Rapport intérimaire - Rapport No. 259, Novembre 1988

Cas no 1426 (Philippines) - Date de la plainte: 12-OCT. -87 - Clos

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A. Alegatos del querellante
C. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité
Z. ANEXO

A. Alegatos del querellante

566. En su comunicación de 12 de octubre de 1987, la UITA
alega que Amado
Cayao, presidente de la filial local de la UITA, la Federación
Nacional de
Trabajadores del Azúcar, la Alimentación e Industrias Afines
(NFSW-FGT), fue
asesinado en las proximidades de su casa. Según alega, este
asesinato forma
parte de la campaña de violencia, intimidación y hostigamiento
lanzada contra
los miembros y dirigentes de la NFSW-FGT, al parecer por
unidades de las
fuerzas armadas filipinas y diversas organizaciones paramilitares.
567. La UITA remite un informe preparado por su organización
filial en el que
se describe la represión de que son objeto los trabajadores
rurales de la isla
de Negros. Según dicho documento, tres trabajadores,
militantes de la
NFSW-FGT, fueron brutalmente asesinados por grupos armados
que cuentan con el
presunto apoyo de algunos plantadores y el ejército. Los
trabajadores
asesinados eran Uldarico Antojado, Anecito Emalay y Moreto
Pastidio. Antojado
y Emalay fueron dirigentes de la huelga que tuvo lugar en abril
de 1986
durante 17 días; el primero de ellos fue detenido por varios
hombres armados,
encontrándose posteriormente su cadáver mutilado en una
plantación de caña de
azúcar. Emalay fue presuntamente atacado y asesinado delante
de varios
pasajeros en un autobús que se dirigía a San Carlos City.
Pastidio fue
presuntamente asesinado por los miembros de una banda
armada por el único
motivo de pertenecer a la NFSW-FGT.
568. Según el documento, pese al testimonio de los testigos, los
grupos
armados responsables de tales asesinatos cometidos en 1986
siguen en libertad
y siembran el terror con absoluta impunidad entre los
trabajadores de la caña
de azúcar sindicados. Según se alega, la proclamación del
Gobierno actual de
considerar los derechos humanos como una piedra angular de
la política social
no ha tenido ninguna repercusión en las regiones rurales de
Filipinas. En
Negros, los trabajadores sindicados que critican las estructuras
sociales
injustas y la represión política son tachados de comunistas,
sobre todo por
los terratenientes, y son objeto de un continuo hostigamiento.
En el documento
se relacionan las tropelías sufridas en 1987 por otros miembros
de la
NFSW-FGT: Rodrigo Villacuatro fue asesinado por miembros de
los grupos
independientes armados que operan en la región del Toboso;
en febrero, otros
tres miembros del sindicato fueron detenidos por el séptimo
batallón de
infantería en las localidades de Sitio, Hilumunán y Kabankalán,
sin que sobre
ellos pesara cargo alguno; en abril, 12 miembros fueron
detenidos
arbitrariamente por el 11.o batallón de infantería en relación con
una
emboscada tendida por la guerrilla a las tropas
gubernamentales, siendo
puestos en libertad al día siguiente tras sometérselos a un
interrogatorio; el
17 de mayo dos representantes sindicales, Francisco y Joseph
Guillermo, fueron
gravemente heridos de bala mientras se dirigían a casa en una
plantación de
azúcar de la localidad de Magalona; el 28 de mayo, nueve
miembros (Jesús
Quanteros, Narciso Malalay, Marly Malalay, Wilfredo Baruca,
Nerissa Bautista,
Carmen Malalay, todos ellos de la plantación Longga, y
Leopoldo Oliveras,
Mondejar Dominado y el Sr. Antonio, de la plantación Mandaya)
fueron detenidos
por el 11.o batallón de infantería en Canlaon City bajo la
