Rapport définitif - Rapport No. 259, Novembre 1988

Cas no 1423 (Côte d'Ivoire) - Date de la plainte: 20-AOÛT -87 - Clos

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INTRODUCTION
A. Examen anterior del caso
C. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité

100. El Comité examinó este caso en su reunión de mayo de
1988, en que
- presentó un informe provisional al Consejo de Administración
- (véase 256.
- informe, párrafos 383 a 400). Desde entonces, el Gobierno ha
- enviado
- comunicaciones de fecha 25 de mayo, 30 de mayo, 3 de junio,
2 de agosto y 13
- de septiembre de 1988.
101. Por otra parte, el Comité ha sido informado de que el
- Director General,
- acompañado por el Sr. Gernigon, jefe del Servicio de Libertad
- Sindical, visitó
- Côte d'Ivoire del 27 al 29 de julio de 1988 para examinar con las
- autoridades
- gubernamentales las cuestiones planteadas en el presente
- caso.
102. Côte d'Ivoire ha ratificado el Convenio sobre la libertad
- sindical y la
- protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el
- Convenio sobre el
- derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
98).

A. Examen anterior del caso

103. La FISE alegaba que se habían suspendido las labores
del congreso del
Sindicato Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de
Côte d'Ivoire
(SYNESCI) y que varias personas que nunca habían pagado
cuotas sindicales
habían constituido ilegalmente una Mesa del sindicato. Alegaba
asimismo que
ísta había ocupado la sede del sindicato con ayuda de la
policía nacional y
que se habían congelado las cuentas bancarias del sindicato
por orden del
Ministro de Educación Nacional en beneficio de la Mesa
ilegítima.
104. La organización también alegaba que tres dirigentes del
SYNESCI, entre
los cuales el Sr. Laurent Akoun, secretario general, habían sido
detenidos y
condenados a penas de cuatro a seis meses de cárcel por
"malversación de
fondos públicos". Por otra parte, la FISE declaraba que otros 13
sindicalistas
estaban detenidos en el campamento militar de Seguíla, que 18
se hallaban
suspendidos de sueldo y seis estaban suspendidos de empleo.
105. Habida cuenta de las informaciones de que disponía en
su reunión de
mayo de 1988, el Comité presentó al Consejo de Administración
las conclusiones
provisionales siguientes:
- Dada la gravedad de los numerosos alegatos formulados en
el presente
caso, el Comité quisiera creer que el Gobierno hará todo lo
posible para
asegurar que en Côte d'Ivoire se garantice el respeto a los
derechos
sindicales del personal docente.
- El Comité pide que el Sindicato Nacional de Profesores de
Enseñanza
Secundaria de Côte d'Ivoire (SYNESCI), que ha recusado a la
ejecutiva
ilegítima que pretende representar a los profesores de
enseñanza secundaria,
vea su caso sustanciado en breve plazo ante los tribunales y
pide al Gobierno
que le informe sobre el resultado del mismo.
- El Comité pide al Gobierno que le facilite copias del juicio de
diciembre
de 1987 en el que se sentenció a penas de cárcel a varios
dirigentes del
SYNESCI por apropiación indebida de fondos públicos, y le
insta a que ponga en
libertad o le informe sobre los cargos que pesan sobre los 13
dirigentes
sindicales que, al parecer, se hallan detenidos sin acusación o
juicio en el
campamento militar de Seguíla desde el 31 de octubre de 1987,
así como de su
situación actual.
- En cuanto a los actos de discriminación antisindical llevados
a cabo por
las autoridades contra activistas del SYNESCI durante los seis
últimos meses,
el Comité pide al Gobierno que le informe sobre la situación
actual de los
profesores que se hallan suspendidos de empleo o trasladados
o suspendidos de
sueldo a causa de sus actividades o funciones sindicales.
B. Respuesta del Gobierno
106. En su comunicación de fecha 25 de mayo de 1988, el
Gobierno señala que
en vísperas de su congreso el SYNESCI se enfrentaba con
dificultades internas.
