Informe definitivo - Informe núm. 378, Junio 2016

Caso núm. 3145 (Federación de Rusia) - Fecha de presentación de la queja:: 27-MAY-15 - Cerrado

Alegatos: el querellante alega que el Sr. Leonid Tikhonov, presidente del Sindicato de Estibadores de Rusia (RPD), que es el principal sindicato de trabajadores de la empresa «Vostochny Port», y la Sra. Natalia Bondareva, contadora jefa del sindicato, fueron enjuiciados por lo penal, condenados y encarcelados por el ejercicio de actividades sindicales

1. 719. La queja figura en una comunicación de fecha 27 de mayo de 2015 de la Confederación del Trabajo de Rusia (KTR).
2. 720. El Gobierno de la Federación de Rusia envió sus observaciones en una comunicación fechada el 24 de noviembre de 2015.
3. 721. La Federación de Rusia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos de la organización querellante.

1. 722. En su comunicación de 27 de mayo de 2015, la KTR explica que el Sr. Leonid Tikhonov fue elegido como vicepresidente del Sindicato de Estibadores de Rusia (RPD), que es el principal sindicato de trabajadores de la empresa «Vostochny Port», en 1997, y como presidente, en 2002. La Sra. Bondareva se afilió al sindicato el 16 de julio de 2008 y ocupaba el cargo de contadora jefa.
2. 723. La KTR explica que, al expirar en noviembre de 2011 el convenio colectivo de la empresa para el período 2009-2011, el empleador se negó a mantener las mismas condiciones que se establecían en el convenio anterior cuando el principal sindicato deseaba mantenerlas. El principal sindicato convocó a una reunión pública el 4 de diciembre de 2011 de modo que coincidiera con la elección de los miembros del Parlamento Nacional (Duma). La KTR alega que el empleador, a fin de evitar que se celebrara la reunión pública, accedió a renovar el convenio colectivo en los términos propuestos por los trabajadores, pero sin estar conforme con ellos, y empezó a pedir al sindicato que presentara diversos documentos financieros y de otra índole y pidió una auditoría de las actividades financieras del sindicato principal.
3. 724. La KTR indica que de acuerdo con el artículo 377, 4) del Código del Trabajo, en los casos previstos en el convenio colectivo, el empleador asigna los recursos financieros al sindicato principal para llevar a cabo actividades colectivas de índole cultural, deportiva o de ocio. El convenio colectivo de la empresa para el período 2009-2011 contenía esta disposición. Con arreglo al párrafo 6.24 del convenio, la empresa y los sindicatos en actividad en la misma asumirían la obligación de organizar actividades colectivas de índole cultural, deportiva o de ocio para los trabajadores de la empresa y sus familias. A esos efectos, el empleador transferiría, cada mes, a la cuenta de los sindicatos, un monto equivalente al 1 por ciento de la nómina de los miembros del sindicato. Según el querellante, en la práctica, el empleador respetó este compromiso durante aproximadamente ocho años. Durante ese período, se presentaban al empleador informes escritos concisos con copias de los documentos justificantes de los gastos. Era un procedimiento relativamente sencillo. Los fondos para las actividades colectivas culturales se destinaban en particular a la compra de regalos para los trabajadores y sus hijos en la época de año nuevo. Sin embargo, en los últimos años, muchos trabajadores preferían recibir el aguinaldo en efectivo. Según la KTR, el empleador conocía y aceptaba esta práctica.
4. 725. La KTR explica que en 2011, el comité de la organización sindical principal decidió comprar pequeños obsequios simbólicos para los hijos de los miembros del sindicato y pagar a cada miembro un aguinaldo de 500 rublos en concepto de regalo de Navidad. Sin embargo, posteriormente, algunos delegados sindicales compraron y dieron a sus miembros un aguinaldo en especie.
5. 726. La KTR explica también que en 2012, una conferencia de trabajadores, a la que asistieron dos sindicatos activos en la empresa y otros trabajadores, decidió reclamar a la empresa un incremento salarial en vista de que en más de dos años no se habían aumentado los salarios. El 2 de junio de 2012, al observar un aumento de las operaciones de carga portuaria y de los dividendos de los accionistas, el sindicato principal, con la activa participación del Sr. Tikhonov, organizó una reunión de protesta para exigir aumentos de los salarios, aumentos de las bonificaciones y prestaciones por servicio de larga duración.
6. 727. El querellante alega que el 19 de junio de 2012, la policía allanó las oficinas del sindicato principal sin una orden judicial y decomisó documentos del sindicato. El 22 de junio de 2012, se efectuó un segundo allanamiento con la aprobación de un investigador y de una autoridad judicial. De acuerdo con la KTR, en ambos allanamientos se vulneraron los procedimientos porque no se hizo un inventario y se incautaron archivos completos que no constan en ningún registro. El 22 de junio de 2012, se inició una causa penal contra el Sr. Tikhonov y la Sra. Bondareva. A raíz de la investigación, ambos sindicalistas fueron acusados formalmente de malversación de fondos por un valor de 10 000 rublos en 2009 y de 359 571 rublos en 2011. El sindicato ha cuestionado en repetidas ocasiones el proceder de la policía, incluso por lo que se refiere a la vulneración de los procedimientos de allanamiento, pero sin éxito.
7. 728. Una comisión de auditoría del RPD auditó, del 4 al 6 de marzo de 2013, los gastos de 2009 y 2011 del sindicato en actividades culturales financiadas con fondos asignados por la empresa. La KTR explica que, si bien la comisión de auditoría no pudo proceder a una verificación completa del presupuesto debido a que todos los documentos pertinentes fueron incautados por la policía, los miembros del sindicato principal con los que se entrevistó confirmaron que cada persona recibía 500 rublos. El método de pago era el siguiente: una vez que el banco recibía los fondos, la Sra. Bondareva y el Sr. Tikhonov transferían el dinero a los presidentes de los comités de trabajadores y a los organizadores de los grupos de trabajo (sin dejar constancia de ello), quienes compraban regalos o daban sumas en efectivo a los trabajadores. La KTR alega que en el tribunal y durante la investigación, los presidentes de los comités de trabajadores confirmaron que recibían esas sumas, pero el tribunal no aceptó su testimonio por tratarse de sindicalistas. La organización querellante explica que los presidentes de los comités de trabajadores repartían el dinero entre los miembros del sindicato, pero que no todos presentaban un recibo; algunos presentaban cheques en blanco que rellenaba la propia Sra. Bondareva. Ulteriormente, el Sr. Tikhonov y la Sra. Bondareva aprobaron un informe financiero basado en las facturas de compra presentadas.
8. 729. La KTR sostiene que la infracción de las reglas relativas a la presentación de documentos contables consiste en que no se registraron en los estados financieros los fondos transferidos a los presidentes de los comités de trabajadores ni los fondos que se pagaban directamente a los miembros del sindicato. Aclara también que, aunque este hecho está tipificado como una infracción administrativa, la investigación y el tribunal la calificaron como malversación de fondos y desfalco.
9. 730. Según el querellante, durante la investigación, los testigos prestaron declaración con la participación directa del empleador: el personal de seguridad de la empresa llevó uno por uno a los trabajadores al departamento de la policía local para interrogarlos o los invitaron a acudir a las oficinas de los servicios de seguridad portuaria. Los trabajadores tuvieron que aportar pruebas para demostrar que en diciembre de 2011 no habían recibido regalos de Navidad ni dinero en efectivo del sindicato. Al mismo tiempo, se les advirtió que podían perder sus empleos. Aunque la mayoría de los trabajadores/miembros del sindicato no cedieron a las presiones del empleador y confirmaron que habían recibido un aguinaldo en efectivo, algunos trabajadores aceptaron declarar lo contrario. Según la KTR, posteriormente, 13 trabajadores, que habían declarado durante las investigaciones no haber recibido dinero, se negaron a reiterar estas declaraciones ante el tribunal; sin embargo, cuando el fiscal les señaló que se les podía acusar de falso testimonio, entonces se reiteraron en sus primeras declaraciones de que no habían recibido dinero.
10. 731. La organización querellante también alega que alrededor de 300 miembros del sindicato principal fueron interrogados durante la investigación preliminar, pero su testimonio, que confirmaba que habían recibido dinero en efectivo no fue incluido en el acto de acusación. Durante el juicio, la defensa presentó una moción para citar a estas personas como testigos directos ante el tribunal, pero la corte no aceptó esta petición. Durante los procedimientos judiciales, 29 trabajadores que fueron interrogados como testigos declararon que no recibieron 500 rublos del sindicato principal. De acuerdo con el querellante, el tribunal aceptó el testimonio de estos trabajadores como prueba de la culpabilidad del Sr. Tikhonov y de la Sra. Bondareva y no tuvo en cuenta el hecho de que ocho de estos trabajadores no eran miembros del sindicato principal en diciembre de 2011 y que, por consiguiente, no tenían derecho a recibir ningún regalo. El tribunal desestimó el testimonio de testigos que confirmaron que habían recibido regalos en efectivo y sostuvo que esos testigos «son o eran activistas del sindicato principal, y por esta razón, en opinión del tribunal — dado que prestaron testimonio ante el tribunal y proporcionaron pruebas que han sido objetivamente refutadas durante el juicio por el testimonio de otros testigos interrogados — no quieren perjudicar a los acusados».
11. 732. La KTR también indica que la empresa — es decir, el empleador — aparecía como la víctima en la causa penal, e indica que de conformidad con la legislación vigente, a partir del momento en que los fondos son transferidos a la cuenta del sindicato pasan a ser propiedad del sindicato y el empleador pierde los derechos de propiedad sobre esos fondos. Dado que el comité de auditoría del RPD no detectó ninguna malversación de fondos, no acudió a la policía ni a la oficina del fiscal en calidad de parte afectada.
12. 733. El 15 de diciembre de 2014, el tribunal de la ciudad de Nakhodka, en Primorsky Krai, declaró culpables al Sr. Tikhonov y a la Sra. Bondareva del delito de malversación de fondos según el artículo 160, 3) del Código Penal (tipificado como robo de propiedad ajena administrada por el infractor, delito que comete una persona que abusa de su cargo oficial, y robo de caudales importantes). El tribunal los halló culpables de la malversación de 10 000 rublos en 2009 y de 359 571 rublos en 2011 (aproximadamente 6 709 euros en total al tipo de cambio del mes de mayo de 2015). El Sr. Tikhonov fue sentenciado a tres años y seis meses de cárcel e inhabilitado para ejercer actividades sindicales por un período de tres años, mientras que la Sra. Bondareva fue sentenciada a un año y dos meses de cárcel.
13. 734. El querellante indica que el artículo 160, 3) del Código Penal prevé varios tipos de sanciones para castigar este delito:
    • — una multa de entre 100 000 y 500 000 rublos o equivalente al salario u otros ingresos percibidos durante un período que puede ir de uno a tres años;
    • — la prohibición de ocupar ciertos cargos o de ejercer ciertas actividades por un período de hasta cinco años;
    • — una condena a trabajos forzoso por un período de hasta cinco años, con o sin libertad restringida por un período de hasta un año y medio;
    • — penas de hasta seis años de cárcel, con o sin multas de hasta 10 000 rublos o equivalentes al salario u otros ingresos percibidos por un período de hasta un mes, con o sin libertad restringida por períodos de hasta un año y medio.
14. 735. El querellante indica que el tribunal no motivó su decisión de aplicar la sanción más severa, es decir, la cárcel, y no consideró la posibilidad de sancionar a los sindicalistas con penas menos severas a pesar de que no tenían antecedentes penales y no había circunstancias agravantes. También señala que este caso ha suscitado una gran indignación pública y que se han llevado a cabo demostraciones de solidaridad en Moscú, San Petersburgo, Vladivostok, Yeisk y en el pueblo de Wrangell, en la ciudad de Nakhodka. La organización querellante concluye que a la luz de los hechos expuestos más arriba, está claro que los dos sindicalistas fueron enjuiciados y condenados por ejercer actividades sindicales lícitas.

B. Respuesta del Gobierno

1. 736. En su comunicación fechada el 24 de noviembre de 2015, el Gobierno señala que, de conformidad con el artículo 5, 1) de la Ley sobre Sindicatos, los sindicatos son independientes de las autoridades ejecutivas, los gobiernos locales, los empleadores y sus asociaciones, los partidos políticos y otras organizaciones y no rinden cuentas a ninguno de ellos y tampoco están bajo su control. Por otra parte, de conformidad con el párrafo 6.24 del convenio colectivo de la empresa de 25 de noviembre de 2008, el empleador ha de financiar actividades culturales, deportivas y de ocio a favor de los trabajadores y de los miembros de sus familias y los sindicatos han de organizarlas. En ese párrafo también se estipula que los sindicatos deben presentar un informe trimestral al empleador sobre la manera en que se gasta este dinero.
2. 737. El Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo solicitó y recibió información del Ministerio de Justicia, del comité de investigación, de la Oficina de la Fiscalía y del Ministerio del Interior sobre las cuestiones que se plantean en la queja. A este respecto, el Ministerio de Justicia señala que en virtud del artículo 8.1, 2) del Código de Procedimiento Penal, los jueces conocen de los casos penales y los juzgan en condiciones exentas de cualquier injerencia externa. La ley prohíbe cualquier tipo de injerencia de las autoridades del Estado, las autoridades del gobierno local, otros órganos, organizaciones, funcionarios o personas con facultades para administrar justicia, y sanciona este tipo de injerencia como un delito de responsabilidad penal. El Ministerio también añade que en virtud del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, en el que tendrá derecho a la presunción de inocencia y en el que ella y su defensor podrán disponer de los medios procesales para la preparación de su defensa; es imposible ejercer el derecho a un juicio equitativo si el tribunal no escucha en cuanto al fondo todos los argumentos presentados por la fiscalía y la defensa y si no les concede los mismos derechos procesales.
3. 738. El Gobierno señala que los párrafos 1 y 2 del artículo 46 de la Constitución consagran el derecho del ciudadano a defenderse judicialmente. Asimismo, las decisiones judiciales se pueden revisar en apelación; por una cuestión de principio, las decisiones judiciales sólo se pueden revisar por la vía judicial, y por ningún otro medio, porque si ello fuera posible, entonces las decisiones judiciales se podrían revisar por decisiones administrativas, lo cual obviaría las salvaguardas fundamentales de la independencia, integralidad y exclusividad de la autoridad judicial. Además, el artículo 297 del Código de Procedimiento Penal establece que los tribunales, para dar un veredicto y dictar sentencia, deben actuar conforme a derecho y con equidad y fundamentación. Se considera que un veredicto y una sentencia se han hecho conforme a derecho, están bien fundamentados y son equitativos si se han decidido de acuerdo con los requisitos del Código y se basan en una aplicación correcta del derecho penal.
4. 739. En relación con los hechos expuestos por el querellante, el Gobierno sostiene que tras una investigación de los alegatos, según los cuales la empresa no había aumentado los salarios de los trabajadores portuarios en 2010-2012, se determinó que este alegato no tenía fundamento. De conformidad con el artículo 134 del Código del Trabajo, con arreglo a las disposiciones del convenio colectivo, los salarios fueron indexados cada trimestre. Además, por lo que se refiere a los presuntos conflictos entre el sindicado y el empleador en relación con la información financiera, el Gobierno indica que estos conflictos fueron objeto de numerosas reclamaciones que presentó el Sr. Tikhonov ante la Oficina del Fiscal de Transporte de Extremo Oriente y el Servicio de Inspección Laboral del Estado del territorio de Primorsky. Tras realizar un examen, se determinó que no se había cometido ninguna infracción de la legislación federal o contra los derechos de los sindicalistas. Tampoco se encontraron pruebas que corroboraran los alegatos de que se había efectuado un allanamiento ilícito de los locales de la organización sindical principal el 19 de junio de 2012. El examen de los locales, edificios e instalaciones fue autorizado por el tribunal de la Ciudad de Nakhodka y la Sra. Bondareva, que estuve presente durante el allanamiento, no formuló ningún comentario al respecto.
5. 740. El Gobierno indica que el 22 de junio de 2012 se inició una causa contra el Sr. Tikhonov por un delito tipificado en el artículo 160, 3) del Código Penal, a raíz de una queja por robo presentada por la dirección contra el dirigente sindical. A la luz de las pruebas presentadas, el 29 de enero de 2013, el Sr. Tikhonov y la Sra. Bondareva fueron acusados de los delitos definidos en el artículo 160, 3) del Código Penal. Al día siguiente, el caso penal núm. 700428 fue trasladado, en virtud del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, al Fiscal de Transporte de Nakhodka y ulteriormente al tribunal.
6. 741. Por lo que se refiere al alegato según el cual el tribunal se negó a escuchar a testigos de la defensa, el Gobierno señala que el tribunal sí examinó esos testimonios y luego denegó la solicitud de varios testigos de ser escuchados o de revelar sus testimonios. Sin embargo, después de que se denegaron estas solicitudes, ninguna de las partes objetó el cierre de la investigación judicial.
7. 742. El Gobierno también indica que el 15 de diciembre de 2014, el tribunal de la Ciudad de Nakhodka declaró culpables al Sr. Tikhonov y a la Sra. Bondareva de los delitos definidos en el artículo 160, 3) del Código Penal. Tras modificarse las sentencias en apelación el 17 de mayo de 2015, el Sr. Tikhonov fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel en una colonia penitenciaria de régimen ordinario y fue inhabilitado para ocupar cargos institucionales y administrativos en sindicatos por un período de tres años. La Sra. Bondareva fue sentenciada a un año de cárcel en una colonia penitenciaria de régimen ordinario.
8. 743. De acuerdo con el Gobierno, no hubo reivindicaciones sociales, manifestaciones, marchas, piquetes ni huelgas en relación con este caso.

C. Conclusiones del Comité

1. 744. El Comité toma nota de que la organización querellante en este caso alega que el Sr. Leonid Tikhonov, presidente del Sindicato de Estibadores de Rusia (RPD), que es el principal sindicato de trabajadores de la empresa «Vostochny Port», y la Sra. Natalia Bondareva, contadora jefa del sindicato, fueron enjuiciados por lo penal, condenados y encarcelados por el ejercicio de actividades sindicales. Los hechos que se exponen a continuación y que se sustentan en los documentos que la Confederación del Trabajo de Rusia (KTR) transmitió en su comunicación de fecha 27 de mayo de 2015 no han sido refutados por el Gobierno.
2. 745. De conformidad con el párrafo 6.24 del convenio colectivo para el período 2009-2011, la empresa y los sindicatos activos asumen la obligación de organizar actividades colectivas de índole cultural, deportiva o de ocio para los trabajadores de la empresa y sus familias. A esos efectos, el empleador transfiere, cada mes, a la cuenta de los sindicatos, un monto equivalente al 1 por ciento de la nómina de los miembros del sindicato. Igualmente, con arreglo a esta disposición, el sindicato tiene la obligación de presentar un informe trimestral al empleador sobre la manera en que se gasta este dinero. De no presentarse el informe o si el dinero no se utiliza para el objetivo prescrito, el empleador tiene derecho de suspender las transferencias de dinero.
3. 746. En octubre de 2013, a raíz de una investigación, los dos sindicalistas fueron acusados formalmente de malversación de fondos por un valor de 10 000 rublos en 2009 y de 359 571 rublos en 2011. Basándose en el acta de acusación y en el fallo del tribunal, el Comité entiende que en 2009, la suma de 10 000 rublos se asignó a un viaje de un día a unas cataratas situadas cerca del pueblo de Steklianuha, y en 2011 se asignaron 359 571 rublos a los regalos de año nuevo (en efectivo o en especie) para los miembros del sindicato. El 15 de diciembre de 2014, los dos sindicalistas fueron hallados culpables de malversación de fondos/desfalco (artículo 160, 3) del Código Penal) por el tribunal de la ciudad de Nakhodka y el Sr. Tikhonov fue condenado a tres años y seis meses de cárcel (tres años y cuatro meses en apelación) en una colonia penitenciaria de régimen ordinario e inhabilitado para ocupar cargos institucionales y administrativos sindicales por un período de tres años y la Sra. Bondareva, a un año y cuatro meses de cárcel (un año en apelación) en una colonia penitenciaria de régimen ordinario.
4. 747. El Comité toma nota de que la KTR sostiene, sin embargo, que la investigación que condujo a la inculpación de los sindicalistas fue el resultado de una represalia del empleador a raíz de las actividades del sindicato en relación con la negociación colectiva que tuvo lugar a finales de 2011 y de las acciones de protesta para apoyar las reclamaciones de los trabajadores que pedían un aumento de los salarios el 2 de junio de 2012.
5. 748. La organización querellante alega que los dos allanamientos efectuados en los locales del sindicato el 19 de junio de 2012 se hicieron en violación del procedimiento vigente. Según la KTR, el sindicato ha cuestionado en repetidas ocasiones el proceder de las autoridades. El Comité toma nota de que el Gobierno refuta esta postura e indica que el allanamiento se hizo con la autorización del tribunal de la ciudad de Nakhodka y que no se han presentado quejas en este sentido.
6. 749. El Comité toma nota de que en marzo de 2013, una comisión de auditoría del RPD auditó los fondos asignados por la empresa al sindicato principal en 2009-2011 para actividades culturales. La organización querellante presenta una copia de las conclusiones de dicha auditoría. La comisión señala que no le fue posible efectuar una verificación completa del presupuesto porque las autoridades decomisaron todos los documentos pertinentes y no dejaron ninguna copia de los mismos. Por esta razón, entrevistó a varios miembros del sindicato, quienes confirmaron que en diciembre de 2011, los presidentes de los comités de trabajadores recibieron dinero en efectivo para repartirlo entre los miembros del sindicato. La organización querellante explica que los presidentes de los comités de trabajadores repartieron este dinero, pero no todos ellos presentaron las facturas correspondientes; algunos presentaron cheques en blanco que fueron rellenados por la propia Sra. Bondareva. Ulteriormente, el Sr. Tikhonov y la Sra. Bondareva aprobaron el informe financiero sobre la base de los recibos presentados.
7. 750. La KTR sostiene que en los casos de infracción de las normas relativas a la presentación de documentos contables, al no registrarse en los estados financieros los fondos transferidos a los presidentes de los comités de trabajadores ni los fondos que se pagaban directamente a los miembros del sindicato, la legislación vigente prevé responsabilidad administrativa. En lugar de ello, la investigación y el tribunal lo calificaron como malversación de fondos y desfalco.
8. 751. La KTR indica que la empresa aparecía como la víctima en la causa penal, y sostiene que de conformidad con la legislación vigente, a partir del momento en que los fondos son transferidos a la cuenta del sindicato pasan a ser propiedad del sindicato y el empleador pierde los derechos de propiedad sobre esos fondos. Dado que el comité de auditoría del RPD no detectó ninguna malversación de fondos, no acudió a la policía ni a la oficina del fiscal en calidad de parte afectada. El Comité toma nota de que el juez del tribunal de la ciudad disintió de este argumento y concluyó que en virtud del artículo 377 del Código del Trabajo y la disposición 6.24 del convenio colectivo, el dinero entregado al sindicado para las actividades colectivas seguía siendo propiedad del empleador, quien también es el responsable de organizar las actividades colectivas. En estas circunstancias específicas, el Comité considera que este aspecto particular del caso no representa una violación de los principios de la libertad sindical.