acusación de ser
miembros del nuevo ejército popular (NPA), siendo
posteriormente puestos en
libertad todos salvo Nerissa Bautista (de 12 años, detenida en
La Castellana
para realizar labores domésticas para los soldados); el 3 de
junio, el 11.o
batallón detuvo a cuatro miembros (Persie Moyong, Emmanuel
Genovés, Edgar
Ostan y Eduardo Ostan, padre) en Camansi, siendo puestos en
libertad todos
ellos, salvo Genovés, tras una intervención del abogado de la
NFSW ante el
comandante del batallón; el 22 de junio, Prima Balaud, viuda de
un dirigente
sindical, y otros cuatro miembros de la NFSW (Belinda Balaud,
Mariano Yunson,
Arguiles Yunson y Rebecca Yunson) fueron detenidos por el
séptimo batallón de
infantería y posteriormente puestos en libertad tras ser
sometidos a un
interrogatorio, debiendo presentarse todas las semanas al
destacamento de
Kabankalán; el 25 de junio, el vicepresidente sindical Romeo
Bulina y otros
cuatro dirigentes sindicales (Romeo Tenessa, Rod Tenessa,
Clarita Salde y Joel
Estrella) fueron despertados mientras dormían por militares que
los acusaron
de apoyar a los rebeldes y desde entonces siguen bajo arresto
militar; el 28
de junio, tres miembros (Arturo Mandiruya, Ruby Sanse y Virgilio
Sardon)
fueron detenidos brevemente por el sexto batallón de infantería
en la
localidad de Isabela. Se facilitan asimismo detalles sobre el
asesinato el 4
de julio del presidente local Amado Cayao, el cuerpo del cual se
encontró
acribillado a balazos junto a una plantación azucarera en las
cercanías de su
casa. Al parecer, testigos oculares vieron cómo ocho hombres
vestidos en
uniforme de camuflaje disparaban ráfagas de tiros cerca de las
viviendas de
los trabajadores.
569. En el documento se describe asimismo el hostigamiento a
que se sometió a
los trabajadores rurales durante el período de referencia para
que no se
afiliaran a la NFSW. Según se alega, en las negociaciones
mantenidas con
representantes del Gobierno y las fuerzas militares sobre la
violencia en la
isla de Negros, la cuestión de la violación de los derechos
humanos fue
rechazada por los representantes militares que alegaron se
trataba de medidas
en la campaña lanzada contra el comunismo y la guerrilla.
570. El querellante adjunta asimismo una lista con el
encabezamiento de
"Víctimas de las operaciones militares" en la que se detallan los
daños
infligidos a los residentes y sus propiedades (sobre todo,
incendio y tiroteo
de sus viviendas y robo de búfalos y ganado) en las siguientes
localidades:
Binalbagán, Himamaylán, La Castellana, La Carlota City y
Pontevedra.
571. En su comunicación de 5 de abril de 1988, la UITA alega
que en enero y
febrero de 1988 se llevaron a cabo nuevos actos de represión
contra miembros
de su filial filipina, la NFSW-FGT: Carmelina Cornelio de Nuevo
Escalante fue
hostigada y tiroteada por la policía el 6 de enero. Además,
adjunta una lista
de 32 personas que fueron arbitrariamente arrestadas y
detenidas por
destacamentos policiales (véase anexo).
572. En su carta de 20 de septiembre de 1988, la UITA alega
que el 3 de julio
de 1988, José "Joe" Tampinco, miembro de la junta directiva y
jefe del comité
de educación de la Federación Nacional de Trabajadores del
Azúcar, la
Alimentación e Industrias Afines (NFSW-FGT), fue asesinado
mientras
participaba en un mitin en Bacolod. Expresa su gran
preocupación por la
deterioración de la situación en Filipinas y declara que el
Gobierno es
incapaz de observar los Convenios núms. 87 y 98 que ratificó
hace tiempo.
Recortes de prensa anexos a la carta informan que el Sr.
