Los trabajadores migrantes figuran entre los grupos más perjudicados por las recesiones económicas, en parte porque, a menudo, se encuentran empleados en sectores como la construcción o el turismo, que son los que tienden a resultar afectados en primer lugar (Organización Internacional de Empleadores (OIE): Encuesta sobre tendencias en el lugar de trabajo 2009, Ginebra, p.31). Son objeto además de una mayor discriminación en períodos de dificultad y, aunque escasean los datos al respecto, la crisis actual no parece constituir una excepción. “En épocas de inseguridad económica, los migrantes siempre parecen figurar entre los primeros en ser acusados, y esta crisis no es diferente”, señala Patrick Taran, Especialista Senior del Programa de Migraciones Internacionales de la OIT.

Puede que los datos no abunden, pero incidentes graves no faltan precisamente. Entre los ejemplos más destacados figuran los ataques cometidos contra trabajadores migrantes en Sudáfrica en 2008, en los que 60 migrantes extranjeros fueron asesinados, y en torno a 10.000 quedaron sin hogar y, más recientemente, los ataques dirigidos contra trabajadores migrantes en Rosarno, Italia, en los que dos días de disturbios dejaron 53 lesionados en dicho colectivo, y acabaron con 1.000 migrantes enviados a centros de deportación.

Para Taran, el asunto no podría ser más grave. “Somos testigos de conductas contrarias a todo tipo de coherencia”, afirma. “Ponen en peligro el régimen democrático, los medios de subsistencia individuales y el bienestar de las personas. Todo ello convierte la situación en un problema que debe abordarse con suma urgencia". Para hacer retroceder esta creciente ola de actuaciones, Taran recomienda el refuerzo en la aplicación y el cumplimiento de las leyes contra la discriminación que, en su opinión, ya son adecuadas en la mayoría de los países.

Necesidad de un planteamiento global

En cualquier caso, estas medidas no serán suficientes por sí solas, y Taran incide en la necesidad de adoptar un planteamiento global respecto al problema que comprenda una mejora de las condiciones de trabajo, no sólo de los trabajadores migrantes, sino también de la mano de obra nacional vulnerable en los países en que se emplea a los migrantes. Madeleine Sumption, analista de políticas en el Migration Policy Institute, grupo de expertos independiente, sin ánimo de lucro y con sede en Washington, opina en un sentido similar. “Los asuntos de la inmigración han de contemplarse como parte de un panorama más amplio”, señala. “Son varios procesos simultáneos y hay que resolver los problemas conjuntamente". Uno de esos “procesos diversos” consiste en la repercusión de la inmigración en la población activa del país anfitrión.

Una de las acusaciones más frecuentes que se dirige contra los trabajadores migrantes es la de que aceptan empleos a cambio de salarios inferiores, y dan lugar a la desintegración de las prestaciones y de las condiciones laborales en el país de acogida. De nuevo en este caso, la falta de datos contrastados al respecto dificulta la argumentación de esta cuestión con claridad, pero la propuesta básica cuenta con cierto respaldo.

Según Sumption: “el consenso entre los economistas respecto a las perspectivas a largo plazo es que la inmigración ejerce un efecto escaso, pero positivo, en los salarios y el empleo, porque contribuye al crecimiento de la economía. No obstante, hay un segmento de la población activa, concretamente, el compuesto por el 10% de los asalariados que obtiene una menor remuneración y que sale perdiendo como resultado de la inmigración”. En concreto, añade Sumption, ese segmento puede prever que, en su caso, el crecimiento salarial será ligeramente inferior como resultado de la inmigración, y afrontará un poco más de competencia para la consecución de un empleo.

¿Significa esto que ese segmento del 10% de los que menos ganan tiene motivos legítimos para quejarse? Indudablemente, tal es la postura que adoptan los extremistas políticos, y es una queja que aprovechan con grandes resultados, si bien Sumption señala que el efecto de la inmigración en los perceptores de las rentas más bajas es mucho menor que el que ejerce otros factores, como la falta de formación. “Si se considera lo que aumentaría la remuneración de una persona con un año más de formación, tal ganancia es significativamente superior a lo que previsiblemente podría perder como resultado de la inmigración”, afirma Sumption, argumentando que una política centrada en la educación, incluido el desarrollo y la reconversión profesional de los trabajadores, y las políticas que contribuyen a que las personas participen en la actividad laboral con mayor flexibilidad, a largo plazo, son probablemente más eficaces que los intentos de cerrar la puerta a los inmigrantes o, en este mismo sentido, que la adopción de leyes contra la inmigración.

