Informe provisional - Informe núm. 306, Marzo 1997

Caso núm. 1761 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 01-NOV-93 - Cerrado

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INTRODUCTION
A. A. Alegatos de los querellantes
B. B. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité
Anexo I

Alegatos: asesinatos y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, actos de discriminación antisindical y denegatoria de reconocimiento de la representatividad de una organización sindical
1. 248 El Comité examinó el caso núm. 1761 por última vez en su reunión de marzo de 1995 (véase 297.o informe, párrafos 451 a 464). La Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) envió informaciones complementarias por comunicaciones de 2 y 8 de mayo y 31 de julio de 1995. El Gobierno envió observaciones parciales por comunicaciones de 29 de agosto y 9 de octubre de 1995.
2. 249 El Comité examinó el caso núm. 1787 por última vez en su reunión de junio de 1996 (véase 304.o informe, párrafos 159 a 178). La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) envió informaciones complementarias por comunicaciones de 20 y 28 de mayo y 18 de julio de 1996. El Gobierno envió observaciones parciales por comunicaciones de septiembre y 16 de diciembre de 1996.
3. 250 La queja correspondiente al caso núm. 1896 figura en una comunicación de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) de fecha 7 de mayo de 1996.
4. 251 En su reunión de diciembre de 1995, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones formuló una observación sobre la aplicación del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) por Colombia y solicitó al Gobierno que tomara medidas para poner en conformidad su legislación con el Convenio. Durante la discusión del caso relativo a la aplicación de este Convenio por Colombia en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 1996, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Sr. Orlando Obregón Sabogal, invitó a la OIT a que realizara una misión en su país con el fin de promover los derechos sindicales y el diálogo social. Posteriormente, el Gobierno decidió extender el mandato de la misión a los casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración (casos núms. 1761, 1787 y 1896).
5. 252 La mencionada misión fue llevada a cabo del 7 al 11 de octubre de 1996 por el Sr. Santiago Pérez del Castillo, Profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, acompañado del Sr. Horacio Guido, funcionario del Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo y del Sr. Luis Zamudio, Especialista en Normas Internacionales del Trabajo del Equipo Técnico Multidisciplinario con sede en Lima, Perú (véase en el anexo II el informe de misión). El Gobierno transmitió a la misión observaciones sobre los tres casos en instancia.
6. 253 Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. A. Alegatos de los querellantes

Caso núm. 1761 Examen anterior del caso
1. 254 En el anterior examen del caso, al tratar alegatos relativos al asesinato de dirigentes sindicales y al procesamiento en sede judicial de sindicalistas, el Comité formuló las siguientes recomendaciones (véase 297.o informe, párrafo 464):
"recordando que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, y que incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio, el Comité urge al Gobierno a que tome medidas para que de inmediato se lleven a cabo investigaciones judiciales para esclarecer la totalidad de los hechos alegados, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables de los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos y Rosario Moreno, así como el asesinato de Hugo Zapata Restrepo y las graves heridas sufridas por Carlos Posada durante el allanamiento de la sede sindical Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquía (FUTRAN). El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre la evolución y resultado de cada una de las investigaciones que se emprendan, así como de las investigaciones en curso respecto a los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Perea Israel y Miguel Camelo Reinaldo";
"el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre los procesos judiciales en curso que se siguen a los Sres. Luna, Chaparro y Patiño, y que le comunique el texto de las sentencias que se dicten".
1. 255 Asimismo, ante la falta de respuesta del Gobierno a ciertos alegatos presentados, el Comité formuló la siguiente recomendación:
"el Comité pide al Gobierno que a la brevedad posible comunique observaciones completas sobre los siguientes alegatos: 1) la detención de ocho dirigentes sindicales (Sres. Ortega García Jorge Luis, Tovar Arrieta Domingo Rafael, Triviño Flavio, Orozco Nassam Luis Fernando, Martínez César, Quiceno Evelio, Escobas Héctor y Ronancio Germán) el 12 de febrero de 1994 en Mesitas; 2) la expulsión de su sede sindical de los trabajadores del Sindicato de la Construcción (SINDICONS), el 11 de febrero de 1994 en Cali; 3) la realización de visitas de miembros de la seguridad del Estado a asambleas y sedes sindicales, como por ejemplo al Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y del Cemento, que tuvo lugar en Bogotá del 9 al 12 de febrero de 1994; y 4) la existencia de grupos paramilitares en la ciudad de Medellín que impiden el normal desarrollo de la actividad sindical".
Informaciones complementarias presentadas por la CLAT
1. 256 En sus comunicaciones de 2 y 8 de mayo de 1995, la CLAT alega los siguientes asesinatos de dos dirigentes sindicales: el Sr. Guillermo Alonso Benítez Zapata, fiscal del Sindicato de Trabajadores de Olimpo Ltda. (SINTRAOLIMPO), el 26 de abril de 1995 frente a su domicilio en el municipio de Chigorobo, Antioquía, y el Sr. Marco Julio Martínez Quiceno, directivo del Sindicato de Trabajadores de Skanska, el 3 de mayo de 1995, en su domicilio en el municipio de Tierralta, Córdoba.
2. 257 En su comunicación de 31 de julio de 1995, la CLAT alega que el dirigente sindical, Sr. Fernando Alfonso Davila Girón, presidente del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Tuluá, desapareció el 26 de noviembre de 1994, y que sus familiares han denunciado su desaparición ante la Fiscalía Primera Antisecuestro de Tuluá.
Respuesta del Gobierno
1. 258 En sus comunicaciones de 29 de agosto y 9 de octubre de 1995, el Gobierno declara que la Fiscalía General de la Nación lleva a cabo una investigación en relación con la desaparición del Sr. Fernando Alfonso Davila Girón, que la misma se encuentra en etapa averiguatoria y que oportunamente comunicará toda información que pueda recabar al respecto.
2. 259 El Gobierno entregó a la misión documentación suministrada por la Fiscalía Nacional en relación con los alegatos sobre actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas. Concretamente, de la misma se desprenden las siguientes informaciones:
  - i) se están llevando a cabo investigaciones judiciales en relación con los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos y Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata y Marco Julio Martínez Quiceno; así como de las graves heridas sufridas por Carlos Posada durante el allanamiento de la sede sindical Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquía (FUTRAN);
  - ii) en lo que respecta a la alegada detención de dirigentes sindicales, el Gobierno informa lo siguiente:
    - - Ortega García Jorge Luis (se está llevando a cabo una investigación judicial por amenazas en su contra y a su vez se le imputa el delito de rebelión; se encuentra en libertad);
    - - Tovar Arrieta Domingo Rafael (se están llevando a cabo investigaciones judiciales por los delitos cometidos en su contra de secuestro y amenazas);
    - - Orozco Nassan Luis Fernando (se está llevando a cabo una investigación judicial por el delito cometido en su contra de extorsión), y
    - - Martínez César (se está llevando a cabo una investigación judicial por el delito de extorsión en su contra y a su vez se le imputa el delito de secuestro).
  - Caso núm. 1787 Examen anterior del caso
3. 260 En el anterior examen del caso, al tratar alegatos relativos a asesinatos, desapariciones y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité formuló las siguientes recomendaciones (véase 304.o informe, párrafo 178, a)):
"expresando su grave preocupación ante el recrudecimiento del clima de violencia en el país y ante el elevado número de asesinatos y actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité urge al Gobierno que si aún no lo ha hecho, tome las medidas necesarias para que de inmediato se inicien investigaciones judiciales, con el fin de esclarecer la totalidad de los asesinatos, amenazas y demás actos de violencia alegados, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. Asimismo, el Comité urge al Gobierno a que tome medidas para que se brinde protección a todos aquellos dirigentes sindicales y sindicalistas que han sido amenazados. El Comité pide al Gobierno que suministre informaciones sobre todos los casos mencionados en anexo" (que se reproduce a continuación):
Alegatos que habían quedado pendientes en marzo de 1995
Asesinatos:
1. 1) Jaime Eliécer Ojeda (presidente del Sindicato de Trabajadores de Obras Públicas (SINTRAMINOBRAS) (el Gobierno informó del inicio de investigaciones judiciales);
2. 2) Alfonso Noguera (presidente del Sindicato de Empleados Públicos Municipales del Municipio de Ocaña) (el Gobierno informó del inicio de investigaciones judiciales);
3. 3) Hernando Cuadros (presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), seccional Tibú).
Tentativas de homicidio:
1. 1) sindicalistas Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández y Monerge Sánchez.
Amenazas de muerte:
1. 1) Bertina Calderón (vicepresidenta de la CUT);
2. 2) Daniel Rico (presidente de la Federación de Trabajadores Petroleros (FEDEPETROL);
3. 3) Domingo Tovar (miembro de la junta directiva nacional de la CUT);
4. 4) Víctor Ramírez (presidente del Sindicato de Transportes (SINTRASON);
5. 5) los integrantes de la junta directiva de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO).
Amenazas de muerte y tentativas de homicidio:
1. 1) Francisco Ramírez Cuéllar (presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Mineralco S.A.).
Detención y allanamiento de domicilio:
1. 1) Luis David Rodríguez Pérez (ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Incora (SINTRADIN).
Allanamiento de sede sindical, intervención de teléfonos, vigilancia de sindicalistas:
1. 1) allanamiento de la sede de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO); intervención de los teléfonos de la sede sindical y de los afiliados y la vigilancia por personas armadas del presidente de la Federación, Sr. Luis Carlos Acero.
Informaciones complementarias presentadas por la organización querellante por comunicación de 20 de octubre de 1995
Asesinatos:
1. 1) Ernesto Fernández Pezter, dirigente sindical de la Asociación de Educadores del César, el 20 de febrero de 1995;
2. 2) Manuel Francisco Giraldo, miembro de la junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 22 de marzo de 1995;
3. 3) Pedro Bermúdez, miembro del comité de trabajadores de la plantación bananera de La Playa, Municipalidad de Carepa, Departamento de Urabá, el 6 de junio de 1995;
4. 4) Artur Moreno, miembro del comité de trabajadores de la plantación Doña Francia, Municipalidad de Apartadó, el 7 de junio de 1995;
5. 5) Antonio Moreno, fiscal del Sindicato de Trabajadores de la Industria Agrícola (SINTRAINAGRO), el 12 de agosto de 1995;
6. 6) Manuel Ballesta, negociador del Sindicato de Trabajadores de la Industria Agrícola (SINTRAINAGRO), el 12 de agosto de 1995;
7. 7) veintitrés trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 29 de agosto de 1995.
8. 8) William Gustavo Jaimes Torres, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), el 28 de agosto de 1995;
9. 9) veinticuatro trabajadores de la finca bananera Rancho Amelia, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 20 de septiembre de 1995.
Desaparecidos:
1. 1) Rodrigo Rodríguez Sierra, presidente del Sindicato de Trabajadores de Productores de Aceites (SINTRAPROACEITES), seccional Copey, el 16 de febrero de 1995;
2. 2) Jairo Navarro, sindicalista, el 6 de junio de 1995.
Agresiones físicas y represión policial:
1. 1) represión policial contra trabajadores de las Empresas Públicas de Cartagena durante una manifestación pacífica, el 29 de junio de 1995;
2. 2) represión policial contra los trabajadores de las Empresas de Acueductos y Teléfonos y campesinos organizados de Tolima que efectuaban una movilización el 14 de agosto de 1995. Dicha represión tuvo un saldo de un muerto, el Sr. Fernando Lombana, afiliado a la Asociación de Pequeños y Medianos Agricultores de Tolima (ASOPEMA), tres heridos de consideración y varios detenidos (sindicalistas de las organizaciones que participaron en la movilización).
Amenazas:
1. 1) Pedro Barón, presidente de la seccional de Tolima de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad desde que participó en una huelga de protesta el 19 de julio de 1995;
2. 2) Domingo Tovar, afiliado a la Asociación de Educadores de Sucre, fue detenido por miembros del ejército, acusado de ser subversivo, el 12 de febrero de 1994, y posteriormente liberado por orden de las autoridades judiciales; luego fue amenazado de muerte el 8 de agosto de 1995, y tras una tentativa de atentado contra su vida debió salir del país durante unos meses;
3. 3) Jorge Ortega García, sindicalista, fue detenido por miembros del ejército, acusado de ser subversivo, el 12 de febrero de 1994, y posteriormente liberado por orden de las autoridades judiciales. Posteriormente fue amenazado de muerte y es seguido por las fuerzas de seguridad que mantienen bajo vigilancia su oficina.
4. 261 Además, al examinar alegatos sobre discriminación antisindical el Comité formuló las siguientes recomendaciones (véase 304.o informe, párrafo 178, b), c) y d)):
"recordando que la protección contra la discriminación antisindical deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o en participación en actividades sindicales, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para que de inmediato se realice una investigación en la empresa ALFAGRES S.A. y en caso de que se constate la veracidad de los actos de discriminación alegados se reintegre en sus puestos de trabajo a los dirigentes sindicales despedidos, y se tomen medidas para que no se continúe amenazando o perjudicando de cualquier otra manera a los trabajadores afiliados al sindicato. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto";
"en relación con el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SINTRHA), el Comité pide al Gobierno que envíe sin demora sus observaciones en relación con los alegatos relativos a la supresión de puestos de trabajo de afiliados y dirigentes sindicales, el fomento por parte del Ministerio de Hacienda de una campaña antisindical intimidando a los trabajadores que desean afiliarse al sindicato, y el despido de miembros de la junta directiva del sindicato SINTRHA. El Comité pide a la organización querellante que envíe sus comentarios sobre la declaración del Gobierno relativa a la no inscripción de las reformas de los estatutos del SINTRHA"; y
"recordando que anteriormente se solicitó al Gobierno que tomara las medidas necesarias para permitir que los dirigentes sindicales y trabajadores afiliados al sindicato SINTRATEXTILIA que hubieran sido despedidos por sus actividades sindicales legítimas pudieran obtener el reintegro en sus puestos de trabajo, el Comité insta al Gobierno a que tome medidas en este sentido y a que le mantenga informado al respecto".