La desmovilización de los militantes era casi general, salvo un
núcleo, él
también profundamente dividido. Los afiliados habían dejado
prácticamente de
pagar voluntariamente sus cuotas. La ineficacia de la junta
directiva nacional
era evidente y su administración se consideraba desastrosa. La
finalidad del
congreso era clara: se trataba para la dirección en ejercicio de
conservar sus
puestos por todos los medios posibles y, para la inmensa
mayoría de los
profesores de segunda enseñanza, de conseguir un cambio de
dirección para
reactivar el SYNESCI. Dos grupos se enfrentaron desde el
primer día del
congreso, y el grupo que apoyaba a la Mesa saliente se retiró
de la sala. El
otro grupo elegió una Mesa y la reunión continuó sus labores.
Se instó a la
antigua dirección a que presentara un balance de su
administración durante el
mandato que se le había confiado. Ante la negativa de esta
última, se votó
contra ella una moción de censura. Se constituyeron cuatro
comisiones y las
labores se llevaron a feliz término. El Sr. Djanwet Kouakou fue
elegido
secretario general por mayoría absoluta. El 24 de julio, el nuevo
secretario
general tomó posesión de los locales del SYNESCI en presencia
de un ujier de
justicia.
107. El 4 de agosto de 1987, el nuevo secretario general
presentó al Fiscal
de la República de Abidján una queja contra los señores
Laurent Akoun, Traorí
Yaya y Adoukou, miembros de la Mesa saliente del SYNESCI,
por abuso de
confianza y ocultación de bienes en metálico (14 700 000
francos CFA) y de
material perteneciente al sindicato. En el expediente abierto
como
consecuencia de esta queja se establece que durante la
reunión del congreso el
Sr. Laurent Akoun se llevó material técnico. Por otra parte, entre
el 21 y el
23 de julio de 1987, se retiró la cantidad de 14 700 000 francos
CFA de tres
bancos diferentes por medio de cheques firmados por el
secretario general
saliente y refrendados por el tesorero y el tesorero adjunto
salientes.
108. Interrogados sobre estos hechos, los acusados
reconocieron su
materialidad, pero aclararon que las cantidades retiradas de los
bancos se
utilizaron para el pago de los salarios del personal de la oficina
del Sr.
Akoun y sufragar diversos gastos correspondientes a la
celebración del
congreso y el funcionamiento del sindicato. En lo que se refiere
al material,
íste se habría ocultado para restituirlo luego a quien
correspondiera después
de la celebración del congreso que proyectaban convocar. El
19 de septiembre
de 1987, el Sr. Laurent Akoun declaró ante el juez de
instrucción que estaba
dispuesto y podía presentar a la justicia el material técnico del
SYNESCI y
los bienes en metálico, tras un descuento de los gastos, que
ascendían a 3 850
000 francos CFA (unos 7 700 francos franceses)
correspondientes al
funcionamiento del sindicato. Los otros dos acusados
expresaron su conformidad
con las nuevas declaraciones del Sr. Laurent Akoun. Por este
motivo, el 1 de
octubre de 1987, los abogados de los acusados entregaron al
juez de
instrucción los fondos y el material técnico de oficina que
habían ocultado
sus clientes.
109. El Sr. Laurent Akoun fue detenido el 5 de septiembre de
1987 y las
otras dos personas el 11 del mismo mes, y los acusados fueron
presentados al
tribunal de primera instancia de Abidján por abuso de confianza
y ocultación
de bienes. Ante el tribunal de primera instancia de Abidján y el
tribunal de
apelaciones al que recurrieron al mismo tiempo que el ministerio
público, los
acusados sostuvieron que la restitución anulaba las
acusaciones formuladas
contra ellos y que el congreso se había suspendido el 21 de
julio de 1987 como
consecuencia de desórdenes, de manera que el Sr. Djanwet
Kouakou no había sido
elegido normalmente, luego no estaba calificado para
representar el SYNESCI.
110. El tribunal de primera instancia de Abidján y el tribunal de
apelaciones de la misma ciudad estimaron que el contencioso
electoral alegado
por los acusados sólo era imaginario por falta de pruebas y que
la restitución
forzosa de los interesados sólo constituía un arrepentimiento
activo que no
subsanaba la intención fraudulenta y podía considerarse a lo
máximo como
circunstancias atenuantes. Por este motivo, ambas
jurisdicciones condenaron a
los señores Akoun y Traore Yaya a seis meses de cárcel sin
sobreseimiento y a
100 000 francos CFA de multa, así como al Sr. Adoukou Vanga
a cuatro meses de
cárcel sin sobreseimiento y a 50 000 francos CFA de multa.