Tampinco fue baleado
por sospechosos armados del Nuevo Ejército del Pueblo
"Sparrow".
B. Respuesta del Gobierno
573. En su carta de 14 de abril de 1988, el Gobierno señala que
el
Departamento de Trabajo y Empleo ha investigado sobre los
casos de violación
de los derechos humanos presentados por la UITA, si bien no le
ha resultado
fácil obtener información de los diversos organismos implicados
debido a la
reorganización en curso en las fuerzas armadas y el Gobierno
mismo.
574. El Gobierno señala que la Comisión de Derechos Humanos
de Filipinas había
recibido quejas de sólo dos de las presuntas víctimas
mencionadas en el
documento de la NFSW-FGT, a saber: Aldarico Antojado y la
Sra. Balaud. El caso
planteado por el primero había sido examinado por la Comisión,
hallándose
pendiente de juicio una demanda presentada ante el tribunal
regional de San
Carlos City. Los militares presuntamente implicados en el caso
de la Sra.
Balaud han sido identificados ya y están arrestados en el cuartel
de la
policía de Camp Delgado, Iloilo City, para ser sometidos a
investigación y que
se tomen las medidas legales pertinentes. Los casos de las otras
víctimas, en
particular el presunto asesinato de Amado Cayao cuyos
abogados o familia no
interpusieron ninguna demanda, están siendo asimismo
investigados por la
oficina regional de la Comisión. Hay unos 30 casos de Negros
Occidental
pendientes de examen por la Comisión Filipina de Derechos
Humanos por
presuntas violaciones de derechos humanos de trabajadores
rurales en las áreas
de Kabankalán, Himamaylán, La Castellana, La Carlota City,
Pontevedra y
Binalbagán, si bien los nombres de los querellantes no se
relacionan en el
presente caso ni en otros similares. Dichos casos son
investigados por la
Comisión.
575. El Gobierno señala que ha dado instrucciones a la oficina
regional del
Departamento del Trabajo (que tiene jurisdicción sobre la zona
en que se
produjeron los presuntos asesinatos y hostigamiento) de que
lleve a cabo una
investigación sobre el informe presentado por la NFSW-FGT. En
la actualidad
está recogiendo pruebas documentales para tratar de dilucidar
el caso. Según
la jefatura provincial de la policía de Filipinas, algunos de los
dirigentes y
miembros de la NFSW participan en actividades guerrilleras. Se
alega incluso
que algunos de ellos no sólo son simpatizantes sino miembros
del Partido
Comunista de Filipinas. El Gobierno planteará igualmente estas
cuestiones
durante el diálogo que mantiene con los mandos provinciales
del ejército en
las zonas afectadas. Las quejas se incluirán asimismo en el
orden del día de
la reunión del Consejo regional de representantes de los
empleadores y los
trabajadores en las zonas afectadas.
576. Se investiga asimismo la presunta participación de grupos
armados o de
los llamados "vigilantes". Según el Gobierno, se ha producido
un aumento
alarmante del número de actos violentos instigados por los
terroristas
rebeldes que ha dado lugar a una espontánea proliferación de
grupos
voluntarios civiles para defender a la comunidad de criminales y
otros
elementos fuera de la ley. Con el fin de que tales organizaciones
voluntarias
acaten la ley y respeten los derechos humanos, el 30 de
octubre de 1987 se
publicaron unas directrices sobre su formación y funciones en
las que, entre
otras cosas, se dispone lo siguiente: i) que las organizaciones
voluntarias
sean exclusivamente para la legítima defensa y la protección; ii)
la
pertenencia a las mismas tendrá un carácter voluntario y sus
miembros serán
objeto de una selección con el fin de evitar la presencia de
elementos
criminales; iii) dichas organizaciones no participarán en
actividades
contrarias a la ley y los miembros de las mismas que cometan un
delito penado
por la ley serán enjuiciados en consecuencia. Tampoco se les
permite actuar
contra posibles grupos subversivos salvo en el ejercicio del
derecho de
legítima defensa. Se crea asimismo un mecanismo de control
para garantizar la
observancia de las directrices y medidas de protección. Según
el Gobierno, la
directrices tratan de asegurar que las organizaciones de
autodefensa civil de
carácter voluntario no cometan abusos y que se haga justicia a
las víctimas o
querellantes, a la vez que se investigue a los infractores y se les
instruya
un proceso judicial en los casos justificados. El Gobierno
adjunta una copia
de las directrices.
