Rapport intérimaire - Rapport No. 259, Novembre 1988

Cas no 1273 (El Salvador) - Date de la plainte: 05-AVR. -84 - Clos

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INTRODUCTION
A. Examen anterior del caso
D. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité

307. El Comité examinó ya el caso en cuatro de sus reuniones
- anteriores
- (véanse, 236.o, 243.er, 251.er y 256.o informes, aprobados por
- el Consejo de
- Administración en noviembre de 1984, febrero de 1986, mayo
de 1987 y mayo de
1988, respectivamente) en las que presentó conclusiones
- provisionales. Este
- caso también figuró entre los diez casos contra el Gobierno de
- El Salvador que
- se examinaron conjuntamente por la misión de contactos
- directos que visitó el
- país en enero de 1986. La Federación Sindical Mundial (FSM)
- presentó nuevas
- informaciones relativas a este caso en una comunicación de
- fecha 25 de mayo de
1988. El Gobierno presentó sus observaciones sobre el
- particular en una carta
de 8 de julio de 1988.
308. El Salvador no ha ratificado el Convenio sobre la libertad
- sindical y
- la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ni el
- Convenio sobre
- el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
- (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

309. En su último examen del caso núm. 1273 (véase 256.
informe, párrafos
278-274) estaban todavía pendientes de solución ante el
Comité las cuestiones
siguientes:
- El Comité pidió al Gobierno que presentara información
adicional sobre el
alegado asesinato, por miembros de las fuerzas armadas de los
sindicalistas
Francisco Méndez (el 11 de octubre de 1986) y Marco Antonio
Orantes (el 29 de
enero de 1985), y realizara una investigación judicial sobre estas
cuestiones.
El Comité también pidió información sobre el procesamiento de
dos personas
acusadas en la cuarta sala penal, del asesinato del dirigente
sindical José
Aréstides Méndez, que se inició en julio de 1986.
- El Comité pidió al Gobierno que presentara información
adicional sobre la
detención de Adalberto Martínez (23 de junio de 1986), Andrés
Miranda (27 de
junio de 1986), Gregorio Aguillón Ventura (1 de febrero de
1986), y José
Antonio Rodríguez (18 de agosto de 1986), así como sobre el
allanamiento de
los locales del ANDES, el secuestro de sus documentos por las
fuerzas armadas
el 29 de abril de 1986 y el despido de seis dirigentes sindicales,
en el
sector de telecomunicaciones como consecuencia de la huelga
declarada el 15 de
abril de 1986.
- El Comité lamentó profundamente los actos de violencia, el 8
de julio de
1987, entre las fuerzas militares y la policía y los trabajadores del
Instituto de Seguridad Social, e instó al Gobierno a realizar una
investigación judicial independiente para deslindar
responsabilidades,
sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos,
así como
mantener al Comité informado de las medidas adoptadas en
relación con la
apertura de una investigación judicial.
- El Comité pidió al Gobierno que enviara sus observaciones
sobre los
alegatos formulados por la Federación Unitaria Sindical de El
Salvador (FUSS)
y la Federación Sindical Mundial (FSM), los días 11 y 27 de
abril de 1988,
respectivamente. En la comunicación de la FUSS se alega que
el 10 de abril, la
casa de la Sra. Castañeda (Colonia Lamatepec, Pasaje F, Zona
D, núm. 21 en la
ciudad de Santa Ana), afiliada al Sindicato del Café (SICAFE) y
dirigentes del
comité de mujeres del mismo sindicato, fue dinamitada y que
cinco minutos
después del ataque una unidad de la segunda brigada de
infantería, acompañada
por la policía, se presentó en el lugar; que los días 7 y 8 de
abril, la
Colonia fue cercada y cateada por elementos de las segunda
brigada de
infantería que sólo quitaron el cerco a las 14 horas, el 8 de abril,
en que la
sindicalista Castañeda fue autorizada a salir; alega asimismo
que la
sindicalista Marta Alicia Sigüenza, miembro de la junta directiva
general de
ese mismo sindicato, no pudo presentarse a su lugar de trabajo
y fue obligada
a esconderse por temor a perder la vida a manos de las fuerzas
gubernamentales. La comunicación de la FSM se refiere a la
persecución de
afiliados de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores de
Telecomunicaciones
(ASTTEL), y en especial de su secretario general, Sr. Rafael
Sánchez, que fue
despedido el 10 de enero de 1986, y el actual secretario
general, Sr. Humberto
Centeno, que fue detenido y golpeado el 10 de marzo de 1968.
