Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 259, Noviembre 1988

Caso núm. 1449 (Malí) - Fecha de presentación de la queja:: 22-MAR-88 - Cerrado

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INTRODUCTION
A. Alegatos de los querellantes
C. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité

236. Esta queja en la que se alegan violaciones de la libertad
- sindical en
- Malí figuraba en las comunicaciones de 22 de marzo y 19 abril
de 1988 de la
- sección III del Sindicato Nacional de Educación y Cultura
- (SNEC). El Gobierno
- envió sus observaciones e informaciones sobre este asunto en
- una comunicación
de 10 de agosto de 1988.
237. Malí ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y
- la
- protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así
- como el Convenio
- sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva,
1949 (núm. 98).

A. Alegatos de los querellantes

238. En sus comunicaciones de 22 de marzo y 19 de abril de
1988 y en la
documentación que se adjunta sobre este asunto, el Sr. Modibo
Diara,
secretario general de la sección III del SNEC del distrito de
Bamako, y el Sr.
Youssouf Ganaba, secretario general adjunto de la sección, se
quejan de que el
Gobierno habría violado sus derechos sindicales a raíz de una
huelga de su
sección sindical que se realizó del 15 al 20 de febrero de 1988.
239. Haciendo un bosquejo de la legislación sindical en Malí,
explican que
la huelga está autorizada de acuerdo con la Constitución y en
aplicación de la
ley de 7 de julio de 1987 (ley núm. 87-47/AN-RM). Ahora bien,
los querellantes
denuncian las represalias de que han sido objeto por haber
manifestado su
descontento recurriendo a la huelga frente a un retraso de por lo
menos tres
meses en el pago de sus salarios.
240. De forma más detallada, indican que, en virtud de una
decisión de 9 de
diciembre de 1986, el Ministro de Trabajo trasladó, en pleno año
escolar, a 84
profesores. Envían como anexo la decisión núm.
2560/MEN-DNEF en la que figuran
los nombres de los profesores trasladados y sus lugares de
destino. Entre
estos profesores figuran los dos signatarios de la queja. Los
querellantes
explican que los profesores trasladados estaban ya
confrontados a las
dificultades causadas por un retraso de tres meses en el pago
de sus salarios
y habían recibido la orden de incorporarse en otros destinos en
los que sus
colegas no habían percibido su salario desde hacía cuatro o
cinco meses. Los
querellantes también indican que estos traslados habrían sido
arbitrarios dado
que no se habrían tenido en cuenta las condiciones sociales de
las personas
trasladadas (separación de la familia, perturbación de los
estudios de los
hijos y traslado de mujeres embarazadas). Además, estos
profesores no habrían
recibido ninguna indemnización ni anticipo de salario que les
permitiese
trasladarse a sus destinos, aun cuando estos anticipos estaban
previstos por
la ley.
241. Además, los dos signatarios de la queja añaden que ellos
habían sido
despedidos por un supuesto abandono de su empleo. Sin
embargo, según estas
personas, las autoridades nacionales competentes, a saber, el
Servicio de
Tránsito, habrían estimado que la decisión de 9 de diciembre de
1986 por la
que se les trasladaba a otro puesto era nula. Además, este
servicio habría
pedido que dicha decisión de traslado fuese reactualizada para
que los
interesados pudiesen recibir una autorización de transporte que
les permitiese
llegar a sus destinos. Sin embargo, el Ministro de Trabajo habría
denegado la
reactualización de la decisión de traslado y habría insistido en el
hecho de
que esta decisión seguía siendo válida. Los dos signatarios de
la queja
admiten que no se han reincorporado en sus trabajos pero
explican que no
podían hacerlo dado que se encontraban confrontados con el
problema de la
supervivencia de sus familias.
242. Los querellantes alegan también el despido y la
desaparición del Sr.
