Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Somalia (Ratificación : 2014)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Repetición

La Comisión toma nota de la primera memoria del Gobierno y de las observaciones de la Federación de Sindicatos de Somalia (FESTU), recibidas el 1.º de septiembre de 2018.

Artículos 3 y 7, 1) del Convenio. Las peores formas de trabajo infantil y las sanciones. Apartado a). Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud. Reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para su utilización en conflictos armados. El Gobierno indica en su memoria que el artículo 29 de la Constitución provisional de 2012 establece el derecho de los niños a ser protegidos de los conflictos armados y a no ser utilizados en ellos (párrafo 6). Además, indica que el Ejército Nacional de Somalia emitió una orden de estado mayor (núm 1), en la que se establece que los niños menores de 18 años no pueden alistarse en el ejército.

La Comisión toma nota de que el proyecto de Código del Trabajo de 2019 prevé, en su artículo 7, titulado «Esclavitud y trabajo forzoso y reclutamiento de niños en las fuerzas armadas», la prohibición del reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para su utilización en conflictos armados, que se considera una forma de trabajo forzoso u obligatorio. La pena para los infractores con arreglo a esta disposición es una multa o una pena de prisión de un mínimo de tres años y un máximo de diez años, o ambas cosas a la vez.

Según el Gobierno, el Ejército Nacional de Somalia se ha beneficiado de la capacitación en materia de derechos humanos y de una continua sensibilización para combatir la utilización de niños en los conflictos armados. Sin embargo, el Gobierno afirma que existen lagunas en las esferas de la aplicación de la ley para proteger adecuadamente a los niños de las peores formas de trabajo infantil, especialmente en las partes del país que no están bajo el control del Gobierno. Indica que se han detectado casos de reclutamiento de niños por grupos armados no estatales, incluso para utilizarlos como espías, cuando abren y cierran puestos de control, y para unirse a sus grupos armados. En 2017, los extremistas de Al-Shabaab intensificaron su campaña de reclutamiento forzoso de niños de tan solo 8 años de edad. Según la política de protección social de 2019, el reclutamiento de niños por los grupos armados ha incluido la amenaza de ataques a los ancianos, los maestros de las escuelas religiosas islámicas y las comunidades de las zonas rurales si no proporcionaban miles de niños de tan solo 8 años de edad para utilizarlos en conflictos armados. En las observaciones de la Federación de Sindicatos Somalíes (FESTU) recibidas el 1.º de septiembre de 2018 también se afirmaba que las milicias y los extremistas de Al-Shabaab reclutaban y utilizaban a los niños por la fuerza como soldados.

La Comisión toma nota de que, según el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados de junio de 2020, en 2019 se verificó el reclutamiento y la utilización en conflictos armados de 1 442 niños y 53 niñas, algunos de los cuales tenían apenas ocho años. Al-Shabaab seguía siendo el principal perpetrador, pero las fuerzas de seguridad gubernamentales, las fuerzas regionales y las milicias de los clanes también reclutaban y utilizaban niños. Se verificaron un total de 1 158 casos de secuestro de niños, principalmente con fines de reclutamiento y utilización en conflictos armados, así como 703 casos de niños muertos o mutilados y más de 200 casos de niñas violadas y víctimas de violencia sexual. El Secretario General subrayó el creciente número de violaciones atribuidas a las fuerzas de seguridad gubernamentales (A/74/845-S/2020/525, párrafos 137, 139, 140, 142 y 145). Además, observa que, en su informe de 24 de diciembre de 2019, la Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados especificó que en Somalia, donde en 2019 se verificaron las cifras más elevadas de violencia sexual, las niñas sufrían abusos sexuales durante su vinculación con las fuerzas y grupos armados y eran casadas por la fuerza con combatientes. También afirmó que el secuestro era la principal forma en que Al-Shabaab reclutaba por la fuerza a niños para utilizarlos como combatientes en Somalia (A/HRC/43/38, párrafos 27 y 32). La Comisión debe deplorar que se siga reclutando y utilizando a niños en el conflicto armado de Somalia, especialmente porque ello entraña otras violaciones de los derechos de los niños, como secuestros, asesinatos y violencia sexual. Si bien reconoce la complejidad de la situación imperante sobre el terreno y la existencia de un conflicto armado y de grupos armados en el país, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas con carácter urgente para asegurar la desmovilización plena e inmediata de todos los niños y poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años por las fuerzas armadas y los grupos armados de Somalia. La Comisión también insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas y eficaces para garantizar la investigación exhaustiva y el enjuiciamiento enérgico de todas las personas declaradas culpables de reclutar a niños menores de 18 años para utilizarlos en conflictos armados y a que vele por que se impongan en la práctica sanciones suficientemente eficaces y disuasorias. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el número y la naturaleza de las investigaciones realizadas contra los autores de esos delitos, así como sobre el número de enjuiciamientos llevados a cabo, así como sobre el número de enjuiciamientos realizados y el número y la naturaleza de las penas impuestas.

Artículos 6 y 7, 2), a) y b). Programas de acción y medidas efectivas y en un plazo determinado para la prevención, la asistencia y la eliminación. Niños reclutados por la fuerza para su utilización en conflictos armados. El Gobierno indica que firmó una hoja de ruta para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos, en 2019.

La Comisión toma nota de que, en su informe de marzo de 2020 sobre los niños y el conflicto armado en Somalia, el Secretario General de las Naciones Unidas especificó que esa hoja de ruta, cuyo objetivo es acelerar la aplicación de los planes de acción de 2012 para prevenir y combatir el reclutamiento y la utilización y el asesinato y la mutilación de niños, incluye compromisos renovados de fortalecer el marco legislativo, fomentar la capacidad y sensibilizar a las fuerzas de seguridad y examinar las tropas. En la hoja de ruta también se prevé la creación de grupos de trabajo regionales sobre los niños y los conflictos armados, a fin de aplicar los planes de acción a nivel de los Estados Miembros de la Federación (S/2020/174, párrafos 65 y 69). La Comisión observa que la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM) especificó que la hoja de ruta para poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos detalla medidas para liberar a los niños vinculados a las fuerzas armadas y reintegrarlos en sus comunidades.

La Comisión toma nota, además, de que el Secretario General de las Naciones Unidas indicó en su informe de marzo de 2020 que el Gobierno estaba elaborando una estrategia nacional encaminada a prevenir el reclutamiento de niños y facilitar la liberación y la reintegración de los niños vinculados a grupos armados, y una estrategia nacional de asistencia a las víctimas con el fin de apoyar a los supervivientes del conflicto armado, incluidos los niños afectados por el conflicto (S/2020/174, párrafo 67).

Según el informe del Gobierno al Comité de los Derechos del Niño, de octubre de 2019, el Programa Nacional para el tratamiento y el manejo de los combatientes desarmados se centra en la divulgación, la recepción, la detección, la rehabilitación y la inserción de los niños que han participado anteriormente en el conflicto (CRC/C/SOM/1, párrafo 362). Sin embargo, según el Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados de junio de 2020, en 2019 se detuvo a 236 niños por su presunta asociación con grupos armados por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y regionales (A/74/845-S/2020/525, párrafo 138). La Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para garantizar que los niños retirados de las fuerzas o grupos armados sean tratados como víctimas y no como delincuentes. También pide al Gobierno que proporcione información sobre la adopción y aplicación de las estrategias nacionales mencionadas anteriormente para prevenir el reclutamiento de niños, facilitar la liberación y la reintegración social de los niños vinculados a grupos armados y prestarles asistencia, incluida toda atención especial que se haya prestado a la retirada, rehabilitación e integración social de las niñas. Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la manera en que se ha aplicado el Programa nacional de tratamiento y manejo de los combatientes desvinculados a los niños reclutados en los grupos armados y las fuerzas armadas.

Artículo 7, 2). Apartado a). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil. Acceso a la enseñanza básica gratuita. El Gobierno indica que el restablecimiento de la enseñanza gratuita es una de sus prioridades. Ha brindado oportunidades de escolarización gratuita en algunas regiones, y añade que se han establecido 22 escuelas gratuitas en el país. El Gobierno desea ejecutar programas para que más niños puedan volver a la escuela.

La Comisión toma nota de que, según la Política de Protección Social, las tasas de escolarización son reducidas en todo el país; y que, en el caso de las niñas, son considerablemente más bajas. Casi el 47 por ciento de los niños de 6 a 17 años de edad no están matriculados en la escuela. En 2015, la tasa neta de asistencia a la escuela primaria se estimó en un 21 por ciento para las niñas y un 30 por ciento para los niños (página 7). El Gobierno Federal de Somalia, junto con el Programa Mundial de Alimentos, está ejecutando un programa de alimentación escolar que abarca más del 20 por ciento de las escuelas primarias de todo el país. En los Estados Miembros de la Federación, la alimentación escolar se lleva a cabo en asociación con el Ministerio de Educación (página 15). Mejora la asistencia escolar de los niños y la seguridad alimentaria (página 34).

La Comisión también toma nota de que la Política Nacional de Empleo de 2019 establece que la Política Nacional de Educación y el Plan Estratégico Nacional para el Sector Educativo son esenciales para revisar el sistema educativo, que quedó completamente destruido por el conflicto (página 7). La Política Nacional de Empleo indica que el sector privado es el mayor proveedor de educación (página 10).

La Comisión toma nota, además, de que en el informe del Grupo del Banco Mundial de agosto de 2019 se subraya que las asignaciones de Somalia a la educación como parte del presupuesto nacional son de alrededor del 1 por ciento. Los Estados Miembros federales también gastan poco de sus propios recursos en educación (página 32).

En su informe sobre los niños y los conflictos armados de junio de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas afirmó que, con 64 ataques a la escuela en 2019, Somalia tiene una de las cifras más elevadas de ataques a la escuela. Los incidentes incluyeron el secuestro de maestros y alumnos, el asesinato y las amenazas contra los maestros y la destrucción y el saqueo de instalaciones (A/74/845 S/2020/525, párrafo 141). Considerando que la educación es fundamental para impedir las peores formas de trabajo infantil, la Comisión alienta vivamente al Gobierno a que siga adoptando las medidas necesarias para mejorar el acceso de todos los niños, incluidas las niñas, a la enseñanza básica gratuita. Pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre los progresos realizados en relación con el acceso a la educación básica gratuita, en particular sobre la aplicación de la Política Nacional de Educación y el Plan Estratégico del Sector de la Educación Nacional. La Comisión también pide al Gobierno que comunique información sobre las tasas de matriculación, asistencia y finalización escolar en los niveles primario y secundario, así como sobre las tasas de abandono escolar.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.