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Señora Camila Merino, Ministra del Trabajo y Previsión Social de Chile, y Presidenta de la Reunión

Señores Vicepresidentes de la Reunión

Señor Vicepresidente del Consejo de Administración (Empleadores), Daniel Funes de Rioja

Señor Vicepresidente del Consejo de Administración (Trabajadores), Sir Roy Trotman

Ex-Presidente del Consejo de Administración, Ministro Carlos Tomada de Argentina

Ex Presidenta del Consejo de Administración, Embajadora Nazareth Farani-Azevedo,

Delegados y amigos,

Esta conferencia regional tiene lugar en momentos donde el mundo ya no dispone de las certezas que creyó tener en el pasado y aún no coincide en saber cuál es la hoja de ruta compartida hacia el futuro. Vivimos tiempos de reformulación global. Pero también tiempo de oportunidades para el tripartismo de la OIT.

Sorpresivamente, la crisis surgió y ha golpeado más fuerte, en aquellas economías desarrolladas, que se suponían firmes para enfrentar malos tiempos.

A la vez, muchos países emergentes y en desarrollo han resistido mejor. Un escenario muy diferente a la crisis asiática a fines de los años noventa.

Pero en todas partes hay una constante - los sectores más vulnerables – son los más afectados y los menos responsables de la crisis. Todavía tenemos el más alto nivel de desempleo mundial registrado en las estadísticas oficiales.

Con razón hay enojo y rabia en muchas partes.

El siglo XXI está poniendo a prueba la imaginación y capacidad de sus líderes políticos, empresariales, y sociales para definir una visión de futuro compartido donde todos salgan ganando.

En ese contexto, cuando nos reunimos para mirar la realidad desde este continente, vemos emerger ciertas tendencias positivas.

Por ejemplo, el crecimiento está volviendo, 6% en 2010, el desempleo bajando de 8.2% a 7.4% y ningún país de la región está enfrentando una crisis de deuda soberana. Tampoco se ven políticas de ajuste estructural tipo consenso de Washington como las que se les está aplicando a Irlanda, Grecia, y otros países europeos.

Son conclusiones que nos alientan en nuestra marcha. Pero también debemos ver los claroscuros de todo aquello que falta por hacer. Ya la CEPAL ha proyectado una reducción de crecimiento en 2011 a 4.2%.

No vamos a salir de la crisis con las mismas políticas que la produjeron.

Aún estamos viviendo los efectos de la crisis de un modelo de globalización que se implantó progresivamente en las últimas décadas y trajo, sin duda, beneficios para muchos países y sectores nacionales pero mal distribuidos.

Ese modelo, basado en una visión política que sobrevaluó la capacidad de los mercados para autorregularse, que subvaloró el rol de Estado y de las políticas públicas y, de distintas maneras, devaluó la dignidad del trabajo, la protección del medio ambiente y los servicios públicos.

Ello contribuyó a expandir de manera excesiva el poder del sector financiero frente a la economía real y estimuló, en algunos, prácticas oscuras y poco éticas.

Todo esto contribuyó –junto a factores locales históricos- a aumentar las desigualdades en múltiples países, generando profundos desequilibrios nacionales y globales que hoy se hace necesario rectificar.

El reciente estudio de la CEPAL (La hora de la igualdad) nos demuestra como la reducción de las desigualdades sigue siendo una asignatura pendiente en la región.

Pero, ¿ por dónde debe ir esa rectificación?

Yo creo que por el mundo del trabajo; el mundo de la OIT.

Permítanme hacer aquí una afirmación central: la calidad del trabajo define la calidad de una sociedad.

Así lo siente la gente a partir de su vida diaria. Por ello, el trabajo decente es una demanda popular generalizada, en países muy diversos del planeta. Y desde luego, en nuestra región.

También sabemos que para que haya trabajo decente, tiene que haber trabajo.

O sea, la promoción de empresas sostenibles tal como los definió la Conferencia Internacional de la OIT en el año 2007, debe ser el lugar, desde la economía real y el sistema productivo, donde se mejoran simultánea y progresivamente la calidad del trabajo y la calidad de la empresa.

Se trata de un concepto del crecimiento donde los necesarios objetivos de mayor inversión, innovación, productividad y competitividad se traducen también en mayores oportunidades de trabajo decente.

Los caminos de salida de la crisis y sobre todo de la pos-crisis necesitan colocar el empleo productivo en el centro de sus estrategias.

