Rapport intérimaire - Rapport No. 328, Juin 2002

Cas no 1787 (Colombie) - Date de la plainte: 28-JUIN -94 - En suivi

1. 84. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 2002 [véase 327.º informe, párrafos 327 a 344]. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) envió nuevos alegatos por comunicaciones de fechas 6 de febrero, 5 de marzo y 4 de abril de 2002; la Federación Sindical Mundial, por comunicaciones de fechas 17 de enero, 15 y 26 de febrero y abril de 2002; la Unión de Trabajadores Estatales de Colombia (UTRADEC), por comunicación de fecha 5 de marzo de 2002; la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por comunicación de fecha 19 de marzo de 2002, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Transformadora del Caucho, Plástico, Polietileno, Poliuretano, Sintéticos, Partes y Derivados de estos Procesos (SINTRAINCAPLA), con fecha 5 de abril de 2002. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 15 de marzo y 9 de abril de 2002.
2. 85. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

1. 86. En su reunión de marzo de 2002, el Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre los alegatos que quedaron pendientes y que se refieren principalmente a actos de violencia contra sindicalistas y actos de discriminación antisindical [véase 327.º informe, párrafo 344]:
   • a) el Comité urgió una vez más al Gobierno:
2. 1) a que iniciara las investigaciones sobre todos los hechos de violencia mencionados tanto los correspondientes al examen anterior del caso como a los actuales (asesinatos, intentos de asesinato, secuestros y desapariciones, amenazas de muerte y detenciones);
3. 2) a que tomara las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad sancionándose a todos los responsables de los innumerables actos de violencia y para que se obtuvieran de una vez resultados en el desmantelamiento de los grupos paramilitares y otros grupos violentos revolucionarios;
   • b) el Comité lamentó profundamente que el Gobierno no haya enviado las informaciones que había solicitado en relación con las actividades y conclusiones a que ha llegado la subcomisión creada a fines de esclarecer las enormes divergencias en el número de dirigentes y trabajadores sindicalizados asesinados. El Comité urgió firmemente al Gobierno a que enviara sus informaciones al respecto;
   • c) en cuanto a los alegatos presentados por ASODEFENSA relativos a: a) la denegación de permisos sindicales; b) la prohibición de circulación de boletines, periódicos y folletos de contenido sindical, de fijar carteles, de reunirse en los auditorios de los lugares de trabajo, de hablar sobre temas sindicales; c) los despidos antisindicales, traslados y persecuciones por haberse afiliado a ASODEFENSA de los Sres. Delfirio Peñaloza Ruiz, Fernando Matiz Olaya, Alberi González García, Luis Abul Manrique, José Joaquín Moreno Durán y Jorge Eliécer Núñez Rodríguez, entre otros, y d) el desconocimiento del fuero sindical de las Sras. Graciela Martínez y Cenelly Arias Ortiz, el Comité pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para que los permisos sindicales no fueran denegados arbitrariamente, que se garantizara a los trabajadores el derecho a publicar noticias e informaciones, fijar carteles y reunirse en los lugares de trabajo, se respetara el fuero sindical de las Sras. Graciela Martínez y Cenelly Arias Ortiz y que enviara sus observaciones al respecto;
   • d) en lo que concierne a los demás alegatos relativos a actos de discriminación antisindical alegados por ASODEFENSA, el Comité pidió al Gobierno que tomara medidas para que de inmediato se iniciaran las investigaciones correspondientes y que enviara sus observaciones al respecto;
   • e) en lo que respecta a la negativa a brindar protección a las sedes sindicales, a los dirigentes y a sus familias contra las amenazas de violencia y muerte de que son objeto, alegadas por ASODEFENSA, el Comité pidió al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para garantizar la seguridad material de las sedes sindicales y física de los dirigentes y sus familias y que enviara sus observaciones al respecto;
   • f) en cuanto a las objeciones de ASODEFENSA al decreto-ley núm. 1792 del 14 de septiembre de 2000, el Comité pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para poner al decreto núm. 1792 en conformidad con los principios de la libertad sindical;
   • g) el Comité pidió al Gobierno que enviara toda la información de que dispone sobre hechos que podrían contribuir a esclarecer los motivos de los actos de violencia, el contexto en el cual son cometidos y las personas involucradas en cada uno de los casos. Para ello, sería conveniente tratar específicamente aquellas situaciones en las que la violencia se dirige con mayor intensidad hacia miembros de ciertas organizaciones
     • - por ejemplo, en el sector de la educación, la industria del petróleo, los servicios de salud, así como en las administraciones municipales y departamentales. Dichas informaciones deberían referirse también a aquellas regiones en las que los hechos de violencia ocurren con mayor frecuencia, como en los Departamentos del Valle del Cauca y Antioquia y la Municipalidad de Barrancabermeja, especialmente en la Empresa de Petróleo de Colombia y en la Empresa de Gas de Barrancabermeja. El Comité pidió asimismo al Gobierno que enviara toda la información de que disponen y que permitiría explicar la impunidad de los actos de violencia contra los miembros de las organizaciones sindicales. El Comité recordó una vez más al Gobierno su responsabilidad en la protección de los trabajadores contra los actos de violencia y por ende en una correcta evaluación tanto fáctica como analítica de cada uno de los crímenes cometidos. El Comité sugirió a los querellantes y al Gobierno que recurrieran a la asistencia técnica de la Oficina para dicha evaluación.

B. Nuevos Alegatos

1. 87. Los nuevos alegatos se refieren a las cuestiones siguientes:
   • Asesinatos
2. 1) Jaime Ramírez, afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios de Antioquia (SINTRAOFAN), el 2 de junio de 2001 en Antioquia, por paramilitares;
3. 2) Libardo de Jesús Usme Salazar, afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales (SINTRAOFICIALES), el 5 de junio de 2001 en Villavicencio;
4. 3) Armando Buitrago Moreno, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 6 de junio de 2001;
5. 4) Julián Ricardo Muñoz, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 6 de junio de 2001 en Bogotá;
6. 5) Carlos Alberto Vidal Hernández, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 11 de junio de 2001 en Bogotá;
7. 6) Edgar Thomas Angarita Mora, activista de la Asociación de Educadores del Arauca (ASEDAR), el 11 de junio de 2001 en Barrancones;
8. 7) Fabio Eliécer Guio García, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 19 de junio de 2001 en Neiva, por las FARC;
9. 8) Luz Marina Torres, Sindicato de Educadores de Riseralda, el 22 de junio de 2001 en Risaralda;
10. 9) Cristóbal Uribe Beltrán, afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y entidades dedicadas a procurar la salud de la Comunidad (ANTHOC), el 28 de junio de 2001 en Tibu, por paramilitares;
11. 10) Eduardo Edilio Alvarez Escudelo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 2 de julio de 2001 en Antioquia, por la guerrilla;
12. 11) William Mario Upegui Tobón, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 9 de julio de 2001, en Antioquia;
13. 12) Luciano Zapata Agudelo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 10 de julio de 2001;
14. 13) Hernando Jesús Chica, activista del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES), el 13 de julio de 2001, por paramilitares;
15. 14) Luis María Rubio Espinel, afiliado a la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (ASINORTH), el 15 de julio de 2001 en Cúcuta;
16. 15) Margort Pisso Rengifo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 17 de julio de 2001 en Popayán;
17. 16) Ramón Chaverra Robledo, afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios de Antioquia (SINTRAOFAN), el 19 de julio de 2001 en Antioquia, por paramilitares;
18. 17) Fidel Seguro, afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios de Antioquia (SINTRAOFAN), el 19 de julio de 2001 en Antioquia, por paramilitares;
19. 18) Prasmacio Arroyo, activista del Sindicato de Educadores del Magdalena (SINTRASMAG), el 26 de julio de 2001 en Magdalena;
20. 19) Hernando Arcila Ramírez, afiliado a la Asociación de Institutores del Guaviare (ADEG), el 1.º de agosto de 2001 en Guaviare;
21. 20) Luz Amparo Torres Agudelo, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 2 de agosto de 2001 en Antioquia;
22. 21) Efraín Toledo Guevara, afiliado a la Asociación de Institutores de Caquetá (AICA), el 5 de agosto de 2001 en Caquetá;
23. 22) Nancy Tez, activista del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV), el 5 de agosto de 2001 en el Valle del Cauca, por paramilitares;
24. 23) Jorge Antonio Alvarez Vélez, afiliado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción (SUTIMAC), el 6 de agosto de 2001 en Antioquia;
25. 24) Angela Andrade, activista del Sindicato de Trabajadores de los Hogares Infantiles de Colombia, el 6 de agosto de 2001 en Nariño, por paramilitares;
26. 25) José Padilla Morales, afiliado a la Asociación de Educadores del César, el 8 de agosto de 2001 en Aguachica;
27. 26) Luis Pérez Ríos, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 9 de agosto de 2001 en Quindío;
28. 27) Hugo López Cáceres, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 14 de agosto de 2001 en Barranquilla;
29. 28) Gloria Isabel García, afiliada al Sindicato de Educadores de Risaralda (SER), el 16 de agosto de 2001 en Risaralda;
30. 29) Miryam de Jesús Ríos Martínez, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 16 de agosto de 2001 en Antioquia;
31. 30) César Bedoya Ortiz, activista de la Asociación de profesores Universitarios (ASPU), el 16 de agosto de 2001 en Bolívar;
32. 31) César Arango Mejía, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 24 de agosto de 2001 en Risaralda;
33. 32) Ricardo Monroy Marín, directivo del Sindicato de Trabajadores del Incora (SINTRADIN), el 25 de agosto de 2001 en Tolima;
34. 33) Jorge Freite Romero, afiliado a la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA), el 29 de agosto de 2001 en Barranquilla, por paramilitares;
35. 34) Luis Ernesto Camelo, activista del Sindicato de Educadores de Santander (SES), el 2 de septiembre de 2001 en Santander, por paramilitares;
36. 35) Marcelina Sladarriaga, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 5 de septiembre de 2001 en Antioquia;
37. 36) Rafael Pineda, presidente de la Seccional Barbosa de la Unión de Empleados Bancarios (UNEB), el 8 de septiembre de 2001 en Santander;
38. 37) Juan Eudes Molina Fuentes, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 9 de septiembre de 2001 en Guajira;
39. 38) Gilberto Arbeláez Sánchez, miembro de la subdirectiva de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 9 de septiembre de 2001 en Antioquia;
40. 39) Luis Alfonso Aguirre, activista de la Federación Unitaria Nacional de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalmecánicos, Químicos y de Industrias similares de Colombia (FUNTRAENERGETICA), el 10 de septiembre de 2001 en Antioquia;
41. 40) Juan Diego Londoño Restrepo, secretario del Sindicato de Trabajadores de cerámicas Continental, el 11 de septiembre de 2001 en Antioquia, por paramilitares;
42. 41) Hernando de Jesús Montoya Urrego, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 13 de septiembre de 2001 en Antioquia, por paramilitares;
43. 42) Alga Rosa García Marín, afiliada a la ANTHOC, el 17 de septiembre de 2001 en Antioquia;
44. 43) Jacobo Rodríguez, afiliado a al Asociación de Institutores del Caquetá, el 18 de septiembre de 2001 en Caquetá, por paramilitares;
45. 44) Yolanda Cerón Delgado, afiliada al Sindicato del Magisterio del Nariño (SIMANA), el 18 de septiembre de 2001 en Nariño, por paramilitares;
46. 45) Juan David Corzo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 20 de septiembre de 2001 en Cúcuta, por paramilitares;
47. 46) Bibiana María Gómez Bedoya, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 22 de septiembre de 2001 en Antioquia;
48. 47) Jenny Romero Rojas, ANTHOC, el 23 de septiembre de 2001 en Meta;
49. 48) Antonio Mesa, afiliado al Sindicato de Trabajadores Universitarios (SINTRAUNICOL), el 25 de septiembre de 2001 en Barranquilla, por paramilitares;
50. 49) Germán Elías Madrigal, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 28 de septiembre de 2001 en Antioquia;
51. 50) Plutarco Herrera Gómez, miembro de la Comisión de Reclamos del Sindicato Nacional de Manipuladores de Carga de las Terminales Marítimas Colombianas, el 30 de septiembre de 2001 en el Valle del Cauca, por paramilitares;
52. 51) Servando Lerma, afiliado a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), el 10 de octubre de 2001 en Santander;
53. 52) Luz Mila Rincón, ANTHOC, el 10 de octubre de 2001 en Tolima, por paramilitares;
54. 53) Gustavo Castellón Fuentes, activista del sindicato de Trabajadores de la Caja de Compensación de Barrancabermeja (SINALTRACOFAN), el 20 de octubre de 2001 en Barrancabermeja, por paramilitares;
55. 54) Jesús Agreda Zambrano, activista del Sindicato del Magisterio del Nariño (SIMANA), el 20 de octubre de 2001, por paramilitares;
56. 55) Expedito Chacón, ANTHOC, el 24 de octubre de 2001 en Santander;
57. 56) Milena Pereira Plata, ASINORTH, el 30 de octubre de 2001 en Santander, por las FARC;
58. 57) Edith Manrique, activista de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), el 6 de noviembre de 2001 en Caldas, por paramilitares;
59. 58) Eriberto Sandoval, afiliado a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), el 11 de noviembre de 2001 en Ciénaga, por paramilitares;
60. 59) Eliécer Orozco, FENSUAGRO, el 11 de noviembre de 2001 en Ciénaga, por paramilitares;
61. 60) Jorge Julio Céspedes, activista de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), el 24 de noviembre de 2001 en Caldas, por paramilitares;
62. 61) María Leida Montoya, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, el 30 de noviembre de 2001 en Antioquia;
63. 62) Luis Alfonso Gaviria Meneses, activista del SINTRAEMSDES, el 30 de noviembre de 2001 en Antioquia, por paramilitares;
64. 63) Luz Carmen Preciado, activista del Sindicato del Magisterio del Nariño (SIMANA), el 30 de noviembre de 2001 en Nariño, por las FARC;
65. 64) Santiago González, SIMANA, el 30 de noviembre de 2001 en Nariño, por las FARC;
66. 65) Herlinda Blando afiliada al Sindicato de maestros y docentes de Boyacá, el 1.º de diciembre de 2001 en Boyacá, por paramilitares;
67. 66) Generoso Estrada Saldarriaga, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia (SINTRELECOL), el 4 de diciembre de 2001 en Antioquia;
68. 67) Germán Darío Ortiz Restrepo, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 7 de diciembre de 2001 en Antioquia;
69. 68) Alberto Torres, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 12 de diciembre de 2001 en Antioquia;
70. 69) James Estrada, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 13 de diciembre de 2001 en Antioquia;
71. 70) José Raúl Orozco, presidente del Sindicato de Trabajadores de Cerámicas Continental, el 14 de diciembre de 2001 en Antioquia, por paramilitares;
72. 71) Jairo Antonio Chima, SINTRAEMSDES, el 22 de diciembre de 2001 en Antioquia, por paramilitares;
73. 72) Eduardo Alfonso Suárez Díaz, delegado de la Unión Sindical Obrera (USO), el 23 de diciembre de 2001 en Antioquia, por paramilitares;
74. 73) Iván Velasco Vélez, Sindicato de trabajadores Universitarios, el 27 de diciembre de 2001 en el Valle del Cauca, por paramilitares;
75. 74) Bertilda Pavón, afiliada a ANTHOC, el 2 de enero de 2002 en Valledupar, por paramilitares;
76. 75) Carlos Arturo Alarcón, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 12 de enero de 2002 en Antioquia;
77. 76) Rubén Arenas, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), el 16 de enero de 2002 en Antioquia;
78. 77) Rubí Moreno, afiliado a ANTHOC, el 20 de enero de 2002 en César, por paramilitares;
79. 78) Víctor Alberto Triana, Asociación de Empleados de ECOPETROL (ADECO), el 21 de enero de 2002, por paramilitares; Carlos Padilla, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Fray Luis de León, afiliado a la Central General de Trabajadores Democráticos y a UTRADEC, el 28 de enero de 2002, en el municipio de Plato Magdalena, luego de haber sido objeto de amenazas;
80. 79) Carmen Elena García Rodríguez, secretaria de organización de la Junta Directiva Municipal del Sindicato de la Salud del César (SIDESC), asesinada a balazos cuando salía de su trabajo en el Hospital Eduardo Arredondo Daza de la ciudad de Valledupar, el 29 de enero de 2002;
81. 80) Walter Oñate, en las mismas circunstancias que la anterior;
82. 81) Jairo Alonso Giraldo, activista de la Asociación de Institutores de Antioquia, el 1.º de febrero de 2002, en Antioquia;
83. 82) Gloria Eudilia Riveros Rodríguez, profesora del Colegio Inocencio Chincá de la municipalidad de TAME, en una acción de las FARC contra el puesto de policía del municipio de Tame, el 2 de febrero de 2002;
84. 83) Oscar Jaime Delgado Valencia, profesor del Colegio Camilo Torres de Armenia, Departamento del Quindío, asesinado a balazos el 4 de febrero de 2002;
85. 84) Oswaldo Enrique Borja Martínez, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 6 de febrero de 2002 en Sucre, por paramilitares;
86. 85) Henry Mauricio Neira, afiliado a ANTHOC, el 7 de febrero de 2002 en Arauca;
87. 86) Nohora Elsy López, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadoras al Cuidado de la Infancia en hogares de Bienestar, el 7 de febrero de 2002 en Antioquia, por paramilitares;
88. 87) Adolfo Florez Rico, activista del Sindicato Nacional de trabajadores de la Industria de la Construcción (SINDICONS), el 7 de febrero de 2002 en Antioquia, por paramilitares;
89. 88) Julio Galeano, líder comunal y ex empleado de EMCALI, asesinado a balazos el 11 de febrero de 2002, su esposa, también activista sindical, salió ilesa del ataque;
90. 89) Angela María Rodríguez Jaimes, afiliada al Sindicato de Educadores de Santander (SES-CUT), en el municipio de Piedecuesta, Departamento de Santander, asesinada a balazos el 12 de febrero de 2002;
91. 90) Néstor Rincón Quinceno, Sindicato de Educadores de Riseralda, el 14 de febrero de 2002;
92. 91) Alfredo González Páez, afiliado a la Asociación de Empleados del INPEC (ASEINPEC), el 15 de febrero de 2002 en Tolima, por paramilitares;
93. 92) Oswaldo Meneses Jiménez, ASEINPEC, el 15 de febrero de 2002 en Tolima, por paramilitares;
94. 93) Barqueley Ríos Mena, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 16 de febrero de 2002 en Antioquia;
95. 94) Juan Manuel Santos Rentería, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia, el 16 de febrero de 2002 en Antioquia;
96. 95) Fernando Cabrales, presidente de la Federación Nacional de Transportadores de Carga, el 18 de febrero de 2002 en el Valle del Cauca, por paramilitares;
97. 96) José Wilson Díaz, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), el 21 de febrero de 2002 en Huila, por las FARC;
98. 97) Cecilia Gallego, secretaria de Asuntos Femeninos del Comité Ejecutivo de Acción Campesina Colombiana (ACC), en la Municipalidad de la Macarena, el 25 de febrero de 2002;
99. 98) Hugo Ospina Ríos, afiliado al Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, el 26 de febrero de 2002 en Risaralda;
100. 99) Marcos Antonio Beltrán, activista de SUTEV, el 1.º de marzo de 2002 en el Valle del Cauca;
101. 100) Roberto Carballo, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (ASONAL), el 6 de marzo de 2002 en Bolívar;
102. 101) Juan Montiel, miembro de la subdirectiva Ciénaga del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), Departamento del Magdalena, el 7 de marzo de 2002;
103. 102) Emilio Villeras Durán, miembro de la subdirectiva Ciénaga del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), Departamento del Magdalena, el 7 de marzo de 2002;
104. 103) Alirio Garzón Córdoba, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Registraduría del Estado Civil (SINTRAREGINAL), el 10 de marzo de 2002 en Huila;
105. 104) Carlos Alberto Molano, SINTRAREGINAL, el 10 de marzo de 2001 en Huila;
106. 105) Eduardo Chinchilla Padilla, activista del Sindicato de Industria de los Trabajadores de Empresas de Palmas Oleaginosas y Similares (SINTRAPALMA-CUT), el 11 de marzo de 2002;
107. 106) Luis Omar Castillo, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), en la Planta de Generación Eléctrica de Río Bobo, en el Departamento del Nariño, el 20 de marzo de 2002, por paramilitares;
108. 107) Juan Bautista Cevallos, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Electricidad de Colombia (SINTRAELECOL), en la Planta de Generación Eléctrica de Río Bobo, en el Departamento del Nariño, el 20 de marzo de 2002, por paramilitares;
109. 108) Rafael Jaimes Torra, tesorero de la subdirectiva de Barrancabermeja, estaba acompañado por su sobrino de 16 años de edad, Germán Augusto Torres Martínez, quien también falleció, en Barrancabermeja, Departamento de Santander, el 20 de marzo de 2002;
110. 109) Ernesto Alfonso Giraldo Martínez, fiscal delegado de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDAS-CUT), fue baleado el 21 de marzo de 2002, quedando gravemente herido, el 22 de marzo, cuando era trasladado al Hospital San Vicente de Medellín fue sacado de la ambulancia y rematado por las FARC;
111. 110) Alfredo Zapata Herrera, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción - Seccional Santa Bárbara (SUTIMAC-CUT), fue secuestrado el 2 de abril y apareció muerto el 3 de abril en Santa Bárbara, el Sindicato se encuentra amenazado por los paramilitares;
112. 111) Oscar Alfonso Jurado, directivo del Sindicato de la Industria Química, seccional Yumbo, Departamento del Valle, el 8 de abril de 2002, por grupos de extrema derecha;
113. 112) Hernán de Jesús Ortiz, miembro de la junta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, el 12 de abril de 2002 en Celda, por paramilitares, y
114. 113) José Robeiro Pineda, ex directivo de SINTRAELECOL, el 12 de abril en Celda, por paramilitares.
