuerdos sobre el sector agrícola. Por mucho tiempo se creyó que la opción por el multilateralismo era contrapuesta a la concreción de acuerdos regionales, pero el mismo texto del GATT autorizaba a la conformación de acuerdos regionales siempre que se orientaran a la promoción del comercio y que no fueran discriminatorios. Aún hoy se discute si es discriminatorio o no que las concesiones otorgadas a un socio de integración, no sean extendidas al resto de las naciones, y se debate si es compatible o contradictorio con la letra y el espíritu del multilateralismo.

A partir de los años cincuenta, diversas regiones comenzaron a establecer acuerdos económicos: Las comunidades europeas del carbón y del acero, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio o(ALAC), el Grupo Subregional Andino, el Mercado Común Centroamericano y el Mercado Común del Caribe (Caricom) fueron concretando acuerdos de libre comercio y algunos de ellos avanzaron hasta conformar uniones aduaneras y uniones monetarias. La realidad fué evolucionando hacia la conformación de grupos regionales y subregionales de integración, al extremo de que salvo casos excepcionales como Japón y Singapur, todos los demás países hacen parte de uno o varios acuerdos de integración económica.

Las entidades como Aladi han quedado convertidas en notarios que registran los acuerdos de la subregión negociados sin su participación y de similar manera, la Organización Mundial de Comercio (OMC), heredera del GATT, ha quedado convertida en tribunal internacional para arbitrar las disputas entre sus miembros(demandas de EE UU contra el sistema de cuotas bananeras en la Unión Europea), respetando los acuerdos firmados entre sus miembros, pero participando poco en su negociación.

Mientras se mantienen los enunciados teóricos sobre las ventajas del libre comercio indiscriminado y pese a las profesiones de fe en los organismos multilaterales, la dinámica regional avanza paralelamente y a una mayor velocidad que el proceso multilateral.

Durante los tres siglos que duró la economía colonial de inspiración mercantilista, las metrópolis recurrieron a la férrea protección de sus economías para asegurar que obtenían balanzas comerciales superavitarias que les permitieran acumular excedentes de metales preciosos que eran considerados a la sazón, expresión básica de la riqueza.

Gracias a dicha protección, se consolidaron las economías industriales de los centros, disponiendo de una acción directa del Estado no sólo para la protección de la economía nacional, sino que adicionalmente se inició la práctica de entregar subsidios a los empresarios.

Durante el siglo XIX, la economía mundial estuvo regida por la hegemonía inglesa y operó sobre la base del librecomercio postulado por los pensadores clásicos. En esa lógica, cada país posee ventajas comparativas derivadas de su fertilidad, clima, disponibilidad tecnológica y costo de la mano de obra. Sobre esa base debe especializarse en la producción de aquellos bienes que gocen de menores costos relativos y ello conduciría a la división internacional del trabajo.

Por esa vía, Inglaterra quedo constituida en "fábrica" del mundo, que era abastecida por las materias primas procedentes de los países periféricos a los que enviaba de vuelta las manufacturas procesadas, quedando estos últimos en condición de economías primarias (ganaderas, agrícolas, mineras) sin perspectivas de avanzar hasta formas de industrialización. Sólo a partir de su independencia de Inglaterra pudo Estados Unidos sentar las bases de un proceso autónomo de industrialización, así en sus inicios tuviera serias desventajas frente a la potencia hegemónica del momento.

La crisis de 1929 y la gran depresión que siguió en toda la economía mundial demostró que la exclusiva acción del mercado no garantiza la eficiente asignación de los recursos y la adecuada regulación del funcionamiento del sistema económico. Por el contrario, la presencia de ciclos de auge y recesión, dejada a su acción espontánea, podría hacer inviable la continuidad del sistema. Ello condujo a la adopción de políticas de intervención gubernamental para compensar los desequilibrios del sistema.

Los excesos de dicha intervención generaron en muchas partes un crecimiento exagerado del tamaño y funciones del Estado en el ámbito económico, la preferencia por políticas de gasto público expansivo generó tendencias a la inflación estructural e inercial; y la protección de las empresas nacionales hizo lento el proceso de reconversión y elevación de la productividad. En ese clima, llegaron las propuestas de contracción monetaria (eliminación de subsidios, reducción del gasto social, privatización de empresas públicas), se adoptaron políticas de reducción del papel y tamaño del Estado.

En el orden económico se aplicaron políticas de apertura a los bienes, servicios y capitales externos, se liberalizó la inversión extranjera y se eliminaron los criterios de desempeño que existían para la inversión extranjera. La obligación de incorporar insumos y mano de obra local y el compromiso de exportar parte de la producción y repatriar las divisas generadas por dicha exportación se eliminaron para facilitar el libre ingreso y salida de los capitales externos. El resultado ha sido un incremento notable de los flujos de capital de corto plazo, no vinculado a la inversión productiva.

En el sector real, por su parte, la agricultura e industria regionales se encuentran gravemente debilitadas por la competencia externa y el abandono del apoyo estatal, y enfrentan la competencia desleal de bienes producidos con violación de los derechos laborales y sociales fundamentales (trabajo de presos, trabajo infantil, trabajo forzado, daño ambiental, negación de las libertades sindicales). Ello explica el aumento de las quiebras de empresas locales, el creciente desempleo e informalidad y el incremento de las formas precarias de trabajo (informalidad, subcontratación)

Entre tanto, las economías metropolitanas mantienen políticas de subsidios a la agricultura. En la Unión Europea, el 95% del presupuesto comunitario se destina al programa agrícola que subsidia a los productores de carnes, lácteos y cereales, a fin de proteger el empleo en sus países para proteger la estabilidad política. Adicionalmente mantienen controles cuantitativos(cuotas al azúcar, los textiles y el banano), requerimientos ambientales y laborales; que pese a su inspiración filosófica humanista y social tienden a utilizarse de modo unilateral.

La reducción de aranceles y la baja de los costos de los fletes y de las tarifas de telecomunicaciones han producido un incremento notable del comercio mundial. Ello quiere decir que una porción creciente de pos bienes y servicios producidos por los países están vinculados al comercio exterior, todo ello estimulado por los procesos de integración económica. Ha sido notable por ejemplo, el notable crecimiento del comercio entre las economías fronterizas (Brasil-Argentina, Colombia-Venezuela y Estados Unidos-México) como lógica consecuencia de la cercanía geográfica.

Los países asiáticos desde su despegue económico orientaron sus economías hacia el mercado mundial, en tanto que países de nuestro continente como Chile ya dedican al comercio exterior alrededor del 40% del total de su producción. Queda patente, por supuesto, que como secuela de esa tendencia, los países se hacen más vulnerables a los cambios de los precios internacionales, restricciones proteccionistas en sus mercados de destino, sustitución de sus productos (reemplazo del azúcar de caña por azúcar de remolacha, jarabe de maíz o edulcorantes), medida proteccionistas(cuotas, sanciones o condiciones ambientales), o a devaluaciones bruscas de sus socios.

Las grandes potencias de todas formas mantienen la tradición de tratar de mejorar su productividad y eficiencia para elevar su competitividad, buscando lograr balanzas comerciales superavitarias dentro de la más arraigada tradición jurídica. Ello no ocurre en cambio dentro de nuestro continente, donde la mayoría de países presentan cuentas comerciales externas negativas. Estados Unidos arrastra un déficit comercial de largo plazo, pero que logra suplirlo con los ingresos por intereses y cobro de deudas, repatriación de utilidades, cobros de regalías por patentes y colocación de bonos que atraen el ahorro mundial.

Sin embargo y pese al aumento del comercio, los flujos de capital desvinculados de las transacciones físicas o intangibles vienen creciendo más rápido que el crecimiento del comercio. Quiero con ello decir que la internacionalización del capital es más dinámica y creciente que el incremento del comercio. Por cada dólar que fluye vinculado al comercio seis de ellos se trasladan como movimiento de capital.

El capital que debía cumplir en el pasado ciertas condiciones como asegurar el empleo de mano de obra e insumos locales, garantizar la exportación de un parte de su producción y repatriación de las divisas generadas por dicha exportación, ahora opera en general sin restricciones.

La tradición económica ha defendido la conveniencia de recibir capital extranjero si ella se canaliza a la inversión productiva y adquiere un compromiso permanente con el país receptor. Ello garantizaría la llegada de nueva tecnología, la generación de empleo y el recaudo fiscal. Desagraciadamente son los capitales de corto plazo(hot money o dinero golondrina) constituyen el mayor flujo de capitales en la última época. Fueron los fondos de pensiones estadounidenses quienes compensaron el déficit comercial mexicano hasta 1994. Bastó que dichos capitales decidieran salir por el cambio de las condiciones que les eran favorables, para que el país se encontrara en bancarrota.

A efecto de atraer dichos capitales, los países se han comprometido en políticas como el mantenimiento del tipo de cambio que les ahorra la pérdida por devaluación cuando van a sacar sus recursos. Pero con inflación interna ello evalúa las monedas golpeando de paso las exportaciones, Todos los analistas coinciden en que la mayoría de monedas del continente han estado revaluadas y en que ello explica en gran medida su pobre desempeño exportador.

Adicionalmente, mantener tasas de interés más altas en nuestros países que las que se cobran en las metrópolis financieras, aún descontando el efecto de la devaluación, ha convertido en negocio obtener créditos en las plazas financieras y atraerlos a nuestros países para colocarlos a corto plazo. Por esto se han impulsado la liberación financiera y de la cuenta de capital. El resultado e que los países presentan efímeras bonanzas de capitales que pueden desaparecer en un instante cuando los grandes operadores financieros, ahora conectados por Internet, ordenan abandonar a un país. México y Brasil, Tailandia y Malasia, Corea y Filipinas ya lo han experimentado.

La pregunta que queda obvia es: ¿Cuáles son las ventajas que los países derivan de mantener las facilidades al capital extranjero que no vincula a la producción? La alta vulnerabilidad y el crecimiento de la usura estaban introduciendo distorsiones insostenibles en la economía mundial.

Bajo la hegemonía del ideario neoliberal y forzados por la presión de los acreedores y de la condicionalidad de las agencias multilaterales, la casi totalidad de los gobiernos de la subregión han procedido a adoptar aperturas drásticas de su sector externo, lo cual ha implicado reducciones arancelarias, eliminación de los permisos y cupos de importación, y se ha casi eliminado la función de las aduanas.

En la lógica teórica, los gobiernos creían que hecha la apertura al exterior, la mayor competencia con la producción internacional forzaría a los productores locales a mejorar su eficiencia para poder competir en la arena mundial. La disponibilidad de bienes importados, unida a la producción nacional permitiría, de un lado, aumentar la oferta con su esperado efecto en el descenso de los precios, además de permitir al consumidor una mayor libertad de elección de los bienes de su preferencia.

Dicho facilitamiento y abaratamiento de las importaciones asociado, al fortalecimiento de las monedas nacionales por los esquemas de convertibilidad y bandas cambiarías, haría más expedito el proceso de renovación del aparato productivo por el menor costo y más fácil acceso a la importación de maquinaria y equipo. La verdad es que el mayor componte de las nuevas importaciones no ha sido el de bienes productivos, en gran parte por el elevado costo del crédito interno en casi todos los países.

La situación de déficit en su comercio externo que presentan la mayoría de países de la subregión permite deducir que no se ha llegado a la meta prometida, y que dicho déficit ha sido compensado en gran medida por el flujo de capitales de corto plazo, lo cual es de incierta permanencia.

Por el contrario, debería preferirse el desarrollo de procesos de integración, en los cuales a diferencia de la apertura unilateral, los socios del proceso integracionista actúan de modo recíproco otorgando y recibiendo beneficios y preferencias a sus socios. Pero cuando un país ha tomado la decisión, voluntaria o forzadamente, de aplicar políticas de apertura unilateral, reduce su poder de negociación cuando llega a un proceso de integración.

Los procesos de integración son positivos cuando respondan a las realidades de cada país, consulten sus interese fundamentales y siempre que logren impulsar el crecimiento equitativo de sus economías. Por el contrario, la exclusiva apertura unilateral de las economías al ingreso de bienes, servicios y capitales externos no está asegurando el buen desempeño de nuestras economías. No hay un mayor crecimiento, no se ha aumentado ni mejorado la calidad del emplee, no se está reduciendo la pobreza y por el contrario la brecha entre el ingreso de trabajadores más calificados y menos calificados se viene ampliando.

El carbón y el acero eran los dos insumos básicos de la industria de la primera mitad del siglo XX y estuvieron presentes como motivo de discordia entre vecinos, invasiones y conflictos bélicos de la dimensión de las dos guerras mundiales. Después de toda una historia de desconfianza y recelo, los principales países europeos decidieron hace cincuenta años constituir las comunidades del carbón y del acero, que trataron de garantizar la paz en el continente. El proceso avanzó hacia la unificación aduanera, libertad migratoria y de capitales de inversión, hasta llegar a la unión monetaria y política.

Argentina y Brasil arrastraban un siglo de malas relaciones y desconfianza mutua, por la sospecha sobre las tenencias expansionistas del otro país, lo cual se agravó por la suposición de que cada uno de ello estaba avanzando hacia la utilización bélica de la energía nuclear. Al salir de la dictadura que asoló a ambos países, los Presidentes Sarney y Alfonsín decidieron comenzar un proceso de acuerdos comerciales que fueron el germen que dio origen al Mercado Común del Sur (Mercosur). Aunque subsisten diferencias en torno al manejo cambiario y diferencias en torno a la captación de inversión extranjera, el comercio intragrupo ha crecido dinámicamente.

Venezuela, Colombia y México formaron el Grupo de Contadora, para abordar conjunta y concertadamente el problema de la guerra en Centroamérica, frente al temor de que una expansión de dicho conflicto tocaría inevitablemente a los tres países mayores de la subregión. Efectivamente se creó un clima favorable a la negociación, que creó las bases del Tratado de Esquipulas en el cual los países centroamericanos por sí mismos acordaron soluciones negociadas a los conflictos internos a cada país y a las diferencias entre países. Cerrado ese ciclo, os mismos países de Contadora dieron origen al Grupo de los Tres, con un claro componente energético y si bien es cierto su inicio estuvo ensombrecido por la brusca devaluación en México y en Venezuela, los gobiernos comprometidos siguen convencidos de la conveniencia de mantener el proceso.

La Comunidad Económica Europea estuvo cerrada a Grecia, España y Portugal, pese a ser países de tradición cultural, religiosa, racial y económica occidental, en razón de su régimen político dictatorial. Mientras dichos países estuvieron gobernados por regímenes autoritarios, no fueron aceptados en el proceso de integración. Tan pronto se dio la transición a la democracia, el proceso de ingreso de desencadenó aceleradamente.

La Unión Europea tiene hoy estrictos parámetros de práctica de la democracia para poder acceder a dicho proceso y por mantener partidos ilegalizados, mantener vigente la pena de muerte, aplicar discriminación a la mujer y hegemonía militar sobre el poder civil, Turquía no ha sido aceptada en la Comunidad Económica, aunque hace parte de la OTAN.

En el orden geopolítico, los países europeos que hacen parte de la Unión Económica planean extender su cobertura a los países de Europa Oriental, del antiguo bloque socialista, en orden a constituir la Casa Común Europea, como unidad económica que se corresponda con la unidad de régimen político. Sólo así se pretende evitar el retorno al pasado, y sobre todo, frenar el riesgo de que se produzca una migración masiva y desordenada hacia occidente, como ocurrió hace una década.

La existencia de criterios políticos en la interacción económica y política ha venido avanzando al punto que la OEA ha acordado excluir de dicho sistema regional al país en donde se rompa la continuidad democrática y los países líderes de Mercosur advirtieron que si las amenazas al régimen constitucional civil en Paraguay se concretaban, Paraguay sería excluido de Mercosur.

Los componentes políticos son cada vez más patentes en los procesos de integración económica: Europa discute acerbamente si deba avanzar hacia un régimen federal con lo que ello implicaría de cesión de soberanía y ello levanta serios temores en países como Francia, respecto de los exagerados poderes de la Comisión Europea que ejerce la función de poder ejecutivo comunitario y que no procede de elección popular.

El respeto a los derechos humanos está establecido como condición innegociable para los países que pretendan acceder a los beneficios del Sistema General de Preferencias de los Estados Unidos y similar cosa existe para el acceso al mercado europeo. Ya ha habido intento de aplicar una condicionalidad de respeto a los derechos laborales y ambientales por parte de los países europeos hacia los países del Grupo Andino y esa misma exigencia ha demorado la concreción de un acuerdo de librecomercio de Europa con México.

En la constitución del Tratado Norteamericano de Libre Comercio(Nafta) influyó seriamente el criterio de comprometer a México en el avance de su democratización, combate a la corrupción y al narcotráfico. Los presidentes Salinas de Gortari y Zedillo establecieron como criterio rector de su acción que el avance del Nafta era la condición necesaria para poder avanzar en la reforma política. La explosión del fenómeno guerrillero en Chiapas mereció una atención creciente de parte de sus aliados del Norte y determinó la conducta oficial frente al problema, muy diferente al tratamiento que en el pasado aplicó el gobierno de México a fenómenos similares.

La globalización e integración económica tiene varias facetas de interdependencia: La ayuda masiva prestada por los Estados Unidos a México frente al derrumbe de su moneda en diciembre de 1994 expresa el temor a una bancarrota de su vecino, que podría generar una estampida de migración ilegal y desordenada.

No se puede por eso soslayar el hecho de que el proceso de globalización e integración no está formado exclusivamente por variables económicas, sin comprender que está de por medio la convergencia de los sistemas políticos, en un mundo crecientemente unipolar.

En la primera generación de acuerdos de integración de los años sesenta, el ámbito de los acuerdos se refería fundamentalmente al comercio de bienes y por ello las negociaciones se centraban preferentemente en los aranceles, listas de excepción, salvaguardias etc.

En algunos casos se trató de avanzar a la programación sectorial para asignar concertadamente una actividad económica a un país determinado, pero en la realidad ello no avanzó como se esperaba. La constitución de instituciones comunitarias (Parlamentos, Cortes de Justicia, Fondos de Reservas, Consejos Laborales y empresariales) tuvo poca eficacia en razón del lento desarrollo del proceso de integración, de la escasa voluntad política de conceder espacios decisorios de participación a los actores sociales o debido al rechazo a cualquier cesión de soberanía, necesaria si se desea que los procesos comunitarios avancen.

En los años ochenta se reactivan las negociaciones de acuerdos subregionales (Nafta, Mercosur, Grupo de los Tres), pero la agenda de negociaciones se ha ampliado y además de los temas referidos al comercio, surgen nuevos temas en la agenda:

a)Tratamiento al capital internacional, orientado a facilitar las inversiones y el flujo de capitales sin limitaciones ni controles.

b)Protección a la propiedad intelectual, asegurando el reconocimiento de las patentes y el adecuado pago de regalías por su utilización.

C. Definición de normas de origen que aseguren un componente nacional en los bienes que van a beneficiarse del espacio económico ampliado.

D. Apertura de las compras estatales a los oferentes extranjeros eliminando el privilegio a los proveedores locales.

A nivel internacional las organizaciones sociales y laborales y algunos gobiernos progresistas vienen impulsando la propuesta de que se establezca una Cláusula Social que vincule el comercio al respeto de los derechos humanos, sociales y laborales fundamentales ratificados en los Tratados Internacionales y en las Normas de la OIT.

Esta propuesta ha sido resistida fuertemente por los gobiernos de los países en desarrollo, con la creencia de que las condiciones precarias de trabajo, la escasa remuneración y la inexistencia de derechos laborales son una ventaja comparativa a la cual no están dispuestos a renunciar. Acusando a la idea de una Cláusula Social de ser un instrumento proteccionista de los centros, en la práctica terminan defendiendo la supervivencia de la sobre-explotación del trabajo.

A su turno, los gobiernos de la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE) que agrupa a los países más desarrollados del mundo pretende lograr la adopción por parte de la OMC de un Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que daría plenas libertades al capital transnacional para desplazarse por el mundo sin ningún compromiso de canalizarse a la inversión productiva. Dicha propuesta ha sido resistida por los gobiernos de los países en desarrollo que comienzan a percibir que la inestabilidad que sufren, se deriva del comportamiento especulativo del capital internacional.

En el continente americano, los antiguos procesos de integración han venido siendo redimensionados con la nueva agenda de negociación. Así, el Mercado Común Centroamericano ha dado paso al Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y el Grupo Andino se ha transformado en Comunidad Andina de Naciones, en camino hacia la formación de un Sistema Andino de Integración (SAI).

La propuesta del Presidente Busch con su Iniciativa de las Américas, fué recogida por la Administración Clinton en la idea de conformar un Area de Libre Comercio de las Américas, lanzada en la Cumbre Presidencial de Miami de 1994 y seguida de las cumbres de Ministros de Comercio Exterior (Denver y Bel Horizonte) y de Cancilleres (Cartagena). La carencia de las facultades de negociación por la vía rápida en la administración estadounidense, redujo el nivel decisorio de la Cumbre Presidencial de Santiago de Chile en 1998. De todas formas se siguen impulsando las negociaciones con la perspectiva de que en el año 2005, el área continental comience a operar.

