La seguridad social en Ecuador vista a través de sus funcionarios
OIT presenta hallazgos más relevantes sobre consulta de percepción a funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) respecto a la gobernanza, cobertura, calidad y sostenibilidad de la institución.
Quito - OIT publicó hoy el informe de “Consulta a funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre la gobernanza, cobertura, calidad y sostenibilidad del IESS”.
Se espera que este informe sirva para que los afiliados, beneficiarios, actores sociales y ciudadanía en general cuenten con información oportuna que permita un diálogo transparente y responsable para fortalecer la seguridad social ecuatoriana.
El levantamiento de información se basó en una consulta en línea realizada entre el 27 de enero y el 10 de febrero de 2020, contestada de forma voluntaria mediante correo electrónico por los funcionarios del IESS.
Entre los principales resultados, se observa que si bien al menos 7 de cada 10 funcionarios (72,3%) está de acuerdo en avanzar en la universalización de la cobertura, una gran mayoría (62,2%) está en desacuerdo en realizarlo a través del IESS. De hecho, respecto de la posible inclusión de nuevos grupos al sistema, solo 2 de cada 100 funcionarios (2%) cree que se debe hacer sin ningún aporte adicional, mientras que un 16% afirma que el Gobierno central debe financiar su inclusión. Otro 28,1% cree que el requisito indispensable es que estos grupos tengan la capacidad de pagar sus aportes y, finalmente, un 53,9% opina que debe se les debe incorporar siempre y cuando no perjudique la sostenibilidad de ninguno de los seguros del IESS.
Del mismo modo, si bien casi 7 de cada 10 funcionarios encuestados (68,6%) consideran estar de acuerdo con que el IESS siga financiando las atenciones médicas de los hijos de afiliados menores de 18 años, el 54,4% estaría en desacuerdo con la idea de contribuir con un aporte adicional mensual para el financiamiento de estas atenciones.
Asimismo, casi 7 de cada 10 funcionarios (66,6%) afirma compartir la afirmación de que “El IESS es autónomo, pero en ocasiones interviene el Gobierno nacional”, por lo que se evidencia que existe una percepción de que el IESS no es una institución totalmente autónoma.
Respecto a la gobernanza, al menos 6 de cada 10 funcionarios encuestados (63,8%) opina que son los asegurados los que deberían presidir el Consejo Directivo del IESS, y solo 2 de cada 10 (19,7%) cree que debería ser el representante del Gobierno.
Por otro lado, se resalta el hecho de que 6 de cada 10 encuestados (62%) consideran que sí hay corrupción en el IESS, mientras que 3 de cada 10 (30,4%) contestan que no saben si hay o no corrupción en la institución.
Sobre la corrupción, las principales propuestas para prevenirla, en opinión de los encuestados, se refieren a la realización de auditorías más frecuentes (28,4%) y el establecimiento de sanciones más fuertes (23,1%). La mitad de los encuestados (50,2%) no conoce de la existencia del Comité de Ética y Transparencia del IESS.
Sobre las provisiones a futuro, con el objetivo de que el IESS tenga mayores recursos en el mediano y largo plazo, el 34,5% de los encuestados opina que quien debería aumentar su contribución es el Gobierno, seguido de un 28,5% que asegura que debería ser un esfuerzo conjunto entre el afiliado, el empleador y el Gobierno. Un 15,3% de los encuestados considera que no se requiere ningún aumento para que el IESS cuente con mayores recursos a futuro.
Al consultar a los funcionarios sobre los factores que perjudican la imagen del IESS, la corrupción es el primer factor que resaltan, con un 22% de las respuestas. Otro 19,3% de los encuestados considera que la calidad de los servicios de salud perjudica la imagen de la institución y el 18,3% antepone la alta rotación del personal y la inestabilidad laboral como determinantes de la imagen institucional. Adicionalmente a estos factores, los encuestados mencionaron la posible falta de autonomía del IESS (12,6%), el exceso de trámites (9,7%) y los posibles problemas de sostenibilidad de la institución (8,8%) como otros factores que perjudican la imagen del Instituto.
Finalmente, a pesar de que la gran mayoría de los funcionarios encuestados (91,5%) cree que es necesario un diálogo nacional para mejorar el sistema de seguridad social del país, un poco más de la mitad (50,4%) desconoce que se esté llevando a cabo un proceso de Diálogo Nacional por la Seguridad Social en Ecuador, liderado por el IESS.
Finalmente, este estudio es de alta relevancia para los procesos de diálogo social que el contexto de la pandemia COVID-19 está propiciando en Ecuador. Así, la emergencia sanitaria requiere una respuesta integral del sistema de salud pública, incluido el IESS, con los retos y fortalezas que se exponen en este informe. Mientras que, por otro lado, los diálogos alrededor de la protección social también son de relevancia a fin de mitigar las consecuencias negativas de la pandemia en poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, desempleados, pobres y trabajadores autónomos informales.