Informaciones complementarias del querellante
1. 262 En sus comunicaciones de 20 y 28 de mayo y 18 de julio de 1996, la CIOSL alega distintos asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas. Concretamente la organización querellante manifiesta que:
  - - los Sres. Francisco Mosquera Córdoba y Carlos Arroyo de Arco, trabajadores de la Empresa Maderas de Darién, fueron asesinados en febrero de 1996 tras una reunión en la que se elaboró y discutió la propuesta del pliego de peticiones que sería discutido con la empresa;
  - - los afiliados al Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores del Agro (SINTRAINAGRO) Sres. Francisco Antonio Usuga (cobrador regional de SINTRAINAGRO en el municipio de Carepa), José Silvio Gómez (coordinador de actividades en Banafinca), Alvaro David (miembro del comité obrero de la finca Los Planes) y Oriol Chaverra (capataz de la finca La Argentina) fueron asesinados el 22 de marzo de 1996 en diferentes sitios del eje bananero de Urabá;
  - - los afiliados al Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores del Agro (SINTRAINAGRO), Sres. Hernán Correra (Fiscal Nacional), Medardo Cuestas (dirigente de la subsecretaría de Turbo), Manuel Márquez (tesorero seccional de Apartadó), Pedro Barbosa (secretario de prensa), Omar Casarubio (miembro de la seccional de Apartadó), Fernando Pérez (vicepresidente de la seccional de Apartadó) y Amin Palacio (miembro de la subdirectiva de Turbo), fueron asesinados el 14 de abril de 1996, en Currulao, corregimiento de Turbo;
  - - el Sr. Armando Umanes Petro, afiliado a la Asociación de Maestros de la Ciudad de Córdoba, fue asesinado el 23 de mayo de 1996 en la ciudad de Montería;
  - - el Sr. Jairo Alfonso Gamboa López y todos los demás miembros de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de Titán S.A., del municipio de Yumbo han sido amenazados de muerte por un grupo paramilitar denominado "Colombia sin guerrilla" (COLSINGUE);
  - - el Sr. Alvaro Hoyos Pabón, afiliado al Sindicato de Trabajadores de Titán S.A., del municipio de Yumbo, fue asesinado el 12 de diciembre de 1995;
  - - el Sr. Libardo Antonio Acevedo, presidente de la Federación Sindical Regional de Trabajadores Libres del Valle del Cauca (FESTRALVA), Fiscal del Sindicato de Trabajadores de Colombina S.A. (SINTRACOLOMBINA) y miembro de la junta directiva nacional de la CTC, fue asesinado el 7 de julio de 1996 en la ciudad de Tuluá;
  - - el 7 de julio de 1996 individuos no identificados hicieron estallar un artefacto explosivo en la sede del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción (SINDICONS) en Medellín.
2. Respuesta del Gobierno
3. 263 En su comunicación de septiembre de 1996, el Gobierno nuevamente informa que se están llevando a cabo investigaciones en relación con la muerte de los sindicalistas Luis Noguera Cano y Eliecer Ojeda Cano. Además, el Gobierno manifiesta que se ha detenido y procesado a una persona en relación con la investigación sobre la muerte de Luis Noguera Cano.
4. 264 El Gobierno suministró a la misión numerosa información sobre los actos de violencia contra dirigentes sindicales o sindicalistas, o contra locales sindicales. Concretamente, el Gobierno informa que se han iniciado investigaciones judiciales en relación con los siguientes asesinatos de dirigentes sindicales o sindicalistas: 1) Antonio Moreno; 2) Manuel Ballesta; 3) Francisco Mosquera Córdoba; 4) Carlos Arroyo de Arco; 5) Francisco Antonio Usuga; 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo; 7) Armando Umanes Petro; 8) William Gustavo Jaimes Torres; 9) Ernesto Fernandez Pezter.
5. 265 Además, el Gobierno informa que se está llevando a cabo una investigación judicial en relación con el atentado explosivo contra la sede del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción (SINDICONS) en Medellín.
6. 266 En cuanto a los alegados asesinatos de los sindicalistas afiliados a la organización sindical SINTRAINAGRO, Sres. Oriol Chaverra, Hernán Correra, Medardo Cuestas, Manuel Márquez, Pedro Barbosa, Omar Casarubio, Fernando Pérez, Amin Palacio, el Gobierno informa que los mismos se encuentran vivos y que no se han presentado denuncias por delitos contra sus vidas.
7. 267 En lo que respecta a los alegatos sobre la detención y amenazas de muerte contra los dirigentes sindicales Sres. Domingo Tovar y Jorge Ortega García, el Comité analiza las observaciones del Gobierno en el marco del caso núm. 1761.
8. 268 En cuanto a los alegatos que habían quedado pendientes sobre actos de discriminación antisindical, el Gobierno informó lo siguiente a la misión:
  - - Empresa Alfagres S.A.: el Gobierno manifiesta que se recibió queja verbal contra esta empresa por presunto despido de trabajadores y actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical, y que practicada la correspondiente investigación por la División de inspección y vigilancia se profirió la resolución núm. 001682, de fecha 23 de mayo de 1995, donde se resolvió "Declarar que la empresa no incurrió en violación al derecho de asociación y se deja en libertad a las partes para que acudan ante la justicia ordinaria laboral". Añade el Gobierno que mediante escrito de fecha 31 de mayo, varios sindicalistas presentaron desistimiento de la querella inicialmente instaurada ante las autoridades administrativas y que el 2 de junio de 1995 otros sindicalistas informaron que varios de los trabajadores fundadores de SINTRALFA negociaron con la empresa su retiro laboral, después de haber sido despedidos por la patronal. El Gobierno informa que, posteriormente, los fundadores del sindicato iniciaron proceso de fuero sindical - acción de reintegro, contra la sociedad demandada ALFAGRES, S.A., cuya radicación está en juzgado promiscuo del circuito del municipio de Soacha (Cundinamarca).
  - - Empresa Textilia LTD: en relación con los alegados despidos antisindicales efectuados en esta empresa, el Gobierno informa que el presidente y secretario general de SINTRATEXTILIA desistieron de la querella por persecución sindical en contra de la empresa Textilia, teniendo en cuenta que se ha presentado denuncia penal contra los directivos de la empresa y que los trabajadores despedidos han demandado a la empresa ante los juzgados laborales. Añade el Gobierno que varios sindicalistas (cuyos nombres cita el Gobierno) han iniciado procesos judiciales sobre fuero sindical y acción de reintegro.
  - - Ministerio de Hacienda y Crédito Público: en lo que respecta a los alegatos que habían quedado pendientes sobre actos de discriminación antisindical contra los dirigentes sindicales y afiliados al Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SINTRHA), el Gobierno informa que: 1) no se han suprimido puestos de trabajo de afiliados y dirigentes sindicales con el fin de destruir el sindicato, sino que se llevó a cabo un proceso de reestructuración del personal del Ministerio que abarcó a numerosos trabajadores; 2) es cierto que una funcionaria del Ministerio fomentó una campaña antisindical, pero dicha situación se corrigió; y 3) los tres miembros de la junta directiva del sindicato que fueron despedidos dentro del marco de la reestructuración iniciaron procesos judiciales.
9. Caso núm. 1896 Alegatos del querellante
10. 269 En su comunicación de fecha 7 de mayo de 1996, la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) informa que el 23 de febrero de 1996 el Ministerio de Trabajo expidió la resolución núm. 00431 referida a un censo realizado en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia (TELECOM) acerca de la representatividad de las organizaciones sindicales que funcionan en su seno. La organización querellante manifiesta que la resolución señala que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (SITTELECOM) contaba al 30 de noviembre de 1995 con un total de 1.779 afiliados; este sindicato rechazó el censo del Ministerio de Trabajo, alegando que contaba con 4.471 afiliados activos (la empresa confirma estas cifras al proporcionar la lista de descuentos por cotización sindical). La organización sindical aclara que es preciso tener en cuenta que la otra organización representante de los trabajadores de TELECOM es la Asociación de Técnicos de Telecom (ATT), organización que nuclea únicamente a los técnicos. En cambio, SITTELECOM incorpora a distintos tipos de trabajadores de la empresa. La ATT figura en el censo como siendo la organización mayoritaria en cuanto a la cantidad de afiliados (1.804) y por consiguiente queda facultada por ley para discutir el pliego de peticiones y firmar una nueva convención colectiva de trabajo. Por último, la organización querellante alega que las consecuencias de las cifras oficiales suponen la marginalización de SITTELECOM al tiempo que le privan del derecho legítimo a ejercer las prerrogativas sindicales.
Respuesta del Gobierno
1. 270 El Gobierno informó a la misión que el 23 de febrero de 1996 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social expidió la resolución núm. 00431 a través de la División de Trabajo, donde se estableció que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "SITTELECOM" contaba al 30 de noviembre de 1995 con 1.779 afiliados, y el Sindicato de la Industria de Trabajadores de las Comunicaciones "ATT" con 1.804 afiliados, de los 8.710 trabajadores de la empresa denominada Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM. Añade el Gobierno que esta determinación, aún no se encuentra firme, pues es necesario decidir el recurso de apelación interpuesto por la organización sindical SITTELECOM. El Gobierno informa que el censo se realizó a petición de la empresa TELECOM, a efectos de establecer la representación sindical, con miras a la negociación colectiva, de acuerdo a la legislación interna, por cuanto el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, numeral 2, establece que cuando en una misma empresa coexista un sindicato de base con uno de industria, la representación de los trabajadores para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría (la mitad más uno) de los trabajadores de la empresa.
2. 271 Además, el Gobierno indica que el censo sindical se realizó teniendo en cuenta lo siguiente:
  - - las normas estatutarias de cada una de las organizaciones sindicales, que señalan las condiciones o requisitos de afiliación, donde se establece: Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "SITTELECOM". Capítulo III. De las condiciones de admisión. Artículo 60. Para ser miembro del sindicato se requiere: ser trabajador de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y haber superado el período de aprendizaje; tener más de 14 años de edad; presentar a la junta directiva por escrito, una solicitud de ingreso, la cual decidirá sobre su aprobación o improbación. Sindicato de Industria de Trabajadores de las Telecomunicaciones "ATT". Capítulo III. Condiciones de admisión. Artículo 40. Podrán afiliarse a ATT los trabajadores colombianos que estén vinculados a actividades o entidades públicas o privadas, del sector de telecomunicaciones. Parágrafo. Para ser aceptado como socio, se requiere presentar solicitud escrita y aceptar los presentes estatutos;
  - - para el caso de SITTELECOM, como el censo fue solicitado a nivel nacional se ofició a las diferentes direcciones regionales adscritas a este Ministerio, para que en cada una de sus jurisdicciones se practicara el conteo de la población trabajadora de TELECOM afiliada a SITTELECOM. Se les indicó la obligación de verificar el cumplimiento a los estatutos de la organización sindical para la afiliación. En consecuencia, cada uno de los funcionarios de las distintas regionales del país contabilizó única y exclusivamente como afiliados a SITTELECOM aquellos trabajadores que se vincularon a dicha organización sindical cumpliendo los estatutos sindicales, que son ley para el sindicato, y no aquellos que fueron asociados sin el cumplimiento de los requisitos que señalan tales estatutos, como son, presentación de solicitud escrita de afiliación a la junta directiva y aprobación de la solicitud por la junta directiva. Estos estatutos rigen las actuaciones de SITTELECOM, los cuales fueron aprobados por el mismo sindicato;
  - - para el evento del sindicato ATT, dado que la documentación pertinente está centralizada en la ciudad de Santafé de Bogotá D.C., no se necesitó comisionar a las direcciones regionales de este Ministerio en el país, habiendo realizado el censo la Dirección Regional del Trabajo de la ciudad capital; los funcionarios igualmente sólo contabilizaron como afiliados a este sindicato aquellos trabajadores que cumplieron el requisito señalado en los estatutos, que como acaba de mencionarse solamente consiste en la presentación de la solicitud escrita y la aceptación de los estatutos;
  - - por orden de los artículos 377 y 393 del Código Sustantivo del Trabajo, las organizaciones sindicales deben, entre otros, llevar libro de afiliados y de junta directiva, debidamente rubricados y foliados por el Inspector de Trabajo, y la organización sindical SITTELECOM, en la mayoría de los casos, como en Santafé de Bogotá D.C., no presentó libro de afiliados de las distintas seccionales o en otros casos habiéndolo presentado, la mayoría de los registrados como afiliados no habían sido debidamente admitidos por la junta directiva, según se observó en libros de actas de junta directiva, libo que en varias seccionales tampoco acreditó;
  - - una vez establecido el nombre y número de personas correctamente afiliadas, de acuerdo a los estatutos de cada organización sindical, se cotejó o comparó tales nombres con los nombres de las personas que se encontraban vinculadas laboralmente a la empresa TELECOM, según nómina aportada por ésta, lo cual arrojó el resultado del censo que fue motivo de la presente queja.
3. 272 El Gobierno señala que es preciso aclarar que el hecho de acreditarse por parte de la empleadora la lista de trabajadores a quienes se les efectúa descuento por cotización sindical, no da la certeza de que esos cotizantes sean afiliados al sindicato, por cuanto de conformidad con el artículo 471 de Código Sustantivo del Trabajo, cuando en la convención colectiva sea parte un sindicato cuyos afiliados excedan de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa, las normas de la convención se extienden a todos los trabajadores de la misma, sean o no sindicalizados, debiéndose descontar a esos no sindicalizados una cuota en favor del sindicato, por beneficiarse de la convención. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se suscribió a realizar el censo y a determinar el número de trabajadores correctamente afiliados a cada organización sindical, sin declarar un derecho ulterior de negociación. El Gobierno aclara que las cifras del censo reflejan el número de afiliados al 30 de noviembre de 1995, y que a la fecha no estaría en condiciones de responder por hechos de afiliación o desafiliación posteriores en ninguno de los dos sindicatos.

B. B. Conclusiones del Comité

Conclusiones del Comité
1. 273 El Comité toma nota del informe del representante del Director General, profesor Santiago Pérez del Castillo, sobre la misión efectuada en Colombia del 7 al 11 de octubre de 1996 y desea agradecerle la labor realizada. El Comité agradece al Gobierno, a las autoridades y a los interlocutores sociales la amplia cooperación brindada al representante del Director General a lo largo de la misión. Además, el Comité toma nota de las informaciones escritas facilitadas por el Gobierno sobre los distintos casos y de los distintos proyectos de ley que han sido sometidos al Congreso para poner la legislación en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98 y para ratificar los Convenios núms. 151 y 144, proyectos estos que han sido transmitidos a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
2. 274 En primer lugar, antes de analizar los alegatos y las observaciones comunicadas por el Gobierno en relación con cada caso en particular, el Comité desea expresar su grave preocupación ante los alegatos que se refieren en gran parte a la muerte violenta, desaparición y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como allanamientos contra sedes de sindicatos y de domicilios de sindicalistas. El Comité recuerda que desde hace numerosos años existen casos sobre graves actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas en Colombia y deplora tener que observar que la violencia no parece haber disminuido, sino por el contrario, pareciera que en los últimos años existe un recrudecimiento de la misma, que ha afectado otra vez a sindicalistas.
