GINEBRA (Noticias de la OIT) - La dimensión social de la mundialización dominará de nuevo la agenda de la reunión que mantendrá en Ginebra, durante las dos semanas próximas, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, en su 273ª sesión. Entre los temas a debatir figuran ciertas iniciativas del sector privado que abordan problemas sociales, una primera serie de estudios sobre el impacto de la mundialización en economías concretas - en este caso las de Chile, Mauricio y la República de Corea -, y las acciones de seguimiento previstas tras la adopción, por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada el pasado junio, de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Iniciativas sociales del sector privado

Las cada vez más numerosas apelaciones a las empresas para que sean responsables del impacto social y ambiental de sus actividades, y la propia necesidad que ellas tienen de velar por su imagen, han desembocado recientemente en numerosas iniciativas del sector privado concebidas para manifestar la voluntad de adoptar una praxis laboral e influir a la vez sobre el comportamiento de los consumidores y de otros empresarios. Estos métodos voluntarios incluyen códigos de conducta, programas de atribución de distintivos y varias iniciativas de inversión, factores que, unidos, "constituyen un elemento importante en el debate internacional sobre las dimensiones sociales del desarrollo económico", según puede leerse en el documento de trabajo sometido al Consejo de Administración ¹ .

Los códigos de conducta - normas escritas o declaraciones de principios que esbozan el compromiso de mantener cierta línea de actuación en la gestión empresarial - surgieron, en su forma moderna a principios del siglo XX. Los que ahora interesan son los relativos a diversas prácticas laborales, como "el trabajo forzoso de los niños, la discriminación en materia de empleo, la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, niveles salariales, seguridad y salud en el trabajo, y otras cuestiones relacionadas con la empresa". El número de códigos de conducta existentes se ha multiplicado en la presente década respondiendo a las presiones de las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones de trabajadores, accionistas y consumidores - a veces en forma de boicoteos y campañas de publicidad negativa -, así como de los medios de comunicación de masas.

"La mayoría de los códigos que han puesto el tema en el candelero son códigos vigentes en las grandes operaciones de venta y fabricación contratadas en el comercio internacional", afirma el documento. Las mayores empresas multinacionales del mundo (MNE), en particular las MNE con base en la Unión Europea dedicadas a las industrias del textil, de la confección y del cuero, "han liderado el camino hacia el uso de tales códigos como medio para disponer de un abastecimiento responsable".

De los aproximadamente 215 códigos estudiados por la OIT, las tres cuartas partes contienen disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo, y dos tercios contemplan el tema de la eliminación de la discriminación en materia de empleo. Algo menos de la mitad se preocupan por el trabajo infantil y una cuarta parte, más o menos, prohíben el trabajo forzoso, incluyendo a veces en este concepto el realizado en las prisiones. Un 40%, aproximadamente, se refieren a los niveles salariales, pero sólo un 15% contienen normas relativas a la libertad de asociación y al derecho de la negociación colectiva. Para cada tema de éstos, la definición de buena praxis elegida es arbitraria; en muchos casos se trata de definiciones improvisadas que se apartan de los principios subyacentes en las normas fundamentales del trabajo.

La aplicación de estos códigos puede ser problemática. "Ocurre con cierta frecuencia que códigos lanzados con gran despliegue de publicidad en un país importador se desconocen por completo, no están disponibles o no se han traducido allí donde se encuentran las instalaciones de producción", afirma el documento de la OIT, que añade a renglón seguido que la falta de unos principios y procedimientos estandarizados hace muy difícil para los consumidores y los inversores comprobar el valor de las pretensiones alegadas, a la vez que alimenta recelos sobre los procesos de control de calidad internos.

Los distintivos que las empresas emplean en los productos o en sus embalajes para promover su imagen constituyen otra vía para enviar mensajes a los potenciales compradores y socios. Desde la década de 1970 vienen inundando el mercado nuevos distintivos de este carácter, en los que se alude a los derechos de los animales, al medio ambiente y, más recientemente, a problemáticas sociales como la del trabajo de los niños.

Algunos de estos distintivos sociales han sido creados por empresas individuales, pero la atribución de muchos de ellos es administrada de forma independiente por organizaciones de consumidores, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones empresariales o una combinación de los citados. Los hay que se aplican a determinados productos, como alfombras anudadas a mano, balones de fútbol o flores cortadas. Otros, en cambio, son más genéricos y se aplican a diferentes productos dentro de una industria como, por ejemplo, la confección textil, o agrícolas. "Los distintivos", observa el documento, suelen atribuirse sobre todo a "productos que se adquieren y consumen en público, o que se asocian a la identidad social (prendas, calzado, alimentación y bienes de lujo)".

"Fundados en las preocupaciones de los consumidores y en las campañas de los medios de comunicación y de la sociedad civil, muchos programas de atribución de distintivos sociales van destinados a los consumidores en los países desarrollados y a los productores en los países en vías de desarrollo", subraya el documento. "Tales programas aparecen principalmente en los mercados de exportación que implican el comercio al por menor, con productos que encuentran una oportunidad en el mercado, abundancia de consumidores y circunstancias que captan la atención".

El documento apunta que los programas de atribución de distintivos sociales tienen diferentes efectos, "favorables y desfavorables a un tiempo". Pueden servir para mejorar las condiciones de trabajo o su acomodación a las leyes laborales. Algunos han recaudado fondos para programas de educación destinados a niños liberados del trabajo. Pero a la vez pueden suponer para las empresas participantes en ellos una carga financiera añadida, que ponga en riesgo puestos de trabajo. Algunas iniciativas de este tipo han suscitado críticas porque supuestamente empujan a los niños trabajadores a sectores menos estructurados, donde se enfrentan a una explotación todavía mayor.

"La realidad es que el mercado por sí solo, sin un marco internacional coherente, se ha mostrado hasta ahora ineficaz para desarrollar normas uniformes y universalmente aceptadas que promuevan las ventajas y eviten los riesgos de los esfuerzos empeñados en estos programas de atribución de distintivos", previene el documento de la OIT, señalando que tales normas internacionales "podrían evitar la confusión entre los consumidores, que nace de la diversidad de los criterios empleados, la falta de claridad entre lo que distingue unos distintivos de otros, la pérdida de credibilidad que producen tantas alegaciones de imposible verificación, y el riesgo de incurrir en alguna ilegalidad por transgresión de la normativa nacional e internacional".

En algunos países desarrollados han crecido significativamente las iniciativas de inversión destinadas a promover el cambio social sin merma de la rentabilidad económica; así ha surgido el que se denomina movimiento de inversión socialmente responsable (SRI).

El SRI ejerce su acción a través de varios mecanismos: el filtrado de los fondos de inversión por los que se invierte o desinvierte en acciones intercambiadas públicamente se basa en criterios de rentabilidad social y en iniciativas de los accionistas concebidas para influir sobre el comportamiento de la empresa. Hoy, en los Estados Unidos , "se estima en más de un billón de dólares la cifra total manejada por algún tipo de SRI, de la que 529 millones de dólares están invertidos en carteras filtradas con criterios sociales, incluyendo los fondos mutuos". Y este fenómeno crece a un ritmo muy rápido: en el mismo país, el número de carteras de inversión filtradas socialmente aumentó un 227% entre 1995 y 1997. Los inversores comprometidos tienden a ser "fondos públicos de retiro y fondos de pensiones, colleges y universidades, grupos religiosos y fondos de inversión sociales, incluyendo los fondos mutuos".

En algunos países parecen estar aumentando también las iniciativas del accionariado centradas en las prácticas laborales. Su acción puede incluir la presentación de resoluciones de los accionistas, el planteamiento de preguntas en las asambleas anuales de accionistas, la publicación de las llamadas memorias anuales alternativas o en la sombra, o la adopción de diversas formas de presión. "El activismo formal del accionariado alcanzó un nivel récord en 1996 en los Estados Unidos", con más de 650 casos registrados de resoluciones patrocinadas por el accionariado, y en menor extensión en el Japón (54 resoluciones) y en Alemania (39).

"Las iniciativas privadas orientadas a la promoción de determinados principios y objetivos sociales se han convertido en una realidad universal", afirma el documento, que sin embargo señala asimismo las limitaciones inherentes a estas iniciativas por su propia naturaleza:

• Cierta falta de transparencia y de participación de los supuestos beneficiarios.
• El carácter selectivo de las cuestiones abordadas, que es reflejo de las variables preocupaciones del público.
• La amplia variedad de los métodos de puesta en práctica de estas iniciativas, incluidas la supervisión y la inspección, que hace virtualmente imposible verificar la credibilidad de las alegaciones presentadas o la valoración de su impacto concreto.

Pero, cualesquiera que puedan ser sus limitaciones, las iniciativas del sector privado proliferan y están creando "una creciente necesidad de contar con una fuente externa de referencia y de legitimación". Tal es la conclusión del documento, que deja al Grupo de Trabajo sobre las Dimensiones Sociales de la Liberalización del Comercio Internacional, del Consejo de Administración, la consideración de si la OIT debe responder a esta situación y en qué medida debería hacerlo.

Estudios por países

El Grupo de Trabajo debatirá asimismo una serie de estudios por países, planteados para analizar el impacto social de la mundialización. Se han completado ya los estudios sobre Chile, la República de Corea y Mauricio, y están en curso de realización otros sobre Bangladesh, Sudáfrica y Suiza. El Consejo de Administración recibirá sendos resúmenes de los estudios ya finalizados.

Los tres primeros estudios muestran que, a pesar de los significativos retos que plantea la mundialización en los ámbitos económico y social, en ninguno de los países objeto de estudio falta la voluntad política de proseguir con la liberalización del comercio. En todo caso, la mundialización no se percibe como la principal razón de los problemas sociales, que más frecuentemente pueden atribuirse a causas internas, sobre todo relativas al acceso a la educación y a la formación profesional.

Según el primer estudio, Chile brinda uno de los ejemplos más notables de rápida integración en la economía mundial. Desde mediados de la década iniciada en 1980, el PIB de Chile ha crecido ininterrumpidamente a una saludable media anual del 7%. Con un entorno macroeconómico favorable, caracterizado por la baja inflación, la economía chilena ha creado más de 1,5 millones de empleos a partir de entonces, para reducir la tasa de desempleo por debajo del 6%. Durante el mismo periodo, la pobreza que afectaba al 50% de la población ha disminuido al 25% y los datos sanitarios muestran sustanciales mejoras en todos los órdenes.

La experiencia chilena muestra, pues, que la liberalización del comercio puede estimular la creación de puestos de trabajo y aumentar a la vez la renta nacional. Sin embargo, el estudio observa que, a pesar de sus notables éxitos, la distribución de las rentas en Chile es relativamente desigual cuando se analiza conforme a los estándares internacionales: una quinta parte de la población, la más rica, obtiene el 57% de la renta nacional; mientras que otra quinta parte, la más pobre, apenas ingresa un magro 4%. La tendencias recientes apuntan a un ahondamiento de las diferencias y también es muy desigual la distribución de oportunidades, como resultado de un sistema educativo estratificado por la procedencia social de los alumnos. El estudio concluye que han de desarrollarse políticas para solucionar este problema, puesto que, de no adoptarse, el sistema chileno puede empantanarse en una lógica caída de la productividad, que podría limitar el potencial económico del país y poner en peligro su estabilidad social.

Si Chile tiene en el acceso a la Ia educación uno de sus puntos débiles, ésta es una de las mejores bazas de que dispone la República de Corea. Hasta finales de 1997, su evolución fue a los ojos de muchos uno de los éxitos más espectaculares de la historia económica moderna. Sus exportaciones habían pasado de unos niveles desdeñables en la década de 1960 a un asombroso 2,5% del total de las exportaciones mundiales en los últimos tiempos.

Entre las razones del éxito coreano en el comercio internacional han de incluirse una estrategia de exportación dirigida por el gobierno y un sostenido aumento de la productividad de los trabajadores, atribuible sobre todo a la educación. El estudio afirma que "la educación ha sido tradicionalmente una de las grandes prioridades del país." Hoy la República de Corea puede ufanarse de gozar de unos niveles educativos que superan a los de algunos países desarrollados. Además, el estudio de la OIT señala que la educación ha ayudado a aliviar las presiones hacia la desigualdad en el mercado del trabajo y en las rentas que se asocian típicamente al crecimiento económico rápido, los cambios tecnológicos y la liberalización del comercio.

Sin embargo, los aspectos negativos del modelo coreano saltaron poderosamente al primer plano nada más producirse la crisis financiera asiática, que hizo ver que determinados aspectos de un proceso de mundialización tan avanzado eran probablemente insostenibles e incluían una falta de transparencia empresarial, un recurso excesivo a los flujos de capital a corto plazo para financiar inversiones a largo plazo y, dato muy importante, la represión de los derechos fundamentales de los trabajadores hasta fechas recientes.

Siguiendo un plan de estabilización financiado por el FMI y comprometiéndose a adoptar medidas de ajuste estructural, el gobierno y la sociedad coreanos están en mitad de un proceso de reestructuración industrial a gran escala, de una reforma del sistema bancario, de la seguridad social y del mercado del trabajo. El estudio de la OIT examina una serie de medidas prácticas que se plantean en un contexto donde el objetivo es acelerar el ajuste y conseguir que el proceso de mundialización sea sostenible desde el punto de vista social. Entre estas medidas figuran la mejora del sistema de formación profesional; las reformas de la legislación laboral para garantizar el respeto a los derechos de las organizaciones sindicales; el perfeccionamiento de la red de seguridad social; la ayuda financiera a las industrias en apuros pero viables; y, por último, el fortalecimiento de las relaciones laborales dentro de la empresa.

El estudio sobre la República de Corea muestra asimismo que, en el día después de la crisis asiática, la creación de un comité nacional tripartito ayuda a crear un consenso entre gobierno, empleadores y trabajadores sobre las medidas a adoptar con la máxima urgencia, a la vez que allana el camino para un crecimiento basado en un sistema económico abierto y socialmente sostenible.

Mauricio ha protagonizado otro éxito económico en los últimos quince años, hasta el punto de que se alude a este país como el milagro africano. Desde principios de la década de 1980, todos los indicadores muestran una sociedad que ha mejorado ampliamente sus niveles de vida y ha extendido prácticamente a toda su población beneficios sociales tales como la educación, la atención sanitaria y la vivienda. El análisis de la OIT atribuye gran parte de este progreso al funcionamiento eficaz de su democracia y a la estabilidad del clima social reinante. Añade que "caben pocas dudas acerca de que el comercio internacional y la mundialización de los mercados han tenido un importante y positivo papel en los recientes éxitos de Mauricio." Las tasas de paro han bajado en picado desde la década de 1980 y los sectores relacionados con el comercio han proporcionado la mayor parte de los nuevos empleos.

Con todo, el estudio de la OIT señala que se aprecian ahora tensiones en el mercado de trabajo, relacionadas posiblemente con un agotamiento de la estrategia de la Zona Franca de Exportación , en vigor desde principios de la década de 1970. La tasa de paro ha ascendido al 6% en la presente década, según las estimaciones oficiales, y por encima del 10% si se aplica la definición internacional de desempleo.

Digamos, por último, que de estos estudios emergen ciertas enseñanzas preliminares de carácter general. En particular, que los estándares básicos del trabajo y ciertas instituciones sociales, entre las que se citan el buen funcionamiento de la red de seguridad social y de la formación profesional, se muestran como respuestas adecuadas a la mundialización, tanto desde el punto de vista social como por motivos de estricta eficiencia económica.

La Declaración de la OIT y su seguimiento

En cumplimiento de lo previsto tras la adopción, por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada el pasado junio, de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, el Consejo de Administración estudiará las medidas y previsiones necesarias para poner en práctica el seguimiento de la Declaración. Este seguimiento abarca dos aspectos: en primer lugar, una revisión anual de los países que no han ratificado alguno o algunos de los Convenios relativos a las cuatro categorías de derechos fundamentales ² ; y en segundo término la presentación de un informe global que versará sucesivamente cada año sobre una de estas cuatro categorías de principios y derechos fundamentales en todos los países, con independencia de que hayan o no ratificado los Convenios relativos a los mencionados derechos.

La cuestión crucial para el actual Consejo de Administración "es cómo introducir lo más rápidamente posible (es decir, durante el bienio 2000-2001) estos dos componentes del seguimiento." El Consejo de Administración debatirá varias modalidades y se le pedirá que decida si desea que estas revisiones anuales comiencen a partir de 1999, para que la primera revisión global se presente en el año 2000. Se le solicitará asimismo que determine el tema que ha de ser tratado en esta primera puesta en práctica del seguimiento previsto en la citada Declaración.

Análisis de políticas de empleo y de formación profesional

En la agenda de la Comisión de Empleo y Política Social del Consejo de Administración figura una serie de análisis de políticas de empleo, que han sido elegidas para proporcionar ayuda a los Estados Miembros a la hora de diseñar y formular sus propias políticas y programas en orden a conseguir el pleno empleo y un respeto mayor de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Los análisis en curso sobre políticas de empleo versan sobre varios países en vías de desarrollo (Barbados, Brasil, Côte d'Ivoire, Kenya, Pakistán y Tailandia), un país transición (Ucrania) y varios países miembros de la OCDE (Austria, Dinamarca, Irlanda y Países Bajos). Estos cuatro últimos países fueron elegidos especialmente ya por su relativo éxito en la reducción de la tasa de paro, ya por haber mantenido en los últimos años una tasa comparativamente baja merced a políticas innovadoras sobre el empleo y el mercado laboral. Un estudio comparativo sobre estos cuatro países será presentado en una reunión de alto nivel a celebrar en Ginebra del 25 al 26 de febrero de 1999.

Tras la publicación del informe de la OIT sobre El Empleo en el Mundo 1998-99, figurará asimismo en la agenda de la Comisión de Empleo y Política Social un estudio de sus implicaciones en las tareas de la OIT. El citado informe muestra que es importante no confinar la acción a la formación profesional exclusivamente, y que deben adoptarse perspectivas más amplias sobre el desarrollo de los recursos humanos. Esta visión parece ya reflejada en el programa para la Conferencia Internacional del Trabajo del año 2000, que incluye un tema principal sobre desarrollo de recursos humanos y formación profesional para ser debatido en la discusión general.

La Comisión tiene previsto también un análisis de los programas de creación de trabajo de la OIT, de las políticas y actividades de la OIT concernientes a la rehabilitación profesional y del efecto que debe darse a la Resolución sobre el Empleo de los Jóvenes adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1998. Dicha Resolución da orientaciones a los Estados Miembros y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores para diseñar y poner en práctica políticas tendentes a abordar la problemática del empleo juvenil. Contiene también un llamamiento a la adopción de una estrategia internacional con respecto al trabajo de los jóvenes.

El Consejo de Administración de la OIT está compuesto por 28 representantes de los gobiernos de los Estados Miembros ³ , 14 representantes de los empleadores y 14 representantes de los trabajadores, que celebran tres reuniones al año. Es el órgano ejecutivo de la OIT y adopta decisiones para la puesta en práctica de las políticas y programas de la OIT. Diez de los puestos correspondientes a los representantes gubernamentales están cubiertos permanentemente por los de los principales países industrializados. Los restantes miembros son elegidos para un mandato de tres años por los gobiernos, los trabajadores y los empleadores, respectivamente, de manera que se mantenga siempre una distribución regional equilibrada.

1 Examen general de los acontecimientos globales y de las actividades de la Oficina en relación con los códigos de conducta, el etiquetado social y otras iniciativas del sector privado que revisten importancia para las cuestiones laborales. Grupo de Trabajo sobre las Dimensiones Sociales de la Liberalización del Comercio Internacional. Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, noviembre de 1998. GB.273/WP/SDL/1.

2 Libertad de asociación y libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva; eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; abolición efectiva del trabajo infantil; y eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

3 Alemania*, Argentina, Arabia Saudita, Bangladesh, Brasil*, Canadá, China*, Colombia, Congo, República de Corea, Egipto, Estados Unidos*, Francia*, Guinea, Hungría, India*, Italia*, Japón, Mauricio, Nigeria, Panamá, Polonia, Reino Unido*, Federación de Rusia*, Suriname, Swazilandia, Tailandia, Turquía. (* = Miembros permanentes, en su calidad de Estado de mayor importancia industrial).