577. El Departamento de Trabajo y Empleo está coordinando
junto con el
Departamento de la Defensa Nacional, el Departamento de
Administración Local y
Desarrollo Comunitario y las unidades pertinentes de las fuerzas
armadas, el
examen de todo lo relacionado con la presunta detención,
hostigamiento y
desaparición de las demás personas recogidas en la queja.
Señala que mantendrá
informado al Comité sobre el curso de las investigaciones.
578. El Gobierno subraya que hace todo lo posible por mejorar
la suerte de los
trabajadores y proteger y apoyar sus derechos de sindicación y
negociación
colectiva. Explica que en la Constitución de Filipinas de 1986,
que fue
ratificada por el 70 por ciento del pueblo filipino, se reconoce
expresamente
la plena protección a los trabajadores, tanto en el país como en
el
extranjero, organizados o sin organizar. Señala asimismo que
incluso antes de
la promulgación de la mencionada Constitución, la Presidenta
Aquino promulgó
la orden ejecutiva núm. 111 por la que se enmendaban o
derogaban las
disposiciones del código del trabajo por las que se reprimían los
derechos de
los trabajadores y sus sindicatos. En la actualidad se lleva a
cabo una
revisión de la legislación laboral para alinearla con lo dispuesto
en la nueva
Constitución y el objetivo que persiguen los programas
gubernamentales de
fomentar el bienestar económico y social del pueblo filipino.
579. En conclusión, el Gobierno señala que está resuelto a
apoyar y hacer que
se respeten las libertades civiles y los derechos humanos. Por
ejemplo, apenas
un mes después de acceder al poder el nuevo Gobierno en
1986, se creó el
Comité Presidencial para los derechos humanos. Al Comité se le
encargó que
investigara aquellos casos de desapariciones que aún no tenía
explicación o
forzadas, asesinatos, matanzas, tortura, acaparamiento de
productos
alimenticios y otras violaciones de los derechos humanos, a la
vez que
propusiera procedimientos y garantías para asegurar que los
derechos humanos
no se violan por los funcionarios o empleados del Gobierno ni
por quienes
obran por cuenta suya o bajo sus órdenes. Por la Constitución
de 1986 se creó
una oficina constitucional independiente llamada la Comisión
Filipina de
Derechos Humanos para investigar, a iniciativa propia o a
instancia de parte,
cualesquiera aspectos de los derechos humanos. El Gobierno
adjunta una copia
de los artículos 17 a 19 de la Constitución en los que se
describe dicha
Comisión. El Gobierno reitera su adhesión al principio del
sindicalismo libre
y su compromiso de proteger y apoyar los derechos de los
trabajadores.
Observa, por otro lado, que se han necesitado dos años para
crear las
instituciones democráticas del país - Presidente, Tribunal
Supremo y Congreso
- y habrán de pasar aún varios años más para que la
democracia halle reflejo
en todos los aspectos de la vida del país.
580. En la comunicación del Gobierno de 13 de mayo de 1988
se dice que según
los datos de que dispone la Comisión Filipina de Derechos
Humanos ni la NFSW
ni los familiares de Amado Cayao han presentado una denuncia
contra los
presuntos autores de su asesinato salidos de las filas militares.
No obstante,
la Comisión ha llevado a cabo de motu propio una investigación
sobre el caso.