111. Por su parte, el Sr. Laurent Akoun y sus partidarios
interpusieron un
recurso judicial el 21 de septiembre de 1987 ante el tribunal de
trabajo que,
por ser claramente incompetente, desestimó su petición por
decisión de 5 de
noviembre de 1987. Los interesados interpusieron entonces un
recurso ante el
tribunal de primera instancia de Abidján para que se anularan las
elecciones
de julio de 1987. Este tribunal estimó, por sentencia dictada el 6
de abril de
1988 (de la que el Gobierno presenta una copia), que la
apertura del congreso
había privado a todos los órganos dirigentes del sindicato de su
mandato y que
el Sr. Akoun no podía actuar como secretario general del
SYNESCI ya que había
perdido esta calidad y sólo podía recuperarla por medio de su
reelección en el
congreso. Por consiguiente, su petición se declaró inadmisible.
112. Por otra parte, el Gobierno declara que tras la detención
del Sr. Akoun
sus partidarios realizaron una amplia campaña de
desinformación y de
intoxicación. Por ejemplo, se repartieron octavillas sediciosas,
difamatorias,
tendenciosas e injuriosas muy violentas respecto de ciertas
personalidades
políticas, de la justicia y de la administración de la enseñanza y,
sobre
todo, del Presidente de la República.
113. A pesar de la extrema gravedad de estos hechos y de
estas prácticas
contrarias a los estatutos de la administración pública de Côte
d'Ivoire, sus
autores, funcionarios del Estado, habiendo sido interrogados y
habiendo
reconocido su actuación, sólo han sido objeto de medidas de
cambio de destino
a otros puestos en Côte d'Ivoire. Para algunos de ellos se ha
derogado la
suspensión de sus obligaciones militares y, como todo
ciudadano del país, han
sido movilizados para cumplirlas por el período que les
corresponde
legalmente, en especial en el campamento de Seguíla.
Finalmente, los que han
comparecido ante los tribunales por solidaridad con sus
compañeros y han
abandonado sus puestos, han sido naturalmente privados de los
salarios
correspondientes al tiempo de trabajo no realizado, y a otros,
que se han
negado a aceptar su nuevo destino, también se les ha
suspendido legítimamente
su remuneración.
114. En lo que se refiere al congreso del SYNESCI, el
Gobierno estima que el
cambio en la dirección del sindicato no es obra suya. Según
este último, es el
resultado de la división de los militantes y de su oposición
demostrada antes
y durante el congreso al que asistieron todos para cambiar una
dirección
nacional ineficaz en el plano sindical, inútilmente régida y con
orientaciones
poco claras. Este es el motivo por el cual el Sr. Akoun modificó,
antes del
congreso, el artículo 24, que pasó a ser artículo 26 del
reglamento, y sobre
todo el artículo 3, nuevo éste, que modificaba las modalidades
de escrutinio
para la elección del secretario general. Sólo 82 personas
habrían tenido el
derecho legal de elegir el secretario general, tratándose de 82
partidarios
seguros puesto que todos eran responsables de subsecciones
establecidas por la
Mesa en ejercicio. Por otra parte, aprovechando la
desmovilización general y
la negativa de casi todos los profesores a pagar sus cuotas
sindicales (sólo
150 de los 7 000 afiliados lo habían hecho), el Sr. Akoun se
opuso por cálculo
a la voluntad de subsanar la situación, aunque fuera en último
momento, de
todos los que habían decidido expulsarlos a él y su equipo de la
dirección del
sindicato. Siendo profesores con plenitud de derechos,
descontentos por el
funcionamiento de su organización sindical, amargados ante la
imposibilidad de
expresarse en su propio congreso y tras haber agotado todos
los medios de
diálogo pacífico pero estéril desde hace varios años, la mayoría
terminó
imponiendo la ley del número.