Pero con demasiada frecuencia el trabajo es visto como un simple factor de mercado.

Así el trabajador es un costo de producción. El mercado lo ve como un consumidor.

Y cuando los trabajadores utilizan los espacios de la democracia para organizarse, formar sindicatos, hacerse escuchar y negociar colectivamente a fin de mejorar sus condiciones de trabajo y su calidad de vida, algunos lo sienten como un peligro que se debe obstaculizar.

Es necesario reforzar la ratificación y aplicación de las normas internacionales que protegen los derechos en el trabajo; y todo el sistema normativo de la OIT.

No debemos poner la libertad sindical en peligro, ni la libertad de asociación de todos los constituyentes de la OIT. La experiencia nos dice una y otra vez que el respeto recíproco, el diálogo social, la negociación colectiva y los sistemas de resolución pacífica de los conflictos son fuentes de estabilidad.

Lo que nuestras políticas públicas y privadas no han logrado integrar suficientemente son las otras dimensiones del trabajo en donde la calidad del trabajo mejora la calidad de la vida individual, familiar y comunitaria:

el trabajo es fuente de dignidad personal; todos nos probamos en el trabajo, nos hacemos más persona con un trabajo decente

el trabajo es fuente de estabilidad de las familias y los hogares; todos los días vemos como el desempleo, el trabajo precario y la informalidad tienen un impacto devastador sobre el núcleo familiar;

el trabajo es fuente de paz y convivencia en la comunidad; cuando el desempleo y la precariedad aumentan, la sociedad se conmociona. Y también aumentan las tensiones sociales.

En definitiva, y como señala la Constitución de la OIT desde 1919, el trabajo no es una mercancía.

Un solo dato para resaltar la magnitud del desafío: en América Latina y el Caribe, el desempleo juvenil corresponde a un 13% de la Población Económicamente Activa. Ello es casi tres veces más que la registrada entre adultos. Además, en total 20% de los jóvenes no estudia ni trabaja. Agreguemos a los jóvenes con trabajo precario, informal y bajos ingresos y se configura una bomba de tiempo y el riesgo de una “generación perdida”, como lo señalo un reciente informe de la OIT.

Este, por cierto, no es un tema de cuantificación económica. Es un tema de perturbación social.

Pero, si la economía no sabe como dar empleo a los jóvenes, es una economía sin credibilidad que les quita el piso para construir su futuro y le está fallando a nuestras familias y nuestras sociedades. O sea, no funciona.

Es desde aquí, de realidades como ésta , que debemos propulsar la igualdad de género, los equilibrios entre trabajo y familia, las oportunidades para los trabajadores rurales y

agro-industriales, así como los de la economía informal, la mejora de la seguridad y salud en el trabajo y la formación profesional y la capacitación de los trabajadores. Esto, por cierto, también alcanza a los trabajadores migrantes.

Porque de eso se trata: de valorar, de respetar y promover la dignidad del trabajo humano.

Del mismo modo, los pueblos originarios son también parte de nuestra preocupación. El convenio 169 de la OIT promueve la consulta entre los gobiernos y los pueblos indígenas, para garantizar el ejercicio de sus derechos, dentro de un Estado de Derecho. Todos sabemos las dificultades, pero este convenio refuerza el cauce de la institucionalidad.

Todo lo dicho resalta la importancia de la Agenda de Trabajo Decente que hemos profundizado en la última década – acordada en la OIT, apoyada en todas las regiones del mundo, y expresada en el Pacto Mundial por el Empleo. Ella permite conjugar tres necesidades esenciales del momento: recuperación, productividad y equidad. Cada una tiene un sentido, pero ninguna se despliega positivamente sin la concurrencia de las otras.

Allí están las bases conceptuales y políticas que colocan la calidad del trabajo – y por ende de la empresa – como el eje articulador de un desarrollo sustentable: aquel donde se produce el equilibrio entre lo económico, lo social y lo medio ambiental.

Cuando se ponen así las cosas, América Latina y el Caribe surge como una región donde las condiciones potenciales están dadas para impulsar esa tarea.

