Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Paraguay (Ratification: 1969)

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Artículos 1 a 3 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con interés de la adopción del Plan Nacional de Empleo 2022-2026 en mayo de 2022, que fue formulado en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y con el apoyo técnico de la OIT. El Plan tiene por objeto fomentar el empleo decente a través políticas y acciones que contribuyan a la reactivación y crecimiento económico. Sus metas incluyen la estimulación de acciones públicas y privadas para la generación de empleo formal en función del crecimiento económico, para la recuperación del empleo por la pandemia de COVID-19, con énfasis en jóvenes, mujeres y grupos vulnerables. Toma nota asimismo de la indicación del Gobierno de que uno de los objetivos del Plan de Reactivación del Empleo 2020-2021 era reactivar el empleo y la reconversión laboral y productiva mediante consensos en espacios tripartitos. Además, informa que en 2019 se creó el Consejo Consultivo Tripartito del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), que junto con el órgano rector del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL), integran de manera permanente el diálogo social. La Comisión observa que, según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el primer trimestre del 2023 la tasa de la fuerza de trabajo se situó en 70,1 por ciento (57,4 por ciento entre las mujeres y 83,1 por ciento entre los hombres); la tasa de ocupados fue de 65,6 por ciento (52,3 por ciento entre las mujeres y 79,2 por ciento entre los hombres); mientras que la tasa de desocupados ere del 6,5 por ciento (8.9 por ciento entre las mujeres y 4,8 por ciento entre los hombres). Al tiempo que toma nota de la significativa brecha de participación en la fuerza de trabajo entre hombres y mujeres y de las tasasde desempleo más elevadas de las mujeres, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para hacer frente a estas desigualdades y promover el empleo de las mujeres en todos los niveles y en todos los sectores, incluidos los puestos de toma de decisiones. Asimismo, le pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre la manera en que los interlocutores sociales han participado en la implementación y la evaluación de las medidas antes mencionadas que forman parte de la política de empleo y de sus programas de acción. La Comisión también le pide al Gobierno que proporcione estadística actualizada y clara, desagregada por edad y sexo, sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, tanto en los sectores urbanos como en las zonas rurales del país.

Contribución del servicio de empleo a la promoción del empleo. El Gobierno informa que en 2021 puso en contacto con oportunidades laborales a 65 077 solicitantes de empleo mediante la «Vidriera de Empleo» insertada en el portal web del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), y a través de ferias de empleo virtuales y presenciales, logrando que 4 689 mujeres y 8 351 hombres obtuvieran un empleo formal. Asimismo, indica que ha puesto en marcha acciones de intermediación laboral para víctimas de trata de personas, tales como el registro de los datos de estas personas en la Bolsa de Empleo del MTESS, con el objeto de ofrecerles capacitaciones y oportunidades laborales. El Gobierno también señala que celebró un convenio con la Fundación Saraki con el propósito de generar oportunidades de inclusión laboral para las personas jóvenes con discapacidad en el sector privado. Entre los servicios ofrecidos se encuentran la registración de postulantes en la Bolsa de Empleo y la «Vidriera de Empleo» del MTESS, convocatorias de empleo, capacitación en habilidades interpersonales, aplicación de pruebas laborales y asesoría empresarial. Por último, el Gobierno se refiere al plan «Empléate en tu ciudad» que tiene por objeto realizar actividades de capacitación laboral y promoción de nuevos empleos en cada municipio del país con el apoyo de la Red Nacional de Empleo. Al tiempo que toma notade estas informaciones, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas con miras a ampliar los servicios de empleo y mejorar la calidad de los mismos, tales como el aumento del nivel de financiación y de la inversión en la optimización de la capacidad operativa interna de los servicios públicos de empleo, y la mejora de la coordinación entre los diversos entes, tanto públicos como privados, que participen en la implementación de las políticas de empleo y sociales a escala local. Por último, pide al Gobierno que envié información sobre las medidas adoptadas para ampliar la cobertura de la red de oficinas de empleo a todo el país.

