Informe provisional - Informe núm. 311, Noviembre 1998

Caso núm. 1787 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 28-JUN-94 - En seguimiento

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INTRODUCTION
A. Examen anterior del caso
D. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité
Z. Anexo

272. El Comité examinó este caso por última vez en su reunión de marzo de 1998 (véase 309.o informe, párrafos 69 a 91). La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) envió informaciones complementarias por comunicaciones de 5 de marzo, 8 de junio, 10 de agosto y 21 de octubre de 1998. La Federación Sindical Mundial (FSM) presentó informaciones complementarias por comunicación de mayo de 1998. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas (ASODEFENSA), presentaron alegatos relacionados con este caso por comunicaciones de 29 de abril, 20 y 26 de octubre y 23 de junio de 1998, respectivamente. La Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) presentó nuevos alegatos por comunicaciones de 19 y 21 de octubre de 1998. La Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), presentó alegatos relacionados con este caso por comunicaciones de 16 y 25 de octubre de 1998.
273. El Gobierno envió observaciones parciales por comunicaciones de 12 y 27 de marzo y 18 de mayo de 1998.
274. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

275. En el anterior examen del caso, al tratar alegatos relativos a asesinatos, desapariciones y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como a despidos antisindicales, el Comité formuló las siguientes recomendaciones (véase 309.o informe, párrafo 91, incisos d), e), f) y g)):
-- el Comité pide al Gobierno que le informe sobre el resultado de las investigaciones judiciales que se han iniciado en relación con los siguientes asesinatos, desaparición y amenazas de muerte contra dirigentes sindicales y sindicalistas: 1) Antonio Moreno (12 de agosto de 1995); 2) Manual Ballesta (13 de agosto de 1995); 3) Francisco Mosquera Córdoba (febrero de 1996); 4) Carlos Arroyo de Arco (febrero de 1996); 5) Francisco Antonio Usuga (22 de marzo de 1996); 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6 de junio de 1995); 7) Armando Umanes Petro (23 de mayo de 1996); 8) William Gustavo Jaimes Torres (28 de agosto de 1995); 9) Ernesto Fernández Pezter; 10) Jaime Eliacer Ojeda; 11) Alfonso Noguera; 12) Alvaro Hoyos Pabón (12 de diciembre de 1995); 13) Libardo Antonio Acevedo (7 de julio de 1996); 14) Jairo Alfonso Gamboa López (amenazado de muerte); 15) Néstor Eduardo Galíndez Rodríguez (4 de marzo de 1997); 16) Erieleth Barón Daza (3 de mayo de 1997); 17) Jhon Fredy Arboleda Aguirre, William Alonso Suárez Gil y Eladio de Jesús Chaverra Rodríguez (11 de febrero de 1997 al 7 de marzo de 1997); 18) Luis Carlos Muñoz (7 de marzo de 1997); 19) Nazareno de Jesús Rivera García (asesinado el 12 de marzo de 1997); 20) Héctor Gómez (22 de marzo de 1997); 21) Gilberto Casas Arboleda, Norberto Casas Arboleda, Alcides de Jesús Palacios Arboleda y Argiro de Jesús Betancur Espinosa (11 de febrero de 1997); 22) Bernardo Orrego Orrego (6 de marzo de 1997); 23) José Isidoro Leyton (25 de marzo de 1997); 24) Magaly Peñaranda (27 de julio de 1997); 25) David Quintero Uribe (4 de agosto de 1997); 26) Eduardo Enrique Ramos Montiel (14 de julio de 1997); 27) Libardo Cuéllar Navia (23 de julio de 1997); 28) Wenceslao Varela Torrecilla (29 de julio de 1997); 29) Abraham Figueroa Bolaños (25 de julio de 1997); 30) Edgar Camacho Bolaños (25 de julio de 1997), y 31) Ramón Osorio (desaparecido el 15 de abril de 1997);
-- el Comité observa que el Gobierno no ha enviado sus observaciones sobre los numerosos alegatos pendientes o presentados durante el año 1997 y 1998, relativos a asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y agresiones físicas contra dirigentes sindicales, sindicalistas y sus familiares, así como allanamientos de sedes sindicales y de domicilios de sindicalistas (véase en anexo la lista completa de alegatos sobre los que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones) y le urge a que sin demora comunique sus observaciones sobre estos alegatos; (se reproduce a continuación el texto del anexo):
Asesinatos y desapariciones
-- Hernando Cuadros (presidente de la Unión Sindical Obrera-USO-seccional Tibú);
-- Manuel Francisco Giraldo, miembro de la Junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 22 de marzo de 1995;
-- Carlos Arturo Moreno, miembro del comité de trabajadores de la plantación Doña Francia, municipalidad de Apartadó, el 7 de junio de 1995;
-- 23 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 29 de agosto de 1995;
-- 24 trabajadores de la finca bananera Rancho Amelia, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 20 de septiembre de 1995;
-- José Silvio Gómez (coordinador de actividades de SINTRAINAGRO en Banafinca), el 22 de marzo de 1996;
-- Alvaro David (miembro del comité obrero de la finca Los Planes, afiliado a SINTRAINAGRO), el 22 de marzo de 1996;
-- Rodrigo Rodríguez Sierra, presidente del Sindicato de Trabajadores de Productores de Aceites (SINTRAPROACEITES), seccional Copey, desapareció el 16 de febrero de 1995;
-- Jairo Navarro, sindicalista, desapareció el 6 de junio de 1995;
-- Isidro Segundo Gil, secretario general de la subdirectiva de SINALTRAINAL, el 9 de diciembre de 1996;
-- Félix Avilez Arroyo, afiliado a la Federación de Educadores de Colombia, el 12 de enero de 1997;
-- Víctor Julio Garzón, secretario general de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSUAGRO), el 7 de marzo de 1997;
-- Aurelio Arbeláez, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Frontino Gold Mines, el 4 de marzo de 1997;
-- Néstor Eduardo Galindo, miembro de la subdirectiva de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales de Colombia-Yumbo, el 6 de marzo de 1997;
-- Nazareno de Jesús Rivera, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Frontino Gold Mines, el 12 de marzo de 1997;
-- Enoc Mendoza Riaño, sindicalista, el 7 de abril de 1997;
-- Arnold Sánchez Maza, 13 de julio de 1997;
-- Freddy Francisco Fuentes Paternina, dirigente de la Asociación de Maestros de Córdoba (ADEMACOR), el 18 de julio de 1997;
-- Atilio Vázquez, sindicalista, desaparecido el 27 de julio de 1997;
-- Sabas Domingo Zocadagui Paredes, dirigente sindical, el 3 de junio de 1997 en la ciudad de Arauca;
-- Juan Camacho, sindicalista del sector minero, el 25 de abril de 1997;
-- Luis Orlando Camaño Galvis, dirigente sindical, el 20 de julio de 1997;
-- José Ricardo Sáenz, afiliado a la Federación de Educadores de Colombia, desaparecido el 24 de julio de 1996;
-- Pedro Fernando Acosta Uparela, afiliado a la Federación de Educadores de Colombia, junto con su hijo adoptivo, Hugo Causla, desaparecidos el 28 de diciembre de 1996;
-- Alvaro Taborda, afiliado a la Federación de Educadores de Colombia, desaparecido el 8 de enero de 1997;
-- Misael Pinzón Granados, sindicalista, desapareció el 12 de julio de 1997;
-- Orlando Quiceno López, sindicalista, el 16 de julio de 1997;
-- Eduardo Ramos, dirigente sindical en la finca "El Chispero" de Apartadó, Urabá, Antioquia, el 14 de julio de 1997;
-- Arley Escobar, presidente del Sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), seccional de Cali, el 18 de julio de 1997;
-- Mauricio Tapias Llerena y Camilo Suárez Ariza, secretario general y fiscal, respectivamente de FENSUAGRO, el 21 de julio de 1997;
-- Abel Villa, afiliado al Sindicato de Trabajadores Mineros, el 21 de julio de 1997;
-- Guillermo Asprilla, afiliado a SINTRAINAGRO, el 23 de julio de 1997;
-- Edulfo Zambrano, presidente de SINTRAELECOL, el 27 de octubre de 1997;
-- Emiliano Jiménez y Amadeo Jalave Díaz, afiliados de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO); y los dirigentes sindicales de ECOPETROL, Jhoni Cubillo y Ulpiano Carvajal, y Rami Vaca, desaparecidos el 27 de octubre de 1997;
-- José Giraldo, secretario de SINDICONS, asesinado en Medellín el 26 de noviembre de 1997.