     • Secuestros y Desapariciones
115. 1) Gilberto Torres Martínez, Secretario General de la subdirectiva única del Oleoducto de la Unión Sindical Obrera (USO), en el municipio de Monterrey por paramilitares el 25 de febrero de 2002, fue liberado el 7 de abril de 2002;
116. 2) Hugo Alberto Peña Camargo, presidente de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), detenido en el corregimiento de Caño Verde, Departamento de Arauca sin orden judicial el 13 de marzo de 2002;
117. 3) José Orlando Céspedes García, dirigente de la Asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR), fue secuestrado en la vía que conduce a Tame, Departamento de Arauca, el 23 de marzo de 2002;
118. 4) José Pérez, afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), en la Quebrada La Nata, Departamento de Casanare, el 25 de marzo de 2002, por paramilitares, y
119. 5) Hernando Silva, afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO), en la Quebrada La Nata, Departamento de Casanare, el 25 de marzo de 2002, por paramilitares.
     • Atentados
120. 1) Albeiro Forero, dirigente del Sindicato de Trabajadores del municipio de Cartago (SINTRAMUNICIPIO), el 13 de febrero de 2002 fue victima de un disparo por parte de un paramilitar. Ya había sido víctima de atentados, y
121. 2) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINTRAINAL), en el Departamento del Valle del Cauca, el 14 de febrero de 2002 se efectuó un tiroteo contra las instalaciones.
     • Amenazas
122. 1) Alexander López Amaya, candidato a la Cámara de Representantes, y ex presidente de SINTRAEMCALI, y
123. 2) Luis Hernández, presidente de SINTRAEMCALI.

C. Respuesta del Gobierno

1. 88. En sus comunicaciones de fechas 15 de marzo y 9 de abril de 2002, el Gobierno envía extensas informaciones donde reitera sus anteriores observaciones sobre las causas de la violencia, sus actores y su complejidad, sus esfuerzos para combatir este flagelo, la política de diálogo con los grupos insurgentes (y su reciente evolución con la suspensión del diálogo con las FARC y el avance en las conversaciones con el ELN), el programa de protección a testigos y personas amenazadas (que alcanza a un número muy elevado de sindicalistas), las medidas para luchar contra la impunidad, su política de respeto de los derechos humanos y el entramado institucional independiente para contribuir a la estabilidad política y al respeto de tales derechos humanos. La violencia y el conflicto armado son fenómenos en cuya solución pacífica debe insistirse.
2. 89. El Gobierno recuerda que el Estado ha sido agobiado por las dimensiones de una prolongada violencia generalizada que desde hace más de cuarenta años, se refleja con múltiples expresiones en su dinámica de desarrollo social y que hoy, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por encontrar un camino de paz, tomó proporciones dramáticas por su degradación progresiva.
3. 90. La nación colombiana es escenario de un grave conflicto armado de carácter interno, complicado además por la concurrencia de distintas formas de violencia, entre ellas, la del narcotráfico y la paramilitar, que han lesionado y menoscabado derechos fundamentales de numerosos sectores de la sociedad civil colombiana, a saber: empresarios, trabajadores, políticos, congresistas, miembros del Gobierno, la Iglesia: como los recientes casos del asesinato del Obispo de la ciudad de Cali Monseñor Isaías Duarte Cancino, del párroco de la localidad de Argentina, Departamento del Huila, Padre Juan Ramón Núñez, lo mismo que el recrudecimiento del terrorismo y asesinato en general de muchos colombianos: como los recientes casos de carros bomba y cargas explosivas en las ciudades de Villavicencio y Bogotá.
4. 91. Tal como queda evidenciado en el punto anterior, las acciones de violencia de distinto orden (asesinatos, secuestros, masacres, desapariciones forzadas, lesiones a la integridad física y otros atentados), contra los trabajadores pertenecientes a organizaciones sindicales, son una modalidad de las diferentes manifestaciones de la situación interna de violencia por la que atraviesa el país.
5. 92. Los autores de los actos de violencia contrarios al orden legal y a los derechos fundamentales son diversos, profesan ideologías distintas y poseen intereses políticos, sociales y económicos variados. Los medios utilizados para lograr sus objetivos se oponen al marco constitucional y legal del Estado colombiano, a los principios de humanidad y justicia, lo mismo que a las políticas institucionales de los gobiernos elegidos democráticamente en Colombia.
6. 93. La participación de los agentes del Estado dentro del conjunto de violaciones a los derechos fundamentales es excepcional y obra al margen de la política oficial. Se opone, además, a los deberes propios de sus cargos y es contraria a las instrucciones a ellos impartidas, así como también, a las políticas de Estado.
7. 94. El Gobierno reitera que en Colombia no existe una política gubernamental de persecución, ni contra los trabajadores y dirigentes sindicales, ni contra el movimiento sindical. La estructura del Estado colombiano, sus instituciones y mecanismos de control del poder público, hacen imposible que en el país exista y se ejecute una política de represión a los derechos y libertades de los ciudadanos. Los actos de violencia contra trabajadores y dirigentes sindicales son producto del complejo cuadro de violencia que vive el país, y respecto de los cuales el Estado ha venido tomando medidas significativas.
8. 95. Los responsables de las violaciones a los derechos fundamentales de la población colombiana, lo mismo que de las lesiones que en forma consecuencial ocasionan a otros derechos ciudadanos, incluidos los derechos de asociación y libertad sindical, son entre otros: a) los grupos armados de extrema derecha o de «justicia privada» que se autodenominan autodefensas o comúnmente llamados paramilitares; b) los grupos guerrilleros; c) los narcotraficantes, y d) en algunos casos agentes del Estado. El conflicto armado que vive el país está atizado por la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico y la delincuencia común.
9. 96. A pesar de la gran complejidad de la violencia colombiana, las instituciones estatales, con la Fiscalía a la cabeza, tienen la obligación ineludible de cumplir con la normativa constitucional, como quiera que sea ningún Estado puede preciarse de ser democrático y social si tolera la violación de los derechos fundamentales. Las estadísticas basadas en el número de investigaciones, entre 900 y 1.000, que adelanta la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación varían día tras día, porque día tras día aumenta la degradación del conflicto interno colombiano y porque es precisamente en desarrollo de un conflicto armado cuando más se producen situaciones vulneratorias de los derechos fundamentales.
10. 97. Las cifras que a continuación se presentan, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la Nación cubren desde julio de 1997 hasta febrero del año 2001. En ese lapso, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación profirió 533 resoluciones de acusación, 777 medidas de aseguramiento, 953 órdenes de captura y tenía vinculadas a las diferentes investigaciones a 1.475 personas. También durante ese período se produjeron 44 sentencias anticipadas.
11. 98. De las 777 medidas de aseguramiento, 404 fueron proferidas en contra de miembros de autodefensas, 99 contra la guerrilla, 95 contra civiles, 82 contra integrantes de la Policía Nacional, 74 contra miembros del Ejército, 10 contra personal de la Armada, 6 contra personas del Cuerpo Técnico de Investigación, 4 contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y 3 contra miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
12. 99. En cuanto a las 533 resoluciones de acusación, éstas se discriminan así: 253 a miembros de autodefensas, 93 a personal del Ejército, 68 a miembros de la guerrilla, 54 a policías, 44 a civiles, 12 a miembros del DAS, 5 a funcionarios del CTI y a 4 integrantes de la Armada Nacional.
13. 100. Con respecto a los 1.475 vinculados, tal cifra se distribuye de la siguiente forma: 659 miembros de autodefensas, 324 de la guerrilla, 164 civiles, 147 integrantes de la policía, 135 miembros del Ejército, 21 funcionarios del DAS, 12 personas de la Armada, 7 del CTI y 6 del INPEC.
14. 101. Los procesos por masacres y tomas guerrilleras constituyen uno de los aspectos más difíciles para los investigadores de la Unidad Nacional.
15. 102. Las amenazas que los investigadores pueden recibir en el curso de la averiguación, la dificultad para lograr que los testigos colaboren, la «ley del silencio» que impera en no pocas zonas del territorio nacional, y la nada sencilla tarea de individualizar y judicializar a los presuntos responsables de una incursión, bien sea de la guerrilla o de las autodefensas, confieren a tales procesos un alto grado de dificultad. Durante la administración del anterior Fiscal General, tuvo bajo su responsabilidad 93 investigaciones por masacres, cifra que comprende acciones guerrilleras, como toma de poblaciones y asalto a bases militares. Ese concepto también abarca las incursiones perpetradas contra la población civil por las autodefensas o paramilitares. La masacre se ha convertido durante los últimos años en una de las características de la degradación del conflicto interno colombiano.
16. 103. La muerte en estado de indefensión de gentes que habitan zonas disputadas por quienes intervienen en la contienda armada, no sólo pretende la extinción física de supuestos simpatizantes de uno u otro bando, sino que además busca generar miedo e incertidumbre entre los sobrevivientes, que se convierten en desplazados forzados, hecho condenado por la normativa humanitaria.
17. 104. La audacia en las investigaciones caracterizadas por el alto riesgo que genera la situación de violencia en el país, le costó la vida a 98 servidores de la Fiscalía General de la Nación que fueron asesinados entre 1996 y febrero de 2001. De otro lado, y no menos condenable, fue la situación vivida por 36 servidores de la Fiscalía General de la Nación quienes perdieron su libertad en el mismo período y de los cuales, ocho permanecen aún secuestrados.
18. 105. El Gobierno subraya por otra parte que en Colombia hay más de 2.500 sindicatos de empresa, industria, gremiales, y de oficios varios agrupados en 57 federaciones regionales o especializadas y de 3 confederaciones o centrales sindicales. Ello se expresa igualmente en la suscripción durante el año 2001 de 481 acuerdos colectivos, impactando a más de dos millones de trabajadores y en lo transcurrido del año 2002 se han suscrito 155 nuevos acuerdos laborales, en la mayoría de ellos con la mediación, el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Gobierno ha garantizado a todos los trabajadores, el derecho a la protesta social por lo que no se ha declarado ilegal ningún cese de actividades. El Gobierno confirma asimismo su voluntad, de no consentir ninguna actitud lesiva contra el movimiento sindical, venga de donde viniere, en los innumerables pronunciamientos emitidos a los hechos de violencia. El Ministerio de Trabajo ha condenado las amenazas, secuestros y asesinatos de dirigentes sindicales. El Gobierno señala como un hecho positivo la liberación del Sr. Gilberto Torres, el día 7 de abril de 2002, dirigente sindical de la Unión Sindical Obrera (USO), quien estaba en poder de grupos paramilitares.
19. 106. El Gobierno subraya la preocupación del Estado colombiano por el tema de la impunidad, en tal sentido, es negativo que no se logre judicializar ni capturar a la mayoría de los responsables de los crímenes de sindicalistas. Tales niveles de impunidad y de ineficiencia de la Justicia, también se presentan en la mayoría de las muertes violentas que suceden en Colombia, entre ellos las de empresarios, dirigentes políticos, sociales, periodistas, lo mismo que de la mayoría de las personas secuestradas en Colombia. El Gobierno manifiesta su deseo de que se establezca una relación más directa entre el Comité de Libertad Sindical, la Fiscalía General de la Nación y las Centrales Sindicales en Colombia con el nombramiento de delegados para conocer mucho más de cerca los esfuerzos del Gobierno en acabar con la impunidad y castigar a los responsables de los asesinatos y amenazas a sindicalistas, para ello invitó al Fiscal General de la Nación y al Procurador General de la Nación para que integren la delegación colombiana a la próxima reunión de Conferencia de la OIT y del Consejo de Administración, a fin de que se puedan establecer acciones conjuntas para frenar la impunidad.
20. 107. La Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación también tiene bajo su responsabilidad la investigación de aquellos hechos de violencia en contra de los dirigentes sindicales. La Fiscalía General de la Nación para posibilitar aún más la aplicación de las leyes y la administración de justicia creó 11 Unidades de Apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, conforme a la resolución núm. 0-1561 del 22 de octubre de 2001 (anexo 4).
21. 108. Por otra parte, la «Subcomisión de Unificación del Listado de Víctimas», conformada de manera temporal, por representantes de la Fiscalía General de la Nación; Defensoría del Pueblo; Vicepresidencia de la República; Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Oficina para la Defensa, Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, presentó en su momento un informe consolidado correspondiente a diez años (1991-2000) de víctimas de homicidios, con la observación de provisionalidad para la información correspondiente al año 2000. Por último, el Gobierno destaca la importancia de las distintas formas de cooperación de la OIT con especial mención del actual programa de cooperación técnica.
22. 109. A continuación se remiten las novedades dentro del proceso de verificación adelantado por el Grupo Interno para los Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con su correspondiente informe de seguimiento, presentado por la Fiscalía General de la Nación:
23. 1. Javier Suárez, Presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (A.C.C.): el homicidio se produjo el 5 de enero de 2000, en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. Radicado núm. 1147. El 30 de agosto de 2000 se profirió resolución de acusación contra una persona. El 7 de febrero de 2001 el Juzgado 2.º Penal del Circuito de Buenaventura absuelve al sindicado, la decisión fue apelada por la Fiscalía. Actualmente se encuentra en el Tribunal Superior de Buga, para la emisión de la decisión respectiva. Según consta en la Certificación expedida el 16 de junio de 2001 por la Directora de «Archivo Sindical» del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, «La Asociación de Camioneros de Colombia no aparece inscrita como organización sindical en el Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social».
24. 2. Germán Valderrama Soto, cuyo homicidio ocurrió en Florencia, Departamento del Caquetá, el 15 de enero de 2000. La Fiscalía General de la Nación informa: «bajo radicado núm. 5605. Fiscalía 6ª delegada ante el Juzgado Penal del Circuito. El 18 de enero de 2000 se avoca conocimiento y se dispone la práctica de algunas pruebas. El 9 de agosto de 2000 se suspende la investigación conforme al artículo 326 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por no existir mérito probatorio para iniciar investigación. Delincuencia común, hurto de motocicleta».