3. 275 El Comité observa que según se desprende del informe de misión, en la compleja y grave situación de violencia que vive Colombia se encuentran una serie de hechos preocupantes reconocidos por la mayoría de los entrevistados por el representante del Director General: i) la violencia golpea a todos los sectores de la sociedad (las cifras mencionadas sobre asesinatos cometidos durante 1995 varían entre 25.000 y 30.000) pero el movimiento sindical ha sido agresivamente atacado y es un fenómeno que se arrastra desde hace 45 años en Colombia y que se ve favorecido por una presencia - en ocasiones - distendida de la autoridad estatal en algunas regiones del país; ii) son actores de la violencia la guerrilla, el narcotráfico, los grupos paramilitares - algunos de ellos actuarían con la aquiescencia o activa participación de las fuerzas de seguridad del Estado - y la delincuencia común; iii) existe un elevadísimo número de casos de actos de violencia sin esclarecer, lo que provoca un incentivo adicional para la reiteración de los crímenes y violaciones de los derechos humanos (existen pocos juzgados, los procedimientos son lentos, los fiscales no pueden o no se atreven a investigar porque sus vidas corren peligro), y iv) es casi imposible brindar protección a los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados. El Comité destaca la total ineficacia del sistema judicial y la intervención de la justicia militar en concurrencia con la justicia civil.
4. 276 El Comité toma nota de que según se desprende del informe de misión, el Gobierno manifiesta que ha tomado una serie de medidas positivas para lograr terminar con la impunidad. Concretamente, el Comité toma nota con interés de las siguientes medidas adoptadas: i) el programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía Nacional; ii) la creación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, cuya competencia se extiende, entre otros, a delitos en que la víctima es un dirigente sindical y se presume que la causa de su muerte es su actividad sindical; iii) el proyecto de creación en la estructura del Ministerio del Interior de la Unidad Administrativa Especial de Derechos Humanos que contaría con un área especial destinada a la protección de las personas amenazadas; y iv) la creación de un comité ministerial para examinar casos sobre violaciones de los derechos humanos que examina la veracidad de los alegatos y en caso de comprobar la veracidad de los mismos y de responsabilidad del Estado ordena el pago de indemnizaciones. Aunque toma nota de estas medidas, el Comité subraya que en el informe de misión se indica que el número de víctimas de la violencia es extraordinariamente elevado y que el fracaso de los procesos judiciales para esclarecer los hechos da lugar a un elevadísimo índice de impunidad. Además, el Comité deplora profundamente que en ninguno de los numerosos alegatos presentados se haya condenado y sancionado a los culpables. Por último, el Comité toma nota con interés del clima de concertación social que intenta imponer el Gobierno, divulgando la importancia de una ética y de una nueva cultura que, sin desconocer la diferencia o el conflicto, dé prioridad al diálogo y al entendimiento.
5. 277 Finalmente, el Comité no puede dejar de observar con extrema preocupación que según el informe de misión llama la atención el desarrollo que tienen actualmente los grupos paramilitares o de autodefensa en muchos sectores del país, cuyos actos de violencia se suman a los del narcotráfico, la guerrilla, la delincuencia común y, desde el punto de vista institucional, a los de representantes de las fuerzas de seguridad. Asimismo el Comité observa que del informe de misión surge que el accionar de grupos paramilitares afecta en primer lugar a los sindicalistas en numerosas regiones del país, y que muchos de los entrevistados hicieron hincapié en el hecho de que las fuerzas de seguridad permiten el accionar de estos grupos. También, el Comité observa que los entrevistados hicieron referencia a la existencia de casos en que agentes del Estado han cometido actos de violaciones de los derechos humanos.
6. 278 En este contexto, y en relación con todos los actos de violencia alegados, el Comité recuerda al Gobierno que "la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular los relativos a la vida y la seguridad de la persona"; "el asesinato, la desaparición o las lesiones graves de dirigentes sindicales y sindicalistas exigen la realización de investigaciones judiciales independientes con el fin de esclarecer plenamente en el más breve plazo los hechos y las circunstancias en las que se produjeron, y así, dentro de lo posible, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos"; y que "la ausencia de fallos contra los culpables comporta una impunidad de hecho que agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales" (véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafos 46, 51 y 55). Además, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para desarticular los grupos paramilitares que impiden el normal desarrollo de las actividades sindicales en distintas zonas del país.
Caso núm. 1761
1. 279 En lo que respecta a los alegatos sobre asesinatos y lesiones contra dirigentes sindicales o sindicalistas, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se están llevando a cabo investigaciones judiciales en relación con los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos y Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata y Marco Julio Martínez Quiceno; así como de las graves heridas sufridas por Carlos Posada durante el allanamiento de la sede sindical Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquía (FUTRAN). El Comité expresa la esperanza de que en virtud de las investigaciones judiciales en curso podrán esclarecerse los hechos, deslindarse responsabilidades y sancionarse a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de estos procesos. Además, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el estado de las investigaciones en curso respecto a los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Perea Israel y Miguel Camelo Reinaldo, así como sobre el estado de los procesos judiciales que se siguen contra los sindicalistas Sres. Luna, Chaparro y Patiño (el Gobierno había informado al Comité en su reunión de marzo de 1995 sobre el inicio de estas últimas investigaciones judiciales).
2. 280 En cuanto a las alegadas detenciones de dirigentes sindicales, el Comité toma nota de que el Gobierno informa lo siguiente: al Sr. Ortega García Jorge Luis se le imputa el delito de rebelión, pero a su vez se está llevando a cabo una investigación judicial por amenazas en su contra, y se encuentra en libertad; el Sr. Tovar Arrieta Domingo Rafael no está detenido, se están llevando a cabo investigaciones judiciales por delitos cometidos contra su persona (secuestro y amenazas); el Sr. Orozco Nassan Luis Fernando no está detenido, se está llevando a cabo una investigación judicial por un delito cometido contra su persona (extorsión); y al Sr. Martínez César se le imputa el delito de secuestro, pero a su vez se está llevando a cabo una investigación judicial por un delito contra su persona (extorsión). El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de los procesos judiciales que afectan a estos dirigentes sindicales.
3. 281 En cuanto a las demás alegadas detenciones de los dirigentes sindicales Triviño Flavio Quiceno Evelio, Escobas Héctor y Ronancio Germán el 12 de febrero de 1994 en Mesitas, el Comité observa que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que verifique si estos dirigentes sindicales están efectivamente detenidos, y en caso de que constate que los mismos han sido detenidos por motivo de sus actividades sindicales, tome medidas para que sean liberados de inmediato.
4. 282 Por último, en lo que respecta a los alegatos sobre: 1) la expulsión de su sede sindical de los trabajadores del Sindicato de la Construcción (SINDICONS), el 11 de febrero de 1994 en Cali; 2) la realización de visitas de miembros de la seguridad del Estado a asambleas y sedes sindicales, como por ejemplo al Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y del Cemento, que tuvo lugar en Bogotá del 9 al 12 de febrero de 1994; y 3) la existencia de grupos paramilitares en la ciudad de Medellín que impiden el normal desarrollo de la actividad sindical, el Comité observa que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para velar por que las fuerzas de seguridad del Estado no ingresen en sedes sindicales si no cuentan con el mandato judicial correspondiente.
Caso núm. 1787
1. 283 En relación con los numerosos asesinatos y actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, el Comité toma nota de la información suministrada por el Gobierno a la misión, de la cual se desprende que se han iniciado investigaciones judiciales en relación con los siguientes asesinatos y amenazas de muerte contra dirigentes sindicales o sindicalistas: 1) Antonio Moreno (12.08.1995); 2) Manuel Ballesta (13.08.1995); 3) Francisco Mosquera Córdoba (02.1996); 4) Carlos Arroyo de Arco (02.1996); 5) Francisco Antonio Usuga (22.03.1996); 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6.06.1995); 7) Armando Umanes Petro (23.05.1996); 8) William Gustavo Jaimes Torres (28.08.1995); 9) Ernesto Fernandez Pezter; 10) Jaime Eliacer Ojeda; 11) Alfonso Noguera; 12) Alvaro Hoyos Pabón (12.12.95); 13) Libardo Antonio Acevedo (7.7.96) y 14) Jairo Alfonso Gamboa López (amenazado de muerte). El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso.
2. 284 Además, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se está llevando a cabo una investigación judicial en relación con el atentado a través de explosivos contra la sede del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción (SINDICONS) en Medellín. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de este proceso judicial.
3. 285 En cuanto a los alegados asesinatos de los sindicalistas afiliados a la organización sindical SINTRAINAGRO, Sres. Oriol Chaverra, Hernán Correra, Medardo Cuestas, Manuel Márquez, Pedro Barbosa, Omar Casarubio, Fernando Pérez y Amin Palacio, el Comité toma nota de que Gobierno informa que los mismos se encuentran en vida y que no se han presentado denuncias por delitos contra sus vidas.
4. 286 Por otra parte, el Comité observa que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones sobre un número importante de asesinatos, tentativas de homicidio, amenazas de muerte, desapariciones y agresiones físicas contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como allanamientos de sedes sindicales y domicilios de sindicalistas (véase en el anexo I la lista completa de los alegatos sobre los que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones). En estas condiciones, el Comité urge al Gobierno a que a la brevedad posible comunique sus observaciones sobre todos los casos mencionados en el anexo I.
5. 287 En lo que respecta a la solicitud del Comité de que el Gobierno realizara una investigación en la empresa ALFAGRES S.A., a efectos de verificar la veracidad de los alegados despidos antisindicales, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que la División de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Trabajo llevó a cabo una investigación y determinó "que la empresa no incurrió en violación al derecho de asociación". Además, el Comité toma nota de que el Gobierno declara que varios sindicalistas desistieron de la querella interpuesta ante las autoridades administrativas y que otros trabajadores fundadores del sindicato aunque negociaron con la empresa su retiro laboral, iniciaron posteriormente procesos judiciales por acción de reintegro. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso.
6. 288 En cuanto a los alegatos que habían quedado pendientes relativos a la supresión de puestos de trabajo de afiliados y dirigentes sindicales del Ministerio de Hacienda, el fomento de una campaña antisindical por parte de las autoridades de este Ministerio intimidando a los trabajadores que desean afiliarse al sindicato y el despido de miembros de la junta directiva del sindicato, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que: 1) no se han suprimido puestos de trabajo de afiliados y dirigentes sindicales con el fin de destruir el sindicato, sino que se llevó a cabo un proceso de reestructuración del personal del Ministerio que abarcó a numerosos trabajadores; 2) es cierto que una funcionaria del Ministerio fomentó una campaña antisindical, pero que dicha situación se corrigió; y 3) los tres miembros de la junta directiva del sindicato que fueron despedidos dentro del marco de la reestructuración iniciaron procesos judiciales.
7. 289 A este respecto, en lo relativo a la reestructuración del Ministerio de Hacienda que dio lugar al despido de numerosos trabajadores, el Comité recuerda al Gobierno la importancia que concede al principio de que "los gobiernos consulten a las organizaciones sindicales, con objeto de discutir sobre las consecuencias de los programas de reestructuración en el empleo y en las condiciones de trabajo de los asalariados" (véase Recopilación, op. cit., párrafo 937). Además, en lo que respecta a la campaña de intimidación antisindical - cuya existencia reconoce el Gobierno, pero señala que se corrigió - el Comité señala al Gobierno que "nadie debería ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo a causa de su afiliación sindical o de la realización de actividades sindicales legítimas, y es importante que en la práctica se prohíban y sancionen todos los actos de discriminación en relación con el empleo" (véase Recopilación, op. cit., párrafo 696). Por último, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de los procesos judiciales en curso relativos a los despidos de los tres miembros de la junta directiva del sindicato.
8. 290 Por último, en relación con la solicitud del Comité al Gobierno de que tomara las medidas necesarias para permitir que los dirigentes sindicales y trabajadores afiliados al sindicato SINTRATEXTILIA que hubieran sido despedidos por sus actividades sindicales legítimas pudieran obtener el reintegro en sus puestos de trabajo, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se ha presentado una denuncia penal contra la empresa TEXTILIA LTD y que varios sindicalistas han iniciado procesos judiciales sobre fuero sindical y acción de reintegro. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso, tanto en sede penal como laboral.
Caso núm. 1896
1. 291 El Comité observa que los alegatos presentados en el presente caso se refieren a la falta de conformidad de la organización querellante con un censo de afiliados realizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Concretamente, la organización querellante alega que SITTELECOM cuenta con un número de 4.471 afiliados y que el censo le otorga un número de 1.779, y que como consecuencia de este censo dejaría de ser la organización más representativa de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de Colombia y perdería el derecho de negociar una nueva convención colectiva de trabajo, el cual pasaría a ATT.
2. 292 El Comité toma nota de que el Gobierno manifiesta que: 1) el censo se realizó a pedido de la empresa TELECOM y a nivel nacional, con el objeto de establecer cuál de las dos organizaciones de la empresa - SITTELECOM y ATT - era la más representativa, a los efectos de la negociación colectiva (el Código Sustantivo de Trabajo dispone que la representación de los trabajadores para la negociación colectiva corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría - la mitad más uno - de los trabajadores de la empresa); 2) las normas estatutarias de la organización SITTELECOM establecen entre otros requisitos para ser miembro del sindicato, que debe presentarse una solicitud de ingreso por escrito a la junta directiva que decidirá sobre su aprobación; 3) cuando se realizó el censo en relación con la organización SITTELECOM las autoridades administrativas sólo contabilizaron como afiliados a aquellos trabajadores que cumplieron con el requisito mencionado previsto en los estatutos de presentar la solicitud de afiliación por escrito; la organización sindical SITTELECOM, a través de sus distintas seccionales, no presentó los libros de afiliados para efectuar el recuento o, en los casos que se presentaron, las autoridades administrativas constataron que la mayoría de los registrados como afiliados por parte de SITTELECOM no había sido debidamente admitidos por la junta directiva; 4) el hecho de que el empleador efectúe un descuento en concepto de cotización sindical no da la certeza de que esos cotizantes sean afiliados al sindicato dado que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 471 del Código Sustantivo de Trabajo, la convención colectiva puede prever el descuento de cotizaciones a no afiliados que se benefician de la convención colectiva; y 5) la organización sindical SITTELECOM presentó un recurso de apelación ante las autoridades judiciales en relación con el censo.
3. 293 A este respecto, el Comité observa que, según el Gobierno, las autoridades administrativas se ajustaron estrictamente a lo dispuesto en los estatutos de la organización sindical SITTELECOM a efectos de contabilizar los no afiliados de dicho sindicato y que por distintas irregularidades - la falta de presentación por escrito por parte de los trabajadores de la solicitud de afiliarse, la falta de presentación de los libros de afiliados y la falta de aprobación por parte de la junta directiva de las solicitudes de afiliación - se computó un número de 1.779 afiliados que la organización querellante objeta. En estas condiciones, al tiempo que observa que no dispone de elementos que permitan concluir que el Gobierno haya pretendido favorecer a una de las dos organizaciones sindicales existentes en la empresa TELECOM al efectuar el censo en cuestión, el Comité invita a SITTELECOM a que tome medidas para que todas las afiliaciones a este sindicato se ajusten a lo dispuesto en los estatutos y, en caso de que lo haga, pide al Gobierno que lleve a cabo un nuevo censo computando la totalidad de los trabajadores que se hallan registrados efectivamente como afiliados de la organización sindical en cuestión. Por último, el Comité pide al Gobierno que le informe sobre toda evolución que se produzca al respecto y que le comunique una copia de la sentencia relativa al recurso de apelación interpuesto ante las autoridades judiciales por la organización sindical SITTELECOM.

