Los efectos devastadores de la pandemia de la COVID-19 han acuciado la necesidad de adoptar medidas de política para establecer una garantía del empleo, en un intento por evitar que los mercados de trabajo se deterioren aún más. Los programas públicos de empleo (PPE) o los programas de garantía del empleo (PGE) a gran escala formarían parte esencial de esa garantía, pues actúan como empleador de última instancia al ofrecer trabajo con un salario mínimo para quienes deseen y puedan trabajar. Sin embargo, estos programas deben estar diseñados y ejecutados en el marco de un conjunto coherente de políticas económicas, laborales y de protección social que garanticen de forma colectiva unas condiciones mínimas en el mercado de trabajo y que, al mismo tiempo, apoyen la recuperación económica y la transición hacia el empleo formal.