Ahora ya es un hecho frecuente afirmar que, en parte por las lecciones aprendidas en nuestras propias crisis de deuda externa y por el impacto de la crisis asiática, América Latina ha soportado con mayor firmeza la mayor conmoción económica vivida por el mundo desde la Gran Depresión; pero hay razones más profundas. Y, a la hora de la evaluación, vemos cinco constataciones:

Primero, La institucionalidad democrática, se ha fortalecido en mayor o menor grado en casi todos los países de la región. Y con ello se ha abierto un mayor espacio de participación y demanda ciudadana para la superación de las desigualdades y para alcanzar mejores oportunidades de progreso económico y social.

Ha sido en el clima democrático que las tesis del Trabajo Decente han encontrado un mayor apoyo, tanto en las definiciones políticas conjuntas como en la ejecución de políticas nacionales en los diversos países del continente. Debemos seguir reforzando la práctica e institucionalidad democrática y prevenir los riesgos autoritarios siempre presentes en nuestra región.

Segundo, se ha ido configurando una autonomía analítica de la región, una mayor confianza en si misma para enfrentar los desafíos que traía el siglo XXI.

Progresivamente América Latina y el Caribe respondieron al denominado Consenso de Washington con políticas basadas en su propia experiencia y sus propios valores, colocando junto a un mejor manejo de la macroeconomía el impulso de políticas públicas destinadas a afianzar la cohesión social. Unos más, otros menos, tomaron ese camino. Se redujo la pobreza pero no la desigualdad.

Tercero, se demostró que era posible llevar adelante políticas macroeconómicas que, sin entrar en desequilibrios, den paso a políticas de inversión social de mayor amplitud. Como sabemos, frente a la crisis distintos países en la región actuaron privilegiando políticas anticíclicas, de protección al empleo, a los salarios, y a la demanda interna y aplicando iniciativas de protección social que además ayudaron a la reactivación de la demanda. Ello demostró ser una alternativa exitosa, distinta de las estrategias seguidas anteriormente, que actuaron básicamente combinando ajustes fiscales y laborales y políticas monetaristas.

Cuarto. – A pesar de las limitaciones del actual modelo de globalización, muchos países del hemisferio han sabido posicionar positivamente parte de su economía dentro de la economía global. En ese marco, se ha fortalecido la identidad regional, la cooperación entre los países y un reenfoque de la cooperación Sur-Sur.

Quinto: En 2006 la región adoptó la Agenda Hemisférica como un instrumento conceptual y metodológico para la acción de los gobiernos, trabajadores y empleadores en pro del Trabajo Decente, en la década hasta el 2015.

Aquella fue la brújula que nos ayudó a saber hacia dónde ir y capear de mejor forma el temporal de la crisis. Hoy vemos que fue la buena dirección.

Pero, como en muchos procesos, hay que mirar las dos caras de la moneda.

Si estos avances dan un contexto positivo, queda pendiente una cuestión central: el crecimiento que se está dando en nuestros países no va asociado suficientemente a metas ambiciosas de justicia social y reducción de desigualdades.

En economías dinámicas y abiertas, la tarea de incrementar el acceso al trabajo de calidad y profundizar la protección social para disminuir la desigualdad es ineludible.

Es allí donde la OIT identifica sus grandes tareas a futuro en la región. Es allí también donde se ubica la posibilidad de una globalización sustentable a partir de nuestra Declaración tripartita sobre Justicia Social para una Globalización Equitativa.

Tenemos la experiencia de las políticas públicas en distintas áreas. Pero son políticas que, a menudo, van en paralelo y con poca interacción entre ellas. A veces también se ve poca armonía con las políticas del sector privado.

Necesitamos por el contrario tener un sistema en que la concepción y ejecución de nuestras políticas públicas y privadas, fortalezcan la relación entre inversión, productividad, trabajo, y protección social.

Ello implica integrar de una manera más efectiva las políticas macroeconómicas con las políticas sociales y del mercado del trabajo.

Esa fue la visión de la conferencia que el Fondo Monetario Internacional y la OIT, organizamos en Oslo a mediados de septiembre.

Dos entidades del sistema internacional – muchas veces colocadas en veredas de intereses contrapuestos. A ambos nos impulsaron los datos de la realidad: el trabajo es una dimensión esencial de la recuperación y de una economía sostenible en el futuro.

En el marco del G20, y en esta región tenemos a Argentina, Brasil y México junto a Estados Unidos y Canadá, la OIT ha sido apoyo y testigo directo de este proceso donde se está valorizando la convergencia de las políticas económicas y las políticas de empleo.