115. El Gobierno añade que, por su calidad y su número, los
congresistas
consideraron que no les concernía una suspensión sine die del
XV congreso por
una minoría a la que sólo interesaba mantener la situación
actual. En este
asunto, el Gobierno se ha limitado a evitar desórdenes. El resto,
a saber, la
legalidad o ilegalidad de las labores del congreso, corresponde
a la justicia,
en un país que respeta la separación de los poderes, y, de
hecho, los
tribunales examinaron un recurso de anulación de las actas del
XV congreso. De
haber actuado de otra manera el Gobierno, no sólo se habría
invocado una
injerencia inadmisible del mismo sino que el poder ejecutivo se
habría
concretamente sustituido al poder judicial. Por esta razón,
cuando la Mesa
elegida pidió audiencia al Jefe del Estado, éste la recibió como
hizo siempre
para la antigua dirección.
116. En lo que se refiere al procedimiento penal incoado
contra los antiguos
dirigentes del SYNESCI, el Gobierno declara que no revistió ni el
carácter de
un proceso de intención ni el de un proceso político. Es un
asunto de derecho
común, considerado como tal, en el respeto escrupuloso de los
textos en vigor,
con la asistencia constante de tres representantes de los
colegios de abogados
de Parés y de Abidján; la queja fue presentada por el Sr.
Djanwet Kouakou,
nuevo secretario general, que tiene tanto más derecho a
defender los intereses
del SYNESCI cuanto que ninguna decisión de justicia ha
anulado su elección. De
hecho, todo ciudadano tiene el derecho de denunciar una
práctica delictuosa, y
el Fiscal de la República de admitirla. Sea lo que fuere, y para
terminar
sobre este punto, el Gobierno declara que las sentencias
dictadas no son obra
suya y que no puede dar órdenes a un representante del
ministerio público ni
influir de ninguna manera en el fallo de un tribunal.
117. Finalmente, el Gobierno estima que las decisiones
administrativas en
materia de servicio militar obligatorio, cambios de destino y
suspensión de
los salarios son irrisorias en comparación con las faltas
cometidas, que están
todas vinculadas con violaciones evidentes de los estatutos de
la
administración pública. En efecto, el artículo 14 de los estatutos
dispone que
el funcionario es libre respecto de sus opiniones filosóficas,
políticas y
religiosas. Sin embargo, la expresión de estas opiniones no
puede poner en
tela de juicio los principios plasmados en la Constitución del
Estado. Sólo
pueden expresarse estas opiniones fuera de las horas de
servicio y con la
reserva que corresponde al cargo que desempeña el
interesado. Sólo pueden ser
objeto de una difusión por escrito previa autorización del ministro
competente. Las ofensas y ultrajes contra el mismo Jefe del
Estado, los
atentados contra su vida pública y privada, los insultos contra la
autoridad
pública, se sancionan con arreglo a los artículos 174 y 243 y
siguientes del
Código Penal; sin embargo, estos delitos no se han invocado
contra las
personas de que se trata.
118. Según el Gobierno, las disposiciones pertinentes de los
Convenios núms.
87, 98 y 151 no han sido objeto de ninguna violación por su
parte,
contrariamente a los alegatos de los querellantes.
119. En su comunicación de 3 de junio de 1988, el Gobierno
aclara que los
tres dirigentes del SYNESCI condenados por abuso de
confianza y ocultación de
bienes han cumplido su sentencia. Al ser puestos en libertad
han sido
trasladados al campamento de Seguíla para cumplir su servicio
militar
obligatorio. Por consiguiente, con arreglo al Gobierno, su
presencia en
Seguíla no está de ningún modo vinculada con el ejercicio legal
de sus
actividades sindicales sino con actos reprensibles cometidos en
violación del
artículo 14 de los estatutos generales de la administración
pública de Côte
d'Ivoire.
120. En una comunicación de 2 de agosto de 1988 dirigida a
la OIT, después
del regreso de la misión realizada por el Director General, el
Gobierno
subraya que los incidentes que se produjeron durante el último
congreso del
SYNESCI fueron el resultado de un conflicto interno entre las
diversas
tendencias sindicales de la organización. Estas tendencias
tuvieron la
posibilidad de expresarse dentro de la organización y el
Gobierno no intervino
de ningún modo en este asunto interno del SYNESCI.
Unicamente debió
intervenir el poder judicial en el marco de un proceso civil y de
un proceso
penal a petición de ambas tendencias. Así, la justicia ante la
que recurrieron
los interesados se pronunció, por una parte, sobre la validez de
las
elecciones que se celebraron durante dicho congreso y, por
otra parte, sobre
las acusaciones penales formuladas contra los tres (3) antiguos
dirigentes del
SYNESCI.