En el proceso de avance de las negociaciones en el continente americano, se vino imponiendo en sus inicios la estrategia de núcleo central y ejes(hub and spokes) que colocaría el centro decisorio en los Estados Unidos como primera potencia económica de la subregión. En dicha lógica, el núcleo económico maximiza su poder de negociación y los países que aspiran a ingresar ven disminuida su capacidad de negociación, pues deben acogerse a una agenda ya existente y aprobada por los países que hacen parte del mercado ampliado del norte.

Fue patente por ejemplo el interés manifiesto de países como Chile, Argentina, Costa Rica y Colombia, de lograr el acceso individual al Tratado Norteamericano de Libre Comercio y fué esa perspectiva la que determinó la apresurada formación del Grupo de los Tres. "Estar integrados con México, que es parte del Nafta, equivale a tener un pié de acceso a la economía estadounidense", fue una creencia escuchada por esos años en boa de los negociadores del continente.

La verdad es que dicho ingreso al Nafta no se produjo y los países que dependía de esa expectativa, como fué el caso de Chile, procedieron a avanzar en acuerdos bilaterales con México, Venezuela, Colombia y Mercosur. Los países que cifraron su estrategia en integrarse hacia el mercado norteamericano, perdieron un tiempo valioso que debieron destinar a optimizar su eficiencia y a mejorar su capacidad de negociación.

Mientras los países esperaban la decisión del Congreso estadounidense de otorgar o no las facultades de negociación por la vía rápida (Fast track) al ejecutivo de su país, al sur del continente se conformaba el Mercado Común del Sur (Mercosur), el cual logró en sólo un lustro de existencia avanzar de zona de libre comercio a unión aduanera imperfecta y logró mostrar un crecimiento notable del intercambio comercial entre sus socios.

Aunque es verdad que los recientes acontecimientos cambiarios en Brasil han lanzado una sombra sobre el optimismo reinante, y pese a las dificultades políticas en Paraguay, nadie pone en tela de juicio la viabilidad del modelo. Los líderes de los países involucrados encontrarán la forma de superar las diferencias, tal como ha ocurrido en el pasado. Adicionalmente Mercosur ha firmado acuerdos de alcance parcial con Bolivia y Chile y adelanta negociaciones para establecer una zona de libre comercio con la Unión Europea.

Frente a la estrategia de negociación país por país, desde el sur ha venido con esto la opción de negociación bloque a bloque (Building Blocks), con la cual cada grupo de países dispone de un mayor poder de negociación, aunque el proceso de en sí mismo es mucho más dispendioso. En esa lógica se inscriben las negociaciones Mercosur-Comunidad Andina de Naciones. Hay por eso quienes sostienen que estamos ante la posibilidad de que antes de llegar a una zona continental de libre comercio. Se abriría paso así a una zona suramericana de libre comercio.

En el proceso de integración europeo se han constituido Fondos estructurales de cohesión que contribuyen a atenuar el grave impacto de la competencia en ramas y regiones determinadas y por esta vía países como España, Portugal, Grecia e Irlanda; regiones deprimidas como el sur de Italia y el este de Alemania y sectores como la industria metalúrgica, automotriz y minera han recibido apoyo de los países con mayor nivel de desarrollo, en su reconversión productiva y en la calificación de sus trabajadores/as.

Estas políticas están inspiradas en la filosofía de crear la casa común europea, como un hábitat adecuado para una mejor calidad de vida dentro de una mayor equidad. Frente a la concepción de la integración como un mayor ámbito para los negocios, la concepción europea suena extraña entre nosotros, de modo que el Dialogo social que en Europa vincula a los consumidores, empresarios, trabajadores, ambientalistas y partidos políticos, en nuestro continente ni siquiera se menciona como necesidad esencial del proceso de integración.

Los gobiernos se consideran depositarios del poder y la legitimidad para firmar a nombre de la sociedad acuerdos que muchas veces no pueden llegar a implementarse, justamente por su ausencia de contenido social y por ende de legitimidad real. Una pregunta obvia que es pertinente sería esta: ¿Cuándo los trabajadores y los gremios empresariales se han pronunciado en contra de la conveniencia de la firma de un acuerdo como el del grupo de los tres, a nombre de quién firmaron los gobiernos dicho acuerdo?.

La carta social europea está inspirada en una concepción de no igualar mecánicamente los salarios, pensiones y condiciones de trabajo de todos los países de la subregión, sino que se ha tratado de buscar una convergencia en los elementos básicos de la relación salarial y laboral para evitar que las excesivas diferencias entre un país y otro produzcan migraciones masivas de trabajadores o desplazamientos bruscos de la inversión que degeneren en severos problemas de desempleo en algunas regiones. A la fecha, después de establecer un pasaporte comunitario y permitir el libre flujo transfronterizo de personas, el porcentaje de ciudadanos que viven fuera de su país de origen es mínimo.

En nuestro continente por el contrario, las facilidades otorgadas a las mercancías, a las patentes, al capital y a los inversionistas no se extienden a las personas, en particular a los trabajadores. Mientras el Nafta asegura visa de inmigración a los empresarios y técnicos mexicanos en EEUU y Canadá, dicho acceso no es garantizado a los trabajadores no calificados.

La decisión comunitaria de extender a todos los países la obligatoriedad de establecer comités de empresa con carácter consultivo en lo referido a la innovación tecnológica y las condiciones de trabajo demuestran que esa política de concertación ha permitido elevar la productividad y hacer más competitivas las economías. La empresa francesa Renault acaba de ser multada por no haber realizado dicha consulta previa al cierre de su planta en Vivorde (Bélgica).

Los países nórdicos han demostrado que con su sistema de concertación macroeconómica entre los interlocutores sociales han logrado conducir las economías a una gran estabilidad con una elevada cohesión social, transparencia política y reducido espacio para la corrupción. Con elevadas tasas de sindicalización, presenta un reducido nivel de huelgas y una gran competitividad internacional.

En nuestro continente por el contrario, las autoridades creen haber sido elegidas en una consulta definitiva y única que les dota para gobernar sin consultar y no faltan gobernantes que defienden la tesis de que "concertar es renunciar a aplicar la ley" o más aún, que "el único espacio legal e institucional para la concertación es el órgano legislativo". Por fuera de allí, se considera inocua la consulta a los actores sociales. Hay quienes sostienen que la concertación es inválida pues se traduce en una renuncia a aplicar la ley o al menos, una negociación de la misma.

La posibilidad de llegar a la unificación monetaria que los países interesados se comprometen a cumplir parámetros comunes de desempeño macroeconómico (bajo déficit fiscal, baja deuda pública, baja inflación) para evitar las devaluaciones unilaterales competitivas, que adoptadas por un país pueden afectar a sus socios en el proceso de integración como acaba de ocurrir con la devaluación brasileña y sus impactos en la economía argentina, que han llevado al presidente Menem a proponer el abandono de las monedas nacionales y a adoptar el dólar como moneda en estos países.

Los procesos de integración en América Latina han evolucionado en forma dinámica desde los años sesenta, bajo el supuesto inicial de que la producción y el cambio pueden crecer en mayor medida si se usan economías de escala, gracias a la unión de los mercados. Posteriormente se ha impuesto la creencia de que los países no pueden rezagarse en las tendencias de Globalización Económica y que los beneficios del comercio exterior pueden distribuirse equitativamente entre los países participantes. Este argumento justifica en gran medida la tendencia generalizada en América Latina, de realizar acuerdos bilaterales y multilaterales que dinamicen el flujo de comercio y de capitales entre los países del continente, con miras a la creación de una zona de libre comercio que vaya desde Alaska hasta la Patagonia.

En este contexto, el proceso de integración centroamericano adquiere importancia por su ubicación estratégica frente a los mercados del Norte y Suramérica, y por las adversidades que ha tenido que sortear.

El proceso de integración en Centroamérica, tuvo como antecedente, desde el siglo pasado, la conformación de las denominadas Provincias Unidas de Centroamérica, en 1821, a través de la cual los 5 países de Centroamérica, se unieron después de la independencia de España y la fallida unión a México. Desgraciadamente, la organización federal propuesta para la unión de provincias, no logró consolidar el poder, de manera coherente, y terminó desapareciendo, ante la deserción de las autoridades locales de los Estados.

En los años siguientes, varios intentos de reunificación se produjeron sin resultados positivos, incluyendo el ensayo de Francisco Morazán, quien, desde Costa Rica inició una campaña por la reunificación, que ha sido calificada de forzada y violenta, lo cual le costó la muerte por fusilamiento, en 1842.

En 1847, la amenaza extranjera en territorio de Nicaragua, motivó un intento más por la unión de los países, con un gobierno provisional, cuyo objeto fundamental sería el de "prestarse recíprocamente auxilio para la conservación de su independencia y soberanía y consecuentemente a auxiliarse mutuamente para conservar las formas de gobierno popular y representativo".

Como puede verse, el carácter coyuntural de la unión, para conjurar la dominación del norteamericano Walker, en Nicaragua, se convirtió en el mismo factor desencadenante del fracaso de este nuevo intento.

Otros ensayos integracionistas sucedieron a lo largo de los años, pero siempre dirigidos hacia el logro de una consolidación política del poder, y no de las relaciones económicas. Esta es tal vez la diferencia fundamental del moderno proceso de integración iniciado a mediados del siglo XX.

Aunque este proceso de integración económica y comercial en Centroamérica, nació con objetivos muy ambiciosos en términos de intercambio comercial, social y cultural, ha experimentado graves problemas a lo largo de su historia. La crisis de la subregión centroamericana en la década del 80, hacía pensar que el proceso se dirigiría hacía el fracaso, ya que no se daban las condiciones económicas ni políticas que permitieran vislumbrar su continuidad. Después de terminados los procesos de estabilización y reforma estructural propuestos por las agencias multilaterales, está claro que los países de la Subregión tienen voluntad política para llevar el proceso de integración hacia etapas más avanzadas, involucrando no solo el intercambio comercial y facilidades para el flujo de capitales, sino también temas como la armonización de políticas comerciales y macroeconómicas, y la consolidación de la democracia.

Esta tendencia, aunque constituye un gran desafío para economías tan pequeñas como las de la subregión, es vista como una necesidad para la adecuada inserción en la economía mundial, y como una fase de preparación para la competencia que representará la suscripción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), programada para el año 2005.

Por esta razón, los países de la subregión insisten en el proceso, superando los inconvenientes de épocas pasadas y actualizando sus estructuras comerciales hacia la competencia internacional, con el fin de no repetir los errores del pasado, cuando el mismo proceso de integración contenía factores desestabilizadores que unidos a los factores externos conspiraban contra el éxito de dicho proceso. Para entender adecuadamente la evolución de lo que hoy en día se denomina Sistema de Integración Centroamericano, es necesario dividir la historia del proceso en tres etapas:

1. La primera, desde sus inicios, con la creación del Mercado Común Centroamericano en 1961, hasta 1980 cuando la situación del proceso se hace insostenible, principalmente por factores externos como la crisis de la deuda externa y la recesión de la economía mundial.
2. Una segunda etapa, en la que la integración vivió una época de estancamiento debido a la existencia de conflictos armados al interior de los países y entre los países, hasta 1990; y,
3. Una tercera etapa en la que la consolidación de la paz y el logro de la estabilización económica han permitido dinamizar el proceso y plantear metas más ambiciosas en la integración.

Con esta metodología de exposición se presentará a continuación la evolución de la integración centroamericana, para establecer el comportamiento de la subregión frente a los problemas intrínsecos y los factores externos que propician o desestimulan los procesos integracionistas.

Antes de constituirse el Mercado Común Centroamericano, entre Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la subregión venía intentando la integración a través de acuerdos bilaterales, que proporcionaran las primeras experiencias formales.

Desde 1951 se venía configurando el denominado Programa Centroamericano de Integración, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), a fin de promover la integración gradual y progresiva de las economías de los países del Istmo y la coordinación de los programas de desarrollo económico.

Diez años más tarde, el 4 de junio de 1961 se firmó el tratado General de Integración Económica Centroamericana, con el cual se validó el Mercado Común Centroamericano, involucrando a los países mencionados en un proyecto de integración con aspiraciones no solo económicas sino también políticas, ya que gracias a la influencia de la CEPAL, los programas comerciales e industriales (al mejor estilo de planificación de la entidad), incluían la coordinación de las políticas de desarrollo de cada uno de los países.

La idea fundamental del proceso era promover la integración gradual a través de:

1. Un régimen de libre comercio, a perfeccionarse en un plazo de 10 años (zona de libre comercio);
2. La equiparación de gravámenes a la importación, para ser alcanzada en un plazo de 5 años (arancel uniforme), y
3. Un proceso de industrialización sobre las bases de reciprocidad y equidad, mediante la promoción de actividades manufactureras, cuya capacidad mínima de planta o de plantas requiriera tener acceso al mercado regional para operar en condiciones razonablemente económicas y competitivas.

Como puede verse uno de los pilares de este acuerdo era la reciprocidad y equidad en el intercambio, aspectos que al final nunca pudieron cumplirse, ya que como se verá más adelante, una de las causas internas de la crisis fue la inequitativa distribución de los beneficios del comercio.

Desde el principio del proceso, fue primordial el aspecto institucional de la integración para lo cual, se creó el Consejo Económico Centroamericano, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría Permanente (SIECA).

El primer Consejo estaba conformado por los ministros de economía de los países miembros y tenía como función dirigir la integración y coordinar la política en materia económica. El Consejo Ejecutivo estaba conformado por un representante de cada país y tenía como encargo asegurar el cumplimiento del Tratado General, y resolver problemas en desarrollo del proceso. Estas dos instituciones desaparecieron después de los problemas en los últimos años de la década del 60, para ser reemplazados por reuniones de ministros y representantes en foros con propósitos diferentes a los de los antiguos Consejos.

La Secretaría Permanente SIECA, fue la única institución que se mantuvo y aún en la década del noventa continua siendo el organismo más importante para la integración centroamericana. Desde su creación ha tenido la responsabilidad de velar por la correcta aplicación del Tratado y de todos los instrumentos multilaterales y bilaterales vigentes entre los Estados miembros. Además de estas funciones ejecutivas, la SIECA es un organismo técnico que hace estudios e investigaciones para apoyar las decisiones de los países.

Indudablemente los efectos positivos del establecimiento del Mercado Común Centroamericano, se vieron pronto en el crecimiento del flujo de comercio entre los países firmantes del Tratado. "La proporción de comercio intra-regional dentro del total subió de menos del 7.5% hasta 25% entre 1960 y 1980, y consistió mayormente en manufacturas previamente importadas del resto del mundo".

La mayor parte de autores que analiza la evolución del Mercado Común, coincide en que el mayor flujo de comercio que siguió a la firma del Tratado, no correspondió con los objetivos propuestos, ya que la estructura de exportaciones de los países miembros no se modificó, continuando con la fuerte dependencia de productos primarios.

La creación del Arancel Externo Común, (una de las primeras medidas adoptadas bajo el Tratado), paradójicamente tuvo efectos negativos sobre el proceso de integración pues estimuló la producción industrial, pero dirigida al mercado interno de cada país. El resultado fue una diversificación leve de la actividad industrial pero con alta importación de materias primas, lo cual ocasionó un aumento en el gasto de divisas.

Si bien es cierto que el flujo de comercio entre los países aumentó considerablemente, como se mencionó antes, es necesario aclarar que las exportaciones extra-regionales aumentaron de manera más dinámica, basadas en los productos primarios tradicionales con las consecuencias de dependencia que implica esta tendencia.

Según Saborío "El desarrollo del mercado regional no solamente no aisló a estos países de los cambios sincrónicos en los términos de intercambio, sino que realmente hizo a la actividad económica de la subregión mucho más vulnerable a dichas perturbaciones."

Desde el punto de vista de la equidad y reciprocidad, puede decirse que se obtuvieron los resultados más insatisfactorios para algunos países, lo cual terminó por atentar contra el desarrollo del proceso. "La distribución del comercio intra-regional por países fue muy desigual desde el principio, entre otras razones, por la naturaleza, las características y el grado de desarrollo de sus estructuras productivas".

Los países más dinámicos en exportaciones fueron Guatemala y El Salvador, mientras que Honduras, Nicaragua y Costa Rica fueron dinámicos en Importaciones. Esta tendencia se mantuvo hasta 1979, considerándose como un factor importante para el desencadenamiento de la crisis, no solo por el malestar político que generaba, sino también por la imposibilidad de los países deficitarios de pagar el monto de las importaciones.

Las expresiones de inconformismo se agravarían con el conflicto bélico entre El Salvador y Honduras, que significó el rompimiento del esquema de integración propuesto desde 1961. "El conflicto armado se manifestó en problemas de orden político en toda el área; ocasionó consecuencias económicas y sociales, y tuvo efectos negativos en el funcionamiento del mercado común."

A pesar de lo inconveniente que resulta para el proceso, el hecho de tener a dos países enfrentados bélicamente, lo sobresaliente fue que se realizaron esfuerzos conjuntos para lograr la paz en la subregión y reestablecer el Mercado Común. Finalmente, en 1970, después de una reforma constitucional, Honduras abandonó el esquema porque su legislación interna solo contemplaba acuerdos bilaterales, dando marcha atrás en su política comercial.

Durante la década del setenta, el comercio intra-regional disminuyó notablemente, haciendo necesaria una reestructuración que imprimiera un nuevo dinamismo al esquema de integración. De esta manera hacia 1976, la SIECA presentó un documento denominado "Proyecto de Tratado de la Comunidad Económica y Social Centroamericana", el cual constituyó un cuerpo jurídico integral que perseguía una verdadera reestructuración del movimiento centroamericano de integración.

Este proyecto fue tan innovador que incluyó temas sociales como el empleo, seguridad social, salud, alimentación y nutrición, vivienda, cultura y educación, dándole una nueva dimensión a la integración para sacarla del enfoque puramente comercial y llevarla hacia metas mucho más ambiciosas. Si embargo este intento no funcionó enseguida y con la crisis de los años ochenta fue totalmente ignorado.

Sin lugar a dudas, la crisis económica de los ochenta afectó de manera generalizada a todos los países del Continente, sin embargo en Centroamérica tuvo el agravante de dejar en evidencia las debilidades estructurales que traía consigo el esquema de integración, llevándolo prácticamente a su desaparición.

La literatura existente sobre la historia del Mercado Común Centroamericano, parte del reconocimiento de que los factores externos, influenciaron el rompimiento del movimiento integracionista, aunque no lo determinaron de manera directa. Está claro que al interior del proceso de integración coexistían factores favorables y desfavorables, y que ante los dramáticos cambios del entorno internacional, los factores desfavorables dejaron al descubierto la fragilidad del modelo.

Es bien conocida la crisis que afectó la economía mundial en la década del ochenta, por lo que aquí solo se mencionarán los aspectos más relevantes para la crisis de la subregión centroamericana. Entre dichos aspectos están los de la inflación mundial, la devaluación del dólar y la crisis de la deuda externa latinoamericana.

Tal como se mencionaba antes, la subregión no logró reducir su vulnerabilidad externa, ya que continuó dependiendo de las exportaciones de bienes primarios, por lo que el descenso en la demanda, redujo la capacidad de compra de los países miembros. Además "el estilo de desarrollo que caracteriza a la subregión ha sido concentrador, o en todo caso excluyente, en el sentido de haber favorecido a los distintos estratos de la población en forma notoriamente desigual, acentuando el grado de concentración del ingreso en algunos países."

A la par de esta problemática en el ámbito económico, el conflicto armado en El Salvador y Nicaragua, creó tal desconfianza política en la subregión, que el esquema de integración terminó por desarticularse, con la consecuente fuga de capitales, disminución del comercio intra-regional y paralización económica por actos de violencia contra el aparato productivo.

Otro factor que contribuyó a la desintegración fue la reacción de cada uno de los países para conjurar la crisis. Todos los gobiernos del momento implementaron políticas de restricción de importaciones y luego de promoción de exportaciones extra-regionales. En cuanto al régimen de pagos, se recurrió al control cambiario para evitar movimientos inflacionarios, sin embargo al final estas medidas contribuyeron a la especulación financiera, la fuga de capitales y el aumento en el costo de transacciones externas.

Es necesario resaltar que como en el resto de América Latina, la subregión centroamericana tuvo dificultades con la deuda externa, por lo que la estabilidad macroeconómica de los diferentes países estuvo comprometida. Esta situación determinaría la intervención de los organismos de crédito multilateral, en la adopción de políticas económicas subregionales.

En el caso específico de Costa Rica, el Banco Mundial entregó cerca de 250 millones de dólares en 5 años, a partir de 1982, y sin embargo el apoyo más importante provino de donaciones y otras ayudas internacionales, y no del endeudamiento. Este "extraordinario financiamiento externo, junto con un moderado crecimiento de las exportaciones, permitió financiar los compromisos de deuda y una importación creciente".