Tentativas de homicidio
-- Sindicalistas Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández y Monerge Sánchez;Gilberto Correño, dirigente de la Unión Sindical Obrera, el 7 de diciembre de 1996.
Amenazas de muerte
-- Bertina Calderón (vicepresidenta de la CUT);
-- Daniel Rico (presidente de la Federación de Trabajadores-FEDEPETROL);
-- Víctor Ramírez (presidente del Sindicato de Transportes-SINTRASON);
-- los integrantes de la junta directiva de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO);
-- Francisco Ramírez Cuéllar (presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Mineralco S.A.);
-- Pedro Barón, presidente de la seccional de Tolima de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad desde que participó en una huelga de protesta el 19 de julio de 1995;
-- los miembros de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de Titán, S.A., del municipio de Yumbo, han sido amenazados de muerte por un grupo paramilitar denominado "Colombia sin guerrilla" (COLSINGUE), el 26 de octubre de 1995 y el 17 de mayo de 1996;
-- Jorge Eliecer Marín Trujillo, presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Chinchiná, el 9 de diciembre de 1996 y el 8 y 11 de marzo de 1997;
-- los integrantes de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Departamento de Antioquia, Martha Cecilia Cadavid, fiscal del Sindicato, los días 13 y 28 de junio de 1997; José Luis Jaramillo Galeano, secretario general; Rangel Ramos Zapata, presidente; Héctor de Jesús Giraldo, Jairo Humberto Gutiérrez, Luis Norberto Restrepo, Jorge Humberto Franco, Carlos Hugo Jaramillo, Horacio Berrio Castaño, Alvaro Alberto Arango y Oscar Aguirre, integrantes de la Junta Directiva;
-- los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Agromineros del Sur de Bolívar, Justo Pastor Quiroz, secretario; Roque León Salgado, tesorero y Bersaly Hurtado, fiscal, han sido amenazados.
Detención -- Allanamiento de domicilio
-- Luis David Rodríguez Pérez (ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Incora-SINTRADIN);
-- Edgar Riaño, dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO) -- Huila, el 7 de diciembre de 1996;
-- los sindicalistas de ECOPETROL Marcelino Buitrago, Felipe Mendoza, Monerge Sánchez, Guillermo Cárdenas, Rafael Estupiñán, Jorge Estupiñán, Hernán Vallejo, Luis Rodrigo Carreño, Leonardo Mosquera, Fabio Liévano, Elder Fernández, Gustavo Minorta y César Carrillo, en diciembre de 1996.
Allanamiento de sede sindical, intervención de teléfonos, vigilancia de sindicalistas
Allanamiento de la sede de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), intervención de los teléfonos de la sede sindical y de los afiliados y la vigilancia por personas armadas del presidente de la Federación, Luis Carlos Acero.
Agresiones físicas y represión policial
-- represión policial contra trabajadores de las empresas públicas de Cartagena durante una manifestación pacífica, el 29 de junio de 1995;
-- represión policial contra los trabajadores de las Empresas de Acueductos y Teléfonos y campesinos organizados de Tolima que efectuaban una movilización el 14 de agosto de 1995. Dicha represión tuvo un saldo de un muerto, Fernando Lombana, afiliado a la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores de Tolima (ASOPEMA), tres heridos de consideración y varios detenidos (sindicalistas de las organizaciones que participaron en la movilización);
-- la fuerza pública agredió, causando lesiones, a los siguientes sindicalistas: Héctor Moreno, Edgar Méndez, César Castaño, Luis Cruz y Janeth Leguisamón, que participaban en una jornada de información el 6 de enero de 1997, organizada por la Asociación Nacional de Agentes de Tránsito (ANDAT);
-- el Comité pide también al Gobierno que comunique sin demora sus observaciones sobre los alegatos relativos a actos antisindicales en el sector bancario (véase comunicación de la CIOSL de 16 de enero de 1998), y
-- por último, el Comité reitera una vez más al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso sobre los despidos de dirigentes sindicales y sindicalistas en las empresas ALFAGRES S.A. y TEXTILIA LTD. y en el Ministerio de Hacienda.
B. Nuevos alegatos e informaciones complementarios
276. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), por comunicaciones de 5 de marzo y 8 de junio, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), por comunicación de 29 de abril de 1998, la Federación Sindical Mundial (FSM), por comunicación de mayo de 1998, y la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas (ASODEFENSA), por comunicación de 23 de junio de 1998, alegan lo siguiente:
Asesinatos, tentativas de homicidio y desaparición de dirigentes sindicales y sindicalistas
-- El 30 de noviembre de 1997, los Sres. Elkin Clavijo y Alfonso Niño, dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Proyecto Hidroeléctrico Porce II, fueron asesinados por paramilitares en el Municipio de Amalfi (Antioquia);
-- el 22 de diciembre de 1997, el Sr. Luis Emilio Puerta, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Proyecto Hidroeléctrico Porce II, fue asesinado por paramilitares en Medellín;
-- el 7 de enero de 1998, el Sr. José Vicente Rincón, afiliado del Sindicato de Trabajadores de Fertilizantes de Colombia (SINTRAFERCOL), fue asesinado por paramilitares en el Municipio de Barrancabermeja (Santander);
-- el 8 de enero de 1998, el Sr. Arcángel Rubio Ramírez Giraldo, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Telecom (SITTELECOM), fue asesinado por paramilitares en el Municipio de Venecia (Cundinamarca);
-- el 12 de enero de 1998, el Sr. Fabio Humerto Burbano Córdova, presidente de la Asociación Sindical de Empelados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC), sección Cali, fue asesinado por paramilitares en Santander de Quilichao (Cauca);
-- el 31 de enero de 1998, los Sres. Osfanol Torres Cárdenas, afiliado al Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Medellín (SINTRAEEPP) y Fernando Triana, miembro de la subdirectiva de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE), seccional Medellín, fueron asesinados por paramilitares en Medellín, Antioquia;
-- el 12 de febrero de 1998, el Sr. Francisco Hurtado Cabezas, dirigente agrario y miembro de la Federación Sindical de Trabajadores Agrarios de Colombia (FESTRACOL), fue asesinado en la población de Tumaco, Departamento de Nariño;
-- el 18 de abril de 1998 fue asesinado en Bogotá, Jorge Boada Palencia, dirigente sindical de la Asociación del Instituto Nacional Penitenciario (ASOINPEC) por paramilitares;
-- el 18 de abril de 1998 fue asesinado en Bogotá, el Dr. José Eduardo Umaña Mendoza por tres atacantes desconocidos. Era abogado defensor de presos políticos y particularmente de los 18 prisioneros de la Unión Sindical Obrera (USO);
-- el 9 de mayo de 1998 fue asesinado en Barrancabermeja (Santander), el Sr. Jorge Duarte Chávez, afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO) por paramilitares;
-- el 10 de mayo de 1998 fue asesinado en Barranquilla (Atlántico) el Sr. Carlos Rodríguez Márquez, afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO) por paramilitares;
-- el 26 de mayo de 1998 fue asesinado en Montería, el profesor universitario Sr. Misael Díaz Urzola, miembro del Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y miembro del comité ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores Universitarios;
-- en Tibú (norte de Santander), el 11 de mayo de 1998 atentaron contra la vida del Sr. César Blanco Moreno, presidente de la subdirectiva de la Unión Sindical Obrera (USO). Como consecuencia del atentado provocado por paramilitares con armas de fuego quedaron gravemente heridos tanto el Sr. Moreno como su esposa;
-- el 14 de julio de 1998, fue secuestrado, sin que hasta el momento se conozca su paradero, el Sr. Alexander Cardona, miembro de la Junta Regional de la Unión Sindical Obrera (USO) en Sabana de Torres;
-- el 27 de julio de 1998, fue secuestrado, sin que hasta el momento se conozca su paradero, el Sr. Mario Jiménez, miembro de la subdirectiva de Casabe en la Unión Sindical Obrera (USO).