121. Respecto de la situación de las personas que habían
sido movilizadas
para hacer el servicio militar en los campamentos militares, el
Gobierno
declara que estas personas han reanudado sus actividades
civiles de enseñanza,
durante el período de servicio militar que les corresponde
legalmente. Además,
actualmente se está estudiando la adopción de medidas para
que los profesores
afectados cobren íntegramente los salarios que habían dejado
de percibir. El
Gobierno asegura, por último, al Comité de Libertad Sindical que
las personas
interesadas nunca han sido excluidas de la vida de Côte
d'Ivoire, dado que su
situación ha sido objeto de contactos directos con miembros del
Gobierno.
122. En una comunicación posterior de fecha 13 de
septiembre de 1988, el
Gobierno hace saber que este asunto ha llegado a una
conclusión en relación al
Sr. Akoun y sus colegas, quienes en el plano administrativo se
encuentran
nuevamente en la situación que tenían antes de que se
produjeran los
incidentes que dieron origen al presente caso ante el Comité.
Sus salarios han
sido pagados a partir del mes de julio de 1988. Los salarios
debidos hasta la
fecha de suspensión también les serán pagados. El Gobierno
añade que solamente
los resultados del XV congreso del SYNESCI quedan invariables
ya que se trata
de un problema netamente sindical en el cual el Gobierno no
debe interferir.

C. Conclusiones del Comité

123. El Comité observa que, en el presente caso, la
- organización querellante
- ha formulado alegatos sobre la injerencia del Gobierno en los
- asuntos internos
- del Sindicato Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria
- de Côte d'Ivoire
- (SYNESCI), sobre la condena a penas de cárcel de tres
- dirigentes de esta
- organización, sobre el internamiento en campamentos militares
- de otros
- sindicalistas y sobre la adopción de medidas discriminatorias,
- tales como
- traslados o suspensiones de salarios, contra miembros del
- personal docente.
124. En lo referente a la primera cuestión, el Comité observa
- que este
- asunto tiene su origen en los conflictos que se produjeron entre
- tendencias
- opuestas durante el congreso del SYNESCI. Después de que la
- Mesa saliente
- abandonase sus funciones, el congreso eligió una nueva
- dirección sindical que
- tomó posesión de los locales y de los bienes de la organización.
- Estas
- elecciones fueron impugnadas por la antigua dirección ante la
- justicia, pero
- ísta desestimó la demanda de los querellantes.
125. El Comité siempre ha considerado que no le incumbe
- pronunciarse sobre
- conflictos internos de una organización sindical, salvo en el
- caso de una
- intervención del Gobierno que pudiera afectar el ejercicio de los
- derechos
- sindicales y el normal funcionamiento de una organización.
- (Véase, por
- ejemplo, 217.o informe, caso núm. 1086 (Grecia), párr. 93.) En
- tales casos de
- conflictos internos, el Comité también ha señalado que la
- intervención de la
- justicia permitiría aclarar la situación desde el punto de vista
- legal a los
- fines de una normalización de la gestión y representación de la
- organización
- afectada. El Gobierno debería reconocer a los directivos que
- resultasen ser
- los representantes legítimos de la organización. (Véase, por
- ejemplo, 172.
- informe, caso núm. 865 (Ecuador), párr. 75.)
126. En este caso, el Comité observa que el grupo favorable a
- la antigua
- dirección sindical abandonó voluntariamente las labores del
- congreso y, así,
- no participó en las elecciones de los organismos dirigentes de la
- organización. En los alegatos no se indica en ningún momento
- que las
- autoridades públicas hubiesen intervenido en el procedimiento
- electoral.
- Además, la justicia ante la que recurrió la antigua dirección no
- ha dado curso
- a esta demanda. Por consiguiente, el Comité considera que este
- aspecto del
- caso no requiere un examen más detenido.
127. En lo que se refiere a la condena a penas de cárcel de
- tres antiguos
- dirigentes del SYNESCI, el Comité toma nota de que los
- procedimientos
- judiciales que condujeron a estas sentencias fueron
- emprendidos a raíz de una
- queja presentada por el nuevo secretario general de la
- organización por abuso
- de confianza y ocultación de bienes. Además, el Comité no
- puede sino observar
- que de las informaciones facilitadas por el Gobierno, y
- especialmente del
- texto del juicio, se desprende que los interesados disfrutaron de
- un
- procedimiento judicial regular y, en particular, del derecho a un
- defensor y
- del derecho a recurrir ante los tribunales de apelación.