Issa N'Diaye, profesor de filosofía de la Escuela Normal
Superior, así como la
detención en el campamento núm. I de la gendarmería de los
Sres. Charles
Danioko y Komakan Keita, profesores de historia y geograféa y
de sociología,
respectivamente, en esta misma escuela. Según los
querellantes, estos
profesores habrían sido acusados de ser los responsables de la
marcha de los
estudiantes de su establecimiento para apoyar a los profesores.
243. Por último, de la documentación que se anexa a la queja
se desprende
que la junta ejecutiva del Sindicato Nacional de Educación y
Cultura no habría
apoyado las reivindicaciones de los sindicalistas que se habían
declarado en
huelga para conseguir el pago de los atrasos de salario sino
que, por el
contrario, en virtud de una decisión de 10 de marzo de 1988,
habría
comunicado, el 14 de marzo, a travís del Sr. Simaga, secretario
general del
SNEC, que habría privado de toda actividad sindical y
parasindical a uno de
los querellantes de este asunto, a saber, el Sr. Modibo Diara,
secretario
general de la sección III.
244. En una carta abierta dirigida al secretario general del
SNEC y que se
adjunta a la queja, el Sr. Modibo Diara, sublevándose contra su
privación de
"toda actividad sindical y parasindical" con la orden formal de
"abstenerse de
todo trabajo sindical del SNEC en todo el país hasta el próximo
congreso
ordinario de la organización", que se había pronunciado por la
junta ejecutiva
del SNEC, indica que esta privación era contraria al
procedimiento previsto en
los estatutos y el reglamento interior del SNEC. En efecto, según
esta carta
abierta, si bien la junta ejecutiva o cualquier otro organismo
puede privar de
sus funciones a uno de sus miembros, la junta nacional no
puede privar
individualmente de sus funciones a un miembro de otro
organismo (sección,
división, subdivisión o comité), dado que los miembros de los
demás organismos
no han sido elegidos por ella.
245. Volviendo nuevamente a los hechos que se indican en
esta carta abierta,
el querellante señala que cuando era secretario general de la
sección III del
SNEC, distrito de Bamako, su sección no hizo sino permanecer
fiel a la
aspiración legítima de sus militantes respecto del retraso crónico
en el pago
de los salarios y complementos de salario, anticipos y
reclasificación de los
profesores. El querellante cita a este respecto la resolución del
congreso por
la que "se encarga a la junta ejecutiva nacional del Sindicato
Nacional de
Educación y Cultura que, en colaboración con los demás
sindicatos nacionales y
con la Unión Nacional de Trabajadores de Malí, emprenda la
lucha para la
obtención de los derechos que estaban siendo violados
(salarios y
complementos, anticipos y reclasificaciones). En su defecto, el
congreso le
encarga a ella sola". En sus acciones de lucha, continúa
diciendo el
querellante en la carta abierta, la sección III, de forma
democrática y legal,
después de un retraso crónico de tres meses en el pago de los
salarios,
emprendió en noviembre de 1986 los trámites necesarios para
que la junta
ejecutiva llevase a cabo una acción común, dado que la
mayoría de las
divisiones y las secciones pedían a la junta ejecutiva que
realizase algo más
que una eterna negociación estéril. Ahora bien, la acción del
secretario
general y de ciertos miembros de la junta ejecutiva ha consistido
en hacer
todo lo posible por romper esta huelga legítima actuando peor
que el empleador
y tratando de aislar a la sección III de las demás secciones de
Bamako que,
sin embargo, tenían el mismo problema. No obstante, la huelga
de noviembre de
1986 de la sección III dio resultados y las demás secciones
comprendieron que
era preciso luchar; esta es la razón por la que se celebró la
huelga nacional
de diciembre de 1986.
246. También según esta carta abierta, en octubre de 1987,
volvió a
producirse el mismo problema de atrasos en el pago de los
salarios y, en
diciembre de 1987, la sección III quiso presentar una
notificación previa de
huelga, pero esta idea se abandonó cuando la junta ejecutiva
del SNEC resolvió
llevar a cabo una acción. En efecto, después de muchas
vacilaciones, la junta
del SNEC había decidido depositar un preaviso de huelga, pero
éste fue
retirado menos de 48 horas después. Entonces, se obligó a la
sección III a
retirar su propio preaviso de huelga.