Por otro lado, la situación en El Salvador fue mucho más problemática por la existencia de un conflicto armado interno, que unida a la fuerte dependencia externa del café como principal producto exportado, significó el desentendimiento total hacia el proceso de integración. Para El Salvador la economía cafetalera era tan importante que su dinamismo en las exportaciones, se explicaba únicamente por la variación en flujo comercial de café. "Es a través del café que se consolida la incorporación del país al mercado internacional y su incorporación en la periferia capitalista," lo cual, en gran medida, ha restado importancia al proceso de integración.

Otro de los países afectado por los conflictos bélicos fue Nicaragua, que no logró beneficiarse del proceso y ante la necesidad de resolver sus conflictos internos, no impulsó la integración. Para Nicaragua las secuelas de la guerra afectaron la economía nacional de manera radical, llevando al país a un período de hiperinflación único en Centroamérica. En el período 79-83 la variación de los precios al consumidor había sido de 32%, para el período siguiente, 84-88, la variación fue de 3.232.9% y en 1990 aumentó a 6.850%

Desde el punto de vista de la capacidad de pago de cada uno de los países miembros del Tratado, hubo otra dificultad para continuar con el flujo comercial; se trata de la escasez de divisas que experimentaron todos los países, y la desaparición de la Cámara de Compensación (creada años atrás). Este último punto no parece haber tenido mucho impacto sobre el volumen transado; según Bulmer: "Se realizó intercambio por medio de divisas débiles (locales) y fuertes, e incluso canje de productos".

Puede decirse que durante la primera parte de los años ochenta, la crisis de los países centroamericanos fue tan grave que el tema de la integración, no fue prioridad para ningún país. La política económica del momento se basó en la defensa de los diferentes sectores nacionales, aumentando los niveles de protección y las barreras no arancelarias. En la práctica, la solución de los conflictos armados era un requisito indispensable para retomar el tema de la integración, más que los factores económicos. "En la segunda mitad de los años ochenta, el tema de la integración centroamericana recuperó una posición central en la agenda política de la subregión. El proceso de Esquipulas diseñado con el fin de alcanzar una paz firme y duradera, significó un formidable esfuerzo por lograr una solución propia que ha culminado con la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto guatemalteco".

Países como Costa Rica, adoptaron medidas unilaterales que estimulaban el comercio, buscando la reorganización del régimen arancelario y la eliminación de todos los derechos específicos de importación y otros gravámenes.

Gracias a la continuidad que tuvo la Secretaría Permanente (SIECA), se dieron algunas iniciativas desde este organismo para lograr la reactivación de la integración. En 1984 se realizó un estudio de la situación, con la colaboración de la CEPAL, y se llegó a la conclusión de que los problemas del mercado común requerían acciones en el campo político, especialmente en lo que se refería a los aspectos institucionales de la integración. Era necesario reestablecer los órganos del Tratado General. "Decisión importante, sin duda, la de volver al orden jurídico del Tratado, pero inoperante en sus efectos, por cuanto los Consejos no llegaron a integrarse y, en consecuencia, tampoco se adoptó el régimen normativo transitorio mediante el cual se hubieran podido poner en práctica las medidas de reactivación recomendadas en el Plan."

A pesar del fracaso de esta iniciativa, en el fondo, prevaleció el interés por volver al esquema de integración, no como se conocía antes de la crisis, pero si como una necesidad para el intercambio comercial. Durante los años ochenta los países tuvieron que recurrir a soluciones parciales a través de arreglos bilaterales en los puntos sensibles de su intercambio comercial y cambiario.

A finales de la década de los ochenta, la condicionalidad de la ayuda internacional, obligó a los países centroamericanos a llevar a cabo reformas estructurales y políticas de estabilización económica, que en muchos casos obraron en contra de la integración por contener medidas contrarias a los propósitos integracionistas. El nuevo modelo de desarrollo insistía en la necesidad de promoción de exportaciones no tradicionales y en la vuelta a las exportaciones extra-regionales como las fuentes de crecimiento.

En síntesis, aunque la crisis generalizada acabó con el esquema de integración, en la concepción de 1961, es decir la del Tratado General, lo relevante fue el reconocimiento de que el proceso no podía ser abandonado y de que se debían incorporar mecanismos acordes con las tendencias mundiales y con las nuevas necesidades de los países interesados en la integración.

La década de los noventa ha representado, para los países centroamericanos, el logro de las metas de estabilización económica y reforma estructural. Las medidas de estabilización que empezaron a ser aplicadas hacia finales de la década anterior, tenían como finalidad reducir y eliminar los desequilibrios más evidentes, mientras que el ajuste tenía como propósito modificar la estructura económica, eliminando de una vez por todas las deficiencias más notorias del sistema económico, tales como la inflación y el débil crecimiento. En términos concretos, se logró reducir la inflación de la subregión significativamente. En conjunto, hasta 1990 la inflación de la subregión era bastante alta por la influencia que ejercía la altísima variación de precios en Nicaragua. Después de 1995 la inflación de la subregión oscila en torno al 13% y la mayoría de naciones ha reducido el déficit público, de manera importante. En cuanto a la deuda externa, si bien es cierto que ha disminuido bastante, es necesario aclarar que aún permanece muy por encima del promedio mundial.

Las medidas señaladas, también han tenido un impacto significativo en el crecimiento subregional, caracterizado por un leve incremento de las exportaciones y un gran aumento de las importaciones. Este último aspecto merece ser resaltado, ya que, si obedece a factores estructurales más que coyunturales, podría significar una debilidad importante en el proceso de integración intra-regional y extra-regional, sin embargo este tema será abordado más adelante cuando se repase el desempeño macroeconómico de cada uno de los países.

Así como la adopción de políticas de estabilización, en un primer momento, actuó en contra de la integración al favorecer las exportaciones extra-regionales, también, el hecho de haber generado un entorno con mayor certidumbre resulta favorable para la consolidación del proceso de integración que se busca en esta década. Además, el proceso de integración que se busca en la actualidad, se ve enriquecido por la experiencia acumulada a través de más de 30 años de funcionamiento del Mercado Común.

Con esta nueva visión, en julio de 1991 se realizó una Cumbre de Presidentes en San Salvador, con el fin de darle un nuevo impulso al proceso y trabajar en temas, que involucren algo más que el simple intercambio comercial.

En esta Reunión se acordó volver a un arancel externo común que se aplicaría a finales de 1992. Para no caer en la rigidez de años anteriores quedó previsto que tuviera 4 tasas básicas:

• 5% para bienes de capital e intermedios no competitivos
• 10% para bienes de capital e intermedios competitivos
• 15% bienes de consumo no competitivo
• 20% bienes de consumo competitivo

En esta ocasión se reincorporó Honduras y, por su parte, Panamá empezó a plantear la posibilidad de ingresar al proceso. Es decir que el proceso retoma un nuevo impulso, que ha sido factible a raíz de darse mejores condiciones económicas y por la disminución de las tensiones políticas.

En este momento la filosofía de la integración era más o menos la siguiente: "El nuevo plan de integración regional es visto como complemento a ese interés en exportaciones de bienes no tradicionales al resto del mundo y como ayuda para crear la base institucional para la participación de Centroamérica en el sistema de comercio internacional".

Lo que ha ocurrido en los años siguientes a este acuerdo es la búsqueda de la armonización de políticas para lograr la creación de una ventaja competitiva en función de la localización geográfica estratégica que tiene la zona frente a mercados tan importantes como el NAFTA y el Mercosur.

La preocupación de la mayor parte de los investigadores es que el esquema no genere los mismos problemas que en los años ochenta, para esto es necesario establecer un área económica armonizada, en la cual las políticas sean convergentes con la integración y que la participación en los costos y beneficios del proceso sea equitativa.

El tema cobra importancia por el contexto en el cual se están desarrollando los acuerdos internacionales, dirigidos fundamentalmente hacia la consolidación del Área de Libre Comercio de las Américas, en dónde la competencia con Estados Unidos plantea un gran reto para todas las economías latinoamericanas. La mejor posibilidad de competencia que se divisa es la conformación de bloques regionales.

Resulta interesante analizar el impacto que tuvo para América Central la formación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Hasta el momento las evaluaciones realizadas al respecto, muestran que América Central sufrió un leve deterioro de su competitividad en los Estados Unidos, ya que México es un país competidor en la mayor parte de sectores, y ahora tiene un acceso libre para sus productos en el mercado norteamericano.

Otro aspecto que debe enfrentar la subregión es la competencia por inversión extranjera que con la formación del NAFTA se empezó a dirigir hacia México, en detrimento de la inversión realizada en Centroamérica.

Estas dos razones justifican ampliamente la creación de una zona de libre comercio centroamericana, con la cual se pueda dar la ampliación de los mercados, y se inicie un proceso de preparación para la competencia con los demás países fuera de la subregión.

Sobre este asunto se especuló un poco, pues se suponía que el trámite normal hacia el ALCA sería a través de una adhesión paulatina al TLC. Este proceso tendría sus ventajas tal como lo plantea Saborío: "otra ventaja de un área de libre comercio es su naturaleza contractual, es decir, que contendría condiciones de acceso al mercado de EUA que no podrían ser modificados unilateralmente por ese país."

Se plantea esto a propósito del dinamismo que han tenido las exportaciones no tradicionales a Estados Unidos, gracias a un plan de preferencias otorgado unilateralmente, es decir que podía ser suspendido en cualquier momento dejando a los productores centroamericanos con inversiones realizadas y sin mercado.

Desde el punto de vista comercial, el flujo entre los países miembros ha retomado el dinamismo de otras épocas y sobretodo se ha logrado llevar a cabo un proceso de diversificación importante. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, "las exportaciones no tradicionales han crecido a una tasa anual promedio de 27%, gracias, en parte a los incentivos. El costo fiscal del programa, sin embargo ha sido muy elevado y continua aumentando. Solo los beneficios tributarios (CATS) representan casi 7% del presupuesto del gobierno". Aunque subsiste la desigualdad del ingreso y la débil articulación entre los sectores industriales.

Lo cierto es que en la actualidad, el comercio subregional se desempeña en un ambiente mucho más favorable al intercambio, aunque esté dominado por productos agrícolas más que por productos industriales. Sería de esperar que el comercio intra-regional estuviera conformado por productos manufacturados, pero la larga tradición en exportación de productos primarios parece imponerse, inclusive al interior de la subregión.

De acuerdo con observaciones de Bulmer, el único sector manufacturero que ha desarrollado un mercado regional, impulsando exportaciones es el de productos químicos, lo cual es explicable por las estrategias de las firmas multinacionales que operan en un país para surtir la subregión. En el caso de otros sectores como textiles, confecciones y alimentos diferentes al café y banano, la debilidad comercial esta relacionada con la existencia de barreras diferentes al arancel, como por ejemplo las redes de distribución.

Los esfuerzos de los países miembros del Mercado Común Centroamericano, están dirigidos hacia la conformación de la Comunidad Económica Centroamericana (CEC), la cual implica libre movimiento de bienes y servicios, factores y la correspondiente armonización de políticas.

En términos concretos la integración tiene entre sus metas más importantes, las siguientes:

• Estabilización macroeconómica y armonización de políticas
• Perfeccionamiento de la zona de libre comercio centroamericana
• Arancel externo común
• Modernización de las aduanas
• Mejoramiento de la Infraestructura
• Atracción de Inversiones
• Aseguramiento del Financiamiento
• Coordinación de una política conjunta de relaciones comerciales externas

En contraste con otros acuerdos y procesos de integración, en Centroamérica, no se ha logrado consenso alrededor del tema de la movilidad laboral y de la coordinación en materia de legislación laboral, tal como lo muestra el cuadro No. 2.1.

Desde el punto de vista institucional, hay consenso entre los diferentes países, sobre la necesidad de modernizar y racionalizar las estructuras institucionales para optimizar su utilidad bajo las actuales circunstancias.

Bulmer lo plantea de la siguiente manera: "Todo pareciera indicar que una importante dosis de realismo, racionalización cuidadosa en la distribución de recursos, prudencia en las relaciones con todos los actores del proceso y paciencia histórica - particularmente en aquellas cuestiones que afectan la soberanía y pueden revivir prevenciones nacionales explicables - parecen ser elementos claves de una actitud positiva y eficaz en la solución de los problemas institucionales de la nueva integración centroamericana."

Hoy en día se puede decir que Centroamérica es una zona de paz y democracia, en constante crecimiento y es terreno fértil para la inversión extranjera. Las posibilidades del regionalismo con apertura son grandes, por cuanto las negociaciones que la subregión tiene ante sí ofrecen oportunidades para mercados de grandes dimensiones que están listos para el beneficio de las inversiones que se establezcan en esta promisoria parte del mundo.

Sin embargo esta percepción deja por fuera aspectos relacionados con la distribución del ingreso o los aspectos sociales de la integración. "Cabe recordar que la proporción de la población en estado de pobreza aumentó entre 1980 y 1985 de 71 a 83 por ciento en Guatemala, de 68 a 87 por ciento en El Salvador, de 68 a 79 por ciento en Honduras, de 62 a 69 por ciento en Nicaragua y de 25 a 28 por ciento en Costa Rica." Y que además, "En las iniciativas presentes en la subregión para construir un esquema de integración en condiciones internacionales nuevas, raramente se aborda el problema de la reducción de la pobreza como uno de los objetivos prioritarios a alcanzar en el contexto de la cooperación regional".

Puede concluirse, entonces, que el proceso de integración en la década de los noventa se enfrenta a retos bastante diferentes de los que tuvo que afrontar en el pasado. Desde el punto de vista comercial, la integración es buena y útil, además necesaria e inevitable, por cuanto ni Centroamérica, ni ningún país del mundo puede quedar al margen la tendencia de globalización; lo interesante es que los países puedan insertar la subregión en la economía mundial, de forma que sus economías no se vuelvan más vulnerables.

Desde un segundo punto de vista, y muy relacionado con el anterior, la integración en el actual contexto no solo implica, la libre circulación de bienes y servicios, sino que también implica la libre circulación de factores, por lo que el proceso alcanza dimensiones vitales para el desarrollo económico y el bienestar en cada una de las naciones.

Para llegar al actual esquema de integración, los países de Centroamérica han tenido que sortear una gran cantidad de obstáculos en todos los órdenes, y sobretodo han visto sus expectativas de integración aplazadas a través del tiempo, por diversas razones.

Los antecedentes históricos de la integración muestran a Centroamérica como una subregión donde predominan las características homogéneas en cuanto a cultura, economía, identidad étnica e idioma. El hecho de compartir origen histórico, ha significado después de la independencia, un importante estímulo para la unión de los países con el fin de aprovechar oportunidades de desarrollo conjunto. Sin embargo la existencia de sectores con intereses vulnerados por la unión, ha determinado el fracaso de los numerosos intentos.

Los más importantes intentos para formar una nación unificada en Centroamérica se presentan en el cuadro No. 3.1, aunque como puede verse, en el siglo pasado la unión pretendía empezar por el campo político, mientras que en los últimos 40 años, los esfuerzos han estado dirigidos hacia la integración económica e institucional.

En el siglo pasado, la necesidad de consolidar el poder político con el fin de conservar la soberanía, determinó que los países centroamericanos llevaran a cabo varios intentos de unificación política en una sola nación, dividida en estados federales. Los caudillos políticos y militares en cada uno de los países buscando mantener el poder local en sus estados, limitaban el alcance de los acuerdos de unión. Todos estos esfuerzos frustrados ponían en evidencia los diversos factores que impedían la integración subregional, debido a la dificultad en las comunicaciones, el inexistente mercado interno y la lucha por el poder local, todo lo cual explica la poca coherencia de los acuerdos de unión.

En el siglo XX, la existencia de nuevos intereses en el marco de una necesaria vinculación al exterior a través del intercambio comercial y una mejor infraestructura de comunicaciones, han permitido que el tema de la unión centroamericana se convierta en un proceso de integración lento pero progresivo, con objetivos tanto económicos como institucionales.

A comienzos de siglo se creó la Corte Centroamericana de Justicia, en el marco de un nuevo Tratado, que tenía la innovación de incluir la presencia de los gobiernos de México y Estados Unidos como garantes del proceso. Pero esta institución no tuvo la funcionalidad que se esperaba al iniciar el proceso.

Una de las instituciones más importantes para el proceso de integración en la historia reciente de Centroamérica ha sido la Organización de los Estados Centroamericanos(ODECA), que nació en 1951 por iniciativa del Presidente Osorio de El Salvador, y tomando como modelo la naciente Organización de los Estados Americanos. La motivación para esta organización fue la siguiente:

"Los esfuerzos de parte de diferentes grupos, en distintas épocas, encaminados a lograr la Unión Centroamericana, han fracasado; unos por demasiado idealistas; otros, por querer abarcar demasiado en poco tiempo; algunos por haber pretendido hacerlo por medio de la fuerza; y casi todos por haber subestimado las enormes barreras de todo género que separar hondamente a los pueblos y gobiernos centroamericanos y los intereses creados que pudieran afectarse al convertirse en realidad esa unión política".

La idea era preservar la soberanía de cada uno de los Estados, bajo los principios de respeto mutuo y no intervención, realizando actividades de cooperación voluntaria con el objetivo de mantener la paz regional para finalmente alcanzar la unidad política.

Como órgano permanente de la ODECA, se creó la Oficina Centroamericana, que actuaba como Secretaría General; y como órganos temporales, la Reunión eventual de Presidentes y Ministros, una Reunión Obligatoria de Cancilleres y el Consejo Económico.

En 1962, se llevó a cabo la reestructuración de la ODECA, en la Sexta Reunión de Cancilleres, que aprobó la nueva Carta, denominada de San Salvador. Esta reestructuración buscaba darle mayor fuerza a la parte institucional, duplicando el número de órganos e incluyendo por primera vez un Consejo Legislativo, que actuaría como órgano asesor y de consulta en materia legislativa y que debería estudiar la unificación legislativa de la subregión. Sin embargo esta institución fue desapareciendo paulatinamente hasta que en 1991 se rescató para incorporarla al actual SICA.

A pesar de los pocos resultados concretos, puede decirse que la ODECA abrió el camino y propició la integración económica que nació con el Mercado Común Centroamericano, cuyo análisis se presenta a continuación.

Paralelamente a la creación de la ODECA se venía desarrollando el Programa Centroamericano de Integración Económica, que se enmarcaba en el mismo esquema de las Naciones Unidas, bajo la directa coordinación de la CEPAL. Como organismo operativo se creó el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE), el cual permitió la suscripción del Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica Centroamericana y el convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración, los cuales constituyeron los primeros convenios que involucraban a todos los países de la subregión.

En diciembre de 1960, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, suscribieron el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, cuya entrada en vigencia se produjo en 1961 para Guatemala, El Salvador y Nicaragua, mientras que para Honduras entró en vigencia en 1962. Costa Rica, por su parte, adhirió al Tratado en 1963. Esta configuración regional dio vida al Mercado Común Centroamericano, (MCCA).

Su organización Institucional, estaba compuesta por:

1. El Consejo Económico Centroamericano, integrado por los ministros de Economía de los Estados miembros, cuya función era dirigir la integración de las economías centroamericanas y coordinar la política, en materia económica, de los Estados contratantes.
2. El Consejo Ejecutivo, integrado por un funcionario propietario y un suplente. Las funciones de este Consejo eran bastante amplías, "pues además de asegurar el cumplimiento del Tratado y resolver los problemas que se susciten con motivo de la aplicación de sus disposiciones, asume las funciones específicas creadas en convenios multilaterales anteriores y en los tratados bilaterales".
3. La Secretaría Permanente (SIECA), fue la única institución que permaneció, aún después de la reestructuración de todo el proceso y se ha transformado de acuerdo con el nuevo esquema. En principio sus funciones incluían, velar por la correcta aplicación del Tratado y de todos los instrumentos multilaterales y bilaterales suscritos.

La SIECA desarrolló una labor de apoyo técnico y de producción de documentos de trabajo que servían de base para las deliberaciones y la acción de los consejos. Su trabajo se vio limitado por la ausencia de capacidad coercitiva o de sanción a los estados que incumplieran con el Tratado. Por esta razón, su papel fue más persuasivo y negociador con los gobiernos de los Estados miembros.

Los problemas económicos y políticos que caracterizaron a Centroamérica en la década de los ochenta, determinaron una época de estancamiento y disolución temporal del MCCA, que se reflejó, tanto en las relaciones comerciales, como en la organización institucional, dejando a la SIECA como una entidad aislada, manteniéndose como la única expresión del proceso de integración.

El logro de la paz en los países de Centroamérica y la estabilidad económica, después de los programas de ajuste y reforma estructural, han permitido a los países de istmo centroamericano, volver a pensar en la integración como una estrategia conjunta de desarrollo, como una necesidad para competir en el mundo globalizado de los noventa.