128. En lo tocante a los internamientos de profesores en
- campamentos
- militares - incluidos los tres dirigentes condenados después de
- haber cumplido
- su pena -, el Comité toma nota de las explicaciones del
- Gobierno según las
- cuales se ha derogado la suspensión de las obligaciones
- militares de los
- interesados y han sido enviados a campamentos para cumplir el
- período de
- servicio militar que les corresponde legalmente. Estas medidas
- han sido
- adoptadas, según el Gobierno, después de la campaña
- difamatoria e injuriosa
- que dichas personas habían llevado a cabo contra diversas
- personalidades y,
- especialmente, contra el Presidente de la República.
129. A este respecto, el Comité debe recordar que el derecho
- a expresar
- públicamente sus opiniones constituye uno de los elementos
- fundamentales de
- los derechos sindicales. Sin embargo, el hecho de ejercer una
- actividad
- sindical o de desempeñar un mandato judicial no supone
- ninguna inmunidad
- frente al derecho penal ordinario y el Comité considera, en
- particular, que al
- tomar posición públicamente, los dirigentes sindicales no
- deberían sobrepasar
- los límites admisibles de la polémica y tendrían que abstenerse
- de utilizar un
- lenguaje incorrecto. (Véase, a este respecto, 218. informe,
- caso núm. 1102
- (Panamá), párr. 159.) En el presente caso, el Comité considera,
- no obstante,
- que las medidas de suspensión de la prórroga militar adoptadas
- por las
- autoridades contra los sindicalistas constituían sanciones que
- se impusieron
- sin que, según parece, se emprendiesen procedimientos
- judiciales o
- disciplinarios ordinarios. Si bien toma nota de que los
- interesados ya han
- abandonado los campamentos militares y han reanudado sus
- actividades docentes,
- el Comité debe recordar, no obstante, al Gobierno la importancia
- que concede
- al hecho de que los sindicalistas, a semejanza de las demás
- personas,
- disfruten de procedimientos que presenten todas las garantías
- de independencia
- y de imparcialidad cuando se les acusa de delitos de derecho
- común o de
- carácter político.
130. El Comité toma nota de las informaciones más recientes
- transmitidas por
- el Gobierno, según las cuales el Sr. Akoun y sus colegas se
- encuentran
- nuevamente en la situación que tenían antes de los incidentes
- que dieron lugar
- al inicio de este caso ante el Comité, y, en particular, de que sus
- salarios
- han sido pagados a partir del mes de julio de 1988, y de que les
- serán pagados
- también los salarios debidos hasta la suspensión.
131. Por último, el Comité toma nota de que la situación de los
- profesores
- que se hallaban suspendidos de sueldo ha sido examinada a fin
- de que puedan
- recibir sus salarios, y expresa, así, la firme esperanza de que se
- restablecerán plenamente los derechos de los profesores
- afectados.

Recomendación del Comité

132. En vista de las conclusiones precedentes, el Comité invita
- al Consejo
- de Administración a aprobar las recomendaciones siguientes:
  - a) El Comité, considerando que los querellantes no han
- aportado la prueba de
- que las autoridades públicas hubieran intervenido en el
- procedimiento
- electoral durante el congreso del SYNESCI, estima que este
- aspecto del caso no
- requiere un examen más detenido.
  - b) El Comité toma nota de que los sindicalistas que habían sido
- movilizados
- a campamentos militares ya han recuperado su libertad y han
- reanudado sus
- actividades docentes. No obstante, recuerda la importancia
- que concede a que
- los sindicalistas, a semejanza de las demás personas, disfruten
- de
- procedimientos que presenten todas las garantías de
- independencia y de
- imparcialidad cuando se les acusa de delitos de derecho común
- o de carácter
- político.
  - c) El Comité toma nota de que la situación de los profesores
- que se hallaban
- suspendidos de sueldo ha sido examinada, así como de que
- podrán percibir sus
- salarios retrasados. Expresa la esperanza de que de esta
- manera se
- restablecerán plenamente los derechos de los profesores
- afectados.