“Los asuntos de la inmigración han de contemplarse como parte de un panorama más amplio”

Todas estas consideraciones están muy bien, pero tienen sus limitaciones y, “a largo plazo”, las soluciones han de complementarse con políticas que aborden cuestiones acuciantes e inmediatas. Para Claire Courteille, directora del Departamento de Igualdad de la Confederación Sindical Internacional (CSI), con sede en Bruselas, un enfoque más prometedor respecto al tratamiento del problema que plantea la inmigración que, en opinión de sus miembros, radica en el dumping salarial, consiste en centrarse en el modo en que los empleadores tratan a los trabajadores migrantes. "Nuestra postura es que si alguien trabaja aquí, debe tener derecho a todas las prestaciones de la seguridad social, a la misma normativa en materia de salud y seguridad, a los mismos salarios, y a que se le reconozca su derecho a sindicarse. El principio de igualdad de trato a los trabajadores migrantes debe constituir la piedra angular de toda política de migración”, afirma Courteille.

Sin embargo, ¿no es éste precisamente el tipo de política de puertas abiertas que exacerba la discriminación contra los trabajadores migrantes? Courteille no opina así. “Si se permite la entrada de personal para realizar, por ejemplo, tareas agrarias, y no se le garantiza la igualdad de trato respecto a los trabajadores locales, se producirá un dumping social, y los empleadores se procurarán la mano de obra más barata. Si, por el contrario, los empleadores no pueden contratar trabajadores por debajo del nivel salarial establecido, la mano de obra nacional verá con mejores ojos la entrada de trabajadores migrantes, y se atenuará la discriminación”.

Courteille destaca además que una ventaja adicional de la política basada en la igualdad de trato será la reducción de la explotación y la trata de personas. En cuanto a abrir la puerta a los migrantes ilegales, Courteille argumenta que la puerta ya está abierta; las fronteras son permeables, especialmente en Europa. “El hecho es que la mayoría de los trabajadores de la construcción en Bruselas son obreros ilegales indocumentados”, señala. Cree además que unas leyes sobre igualdad de trato debidamente ejecutadas desalentarían de entrada a que los empleadores contratasen a migrantes ilegales.

Prioridad a la contribución positiva de los migrantes

Courteille cree que otra forma de abordar la discriminación consiste en hacer hincapié en la contribución positiva que realizan los inmigrantes. “Los trabajadores migrantes aportan mucho más que una mano de obra poco cualificada”, afirma. “Constituyen además una fuente de impulso empresarial y cualificaciones”.

Michael Hüther, director del Instituto para la Economía Alemana (IW), con sede en Colonia, incidió recientemente en tal opinión, cuando el IW anunció que, probablemente, Alemania recibirá una entrada neta de 800.000 trabajadores migrantes procedentes de Europa Central y Oriental en los dos próximos años, lo que supone un salto significativo respecto a la estimación previa de la Administración, cifrada en 280.000 personas. Hüther señaló que este aflujo es necesario para sostener el crecimiento económico en un período de creciente escasez de cualificaciones. Como cabía prever, los sindicatos alemanes realizaron un llamamiento a favor de la adopción de medidas para prevenir el dumping salarial y la competencia desleal para los trabajadores alemanes menos cualificados, incluido el establecimiento de un salario mínimo para los trabajadores con contratos de duración determinada.

La conclusión es que existen intereses en conflicto en las economías nacionales. La situación puede resumirse como sigue: unas empresas que desean o personal con cualificaciones superiores, o mano de obra escasamente cualificada y a bajo precio; una población activa nacional que desea protegerse frente a la progresiva informalización del “dumping social”; y unos gobiernos que tienden a situarse entre dos orillas, acercándose a una u otra en función de su agenda política. Combatir la discriminación mediante el refuerzo de medidas de lucha contra la misma identificadas en las conferencias de las Naciones Unidas, por ejemplo, o velando por el cumplimiento de leyes ya promulgadas, sin reconocer el reto que plantea la inmigración para ciertos segmentos de las economías nacionales, facilita la labor de demagogos que se sirven de cierta sensación de agravio de la población para promover sus intereses.