El Departamento de Trabajo mantiene una estrecha relación
con este organismo y
ha pedido asimismo al comandante en jefe de las fuerzas
militares de la
provincia de Bacolod que investigue el caso. Informará al
Comité del resultado
de las investigaciones en cuanto éstas se hagan públicas.

C. Conclusiones del Comité

581. El Comité observa que el presente caso contiene graves
- alegatos de
- represión militar o paramilitar contra miembros de la organización
- filial
- local del querellante en su intento de organizarse en la provincia
- de Negros.
- Los alegatos se refieren a diversos hechos: 1) asesinato de
- dirigentes y
- militantes sindicales (en 1986, Uldarico Antojado, Anecito
- Emalay y Moreto
- Pastidio; en 1987, Rodrigo Villacuatro y Amado Cayao en 1988,
- José "Joe"
- Tampinco); 2) dos heridos (el 17 de mayo de 1987 Francisco y
- Joseph
- Guillermo); 3) arrestos y detenciones arbitrarios (Jesús
- Quanteros, Narciso
- Malalay, Marly Malalay, Wilfredo Baruca, Nerissa Bautista,
- Carmen Malalay,
- Leopoldo Oliveras, Mondéjar Dominado, Sr. Antonio, Persie
- Moyang, Emmanuel
- Genovés, Edgar Ostan, Eduardo Ostan, padre, Prima Balaud,
- Belinda Balaud,
- Mariano Yunson, Arguiles Yunson, Rebecca Yunson, Romeo
- Bulina, Romeo Tenessa,
- Rod Tenessa, Clarita Salde, Joel Estrella, Arturo Mandiruya,
- Ruby Sanse,
- Virgilio Sardon), de los que siete siguen detenidos (la niña de 12
- años
- Nerissa Bautista, Emmanuel Genovés, Romeo Bulina, Romeo y
- Rod Tenessa, Clarita
- Salde, Joel Estrella).
582. Otros alegatos se refieren también a la destrucción o daños
- infligidos a
- las viviendas y propiedades de los trabajadores rurales, así
- como arrestos y
- detenciones arbitrarias de 32 personas vinculadas a la
  - FNSW-FGT sin
- especificar si dichos actos guardaban relación con actividades
- sindicales.
583. La primera observación del Comité es que la propia
- respuesta del Gobierno
- indica que, en algunos casos, las detenciones de dirigentes y
- miembros de la
- NFSW no guardaban relación con sus funciones sindicales,
- sino con presuntas
- actividades rebeldes y pertenencia a organizaciones rebeldes o
- políticas
- prohibidas. Tales alegatos no caen dentro de la competencia
- del Comité
- (Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
- Sindical,
1985, párrafo 201). Por otro lado, en tales situaciones el Comité
- siempre ha
- cuidado señalar que medidas de carácter político y que no
- tengan por objeto
- restringir los derechos sindicales propiamente dichos, pueden,
- sin embargo,
- aplicarse de tal manera que afecten el ejercicio de los mismos
- (Recopilación,
- párrafo 197). El Comité pide, además, información más detallada
- al Gobierno
- sobre las razones alegadas para detener a las personas citadas
- por el
- querellante y los cargos específicos que pesan sobre las siete
- personas que
- siguen detenidas.
584. El Comité se complace en comprobar que un organismo
- independiente y de
- alto nivel - la Comisión Filipina de Derechos Humanos -
- investigue los casos
- de violación de los derechos humanos alegados en la queja, en
- especial el
- asesinato de Amado Cayao. A este respecto, el Comité toma
- nota de que dos de
- los hechos citados por el querellante ya habían sido objeto de
- investigación
- por parte de la Comisión, llegándose en el caso de la muerte del
- Sr. Antojado
- a instruirse un juicio ante el tribunal de San Carlos City y, en el
- de la
- detención de la Sra. Balaud, a formularse acusaciones contra
- ciertos
- militares. El Comité espera que el Gobierno le remita los fallos
- judiciales
- dictados en ambos casos, así como información sobre la
- marcha de la
- investigación llevada a cabo por la Comisión Filipina de
- Derechos Humanos
- acerca de los alegatos de la NFSW-FGT sobre muertes,
- lesiones y arrestos y
- detenciones arbitrarias de dirigentes y miembros sindicales en la
- provincia de
- Negros.