25. 3. Guillermo Adolfo Parra López, Homicidio acaecido el 24 de enero de 2000, en el municipio de Montebello, Departamento de Antioquia. Bajo radicado núm. 1288. Fiscalía de Santa Bárbara. El 1.º de febrero de 2000 se remitieron las investigaciones a la Fiscalía Especializada de Medellín. práctica de pruebas. Actualmente se encuentran vinculadas ocho personas con situación jurídica: dos con medida de aseguramiento y respecto de los seis restantes el Despacho se abstuvo de imponer medida de aseguramiento.
26. 4. Mauricio Vargas Pabón, homicidio ocurrido el 27 de enero de 2000, en Bogotá, bajo radicado núm. 41998. El proceso se encuentra en la Fiscalía 28 Seccional de Bogotá y luego pasó a la Unidad Especializada, Unidad 1.ª de Terrorismo. A la fecha no se ha establecido su pertenencia a organización sindical alguna.
27. 5. Jesús Orlando Crespo García, homicidio producido el 31 de enero de 2000, en el municipio de Bugalagrande, Departamento del Valle. Informe de las organizaciones no gubernamentales (ONG), de derechos humanos: Centro de Investigación Popular (CINEP), y Justicia y Paz: «paramilitares del Frente Calima de las AUC ejecutaron a las 17 h. 30, al presidente del Sindicato de Trabajadores de Bugalagrande e integrante del Comité de Solidaridad de la CUT», bajo radicado núm. 186. El proceso se encuentra en la Unidad de Fiscales Especializados. Se han recibido declaraciones de Jorge Humberto Crespo, entre otros. Por información del Programa de Protección a dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos del Ministerio del Interior, no se encontró solicitud alguna de protección para Jesús Orlando Crespo.
28. 6. Danilo Francisco Maestre Montero, Homicidio ocurrido el 2 de febrero de 2000 en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, radicado con el núm. 122175. Fiscal Seccional de la Unidad de Vida de Valledupar. Fiscalía 14 Especializada de Valledupar. La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación fue suspendida el 23 de agosto de 2000, en virtud del artículo 326 del Código de Procedimiento Penal.
29. 7. Marelvis Esther Solano, herida, según información suministrada por el CINEP, por persecución política el 12 de febrero de 2000, en Valledupar, Departamento del Cesar. Figura como Marelvis Maestre y se reporta como herida. El CINEP y Justicia y Paz informa: «Una mujer murió y cuatro más quedaron heridas, luego que fueran atacadas en su propia residencia, ubicada en..., barrio San Martín, con una bomba la cual contenía 25 kilos de dinamita. En la zona hay presencia de grupos paramilitares y guerrilleros». «Asesinato: María Canchana». «Herido (sic) por persecución política: Marelvis Maestre». La Fiscalía General de la Nación informa que se encuentra el caso bajo el radicado núm. 122327. Fiscalía 7 de la Unidad Especializada de Valledupar. Se encuentra en práctica de pruebas.
30. 8. Leominel Campo Núñez, su homicidio se produjo el 23 de marzo de 2000 en Apartadó, Departamento de Antioquia. El presidente de SINTRAINAGRO, comunicó el 29 de mayo de 2001, un listado de «... los compañeros que fueron asesinados y que hacían parte de esa organización», dentro del cual no figura el Sr. Campo Núñez, bajo radicado núm. 44056. La Fiscalía Especializada de Medellín, Mediante resolución de 11 de junio de 2001 ordenó la práctica de pruebas. Se libró orden de trabajo al CTI para poder establecer el posible móvil de autores de los hechos. La Fiscalía General de la Nación informa a la letra: «No hay ningún documento que indique que el occiso pertenecía a alguna organización sindical. Era hermano del ex Alcalde de la localidad Nelson Campo Núñez».
31. 9. Franklyn Moreno Torres, muerto en Apartadó, Departamento de Antioquia, el 23 de febrero de 2000. Según informe de SINTRAINAGRO, Franklyn Moreno Torres era afiliado a la organización sindical y figuran como presuntos asesinos grupos paramilitares. El proceso se encuentra en la Fiscalía Seccional de Apartadó, bajo el radicado núm. 6386, en las averiguaciones previas realizadas se imputa el hecho a un ex agente de Policía. Se libró orden de trabajo al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el 6 de marzo de 2000. En espera del informe respectivo.
32. 10. Fabio Santos Gaviria, su homicidio se produjo el 24 de febrero de 2000, en Medellín, Departamento de Antioquia. El CINEP y Justicia y Paz informan, respecto al hecho: «Un profesor de la facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional, Seccional Medellín, ... fue asesinado... cuando se encontraba con su novia en un establecimiento público». Según la Fuente «la novia venía siendo objeto de una extorsión por la suma de 200 millones de dólares. El día del hecho la dama recibió una llamada telefónica en la tarde, donde una persona le manifestó que le iba a matar a un ser que ella quería, lo que sucedió horas después».
33. 11. Anibal Zuluaga, fallecido en Medellín, Departamento de Antioquia, el 28 de febrero de 2000. El secretario general de SINTRALANDERS, en Medellín, el 21 de mayo de 2001, afirma: «... en el caso del fallecimiento de nuestro compañero y socio Anibal Zuluaga, su deceso fue un caso fortuito ya que fue un atraco al salir de una entidad crediticia...».
34. 12. Guillermo Molina Trujillo, su homicidio se produjo el 1.º de marzo de 2000 en el municipio de Yarumal, Departamento de Antioquia. La Escuela Nacional Sindical (ENS) y el CINEP, informan de su condición de dirigente sindical, sin precisar la organización a la cual pertenecía. El proceso se adelanta en la Fiscalía Especializada de Medellín. Está bajo radicado núm. 3637, y surte actualmente la etapa probatoria.
35. 13. Darío de Jesús Agudelo Bohórquez, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) informó que su homicidio se produjo en el municipio de Chigorodó, Departamento de Antioquia el 6 de marzo de 2000. El proceso se encuentra en la Fiscalía Especializada de Medellín, desde el 13 de marzo de 2000, bajo el radicado núm. 3595, en práctica de pruebas: a través de órdenes de trabajo con la unidad investigativa de policía judicial, mediante labores de inteligencia y con la recolección de prueba técnica, se verificará la información que se posee.
36. 14. Melva Muñoz López, homicidio acaecido en el municipio de Neira, Departamento de Caldas, el 7 de marzo del año 2000. Según el CINEP, «Paramilitares ejecutaron a la educadora Melva de 42 años... luego de sacarla de la escuela Juan José Neira, ubicada en el caserío La Cristalina. La educadora se encontraba con sus estudiantes, cuando los asesinos se la llevaron... y a 40 metros del centro educativo la ejecutaron». Agrega que los autores del hecho son «Paramilitares» y el cargo «profesional». En la «relación de profesores asesinados en el año 2000», elaborado por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) la educadora Melva Muñoz López no figura. Según la Fiscalía General de la Nación, se han recibido declaraciones de los familiares de la occisa y vecinos de la región donde ella laboraba como docente y donde se presentaron los hechos, sin que se tenga conocimiento cierto de los móviles y de la identidad de los agresores. No se encuentra establecido que perteneciera a ninguna organización sindical.
37. 15. Juan José Neira, en la «Relación de homicidios», correspondiente al año 2000, elaborada por la CUT, el Sr. Neira falleció el 9 de marzo del año 2000, en el municipio de Neira, Departamento de Caldas y se trataba de un afiliado a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), Seccional Manizales. En la verificación realizada, a los casos del año 2000, por el Grupo Interno para la Defensa, Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Trabajadores, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se pudo establecer que ASPU no cuenta con Seccional en el Departamento de Caldas. Debe precisarse que Juan José Neira, es el nombre de la escuela donde trabajaba Melva Muñoz López. Adicionalmente se recaudó información que en el acta de nacimiento del Sr. Juan José Neira, su nacimiento ocurrió en el año 1793; en consecuencia es evidente que la persona mencionada no tiene por qué estar relacionada en los alegatos del caso núm. 1787, en mención.
38. 16. Justiniano García, homicidio ocurrido el 11 de marzo de 2000, en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Se encuentra en la Fiscalía 39, Seccional de Vida radicado núm. 360435, quien determinó que no era sindicalista activo, por cuanto seis años antes de su muerte se había jubilado, según declaraciones de algunos de sus familiares.
39. 17. Iván Francisco Hoyos, fue herido el 15 de marzo de 2000 y falleció tres días después en la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolívar. El proceso se encuentra en la Fiscalía 5.ª Especializada, de la Seccional de Cartagena, radicado núm. 48531, en práctica de pruebas. Se han recepcionado documentos y se expidió orden de trabajo al Servicio de Inteligencia Judicial (SIJIN), al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para recaudar mayor información sobre el suceso.
40. 18. José Atanasio Fernández Quiñónez, Fiscalía Seccional de San Rafael, Departamento de Antioquia, radicado núm. 1302. La investigación se suspendió el 10 de octubre y fue archivada el 23 de octubre del año 2000. El presidente de la Junta Directiva Central del Sindicato de Trabajadores del Departamento de Antioquia (SINTROFAN), mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2001, informó que el Sr. Fernández Quiñónez, no hacía parte de la organización sindical.
41. 19. Margarita María Pulgarín Trujillo, homicidio ocurrido el 3 de abril de 2000 en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia. El CINEP informó que «Desconocidos que se movilizaban en una motocicleta... asesinaron de cuatro impactos de bala... a una fiscal, cuando esta salía de su residencia... se desempeñó como fiscal sin rostro y actualmente hacía parte de la Unidad de Terrorismo...». Se encuentra en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, radicado núm. 757, se profirió medida de aseguramiento contra dos personas ausentes. Se advierte por parte de la Fiscalía General de la Nación que no obra en el proceso constancia de que perteneciera a algún sindicato. Por ello, el Gobierno colombiano solicita la exclusión de la Sra. Pulgarín del caso en mención.
42. 20. Julio Cesar Betancourt, homicidio acaecido el 3 de abril de 2000, en el municipio de Yumbo, Departamento del Valle del Cauca, siendo afiliado al Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, según información de la CUT. El proceso se encuentra en la Fiscalía 157 de la Unidad Seccional de Yumbo, con radicado núm. 116491, que estableció que no existía vinculación con ninguna organización sindical. Por documento suscrito por 24 organizaciones sindicales y organizaciones sociales del Valle del Cauca, el 1.º de noviembre de 2000, donde figura el Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo (SINTRAYUMBO), que Julio César Betancourt no pertenecía a esa organización.
43. 21. Islem de Jesús Quintero, secuestrado el 6 de abril del año 2000 en la ciudad de Pereira, Departamento de Risaralda y encontrado muerto el día 7 de abril. Secretario General de la Asociación de Técnicos de Telefonía (ATT). El proceso se encuentra en la Fiscalía 8 Seccional de Vida, radicado núm. 827, la investigación se abrió el 12 abril 2000. Para el esclarecimiento de los hechos se conformó un grupo especial de acción, conjuntamente con investigadores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En la actualidad el proceso se encuentra en práctica de pruebas en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación complementa esta información en el sentido de no haber identificado los autores, la prueba aportada indica que al parecer su muerte no fue por motivos inherentes a la empresa, ni al sindicato, sino por cuestiones de orden personal. El Gobierno colombiano, con base en lo anterior solicita la exclusión del Sr. Quintero, del caso en mención.
44. 22. Alejandro Alvarez Isaza, homicidio ocurrido el 7 de abril de 2000, en el municipio de Argelia, Departamento de Antioquia, según informe de la CUT. Según esta misma fuente el Sr. Alvarez Isaza era afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Electrificadoras de Colombia (SINTRAELECOL). En el documento «Informe sobre violación de D.D.H.H.» suscrito por SINTRAELECOL Nacional, fechado mayo de 2001 no figura el nombre del Sr. Alejandro Alvarez, por tanto se solicita su exclusión del Caso en Instancia.
45. 23. Cesar Wilson Cortes, homicidio acaecido el 8 de abril de 2000, en el municipio de Trinidad, Departamento de Casanare. Era trabajador de la Empresa de Energía de Boyacá, afiliado a SINTRAELECOL. El proceso se encuentra en la Fiscalía Seccional de Paz de Ariporo, radicado núm. 354-18 y se encuentra en práctica de pruebas.
46. 24. Rómulo Gamboa, homicidio ocurrido el 8 de abril de 2000, cuando se encontraba realizando labores de reparación del circuito eléctrico en el municipio de Trinidad, Departamento de Casanare. El proceso se encuentra en la Fiscalía Seccional de Paz de Ariporo, radicado núm. 354-18 en la Fiscalía Seccional de Paz de Ariporo, conjuntamente con el DAS rural y se continúa en práctica de pruebas.
47. 25. José Antonio Yandú. Su deceso se produjo el 10 de abril de 2000, en San Roque, Departamento de Antioquia. La CUT, informó que el Sr. Yandú era afiliado a la Asociación de Venteros Ambulantes. El CINEP informó que: «Paramilitares desaparecieron a tres personas. El hecho sucedió luego que los paramilitares interceptaran en el corregimiento San José Nuestra Sra., un vehículo bus y tras identificar a las víctimas las bajaron del mismo para llevárselas con rumbo desconocido». Una de las personas fue José Antonio Yandú. La Fiscalía General de la Nación informó que se encuentra el proceso bajo radicado núm. 9246, se inició investigación de oficio, estableciéndose que no existía vinculación sindical y registró como móvil del homicidio, las «actividades políticas del pasado», para lo cual se recibieron varias declaraciones. Según certificación de la directora de Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación de Venteros Ambulantes de San Roque, Antioquia, no aparece inscrita como organización sindical.
48. 26. Gonzalo Serna, homicidio ocurrido el 10 de abril de 2000, en el municipio de San Roque, Departamento de Antioquia. La CUT informó que era afiliado a la Asociación de Venteros Ambulantes. El CINEP registra que: «Paramilitares desaparecieron a tres personas. El hecho sucedió luego que los paramilitares interceptaran en el corregimiento San José Nuestra Señora, un vehículo bus y tras identificar a las víctimas las bajaron del mismo para llevárselas con rumbo desconocido». Una de las víctimas fue el Sr. Gonzalo Serna. Según certificación de la directora de Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación de Venteros Ambulantes de San Roque, Antioquia, no aparece inscrita como organización sindical.
49. 27. James Antonio Pérez Chima, homicidio ocurrido el 17 de abril de 2000, en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba. La CUT informó que era afiliado a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU). El CINEP y Justicia y Paz comunicaron que su homicidio se produjo el 10 de abril de 2000 y que «miembros de un grupo armado... asesinaron de tres impactos de bala... al Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba...», bajo radicado núm. 7718. La Fiscalía ordena practicar algunas diligencias y escuchar varios testimonios. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios informó mediante escrito, donde figuran las víctimas de violaciones de derechos humanos pertenecientes a su organización, no aparece el Sr. Pérez Chima.
50. 28. Jesús María Cuellar, homicidio ocurrido el 13 de abril de 2000, en la ciudad de Florencia, Departamento de Caquetá. La CUT informó que era afiliado a la Asociación de Institutores del Caquetá (AICA – FECODE). El proceso se encuentra en la Fiscalía 4 Seccional de Florencia, radicado núm. 7718, con investigación de oficio. Según informe del DAS el occiso se dedicaba al sicariato y extorsión. Se suspendió la investigación el 20 de marzo de 2001. La Federación Colombiana de Educadores (FECODE), elaboró un documento llamado: «Lista de profesores asesinados en el año 2000», en el cual no figura el nombre de Jesús María Cuellar.
51. 29. Juan Cástulo Jiménez Gutiérrez, Homicidio ocurrido el 23 de abril de 2000, en el Corregimiento de Mesopotamia, municipio de la Unión, Departamento de Antioquia, según la organización querellante. La CUT informó que era afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADID-FECODE). El CINEP y Justicia y Paz informó que: «paramilitares de las AUC ejecutaron a cinco personas y causaron heridas a dos más... en el Corregimiento de Mesopotamia y dispararon contra un grupo de personas que se encontraban en un depósito de papas...». Agrega que los hechos sucedieron en el municipio de la Unión, Departamento del Valle del Cauca, y registra como una de las víctimas a Juan Cástulo Jiménez Gutiérrez, radicado núm. 2438. La subunidad informa que no se encontró radicada en la Fiscalía 23 Seccional La Unión, lugar donde posiblemente ocurrieron los hechos. FECODE en la «Lista de profesores asesinados en el año 2000» no se encuentra registrado al Sr. Jiménez, como una de las víctimas de homicidio.
52. 30. Aníbal Pemberty, homicidio ocurrido el 27 de abril de 2000 en el municipio de Puerto Nare, Departamento de Antioquia. La CUT informó que era afiliado al Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción (SUTIMAC). En un documento elaborado por SUTIMAC sobre «Violación de los Derechos Sindicales», en donde se relacionan violaciones desde agosto de 1986 hasta el 24 de marzo de 2001, no figura Aníbal Pemberty, bajo radicado núm. 361198. La Fiscalía Seccional de Puerto Nare, informa que la Empresa Cementos Nare, no reporta al Sr. Aníbal Pemberty dentro de sus trabajadores. No obra en el expediente constancia que acredite su pertenencia a un sindicato.
53. 31. Esneda de las Mercedes Monsalve Holguin, homicidio ocurrido el 27 de abril del año 2000, en el municipio de Uramita, Departamento de Antioquia. La CUT informó que no es afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA-FECODE), bajo radicado núm. 809. Se suspendió el 6 de diciembre de 2000 y se ordenó su archivo, artículo 326 C.P.P. La FGN señala que «no se sabe si pertenecía a alguna agremiación sindical. Presuntos implicados E.L.N.». En la «Lista de profesores asesinados en el año 2000», elaborada por la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), no figura como víctima de homicidio la Sra. Monsalve Holguín.