247. El querellante indica además que en febrero de 1988 la
situación seguía
siendo la misma; señala que la sección III, fiel a las aspiraciones
de sus
militantes, había presentado de nuevo una notificación previa
para una huelga
de cinco días, del 15 al 20 de febrero y que, el miércoles 10 de
febrero,
todos los representantes de los comités de la ciudad de
Bamako, convocados por
el Comité de Coordinación del Distrito, habían apoyado a la
sección III
respecto de la realización de la huelga, aun cuando los
representantes de los
comités temían que la junta ejecutiva cambiase de idea. No
obstante, según la
carta abierta, la huelga se realizó con éxito dado que
participaron en la
misma más del 90 por ciento de los profesores. Las
consecuencias inmediatas de
la huelga han sido el traslado de 71 profesores, de tres
trabajadores de la
Escuela Nacional de Magisterio y del secretario general y el
secretario
general adjunto de la sección III. En lo que se refiere a estos
dos últimos,
su traslado se efectuó en virtud de la antigua decisión de 9 de
diciembre de
1986 a la cual se adjuntó un simple documento como referencia
de
actualización. Sin embargo, este documento había sido
declarado ilegal por el
Servicio de Tránsito y no daba derecho a los interesados a la
autorización de
transporte.
248. Según la carta abierta, los traslados realizados como
represalia tenían
como objetivo desalentar cualquier otra huelga y, por
consiguiente, toda lucha
o acción de reivindicación de los asalariados. Esta es la razón
por la cual la
sección III había pedido a los profesores que permaneciesen en
su destino no
como desaféo sino por la importancia de lo que estaba en
juego. En efecto, se
debía adoptar una actitud de firmeza para que en el futuro se
respetasen el
derecho y la ley o renunciar a los derechos adquiridos y aceptar
la ilegalidad
y la arbitrariedad de los empleadores con las consecuencias
muy negativas que
ello tendría para el sindicalismo. El desacuerdo se debía a la
diferencia de
puntos de vista entre la sección III que era partidaria de la
firmeza y el
secretario general del SNEC que, según esta carta, habría
tratado de romper la
huelga de los profesores trasladados valiéndose de amenazas,
de intimidaciones
e incluso de la corrupción, y ello no en interés del movimiento
sindical sino
con espéritu de colaboración con el empleador.
B. Respuesta del Gobierno
249. En su comunicación de 10 de agosto de 1988, el
Gobierno reconoce
respecto del ejercicio de la libertad sindical y del derecho de
huelga que los
textos aplicables son, en efecto, el artículo 13 de la
Constitución de 2 de
junio de 1974, que garantiza a todos los ciudadanos en el
marco de la ley la
libertad de agruparse en organizaciones de su elección para la
defensa de sus
intereses profesionales, y la ley núm. 87-47/AN-RM, de 10 de
agosto de 1987,
que establece el marco jurídico del ejercicio del derecho de
huelga en los
servicios públicos, así como los Convenios núms. 87 y 98
ratificados por Malí.
El Gobierno observa, sin embargo, que el artículo 8 del
Convenio núm. 87, si
bien reconoce el ejercicio de los derechos sindicales a las
organizaciones de
trabajadores y de empleadores, les obliga a respetar la legalidad
al igual que
a las demás personas o colectividades organizadas.
250. Ahora bien, explica el Gobierno, en materia de huelga la
ley núm.
87-47/AN-RM sigue siendo la ley fundamental del país. Dicha
ley determina las
condiciones del ejercicio del derecho de huelga. A este
respecto, prescribe
para los huelguistas la obligación de desalojar los locales y de
no violar la
libertad del trabajo (art. 11).