Amenazas de muerte a dirigentes sindicales y sindicalistas
-- Circulan en Colombia listas nacionales, regionales y locales con nombres de dirigentes de organizaciones sindicales donde se les amenaza de muerte por las actividades que realizan;
-- del comité ejecutivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aparecen en dichas listas los nombres de los siguientes dirigentes: Luis Eduardo Garzón, presidente; Jorge Ortega García, vicepresidente; Jesús Antonio González Luna, director del Departamento de Derechos Humanos y Domingo Rafael Tovar Arrieta, director del Departamento de Organización;
-- en la lista regional están los siguientes: Manizales (Caldas): Oscar Arturo Orozco, Hernán de Jesús Ortiz, Wilson García Quiceno, Henry Ocampo, Sergio Díaz y Fernando Cardona;
-- en la lista local están: Cartago (Valle): Jairo Antonio Cardona Mejía, Presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Cartago. Otros directivos amenazados son Albeiro Forero, Gilberto Tovar, Hernando Montoya, Marino Moreno y Gilberto Nieto Patiño, concejal;
-- en Santa Fe de Bogotá: el 27 de marzo de 1998, la Sra. María Clara Vaquero Sarmiento, presidenta de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía y sus entidades adscritas, fue amenazada de muerte por exigir el respeto de los derechos laborales de los civiles que trabajan en el Ministerio de Defensa.
Allanamiento de una sede sindical
-- El 6 de febrero de 1998, a las 12 h 45 de la tarde llegaron a la sede de la subdirectiva CUT-Atlántico, ubicada en el centro de Barranquilla, 15 individuos portando armas de uso privativo de las fuerzas militares, violentaron las oficinas y le colocaron un revólver a la Sra. Lydis Jaraba, miembro de la actual junta directiva nacional y del comité ejecutivo de la subdirectiva CUT-Atlántico. Dichos individuos que no portaban identificación alguna ni orden de allanamiento, revisaron todas las oficinas y posteriormente se fueron.
Persecución sindical
-- La Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas (ASODEFENSA) alega que el Gobierno de Colombia ha utilizado diversos mecanismos contra los empleados civiles que están al servicio de las fuerzas militares y de la policía para impedir la creación y obstaculizar el desarrollo de las actividades sindicales en forma independiente, atentando contra el derecho a la libertad sindical. Por ejemplo, el director general de la policía nacional, muchas veces y públicamente, ha expresado que no quiere sindicato en la policía, lo cual atemoriza a los miembros que ya pertenecen a la organización y se constituye en una presión en contra de los otros empleados que desean afiliarse, porque todos ellos temen graves represalias por ese motivo. Asimismo, otros funcionarios de la policía, usan diversos mecanismos para buscar que los empleados que ya son miembros del sindicato se desafilien, y adelantan persecuciones contra los dirigentes de ASODEFENSA. Para esos efectos, utilizan los traslados de los empleados sindicalizados a lugares alejados de sus hijos y sus familias; les congelan los aumentos de salarios a sus dirigentes, y les otorgan aumentos exagerados a los salarios de quienes no se sindicalizan; a varios miembros de la organización los califican con bajas evaluaciones injustamente, y con fundamento en apreciaciones arbitrarias, subjetivas, caprichosas, que no corresponden a parámetros ciertos y objetivos. A los empleados sindicalizados los sancionan por faltas irreales y los permisos para que los empleados puedan desarrollar las actividades sindicales en tiempo laboral, en muchos casos se han negado injustificadamente. Además, como condición previa para estudiar el otorgamiento de los permisos sindicales, se exige que se informe cuáles actividades o programas pretende desarrollar la organización sindical, y en base a ello se estudia si parece adecuado o inconveniente aceptar la solicitud, violando la autonomía e independencia de la organización sindical. Los hechos relatados fueron denunciados ante el Ministro de Defensa, pero nada solucionó este funcionario. Con frecuencia los directivos sindicales y sus familias son amenazados anónimamente por teléfono y por escrito, exigiéndoles a aquellos que se retiren de las actividades de la organización. La ASODEFENSA agrega que aunque las autoridades policiales manifiestan que tienen abiertos expedientes al respecto, no investigan realmente estos casos.
-- Por último, ASODEFENSA indica que los mecanismos legales de persecución sindical se han fortalecido recientemente, pues el Presidente de Colombia aprobó una ley (núm. 441) el 4 de junio de 1998, ya votada en el Congreso, que en su artículo 37 (literal j) permite a las fuerzas militares y de policía despedir de su empleo al empleado civil que -- con base en un informe "secreto" -- considere "inconveniente". La existencia de este nuevo instrumento legal, por sí mismo, constituye una amenaza al derecho de afiliarse libremente, o de continuar, en la organización sindical. Esa misma ley en el artículo 71 faculta al empleado que se encuentre amenazado en su vida o en su integridad física para obtener del Gobierno un traslado para trabajar en otra ciudad. Ese derecho a protegerse se le niega a los empleados civiles de las fuerzas militares y de policía. Asimismo, la organización querellante señala que la legislación de Colombia no concede el derecho de negociación colectiva a los empleados públicos, violando así el Convenio núm. 98. En virtud de la legislación, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, las que deberán ser resueltas en 15 días, como norma general, pero a través de este mecanismo sólo se pueden obtener decisiones previamente establecidas en la ley. La utilización de esta opción para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados civiles de las fuerzas militares y de policía ha sido totalmente inocua, porque todas las "solicitudes" presentadas han sido negadas, con apoyo en que este medio legal no obliga a la autoridad a conceder ningún derecho nuevo, ni a mejorar los ya existentes. En este sentido se considera que acoger cualquier "solicitud" es una concesión "graciosa" de las autoridades, pero no el resultado de la "negociación colectiva". ASODEFENSA presentó un proyecto de acuerdo ante el Presidente de Colombia para mejorar las lamentables condiciones de trabajo de los empleados civiles de las fuerzas militares y de policía, pero todas las solicitudes presentadas fueron rechazadas por el Gobierno y no existe el mecanismo legal para utilizar la fuerza que da la "negociación colectiva".
277. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) (por comunicación de 21 de octubre de 1998), la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) (por comunicaciones de 19 y 21 de octubre de 1998), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) (por comunicaciones de 20 y 26 de octubre de 1998) y la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD) (por comunicaciones de 16 y 25 de octubre de 1998), presentaron nuevos alegatos e informaciones complementarias en relación con este caso. Concretamente, las organizaciones sindicales en cuestión alegan que en el mes de octubre de 1998 las tres centrales sindicales de Colombia (CUT, CGTD y CTC) y un numeroso grupo de organizaciones sindicales convocaron un paro nacional de trabajadores del Estado para protestar por la política económica y social del Gobierno para obtener un incremento salarial que mantuviera el poder adquisitivo de los trabajadores del sector (previamente se había presentado un pliego de peticiones al respecto). Indican los querellantes que el Gobierno se ha negado a negociar, asumiendo una actitud de provocación e intolerancia y que declaró por vía administrativa la ilegalidad de paros o huelgas en varias entidades de distintos sectores (petróleo, recaudación de impuestos, poder judicial, instituto de seguros sociales, sector bancario). Añaden que la fuerza pública, siguiendo instrucciones del Gobierno, desalojó violentamente a trabajadores que permanecían pacíficamente en las instalaciones de algunas entidades en huelga, agrediendo físicamente a los trabajadores y que lo mismo ocurrió al disolver marchas pacíficas de protesta en las ciudades de Popayán y de Pasto el 20 de octubre de 1998.