54. 32. Humberto Guerrero Porras, homicidio ocurrido el 27 de abril de 2000, en la ciudad de Barrancabermeja, Departamento de Santander, según informe de la Unión Sindical Obrera USO. La Fiscalía 9.ª recepcionó testimonios. Se inició investigación el 27 de abril de 2000 bajo el radicado núm. 19103. El Cuerpo Técnico de Investigación, adelanta el proceso investigativo, el cual se encuentra en la etapa preliminar y de práctica de pruebas.
55. 33. Milton Cañas Rojas, homicidio ocurrido el 27 de abril del año 2000, en el municipio de Yondó, Departamento de Antioquia, siendo activista de la Unión Sindical Obrera USO. El proceso se encuentra en la Fiscalía 4 de Barrancabermeja, radicado núm. 19104. Se encuentra en práctica de pruebas.
56. 34. Yimi Alexander Hincapié Acevedo, homicidio ocurrido el 27 de abril de 2000, en el municipio de Puerto Nare, Departamento de Antioquia. La CUT informó que es afiliado a SUTIMAC, Puerto Nare. El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción (SUTIMAC), en el documento «Violación a los derechos sindicales», donde se relacionan estas violaciones, en el período de agosto de 1996 a 24 de marzo de 2001, no figura. El proceso se encuentra en la Fiscalía, Seccional de Puerto Nare, bajo radicado núm. 361198, que en indagaciones con la empresa Cementos Nare pudo constatar que el Sr. Hincapié Acevedo no fue trabajador de la misma.
57. 35. Gloria Nubia Uran Lezcano, homicidio ocurrido el 3 de mayo de 2000, en la vereda San Antonio del municipio de Betulia del Departamento de Antioquia. La CUT informó que era afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA – FECODE), bajo radicado núm. 1526. El proceso se encuentra en la Subunidad Investigativa por competencia especial. En la «Lista de profesores asesinados en el año 2000», documento elaborado por la Federación Colombiana de Educadores, no aparece registrada Gloria Nubia Uran Lezcano, por tanto no pertenecía a organización sindical alguna y se solicita la exclusión de la Sra. Uran del caso en instancia.
58. 36. Ramiro de Jesús Zapata, homicidio ocurrido el 3 de mayo de 2000, en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia. Activista de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). El proceso se encuentra en la Fiscalía General de la Nación, radicado núm. 782, en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Mediante resolución de 1.º de junio de 2001 se ordenó la práctica de algunas pruebas.
59. 37. Carmen Emilia Rivas, homicidio ocurrido el 17 de mayo de 2000, en la ciudad de Cartago, Departamento del Valle del Cauca. Presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de Clínicas, Hospitales y Consultorios (ANTHOC). El proceso se encuentra en la Fiscalía, Seccional de Cartago, radicado núm. 20793, abierto el 19 de mayo de 2000, en investigación del Cuerpo Técnico de Investigaciones. Se han practicado gran número de pruebas y diligencias con el fin de esclarecer el hecho y hasta el momento se desconocen los móviles y agresores.
60. 38. Omar Darío Arias Salazar, homicidio ocurrido el 21 de mayo de 2000, en la ciudad de Bugalagrande, Departamento del Valle del Cauca. La CUT informó que era afiliado a SINALTRAINAL, Seccional Bugalagrande. «El 21 de mayo del presente año fue desaparecido Omar Darío Arias Salazar, ex dirigente sindical del SINALTRAINAL, Bugalagrande, siendo encontrado el día 26 de mayo de 2000, ahogado. A la fecha no se descarta la posibilidad de un homicidio político, teniendo en cuenta su actividad en el Comité de Solidaridad de la CUT Valle, en la junta departamental y otros espacios comunitarios del municipio...». Documento suscrito por 24 sindicatos y organizaciones sociales del Valle del Cauca, el 1.º de noviembre de 2000, dentro de ellos figura SINALTRAINAL, Bugalagrande. La investigación la adelanta la Fiscalía, Seccional Tuluá bajo el radicado núm. 936. Mediante resolución núm. 287 de 18 de diciembre de 2000. En ella ya se profirió resolución inhibitoria.
61. 39. Nelson Arturo Romero Romero, homicidio ocurrido el 1.º de junio de 2000, en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta. Dirigente de la Asociación de Educadores del Meta (ADEM-FECODE). El proceso se encuentra en la Fiscalía 10.ª Seccional, radicado núm. 22343, en práctica de pruebas.
62. 40. Abel María Sánchez Salazar, homicidio ocurrido el 2 de junio de 2000, en la ciudad de Florencia, Departamento del Caquetá. Docente de la Federación Colombiana de Educadores. El proceso se encuentra en la Fiscalía 6.ª delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Florencia, bajo radicado núm. 8829, se encuentra en práctica de pruebas.
63. 41. Luis Hernán Campano Guzmán, debe precisarse al Comité que el Sr. Campano, no se encuentra muerto como lo asevera la organización querellante. Resultó herido en el atentado cometido contra su compañero Abel María Salazar, en hechos ocurridos en un establecimiento público, en horas de la madrugada, del día 2 de junio de 2000, bajo radicado núm. 8829. El 6 de junio de 2000 se avoca conocimiento y se dispone la práctica de pruebas. La Fiscalía ha recaudado varias declaraciones tendientes a obtener información sobre los autores de los ilícitos investigados. Según la Fiscalía General de la Nación, no se encuentra establecido que perteneciera a algún sindicato.
64. 42. José Arístides Velásquez Hernández, homicidio ocurrido el 11 de junio de 2000, en el municipio de ANSA, Departamento de Antioquia. Afiliado de SINTRAMUNICIPIO, según información de la CUT. El CINEP y Justicia y Paz, informó: «paramilitares de las AUC ejecutaron a tres personas en el Corregimiento de Guintar y ordenaron a todos sus habitantes abandonar cuanto antes la población». Una de las víctimas de las autodefensas fue el Sr. José Arístides Velásquez Hernández, quien se desempeñaba como campesino en el Corregimiento de Guintar, municipio de Anzá.
65. 43. Candelaria Florez, homicidio ocurrido el 17 de junio de 2000, en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba. Esposa del docente Alberto Ruiz Guerra, afiliado al Sindicato de Educadores de Córdoba (ADEMACOR-FECODE). El proceso se encuentra en la Unidad 17 de Reacción inmediata de Montería, bajo radicado núm. 12926, en práctica de pruebas.
66. 44. Robert Cañarte Montealegre, homicidio ocurrido el 29 de junio de 2000, en la ciudad de Bugalagrande, Departamento del Valle del Cauca. El proceso se encuentra en la Fiscalía 4.ª Especializada de Buga, en práctica de pruebas, bajo radicado núm. 391082. En el proceso hay testimonios, retratos hablados y se están valorando las pruebas para vincular a los presuntos responsables. Se unificaron los procesos por amenazas y homicidio.
67. 45. Basislides Quiroga, homicidio ocurrido el 2 de julio de 2000, en la ciudad de Bugalagrande, Departamento del Valle del Cauca. La CUT informó que era afiliado al Sindicato de Trabajadores del municipio de Bugalagrande, Valle del Cauca. La CUT agrega que: «El 1.º de julio de 2000 el líder campesino y desplazado del corregimiento de Galicia Basislides Quiroga fue sacado a las 7:30 p.m. de la casa campesina Ubicada a dos cuadras del comando de la policía, por hombres fuertemente armados y encontrado asesinado el día 2 de julio del presente año» Documento «Medidas de protección y situación de los Derechos Humanos en el Valle del Cauca», suscrito por más de 20 organizaciones sindicales y sociales del Valle del Cauca, fechado en Cali el 1.º de noviembre de 2000. El proceso se encuentra en la Fiscalía Seccional de Cali, radicado núm. 395570. Vinculado Eduardo Antonio Salgado Pérez.
68. 46. Miguel Angel Barreto Racine, homicidio ocurrido el 2 de agosto de 2000, en el municipio de Ovejas, Departamento de Sucre. Según la CUT pertenecía a la Asociación de Educadores de Sucre (ADES – FECODE). El proceso se encuentra en la Fiscalía 7.ª, Seccional Sincelejo, radicado núm. 10517 Suspendido con resolución de 4 de junio de 2001. En el documento «Lista de profesores asesinados en el año 2000» de FECODE no aparece registrado el Sr. Barreto.
69. 47. Vicente Romaña, homicidio el 5 de agosto de 2000, en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia. Delegado oficial de FECODE. El proceso se encuentra en la Fiscalía 128, Seccional Medellín, radicado núm. 371419. Se solicitó a la Fiscalía 128 Seccional la investigación para ser allegada a la Subunidad Investigativa por Competencia Especial.
70. 48. Cruz Orlando Benítez Hernández, homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2000, en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia. Afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA – FECODE). El proceso se encuentra en la Fiscalía 125, Seccional de Medellín, radicado núm. 402080, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación la investigación para ser allegada a la Subunidad Investigativa por competencia especial.
71. 49. Rubén Darío Guerrero Cuentas, homicidio ocurrido el 20 de agosto de 2000, en el municipio de Guacamaya, Departamento del Magdalena. La CUT informó que era directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales SINTRADIAN, Seccional Barranquilla. El CINEP y Justicia y Paz. informó: «El funcionario de la DIAN fue asesinado... en hechos registrados presuntamente a las 7:00 de la noche. «... era abogado y hasta el año anterior había ocupado el cargo de fiscal en el Sindicato de Trabajadores de la DIAN»: radicado núm. 18690. La investigación la adelanta la Fiscalía 3.ª Especializada y se encuentra en práctica de pruebas.
72. 50. Sergio Uribe Zuluaga, homicidio ocurrido el 25 de agosto de 2000, en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia. El proceso se adelanta en la Fiscalía 125 Seccional de Medellín. Se solicitó la investigación para ser allegada a la Subunidad Investigativa por competencia especial.
73. 51. Moisés Sanjuán López, homicidio ocurrido el 29 de agosto de 2001, en la ciudad de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander. La Revista Súper Subsidio Familiar, año 6, núm. 68, de agosto de 2000, en un artículo dedicado a Moisés Sanjuán señaló: «El Viceministro de Trabajo y Seguridad Social... deploró el vil asesinato del director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander... su trayectoria fue reconocida por el Consejo Directivo en 1991 al designarlo como Director Administrativo...», bajo radicado núm. 24906.
74. 52. Alejandro Vélez Jaramillo, homicidio ocurrido el 30 de agosto de 2000, en el municipio de Turbo, Departamento de Antioquia. Según la CUT pertenecía a la Asociación de Trabajadores de la Rama Judicial ASONAL JUDICIAL. Un documento de la Secretaría Nacional de ASONAL Judicial, el 11 de mayo de 2001, señaló: «... El Sr. Alejandro Vélez Jaramillo, no aparece inscrito en los registros de ASONAL Judicial...».
75. 53. Argemiro Albor Torregrosa, asesinado el 5 de septiembre de 2000, en el municipio de Piojó, Departamento del Atlántico. Afiliado al Sindicato Campesino de Galana, según informa la Central Unitaria, bajo radicado núm. 3941. Se suspendió el día 23 de abril de 2001. El CINEP y Justicia y Paz: «Hombres armados que se movilizaban en una motocicleta color rojo, dieron muerte de dos impactos de bala a un candidato al Concejo de Piojó (Atlántico), miembro de la Asociación de Campesinos de Galapa (Atlántico) y de la Federación Nacional de Campesinos, FANAC (sic)».
76. 54. Hugo Alfonso Iguaran Cotes, homicidio ocurrido el 11 de septiembre de 2000, en la ciudad de Montería, del Departamento de Córdoba. Afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Universidad de Colombia Sintraunicol – Seccional Córdoba, según informa la CUT. Según la Asociación de Profesores Universitarios fue «... Asesinado el 10 de septiembre de 2000, Ex directivo de ASPU Córdoba, socio activo».
77. 55. Efraín Becerra, asesinado el 12 de septiembre de 2000, en Bogotá, Departamento de Cundinamarca. Afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Universidad de Colombia SINTRAUNICOL, Seccional Córdoba, según informa la CUT. El Sr. Efraín Becerra no figura en el documento «Reseña de las acciones de violencia contra SINTRAUNICOL», elaborado por SINTRAUNICOL en marzo de 2001, radicado núm. 50324. Se encuentra en práctica de pruebas.
78. 56. Omar de Jesús Noguera, asesinado el 24 de septiembre de 2000, en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Afiliado al Sindicato de las Empresas Municipales de Cali SINTRAEMCALI, radicado núm. 390310 de la Fiscalía 19 de la Unidad de Vida Cali. Se encuentra en práctica de pruebas.
79. 57. Reynaldo Acosta Celemin, Homicidios ocurrido el 3 de octubre de 2000, en la ciudad de Buga, del Departamento del Valle del Cauca. Vicepresidente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia-Seccional Valle del Cauca, según informa la Central Unitaria. El CINEP y Justicia y Paz informa que: «hombres armados dieron muerte... a un ex trabajador de las Empresas Municipales de Buga, el hecho se presentó en... hacia las 13 h. 00».
80. 58. Alfredo Castro Haydar, homicidio acaecido el 5 de octubre de 2000, en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico. Afiliado a la Asociación de Profesores Universitarios ASPU – Seccional Atlántico, según informa la Central Unitaria. «Alfredo Castro Haydar, asesinado el 5 de octubre de 2000, ex tesorero de ASPU ATLÁNTICO, ex vicerrector académico de la Universidad del Atlántico»: ASPU Nacional, radicado núm. 946. La Fiscalía General de la Nación informa que mediante resolución de 10 de septiembre de 2001 se cerró parcialmente la investigación, en contra de Oscar Guillermo Rodríguez Herrera, se encuentra en proceso de notificación. En el momento de ser víctima del ataque que le costó la vida, no tenía vínculos con la organización sindical a la que perteneció según consta en la información de ASPU.
81. 59. María Nelcy Mora Hincapié, homicidio ocurrido el 23 de octubre de 2000, en el municipio de Copacabana, Departamento de Antioquia. Afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA-FECODE, radicado núm. 457155 de la Fiscalía Especializada, Subunidad de Sindicalistas de Medellín. Se encuentra en práctica de pruebas. El Cuerpo Técnico de Investigación, tiene misión de trabajo para identificar a los responsables.
82. 60. Hernan Betancourt, homicidio acaecido el 15 de diciembre del año 2000, en la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca. Afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de las Universidad de Colombia – SINTRAUNICOL, Seccional Valle, según informa la CUT. Hernán Betancourt no figura en el documento «Reseña de las acciones de violencia contra SINTRAUNICOL» elaborado por el Sindicato en marzo de 2001. Una vez se obtenga nueva información sobre el estado de los procesos penales, se procederá a remitirla a esa organización.
83. 61. Luis Arcadio Ríos Muñoz, homicidio ocurrido el 27 de marzo de 2000, en el municipio de San Carlos, Departamento de Antioquia. Afiliado al Sindicato de la Industria de las Electrificadoras de Colombia, SINTRAELECOL, según informe escrito de la misma organización sindical, bajo radicado núm. 1304. La Fiscalía General de la Nación informó que en octubre de 2000 se suspenden las diligencias y el 23 de octubre del mismo año se ordenó su archivo. Unidad Seccional de San Rafael, Departamento de Antioquia.
84. 62. Oscar Darío Zapata Muñoz. Homicidio ocurrido el 8 de abril de 2000 en el municipio de Girardota, Departamento de Antioquia, era activista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Hilados, Textiles y Confecciones SINALTRADIHITEXCO, según informe escrito del CINEP y Justicia y Paz. FGN: bajo radicado núm. 2536. El 6 de marzo de 2001 se suspenden las diligencias y el 20 de marzo de 2001 fueron archivadas.
85. 63. Pedro Amado Manjarres, homicidio ocurrido el 29 de mayo de 2000, en el municipio de Fonseca, Departamento de la Guajira, afiliado a la Federación Colombiana de Educadores FECODE. FISCALIA: RAD: 587. Investigación en etapa preliminar y práctica de pruebas. El proceso se adelanta en su fase investigativa en la Fiscalía 003 de San Juan del César Riohacha.
86. 64. Luis Mesa Almanza, homicidio acaecido en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico el 26 de agosto de 2000. La Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, en documento suscrito por el Tesorero Nacional de fecha 30 de mayo de 2001, se refiere al Sr. Meza como: «El ex representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, ex representante estudiantil ante el CESU y ex secretario general de la Universidad del Atlántico, destacado líder estudiantil que renunció a la administración por discrepancias con la política administrativa», bajo radicado núm. 962. Mediante resolución del 3 de agosto de 2001 se declararon personas ausentes a Eduardo Enrique Vengoechea Mola y Mario Alberto Silva Vargas. Pendiente resolver situación jurídica. El 16 de agosto de 2001 se recepcionó un testimonio. Sin embargo, no se encuentra establecido que perteneciera a algún sindicato.
87. 65. Bayron de Jesús Velásquez Durango, homicidio ocurrido el 10 de abril de 2000, en el municipio de San Roque, Departamento de Antioquia. En el mismo hecho fueron muertos José Antonio Yandú y Gonzalo Serna, que de acuerdo al informe de la CUT, se registran como afiliados a la «Asociación de Venteros Ambulantes». El CINEP registra que: «paramilitares desaparecieron a tres personas. El hecho sucedió luego que los paramilitares interceptaran en el corregimiento San José Nuestra Señora, un vehículo bus y tras identificar a las víctimas las bajaron del mismo para llevárselas con rumbo desconocido». Una de las víctimas fue el Sr. Bayron de Jesús Velásquez Durango. Según certificación de la directora del Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Asociación de Venteros Ambulantes de San Roque Antioquia, no aparece inscrita como organización sindical.
88. 66. Luis Alfonso Páez Molina, su homicidio se produjo el 1.º de febrero de 1997 en el municipio de Turbo Antioquia; figura como afiliado a SINTRAINAGRO. Es de anotar que en el párrafo «Actos de violencia contra dirigentes sindicales» referidos al año 2000, del Informe núm. 327 del Comité de Libertad Sindical, está registrado que el homicidio del Sr. Páez Molina ocurrió el 12 de agosto de 2000.