También alega la
detención y tortura de los dos hijos del Sr. Centeno para
presionar al
sindicato y, la muerte por disparos a manos de escuadrones de
la muerte de los
sindicalistas Manuel Hernández Vásquez (el 13 de enero de
1988), Medardo
Ceferino Ayala (el 18 de diciembre de 1987) y José Herbert
Guardado (el 1. de
marzo de 1988).
B. Informaciones suplementarias de la FSM
310. El 25 de mayo de 1988, la FSM presentó informaciones
suplementarias
relativas al hostigamiento de afiliados de la ASTTEL, al que se
refería ya en
su carta de abril de 1988 arriba mencionada. Con arreglo a la
FSM:
- el 13 de abril de 1988, Manuel de Jesús Rodas Barahona
resultó muerto a
tiros por dos hombres vestidos de civil "de una forma propia de
los
escuadrones de la muerte";
- el 15 de abril, José Mazariago fue secuestrado por la policía
nacional e
interrogado durante 36 horas sobre su actividad sindical;
- el 18 de marzo, L.W. Barrios y Misael Flores fueron
secuestrados por la
primera brigada de infantería; se les golpeó y amenazó antes de
ponerles en
libertad para que rompiesen sus relaciones con ASTTEL;
- el 17 de marzo, Alberto Luis Alfaro desapareció a las 6.30
horas de la
mañana y sigue sin conocerse su paradero;
- desde enero de 1986, ASTTEL desempeña su actividad sin
contrato porque la
empresa de telecomunicaciones (ANTEL) rechazó el convenio
colectivo y, a pesar
de las peticiones del sindicato y de la huelga de 51 días (abril
de 1986) que
se menciona ya en el examen anterior del caso, se niega a
negociar el nuevo
contrato o reunirse con ASTTEL.
311. La FSM señala que a pesar del artículo 47 de la
Constitución de El
Salvador que garantiza a los empleados del sector público el
derecho de
sindicación y de negociación colectiva, las autoridades recurren
al Código de
Trabajo para denegar a ASTTEL el estatuto de "sindicato" y la
reconocen
solamente como "asociación"; se deniega a los trabajadores de
la empresa de
telecomunicaciones el derecho de huelga y éstos se sancionan
con arreglo al
artículo 433 del Código Penal o el decreto núm. 296 por
ausencia en el
trabajo; el decreto núm. 162 de 1985 que permite el traslado de
trabajadores
del sector público se utiliza para desunir las secciones locales y
trasladar a
sus dirigentes.
312. Por otra parte, la FSM alega que la empresa de
telecomunicaciones está
controlada por los militares (el que se considera como fundador
del escuadrón
de la muerte, el Ministro de Defensa, General Eugene
Casanova, designó a su
hermano, Coronel Mauricio Casanova, como presidente de la
empresa). La FSM
cita el informe de marzo de 1988 de American WATCH, titulado
"Labour rights in
El Salvador" según el cual: "la represión gubernamental contra
los
trabajadores sindicados de El Salvador... es amplia, sistemática
y a menudo
brutal... aunque ninguna organización tenga el monopolio de
víctima, ASTTEL se
ha convertido en los últimos años en objetivo especial de las
fuerzas de
seguridad".
C. Respuesta del Gobierno
313. En su carta de 8 de julio de 1988, el Gobierno declara
que en la
administración nacional de telecomunicaciones no existe ningún
sindicato como
los que reconocen las leyes salvadoreñas. La denominación de
"sindicato de
hecho" de que se habla en la denuncia, no tiene ninguna
caracterización en las
leyes ni en la costumbre nacional y, de ahí resulta totalmente
inapropiado
designar como "sindicato" la ASTTEL (Asociación Salvadoreña
de Trabajadores de
Telecomunicaciones). Según el Gobierno, el fondo de este tema
no es de
carácter únicamente formal sino que apunta a una cuestión de
primera
importancia, a saber, la legitimidad en la representación de los
trabajadores.