251. En este caso, prosigue el Gobierno, algunos huelguistas,
entre los que
se encontraban los querellantes, se introdujeron en los
establecimientos
escolares y trataron manifiestamente de impedir que los
funcionarios no
huelguistas trabajasen. La correspondencia de los directores de
los
establecimientos escolares prueba estos hechos. Al actuar de
esta forma, los
huelguistas perdieron el derecho de reclamar las garantías
legales y
reglamentarias a las que podían aspirar dado que violaron no
sólo las
disposiciones del artículo 11 de la ley núm. 87-47/AN-RM sino
también las del
artículo 8 del Convenio núm. 87.
252. El Gobierno explica, respecto de los 84 profesores
trasladados entre
los que se encontraban los querellantes, que en aplicación del
Estatuto
General de los Funcionarios el traslado de los mismos podía
decidirse en
cualquier momento de su carrera. En este caso, el traslado del
personal
docente realizado en virtud de la decisión núm.
2560/MEN-DNEF, de 9 de
diciembre de 1986, se debía al deseo de redistribuir a los
profesores de la
región con el fin de cubrir las vacantes existentes en el interior
del país.
Sin embargo, gracias a la intervención de la central sindical, se
encontró una
solución adecuada para los casos sociales.
253. Sin embargo, añade el Gobierno, hasta la huelga que se
hizo del 15 al
20 de febrero de 1988, algunos profesores entre los que se
encontraban
precisamente los querellantes no acudieron a sus lugares de
destino, a pesar
de las diferentes notificaciones de requerimiento presentadas
durante todo el
período anterior a la huelga. En tales casos, los textos
legislativos y
reglamentarios en vigor son claros. De acuerdo con el artículo
12 de la ley
núm. 84-45/AN-RM, de 9 de julio de 1984, por la que se
modifica y completa la
ordenanza núm. 77-7l/CMLN, de 26 de diciembre de 1977,
relativa al Estatuto
General de la Función Pública, "el funcionario tiene el deber de
desempeñar el
trabajo que se le confía". Tiene la obligación de respetar
puntualmente el
horario de trabajo y de realizar personalmente y con asiduidad
todas las
obligaciones que le impone el ejercicio de sus funciones. La
misma ley, en su
artículo 2, añade al artículo 122 del Estatuto de la Función
Pública un
apartado que indica lo siguiente: "también se despide de oficio
al funcionario
que abandona su puesto de trabajo", en violación
especialmente de las
disposiciones del artículo 12 anteriormente mencionado.
Además, la circular
núm. 7/MT-FP-CAB, de 28 de julio de 1984, relativa a las
modalidades de
aplicación del despido por abandono del puesto de trabajo, tal
como se
desprende de la ley anteriormente citada, retiene como casos
corrientes de
abandono del puesto de trabajo los del funcionario que no se
incorpora en su
lugar de destino o que, después de un permiso, no vuelve a su
trabajo y, de
manera general, los del funcionario que se encuentra en
situación irregular de
ausencia y que no la justifica.
254. El Gobierno indica que el funcionario que se encuentra
en una de las
situaciones enumeradas en la circular es despedido de oficio sin
ningún
procedimiento disciplinario, a reserva de un requerimiento que
se le envía
para permitirle expresar sus razones e informarle de las
sanciones a las que
se expone. El requerimiento es una condición previa al despido
por abandono
del puesto de trabajo; por consiguiente, se dirigió este
requerimiento a los
dos querellantes así como detalles sobre las consecuencias
que podría tener el
incumplimiento de las prescripciones. Los querellantes, al
negarse a proceder
al traslado de que eran objeto, se situaron voluntariamente al
margen de los
textos en vigor.
255. De manera general, el Gobierno subraya que las
decisiones ejecutorias
deben aplicarse inmediatamente porque se supone que están
de acuerdo con la
ley y que, incluso si el administrado está convencido de su
ilegalidad, debe
aceptarlas antes de proceder a su verificación por el juez.
Unicamente después
de haber ejecutado la orden podrá dirigirse al juez si impugna los
derechos de
la autoridad administrativa.