89. 67. Gustavo Enrique Gómez Gómez, homicidio ocurrido el 9 de mayo del año 2000, en el municipio de Maceo, Departamento de Antioquia. Afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA-FECODE) bajo radicado núm. 1496. La investigación la adelanta la Subunidad Investigativa por competencia especial y se encuentra actualmente en práctica de pruebas.
90. 68. Luis Rodrigo Restrepo Gómez, homicidio acaecido en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, el 8 de febrero del año 2000. Afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA-FECODE. El proceso se adelanta bajo el radicado núm. 1755 que se encuentra en etapa preliminar y en práctica de pruebas, en la Fiscalía Especializada de Medellín.
91. 69. Lázaro Gil Alvarez, homicidio ocurrido el 29 de septiembre del año 2000, en el municipio de San Francisco, Departamento de Antioquia. Afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia – ADIDA-FECODE, bajo radicado núm. 2452. La investigación la adelanta la Subunidad Investigativa del Comité Especial y se encuentra actualmente en práctica de pruebas.
92. 70. Bernardo Vergara Vergara, homicidio ocurrido en la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia. Afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia –ADIDA-FECODE. El proceso se encuentra bajo radicado núm. 398184, cuya investigación está siendo adelantada por la Fiscalía Especializada de Medellín.
93. 71. Elizabeth Cañas Cano, homicidio ocurrido el 11 de julio del año 2000, en el municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que «Por información que da a conocer ASFADDES – Seccional Barrancabermeja las Brigadas de Paz, así como los medios de información periodística, el 11 de julio de 2000, hacia las 13:00 horas, dos presuntos paramilitares… asesinarían con 3 impactos… a la Sra. Elizabeth Cañas era socia activa de ASFADDES- Seccional Barrancabermeja y participaba en reuniones y actividades de esta institución…». La Sra. Elizabeth Cañas no pertenecía a una organización sindical, sino a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – ASFADDES.
94. 72. Alexander Mauricio Marín Salazar, homicidio ocurrido en el municipio de Envigado, Departamento de Antioquia, el 12 de abril de 2000. Según documento suscrito, el 16 de mayo de 2001, por el presidente de la Junta Directiva Central del Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los municipios del Departamento de Antioquia – SINTRAOFAN «desde el año 2000 hasta la fecha han sido asesinados dos miembros de nuestra organización Sindical – SINTRAOFAN, los cuales son: José Gildardo Uribe García… y el 10 de enero del presente año… Edgar Orlando Marulanda Ríos…». La fuente no incluye al Sr. Alexander Marín dentro de los afiliados a SINTRAOFAN que murieron en forma violenta durante el año 2000.
95. 73. José Gildardo Uribe García, homicidio ocurrido el 12 de junio de 2000, en el municipio de Vegachí, Departamento de Antioquia. Afiliado al Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de los Municipios del Departamento de Antioquia (SINTRAOFAN). El proceso se adelanta bajo el radicado núm. 363378, en la subunidad investigativa caso sindicalistas. Mediante resolución de 30 de agosto de 2001, la subunidad investigativa ordenó incorporar la investigación por este homicidio a la preliminar 363378.
96. 74. Francy Uran Molina, homicidio ocurrido en el municipio de Caicedo, Departamento de Antioquia. La Fiscalía General de la Nación, informa que: «La subunidad investigativa especial caso sindicalistas no encontró anotación alguna, oficiará a la Fiscalía Seccional de Urrao, y si allí existe investigación se solicitará la remisión a la subunidad por competencia especial».
97. 75. Francisco Espadil Medina, su homicidio ocurrió en el municipio de Turbo, Departamento de Antioquia, el 7 de septiembre del año 2000. La Fiscalía General de la Nación, señala que: «La subunidad investigativa especial caso sindicalistas no encontró anotación alguna, oficiará a la Fiscalía Seccional de Turbo, y si allí existe investigación se solicitará la remisión a la subunidad por competencia especial.
98. 76. Héctor Acuña, homicidio ocurrido el 12 de junio del año 2000, en el municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander. Presidente de la Unión de Trabajadores Motoristas (UNIMOTOR). La investigación la adelantaba la Fiscalía Seccional de Barrancabermeja bajo el radicado núm. 19645 y fue suspendida el 22 de diciembre de 2000.
99. 77. Gil Bernardo Rojas Olachica, su homicidio se produjo el 2 de septiembre de 2000, en el municipio de Barrancabermeja, Departamento de Santander. Afiliado al Sindicato de Educadores de Santander (SES). La Fiscalía Especializada de Barrancabermeja adelanta la investigación bajo el radicado núm. 93796 y se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas.
100. 78. Jairo Herrera, homicidio ocurrido en el municipio de Puerto Wilches, Departamento de Santander, el 15 de septiembre del año 2000. La Fiscalía General de la Nación, informa que: «La Subunidad Investigativa de Sindicalistas de Bucaramanga, ha oficiado a las respectivas registradurías, a fin de solicitar el registro de defunción de la víctima».
101. 79. Candelario Zambrano, homicidio ocurrido el 15 de septiembre del año 2000 en el municipio de Puerto Wilches, Departamento de Santander, bajo radicado núm. 22283 en la Fiscalía Seccional de Barrancabermeja. El día 24 de agosto de 2001 se profirió resolución inhibitoria.
102. 80. Alejandro Tarazona, su homicidio ocurrió el 26 de septiembre del año 2000, en la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander. Afiliado al Sindicato de Trabajadores del municipio de Bucaramanga (SINTRAMUNICIPIO). La investigación la adelanta el Fiscal Seccional Unidad de Vida bajo el radicado núm. 93169 y se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas.
103. 81. Humberto Peña Riaño, homicidio ocurrido el 28 de septiembre del año 2000, en el municipio de Florencia, Departamento de Caquetá. El Cinep informa que: «Hombres armados asesinaron de varios impactos de bala en la vereda El Pará, a una persona. En la zona hay presencia de grupos paramilitares y guerrilleros». Radicado núm. 10921. La investigación la adelanta la Fiscalía Tercera Especializada y se encuentra en práctica de pruebas.
104. 82. Edgar Arturo Burgos Ibarra, Su homicidio ocurrió el 13 de noviembre del año 2000 en la vía que conduce de la ciudad de Pasto al municipio de Linares en el Departamento de Nariño, radicado núm. 27094. La investigación la adelanta el Fiscal Cuarto Seccional de Pasto. Se han practicado pruebas sin que hasta la fecha se logre la identificación de los autores del homicidio.
105. 83. Hernando Cuartas Agudelo, homicidio ocurrido el 1.º de septiembre de 2000, en el municipio de Dos Quebradas, Departamento de Risaralda. Afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), radicado núm. 5323. Fiscalía Seccional Dos Quebradas. Resolución de 16 de mayo de 2001 se ordenó la suspensión de la investigación.
106. 84. Clovis Florez, su homicidio ocurrió el 15 de septiembre del año 2000, en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba. Presidente de la Organización Campesina AGROCOSTA Seccional Córdoba. Según consta en la certificación expedida el 3 de abril de 2002 por la directora de «Archivo Sindical» del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la Organización Campesina Agrocosta Seccional Córdoba no aparece inscrita como organización sindical en el Archivo Sindical del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
107. 110. El Gobierno colombiano reitera su plena disposición de contribuir para que la violencia generalizada que azota al país, se reduzca y continuará brindando la protección a los integrantes de organizaciones sindicales que la requieran, de igual manera solicito al Comité de Libertad Sindical que previa la cotejación de este listado con el que tienen las organizaciones sindicales, este organismo proceda a determinar cuáles casos no corresponden estrictamente a dirigentes y activistas sindicales.
108. 111. La información que a continuación se relaciona, corresponde a las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación. La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya está adelantando el proceso de verificación del Listado 2001, como quiera que éste debe corresponder a una labor interinstitucional a fin de lograr establecer con certeza lo relacionado a los datos de cada una de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En ese mismo propósito se ofició a la Fiscalía General de la Nación el jueves 4 de abril de 2002 con el objeto de establecer la condición de afiliados, dirigentes o activistas de la Asociación Nacional de la Rama Jurisdiccional (ASONAL JUDICIAL), de los Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) o fiscales, víctimas de homicidio en el año 2001 y 2002. Hasta la fecha hemos podido constatar información preliminar en los siguientes casos:
109. 85. Valmore Locarno, homicidio ocurrido el 12 de marzo de 2001, en la ciudad de Valledupar, Departamento del César. Presidente del Sindicato de trabajadores de la Empresa DRUMOND, bajo radicado núm. 996. El proceso se encuentra en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación en la etapa probatoria. Mediante resolución de 14 de mayo y 27 de agosto de 2001 se ordenó la práctica de diligencias con el fin de establecer el móvil del homicidio.
110. 86. Ricardo Luis Orozco Serrano, homicidio acaecido el 2 de abril de 2001 en el municipio de Soledad, Departamento del Atlántico. vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Similares (ANTHOC), Seccional Atlántico, bajo radicado núm. 1009. El proceso se encuentra en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, en preliminares. La Fiscalía General de la Nación, mediante escrito informa, como «Ultimas Actuaciones»: «Práctica de pruebas. Solicitud ANTHOC ubicación testigos y familiares. Mediante resolución de 31 de agosto de 2001 se ordenó practicar algunas diligencias».
111. 87. Lisandro Vargas Zapata, homicidio ocurrido en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico el 23 de febrero de 2001. Docente de la Universidad del Atlántico. El proceso se encuentra en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, en su etapa preliminar, bajo radicado núm. 1017. La Fiscalía General de la Nación mediante escrito informa. «Práctica de pruebas. Mediante resolución de 4 de septiembre de 2001 se ordenó al DAS remitir resultados de la comisión impartida el 11 de julio de 2001».
112. 88. María del Rosario Silva Ríos, homicidio ocurrido el 28 de julio de 2001 en la ciudad de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander. Fiscal Especializada de Cúcuta. Se encuentra bajo el radicado núm. 1074 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y dentro de las últimas actuaciones la FGN informa la práctica de pruebas.
113. 89. Jairo Valbuena, homicidio ocurrido en la ciudad de Buga, Departamento del Valle del Cauca, el 10 de octubre de 2001. Al parecer de acuerdo a información escrita proveniente de la Fiscalía General, su deceso se produjo en medio de una masacre. El caso se encuentra en la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la ciudad de Cali. Pendiente de Radicado. El proceso se encuentra en práctica de pruebas.
114. 90. César Daniel Rivera Riveros, homicidio acaecido en la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, el 3 de febrero de 2001, profesor de la Universidad del Atlántico, bajo radicado núm. 88912 de la Fiscalía 1 Seccional. Unidad de Reacción Inmediata (URI). Se encuentra el proceso en práctica de pruebas.
115. 91. Manuel Enrique Charris Ariza, homicidio ocurrido en el municipio de Soledad, Departamento del Atlántico, el 11 de junio de 2001. Afiliado a SINTRAMIENERGETICA. El proceso se encuentra en la Fiscalía 37 Seccional, bajo radicado núm. 97529, en práctica de pruebas.
116. 92. Darío de Jesús Silva, homicidio acaecido en el municipio de Sabaneta, Departamento de Antioquia, el 2 de mayo de 2001. Docente. El proceso se encuentra en la Fiscalía 132, Seccional de Vida, bajo el radicado núm. 436463, en práctica de pruebas.
117. 93. Walter Dione Perea Díaz, homicidio ocurrido en el municipio de Copacabana, Departamento de Antioquia, el 26 de enero de 2001. Docente, delegado sindical de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE). Radicado en la Fiscalía 21 especializada de Medellín bajo el radicado núm. 3436. Se encuentra en práctica de pruebas. Mediante resolución de 16 de julio de 2001 se ordena la práctica de algunas pruebas y diligencias judiciales, según informa la Fiscalía General de la Nación.
118. 94. Juan Carlos Castro Zapata, homicidio ocurrido el 9 de mayo de 2001, en el municipio de Copacabana, Departamento de Antioquia. Afiliado a ADIDAFECODE. El proceso se encuentra en la Fiscalía Especializada de Medellín, bajo el radicado núm. 3525, en preliminar. La Fiscalía General de la Nación informa mediante escrito: «práctica de pruebas. Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Subunidad Especial, se hallan realizando labores de inteligencia para lograr la identificación de posibles autores del punible».
119. 95. Rubén Darío Orozco Grajales, homicidio ocurrido en el municipio de Santafé de Antioquia, Departamento de Antioquia, el 24 de julio de 2001. El proceso se encuentra en la Fiscalía Especializada de Medellín, bajo el radicado núm. 463501, en práctica de pruebas.
120. 96. Silvia Rosa Alvarez Zapata, homicidio ocurrido en el municipio de Barbosa, Departamento de Antioquia, el 24 de julio de 2001. Afiliada a ADIDAFECODE. El proceso se encuentra en la Fiscalía Especializada, bajo el radicado núm. 463627 en práctica de pruebas.
121. 97. Edgar Orlando Marulanda Ríos, homicidio ocurrido en el municipio de Segovia, Departamento de Antioquia, el 10 de enero de 2001. Afiliado a SINTRAOFAN. La Fiscalía Seccional de Segovia informa mediante escrito que: «La Subunidad investigativa especial de sindicalistas de Medellín solicitó a la Fiscalía Seccional de Segovia la investigación por este homicidio, con el fin de ser incorporada a la preliminar núm. 363378 en donde son víctimas miembros de SINTRAOFAN Antioquia». Actualmente se han decretado diferentes pruebas y labores de inteligencia con la finalidad de individualizar a los posibles autores del punible.
122. 98. Rodion Peláez Cortes, homicidio ocurrido en el municipio de Cocorná, Departamento de Antioquia, el 13 de marzo de 2001. Afiliado de ADIDA-FECODE. El proceso se encuentra en la Fiscalía Especializada de Medellín, bajo el radicado núm. 432675, en preliminares y práctica de pruebas. La Subunidad investigativa especial solicitará al fiscal de conocimiento, la investigación para que sea allegada a la Subunidad por competencia especial.
123. 99. Jairo Domínguez, homicidio ocurrido el 10 de julio de 2001 en el municipio de Montebello, Departamento de Antioquia. Afiliado de SUTIMAC. El proceso se encuentra en la Fiscalía Especializada, adscrita a la Seccional de Medellín, bajo el radicado núm. 1675. Se encuentra en práctica de pruebas.
124. 100. Ciro Arias Blanco, homicidio ocurrido en el municipio de Capitanejo, Departamento de Santander, el 24 de marzo de 2001. Presidente seccional del Sindicato de la Compañía de Tabaco (SINTRAINTABACO). La investigación está siendo adelantada por la Fiscalía Seccional de Paz de Ariporo, bajo el radicado núm. 354-18 y se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas.
125. 101. Nelson Ramón Narváez, su homicidio ocurrió el 29 de mayo de 2001, en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba. Afiliado a SINTRAUNICOL, bajo radicado núm. 19922. La investigación la adelanta el Fiscal Primero de la Unidad de Vida y se encuentra en etapa preliminar y práctica de pruebas.
126. 102. Miguel Ignacio Lora Hernández, homicidio ocurrido el 11 de julio de 2001, en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba. Jefe de Sección Información y Análisis del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación de Montería. La Fiscalía está a la espera de que se respondan las Comisiones impartidas a Organismos de Seguridad del Estado para entrar a adoptar decisiones acorde con el material probatorio recaudado. La investigación se encuentra bajo radicado núm. 21082 y la adelanta la Fiscalía 17 delegada URI.

D. Conclusiones del Comité

1. 112. El Comité observa con profunda preocupación, que desde el último examen de este caso y de acuerdo a los nuevos asesinatos, secuestros, desapariciones, atentados y amenazas denunciados, la situación de violencia en Colombia, que afecta a todos los sectores de la sociedad, no presenta signos de mejora sino que por el contrario continúa agravándose día a día. En efecto, en el primer trimestre del año 2002, ya se han denunciado más de cuarenta asesinatos de dirigentes sindicales y afiliados y 5 secuestros entre otros actos de violencia perpetrados contra dirigentes sindicales.
2. 113. De manera general, el Comité toma nota de las observaciones del Gobierno reiterando declaraciones anteriores sobre las causas de la violencia y las dificultades para combatirla en el marco de actos de violencia perpetrados en el país por los paramilitares, la guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia común, así como sobre las medidas adoptadas para poner fin a la violencia. El Comité aprecia la liberación del dirigente sindical de la USO, Sr. Gilberto Torres, el día 7 de abril de 2002.
   • Asesinatos tratados en anteriores exámenes del caso
3. 114. El Comité toma nota con interés de la lista de las investigaciones llevadas a cabo por distintos organismos del Estado respecto de 102 asesinatos, que ha sido facilitada por el Gobierno (véase anexo II). El Comité observa que dicha lista contiene información sobre algunas investigaciones de las cuales el Gobierno ya había informado. El Comité lamenta profundamente constatar los escasos avances realizados en dichas investigaciones. El Comité lamenta asimismo que no haya más información respecto de otros asesinatos... (129) y actos violentos contra sindicalistas alegados anteriormente, especialmente en aquellos que se remontan a fechas más remotas (véase anexo I). El Comité recuerda que «el asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron, y así, dentro de lo posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los mismos» y que «la demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación de esta última» [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafos 51 y 56]. El Comité urge al Gobierno a que continúe enviando sus observaciones sobre los avances en las investigaciones ya iniciadas (anexo II) y a que tome medidas para que sin demora se inicien las investigaciones correspondientes a los asesinatos, secuestros, desapariciones atentados y amenazas denunciados mencionados en el anexo I y sobre los nuevos alegatos.