En la presente década, parecen ser mayores los intereses de cada país en la integración que los intereses vulnerados por el proceso. Existe un mercado consolidado que aunque pequeño y débil, en comparación con otros mercados regionales, viene precedido por cerca de 40 años de experiencia previa. Existe también un conjunto de circunstancias externas que hacen imperativo, el conocimiento de los mercados internacionales y sobre todo, el potenciamiento de las ventajas competitivas de cada país, para poder beneficiarse de la internacionalización económica y de la integración hemisférica prevista para el año 2005.

Ello ha motivado a los países centroamericanos a darle un nuevo impulso al proceso, aprovechando la estabilidad actual, tanto política como económica, para estrechar las relaciones entre países, en busca de la unión política que no pudo ser alcanzada en el siglo pasado.

Este nuevo esfuerzo se refleja en la constitución del Sistema de la Integración Centroamericana, realizada en diciembre de 1991, no solo entre los países tradicionalmente reunidos en el marco de la integración, sino también incluyendo a Panamá dentro del sistema. El denominado Protocolo de Tegucigalpa, firmado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, estableció el marco jurídico y el ordenamiento institucional del Sistema que entró en funcionamiento el primero de febrero de 1993.

En el nuevo sistema confluyen intereses no solo económicos, sino también, sociales, culturales, ecológicos y políticos, dándole un carácter mucho más amplio a la integración e involucrándola con la estrategia de desarrollo humano diseñado en cada uno de los países, con perspectiva regional. "Su diseño tomó en cuenta las experiencias del pasado en materia de integración económica, así como las lecciones dejadas por las crisis políticas y los conflictos bélicos, felizmente superados en nuestros países; lo que, aunado a las transformaciones constitucionales internas y a la existencia de regímenes democráticos, contribuirá con la estrategia centroamericana de desarrollo sostenible -Alianza para el Desarrollo Sostenible- a convertir a Centroamérica, en una Subregión de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo".

Fundamentalmente el SICA responde a la necesidad de fortalecer los vínculos institucionales entre los países, después de haber logrado un avance significativo en materia de integración económica. La integración institucional permitirá que el tema de la integración política, en el marco de los modernos acuerdos y convenios internacionales, vuelva a ser tratado en la subregión, con el apoyo de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. De esta manera, y con unos propósitos, objetivos y principios definidos, concretos y estructurados, se podrá llegar a una proceso más avanzado.

Uno de los aspectos más importantes de esta nueva organización, es el reconocimiento de la importancia de conservar y profundizar la democracia en la subregión, para que el proceso sea equilibrado y beneficioso para los países involucrados. Dado que en años anteriores, sobretodo durante la década de los ochenta, uno de los problemas de la integración, fue la existencia de conflictos armados al interior de varios países, el logro de la consolidación de la democracia se convierte en un requisito imprescindible para asegurar el éxito de la integración. "Por todo ello, la nueva integración es global al abarcar los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos, y al promover el desarrollo integral en forma armónica y equilibrada".

"El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) tiene por objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica, para constituirla como Subregión de Paz, Libertad, Democracia v Desarrollo". Para realizar este objetivo se ha organizado por medio de un Consejo de Ministros de Relaciones Internacionales y la Secretaría General del SICA (SG-SICA).

De acuerdo con el Protocolo de Tegucigalpa, la Secretaría General debe "apoyar y dar seguimiento a las decisiones de la Reunión de Presidentes y de los Consejos de Ministros, impulsando y coordinando con los órganos e instituciones del SICA y foros de cooperación, acciones a favor de la integración regional y de su proceso de reforma institucional, que se traduzcan en beneficios tangibles para los centroamericanos. Asimismo, promover la participación de la sociedad civil y la práctica de una cultura de integración, propiciando así un marco de coherencia y unidad a todo el sistema".

La Secretaría General del SICA vino a realizar las tareas que anteriormente realizaba la secretaría del MCCA (SIECA), encargándose de los estudios técnicos, las acciones regionales necesarias y de actuar como facilitador de las negociaciones que lleven a la Unión Centroamericana.

Para la mejor operatividad del sistema, se ha contemplado la creación de varios subsistemas:

• Subsistema de Integración Económica
• Subsistema de Integración Social
• Subsistema de Integración Cultural
• Subsistema de Integración Política

"El SICA y sus subsistemas funcionan por medio de la coordinación entre los órganos e instituciones de integración de Centroamérica, para lograr así sus objetivos y asegurar el seguimiento de las políticas regionales sustentadas en la tutela, el respeto y la promoción de los derechos humanos de todos los centroamericanos y centroamericanas".

De esta manera el proceso de integración, logra cubrir campos en los que antes, no se había pensado en términos regionales, e incluso plantea temas tan importantes como los derechos humanos y la igualdad de género. En esta tarea, cobra importancia la acción de la Secretaría del SICA (SG-SICA), ya que debe realizar el seguimiento de las decisiones y políticas regionales, proveer los elementos técnicos necesarios para la toma de decisiones, y asegurar el cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Tegucigalpa, y todos los convenios suscritos como desarrollo de ese Protocolo.

Con la anterior organización se pretende el funcionamiento del Sistema basándose en unos principios y propósitos concurrentes que guiarán el camino de la integración. Dichos propósitos concurrentes son los siguientes:

• Consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los derechos humanos
• Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas
• Impulsar un régimen amplio de libertad que asegure el desarrollo pleno y armonioso del individuo y de la sociedad en su conjunto
• Lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos
• Alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero centroamericano
• Fortalecer la subregión como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía internacional
• Reafirmar y consolidar la autodeterminación de Centroamérica en sus relaciones externas, mediante una estrategia única que fortalezca y amplíe la participación de la subregión, en su conjunto, en el ámbito internacional
• Promover, en forma armónica y equilibrada, el desarrollo sostenido económico, social, cultural y político de los Estados miembros y de la subregión en su conjunto
• Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y explotación racional de los recursos naturales del área, con miras al establecimiento de un Nuevo Orden Ecológico en la subregión
• Conformar el Sistema de la Integración Centroamericana sustentado en un ordenamiento institucional y jurídico, y fundamentado asimismo en el respeto mutuo entre los Estados miembros

Para el logro de estos propósitos, el sistema se regirá por unos principios de acción de los cuales se destaca el de la tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos, como base fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana.

Otros principios de acción complementarios son los siguientes:

• Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad, son un todo armónico e indivisible que orientará las actuaciones de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana
• La identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la Subregión
• La solidaridad centroamericana como expresión de su profunda interdependencia, origen y destino común
• La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económica, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado y el tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo; la equidad y reciprocidad; y la Cláusula Centroamericana de Excepción
• La globalidad del proceso de integración y la participación democrática en el mismo de todos los sectores sociales
• La seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados Miembros y la solución pacífica de sus controversias
• La buena fe de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus obligaciones, absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida alguna que sea contraria a las disposiciones de este instrumento o que obstaculice el cumplimiento de los principios fundamentales del Sistema de la Integración Centroamericana o la consecución de sus objetivos
• El respeto a los principios y normas de las Cartas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), y las Declaraciones emitidas en las reuniones Presidenciales centroamericanas desde mayo de 1986

Esta serie de principios configuran el Sistema de la Integración Centroamericana, con una perspectiva humanista, en el logro del desarrollo conjunto de la subregión, no solo para competir en los mercados internacionales, sino para el logro de la unidad política antes frustrada por la falta de cohesión en todos los campos, y que ahora, ante la funcionalidad de las condiciones económicas y el logro de la paz, se hace más factible.

En cuanto al ordenamiento jurídico, la Carta de referencia es el Protocolo de Tegucigalpa; sin embargo se han firmado otra serie de acuerdos y convenios, en los cuales se han ido incorporando temas más allá de lo económico e institucional, configurando el siguiente marco jurídico básico de la integración:

1. Protocolo de Tegucigalpa: Tratado-Constitución del SICA
2. Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)
3. Convenio de Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ)
4. Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Protocolos (PARLACEN)
5. Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica Centroamericana
6. Tratado de Integración Social
7. Tratado Marco de Seguridad Democrática
8. Tratados o Convenios sobre medio ambiente
9. Tratados o Convenios sobre aspectos culturales

Este conjunto de entidades, principios, propósitos y ordenamiento jurídico, dan vida al Sistema de la Integración Centroamericana, constituyendo una etapa más del proceso de integración hacia la unidad buscada por los países centroamericanos desde el siglo pasado. Sin embargo puede decirse que este nuevo intento tiene mayor fuerza institucional y que al tener como antecedente todos los intentos anteriores, puede sortear de manera más eficaz los obstáculos existentes en el proceso. (Al final del capítulo se anexa el cuadro que resume el conjunto de tratados y convenios relativos a la integración).

Queda por ver si el esquema actual es sostenible en la eventualidad de una crisis económica o una crisis política en alguno de los países del área.

En el capítulo anterior se describió, en perspectiva histórica, la evolución del proceso de integración centroamericano. En el presente capítulo se analizará la evolución desde el punto de vista del desempeño macroeconómico de la región y su relación con la integración de los distintos países.

Es necesario estudiar la evolución macroeconómica subregional, y en particular, el de cada uno de los países para establecer la forma en la cual los participantes en el proceso han llegado a la década de los noventa con un nuevo impulso integracionista tras superar dificultades tanto económicas como políticas.

Las políticas de estabilización y ajuste estructural, adoptadas en los últimos años de la década anterior y en los primeros de la actual, han permitido la revitalización de los flujos comerciales, del crecimiento y la estabilidad de los precios, lo cual significa la entrada en una senda de recuperación económica no observada desde 1970.

Sin embargo, las características de la recuperación son diferentes en cada país. La intensidad y el momento de las crisis fueron diferentes y por esta razón las políticas adoptadas difieren entre países, generando descoordinación en materia comercial. Esta es una de las razones que se plantearon ya como determinantes de la desaparición temporal del Mercado Común Centroamericano, pues cada país tuvo que acudir a las herramientas de que disponía para enfrentar la crisis, reaccionando de manera diferente y, en muchos casos, desestimulando el comercio intrarregional y, por tanto, todo el proceso de integración.

Otro aspecto relevante para los propósitos de este escrito es, el costo social de las medidas adoptadas en el ajuste económico que exigió la crisis durante los años ochenta. Este aspecto parece favorecer más a Costa Rica, con respecto a sus vecinos centroamericanos, ya que las condiciones sociales no tuvieron un retroceso tan grande y las instituciones democráticas se mantuvieron a pesar del estancamiento económico.

Lo anterior justifica abordar el tema, de manera individualizada para cada país, estableciendo el comportamiento macroeconómico y la evolución del flujo comercial intrarregional como indicador del grado de integración de las economías nacionales.

Este enfoque permitirá determinar cómo han reaccionado y cuáles son los elementos convergentes para el logro de la integración centroamericana.

Por último se intentará resumir el perfil macroeconómico centroamericano y los costos sociales contenidos para llegar a la situación actual, en un contexto de integración, globalización y convergencia.

El análisis por países propuesto aquí tendrá el mismo esquema cronológico adoptado en el primer capítulo, con el fin de enlazar los aspectos más importantes del proceso con las cifras en materia de comportamiento macroeconómico y comercial.

Fuente: FMI: Estadísticas Financieras Internacionales. Washington Agosto 1998

Costa Rica, al igual que los demás países centroamericanos, se ha caracterizado por depender de los productos primarios en el comercio exterior, lo cual le ha ocasionado una cierta vulnerabilidad a la economía. Específicamente la dependencia del café con sus inestables precios internacionales, ha incidido en la permanencia del déficit comercial durante los períodos analizados.

Las cifras presentadas en el cuadro anterior muestran el promedio de los principales indicadores, para cada una de las etapas, sin embargo el análisis gráfico de cada uno de los indicadores ayuda a comprender la magnitud de los cambios que ha experimentado el país.

Cada uno de los indicadores propuestos revela que los primeros años del proceso de integración económica en Centroamérica fueron de estabilidad y crecimiento sostenido. Aunque este comportamiento no está muy relacionado con el proceso mismo, ya que los demás países de América Latina también experimentaban comportamientos similares, es posible que este ambiente macroeconómico nacional y regional sirviera de soporte para las iniciativas integracionistas. En este sentido, el indicador más claro es el comercio intrarregional, el cual se analizará en detalle más adelante.

Por ahora es interesante considerar el impacto de la crisis de los años ochenta, sobre el conjunto de la economía costarricense. Para este país, la crisis estalló en 1981 y tuvo sus más graves efectos sobre las cifras de 1982.

En primer lugar, el crecimiento económico que venía experimentando la economía Costarricense con una tasa promedio de 6.24%, explicada por el crecimiento del mercado interno y las exportaciones extra-regionales, se revirtió en los primeros años de la década de los ochenta, llevando incluso a un retroceso de la producción nacional de –2.26% y –7.29% en los dos primeros años de la década.

Tal como se puede apreciar en la gráfica, las fluctuaciones ocurridas durante las décadas anteriores nunca habían llevado a una recesión de esta magnitud, y la economía de Costa Rica siempre había experimentado tasas de crecimiento positivas. Sin embargo, la economía del país logró recuperarse rápidamente de esta situación recesiva, logrando para 1984 una tasa de crecimiento del 8%, que fue realmente sorpresiva, pues demostró que Costa Rica tenía condiciones económicas para responder a la crisis.

El segundo indicador seleccionado es la inflación, cuyo comportamiento también fue dramático durante los primeros años de la década de los ochenta. La combinación de recesión e inflación, determinó un panorama bastante negativo para Costa Rica en 1982, ya que la inflación llegó a una cifra récord de 90%. Aunque en los siguientes años, la variación de los precios descendió a cifras cercanas a 30%, la inestabilidad representó pérdidas importantes para la economía.

A pesar de esta inestabilidad de precios tan grande y de las demás condiciones críticas del país, las instituciones políticas prevalecieron con fuerza, para mantener la estructura democrática, sin que el inconformismo popular llegara a generar insurgencia armada o protestas violentas, contrario a lo sucedido en los demás países de la subregión.

La tasa de cambio es la otra variable importante para describir la crisis de los años ochenta. En 1982, las autoridades económicas de Costa Rica, no pudieron mantener el tipo de cambio, y tuvieron que llevar a cabo una devaluación importante, llevando la tasa de cambio desde 8 hasta 36 Colones por dólar.

Este proceso de devaluación no parece haber beneficiado a los exportadores ya que las cifras de exportaciones, muestran una pequeña contracción en los años siguientes a la devaluación, lo que significa que la crisis de la producción y el proceso inflacionario fue tan fuerte que una mayor competitividad para los productos de Costa Rica no pudo ser aprovechada por productores locales. Incluso la magnitud del déficit comercial ha venido en aumento. Esta tendencia comercial es explicada por varios autores, como una forma de que Costa Rica se protegiera de la inestabilidad económica en el resto de la región. Ante la fuerte crisis internacional y la alta conflictividad política subregional, la alternativa para Costa Rica, fue un relativo aislamiento comercial de sus vecinos. En el fondo subsistía un cierto malestar político por el déficit comercial intrarregional que experimentaba el país desde la década anterior y que era solo compensado, en alguna medida, con las exportaciones extra-regionales.

Es importante señalar que el ajuste realizado para contrarrestar la crisis, fue bastante rápido y con costos sociales relativamente bajos como se mostrará más adelante. El ajuste para superar la crisis tuvo varias características, y se dio a través de toda la década de los ochenta. En primer lugar, el monto de las donaciones realizadas a Costa Rica, por parte de los organismos multilaterales como el Banco Mundial, determinó una condicionalidad importante para la política económica de Costa Rica, con lo cual debió implementar el conjunto de recomendaciones que incluía el ajuste hacia la estabilización y la reforma estructural.

Las medidas más importantes en este proceso de estabilización y reforma, con las cuales termina la década de los ochenta y se llega a los noventa, fueron las siguientes:

• Liberalización del comercio, que empezó desde la década de los ochenta con la reducción de aranceles y la eliminación de los subsidios a las exportaciones. Teniendo en cuenta que la naturaleza de esta medida fue unilateral, la posición de Costa Rica dentro del Mercado Común Centroamericano, se debilitó y debilitó todo el proceso, pues contribuyó a que los demás países tomaran decisiones similares desconociendo el proceso de integración. Este hecho ya fue resaltado antes, como uno de los elementos críticos para la integración, y cuya solución se ha venido dando paulatinamente en los noventa.
• Reforma fiscal, llevada a cabo en 1992 y cuyo objetivo era la simplificación del sistema de impuestos y un mayor control del gasto público, cuyo déficit en la década de los años ochenta llegó a 7% como porcentaje del Producto Interno Bruto.
• Reforma Financiera, con la cual se esperaba imprimir dinamismo al sector y garantizar la transparencia de las entidades financieras. Sin embargo en los primeros años de la reforma se decidió intervenir la tasa de interés, limitándola de manera discrecional.
• Proceso de Privatización, realizado con varios fines, entre los cuales se puede mencionar la reducción del tamaño del Estado y la democratización de la propiedad. Al igual que en otros países latinoamericanos, la privatización de empresas del Estado, ha contribuido a la reducción del déficit fiscal, a pesar de la lentitud del proceso en Costa Rica.
• Reestructuración del Estado, proceso en el que los organismos multilaterales han invertido esfuerzos, para reducir su tamaño y el déficit fiscal, y permitir una participación creciente del sector privado, tanto nacional como extranjero, en las actividades económicas nacionales. Enmarcada dentro de la lógica neoliberal, esta reestructuración busca reducir la intervención del Estado y limitar su accionar al fomento de condiciones competitivas y de certidumbre económica para la libre actividad económica.

Este conjunto de reformas ha logrado que Costa Rica, muestre hoy en día crecimientos sostenidos en los últimos años, que permiten que entre 1990 y 1996, haya podido duplicar la inversión extranjera desde 163 a 332 millones de dólares, siendo el país centroamericano con mayor inversión. Si bien este es un indicador bastante limitado, supone que el logro de la estabilización económica que es capaz de generar un ambiente macroeconómico sano, en el cual la inversión es motivada y el crecimiento adquiere bases cada vez más sólidas.

 4.2 EL SALVADOR

Fuente: FMI: Estadísticas Financieras Internacionales. Washington Agosto 1998

Al igual que en el caso de Costa Rica, El Salvador se ha caracterizado por la dependencia de los productos primarios, a pesar de todo el proceso de sustitución de importaciones, con lo cual la economía salvadoreña ha sustentado su desarrollo en la exportación de café fundamentalmente. La vulnerabilidad externa que le da esta situación al país se vió reforzada por la existencia de conflictos armados que mantuvieron al país en un estado de guerra civil durante gran parte de la década de los ochenta.

Para El Salvador, la creación del Mercado Común Centroamericano, significó la posibilidad de desarrollar una industria de manufacturas que redujera la dependencia de los productos agrícolas y del café. Este objetivo alcanzó algunos resultados durante las décadas del sesenta y setenta, cuando el proceso de integración tenía gran impulso, pero al llegar la crisis de la deuda, el país tuvo pocas alternativas para reaccionar a la caída de los precios internacionales y terminó soportando graves problemas financieros y políticos.

En términos de crecimiento, el promedio hasta 1980 llegó solo al 4%, a pesar de ser un período dinámico para la mayor parte de economías Latinoamericanas.

La explicación para esta tendencia es la inestabilidad política que empezó a afectar a El Salvador, aún antes de estallar la crisis de la deuda. La gráfica 4.5 muestra que los períodos recesivos para la economía coincidieron con el surgimiento de los grupos armados y la violencia guerrillera que dió origen a la guerra civil. O sea, que antes de que los efectos de la crisis latinoamericana pudieran sentirse en el país, las condiciones internas ya contenían limitantes rigurosos para el crecimiento económico.

La fuerte variación de los precios en El Salvador, en los años setenta, llegó a registrar tasas de dos dígitos, después de ser una economía muy estable. La crisis de los años ochenta también afectó esta variable, aumentando aun más su nivel. Sin embargo los niveles de inflación no fueron tan altos en el contexto latinoamericano, revelando una cierta capacidad de la economía para aislar esta variable de la crisis existente.

La devaluación de la moneda tuvo lugar en 1986, con un incremento alto del dólar en términos de Colones de El Salvador. Tal como lo muestra la gráfica 4.7, las autoridades económicas mantuvieron la tasa de cambio fija durante todo el período de crisis tanto interna como externa, pero en 1986 la situación se volvió insostenible, teniendo que devaluar de manera dramática. Solo hasta 1993 y los años siguientes se ha logrado la estabilización de la moneda.

El conjunto de medidas adoptadas en el marco del ajuste y reforma estructural, inducidas por los organismos multilaterales, fueron las siguientes:

• Apertura comercial en 1989, consistente en la eliminación de aranceles y las demás barreras no arancelarias, sin coordinación con los demás países integrantes del Mercado Común Centroamericano, por lo cual el ambiente de integración sufrió un importante retroceso que sólo desapareció con el logro de las metas de estabilización económica.
• Reforma fiscal, realizada en 1989 y complementada con la creación del Impuesto al Valor Agregado en 1982. Aunque el déficit fiscal de El Salvador siempre ha sido manejable, esta reforma fue necesaria para garantizar la estabilidad.
• Privatización de empresas del Estado, dentro de las que se destacan los bancos, cuya propiedad estatal era importante en relación con el sector privado. Además de la privatización el gobierno autorizó al sistema financiero a emitir cuentas en dólares, con lo cual se le dió mayor dinamismo al sector.
• Reforma total del Estado. El objetivo de esta reforma era lograr la modernización del aparato estatal para lograr mayor eficiencia administrativa y consolidar el proceso de descentralización.