Recomendación del Comité

294. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
- a) el Comité toma nota del informe del representante del Director General, profesor Santiago Pérez del Castillo, sobre la misión efectuada en Colombia del 7 al 11 de octubre de 1996 y desea agradecerle la labor realizada. El Comité agradece al Gobierno, a las autoridades y a los interlocutores sociales la amplia cooperación brindada al representante del Director General a lo largo de la misión. El Comité toma nota con interés de los distintos proyectos de ley que han sido sometidos al Congreso para poner la legislación en conformidad con los Convenios núms. 87 y 98 y para ratificar los Convenios núms. 151 y 144;
- b) el Comité desea expresar su grave preocupación ante alegatos que se refieren en gran parte a la muerte violenta, desaparición y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas. Aunque el Comité toma nota de que el Gobierno ha adoptado una serie de medidas para luchar contra la violencia y lograr terminar con la impunidad, en el informe de misión se indica que el número de víctimas de la violencia es extraordinariamente elevado y los procesos judiciales para esclarecer los hechos se caracterizan por un elevadísimo índice de impunidad;
- c) observando con extrema preocupación el desarrollo que tienen actualmente los grupos paramilitares o de autodefensa en muchos sectores del país, cuyos actos de violencia afectan en primer lugar a los sindicalistas en numerosas regiones del país, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para desarticular a los grupos paramilitares que impiden el normal desarrollo de las actividades sindicales en distintas zonas del país;
  - Caso núm. 1761
- d) al tiempo que expresa la esperanza de que en virtud de las investigaciones judiciales en curso, lo antes posible podrán esclarecerse los hechos, deslindarse responsabilidades y sancionarse a los culpables de los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Rodrigo Rojas Acosta, Alberto Alvarado, Tina Soto Castellanos y Rosario Moreno, Hugo Zapata Restrepo, Guillermo Alonso Benítez Zapata y Marco Julio Martínez Quiceno; así como de las graves heridas sufridas por Carlos Posada durante el allanamiento de la sede sindical Federación Unitaria de Trabajadores de Antioquía (FUTRAN), el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso. Además, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el estado de las investigaciones en curso respecto a los asesinatos de los dirigentes sindicales Sres. Perea Israel y Miguel Camelo Reinaldo, así como sobre el estado de los procesos judiciales que se siguen contra los sindicalistas Sres. Luna, Chaparro y Patiño;
- e) el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de los procesos judiciales que afectan a los siguientes dirigentes sindicales: Ortega García Jorge Luis, se le imputa el delito de rebelión, pero a su vez se está llevando a cabo una investigación judicial por amenazas en su contra; Tovar Arrieta Domingo Rafael, se están llevando a cabo investigaciones judiciales por delitos cometidos contra su persona (secuestro y amenazas); Orozco Nassan Luis Fernando, se está llevando a cabo una investigación judicial por el delito cometido contra su persona (extorsión); y Martínez César, se le imputa el delito de secuestro, pero a su vez se está llevando a cabo una investigación judicial por el delito contra su persona (extorsión). Además, en cuanto a las alegadas detenciones de los dirigentes sindicales Triviño Flavio Quiceno Evelio, Escobas Héctor y Ronancio Germán el 12 de febrero de 1994 en Mesitas, el Comité pide al Gobierno que verifique si estos dirigentes sindicales están efectivamente detenidos, y en caso de que constate que los mismos han sido detenidos por motivo de sus actividades sindicales, tome medidas para que sean liberados de inmediato;
- f) en lo que respecta a los alegatos sobre: 1) la expulsión de su sede sindical de los trabajadores del Sindicato de la Construcción (SINDICONS), el 11 de febrero de 1994 en Cali; 2) la realización de visitas de miembros de la seguridad del Estado a asambleas y sedes sindicales, como por ejemplo al Congreso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción y del Cemento, que tuvo lugar en Bogotá del 9 al 12 de febrero de 1994; y 3) la existencia de grupos paramilitares en la ciudad de Medellín que impiden el normal desarrollo de la actividad sindical, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para velar por que las fuerzas de seguridad del Estado no ingresen en sedes sindicales si no cuentan con el mandato judicial correspondiente;
  - Caso núm. 1787
- g) el Comité pide al Gobierno que le informe sobre el resultado de las investigaciones judiciales que se han iniciado en relación con los siguientes asesinatos y amenazas de muerte contra dirigentes sindicales o sindicalistas: 1) Antonio Moreno (12.08.1995); 2) Manuel Ballesta (13.08.1995); 3) Francisco Mosquera Córdoba (02.1996); 4) Carlos Arroyo de Arco (02.1996); 5) Francisco Antonio Usuga (22.03.1996); 6) Pedro Luis Bermúdez Jaramillo (6.06.1995); 7) Armando Umanes Petro (23.05.1996); 8) William Gustavo Jaimes Torres (28.08.1995); 9) Ernesto Fernandez Pezter; 10) Jaime Eliacer Ojeda; 11) Alfonso Noguera; 12) Alvaro Hoyos Pabón (12.12.95); 13) Libardo Antonio Acevedo (7.7.96) y 14) Jairo Alfonso Gamboa López (amenazado de muerte). Además, el Comité pide al Gobierno que le informe sobre el resultado de la investigación judicial en relación con el atentado a través de explosivos contra la sede del Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción (SINDICONS) en Medellín. Por último, al tiempo que observa que el Gobierno no ha comunicado sus observaciones sobre un número importante de asesinatos, tentativas de homicidio, amenazas de muerte, desapariciones y agresiones físicas contra dirigentes sindicales y sindicalistas, así como allanamientos de sedes sindicales y domicilios de sindicalistas (véase anexo I), el Comité urge al Gobierno a que a la brevedad posible comunique sus observaciones sobre todos los casos mencionados en el anexo I;
- h) en lo que respecta a los alegados despidos antisindicales en la empresa ALFAGRES S.A., el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso;
- i) en cuanto a los alegatos sobre despidos de dirigentes sindicales del Ministerio de Hacienda, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado del resultado de los procesos judiciales en curso relativos a los despidos de los tres miembros de la junta directiva del sindicato;
- j) por último, en relación con los despidos de dirigentes sindicales y trabajadores afiliados al sindicato SINTRATEXTILIA, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre el resultado de los procesos judiciales en curso, tanto en sede penal como laboral;
  - Caso núm. 1896
- k) el Comité invita a la organización sindical SITTELECOM a que tome medidas para que todas las afiliaciones a este sindicato se ajusten a lo dispuesto en los estatutos y, en caso de que lo haga, pide al Gobierno que lleve a cabo un nuevo censo computando la totalidad de los trabajadores que se hallan registrados efectivamente como afiliados de la organización sindical en cuestión. Por último, el Comité pide al Gobierno que le informe sobre toda evolución que se produzca al respecto y que le comunique una copia de la sentencia relativa al recurso de apelación interpuesto ante las autoridades judiciales por la organización sindical SITTELECOM.

Anexo I

Alegatos sobre los que el Gobierno aún no ha comunicado sus
observaciones en
el marco del caso núm. 1787
Asesinatos
1) Hernando Cuadros (presidente de la Unión Sindical
Obrera-USO-seccional
Tibú);
2) Manuel Francisco Giraldo, miembro de la Junta directiva del
Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
(SINTRAINAGRO), el 22 de
marzo de 1955;
3) Artur Moreno, miembro del comité de trabajadores de la
plantación Doña
Francia, municipalidad de Apartadó, el 7 de junio de 1995;
4) 23 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la
Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), el 29 de agosto de
1995;
5) 24 trabajadores de la finca bananera Rancho Amelia,
afiliados al Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria
(SINTRAINAGRO), el 20 de
septiembre de 1995;
6) José Silvio Gómez (coordinador de actividades de
SINTRAINAGRO en
Banafinca), el 22 de marzo de 1996;
7) Alvaro David (miembro del comité obrero de la finca Los
Planes, afiliado a
SINTRAINAGRO), el 22 de marzo de 1996.
Tentativas de homicidio
Sindicalistas Edgar Riaño, Darío Lotero, Luis Hernández y
Monerge Sánchez.
Amenazas de muerte
1) Bertina Calderón (vicepresidenta de la CUT);
2) Daniel Rico (presidente de la Federación de Trabajadores
Petroleros -
FEDEPETROL);
3) Víctor Ramírez (presidente del Sindicato de Transportes -
SINTRASON);
4) los integrantes de la junta directiva de la Federación Sindical
Unitaria
Agropecuaria (FENSUAGRO);
5) Francisco Ramírez Cuéllar (presidente del Sindicato de
Trabajadores de la
Empresa Mineralco, S.A.);
6) Pedro Barón, presidente de la seccional de Tolima de la
Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), por parte de algunos miembros de la
fuerzas de seguridad
desde que participó en una huelga de protesta el 19 de julio de
1995;
7) los miembros de la junta directiva del Sindicato de
Trabajadores de Titán,
S.A., del municipio de Yumbo, han sido amenazados de muerte
por un grupo
paramilitar denominado "Colombia sin guerrilla" (COLSINGUE),
el 26 de octubre
de 1995 y el 17 de mayo de 1996.
Detención allanamiento de domicilio
Luis David Rodríguez Pérez (ex dirigente del Sindicato Nacional
de
Trabajadores de Incora - SINTRADIN).
Allanamiento de sede sindical, intervención de teléfonos,
vigilancia de
sindicalistas
Allanamiento de la sede de la Federación Sindical Unitaria
Agropecuaria
(FENSUAGRO), intervención de los teléfonos de la sede
sindical y de los
afiliados y la vigilancia por personas armadas del presidente de
la
Federación, Sr. Luis Carlos Acero.
Desaparecidos
1) Rodrigo Rodríguez Sierra, presidente del Sindicato de
Trabajadores de
Productores de Aceites (SINTRAPROACEITES), Seccional
Copey, el 16 de febrero
de 1995);
2) Jairo Navarro, sindicalista, el 6 de junio de 1995.
Agresiones físicas y represión policial
1) Represión policial contra trabajadores de las Empresas
Públicas de
Cartagena durante una manifestación pacífica, el 29 de junio de
1995;
2) represión policial contra los trabajadores de las Empresas de
Acueductos y
Teléfonos y campesinos organizados de Tolima que efectuaban
una movilización
el 14 de agosto de 1995. Dicha represión tuvo un saldo de un
muerto, el Sr.
Fernando Lombana, afiliado a la Asociación de Pequeños y
Medianos Agricultores
de Tolima (ASOPEMA), tres heridos de consideración y varios
detenidos
(sindicalistas de las organizaciones que participaron en la
movilización).
Anexo II
Informe sobre la misión a Colombia efectuada del 7 al 11 de
octubre de 1996
por el profesor Santiago Pérez del Castillo
(Partes relativas a los casos en instancia ante el Comité)
Indice
I. Introducción
II. Panorama de las relaciones laborales en Colombia
1. Los actores
2. La violencia en general
3. La violencia antisindical
III. Cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos
(Este capítulo no se reproduce)
1. Disposiciones de la legislación colombiana objetadas
por la Comisión de Expertos
2. Posición de las autoridades gubernamentales
y de los interlocutores sociales
3. Resultados de la misión en el campo legislativo
IV. Proyectos de ley para la ratificación de nuevos convenios
sobre libertad sindical (Este capítulo no se reproduce)
V. Casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical
1. Casos en instancia
2. Problemática de la violencia
3. Informaciones obtenidas
VI. Reflexiones y conclusiones finales
Apéndices: (Los apéndices II, III y IV no se reproducen)
I. Lista de personas entrevistadas
II. Disposiciones legislativas objetadas por la Comisión
de Expertos
III. Textos de proyectos legislativos
IV. Observaciones sobre los casos en instancia ante
el Comité de Libertad Sindical entregadas a la misión
I. Introducción
En su reunión de diciembre de 1995, la Comisión de Expertos en
Aplicación de
Convenios y Recomendaciones formuló una observación sobre
la aplicación del
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949
(núm. 98) por Colombia y solicitó al Gobierno que tomara
medidas para poner en
conformidad su legislación con el Convenio.
Durante la discusión de este caso en la Comisión de Aplicación
de Normas de la
Conferencia en junio de 1996, el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Sr.
Orlando Obregón Sabogal, invitó a la OIT a que realizara una
misión en su país
con el fin de promover los derechos sindicales y el diálogo
social. En este
sentido, la Comisión formuló la siguiente conclusión:
"La Comisión tomó nota de las informaciones escritas y orales
facilitadas por
el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, así como del debate
que había
tenido lugar después. La Comisión recordó que la Comisión de
Expertos insistía
en que el Gobierno tomara medidas para levantar la prohibición
de concluir
convenios colectivos a los empleados públicos que no trabajan
en la
administración del Estado. La Comisión observó con
preocupación que seguían
todavía en instancia ante el Comité de Libertad Sindical
numerosas quejas de
gran gravedad. La Comisión tomó nota de que se presentaría
en la próxima
sesión legislativa un proyecto de ley que era resultado de un
acuerdo
tripartito. La Comisión tomó nota igualmente de que el Gobierno
había invitado
a una misión de la OIT a fin de promover los derechos sindicales
y el diálogo
social. La Comisión expresó la esperanza de que, en este
contexto, la próxima
memoria del Gobierno daría cuenta de progresos sustanciales a
nivel de
legislación y de la práctica en lo que respecta a la aplicación del
Convenio."
Asimismo, el Gobierno decidió extender el mandato de la misión
a: 1) las
cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y
Recomendaciones en el marco del examen de la aplicación por
parte de Colombia
del Convenio núm. 87; y 2) las quejas presentadas por diversas
organizaciones
sindicales ante el Comité de Libertad Sindical del Consejo de
Administración.
De este modo, el mandato de la misión cubrió tanto las
cuestiones planteadas
por la Comisión de Expertos en relación con el Convenio sobre
la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm.
87) y el
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949
(núm. 98), como los casos en instancia ante el Comité de
Libertad Sindical
(casos núms. 1761, 1787 y 1896).
El Director General de la OIT me designó como su
representante para llevar a
cabo esta misión, que se realizó del 7 al 11 de octubre de 1996.