278. En este contexto, durante el mes de octubre de 1998 y a partir del inicio del paro nacional mencionado se cometieron los siguientes actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas:
Asesinatos: 1) Sra. Orfa Ligia Mejía, sindicalista, el 7 de octubre de 1998 en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño; 2) Sr. Marcos Pérez González, afiliado al Sindicato de la Electricidad de Colombia (SINTRELECOL), el 10 de octubre de 1998; 3) Sr. Jorge Ortega García, Vicepresidente de la CUT, el 20 de octubre de 1998 (el Sr. Ortega García presentó horas antes de su asesinato nuevos alegatos relacionados con esta queja); 4) Sra. Hortensia Alfaro Banderas, vicepresidenta de SIDESC, el 24 de octubre de 1998 en el municipio de Manure, departamento del César; 5) Sr. Macario Barrera Villota, afiliado a la Asociación de Institutores del Huila, el 25 de octubre de 1998, en Neiva, departamento del Huila; 6) Sr. Jairo Cruz, presidente del Sindicato de Trabajadores de Proaceites, el 26 de octubre de 1998, en el municipio de San Alberto, Departamento del César;
Agresiones físicas y heridas: 1) el 15 de octubre de 1998 en Barrancabermeja, contra el Sr. Virgilio Ochoa, sindicalista de SINTRACUAEMPONAL; 2) el 15 de octubre de 1998 en Barrancabermeja, el Sr. Ugeniano Sánchez sindicalista de SINTRACUAEMPONAL, recibió cuatro impactos de bala en la cabeza; 3) el 16 de octubre de 1998, contra el Sr. Benito Rueda Villamizar, presidente de SINTRACUAEMPONAL; 4) los Sres. Mario Vergara y Heberto López, dirigentes sindicales de SITTELECOM, fueron brutalmente golpeados por la fuerza pública; 5) el 13 de octubre de 1998, la policía arremetió en forma violenta contra los trabajadores de SITTELECOM, hiriendo a varios de ellos; 6) el 20 de octubre de 1998, en la ciudad de Bogotá, en la carrera 7a, entre las calles 24 y 27, la policía antimotines agredió a trabajadores que iniciaban una marcha pacífica hacia la Plaza Bolívar, y el 22 de octubre de 1998, la policía agredió a manifestantes que llegaron a la Plaza Bolívar procedentes de todo el país;
Detenciones: 1) el 8 de octubre de 1998, el Sr. José Ignacio Reyes, sindicalista de SITTELECOM; 2) el 16 de octubre de 1998, en el barrio San Francisco de Ciudad Bolívar, los Sres. Orlando Rivero y Sandra Parra;
Amenazas de muerte: 1) el conjunto de los dirigentes sindicales del Comando Nacional Unitario (que agrupa a la CUT, CGTD y a la CTC). Por último, las instalaciones de TELECOM, ECOPETROL, Caja Agraria, ISS (Instituto de Seguridad Social) y varios centros de salud y otras instituciones fueron militarizadas.
C. Respuesta del Gobierno
279. En sus comunicaciones de 12 de marzo y 18 de mayo de 1998, el Gobierno informa lo siguiente en relación con los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas alegados:
Asesinatos y desapariciones
Se están llevando a cabo investigaciones judiciales en relación con las siguientes personas: Aurelio Arbeláez (4 de marzo de 1997), Guillermo Asprilla (23 de julio de 1997), Félix Avilés Arroyo (1.o de diciembre de 1997), Juan Camacho Herrera (25 de abril de 1997), Luis Orlando Camaño (Camacho) Galvis (20 de julio de 1997), Hernando Cuadros (1994), Freddy Francisco Fuentes Paternina (18 de julio de 1997), Néstor Eduardo Galindo (6 de marzo de 1997), Víctor Julio Garzón (7 de marzo de 1997), Isidro Segundo Gil Gil (9 de diciembre de 1996), José Silvio Gómez (1.o de abril de 1996), Enoc Mendoza Riascos. Carlos Arturo Moreno, Luis Orlando Quiceno López, Nazareno de Jesús Rivera, Arnold Enrique Sánchez Maza, Camilo Suárez Ariza, Mauricio Tapias Llerena, Atilio José Vásquez, Luis Abel Villa León (León Villa), Odulfo Zambrano López, Pedro Acosta Uparela (desaparecido el 28 de diciembre de 1996), Rodrigo Rodríguez Sierra (desaparecido el 16 de febrero de 1995) y Alvaro Taborda (desaparecido el 8 de enero de 1997).
Amenazas de muerte
El Gobierno informa que se han tomado medidas para investigar en sede judicial y policial las amenazas de muerte contra los siguientes dirigentes sindicales y sindicalistas:
-- los miembros de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores del Departamento de Antioquia: Sres. Aguirre Restrepo Oscar, Arango Alvaro Alberto, Barrio Castaño Horacio, Cadavid Martha Cecilia, Franco Jorge Humberto, Giraldo Héctor de Jesús, Gutiérrez Jairo Humberto, Jaramillo Carlos Hugo, Jaramillo Galeano José Luis, Ramos Zapata Rangel y Restrepo Luis Norberto;
-- el Sr. Jorge Sliecer Marín Trujillo, presidente del Sindicato de Trabajadores del Municipio de Chinchiná;
-- el Sr. Víctor Ramírez, presidente del sindicato de transportes SINTRASON.
Detenciones
En lo que respecta a la detención en diciembre de 1996, de los Sres. Edgar Riaño, dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO), Marcelino Buitrazo, Felipe Mendoza, Monarge Sánchez, Guillermo Cárdenas, Rafael Estupiñán, Hernán Vallejo, Luis Rodrigo Carreño, Leonardo Mosquera, Fabio Liévano y César Carrillo, sindicalistas de ECOPETROL, el Gobierno indica que están siendo acusados de haber cometido los delitos de rebelión en concurso con terrorismo y concierto para delinquir.
280. Por último, en su comunicación de 27 de marzo de 1998, el Gobierno declara en relación con los alegatos presentados sobre actos antisindicales en el sector bancario, que revisadas las querellas administrativas laborales que se adelantan en este Ministerio a través de la Dirección Regional del Trabajo de Santafé de Bogotá, se encontró que la organización sindical denominada Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB), instauró querella radicada bajo el número 4217 del 21 de marzo de 1996, en contra del Banco Andino por presunta violación de normas convencionales; a consecuencia de la misma y una vez realizada la investigación respectiva se dictó la resolución núm. 000125 del 25 de enero de 1998, emanada por la División de Inspección y Vigilancia de la Dirección Regional de Trabajo de Santafé de Bogotá, en la cual se resuelve imponer una multa al Banco Andino. En la actualidad se está desatando recurso de reposición interpuesto por la parte querellada a la mencionada resolución. Por otra parte, en lo que respecta a las alegadas conductas por parte del Banco Andino y Citibank en contra de la UNEB, no existe querella alguna en este Ministerio. Así las cosas y con miras a que los derechos de asociación y negociación colectiva se desarrollen dentro de un marco legal, se ha procedido a que por intermedio de la División de Inspección y Vigilancia de la Dirección Regional de Trabajo de Santafé de Bogotá, se inicie investigación administrativo-laboral por los hechos alegados.

D. Conclusiones del Comité

281. En primer lugar, antes de analizar los alegatos y las observaciones comunicadas por el Gobierno, el Comité desea expresar, tal como lo hiciera al examinar este caso en sus reuniones de marzo de 1997 y marzo de 1998 (véanse 306. y 309. informes, párrafos 274 y 82), su grave preocupación sobre los alegatos que se refieren en su gran mayoría a asesinatos (más de 150), desapariciones, agresiones físicas, detenciones y amenazas de muerte contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como allanamientos de sedes sindicales.
