Así enfrentan los trabajadores rurales de Colombia la crisis provocada por la pandemia de COVID-19
El 34% de los trabajadores encuestados ha visto disminuidos sus ingresos y hasta un 61% ha transferido parte de estos ingresos a familiares o terceras personas para apoyarlos económicamente
Bogotá - El trabajo rural en Colombia no se ha escapado de los impactos de la emergencia desatada por el brote y expansión de la COVID-19. Según datos oficiales, tan solo dos semanas después de la declaratoria de emergencia, 44 362 personas se convirtieron en nuevos desempleados y 108 000 en personas desocupadas en las zonas rurales.
Con el objetivo de aportar a la implementación de medidas urgentes para preservar los empleos rurales formales y garantizar los medios de subsistencia de estos trabajadores y sus familias, la OIT ha apoyado la elaboración de un estudio en profundidad sobre las necesidades actuales de los trabajadores rurales de las plantaciones de caña, palma, banano y flores.
Los resultados evidenciaron que, aunque el 34% de los trabajadores encuestados ha visto disminuidos sus ingresos, hasta un 61% ha transferido parte de estos ingresos a familiares o terceras personas para apoyarlos económicamente.
Sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el 80,7% de los encuestados manifestó que se les había entregado gel antibacterial o alcohol y el 71% recibe un tapaboca para cada día de la semana o tapabocas lavable. Sin embargo, 56,5% de los encuestados afirmó no haber recibido visitas a las plantaciones por parte de las aseguradoras de riesgo laboral para verificar que se estén adoptando las medidas de bioseguridad.
En cuanto a la distribución de carga laboral, el 64% de los encuestados respondió que es la mujer del hogar quien asume la carga de trabajo de cuidado no remunerado. Solo el 3% de los entrevistados reconoció que se compartían las labores de forma equitativa.
Ante este escenario, el estudio recomienda avanzar en la negociación colectiva y en la adopción de protocolos de bioseguridad. “La negociación colectiva se ha visto profundamente afectada por la crisis […] y la experiencia demuestra que con negociaciones colectivas multinivel o por ramas se pueden acordar protocolos de bioseguridad para asegurar el bienestar de los trabajadores y el funcionamiento de la empresa”, sostiene el estudio.
La responsabilidad sobre la adopción de los protocolos de bioseguridad no sólo debe recaer en las empresas y trabajadores: las autoridades locales, a través de sus Secretarias de Salud, deben realizar inspecciones y visitas para promover el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación ante un eventual contagio.
El estudio recomienda también trabajar en la promoción de campañas de redistribución del cuidado al interior de los hogares y en la creación de ambientes propicios para el diálogo social.
El estudio ha sido elaborado con el apoyo de la Embajada de Noruega, la Universidad del Rosario, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores del Colombia (CTC), en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales en Colombia”. Se basa en una encuesta telefónica aplicada a 194 trabajadores de plantaciones, afiliados a las organizaciones sindicales rurales filiales de la CUT y la CTC, para indagar sobre sus condiciones laborales durante la pandemia del COVID-19.
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Con el objetivo de aportar a la implementación de medidas urgentes para preservar los empleos rurales formales y garantizar los medios de subsistencia de estos trabajadores y sus familias, la OIT ha apoyado la elaboración de un estudio en profundidad sobre las necesidades actuales de los trabajadores rurales de las plantaciones de caña, palma, banano y flores.
Los resultados evidenciaron que, aunque el 34% de los trabajadores encuestados ha visto disminuidos sus ingresos, hasta un 61% ha transferido parte de estos ingresos a familiares o terceras personas para apoyarlos económicamente.
Sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el 80,7% de los encuestados manifestó que se les había entregado gel antibacterial o alcohol y el 71% recibe un tapaboca para cada día de la semana o tapabocas lavable. Sin embargo, 56,5% de los encuestados afirmó no haber recibido visitas a las plantaciones por parte de las aseguradoras de riesgo laboral para verificar que se estén adoptando las medidas de bioseguridad.
En cuanto a la distribución de carga laboral, el 64% de los encuestados respondió que es la mujer del hogar quien asume la carga de trabajo de cuidado no remunerado. Solo el 3% de los entrevistados reconoció que se compartían las labores de forma equitativa.
Ante este escenario, el estudio recomienda avanzar en la negociación colectiva y en la adopción de protocolos de bioseguridad. “La negociación colectiva se ha visto profundamente afectada por la crisis […] y la experiencia demuestra que con negociaciones colectivas multinivel o por ramas se pueden acordar protocolos de bioseguridad para asegurar el bienestar de los trabajadores y el funcionamiento de la empresa”, sostiene el estudio.
La responsabilidad sobre la adopción de los protocolos de bioseguridad no sólo debe recaer en las empresas y trabajadores: las autoridades locales, a través de sus Secretarias de Salud, deben realizar inspecciones y visitas para promover el cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación ante un eventual contagio.
El estudio recomienda también trabajar en la promoción de campañas de redistribución del cuidado al interior de los hogares y en la creación de ambientes propicios para el diálogo social.
El estudio ha sido elaborado con el apoyo de la Embajada de Noruega, la Universidad del Rosario, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores del Colombia (CTC), en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las organizaciones sindicales rurales en Colombia”. Se basa en una encuesta telefónica aplicada a 194 trabajadores de plantaciones, afiliados a las organizaciones sindicales rurales filiales de la CUT y la CTC, para indagar sobre sus condiciones laborales durante la pandemia del COVID-19.
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