Desde el punto de vista del comercio exterior, el desempeño del país ha sido bastante regular, ya que no ha logrado insertarse en los mercados internacionales de manera permanente o sólida. A lo largo de los últimos 38 años, el crecimiento de las exportaciones, ha sido de apenas 8% anual, en promedio, mientras que las importaciones han aumentado más rápidamente. Esta situación se aprecia en la profundización del déficit comercial que ya llega a 1.614 millones de dólares en 1997.

En la década de los noventa, más que el logro de la estabilización ha sido importante el logro de la paz, con la firma de un acuerdo entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí. Este aspecto ha permitido que se desarrolle un mejor ambiente para la actividad económica y la inversión extranjera y nacional. Solo la inversión extranjera, registró un aumento importante, tal como lo presenta el cuadro de ingresos por inversión extranjera directa en Centroamérica, presentado en el anexo, en donde se ve que pasó de 2 millones a 21 millones, entre 1990 y 1996.

Fuente: FMI: Estadísticas Financieras Internacionales. Washington Agosto 1998

La economía de Guatemala ha tenido una vinculación menor que sus vecinos regionales, a la dinámica internacional de flujos comerciales y financieros. La mayor parte de los indicadores macroeconómicos, muestran a Guatemala como un país pequeño, con problemas de inestabilidad política por resolver y que se constituyen en limitantes para el crecimiento y el desarrollo.

Desde inicios de siglo, la presencia de multinacionales en el sector agropecuario destinado a la exportación, ha sido fuerte y ha tenido el apoyo de los gobiernos a través de políticas económicas dirigidas al sector gro-exportador.

En términos de crecimiento económico, Guatemala parece ser el país más beneficiado a partir de la creación del Mercado Común Centroamericano, ya que en las décadas del sesenta y setenta, la variación del Producto Interno Bruto fue positiva, con tasas de hasta 8% y 9% en varios años del período mencionado, y además la balanza comercial para el comercio intrarregional fue positiva. En la siguiente etapa, la crisis internacional y nacional por la alta deuda externa, ocasionó una caída importante del producto. Aunque la magnitud del retroceso productivo no fue el mismo de los demás países de la subregión, la recuperación tardó 5 años, durante los cuales la economía no logró crecer.

Los demás indicadores macroeconómicos muestran que la poca vinculación externa y el tamaño mismo del mercado, no permitieron que la deuda se desbordara como en otros países. Así lo demuestran las cifras del cuadro 4.3, donde el valor de la deuda externa como proporción del Producto Interno Bruto es la más baja de América Central, y dada la relación del servicio de la deuda como proporción de las exportaciones, puede decirse que las autoridades monetarias de Guatemala tuvieron un margen de maniobra alto para desarrollar sus planes de ajuste.

Aunque la década de los ochenta se caracterizó por la inestabilidad política interna, este problema no parece tener relación con los resultados de la economía y su debilidad para sortear los problemas internacionales. Precisamente estos problemas motivaron la intervención de organismos como el Banco Mundial para adaptar un conjunto de medidas de aplicación mundial en la economía guatemalteca.

Entre las medidas más importantes están las siguientes:

• Apertura comercial, realizada en 1990 con la eliminación de aranceles y demás restricciones al comercio, para inducir mayor nivel de eficiencia de las empresas nacionales, expuestas ahora a la competencia internacional. En 1987 ya se había dado un intento con la disminución de las barreras internacionales.

Las cifras de exportaciones, importaciones y balanza comercial muestran un panorama similar al de toda la región centroamericana. En primer lugar, la tendencia es un creciente déficit comercial, cuya única excepción en los últimos 38 años es un pequeño superávit comercial en 1986, cuando los productos guatemaltecos adquirieron cierta competitividad por efecto de la devaluación registrada en este año. En los demás años, las importaciones superan las exportaciones, y se vuelve más drástica la situación en los años noventa, justo después de iniciada la apertura de los mercados a la competencia internacional.

Fuente: FMI: Estadísticas Financieras Internacionales. Washington Agosto 1998

En los últimos 38 años, Honduras se ha caracterizado por una fluctuación importante de sus indicadores macroeconómicos, la continuación de la dependencia de productos primarios en las exportaciones y una inestabilidad política considerable.

La variabilidad del crecimiento de la producción puede observarse en la gráfica, donde a finales de la década del setenta se registraba la más alta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, pasando a variaciones negativas en los primeros años de la década de los ochenta. Esta volatilidad continua aún en los noventa, mostrando la poca eficacia de las políticas de estabilización y reforma estructural desarrolladas en el país.

La variación de los precios al consumidor reafirma lo anterior, ya que es en los últimos ocho años cuando la inflación se ha disparado a niveles no observados antes. La tasa de cambio, otro indicador seleccionado para mostrar la evolución del país en términos económicos, venía siendo fijada hasta 1990, cuando se inició un proceso de devaluación significativo.

Esta combinación de inflación y devaluación no ha permitido que los productos hondureños logren penetrar mercados externos, ni siquiera los mercados de la región centroamericana. En el período analizado las exportaciones son inferiores a las importaciones, y aunque el monto transado no ocasiona un grave déficit comercial, la tendencia es el aumento.

Aunque en Honduras se han aplicado las mismas medidas económicas, enmarcadas en los programas de ajuste y reforma estructural, los resultados aún en 1996 no eran satisfactorios. En Honduras se liberaron los mercados para la importación de bienes sin restricciones arancelaria y para – arancelarias; se realizó una reforma fiscal para frenar el déficit presupuestario que sumada a la alta carga que representa la deuda externa, ha provocado uno de los problemas más graves de la economía del país.

Además de lo anterior también se han realizado privatizaciones de empresas del Estado, cuya motivación principal ha sido el logro del equilibrio de las finanzas públicas.

A pesar de las reformas mencionadas, en Honduras persiste un problema bastante grave para los trabajadores: El índice salarial es el más bajo de Centroamérica, "para el caso del salario mínimo promedio mensual es de L 1,050.00. Esto es aproximadamente US$ 70.00, lo que significa más o menos dos días de salarios en las maquilas del Sur de California, Estados Unidos".

Fuente: FMI: Estadísticas Financieras Internacionales. Washington Agosto 1998

Nicaragua es el caso más dramático de crisis económica y política en Centroamérica e incluso en América Latina. Los indicadores macroeconómicos muestran la magnitud del retroceso para la producción y la inestabilidad sin precedentes en el contexto latinoamericano.

En la primera etapa de integración centroamericana, Nicaragua participó de una manera dinámica en la creación de lazos comerciales entre los países miembros y logró aumentar el número de productos exportados a los mercados, tanto regionales como extra-regionales.

Sin embargo, para Nicaragua la crisis de la deuda tuvo lugar antes que sus vecinos y el déficit comercial también determinó el estallido de una crisis significativa. Junto a la situación económica adversa, el país sufrió una seria crisis política de gran magnitud, generándole un clima de incertidumbre muy grande en el país. Hay coincidencia entre la caída de Anastasio Somoza, en 1978, con la más grave caída del Producto Interno Bruto. En dicho año la producción de Nicaragua disminuyó en un 26.43%, después de que el año anterior también se redujera en 7%. La recesión de este período esta estrechamente relacionada con la magnitud inmanejable de la deuda externa, cuyo valor en 1977 era del 141% del Producto Nacional Bruto, con lo cual el servicio de la deuda superaba el 20% de los ingresos por exportaciones.

Aunque esta circunstancia económica era determinante de la crisis, es necesario señalar que la inestabilidad política jugó un papel muy importante en la caída del PIB. En primer lugar, la existencia de conflictos armados con Honduras, y la existencia de una guerra civil al interior del país, durante gran parte de la década de los setenta y toda la década de los ochenta se constituyó en factor de inestabilidad y contracción económica. En segundo lugar, el impulso que había logrado el proceso de integración regional, caracterizado por el flujo de comercio industrial principalmente, fue reemplazado por un ambiente de confrontación bélica que desestimuló cualquier tipo de inversión pensada para la zona.

La inestabilidad mencionada, puede apreciarse más fácilmente con la observación de la gráfica 4.18 de variación de los precios al consumidor, la cual presenta uno de los más graves casos de hiperinflación ocurridos en el mundo, y cuyas consecuencias han sido funestas en términos económicos y de calidad de vida para los habitantes de Nicaragua.

Al igual que en los demás países, los organismos multilaterales de crédito influenciaron la adopción de varias medidas para conseguir la estabilidad económica, sin embargo estas iniciativas no han contado con la legitimidad y fortaleza necesaria de parte del gobierno para ser desarrolladas. El conjunto de medidas se puede resumir en las siguientes:

Apertura comercial en 1990, con la reducción de los aranceles y la eliminación de las restricciones cuantitativas.

• Reforma fiscal llevada a cabo en 1992, sin embargo parece no haber sido eficaz pues el déficit fiscal en 1995 llegó de nuevo a niveles preocupantes para la estabilización.
• Reforma financiera, con el fin de establecer un mejor clima para las transacciones, permitiendo que la tasa de interés fluctúe libremente, y que el Banco Central intervenga de manera discrecional en ciertos momentos.
• Privatización de empresas del Estado, para resolver problemas fiscales y reformar la administración estatal bajo los parámetros de la modernización del Estado.

Desde el punto de vista del comercio exterior, la constante en el período analizado ha sido, la existencia de un déficit comercial significativo. En los años ochenta las cifras muestran un estancamiento de las exportaciones, mientras que las importaciones fluctúan levemente. Para la década actual, la tendencia es el aumento de las exportaciones, mientras que las importaciones se mantienen, dando lugar a la disminución del déficit comercial.

Fuente: FMI: Estadísticas Financieras Internacionales. Washington Agosto 1998

El direccionamiento que está tomando República Dominicana hacia Centroamérica, como punto focal de sus relaciones comerciales internacionales, justifica analizar cuál era la evolución de este país y su desempeño macroeconómico, mientras que los países centroamericanos construían el proceso de integración.

Aunque las tres etapas históricas del proceso de integración no tienen relación con la iniciativa de República Dominicana de integrarse al Sistema, para conservar la unidad metodológica se analizará este país de la misma forma cronológica.

Los principales indicadores macroeconómicos muestran que República Dominicana experimentó un deterioro de su situación económica durante los años ochenta. Sin embargo, la magnitud no fue tan grave como en otros países latinoamericanos.

La gráfica de crecimiento del Producto Interno Bruto, muestra que tras un retroceso importante en 1965, los siguientes años fueron positivos para el país. En la década de los ochenta, el crecimiento se desaceleró e incluso para 1990 se vuelve a registrar recesión en la economía dominicana.

La variación de los precios al consumidor es bastante inestable durante los ochenta, pero es a finales de esta década que se experimenta la inflación más severa para el país, llegando a registrar tasas superiores al 40%.

Esta tendencia de crecimiento e inflación permite observar una de las grandes diferencias con la evolución de los países centroamericanos, para los cuales el período de mayores dificultades en cuanto a deuda externa, precariedad de divisas e inflación, fue a comienzos de la década de los ochenta, mientras que para República Dominicana, los últimos años de la esa década y los primeros de la actual, configuran una crisis importante de recesión y aumento de la inflación.

En medio de esta situación las autoridades económicas adoptaron un plan de estabilización macroeconómica que incluía las siguientes estrategias:

• Reducción del gasto público
• Eliminación de controles a las tasas de interés y al mercado cambiario
• Reprogramación de la deuda externa
• Reforma arancelaria
• Reforma tributaria

Posteriormente, en 1992 se ejecuta la reforma laboral, con el objetivo de flexibilizar el mercado de trabajo y dinamizar la economía.

Estas iniciativas dieron resultados en algunos campos, como por ejemplo la reducción de la inflación a un dígito y el crecimiento sostenido del PIB en los últimos 4 años.

Pero la alta dependencia de actividades como el cultivo de caña de azúcar, el turismo y las remesas de dominicanos en el exterior, ha determinado un profundo déficit comercial de más de 3 mil millones de dólares en 1997.

Otro de los campos en los cuales las reformas no han resultado beneficiosas, es el de la pobreza y la distribución del ingreso. Aunque en la actualidad se cuenta con una "economía más abierta, estabilidad macroeconómica y crecimiento del producto que sobrepasa el promedio de la región, la tasa de desempleo se mantiene muy alta y las condiciones generales de bienestar de la población inalteradas. Esto al igual que en los demás países latinoamericanos, revela la existencia de un modelo de crecimiento económico excluyente y con un bajo impacto redistributivo".

De acuerdo con cifras oficiales, la pobreza ha aumentado en los últimos años, llegando a afectar a 56% de los dominicanos. El desempleo por su parte, aumentó de 15.8% a 16.7% entre 1995 y 1996.

"La distribución del ingreso para la población ocupada tiende a empeorar ligeramente. En 1991, el 20% de la población ocupada que generaba mayores ingresos, recibía el 50% del total de ingresos de la población que se encontraba trabajando, sin embargo, en 1996, estos aumentaron su participación al recibir el 53% del total de ingresos. Por otro lado, el 20% más pobre, recibió en 1991 el 5.6% de los ingresos y en 1996 el 5.1%, lo cual no varió significativamente"

Este conjunto de condiciones económicas con repercusión social, tiene estrecha relación con el objetivo de República Dominicana en cuanto a sus relaciones internacionales, con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La firma del tratado de libre comercio con Centroamérica, en abril de 1998, ratifica este hecho y se convierte en una oportunidad para los dominicanos de dejar atrás la aparente situación de aislamiento comercial en que se encuentran.

7. PANAMA

Fuente: FMI: Estadísticas Financieras Internacionales. Washington Agosto 1998

La reciente incorporación de Panamá al esquema de integración centroamericano, justifica en gran medida una breve consideración de su desempeño macroeconómico, en el período en que se daban las más importantes decisiones en torno a la integración y en el cual la crisis de América Latina se evidenció de forma dramática en los países centroamericanos.

Panamá es un país cuya economía se sustenta en el sector terciario, es decir en los servicios, gracias a su infraestructura portuaria y bancaria, que le ha permitido tener una vinculación constante con el exterior. Reflejo de esta situación es la paridad de la moneda nacional con el dólar de Estados Unidos.

Desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, puede decirse que evolucionó con mayor volatilidad durante la década de los años ochenta, registrando tasas de crecimiento negativas en dos oportunidades. La gráfica 4.25 muestra, la estabilización del crecimiento de Panamá, en los noventas, con tendencia decreciente en los últimos años.

Esta tendencia ha estado acompañada de variación de los precios por debajo del 10% en los últimos 16 años, lo cual resalta la diferencia de este país con el resto de América Latina. El reducido tamaño de su economía y la paridad cambiaria con el dólar han permitido que los precios se mantengan estabilizados a diferencia de sus vecinos. Sin embargo, la precariedad de la actividad industrial, ha impedido que esta virtud económica se transforme en ventajas competitivas para el país.

Así lo muestran las cifras de comercio exterior, presentadas en la gráfica 4.28, en la que es obvia, la creciente brecha entre exportaciones e importaciones, que ocasiona la profundización del déficit comercial de Panamá.

Durante los años ochenta, época en la cual la mayor parte de países latinoamericanos experimentaron recesión e inflación alta, Panamá comenzó a experimentar un aumento significativo de las importaciones, que continúa en los noventas con mayor fuerza.

En cuanto a las exportaciones, se nota la fragilidad de la estructura productiva panameña, ya que aumenta de manera muy lenta y su monto es bastante bajo con respecto a las importaciones.

En los noventas algunas reformas económicas han propiciado la existencia de superávit fiscal y reducción de la inflación. Mientras que el mercado laboral se flexibiliza para lograr mayores flujos de inversión extranjera.

Por esta razón, una mayor vinculación de Panamá al Sistema de la Integración Centroamericana, puede representar una oportunidad recíproca, en la cual los países centroamericanos estrechen las relaciones comerciales con Panamá, encontrando mercado para sus productos, y Panamá pueda ofrecer su infraestructura de servicios para la integración de los países centroamericanos.

El análisis anterior describe una evolución diferente para cada país en el marco de la integración, lo cual explica las dificultades para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, en la década de los noventa la estabilización de la mayor parte de las economías de la región, ha permitido que el tema regional vuelva a incluirse en la agenda de los gobiernos respectivos.

Precisamente el tema macroeconómico preocupa en la actualidad, ya que la ausencia de coherencia en las decisiones de cada uno de los países frente a sus vecinos ha resultado bastante costosa en términos de los objetivos de la integración.

Si bien es cierto que "la aplicación de las políticas de reforma estructural contribuyó a potenciar la convergencia de las políticas subregionales," aún subsisten factores de desequilibrio que al afectar negativamente la economía, atentarían contra el desarrollo del proceso.

Lo que esta claro en el nuevo contexto, es decir, en el marco de la internacionalización de los noventa es que los países integrantes han demostrado su voluntad política de consolidar el proceso y llevarlo a etapas más avanzadas, hacia una dimensión mayor a la del comercio, pudiendo incluir temas como el laboral, el financiero y el social.

Para esto es necesario que la aplicación de la política económica corresponda con las tendencias tanto globales como regionales. Así surge el tema de la armonización de políticas entre los países, ya que se supone que "la coordinación macroeconómica permitirá la articulación de las ganancias del comercio internacional en una escala subregional, y a través del efecto sobre el ingreso y la oferta complementaria, generar incrementos en la demanda y el intercambio subregional de bienes y servicios".

Existe otro argumento importante para la armonización de las políticas y por tanto para la integración en otros aspectos, más allá del comercial. Se trata de la importancia que ha tenido el comercio exterior para los países centroamericanos como consecuencia de la debilidad del mercado interno, en cuanto a comercio y mercado de factores. Es decir, que la integración puede convertirse en una herramienta para la ampliación del mercado y la generación de una mayor demanda de productos industriales, con valor agregado que sirva de plataforma de desarrollo.

En este sentido, Ballestero señala que en 1992, el 79% de las exportaciones extra-regionales eran productos agrícolas mientras que en el comercio intrarregional, esta proporción es del 25%. Esto significa que la oportunidad de mercados para productos industriales se encuentra en la misma región, mientras que los demás mercados consumen bienes primarios de Centroamérica.

Tal tendencia se ha podido comprobar en mercados como el de la Comunidad Andina de Naciones y en Mercosur, lo cual resalta la importancia de aprovechar las condiciones actuales para consolidar el proceso. Así como en 1961 la creación del Mercado Común Centroamericano se convirtió en factor decisivo para la iniciación de un proceso de industrialización de los países centroamericanos, en los noventa este proceso puede conducir a la consolidación de una base industrial y a la diversificación de las exportaciones totales.

El examen de las condiciones económicas de cada uno de los países permite, ahora, introducir el tema del comercio intrarregional para establecer la evolución del proceso de integración, dadas las especiales circunstancias que han rodeado a cada país.

Teniendo en cuenta que la única expresión de la integración, hasta los años noventa, ha sido el flujo comercial entre los países de la subregión, se utilizará la participación de las exportaciones e importaciones regionales dentro del total exportado e importado por cada país, y la participación de cada uno de los países dentro del total exportado e importado por la región.

Estas dos herramientas permitirán responder dos interrogantes básicos. En primer lugar, establecer cuál es la importancia que tiene el proceso de integración para cada país, de acuerdo con la evolución de las importaciones y exportaciones. Y en segundo lugar, establecer qué países han dirigido su esfuerzo exportador hacia la región, o se han convertido en mercado para sus vecinos.

Analizados en conjunto, los países de Centroamérica, han dirigido sus exportaciones fuera de la misma subregión, ya que los principales productos que ofrecen son primarios y encuentran mercado en los países desarrollados principalmente. La gráfica de 3.25 de comercio intrarregional, muestra que la proporción de las exportaciones centroamericanas con destino a los países miembros del MCCA, ha sido en el mejor de los casos de 25%, en 1980. Mientras que en los años siguientes de la década, esta proporción disminuyó hasta 15%, bastante bajo para un proceso de integración tan antiguo, mostrando así el alto costo que tuvo que pagar la integración por la crisis económica y la inestabilidad generada en la región.

La tendencia en los noventa, es la recuperación de los flujos comerciales entre los países miembros, llevando la cifra de exportaciones intra-regionales a 22% en 1994.

Desde el punto de vista de las importaciones, la naturaleza de los productos importados ocasiona que sea muy pequeña la proporción de bienes comprados en la misma subregión. Aunque en la década de los noventa, ha aumentado la proporción de comercio intrarregional, aún no se llega al nivel de comienzos del proceso de integración. Se puede explicar esta circunstancia por la necesidad que tienen los países de realizar un proceso de industrialización que requiere la importación de bienes de capital que no son producidos en la subregión. Mientras que productos básicos tienen en el mercado extra-regional mejores perspectivas.