282. El Comité recuerda que en 1996 el informe de la misión de contactos directos realizada en Colombia declaraba que "resulta imponente la violencia contra personas que revisten la calidad de dirigentes sindicales o que son objeto de atentados a su integridad física y su libertad personal por el mero hecho de ejercer una actividad sindical" (véase 306. informe, op. cit., página 93). El Comité deplora tener que constatar que la violencia antisindical no ha disminuido, sino que, según se desprende de los alegatos presentados durante los últimos años (1997-1998), parece haberse incrementado. Asimismo, el Comité deplora profundamente y constata con consternación que nada indica que se haya detenido, juzgado y condenado ni a un solo autor de los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas alegados, lo que demuestra que, tal como lo afirmara el Fiscal Nacional a la misión de contactos directos, "la impunidad es total" (véase 306. informe, informe sobre la misión a Colombia, página 95). Además, teniendo en cuenta la naturaleza de los alegatos y que en el informe de la última misión de contactos directos se indica que el Defensor del Pueblo en su informe al Congreso de 1996 afirma que "todavía hay en la fuerza pública quienes asumen conductas ilegales y arbitrarias en el marco de actividades militares y policiales" y que "todavía miles de colombianos siguen aterrorizados por la acción de grupos paramilitares" (véase 306.o informe, página 91), el Comité, observando que la situación no ha mejorado desde entonces, repudia el progresivo deterioro de la situación y señala que es responsabilidad del Gobierno garantizar el correcto comportamiento de las fuerzas de seguridad, que en cualquier caso y en todo momento deben respetar los derechos humanos.
283. Asimismo, el Comité observa con grave preocupación que los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas se han extendido a personas allegadas a los mismos, ya sea por vínculos familiares, como por el ejercicio de su actividad profesional. En este sentido, el Comité lamenta profundamente el asesinato del Dr. José Eduardo Umaña Mendoza, el 18 de abril de 1998 en la ciudad de Bogotá. El Dr. Umaña Mendoza era abogado defensor de dirigentes sindicales y sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO), algunos de los cuales figuran en la lista de detenidos que se encuentra en anexo al presente informe. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome medidas urgentes para erradicar todos los actos de violencia que se producen contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como contra sus allegados.
284. Así, el Comité recuerda una vez más que "el asesinato o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron, y así, dentro de lo posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de los mismos"; y que "la ausencia de fallos contra los culpables comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales" (véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafos 51 y 55).
- Alegatos de actos de violencia sobre los que se han iniciado investigaciones
285. En relación con los alegatos que habían quedado pendientes al examinar este caso en su versión de marzo de 1998, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se han iniciado investigaciones judiciales en relación con los siguientes casos: Asesinatos y desapariciones: Aurelio Arbeláez (asesinado el 4 de marzo de 1997); Guillermo Asprilla (asesinado el 23 de julio de 1997); Félix Avilés Arroyo (asesinado el 1.o de diciembre de 1997); Juan Camacho Herrera (asesinado el 25 de abril de 1997); Luis Orlando Camaño Galvis (asesinado el 20 de julio de 1997); Hernando Cuadros (asesinado en 1994); Freddy Francisco Fuentes Paternina (asesinado el 18 de julio de 1997); Néstor Eduardo Galindo (asesinado el 6 de marzo de 1997); Víctor Julio Garzón (asesinado el 7 de marzo de 1997); Isidro Segundo Gil Gil (asesinado el 9 de diciembre de 1996); José Silvio Gómez (asesinado el 1.o de abril de 1996); Enoc Mendoza Riasco (asesinado el 7 de abril de 1997); Carlos Arturo Moreno (asesinado el 7 de junio de 1995); Luis Orlando Quiceno López (asesinado el 16 de julio de 1997); Nazareno de Jesús Rivera (asesinado el 12 de marzo de 1997); Arnold Enrique Sánchez Maza (asesinado el 13 de julio de 1997); Camilo Suárez Ariza (asesinado el 21 de julio de 1997); Mauricio Tapias Llerena (asesinado el 21 de julio de 1997); Atilio José Vásquez (asesinado en julio de 1997; aunque la organización querellante lo considera desaparecido, el Gobierno lo incluye en la lista de los asesinados); Luis Abel Villa León (asesinado el 21 de julio de 1997); Odulfo Zambrano López (asesinado el 27 de octubre de 1997); Pedro Acosta Uparela (desaparecido el 28 de diciembre de 1996); Rodrigo Rodríguez Sierra (desaparecido el 16 de febrero de 1995); Alvaro Taborda (desaparecido el 8 de enero de 1997). Amenazas de muerte: Aguirre Restrepo Oscar, Arango Alvaro Alberto, Barrio Castaño Horacio, Cadavid Martha Cecilia, Franco Jorge Humberto, Giraldo Héctor de Jesús, Gutiérrez Jairo Humberto, Jaramillo Carlos Hugo, Jaramillo Galeano José Luis, Ramos Zapata Rangel, Restrepo Luis Norberto, Jorge Sliecer Marín Trujillo, Víctor Ramírez. Detenciones: Edgar Riaño, Marcelino Buitrazo, Felipe Mendoza, Monarge Sánchez, Guillermo Cárdenas, Rafael Estupiñán, Hernán Vallejos, Luis Rodrigo Carreño, Leonardo Mosquera, Fabio Liévano, César Carrillo. El Comité expresa su grave preocupación y repudio ante estos actos de violencia y asesinatos y pide al Gobierno que le mantenga informado con carácter de urgencia sobre el resultado de las investigaciones y procesos judiciales en curso.
286. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de las investigaciones judiciales sobre las cuales ya había informado de su inicio en la anterior reunión del Comité (marzo de 1998), en relación con los asesinatos, desaparición y amenazas de muerte contra los siguientes dirigentes sindicales y sindicalistas: Asesinatos: Antonio Moreno (12 de agosto de 1995); Manual Ballesta (13 de agosto de 1995); Francisco Mosquera Córdoba (febrero de 1996); Carlos Arroyo de Arco (febrero de 1996); Francisco Antonio Usuga (22 de marzo de 1996); Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6 de junio de 1995); Armando Umanes Petro (23 de mayo de 1996); William Gustavo Jaimes Torres (28 de agosto de 1995); Ernesto Fernández Pezter; Jaime Eliacer Ojeda; Alfonso Noguera; Alvaro Hoyos Pabón (12 de diciembre de 1995); Libardo Antonio Acevedo (7 de julio de 1996); Néstor Eduardo Galíndez Rodríguez (4 de marzo de 1997); Erieleth Barón Daza (3 de mayo de 1997); Jhon Fredy Arboleda Aguirre, William Alonso Suárez Gil y Eladio de Jesús Chaverra Rodríguez (11 de febrero de 1997 al 7 de marzo de 1997); Luis Carlos Muñoz (7 de marzo de 1997); Nazareno de Jesús Rivera García (12 de marzo de 1997); Héctor Gómez (22 de marzo de 1997); Gilberto Casas Arboleda, Norberto Casas Arboleda, Alcides de Jesús Palacios Arboleda y Argiro de Jesús Betancur Espinosa (11 de febrero de 1997); Bernardo Orrego Orrego (6 de marzo de 1997); José Isidoro Leyton (25 de marzo de 1997); Magaly Peñaranda (27 de julio de 1997); David Quintero Uribe (4 de agosto de 1997); Eduardo Enrique Ramos Montiel (14 de julio de 1997); Libardo Cuéllar Navia (23 de julio de 1997); Wenceslao Varela Torrecilla (29 de julio de 1997); Abraham Figueroa Bolaños (25 de julio de 1997); Edgar Camacho Bolaños (25 de julio de 1997). Desaparición: Ramón Osorio (desaparecido el 15 de abril de 1997). Amenazas de muerte: Jairo Alfonso Gamboa López.