En tanto que "asociación", con arreglo al artículo 540, núm. 2
del Código
Civil, ASTTEL depende de la jurisdicción del Ministerio del
Interior, mientras
que los "sindicatos" se rigen por el Código de Trabajo y
dependen del
Ministerio de Trabajo.
314. Según el Gobierno, ASTTEL se arrogó atribuciones y
derechos que no le
corresponden puesto que no es un sindicato; análogamente,
sus dirigentes, por
no tener calidad de dirigentes sindicales no tienen el derecho de
inamovilidad. El Gobierno señala que a pesar de ello el
empleador ha permitido
que las asociaciones de trabajadores desempeñen su actividad
y ASTTEL, como en
el pasado, ha actuado con plena libertad a ese respecto. Sin
embargo, su
agitación constante y su violación de las leyes limitan en cierta
medida su
movilidad. Siempre y cuando los dirigentes de ASTTEL han
impugnado las medidas
disciplinarias ante varias jurisdicciones (tribunales de trabajo,
Corte
Suprema), sus demandas han sido desestimadas.
315. El Gobierno añade que hay otro organismo de igual
naturaleza en la
administración nacional de telecomunicaciones, a saber, la
Asociación
Salvadoreña de Trabajadores de ANTEL (ASTA) que goza de
amplia movilización
para sus actividades propias. La diferencia básica entre las dos
asociaciones
estriba en que ASTA no tiene como objetivo el logro de fines
políticos. En
cambio, ASTTEL, según el Gobierno, declaró 45 huelgas
ilegales entre 1987 y
1988, y participó en desórdenes y actividades de agitación
callejera y una
decena de demostraciones de fuerza que han causado daños a
edificios y
vehículos del empleador.
316. El Gobierno justifica varios de los alegatos concretos de
la FSM en
relación con estos antecedentes. Por ejemplo, tres trabajadores
de la
administración de telecomunicaciones fueron despedidos
después de una huelga
ilegal declarada en noviembre de 1985 por la liberación de dos
hijos de un
dirigente sindical (Sr. José Humberto Centeno) que habían sido
detenidos por
delitos penales; el empleador consiguió del tribunal una
resolución judicial,
con arreglo a la cual la huelga era ilegal y se había informado a
los
huelguistas de que se exponían a sanciones por ausencias
injustificadas en el
trabajo; el Gobierno manifiesta, sin embargo, que los dirigentes
de la huelga
no fueron sancionados y únicamente sufrieron el descuento de
los días no
trabajados. A ese respecto, el Gobierno advierte que el artículo
221 de la
Constitución de El Salvador prohíbe las huelgas de trabajadores
de los
servicios públicos y municipales. Por otra parte, el Código de
Trabajo
(artículos 527, 528, 547, 553 y 555) establece los requisitos
legales de la
huelga y el decreto núm. 296 de 24 de junio de 1980 también
prohíbe las
huelgas de empleados de Gobierno. Por ello es incomprensible
que ASTTEL
reivindique derechos que no le corresponden en virtud de la
legislación.
317. Con arreglo al Gobierno, la carta de 27 de abril de 1988
de la FSM es
errónea al alegar que a la fecha, continuaban detenidos los
hijos del Sr.
Centeno "para hacer presión sobre el sindicato", puesto que
José y Jaime
Centeno fueron puestos en libertad en noviembre de 1987, en
virtud de un
decreto de amnistía para los reos procesados por delitos
políticos. Manifiesta
que la huelga de noviembre de 1985 declarada por ASTTEL no
tuvo como propósito
satisfacer cuestiones de carácter laboral, sino servir de medio
para
liberación de estas dos personas totalmente ajenas al empleador
de que se
trata.
318. El Gobierno declara que en el último año, los dirigentes de
ASTTEL
introdujeron un nuevo elemento en su sistemática actividad de
confrontación
con la empresa pública empleadora ANTEL, a saber, la
acusación falsa y
malintencionada de que el presidente de ANTEL tiene
responsabilidad en la
muerte de tres trabajadores por personas desconocidas. A pesar
de respuestas
detalladas del Gobierno a diferentes organismos nacionales y
extranjeros, ha
pedido al fiscal general de la República que esclarezca los
hechos. El
Gobierno recalca que, incluso la viuda del difunto José Herbert
Guardado ha
pedido en la prensa nacional que ASTTEL se abstenga de
seguir manipulando la
muerte trágica de su esposo, en beneficio de fines políticos y
propagandísticos. Se adjunta una copia del recorte de prensa
que publica su
carta al empleador de fecha 14 de marzo de 1988 en la que
declara que "los
dirigentes de ASTTEL, sin ninguna base y sólo en aras de sus
propios
intereses, obran por que la muerte (de su esposo) parezca ser el
resultado de
luchas sindicales respecto de las que también formulan
acusaciones falsas
contra las autoridades de ANTEL, que merecen nuestro respeto
y
agradecimiento".
319. El Gobierno declara que relacionar estas muertes con
problemas
laborales es claramente malintencionado ya que ANTEL, siendo
una empresa
importante que ocupa a casi 6 000 trabajadores y dadas las
circunstancias que
afligen al país, cabe la fácil probabilidad de que algunos de sus
trabajadores
intervengan en hechos de cualquier naturaleza que propicien
muertes trágicas.
El Gobierno facilita la información concreta siguiente sobre los
fallecimientos:
- el Sr. Guardado, según informes periodísticos, fue asaltado
en el interior
de un autobús por ladrones;
- Víctor Manuel Hernández Vásquez era hijo de uno de los
jefes de sección de
ANTEL y a la fecha de su muerte hacía un interinato de 15
días, es decir que
ni siquiera era un trabajador permanente y mucho menos afiliado
a ASTTEL;
- Medardo Ceferino Ayala nunca fue dirigente de ASTTEL y ni
siquiera se sabe
si fue miembro de dicha asociación o si participó en las
actividades de la
misma.
320. Finalmente, el Gobierno declara que las denuncias contra
la empresa de
telecomunicaciones forman parte de una orquestada campaña
internacional de
desinformación y trascienden los intereses legítimos de la
defensa de los
trabajadores. Recuerda que varios dirigentes de ASTTEL, como
el Sr. J.H.
Centeno, son miembros de la Unidad de los Trabajadores
Salvadoreños (UNTS),
que promueve y fomenta actos de provocación y desacato
contra las fuerzas de
la ley y del orden. Señala que, en la huelga de marzo de 1988
en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, el Sr. Centeno golpeó a
miembros de las fuerzas
armadas. Fue detenido en razón de su comportamiento violento
y puesto en
libertad ulteriormente. Con arreglo a recortes de prensa de
"Latino" y la
"Prensa Gráfica" que presenta el Gobierno, el 10 de marzo de
1988 unas 200
personas llegaron en autobuses y se agruparon en torno al
Ministerio gritando
insultos y amenazando al personal militar presente para proteger
los
edificios; después de que el Sr. Centeno agrediera a un
soldado, se produjo un
tumulto general en el que resultaron lesionadas varias personas
y, como
consecuencia, se detuvo al Sr. Centeno; ingresó en la
comisaría y luego la
policía lo transportó a un hospital privado para ser atendido por
los golpes
que recibió durante los desórdenes, frente al Ministerio.

D. Conclusiones del Comité

321. Antes de examinar los diferentes alegatos relativos a las
- actividades
- de hostigamiento antisindical por parte de la empresa de
- telecomunicaciones
- ANTEL, el Comité recuerda al Gobierno que no ha contestado
- los recientes
- alegatos relativos a las amenazas contra dos afiliadas del
- Sindicato del Café
- (SICAFE) en abril de 1988, y que tampoco ha presentado
- información adicional
- sobre la marcha del proceso de dos personas acusadas de
- asesinato del
- dirigente sindical José Aréstides Méndez, que se inició en julio
de 1986. Po
- consiguiente, pide al Gobierno que conteste lo más rápidamente
- posible, en
- especial respecto del proceso en la cuarta sala del tribunal
- penal, y recuerda
- a ese respecto que los gobiernos deberían hacer todo lo posible
- para evitar
- procesos demasiado prolongados. El Comité ha declarado en
- casos anteriores que
- la política de todo gobierno debería tener como objetivo el
- cumplimiento de
- los derechos humanos, en particular el derecho de todas las
- personas detenidas
- o acusadas a un proceso justo que concluya cuanto antes.
- (Véanse, por ejemplo,
236. o informe, caso núm. 963 (Granada), párrafo 78 y 247.o
- informe, casos
- núms. 997, 999 y 1029 (Turquía), párrafo 20.)
322. En lo que se refiere a la cuestión pendiente (véase 243.
- informe,
- párrafo 408, febrero de 1986) relativa al alegado asesinato de
- los
- sindicalistas Francisco Méndez (el 11 de octubre de 1986) y
- Marco Antonio
- Orantes (el 29 de enero de 1985), el Comité recuerda que el
- Gobierno había
- declarado anteriormente que ni él ni los diferentes organismos
- de seguridad
- tenían información sobre el particular, pero que trataban de
- averiguar el
- paradero del Sr. Méndez y de esclarecer la situación del Sr.
- Orantes. Dado que
- el Comité no ha recibido últimamente informaciones que
- complementen estas
- denegaciones y declaraciones generales de ignorancia, sólo
- puede lamentar
- profundamente la desaparición en circunstancias sospechosas
- de estos dos
- dirigentes sindicales. Señala a la atención del Gobierno la
- importancia de que
- la investigación de estos casos se realice con diligencia, ya que
- un clima de
- violencia en que se produce el asesinato o la desaparición de
- dirigentes
- sindicales constituye un grave obstáculo para el ejercicio de los
- derechos
- sindicales. (Véase, por ejemplo 236.o informe, casos núms.
1157 y 1192
- (Filipinas), párrafo 299.)
323. En lo que se refiere a la petición de información adicional
- por parte
- del Comité sobre los motivos de la detención de los cuatro
- sindicalistas
- mencionados en febrero, junio y agosto de 1986 (véase 251.er
- informe, párrafo
332, mayo-junio de 1987), sólo puede lamentar la falta de
- cooperación del
- Gobierno en el seguimiento de estos acontecimientos y señalar
- a su atención el
- principio con arreglo al cual el arresto y detención de
- sindicalistas, incluso
- por razones de seguridad interna, puede constituir una grave
- injerencia en los
- derechos sindicales salvo si se efectúan con garantías
- judiciales apropiadas
- como un juicio rápido y justo. (Véase, por ejemplo, 233. er
- informe, caso núm.
1211 (Bahrein), párrafo 589.)
324. De manera análoga, ante el silencio total del Gobierno
- sobre el alegato
- relativo al asalto por las fuerzas armadas de la sede de la
- Asociación
- Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES), el 20 de abril
de 1986 (que se
- examinó por primera vez en el 251.er informe del Comité, párrafo
355,
- mayo-junio de 1987), el Comité no puede sino llegar a la
  - conclusión de que
  - este asalto y la confiscación de bienes del sindicato infringen los
  - principios
  - de la libertad de asociación. Señala a la atención del Gobierno
  - que la
  - resolución sobre los derechos sindicales y su relación con las
  - libertades
  - civiles, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo
  - en su 54.a
  - reunión (1970) declara que el derecho a la protección de la
  - propiedad de las
  - organizaciones sindicales es una de las libertades civiles
  - esenciales para el
  - ejercicio normal de los derechos sindicales. (Véase, por
  - ejemplo, 230.o
  - informe, caso núm. 1160 (Suriname), párrafo 548.)