Analizados cada uno de los países, se encuentra que para Costa Rica, el mercado regional ha disminuido su importancia a través del tiempo. En 1980 el 27% de las exportaciones del país se dirigían a los mercados de la región, y en los noventa solo el 16%. Esto significa que los mercados en países desarrollados como Estados Unidos y los países de Europa representan mejores oportunidades para las exportaciones de Costa Rica. Desafortunadamente se encuentra que las exportaciones a otros mercados son primarias, y las exportaciones dentro de la subregión, son industriales.

Las importaciones regionales, por su parte, son una pequeña proporción del total importado por Costa Rica.

Para El Salvador la situación es diferente ya que parece ser el país más orientado hacia el comercio subregional, con una proporción de sus exportaciones dirigidas a sus vecinos superior al 40% en la mayor parte de los años. Sólo en 1985 esta proporción fue de 15%. Desde el punto de vista de las compras realizadas en la subregión, se encuentra que ha disminuido la importancia de los bienes regionales para los consumidores locales.

Otro país que se ha dirigido a ganar espacio en el mercado subregional es Guatemala, ya que la proporción de exportaciones llega a 32%, mientras que las importaciones no llegan a 10%. Esta importancia de las exportaciones regionales para Guatemala es reforzada por el hecho de haberse convertido en el país con mayor participación en las exportaciones totales de la subregión, como se verá más adelante.

Contrario a los países anteriores, Honduras y Nicaragua compran a la región una proporción mayor de la proporción exportada. En el caso de Honduras, realiza el 24% de sus compras internacionales dentro de la región, mientras que solo vende el 7% a sus vecinos. Nicaragua compra en la subregión 26% y vende cerca del 23%.

Estas proporciones muestran que la mayor parte de los países no ven a la subregión como un mercado significativo para sus exportaciones, ni tampoco encuentran bienes que puedan sustituir la importación de los países desarrollados. A pesar de esto algunos países participan más que otros del comercio regional, y algunos se benefician más que otros al lograr porcentajes mayores de exportaciones, consolidando para sí el mercado de la subregión. A continuación se mostrará la tendencia en esta materia.

Desde el punto de vista de las importaciones, la distribución en los 5 países no es muy concentrada, ya que el país que más importa de la subregión es El Salvador con 30%, seguido de Guatemala con 20%. Por su parte Honduras y Nicaragua, son los que menos importan de la región, en razón de la poca disponibilidad de divisas y no porque su mercado no admita la penetración de importaciones.

Tal como se ve en las gráficas 4.35 a 4.39, estas proporciones se han mantenido casi invariables a través del tiempo. Aunque podría resaltarse el caso de Costa Rica que disminuye su participación en las importaciones de 23% a 18%, para los años ochenta pero en los años noventa crece levemente su participación.

Las exportaciones de Centroamérica, dirigidas a la misma región, muestran una significativa concentración en dos países, hasta comienzos de la década de los ochenta. Se trata de Guatemala y El Salvador, entre ambos reúnen el 68% de las exportaciones regionales en la actualidad y desde décadas anteriores. Sin embargo, desde la década de los ochenta, la participación de Costa Rica comienza a adquirir importancia, mientras que Nicaragua y Honduras se han rezagado en la participación en el comercio subregional.

Para el último período analizado, es decir 1990-1997, sorprende el caso de Guatemala que concentra el 41% de las exportaciones regionales, incluso desde los años ochenta, aún sin haber constituido una base industrial sólida con la cual pueda ofrecer gran variedad de productos transformados a sus vecinos. Es decir que con la estructura industrial existente ha logrado penetrar los mercados de la región de una manera significativa.

En síntesis, el comercio intrarregional es aún muy débil, lo cual pone al descubierto debilidades del proceso mismo de integración. A pesar de haberse logrado la estabilización económica en la región, los flujos comerciales entre los países miembros, en algunos casos no llegan ni siquiera al nivel de los años ochenta, es decir que aunque se ha observado un aumento en las relaciones entre los países, el indicador más importante de la integración, es decir el flujo comercial, muestra que para cada uno de los países es más importante el mercado que está fuera de la región y no el de sus vecinos.

Aunque esta concepción se ha justificado por los importantes beneficios que se han derivado de las exportaciones de café, banano y otros productos agrícolas, los países centroamericanos deben constituir un sistema industrial que les permita abastecer el mercado interno por lo menos, y en este sentido, el proceso de integración puede ser determinante.

Las condiciones actuales de estabilidad económica deben ser aprovechadas para intensificar la tendencia de crecimiento del comercio intrarregional, que desde 1991 registra variaciones positivas importantes. Así lo muestra la gráfica 4.43, en la cual, el monto de las exportaciones regionales crece de 789 millones de dólares a 1900 millones entre 1991 y 1997.

La importancia que tiene México para la región centroamericana, debido a su evolución histórica y a las actuales relaciones comerciales, justifican ampliamente realizar una breve reflexión de lo que ha significado para México participar en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en función de lo que ha ocurrido después de 4 años de funcionamiento del tratado. Esta reflexión tiene un particular interés para los países centroamericanos, ya que se han visto afectados de diferentes formas por la evolución del Tratado.

En primer lugar, una evaluación del TLC y del impacto sobre la economía mexicana requiere de un extenso análisis que se omite aquí para centrar la reflexión sobre aquellas manifestaciones económicas que describen la evolución de México en el marco de la integración.

"Desde mediados de los años ochenta se adoptaron en México, una serie de medidas de carácter estructural que conducirían a construir una economía más orientada a la competencia internacional y a las fuerzas del mercado". Resultado de lo anterior, el país logró las condiciones de carácter macroeconómico que le permitieron negociar con Estados Unidos y Canadá un área de libre comercio que involucra a cerca de 300 millones de consumidores y que ha sido percibido por la población mexicana como una gran oportunidad para insertarse exitosamente en el mercado internacional.

Después de la crisis de la década de los ochenta, cuya manifestación se dio con mayor fuerza en México en 1982, la economía venía experimentando una recuperación importante, cuyo auge puede situarse entre 1989 y 1994. Aunque las tasas de crecimiento eran modestas, el logro de la estabilización de los precios gracias al Pacto Social y al manejo de la tasa de cambio, constituían hechos positivos para los mexicanos. Con todo, la crisis de diciembre de 1994 cambió el panorama de modo radical.

Durante la crisis, "el peso mexicano cayó en términos nominales rápidamente a la mitad de su valor con respecto al dólar, lo cual hizo resurgir presiones inflacionarias. La economía entró en su peor recesión desde la gran depresión de los años treinta. Los niveles de desempleo llegaron rápidamente al doble de lo que tenían antes de la crisis. Además, las autoridades tuvieron que recurrir a paquetes de apoyo financiero de carácter histórico por parte del Fondo Monetario Internacional y del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a fin de poder cumplir con las obligaciones financieras contraídas. A diferencia de las crisis anteriores, el alto crecimiento de las exportaciones produjo el ajuste requerido de las cuentas externas".

La rapidez con que se recuperó la economía mexicana sorprendió, ya que la magnitud de la crisis fue importante, pero la devaluación del peso se convirtió en una de las grandes ventajas para los empresarios mexicanos, ya que mejoró su competitividad en los mercados internacionales con lo cual se logró penetrar el mercado no solo de Estados Unidos, sino de otros países.

"El comercio internacional de México ha crecido de forma espectacular durante los últimos años. El valor de las transacciones de comercio internacional de México, es decir el total de las exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB, se incrementó de 38% en 1990 a más de 60% en 1996".

En particular, el sector manufacturero experimentó crecimientos mayores al promedio nacional, y aún durante la crisis logró mantener su ritmo de producción gracias a las mayores exportaciones. Para este sector el TLC ha permitido aumentar las exportaciones a Estados Unidos de manera significativa.

Desde el punto de vista laboral, la evolución del Tratado parece haber tenido efectos contrarios a los esperados. Aunque se reconoce que en largo plazo, las condiciones de vida de los trabajadores deberían tender a igualarse con las de los trabajadores estadounidenses y canadienses, la evidencia en los últimos cuatro años señala elementos preocupantes para la sociedad mexicana. En primer lugar, la evolución de la distribución de ingresos es crecientemente desigual, incluso la distribución factorial es decreciente para el factor trabajo en los últimos veinte años y se muestra con mayor fuerza en los años noventa, por la crisis económica.

En segundo lugar, los salarios aumentaron más para los trabajadores calificados que para los obreros y empleados sin calificación, es decir, que se está presentando un fenómeno de brecha salarial entre niveles de calificación, con detrimento de los trabajadores más pobres.

Algo similar ocurre desde el punto de vista geográfico, ya que en aquellas zonas en las cuales se han ubicado las empresas maquiladoras, zonas metropolitanas y zonas francas, existen diferenciales en salarios con respecto a otras zonas de menor dinamismo económico.

Por último se aprecia que la generación de empleo formal en los años noventa ha sido mínima, mientras que la población económicamente activa aumenta constantemente en cerca de un millón de personas por año, lo cual significa que es el empleo informal el que ha venido aumentando tras la entrada en vigor del TLC.

Desde el punto de vista de la inversión extranjera, aunque la economía mexicana ha experimentado influjos crecientes de capital foráneo, desde que empezó a funcionar el TLC, esa inversión se ha caracterizado por ser de corto plazo y ha sustituido el ahorro interno en buena medida. El carácter especulativo con que entraron estas inversiones en 1994, determinó la crisis de ese año.

En síntesis, el impacto del TLC sobre la economía mexicana ha sido indiscutiblemente la ampliación del mercado para los empresarios nacionales, que han logrado penetrar el mercado de los Estados Unidos. Sin embargo la competitividad de las empresas mexicanas está basada aún en los reducidos costos laborales que prevalecen debido a la poca calificación de gran parte de la fuerza de trabajo.

Estos elementos analíticos permitirán ahora abordar el tema de las implicaciones que tiene para Centroamérica la dinámica de inserción mexicana en la economía de Norteamérica y la economía mundial.

Desde los años ochenta, se le ha dado impulso a una serie de convenios y tratados bilaterales entre cada uno de los países de Centroamérica y México, bajo el supuesto de que la entrada de productos centroamericanos a México garantiza la entrada en el mercado de Estados Unidos. Después de cuatro años de funcionamiento del TLC, parece que México ha funcionado más como un competidor para las exportaciones centroamericanas que como un facilitador del mercado norteamericano.

La única negociación conjunta que ha realizado Centroamérica con México se produjo en 1991, terminando en la firma de un acuerdo de complementación económica que incluía los siguientes aspectos:

• Libre comercio
• Fomento de las inversiones
• Cooperación financiera
• Fomento de la oferta exportable
• Cooperación con el sector primario
• Abastecimiento energético
• Cooperación técnica

A pesar de este acuerdo, la desigualdad entre los países centroamericanos para enfrentar la producción mexicana, y el interés de México por asegurar una posición fuerte en el mercado centroamericano, ha determinado la firma de convenios bilaterales que penetran la estructura integracionista centroamericana.

Aunque existen sectores en los cuales la integración con México, puede ser complementaria, en sectores como el de textiles, cuya producción en Centroamérica genera un número importante de empleos y se está generando un proceso de industrialización, es mucho más fuerte México, y compite con las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos.

En primer lugar, es necesario aclarar que son las condiciones sociales pre-existentes las que han justificado todo el proceso de integración, en busca de ampliación de mercados que permitan el aumento de los ingresos de los trabajadores centroamericanos.

Uno de los indicadores que permite sustentar esta idea es el porcentaje de la población que vive en situación de pobreza. Los resultados para Centroamérica muestran que solamente Costa Rica tiene niveles moderados de pobreza, mientras que sus vecinos tienen tasas realmente preocupantes. Como puede verse el cuadro No. 5.1. En todos los casos, la pobreza rural es mayor a la pobreza urbana, ya que la disponibilidad de servicios en las zonas rurales es más difícil que en las ciudades. Sin embargo, no se trata sólo de la precaria disponibilidad de servicios sociales o domiciliarios, sino un deterioro significativo de los ingresos de los trabajadores rurales.

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 1996, PNUD

Esta no es una situación exclusiva de Centroamérica, sino que está presente en toda América Latina. De acuerdo con un estudio de la CEPAL, "en todos los países de la región, la incidencia de la pobreza rural es mucho mayor que la que se registra en las zonas urbanas: más del 50% de la población rural y alrededor del 30% de la población urbana vive en condiciones de pobreza o indigencia".

Lo anterior significa que países agrícolas como los centroamericanos, se ven afectados de manera más grave por la pobreza. De acuerdo con el mismo estudio, "en la década de 1980 se acentuó la pobreza, y se ha reducido levemente (prácticamente nada en las zonas rurales) en los años noventa. Este resultado se debe en parte al mejor desempeño de las economías regionales en el actual decenio y al redoblado esfuerzo de los programas sociales destinados a combatir la pobreza".

Las características predominantes en los hogares latinoamericanos pobres, ordenadas según su mayor o menor ocurrencia, siguen siendo los bajos ingresos, el desempleo y subempleo y la elevada proporción de menores por hogar.

Toda iniciativa que propenda por una menor dependencia de las actividades agrícolas, o en favor de un proceso de industrialización, puede repercutir positivamente sobre la calidad de vida de los habitantes del país, en concreto sobre el porcentaje de población pobre.

Aunque, dada la situación de estrechez del mercado de cada uno de los países centroamericanos la posibilidad de llevar a cabo un proceso de industrialización tiene como requisito la integración de cada uno de los países para conformar un mercado que permita la consolidación de economías de escala en las empresas nacionales o multinacionales que operan en la región.

En cuanto a la evolución de la integración y el posible impacto que han tenido las políticas de ajuste y reforma estructural, la poca disponibilidad de información, se constituye en una limitación significativa para el análisis de las condiciones sociales, a través del período de integración. Sin embargo algunas cifras, al igual de lo que ocurre con la pobreza, dan cuenta del efecto negativo que tuvo la crisis de los años ochenta para el desarrollo social de los países centroamericanos.

En este sentido, debe mencionarse como caso excepcional, en la región centroamericana, y aún a nivel latinoamericano, el caso de Costa Rica, ya que sus indicadores sociales son bastante buenos en comparación con sus vecinos, y permiten comparar a su población con los países desarrollados, en términos de desarrollo humano, calidad de vida, educación y salud.

En particular, el Índice de Desarrollo Humano, es de 0.884 para 1993, lo que le da una importante posición a Costa Rica dentro del ranking de países del PNUD. Tal como puede verse en la gráfica No. 5.1, los demás países de Centroamérica, mantienen un nivel apenas superior a 0.5 e inferior a 0.6, mostrando así las claras diferencias sociales entre Costa Rica y los demás. En principio puede afirmarse que Costa Rica logró aislar los efectos sociales de toda la crisis económica que sacudió a la región. Los indicadores económicos del país se vieron afectados, aunque en un período muy corto con serias consecuencias de estabilidad macroeconómica, pero parece haberse aislado esta dinámica de las condiciones de vida de la sociedad.

En el caso de El Salvador, la esperanza de vida al nacer disminuyó entre 1977 y 1984, de 63 a 61 años, reflejando las consecuencias de la crisis económica sobre los indicadores sociales.

En el caso de la tasa de natalidad y mortalidad, la tendencia es igualmente hacia la reducción, registrando para la década de los noventa tasas bastante similares entre los países de Centroamérica, excluida Costa Rica, cuyas tasas son menores en los dos casos.

Los demás indicadores, por estar disponibles solo para la última etapa en estudio, solo permiten hacer comparaciones entre países, sin poder concluir algo acerca de la evolución de la integración con respecto al elemento social.

La cobertura de servicios públicos domiciliarios muestra que existe una gran distancia entre Costa Rica y los demás países. En este país el 92% de la población tiene acceso a agua potable y el 97% tiene acceso a saneamiento. Al comparar con los demás países de la subregión, se encuentra que todos los demás tienen cobertura de servicios públicos domiciliarios cercana al 60%.

En cuanto a Educación, hay dos indicadores que pueden describir la situación de los países centroamericanos. En primer lugar, la tasa de alfabetización de adultos muestra que nuevamente Costa Rica tiene las mejores cifras. Aquí, la tasa es de 70.4%, mientras que en otros países como Guatemala es de 54%. En segundo lugar, El gasto público en educación es mayor al 4% del PIB en Costa Rica y en Honduras, mientras que en El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el valor llega solo apenas a superar el 1% del PIB.

En suma, la naturaleza de los cambios que ha venido experimentando la economía centroamericana, permiten concluir que el impacto social es significativo y aunque aún no se dan los resultados que se preveían en un comienzo, existen condiciones para que los avances en materia comercial y económica tengan repercusiones positivas sobre el nivel de vida de los habitantes del área.

Ricardo González lo resume de esta manera: "No puede menos que mencionarse el impacto social que ha tenido el crecimiento de una clase obrera más consciente de sus derechos y una clase gerencial que ha perdido, en parte, su fisonomía de clan familiar," como consecuencia de un proceso de integración que estimule la creación y consolidación de una industria para el mercado interno y para el exterior, con el fin de aumentar los ingresos de la gente.

El progreso significativo que ha tenido el proceso de integración en Centroamérica, exige que cada uno de los agentes involucrados se prepare para desempeñar un papel dentro del nuevo esquema. La experiencia en procesos como el de la Unión Europea, ha puesto de manifiesto, el cambio en los paradigmas de desempeño, tanto económico como social y político. En este sentido, es necesario que los gobiernos reconozcan la participación de la sociedad civil y que la sociedad civil reconozca su responsabilidad en la construcción de una nueva comunidad basada en la cooperación y solidaridad, como es el propósito del Sistema de la Integración Centroamericana.

A pesar de que el proceso en Centroamérica ha tenido objetivos de unidad política desde el siglo pasado, el tema de la participación de la sociedad civil no ha tenido tanto espacio, como el tema económico. La carta que protocolizó la creación de la Iniciativa Civil para la Integración Centroamericana (ICIC), entregada a los presidentes de la región en la Cumbre Presidencial de Guatemala en 1993, dió comienzo a un proceso organizado de participación que buscaba representar a la sociedad civil en las diferentes instancias y foros del Sistema de la Integración Centroamericana.

La ICIC surgió de un conjunto amplio de organizaciones campesinas, de pequeños empresarios, organizaciones comunales y trabajadores de la subregión, como un instrumento para garantizar el papel de la sociedad civil como interlocutores ante los gobiernos centroamericanos y otros actores sociales.

Se trata de alcanzar la participación activa en los órganos consultivos del SICA para promover "una concepción del desarrollo humano integral que involucre las situaciones particulares de clase, género, etnia y generación, donde se expresan las dimensiones de exclusión social en que viven la mayoría de centroamericanos".

La ICIC reconoce la dificultad de realizar esta labor, ya que los intentos anteriores se han caracterizado por su pobre incidencia sobre la sociedad centroamericana y la evolución del proceso de integración ha involucrado la desigualdad e inequidad del desarrollo en detrimento de las clases sociales más pobres.

Por esta razón, la sociedad civil mantiene una posición defensora de la integración pero con condiciones a la evolución institucional y económica para que la sociedad centroamericana se vea beneficiada del proceso. En este sentido se señala que "la integración centroamericana es la alternativa, y única posibilidad real de mantener el control del mercado interno al mismo tiempo que se crean las condiciones para penetrar en mercados competitivos. Pero la integración exige ampliar la viabilidad política y administrativa de la misma".

Todas estas iniciativas tomaron forma más concreta con la firma del Tratado de Integración Social, con el cual América Central ha comenzado a concebir a la sociedad civil como protagonista del proceso y merecedora de la atención de las autoridades dentro de los convenios y tratados.

Los Estados Partes se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva, la integración social centroamericana, con el fin de promover mayores oportunidades y una mejor calidad de vida y de trabajo a la población centroamericana, asegurando su participación plena en los beneficios del desarrollo sostenible.

Llevar a la práctica, la participación de amplios sectores de la población, bajo esquemas de representación es una tarea bastante ardua en todos los países. En Centroamérica la ausencia de una tradición democrática, en varios países, ocasiona una muy baja participación ciudadana y política. La baja participación en los comicios electorales, en los primeros años de la década, confirma la indiferencia de la ciudadanía por los problemas de los países.

Por esta razón, la participación de la sociedad civil más que una necesidad, es un reto para los centroamericanos. "Se trata de abordar el tema de la integración para formar una sociedad más igualitaria y equitativa en todos los países de la región".

Superar el escepticismo de la ciudadanía, también requiere la ampliación de espacios para su participación. Según Arriola y Aguilar, "el marco institucional del SICA reproduce las estructuras jerárquicas refractarias a la participación social de las mayorías populares en el destino de las naciones. El espacio reservado a la participación de las organizaciones sociales (el CC-SICA) es insuficiente e ineficiente desde la perspectiva de una real participación social en el proceso".

