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Cómo financiar la protección social en los países en desarrollo durante la crisis del COVID-19

Los países en desarrollo pueden financiar la protección social de todos sus ciudadanos, tanto en tiempos de crisis como después de esta, según Jayati Ghosh, Economista sobre asuntos de desarrollo.

Opinión | 13 de mayo de 2020
Jayati Ghosh, Economista sobre asuntos de desarrollo
El mundo padece una crisis sin precedentes a raíz de la propagación de la pandemia del COVID-19 y los efectos adversos de las medidas adoptadas para contenerla. La pandemia ha puesto de manifiesto algo que casi habían soslayado los encargados de formular políticas en todo el mundo a lo largo de los últimos decenios, a saber, la importancia que reviste la inversión en sistemas de salud pública y protección social.

Dichos sistemas no solo permiten proteger a las personas que habitualmente se consideran beneficiarias de los mismos, sino a todos los miembros de la sociedad. Las pandemias ponen de relieve el hecho irrefutable de que si una persona, en cualquier lugar, padece una enfermedad contagiosa, todas las demás estarán en riesgo, con independencia del lugar en el que se encuentren. La cobertura sanitaria universal no tiene por objeto ofrecer compasión, sino garantizar la supervivencia de todos. Se ha demostrado que las políticas de reducción del gasto público basadas en recortes de servicios sanitarios han sido ineficaces, al aumentar sustancialmente la vulnerabilidad de las sociedades y las economías.

El COVID-19 no ha propiciado una situación de igualdad. Antes al contrario, ha aumentado sustancialmente la desigualdad en el mundo, tanto entre países como a escala nacional. Las medidas de contención aplicadas, en particular el confinamiento y las restricciones de movilidad, provocan asimismo efectos dispares. Por lo general, los trabajadores informales son los más afectados, por falta de protección jurídica y social. Puesto que los cierres forzosos repercuten asimismo en la oferta, existe inquietud en relación con el aumento de los precios de los alimentos y la alteración de la seguridad alimentaria, aun en el caso de personas cuya situación no se considere “de pobreza".

© KB Mpofu / ILO
La necesidad de contar con protección social adecuada en diversos ámbitos nunca había sido tan manifiesta y acuciante como en la actualidad. Sin embargo, esa enorme necesidad de recursos fiscales públicos surge justo en el momento en que la mayoría de los países en desarrollo deben afrontar los efectos adversos de una rápida disminución de ingresos por exportaciones y turismo, conjugados con los que provocan las salidas de capital. La mayoría de los países desarrollados están estableciendo amplios conjuntos de medidas de impulso fiscal, mucho más difíciles de aplicar en los países en desarrollo.

El margen político en dichos países se ve reducido por restricciones externas de la balanza de pagos y por temor a la fuga de capitales. Se estima que las necesidades de financiación de los países en desarrollo alcanzan los 2,5 billones de dólares1 aproximadamente, al tiempo que el aumento de los costos de salud a corto plazo oscila entre 160.0002 y 500.0003 millones de dólares. ¿Qué solución cabe aplicar al respecto?

La mayoría de las medidas fiscales que se aplican en los países avanzados se apoyan ampliamente en el déficit monetizado (préstamos del banco central al Estado). Ello es asimismo posible en los países en desarrollo. A nivel interno, existe la posibilidad de aumentar los ingresos fiscales mediante impuestos sobre el patrimonio. En la mayoría de los países, un bajo tipo impositivo del 3% aplicado únicamente al 0,1% de la población con mayores recursos podría redundar en ingresos significativos. La aprobación de la propuesta de imposición unitaria de las empresas multinacionales contribuiría a generar ingresos sustanciales.

Los países en desarrollo tienen mucha menos capacidad de adaptación en lo concerniente a las divisas. La comunidad internacional debe intervenir, sobre la base de transformaciones a muy corto plazo, para propiciar un rápido aumento de los recursos. Esa nueva financiación debe ser de carácter compensatorio y evitar las condicionalidades políticas (que, en el mejor de los casos, han resultado eficaces solo de forma dispar en el pasado, y en consecuencia, no se debe incidir en ellas en una coyuntura de recesión mundial y de riesgo sanitario).

En el marco de la actual estructura financiera, una medida que cabe aplicar con carácter inmediato es una nueva emisión a gran escala de Derechos Especiales de Giro (DEG) por el FMI. Se trata de activos de reserva constituidos por el FMI (como combinación ponderada de las cinco divisas principales) para complementar las reservas oficiales de divisas de los países. Generan liquidez suplementaria sin costo adicional y no son préstamos.

Una segunda medida necesaria es la moratoria del reembolso de la deuda (tanto del crédito principal como de los intereses) por un período de un año, o hasta que se formulen medidas de reestructuración de la deuda, mientras los países luchan contra la propagación de la enfermedad y subsanan los efectos del confinamiento. Ello es primordial, habida cuenta de que a lo largo de este año los países en desarrollo deben reembolsar 1,6 billones de dólares de deuda externa, y 1,1 billones de dólares suplementarios en 2021.

Todo ello requiere una solidaridad internacional mayor de la que se ha puesto de manifiesto hasta ahora. Pero si hay un aspecto importante de la pandemia que no cabe soslayar (y que es aún más significativo al hacer frente al cambio climático), es que la falta de esa solidaridad repercutirá de forma muy adversa en la población de todos los países. La existencia de riesgos existenciales sin precedentes exige la adopción de medidas de respuesta que no se han aplicado hasta ahora, así como su coordinación a escala mundial.

Por Jayati Ghosh, Economista sobre asuntos de desarrollo


1 CNUCED 2020, FMI 2020
2 Oxfam
3 CNUCED