En el
transcurso de la misión me acompañaron el Sr. Horacio Guido,
funcionario del
Servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas
Internacionales del
Trabajo y el Sr. Luis Zamudio, Especialista en Normas
Internacionales del
Trabajo del Equipo Técnico Multidisciplinario con sede en Lima,
Perú.
Durante la misión fuimos recibidos por el Excmo. Sr. Orlando
Obregón Sabogal,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social y altos funcionarios de
ese Ministerio;
el Sr. Alfonso Valdivieso, Fiscal General de la Nación; la Sra.
Graciela Uribe
de Lozano, Directora General de Asuntos Especiales del
Ministerio de
Relaciones Exteriores; el Sr. Luis Eduardo Montoya Medina,
Procurador General
de la Nación; el Sr. Carlos Gaviria Díaz, Presidente de la Corte
Constitucional; los miembros de la Sala de Casación Laboral de
la Corte
Suprema de Justicia; el Sr. José Fernando Castro, Defensor del
Pueblo; la
Unidad Nacional de Derechos Humanos; el Sr. Edgar González
Salas, Director del
Departamento Administrativo de la Función Pública; el Sr. Carlos
Medellín
Becerra, Ministro de Justicia y del Derecho; la Comisión
Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y Laborales; el Señor
Carlos del
Castillo, Representante Residente del Programa de Naciones
Unidas para el
Desarrollo (PNUD); representantes de la Central Unitaria de
Trabajadores
(CUT); la Confederación General de Trabajadores Democráticos
(CGTD); la
Central de Trabajadores de Colombia (CTC); la Federación
Nacional de
Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE); la
Federación Nacional
Unitaria de Trabajadores Empleados y Profesionales al Servicio
del Estado y de
los Servicios Públicos (FUTEC); la Federación Nacional Sindical
Unitaria
Agropecuaria (FENSUAGRO); la Asociación Nacional de
Industriales (ANDI); la
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO); y la
Asociación Colombiana de
Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI). La lista de todos los
entrevistados
figura al final de este informe (apéndice I).
En todas las entrevistas, la misión ha puesto especial interés en
explicar el
sentido de su presencia y los objetivos de la misión que se les
había
encomendado y que consistían en explicar y aclarar los
comentarios de la
Comisión de Expertos y explorar posibles soluciones a los
problemas en
presencia, así como recabar el mayor número de informaciones
posibles en
relación con los casos en instancia ante el Comité de Libertad
Sindical.
Deseo dejar constancia de que hemos recibido todas las
facilidades por parte
de las autoridades para el cumplimiento de la misión y un
altísimo nivel de
colaboración, por lo cual les estoy sumamente agradecido.
También agradezco a
todas las personas entrevistadas por las informaciones que nos
han
proporcionado.
II. Panorama de las relaciones laborales en Colombia
1. Los actores
Desde su nombramiento en enero de 1996, el Ministro de
Trabajo, Sr. Orlando
Obregón Sabogal, destacado ex dirigente sindical, concita un
alto grado de
respeto y credibilidad por parte de las distintas representaciones
profesionales con los cuales la misión pudo tomar contacto y
que en general
destacaron su personalidad serena y propicia al diálogo y al
entendimiento.
En la política que se ha trazado destacan los esfuerzos para
acercar a los
interlocutores sociales y ocupa un lugar primordial la
concertación social
formalizada que, según pudo apreciar la misión, es considerada
en el ambiente
del sistema de relaciones laborales colombiano como
instrumento idóneo para la
comprensión recíproca entre empleadores y trabajadores
organizados.
La Constitución de 1991, que fue el resultado de un esfuerzo
por pacificar el
país con el establecimiento de un nuevo pacto político, señala
que "una
comisión permanente integrada por el Gobierno, por
representantes de los
empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas
relaciones laborales,
contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y
concertará
las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su
composición y
funcionamiento" (artículo 56 inciso tercero) (Nota 1).
La actual administración aprobó una ley que desarrolla esa
norma que había
sido inspirada en su redacción por uno de los principales
asesores del actual
Ministro de Trabajo.
La "ley de concertación de políticas salariales y laborales", que
desarrolla
ese mandato constitucional, fue aprobada en este año y lleva el
número 278 de
1996.
En esta misma dirección política se inscribe el proyecto "Nueva
cultura de las
relaciones laborales" (Nota 2). La mencionada ley se considera
un resultado
principal de este proyecto así como el acuerdo tripartito de la ley
sobre
negociación colectiva para el sector público. Un punto aparte
corresponde al
programa televisivo "Chóquelas", promovido por las
autoridades, a través del
cual se divulga la importancia de una ética y de una nueva
cultura que, sin
desconocer la diferencia o el conflicto, dé prioridad al diálogo y
al
entendimiento. En las condiciones particulares de Colombia
estos valores están
muy relacionados con el desarrollo de una cultura para la paz.
Dentro de las autoridades estatales merece una mención
especial la Fiscalía
General de la Nación. La misión tuvo dos entrevistas con el
Fiscal General,
Dr. Alfonso Valdivieso, quien expuso los esfuerzos para combatir
la impunidad
de los crímenes que contribuyen a la grave situación de
violencia que impera
en el país, en especial los que afectan a los derechos humanos
fundamentales.
Consideró que la visita de la misión era especialmente oportuna
y expresó su
disposición a colaborar ampliamente en los objetivos.
Dentro de la Fiscalía, una repartición encargada de la policía
judicial, es el
cuerpo técnico de investigaciones con unos 4.000 funcionarios.
Tiene relevancia también en la investigación de los delitos y en
general con
funciones policiales, el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), con
dependencia directa de la Presidencia de la República.
Debe mencionarse además a la Defensoría del Pueblo que
hace parte del
Ministerio Público, y es un órgano de control que, por mandato
del artículo
118 de la Constitución, tiene a su cargo "la guarda y promoción
de los
derechos humanos, la protección del interés público y la
vigilancia de la
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas".
El control que
para velar por la promoción y el ejercicio de los derechos
humanos cumple la
Defensoría del Pueblo sólo recae, por voluntad del
constituyente y del
legislador, sobre las acciones y omisiones de un grupo concreto
de
colombianos: el compuesto por los servidores públicos (Nota 3).
En lo que respecta a las organizaciones de trabajadores, cabe
destacar que en
un total de 11 millones de trabajadores, el porcentaje de
sindicalizados se
sitúa en torno al 7 por ciento, según nos informaron en una de
las tres
grandes entidades que los agrupan; en otra de ellas situaron la
cifra en el
entorno del 10 por ciento.
La central más numerosa y castigada por actos de violencia ha
sido la CUT.
Nuclea a un 53 por ciento de los trabajadores estatales
(SINALTRASE) dentro de
la cual tiene un peso considerable la organización de los
docentes. Una
fracción importante de la CUT está afiliada a la CIOSL.
Durante la misión aparecieron en la prensa datos sobre las
elecciones en esta
Central a la cual se presentaron 21 listas. Según fuentes
periodísticas, el
número de afiliados a la misma habilitados para votar ascendía
a 287.000 (Nota
4). En su entrevista con la misión, los dirigentes se atribuyeron
un número
aproximado de 400.000 afiliados.
Otra central sindical de relevancia es la CGTD, con afiliación
internacional a
la CMT. Es el resultado de la fusión de la Confederación de
Trabajadores
Demócratas que se fundó en 1988, con la CGT. Esta Central no
ha firmado el
Pacto Social de 1995 y afirma que se han opuesto abiertamente
al esquema
neoliberal de los Presidentes Gaviria y Samper. Participa, en
cambio, de la
Concertación Social del artículo 56 de la Constitución. Se
consideran la
primera central del sector privado atribuyéndose un número de
380.000
trabajadores afiliados.
Además de las dos anteriores, existe una tercera central: la
CTC, vinculada a
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres.
En cuanto a las organizaciones de empleadores destacan la
Asociación Nacional
de Industria (ANDI), afiliada a la Organización Internacional de
Empleadores y
más representativa, y la Federación Nacional de Comerciantes
(FENALCO). Ambas
son integrantes de la Comisión de Concertación Social. En el
sector industrial
existe también una organización que nuclea a la mediana y
pequeña industria:
la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas
(ACOPI).
La FENALCO es una entidad de implantación nacional que
comprende desde el
pequeño comerciante de pueblo hasta las grandes cadenas de
supermercados.
Según informaron sus representantes, en las empresas afiliadas
no existe
prácticamente sindicalización de trabajadores por el pequeño
tamaño o por el
estilo de relaciones laborales que llevan.
2. La violencia en general
Uno de los objetivos de la misión era recabar datos para los
diversos casos a
instancia en el Comité de Libertad Sindical que versan sobre
violaciones
gravísimas de derechos humanos como asesinatos, masacres,
torturas,
desapariciones forzosas, etc. Se trata de ejemplos que, según
se pudo
comprobar, no son manifestaciones recientes ni situaciones
aisladas, como por
otra parte lo muestra un somero examen de la jurisprudencia de
ese órgano de
control.
La misión procuró comprender las causas y conocer algunas
manifestaciones.
Buena parte del territorio de Colombia está escasamente
poblado. Un 50 por
ciento del país, la zona del oriente, está habitado sólo por un
millón de
habitantes frente a los 35 millones que ocupan el resto.
En la vastedad de su inmenso territorio, la violencia es un
fenómeno que se
arrastra desde hace 45 años y que se ve favorecido por lo que,
según dijo una
persona que ocupa un alto cargo en el Gobierno, es una
presencia distendida de
la autoridad estatal en algunas regiones del país. Frente a los
actos de
violencia - a veces de una crueldad inusitada - existe un
elevadísimo número
de casos sin esclarecer y, aunque se está luchando contra esa
situación, se
comprende que la misma impunidad significa un incentivo
adicional para la
reiteración de los crímenes y las violaciones de derechos
humanos. Se están
robusteciendo los mecanismos de investigación y condena de
actos delictivos,
pero los esfuerzos no parecen terminar de dar frutos y, según
algunas
autoridades, no parece claro que el panorama de violencia
mejore en un futuro
próximo.
En un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en 1996
(Nota 5), se cita
a la Comisión Colombiana de Juristas, según la cual el país
"registra desde
hace más de cinco años la tasa de homicidios más alta del
mundo: entre 1988 y
1995 ha mantenido un promedio de 76 homicidios por cada
100.000 habitantes".
Esta tasa es realmente escandalosa en la región de Urabá,
donde llega a 256
homicidios por cada 100.000 personas. Es más, en algunas
poblaciones de la
zona, la tasa produce escalofríos: asciende a 578 homicidios en
Carepa, a 487
en Chigorodó, a 385 en Apartadó y a 354 en Turbo. Pocas
ciudades en el mundo
alcanzan ese deshonroso récord de criminalidad.
Todas estas inquietantes cifras - añade el anterior Defensor del
Pueblo, Jaime
Córdoba Triviño -, muestran que a pesar de la nueva
Constitución puesta en
vigor desde 1991, todavía no hay en Colombia un verdadero
compromiso con los
principios fundamentales plasmados en ella. También muestran
esas cifras que
el Estado colombiano incumple, por acción u omisión, los
tratados
internacionales de derechos humanos. Colombia continúa
siendo una de las
democracias más violentas del mundo, y tiene - en materia de
derechos humanos
y de derecho humanitario - la situación más grave del
continente.
"Nadie puede con honradez afirmar que en Colombia el Estado
es por completo
ajeno a la violencia. Todavía hay en la fuerza pública quienes
asumen
conductas ilegales y arbitrarias en el marco de actividades
militares y
policiales. Todavía miles de colombianos siguen aterrorizados
por la acción de
grupos paramilitares que actúan con plena libertad en zonas
militarmente
controladas. Todavía se asesina, se tortura y se hace
desaparecer en el
desarrollo de la represión y del conflicto bélico."
"Muchas de las conductas vulneratorias o amenazadoras de los
derechos humanos
que asumieron durante 1995 agentes del Estado colombiano
constituían, a la
vez, infracciones del derecho internacional humanitario. El
Defensor del
Pueblo se refiere a las acciones y omisiones con las cuales
quienes participan
directamente en las hostilidades - los combatientes - incumplen
los deberes o
quebrantan las prohibiciones que les han impuesto el artículo 3,
común a los
convenios de Ginebra y del Protocolo II adicional. El sujeto
activo de una
infracción del derecho internacional humanitario puede ser
cualquiera de las
personas que, dentro de un conflicto armado combaten a favor
de una u otra
parte contendiente. Las infracciones graves de la normativa
humanitaria se
denominan hoy, en la jurisprudencia y en la doctrina
internacionales, crímenes
de guerra".
"Asimismo, en 1995 continuaron las infracciones graves del
derecho
internacional humanitario por parte de los miembros de grupos
guerrilleros.
Tales infracciones se materializaron especialmente en los
secuestros - toma de
rehenes -, los homicidios en personas acusadas de ser
colaboradores de la
fuerza pública y en la utilización irresponsable de las llamadas
minas
quiebrapatas', que afectan a la población civil. Sobre estas
actuaciones
criminales de la guerrilla se pronunció también el Defensor del
Pueblo en
septiembre de 1995."
En un estudio encargado por el Programa de las Naciones
Unidas para el
Desarrollo se puede leer que "la intensidad y el mix' peculiar de
las
violencias no han sido iguales de una región a otra o de un
período al
siguiente. El siglo pasado fue de caudillos y peones mal
armados que combatían
en el Cauca, en Santander y a lo largo del río Magdalena. La
violencia de los
treinta se quedó en el altiplano y la violencia' pasó por el llano
para
instalarse a gusto en la medio guerrilla, medio bandolerismo
criminal de la
zona cafetera. Las FARC nacieron como autodefensas
campesinas' en el Dur de
Tolima y se regaron por prácticamente todas las zonas de
colonización; el ELN
pasó de Santander a las regiones petrolíferas, el EPL se ubicó
en tierras de
la baja Costa, el Quintín Lame se afincó en el Cauca, el M19 le
apostó al
Valle del Cauca e intentó ser una guerrilla urbana, al igual que
otra serie de
comandos y disidencias de los años ochenta. El paramilitarismo
comenzó en
zonas de latifundio y creció con la velocidad cancerosa de la
narco-reforma
agraria, en el Magdalena medio, el piedemonte llanero o las
llanuras costeñas.
Medellín sufrió la narcoguerra de Escobar, Cali ha padecido de
traqueteos' y
de escuadrones de limpieza social', Bogotá es proverbial por sus
altas tasas
de criminalidad callejera y organizada, Boyacás ha muerto varias
veces de
fiebre verde', el César es campeón del secuestro, Urabá se
sigue desangrando
en un enredo multilateral".
"Una violencia así de sostenida en el tiempo y así de regada en
el espacio
debe tener raíces hondas y extendidas dentro de la sociedad
que la padece.