4. 115. Por otro lado, el Comité observa que en lo que concierne a algunos de los asesinatos, el Gobierno señala que las víctimas no eran dirigentes sindicales o que no se hallaban afiliadas a los sindicatos mencionados (Sres. Mauricio Vargas Pabón, Leominel Campo Núñez, Melva Muñoz López, Juan José Neira; Justiniano García, José Atanasio Fernández Quiñónez, Margarita María Pulgarín Trujillo, Julio César Betancourt, Islem de Jesús Quintero, Alejandro Alvarez Isaza, James Antonio Pérez Chima, Jesús María Cuellar, Juan Cástulo Jiménez Gutiérrez, Aníbal Pemberty, Esneda de las Mercedes Monsalve Holguín, Gloria Nubia Urán Delgado, Luis Hernán Campano Guzmán, Miguel Angel Barreto Racine, Alejandro Vélez Jaramillo, Efraín Becerra, Alfredo Castro Haydar, Luis Mesa Almanza, Alexander Mauricio Marín Salazar). El Comité pide a los querellantes que formulen comentarios sobre estas declaraciones del Gobierno y, en su caso, faciliten mayores informaciones sobre la supuesta no afiliación sindical de estas personas.
   • Nuevos asesinatos
5. 116. El Comité observa con profunda preocupación, que los 113 nuevos asesinatos denunciados por las organizaciones querellantes (véase sección sobre nuevos alegatos), de los cuales 40 corresponden al año 2002, muestran que la situación de violencia contra los dirigentes sindicales y afiliados en Colombia sigue siendo de extrema gravedad.
6. 117. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales las acciones de violencia de distinto orden (asesinatos, secuestros, masacres, desapariciones forzadas, lesiones a la integridad física y otros atentados), contra los trabajadores pertenecientes a organizaciones sindicales, son una modalidad de las diferentes manifestaciones de la situación interna de violencia por la que atraviesa el país y que los autores de dichos actos de violencia son diversos, profesan ideologías distintas y poseen intereses políticos, sociales y económicos variados. El Comité toma nota de que según el Gobierno, la situación actual se debe a la acción de grupos guerrilleros y de grupos paramilitares y que no existe una política de Estado en contra de los sindicatos ni de los trabajadores sindicalizados. El Gobierno declara que si en algunos casos existe la participación de miembros de órganos del Estado en actividades paramilitares, estos hechos son aislados, son catalogados de ilegales por el mismo Gobierno y son perseguidos. En este contexto, el Gobierno señala que los fiscales y demás personas encargadas de llevar adelante las investigaciones de los asesinatos y demás actos violentos, son también víctimas de los grupos paramilitares y guerrilleros. Sin embargo, el Comité lamenta observar que de los hechos se desprende que los esfuerzos desplegados son insuficientes y reitera, tal como lo enunciara en su examen anterior del caso, que «la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular, los relativos a la vida y a la seguridad de la persona» y «que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones e incumbe a los Gobiernos garantizar el respeto de este principio» [véase Recopilación, op. cit,. párrafos 46 y 47].
7. 118. Además, el Comité lamenta observar que no se deduce de las observaciones del Gobierno que exista una política activa de desmantelamiento de los grupos paramilitares y otros grupos violentos revolucionarios, responsables en numerosas ocasiones de los actos violentos contra los sindicalistas. En estas condiciones, el Comité pide una vez más y en los términos más enérgicos al Gobierno que tome las medidas necesarias para que se obtengan resultados comprobables en el desmantelamiento de dichos grupos paramilitares y otros grupos violentos revolucionarios.
   • Impunidad
8. 119. El Comité toma nota también de los distintos organismos creados a fin de investigar los hechos de violencia ocurridos, entre los que se cuentan las once unidades de Apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos creadas por la Fiscalía General de la Nación mediante la resolución núm. 0-1561 del 22 de octubre de 2001 con el fin de posibilitar una mejor aplicación de las leyes y de la administración de justicia. Asimismo, el Comité toma nota de que entre 1997 y 2001 la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación profirió 533 resoluciones de acusación, 777 medidas de aseguramiento, 953 órdenes de captura y tenía vinculadas a las diferentes investigaciones a 1.475 personas. También durante ese período se produjeron 44 sentencias anticipadas. De las 777 medidas de aseguramiento, 404 fueron proferidas en contra de miembros de autodefensas, 99 contra la guerrilla, 95 contra civiles, 82 contra integrantes de la Policía Nacional, 74 contra miembros del Ejército, 10 contra personal de la Armada, 6 contra personas del Cuerpo Técnico de Investigación, 4 contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y 3 contra miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En cuanto a las 533 resoluciones de acusación, éstas se discriminan así: 253 a miembros de autodefensas, 93 a personal del ejército, 68 a miembros de la guerrilla, 54 a policías, 44 a civiles, 12 a miembros del DAS, 5 a funcionarios del CTI y a 4 integrantes de la Armada Nacional. Con respecto a los 1.475 vinculados, tal cifra se distribuye de la siguiente forma: 659 miembros de autodefensas, 324 de la guerrilla, 164 civiles, 147 integrantes de la policía, 135 miembros del ejército, 21 funcionarios del DAS, 12 personas de la Armada, 7 del CTI y 6 del INPEC. El Comité observa sin embargo, que el Gobierno no facilita informaciones sobre responsables de actos de violencia efectivamente condenados y concluye, como ha constatado anteriormente que no se han producido condenas por el asesinato de sindicalistas. En estas condiciones, el Comité pide una vez más y en los términos más enérgicos al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad y para sancionar a todos los responsables de los innumerables actos de violencia.
   • Medidas de protección a sindicalistas
9. 120. El Comité toma nota de las comunicaciones del Gobierno especialmente de la lista de personas protegidas por el «Programa de protección a testigos y personas amenazadas» para el año 2001, entre los que figuran numerosos miembros de ASODEFENSA. Al respecto, el Comité pide al Gobierno que envíe informaciones claras sobre el programa de protección establecido para el año 2002 y expresa la firme esperanza que dicha protección se extenderá a todos aquellos trabajadores afiliados y dirigentes de sindicatos que se hallen amenazados en su seguridad personal, incluidos los afiliados a ASODEFENSA, a los cuales el Comité hiciera referencia en su informe anterior [véase 327.º informe, párrafo 344, e)]. El Comité observa que en ciertos casos de asesinatos denunciados, las víctimas habían comunicado las amenazas que recibían al Gobierno y habían solicitado que se les brindase protección en el marco de los programas mencionados, la cual les fue denegada. El Comité considera que la evaluación de riesgo debe ser realizada por el Gobierno con sumo cuidado y celeridad ya que se trata de la vida misma de los dirigentes sindicales y de sus familias la que está en juego, y que un error en la evaluación del riesgo corrido por estas personas puede resultar irreparable. En consecuencia, el Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para realizar una evaluación no restrictiva del riesgo que corren los sindicalistas amenazados y para que se dispongan las medidas de protección adecuadas.
   • Discrepancias entre el Gobierno y las organizaciones querellantes sobre el número real de sindicalistas asesinados en los últimos años
10. 121. El Comité toma nota de la información del Gobierno según la cual la Subcomisión de Unificación del Listado de Víctimas elaboró una lista consolidada correspondiente al período 1991-2000. El Comité observa sin embargo que la lista enviada a la OIT corresponde únicamente al año 2000. En consecuencia, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que se envíe una nueva lista consolidada elaborada por la Subcomisión de Unificación del Listado de Víctimas, correspondiente al período 1991?2002.
    • Otras solicitudes del Comité
11. 122. El Comité recuerda una vez más [véase 327.° informe, párrafo 344, g)] que sería conveniente tratar específicamente aquellas situaciones en las que la violencia se dirige con mayor intensidad hacia miembros de ciertas organizaciones, por ejemplo en el sector de la educación, la industria del petróleo, los servicios de salud, así como en las administraciones municipales y departamentales. Dichas informaciones deberían referirse también a aquellas regiones en las que los hechos de violencia ocurren con mayor frecuencia, como en los Departamentos del Valle del Cauca y Antioquia y la Municipalidad de Barrancabermeja, especialmente en la Empresa de Petróleo de Colombia y en la Empresa de Gas de Barrancabermeja. El Comité pide asimismo al Gobierno que envíe toda la información de que dispone y que permitiría luchar mejor contra la impunidad y examinar las causas de los actos de violencia contra los miembros de las organizaciones sindicales. El Comité recuerda una vez más al Gobierno su responsabilidad en la protección de los trabajadores contra los actos de violencia y por ende en una correcta evaluación tanto fáctica como analítica de cada uno de los crímenes cometidos. El Comité sugiere una vez más a los querellantes y al Gobierno que recurran a la asistencia técnica de la Oficina para dicha evaluación.
    • Otros alegatos a los que el Gobierno no ha respondido
12. 123. El Comité lamenta observar que el Gobierno no envía sus observaciones en lo que concierne a los alegatos pendientes presentados por ASODEFENSA. El Comité reitera en el párrafo siguiente las recomendaciones que formuló en su reunión de marzo de 2002 [véase 327.° informe, párrafo 344].

Recomendación del Comité

1. 124. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
   • a) el Comité expresa su profunda preocupación ante el agravamiento de la situación de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y subraya que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular, los relativos a la vida y a la seguridad de la persona;
   • b) el Comité urge al Gobierno a que continúe enviando sus observaciones sobre los avances en las investigaciones ya iniciadas (anexo II) y a que tome medidas para que sin demora se inicien las investigaciones correspondientes a los demás asesinatos, secuestros, desapariciones atentados y amenazas mencionados en el anexo I, así como los mencionados en la sección «nuevos alegatos» del presente informe;
   • c) el Comité pide a los querellantes que formulen comentarios sobre las declaraciones del Gobierno sobre la supuesta no afiliación sindical de ciertas personas asesinadas y, en su caso, faciliten mayores informaciones;
   • d) el Comité pide una vez más y en los términos más enérgicos al Gobierno que tome las medidas necesarias para poner término a la intolerable situación de impunidad y para que se sancione a todos los responsables de los innumerables actos de violencia y para que se obtengan resultados comprobables en el desmantelamiento de grupos paramilitares y otros grupos violentos revolucionarios;
   • e) el Comité pide al Gobierno que envíe informaciones claras sobre el programa de protección establecido para el año 2002 y expresa la firme esperanza que dicha protección se extenderá a todos aquellos trabajadores afiliados y dirigentes de sindicatos que se hallen amenazados en su seguridad personal, incluidos los afiliados a ASODEFENSA;
   • f) el Comité pide al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para realizar una evaluación no restrictiva del riesgo que corren los sindicalistas amenazados y para que se dispongan las medidas de protección adecuadas;
   • g) el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que se envíe una nueva lista consolidada elaborada por la Subcomisión de Unificación del Listado de Víctimas, correspondiente al período 1991-2002;
   • h) el Comité recuerda una vez más que sería conveniente tratar específicamente aquellas situaciones en las que la violencia se dirige con mayor intensidad hacia miembros de ciertas organizaciones- por ejemplo en el sector de la educación, la industria del petróleo, los servicios de salud, así como en las administraciones municipales y departamentales. Dichas informaciones deberían referirse también a aquellas regiones en las que los hechos de violencia ocurren con mayor frecuencia, como en los Departamentos del Valle del Cauca y Antioquia y la Municipalidad de Barrancabermeja, especialmente en la Empresa de Petróleo de Colombia y en la Empresa de Gas de Barrancabermeja. El Comité pide asimismo al Gobierno que envíe toda la información de que dispone y que permitiría luchar mejor contra la impunidad y examinar las causas de los actos de violencia contra los miembros de las organizaciones sindicales. El Comité recuerda una vez más al Gobierno su responsabilidad en la protección de los trabajadores contra los actos de violencia y por ende en una correcta evaluación tanto fáctica como analítica de cada uno de los crímenes cometidos. El Comité sugiere una vez más a los querellantes y al Gobierno que recurran a la asistencia técnica de la Oficina para dicha evaluación;
   • i) en cuanto a los alegatos relativos a ASODEFENSA, el Comité reitera sus anteriores recomendaciones que se reproducen a continuación:
   • i) en cuanto a los alegatos presentados por ASODEFENSA relativos a: a) la denegación de permisos sindicales; b) la prohibición de circulación de boletines, periódicos y folletos de contenido sindical, de fijar carteles, de reunirse en los auditorios de los lugares de trabajo, de hablar sobre temas sindicales; c) los despidos antisindicales, traslados y persecuciones por haberse afiliado a ASODEFENSA de los Sres. Delfirio Peñaloza Ruiz, Fernando Matiz Olaya, Alberi González García, Luis Abul Manrique, José Joaquín Moreno Durán y Jorge Eliécer Núñez Rodríguez, entre otros y d) el desconocimiento del fuero sindical de las Sras. Graciela Martínez y Cenelly Arias Ortiz, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que los permisos sindicales no sean denegados arbitrariamente, que se garantice a los trabajadores el derecho a publicar noticias e informaciones, fijar carteles y reunirse en los lugares de trabajo, se respete el fuero sindical de las Sras. Graciela Martínez y Cenelly Arias Ortiz, y
   • ii) en lo que respecta a la negativa a brindar protección a las sedes sindicales, a los dirigentes y a sus familias contra las amenazas de violencia y muerte de que son objeto, alegadas por ASODEFENSA, el Comité pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad material de las sedes sindicales y física de los dirigentes y sus familias.