Empleo juvenil. El Gobierno informa que ha desarrollado alianzas con varias instituciones y organismos con el objeto de llevar a cabo una serie de acciones destinadas a la población joven, tales como el Proyecto Social en Barrios vulnerables, a través del cual se desarrollan acciones de capacitación, emprendimiento, empleo y protección al trabajo. También informa sobre la creación, en diciembre de 2018, del Centro de Entrenamiento del Emprendedor (CEE), cuyo objetivo es incrementar las competencias de los emprendedores jóvenes a través de la capacitación, la asistencia técnica y la articulación con los demás actores del sistema emprendedor nacional e internacional. A través del CEE se han implementado varios proyectos destinados a jóvenes de 18 a 29 años de zonas vulnerables, tales como: i) el proyecto «Sape’a 2.0» a través del cual, entre 2020 y 2022, 900 jóvenes fueron capacitados en la elaboración de sus planes de negocio, de los cuales, 69 beneficiaron de un capital semilla equivalente a 5 millones de guaraníes paraguayos. En 2022, 23 emprendedoras de las zonas de Asunción, Central, Guaira, San Pedro y Caaguazú fueron beneficiadas con un capital de 6 millones de guaraníes; ii) el proyecto «Emprende ya», a través del cual, 251 jóvenes fueron capacitados en la elaboración de sus planes de negocio, de los cuales 74 se beneficiaron con un capital semilla de 5 millones de guaraníes y 10 con un capital semilla de 8 millones de guaraníes cada uno. El Gobierno se refiere a la introducción del contrato de aprendizaje, una nueva modalidad contractual para la contratación de trabajadores, que tiene por finalidad proporcionar a jóvenes estudiantes conocimientos a través de capacitación para que así puedan contar con ingresos económicos mientras adquieren nuevos conocimientos mediante la capacitación. La Comisión observa que dicho contrato fue introducido en 2019 por la Resolución MTESS núm. 1159/2019 «por el cual se regula el contrato de aprendizaje y se establece el procedimiento para su homologación». Al tiempo queobservaque el Gobierno no proporciona información relativa al impacto en términos de inserción duradera en el mercado de trabajo de los jóvenes, incluidos los jóvenes en el ámbito rural, que se beneficiaron de los proyectos del Gobierno, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre todas medidas para promover la inserción duradera en el mercado de trabajo de los jóvenes. La Comisión desea subrayar al respecto que, para mejorar la tasa de empleo de los jóvenes, en general es necesario adquirir las competencias que respondan a las necesidades de las empresas. El déficit de competencias suele estar relacionado en cierta medida con un bajo nivel educativo: cuanto más tiempo se haya pasado en el sistema educativo, mejores serán las perspectivas de empleo, incluida la calidad de empleo. En referencia a sus comentarios anteriores, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el proceso de modificación de la Ley de Inserción al Empleo Juvenil.

Promoción de las pequeñas y medianas empresas y promoción del empleo. La Comisión observa que el Gobierno adoptó el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES 2018-2023, que cuenta con cinco objetivos transversales: 1) fomentar el diseño y la promoción de instrumentos para el desarrollo y competitividad de las mipymes; 2) promocionar la simplificación de trámites para la formalización de las mipymes; 3) promover un entorno favorable para el emprendimiento y nuevos sectores; 4) proponer productos financieros adecuados para las mipymes, y 5) promocionar la calidad, innovación y desarrollo tecnológico en las mipymes. Por otra parte, el Gobierno informa sobre la adopción de: i) la Ley 6380/2019 «de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario» que, de acuerdo al Gobierno, tiene como principal objetivo, que el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las pequeñas y medianas empresas sea más sencillo, y ii) la Resolución MTESS núm. 2852/2019 «por la cual se aprueba el Plan de fortalecimiento y mejoramiento de las micro y pequeñas empresas en relación con el cumplimiento de las normas administrativas laborales, de salud y seguridad ocupacional». Asimismo, informa que en alianza con la Unión Industrial Paraguaya (UIP), implementó el Plan «Paraguay Poguapy», cuyo objetivo principal consiste en impulsar la reactivación económica del país. En el marco de este plan se realizó el concurso «Acción PYMES» que benefició con capacitación empresarial y capital semilla a 131 mipymes de diversos rubros. Además, en 2021, el marco del proyecto «Mejora de las Competencias Laborales de las Personas, Fortalecimiento de MIPYMES y del SINAFOCAL, para contribuir a la Reactivación Económica», se apoyó a más de 500 mipymes con capacitación laboral y capital semilla. Al tiempo que considera la alta tasa de paraguayos económicamente activos en pequeñas empresas y microempresas, donde la productividad tiende a ser baja y prevalece el trabajo informal y la base económica para la generación de empleo productivo y el trabajo decente es deficiente, la Comisiónpide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el impacto de la Ley 6380/2019 y la Resolución MTESS núm. 2852/2019, así como delPlan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de las MIPYMES 2018-2023, en la creación de empleo productivo y duradero; y sobre la manera en que estos aseguran una protección laboral y social adecuada a los trabajadores de las mipymes mientras integran progresivamente a los trabajadores de la economía informal en el mercado formal del empleo.