- Alegatos de actos de violencia sobre los que el Gobierno no ha enviado observaciones
287. Además, el Comité observa que el Gobierno no ha enviado ninguna información sobre numerosos alegatos pendientes o presentados durante 1998 relativos a asesinatos, desapariciones, agresiones físicas, amenazas de muerte contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como allanamientos de sedes sindicales (véase en anexo la lista completa de alegatos sobre los que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones). En estas condiciones, el Comité urge al Gobierno a que sin demora comunique sus observaciones sobre la totalidad de los alegatos que figuran en anexo a este caso. Asimismo, teniendo en cuenta el grado de violencia contra sindicalistas, el Comité urge al Gobierno a que tome medidas de inmediato para brindar protección a los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados de muerte que figuran en el anexo.
- Actos antisindicales
288. En lo que respecta a los alegatos relativos a actos antisindicales en el sector bancario que habían quedado pendientes en su anterior examen del caso, el Comité observa que concretamente la CIOSL había alegado que la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) presentó a la Asociación Bancaria un pliego único de peticiones que involucra a 30 entidades del sector bancario, pero que la Asociación se negó a ser la intermediaria de las 30 entidades financieras. La UNEB, en el ejercicio legal de la actividad sindical programó marchas, manifestaciones, asambleas informativas y divulgó el conflicto y el estado de la negociación a través de sus publicaciones. Según la organización querellante los patronos de las entidades bancarias con el apoyo de la fuerza pública (policía) impidieron el libre ejercicio de los derechos sindicales y de información, utilizando métodos represivos como la agresión física, el encierro de los dirigentes en los ascensores de los edificios, no permitir el ingreso de los dirigentes sindicales al lugar donde se encuentran los trabajadores para proporcionarles cualquier información, etc., llegándose incluso a la detención arbitraria del dirigente de la UNEB, Sr. Carlos Romero, quien fuera liberado posteriormente. La organización querellante ha señalado que en los bancos Citibank y Andino se ha impedido el ingreso de los dirigentes sindicales encargados de informar a los empleados sobre el desarrollo del conflicto y la negociación para lo cual han recurrido permanentemente al empleo de la fuerza pública. A este impedimento se ha acompañado, según los alegatos, la amenaza y chantaje de despido a los trabajadores si escuchan la información de los dirigentes sindicales y si hacen uso del derecho constitucional fundamental de sindicalización y asociación. Asimismo, la organización querellante indica que las oficinas del Citibank de Santa Fe de Bogotá donde se ha intensificado la represión a la actividad sindical son las ubicadas en las sucursales de Puente Aranda, Barrio Chicó, Barrio Cedritos y Avenida Jiménez, y el 2 de diciembre de 1997, el gerente de esta última sucursal, tomó fotos a varios dirigentes sindicales y trabajadores, desconociéndose los fines de estas fotografías; la práctica de las fotos y la grabación de vídeos por la patronal bancaria se ha vuelto una práctica muy común ya que los jefes de seguridad de los bancos Sudameris y Anglo Colombiano la han venido realizando.
289. A este respecto, el Comité toma nota de que el Gobierno declara que: 1) la Unión Nacional de Empleados bancarios (UNEB) interpuso una querella ante la Dirección Regional del Trabajo de Bogotá contra el Banco Andino por presunta violación a normas convencionales, en virtud de la cual las autoridades administrativas resolvieron imponer una multa a la entidad bancaria. Actualmente, el Banco Andino interpuso un recurso de reposición contra dicha decisión; 2) no se han presentado denuncias ante el Ministerio de Trabajo en relación con las alegadas conductas antisindicales que habrían realizado el Banco Andino y el Citibank, pero que no obstante ello se ha procedido a que la División de Inspección y Vigilancia de la Dirección Regional de Trabajo de Bogotá inicie una investigación administrativa laboral al respecto. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado del recurso de reposición interpuesto por el Banco Andino contra la resolución administrativa que dispuso la imposición de una multa por violar normas convencionales, así como sobre la investigación que se ordenó llevar a cabo sobre las alegados actos antisindicales cometidos por las autoridades de los Bancos Andino y Citibank. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que extienda el campo de la investigación a los Bancos Sudameris y Anglo Colombiano, también mencionados por las organizaciones querellantes, y que si se constata la veracidad de los alegatos presentados se tomen medidas para sancionar a los responsables de tales actos y para evitar que tales actos se repitan en el futuro.
290. El Comité pide al Gobierno que comunique sin demora sus observaciones sobre: 1) los alegatos relativos a actos de persecución sindical contra los dirigentes sindicales, sindicalistas y afiliados de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas (ASODEFENSA); y 2) los alegatos presentados por la CIOSL, la CLAT, la CUT y la CGTD en octubre de 1998, relativos a asesinatos, agresiones físicas, amenazas de muerte y detenciones de dirigentes sindicales y sindicalistas cometidos tras el inicio de un paro nacional de trabajadores del Estado. En este contexto, el Comité observa que entre los dirigentes sindicales asesinados en el mes de octubre de 1998, figura el Sr. Jorge Ortega García, Vicepresidente de la CUT, que el día de su asesinato había firmado una comunicación que presentaba nuevos alegatos en el marco de este caso, y que también estaba amenazado de muerte. El Comité deplora profundamente el asesinato del Sr. José Ortega García y constata que por segunda vez un dirigente sindical que denuncia ante el Comité de Libertad Sindical violaciones de los derechos sindicales ha sido asesinado.
291. Asimismo, el Comité pide una vez más al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso sobre los despidos de dirigentes sindicales y sindicalistas en las empresas ALFAGRES S.A. y TEXTILIA Ltd., y en el Ministerio de Hacienda.

Recomendación del Comité

292. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
- a) el Comité reitera, tal como lo hiciera al examinar este caso en sus reuniones de marzo de 1997 y marzo de 1998 (véanse 306. y 309. informes, párrafos 274 y 82), su grave preocupación sobre los alegatos que se refieren en su gran mayoría a asesinatos (más de 150), desapariciones, agresiones físicas, detenciones y amenazas de muerte contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como allanamientos de sedes sindicales. Además, el Comité deplora también profundamente tener que constatar una vez más que la violencia antisindical no ha disminuido, sino que, según se desprende de los alegatos presentados durante los últimos años (1997-1998), parece haberse incrementado. El Comité deplora también profundamente tener que constatar que nada indica que se haya detenido, juzgado y condenado ni a un solo autor de los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas alegados, lo que demuestra que tal como lo afirmara el Fiscal Nacional a la misión de contactos directos que visitó el país en octubre de 1996 "la impunidad es total". El Comité urge firmemente al Gobierno a que ponga remedio inmediatamente a esta situación y a que sin tardanza se juzgue y sancione a los culpables;