585. Al mismo tiempo, el Comité desearía que el Gobierno le
- explicara el
- procedimiento que sigue por la Comisión Filipina de Derechos
- Humanos y su
- eficacia. Por ejemplo, según la Constitución la Comisión puede
- pedir
- asistencia a cualquier departamento u organismo para llevar a
- cabo sus
- funciones, pero no está clara su relación con la Oficina
- Nacional de
- Investigación y los tribunales ordinarios penales o militares, ni
- tampoco si
- las investigaciones policiales se suspenden durante las
- investigaciones de la
- Comisión. El Comité desearía recordar a este respecto que al
- igual que las
- demás personas, los sindicalistas detenidos deben disfrutar de
- un
- procedimiento judicial regular y tener derecho a una buena
- administración de
- la justicia, lo cual implica que se les informe de las acusaciones
- que se les
- imputan, que dispongan del tiempo necesario para preparar su
- defensa, que
- puedan comunicar libremente con el abogado que elijan y que
- sean juzgados sin
- demora por una autoridad judicial imparcial independiente
- (Recopilación,
- párrafo 110); de hecho, el Comité ha atribuido siempre gran
- importancia a que
- en todos los casos, incluso en aquellos en que se acusa a
- sindicalistas de
- delitos de carácter político o de derecho común, los interesados
- sean juzgados
- en el más breve plazo posible por una autoridad judicial
- imparcial
- independiente. (Recopilación, párrafo 113.)
586. En cuanto al presunto papel desarrollado por grupos de
- vigilantes en el
- hostigamiento y represión de sindicalistas en las zonas rurales
- de la
- provincia de Negros, el Comité toma nota de las directrices
- detalladas
- publicadas en octubre de 1987 por el Gobierno para que dichos
- grupos limiten
- sus actividades a la autodefensa no agresiva y no cometan
- actos ilegales. A
- partir de la copia de las directrices facilitada, se deduce que
- además de un
- informe mensual al jefe de personal de las fuerzas armadas en el
- que se
- relacionan los jefes, localidades y miembros portadores de armas
- de tales
- grupos, hay un subcomité de coordinación del que dependen
- numerosos comités de
- control regional que pueden investigar las quejas presentadas
- contra los
- abusos de tales grupos. El Gobierno no responde acerca de si
- los incidentes
- detallados por el querellante se han trasladado ha dicho órgano
- supervisor, si
- bien habla de investigaciones coordinadas llevadas a cabo por
- los
- Departamentos de Trabajo y Empleo, Defensa Nacional,
- Administración Local y
- Desarrollo Comunitario y las unidades pertinentes del ejército. El
- Comité pide
- al Gobierno que le mantenga informado del resultado de dichas
- investigaciones,
- especificando si los miembros de grupos de voluntarios de
- autodefensa civil
- cometen realmente actos de violencia contra las personas y la
- propiedad en la
- provincia de Negros tal como señala el querellante, así como
- cualesquiera
- acusaciones y juicios instruidos contra los mismos.
587. El Comité toma debida nota del compromiso del Gobierno
- de proteger los
- derechos de los trabajadores y confía en que, a tenor de ello,
- asegurará la
- realización de investigaciones justas y oportunas para todas las
- partes
- implicadas en los alegatos del querellante, con el fin de disponer
- de toda la
- información necesaria antes de proceder a un examen
- exhaustivo del caso.