256. De todos modos, el Gobierno estima que el hecho de no
estar de acuerdo
con el traslado no justifica el que los funcionarios no se
incorporen en sus
lugares de destino, sin perjuicio de que posteriormente recurran
ante la
autoridad judicial competente. Además, los querellantes hicieron
lo posible
por impedir que la escolaridad se desarrollase normalmente
durante una huelga
que se celebró quince meses después de que se les notificase
la decisión de
traslado. El Gobierno añade, para todos los efectos, que los dos
querellantes
percibieron sus salarios hasta su exclusión de la plantilla de
funcionarios
públicos.
257. Respecto de la validez del documento de transporte, el
Gobierno
especifica que la decisión ejecutoria tiene efectos cuya
duración no está
establecida y que estos efectos sólo pueden desaparecer
cuando la
administración abroga o retira la decisión. En otros términos,
dado que la
decisión de traslado que daba derecho a la concesión del
documento de
transporte por el Servicio de Tránsito no había sido revocada
por el Ministro
de Educación Nacional, seguía siendo válida mientras las
personas interesadas
no hubiesen disfrutado del derecho de utilizar los servicios del
Estado para
incorporarse en sus nuevos puestos de trabajo. Según el
Gobierno, el Servicio
de Tránsito Administrativo, contrariamente a las declaraciones
de los
querellantes, no podía oponerse a la ejecución de este acto. En
realidad, lo
que ocurrió fue que los querellantes únicamente se dirigieron al
Servicio de
Tránsito una semana después de la expiración del plazo de
requerimiento, lo
que denota por su parte una voluntad inequévoca de no
cumplirlo.
258. Respecto del caso del Sr. Issa N'Diaye, el Gobierno
replica que es un
caso particular diferente del de los demás querellantes. En
efecto, el Sr.
N'Diaye fue trasladado de un establecimiento escolar a otro de
la misma ciudad
(Bamako). Esta persona fue consultada previamente antes de
tomarse la decisión
de traslado, y se negó a incorporarse en su nuevo puesto de
trabajo, a saber,
la Dirección de Estudios de la Escuela Nacional de Ingenieros.
Su decisión de
no incorporarse en su nuevo destino, a pesar de los
requerimientos que se le
habían dirigido, constituye respecto de los textos relativos al
abandono del
puesto de trabajo una falta grave sancionada con el despido de
oficio. El
traslado del interesado realizado en virtud de la decisión núm.
0084/MEN-DNESPS, de 22 de enero de 1988, es anterior a la
huelga celebrada del
15 al 20 de febrero de 1988, a la que los querellantes parecen
vincular todas
las decisiones administrativas.
259. En lo que se refiere a los casos de los señores Charles
Danioko y
Komakan Keita, el Gobierno admite que los interesados fueron
detenidos por las
fuerzas de seguridad durante una manifestación de estudiantes,
pero explica
que fueron detenidos por haber incitado a los estudiantes a
hacer una marcha.
No obstante, según las investigaciones y las gestiones de la
Unión Nacional de
Trabajadores de Malí y del Sindicato Nacional de Educación y
Cultura, fueron
pura y simplemente liberados.
260. En conclusión, el Gobierno estima que, a la luz de todo lo
que
antecede, los querellantes, al subordinar las decisiones
administrativas a la
huelga, han dado pruebas de una mala fe manifiesta,
especialmente dado que de
todos los documentos se desprende que los actos
administrativos eran
anteriores a la huelga. Además, no contentos con violar el
derecho de su país,
se han dedicado a sembrar el desorden en los establecimientos
escolares de los
que ya no forman parte bajo ningún concepto. Ahora bien, el
Gobierno estima
que Malí es un Estado de derecho que siempre ha aplicado de
forma correcta los
convenios que ha ratificado y que, en este marco, el arsenal
jurídico nacional
que contiene los principios de estos instrumentos garantiza a los
ciudadanos
los derechos fundamentales humanos, de conformidad con los
objetivos de la
OIT.