- b) el Comité pide al Gobierno que le informe sobre el resultado de las investigaciones y procesos judiciales que se han iniciado en relación con los 79 casos siguientes de asesinatos, desaparición, amenazas de muerte y detención de dirigentes sindicales y sindicalistas: Asesinatos: Antonio Moreno (12 de agosto de 1995); Manual Ballesta (13 de agosto de 1995); Francisco Mosquera Córdoba (febrero de 1996); Carlos Arroyo de Arco (febrero de 1996); Francisco Antonio Usuga (22 de marzo de 1996); Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6 de junio de 1995); Armando Umanes Petro (23 de mayo de 1996); William Gustavo Jaimes Torres (28 de agosto de 1995); Ernesto Fernández Pezter; Jaime Eliacer Ojeda; Alfonso Noguera; Alvaro Hoyos Pabón (12 de diciembre de 1995); Libardo Antonio Acevedo (7 de julio de 1996); Néstor Eduardo Galíndez Rodríguez (4 de marzo de 1997); Erieleth Barón Daza (3 de mayo de 1997); Jhon Fredy Arboleda Aguirre, William Alonso Suárez Gil y Eladio de Jesús Chaverra Rodríguez (11 de febrero de 1997 al 7 de marzo de 1997); Luis Carlos Muñoz (7 de marzo de 1997); Nazareno de Jesús Rivera García (asesinado el 12 de marzo de 1997); Héctor Gómez (22 de marzo de 1997); Gilberto Casas Arboleda, Norberto Casas Arboleda, Alcides de Jesús Palacios Arboleda y Argiro de Jesús Betancur Espinosa (11 de febrero de 1997); Bernardo Orrego Orrego (6 de marzo de 1997); José Isidoro Leyton (25 de marzo de 1997); Magaly Peñaranda (27 de julio de 1997); David Quintero Uribe (4 de agosto de 1997); Eduardo Enrique Ramos Montiel (14 de julio de 1997); Libardo Cuéllar Navia (23 de julio de 1997); Wenceslao Varela Torrecilla (29 de julio de 1997); Abraham Figueroa Bolaños (25 de julio de 1997); Edgar Camacho Bolaños (25 de julio de 1997); Aurelio Arbeláez (4 de marzo de 1997); Guillermo Asprilla (23 de julio de 1997); Félix Avilés Arroyo (1.o de diciembre de 1997); Juan Camacho Herrera (25 de abril de 1997); Luis Orlando Camaño (Camacho) Galvis (20 de julio de 1997); Hernando Cuadros (asesinado en 1994); Freddy Francisco Fuentes Paternina (18 de julio de 1997); Néstor Eduardo Galindo (asesinado el 6 de marzo de 1997); Víctor Julio Garzón (7 de marzo de 1997); Isidro Segundo Gil Gil (9 de diciembre de 1996); José Silvio Gómez (1.o de abril de 1996); Enoc Mendoza Riasco (asesinado el 7 de abril de 1997); Carlos Arturo Moreno (7 de junio de 1995); Luis Orlando Quiceno López (16 de julio de 1997); Nazareno de Jesús Rivera (12 de marzo de 1997); Arnold Enrique Sánchez Maza (13 de julio de 1997); Camilo Suárez Ariza (21 de julio de 1997); Mauricio Tapias Llerena (21 de julio de 1997); Atilio José Vásquez (asesinado en julio de 1997); Luis Abel Villa León (21 de julio de 1997); Odulfo Zambrano López (27 de octubre de 1997); Desaparecidos: Ramón Osorio (15 de abril de 1997); Pedro Acosta Uparela (28 de diciembre de 1996); Rodrigo Rodríguez Sierra (16 de febrero de 1995); Alvaro Taborda (8 de enero de 1997). Amenazados de muerte: Jairo Alfonso Gamboa López; Aguirre Restrepo Oscar; Arango Alvaro Alberto; Barrio Castaño Horacio; Cadavid Martha Cecilia; Franco Jorge Humberto; Giraldo Héctor de Jesús; Gutiérrez Jairo Humberto; Jaramillo Carlos Hugo; Jaramillo Galeano José Luis; Ramos Zapata Rangel; Restrepo Luis Norberto; Jorge Sliecer Marín Trujillo; Víctor Ramírez. Detenidos: Edgar Riaño; Marcelino Buitrazo; Felipe Mendoza; Monarge Sánchez; Guillermo Cárdenas; Rafael Estupiñán; Hernán Vallejos; Luis Rodrigo Carreño; Leonardo Mosquera; Fabio Liévano; César Carrillo. El Comité expresa su grave preocupación y repudio ante estos actos de violencia y asesinatos y pide al Gobierno que le mantenga informado con carácter de urgencia sobre el resultado de las investigaciones y procesos judiciales en curso.
- c) el Comité observa que el Gobierno no ha enviado sus observaciones sobre numerosos alegatos pendientes o presentados durante 1998, relativos a asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y agresiones físicas contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como allanamientos de sedes sindicales (véase en anexo la lista completa de alegatos sobre los que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones) y le urge a que sin demora comunique sus observaciones sobre estos alegatos. Asimismo, teniendo en cuenta el grado de violencia existente en el país contra sindicalistas, el Comité urge al Gobierno a que tome medidas de inmediato para brindar protección a los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados de muerte que figuran en el anexo al presente informe;
- d) el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado del recurso de reposición interpuesto por el Banco Andino contra la resolución administrativa que dispuso la imposición de una multa por violar normas convencionales, así como sobre la investigación que se ordenó llevar a cabo sobre las alegados actos antisindicales cometidos por las autoridades de los Bancos Andino y Citibank. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que extienda el campo de la investigación a los Bancos Sudameris y Anglo Colombiano, también mencionados por las organizaciones querellantes, y que si se constata la veracidad de los alegatos presentados se tomen medidas para sancionar a los responsables de tales actos y para evitar que tales actos se repitan en el futuro;
- e) el Comite pide al Gobierno que comunique sin demora sus observaciones sobre los alegatos relativos a actos de persecución sindical contra los dirigentes sindicales, sindicalistas y afiliados de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía nacional y sus entidades adscritas (ASODEFENSA);
- f) el Comité pide al Gobierno que comunique sin demora sus observaciones sobre los alegatos presentados por la CIOSL, la CLAT, la CUT y la CGTD en octubre de 1998, relativos a asesinatos, agresiones físicas, amenazas de muerte y detenciones de dirigentes sindicales y sindicalistas cometidos tras el inicio de un paro nacional de trabajadores del Estado. Además, observando que entre los dirigentes sindicales asesinados en el mes de octubre de 1998, figura el Sr. Jorge Ortega García, Vicepresidente de la CUT, que el día de su asesinato había firmado una comunicación que presentaba nuevos alegatos en el marco de este caso, el Comité deplora profundamente el asesinato del Sr. José Ortega García y constata que por segunda vez un dirigente sindical que denuncia ante el Comité de Libertad Sindical violaciones de los derechos sindicales ha sido asesinado, y
- g) el Comité pide una vez más al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso sobre los despidos de dirigentes sindicales y sindicalistas en las empresas ALFAGRES S.A. y TEXTILIA LTD, y en el Ministerio de Hacienda.

Z. Anexo

Alegatos sobre los que el Gobierno aún no ha comunicado sus
observaciones
Asesinatos y desapariciones
1. 1) Manuel Francisco Giraldo, miembro de la junta directiva del
Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuarias
(SINTRAINAGRO) el 22 de
marzo de 1995.
1. 2) Veintitrés trabajadores afiliados al SINTRAINAGRO el 29 de
agosto de 1995.
1. 3) Veinticuatro trabajadores de la finca bananera "Rancho
Amelia", afiliados
al SINTRAINAGRO el 20 de septiembre de 1995.
1. 4) Alvaro David, miembro del comité obrero de la finca "Los
Planes", afiliado
al SINTRAINAGRO el 22 de marzo de 1996.
1. 5) Jairo Navarro, sindicalista, desapareció el 6 de junio de 1995
2. 6) Sabas Domingo Zocadegui Paredes, dirigente sindical, el 3
de junio de 1997
en la ciudad de Arauca.
1. 7) José Ricardo Sáenz, afiliado a la Federación de Educadores
de Colombia,
desapareció el 24 de julio de 1996;
1. 8) Misael Pinzón Granados, sindicalista, desapareció el 12 de
julio de 1997.
1. 9) Eduardo Ramos, dirigente sindical de la finca "El Chispero"
de Apartadó,
Urabá, Antioquia, el 14 de julio de 1997.
1. 10) Arley Escobar, presidente del sindicato del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), seccional de Cali, el 18 de
julio de 1997.
1. 11) Emiliano Jiménez, afiliado de la Unión Sindical Obrera de la
Industria del
Petróleo (USO) desapareció el 27 de octubre de 1997.
1. 12) Amadeo Jalave Díaz, afiliado de la USO, desapareció el 27
de octubre de
1. 1997
2. 13) Jhoni Cusillo, dirigente sindical de ECOPETROL,
desapareció el 27 de
octubre de 1997.
1. 14) Ulpiano Carvajal, dirigente sindical de ECOPETROL,
desapareció el 27 de
octubre de 1997.
1. 15) Rami Vaca, dirigente sindical de ECOPETROL, desapareció
2. el 27 de octubre
3. de 1997.
4. 16) José Giraldo, secretario de SINDICONS, asesinado en
Medellín el 26 de
noviembre de 1997.