Z. Anexo I

• Actos de violencia contra dirigentes sindicales o sindicalistas alegados hasta la reunión del Comité de marzo de 2002 sobre los que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones
• Asesinatos
  1. 1) Sr. Alberto Alvarez Macea, 8 de abril de 2000;
  2. 2) Sr. Gerardo Raigoza, afiliado a SER?FECODE; 19 de abril de 2000, en la ciudad de Pereira (Risaralda);
  3. 3) Sr. Edgar Marino Pereira Galvis, dirigente de la subdirectiva CUT-META, el 25 de junio de 2000, en la urbanización ciudadela COFREM;
  4. 4) Sr. Carmen Emilio Sánchez Coronel, delegado oficial del Sindicato de Maestros del Norte de Santander;
  5. 5) Sra. Arelis Castillo Colorado, el 28 de julio de 2000, en el municipio de Caucasia;
  6. 6) Sr. Iván Franco, 19 de marzo de 2000, Sindicato SINTRAELECOL;
  7. 7) Sr. Javier Carbono Maldonado, julio de 2000, Sindicato SINTRAELECOL;
  8. 8) Sr. Jesús Antonio Posada Marín, 11 de mayo de 2000, Sindicato ADIDA;
  9. 9) Sr. Jaime Enrique Barrera, 11 de junio de 2000, Sindicato AIDA;
  10. 10) Sr. Jorge Andrés Ríos Zapata, 5 de enero de 2000, Sindicato ADIDA;
  11. 11) Sr. Aristarco Arzalluz Zúñiga, 30 de agosto de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO;
  12. 12) Sr. Bernanrdo Olachica Rojas Gil, 2 de septiembre de 2000, Sindicato SES;
  13. 13) Sr. Julián de J. Durán, enero de 2000, Sindicato SINTRAISS;
  14. 14) Sr. Eliécer Corredor, enero de 2000, Sindicato SINTRAISS;
  15. 15) Sr. Miguel Angel Mercado, enero de 2000, Sindicato SINTRAISSS;
  16. 16) Sr. Diego Fernando Gómez, 13 de julio de 2000, Sindicato SINTRAISS;
  17. 17) Sr. Víctor Alfonso Vélez Sánchez, 28 de marzo de 2000, Sindicato EDUMAG;
  18. 18) Sr. Edgar Cifuentes, 4 de noviembre de 2000, Sindicato ADE;
  19. 19) Sr. Juan Baustista Banquet, 17 de octubre de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO;
  20. 20) Sr. Edison Ariel, 17 de octubre de 2000, Sindicato SINTRAINAGRO;
  21. 21) Sr. Víctor Alfonso Vélez Sánchez, enero de 2000, Sindicato Asociación Educ. Córdoba;
  22. 22) Sr. Darío de Jesús Borja, 1.º de abril de 2000, Sindicato ADIDA;
  23. 23) Sr. Henry Ordóñez, 20 de agosto de 2000, Sindicato Asociación de Profesores Meta;
  24. 24) Sr. Leonardo Betancourt Méndez, 22 de agosto de 2000, Sindicato Asociación de Profesores Rizarla;
  25. 25) Luis Hernán Campano Guzmán, afiliado de AICA, filial de FECODE, en el municipio de Florencia, el 8 de junio de 2000, en el Departamento del Caquetá por paramilitares;
  26. 26) Javier Jonás Carbono Maldonado, secretario general de SINTRAELECOL, en Santa Marta, el 9 de junio de 2000;
  27. 27) Candelaria Florez, esposa de Alberto Ruiz Guerra afiliado a ADEMACOR filial de FECODE, el 17 de junio de 2000 por paramilitares;
  28. 28) Francisco Espadín Medina, afiliado a SINTRAINAGRO, el 7 de septiembre de 2000, en el municipio de Turbo;
  29. 29) William Iguarán Cottes, afiliado a SINTRAUNICOL, el 11 de septiembre de 2000, en Montería por paramilitares;
  30. 30) Miguel Angel Pérez, afiliado a SINTRASINTETICOS, el 11 de septiembre de 2000, en Medellín;
  31. 31) Alfredo Germán Delgado Ordóñez, afiliado a SIMANA filial de FECODE, el 13 de noviembre de 2000, en el Departamento de Nariño por paramilitares presuntamente;
  32. 32) Jairo Vicente Vallejo Champutics, afiliado a SIMANA filial de FECODE, el 13 de noviembre de 2000, en el Departamento de Nariño;
  33. 33) Carlos Cordero, afiliado de ANTHOC, el 6 de diciembre de 2000, en Peñas Blancas por paramilitares;
  34. 34) Gabriela Galeano, dirigente de ANTHOC, el 9 de diciembre de 2000, en Cúcuta, por paramilitares;
  35. 35) Ricardo Florez, miembro de SINTRAPALMA, el 8 de enero de 2001;
  36. 36) Arturo Alarcón, afiliado de ASOINCA filial de FECODE, el 18 de enero de 2001, en el municipio de Piendamó, por paramilitares;
  37. 37) Jair Cubides, afiliado de SINTRADEPARTAMENTO, el 21 de enero de 2001, en Cali, el asesinato coincidió con el cambio de junta directiva del sindicato y estando en trámite el reconocimiento de la junta directiva anterior por parte del Ministerio de Trabajo;
  38. 38) Carlos Humberto Trujillo, afiliado de ASONAL JUDICIAL, el 26 de enero de 2001, en el municipio de Buga;
  39. 39) Elsa Clarena Guerrero, afiliada de ASINORT, el 28 de enero de 2001, en el municipio de Ocaña en un retén militar;
  40. 40) Carolina Santiago Navarro, afiliada de ASINORT, el 28 de enero de 2001, en el municipio de Ocaña;
  41. 41) Alfonso Alejandro Naar Hernández, afiliado de ASEDAR filial de FECODE, el 8 de febrero de 2001, en el municipio de Arauca;
  42. 42) Alfredo Florez, afiliado de SINTRAPROACEITES, el 11 de febrero de 2001, en el municipio de Puerto Wilches, por paramilitares;
  43. 43) Nilson Martínez Peña, afiliado de SINTRAPALMA, el 12 de febrero de 2001, en el municipio de Puerto Wilches, por paramilitares;
  44. 44) Raúl Gil, miembro de SINTRAPALMA, el 11 de febrero de 2001, en el municipio de Puerto Wilches;
  45. 45) Pablo Padilla, Vicepresidente de SINTRAPROACEITES-- Seccional San Alberto, en el municipio de San Alberto, el 16 de febrero de 2001 por paramilitares;
  46. 46) Julio Cesar Díaz Quintero, afiliado del SINTRAISS, en Barrancabermeja, el 16 de febrero de 2001 por paramilitares;
  47. 47) Cándido Méndez, afiliado de SINTRAMIENERGETICA -- Seccional La Loma, en el municipio de Chiriguaná, el 18 de febrero de 2001;
  48. 48) Edgar Manuel Ramírez Gutiérrez, vicepresidente de SINTRAELECOL -- Seccional Norte de Santander, en Concepción, el 22 de febrero de 2001 había sido secuestrado el día anterior por paramilitares y ya había recibido amenazas debido a que era un destacado líder al momento del crimen;
  49. 49) Víctor Carrillo, directivo de SINTRAELECOL, en el municipio de Málaga, el 1.º de marzo de 2001 en un retén de los paramilitares;
  50. 50) Darío Hoyos Franco, dirigente del movimiento sindical y solidario con las luchas de los campesinos, el 3 de marzo de 2001, en el municipio de Fusagasugá;
  51. 51) Jaime Orcasitas, vicepresidente de SINTRAMINERGETICA, en la mina de carbón de la Loma de Potrerillo, el 12 de marzo de 2001 en las mismas circunstancias y condiciones que el dirigente sindical anterior;
  52. 52) Rafael Atencia Miranda, sindicalista de la Unión Sindical Obrera (USO), en el municipio de Barrancabermeja, el 18 de marzo de 2001 por paramilitares y con signos evidentes de tortura;
  53. 53) Jaime Sánchez, afiliado de SNTRAELECOL, el 20 de marzo de 2001, en el municipio de Sabana por paramilitares;
  54. 54) Andrés Granados afiliado de SNTRAELECOL, el 20 de marzo de 2001, en el municipio de Sabana por paramilitares;
  55. 55) Juan Rodrigo Suárez Mira, afiliado de ADIDA delegado al Congreso de la Federación Colombiana de Educadores, en Medellín, el 21 de marzo de 2001 por paramilitares;
  56. 56) Alberto Pedroza Lozada, el 22 de marzo de 2001;
  57. 57) Luis Pedraza, afiliado a la USO, en el municipio de Arauca, el 24 de marzo de 2001 por paramilitares;
  58. 58) Robinson Badillo, dirigente del SINTRAEMSDES, en Barrancabermeja, el 26 de marzo de 2001 por paramilitares;
  59. 59) Mario Ospina, afiliado de ADIDA-FECODE, en el municipio de Santa Bárbara, el 27 de marzo de 2001;
  60. 60) Jesús Antonio Ruano, afiliado de ASEINPEC, en el municipio de Palmira, el 27 de marzo de 2001;
  61. 61) Aldo Mejía Martínez, presidente de SINTRACUEMPONAL seccional Codazzi, en el municipio de Codazzi, el 4 de abril de 2001 por paramilitares;
  62. 62) Saulo Guzmán Cruz, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Aguachica, en el municipio de Aguachica, el 11 de abril de 2001 por paramilitares;
  63. 63) Francisco Isaías Cifuentes, afiliado de ASIOINCA, filial de FECODE, en Popayán, el 26 de abril de 2001 por paramilitares, era desplazado del municipio de Cajibío debido a sus actividades como líder en la marcha campesina de 1999 en la región del macizo colombiano;
  64. 64) Leyder María Fernández Cuellar, esposa del anterior, el 26 de abril de 2001;
  65. 65) Frank Elías Pérez Martínez, afiliado de ADIDA-FECODE, entre los municipios de Santa Ana y Granada, el 27 de abril de 2001;
  66. 66) Darío de Jesús Silva, miembro de ADIDA-CUT, en el municipio de Sabaneta, el 2 de mayo de 2001;
  67. 67) Juan Carlos Castro Zapata, miembro de ADIDA-CUT, en el municipio de Copacabana, el 9 de mayo de 2001;
  68. 68) Eugeniano Sánchez Díaz, presidente de SINTRACUEMPONAL, en el municipio de Codazzi el 10 de mayo de 2001;
  69. 69) Julio Alberto Otero, afiliado a ASPU-CUT, en Santa Marta, el 14 de mayo de 2001 por paramilitares;
  70. 70) Miguel Antonio Zapata, presidente de ASPU, seccional Caquetá, en Valledupar, el 16 de mayo de 2001 por paramilitares;
  71. 71) Carlos Eliécer Prado, miembro de SINTRAEMCALI, en Cali, el 21 de mayo de 2001 por paramilitares;
  72. 72) Henry Jiménez Rodríguez, afiliado de SINTRAEMCALI, en Cali, el 25 de mayo de 2001;
  73. 73) Nelson Narváez, dirigente de SINTRAUNICOL, en Montería, el 29 de mayo de 2001, en el Departamento de Córdoba;
  74. 74) Humberto Zárate Triana, afiliado de SINTRAOFICIALES, en Villavicencio, el 5 de junio de 2001 en el Departamento del Meta;
  75. 75) Gonzalo Zárate Triana, dirigente de ASCODES, en Villavicencio, el 5 de junio de 2001, en el Departamento del Meta;
  76. 76) Manuel Enrique Charris Ariza, afiliado de SINTRAMIENERGETICA, en el municipio de Soledad, el 11 de junio de 2001 en el Departamento del Atlántico;
  77. 77) Edgar Thomas Angarita Mora, afiliado de ASEDAR y FECODE, en el Departamento de Arauca, el 12 de junio de 2001 en el Departamento de Arauca, luego de haber participado en un bloqueo a la Vía Fortul Sarabena como acto de protesta por el proyecto de ley 012;
  78. 78) Samuel Segundo Peña Sanguino, afiliado de SINTRAMINERGETICA, desapareció el 17 de junio en el Departamento del Magdalena, y apareció muerto el 19 de junio de 2001, en el Departamento del Magdalena;
  79. 79) Oscar Darío Soto Polo, presidente de SINALTRAINBEC y vicepresidente de COMFACOR, en Montería, el 21 de junio de 2001 en el Departamento de Córdoba, en el momento en que se lleva a cabo la discusión de un pliego de condiciones con la multinacional Coca Cola, donde él participaba como negociador ante la interrupción de las conversaciones sobre las exigencias del sindicato respecto de la responsabilidad patronal en cuanto a las medidas de seguridad de los directivos sindicales para desarrollar su labor y garantizar la libre actividad sindical en la empresa;
  80. 80) Germán Carvajal Ruiz, presidente de la subdirectiva del SUTEV, seccional Obando, FECODE-CUT, el 6 de julio de 2001, en el Departamento del Valle del Cauca, Por su dedicación al movimiento sindical fue declarado objetivo militar en el Departamento del Caquetá por lo que se vio obligado a gestionar su traslado al Departamento del Valle del Cauca donde finalmente fue ejecutado;
  81. 81) Isabel Pérez Guzmán, afiliada de SINTRAREGINAL, el 8 de julio de 2001 Departamento del Sucre;
  82. 82) Hugo Cabezas, afiliado al SIMANA-FECODE, el 9 de julio de 2001 en el Departamento de Nariño;
  83. 83) James Urbano, directivo del Sindicato de Trabajadores del Valle, filial de la CGTD, el 12 de julio de 2001, en el Departamento del Valle del Cauca;
  84. 84) Saúl Alberto Colpas Castro, presidente de SINTRAGRICOLAS-FENSUAGRO, el 13 de julio de 2001, en el Departamento del Atlántico;
  85. 85) Lucila Rincón, activista de ANTHOC-CUT, el 16 de julio de 2001 en el Departamento del Tolima, por los paramilitares junto con otros miembros de su familia en el momento en que buscaban a otro familiar retenido;
  86. 86) Obdulia Martínez, afiliada de EDUCESAR-FECODE-CUT, el 22 de julio de 2001, en el Departamento del César;
  87. 87) María Helena Ortiz, fiscal especializada afiliada a ASONAL-CUT, el 28 de julio de 2001 en el Departamento de Santander; su esposo, Néstor Rodríguez y su hijo resultaron gravemente heridos;
  88. 88) Segundo Florentino Chávez, secretario general del Sindicato de Trabajadores, Oficiales y Empleados Públicos del municipio de Dagua, el 13 de agosto de 2001 en el Departamento del Valle del Cauca, había sido objeto de múltiples amenazas y había solicitado de manera urgente el establecimiento de un mecanismo de seguridad para los dirigentes de la organización sindical, esquema que fue aprobado el 10 de julio de 2001 pero sujeto a presupuesto;
  89. 89) Miryam de Jesús Ríos Martínez, afiliada a ADIDA, el 16 de agosto de 2001 en el Departamento de Antioquia;
  90. 90) Manuel Pájaro Peinado, tesorero del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito de Barranquilla (SINDIBA), el 16 de agosto de 2001 en el Departamento del Atlántico, había solicitado su inclusión en el Programa de Protección del Ministerio del Interior del cual no recibió respuesta. Su asesinato se produjo en momentos en que el sindicato realizaba una serie de protestas contra la aplicación de la ley 617 por parte de la administración distrital, la cual tiene por objeto el despido masivo de trabajadores;
  91. 91) Doris Lozano Núñez, afiliada de SINTRAEMECOL, el 16 de agosto de 2001;
  92. 92) Héctor Eduardo Cortés Arroyabe, afiliado a ADIDA-CUT, desapareció el 16 de agosto y apareció muerto el 18 de agosto de 2001 en el Departamento de Antioquia;
  93. 93) Fernando Euclides Serna Velásquez, miembro del esquema de seguridad colectiva de la CUT nacional de Bogota, desapareció el 18 de agosto de 2001 y apareció asesinado el día siguiente en el Departamento de Cundinamarca, era miembro del Esquema de Seguridad Colectiva de la CUT;
  94. 94) Evert Encizo, afiliado a la Asociación de Educadores del Meta (ADEM-CUT), el 22 de agosto de 2001 en el Departamento del Meta, era docente y su trabajo estaba encaminado hacia los desplazados forzados;
  95. 95) Yolanda Paternina Negrete, afiliada a ASONAL-CUT, el 29 de agosto de 2001, en el Departamento de Sucre, era juez especializada del Orden Público y tenía a su cargo numerosos procesos de alto riesgo;
  96. 96) Miguel Chávez, afiliado de ANTHOC-CUT, el 30 de agosto de 2001 en el Departamento del Cauca;
  97. 97) Manuel Ruiz, dirigente sindical de la CUT, el 26 de septiembre de 2001 en el Departamento de Córdoba;
  98. 98) Ana Ruby Orrego, afiliada al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle (SUT EV-CUT), el 3 de octubre de 2001 en el Departamento del Valle del Cauca;
  99. 99) Gustavo Soler, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera y Energética, el 6 de octubre de 2001 en el Departamento del César;
  100. 100) Jorge Iván Rivera Manrique, afiliado al sindicato de Educadores de Risaralda (SER?CUT), el 10 de octubre de 2001 en el Departamento de Risaralda;
  101. 101) Cervando Lerma, afiliado y destacado activista de la USO-CUT, el 10 de octubre de 2001 en el Departamento de Santander;
  102. 102) Ramón Antonio Jaramillo, fiscal del SINTRAEMSDES-CUT, el 10 de octubre de 2001 en el Departamento del Valle del Cauca, en momentos en que los paramilitares efectuaban una masacre en la región;
  103. 103) Jairo Valbuena, fiscal del SINTRAEMSDES-CUT, el 10 de octubre de 2001;
  104. 104) Luis López y Luis Anaya, presidente y tesorero del Sindicato de Conductores y Trabajadores de Transporte San Silvestre (SINCOTRAINDER-CUT), el 16 de octubre de 2001, en el Departamento de Santander;
  105. 105) Arturo Escalante Moros, afiliado a la USO, desapareció el 27 de septiembre y apareció muerto el 19 de octubre de 2001;
  106. 106) Luis José Mendoza Manjares, miembro de la junta directiva de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU-CUT, el 22 de octubre de 2001, en el Departamento del César;
  107. 107) Martín Contreras Quintero, fiscal y fundador de SINTRAELECOL-CUT, el 23 de octubre de 2001 en el Departamento de Sucre;
  108. 108) Ana Rubiela Villada, afiliada al Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV-CUT), desapareció el 27 de septiembre de 2001 en el Departamento del Valle del Cauca y apareció muerta el 26 de octubre de 2001;
  109. 109) Sandro Antonio Ríos Rendón, afiliados del SINTRAEMSDES-CUT, el 30 de octubre de 2001;
  110. 110) Carlos Arturo Pinto, afiliado a la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ASONAL-CUT, el 1.º de noviembre de 2001 en Cúcuta, Departamento del Norte de Santander;
  111. 111) Pedro Cordero, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño, el 9 de noviembre de 2001 en el Departamento de Nariño;
  112. 112) Luis Alberto Delgado, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA?CUT), el 10 de noviembre de 2001. El Sr. Delgado había sido víctima de un atentado el día anterior en el municipio de Tuquerres, Departamento de Nariño;
  113. 113) Edgar Sierra Parra, afiliado de ANTHOC-CUT, fue secuestrado el 3 de octubre de 2001 en la Municipalidad de Tame, Departamento de Arauca y fue hallado muerto el 10 de noviembre de 2001 en la municipalidad de Rondón Departamento de Arauca, con señales de tortura;
  114. 114) Hoover de Jesús Galeanúm. Afiliado de la subdirectiva Pereira del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados (SINTRAEMSDES-CUT) delegado de los trabajadores y gran activista, el 11 de noviembre de 2001, en el Departamento de Risaralda;
  115. 115) Tirso Reyes, afiliado al Sindicato Unico de Educadores de Bolívar (SUDEB-CUT), el 2 de noviembre de 2001, en el Departamento de Bolivar;
  116. 116) Emiro Enrique Pava de la Rosa, dirigente de la Subdirectiva del Magdalena Medio de la USO, el 13 de noviembre de 2001, en el Departamento de Antioquia;
  117. 117) Diego de Jesús Botero Salazar, sindicalista del Valle del Cauca, fiscal de la subdirectiva de ese municipio, el 14 de noviembre de 2001, en el Valle del Cauca;
  118. 118) Gonzalo Salazar, presidente del Sindicato Unico de Vigilantes de Colombia, SINUVICOL?CUT, el 24 de noviembre de 2001, en Cali;
  119. 119) Jorge Eliécer González, presidente de la seccional Natagaima de ANTHOC-CUT, fue secuestrado y asesinado el 25 de noviembre de 2001 con graves signos de tortura, en el Departamento de Tolima;
  120. 120) Javier Cote, tesorero de la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial ASONAL-CUT, el 3 de diciembre de 2001, en el Departamento del Magdalena;
  121. 121) Aury Sará Marrugo, presidente de la seccional de Cartagena de la Unión Sindical Obrera USO-CUT, apareció muerto en los primeros días de diciembre de 2001, había sido secuestrado el 30 de noviembre por los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, en presencia de dos policías en la ciudad de Cartagena. El líder de las AUC lo había catalogado como miembro de la guerrilla y exigió la presencia del Alto Comisionado para la Paz para su liberación. El Sr. Sará Marrugo se destacó siempre por su liderazgo en la defensa de los derechos de los trabajadores;
  122. 122) Enrique Arellano, escolta del anterior, apareció muerto los primeros días de diciembre de 2001;
  123. 123) Magnolia Plazas Cárdenas, afiliada a ASONAL-CUT, el 5 de diciembre de 2001, en el Departamento de Caquera;
  124. 124) Francisco Eladio Sierra Vásquez, presidente de la junta directiva de la Seccional Andes de Sindicato de Trabajadores Oficiales del municipio de Antioquia (SINTRAOFAN-CUT), los miembros de la junta directiva habían sido citados por las Autodefensas Unidas de Colombia en Farallones de Bolívar (Departamento de Antioquia). En dicha reunión, cada uno de los directivos fue llamado por su nombre e indagados sobre la función en el sindicato y sus responsabilidades laborales, luego de lo cual se separó al Sr. Sierra Vásquez y se le asesinó. En la misma reunión, el comandante «Manuel», miembro de esa organización paramilitar indagó y requirió a José David Taborda segundo vocal de la Junta Directiva Central. Todos los miembros de dicha junta son amenazados insistentemente;
  125. 125) Edgar Herrán, presidente del Sindicato Nacional de Chóferes, SINDINALCH, Seccional Villavicencio, el 26 de diciembre de 2001.