Pero una violencia así de fluctuante y así de diversificada
según la época y
según el área geográfica, tiene también que responder a
factores mutantes y
diferenciados en el tiempo y en el espacio. La violencia
colombiana es una y
múltiple, es violencia y son violencias. Por ende, los factores o
causas' de
la violencia son únicos y a la vez múltiples, igual que son únicas
y también
son múltiples las terapias necesarias para eliminarla."
Este texto resume perfectamente lo que hemos podido escuchar
en las diferentes
entrevistas acerca del origen de la violencia: se han ensayado
diversas
clasificaciones al respecto pero lo que más se destaca respecto
de otros
países es la acción importante de grupos privados organizados,
muchas veces
sin motivos ideológicos subyacentes e incluso sin otros móviles
específicos
que la obtención de dinero por la realización de los crímenes. El
paramilitarismo no está asociado necesariamente a fuerzas de
seguridad del
Estado y lo que parece reiterado en las entrevistas, es la
actuación de bandas
armadas de diferente especie y en diferentes sentidos (Nota 6).
El representante de una entidad patronal afirmó que la violencia
golpea en
todos lados y muchas veces es difícil decir de dónde proviene.
Agregó que
buena parte de los conflictos en Colombia se resuelven
normalmente por las
vías de hecho. El estribo de la justicia está roto. A pesar de que
el Gobierno
ha hecho esfuerzos, la lentitud hace que la gente no espere y
se pierda
tolerancia.
Según este dirigente patronal, la violencia liberal conservadora
de los años
cincuenta se tradujo en la década de los sesenta en violencia
de filosofía
marxista, que en los últimos años, se ha transformado a veces
en
narcosubversiva, enfrentada a grupos paramilitares, algunos
también vinculados
al narcotráfico. En este contexto, los empleadores, grandes
empresarios,
tienen altos niveles de protección al cual destinan importantes
recursos:
seguridad, inteligencia y control.
En los mismos días en que transcurría la misión, un dirigente del
empresariado
agrícola (Nota 7) denunció que "en el campo colombiano
mandan los guerrilleros
y los narcotraficantes, que se han asociado y que dominan
buena parte del país
en base al terror. Aseguró que sólo por la producción de drogas
esa asociación
recauda anualmente siete millones de dólares, más lo que
recaudan por
secuestros, hurtos y abigeatos. Dijo, además, que en lo que va
de 1996, son
491 los ganaderos secuestrados y 47 los productores líderes de
agremiaciones o
cooperativas asesinados. Según esta persona, en los primeros
nueve meses de
este año, los secuestradores llevan recaudados más de 242
millones de dólares
por sus operaciones sólo contra los empresarios del campo.
Aseguró son 35.000
los productores afectados que pagan aproximadamente dos
millones y medio de
dólares anuales entre vacunas' - tal como definió el pago de
una extorsión
mensual a las bandas que asolan el campo - y el pago que los
dueños de la
tierra abonan a empleados para que vayan, una vez cada 30
días, a ver en qué
situación se encuentran sus posesiones".
3. La violencia antisindical
Como se advierte, fácilmente son detectables diferentes
orígenes y diferentes
sujetos pasivos de la violencia. El movimiento sindical ha sido
agresivamente
atacado en una lista casi interminable y siempre abierta. Existen
incluso
quienes sostienen que detrás de ello hay un concierto previo
para
exterminarlo. Sea como sea y, de acuerdo al mandato de
nuestra misión, cabe
subrayar que resulta imponente la violencia contra personas que
revisten la
calidad de dirigentes sindicales o que son objeto de atentados a
su integridad
física y su libertad personal por el mero hecho de ejercer una
actividad
sindical.
En este caso, además, el problema se agrava porque no
siempre es claro si la
calidad de sindicalista y la actividad como tal de la víctima es lo
que ha
sido tenido en cuenta por quienes cometieron el crimen. Se
mencionaron a la
misión casos de auxiliadores de la guerrilla o de violencia por
motivos
privados. Sea como sea, la situación desemboca en un
formidable obstáculo al
normal ejercicio de la actividad sindical y genera un poderoso
desestímulo que
se agrega a la discriminación que, según se pudo apreciar, trae
consigo el
desarrollo de una actividad de esta índole.
Como un ejemplo más, el día 10 de octubre de 1996, durante la
estancia de la
misión en Colombia, se asesinó en Barrancabermeja a un líder
sindical
petrolero militante de la USO. En repudio del hecho, los
trabajadores de la
empresa estatal Ecopetrol hicieron paro de actividades por 36
horas (Nota 8).
La misión sugirió a la Fiscalía General de la Nación que
dispusiera la
actuación de la Unidad Especial de Derechos Humanos para el
esclarecimiento
del asesinato. Impedir la impunidad de este tipo de crímenes
contribuirá a
disminuir la violencia antisindical.
La protección de los valores específicos - el normal ejercicio de
la actividad
sindical y el fomento de la participación en las organizaciones
profesionales
-, mejoraría sensiblemente de tomarse conocimiento por la
opinión pública que
la Fiscalía está interviniendo de manera especial en atentados o
asesinatos
contra sindicalistas (Nota 9). Hasta el momento no parece que
la violencia
contra el sindicalismo se haya tenido en cuenta de manera
especial en el marco
de la lucha general contra todo tipo de violencia.
La misión enviada por la OIT ha encontrado una notable
presencia de otras
ramas del sistema de las Naciones Unidas y de otras entidades
internacionales
en la colaboración para luchar contra este gravísimo problema
de la violencia
en Colombia. En este contexto, y procurando efectuar una
contribución
apropiada en los términos del mandato internacional de la OIT,
se puso énfasis
en la cuestión bajo la perspectiva de las relaciones laborales y
de las normas
internacionales de trabajo sobre libertad sindical, colocando a la
Oficina
junto a las demás agencias especializadas del sistema.
III. Cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos
(Este capítulo no se reproduce)
...
IV. Proyectos de ley para la ratificación de nuevos convenios
sobre libertad
sindical
(Este capítulo no se reproduce)
...
V. Casos en instancia ante el Comité de Libertad Sindical
1. Casos en instancia
(véanse en apéndice IV y en forma exhaustiva los alegatos
pendientes)
- Caso núm. 1761. Queja presentada por la Central
Latinoamericana de
Trabajadores y por la Federación Sindical Mundial. Los alegatos
se refieren a
asesinatos, detenciones y otros actos de violencia contra
dirigentes
sindicales y sindicalistas.
- Caso núm. 1787. Queja presentada por la Confederación
Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres. Los alegatos se refieren a
asesinatos,
desapariciones, amenazas de muerte y otros actos de violencia
contra
dirigentes sindicales y sindicalistas.
- Caso núm. 1896. Queja presentada por la Central
Latinoamericana de
Trabajadores. Los alegatos se refieren a la denegatoria de
reconocimiento de
la representatividad de una organización sindical.
2. Problemática de la violencia (causas, impunidad,
paramilitares,
narcotráfico, lentitud de la justicia, medidas de protección en
caso de
amenazas de muerte contra sindicalistas)
Antes de referirme a las informaciones específicas recibidas con
respecto a
los distintos alegatos de las quejas en instancia ante el Comité,
me ha
parecido conveniente presentar una síntesis de los numerosos
comentarios
formulados a la misión por las personas entrevistadas, que giran
en torno a
los alegatos más graves y que proporcionan una idea sobre el
trasfondo de las
quejas. Estos comentarios, que incluyen datos importantes
sobre la situación
general del país, y en particular sobre la situación de las
organizaciones de
trabajadores y de empleadores en el marco de violencia actual,
corresponden
íntegramente a los entrevistados y me he preocupado por
reflejarlos con la
mayor fidelidad posible. Asimismo, las autoridades del Ministerio
de Trabajo
pusieron de relieve la amenaza reciente por parte de la guerrilla
de un paro
armado en la ciudad de Bogotá aprovechando la posibilidad de
que los
trabajadores del sector de la educación pensaban llevar a cabo
una huelga con
movilización. También creo útil señalar que si bien la misión ha
escuchado de
los distintos interlocutores cifras sobre los actos de violencia
cometidos en
el país durante el año 1995, las mismas no coinciden en todos
los casos, pero
sitúan el número de asesinatos entre 25.000 y 30.000, sin
contar otro tipo de
agresiones.
Autoridades gubernamentales
Según el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, existe un clima
de violencia
agudo. Algunos sectores de la sociedad consideran que el
mismo debe eliminarse
a través de la fuerza y otros buscan la solución por medio del
diálogo y el
entendimiento. La guerrilla de Colombia es una de las más
fuertes y
consolidadas del mundo con más de 40 años de acción. Existen
grupos que apoyan
a la guerrilla ideológicamente y otros que la auxilian de diversas
maneras.
Como reacción ante la violencia guerrillera han surgido grupos
paramilitares,
que son organizaciones privadas que no combaten solo a la
guerrilla sino
también a los que consideran como auxiliadores de la guerrilla.
Según el señor
Ministro, en Colombia hay más de 30.000 asesinatos por año.
Cuando hay
alegatos sobre detenciones de dirigentes sindicales se envían
oficios a la
Fiscalía solicitando prelación y se da la posibilidad de la
presencia del
Procurador y el Defensor del Pueblo para garantizar procesos
claros. Si de la
investigación surge que los dirigentes sindicales son guerrilleros,
ello lo
define la justicia sin injerencia del Ministerio de Trabajo. Existen
reuniones
entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Defensa para
concientizar de
que al luchador social no se lo puede comparar con un
guerrillero. El ejército
cuenta con una comisión de derechos humanos que invita a los
dirigentes
sindicales para exponer su pensamiento sobre la violencia. Ante
un
allanamiento de una sede sindical por el ejército en Tolima, el
Ministerio
pidió informaciones y le informaron que se había llevado a cabo
por
actividades subversivas. Se insiste en tener en cuenta el
carácter de luchador
social del sindicalista. Hay casos de dirigentes sindicales
detenidos, pero no
por su actividad sindical sino porque se los vincula con la
realización de
actividades ilícitas. No hay una disminución de la tasa de
afiliación sindical
como causa de la violencia. El Ministerio intenta que se
reconozca la
importancia del dirigente sindical y se eleve el status del
movimiento
sindical.
Según el Fiscal Nacional, las causas de la violencia
generalizada en el país
son la actuación de la guerrilla desde hace más de 40 años, el
narcotráfico,
los paramilitares y la delincuencia común. A los sindicalistas de
orientación
política de derecha los asesina la guerrilla y a los de izquierda
los
paramilitares. Ante la pregunta de si hay violencia contra
sindicalistas en
razón de sus actividades o carácter sindical, respondió que sí,
que había
violencia de este tipo y que era una hipótesis muy probable,
porque las
asociaciones sindicales han estado politizadas. En Urabá las
fuerzas políticas
se mezclan con las organizaciones sindicales. Ante la pregunta
de si hay
detenidos dirigentes sindicales por su condición, dijo que no
específicamente
por eso, sino por su militancia subversiva. Indicó que, por
ejemplo,
sindicalistas de la USO han sido detenidos por estar vinculados
con delitos de
secuestro, etc. Ante la pregunta sobre la posibilidad de brindar
protección a
los sindicalistas amenazados, manifestó que ello es casi
imposible, pero que
existe un programa de protección de víctimas y testigos. Indicó
que es cierto
que existe lentitud en los procesos como consecuencia de la
congestión y de
mecanismos y procedimientos anacrónicos. Además, manifestó
que la delincuencia
es creciente y la impunidad total, y que ello anima a los
delincuentes.
Finalmente, el Fiscal de la Nación indicó que se creará un mayor
nexo con el
Ministerio de Trabajo para poder hacer un seguimiento más
directo de todos los
casos de dirigentes sindicales y sindicalistas asesinados o
agredidos.
La misión visitó la Unidad Nacional de Derechos Humanos
(creada en 1996). Allí
fue recibida por un Fiscal Regional ("sin rostro" es decir, sin que
su
condición de fiscal sea conocida) que indicó que el objetivo
principal de esta
unidad es superar la impunidad. Este Fiscal manifestó que la
repartición se
ocupa de todos los casos difíciles de manejar en el terreno,
concretamente por
actos de violencia contra los fiscales. El mandato de la unidad
cubre, entre
otros, los casos donde los agentes del Estado (miembros de las
fuerzas de
seguridad) se encuentran vinculados, o casos de acción de
paramilitares con la
aquiescencia de las fuerzas de seguridad, o casos en que los
autores de los
actos violentos son los grupos subversivos. En cuanto a la
violencia contra
sindicalistas, existe una multiplicidad de actos violentos que ha
generado
distintos tipos de violencia en cada región, con una
caracterización especial.
En alguna región existen agentes del Estado (fuerzas de
seguridad), que en
colaboración con terratenientes, llevan a cabo una política para
liquidar la
subversión. La competencia de los fiscales "sin rostro" se
extiende a delitos
vinculados con el terrorismo, el narcotráfico importante, la
rebelión, o los
secuestros. También actúan en virtud de la condición de
dirigente sindical del
sujeto pasivo del delito: por ejemplo los homicidios son
competencia de los
fiscales seccionales, pero si de los elementos de prueba surge
que la víctima
es un dirigente sindical, y se presume que la causa de su muerte
es su
actividad sindical, pasa al Fiscal Regional ("sin rostro"). Según
el Fiscal
"sin rostro" entrevistado, hay dos teorías de la violencia contra
sindicalistas: 1) la violencia contra los sindicalistas se da por su
condición
de tales, por parte de paramilitares, con una dinámica general
de destrucción
de las organizaciones sindicales; y 2) los actos de violencia
contra
sindicalistas son casos aislados y no de represión generalizada.
La Unidad
tiene también conocimiento de la existencia de actos de
agentes del Estado
(fuerzas de seguridad) que violan los derechos humanos. Indicó
que en no pocas
situaciones existe también un problema de colisión de
competencias entre la
justicia ordinaria y la penal militar.
Según las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y
un Asesor de
la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, las
causas de la
violencia en Colombia son muy difíciles de determinar y es muy
complicado
efectuar distinciones de su proveniencia por el número de
sujetos activos
(paramilitares, delincuentes comunes, narcotráfico, guerrilla).
Indicaron que
existe la voluntad de avanzar y solucionar los problemas sobre
derechos
humanos, pero que existen dificultades para lograr terminar con
la impunidad y
que no se ha podido encontrar una solución al problema de la
guerrilla y de
los narcotraficantes. Concretamente, manifestaron en relación
con los
sindicalistas que sufren actos de violencia, que la Consejería,
en su área,
recibe denuncias pero que existen problemas por la precaria
información del
denunciante, y porque cuando se solicitan mejores datos
cualquier retraso
puede hacer que se pierda la prueba. Cuando hay casos de
sindicalistas
detenidos, la Consejería se esfuerza por que se respeten las
garantías
procesales. Muchos de los denunciados son acusados de
rebelión o de ejecutar
actos terroristas. Informaron que la Consejería lleva a cabo
distintas labores
para contribuir a esclarecer los casos en los que han sido
víctimas miembros
del movimiento sindical. Concretamente se refirieron a: 1) la
inclusión en el
proyecto de red nacional de comunicaciones de derechos
humanos de los casos
que afectan al sector sindicalizado de trabajadores. El objetivo
principal de
este proyecto de red de comunicación es desarrollar un sistema
nacional de
datos que permita contar con un panorama completo de las
dinámicas de
violencia que se generan en el país, su evolución, sectores
afectados, etc.