Se resalta así, el papel que puede jugar el movimiento sindical, que tiene en el espacio subregional un terreno propio de actuación y maduración, pero no puede actuar en solitario. Su incorporación al SICA deberá servir para fomentar la unidad de acción y el desarrollo propositivo del sindicalismo centroamericano, en el marco de las alternativas que conciernen a las mayorías populares de la región.

La estrecha relación entre los aspectos económicos y sociales, resalta la necesidad de que la sociedad civil, ampliamente representada, realice un seguimiento de los tratados, de los convenios y de sus alcances sociales para establecer el impacto para los asalariados, para los ciudadanos comunes.

"Para evaluar el proceso de integración, son varias las reglas que el movimiento sindical (como parte de la sociedad civil) puede tomar en consideración. En primer lugar, se postula que cuanto más simétrico y complementario es el proceso de integración, menos costos sociales habrá. Es decir, cuando las economías que se integran son de un desarrollo económico parecido y su fuerza o especialización están en ramas económicas distintas, la posibilidad de que en el corto plazo ambas economías se beneficien es grande."

Sin embargo este principio de evaluación debe ser fortalecido en la medida en que además de los procesos de integración, se adelanta el proceso de globalización, que limita la discrecionalidad de los Estados en materia económica y establece nuevas reglas de juego.

La complementaridad y la simetría son requisitos para integrarse con otros mercados, pero es la competitividad el requisito para integrarse con la economía mundial. Si las empresas son competitivas en aspectos diferentes al costo salarial, es posible que los beneficios para el conjunto de la población sean mejores, que si se cifra la esperanza competitiva en el nivel de los salarios.

Para los países de la región, también era una necesidad, generar divisas con las cuales asumir los pagos del servicio de la deuda y las importaciones de bienes no producidos en la región. Por esta razón, una de las iniciativas de los programas de reforma estructural era la promoción de exportaciones a través de esquemas como el de las zonas francas y empresas maquiladoras. Las zonas procesadoras de exportación son parte de la estrategia de industrialización orientada hacia la exportación, que muchos países en desarrollo utilizan para hacer frente a los problemas económicos y sociales, los cuales se han atacado desde la perspectiva neoliberal que ha instrumentado los programas de ajuste estructural.

Concretamente, la creación de zonas francas y los estímulos para el establecimiento de maquilas, tenía como fin "atraer la inversión extranjera y estimular la exportación de productos no tradicionales; de esta manera los gobiernos pretendían alcanzar tres importantes objetivos: Generación de empleo, generación de divisas para el país e incremento de la capacidad tecnológica nacional".

Como se verá más adelante el cumplimiento de estos objetivos ha tenido serias limitaciones y el balance que pueda hacerse de este esquema tiende a arrojar resultados negativos.

Centroamérica ha sido preferida por la inversión extranjera para el asentamiento de actividades productivas, ya que se conjugan varias circunstancias ventajosas en términos del costo de producción. La crisis de los años ochenta dejó a la mayor parte de los países con un nivel de desempleo importante, y por tanto con unos salarios reales bastante bajos en comparación con los demás países de Latinoamérica. Este hecho significa que bajo el nuevo esquema productivo de maquila, las empresas multinacionales pueden subdividir sus procesos productivos, de tal manera que la parte más intensiva en mano de obra se lleve a cabo en algún país del mundo con bajos salarios. De esta manera se da origen a la maquila, como aquella empresa que ensambla, manufactura, procesa o repara materiales temporalmente importados al país receptor para su eventual re-exportación. "Las empresas maquiladoras no compiten por acceder al mercado de consumo y realizar su producción, sino por vender su capacidad de producción a otras empresas. Se trata de una integración descentralizada que permite la articulación de varias empresas en la ejecución de diversas partes de un mismo proceso productivo. Mediante este sistema, se realizan sistemas de producción flexibles o neotayloristas. Dentro de estos modelos, se reconocen tres formas de organización de la producción: redes de proveedores, las filiales o subsidiarias y la propia maquila."

La competitividad de este esquema se ve reforzada por las ventajas arancelarias, fiscales y tributarias que ofrecen los gobiernos nacionales para el establecimiento de la inversión extranjera. Sin embargo este es uno de los aspectos más efímeros del esquema, ya que la mayor parte de acuerdos internacionales, tanto en la región centroamericana como en el resto del mundo, tienden a eliminar las barreras arancelarias, dando tratamiento nacional a los productos e inversiones foráneas.

Después de varios años de funcionamiento de este esquema en todos los países de América Central, el balance que puede hacerse no es aún positivo debido a la limitada eficacia de sus objetivos. "Las zonas francas son enclaves físicos, sociales y económicos, donde no hay motivación real para asociarse con los productores locales y establecer vínculos que se traduzcan en incrementos de la capacidad tecnológica nacional".

En cuanto a empleo generado, hay consenso en que el número de empleos en la economía ha aumentado gracias a la instalación de empresas maquiladoras en las zonas francas de los países, pero, también lo hay sobre la deplorable calidad del empleo generado en numerosas empresas de las zonas francas.

En cuanto a la generación de divisas, se ha logrado el objetivo pero en una pequeña proporción como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir que la vinculación con el resto de la economía es precaria, dando lugar al funcionamiento de enclaves exportadores, similares a los de comienzos de siglo. En realidad la diferencia radica en que antes, la explotación de las firmas multinacionales en el país receptor era de recursos naturales y fuerza laboral. Ahora, la explotación realizada es solo de la fuerza laboral, porque los insumos de la producción son importados mayoritariamente.

Por lo demás, los dos esquemas se caracterizan por su poca o nula vinculación con la economía nacional, la existencia de leyes proteccionistas y alta concentración de trabajadores.

La inversión extranjera bajo el esquema de maquilas, se ha dirigido a sectores intensivos en mano de obra como son el textil, calzado, metalmecánica y electrónica. En estos dos últimos casos, la naturaleza de los trabajos exige poca calificación de la mano de obra, por lo que pierde importancia que sean sectores intensivos en tecnología, pues no hay transferencia nacional.

Para los inversionistas extranjeros este esquema proporciona ventajas significativas derivadas de los altos diferenciales en cuanto a salarios, comparados con los existentes en los países de origen de la inversión, mientras el diferencial en cuanto a productividad no es tan grande, y puede ser reducido rápidamente, a través de incentivos.

De esta manera las empresas maquiladoras reducen costos laborales, que se traducen en mejores rendimientos para el capital. Además de la ventaja económica, la ausencia de una normatividad clara en materia ambiental, se constituye en factor facilitador para que algunas empresas multinacionales trasladen sus procesos productivos altamente contaminantes o tóxicos, a los países de la subregión.

En los últimos años, se ha extendido también el fenómeno de submaquilación, como estrategia para reducir aun más los costos laborales y dando lugar a un aumento de la actividad informal, con participación de menores de edad. El esquema se basa en la contratación de un determinado trabajo que puede ser realizado en pequeños talleres o en los domicilios de los trabajadores, de modo que las familias internalizan los costos de producción.

Fuente: OIT, La situación sociolaboral en las zonas francas y empresas maquiladoras. 1996

En particular, se pueden mencionar los siguientes elementos de la legislación en materia de zonas francas:

• Importación sin arancel,
• exoneración del impuesto a la renta y otros impuestos,
• Derecho a utilizar instrumentos de apoyo como el Certificado de Abono tributario, con el cual los exportadores pueden realizar pago de sus impuestos.

El análisis de la legislación en los países de la subregión, muestra que en ninguno se establecen normas especiales para la contratación de la fuerza laboral. En todos los países, el mismo régimen laboral para las empresas nacionales rige para las empresas extranjeras, ubicadas en las zonas francas. Este sistema se basa en la aplicación del principio de territorialidad, según el cual no hay distinción en el trato, entre empresas maquiladoras y empresas nacionales.

A pesar de lo anterior, las autoridades centroamericanas parecen estar limitadas para ejecutar reales actividades de verificación sistemática y control sobre las empresas, permitiendo así un ambiente propicio para la explotación de los trabajadores y el menoscabo de su dignidad y derechos laborales.

Existe evidencia significativa de que las condiciones de trabajo en las empresas maquiladoras están muy por debajo de las condiciones en otros sectores nacionales de producción, afectando mayoritariamente a las mujeres centroamericanas. De acuerdo con cifras de 1993, "el empleo en las plantas y empresas maquiladoras es en gran medida femenino: del 75 al 90% de los puestos son ocupados por mujeres".

Esta situación determina que sean frecuentes los casos de "irrespeto a la dignidad de la mujer, mediante prácticas de acoso sexual, obligatoriedad de tomar anticonceptivos, exigencias de esterilización y agresión física".

Además de lo anterior, existen otras expresiones de la mala calidad del empleo generado por muchas empresas maquiladoras. De acuerdo con la OIT, la inestabilidad laboral, el pago de salarios muchas veces por debajo del mínimo (en función de la jornada laboral legal), intensas jornadas de trabajo, acoso sexual, contratación temporal y la subcontratación domiciliaria, son prácticas comunes en las zonas francas de Centroamérica, dando lugar a un problema social bastante grave, reflejado en la precariedad de las condiciones de vida para amplios sectores de la población. Además, el registro tardío de trabajadores ante las instituciones de la seguridad social o la no inclusión deliberada de planillas, son prácticas muy difundidas en las zonas francas que tienden a agravar la situación de desprotección de la fuerza de trabajo, que al no estar sindicalizada, carece de los instrumentos de reivindicación de sus derechos.

En cuanto a los salarios, existen diferencias importantes entre las mismas empresas maquiladoras. Sin embargo las diferencias no son atribuidas a factores objetivos, como la capacitación, sino a factores subjetivos, ya que la remuneración es mayor para los hombres que para las mujeres, y la única forma de mejorar la remuneración es intensificando los ritmos de trabajo y ampliando la jornada laboral. Puede apreciarse que en muchas empresas, los trabajadores declaran ganar por encima del salario mínimo, pero esto a veces también debido a que en sus nóminas incluyen las horas extras y las jornadas excedentarias.

A continuación se realizará una comparación por países, resaltando algunos elementos distintivos en cada país.

La maquila surge en Costa Rica en el marco de las políticas de promoción de exportaciones, que buscaban mejorar la inserción internacional de la industria costarricense, durante la crisis la crisis de los años ochenta.

"Las leyes y decretos que se adoptaron para incentivar la producción maquiladora, aunado al clima de estabilidad política y social, y a la instalación de una considerable infraestructura de servicios, han sido factores de primer orden para que a partir de esos años se experimente un despegue del sector de la maquila, el cual aún no finaliza y continúa perfilándose como uno de los principales ejes de acumulación en el contexto de la economía actual".

Entre los países de la región, Costa Rica es el que más ha incentivado la maquila, recibiendo respuesta de los inversionistas extranjeros, en sectores tan importantes como la electrónica. El siguiente cuadro resume el conjunto de incentivos a la inversión en las distintas modalidades.

Fuente: OIT, La situación sociolaboral en las zonas francas y empresas maquiladoras. 1996

Sin negar que las empresas maquiladoras tienen un impacto significativo sobre la estructura productiva, el valor y composición de las exportaciones, y la configuración comercial, es necesario resaltar que el impacto más dramático, se ha dado en las condiciones sociolaborales. "Con el surgimiento de una nueva clase obrera cuyas principales características sociodemográficas son las de ser una fuerza laboral femenina muy joven, soltera, sin responsabilidades familiares directas y poseedora de una educación que oscila entre la primaria y la secundaria incompleta".

Fuente: OIT, La situación sociolaboral en las zonas francas y empresas maquiladoras. 1996

Entre las condiciones favorables que encuentran los inversionistas extranjeros para instalarse en Costa Rica, se puede mencionar la libre repatriación de utilidades, dividendos, capitales o pagos por intereses, para lo cual existe un registro selectivo para capitales privados extranjeros.

A pesar de que Costa Rica, registra los salarios más altos de la región centroamericana, ha podido atraer capital extranjero en actividades de textiles, calzado y electrónica, gracias a las condiciones políticas de estabilidad y de baja incertidumbre económica.

En este país las maquilas no han evolucionado con tanto éxito como en el resto de la subregión. Aunque su creación comenzó desde la década de los ochenta, su crecimiento ha sido lento, y antes que productividad e impacto sobre la economía, sobresalen los problemas sociales asociados con las pésimas condiciones de trabajo.

"Se presenta una perspectiva de fuerte inestabilidad sobre el sector, con tendencias probabilísticas al estancamiento y la regresión en el número de empleos generados por la maquila".

La explicación para el estancamiento del sector de la maquila, y en general, de la actividad industrial en El Salvador, esta asociada al desplazamiento de las inversiones y las compras hacia México. Con la entrada en funcionamiento del TLC, México ha logrado captar inversiones importantes que antes se dirigían a Centroamérica y las ventajas anteriores, basadas en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI), se invierten dejando a los países centroamericanos sin competitividad ante México, ya que puede penetrar el mercado de los Estados Unidos sin arancel y sin barreras para - arancelarias.

Para contrarrestar esta situación, El Salvador ofrece como incentivos a la inversión extranjera, la libre remisión del 100% de utilidades netas (excepto actividades de servicios o comerciales que es 50%), libre remisión de fondos para la liquidación de empresas, para el pago de intereses sobre los préstamos o patentes, si estos no exceden el 10% de las ventas. Además, los inversionistas extranjeros gozan de los incentivos fiscales otorgados al capital nacional y pueden abrir cuentas en divisas.

Al igual que en los demás países, el surgimiento de las empresas maquiladoras, se da dentro de la estrategia de desarrollo dirigida al exterior que promueve la inversión extranjera y las actividades de exportación no tradicionales.

El hecho relevante en este país no es el impacto positivo de las maquilas sobre las cifras de producción y exportaciones, sino el impacto negativo sobre la calidad del empleo.

Aunque la legislación laboral es la misma para las empresas nacionales y transnacionales, los estudios de la OIT revelan que con frecuencia las condiciones de trabajo en las empresas maquiladoras son precarias y muy poco autorealizadoras para los trabajadores; la libertad sindical y la negociación colectiva sufren importantes restricciones en dichas empresas. Es común en las empresas maquiladoras que se den violaciones al derecho de sindicalización, con lo cual los/as empleados/as carecen de mecanismos de protesta y defensa de sus derechos básicos.

Se han dado casos de empresas donde se maltrata físicamente, a lo cual se suma el hecho de que no tienen acceso al régimen de seguridad social porque se les veda el derecho a solicitar el servicio. Incluso algunas empresas realizan el descuento a los trabajadores por este concepto, sin que se realice el pago correspondiente a la seguridad social. Existen denuncias en proceso sobre suministro de componentes químicos (en el café que toman las trabajadoras), para neutralizar el cansancio, y permitir producir en turnos de doce y catorce horas.

En Guatemala, el esquema de maquila se ha dirigido en especial hacia las confecciones, donde llega a ser superior al 60% de las empresas. Si bien se trata de una actividad intensiva de mano de obra no hay transferencia de tecnología a los productores nacionales, y no existe formación profesional para el personal.

A lo anterior se suma el hecho de que la mayor parte de los insumos usados en la producción son importados, generando una desvinculación con el mercado local. Aunque no hay una ley que regule las inversiones extranjeras, estas reciben un trato igual que las inversiones nacionales. Por tanto se permiten las repatriaciones de utilidades, capitales y pago de regalías, pero sujetas a impuestos sobre dividendos del 12.5%, sobre intereses al exterior del 10% y sobre regalías del 25%.

Fuente: OIT, La situación sociolaboral en las zonas francas y empresas maquiladoras. 1996

Aunque las maquilas en Honduras han hecho una relativa contribución al crecimiento y al desarrollo exportador, también han traído problemas asociados a la contaminación generada en los procesos industriales y en la disposición final de los desechos tóxicos, y también desplazamientos poblacionales masivos a las zonas donde están instaladas las maquilas.

Fuente: OIT, La situación sociolaboral en las zonas francas y empresas maquiladoras. 1996

 6.6 Nicaragua

Nicaragua es un caso especial para el análisis de las zonas francas, ya que en ningún otro país como en este, se dieron condiciones económicas y sociales tan adversas. Para Nicaragua, la década de los años ochenta, significó un estancamiento e incluso un retroceso de grandes magnitudes en el desarrollo económico y social.

Esta situación constituyó campo propicio para que las multinacionales extranjeras, pudieran desarrollar proyectos productivos, beneficiándose de los bajos salarios existentes. A finales de los ochenta, lo que los inversionistas han encontrado es una fuerza laboral cuyas condiciones de pobreza favorecen la precariedad salarial y la disposición a aumentar su jornada productiva para lograr un ingreso marginal.

En cuanto a incentivos para la inversión, la legislación de Nicaragua, permite la repatriación de utilidades netas y capitales, el pago de regalías, indemnización rápida, acceso preferencia a divisas, exoneración de impuestos fiscales, aduaneros y municipales, y acceso a fuentes de financiamiento externo.

Nicaragua es el país que más beneficios otorga a la inversión extranjera en las zonas francas, y al no exigir pago de impuestos de ninguna clase, refuerza la poca vinculación con la economía local. Es decir que las empresas maquiladoras no tienen incentivos para comprar materias primas nacionales, no pagan a la nación, ningún tributo y pueden repatriar todas sus utilidades. Lamentablemente, la misma situación institucional del país impide controlar la explotación que los enclaves productivos hacen de la mano de obra nacional, sin que se registren beneficios para los nicaragüenses.

Aunque la instalación de maquilas ha contribuido a disminuir el nivel de desempleo y a aumentar las exportaciones, lo cierto es que, en primer lugar, la calidad del empleo es deficiente, y en segundo lugar, al aumentar las importaciones, el efecto neto sobre la generación de divisas es bastante limitado.

Las investigaciones demuestran que "el proceso de industrialización se limita a las fases de terminado de productos que vienen diseñados y preestablecidos desde el exterior. Los procesos productivos son muy simples y mecánicos, ya que no requieren de calificación más que para ciertas habilidades manuales. Por otra parte, existe una muy baja integración con la producción nacional; en muchos casos por resistencia de los mismos inversionistas a proveerse de insumos de producción local".

El panorama anterior muestra que en los países de Centroamérica el patrón de instalación de actividades maquiladoras, ha sido similar. Las empresas multinacionales extranjeras han aprovechado un conjunto de condiciones favorables a la inversión, como son:

• Mano de obra barata, esforzada y diligente
• Exención de impuestos y aranceles a insumos importados y a productos exportados
• Repatriación sin restricciones de los beneficios
• Créditos a bajo interés y con atractivos plazos
• Buenos sistemas de comunicación y transporte
• Exenciones fiscales diversas
• Subvención de infraestructura, caminos, servicios de energía, terrenos etc.
• Ambiente no sindical y flexibilidad para la aplicación del derecho del trabajo

Esta configuración del sistema regulatorio ha permitido que en todos los países, la actividad maquiladora se desarrolle a espaldas del mercado interno, a espaldas de los productores nacionales y a espaldas de las entidades territoriales que proveen la infraestructura de servicios y comunicaciones, necesaria para el desarrollo de los proyectos exportadores.

Para los trabajadores la situación es peor aún. Aunque la evidencia que sustenta la existencia de salarios más bajos que en el resto de la economía no es fuerte, es cierto que las condiciones de trabajo en las empresas maquiladoras son extremas, con muy poca estabilidad laboral, sin posibilidades de asociación, y nula capacitación. La valoración de estos aspectos, permitiría concluir que en las zonas francas, y concretamente en las empresas maquiladoras, los salarios reales para el trabajador son inferiores a los que se podría percibir en una actividad diferente.

Desde el punto de vista ambiental y de salud pública, un efecto negativo de la actividad maquiladora en México es el vertimiento de residuos tóxicos a los ríos de las zonas aledañas a las zonas francas.

De acuerdo con un reportaje de la revista TIME, existencia evidencia de efectos negativos sobre el desarrollo fetal de los niños nacidos en las zonas cercanas a las zonas francas. Concretamente se cita el caso de la zona industrial de Matamoros, México, donde la producción de las empresas maquiladoras genera residuos tóxicos que son cancerígenos y producen malformaciones a los fetos en desarrollo.

En el hospital de Brownsville, Texas, se han reportado 25 casos de niños nacidos con problemas en la columna, se trata de una enfermedad llamada espina bífida, y otros casos de niños que han nacido sin cerebro.

Aunque las investigaciones realizadas por el Centro para control de decesos y la salud de Texas, no han podido identificar la causa de esta epidemia de casos de malformaciones, los familiares de los niños han demandado formalmente a las empresas localizadas justo en la frontera del río grande, en la población mexicana de Matamoros, responsabilizándolas del hecho.

La respuesta de las empresas localizadas en esta zona ha sido negar las acusaciones, aduciendo que aún fuera de Estados Unidos, se siguen las normas ambientales nacionales. Sin embargo han entregado a las familias de los niños, cerca de 17 millones dólares, para evitar que el juicio se lleve a cabo.