La elaboración de este documento se enmarca en la primera fase del Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social (PATSS), que la Oficina de la OIT para los Países Andinos lleva a cabo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Se espera que este informe sirva para que los afiliados, beneficiarios, actores sociales y ciudadanía en general cuenten con información oportuna que permita un diálogo transparente y responsable para fortalecer la seguridad social ecuatoriana.
El levantamiento de información se basó en una consulta en línea realizada entre el 27 de enero y el 10 de febrero de 2020, contestada de forma voluntaria mediante correo electrónico por los funcionarios del IESS.
Entre los principales resultados, se observa que si bien al menos 7 de cada 10 funcionarios (72,3%) está de acuerdo en avanzar en la universalización de la cobertura, una gran mayoría (62,2%) está en desacuerdo en realizarlo a través del IESS. De hecho, respecto de la posible inclusión de nuevos grupos al sistema, solo 2 de cada 100 funcionarios (2%) cree que se debe hacer sin ningún aporte adicional, mientras que un 16% afirma que el Gobierno central debe financiar su inclusión. Otro 28,1% cree que el requisito indispensable es que estos grupos tengan la capacidad de pagar sus aportes y, finalmente, un 53,9% opina que debe se les debe incorporar siempre y cuando no perjudique la sostenibilidad de ninguno de los seguros del IESS.
Del mismo modo, si bien casi 7 de cada 10 funcionarios encuestados (68,6%) consideran estar de acuerdo con que el IESS siga financiando las atenciones médicas de los hijos de afiliados menores de 18 años, el 54,4% estaría en desacuerdo con la idea de contribuir con un aporte adicional mensual para el financiamiento de estas atenciones.
Asimismo, casi 7 de cada 10 funcionarios (66,6%) afirma compartir la afirmación de que “El IESS es autónomo, pero en ocasiones interviene el Gobierno nacional”, por lo que se evidencia que existe una percepción de que el IESS no es una institución totalmente autónoma.
Respecto a la gobernanza, al menos 6 de cada 10 funcionarios encuestados (63,8%) opina que son los asegurados los que deberían presidir el Consejo Directivo del IESS, y solo 2 de cada 10 (19,7%) cree que debería ser el representante del Gobierno.
Por otro lado, se resalta el hecho de que 6 de cada 10 encuestados (62%) consideran que sí hay corrupción en el IESS, mientras que 3 de cada 10 (30,4%) contestan que no saben si hay o no corrupción en la institución.
Sobre la corrupción, las principales propuestas para prevenirla, en opinión de los encuestados, se refieren a la realización de auditorías más frecuentes (28,4%) y el establecimiento de sanciones más fuertes (23,1%). La mitad de los encuestados (50,2%) no conoce de la existencia del Comité de Ética y Transparencia del IESS.
Sobre las provisiones a futuro, con el objetivo de que el IESS tenga mayores recursos en el mediano y largo plazo, el 34,5% de los encuestados opina que quien debería aumentar su contribución es el Gobierno, seguido de un 28,5% que asegura que debería ser un esfuerzo conjunto entre el afiliado, el empleador y el Gobierno. Un 15,3% de los encuestados considera que no se requiere ningún aumento para que el IESS cuente con mayores recursos a futuro.
Al consultar a los funcionarios sobre los factores que perjudican la imagen del IESS, la corrupción es el primer factor que resaltan, con un 22% de las respuestas. Otro 19,3% de los encuestados considera que la calidad de los servicios de salud perjudica la imagen de la institución y el 18,3% antepone la alta rotación del personal y la inestabilidad laboral como determinantes de la imagen institucional. Adicionalmente a estos factores, los encuestados mencionaron la posible falta de autonomía del IESS (12,6%), el exceso de trámites (9,7%) y los posibles problemas de sostenibilidad de la institución (8,8%) como otros factores que perjudican la imagen del Instituto.
Finalmente, a pesar de que la gran mayoría de los funcionarios encuestados (91,5%) cree que es necesario un diálogo nacional para mejorar el sistema de seguridad social del país, un poco más de la mitad (50,4%) desconoce que se esté llevando a cabo un proceso de Diálogo Nacional por la Seguridad Social en Ecuador, liderado por el IESS.
Finalmente, este estudio es de alta relevancia para los procesos de diálogo social que el contexto de la pandemia COVID-19 está propiciando en Ecuador. Así, la emergencia sanitaria requiere una respuesta integral del sistema de salud pública, incluido el IESS, con los retos y fortalezas que se exponen en este informe. Mientras que, por otro lado, los diálogos alrededor de la protección social también son de relevancia a fin de mitigar las consecuencias negativas de la pandemia en poblaciones vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, desempleados, pobres y trabajadores autónomos informales.
La elaboración de este documento se enmarca en la primera fase del Programa de Asistencia Técnica para la Seguridad Social (PATSS), que la Oficina de la OIT para los Países Andinos lleva a cabo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.