C. Conclusiones del Comité

261. El Comité observa que la presente queja se refiere a las
- medidas de
- represalia contra militantes y dirigentes sindicales que habría
- tomado el
- Gobierno después de varias acciones de huelga realizadas por
- profesores de
- Malí y motivadas por reivindicaciones económicas y sociales, a
- saber, por los
- retrasos de varios meses en el pago de los salarios de estos
- profesores en
1986, 1987 y 1988.
262. El Comité ha tomado nota de las explicaciones detalladas
- facilitadas
- por los querellantes y por el Gobierno sobre este asunto.
- Observa, en primer
- lugar, que de acuerdo con la legislación de Malí se autoriza la
- huelga en el
- sector de la enseñanza tras depositarse una notificación previa,
- de
- conformidad con los principios generalmente admitidos en
- materia de libertad
- sindical.
263. Sin embargo, en segundo lugar, en el presente caso
- parece, según los
- querellantes, que si bien los huelguistas presentaron el preaviso
- de huelga,
- la junta ejecutiva del SNEC habría intentado romper la huelga
- cambiando de
- idea y anulando dicha notificación. Sin embargo, siempre según
- los
- querellantes, el 90 por ciento de los profesores habrían
- participado en las
- acciones reivindicativas.
264. En cambio, según el Gobierno, los huelguistas han
- violado la libertad
- de trabajo de los no huelguistas. El Gobierno admite que los dos
- dirigentes
- sindicales que han presentado esta queja fueron trasladados y
- posteriormente
- despedidos después de las acciones de huelga, pero declara
- que los despidos se
- llevaron a cabo porque los interesados se habían negado a
- incorporarse en sus
- puestos de trabajo. También declara que otro profesor
- trasladado antes de la
- huelga de febrero de 1988 también fue despedido por negarse a
- acudir a su
- nuevo destino. Por último, confirma la detención de dos
- profesores durante una
- manifestación de estudiantes, pero asegura que los dos
- interesados fueron
- posteriormente liberados, después de que las organizaciones
- sindicales
- nacionales interviniesen en su favor.
265. En casos análogos relativos a los obstáculos al ejercicio
- del derecho
- de huelga, el Comité ha indicado en muchas ocasiones que la
- huelga es un medio
- esencial del que deben poder disponer los trabajadores, incluido
- el personal
- docente, para el fomento y la defensa de sus intereses
- profesionales, y que
- la prohibición de los piquetes de huelga sólo se justifica si la
- huelga pierde
- su carácter pacífico. (Véase especialmente 217.o informe, caso
- núm. 1089, Alto
- Volta, párr. 240.)
266. El Comité recuerda también la importancia que concede
- al principio
- según el cual nadie debería ser objeto de discriminación en el
- empleo debido a
- su afiliación o a sus actividades sindicales legítimas, incluido el
- ejercicio
- del derecho de huelga para la resolución de conflictos
- colectivos relativos a
- reivindicaciones de carácter económico y social.
267. En efecto, uno de los principios fundamentales de la
- libertad sindical
- expresa que los trabajadores deben disfrutar de una protección
- adecuada contra
- todos los actos de discriminación orientados a violar la libertad
- sindical en
- materia de empleo - despido, traslado, retrogradación y otros
- actos
- perjudiciales -, y que esta protección es particularmente
- adecuada en lo que
- se refiere a los delegados sindicales, dado que para poder
- cumplir sus
- funciones sindicales con plena independencia deben tener la
- garantía de que no
- se les perjudicará a causa de su mandato sindical. El Comité ha
- estimado que
- la garantía de semejante protección en el caso de dirigentes
- sindicales es
- además necesaria para garantizar el respeto del principio
- fundamental según el
- cual las organizaciones de trabajadores tienen derecho a elegir
- libremente a
- sus representantes.
268. En este caso, el Comité observa que, en un primer
- momento, el Gobierno
- procedió a numerosos traslados durante el curso escolar,
- después de una
- primera huelga realizada en diciembre de 1986, y posteriormente
- a nuevos
- traslados y a despidos y detenciones, a raíz de la acción de
- huelga de febrero
de 1988. En estas condiciones, el Comité no puede aceptar las
- indicaciones del
- Gobierno según las cuales la huelga violaba la libertad de
- trabajo de los no
- huelguistas, dado que el Gobierno no niega que los profesores
- no hubiesen
- percibido sus salarios desde hacía varios meses.
269. El Comité estima que los traslados y los despidos relativos
- al presente
- caso constituyen violaciones de la libertad sindical, y pide al
- Gobierno que
- obtenga la reintegración en su empleo de los profesores
- despedidos, incluidos
- los Sres. Modibo Diara y Youssouf Ganaba.
270. Respecto de la detención de los Sres. Charles Danioko y
- Komakan Keita
- que se produjo debido a que eran los responsables de una
- marcha de los
- estudiantes de su establecimiento para apoyar a los profesores,
- el Comité, si
- bien advierte con preocupación que el propio Gobierno admite
- que los
- interesados fueron detenidos por las fuerzas del orden por haber
- incitado a
- los estudiantes a hacer una marcha, observa que estos dos
- profesores fueron
- liberados después de la intervención de organizaciones
- sindicales nacionales.
271. En opinión del Comité, el derecho de organizar reuniones
- sindicales o
- marchas de solidaridad, al igual que el derecho de huelga, son
- elementos
- esenciales del derecho sindical y, por consiguiente, las medidas
- adoptadas por
- las autoridades para que se respete la legalidad no deberían
- tener por
- resultado que se prohíba a los sindicalistas la organización de
- reuniones con
- motivo de conflictos de trabajo. (Véase 2. informe, caso núm.
28, párr. 68,
- Reino Unido/Jamaica; 22. informe, caso núm. 148, párr. 102,
- Polonia, y 71.er
- informe, caso núm. 273, párr. 75, Argentina, especialmente.)
272. En efecto, como se subraya en la resolución sobre los
- derechos
- sindicales y su relación con las libertades civiles, adoptada por
- la
- Conferencia Internacional del Trabajo en 1970, la ausencia de
- libertades
- civiles quita todo sentido al concepto de derechos sindicales, y
- los derechos
- concedidos a las organizaciones de trabajadores y de
- empleadores deben basarse
- en el respeto de las libertades civiles.
273. En el presente caso, el Comité observa que la marcha de
- estudiantes y
- de profesores tenía su origen en las reivindicaciones de
- carácter económico y
- social, a saber, un retraso importante en el pago de los salarios
- de los
- profesores. En estas condiciones, el Comité estima que la
- detención de
- sindicalistas por el simple hecho de haber organizado una
- marcha pacífica de
- reivindicaciones económicas y sociales constituye una violación
- de la libertad
- sindical.

Recomendación del Comité

274. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité
- invita al Consejo
- de Administración a que apruebe las recomendaciones
- siguientes:
  - a) El Comité recuerda que el derecho de huelga es uno de los
- medios
- esenciales del que deben poder disponer los trabajadores y sus
- organizaciones,
- incluido el personal docente, para fomentar y defender sus
- intereses
- profesionales.
  - b) El Comité recuerda también que el derecho de organizar
- reuniones
- sindicales o marchas de solidaridad, lo mismo que el derecho de
- huelga, es un
- elemento esencial del derecho sindical.
  - c) El Comité estima que las medidas de represalia antisindical y,
- en
- particular, los traslados, despidos y detenciones de sindicalistas
- decididos
- por el Gobierno de Malí a raíz de las acciones de huelga de
- profesores con
- motivo de los retrasos de varios meses en el pago de los salarios
- entre 1986 y
1988, constituyen violaciones de la libertad sindical de estos
- profesores.
  - d) El Comité pide al Gobierno que garantice la reintegración en
- su puesto de
- trabajo de los trabajadores despedidos como consecuencia de
- actividades
- sindicales legítimas incluidos los Sres. Modibo Diara y Youssouf
- Ganaba,
- dirigentes de la sección III del SNEC del distrito de Bamako, y
- que le
- mantenga informado de las medidas adoptadas a este respecto.