- 325. En lo que se refiere al grupo central de alegatos relativos
  - al caso
  - núm. 1273, a saber las diferentes medidas de hostigamiento que
  - afectan a los
  - afiliados y los dirigentes de la Asociación Salvadoreña de
  - Trabajadores de
  - Telecomunicaciones (ASTTEL), el Comité toma nota con
  - preocupación de que la
  - dirección - con la participación según se alega de las fuerzas
  - armadas - ha
  - sido acusada por los querellantes de una amplia variedad de
  - prácticas
  - antisindicales. Estas prácticas oscilan entre la denuncia del
  - convenio
  - colectivo de enero de 1986 y los despidos (seis, después de
  - una huelga el 15
  - de abril de 1986 y uno, el 10 de enero de 1986), detenciones y
  - malos tratos
  - durante las mismas, una desaparición (Sr. Alberto Luis Alfaro el
- 17 de marzo
de 1988) y cuatro asesinatos (Sr. M.C. Ayala, el 18 de diciembre
de 1987, Sr.
- M.H. Vásquez, el 13 de enero de 1988, Sr. J.H. Guardado, el 1
- de marzo de 1988
- y Sr. M. de Jesús Rodas Barahona el 13 de abril de 1988).
326. El Comité toma nota de que el Gobierno pone en tela de
- juicio el
- carácter sindical de ASTTEL y sostiene que los querellantes, en
- lo que se
- refiere a los convenios colectivos y la falta de protección contra
- los
- despidos, carecen de base jurídica puesto que la Asociación no
- es un
- "sindicato" y, por consiguiente, no goza de los derechos y
- garantías que se
- conceden a los sindicatos. Por otra parte, según el Gobierno, la
- ASTTEL
- persigue objetivos políticos por medios violentos.
327. Si bien resulta difícil para el Comité pronunciarse en una
- situación
- donde se dan versiones diametralmente contradictorias sobre el
- clima de las
- relaciones de trabajo en un sector determinado, puede, sin
- embargo, proponer
- orientaciones a las partes en el presente caso ya que ha
- decidido en repetidas
- oportunidades que en el caso de los empleados públicos - en
- especial en
- empresas públicas y empresas nacionalizadas - que no trabajan
- en la
- administración del Estado, la legislación nacional debería permtir
- la
- negociación colectiva (véase, por ejemplo, 211.er informe, caso
- núm. 965
- (Malasia), párrafo 206). El Comité ha señalado concretamente
- en casos
- anteriores que los empleados de los servicios de
- telecomunicaciones deben
- gozar de este elemento de la libertad sindical (véase 139.
- informe, caso núm.
725 (Japón), párrafo 278). Por consiguiente, el Comité pide al
- Gobierno que
- examine nuevamente la situación de los empleados de ANTTEL
- con miras a
- garantizar su derecho a afiliarse a organizaciones de
- trabajadores y
- desempeñar actividades, como la negociación colectiva u otras
- para la
- promoción y defensa de los intereses de los trabajadores.
328. El Comité desea añadir que entre los puntos a considerar
- debería
- figurar la protección de los trabajadores en cuestión a travís de
- una
- legislación apropiada que proteja contra los actos de
- discriminación
- antisindical en el empleo. Si el Comité pide esto es porque ha
- recordado en
- muchas ocasiones que uno de los principios fundamentales de
- la libertad
- sindical es que los trabajadores gocen de una protección
- adecuada contra todos
- los actos de discriminación antisindical respecto de su empleo,
- como el
- despido, particularmente con respecto a los dirigentes sindicales
- ya que, para
- que puedan cumplir sus obligaciones sindicales con total
- independencia,
- deberían gozar de la garantía de que no sufrirán ningún
- perjuicio en relación
- con el mandato que han recibido de sus sindicatos. El Comité
- ha estimado que
- la garantía de esta protección en el caso de los dirigentes
- sindicales también
- es necesaria para cumplir el principio fundamental con arreglo al
- cual las
- organizaciones de trabajadores tienen el derecho de elegir
- libremente a sus
- representantes. (Véase, por ejemplo, 236.o informe, caso núm.
1113 (India),
- párrafo 130, caso núm. 1272 (Chile), párrafo 637).
329. En lo que se refiere a los casos de desaparición y de
- muerte, el Comité
- observa que todavía no ha recibido información sobre los Sres.