Coordinación de la política de formación profesional con las oportunidades de empleo. El Gobierno informa que a través del SINAFOCAL se desarrollan cursos de formación y capacitación laboral en apoyo a la inserción laboral, dirigidos a sectores específicos, tales como personas indígenas, personas con discapacidad, personas en contexto de encierro, población económicamente activa, y reinserción social. Los cursos se llevan a cabo por medio de tres modalidades: 1) proyectos de capacitación laboral financiados mediante convenios específicos con entidades educativas e instituciones sin fines de lucro; 2) acciones formativas impartidas por funcionarios del SINAFOCAL, y 3) cursos desarrollados por los Institutos de Formación y Capacitación Laboral (IFCL) a través de llamados a licitación pública. En cuanto a las acciones formativas, responden a estudios de mercado y encuestas de opinión realizados por el Observatorio Ocupacional, que sirven de base para tomar decisiones sobre los cursos de formación profesional adecuados al mercado laboral. Asimismo, informa que en 2020 fue aprobada la Estrategia Nacional de Formación Profesional y que mediante su implementación en 2021, se impartieron 10 203 cursos de formación que beneficiaron 130 903 mujeres y 67 538 hombres. En el marco de esta Estrategia y en alianza con conocidas empresas nacionales e internacionales, se lanzó en 2021 el plan de acción «Generación Digital», que busca capacitar a 100 000 jóvenes y adultos en competencias digitales para su inserción en el mercado laboral, además de ofrecer capacitación internacional con pasantías en empresas y certificación internacional. Asimismo, el Gobierno informa de la adopción en 2020 de la «Hoja de Ruta 2020-2023 para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Calificaciones Profesionales en Paraguay», que busca responder a los desafíos competitivos del país, permitir a las personas seguir trayectorias formativas y laborales a lo largo de la vida y el reconocer los conocimientos adquiridos por vías formales, no formales e informales, mediante la articulación de las instituciones públicas involucradas y el sector productivo. Por otro lado, la Comisión toma nota de la información estadística proporcionada por el Gobierno sobre el número de adolescentes que participaron en diversos programas de formación técnica y profesional en 2021. Al respecto, la Comisión observa que existe una importante brecha en la participación entre hombres y mujeres adolescentes. A título de ejemplo, tan solo 81 mujeres adolescentes participaron en los programas de aprendizaje frente a 295 hombres, y solo 70 mujeres participaron al Programa de Entrenamiento Laboral Protegido frente a 277 hombres. Asimismo, observa que la mayoría de los programas se concentraron en los municipios de Asunción e Itauguá. El Gobierno además informa que entre 2019 y 2022, el SINAFOCAL impartió 1 829 cursos y otorgó 468 certificados. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre: i) las razones que explican una brecha tan significativa en la participación entre hombres y mujeresen losprogramas de formación técnica y profesional; ii) las medidas específicas para promover el acceso de las mujeres y de las niñas indígenas en zonas rurales a estos programas, y iii) datos estadísticos actualizados, desagregados por edad y sexo, sobre el número de personas que participan en los programas de educación y formación y el impacto de estos en su acceso al empleo decente, productivo y duradero. Por último, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con las políticas de empleo y, específicamente, sobre cómo la oferta de capacitación se coordina con la demanda de conocimientos y habilidades requeridos y las necesidades actuales y anticipadas del mercado de trabajo.