  126. 126) Carlos Alberto Bastidas Corral, afiliado al Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA?CUT) el 8 de enero de 2002;
  127. 127) Luis Alfonso Jaramillo Palacios, delegado de la Seccional Medellín del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES-CUT), el 11 de enero de 2002, en Medellín, Departamento de Antioquia, asesinado por su defensa de los trabajadores;
  128. 128) Enoc Samboni, dirigente de la CUT, el 12 de enero de 2002, en el Departamento del Cauca, por paramilitares quienes lo despojaron de papeles del sindicato. Enoc Samboni estaba vinculado al Programa de Protección del Ministerio del Interior y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos había solicitado medidas de protección, y
  129. 129) Sor María Ropero, antigua presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias (SINDIMACO?CUT), el 16 de enero de 2002, en Cúcuta por grupos paramilitares. La Sra. Ropero se destacó por su ardua labor a favor de los derechos humanos de los trabajadores y de la niñez y había recibido varias amenazas de muerte.
• Tentativas de homicidio
  1. 1) Albeiro González García, presidente de ASODEFENSA, eje cafetero, fue enviado a zona de guerra sin ser militar, y se negó; luego fue víctima de un atentado el 24 de septiembre de 1998; actualmente se encuentra exiliado en Europa;
  2. 2) Ricardo Herrera, dirigente de SINTRAEMCALI, fue víctima de un atentado en Cali, el 19 de septiembre de 2000;
  3. 3) Sr. Wilson Borja Díaz, presidente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), el 14 de diciembre de 2000 fue interceptado por sicarios que le dispararon con armas de fuego, resultando con graves lesiones. Actualmente se encuentra en estado delicado bajo supervisión médica;
  4. 4) Sr. Gustavo Alejandro Castro Londoño, dirigente del comité ejecutivo de la Región 1 de la CUT del Meta. Se atentó contra su vida el 15 de enero de 2001 en la ciudad de Villavicencio. Está hospitalizado;
  5. 5) Sr. Ricardo Navarro Bruges, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Santa Marta (SINTRAUNICOL), el 12 de enero de 2001;
  6. 6) Sr. Ezequiel Antonio Palma, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores del municipio de Yumbo, el 11 de enero de 2001;
  7. 7) Sr. César Andrés Ortiz, sindicalista de la CGTD, el 26 de diciembre de 2000;
  8. 8) Héctor Fabio Monroy, afiliado de AICA-FECODE, fue víctima de un atentado con arma de fuego, el 23 de febrero de 2001;
  9. 9) María Elisa Valdés Morales, presidenta del SINDESS, seccional Dagua-Valle del Cauca, el 26 de marzo de 2001;
  10. 10) contra la junta directiva de SINTRAEMCALI, en las afueras de la ciudad de Cali, cuando se encontraban reunidos en una mesa de trabajo para efectuar propuestas frente al Plan de Recuperación de las Empresas de Cali, el 10 de junio de 2001;
  11. 11) María Emma Gómez de Perdomo, afiliada de ANTHOC, fue víctima de un atentado en el cual fue herida por cuatro balazos, en la ciudad de Honda, el 13 de junio;
  12. 12) Clemencia del Carmen Burgos, afiliada a ASONAL-CUT, estaba investigando las redes de financiación de las Autodefensas de Colombia, el 11 de julio de 2001;
  13. 13) Jhon Jairo Ocampo Franco, dirigente sindical y docente, el 9 de agosto de 2001;
  14. 14) Omar García Angulo, afiliado de SINTRAEMECOL, el 16 de agosto de 2001;
  15. 15) Carlos Arturo Mejía Polanco, miembro de la subdirectiva seccional Yumbo del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción (SUTIMAC?CUT), el 16 de noviembre de 2001;
  16. 16) Daniel Orlando Gutiérrez Ramos, miembro del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (-SINTRAEMCALI) el 3 de enero de 2002, y
  17. 17) Sigilfredo Grueso, activista del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI) el 10 de enero de 2002.
• Secuestros y desaparecidos
  1. 1) Sr. Alexander Cardona, directivo de la USO;
  2. 2) Sr. Ismael Ortega, tesorero de Sintraproaceites San Alberto (César);
  3. 3) Sr. Walter Arturo Velásquez Posada, de la Escuela Nueva Floresta, del municipio El Castillo, de la Coordinación Educativa El Ariari, Departamento del Meta;
  4. 4) Sr. Gilberto Agudelo, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de Colombia «SINRAUNICOL»;
  5. 5) Sres. Nefatalí Romero Lombana, de Aguazúl (Casanare) y Luis Hernán Ramírez, docente de Chámeza (Casanare), afiliados a SIMAC-FECODE;
  6. 6) Sr. Roberto Cañarte M., afiliado a SINTRAMUNICIPIO BUGALAGRANDE, en la vereda el Paila Arriba (Valle);
  7. 7) Sr. Germán Medina Gaviria, afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), el 14 de enero de 2001 en el vecindario de El Porvenir, ciudad de Cali;
  8. 8) Julio César Jaraba, afiliado del SINTRAISS, desapareció el 23 de febrero de 2001;
  9. 9) Gerzain Hernández Giraldo, miembro de SINTRAELECOL, el 24 de febrero de 2001;
  10. 10) Jaime Duque Castro, presidente del Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria de Materiales de Construcción (SUTIMAC), seccional Santa Barbara, secuestrado el 24 de marzo de 2001;
  11. 11) Paula Andrea Gómez Mora (hija de Edinson Gómez, afiliado a SINTRAEMCALI, quien ha sido amenazado en varias ocasiones), secuestrada el 18 de abril de 2001 y liberada el 20 de abril;
  12. 12) Eumelia Aristizabal, afiliada a ADIDA, desaparecida el 19 de abril de 2001;
  13. 13) Rosa Cecilia Lemus Abril, dirigente del FECODE, intento de secuestro frustrado el 14 de mayo de 2001;
  14. 14) William Wallens Villafañe, afiliado de USO, desaparecido el 29 de mayo de 2001, en el Departamento de Santander;
  15. 15) seis trabajadores de las empresas públicas de Medellín afiliados al SIMTRAEMDSDES, fueron secuestrados en el Departamento de Antioquia, el 12 de junio de 2001;
  16. 16) William Hernández, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el Departamento de César;
  17. 17) Rodrigo Aparicio, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el Departamento de César;
  18. 18) Eduardo Franco, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el Departamento de César;
  19. 19) Jaime Sampayo, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el Departamento de César;
  20. 20) Julio Cabrales, desaparecido el 22 de junio de 2001, en el Departamento de César;
  21. 21) Cristóbal Uribe Beltrán, afiliado de ANTHOC-CUT, secuestrado el 27 de junio de 2001;
  22. 22) Diego Quiguanas González, afiliado al SINTRAEMCALI, desaparecido el 29 de junio de 2000;
  23. 23) Cristina Echeverri Pérez, afiliada a EDUCAL-CUT, el 1.º de julio de 2001, en inmediaciones de la ciudad de Manizales;
  24. 24) Alfonso Mejía Urión, afiliado a ADUCESAR-FECODE-CUT, desaparecido el 4 de julio de 2001;
  25. 25) Jairo Tovar Díaz, afiliado a ADES-FECODE-CUT, el 29 de julio de 2001, en las afueras del municipio de Galeras;
  26. 26) Julio Enrique Carrascal Puentes, miembro del comité ejecutivo nacional de la CUT, secuestrado el 10 de agosto de 2001;
  27. 27) Winsgton Jorge Tovar, afiliado a ASONAL-CUT, secuestrado en las inmediaciones del municipio de Dagua;
  28. 28) Alvaro Alberto Agudel Usuga, afiliado a ASONAL-CUT, desaparecido el 20 de agosto de 2001;
  29. 29) Jorge Feite Romero, afiliado a la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (ASOJUA), el 28 de agosto de 2001;
  30. 30) Carmen Pungo y Ricaurte Jaunten Pungo, dirigente de la ANTHOC-CUT, el 2 de septiembre de 2001;
  31. 31) Alvaro Laiton Cortés, presidente del sindicato de maestros de Boyacá, el 2 de septiembre de 2001 y fue liberado al poco tiempo del secuestro;
  32. 32) Marco Tulio Agudero Rivera, ASONAL-CUT, en el municipio de Cocorna, el 5 de octubre de 2001;
  33. 33) Iván Luis Beltrán, integrante del comité ejecutivo del FECODE-CUT, el 10 de octubre de 2001;
  34. 34) Julio Ernesto Cevallos Guzmán, afiliado de ADIDA-CUT, el 15 de octubre de 2001;
  35. 35) Carlina Ballesteros, miembro del Sindicato Unico de Educadores de Bolívar (SUDEB-CUT), el 5 de noviembre de 2001;
  36. 36) Jorge Enrique Posada, miembro de ASONAL, el 5 de noviembre de 2001;
  37. 37) Jhon Jaimes Salas Cardona, delegado de ADIDA-CUT, el 26 de noviembre de 2001;
  38. 38) Leonardo Avendaño activista del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES-CUT), el 5 de enero de 2002, y
  39. 39) Carlos Arturo Alarcón Vera, afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquia -- ADIDA?CUT el 12 de enero de 2002.
• Amenazas de muerte
  1. 1) Juan de la Rosa Grimaldos, presidente del ASEINPEC;
  2. 2) María Clara Baquero Sarmiento, presidente de ASODEFENSA;
  3. 3) Giovanni Uyazán Sánchez;
  4. 4) Alirio Uribe Muñoz, integrante del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo»;
  5. 5) Reinaldo Villegas Vargas, integrante del Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo»;
  6. 6) los siguientes dirigentes y afiliados de la USO: Carlos Oviedo, César Losa, Ismael Ríos, José Meneses, Julio Saldaña, Ladislao Rodríguez, Luis Linares, Rafael Ortiz, Ramiro Luna;
  7. 7) Rosario Vela, afiliada de SINTRADEPARTAMENTO;
  8. 8) numerosos dirigentes y afiliados de FECODE;
  9. 9) Jorge Nisperuza, presidente de la subdirectiva CUT-Córdoba;
  10. 10) Mario de Jesús Castañeda, presidente de la subdirectiva CUT-Huila;
  11. 11) Gerardo Rodrigo Genoy Guerrero, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de SINTRABANCOL;
  12. 12) Otoniel Ramírez, presidente de la subdirectiva CUT-Valle;
  13. 13) José Rodrigo Orozco, miembro de la junta directiva CUT-CAUCA;
  14. 14) contra los trabajadores del SINTRAHOINCOL, el 9 de julio de 2001;
  15. 15) Leonel Pastas, dirigente del Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria (INCORA), el 14 de agosto de 2001;
  16. 16) Rusbel, dirigente del INCORA, el 14 de agosto de 2001;
  17. 17) Edgar Púa y José Meriño, tesorero y fiscal de la ANTHOC, el 16 de agosto de 2001;
  18. 18) Gustavo Villanueva, dirigente de ANTHOC, el 16 de agosto de 2001;
  19. 19) Jesús Tovar e Ildis Jarava, dirigentes de ANTHOC son seguidos por hombres fuertemente armados desde el 16 de agosto de 2001;
  20. 20) los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Oficiales de los municipios del Departamento de Antioquia (SINTRAOFAN) son intimidados por paramilitares para que renuncien a la organización sindical;
  21. 21) Aquiles Portilla, dirigente de FECODE, víctima de seguimientos el 29 de agosto de 2001;
  22. 22) Edgar Mojico y Daniel Rico, presidente y secretario de prensa respectivamente de la Unión Sindical Obrera (USO), amenazados por las Autodefensas Unidas de Colombia;
  23. 23) Hernando Montoya, dirigente de SINTRAMUNICIPIO, CARTAGO, recibió amenazas el 7 de septiembre por parte de una cooperativa de seguridad que se ha atribuido el asesinato de otros dirigentes;
  24. 24) Over Dorado Cardona, dirigente de ADIDA, el 19 de septiembre de 2001;
  25. 25) Julián Cote, Fredys Rueda y Rafael Jaime de la USO, recibieron amenazas el 20 de septiembre de 2001;
  26. 26) Orlando Herrán, Rogelio Pérez Gil, Edgar Alvarez Cañizales, Dalgy Barrera Gamez, Jorge Vázquez Nivia, Javier González, Humberto Castro, Cervulo Bautista Matoma afiliados a la CGTD recibieron amenazas y son víctimas de seguimientos;
  27. 27) Jaime Goyes, Jairo Roseño, Rosalba Oviedo, Pedro Layton, Ricardo Chávez, Diego Escandón, Luis Ortega, dirigentes sindicales del Departamento de Nariño, fueron amenazados de muerte por las Autodefensas Unidas de Colombia, el 8 de octubre de 2001;
  28. 28) el 26 de octubre de 2001 fue amenazada de muerte toda la junta directiva de SINTRAVIDRICOL-CUT;
  29. 29) Jorge Eliécer Londoño, afiliado al SINTRAEMSDES-CUT, recibió amenazas de muerte el 2 de noviembre de 2001;
  30. 30) Carlos Alberto Florez Loaiza, miembro de la Junta Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos descentralizados de Colombia (SINTRAEMSDES), el 5 de enero de 2002, y
  31. 31) José Homer Moreno Valencia, miembro de SINTRAEMSDES-CUT el 10 de enero de 2002.
• Persecuciones
  1. 1) Esperanza Valdés Amortegui, tesorera de ASODEFENSA, víctima de espionaje ilegal mediante la instalación de micrófonos en el lugar de trabajo;
  2. 2) Henry Armando Cuéllar Valbuena, perseguido y agredido físicamente;
  3. 3) Carlos González, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Valle, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001;
  4. 4) Freddy Ocoro, presidente del Sindicato de Trabajadores del municipio de Bugala Grande, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001, y
  5. 5) Jesús Antonio González, director del Departamento de Derechos Humanos y Sindicales de la CUT, agredido por la policía, el 1.º de mayo de 2001.
• Envío de civiles a zona de guerra
• En el Ministerio de Defensa, como mecanismo de persecución sindical se continúa obligando a los civiles a ir a las áreas de guerra vestidos de militares, sin armas ni instrucción militar. Se han visto afectadas por estas circunstancias las siguientes personas:
  1. 1) Carlos Julio Rodríguez García, sindicalista de ASODEFENSA;
  2. 2) José Luis Torres Acosta, sindicalista de ASODEFENSA;
  3. 3) Edgardo Barraza Pertuz;
  4. 4) Carlos Rodríguez Hernández;
  5. 5) Juan Posada Barba.
• Detenciones
  19. El 19 de octubre de 2001 fueron detenidos los siguientes dirigentes (activos y retirados) de la USO, Edgar Mojica, Luis Viana, Ramón Rangel, Jairo Calderón, Alonso Martínez y Fernando Acuña, ex presidente de FEDEPETROL.
• Anexo II
• Actos de violencia contra dirigentes sindicales o sindicalistas sobre los que el Gobierno ha comunicado sus observaciones
• Javier Suárez, Germán Valderrama Soto, Guillermo Adolfo Parra López, Mauricio Vargas Pabón, Jesús Orlando Crespo García, Danilo Francisco Maestre Montero, Marelvis Esther Solano, Leominel Campo Núñez, Franklyn Moreno Torres, Fabio Santos Gaviria, Aníbal Zuluaga, Guillermo Molina Trujillo, Darío De Jesús Agudelo Bohórquez, Melva Muñoz López, Juan José Neira, Justiniano García, Iván Francisco Hoyos, José Atanasio Fernández Quiñónez, Margarita María Pulgarín Trujillo, Julio Cesar Betancourt, Islem de Jesús Quintero, Alejandro Alvarez Isaza, Cesar Wilson Cortes, Rómulo Gamboa, José Antonio Yandú, Gonzalo Serna, James Antonio Pérez Chima, Jesús María Cuellar, Juan Castulo Jiménez Gutiérrez, Esneda de Las Mercedes Monsalve Holguín, Humberto Guerrero Porras, Milton Cañas Rojas, Yimi Alexander Hincapié Acevedo, Gloria Nubia Uran Lezcano, Ramiro de Jesús Zapata, Carmen Emilia Rivas, Omar Darío Arias Salazar, Nelson Arturo Romero Romero, Abel María Sánchez Salazar, Luis Hernán Campano Guzmán, José Arístides Velásquez Hernández, Candelaria Florez. Robert Cañarte Montealegre, Basislides Quiroga, Miguel Angel Barreto Racine, Vicente Romaña, Cruz Orlando Benítez Hernández, Rubén Darío Guerrero Cuentas, Sergio Uribe Zuluaga, Moisés Sanjuán López, Alejandro Vélez Jaramillo, Argemiro Albor Torregrosa, Hugo Alfonso Iguarán Cotes, Efraín Becerra, Omar de Jesús Noguera, Reynaldo Acosta Celemín, Alfredo Castro Haydar, María Nelcy Mora Hincapié, Hernán Betancourt, Luis Arcadio Ríos Muñoz, Oscar Darío Zapata Muñoz, Pedro Amado Manjarres, Luis Mesa Almanza, Bayron de Jesús Velásquez Durango, Luis Alfonso Páez Molina, Gustavo Enrique Gómez Gómez, Luis Rodrigo Restrepo Gómez, Lázaro Gil Alvarez, Bernardo Vergara Vergara, Elizabeth Cañas Cano, Alexander Mauricio Marín Salazar, José Gildardo Uribe García, Francy Uran Molina, Francisco Espadil Medina, Héctor Acuña, Gil Bernardo Rojas Olachica, Jairo Herrera, Candelario Zambrano, Alejandro Tarazona, Humberto Peña Riaño, Edgar Arturo Burgos Ibarra, Hernando Cuartas Agudelo, Clovis Florez, Aníbal Pemberty.