- Alberto Luis
- Alfaro y M. de Jesús Rodas Barahona; el Comité pide al
- Gobierno que envíe sus
- observaciones al respecto lo más pronto posible. En cuanto a
- los otros tres
- casos de muerte, el Comité toma nota de que, según el
- Gobierno, el asesinato
- del Sr. Guardado por ladrones no tiene nada que ver con su
- actividad sindical
- y que la muerte de los Sres. Vásquez y Ayala no puede
- relacionarse con sus
- cargos o actividades sindicales puesto que nunca fueron
- afiliados sindicales.
- Como los querellantes no facilitan más detalles en apoyo de sus
- alegatos con
- arreglo a los cuales estas muertes por delincuentes armados
- desconocidos
- estaba relacionada con la situación laboral en la empresa de
- telecomunicaciones, el Comité sólo puede lamentar esta pérdida
- de vidas y
- recalcar que un movimiento sindical autínticamente libre e
- independiente sólo
- puede desarrollarse en un clima exento de violencia y de
- incertidumbre.
- (Véase, por ejemplo, 205.o informe, caso núm. 983 (Bolivia),
- párrafo 33).
330. Finalmente, en lo que se refiere a la detención de
- sindicalistas y los
- malos tratos que según se alega habrían recibido de la policía,
- el Comité
- espera recibir las observaciones del Gobierno sobre la alegada
- detención en
- marzo y abril de 1988, de los Sres. L.W. Barrios, Misael Flores y
- José
- Mazariego, todos afiliados de ASTTEL. El Comité toma nota del
- relato del
- Gobierno sobre la puesta en libertad de los dos hijos del Sr.
- Centeno y sobre
- los actos de violencia en que incurrió el Sr. Centeno el 10 de
- marzo de 1988.
- Toma nota en particular de que la detención del Sr. H. Centeno
- se debió a su
- comportamiento violento, que las heridas que recibió estaban
- relacionadas
- directamente con su agresión contra guardias militares y se
- produjeron antes
- de que fuera detenido, así como de que, después de haber sido
- atendido en un
- hospital privado, fue puesto en libertad. En estas condiciones, el
- Comité
- recuerda que los trabajadores y sus organizaciones, al igual que
- todos los
- demás ciudadanos, deben respetar la legislación del país y
- recomienda que este
- aspecto del caso no requiera un examen más detenido.

Recomendación del Comité

331. En vista de las conclusiones provisionales que preceden,
- el Comité
- invita al Consejo de Administración a que apruebe las
- recomendaciones
- siguientes:
  - a) El Comité debe lamentar una vez más que el Gobierno no
- haya enviado toda
- la información solicitada sobre los alegatos pendientes y pide
- que facilite
- observaciones sobre: i) las amenazas contra dos afiliadas del
- Sindicato del
- Café (SICAFE) en abril de 1988; ii) la evolución del proceso
- relativo al
- asesinato de José Aréstides Méndez que se inició en julio de
1986; iii) la
- desaparición del Sr. Alberto Luis Alfaro el 17 de marzo de 1988 y
- la muerte
- del Sr. de Jesús Rodas Barahona el 13 de abril de 1988; y iv) la
- corta
- detención de los afiliados de ASTTEL, Sres. L.W. Barrios,
- Misael Flores y José
- Mazariego, en marzo y abril de 1988.
  - b) En lo que respecta a las diversas medidas de hostigamiento
- antisindical
- contra la Asociación Salvadoreña de Trabajadores de
- Telecomunicaciones, el
- Comité observa con preocupación el pobre clima existente en
- las relaciones de
- trabajo en la empresa de telecomunicaciones (ANTEL) y
- recuerda que un
- movimiento sindical autínticamente libre e independiente sólo
- puede
- desarrollarse en un clima exento de violencia y de incertidumbre.
  - c) En lo que atañe al aspecto legislativo del caso, el Comité
- pide al
- Gobierno que adopte disposiciones legislativas para asegurar a
- los
- trabajadores de ANTEL su derecho de organizarse en
- sindicatos y que puedan
- desempeñar sus actividades, como la negociación colectiva y
- otras actividades
- para el fomento y defensa de sus intereses, así como para la
- protección contra
- los actos de discriminación antisindical en el empleo.