El Día Mundial de la Justicia Social debería movilizar la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El trabajo realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana – es decir, el trabajo decente – es una premisa esencial de la inclusión y un vector de justicia social. Sin embargo, a nivel mundial, hay una situación muy inquietante.

La brecha económica sigue aumentando: el 10 por ciento de los más ricos ganan un 30-40 por ciento de los ingresos totales, mientras que el 10 por ciento de los más pobres ganan entre el 2 y el 7 por ciento de dichos ingresos.

En 2013, 939 millones de trabajadores – lo que representa un 26,7 por ciento del empleo total, seguían viviendo con 2 dólares de los Estados Unidos al día, o menos. Millones de jóvenes sin perspectivas de empleo o con perspectivas de ser trabajadores pobres están perdiendo fe en las promesas de progreso económico y social.

Esta situación se agrava aún más por la falta generalizada de protección social básica. Millones de personas están sometidas a condiciones de trabajo inaceptables y tampoco se les reconocen sus derechos fundamentales.

Este año, las Naciones Unidas se están centrando en particular en los problemas de la trata de personas y las formas modernas de esclavitud – que niegan a muchas personas un derecho y una libertad fundamentales.

Actualmente, alrededor de 21 millones de mujeres, hombres y niños son obligados a trabajar en condiciones inhumanas en granjas, fábricas explotadoras, a bordo de embarcaciones de pesca, en la industria del sexo o en hogares privados. Los beneficios que se obtienen ilegalmente cada año con su explotación ascienden a 150 000 millones de dólares de los Estados Unidos.

Las mujeres y los niños están particularmente expuestos a ser secuestrados y vendidos como esclavos en situaciones de conflictos armados. En algunos casos, el trabajo forzoso mantiene a familias y comunidades enteras en situaciones abyectas de pobreza por varias generaciones.

Cada vez se reconoce más que esta situación debe cambiar y se está adquiriendo una sólida experiencia en materia de documentación y lucha contra el trabajo forzoso.

Para eliminar el trabajo forzoso se requieren enfoques integrados. Los gobiernos, los empleadores y sus organizaciones, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil tienen su propio papel que desempeñar para proteger, defender y empoderar a las personas vulnerables, y para crear oportunidades de trabajo decente para todos.

El Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) de la OIT establece medidas de prevención que pueden adoptarse y también pide a los gobiernos que se aseguren de que las víctimas de trabajo forzoso tengan acceso a acciones jurídicas y de reparación efectivas, tales como una indemnización.

El trabajo forzoso sí se puede evitar y no hay nada que lo excuse: si nos comprometemos con esta causa y nos dotamos de las políticas e instituciones apropiadas podremos acabar con el trabajo forzoso. Debemos aliarnos para que su eliminación se haga realidad.

En el día de hoy, la OIT reafirma su compromiso de trabajar en aras de la justicia social a través del mundo del trabajo.