Añadieron que existe el problema de la determinación de la
calidad de
sindicalista de la víctima, así como el de la relación del hecho
violatorio
con esa calidad, pues las fuentes del sector poseen en muchos
casos una
información mínima, lo que implica un largo proceso de
decantamiento con otros
hechos similares, a fin de establecer si existe o no investigación
por los
hechos; 2) el mecanismo de impulso de casos, que cuenta con
dos tipos de
actividades: a) las solicitudes de actualización a las autoridades
que
adelantan las investigaciones correspondientes o solicitudes
para que éstas se
inicien en los casos en que no se han denunciado los hechos
ante la autoridad
competente; y b) la selección, previa concertación con las
centrales obreras,
de un grupo mínimo de casos, a fin de que sean objeto de
conocimiento de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos. Por otra parte,
informaron que se
sancionó el 5 de julio de 1996 la ley núm. 288 por medio de la
cual se pagarán
las indemnizaciones por violaciones a los derechos humanos tal
como han
dispuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
el Comité de
Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.
Además, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
indicó que en lo
que respecta a las amenazas y protección a los amenazados, el
tema constituye
un punto central de la problemática de todos los sectores
afectados por la
situación de violencia en el país y que los requerimientos en
este sentido
exceden la capacidad del Estado. Se apoyan solicitudes de
acciones
humanitarias de carácter urgente, en lo que se refiere al traslado
a
diferentes zonas del país o a otras naciones, de las personas
sobre las que
pesa una amenaza inminente para su integridad física. También
se solicita que
se adelanten las denuncias relativas a amenazas ante los
organismos
competentes y adicionalmente se realizan requerimientos al
Departamento
Administrativo de Seguridad y a la Policía Nacional, quienes
evalúan el grado
de peligro de la persona y la posibilidad de la entidad de ofrecer
servicios
de seguridad personal, pero es tan enorme la demanda de
protección en el país,
que por ello se está pensando en mecanismos alternos para
aumentar la oferta
de tales servicios. Así, cuando se trata de víctimas y testigos de
hechos
criminales, dicho programa de protección está a cargo de la
Fiscalía General
de la Nación, y dentro de las alternativas que se han empezado
a desarrollar
se encuentra la creación, en la estructura del Ministerio del
Interior, de la
Unidad Administrativa Especial de Derechos Humanos que
contará con un área
especial destinada a la protección de las personas
amenazadas. Se espera que a
comienzos del año entrante se haya materializado el
funcionamiento de dicha
unidad.
El Procurador General de la Nación señaló que existen vestigios
de una época
donde los conflictos laborales se reprimían a balazos. Informó
que la
Procuraduría toma medidas contra los actos de violencia en los
que hayan
participado fuerzas de seguridad, y que es posible que las
fuerzas de
seguridad participen en acciones contra sindicalistas, porque
históricamente
se identificó al sindicalista como un subversivo. Reiteró que de
todas formas
esta actitud está cambiando.
Según el Defensor del Pueblo, las causas de la violencia en
general son las
siguientes: la injusticia social, la marginalidad (hay diez millones
de
personas de estrato 1), las promesas de los gobernantes no
atendidas en
materia de salud, estudio o trabajo; la guerrilla de más de 40
años, que si
bien no podrá ganar la guerra se ha apoderado de municipios; el
narcotráfico a
través de varias formas (ejércitos de seguridad para protección
de los capos;
algunos sectores de la guerrilla se asocian al narcotráfico para
obtener
financiación); los paramilitares, que imponen justicia privada
desde hace
años; y las fuerzas de seguridad que en algunas ocasiones se
extralimitan en
sus funciones. En cuanto a violencia contra dirigentes y
sindicalistas no cree
que sea organizada contra ellos, ni que exista una política del
Estado contra
sindicalistas; las muertes de sindicalistas son casos aislados.
Cada vez hay
más violencia y la guerrilla es más fuerte y ocupa municipios.
También ha
crecido la delincuencia común en las ciudades. En algunos
sectores se habla de
vínculos entre el movimiento sindical y la guerrilla por una parte,
y
militares y paramilitares por la otra. En lo sindical se ha
evolucionado y hay
cierta tolerancia hacia los sindicatos.
El señor Ministro de Justicia y del Derecho manifestó que se
está llevando a
cabo una gran labor de difusión del trabajo de las
organizaciones
internacionales y de la importancia del respeto de los derechos
humanos. Añade
que se creó un comité ministerial para examinar casos antiguos
sobre
violaciones de los derechos humanos que examina la veracidad
de los alegatos,
y si en los mismos se comprueba la responsabilidad del Estado,
éste deberá
pagar una indemnización. Este Comité ya se reunió, y de 17
casos examinados en
15 de ellos el Gobierno dispuso el pago de indemnizaciones.
También hizo
hincapié en el hecho de que este comité no resolverá el
problema de la
violación de los derechos humanos, pero que sí implica un
reconocimiento de la
violación de los derechos humanos en ciertos casos por parte
de las fuerzas de
seguridad del Estado, el respeto por los organismos
internacionales y el
desarrollo de un cambio de conducta y sensibilidad. En cuanto
a la cuestión de
la violencia contra sindicalistas y a la impunidad existente por la
falta de
esclarecimiento de los hechos, el señor Ministro indicó que gran
parte del
problema pasa por el hecho de resolver el conflicto de
competencia entre la
justicia civil y militar. Según el señor Ministro, la "tendencia
existente es
que si la investigación pasa a la justicia militar se decide en
favor
normalmente de los militares", lo que aumenta la impunidad. A
este respecto,
indicó que se estudia modificar el Código de Procedimiento
Penal, para que
existan reglas claras de juzgamiento. Señaló que el problema
radica en
determinar, cuando un miembro de las fuerzas de seguridad
viola los derechos
humanos, y cuando han actuado fuera o dentro del servicio.
Afirmó que a nivel
de su Ministerio se ha dado un impulso muy grande a la lucha
contra la
impunidad. Manifestó que en la tasa de criminalidad, la
criminalidad oculta
tiene mucho que ver con la impunidad, porque hay muchos
delitos que no son
denunciados. Aclaró que en los años 1993-1994 se llegó a
hablar de un índice
de impunidad del 97 por ciento pero que las cifras que manejan
los distintos
institutos varían según la metodología utilizada para medirla.
Actualmente se
está en el proceso de crear una plataforma de información en el
sector de
justicia. En cuanto a los actos de violencia contra dirigentes
sindicales y
sindicalistas, indicó que tras el proceso de reconciliación
durante el cual
algunos grupos guerrilleros decidieron dejar la lucha armada, las
FARC y el
ELN decidieron seguir combatiendo. Según el Ministro,
actualmente estos grupos
guerrilleros tienen una marcada relación con el narcotráfico.
También según el
Ministro, el grupo guerrillero ELN tiene influencia directa sobre
algunas
organizaciones sindicales y las FARC también. Añadió que la
relación no es
total, pero que mucho depende de la zona del país. Hay
algunas zonas donde
existe una pugna muy violenta entre el ejército y el ELN (por
ejemplo en
Santander donde se encuentran las refinerías de petróleo).
Cuando se lleva a
cabo una acción política dentro de un sindicato y se identifican
a personas
simpatizantes o activistas de las FARC o del ELN, la situación
se torna muy
difícil, porque los actores del conflicto accionan contra los
sindicalistas
por lo sencillo que ello resulta. Esta situación ha fomentado la
creación de
grupos paramilitares o grupos de autodefensa que vienen
realizando una guerra
sucia, desbordando el conflicto tradicional ejército-guerrilla.
Existen
numerosos casos de secuestro por parte del ELN que generan
odios y luego como
el Estado, no puede solucionar estas situaciones, los ganaderos
o
terratenientes recurren a grupos de paramilitares. Por último, el
señor
Ministro manifestó que cuando existe una persecución de un
sindicalista por
considerarlo guerrillero, el Estado trata de protegerlo, pero no
puede evitar
que a veces por una sospecha de que hay en el sindicato
contactos con la
guerrilla, se cometan asesinatos o actos de violencia.
Interlocutores sociales
Los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), manifestaron
en relación con la violencia, que deseaban resaltar el tema de la
impunidad.
Concretamente manifestaron que: 1) algunos actos de violencia
se esclarecen
pero no cuando en ellos están involucrados dirigentes
sindicales; y 2) los
aqueja el problema de la penalización de la lucha social, ya que
toda acción
social es considerada como una acción guerrillera. Según estos
representantes,
los grupos paramilitares son quienes más atacan a la CUT y
estos grupos están
dirigidos por el ejército, los narcotraficantes o los empleadores.
Las
regiones en las que más actos de violencia se cometen contra
los dirigentes y
afiliados a la CUT son Urabá, Sur del Cesar, Barrancabermeja,
Sucre y Regiones
del Magdalena, en donde se cometen actos de violencia por
problemas de
propiedad de tierras o por las acciones sociales que llevan a
cabo los
trabajadores. Indicaron que en el Valle, a partir de 1989 se
intenta acabar
con los sindicatos. El ejército los detiene y los acusa de ser
guerrilleros y
de haber cometido actividades subversivas. Se amenaza a
dirigentes para que
abandonen sus puestos de trabajo. En muchas ocasiones el
ejército efectúa las
amenazas.
Según los representantes de la Confederación General de
Trabajadores de
Colombia (CGTD), los afiliados y dirigentes de la CUT son los
que más han
sufrido como consecuencia de los actos de violencia contra el
movimiento
sindical, y consideraron que ello se debe a su afiliación o
simpatía política
o simplemente al hecho de ejercer actividades sindicales.
Según estos
representantes, la violencia que afecta al movimiento sindical
proviene sobre
todo de dos sectores: la guerrilla o los grupos paramilitares.
Indicaron que
estos últimos son respaldados en las distintas regiones por los
militares, o
la policía o los empleadores.
Los representantes de la Central de Trabajadores de Colombia
(CTC)
manifestaron que la violencia es generalizada, y que los
sectores sociales y
el movimiento sindical son víctimas del proceso de violencia,
por haber
ejercido una función de defensa del sector laboral. Indicaron
que también los
dirigentes y afiliados de la CTC han sido víctimas de la
violencia, pero que
no pueden determinar de qué sector provienen las agresiones
como consecuencia
de la impunidad que existe en el país. Manifestaron que en
Urabá, hace unos 15
años la CTC era la única central organizada pero como
consecuencia de la
violencia su presencia disminuyó considerablemente. Informaron
que actualmente
se continúa asesinando a dirigentes sindicales y sindicalistas, y
que en
particular en la región cafetera de Caldas hay pocos sindicatos
por miedo a la
violencia, ya que existe el temor a ser catalogado como
guerrillero, si se
realizan actividades sindicales.
Según el representante de la Federación Nacional Sindical
Unitaria
Agropecuaria (FENSUAGRO) (una de las organizaciones que
junto a SINTRAINAGRO
más golpeadas por la violencia en Colombia), se reclama
claridad por parte del
Gobierno en materia de desarticulización de los grupos
paramilitares.
Considera que no hay voluntad política de desarticular los
grupos
paramilitares que operan en regiones como Urabá, Córdoba,
Chocó, Meta o
Magdalena Medio. El representante manifestó que se busca
legalizar a los
grupos paramilitares a través de las propuestas de cooperativas
de seguridad.
Indicó que en Urabá los grupos paramilitares están conformados
por personal
sin vínculo militar, pero que la capacitación de estos grupos la
realiza el
ejército. Por último, manifestó que la violencia está dirigida
contra el
movimiento sindical, que es necesario estar en la clandestinidad
para
constituir un sindicato y que se acusa a todas las
organizaciones de derechos
humanos de ser subversivos y no sólo a los sindicalistas. (El
representante de
la organización entregó a la misión una voluminosa
documentación que relata
los actos de violencia sufridos por los sindicalistas y trabajadores
de
distintas zonas del país, pero principalmente en la zona
bananera de Urabá).
Los representantes de la Asociación Nacional de Industriales
(ANDI) indicaron
que la violencia está presente en todos los sectores de la
sociedad y que la
solución de los conflictos normalmente se lleva a cabo por vías
de hecho,
porque el Estado no puede atender las necesidades de
seguridad de la
población. Manifestaron que la lentitud de los procedimientos
judiciales
provoca que la gente no espere a que las autoridades le den
una solución, ni
tolere la situación de violencia. Señalaron que la violencia
proviene de
movimientos subversivos de izquierda, que se transformaron
posteriormente en
narcotraficantes-guerrilleros, con una orientación alterada, y que
a ellos se
enfrentan las fuerzas paramilitares (también se refirieron a la
existencia de
bandas de delincuentes comunes organizados). Por último, en
cuanto al impacto
de la violencia en el sector empleador, manifestaron que
aunque ellos cuentan
con mayores medios para su protección personal, deben
dedicar recursos muy
elevados para defenderse. Los empresarios también son objeto
de muchas
amenazas y ataques pero indicaron que es muy difícil poder
conocer de dónde
provienen.
3. Informaciones obtenidas (véase en apéndice IV en relación
con cada caso las
observaciones comunicadas por el Gobierno a la misión)
En cuanto a los alegatos sobre actos de violencia contra
dirigentes sindicales
y sindicalistas (casos núms. 1761 y 1787), la Fiscalía Nacional y
la Unidad
Nacional de Derechos Humanos suministraron numerosa
documentación.
Manifestaron que resulta extremadamente difícil obtener la
información, dado
que deben comunicarse en forma individual con todas las
fiscalías nacionales a
efectos de que informen sobre los casos denunciados.
Señalaron que en muchas
regiones del país los fiscales no pueden llevar a cabo
investigaciones como
consecuencia de los actos de violencia de que son objeto o por
la situación de
guerra que se vive entre el ejército nacional y la guerrilla. Cabe
resaltar
que las autoridades se comprometieron a continuar con las
investigaciones, a
efectos de poder suministrar al Comité de Libertad Sindical el
máximo de
informaciones.
En cuanto a los alegatos sobre discriminación antisindical que
habían quedado
pendientes en el marco de los casos núms. 1787 y 1896, las
autoridades del
Ministerio de Trabajo facilitaron informaciones (véase apéndice
IV).