Una investigación de CNN encontró que un memorando interno de una filial de la empresa GM, localizada en Matamoros, que reconocía el vertimiento de residuos tóxicos, violando así la normatividad, tanto mexicana como estadounidense. Un estudio de la misma empresa encontró que los residuos eran cancerígenos y peligrosos para el desarrollo fetal. En el caso de Kemet Electronics, otra empresa localizada en la misma zona, se encontró que las mediciones de contaminación eran altas en un colegio cercano a la planta, por emisión de metileno.

En una comunicación oficial de GM, se dice que la razón de las malformaciones es la falta de ácido fólico en la dieta de las madres, desviando así las acusaciones de contaminación y deterioro de la salud pública.

Por estas razones, aunque exista un impacto positivo en indicadores como el nivel de empleo y monto de exportaciones, el reto es " equilibrar los aspectos cuantitativos de las políticas de promoción de inversiones con los cualitativos; compatibilizar la rentabilidad de las empresas con su función de estructuración social."

Como se ha visto en capítulos anteriores, paralelamente al desarrollo de políticas de promoción de inversiones extranjeras y exportaciones no tradicionales, el direccionamiento hacia el exterior ha estado concentrado en el proceso de integración centroamericano, cuya expresión institucional más reciente, es el SICA.

El papel de las zonas francas, dentro de este esquema de integración parece no cambiar significativamente, debido a que el mercado interno, que en este caso se ampliaría al mercado de los países centroamericanos, no es del interés de las empresas maquiladoras. Su producción esta dirigida en gran medida a países desarrollados, dentro de los cuales, Estados Unidos, es el principal comprador.

Sin embargo, desde la perspectiva de un acuerdo de integración, o por lo menos de liberalización comercial para todo el hemisferio, las ventajas actuales de las empresas maquiladoras quedarían desvirtuadas, porque la excepción arancelaria y tributaria de la cual disfrutan, dejaría de serlo para convertirse en la regla general para la producción en América.

Un rasgo importante de las nuevas formas de organización del trabajo es el recurso creciente a la externalización de la mano de obra, siendo la subcontratación una de sus formas más comunes. No es, por cierto, un fenómeno nuevo, pues desde tiempo atrás la subcontratación ha sido una práctica muy difundida en una gama relativamente amplia de industrias y sectores económicos, especialmente la agricultura, minería, petróleo, y la construcción. Sí es más novedoso, en cambio, el hecho de que la subcontratación se presente bajo formas cada vez más sofisticadas y que abarque a actividades en las que antes no era frecuente recurrir a ella. Otra novedad es el viraje que ha efectuado la legislación laboral con respecto a esta cuestión, pues si antes la veía con gran desconfianza (y en muchos casos prohibía o limitaba severamente la subcontratación) hoy tiende a ofrecerle espacios que antes le estaban vedados. A estas características y evolución se alude en las secciones que siguen.

El término subcontratación cubre muchas prácticas diferentes. Como tal se entiende, por ejemplo, los contratos en virtud de los cuales una empresa encarga a otra el suministro de partes de producción, o la prestación de determinados servicios. En los Estados Unidos esto es conocido como outsourcing. La misma maquila es una forma de subcontratación internacional de producción, al punto que en un país como Haití se la conoce bajo el nombre de industrie de la sous-traitance. En fin, a título de ejemplo, las prácticas prevalecientes en la industria de la construcción, en donde una persona o empresa que es dueña de la obra, contrata una construcción civil con un constructor o arquitecto (el contratista), quien a su vez subcontrata partes de la obra con diversos gremios (albañiles, pintores, plomeros, electricistas, etc).

Todas estas prácticas tienen por objeto el suministro de partes de producción, la realización de una obra o la prestación de un servicio. Son de naturaleza predominantemente comercial y por lo general se concluyen entre empresas distintas y con identidad propia. De ahí que en principio no deberían tener implicaciones desde un punto de vista laboral. Sin embargo, al margen de ellas existen otras prácticas que también son llamadas de subcontratación, y cuyo objeto principal es en realidad la realización de labores o prestación de un trabajo. Estas son las formas de subcontratación que despiertan la mayor preocupación desde el punto de vista laboral, en particular cuando las labores en cuestión se ejecutan en condiciones propias de un contrato de trabajo, a saber la subordinación, continuidad, y relación personal entre la persona que ejecuta el trabajo y aquella que se beneficia del mismo. En estos casos estaremos en presencia de una subcontratación laboral.

Lo que llamamos subcontratación laboral comprende dos situaciones conceptualmente muy diferentes, pero con un denominador común.

En un primer caso la subcontratación laboral se presenta bajo la forma del suministro de mano de obra a través de un intermediario, siendo sus formas más tradicionales el contrato de equipo, y el enganche por medio de un reclutador. Entre sus variantes más recientes y sofisticadas se incluyen el suministro de mano de obra a través de una empresa de trabajo temporal o de servicios eventuales (varios países), la cooperativa de trabajadores (Perú), la entidad empleadora (Cuba), o los préstamos de mano de obra inter-empresas o entre empresas principales y subordinadas (Chile). En todos estos casos – tradicionales o recientes el rasgo común es la relación triangular, pues se mantiene un contrato de trabajo formal entre el trabajador y el suministrador de mano de obra, y al mismo tiempo se establece una relación de subordinación laboral entre el primero y la empresa que se beneficia del trabajo personal del trabajador (empresa beneficiaria o usuaria).

La segunda forma de subcontratación laboral es más sutil, pues asume una apariencia jurídica alejada del Derecho del Trabajo, en la medida en que tiene por objeto la prestación de servicios personales en beneficio de una empresa usuaria, dentro del marco formal de un contrato civil o comercial. Ciertos contratos también pueden asumir la forma de una subcontratación de producción; el más conocido es el contrato de trabajo a domicilio, que quizás es la única forma de subcontratación de producción a la que numerosos países reconocen naturaleza laboral. Es cierto que muchos de estos contratos tienen por objeto la prestación de servicios ocasionales, o regulares pero discontinuos, y que en una mayoría de casos el prestador del servicio posee capacidades profesionales e independencia frente a la empresa beneficiaria, de manera que aquí no se presentarán los rasgos propios de una relación laboral. Sin embargo, también existen muchos otros casos en los que se establece una verdadera dependencia y subordinación con respecto a la empresa usuaria, al punto que es claro que el objeto real de la presunta subcontratación es el suministro de trabajo subordinado. En esta segunda forma de subcontratación, todo indica que su principal propósito, o cuando menos su principal efecto, es la pretensión de que el trabajador preste, bajo un nuevo marco contractual, el mismo tipo de servicios que antes ejecutaba dentro del marco de una relación laboral. Por esta vía se desarrolla un fenómeno de contractualización de las relaciones de trabajo, que representa uno de los grandes desafíos que enfrenta el Derecho del Trabajo a la hora actual. El caso extremo, al límite de lo grotesco, lo ofrece un transportador aéreo cuyo personal (pilotos, personal de cabina, etc) tiene en todos los casos la condición jurídica de contratistas de servicios y en casi ninguno el de trabajador asalariado.

Tres factores, por lo menos, han tenido gran incidencia en el recurso creciente a la utilización de mano de obra en régimen de subcontratación. El primero ha sido el aumento de las tasas de desempleo, lo que hizo crecer la fuerza laboral en búsqueda de empleo, y dispuesta a aceptar trabajo en condiciones precarias que no se ofrecerían en un mercado de trabajo con escasez de mano de obra. El segundo fueron las reformas introducidas en la legislación de muchas países, con miras a flexibilizar la legislación laboral permitiendo el recurso a formas de trabajo distintas de lo que durante muchos años se consideró como la relación laboral típica, y que hoy tiende a dejar de serlo. Esto fue consecuencia de la política seguida por las autoridades públicas, en el marco de sus políticas de ajuste y de desregulación de todos los mercados, incluyendo al de trabajo. Por ejemplo, no han perseguido otro propósito las reformas laborales de Colombia, en 1990, o de Perú en 1991, que entre otras disposiciones han introducido y legalizado diferentes casos de recurso a la subcontratación, por ejemplo a través del suministro de trabajadores por terceros (intermediarios, subcontratistas, empresas de trabajo temporal, empresas de servicios, cooperativas laborales, etc), con objeto de responder a necesidades de mano de obra que anteriormente la empresa estaba obligada a atender con su propio personal. El tercero, fue el debilitamiento de los sindicatos que perdieron para oponerse a estas nuevas estrategias empresariales.

Si la subcontratación laboral ofrece ventajas a los empleadores, con respecto a los trabajadores es fuente de numerosas desventajas. De ellas, sin duda la más importante es la desigualdad de trato con respecto a los empleados de la empresa usuaria, para la cual directa o indirectamente prestan servicios. Cuando la relación jurídica de la que son parte es de tipo triangular, los trabajadores del intermediario o subcontratista casi siempre son reclutados con salarios y condiciones de trabajo inferiores a aquéllos de la empresa usuaria, que a menudo ejecutan tareas similares o equivalentes. Tampoco gozan de la misma seguridad del empleo, en la medida en que la empresa subcontratista por lo general está limitada por un contrato con la empresa usuaria, con fecha de vencimiento; motivo por el cual sus trabajadores no tienen expectativas de empleo más allá de la duración del contrato en cuestión. Otras desventajas se relacionan más directamente con la desagregación del colectivo laboral de todos aquéllos que laboran para la empresa usuaria. Si los trabajadores de esta última pueden sindicarse y negociar colectivamente con la misma, no sucede lo mismo con los de la empresa subcontratista, quienes a lo sumo podrán sindicarse y negociar colectivamente con esta última, pero ésto sólo en la medida en que lo permita la temporalidad y precariedad de la relación que se ha establecido entre la empresa subcontratista y la usuaria. En fin, en caso de insolvencia de la empresa subcontratista, los trabajadores de ésta difícilmente podrán hacer valer sus derechos contra la usuaria.

Las desventajas son aún mayores en la segunda forma de subcontratación, pues al no tener el trabajador ninguna relación de trabajo no podrá invocar ninguno de los derechos dimanantes de la legislación laboral. Tampoco tendrá la empresa usuaria obligación de afiliarlo a la seguridad social, y por la misma razón se le negarán derechos como la protección por riesgos profesionales o licencia y prestaciones por maternidad. En caso de insolvencia de la empresa, el trabajador a quien se le adeudan haberes por los trabajos hechos en el marco de un contrato de servicios, será considerado como un acreedor más, pues al no tener condición de asalariado no gozará del privilegio que la legislación normalmente reconoce a los créditos laborales.

No cabe duda que en muchos casos el trabajo subcontratado responde a necesidades propias de los procesos productivos, o de los ciclos de producción, o los ciclos de actividad de una industria o sector determinados. De ahí que nadie propugna su prohibición, la que sería impracticable además de contraproducente. Sin embargo, tampoco caben dudas de que los trabajadores en régimen de subcontratación se encuentran en posición mucho más precaria que los trabajadores que forman parte de la plantilla regular de las empresas, y que por ese motivo se deberían formular y aplicar reglas con miras a mejorar su protección. Allí donde el trabajo en subcontratación es un puro fraude a la ley, se lo debería combatir; allí donde es el resultado de una necesidad económica se lo debería regular, con el fin de equilibrar el interés del empleador, en disponer de una mano de obra más flexible a las necesidades del mercado, y el de los trabajadores, en contar con un trabajo decente.

Con este propósito la legislación de numerosos países ha regulado las condiciones en que el empleador puede subcontratar parte de su mano de obra, y en no pocos casos sanciona severamente el fraude a la ley laboral. A menudo considera que las falsas subcontrataciones son inoperantes y en esos casos sujeta a trabajador y empleador a la ley laboral, por aplicación del llamado principio de la realidad. En tales casos se dispone de un remedio legal, y el reto consiste en aplicarlo.

Cuando la subcontratación laboral se presenta bajo la forma de una relación triangular, es factible asegurar el respeto de la legislación por parte de los contratistas, intermediarios e inclusive la misma empresa usuaria. Así, en varios países se obliga a que los contratistas se registren como tales, y comprueben que están al día con sus obligaciones laborales y en materia de seguridad social. A falta de estos requisitos, la empresa usuaria debe responder por las obligaciones incumplidas por sus contratistas. Sin embargo, aquí subsisten todavía bastantes lagunas jurídicas; quizás la más importante es la relativa a la responsabilidad por el pago de los créditos laborales de los trabajadores de los contratistas o subcontratistas, cuando éstos quiebran o son insolventes, y la empresa usuaria no responde por ellos.

Las organizaciones sindicales deberían preocuparse por facilitar la afiliación de los trabajadores subcontratados como miembros plenos de sus entidades y sería de esperar que hagan esfuerzos por elevar su nivel de sindicalización, además de incorporar sus demandas en las plataformas de acción institucional hasta lograr, por ejemplo, la plena aplicación de los acuerdos convencionales a los trabajadores subcontratados.

En el orden legal hace falta aclarar la condición jurídica de los contratistas y sus trabajadores; en el plano administrativo se requiere capacitar a los inspectores de trabajo para garantizar el cumplimiento normativo.

En síntesis, se requiere una legislación más precisa que introduzca una clara definición de la condición jurídica, los derechos y las responsabilidades de los contratistas y de todas las partes que intervienen en esta forma de contratación.

Un reciente estudio de la OIT ha propuesto introducir 7 reformas

1. Se debería fomentar el registro y licencia voluntaria u obligatoria de los contratistas de la mano de obra, incluida la obligación de notificar a la autoridad competente cuando se utiliza el régimen de subcontratación.
2. La aplicación de esta legislación, cuando la haya, debería ser más sistemática con sanciones más fuertes que castiguen las prácticas más abusivas. Debería potenciarse la inspección del trabajo.
3. En caso de que el contratista de mano de obra no cumpla alguna disposición del derecho del trabajo, la responsabilidad del empleador principal debería establecerse mas claramente y exigirse.
4. Deberían eliminares todos los obstáculos contrarios a la extensión de la negociación colectiva a los trabajadores subcontratados, y potenciar esta extensión.
5. Debería estudiarse la posibilidad de introducir mejoras complementarias en la legislación del trabajo mediante un código de conducta o de práctica (elaborado por las partes que intervienen en el régimen de subcontratación en cada profesión) con vistas a establecer los principios básicos.
6. En el caso de los trabajadores empleados teóricamente por cuenta propia, debería fijarse adecuadamente el criterio para determinar su verdadera independencia mercantil, jurídica y fiscal. Debería recurrirse más ampliamente a pruebas como las que se practican en el sector de la silvicultura en Francia y los Estados Unidos para demostrar esa independencia.
7. Finalmente, como ninguna imposición legislativa puede considerarse eficaz si no existe una presión apropiada desde abajo, debería alentarse a los sindicatos a que, por medio de la situación del trabajo en régimen de subcontratación, logren una mayor afiliación de trabajadores subcontratados. Sería muy útil una orientación internacional en forma de recomendación o convenio de la OIT que aclarase las modalidades y condiciones de la subcontratación de mano de obra, y estableciera lo que es conveniente y lo que verdaderamente no lo es; esto podría facilitar los esfuerzos encaminados a alcanzar las reformas mencionadas.

En 1995 el Consejo de Administración de la OIT incluyó el Trabajo en régimen de subcontratación dentro del Orden del Día de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1997, con miras a adoptar normas en la reunión siguiente de 1998. El tema, para cuya discusión la Oficina produjo varios informes, fue objeto de muy arduos debates, y finalmente no le fue posible a la Conferencia adoptar un Convenio o una Recomendación. El único acuerdo al que pudo llegar consistió en pedir a la Oficina Internacional del Trabajo que continuase estudiando el tema, haciendo hincapié en aquellas categorías de trabajadores afectados por el fenómeno en cuestión y que necesitasen protección, y que con ese fin convocase reuniones técnicas con miras eventualmente a volver a proponer normas internacionales del trabajo, a más tardar para su reunión del año 2002. En concreto, pidió que se examinasen las cuestiones siguiente:

1. los trabajadores en las situaciones identificadas por la Comisión del Trabajo en subcontratación que necesitan protección;
2. los medios adecuados para protegerlos y la posibilidad de tratar separadamente las distintas situaciones [en que existe subcontratación];
3. cómo se podrían definir tales trabajadores, teniendo en cuenta los diferentes sistemas legales existentes y las diferencias idiomáticas.

En el Año 2,000 tendrá lugar una Reunión de Expertos sobre este tema. Con posterioridad, y de acuerdo a lo decidido en 1998, es posible adoptar normas internacionales (un Convenio, una Recomendación o un Convenio completado por una Recomendación), ya sea en la reunión de la Conferencia del año 2002, si se sigue el procedimiento de simple discusión, o en la del año siguiente, si se discute según el procedimiento normal de doble discusión.

Abordar el tema de la integración centroamericana, en perspectiva económica, social e institucional, ha permitido vislumbrar algunos de los elementos determinantes de la actual dinámica integracionista.

La meta de unificación política prevista por el Sistema de la Integración Centroamericana, no sería factible si no fuera porque, existen condiciones económicas y sociales que la permiten. En este sentido, los gobiernos de la región han logrado aprovechar la estabilidad económica y el logro de la paz, para cimentar el proceso de integración en unas fuertes bases institucionales a partir de las cuales se está construyendo la unión política.

Sin embargo, el impulso de los esfuerzos recientes, también fue característico de las primeras iniciativas de integración comercial, a mediados de siglo, lo cual resalta la importancia de construir el proceso sobre bases más sólidas que en el pasado.

Este imperativo significa para la región, grandes retos en la dimensión institucional, económica y social. Desde el punto de vista institucional, Centroamérica debe reconocer y propiciar una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de integración, con representación de los trabajadores, los gremios y demás estamentos civiles que verán afectados sus intereses con la profundización del proceso.

En segundo lugar, el desempeño macroeconómico de los países, a través de los años de integración, ha mostrado que es necesaria la estabilidad de las economías para que el proceso tenga dinamismo. Sin embargo la creciente interrelación entre los países puede significar mayor vulnerabilidad en la medida en que la política económica nacional no consulte los intereses de la región.

Durante los años ochenta, la existencia de políticas dispares en los países de la región, atentó contra el desarrollo de los países como unidad económica. En los noventa la existencia de un déficit comercial profundo y creciente, representa una amenaza potencial de la estabilidad económica y por tanto del proceso. Si bien es cierto que se ha alcanzado un nivel de diversificación importante, hacia la región, las exportaciones fuera de ella continúan concentradas en productos primarios con gran inestabilidad y reducido valor agregado. Por esta razón, el reto en materia económica es la armonización de políticas, que conduzcan al desarrollo conjunto y sostenido de la región, y con una posición clara, concertada y coherente frente a la creación del Area de Libre Comercio de las Américas, y todo lo que implica la globalización de los mercados.

En tercer lugar, la evolución de los indicadores sociales ha mostrado que los costos de las crisis económicas que han afectado a los países centroamericanos, durante la década de los ochenta, han sido asumidos por la mayor parte de la población, por los trabajadores urbanos, pero sobre todo por los trabajadores rurales. La dependencia de los productos primarios y la incipiente producción industrial, han determinado en buena medida el estancamiento de los indicadores sociales, salvo el caso de Costa Rica, que ha logrado un nivel de vida de su población por encima del promedio latinoamericano. Lo anterior justifica ampliamente el impulso a la actividad industrial en el marco del proceso de integración gracias a la ampliación del mercado local y el aprovechamiento de las economías de escala de la producción industrial.

Finalmente, en este documento se ha incluido el tema de las zonas francas y las empresas maquiladoras, pues constituyen la expresión focal más clara y particular de la tendencia de globalización de la economía mundial. La búsqueda de factores productivos con menor costo a los existentes en los mercados de los países desarrollados, motiva la instalación de empresas multinacionales en los países en desarrollo, como los centroamericanos, para realizar una parte del proceso productivo (en este caso, el más intensivo en trabajo), con lo cual logran una importante reducción de costos. Los gobiernos por su parte, ofrecen exenciones e incentivos para la inversión, a pesar de que la articulación con el mercado interno es nula.

La flexibilidad típica de este esquema productivo, se convierte en la tendencia impuesta por la globalización, con sus consecuentes efectos sobre la economía de la región y la situación de los trabajadores. Precisamente sobre este aspecto es necesario resaltar, que la evaluación de esta estrategia de inserción económica, permite concluir que la actual participación de los países centroamericanos en la expresión más cercana de la globalización, es decir, la producción maquiladora, está muy basada en los bajos salarios de los trabajadores, con menoscabo de sus condiciones de vida y dignidad laboral, y con efectos ambientales muchas veces adversos. El imperativo en este caso es determinar, sí es así como se pretende participar en el proceso de globalización, y si ese es un esquema sustentable en el medio y largo plazo.

Por ahora, parece acertado que economías tan pequeñas como las centroamericanas se esfuercen por alcanzar de hecho la integración, no sólo económica, si no que también ecológica, social, cultural e institucional, de manera más dinámica y equilibrada que como lo han hecho hasta el momento.