En su reciente cita en Seúl los líderes del G20 se comprometieron a “poner el empleo en el centro de la recuperación, proveer protección social y un trabajo decente, y asegurar un crecimiento acelerado en los países de baja renta”. Al mismo tiempo remarcaron la interrelación de políticas que, como se dijo en Seúl, “impulsen y sostengan la demanda global, favorezcan la creación de empleo e incrementen el potencial de crecimiento”.

En las Américas, lograr estos objetivos requiere la integración de tres ejes centrales de convergencia.

Uno.- Reformas para el impulso de la demanda global. Sabemos que si hay más empleo hay más demanda. Aquí deben concurrir las políticas de inversión, innovación y productividad que, junto con desarrollar los mercados externos, permiten expandir mucho más los mercados internos y la capacidad de consumo nacional.

Ello supone fomentar la demanda sobre la base de ingresos reales y no sobre el endeudamiento excesivo, que estuvo al origen de la crisis financiera actual.

Para avanzar en esta dirección es necesario desarrollar una mejor relación entre productividad y salarios. Y también avanzar en la creación de un piso de protección social para todos. La protección social ha mostrado ser un instrumento que, junto con proteger y empoderar a los más débiles, contribuye a asegurar la demanda.

Dos.- Favorecer un crecimiento intensivo en creación de empleo. Para enfrentar la crisis y sus consecuencias, no solo es necesario retomar el ritmo del crecimiento económico sino hacer que éste sea intensivo en la generación de empleo, impulsando políticas generales y políticas focalizadas. Las generales determinan estrategias de acción común, las focalizadas los campos concretos de aplicación, por lo menos en tres ámbitos:

Por una parte, impulsar a las pequeñas y medianas empresas en todas sus posibilidades, incluyendo estímulos tributarias y respaldo a la gestión;

Por otra, apoyo a la capacitación y puesta al día de los trabajadores;

En tercer lugar, identificación de nuevas áreas productivas o de servicio donde se estén requiriendo recursos humanos adecuadamente preparados. La interacción entre educación y empresa es clave en ese análisis. Ello dentro de un marco general que incentive la inversión productiva, el emprendimiento, la empresa sustentable y el respeto a la propriedad.

Tres. Fortalecimiento de la institucionalidad laboral. Es esencial tener un enfoque de diálogo tripartito para llevar la economía por sendas efectivamente competitivas, en un clima de respeto a la expresión y necesidades de todos los sectores.

La adecuada administración e inspección del trabajo es esencial para garantizar un entorno legal sólido, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos para todos los participantes en el proceso productivo.

El Diálogo Social y la Negociación Colectiva son instrumentos adecuados para negociar a todos los niveles (empresas, sector, y nacional) y también para coordinar políticas laborales con las políticas fiscales y monetarias. Ello hace posible reforzar la economía productiva y forjar una visión común de los empleadores y los trabajadores, acerca de una economía de calidad.

Esta visión estratégica es esencial cuando la economía del continente se inserta, de manera progresiva, en el proceso de globalización. El futuro del desarrollo económico y social en el continente está también determinado por la marcha de la economía global. América Latina no puede salir sola de la crisis; ni desarrollarse por su cuenta.

En ese marco, debemos valorar el diálogo de países que, como en el G-20 y– más allá de su diversidad histórica, económica y cultural – debaten cómo y por qué hemos llegado a este quiebre económico y por donde hay que buscar la salida.

Francia ha asumido la presidencia del G20 en una coyuntura difícil. Sin duda, el Presidente Sarkozy – cuyo compromiso con la dimensión social de la globalización hemos conocido en la OIT y que ya ha convocado a una reunión de Ministros del Trabajo del Grupo –

En esta hora continental de creciente inserción global debemos asumir un dato que viene de la experiencia concreta: a nadie conviene un modelo de desarrollo que refuerce la desigualdad. Lo que debemos encontrar es el equilibrio entre capital y trabajo, el equilibrio entre finanzas y economía real, entre estado, mercado, sociedad e individuo.

Concluye un decenio que ha confirmado la relevancia de la OIT para el hemisferio y el creciente uso de sus propuestas de políticas económicas y sociales. Las tareas para el nuevo decenio deben llevarnos a instaurar los valores del Trabajo Decente en todos los países de este hemisferio.

Esta asamblea tripartita tiene la posibilidad de avanzar más rápido y con pasos más certeros en la próxima década.