VI. Reflexiones y conclusiones finales
Si bien es habitual que en los países de América del Sur existan
formas de
concertación de diferente tipo, el punto tiene mayor peso en la
República de
Colombia por las circunstancias especiales que atraviesa. La
concertación
social es un aporte que quizás no se haya puesto de relieve de
manera
suficiente. El acercamiento entre el capital y el trabajo mejoraría
sensiblemente el clima de convivencia y significaría un aporte
importante al
establecimiento de una cultura de la paz sustituyendo a la
cultura de la
guerra. En ese plano parece lógico advertir la necesidad de
resultados
tangibles para no desacreditar este valioso instrumento, sobre
todo teniendo
en cuenta que en sus entrevistas con algunos interlocutores
sociales, la
misión pudo escuchar que algunas iniciativas para proyectar
normas
consensuadas insumieron muchos meses y resultaron
infructuosas.
Otro elemento institucional que parece necesario robustecer es
la función
judicial. Al igual que en otros países de América del Sur, es de
gran
relevancia el papel de una justicia autónoma, ágil y accesible
como un
instrumento en el cual la población no sólo confíe por su
independencia sino
también por su eficiencia y capacidad técnica. Si la población
se muestra
desencantada de la misma, puede presumirse que ello sea un
incentivo adicional
al recurso a medidas de acción violentas para solucionar
conflictos incluso de
naturaleza individual. En el campo laboral, no ha pasado
inadvertido a la
misión lo que según se nos informó es un escaso número de
juzgados de trabajo,
por lo menos en la ciudad de Bogotá. Allí, para más de siete
millones de
habitantes existen sólo 16 juzgados laborales de primera
instancia.
Como parte de las terapias necesarias es clara también la
necesidad de quebrar
la identificación entre sindicalismo por una parte y comunismo o
extrema
izquierda por otra, sobre todo en un contexto en que diferentes
fuentes
afirman la participación de grupos guerrilleros de izquierda en el
narcotráfico aunque no es posible calificar a todo un grupo de
narcotraficantes sino a determinados frentes o secciones del
mismo (Nota 10).
A pesar de la crisis de violencia y de la crisis política, la
institucionalidad se mantiene. Es probable que se deba a un
equilibrado
sistema de pesos y contrapesos entre los distintos poderes del
Estado. Si bien
el Poder Ejecutivo cuenta con el respaldo de la mayoría
parlamentaria, existen
otros centros de poder, varios de ellos de índole jurisdiccional
como la Corte
Constitucional, la Fiscalía General, la Corte Suprema de Justicia,
la
Procuraduría General, etc., que conforman un entramado
institucional
recíprocamente independiente y que parece contribuir
eficazmente a mantener la
estabilidad política. En tal sentido puede afirmarse que se trata
de un país
con una legalidad democrática que no ha tenido gobiernos
militares desde hace
décadas - el último golpe de estado se produjo en 1953 -, lo
cual constituye
una excepción en el contexto de América Latina (Nota 11).
Aun cuando pueda decirse que para ser una país en guerra
Colombia es un país
que vive en un ambiente democrático, también pudo decir el
Fiscal de la Nación
que la alentadora vigencia de un panorama democrático no
oculta las
debilidades de las instituciones democráticas y las dificultades
existentes
para su fortalecimiento. Agregó que "el ambiente institucional y
normativo
manifiesta deficiencias que limitan la eficacia de las instituciones
estatales, restringen la participación ciudadana y deterioran la
credibilidad
de las instituciones democráticas. Por esa razón, en los últimos
años se ha
fortalecido el consenso en torno a la importancia de la
gobernabilidad para
impulsar una sólida práctica de desarrollo sostenido y equitativo.
Un fenómeno
recíproco y simultáneo ha sido el proceso de fortalecimiento de
la sociedad
civil en cuanto a su autonomía y en relación directa con una
mayor
responsabilidad y activismo tanto de las diferentes
organizaciones sociales y
políticas, como de los ciudadanos al actuar individual o
asociativamente en
los campos social, económico y político. El mayor desafío que
enfrenta la
opción democrática para quedarse para siempre como norma de
conducta y acción
de nuestros Estados, es lograr que el crecimiento económico
vaya acompañado de
equidad y que la práctica de la democracia sea un ejercicio
pleno de la
ciudadanía".
Precisamente sobre el nexo entre bienestar económico y
convivencia democrática
el anterior Defensor del Pueblo señaló que "el crecimiento
económico de la
economía colombiana respecto de la mayoría de las economías
latinoamericanas
no se ha traducido en beneficios para su población; que la
deuda social' del
Estado colombiano con sus ciudadanos se ha incrementado;
que se ha asistido a
un deterioro de la situación de los derechos humanos, en tanto
derechos
económicos, sociales y culturales". Señala que la distribución
del ingreso no
es buena y que el crecimiento, además de no haber contribuido
a mejorar la
situación de pobreza, ha estado acompañado de una mayor
concentración de la
riqueza.
En el discurso que pronunció al recibir el doctorado honoris
causa de la
Universidad de Boston el 2 de octubre de 1996, el Fiscal
Valdivieso afirmó que
"la relación entre justicia y desarrollo es una de las mayores
urgencias del
momento en nuestra América Latina. Así mismo, lo es el
ejercicio cabal de la
función judicial que ha demostrado una sensible utilidad en el
afianzamiento
de la causa democrática. El surgimiento de organizaciones
criminales con
recursos económicos ilimitados ha atacado
desproporcionadamente un aparato
estatal incapaz de contrarrestar la magnitud del problema. Si a
ello se
agregan las fórmulas caducas de respuesta a los problemas
públicos,
insuficientes modalidades de gestión estatal, errores en el
diseño de las
políticas públicas, desgaste de los ordenamientos legales y
debilidad de los
poderes judiciales, bastaría para dejarnos consumir por el
escepticismo. Pero
lo que es peor, la ausencia de una institucionalidad en el
ejercicio de la
función estatal, ha abierto la puerta a prácticas irregulares bajo
el auspicio
del crimen organizado, que han erosionado la credibilidad de la
dirigencia
política. Cómo nos lamentamos ahora los colombianos por no
haber reaccionado
con decisión ante las primeras señales del fenómeno. La
tolerancia, la
permisividad y un irresponsable desconocimiento del papel que
nos correspondía
cumplir para rechazarlo, causó esta tragedia que ahora estamos
empezando a
superar".
De estas últimas palabras, cabe reiterar la importancia que debe
atribuirse al
correcto funcionamiento del sistema judicial. En diferentes
entrevistas
pudimos apreciar un consenso en que la solución pacífica de
los conflictos, el
diálogo entre personas con intereses encontrados, y en general
lo que
contribuya a construir una cultura de la paz, está basado
también en el aporte
de un sistema jurisdiccional ágil y eficiente que logre ser visto
siempre como
un camino confiable por los particulares enfrentados.
De acuerdo a lo que subrayaron diversas autoridades estatales,
es evidente la
urgencia de encontrar formas civilizadas de administrar el
conflicto, y
funcionalizarlo al servicio del interés general. Si no es posible
superarlo
por lo menos será factible generar condiciones para prevenirlo y
evitar que
desemboque en situaciones de hecho que se transforman en
formidables
obstáculos para una convivencia pacífica en las condiciones
actuales de
Colombia. "El diálogo es ante todo una pedagogía permanente
que no sólo
contribuye a superar el conflicto, sino también, contribuye a una
mejor
gestión de la empresa y de la sociedad en su conjunto (Nota
12)."
Al término de este informe deseo agradecer especialmente la
ayuda que me
prestó en la misión el Sr. Horacio Guido quien la preparó y
conoce además en
forma exhaustiva el expediente de los casos colombianos en el
Comité de
Libertad Sindical así como las cuestiones legislativas
planteadas. De la misma
manera debo agradecer la presencia del Sr. Luis Zamudio que
me resultó
invalorable para poder situarme en el país y llevar a cabo mejor
las diversas
entrevistas.
Asimismo deseo poner de relieve el altísimo nivel de
colaboración prestado por
las autoridades entrevistadas y por los interlocutores sociales, y
agradecer
todas las facilidades recibidas.
Es indudable el interés y la voluntad del Ministro de Trabajo y
Seguridad
Social de resolver todos los problemas planteados por la
Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en el marco
de la aplicación de
los Convenios núms. 87 y 98. Concretamente debe destacarse
que con motivo de
la misión (antes, durante o inmediatamente después) han
surgido dos
importantes proyectos de ley (uno de ellos sobre negociación
colectiva en el
sector público ha sido ya presentado al Congreso de la
República) con un
compromiso de discusión en profundidad en el Congreso, que
en caso de ser
adoptados tal cuales superarían los problemas planteados por la
Comisión de
Expertos, salvo los relativos a la huelga en los servicios
esenciales que son
tratados en un borrador de proyecto de ley que es objeto
actualmente de
discusiones y consultas.
Por otra parte, el deseo de promover los derechos sindicales ha
llevado a que
las autoridades del Ministerio sometieran al Congreso de la
República, durante
la misión, proyectos de ley para la ratificación de los Convenios
núms. 144 y
151, así como al compromiso de sumisión al Congreso del
proyecto de ley
relativo a la ratificación del Convenio núm. 135.
En lo que respecta a los casos en instancia ante el Comité de
Libertad
Sindical, suscita gran preocupación el clima de violencia que
existe en el
país, que afecta a todos los sectores, pero que tiene graves
repercusiones en
los dirigentes sindicales y sindicalistas. Las causas de este
fenómeno de
violencia, que alcanza también a empresarios, funcionarios del
poder judicial,
periodistas, políticos y ciudadanos en general, son
extremadamente complejas,
y aunque el Gobierno y el Congreso han tomado y siguen
tomando medidas para
paliar la violencia (programas de protección de testigos y
amenazados de la
Fiscalía Nacional o la creación de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos,
etc.), el número de víctimas es extraordinariamente elevado y
los procesos
judiciales para esclarecer los hechos se caracterizan por un
elevadísimo
índice de impunidad. Asimismo, llama la atención también el
desarrollo que
tienen actualmente los grupos paramilitares o de autodefensa en
muchos
sectores del país, cuyos actos de violencia se suman a los del
narcotráfico,
la guerrilla, la delincuencia común y, desde el punto de vista
institucional,
a los de representantes de las fuerzas de seguridad.
Las autoridades y los interlocutores sociales son conscientes de
estos graves
problemas, pero es evidente que el problema de la violencia,
además de nuevas
medidas y recursos económicos, sólo puede ser abordado de
manera eficaz en un
contexto más amplio: el de la consecución de la paz social, la
cual sólo puede
basarse en la justicia social y la progresiva eliminación de las
condiciones
sociales que entrañan injusticia, miseria y privaciones. Las ideas
expresadas
en la Constitución de la OIT de 1919 siguen teniendo plena
vigencia.
Noviembre de 1996. Santiago Pérez del Castillo
Apéndice I
Lista de personas entrevistadas
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Sr. Orlando Obregón Sabogal, Ministro de Trabajo y Seguridad
Social
Sr. Angelino Garzón, Asesor del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social
Sr. Orlando Rodríguez, Director Técnico del Trabajo
Sr. Gabriel Mesa Cárdenas, Jefe de la Oficina de Asuntos
Internacionales
Sr. Jorge Quiroz Aleman, Jefe de la Oficina Jurídica
Sr. Rafael Angel Celis, Director Regional/Cundinamarca
Sr. Oscar Moreno López, Jefe de la División de
Trabajo/Cundinamarca
Sra. María Teresa Lozada, asistenta del Jefe de la Oficina de
Asuntos
Internacionales
Fiscalía General de la Nación
Sr. Alfonso Valdivieso, Fiscal General de la Nación
Sr. Gonzalo Gómez, asesor de la Oficina de Asuntos
Internacionales
Unidad Nacional de Derechos Humanos
La misión fue recibida por un Fiscal Regional ("denominados sin
rostro") cuyo
nombre no puede dar a conocer en virtud de las tareas que
lleva a cabo (dar
conocer su nombre podría significar represalias para el mismo).
Ministerio de Relaciones Exteriores
Sra. Gloria Elsa León, Oficina de Derechos Humanos
Sr. Germán Grisales, Area Temática
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Sr. Gustavo Fernández, Asesor del Area de casos
Corte Constitucional
Sr. Carlos Gaviria Díaz, Presidente
Sr. Alejandro Martínez Caballero, Vicepresidente
Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Laboral
Sres. Iván Palacio, Escobar Enríquez, Méndez y Vásquez
Valdez
Defensoría del Pueblo
Sr. José Fernando Castro, Defensor del Pueblo
Ministerio de Justicia y del Derecho
Sr. Carlos Medellín Becerra, Ministro de Justicia y del Derecho
Sra. Sandra Alzate, Directora General de Asuntos
Internacionales
Sra. Alicia María Londoño, Asesora de la Oficina de Apoyo
Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y
Sociales
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Sr. Carlos del Castillo, Representante Residente
Organizaciones de Trabajadores
Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
Sr. Luis Garzón, Secretario General
Sra. Bertina Calderón, Vicepresidente
Sr. Héctor José López, Fiscal
Sr. William Arlez Escobar, Presidente de SINTRASIDELPA
Sra. Castro, Fiscal de la Federación Nacional de Trabajadores al
Servicio del
Estado (FENALTRASE)
Confederación General de Trabajadores Democráticos de
Colombia (CGTD)
Sr. Mario Valderrama, Presidente
Sr. Carlos Bedoya Tavarez, Vicepresidente
Sr. Julio Roberto Gómez Esguerra, Secretario General
Sr. José Trujillo, Asuntos Políticos
Sr. Mario Fernández, Secretario General Adjunto
Sr. Bautista, Fiscal
Sr. Nelson Caballero Herrera, Secretario de Asuntos relativos al
Seguro Social
y Cajas de Compensación Familiar
Central de Trabajadores de Colombia (CTC)
Sr. Apecides Alviz, Presidente
Sr. Miguel Morantes, Secretario General
Sra. Luz Mary González, Secretaria de la Mujer
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
(FENSUAGRO)
Sr. Víctor Julio Garzón, Secretario General
Federación Nacional Unitaria de Trabajadores Empleados y
Profesionales al
Servicio del Estado y de los Servicios Públicos (FUTEC)
Sr. Ricardo Díaz, Presidente
Sr. Fernando Dávila Villamizar, Fiscal Nacional
Organizaciones de empleadores
Asociación Nacional de Industriales (ANDI)
Sr. Alberto Echevarría Saldarriaga, Vicepresidente de Asuntos
Jurídicos y
Sociales
Sra. Carmen Ramírez Vanegas, Jefa de Area de Derecho
Laboral
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)
Sra. Jimena Peñafort, dirigente y asesora jurídica
Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias
(ACOPI)
Sr. José Miguel Carrillo Méndez, Vicepresidente Nacional.
(Los apéndices II, III y IV no se reproducen)