Informe provisional - Informe núm. 397, Marzo 2022

Caso núm. 3405 (Myanmar) - Fecha de presentación de la queja:: 05-MAR-21 - Activo

Alegatos: la queja contiene alegatos graves sobre persistentes ataques cometidos por las autoridades militares contra sindicalistas, trabajadores y funcionarios públicos que reclaman el restablecimiento del régimen civil en Myanmar tras el golpe de Estado ocurrido el 1.º de febrero de 2021. Entre dichos alegatos figuran: intimidaciones y amenazas contra sindicalistas, trabajadores y funcionarios públicos para que se reincorporen a sus labores y desistan de participar en el Movimiento de Desobediencia Civil; suspensiones de funciones y la sustitución de huelguistas; retiro de prestaciones y de certificados de competencias profesionales; confección de listas policiales de trabajadores y sindicalistas con fines de detención; detenciones y encarcelamientos, y numerosas muertes tras las intervenciones de las fuerzas militares y policiales en las protestas pacíficas, incluida la muerte de dirigentes sindicales

1. 503. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de junio de 2021 y, en esa ocasión, presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 395.º informe, párrafos 284 358, aprobado por el Consejo de Administración en su 342.ª reunión]  .
2. 504. La Confederación Sindical Internacional (CSI) presentó nuevos alegatos en su comunicación de fecha 5 de octubre de 2021.
3. 505. El Ministerio de Trabajo, Inmigración y Población (MOLIP) y la Misión Permanente en Ginebra presentaron respuestas en comunicaciones de fechas 9 de junio, 30 de septiembre y 3, 9 y 17 de diciembre de 2021.
4. 506. Myanmar ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero no ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

1. 507. En su reunión de junio de 2021, el Comité formuló las siguientes recomendaciones [véase 395.o informe, párrafo 358]:
   • a) el Comité lamenta el grave deterioro de la libertad sindical y otros derechos humanos relevantes que está ocurriendo en el país y, en particular, expresa su profunda preocupación por los presuntos ataques contra los trabajadores en huelga del astillero de Mandalay que causaron dos muertes, y la tortura y muerte de Zaw Myat Lynn. El Comité pide que se lleve a cabo una investigación completa e independiente sobre las circunstancias en que ocurrieron esas muertes y solicita que se le mantenga informado del resultado obtenido;
   • b) el Comité insta a las autoridades militares competentes a cesar de inmediato en el uso de la violencia contra los manifestantes pacíficos y a restablecer las garantías previstas en la Ley de Protección de la Intimidad y la Seguridad de los Ciudadanos, a revocar las facultades de vigilancia restauradas en los distritos y aldeas, a derogar el artículo 505A del Código Penal y a modificar el artículo 38, c), de la Ley de Transacciones Electrónicas (ETA) a fin de garantizar el pleno respeto de las libertades civiles básicas necesarias para el ejercicio de la libertad sindical, incluidas la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias, y el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, de modo que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan llevar a cabo sus actividades y funciones sin amenazas de intimidación o daños y en un clima de plena seguridad;
   • c) el Comité insta a las autoridades competentes a que reintegren en sus puestos a todos los funcionarios, trabajadores sanitarios o docentes despedidos o suspendidos por su participación en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) y a que restablezcan todas las prestaciones que se hayan podido retirar como consecuencia de ello de modo que se restablezcan sus derechos sindicales. El Comité espera además que se adopten las medidas adecuadas para garantizar que los sindicalistas y los trabajadores del sector privado no sean sancionados por haber participado en el MDC a fin de reclamar la restauración de sus derechos sindicales y que se tomen medidas para garantizar la restitución de sus empleos y de las prestaciones correspondientes cuando proceda;
   • d) el Comité insta a que se adopten todas las medidas que sean necesarias para garantizar que ninguna persona sea detenida en relación con su participación en una protesta pacífica en la que se reclame la restauración de sus derechos sindicales. Asimismo, el Comité insta a la liberación inmediata de todas las personas que estuvieren detenidas o encarceladas por su participación en una protesta pacífica en reclamo de la restauración de sus derechos sindicales y a que se le informe de todas las medidas adoptadas con ese fin;
   • e) el Comité insta a anular de inmediato la declaración de las autoridades militares de 26 de febrero relativa a la ilegalidad de 16 sindicatos;
   • f) el Comité solicita además que se proporcione información detallada en respuesta a la información complementaria y a los nuevos alegatos presentados por la CSI en su comunicación de fecha 30 de mayo de 2021, y
   • g) el Comité llama la atención del Consejo de Administración sobre el carácter grave y urgente de este caso.

B. Nuevos alegatos de las organizaciones querellantes

1. 508. En su comunicación de fecha 30 de mayo de 2021, la CSI presentó información complementaria y nuevos alegatos que el Comité propuso tener en cuenta detenidamente cuando efectuara el siguiente examen. La CSI manifestó creciente preocupación por el rápido deterioro de las circunstancias en el país, donde se registró un número cercano a 4 000 detenciones y se denunciaron cientos de asesinatos. No existe libertad de prensa ni de información tras la anulación, el 8 de marzo, de las licencias de cinco medios de comunicación independientes por parte del Consejo de Administración Estatal, que depende del Ministerio del Interior, a saber, Mizzima, Myanmar Now, 7Day News, Democratic Voice of Burma y Khit Thit Media. Además, el Consejo de Administración Estatal ilegalizó organizaciones que documentaban las atrocidades cometidas por los militares, como la Assistance Association for Political Prisoners, el 25 de abril, por incitar al pánico público, crear disturbios y afectar la estabilidad estatal. Al 4 de mayo se había detenido a por lo menos 80 periodistas que informaban sobre el golpe y el MDC. A la mayor parte de ellos se les acusa en virtud del artículo 505A del Código y por difundir noticias falsas.
2. 509. Sigue atacándose al MDC, que afronta cada vez más represiones violentas por parte de las autoridades militares. Los ministerios contratan sistemáticamente a jornaleros y nombran a otras personas para sustituir a los funcionarios públicos en huelga. Al 10 de mayo se había despedido o suspendido a 3 000 funcionarios públicos, un 70 por ciento de ellos mujeres. Se adjuntó a la queja información sobre la eliminación de 1 533 casos de ceses y suspensiones de funcionarios públicos. Al 28 de abril de 2021, estos casos eran los siguientes: 638 suspensiones y ceses en el Ministerio de Electricidad y Energía (MOEE), a saber, 380 suspensiones de trabajo en el Departamento de Hidroelectricidad e Implementación, el Departamento de Control de Transmisiones Eléctricas y la Oficina Ministerial en Naypyitaw y Mandalay, 168 miembros permanentes del personal en Mandalay fueron despedidos con arreglo al Reglamento núm. 220 de la Administración Pública y se despidió asimismo a 90 miembros del personal de la Oficina de Electricidad en Myingyan; 90 ceses en la Empresa de Suministro Eléctrico de Mandalay del MOEE; 247 ceses en la Empresa Petroquímica de Myanmar también dependiente de dicho ministerio; 69 suspensiones en el Banco Central; 102 instancias de suspensión, cese, litigio y detenciones del personal del MOLIP; 35 medidas disciplinarias contra el personal del Departamento de Administración General; amenazas e intimidaciones respecto de la imposición de medidas disciplinarias contra 22 empleados del Ministerio de Finanzas y 77 empleados de la Dirección de Inversiones y Administración de Empresas del Ministerio de Inversiones y Relaciones Económicas Internacionales.
3. 510. La CSI sostiene además que el Consejo Militar ha tomado el control del Ministerio de Educación, las universidades y las escuelas, y sustituido a rectores de universidades, directores de escuelas y profesores y, el 13 de abril de 2021, a 32 rectores de universidades en Mandalay, Yangón, Dawei, Kyaukse y Lashio, con personal militar designado. Se informó de 990 despidos y suspensiones de trabajadores de la educación. Mientras tanto, la Federación de Docentes de Myanmar confirmó los ceses o suspensiones de al menos 11 000 académicos, docentes y trabajadores de la educación entre el 8 y el 10 de mayo, tras haber boicoteado la reapertura de las escuelas por parte de alumnos, docentes y personal los días 6 y 7 de mayo, lo que eleva el número total de profesores apartados de sus puestos a unos 20 000. Se facilitaron los siguientes datos como ejemplos de los ceses y suspensiones: 369 despidos del personal de las oficinas de distrito y de los municipios y del Departamento Jurídico y de Investigación del Ministerio de Educación; 72 profesores de la Universidad Tecnológica de Taungoo; el 28 de abril se despidió a profesores de la Universidad de Promoción de las Etnias Nacionales de Sagaing, de la Universidad a Distancia de Yangón y de la Universidad Tecnológica de Yangón, así como a dos profesores de la Universidad de Yangón; el 6 de mayo se despidió a 149 profesores y miembros del personal de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Mandalay, a 249 catedráticos, profesores asociados y personal que trabajaba en las residencias de la Universidad de Mandalay, a 60 profesores de la Universidad Tecnológica de Myitkyna, 91 profesores y miembros del personal de la Universidad Tecnológica de Taunggyi, a 132 profesores y miembros del personal de la Universidad de Myint Kan, a 88 profesores y miembros del personal de la Universidad Tecnológica de Myint Kan, y a 139 profesores y miembros del personal de la Universidad de Maung Bin; los días 6 y 7 de mayo se despidió a 339 profesores y 81 miembros del personal de la Universidad de Yangón; 731 ceses en la Universidad Tecnológica de Yangón y en la Universidad Tecnológica de Mandalay el 7 de mayo; 55 miembros del personal de la Universidad Tecnológica de Lashio fueron suspendidos el 3 de mayo; 34 profesores del Instituto Técnico Gubernamental de Monywa y 46 profesores del Instituto Técnico Gubernamental del Estado de Hakha Chin fueron suspendidos el 5 de mayo; 339 profesores y miembros del personal de la Universidad de Yangón fueron suspendidos el 6 de mayo; 546 profesores y miembros del personal de la Universidad de Mandalay fueron suspendidos el 6 de mayo, y 619 profesores y miembros del personal de la Universidad de Yadanabon en Mandalay fueron suspendidos el 8 de mayo.
4. 511. De acuerdo con la CSI, ccontinúa intimidándose a los trabajadores para privarles de su derecho de reunión pacífica. En el MOEE y en el Ministerio de Minería, Petróleo, Gas y Energía (MOGE), los trabajadores emitieron una declaración el 3 de marzo en la que atestiguaban que muchos empleados habían recibido amenazas del Gobierno obligándoles a no ejercer ese derecho y a cumplir la Ley de la Función Pública en contra de sus derechos. Como estos trabajadores decidieron seguir apoyando las protestas y se negaron a reconocer al Gobierno militar, el MOEE empleó a otros trabajadores para sustituirlos.
5. 512. En el sector ferroviario, los sindicatos estiman que casi el 90 por ciento de los 30 000 trabajadores del Ministerio de Transporte Ferroviario se han negado a trabajar desde la huelga general del 8 de febrero. Como reacción, el Ministerio ha desalojado al menos a 1 600 trabajadores ferroviarios y sus familias de las viviendas oficiales, dejándolos sin hogar. Hay informes de incursiones militares en los pueblos donde los trabajadores desalojados son acogidos temporalmente por los comités voluntarios del MDC. Una de estas incursiones tuvo lugar en el pueblo de Myinge, en Amarapura (Mandalay), el 13 de abril, donde se refugiaban 25 familias desalojadas.
6. 513. Los familiares de los trabajadores sanitarios también se han enfrentado a la presión y el acoso de los militares. En Pathein (Ayeyarwaddy), los militares pidieron a 30 padres y madres de médicos de los hospitales generales que estaban en huelga que asistieran a una reunión el 28 de abril de 2021 para presionar a sus hijos a que volvieran al trabajo.
7. 514. La CSI afirma que ha verificado 60 casos de detenciones y redadas dirigidas a los sindicatos, que afectaron a 116 sindicalistas, y ha proporcionado información detallada en un anexo a su comunicación (la CSI ha pedido que se mantengan confidenciales los nombres de las personas para protegerlas de graves represalias). El 19 de marzo, los militares ocuparon 60 escuelas y campus universitarios en todo el país y golpearon a los profesores que intentaron entrar en los locales escolares. El 27 de marzo se detuvo en Dagon Seikkan a Kyaw Moe Kaing, un profesor particular, que murió en el Hospital Militar de Mingaladon el 30 de marzo a raíz de las torturas policiales infligidas. El 28 de abril, tres trabajadores de la educación de la Universidad de Yangón East y uno de la Universidad de Dagon fueron acusados en virtud del artículo 505A del Código Penal de apoyar al MDC, y el 2 de mayo se acusó en virtud del mismo artículo a seis directores de escuelas de educación básica de Ayerawaddy y Monywa.
8. 515. La CSI añade que las detenciones masivas se dirigen también contra los médicos, los trabajadores sanitarios y los trabajadores sociales en huelga, muchos de los cuales han abandonado las viviendas del Gobierno y se alojan en casa de amigos para seguir prestando asistencia médica a los heridos en el MDC. Hay informes de que los militares vandalizan estas estaciones médicas móviles y las casas funerarias saqueando los suministros médicos y las donaciones en los asaltos a las casas. Entre el 13 y el 28 de abril de 2021, 215 médicos de hospitales públicos de los estados de Yangón, Naypyitaw, Thanintharyi, Sagaing, Mandalay, Kachin y Shan fueron acusados en virtud del artículo 505A del Código Penal.
9. 516. En Yangón, la represión militar se ha intensificado realizándose más redadas en casas y oficinas para identificar a los sindicalistas y amenazar a los civiles que protegen a las personas escondidas con la adopción de medidas con consecuencias legales en virtud de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas modificada. Durante las redadas y los tiroteos aleatorios en casas de civiles en Yangón los días 6 y 7 de marzo de 2021, los militares irrumpieron en una casa donde se habían escondido siete dirigentes sindicales de la industria de la confección a fin de detenerlos. Alrededor de la medianoche del 21 de marzo de 2021, tres camiones de soldados se pusieron en marcha para localizar las oficinas de las organizaciones sindicales en Htee Hlaing Shin Housing, y ejercieron presión sobre el propietario para obtener información. Ese mismo día, varios soldados armados se desplegaron frente a la oficina de una federación sindical e interrogaron a los residentes del barrio. El 13 de abril de 2021, los militares asaltaron y saquearon la casa de los padres de un dirigente sindical en un pueblo de Mandalay. Durante el asalto, los militares golpearon a su hermano gemelo y mataron a tiros a un miembro de la Federación de Sindicatos de la Industria Artesanal de Myanmar. El 15 de abril de 2021, el director del Sindicato Solidaridad de Myanmar (STUM) fue detenido por 40 soldados durante una redada realizada en la oficina de dicho sindicato en Shwepyithar (Yangón), y acusado en virtud del artículo 505A del Código Penal. El STUM fue una de las 16 organizaciones sindicales prohibidas por los militares el 1.o de marzo. El 25 de abril de 2021, una miembro activa de la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera de Myanmar, afiliada a la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM) y responsable de las finanzas del Sindicato de Fábricas de Ladrillos de Hmawbe, fue detenida por los militares en su residencia de Hmawbe (Yangón). Se desconoce su paradero.
10. 517. La CSI alega asimismo que los militares detienen arbitrariamente a los trabajadores en las calles exigiéndoles que entreguen sus teléfonos móviles o paguen una multa para no ser detenidos. Los sindicalistas son chantajeados por la policía de las zonas industriales de Hlaingtharyar y Shepyithar con la participación de los jefes de policía de los municipios y de los oficiales de grado de comandante. Los dirigentes sindicales de base de la CTUM y de la Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM), que se encontraban escondidos, han sido conducidos por intermediarios a las comisarías de policía, donde fueron chantajeados para que pagaran a la policía millones de kyat (varios cientos de dólares de los Estados Unidos) a cambio de su seguridad frente a las detenciones. Hay agentes armados que rastrean activamente los datos de contacto de los dirigentes sindicales y exigen a la dirección de la fábrica que los denuncie a la policía.
11. 518. Además de los asesinatos de dos trabajadores de la educación denunciados en marzo por la Internacional de la Educación (IE), a saber, la profesora de secundaria Tin Nwet Yi del Instituto de Enseñanza Básica núm. 10 (sucursal) de Hlaingtharyar (Yangón), y la profesora Myint Myint Zin en el municipio de Monywa (Sagaing), la CSI informa de 26 asesinatos brutales de sindicalistas por parte de los militares desde el golpe. La mayoría de ellos murieron por disparos de soldados y francotiradores mientras participaban en las protestas del MDC, o a raíz de disparos no provocados y aleatorios de los militares. Se trata de las siguientes personas:
    • Dos trabajadores de la fábrica de calzados Pouchen (en adelante, fábrica de calzados A) y miembros de Action Labor Rights, asesinados por disparos en Hledan (Yangón) el 28 de febrero de 2021.
    • Dos trabajadores, un miembro de Action Labor Rights y un miembro del Sindicato Mar Mar Noddle, asesinados por disparos en una manifestación en Hlaingtharyar (Yangón) el 28 de febrero de 2021.
    • El maestro Ko Ko Lay asesinado de un disparo en una manifestación en Myitkyna (Kachin) el 8 de marzo de 2021.
    • El trabajador bancario Htoo Aung Kyaw, asesinado de un disparo en una manifestación en Mandalay el 11 de marzo de 2021.
    • Tun Win Han del Sindicato Mar Mar Noddle y Action Labor Rights, asesinado de un disparo en una manifestación en Hlaingtharyar (Yangón) el 14 de marzo de 2021.
    • Zaw Zaw Htwe del Sindicato JCK afiliado a la CTUM, asesinado de un disparo en una manifestación en Shwephyithar (Yangón) el 14 de marzo de 2021.
    • El trabajador bancario Ko Aung Kaung Moe, asesinado de un disparo en una manifestación en Yangón el 16 de marzo de 2021.
    • Dos trabajadores de la fábrica de calzados Xing Jia (en adelante fábrica de calzados B), asesinados de un disparo cuando reclamaban el pago de sueldos atrasados en la fábrica en Hlaingtharyar (Yangón) el 16 de marzo de 2021.
    • Nay Lin Thu del Sindicato de Baterías Eléctricas y miembro del comité de Jóvenes de la Federación de Sindicatos de la Industria Artesanal de Myanmar, asesinado de un disparo por un francotirador en la concentración realizada por el Día del Ejército en Mandalay el 27 de marzo de 2021.
    • El maestro Zaw Lin Maung, asesinado de un disparo en la concentración realizada por el Día del Ejército en Mandalay el 27 de marzo de 2021.
    • El funcionario público Ko Zi Lin Aung, asesinado de un disparo por un francotirador al hacer barricadas en una manifestación en Pathein el 29 de marzo de 2021.
    • Ko Wei Zin, de la Asociación de Guías Turísticos, asesinado de un disparo en una manifestación en Mandalay el 27 de marzo de 2021.
    • Kyaw Win Maung, miembro del Grupo Técnico del comité del MDC, asesinado de un disparo en una manifestación en Mandalay el 27 de marzo de 2021.
    • Los doctores Phyo Tant Wai y Thiha Tun, trabajadores médicos del comité del MDC, asesinados de un disparo en una manifestación en Mandalay el 27 de marzo de 2021.
    • Chan Myae Kyaw, miembro del comité de Jóvenes de la CTUM, asesinado de un disparo en una manifestación en Salingyi (Sagaing) el 27 de marzo de 2021.
    • El profesor particular Kyaw Moe Kaing murió a raíz de las torturas recibidas mientras estaba detenido en la prisión de Insein el 27 de marzo de 2021.
    • El socorrista Thar Zein Hein, asesinado de un disparo en una manifestación en Monywa el 28 de marzo de 2021.
    • La trabajadora bancaria Khine Zar Thwe, asesinada de un disparo en una manifestación en Yangón el 28 de marzo de 2021.
    • Nay Lin Zaw del Sindicato del Mueble AD afiliado a la Federación de Sindicatos de la Industria Artesanal de Myanmar, cayó en una emboscada y fue asesinado de un disparo por soldados en la zona industrial de South Dagon el 29 de marzo de 2021.
    • La trabajadora bancaria Su Su Kyi, asesinada de un disparo en una manifestación en Yangón el 1.º de abril de 2021.
    • Un trabajador de la fábrica Fuji y miembro de la Federación de Sindicatos de la Industria Artesanal de Myanmar, asesinado de un disparo durante una redada en la aldea de Myinge Amarapura (Mandalay) el 13 de abril de 2021.
    • El estudiante universitario Maung Yan Aung, asesinado de un disparo en una manifestación en Phyu el 29 de marzo de 2021.
12. 519. Según la CSI, también se siguen perpetrando ataques violentos contra sindicalistas en el sector privado, y se les sigue intimidando, mientras que nadie responsabiliza a los empleadores de las violaciones de los derechos laborales en el lugar de trabajo ni se garantiza la seguridad de los trabajadores que se ven obligados a ir a trabajar. La CSI destaca los ataques indiscriminados y la brutalidad de los militares en la fábrica de calzado B de Yangón. Seis personas murieron cuando, el 17 de marzo de 2021, en la empresa de calzado Xing Jia (Myanmar), situada en la zona industrial de Hlaingtharyar, los trabajadores se concentraron en la fábrica para reclamar el pago de salarios atrasados ante el temor de que el propietario abandonara el país. Estos trabajadores fueron encerrados en la fábrica por tres camiones cargados de soldados que agravaron la situación disparando y matando a seis personas, dos trabajadores que estaban dentro de la fábrica y cuatro aldeanos de Ding Su. Diez trabajadoras encerradas en la fábrica pudieron salir a la mañana siguiente, mientras que otros 70 trabajadores fueron detenidos. Los sindicatos han comprobado que 25 de los detenidos, entre ellos tres trabajadores, están encarcelados en la prisión de Insein desde el 12 de abril.
13. 520. La CSI también hace referencia a los despidos en los bancos privados que afectan a los trabajadores que mantienen el paro laboral. El Myanmar Oriental Bank de Mandalay (en adelante Banco A) se negó a conceder licencias a 197 trabajadores y, el 27 de marzo de 2021, los despidió. El Banco también despidió a 200 trabajadores que gozaban de su licencia por su participación en el MDC el 29 de abril de 2021. El Banco KBZ (en adelante, Banco B) amenazó a sus empleados con aplicar medidas jurídicas si no se reincorporaban al trabajo en la fecha límite del 20 de abril de 2021.
14. 521. Los dirigentes sindicales del sector privado se enfrentan a amenazas inminentes y a riesgos de seguridad cuando representan a los trabajadores —que son decenas de miles— para negociar con los empleadores sobre los atrasos salariales debidos a cierres repentinos de fábricas o a suspensiones como consecuencia de la caída de pedidos o de actos de vandalismo. Los conflictos por despidos improcedentes están aumentando, ya que los empleadores utilizan las reclamaciones de licencias no autorizadas de más de tres días para despedir a los trabajadores y eludir las indemnizaciones, sin tener en cuenta la seguridad expresada, el bloqueo militar y otras preocupaciones de los sindicatos en nombre de sus miembros. La IWFM, la Federación de Sindicatos de la Industria Artesanal de Myanmar y las organizaciones sindicales han condenado a los empleadores que se escapan y a los que no han garantizado el respeto a las representaciones sindicales y a la libertad de asociación, así como a la seguridad de los trabajadores, y han exigido que se concedan a los trabajadores las debidas indemnizaciones y licencias no remuneradas en consulta con los sindicatos.
15. 522. Al resolver los conflictos laborales con los empleadores, los dirigentes de los sindicatos y las organizaciones sindicales corren el riesgo de exponerse a los militares o a la violencia. Los militares están realizando inspecciones en las fábricas, como la que tuvo lugar el 3 de mayo de 2021 en la zona industrial de Hlaingtharyar, en Yangón. Algunos dirigentes sindicales han sido informados por los directivos de que los militares habían exigido que se les informara sobre el paradero de los dirigentes y organizadores, y que no se constituyera ningún sindicato. Los dirigentes sindicales no disponen de ningún recurso para hacer frente a las malas prácticas de los empleadores, que se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad con fines antisindicales.
16. 523. En su comunicación de fecha 5 de octubre de 2021, la CSI complementa la información presentada anteriormente en la que señalaba la persistencia de la peligrosa y difícil situación para los trabajadores y la sociedad civil en Myanmar. Al 28 de septiembre de 2021, los militares de Myanmar habían asesinado a 1 139 civiles y manifestantes en el MDC, habían detenido a 6 891 personas, acusado a 1 989 de ellas y condenado a 293.
17. 524. El 22 de julio de 2021, la CTUM y su organización afiliada en el sector de la confección, la IWFM, indicaron que la situación se había deteriorado en tal grado que los sindicatos de base no podían llevar a cabo sus actividades. El lugar de trabajo ya no era seguro para los sindicalistas y algunos directivos de empresas habían aprovechado la situación para suprimir sindicatos o, en algunos casos, denunciarlos ante los militares. Señalan que los militares utilizan a los administradores de los distritos y los directivos de las fábricas como informantes para efectuar allanamientos y registros domiciliarios más eficaces en busca de sindicalistas en activo y participantes en el MDC. Los dirigentes sindicales corren el riesgo de exponerse aún más al proseguir su labor sindical o visitar los departamentos de trabajo en nombre de sus afiliados. Cada vez más dirigentes sindicales y sindicalistas en activo de sindicatos de base han sido objeto de órdenes de captura por haber participado en el MDC o apoyar el Gobierno de Unidad Nacional (NUG). El 23 de mayo de 2021, los militares efectuaron un registro del domicilio del presidente de la BWFM, que también es miembro del comité central de la CTUM, y se remitió al administrador del distrito una orden de captura dictada por el Magistrado de East Dagon para entregarle a los militares cuando regresara a su domicilio. El 25 de mayo de 2021, se emitió una orden de captura contra el vicepresidente de la Federación para la Agricultura y los Campesinos de Myanmar (AFFM), que también es miembro del comité central de la CTUM y miembro electo del Consejo Nacional de Arbitraje. El 3 de junio de 2021, se emitieron 124 órdenes de captura contra miembros de federaciones de la CTUM, incluidos miembros del comité central de la CTUM. Seis de ellos han sido acusados en virtud del artículo 124 del Código Penal, que tipifica como delito la incitación al odio o desprecio, o el desafecto por el Gobierno, el ejército y el personal militar. La disposición fue modificada y las penas aumentaron de tres años de prisión a penas de entre siete y veinte años. Los días 14 y 15 de junio de 2021, fue allanada la oficina de la MICS-TUsF en Myint Nge, Amarapura y en South Dagon, Yangón. El organizador de la MICS-TUsF en South Dagon fue interrogado. El 4 de septiembre de 2021, los militares, con toda su fuerza, llegaron a una fábrica textil de la zona industrial del municipio de Shwepyithar, en Yangón, para detener a dos trabajadores por su participación en el MDC.
18. 525. Por ejercer su derecho de libertad sindical, de expresión y de reunión pacífica, se acusó a los siguientes profesionales de la educación y la atención de la salud en virtud del artículo 505A del Código Penal: 81 docentes de enseñanza primaria y superior, así como rectores universitarios, 23 de los cuales fueron detenidos y juzgados, con inclusión de un director de escuela y 3 profesores de Myeik, que han sido condenados, cada uno de ellos, a tres años de prisión. La CSI indica que no dispone de información sobre el resultado del juicio de ocho de esas personas y que sigue sin conocerse el paradero de otras nueve que fueron detenidas, entre ellas el presidente de la Asociación de Docentes Universitarios.
19. 526. La CSI añade que los militares siguen atacando centros de salud y a los trabajadores que proporcionan ayuda humanitaria al MDC y atención sanitaria a los pacientes de COVID-19 en dispensarios de salud improvisados: 241 médicos de todo el país, con inclusión de Bago, el estado de Shan, Naypyitaw, Sagaing, Magway, Yangón, el estado de Mon, Ayeyarwaddy, Mandalay, el estado de Kachin, el estado de Kayin, el estado de Rakhine, y los estados de Kayah y Chin, y 69 profesionales de enfermería de Tanintharyi/Dawei, Ayeyarwaddy, Yangón, el estado de Shan, Sagaing, Nayphitaw, Bago, el estado de Kachin, el estado de Kayin/Karen, el estado de Kayah, Mawlagumyine/estado de Mon, Mandalay y Mogway han sido acusados en virtud del artículo 505A del Código Penal.
20. 527. Por último, la CSI proporciona información sobre otros sindicalistas y trabajadores detenidos y retenidos desde su actualización anterior. Un trabajador de Suntime JCK, y afiliado al STUM, que fue detenido el 15 de abril de 2021, permanece retenido en la prisión de Insein. Un organizador principal de la BWFM fue detenido en Hmawbi, Yangón, el 25 de abril de 2021, acusado en virtud del artículo 505A del Código Penal, y sigue detenido. Un miembro del comité central ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Myanmar (ABFTU), y miembro del comité del MDC en Sagaing fue detenido en Yaynanchaung, Mandalay, el 13 de junio y permanece retenido. El 14 de junio de 2021, el domicilio del Secretario General de la MICS TUsF, y miembro del comité del MDC en Mandalay, U Thet Hnin Aung, fue allanado por los militares después de que el domicilio de sus padres en la aldea Myint Nge en Mandalay fuera allanado el 15 de abril de 2021. El 18 de junio de 2021 fue detenido U Thet Hnin Aung y permaneció retenido en el centro de interrogación de Shwe Pyi Thar durante semanas antes de ser trasladado el 30 de julio a la prisión de Insein, donde se deterioró su estado de salud. El 24 de agosto fue admitido en el centro hospitalario de la prisión con una hemorragia gástrica. Está acusado en virtud del artículo 17, 1) de la Ley sobre Asociaciones Ilegales, que tipifica la afiliación o pertenencia a una asociación ilegal como un delito sancionable con tres años de prisión. La MICS-TUsF y otros 15 sindicatos y organizaciones sindicales fueron declarados ilegales por el Gobierno militar el 26 de febrero de 2021. El juicio en el Tribunal de South Dagon comenzó el 23 de agosto de 2021 sin la presencia de un abogado. Una trabajadora de la industria textil en Hlaingtharyar fue detenida el 24 de agosto de 2021 por publicar en las redes sociales su apoyo al NUG. Estuvo detenida en la comisaría de Hlaingtharyar. Un organizador de la CTUM fue detenido el 28 de agosto de 2021 en un monasterio de Yangón por su presunta asociación con la oposición, las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), y permanece detenido. El 31 de agosto de 2021, dos activistas sindicales independientes fueron detenidos en la región de Hlaingtharyar, en Yangón, por su presunta asociación con la oposición, las PDF, y permanecen detenidos.
21. 528. Han continuado los despidos y las suspensiones de funcionarios y trabajadores en las empresas estatales que apoyan el MDC: 366 trabajadores han sido suspendidos y despedidos por el MOEE, entre ellos jornaleros del sector eléctrico en el municipio de Okklapa Norte, en Yangón; 188 miembros del personal del sector eléctrico del municipio de Mandalay; 90 trabajadores de la Empresa de Suministro de Electricidad de Mandalay; personal empleado en el Departamento de Implementación de la Energía Hidroeléctrica; personal del Departamento de Distribución de Energía y Control del Sistema, y personal de la oficina sindical del MOEE. También han sido despedidas más de 2 000 de las 7 000 personas que, se estima, estaban empleadas en la empresa MOGE, de propiedad estatal, a saber: 1 473 trabajadores del sector del petróleo y el gas y de las empresas de fertilizantes propiedad de la MOGE (247 trabajadores de la Fábrica de Fertilizantes núm. 1; 66 trabajadores de la Fábrica de Fertilizantes núm. 5; 531 trabajadores del Campo Petrolífero de Htauk Shabin, en Minbu, Magway; 86 trabajadores del Campo Petrolífero de Letpanto, Mann y Htaukshabin; 324 trabajadores del Campo Petrolífero Mann, y 219 trabajadores del Campo Petrolífero de Yaynangyaung). Los militares de la empresa estatal Petroquímica de Myanmar han contratado al menos a 800 jornaleros no cualificados como mano de obra de sustitución para poder reanudar la producción en las fábricas de fertilizantes núms. 3, 4 y 5; 900 trabajadores de la MOGE, en Minbu, siguen desalojados de sus viviendas desde el 30 de marzo de 2021. El Consejo Militar emitió una directiva el 13 de mayo de 2021 condicionando el regreso a sus viviendas a que se disculparan por haber participado en el MDC. Hasta la fecha, los trabajadores afectados no han cedido a esta presión: 645 funcionarios y trabajadores de empresas estatales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Regadío han sido despedidos, entre ellos 23 trabajadores del estado de Chin y de la región de Sagaing; 60 del Banco de Desarrollo de Myanmar en Yangón; 137 miembros del personal del departamento en Ayeyarwaddy; 182 miembros del personal del Departamento de Desarrollo Rural en Monywa y Sagaing; 74 miembros del personal en Mandalay; 81 miembros del personal en Ayeyarwaddy, y 88 miembros del personal en el estado de Chin. Resultaron despedidos 331 funcionarios y empleados del Banco Económico de Myanmar (MEB), de propiedad estatal y dependiente del Ministerio de Finanzas y Planificación, entre ellos: 194 miembros del personal de la Oficina del Ministro de la Unión en Naypyitaw, 91 miembros del personal del MEB en el estado de Chin y 46 miembros del personal de la División del MEB en Ayeyarwaddy. También han sido despedidos 335 funcionarios de las oficinas del Ministerio de Educación, a saber: 255 de Yangón, 54 en el estado de Kachin y 26 en el estado de Chin, además de 106 trabajadores de los departamentos de educación, entre ellos: 16 del Departamento de Fomento de la Energía Nuclear y 90 del Departamento de Investigación en Biotecnología.
22. 529. La CSI alega asimismo que cerca de 150 000 docentes de universidad y de educación básica han sido suspendidos de sus puestos de trabajo. Entre ellos figuran: 23 703 docentes de educación básica de 31 ciudades y regiones, con el mayor número registrado en Ayeuarwarddy (2 150), Yangón (1 922) y Tanintharyi/Dawei (1 832); 4 918 empleados de universidades, como catedráticos, profesores asociados, rectores y personal administrativo, han sido suspendidos de sus puestos de trabajo. Un tercio de ellos forman parte de instituciones de Mandalay (619 de la Universidad de Yatanarpon; 499 de la Universidad de Mandalay; 331 de la Universidad Tecnológica de Mandalay; 242 de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Mandalay; 132 de la Universidad de Myint Kan; 101 de la Universidad de Ingeniería Aeroespacial de Myanmar, y 8 rectores de la Universidad de Kyauk Se, de Estudios de Informática de Mandalay y de TIC de Yatanarpon). Los profesores y rectores de universidad de Yangón representan una cuarta parte del total, entre ellos: 766 de la Universidad de Yangón; 189 de la Universidad de Educación de Yangón; 128 de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Yangón y 122 de la Universidad de Hmawbi. También fueron suspendidos 597 empleados de altas instituciones de la División Ayeyarwaddy, entre ellos: 218 de la Universidad de Hinthada; 146 de la Universidad de Pathein; 137 de la Universidad de Ma U Pin; 49 de la Universidad Tecnológica de Pathein, y 49 de la Universidad Tecnológica de Ma U Pin. Quedaron además despedidos 1 185 trabajadores de la educación en otros estados, concretamente: 340 de la Universidad de Hakha en el estado de Chin; 316 de Kalay y Monywa/Sagaing; 155 de la Universidad de Mawlamyne Mon; 146 de la Universidad de Monyin Kachin; 73 de la Universidad de Techno Bago; 94 de la Universidad de Taungyi y Lashio Shan, y 1 de la Universidad de Estudios Informáticos de Dawei.
23. 530. La CSI se refiere además a 457 miembros de personal de hospitales que han sido despedidos y amenazados por el Ministerio de Sanidad y Deportes (MOHS) con ser detenidos. Entre ellos se encuentran: 408 miembros del personal del Hospital Central de Mujeres, en Mandalay, que están siendo investigados y vigilados; 34 miembros del personal del Hospital General Thein Ni en Shan, amenazados con cargos judiciales, así como 15 miembros del personal del Departamento de Medicina Tradicional, adscrito al MOHS, en Naypyitaw. Continúan los ataques contra el personal y las instalaciones médicas. Los militares siguen ocupando hospitales públicos, golpeando al personal sanitario, dañando, asaltando y confiscando equipos médicos, medicamentos y bombonas de oxígeno, así como instalaciones sanitarias improvisadas. Cada vez más personal sanitario se ha escondido, ya que el Consejo Militar ha revocado las licencias de los médicos y trabajadores sanitarios que se han unido al MDC. Los militares también han cancelado licencias comerciales de las clínicas y hospitales para los que trabaja este personal sanitario. Las Naciones Unidas han informado de al menos 260 casos de ataques contra personal sanitario o instalaciones sanitarias acaecidos hasta el 25 de agosto, y se han emitido 600 órdenes de detención contra personal sanitario.
24. 531. En el sector del transporte, la CSI alega que 1 293 trabajadores ferroviarios y de una fábrica de locomotoras dependientes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones han sido suspendidos de sus puestos de trabajo, entre ellos: 583 trabajadores en el estado de Kachin; 391 en Amarapura y Pyin Oo Win, Mandalay; 303 de la Fábrica de Locomotoras Diésel, en la región de Sagaing; 58 en el estado de Shan, y 58 en Magway.
25. 532. El ejército sigue aplicando medidas coercitivas para castigar a los trabajadores que siguen apoyando al MDC y para obligarles a volver al trabajo. El 12 de mayo de 2021, el MOHS ordenó a los trabajadores de la sanidad pública becados por el Estado para cursar estudios en el extranjero que habían manifestado su apoyo al MDC que devolvieran las becas al Consejo Militar a más tardar el 13 de mayo. También se ordenó a todo el personal que había estado en huelga que regresara al trabajo. El 5 de mayo de 2021, el Ministerio de Información emitió una directiva para exigir a su personal que devolviera al Consejo Militar los préstamos de ayuda COVID-19, equivalentes a dos meses de salario, que habían sido entregados bajo el Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND). El 11 de mayo de 2021, U Win Thaw, representante del Banco Central, ordenó a todos los ciudadanos que depositaran su dinero en dicho banco y avisó de que quienes no lo hicieran serían legalmente perseguidos por minar la economía del Estado.
26. 533. En el sector privado, la CSI indica que, además de los alegatos antes expuestos, algunas empresas han aprovechado el deterioro de la situación de los derechos humanos y laborales para vulnerar el derecho a la libertad sindical de los trabajadores y no han respetado los derechos relativos a las condiciones de servicio, como las protecciones salariales, los derechos o las indemnizaciones y compensaciones legales en caso de despido, incluidos aquellos previstos en los convenios colectivos, y no han consultado a los sindicatos ni a los representantes de los trabajadores sobre estas cuestiones. La IWFM ha documentado casos de vulneraciones laborales en el sector de la confección que ponen de manifiesto pautas sistemáticas de vulneración de la legislación laboral de Myanmar y de atropellos del derecho a la libertad sindical. Los dirigentes y afiliados sindicales han sido blanco de los despidos contemplados en los planes de reducción de plantilla de las empresas o de las suspensiones temporales del trabajo sin haberse celebrado consultas significativas. Los dirigentes sindicales y otros trabajadores que apoyaron el MDC y fueron despedidos han sido incluidos en una lista negra por algunos empleadores de la confección. Se está despidiendo a los trabajadores de forma arbitraria, sin garantías procesales ni justificación y sin indemnización. Se están llevando a cabo prácticas antisindicales en las que solo los trabajadores no sindicados o los que se han comprometido a cesar en su afiliación sindical vuelven a ser contratados para trabajar tras la reanudación de las actividades de producción. El empleo permanente se ha sustituido por contratos de trabajo mensuales o diarios y de corta duración. En un caso específico, para que los trabajadores pudieran firmar un nuevo contrato de tres meses, se les obligó a abonar al empleador una indemnización global y a entregar a la dirección, a modo de garantía, sus carnés de identidad y teléfonos móviles. Los trabajadores que integran plantillas reducidas se ven obligados a aceptar un trabajo de mayor intensidad y durante más horas, sin compensarse sus horas extraordinarias ni el trabajo nocturno. Las prestaciones y los salarios se reducen hasta el 70 por ciento del mínimo legal y se cancelan las bajas por enfermedad y las pagas correspondientes. Los trabajadores son amordazados y tienen miedo a presentar quejas por vulneraciones diversas de los derechos laborales por temor a que la dirección les denuncie ante las autoridades. En anexo a la comunicación se facilitan ejemplos concretos al respecto.
27. 534. Finalmente, la CSI alega que los militares se están escudando en las medidas del COVID 19 para socavar aún más el derecho a la libertad sindical, así como los derechos fundamentales y la dignidad de los trabajadores. Se ha decretado un confinamiento carcelario por COVID-19 que se ha hecho extensivo a los centros de detención de comisarías, lo cual ha privado a los sindicalistas recluidos de acceder a la asistencia letrada y de poder contactar con sus familiares en condiciones sanitarias razonables. Mientras tanto, se siguen realizando investigaciones policiales y pronunciando resoluciones judiciales sin la presencia de abogados. Se ha impuesto un confinamiento en la prisión de Insein desde el 8 de julio de 2021, y en las prisiones de Bago y Ayerawaddy desde finales de junio de 2021. Según el Viceministro de Información del Consejo de Administración Estatal, había al menos 375 presos infectados con la COVID-19 en julio de 2021. Cabe suponer que esta cifra era aún superior, dadas las condiciones de hacinamiento existentes en las prisiones, donde se concentraban también manifestantes del MDC y sindicalistas en situación de detención preventiva. Las condiciones sanitarias de los sindicalistas presos y de los reclusos son alarmantes. El bloqueo de la información relativa a nuevas detenciones, retenciones y procedimientos judiciales contra sindicalistas y manifestantes del MDC, impide todavía más a los sindicatos ejercer su derecho de prestar apoyo solidario a sus afiliados y, en particular, vigilar la situación relativa a los derechos humanos de los detenidos.
28. 535. En conclusión, la CSI exhorta a que se preste urgente atención a los actos de vulneración cometidos contra los trabajadores, en particular, los sindicalistas y los afiliados sindicales, así como a los ataques perpetrados en menoscabo de la representación de los afiliados, y a que se palien tales vulneraciones y ataques. También expresa su profunda preocupación por el hecho de que las empresas socaven de manera continuada los derechos de sus trabajadores en este clima de exacerbada violencia militar dirigida contra la población y los trabajadores en general.

C. Respuesta del Gobierno

1. 536. Las respuestas del MOLIP y de la Misión Permanente en Ginebra en las que se transmiten las opiniones de algunos ministerios se recibieron el 9 de junio, el 30 de septiembre y el 3, 9 y 17 de diciembre de 2021.
2. 537. Por lo que respecta a los alegatos específicos de muertes de participantes en el MDC, se afirma que hubo un control por sorpresa por parte del equipo de investigación conjunto del Tatmadaw, las fuerzas de policía del país y el Departamento de Administración General en el Centro de Formación Profesional Suu para mantener la paz y la estabilidad de la comunidad. Cuando pidieron a Zaw Myat Lynn que abriera la puerta justo después de medianoche, apagó la luz, subió las escaleras y saltó al patio trasero, donde murió de una lesión abdominal tras caer sobre un tubo de acero fijado a la valla. El caso se archivó y, tras la investigación, la policía presentó el caso al Tribunal de Shwepyithar, donde fue juzgado. Tin Nwet Yee, una manifestante, murió de un ataque al corazón tras sufrir una herida en el brazo izquierdo mientras las fuerzas policiales intentaban disolver la multitud. La comisaría abrió un expediente por un caso de muerte ordinaria, de conformidad con el certificado de la autopsia.
3. 538. Además, se afirma que las directivas emitidas por el MOLIP y el Ministerio de Educación no contenían amenazas para que los funcionarios regresaran al trabajo, ni de que serían despedidos, destituidos o demandados si se unían al MDC, sino que solo eran recordatorios de reincorporación al trabajo.
4. 539. Con respecto a la detención de Sean Turnell, se indica que fue encontrado alojado en un hotel con pruebas de que había recibido, recogido, grabado y transmitido información a otras personas mediante la contraseña o el código secreto oficial, o bocetos, planos y notas informativas u otros documentos, lo que ponía en peligro la seguridad o los intereses nacionales, y fue enjuiciado con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales de Myanmar. También se le acusó de infringir la normativa en materia de visados de la Ley de Inmigración de Myanmar.
5. 540. En cuanto a la comunicación del Partido de la Unión para la Solidaridad y el Desarrollo a la Oficina del Comandante en Jefe de las fuerzas armadas para que sustituyera a los funcionarios implicados en las protestas, en la respuesta se sostiene que es necesario presentar pruebas al Partido.
6. 541. Por lo que respecta a los profesores que desempeñaron funciones en el colegio electoral durante las elecciones de noviembre de 2020, se informa que 63 profesores, 37 votantes y miembros de la comisión fueron acusados en 49 casos, de los cuales 32 (relativos a 45 profesores) se cerraron, 14 se archivaron (relativos a 15 profesores) y 3 se estaban investigando. En los 14 casos, solo se enjuició a 6 profesores y 11 votantes, 2 de los cuales fueron multados con 30 000 kyats de Myanmar, mientras que los demás siguen en juicio.
7. 542. En cuanto a las acusaciones de una situación general de violencia y asesinatos por parte de las autoridades militares, se afirma que el ambiente inicialmente pacífico de los grupos de protesta se transformó en disturbios en la tercera semana de febrero por los intentos de acelerar el MDC, acompañados de la intimidación y la presión del Comité de Representación de la Pyidaungsu Hluttaw por la repercusión externa, y acabaron desembocando en anarquía y finalmente en insurrección con actos terroristas debido al liderazgo y la intimidación de los miembros radicales de la LND. Por consiguiente, las fuerzas de seguridad retiraron los bloqueos de las carreteras y detuvieron a los alborotadores para garantizar la paz, la estabilidad y el Estado de derecho del Estado y controlar a los grupos terroristas. Todo ello se llevó a cabo de acuerdo con el Manual de control de disturbios de Birmania de 1956 y el Manual para el control de multitudes y disturbios de 2015. Sin embargo, las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir, habida cuenta de que los terroristas siguieron asaltando comisarías y atacando a los miembros de las fuerzas de seguridad con armas artesanales mortíferas. Hubo bajas entre los terroristas, así como 80 militares fallecidos y otros 117 heridos. El número de bajas entre las fuerzas policiales y la población civil fue de 1 496 y 1 551, respectivamente. Se adjuntaron a la comunicación fotografías en las que se observaba la muerte de militares y policías mientras prestaban servicios de seguridad en diferentes lugares, incluidos los puestos de control de COVID-19, y de civiles y funcionarios asesinados a su regreso tras prestar servicio en los centros de vacunación contra la COVID-19.
8. 543. Sin embargo, algunos medios de comunicación están proporcionando información incorrecta para engañar a la población en relación con el ejército, mientras que los saboteadores están difundiendo esa información para destruir el mecanismo de administración. La Asociación de Ayuda a los Presos Políticos, que no es una asociación oficial y fue inhabilitada en virtud de la Ley de Registro de Asociaciones y su Reglamento, ha difundido información incorrecta sobre el número de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad. No se ha podido confirmar la muerte de más de 700 personas, entre ellas varios sindicalistas que ejercían su derecho a protestar contra el golpe militar, mientras que, según los atestados policiales, murieron 361 personas, 193 de las cuales fueron abatidas por los miembros de las fuerzas de seguridad mientras retiraban barricadas y se defendían de los actos terroristas. El resto de las muertes no estuvieron relacionadas con las fuerzas de seguridad: 95 personas fueron asesinadas por otros, 13 murieron por ataques con granadas y minas, 5 murieron mientras recibían atención médica, 10 murieron por enfermedades, 2 cayeron muertas y 9 murieron por heridas. Los autores fueron detenidos y enjuiciados según los procedimientos legales y se dictaron las sentencias correspondientes; 17 personas fueron condenadas a la pena de muerte.
9. 544. El MOLIP afirma además que, entre el 1.º de febrero y el 15 de abril, los miembros y partidarios radicales de la LND quemaron y destruyeron 63 comisarías, 62 oficinas administrativas de distrito, 52 oficinas y departamentos, 16 puentes, 13 bancos, 105 oficinas de educación, escuelas y otros edificios gubernamentales. Según las declaraciones de los terroristas detenidos, 13 fábricas situadas en las zonas industriales de Hlaingtharyar, Shwepyithar y el municipio de Insein, en la región de Yangón, fueron quemadas y destruidas con la intención de perturbar y detener la cooperación comercial con países extranjeros.
10. 545. También se hace referencia a diez fábricas textiles, dos fábricas de maquinaria textil, una fábrica de electrónica, una planta de fertilizantes, una fábrica de bolsas, una fábrica de bolsas de polietileno y una fábrica de espuma de poliestireno que fueron incendiadas entre el 14 y el 19 de marzo de 2021 en la región de Yangón. Se colocaron barricadas para impedir el paso de los camiones de bomberos y 5 policías perdieron la vida, 163 resultaron heridos en ataques violentos, mientras que 4 miembros del Tatmadaw y 1 familiar murieron. Los incendios acarrearon pérdidas de millones de dólares en edificios, maquinaria y materiales en bruto y productos acabados y la destrucción de casi 20 000 puestos de trabajo. El MOLIP emitió una notificación para que los trabajadores asegurados disfrutaran de una prestación salarial media del 40 por ciento y se distribuyeron 766 155 kyats de Myanmar entre 13 610 trabajadores, y otros 884 trabajadores asegurados recibieron 62 396 kyats de Myanmar como prestación de asistencia de la seguridad social. Para poner fin a esos actos terroristas y recuperar la estabilidad y la paz comunitaria en el país, es necesario tomar medidas de acuerdo con la ley, como investigar a los trabajadores implicados en los actos de violencia y buscar a los sospechosos en los municipios donde se produjeron los actos violentos. Con miras a entender adecuadamente la situación que realmente impera en Myanmar y restablecer la estabilidad, la paz y la democracia, se propone que las organizaciones internacionales no confíen en las noticias falsas ni en las acusaciones sesgadas difundidas por los medios de comunicación, sino que cooperen con el Gobierno de turno para obtener información veraz.
11. 546. Hasta el momento, 1 481 personas han sido condenadas después de ser acusadas y demostrarse que habían cometido un delito o habían infringido la ley, como el Código Penal o la Ley de Telecomunicaciones. El MOLIP no ha enjuiciado a ningún trabajador o dirigente sindical en virtud de la legislación del trabajo. El líder del STUM fue enjuiciado por perturbar el Gobierno del Estado y su estabilidad. Las personas que participaron en la sublevación, pero no en los actos terroristas, y que no apoyan al MDC en forma de aportación monetaria o por cualquier otro medio, o no se han adherido al movimiento, están siendo liberadas de acuerdo con la ley; 5 315 personas han sido liberadas. Se adjuntaron a la comunicación distintas fotografías en las que se observaba a los manifestantes sensibilizando a la opinión pública en relación con los presos que fueron liberados tras ofrecérseles el indulto. Además, en el caso de las personas que se escondieron por miedo a ser detenidas y se presentaron voluntariamente ante las autoridades, se han cerrado sus casos o se les han retirado los cargos si se ha comprobado que no estaban implicadas en ningún delito o caso. Al 30 de septiembre de 2021, 742 personas se habían presentado ante las autoridades y sus casos se habían cerrado o se les habían retirado los cargos. Del 1.º de febrero al 3 de noviembre de 2021, 47 869 presos recibieron indultos y 4 434 casos quedaron cerrados.
12. 547. En cuanto al bloqueo del acceso a los datos móviles y el ataque a la libertad de prensa, se manifiesta que internet se está utilizando para difundir noticias falsas, lo que socava la estabilidad del país y el Estado de derecho. También se fomentan los actos de violencia y vandalismo. Así, de acuerdo con el artículo 34, 2) de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Myanmar tuvo que interrumpir temporalmente todo tipo de servicios de internet en interés del pueblo y de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Telecomunicaciones. Por consiguiente, el servicio de internet se interrumpió parcial o totalmente en varios momentos entre el 15 de marzo y el 24 de mayo de 2021. Aunque se han restablecido todos los tipos de servicios de internet, algunas páginas de redes sociales, sitios web de medios de comunicación ilegales y sitios web que incitan a cometer actos de terrorismo y sabotaje siguen prohibidos por motivos de seguridad nacional e interés público.
13. 548. En cuanto a los alegatos de represalias y sanciones a los funcionarios que no se reincorporaron al trabajo, se afirma que el castigo o la sustitución del personal académico y de administración que trabaja en las universidades dependientes del Ministerio de Educación se hizo de acuerdo con el Reglamento del Personal de la Administración Pública por incumplimiento de sus respectivas funciones. Se han tomado distintas medidas, según la respectiva infracción de la ley cometida, contra tres profesores de la Universidad de Yangón Oriental, uno de la Universidad de Dagon y seis directores de centros de enseñanza secundaria básica de Ayeyarwaddy y Monywa; 33 funcionarios y 86 empleados fueron despedidos por ausentarse sin permiso, lo que supuso una infracción o un incumplimiento de las órdenes. Se enviaron advertencias por escrito a dos funcionarios y se suspendió temporalmente a una funcionaria, debido a su detención durante su periodo de ausencia sin permiso. Además, los alegatos sobre la sustitución y el nombramiento de 32 nuevos rectores en Mandalay, Yangón, Dawei, Kyaukse y Lashio no son ciertos. También se despidió al personal de servicio del Ministerio de Finanzas y Planificación por infringir la Ley del Personal de la Administración Pública. Todas estas medidas se llevaron a cabo en estricto cumplimiento del Reglamento del Personal de la Administración Pública por parte de los equipos de investigación del departamento.
14. 549. En cuanto a los alegatos relativos a la suspensión de 1 293 trabajadores ferroviarios y de empresas de locomotoras del estado de Kachin, Amarapura, Pyin Oo Lwin y Mandalay, del estado de Shan, de la región de Magway, y de la Fábrica de Locomotoras Diésel (Ywahtaung), de la región de Sagaing, dependiente de los Ferrocarriles de Myanmar del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este personal de la administración pública también infringió la Ley del Personal de la Administración Pública y el Reglamento del Personal de la Administración Pública. Dado que era evidente que habían cometido infracciones disciplinarias, se adoptaron las medidas correspondientes, lo que dio lugar a la destitución de algunos de esos trabajadores, quienes recurrieron posteriormente esa decisión. Sus recursos fueron aceptados por los Ferrocarriles de Myanmar, habida cuenta de que el Reglamento del Personal de la Administración Pública establece que el personal de la administración pública que haya sido destituido de su puesto puede recurrir en un plazo de seis meses desde la fecha de destitución. Tras la adopción de las medidas necesarias, se permitió a los funcionarios que habían recurrido su destitución que regresaran a sus respectivos lugares de trabajo. En la actualidad, no hay personal de la administración pública que haya sido destituido o suspendido en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
15. 550. El MOEE respondió que a los funcionarios públicos que se ausentaron sin motivo y no regresaron al lugar de trabajo, incluso después de haber sido requeridos al efecto, se les rescindió el contrato y se les suspendió de acuerdo con la legislación en materia de administración pública.
16. 551. En el Ministerio de Inversión y Relaciones Económicas Extranjeras no se produjeron detenciones ni arrestos arbitrarios: ahora bien, hubo un ataque a los familiares de la Directora General Adjunta por no haber participado en el MDC.
17. 552. En cuanto a los alegatos de redadas y registros de sindicalistas en el sector de la salud, las fuerzas de seguridad no atacaron ningún centro sanitario ni se permitió que llevaran a cabo ese tipo de ataques. Después del 1.º de febrero de 2021, a raíz de las incitaciones de los exiliados de la organización terrorista del NUG y la instigación de los miembros y simpatizantes extremistas del partido de la LND, el 68 por ciento de los funcionarios del Ministerio de Salud (médicos, enfermeras y personal de limpieza) se unieron al MDC. Como consecuencia, se cerraron 128 hospitales públicos y privados en todo el país y 567 pacientes murieron por falta de tratamiento médico. Además, a pesar de los esfuerzos del Consejo de Administración Estatal, los miembros de las organizaciones terroristas del NUG y las PDF atacaron los centros de prevención, control y tratamiento de la COVID-19 en diferentes divisiones y estados durante el periodo comprendido entre el 1.º de febrero y el 29 de septiembre de 2021, lo que causó la muerte de 7 civiles y funcionarios inocentes y 22 heridos, así como la muerte de 3 miembros de las fuerzas de seguridad y 5 heridos. Además, 400 empleados del hospital central de mujeres de Mandalay y 19 empleados del hospital de Thein Ni, que se habían ausentado del trabajo desde febrero de 2021, seguían siendo investigados por el departamento de conformidad con la Ley y el Reglamento del Personal de la Administración Pública. El Ministerio de Salud declaró que no había amenazado a ninguno de sus trabajadores y que se tomarían las disposiciones necesarias para retirar los cargos presentados contra el personal sanitario acusado de haber vulnerado el artículo 505A del Código Penal, siempre que este manifestara la voluntad de volver voluntariamente al lugar de trabajo y aportara las correspondientes cartas de compromiso y recomendación.
18. 553. En cuanto a los alegatos de intimidación en el Hospital General de Pathein, se afirma que el Hospital carecía de personal, dado que se extendió el rumor de que el personal sanitario sería detenido si regresaba. El Consejo Administrativo Regional de Ayeyarwaddy invitó a los padres y tutores de los funcionarios médicos el 28 de abril de 2021 para explicarles la difícil situación y las penurias de la población local. El presidente del Consejo Administrativo garantizó a los padres que no se emprenderían acciones legales si el personal regresaba al trabajo. Como resultado, 12 funcionarios médicos volvieron al trabajo. La reunión no fue un intento de coaccionar a los padres, sino de darles una garantía y explicarles las dificultades existentes. Además, los funcionarios del Ministerio de Salud que hayan sido acusados de infringir el artículo 505A del Código Penal pueden presentarse ante el Ministerio —y solicitar que se les levanten los cargos si quieren seguir prestando servicio en él— con las cartas de recomendación de los departamentos correspondientes y de una carta de compromiso dirigida al Ministerio del Interior.
19. 554. En cuanto a los despidos en el sector privado, se afirma que el Banco B comunicó a sus empleados la vuelta al trabajo mediante una notificación el 12 de marzo de 2021. Se informó a los empleados de que las ausencias continuas se considerarían abandono y se tomarían medidas en virtud de la Ley del Trabajo y del contrato de empleo. El Banco B nunca ha amenazado a sus empleados ni ha violado la legislación del trabajo y sigue aceptando solicitudes a título individual de los empleados que abandonaron el lugar de trabajo y desean volver. El Banco A preguntó a sus empleados los motivos por los que no acudían al trabajo. Si bien 1 125 empleados se reincorporaron al trabajo hasta el 22 de abril de 2021, 197 no se han reincorporado ni han pedido la baja. No era posible contactar con ellos y llevaban ausentes del lugar de trabajo 74 días consecutivos, aunque se les comunicó varias veces que volvieran al trabajo. Por lo tanto, los 197 empleados fueron suspendidos desde del 1.º de abril de 2021 de acuerdo con los procedimientos de recursos humanos del banco.
20. 555. Los trabajadores de la fábrica de calzado han recibido una prestación en metálico que incluye la indemnización por despido, los sueldos y los salarios adeudados hasta el 15 de mayo de 2021, y la fábrica ha dejado de funcionar.
21. 556. Los trabajadores gozan del derecho de huelga y del derecho de participar y discutir en cuanto representantes de los trabajadores en virtud de la Ley de la Organizaciones Sindicales de 2011; con todo, el derecho de reunirse para ir a la huelga deben ejercerlo con arreglo a la Ley sobre el Derecho de Reunión y Manifestación Pacífica. Se está llevando a cabo una conciliación para obtener sin demora indemnizaciones por despido y compensaciones pecuniarias de conformidad con la legislación vigente.
22. 557. Respecto al seguimiento de las vulneraciones de los derechos de los trabajadores y a la respuesta a las mismas, las reclamaciones de los trabajadores y de los sindicalistas pueden someterse a examen del Órgano de Conciliación para la Coordinación en el Lugar de Trabajo; los conflictos de intereses pueden ser objeto de negociación y conciliación mediante el mecanismo de solución de conflictos, y los conflictos relativos a los derechos pueden ser tramitados por los departamentos competentes. Los trabajadores perjudicados tienen la obligación de buscar la resolución de los conflictos por conducto del mecanismo de solución de conflictos y ante los departamentos competentes.
23. 558. En conclusión, se afirma que el Consejo Nacional de Administración está aplicando una hoja de ruta de cinco puntos y que la reconstituida Comisión Electoral de la Unión está examinando y publicando las listas de votantes, que se utilizarán con arreglo a las leyes vigentes, así como las medidas destinadas a prevenir la pandemia de COVID-19 y garantizar la rápida recuperación de las empresas. Se hará hincapié en la consecución de una paz duradera para toda la nación según lo convenido en el acuerdo nacional de alto el fuego. Una vez cumplidas las disposiciones del estado de excepción, se celebrarán unas elecciones democráticas libres y justas de conformidad con la Constitución de 2008, y se investirá al partido que se proclame ganador de las funciones del Estado, con arreglo a las normas de la democracia.

D. Conclusiones del Comité

1. 559. El Comité recuerda que los graves alegatos en este caso se refieren a los continuos ataques de las autoridades militares contra sindicalistas, trabajadores y funcionarios que reclaman la restauración del régimen civil tras el golpe de Estado en Myanmar del 1.º de febrero de 2021. Los graves alegatos incluyen asesinatos, torturas y otros actos de brutalidad contra sindicalistas y trabajadores que han participado en el MDC. Además, este caso se refiere a los graves alegatos de numerosos arrestos, encarcelamientos y detenciones de trabajadores y sindicalistas por su participación en protestas pacíficas y a los actos de intimidación y amenazas por parte de las fuerzas de seguridad y las autoridades militares contra los trabajadores y funcionarios que protestaban para que volvieran al trabajo y renunciaran a participar en el MDC, por ejemplo, mediante despidos, suspensiones, la sustitución de huelguistas y el retiro de prestaciones.
2. 560. El Comité observa los alegatos adicionales de 27 asesinatos brutales cometidos por soldados y francotiradores durante la protesta del MDC o a raíz de disparos realizados al azar por los militares: Tin Nwet Yi, Myint Myint Zin, Ko Lay, Htoo Aung Kyaw, Tun Win Han, Zaw Htwe, Ko Aung Kaung Moe, Nay Lin Thu, Zaw Zaw Lin Maung, Ko Zi Lin Aung, Ko Ko Wei Zin, Kyw Win Maung, Dra. Phyo Tant Wai, Dr. Thiha Tun, Chan Myae Kyaw, Thar Zein Hein, Khine Zar Thwe, Su Su Kyi, Maung Yan Aung, dos trabajadores de la fábrica de calzado B y miembros de Action Labor Rights, dos trabajadores, un miembro de Action Labor Rights y un miembro del sindicato Mar Mar Noddle, muertos a tiros en protestas o en la concentración realizada el Día del Ejército en marzo y abril de 2021; dos trabajadores de la fábrica de calzado A, muertos a tiros cuando reclamaban el pago de sueldos atrasados en la fábrica; Nay Lin Zaw, que cayó en una emboscada y murió a tiros por los soldados; Kyaw Moe Kaing, que murió a raíz de las torturas recibidas mientras estaba detenido en la prisión de Insein en marzo de 2021, y un trabajador de la fábrica Fuji, asesinado de un disparo durante una redada en la aldea de Myinge Amarapura (Mandalay).
3. 561. El Comité observa que el MOLIP ha reiterado de forma general sus declaraciones anteriores de que el ambiente inicialmente pacífico de los grupos de protesta se transformó en disturbios, en anarquía y, finalmente, en insurrección con actos terroristas. Las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir, habida cuenta de que los terroristas siguieron asaltando comisarías y atacando a sus miembros con armas artesanales mortíferas. El MOLIP declara que 80 militares murieron y otros 117 resultaron heridos, mientras que el número de bajas entre las fuerzas policiales y la población civil fue de 1 496 y 1 551, respectivamente. El MOLIP considera que algunos medios de comunicación están proporcionando información incorrecta para engañar a la población en relación con el ejército, mientras que los saboteadores están difundiendo esa información para destruir el mecanismo de administración. No se ha podido confirmar la muerte de más de 700 personas, entre ellas varios sindicalistas que ejercían su derecho a protestar contra el golpe militar, mientras que, según los atestados policiales, murieron 361 personas, 193 de las cuales fueron abatidas por los miembros de las fuerzas de seguridad mientras retiraban barricadas y se defendían de los actos terroristas. El resto de las muertes no estuvieron relacionadas con las fuerzas de seguridad: 95 personas fueron asesinadas por otros, 13 murieron por ataques con granadas y minas, 5 murieron mientras recibían atención médica, 10 murieron por enfermedades, 2 cayeron muertas y 9 murieron por heridas. Los autores fueron detenidos y enjuiciados según los procedimientos legales y se dictaron las sentencias correspondientes; 17 personas fueron condenadas a la pena de muerte.
4. 562. El Comité también observa la respuesta del MOLIP a su recomendación anterior relativa al alegato del asesinato y la tortura de Zaw Myat Lynn, según la cual hubo un control por sorpresa del equipo de investigación conjunto y Zaw Myat Lynn falleció tras subir las escaleras y saltar. El caso se archivó y, tras la investigación, la policía presentó el caso al tribunal de Shwepyithar, donde fue juzgado. En cuanto a Tin Nwet Yi, el MOLIP indica que murió de un ataque al corazón tras recibir una herida en el brazo izquierdo mientras las fuerzas policiales intentaban disolver la multitud. La comisaría abrió un expediente por un caso de muerte ordinaria, de conformidad con el certificado de la autopsia. El Comité lamenta que no se proporcione información sobre si se llevó a cabo una investigación completa e independiente sobre esos casos o sobre las circunstancias de dos muertes en el astillero de Mandalay, como se pedía en sus anteriores recomendaciones.
5. 563. El Comité toma debida nota de la información contradictoria proporcionada por el MOLIP y las organizaciones querellantes en relación con las circunstancias de las muertes y el número de personas fallecidas. Mientras que el Gobierno sostiene que necesitaba sofocar una insurrección, la organizaciones querellantes se refieren a las intervenciones violentas de las fuerzas militares y de seguridad contra los trabajadores y sindicalistas que reclamaban la restauración de sus libertades civiles, del régimen civil y de la democracia. El Comité también observa las afirmaciones del MOLIP de que la información facilitada sobre las muertes es inexacta y procede en algunos casos de una organización no registrada. Ahora bien, el Comité debe recordar los firmes mensajes emitidos en la Resolución para la restauración de la democracia y el respeto de los derechos fundamentales en Myanmar, adoptada en la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en la que se deplora la muerte de más de 800 personas, entre ellas sindicalistas, que estaban ejerciendo su derecho a la libertad de reunión pacífica para protestar contra el golpe militar, y se exhorta a que se restaure el orden democrático y el régimen civil y a que cesen todos los ataques, amenazas y actos de intimidación del ejército contra los trabajadores, los empleadores y sus organizaciones respectivas y la población en general. El Comité también observa la decisión del Consejo de Administración de su reunión de noviembre de 2021 relativa al Seguimiento de las resoluciones sobre Myanmar adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en sus 102.ª (2013) y 109.ª (2021) reuniones, en la que el Consejo expresa su profunda preocupación por el hecho de que las autoridades militares hayan mantenido el recurso generalizado a la violencia letal y el acoso, las intimidaciones, las detenciones y las privaciones de libertad continuadas de sindicalistas, entre otras personas, y exhorta a Myanmar a que se asegure de que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan ejercer sus derechos en un clima de libertad y seguridad exento de violencia y de detenciones y privaciones de libertad arbitrarias (GB.343/INS/8/Decisión).
6. 564. El Comité recuerda que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores solo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los Gobiernos garantizar el respeto de este principio [véase Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, sexta edición, 2018, párrafo 84]. El asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron dichos asesinatos, y así, dentro de lo posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los mismos [véase Recopilación, párrafo 94]. Recordando su recomendación anterior, el Comité urge firmemente a las autoridades militares responsables a que, de inmediato, cesen en el uso continuado de la violencia contra los manifestantes pacíficos y a que realicen investigaciones independientes sobre el fallecimiento de todos los trabajadores y sindicalistas antes mencionados y a que faciliten información detallada sobre las medidas adoptadas a este respecto y el resultado de las investigaciones.
7. 565. El Comité toma nota de la información presentada por las organizaciones querellantes en su comunicación de junio, relativa a 60 casos de detenciones y allanamientos dirigidos contra los sindicatos y de los que han sido objeto 116 sindicalistas. En sus alegatos actualizados, las organizaciones querellantes se refieren a las órdenes de captura dictadas por cargos en virtud del artículo 505A del Código Penal o el artículo 124 del Código Penal (que tipifica como delito la incitación al odio o desprecio, o el desafecto por el Gobierno o el ejército, y prevé un incremento de las penas aplicables, al establecer penas de entre siete y veinte años de prisión) y la detención de las siguientes personas: el Presidente de la BWFM; el Vicepresidente de la Federación para la Agricultura y los Campesinos de Myanmar; 124 miembros de federaciones de la CTUM, incluidos miembros del comité central de la CTUM; 81 docentes de enseñanza primaria y superior, así como rectores universitarios, 23 de los cuales fueron detenidos y juzgados, con inclusión de un director de escuela y tres profesores de Myeik, que han sido condenados a tres años de prisión; 241 médicos y 69 profesionales de enfermería de hospitales públicos de todo el país; un trabajador de Suntime JCK, y afiliado a STUM, que permanece detenido en la prisión de Insein; un organizador principal de la BWFM; un miembro activo de la BWFM y encargado de las cuestiones financieras del Sindicato de la Fábrica de Ladrillos de Hmawbe en paradero desconocido; un miembro del comité central ejecutivo de la ABFTU y del comité del MDC en Sagaing. Las organizaciones querellantes también se refieren al allanamiento, los días 14 y 15 de junio de 2021, de las oficinas de la MICS-TUsF en Myint Nge, Amarapura y en South Dagon, Yangón, así como al interrogatorio de su organizador. Además, las organizaciones querellantes alegan que los conflictos en la fábrica de calzado B dieron lugar a la detención de 25 trabajadores, con inclusión de tres trabajadores que permanecen detenidos en la prisión de Insein desde el 12 de abril. En lo que respecta a la situación general, se señala la detención de 6 891 manifestantes en el MDC, 1 989 de ellos acusados y 293 condenados al 28 de septiembre de 2021, y las Naciones Unidas informan de que se han dictado 600 órdenes de captura contra trabajadores sanitarios.
8. 566. La organizaciones querellantes también alegan que el Secretario General de la MICS-TUsF, y miembro del comité del MDC en Mandalay, U Thet Hnin Aung, fue detenido y acusado en virtud del artículo 17, 1) de la Ley sobre Asociaciones Ilegales, debido a que la organización fue declarada ilegal por el Gobierno militar el 26 de febrero de 2021. Este permaneció detenido durante semanas antes de ser trasladado el 30 de julio a la prisión de Insein, donde se ha deteriorado su estado de salud. Su juicio en el tribunal de South Dagon comenzó el 23 de agosto de 2021 sin la presencia de un abogado y el día siguiente fue admitido en el centro hospitalario de la prisión con una hemorragia gástrica. Adicionalmente, las organizaciones querellantes alegan que: una trabajadora de la industria textil en Hlaingtharyar fue detenida el 24 de agosto de 2021 por publicar en las redes sociales su apoyo al NUG; un organizador de la CTUM fue detenido el 28 de agosto de 2021 en un monasterio de Yangón y dos activistas sindicales independientes fueron detenidos el 31 de agosto de 2021 en la región de Hlaingtharyar, en Yangón, por su presunta asociación con las PDF y permanecen detenidos.
9. 567. El Comité también observa con preocupación los alegatos relativos a las graves restricciones a la libertad de expresión, como la cancelación de cinco licencias a medios de comunicación independientes (Mizzima, Myanmar Now, 7Day News, Democratic Voice of Burma (DVB), y Khit Thit Media), el bloqueo de Internet y la detención de al menos 80 periodistas que informaban del golpe de Estado y el MDC, y las repercusiones que esto tiene para los trabajadores y los sindicalistas que ejercen sus libertades civiles fundamentales.
10. 568. Por último, la CSI alega que los militares están utilizando las medidas contra la COVID-19 como excusa para socavar aún más el derecho a la libertad sindical y la protección de los derechos fundamentales y la dignidad de los trabajadores, con inclusión de un confinamiento en prisión a consecuencia de la COVID-19, mediante el cual se priva a los sindicalistas encarcelados de recibir asistencia jurídica y contactar con sus familiares en condiciones sanitarias razonables. Entretanto, las investigaciones policiales y las resoluciones judiciales prosiguen sin la presencia de abogados.
11. 569. En respuesta a las recomendaciones anteriores del Comité, el MOLIP declara que Sean Turnell (miembro del Sindicato Nacional de la Enseñanza Terciaria) fue encontrado con pruebas de que había recibido, recogido, grabado y transmitido información a otras personas mediante la contraseña o el código secreto oficial, lo que ponía en peligro la seguridad o los intereses nacionales, y fue enjuiciado con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales de Myanmar. También se le acusó de infringir la normativa en materia de visados de la Ley de Inmigración de Myanmar. Por lo que respecta a los profesores que desempeñaron funciones en el colegio electoral durante las elecciones de noviembre de 2020, se informa que 63 profesores, 37 votantes y miembros de la comisión fueron acusados en 49 casos; 32 casos (relativos a 45 profesores) se cerraron, 14 casos (relativos a 15 profesores) se archivaron y 3 se estaban investigando. En los 14 casos archivados, solo se enjuició a 6 profesores y 11 votantes, 2 de los cuales fueron multados con 30 000 kyats de Myanmar, mientras que los demás siguen en juicio.
12. 570. De forma más general, el MOLIP indica que se han impuesto penas a 1 481 personas, tras probarse que han cometido un delito o han infringido la ley, como el Código Penal o la Ley de Telecomunicaciones. El MOLIP no ha enjuiciado a ningún trabajador ni dirigente sindical en virtud de la legislación laboral. El MOLIP afirma que las personas que participaron en la insurrección, pero no en los actos terroristas, y que no apoyan el MDC están siendo puestos en libertad de conformidad con la ley; 5 315 personas han sido puestas en libertad. Además, al 30 de septiembre de 2021, los casos relativos a 742 personas que se entregaron de forma voluntaria a las autoridades han sido archivados o se han retirado los cargos. Del 1.° de febrero al 3 de noviembre de 2021, un total de 47 869 prisioneros recibieron el indulto y se archivaron 4 434 casos. El Comité observa también la respuesta del MOLIP, según la cual, Internet se utiliza para difundir noticias falsas, lo que menoscaba la estabilidad del país y el Estado de derecho, y aunque desde entonces se han restaurado todos los tipos de servicios de internet que habían sido bloqueados, algunas páginas de redes sociales, sitios web de noticias ilegales y sitios web que incitan a actos de terrorismo y sabotaje permanecen prohibidos en interés público y por razones de seguridad nacional.
13. 571. El Comité se ve obligado a expresar su profunda preocupación por el número abrumador de sindicalistas, trabajadores, funcionarios públicos y demás personas que han sido detenidas desde el golpe de Estado del 1.º de febrero de 2021. Lamenta observar que la respuesta del MOLIP, más allá de la información relativa a Sean Turnell, solo proporciona cifras globales y una indicación de que todos los cargos y enjuiciamientos estaban relacionados con delitos en virtud del Código Penal o la Ley de Telecomunicaciones, y que ninguna persona fue enjuiciada con arreglo a la legislación laboral. El Comité debe recordar a este respecto la profunda preocupación que expresó en su último examen de este caso en relación con estas leyes y su llamamiento para derogar el artículo 505A del Código Penal, modificar el artículo 38, c) de la Ley de Transacciones Electrónicas y revocar las facultades de vigilancia restauradas en los distritos y aldeas en virtud de la Ley sobre la Administración de Distritos y Aldeas. El Comité observa, además, el presunto recurso abusivo al artículo 124 del Código Penal, que parece reflejar las amplias restricciones del artículo 505A del Código Penal, al tipificar como delito la incitación al odio o desprecio, o el desafecto por el Gobierno o el ejército, y prever penas más elevadas, de entre siete y veinte años de prisión. Asimismo, el Comité observa que el secretario general de la MICS-TUsF fue detenido por el ejercicio de actividad en relación con una asociación ilícita y recuerda que en su examen anterior del caso había instado a las autoridades militares a anular de inmediato su declaración de 26 de febrero relativa a la ilegalidad de varios sindicatos. El Comité urge firmemente a que se deroguen y enmienden las leyes mencionadas anteriormente, y a que se revierta la calificación de los sindicatos declarados ilegales a fin de garantizar el respeto cabal de las libertades públicas fundamentales necesarias para el ejercicio de la libertad sindical, en particular las libertades de opinión y de expresión, la libertad de reunión, la libertad frente a la detención y retención arbitrarias, y el derecho a un proceso justo por tribunales independientes e imparciales, de modo que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan llevar a cabo sus actividades y desempeñar sus funciones libres de amenazas de intimidación o daño, y en un clima de seguridad total. Lamentando que no se haya proporcionado información específica con respecto a los numerosos casos de detenciones presentados en los últimos alegatos, ni sobre los resultados de ninguna investigación independiente, como solicitó en su anterior examen del caso, el Comité exhorta a las autoridades militares a que adopten sin demora las medidas necesarias para garantizar la puesta en libertad inmediata y la retirada de los cargos presentados contra todos estos sindicalistas y trabajadores que fueron detenidos por protestar pacíficamente para reclamar la restauración de sus derechos sindicales y de la democracia en el país, con inclusión de aquellos mencionados en su examen anterior (20 dirigentes sindicales de la zona industrial de Hlaingtharyar, entre ellos 6 miembros del comité central de la CTUM, y 7 miembros de la Federación de los Trabajadores del Transporte de Myanmar en el municipio de Insein, 1 ingeniero en Ayeyarwaddy y Sean Turnell) y a que faciliten información detallada sobre las medidas adoptadas a este respecto. En relación con la detención, el 15 de abril de 2021, de la directora de STUM, el Comité observa a partir de información públicamente verificable que esta ha sido puesta en libertad.
14. 572. El Comité toma nota de los alegatos presentados por las organizaciones querellantes en relación con despidos, suspensiones y acciones disciplinarias masivos contra funcionarios que habían participado en el MDC (3 000 despedidos o suspendidos, con inclusión de 638 suspensiones y despidos en el MOEE, 69 suspensiones en el Banco Central, 102 casos de suspensión, despido, litigios y detenciones contra el personal del MOLIP, 35 acciones disciplinarias contra el personal del Departamento de Administración General, actos de amenaza e intimidación con aplicar acciones disciplinarias contra 22 empleados del Ministerio de Finanzas y contra 77 empleados de la Dirección de Inversión y Administración de Empresas del Ministerio de Inversión y Relaciones Económicas Extranjeras). Las organizaciones querellantes alegan, además, que el Consejo Militar ha tomado el control del Ministerio de Educación, las universidades y las escuelas, y ha sustituido a los rectores de universidad, a los directores de escuela y a los docentes, y que la Federación de Docentes de Myanmar ha denunciado más despidos o suspensiones tras boicotearse la reapertura de las escuelas, con lo cual hoy son 20 000 los docentes que han quedado apartados de sus puestos de trabajo. Según las organizaciones querellantes, casi 150 000 docentes de universidad y de educación básica han sido suspendidos de sus puestos de trabajo. Se alega además el despido de más de 2 000 trabajadores de la empresa pública MOGE, de 645 funcionarios y trabajadores de empresas estatales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Regadío, de 331 funcionarios y trabajadores del MEB, de titularidad estatal y dependiente del Ministerio de Finanzas y Planificación, y de 457 miembros del personal hospitalario. Las organizaciones querellantes alegan, además, que se han escondido miembros del personal sanitario, ya que el Consejo Militar ha revocado las licencias de los médicos y los trabajadores sanitarios que se han unido al MDC y se han cancelado las licencias comerciales de las clínicas y los hospitales correspondientes. Se alega además que los actos de intimidación cometidos contra los trabajadores para privarles del derecho de reunión pacífica prosiguen de manera más general mediante el uso de mano de obra de sustitución y, en lo que respecta al MRT, el desalojo de las personas que se niegan a trabajar y redadas militares en las aldeas donde los trabajadores desalojados son acogidos temporalmente por los comités voluntarios del MDC.
15. 573. Según las organizaciones querellantes, se han adoptado medidas de intimidación adicionales, por ejemplo: el MOHS ha ordenado a los trabajadores de la sanidad pública becados por el Estado para cursar estudios en el extranjero y que han expresado su apoyo al MDC que devuelvan las becas al Consejo Militar; el Ministerio de Información ha ordenado a su personal, mediante una directiva, que devuelva los préstamos de ayuda COVID-19 recibidos bajo el LND y equivalentes a dos meses de salario, y el representante del Banco Central ordenó a todos los ciudadanos que depositasen su dinero en dicho banco, ya que, de lo contrario, se les perseguiría legalmente por minar la economía del Estado.
16. 574. En cuanto a los alegatos de represalias y sanciones contra los funcionarios que no se reincorporan al trabajo, en la respuesta se declara que la penalización o sustitución del personal académico y administrativo que trabaja en universidades y colegios dependientes del Ministerio de Educación se rigieron por lo dispuesto en el Reglamento del Personal de la Administración Pública, toda vez que los mismos habían incumplido sus funciones respectivas. Otro tanto se afirma respecto a los 1 293 trabajadores ferroviarios y de la fábrica de locomotoras suspendidos que, tras sendos recursos, tuvieron la posibilidad de regresar a sus respectivos lugares de trabajo. En la respuesta se afirma que no ha habido funcionarios destituidos o suspendidos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por su parte, el MOEE indica que las personas que se ausentaron sin motivo y no volvieron al lugar de trabajo después de ser requeridos también fueron despedidos y suspendidos en cumplimiento del Reglamento del Personal de la Administración Pública.
17. 575. En lo que respecta al sector sanitario, el MOHS afirma que ningún local destinado a la atención de salud fue atacado por la seguridad, pero que, por instigación del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), organización terrorista exiliada, un total del 68 por ciento de los funcionarios del MOHS se adhirieron al MDC, lo cual provocó el cierre de cientos de hospitales públicos y privados y muertes por falta de tratamiento médico. Cientos de miembros del personal hospitalario que se habían ausentado del trabajo desde febrero de 2021 seguían siendo investigados por el Departamento de conformidad con la Ley y el Reglamento del Personal de la Administración Pública. El MOHS declaró que no había amenazado a ninguno de sus trabajadores y que se tomarían las disposiciones necesarias para retirar los cargos presentados contra el personal sanitario acusado de haber vulnerado el artículo 505A del Código Penal que manifestara la voluntad de volver libremente al lugar de trabajo y aportara la documentación correspondiente.
18. 576. En cuanto al alegato de actos de presión y acoso militar sobre los familiares de los trabajadores sanitarios, con referencia específica a una reunión convocada por los militares con los familiares de los trabajadores en el hospital de Pathein, el Comité toma nota de la respuesta del MOHS, según la cual esa reunión no constituyó un intento de coaccionar a los parientes, sino de dar una garantía y explicar las dificultades existentes en el hospital. También toma nota de que los trabajadores acusados de incumplir el artículo 505A del Código Penal pueden solicitar que se retiren los cargos presentados contra ellos siempre que expresen el deseo de regresar a trabajar y presenten los documentos pertinentes.
19. 577. Al tiempo que toma nota de las observaciones generales formuladas por el MOLIP y otros ministerios, así como de la información contradictoria facilitada en algunos casos sobre el carácter pacífico del ejercicio de la libertad de reunión, el Comité no puede menos que deplorar el caos evidente que resultó del «golpe de Estado» del 1.º de febrero de 2021, así como los contundentes alegatos de intimidación y acoso, en particular mediante despidos, suspensiones y otras medidas disciplinarias, contra sindicalistas y trabajadores que ejercían sus libertades civiles en aras de la restauración del régimen civil y el orden democrático. El Comité recuerda que, para que la contribución de los sindicatos y de las organizaciones de empleadores tenga el grado de utilidad y credibilidad deseadas, es necesario que su actividad se desarrolle en un clima de libertad y de seguridad. Ello implica que, en una situación en que estimen que no disfrutan de las libertades esenciales para realizar su misión, los sindicatos y las organizaciones de empleadores podrían reclamar el reconocimiento y el ejercicio de dichas libertades y que tales reivindicaciones deberían considerarse como actividades sindicales legítimas [véase Recopilación, párrafo 75]. El Comité exhorta una vez más a las autoridades competentes a que reintegren en sus puestos a los funcionarios, trabajadores sanitarios o docentes despedidos o suspendidos por su participación en el MDC y a que restablezcan las prestaciones que se hayan podido retirar.
20. 578. Las organizaciones querellantes alegan, además, que algunas empresas del sector privado han aprovechado el deterioro de la situación relativa a los derechos humanos y laborales para vulnerar el derecho de los trabajadores a la libertad sindical y no han respetado los derechos referentes a las condiciones de servicio, como las protecciones salariales, los derechos o las indemnizaciones y compensaciones legales en caso de despido, incluidos aquellos previstos en los convenios colectivos, y no han consultado a los sindicatos ni a los representantes de los trabajadores sobre estas cuestiones. Los dirigentes sindicales y demás trabajadores que apoyaban el MDC y fueron despedidos han sido incluidos en una lista negra por algunos empleadores de la confección. Se está despidiendo a los trabajadores de forma arbitraria, sin garantías procesales ni justificación, y solo se vuelve a contratar a los trabajadores que no están sindicados o que se han comprometido a cesar en su afiliación sindical una vez que se reanudan las actividades de producción. El empleo permanente se ha sustituido por contratos de trabajo mensuales o diarios y de corta duración, y unas plantillas menguadas se ven obligadas a realizar horas extraordinarias o trabajo nocturno sin compensación alguna; las prestaciones y los salarios se recortan por debajo del mínimo legal y se cancelan las bajas por enfermedad y las pagas correspondientes. Los trabajadores son amordazados y tienen miedo a presentar quejas por violaciones diversas de los derechos en el trabajo por temor a que la dirección les denuncie ante las autoridades. Según la CSI, continúan los ataques violentos y la intimidación contra los sindicalistas en el sector privado, y nadie tiene a los empleadores por responsables de la vulneración de los derechos laborales en el lugar de trabajo; tampoco existen garantías para la seguridad de los trabajadores que se ven obligados a ir a trabajar, ni recursos que permitan a los dirigentes sindicales combatir las prácticas indebidas de los empleadores que explotan las condiciones de vulnerabilidad con fines de acoso antisindical. Las organizaciones querellantes concluyen que los dirigentes sindicales del sector privado se exponen a amenazas inminentes y a riesgos para su seguridad cuando representan a los trabajadores, que son decenas de miles, en la negociación con los empleadores de los retrasos salariales debidos a los bruscos cierres de fábricas o a las suspensiones debidas a la anulación de los pedidos y a los actos de vandalismo.
21. 579. El MOLIP responde, en líneas generales, que los trabajadores gozan del derecho de huelga y del derecho de participar y discutir en cuanto representantes de los trabajadores en virtud de la Ley de Organizaciones Sindicales de 2011. Con todo, el derecho de reunirse para ir a la huelga deben ejercerlo con arreglo a la Ley sobre el Derecho de Reunión y Manifestación Pacífica. Se está llevando a cabo una conciliación para obtener sin demora indemnizaciones por despido y compensaciones pecuniarias de conformidad con la legislación vigente. Respecto al seguimiento de las vulneraciones de los derechos de los trabajadores y a la respuesta a las mismas, las reclamaciones de los trabajadores y de los sindicalistas pueden someterse a examen del Órgano de Conciliación para la Coordinación en el Lugar de Trabajo; los conflictos de intereses pueden ser objeto de negociación y conciliación mediante el mecanismo de solución de conflictos, y los conflictos relativos a los derechos pueden ser tramitados por los departamentos competentes. Los trabajadores perjudicados deben buscar la resolución de los conflictos por conducto del mecanismo de solución de conflictos y ante los departamentos competentes. En lo que respecta a los despidos en los bancos, se declara que los trabajadores habían sido plenamente informados de que serían despedidos si no se reincorporaban al trabajo.
22. 580. El Comité recuerda su recomendación anterior de que se tomen las medidas apropiadas para garantizar que los sindicalistas y los trabajadores del sector privado no sean penalizados por haber participado en el MDC con miras a la restauración de sus derechos sindicales y solicita que se le informe de las medidas concretas adoptadas a este respecto.
23. 581. El Comité no puede menos que expresar su profunda preocupación ante el grave deterioro de la libertad sindical y de los demás derechos humanos pertinentes en Myanmar. Toma debida nota de la indicación del MOLIP según la cual el Consejo de Administración Nacional está aplicando una hoja de ruta de cinco puntos y la reconstituida Comisión Electoral de la Unión está examinando y publicando las listas de votantes que se utilizarán con arreglo a las leyes vigentes, así como las medidas destinadas a prevenir la pandemia del COVID-19 y a garantizar la rápida recuperación de las empresas, haciendo hincapié en la consecución de una paz duradera para toda la nación según lo convenido en el acuerdo de alto el fuego de ámbito nacional. Según el MOLIP, una vez cumplidas las disposiciones correspondientes al estado de excepción, se celebrarán elecciones democráticas, libres y justas de conformidad con la Constitución de 2008 y se entregarán al partido que se proclame ganador las funciones del Estado, con arreglo a las normas de la democracia.
24. 582. El Comité lamenta profundamente las muchas medidas adoptadas desde el 1.º de febrero, que han conducido a un nuevo recorte de la protección de las libertades civiles necesarias para que los trabajadores y los empleadores puedan desarrollar sus actividades de asociación en un clima de libertad y seguridad plenas. El Comité urge firmemente a las autoridades militares a que reconozcan la importancia capital de garantizar estos derechos y libertades a los trabajadores y empleadores del país como requisito previo necesario para la restauración de la democracia y el ejercicio de las actividades de asociación.
25. 583. Finalmente, el Comité toma nota de que el número masivo de indultos otorgados en 2021 es a su vez reflejo del número abrumador de detenciones y retenciones que se han producido durante el año transcurrido desde el «golpe de Estado» del 1.º de febrero. Además, si bien el MOLIP afirma la legitimidad de las medidas disciplinarias adoptadas contra los participantes en el MDC, no cuestiona la amplitud de los despidos, suspensiones y medidas disciplinarias. Observando la magnitud de la tarea que supone examinar todos los casos que se le presentan y teniendo en cuenta la indicación del MOLIP según la cual, para entender adecuadamente la situación que realmente impera en Myanmar y restaurar la estabilidad, la paz y la democracia, las organizaciones internacionales no deben confiar en las noticias falsas ni en las acusaciones sesgadas difundidas por los medios de comunicación, sino cooperar con el Gobierno de turno para obtener información veraz, el Comité considera que la institución de una autoridad de investigación independiente sería una medida necesaria para rendir justicia a quienes han ejercido pacíficamente sus derechos de libertad de reunión, expresión y asociación, y solicita que se le informe de las medidas adoptadas al respecto.

Recomendaciones del Comité

1. 584. En vista de las conclusiones provisionales que anteceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
   • a) el Comité urge firmemente a las autoridades militares competentes a que cesen de inmediato en el uso de la violencia contra los manifestantes pacíficos y a que lleven a cabo investigaciones independientes sobre la muerte de todos los trabajadores y sindicalistas antes mencionados y que murieron en el ejercicio de actividades de protesta y de sus libertades civiles básicas, incluidos los derechos fundamentales de libertad sindical, y a que faciliten información detallada sobre las medidas adoptadas a este respecto y el resultado de las investigaciones;
   • b) el Comité urge firmemente a que se deroguen y enmienden el artículo 505A del Código Penal, el artículo 124 del Código Penal, el artículo 38, c) de la Ley de Transacciones Electrónicas, a que se revoquen las facultades de vigilancia restauradas en los distritos y aldeas en virtud de la Ley de Administración de Distritos o Aldeas, en su versión enmendada, y a que se cancele la ilegalización de los sindicatos declarados ilegales a fin de garantizar el pleno respeto de las libertades civiles básicas necesarias para el ejercicio de la libertad sindical, incluidas la libertad de opinión y de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias, y el derecho a un juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial, de modo que las organizaciones de trabajadores y de empleadores puedan llevar a cabo sus actividades y desempeñar sus funciones sin amenazas de intimidación o daños y en un clima de plena seguridad;
   • c) el Comité espera que se investiguen todos los casos de detención y retención de sindicalistas y trabajadores por actividades relacionadas con la restauración de sus derechos sindicales y de la democracia en el país, y que se adopten sin demora medidas para garantizar su inmediata puesta en libertad. Solicita asimismo que se le informe de todas estas medidas adoptadas a estos efectos;
   • d) el Comité exhorta una vez más a las autoridades competentes a que reintegren en sus puestos a los funcionarios, trabajadores sanitarios o docentes despedidos o suspendidos por su participación en el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC) y a que restablezcan las prestaciones que se hayan podido retirar;
   • e) el Comité reitera su recomendación anterior a fin de que se adopten las medidas adecuadas para garantizar que los sindicalistas y los trabajadores del sector privado no resulten penalizados por participar en el MDC y para que se restablezcan sus derechos sindicales y solicita que se le informe de las medidas concretamente adoptadas a este respecto;
   • f) observando la magnitud de la tarea que supone examinar todos los casos que se le presentan, el Comité considera que la institución de una autoridad de investigación independiente del ejército sería una medida necesaria para rendir justicia a quienes han ejercido pacíficamente sus derechos de libertad de reunión, expresión y asociación, y solicita que se le informe de las medidas adoptadas al respecto;
   • g) el Comité urge firmemente a las autoridades militares a que reconozcan la importancia crítica de garantizar estos derechos y libertades a los trabajadores y empleadores del país como requisito previo necesario para cualquier democracia legítima y el desarrollo sostenible del país, y
   • h) el Comité señala a la atención del Consejo de Administración el carácter grave y urgente de este caso.