9. 752. El Comité toma nota también del texto del acta de acusación, la transcripción de las deliberaciones del tribunal y del mismo fallo en el sentido de que ninguno de los testigos ni los propios querellantes declararon haber participado en la excursión y tampoco confirmaron que la excursión tuvo lugar en octubre de 2009. Toma nota asimismo de que en su absoluta mayoría los testigos que prestaron declaración en el tribunal o bien negaron haber recibido regalos de año nuevo en diciembre de 2011 o no pudieron confirmar con certeza haberlos recibido. El tribunal también interrogó a testigos expertos y a trabajadores de las empresas en las que se alega fueron comprados los regalos. Ellos corroboraron el acto de acusación de la fiscalía.
10. 753. Al mismo tiempo, el Comité toma nota con preocupación de los siguientes elementos de este caso. Toma nota del alegato de la organización querellante de que, a raíz de las amenazas de despido del empleador, los testigos se sintieron presionados para declarar que no habían recibido un aguinaldo en efectivo para fin de año. A este respecto, toma nota de la transcripción de las deliberaciones del tribunal según la cual varios trabajadores dejaron el sindicato entre 2012 y 2014 y algunos dijeron claramente en el tribunal que lo hicieron debido a la investigación y a los «constantes interrogatorios».
11. 754. El Comité también toma nota de los alegatos de la organización querellante de que alrededor de 300 miembros del sindicato principal fueron interrogados durante la investigación preliminar y confirmaron haber recibido dinero. La KTR sostiene que durante el juicio, la defensa presentó una moción para citar a estas personas como testigos directos ante el tribunal, pero la corte no aceptó esta petición. Señala también que durante los procedimientos judiciales, 29 trabajadores declararon que no recibieron 500 rublos del sindicato principal. A partir de los términos del fallo, el Comité entiende que el tribunal admitió efectivamente el testimonio de estos trabajadores como prueba de la culpabilidad del Sr. Tikhonov y de la Sra. Bondareva y no tuvo en cuenta el hecho de que varios de esos trabajadores habían indicado claramente que no eran miembros del RPD, que era el sindicato principal en diciembre de 2011 y que por tanto no tenían derecho a recibir ningún regalo. Asimismo, el tribunal no tuvo en cuenta el testimonio de los testigos que confirmaron haber recibido regalos en efectivo y declaró que los testigos «son o eran activistas del sindicato principal, y por esta razón, en opinión del tribunal — dado que prestaron testimonio ante el tribunal y proporcionaron pruebas que han sido objetivamente refutadas durante el juicio por el testimonio de otros testigos interrogados — no quieren perjudicar a los acusados».
12. 755. El Comité toma nota asimismo de que la organización querellante señala que si bien el artículo 160, 3) del Código Penal prevé varias posibles sanciones para las personas condenadas por este delito, optó por la más severa, es decir, la cárcel, a pesar de que no tenían antecedentes penales y no había circunstancias agravantes.
13. 756. Habida cuenta de lo anterior y pese al importante volumen de información que se ha proporcionado, el Comité no está en condiciones de pronunciarse acerca de la culpabilidad o la inocencia de los dos sindicalistas. Considera, sin embargo, que, tomados en conjunto, los elementos arriba señalados podrían empañar la percepción que se tiene de la justicia y señala a la atención del Gobierno la importancia que se ha de conceder al principio de que no basta con hacer justicia, también se debe mostrar que se hace justicia. A la luz de sus conclusiones y en ausencia de elementos probatorios que permitan al Comité concluir a la existencia de una violación de los derechos sindicales, el Comité considera que este caso no requiere un nuevo examen.

Recomendación del Comité

1. 757. En vista de las conclusiones y en ausencia de elementos probatorios que permitan al Comité concluir a la existencia de una violación de los derechos sindicales que preceden el Comité invita al Consejo de Administración a que decida que este caso no requiere un examen más detenido.