Recomendación del Comité

588. En vista de las conclusiones provisionales que preceden,
- el Comité invita
- al Consejo de Administración a que apruebe las siguientes
- recomendaciones:
  - a) en cuanto a los asesinatos, lesiones y arrestos y detenciones
- arbitrarios
- presuntamente perpetrados por las fuerzas militares contra
- dirigentes y
- miembros sindicales en las zonas rurales en la provincia de
- Negros, el Comité
- pide al Gobierno que le informe del fallo de los procesos
- instruidos contra el
- Sr. Antojado y la Sra. Balaud, así como del resultado de las
- investigaciones
- de la Comisión Filipina de Derechos Humanos en los otros
- incidentes enunciados
- por el querellante; el Comité pide al Gobierno además, que
- envíe informaciones
- más detalladas sobre las razones alegadas para detener a las
- personas citadas
- por el querellante y los cargos específicos que pesan sobre las
- siete personas
- que siguen detenidas;
  - b) pide al Gobierno que facilite sus observaciones sobre los
- alegatos del
- querellante más recientes relativos al asesinato de un dirigente
- sindical el 3
- de julio de 1988 en Bacolod durante un mitin sindical;
  - c) por lo que se refiere al hostigamiento violento presuntamente
- perpetrado
- por grupos paramilitares en dichas zonas rurales, el Comité pide
- al Gobierno
- que le facilite información sobre las investigaciones coordinadas
- que llevan a
- cabo varios departamentos gubernamentales y el ejército para
- elucidar dicho
- alegato, así como la utilización hecha de los mecanismos de
- control previstos
- en las directrices sobre grupos voluntarios de autodefensa civil
- a este
- respecto;
  - d) con carácter más general, el Comité pide al Gobierno que
- explique el
- procedimiento de actuación seguido por la recientemente
- creada Comisión
- Filipina de Derechos Humanos y su evolución posterior.

Z. ANEXO

ALEGATOS SOBRE ARRESTOS Y DETENCIONES
POLICIALES EN ENERO Y FEBRERO DE 1988
1. 1 Martín Monarca, Consuelo, La Carlota City (puesto en libertad
el
1. 141.1988).
2. 2 Rolando Villamor, Sitio Biernesan, Pinapugasan, New
Escalante.
1. 3 Perlito Mahilom, Sitio Biernesan, Pinapugasan, New
Escalante.
1. 4 Audie Velasco, María José Farm, Magalona (puesto en
libertad el 12.1.1988).
1. 5 Edwin Bargamento, Emma Farm, Manapla (puesto en libertad
2. el 121.1988).
3. 6 Bienvenido Sagal, Sitio Biernesan, Pinapugasan, New
Escalante.
1. 7 Larry Durimon, Sitio Biernesan, Pinapugasan, New Escalante.
2. 8 Dionesio Guinsatao, Pontevedra (en paradero desconocido
desde el
1. 132.1988).
2. 9 Rómulo Lauriano.
3. 10 Edwin Jacosalem.
4. 11 Joseph Bentic.
5. 12 Fred Guillema.
6. 13 Belle Meniale.
7. 14 Agustín Jovenes (puesto en libertad el 29.1.1988).
8. 15 Willy Alcántara.
9. 16 René Pelayo.
10. 17 Rodrigo Aquino.
11. 18 Francisco Alcántara.
12. 19 Salvador Piorato.
13. 20 Eugene Lachica.
14. 21 Romeo Eder.
15. 22 Cresenciano Palermo.
16. 23 Roberto Apuhen, Benitin Farm Murcia.
17. 24 Alan Aligno.
18. 25 Linda Sotomayor.
19. 26 Henry Norbes.
20. 27 Carlito Norbes.
21. 28 Rodolfo Samson.
22. 29 Nilo Dayapan.
23. 30 Daniel Dayapan.
24. 31 Edwin Quitchon.
25. 32 Pedrico Topic (puesto en libertad el 5.2.1988).