1. 17) Elkin Clavijo, dirigente del Sindicato de Trabajadores del
Proyecto
Hidroeléctrico Porce II, asesinado en el Municipio de Amalfi
(Antioquia), el
1. 30 de noviembre de 1997.
2. 18) Alfonso Niño, dirigente del Sindicato de Trabajadores del
Proyecto
Hidroeléctrico Porce II, asesinado en el Municipio de Amalfi
(Antioquia), el
1. 30 de noviembre de 1997.
2. 19) Luis Emilio Puerta, dirigente del Sindicato de Trabajadores
del Proyecto
Hidroeléctrico Porce II, asesinado en Medellín el 22 de
diciembre de 1997.
1. 20) José Vicente Rincón, afiliado al Sindicato de Trabajadores
de
Fertilizantes de Colombia (SINTRAFERCOL), asesinado en el
Municipio de
Barrancabermeja, el 7 de enero de 1998.
1. 21) Arcángel Rubio Ramírez Giraldo, afiliado al Sindicato de
Trabajadores de
Telecom, asesinado en el Municipio de Venecia (Cundinamarca)
1. el 8 de enero de
2. 1998
3. 22) Fabio Humberto Burbano Córdova, presidente de la
Asociación Sindical de
Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
sección Cali,
asesinado en Santander de Quilchao (Cauca) el 12 de enero de
1. 1998
2. 23) Osfanol Torres Cárdenas, afiliado al Sindicato de
Trabajadores de las
Empresas Públicas de Medellín, asesinado en Medellín, el 31
de enero de 1998.
1. 24) Fernando Triana, miembro de la subdirectiva de la
Federación Nacional de
Trabajadores al Servicio del Estado, seccional Medellín,
asesinado en Medellín
1. el 31 de enero de 1998.
2. 25) Francisco Hurtado Cabezas, miembro de la Federación
Sindical de
Trabajadores Agrarios de Colombia (FESTRACOL), asesinado
en la población de
Tumaco, Departamento de Nariño, el 12 de febrero de 1998.
1. 26) Jorge Boada Palencia, dirigente de la Asociación del
Instituto Nacional
Penitenciario (ASOINPE), asesinado en Bogotá el 18 de abril de
1. 1998
2. 27) Dr. José Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor de
los dirigentes
sindicales y sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO),
asesinado en
Bogotá el 18 de abril de 1998.
1. 28) Jorge Duarte Chávez, afiliado a la Unión Sindical Obrera
(USO), asesinado
en Barrancabermeja el 9 de mayo de 1998.
1. 29) Carlos Rodríguez Márquez, afiliado a la Unión Sindical
Obrera (USO)
asesinado en Barranquilla el 10 de mayo de 1998.
1. 30) Misael Díaz Urzola, miembro del comité ejecutivo de la
Federación Nacional
de Profesores Universitarios, asesinado en Montería el 26 de
mayo de 1998.
1. 31) Alexander Cardona, miembro de la junta regional de la Unión
Sindical
Obrera (USO), secuestrado y desaparecido desde el 14 de julio
1. de 1998.
2. 32) Mario Jiménez, miembro de la subdirectiva de Casobe,
secuestrado y
desaparecido desde el 27 de julio de 1998.
Detención de dirigentes sindicales y sindicalistas
1. 1) Luis David Rodríguez Pérez, ex dirigente del Sindicato
Nacional de
Trabajadores de Incora-SINTRADIN.
1. 2) Elder Fernández y Gustavo Minorta, sindicalistas de
ECOPETROL, en diciembre
1. de 1996.
Allanamiento de sede sindical, intervención de teléfonos,
vigilancia de
sindicalistas
1. 1) Allanamiento de la sede de la Federación Sindical Unitaria
Agropecuaria
(FENSUAGRO), intervención de los teléfonos de la sede
sindical y de los
afiliados y la vigilancia por personas armadas del presidente de
la
Federación, Luis Carlos Acero.
1. 2) El 6 de febrero de 1998, a las 12 h 45 de la tarde llegaron a la
sede de la
subdirectiva CUT-Atlántico, ubicada en el centro de
Barranquilla, 15
individuos portando armas de uso privativo de las fuerzas
militares,
violentaron las oficinas y le colocaron un revólver a la Sra. Lydis
Jaraba,
miembro de la actual junta directiva nacional y del comité
ejecutivo de la
subdirectiva CUT-Atlántico. Dichos individuos que no portaban
identificación
alguna ni orden de allanamiento, revisaron todas las oficinas y
posteriormente
se fueron.
Agresiones físicas y represión policial
1. 1) Represión policial contra trabajadores de las empresas
públicas de
Cartagena durante una manifestación pacífica, el 29 de junio de
1. 1995
2. 2) Represión policial contra los trabajadores de las Empresas de
Acueductos y
Teléfonos y campesinos organizados de Tolima que efectuaban
una movilización
1. el 14 de agosto de 1995. Dicha represión tuvo un saldo de un
muerto, Fernando
Lombana, afiliado a la Asociación de Pequeños y Medianos
Agricultores de
Tolima (ASOPEMA), tres heridos de consideración y varios
detenidos
(sindicalistas de las organizaciones que participaron en la
movilización).
1. 3) La fuerza pública agredió, causando lesiones, a los siguientes
sindicalistas: Héctor Moreno, Edgar Méndez, César Castaño,
Luis Cruz y Janeth
Leguisamón, que participaban en una jornada de información el
1. 6 de enero de
2. 1997, organizada por la Asociación Nacional de Agentes de
Tránsito (ANDAT).
Tentativas de homicidio
1. 1) Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández y Monerge
Sánchez, sindicalistas.
1. 2) Gilberto Correño, dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO),
2. el 7 de
diciembre de 1996.
1. 3) César Blanco Moreno, presidente de la subdirectiva de la
Unión Sindical
Obrera (USO), el 11 de mayo de 1998.
Amenazas de muerte
1. 1) Bertina Calderón (vicepresidenta de la CUT).
2. 2) Daniel Rico (presidente de la Federación de Trabajadores
Petroleros --
FEDEPETROL).
1. 3) Los integrantes de la junta directiva de la Federación Sindical
Unitaria
Agropecuaria (FENSUAGRO).
1. 4) Francisco Ramírez Cuéllar (presidente del Sindicato de
Trabajadores de la
Empresa Mineralco S.A.).
1. 5) Pedro Barón, presidente de la seccional de Tolima de la
Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), por parte de algunos miembros de las
fuerzas de seguridad
desde que participó en una huelga de protesta el 19 de julio de
1. 1995
2. 6) Los miembros de la junta directiva del Sindicato de
Trabajadores de Titán
SA, del municipio de Yumbo, han sido amenazados de muerte
por un grupo
paramilitar denominado "Colombia sin guerrilla" (COLSINGUE),
1. el 26 de octubre
2. de 1995 y el 17 de mayo de 1996.
3. 7) Los miembros de la junta directiva de la Asociación de
Agromineros del Sur
de Bolívar, Justo Pastor Quiroz, secretario; Roque León
Salgado, tesorero y
Bersaly Hurtado, fiscal, han sido amenazados.
1. 8) Comité ejecutivo nacional de la Central Unitaria de
Trabajadores de
Colombia (CUT), Sres. Luis Eduardo Garzón, presidente; Jesús
Antonio González
Luna, director del Departamento de Derechos Humanos y
Domingo Rafael Tovar
Arrieta, director del Departamento de Organización.
1. 9) Sres. Oscar Arturo Orozco, Hernán de Jesús Ortiz, Wilson
García Quiceno,
Henry Ocampo, Sergio Díaz y Fernando Cardona.
1. 10) Jairo Antonio Cardona Mejía, presidente del Sindicato de
Trabajadores del
Municipio de Cartago. Otros directivos amenazados son: Albeiro
Forero,
Gilberto Tovar, Hernando Montoya, Marino Moreno y Gilberto
Nieto Patiño,
concejal.
1. 11) El 27 de marzo de 1998 la Sra. María Clara Vaquero
Sarmiento, presidenta
de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio
de Defensa,
Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas.