Informe definitivo - Informe núm. 256, Junio 1988

Caso núm. 1430 (Canadá) - Fecha de presentación de la queja:: 13-OCT-87 - Cerrado

1. 131. El Congreso del Trabajo del Canadá (CLC) presentó una queja por violación de los derechos sindicales en el Canadá (Colombia Británica) en una comunicación de 13 de octubre de 1987. El 15 de febrero de 1988, el Gobierno Federal del Canadá envió la respuesta del Gobierno de Colombia Británica, que había sido objeto de una comunicación anterior de 18 de enero de 1988.
2. 132. Canadá ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero no ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos del querellante

1. 133. En su comunicación de 13 de octubre de 1987, el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC) declara que presenta una queja por violación de los convenios de la OIT sobre la libertad sindical, en su propio nombre y en el de los sindicatos afiliados de la Provincia de Colombia Británica y, en particular, en nombre de su afiliado, el Sindicato Canadiense de la Administración Pública, respecto de la adopción por parte de Colombia Británica del proyecto de ley núm. 19, de 1987, relativo a la reforma de las relaciones de trabajo, que enmienda el Código de Trabajo y que se denominará en adelante ley núm. 19 sobre las relaciones de trabajo.
2. 134. El querellante explica que el Gobierno de Colombia Británica promulgó la ley núm. 19, con excepción del artículo 137.97, 98 y 99, cuya entrada en vigor se producirá más adelante, en virtud de la facultad discrecional de que goza el Gobierno.
3. 135. Según el querellante, la ley núm. 19 es incompatible con los principios fundamentales en los que descansa la OIT. Además, la Federación del Trabajo de Colombia Británica, que está afiliada al CLC, considera que esta ley constituye una declaración de guerra a los trabajadores y a las trabajadoras de la Provincia de Colombia Británica, y recomienda boicotear al Consejo de Relaciones de Trabajo constituido con arreglo a dicha ley.
4. 136. El querellante señala especialmente la atención sobre los aspectos de la nueva legislación que, en su opinión, serían más contradictorios con los principios de la OIT. Destaca, en especial, que dentro del Título 8.1 de esta ley, uno de los cambios importantes que se han introducido con respecto al Código de Trabajo anterior es el artículo 60 del proyecto, que agrega un artículo totalmente nuevo con el número 137 y designado como Título 8.1: Solución de Conflictos. En virtud de este Título, se crea un nuevo organismo designado como Dirección de Solución de Conflictos, y cuyas funciones se enumeran en el artículo 137.2.
5. 137. Según el querellante, con arreglo a lo dispuesto en el nuevo Título 8.1, la negociación colectiva se respeta sólo en la medida en que perturba lo menos posible el interés público y la economía, en la forma en que los entienden el Gobierno y sus representantes. A tal efecto, el Título 8.1 establece cierto número de procedimientos obligatorios que permiten la intervención de terceros, sobre todo la del Gobierno, en el procedimiento de negociación colectiva dentro del sector privado. También preví la posibilidad de intervenir en los asuntos pendientes entre las partes implicadas en la negociación en el sector privado, así como en el procedimiento de la negociación colectiva y, en caso de producirse conflictos colectivos, la imposición de amplias restricciones administrativas y gubernamentales sobre los medios de que disponen para defender sus reivindicaciones económicas tradicionales.
6. 138. En virtud de esta ley, prosigue el querellante, el comisario, sus representantes o, en un grado superior, el Gabinete están autorizados a vigilar o dirigir las negociaciones colectivas y a intervenir en ellas en cualquier momento gracias a ciertos elementos tomados del antiguo Código de Trabajo, a saber, la ley sobre los servicios esenciales y la ley sobre la estabilización de las remuneraciones, algunos de los cuales ya habían sido motivo de una queja presentada por el querellante ante la OIT en septiembre de 1983. La nueva ley recupera algunos principios y cláusulas contenidos en cada una de estas leyes, si bien ha sido reestructurada con ciertas nociones nuevas para que el Gobierno pueda aplicar sus propios principios relativos al control de la negociación colectiva.
7. 139. El querellante cita en particular el artículo 137.3, 7 y 91 del Título 8.1, que según afirma se refiere a la creación de juntas de interés público y al nombramiento de mediadores y personas encargadas de investigar los hechos.
8. 140. Además, en virtud del artículo 137.93, el comisario podrá nombrar a un representante de los intereses públicos quien, según el CLC, manifestará casi seguramente opiniones y adoptará posiciones que no tendrán en cuenta las necesidades ni las aspiraciones de los sindicatos y sus afiliados.
9. 141. El artículo 137.97 confiere al Gobierno la facultad de intervenir en cualquier momento para dar término a un conflicto, no sólo mediante una resolución legislativa, sino también mediante una orden del Teniente Gobernador en Consejo, si éste "considera que el conflicto constituye una amenaza para la economía de la provincia, o para la salud, la seguridad y el bienestar de los habitantes". Según el querellante, el texto de esta disposición es tan vago y el procedimiento para someter los conflictos a los cuerpos legislativos tan imprecisos que se corre el riesgo de que la asamblea legislativa y, lo que es más peligroso aún, el Gabinete, hagan uso exagerado de su poder de intervención en el procedimiento de la negociación colectiva.
10. 142. Además, por lo que se refiere al sector público, las disposiciones del artículo 137.95 y 96 y todas las alusiones a los empleadores del sector público indican claramente que los arbitrajes obligatorios están sujetos al principio básico de la "capacidad de pagar". Ahora bien, según el querellante, la definición de la capacidad de pagar es tan restrictiva que la junta arbitral deberá remitirse a la evaluación del Gobierno respecto de los fondos presupuestarios disponibles. De este modo, el Gobierno-empleador podrá imponer sus condiciones de pago a los trabajadores del sector público y a los sindicatos que los representan.
11. 143. El Título 8 se basa integralmente en el postulado de que todos los servicios, ya sean públicos o privados, son en cierta forma esenciales. Conforme a este concepto, el derecho de huelga de muchos trabajadores será prácticamente ilusorio, opina el querellante.
12. 144. El artículo 137.98 y 99 autoriza a los cuerpos legislativos y al Gabinete a considerar cualquier asunto como "esencial" y a imponer un convenio colectivo, con arreglo a los medios de que dispone el comisario. A juicio del querellante, esta manera de proceder es totalmente contraria a los propios fundamentos en que descansan los principios internacionales sobre la libertad de la negociación colectiva.
13. 145. El artículo 137.8 y 9 dispone que podrán suspenderse las huelgas y cierres patronales aun antes de haber comenzado, y la ley estipula sanciones injustas y rigurosas contra los trabajadores que no obedezcan la conminación de reanudar el trabajo. Además, en virtud del artículo 137.9,7 y 97,8, los trabajadores en falta quedarán a merced de las sanciones disciplinarias que decida el empleador. Si bien un árbitro podrá conocer de estos asuntos, no tendrá la autoridad suficiente para modificar la sanción impuesta por el empleador, en caso de considerarla justificada. Si, por ejemplo, una unidad negociadora sigue manteniendo piquetes de huelga contrariamente a las directrices recibidas, el empleador podrá decidir por sí solo cuáles son, entre las personas que apoyan al sindicato, las que serán despedidas sin que el sindicato pueda hacer valer recurso alguno.
14. 146. Entre los demás artículos de la ley núm. 19 que, en opinión del querellante, constituyen una violación flagrante de los convenios internacionales del trabajo, cabe destacar el artículo 6, por el que se anula el derecho de agregar cláusulas sobre boicoteo de solidaridad en los convenios colectivos y se prohíbe a los trabajadores afiliados a los sindicatos prestar ayuda concreta a sus compañeros.
15. 147. Además, el artículo 29 de la ley núm. 19 (por el que se modifica el artículo 53 del Código de Trabajo), restringe severamente los derechos y sucesión y permite a los empleadores decidir la forma en que se efectuarán los traspasos de empresas para reducir la posibilidad de una declaración del "sucesor". Ahora bien, el hecho de conservar los mismos trabajadores entraña una obligación de este tipo, por lo cual el querellante considera que la nueva disposición incitará poderosamente al empleador a no contratar a los mismos trabajadores que su predecesor.
16. 148. El querellante añade que en virtud del artículo 81,3 del Código de Trabajo, las huelgas deben comenzar dentro del plazo de tres meses siguiente a la votación que haya sido realizada a tal efecto y que, a falta de la misma, deberá procederse a una nueva votación. En su opinión, este artículo impide a los sindicatos adoptar una acción o estrategia y los pone a merced del Gobierno o de los empleadores. (En ciertos casos, podría imponerse un convenio sin que el sindicato tuviese incluso la posibilidad de proceder a una votación sobre la huelga.)
17. 149. El artículo 43, b) del proyecto de ley núm. 19 restringe severamente las posibilidades de los sindicatos que desean ejercer su derecho de huelga. Tomando en consideración el nuevo Título 8.1, el querellante considera que en algunos casos desaparece totalmente el derecho de huelga para los sindicatos de los sectores privado y público.
18. 150. A juicio del querellante, el artículo 47 del proyecto de ley núm. 19 impone severas restricciones en cuanto a los lugares y sitios en que un sindicato puede colocar legalmente sus piquetes de huelga; además, en ciertos casos, los piquetes de huelga legales pueden estar absolutamente prohibidos.
19. 151. Por último, el querellante dice que espera que la OIT se ocupará de este asunto con equidad y diligencia.

B. Respuesta del Gobierno

1. 152. En su respuesta de 18 de enero de 1988, transmitida por intermedio del Gobierno Federal del Canadá, el Gobierno de Colombia Británica señala que cuando se introdujeron las enmiendas legislativas a la ley de trabajo, en la primavera de 1987, reinaba una difícil situación económica y social que exigía cambios importantes en la legislación del trabajo.
2. 153. En efecto, aclara el Gobierno, en 1986, año anterior a la adopción de la ley sobre la reforma de las relaciones de trabajo, casi toda la población de Colombia Británica opinaba que el sistema de relaciones de trabajo estaba sufriendo una grave crisis. Con la proliferación de las huelgas y cierres patronales, la población de toda la provincia había sufrido perjuicios económicos y sociales inaceptables. En 1986, el número total de días de trabajo perdidos por causa de conflictos laborales era de casi 3 millones, irregularidad que culminó con una suspensión de seis meses de la actividad en la industria forestal. Este último conflicto había afectado a 28 000 trabajadores, que totalizaban 2 100 000 días de trabajo perdidos, lo cual significaba una pérdida de 2 000 millones de dólares canadienses para la economía de la provincia. El Gobierno consideró, entonces, que esta agitación social constituía una grave preocupación para toda la provincia, cuya consecuencia inevitable era desalentar las inversiones y contribuir con creces a elevar la tasa de desempleo, que en 1986 se situaba aproximadamente en un 12,6 por ciento en la provincia. Además, como desde hacía largo tiempo la economía de Colombia Británica dependía de los mercados internacionales, el Gobierno juzgó indispensable no poner en peligro su reputación de abastecedor de materias primas adquirida con el restablecimiento económico que se produjo tras la grave recesión de comienzos de los años 80.
3. 154. Teniendo en cuenta el amplio consenso a que había llegado toda la población de Colombia Británica respecto a que introducir cambios importantes en el procedimiento de la negociación colectiva no sólo era conveniente sino imprescindible para los intereses a largo plazo de la provincia, el Gobierno decidió en consecuencia llevar a cabo una revisión completa del contexto jurídico dentro del cual habrían de desarrollarse las relaciones de trabajo, las cuales, no habían variado significativamente desde comienzos de los años 70. Esta revisión y las consultas pertinentes se realizaron durante los primeros meses de 1987.
4. 155. El Gobierno explica que durante las audiencias públicas que se celebraron en nueve grandes centros de la provincia, el público en general y las partes interesadas tuvieron la posibilidad de manifestar sus opiniones por escrito y en forma oral. A raíz de esta medida, el Ministerio de Trabajo recibió más de 700 contribuciones por escrito que cumplieron un importante papel en la cristalización de las ideas y los elementos específicos que, en definitiva, se tuvieron en cuenta al elaborarse el proyecto de ley núm 19; de estas contribuciones, 288 procedían de organizaciones profesionales y las otras de particulares.
5. 156. Procede destacar que las organizaciones de trabajadores desempeñaron un papel activo al participar en el proceso de revisión de la legislación. En realidad, de las 288 contribuciones enviadas por organizaciones profesionales, 76 procedían de organizaciones de trabajadores. Por consiguiente, el Gobierno considera que la opinión de los sindicalistas fue tenida en cuenta en pie de igualdad con la de los empleadores y la de quienes representaban a distintos grupos de interés de la provincia. En una última instancia, sin embargo, el Gobierno debió escoger entre las distintas posibilidades y tomar decisiones que, a su parecer, eran las que mejor servían el interés a largo plazo de toda la provincia.
6. 157. Volviendo a los asuntos específicos planteados en la queja, el Gobierno de Colombia Británica desea responder punto por punto a los distintos motivos de protesta del querellante.
7. 158. Respecto del Título 8.1 del proyecto de ley núm. 19 que, según el CLC, establece cierto número de procedimientos obligatorios que permite la intervención de terceros y, especialmente, la del Gobierno en el procedimiento de negociación colectiva del sector privado, el Gobierno declara que debe formular dos comentarios: en primer lugar, considera que la licitud de la huelga sindical y del cierre patronal no es ilimitada y que ya en el pasado los poderes públicos intervenían en el desenvolvimiento de los conflictos laborales, sobre todo mediante los procedimientos de mediación antes de la declaración de una huelga y de determinación de los servicios que debían mantenerse en caso de conflicto en los servicios esenciales para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de la población. En segundo lugar, según el Gobierno, los procedimientos obligatorios contenidos en el Título 8.1 de la ley ya existían de una u otra forma en distintas legislaciones o prácticas sin haber causado aparentemente dificultades mayores a las partes implicadas en una negociación colectiva.
8. 159. Según el Gobierno, los poderes del Consejo de Relaciones de Trabajo son una continuación de una función que ejercía el Ministro y el Ministerio de Trabajo. El Gobierno afirma tener la intención de que los poderes de asistencia activa de que goza el comisario para la negociación dentro del sector privado se ejerzan de manera acertada y que las intervenciones de dicho comisario se limiten a aquellos casos en los cuales el interés público esté peligro. Por consiguiente, rechaza el alegato del querellante según el cual el comisario estaría encargado de vigilar todas las negociaciones colectivas.
9. 160. En lo tocante a las disposiciones del artículo 137 del Título 8.1, que se refieren a la creación de las juntas de interés público y a la designación de mediadores y personas encargadas de investigar los hechos, quienes, según el querellante, defenderían posiciones que no serían sensibles ni tomarían en cuenta las necesidades y aspiraciones de los sindicatos y de sus afiliados, el Gobierno afirma que, por el contrario, estos órganos están investidos de la misión de prestar asistencia a las partes, a fin de resolver sus conflictos y poner término a las diferencias que existan entre ellos. Además, dado el caso, estos órganos podrán obrar como abogados o protectores de los intereses de las partes que no estuviesen directamente implicadas en un conflicto pero que, no obstante lo cual, estuviesen interesadas en su desenlace. Estos aspectos de la ley tienen la finalidad de postergar la suspensión del trabajo en los casos en que el interés público pueda verse afectado por esta razón, pero no la de impedir que las partes directamente implicadas en el conflicto puedan negociar libremente un convenio colectivo cuya celebración sería de interés mutuo.
10. 161. Respecto del artículo 137.97, que autoriza al Gobierno a intervenir para poner término a un conflicto, no sólo mediante una resolución de la asamblea legislativa, sino también por decisión del Teniente Gobernador en Consejo, que el querellante denuncia por tratarse, a su parecer, de una disposición tan imprecisa que confiere al Gabinete amplias facultades para intervenir en el procedimiento de la negociación colectiva, el Gobierno responde que esta disposición no dará lugar al grado de injerencia dentro del procedimiento de la negociación colectiva que el CLC ha sugerido. Según el Gobierno, los poderes de que se trata estarán limitados, como lo han estado siempre, a los casos de conflictos que tengan repercusiones importantes en la salud, la seguridad y el bienestar de la población. El Gobierno añade que, incluso si este artículo entrara más tarde en vigor, tendría únicamente la finalidad de agilizar el desarrollo del procedimiento y, por consiguiente, de limitar los aspectos negativos de la intervención en esferas en que el Gobierno intervendría de todos modos, incluso de no existir tal modificación. Por último, la intervención directa de los cuerpos legislativos o del Gabinete estipulada en el artículo 137.97 tendrá sobre todo por objeto motivar una respuesta del comisario del Consejo de Relaciones de Trabajo, respuesta que debería consistir normalmente en prestar asistencia a las partes para que puedan celebrar por sí mismas un convenio colectivo aceptable para ambas.
11. 162. En lo que atañe al artículo 137.95 y 96 y a las referencias contenidas en el Título 8.1 sobre los empleadores del sector público en las que se indica que los arbitrajes obligatorios están sujetos al principio de la capacidad de pagar, el Gobierno reconoce que, si bien es comprensible que los sindicatos y los empleadores consideren como no convenientes algunos aspectos de la ley sobre las relaciones de trabajo debido a la facultad de que está investido el comisario de someter un conflicto al arbitraje obligatorio, la práctica observada anteriormente en Colombia Británica demuestra con total claridad que ísta es una circunstancia heredada del pasado y que no tiene posibilidades concretas de realización. Según el Gobierno, el objetivo fundamental de esta ley es que las partes determinen mutuamente los términos y las condiciones de su convenio colectivo por medio de la negociación colectiva. La ley estipula una diversidad de medios encaminados a ayudar a las partes en el procedimiento más que a imponerles obligaciones, como lo sugiere el CLC.
12. 163. El Gobierno reconoce que el artículo 137.96 transforma la capacidad de pagar en un elemento importante, y a veces esencial, en caso de arbitraje en un acuerdo colectivo del sector público. Ahora bien, explica, si introdujo el criterio de la capacidad de pagar fue porque comprendió que algunos árbitros ignoraban las repercusiones financieras de sus fallos o no les prestaban la atención debida, lo que originaba problemas frente a ciertas autoridades locales y daba lugar a que la opinión exterior de un árbitro prevaleciera frente a la de las personas seleccionadas localmente para zanjar el conflicto y organizar los recursos. El Gobierno entiende que esta modificación no incide en la capacidad del árbitro de arbitrar el conflicto con total equidad y neutralidad. Incluso antes de que se introdujera esta disposición legislativa, la mayoría de los árbitros tenían en cuenta las consecuencias financieras de sus fallos en materia de salarios sobre el empleador. De este modo, los árbitros seguirán asegurando que se examine cuidadosamente la situación financiera real y verdadera del empleador y evitando que se manejen los datos económicos para falsear el fallo del árbitro, señala el Gobierno.
13. 164. En cuanto al artículo 137.98 y 99, en virtud del cual, según el querellante, se autoriza a los cuerpos legislativos y al Gabinete a considerar cualquier asunto como esencial y a impugnar un convenio colectivo con arreglo a los medios de que dispone el comisario, el Gobierno declara que los dos apartados de este artículo se refieren al papel de un mediador especial que podrá nombrarse eventualmente para intervenir ante las partes implicadas en un conflicto que puede suponer una amenaza para la salud, la seguridad o el bienestar de la población en general. En caso de fracasar su actuación, el mediador especial tendría la facultad de fijar los términos del convenio colectivo que pondría fin al conflicto. El Gobierno señala que estos dos apartados no han entrado aún en vigor y que, por lo tanto, no tienen todavía fuerza de ley. De todas formas, agrega, incluso si se llegase más tarde a considerar conveniente su entrada en vigor, será únicamente con la finalidad de codificar una práctica que existía desde hacía largo tiempo en Colombia Británica y que se ha utilizado rara vez, pero que ha resultado ampliamente aceptable para las partes, a juzgar por la experiencia pasada. A título ilustrativo, el Gobierno cita al respecto una ley de 1984 sobre asistencia a la negociación colectiva en el transporte metropolitano que, en su momento, puso fin a una prolongada suspensión de trabajo en este transporte público de Vancouver y Victoria. En virtud de dicha ley, se había designado a un mediador especial encargado de celebrar un convenio colectivo conforme a los intereses a largo plazo de las partes y, al mismo tiempo, de asegurar la reanudación del trabajo en este servicio necesario al público, luego de una suspensión de varios meses. Desde entonces, afirma el Gobierno, las partes han renovado este convenio colectivo sin ayuda ni injerencia externa.
14. 165. Respecto del artículo 137.8 y 9 por el que, según el querellante, pueden suspenderse las huelgas y cierres patronales aun antes de su comienzo, el Gobierno responde que los apartados de este artículo se refieren a los conflictos laborales en los servicios esenciales. Reconoce que la definición de servicios esenciales puede considerarse como demasiado amplia, en el sentido de que abarca la noción de "amenaza para la economía de la provincia" o "para la prestación de servicios de educación". Sin embargo, en su opinión, el alcance de los servicios esenciales considerados en este artículo es coherente con el contexto de la negociación colectiva y la experiencia en el pasado en esta provincia. En efecto, según el Gobierno, estos apartados reiteran tan sólo algunas disposiciones legislativas ya existentes, como el artículo 73 del Código de Trabajo y el artículo 8 de la ley sobre los conflictos en los servicios esenciales. Explica que el artículo 137.8 abarca estos dos aspectos de los conflictos, a saber, la determinación de los servicios que deberán mantenerse durante un conflicto y la posibilidad de imponer un período de reflexión cuya duración puede ser de 40 días como máximo. Esta última disposición existe en la legislación desde 1975 y en casi todos los casos en que fue utilizada en el pasado fue bien aceptada por las partes implicadas en el conflicto. De hecho, la nueva ley ha permitido reducir a 40 días el período de 90 días (más una posible prolongación de 14 días) que la ley autorizaba antiguamente para los conflictos surgidos en los servicios esenciales.
15. 166. En cuanto al artículo 137.9, el Gobierno reconoce que su texto permite pedir la reanudación del trabajo, pero explica que se trata simplemente de la codificación de una práctica anterior que se ha desarrollado con el correr del tiempo. El Gobierno afirma a este respecto su intención de utilizar esta posibilidad de intervención únicamente en las situaciones de extrema gravedad.
16. 167. Por lo que se refiere al artículo 137.9, 7), y 97, 8) que, según el querellante, pondría al trabajador a merced del empleador en materia disciplinaria, el Gobierno explica que estos dos subpárrafos tienen la finalidad de indicar claramente a todos los implicados en un conflicto de trabajo que las órdenes formales de reanudar el trabajo tienen un carácter conminatorio para las personas afectadas por las mismas. Por consiguiente, según el Gobierno, los trabajadores no están a merced del empleador, sino que siguen teniendo la posibilidad de interponer recursos o de hacer uso de los procedimientos de arbitraje contenidos en los convenios colectivos que los amparan para tratar cuestiones disciplinarias. Del mismo modo, siguen aplicándose las disposiciones de la ley sobre las relaciones de trabajo referentes a las prácticas desleales en materia de trabajo, que garantizan muy amplia protección a los trabajadores víctimas de una medida injustificada por parte de un empleador, incluido la referente a los artículos impugnados por el CLC, afirma el Gobierno.
17. 168. Por lo que se refiere al artículo 6 de la ley núm. 19 (artículo 4.1 de la ley sobre las relaciones de trabajo) que anula el derecho de agregar cláusulas secundarias a los convenios colectivos y prohíbe a los trabajadores afiliados a sindicatos ayudar concretamente a sus compañeros, el Gobierno responde que los convenios de la OIT no estipulan "el derecho" de desarrollar actividades de boicoteo de solidaridad. Señala que, al respecto, ha decidido equiparar su legislación a la de otras provincias del Canadá. En opinión del Gobierno, el cambio introducido no prohíbe las declaraciones de apoyo ni los boicoteos, sino que suprime la posibilidad del empleador de ser parte en estas cláusulas secundarias, firmándolas en un convenio. El Gobierno explica que, por ejemplo, las personas afiliadas individualmente a un sindicato seguirán teniendo la posibilidad de ejercer presiones económicas sobre un empleador negándose a hacer sus compras en ciertos comercios. El artículo 4.1 de la ley sobre las relaciones de trabajo no prohíbe este tipo de actividades.
18. 169. Por lo que se refiere al artículo 29 de la ley núm. 19 (modificando el artículo 53 de la ley anterior) que impondría severas restricciones a los derechos y deberes del sucesor y permitiría a los empleadores dirigir la manera en que se efectúan los traspasos de empresas para eliminar la obligación del sucesor, el Gobierno indica que las modificaciones que introducen el artículo 29 del proyecto de ley núm. 19 por el que se enmienda el artículo 53 de la ley, no eliminan ni disminuyen significativamente las disposiciones que ya existen en aplicación del Código de Trabajo. El artículo 53, 1) sigue estipulando claramente que en caso de venta, traspaso o utilización de un bien o de una parte importante de un bien para cualesquiera fines deberá respetarse las obligaciones del sucesor y mantenerse el convenio colectivo existente. No se exige actualmente ni se exigió jamás una "declaración" para que el sindicato pueda adquirir la condición de sucesor. En aplicación del Código de Trabajo, actualmente, de la ley sobre las relaciones de trabajo, el Comité de Relaciones de Trabajo/Consejo de Relaciones de Trabajo es competente para decidir sobre los asuntos derivados de la situación del sucesor, en virtud de los artículos 53, 3) y 34. Según el Gobierno, el artículo 53 (enmendado) no hace sino aclarar la legislación existente respecto de ciertos problemas específicos que podrían haberse planteado con la interpretación de dicho artículo. Por consiguiente, el objeto de esta modificación ha sido el de suministrar pautas al Consejo de Relaciones de Trabajo.
19. 170. En opinión del Gobierno, la interpretación que solía hacerse anteriormente del artículo 53 era demasiado estricta y terminaba poniendo un freno a las inversiones. Al agregársele los subpárrafos 1.1, 1.2 y 1.3, que se refieren a la competencia profesional individual, al lugar donde está situado el negocio y a las quiebras, se pretende definir mejor la relación existente entre estos distintos factores y el sucesor.
20. 171. En lo tocante al artículo 43 del proyecto de ley núm. 19 (por el que se modifica el artículo 81, 3) del Código de Trabajo), en el que se establece que toda huelga debe comenzar en el plazo de tres meses siguiente a la votación que haya sido realizada y, que en caso contrario, debe procederse a otra votación, y del artículo 43, b) del proyecto de ley núm. 19 (desde ahora en adelante, artículo 81, 3), b) de la ley sobre las relaciones de trabajo), por el que se coartarían gravemente las posibilidades de un sindicato de ejercer su derecho de huelga, el Gobierno considera que estos aspectos de la ley son prácticamente similares a los que ya existían en el antiguo Código de Trabajo. Añade, por otra parte, que existen disposiciones paralelas en contra de los empleadores que entablan negociaciones, cuando en realidad pertenecen a una unidad negociadora integrada por varios empleadores, y que pretenden imponer un cierre patronal a sus trabajadores. Según el Gobierno, esta limitación de una votación de huelga que no haya sido utilizada, contenida en la ley, y la necesidad de dar un preaviso de huelga, resultante de los artículos 81 y 82, constituyen, tanto una como otra, limitaciones necesarias y aceptables que no obstaculizan indebidamente ni restringen la libertad de utilizar el arma de la huelga.
21. 172. Respecto del artículo 47 del proyecto de ley núm. 19 (por el que se modifica el artículo 85 de la ley sobre las relaciones de trabajo), en el que se impondrían severas restricciones a los lugares y sitios en que un sindicato puede colocar legalmente sus piquetes de huelga, el Gobierno afirma que su intención no es restringir injustamente el derecho de recurrir a la huelga o al cierre patronal. En su opinión, con estas modificaciones se intenta eliminar, dentro de lo posible, las repercusiones y las rupturas inoportunas resultantes de las actividades de los piquetes de huelga que afectan a terceros no implicados directamente en el conflicto inicial. El Gobierno añade que la Carta Canadiense de Derechos y Libertades garantiza a los individuos la protección fundamental de su derecho a la libertad de expresión. De modo que, señala, si los sindicatos o sus afiliados consideran que se obstaculizan las libertades fundamentales en esta esfera, tienen a su disposición recursos legales para obtener el restablecimiento de la situación. Ahora bien, según el Gobierno, las leves limitaciones que se imponen a los piquetes de huelga en virtud del proyecto de ley núm. 19 encuentran justificación en la medida en que de ellas derivan consecuencias beníficas para los terceros neutrales y ajenos al conflicto.

C. Conclusiones del Comité

1. 173. En el presente caso, el querellante critica el contenido de la ley núm. 19 sobre las relaciones de trabajo por la que se enmienda el Código de Trabajo de Colombia Británica, que en su mayor parte había entrado en vigor en julio de 1987, con la excepción del artículo 137.97, 98 y 99 del proyecto, cuya entrada en vigencia está prevista para más adelante, cuando así lo decida el Gobierno, haciendo uso de su poder discrecional.
2. 174. Según el querellante, la nueva ley establece cierto número de procedimientos obligatorios para la negociación colectiva del sector público y privado e impone restricciones administrativas al medio de que deberían disponer los trabajadores para hacer valer sus reivindicaciones económicas.
3. 175. El Comité ha tomado nota de los detallados alegatos presentados por los querellantes y de las respuestas concretas comunicadas por el Gobierno sobre cada uno de estos puntos. Esto le ha permitido tener conocimiento del contenido de la legislación criticada por el querellante, algunos de cuyos extractos pertinentes pueden consultarse en el anexo del presente informe. El problema que se plantea es el de saber si los procedimientos para la solución de los conflictos que afecten a los trabajadores de los sectores público y privado establecidos por la nueva ley en Colombia Británica, son conformes a los principios de libertad sindical enunciados sobre este particular por el Comité de Libertad Sindical.
4. 176. El Comité observa que el Gobierno explica que llevó a cabo una revisión completa de los procedimientos vigentes en materia de relaciones de trabajo, tras el amplio consenso que se había reunido entre la población de la provincia en 1986, como consecuencia de una serie de difíciles conflictos colectivos. El Gobierno aduce haber consultado a las organizaciones de trabajadores, pero reconoce que debió elegir y tomar decisiones que, en su opinión eran las que mejor satisfacían el interés a largo plazo de toda la provincia.
5. 177. Por lo que se refiere a los alegatos referentes al Título 8.1 de la ley núm. 19 sobre la reforma de las relaciones de trabajo, por el que se enmienda el Código de Trabajo, en el que se establecen ciertos procedimientos obligatorios que permiten la intervención de terceros, sobre todo la del Gobierno, en el procedimiento de la negociación colectiva del sector privado, el Comité toma nota de las seguridades manifestadas por el Gobierno al declarar que su intención es que el comisario pueda ejercer su facultad de asistencia activa en el procedimiento de la negociación colectiva del sector privado con acierto y sólo en los casos en que esté en juego el interés público.
6. 178. En opinión del Comité, sin embargo, y como ya lo ha indicado la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, si bien ciertas reglas y prácticas pueden facilitar el desarrollo de la negociación colectiva y contribuir a promoverla, y si algunas medidas pueden facilitar a las partes el acceso a ciertas informaciones, por ejemplo, sobre la situación económica de su unidad de negociación, sobre los salarios y condiciones de trabajo en unidades vecinas y sobre la situación económica general, todas las legislaciones por las que se instituyen organismos y procedimientos de mediación y conciliación destinados a facilitar la negociación entre copartícipes sociales deben salvaguardar la autonomía de las partes implicadas en la negociación (véase el Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva, 1983, párrafo 302).
7. 179. Por todo lo anterior, el Comité considera que en lugar de conferir a las autoridades públicas poderes de asistencia activa, e incluso de intervención, que les permitan hacer prevalecer su punto de vista, es más conveniente tratar de convencer a las partes implicadas en la negociación que por su propia voluntad deben tener en cuenta las razones capitales relacionadas con las políticas económicas y sociales de interés general que el Gobierno ha mencionado.
8. 180. En el caso presente, el Comité observa que el comisario puede establecer una junta de interés público, cuando lo estime apropiado (artículo 137.92 de la ley núm. 19), que procurará llegar a una solución del conflicto y formulará recomendaciones que cada una de las partes podrá aceptar o rechazar en un plazo de diez días (artículo 137.94, 1 a 7). Ahora bien, parecería que si una de las partes en el conflicto no participa, o se niega a participar, en la preparación de un convenio colectivo conforme a la recomendación de la junta de interés público, la otra parte podrá preparar de oficio un convenio que aplique las recomendaciones de la junta de interés público y podrá imponerlo, si esta junta lo certifica, ya que el convenio tendrá entonces fuerza obligatoria para ambas partes (artículo 137.94, 10 y 11). Dicho en otros términos, según lo dispuesto en la nueva legislación todo puede ocurrir como si una sola de las partes pudiese recurrir al arbitraje obligatorio para que se ponga término a un conflicto laboral.
9. 181. Sobre este punto, el Comité debe señalar a la atención del Gobierno el hecho de que el arbitraje obligatorio para poner término a un conflicto colectivo de trabajo es aceptable cuando lo han pedido las dos partes implicadas en el conflicto o en los casos en que la huelga puede ser limitada, e incluso prohibida, es decir, en los casos de conflicto dentro de la función pública respecto de funcionarios que actúan como órganos del poder público o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, o sea los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la seguridad de la persona en toda o parte de la población.
10. 182. Por consiguiente, el Comité invita al Gobierno a modificar su legislación a fin de circunscribir la facultad de intervención de las autoridades públicas para poner término a un conflicto de trabajo a las condiciones y circunstancias detalladas anteriormente.
11. 183. Por lo que se refiere al artículo 137.95 y 96 relativo a los criterios de la capacidad de pagar de los empleadores del sector público y de la obligación impuesta a los árbitros de someterse a dichos criterios, el Comité reitera que ya se le había presentado el caso núm. 1329 referente al Canadá (Colombia Británica) sobre este particular. Por lo tanto, el Comité no puede sino remitir a las conclusiones ya formuladas al respecto sobre este caso (véanse los párrafos 183 a 188 del 243.er informe) en las que señalaba que el requisito de la aprobación previa antes de la entrada en vigor de un convenio colectivo no es conforme con los principios de la negociación colectiva voluntaria contenidos en el Convenio núm. 98. El Comité ya había indicado al Gobierno que previera un procedimiento mediante el cual podría señalarse a la atención de las partes las consideraciones de interés general que podrían requerir un nuevo examen de los términos del Convenio. Ahora bien, señalaba, siempre sería preferible la persuasión a la imposición.
12. 184. Respecto del artículo 137.97, 98 y 99, por el que se confiere a las autoridades públicas (es decir, el Teniente Gobernador en Consejo o la legislatura) la facultad de someter un conflicto colectivo que, en opinión de las mismas, constituye una amenaza para la economía de la provincia, o para la salud, la seguridad o el bienestar de los habitantes o para la prestación de servicios de educación en la provincia, a un mediador especial designado por el comisario para preparar un convenio colectivo entre las partes, el Comité observa por el momento que estas disposiciones aún no han entrado en vigencia. No obstante, el Comité toma nota de que las mismas sólo codifican una práctica ya existente y rara vez utilizada, pero que las partes aceptan de buen grado, a juzgar por la experiencia habida en el pasado.
13. 185. Por su parte, sólo resta al Comité expresar la firme esperanza de que el Gobierno no pondrá en aplicación las disposiciones que confieren a las autoridades públicas la facultad de remitir un conflicto al arbitraje obligatorio de un mediador especial. Por lo tanto, el Comité invita al Gobierno a que dí seguridades de que la facultad de intervención de las autoridades públicas quedará circunscrita a los casos excepcionales mencionados anteriormente, o sea a aquíllos en que las autoridades pueden poner término a una huelga en la función pública o en los servicios esenciales en el sentido estricto del término. Además, el Comité reitera que el persona docente debe tener la posibilidad de gozar del derecho de negociar libremente sus condiciones de empleo y de recurrir a la huelga como medio legítimo para defender sus reivindicaciones profesionales.
14. 186. Respecto del artículo 137.8 que trata de los servicios esenciales y permite imponer una cláusula de contemporización (período de reflexión) no superior a los 40 días antes de la declaración de una huelga, el Comité considera que en la medida en que una cláusula de este tipo encaminada a postergar la declaración de una huelga tiene la finalidad de otorgar a las partes un plazo de reflexión, la misma no es contraria a los principios de libertad sindical. En efecto, el Comité ya tuvo la oportunidad de señalar en el pasado que una legislación que imponga la obligación de recurrir a los procedimientos de conciliación y arbitraje en los conflictos colectivos como una condición previa a la declaración de la huelga no podría considerarse como atentatoria a la libertad sindical (véase, en particular, el párrafo 378 de la Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, 1985). En opinión del Comité, esta cláusula de contemporización puede permitir a ambas partes entablar nuevas negociaciones y, eventualmente, llegar a un acuerdo sin tener que recurrir a la huelga.
15. 187. En lo tocante al artículo 137.9, que también se refiere a los servicios esenciales, y por el que se permite pedir a la junta de interés público que determine el servicio mínimo que considera necesario o esencial para prevenir un peligro inmediato y grave para la economía de la provincia, y la salud, la seguridad o el bienestar de sus habitantes, o la prestación de servicios de educación, el Comité reitera que siempre ha aceptado que sea legítimo requerir un servicio mínimo en caso de una huelga cuya magnitud y duración pudieran provocar una situación de crisis nacional aguda, pero en este último caso las organizaciones sindicales deberían poder participar en su definición, junto con los empleadores y las autoridades públicas (véase, en particular, el caso núm. 1356 del Canadá (Quebec) 248.o informe, párrafo 144).
16. 188. Por consiguiente, el Comité invita al Gobierno a que dí seguridades de que se consultará a las organizaciones profesionales interesadas sobre la determinación del servicio mínimo necesario.
17. 189. En lo tocante al artículo 137.9, 7) y 97, 8) sobre la reanudación del trabajo y el derecho del empleador a sancionar a los trabajadores en falta, el Comité reitera que si en el artículo 8 del Convenio núm. 87 se impone a los trabajadores y a los empleadores el respeto de la legalidad, la legislación nacional no menoscabará las garantías previstas en dicho Convenio. En opinión del Comité, cuando la suspensión total y prolongada del trabajo dentro de un sector importante de la economía pueda provocar una situación que ponga en peligro, la vida, la seguridad o la salud de la población, podría ser legítimo impartir a determinada categoría de personal la orden de reanudar el trabajo si, por su magnitud y duración, la huelga pudiera provocar dicha situación. En cambio, exigir que se reanude el trabajo en los casos no comprendidos bajo esta condición es contrario a los principios de la libertad sindical.
18. 190. Por consiguiente, el Comité invita al Gobierno a dar seguridades de que las órdenes de reanudación del trabajo se circunscribirán a los casos específicos mencionados más arriba y de que modificará su legislación a fin de garantizar que los empleadores no estarán autorizados a sancionar a los trabajadores por su propia autoridad.
19. 191. En cuanto a la obligación de proceder a una segunda votación si la huelga no se produjo en el plazo de los tres meses siguientes a la primera votación (artículo 43 de la ley núm. 19 relativa a la modificación del artículo 81.3 del Código de Trabajo), el Comité considera que en un intervalo de tres meses las partes pueden haber cambiado de opinión. Por consiguiente, esta disposición no constituye una amenaza para la libertad sindical, pues su finalidad es permitir que los interesados puedan hacer valer democráticamente su punto de vista mediante una nueva votación.
20. 192. Por lo que se refiere a las restricciones impuestas a los lugares y sitios en los que un sindicato puede colocar legalmente piquetes de huelga (artículo 47 de la ley núm. 19 por el que se modifica el artículo 85 del Código de Trabajo) y que exigen que los piquetes de huelga se coloquen exclusivamente cerca de una empresa donde los trabajadores hacen legalmente una huelga, el Comité considera que esta disposición no menoscaba los principios de la libertad sindical, desde el momento en que las huelgas se declaran legalmente y en conformidad con los principios de la OIT en esta materia.
21. 193. Por lo que se refiere a la prohibición de introducir cláusulas de boicoteo de solidaridad en los convenios colectivos (artículo 6 de la ley núm. 19), el Comité toma nota de las explicaciones facilitadas por el Gobierno sobre este punto y considera que prever en la legislación restricciones a este tipo de cláusulas, que pueden incluirse en los convenios colectivos, no está en conformidad con la libertad de negociación colectiva voluntaria. Por consiguiente, el Comité pide al Gobierno que revise la legislación sobre esta materia.
22. 194. En lo tocante a la disposición por la que se impondrían restricciones a los derechos y deberes del sucesor y se permitiría a los empleadores dirigir la manera en que se efectúan los traspasos de empresa para eliminar la obligación del sucesor (artículo 29 de la ley núm. 19 por la que se modifica el artículo 53 del Código de Trabajo, que autoriza a pedir al consejo de relaciones de trabajo su laudo sobre esta cuestión), el Comité señala que ya trató un problema de legislación análogo en el caso núm. 1247 relativo al Canadá (Alberta). En esa ocasión, el Comité había señalado que la legislación de Alberta no hacía más que reglamentar y acelerar la práctica que se seguía normalmente y que la misma no era irrazonable (véase el párrafo 138 del 241. informe del Comité). En el presente caso, el Comité puntualiza que el Gobierno declara que la disposición de que se trata no hace sino aclarar la legislación y que su finalidad es impartir pautas al consejo de relaciones de trabajo. En opinión del Comité, como el querellante formula en este punto una crítica de alcance general, sin precisar en quí consistiría la violación de los principios de libertad sindical, y como el artículo 29 sólo se limita a precisar los derechos y deberes del sucesor definiendo con mayor claridad quién es esta figura, sin reducir por ello sus obligaciones, esta disposición no parece constituir una amenaza para la libertad sindical.

Recomendación del Comité

1. 195. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
   • a) El Comité considera que ciertas disposiciones de la ley núm. 19 sobre las relaciones de trabajo no son conformes a los principios de la libertad sindical.
   • b) Por consiguiente, el Comité pide al Gobierno Federal canadiense que invite al Gobierno de Columbia Británica a que modifique la legislación.
   • c) Por lo que se refiere al recurso al arbitraje obligatorio para poner término a una huelga, el Comité señala a la atención del Gobierno la necesidad de limitar la posibilidad concedida a las autoridades públicas de recurrir al arbitraje obligatorio en los casos y circunstancias en los cuales las huelgas puedan ser limitadas, e incluso prohibidas, es decir, a los funcionarios de la administración pública que actúan como órganos del poder público y en los servicios esenciales, ya sean públicos o privados, en la medida en que la interrupción de los mismos podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población.
   • d) Respecto de la obligación que tienen los árbitros de respetar en sus arbitrajes los criterios relativos a la capacidad de pagar, el Comité pide al Gobierno Federal que invite al Gobierno de Columbia Británica a que modifique su legislación en orden a fomentar y promover el desarrollo y la utilización de los procedimientos de negociación voluntaria de los convenios colectivos entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, a fin de respetar las condiciones de empleo de los trabajadores amparados por los principios contenidos en el Convenio núm. 98.
   • e) Respecto de la determinación de los servicios mínimos que deberán mantenerse dentro de los servicios esenciales, el Comité pide al Gobierno Federal que invite al Gobierno de Columbia Británica a que enmiende su legislación con miras a limitar dichos servicios a las operaciones estrictamente necesarias y a garantizar que las organizaciones de trabajadores serán consultadas al igual que las organizaciones de empleadores y las autoridades públicas sobre la determinación del número de trabajadores necesarios para el cumplimiento de los servicios mínimos.
   • f) Respecto de la posibilidad que tienen los empleadores de sancionar por su propia autoridad a los trabajadores que se nieguen a cumplir la orden de reanudar el trabajo, el Comité pide al Gobierno Federal que invite al Gobierno de Columbia Británica a que modifique la legislación, de suerte que en ningún caso los empleadores puedan sancionar a los trabajadores por su propia autoridad y para circunscribir las órdenes de reanudación del trabajo a los casos específicos mencionados anteriormente, a saber, en caso de huelga en la función pública y los servicios esenciales en el sentido estricto del término.
   • g) Por lo que se refiere a prohibir por vía legislativa la incorporación de la cláusula de boicoteo de solidaridad en los convenios colectivos, el Comité pide al Gobierno Federal que invite al Gobierno de Columbia Británica a no incluir en la legislación restricciones a las cláusulas que pueden ser incluidas en los convenios colectivos.
   • h) El Comité señala a la atención de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones las consecuencias que podría tener esta legislación en la aplicación del Convenio núm. 87, ratificado por el Canada.

ANEXO

1. Disposiciones legislativas examinadas en relación con el caso
2. núm. 1430
3. Proyecto de ley 19 - 1987
4. LEY REFORMADA DE RELACIONES DE TRABAJO, DE 1987
5. Código de Trabajo
6. 1. Se modifica el Código de Trabajo, R.S.B.C. 1979, cap. 212
7. sustituyendo su
8. título por el de "ley sobre las relaciones de trabajo".
9. ...................................................... ....... .........
10. 6. Se añade el siguiente artículo.
11. Prohibición de todo convenio de boicoteo de solidaridad
12. 4.1
13. 1) Será nula toda disposición explícita o implícita de un
14. convenio entre un
15. empleador y un sindicato en virtud de la cual el empleador cese
16. o se abstenga
17. de, o convenga en cesar o abstenerse de manipular, utilizar,
18. comprar, vender,
19. transportar o comerciar en cualquier otra forma con productos
20. de otro
21. empleador, o en dejar de tener tratos comerciales con otra
22. persona.
23. 2) Ningún empleador y ningún sindicato podrán incluir en
24. ningún convenio una
25. cláusula que sea nula en virtud del apartado 1).
26. 3) No será nula la disposición de un convenio que se limite a
27. reconocer el
28. derecho a negarse a traspasar un piquete.
29. ...................................................... .... .............
30. 29. Se modifica como sigue el artículo 53:
31. a) en el apartado 1) se sustituye "siempre que una empresa o
32. parte de ella, o
33. una parte sustancial de sus activos totales" por "siempre que
34. una empresa o
35. una parte sustancial de la misma", y
36. b) añadiendo los siguientes incisos:
37. 1.1) A efectos del presente artículo, los conocimientos
38. técnicos o de
39. competencia profesional de una persona no constituyen por sí
40. solos una
41. empresa.
42. 1.2) A efectos del presente artículo, no hay venta, arriendo,
43. transferencia
44. u otra forma de cesión de una empresa por una persona (que en
45. el presente
46. inciso se designa como sigue: "la anterior entidad empresarial")
47. simplemente
48. por el hecho que otra persona desempeñe funciones similares
49. allí donde actuaba
50. antes la anterior entidad empresarial.
51. 1.3) No se aplicará el presente artículo cuando venda,
52. arriende, transfiera
53. o ceda en cualquier otra forma una empresa o una parte
54. sustancial de la misma
55. un síndico de la quiebra en virtud de la ley sobre la quiebra
56. (Canadá), salvo
57. si el consejo constata que se han intentado eludir las
58. obligaciones de
59. negociación colectiva estipuladas en la presente ley.
60. ............
61. (Artículo 53. El texto anterior del Código de Trabajo estaba así
62. redactado:
63. Derechos y obligaciones de los sucesores
64. 53. 1) Siempre que una empresa o parte de ella, o una parte
65. sustancial de sus
66. activos totales, se vendan, arrienden, transfieran o cedan en
67. qualquier otra
68. forma, el comprador, arrendatario o cesionario estará obligado
69. por todas las
70. acciones con arreglo a la presente ley antes de la fecha de la
71. cesión, y las
72. acciones continuarán como si no hubiese ocurrido cambio
73. alguno; y cuando esté
74. en vigor un convenio colectivo, éste seguirá obligando al
75. comprador,
76. arrendatario o cesionario en las mismas condiciones que si lo
77. hubiese firmado
78. íl.
79. 2) Cuando surja un conflicto en relación con el presente
80. artículo, el consejo
81. especificará, a petición de cualquiera, los derechos, privilegios y
82. obligaciones adquiridos o mantenidos, y con tal fin podrá
83. efectuar pesquisas u
84. ordenar que se proceda a una votación de representación
85. según lo considere
86. necesario o conveniente.
87. 3) Después de haber efectuado una pesquisa u ordenado una
88. votación con arreglo
89. al presente artículo, el consejo podrá:
90. a) determinar si los trabajadores constituyen una o más
91. unidades apropiadas
92. con fines de negociación colectiva;
93. b) designar el sindicato que habrá de ser el agente negociador
94. para los
95. trabajadores de cada unidad;
96. c) modificar, en la medida en que lo considere necesario o
97. conveniente, la
98. autorización concedida a un sindicato o la descripción de una
99. unidad que
100. figure en un convenio colectivo;
101. d) modificar o restringir los efectos de una cláusula de un
102. convenio
103. colectivo con objeto de definir los derechos de antigüedad en
104. virtud del mismo
105. de los trabajadores afectados por la venta, el arriendo, la
106. transferencia u
107. otra forma de cesión; y
108. e) dar las intrucciones que estime necesarias o convenientes,
109. en lo que se
110. refiere a la interpretación y la aplicación de un convenio
111. colectivo que
112. afecte a los trabajadores de una unidad especificada con
113. arreglo al presente
114. artículo como apropiada con fines de negociación colectiva.)
115. ...................................................... .... .............
116. 42. Se sustituye el artículo 80 por el siguiente:
117. Prohibición de toda votación sobre huelgas y cierres patronales
118. antes de la
119. negociación
120. 80. Nadie podrá proceder a una votación con arreglo a los
121. artículos 81 u 82
122. sobre la eventualidad de una huelga o un cierre patronal antes
123. de que el
124. sindicato y el empleador, o sus representantes autorizados,
125. hayan procedido a
126. una negociación colectiva en consonancia con lo dispuesto en
127. la presente ley.
128. ...................................................... .... .............
129. 43. Se modifica el artículo 81.
130. a) sustituyendo el apartado 1) por el siguiente:
131. 1) Nadie podrá declarar o autorizar una huelga ni ningún
132. trabajador podrá
133. declararse en huelga si no ha habido antes una votación, en
134. consonancia con
135. las reglamentaciones, de los trabajadores de la unidad afectada
136. sobre la
137. eventualidad de declararse en huelga y la mayoría de los
138. trabajadores votantes
139. han votado a favor de la huelga;
140. b) sustituyendo el inciso b) del apartado 3) por el siguiente:
141. b) ningún trabajador podrá declararse en huelga:
142. i) si el sindicato no ha notificado por escrito al empleador que
143. los
144. trabajadores van a declararse en huelga;
145. ii) si no se ha presentado la notificación por escrito al
146. presidente de la
147. Dirección de Solución de Conflictos;
148. iii) si no han transcurrido setenta y dos horas, o un plazo más
149. largo con
150. arreglo al presente artículo, a partir del momento en que se
151. presentó la
152. notificación por escrito al presidente de la Dirección de
153. Solución de
154. Conflictos;
155. iv) cuando se haya nombrado a un mediador, si no han
156. transcurrido cuarenta
157. y ocho horas a partir del momento en que el presidente
158. comunicó al sindicato
159. que el mediador le había prestado un informe, o a partir del
160. momento indicado
161. en el párrafo iii), según cuál sea el plazo más largo;
162. v) cuando se haya nombrado a un investigador, si no han
163. transcurrido
164. cuarenta y ocho horas a partir del momento en que entregó el
165. presidente a
166. las partes el informe del investigador, o o partir del momento
167. indicado en
168. el párrafo iii), según cuál sea el plazo más largo;
169. vi) si el sindicato que ha presentado una notificación por
170. escrito está
171. sometido a una orden formulada en virtud del Título 8.1 para
172. prevenir la
173. huelga.
174. ...................................................... .... .............
175. (Artículo 81. El texto anterior estaba así redactado:
176. Notificación y votación previas a una huelga
177. 81. 1) Nadie podrá declarar o autorizar una huelga, ni ningún
178. trabajador
179. podrá declararse en huelga, si no ha habido antes en la unidad
180. afectada una
181. votación, secreta y efectuada en consonancia con las
182. reglamentaciones, sobre
183. la eventualidad de declararse en huelga y la mayoría de los
184. trabajadores
185. votantes han votado en favor de la huelga.
186. 2) Cuando, a petición de una persona directamente afectada
187. por una votación
188. sobre una huelga o por una huelga inminente, o por propia
189. iniciativa del
190. consejo, constate éste que no se ha procedido a la votación en
191. consonancia con
192. lo dispuesto en el apartado 1) o en las reglamentaciones, el
193. consejo podrá
194. declarar nula o sin efecto esa votación y ordenar que, si se lleva
195. a cabo otra
196. votación, se proceda a ella en las condiciones que considere
197. necesarias o
198. convenientes.
199. 3) Salvo que hayan decidido otra cosa por escrito, de mutuo
200. acuerdo, el
201. empleador o la organización de empleadores autorizada por el
202. empleador y el
203. sindicato que represente a la unidad afectada, cuando el
204. resultado de la
205. votación sea favorable a la huelga:
206. a) ninguna persona podrá declarar o autorizar una huelga, ni
207. ningún
208. trabajador declararse en huelga, salvo en los tres meses
209. inmediatamente
210. subsiguientes a la fecha de la votación; y
211. b) ningún trabajador podrá declararse en huelga:
212. i) si el sindicato no ha notificado por escrito al empleador que
213. los
214. trabajadores van a declararse en huelga;
215. ii) si no han transcurrido setenta y dos horas, o un plazo más
216. largo con
217. arreglo al presente artículo, a partir del momento en que se hizo
218. la
219. notificación; y
220. iii) cuando se haya nombrado a un mediador con arreglo al
221. artículo 69,
222. hasta que el ministro no haya comunicado al sindicato que el
223. mediador le ha
224. presentado un informe.
225. 4) Pese a lo dispuesto en el apartado 3), b), a petición del
226. interesado o por
227. decisión del propio consejo, y con fines de protección de:
228. a) bienes perecederos; u
229. b) otros bienes o personas afectadas por bienes perecederos.
230. El consejo
231. podrá ordenar a un sindicato que avise de una huelga con una
232. antelación
233. superior a setenta y dos horas.
234. 5) Cuando el consejo dí una orden con arreglo a lo establecido
235. en el apartado
236. 4):
237. a) deberá especificar el plazo de la notificación por escrito
238. necesaria; y
239. b) podrá imponer las condiciones que estime necesarias o
240. convenientes.
241. 6) En los apartados 4) y 5) del presente artículo y en el artículo
242. 82, 4) y
243. 5) se entiende por "bienes perecederos":
244. a) los bienes que están expuestos de modo inminente a
245. pérdida o deterioro; o
246. b) los bienes que pueden llegar a constituir un peligro
247. inminente para la
248. vida, la salud u otros bienes.)
249. ...................................................... .... .............
250. 44. Se modifica el artículo 82:
251. a) sustituyendo el apartado 1) por el siguiente:
252. 1) Cuando dos o más empleadores estén implicados en el
253. mismo conflicto con
254. sus trabajadores, nadie podrá declarar o autorizar un cierre
255. patronal, ni
256. ningún empleador podrá decidir un cierre patronal con respecto
257. a sus
258. trabajadores, si no ha habido antes una votación, en
259. consonancia con las
260. reglamentaciones de todos los empleadores, sobre la
261. eventualidad de declarar
262. un cierre patronal y la mayoría de los empleadores votantes han
263. votado a favor
264. del cierre patronal;
265. b) sustituyendo el inciso b), del apartado 3) por el siguiente:
266. b) ningún empleador podrá declarar un cierre patronal con
267. respecto a sus
268. trabajadores:
269. i) si no ha comunicado al sindicato por escrito que va a
270. proceder a un
271. cierre patronal con respecto a sus trabajadores;
272. ii) si no se ha presentado la notificación por escrito al
273. presidente de
274. la Direción de Solución de Conflictos;
275. iii) si no han transcurrido setenta y dos horas, o un plazo más
276. largo
277. con arreglo al presente artículo, a partir del momento que se
278. presentó la
279. notificación por escrito al presidente de la Dirección de Solución
280. de
281. Conflictos;
282. iv) cuando se haya nombrado a un mediador, si no han
283. transcurrido cuarenta y
284. ocho horas a partir del momento en que el presidente comunicó
285. a los
286. empleadores que el mediador le había presentado un informe, o
287. a partir del
288. momento indicado en el párrafo iii), según cual sea el plazo
289. más largo;
290. v) cuando se haya nombrado a un investigador, si no han
291. transcurrido
292. cuarenta y ocho horas del momento en que el presidente
293. entregó a las partes el
294. informe del investigador, o a partir del momento indicado en el
295. inciso iii) ,
296. según cuál sea el plazo más largo;
297. vi) si el empleador que ha presentado la notificación por escrito
298. está
299. sometido a una orden formulada en virtud del Título 8.1 para
300. prevenir el
301. cierre patronal.
302. ...................................................... .... .............
303. (Artículo 82. El texto anterior estaba así redactado:
304. Notificación y votación previas al cierre patronal
305. 82. 1) Cuando haya más de un empleador implicado en el
306. mismo conflicto con
307. sus trabajadores, nadie podrá declarar o autorizar un cierre
308. patronal, ni
309. ningún empleador decidir un cierre patronal con respecto a sus
310. trabajadores,
311. si no ha habido antes una votación secreta, y en consonancia
312. con las
313. reglamentaciones, de todos los empleadores sobre la
314. eventualidad de declarar
315. el cierre patronal y la mayoría de los empleadores votantes han
316. votado a favor
317. del cierre patronal.
318. 2) Cuando, a petición de una persona directamente afectada
319. por una votación
320. sobre un cierre patronal o por un cierre patronal inminente, o por
321. su propia
322. iniciativa del consejo, constate éste que no se ha procedido a
323. una votación en
324. consonancia con lo dispuesto en el apartado 1) o en las
325. reglamentaciones, el
326. consejo podrá declarar nula o sin efecto la votación, y ordenar
327. que, si se
328. lleva a cabo otra votación, se proceda a ella en las condiciones
329. que considere
330. necesarias o convenientes.
331. 3) Salvo que hayan decidido otra cosa por escrito, de mutuo
332. acuerdo, el
333. empleador o la organización de empleadores autorizado por el
334. empleador y el
335. sindicato que represente a la unidad afectada:
336. a) cuando se proceda a una votación con arreglo al apartado 1)
337. y el resultado
338. sea favorable al cierre patronal, ninguna persona podrá
339. declarar o autorizar
340. un cierre patronal ni ningún empleador declarar un cierre
341. patronal con
342. respecto a sus trabajadores, salvo durante los tres meses
343. inmediatamente
344. subsiguientes a la fecha de la votación; y
345. b) ningún empleador podrá declarar un cierre patronal con
346. respecto a sus
347. empleados:
348. i) si el empleador no ha comunicado por escrito al sindicato
349. que va a
350. proceder a un cierre patronal con respecto a sus trabajadores;
351. ii) si no han transcurrido setenta y dos horas, o un plazo más
352. largo con
353. arreglo al presente artículo, a partir del momento en que se hizo
354. la
355. notificación; y
356. iii) cuando se haya nombrado a un mediador con arreglo al
357. artículo 69,
358. hasta que el ministro no haya comunicado al empleador que el
359. mediador le ha
360. presentado un informe.
361. 4) Pese a lo dispuesto en el apartado 3), b), a petición de un
362. interesado o
363. por decisión del propio consejo, y con fines de protección de:
364. a) bienes perecederos; u
365. b) otros bienes o personas afectados por bienes perecederos.
366. El consejo
367. podrá ordenar al empleador que avise de un cierre patronal con
368. una antelación
369. superior a setenta y dos horas.
370. 5) Cuando el consejo dí una orden con arreglo a lo establecido
371. en el apartado
372. 4):
373. a) deberá especificar el plazo de la notificación por escrito
374. necesaria; y
375. b) podrá imponer las condiciones que considere necesarias o
376. convenientes.)
377. ...................................................... .... .............
378. 45. Se sustituye el apartado 3 del artículo 83 por el siguiente:
379. 3) Ningún acto u omisión de un sindicato o de los trabajadores
380. constituirá
381. una huelga cuando:
382. a) sea necesario para proteger la salud de esos trabajadores, o
383. b) se autorice en una disposición de un convenio colectivo con
384. arreglo al
385. cual un empleador que se dedica a obras de construcción en
386. un proyecto de
387. construcción acepte que los trabajadores de la unidad
388. negociadora amparada por
389. el convenio colectivo y que trabaja en el proyecto de
390. construcción, no están
391. obligados a trabajar en asociación con personas que no sean
392. miembros de:
393. i) el sindicato representante de la unidad negociadora, o de
394. ii) otro sindicato mencionado en el convenio colectivo.............
395. (Artículo 83. El texto anterior estaba así redactado:
396. Protección de los derechos
397. 83. 1) No deberá interpretarse nada de lo dispuesto en la
398. presente ley en el
399. sentido de que prohíba la suspensión o interrupción por un
400. empleador de las
401. actividades en su establecimiento, total o parcialmente, por una
402. causa que no
403. constituya un cierre patronal.
404. 2) Incumbirá al empleador demostrar que se han suspendido o
405. interrumpido las
406. actividades en su establecimiento por una causa que no
407. constituye un cierre
408. patronal.
409. 3) Ningún acto u omisión de un sindicato o de los trabajadores
410. constituirá
411. una huelga cuando sea necesario para proteger la seguridad y
412. la salud de esos
413. trabajadores o cuando se autorice en una disposición de un
414. convenio colectivo
415. con arreglo al cual el empleador acepte que los trabajadores de
416. la unidad
417. negociadora, amparada por el convenio colectivo no están
418. obligados a trabajar
419. en asociación con personas que no sean miembros de:
420. a) el sindicato representante de la unidad negociadora, o de
421. b) otro sindicato mencionado en el convenio colectivo.)
422. ...................................................... .... ............. 46.
423. Se modifica el artículo 84 añadiendo "o la aplicación de una
424. cláusula de un
425. convenio prohibido en virtud del artículo 4.1 1)" después de "la
426. constitución
427. de piquetes, tal como se define en la presente ley".
428. ............
429. (Artículo 84. El texto anterior estaba así redactado:
430. Información
431. 84. En todo momento y en una forma que no suponga la
432. constitución de piquetes
433. tal como se define en la presente ley, un sindicato u otra
434. persona podrá
435. comunicar información a una persona, o expresar públicamente
436. su apoyo o
437. solidaridad a una persona con respecto a asuntos o cosas que
438. afecten o se
439. refieran a las condiciones del empleo o trabajo efectuado o que
440. haya de
441. efectuar esa persona.)
442. ...................................................... .... .............
443. 47. Se modifica el artículo 85:
444. a) sustituyendo, en los párrafos a) y b) del apartado 1)
445. "personas" por
446. "empleadores";
447. b) en el apartado 2) añadiendo "para el beneficio del
448. empleador afectado por
449. la huelga o para el beneficio de un empleador que ha recurrido
450. al lock-out",
451. después de "Una persona que";
452. c) en el apartado 3) eliminando "está en lock-out o en huelga
453. legítima" y
454. sustituyendo "realizar trabajos bajo el control o dirección del
455. empleador si
456. el trabajo es una parte integral y substancial de la operación del
457. empleador y
458. el lugar o sitio es el lugar o sitio de la huelga legítima o del
459. lock-out";
460. d) en el apartado 4), a) añadiendo "para el beneficio propio del
461. empleador"
462. después de "suple bienes o posee servicios";
463. e) abrogando el apartado 4), b) y sustituyendo lo siguiente: b)
464. en, o cerca,
465. del lugar donde un aliado realiza trabajos, suple bienes o
466. provee servicios
467. para beneficio del empleador afectado por la huelga o para
468. beneficio de un
469. empleador que ha recurrido al lock-out;
470. f) añadiendo el siguiente apartado: (4.1) En el apartado 4)
471. "empleador"
472. significa la persona cuya operación puede ser piqueteada
473. legalmente en virtud
474. del apartado 3);
475. g) abrogando el apartado 5) y sustituyendo lo siguiente: (5) El
476. Consejo
477. puede, por aplicación de oficio, producir una orden definiendo el
478. lugar o
479. sitio en el cual el piquete, que es permitido bajo el apartado 3) o
480. que es
481. permitido bajo el apartado 4), puede tener lugar y donde el
482. piquete es sitio
483. común de piquetes el consejo deberá restringir el piquete de tal
484. manera que
485. sólo afecte la operación del empleador que ha causado el
486. lock-out o cuyos
487. empleados están legalmente en huelga, o en una operación de
488. un aliado de ese
489. empleador; y
490. h) añadiendo el siguiente apartado: (6) Para los propósitos de
491. este título,
492. divisiones u otras partes de una corporación o firma deberán, si
493. ellas son
494. operaciones distintas y separadas, ser tratadas como
495. empleadores diferentes.
496. ............
497. (Artículo 85. El texto anterior estaba así redactado:
498. Constitución de piquetes
499. 85. 1) En el presente artículo se entiende por "aliado" toda
500. persona que, a
501. juicio del consejo, en combinación, de consumo o en virtud de
502. un acuerdo común
503. con el empleador, le ayude en un cierre patronal o a oponerse a
504. una huelga
505. lícita; "constitución de piquetes en lugares comunes", la
506. constitución de
507. piquetes en un lugar o sitio, o cerca de ellos, donde:
508. a) dos o más personas lleven a cabo actividades, o un trabajo
509. o un negocio;
510. b) haya un cierre patronal o una huelga lícita por o contra una
511. de las
512. personas mencionadas en el párrafo a), o una de las cuales sea
513. aliada del
514. empleador por o contra el cual haya un cierre patronal o una
515. huelga lícita.
516. 2) Una persona que lleve a cabo un trabajo, suministre bienes o
517. preste
518. servicios de una índole o carácter que, salvo en el caso de
519. cierre patronal o
520. huelga lícita, llevaría a cabo, suministraría o prestaría al
521. empleador, será
522. considerada por el consejo como aliada del empleador a no ser
523. que demuestre lo
524. contrario.
525. 3) Un sindicato, un miembro o miembros de los cuales estén en
526. una huelga
527. lícita o sometidos a un cierre patronal, o una persona autorizada
528. por el
529. sindicato, podrán constituir piquetes en el lugar o sitio, o cerca
530. de ellos,
531. en los cuales esté un miembro del sindicato sometido a un cierre
532. patronal o en
533. huelga lícita.
534. 4) Previa solicitud y después de efectuar las pesquisas que
535. considere
536. necesarias, el consejo podrá permitir la constitución de piquetes:
537. a) en otro lugar o sitio, o cerca de ellos, que esté utilizando el
538. empleador
539. causante del cierre patronal o cuyos trabajadores estén en
540. huelga lícita para
541. llevar a cabo un trabajo, suministrar bienes o prestar servicios
542. que, salvo
543. en los casos de cierre patronal o huelga, se llevaría a cabo,
544. suministrarían o
545. prestarían en el sitio o lugar en los cuales se autoriza la
546. constitución de
547. piquetes en el apartado 3), o
548. b) en el lugar del negocio, las actividades o el empleo de un
549. aliado, o
550. cerca de él. Pero el consejo no autorizará la constitución de
551. piquetes en
552. lugares comunes a no ser que dí también una orden con arreglo
553. al apartado 5),
554. en la cual defina el lugar o sitio y restrinja la constitución de
555. piquetes en
556. la forma mencionada en ese apartado.
557. 5) Previa solicitud o por decisión propia, el consejo podrá dar
558. una orden
559. definiendo el lugar o sitio en el cual se autoriza la constitución
560. de piquetes
561. con arreglo al del apartado 3), o se permite con arreglo al
562. apartado 4), y
563. cuando se trate de la constitución de piquetes en lugares
564. comunes, el consejo
565. deberá restringir razonablemente en su orden la constitución de
566. piquetes para
567. el empleador causante del cierre patronal o cuyos trabajadores
568. estén en
569. huelga, o para un aliado de ese empleador.)
570. ...................................................... .... .............
571. 60. Se añade el siguiente al artículo 137.
572. TITULO 8.1 SOLUCION DE CONFLICTOS
573. Interpretación
574. 137.1 En el presente Título se entiende por:
575. "junta arbitral", un árbitro único, una junta arbitral, un
576. mediador-árbitro,
577. un seleccionador de la oferta final y un mediador especial;
578. "presidente", el
579. presidente de la Dirección de Solución de Conflictos del
580. consejo;
581. "dirección", la Dirección de Solución de Conflictos del consejo;
582. "investigador", una persona designada para actuar como
583. investigador con
584. arreglo al presente Título;
585. "junta de interés público", una junta de interés público
586. establecido con
587. arreglo al artículo 137.92;
588. "empleador del sector público":
589. a) la administración pública;
590. b) una sociedad, registrada o no, comisión, consejo, oficina,
591. entidad u
592. organismo similar que tenga:
593. i) en su consejo de administración una mayoría de miembros
594. designados por
595. una ley, un ministro o el Teniente Gobernador en consejo, o
596. ii) personal designado en virtud de la ley sobre el servicio
597. público.
598. c) un municipio, a saber:
599. i) un municipio;
600. ii) un distrito regional, y
601. iii) un distrito de fomento, tal como se definen en la ley
602. municipal.
603. d) un consejo escolar tal como se define en la ley sobre los
604. centros
605. docentes;
606. e) una universidad, tal como se define en la ley sobre
607. universidades;
608. f) una institución, tal como se define en la ley sobre institutos y
609. centros de
610. enseñanza superior;
611. g) un servicio comunitario, tal como se define en la ley sobre
612. servicios
613. comunitarios, que reciba fondos de otro empleador del sector
614. público;
615. h) un hospital, tal como se define en la ley sobre hospitales o en
616. la ley
617. sobre seguro de hospitales, que reciba fondos de otro
618. empleador del sector
619. público;
620. i) un consejo de biblioteca, según se define en la ley sobre
621. bibliotecas, y
622. j) un empleador designado en el apíndice de la presente Ley;
623. "mediador especial", una persona designada con arreglo al
624. artículo 137.98 y
625. que puede ser un mediador-árbitro.
626. Cometido y atribuciones de la dirección
627. 137.2 1) Incumbe a la dirección:
628. a) observar el cumplimiento de convenios colectivos entre
629. empleadores y
630. agentes negociadores;
631. b) prestar ayuda a empleadores y agentes negociadores para
632. facilitar la
633. formulación o la renovación de convenios colectivos;
634. c) acopiar y publicar información estadística sobre las
635. relaciones de
636. trabajo, el empleo o la negociación colectiva en la provincia;
637. d) dirigir los servicios de mediación que se establezcan con
638. arreglo a este
639. título, y
640. e) desempeñar las funciones que le impone el presente Título
641. y otras
642. funciones que estime necesarias el consejo a efectos del
643. presente Título.
644. 2) El presidente podrá autorizar a un mediador especial, un
645. consejo de
646. interés público, un investigador o una junta arbitral a contratar
647. consultores.
648. Servicios de mediación
649. 137.3 1) Cuando:
650. a) se haya notificado que puede empezar una negociación
651. colectiva entre un
652. sindicato y un empleador;
653. b) una u otra parte presenten una solicitud por escrito al
654. presidente para
655. el nombramiento de un mediador que entre en relación con las
656. partes con objeto
657. de ayudarlas a establecer un convenio colectivo o a renovarlo o
658. revisarlo, y
659. c) la petición vaya acompañada de una declaración sobre los
660. asuntos en que
661. se hayan puesto de acuerdo, o no, las partes durante la
662. negociación colectiva.
663. El presidente podrá nombrar a un mediador.
664. 2) La persona nombrada como mediador no tiene que formar
665. necesariamente parte
666. del personal del consejo.
667. 3) En todo momento durante una negociación colectiva entre
668. un empleador y un
669. sindicato, el presidente, si estima que el nombramiento puede
670. facilitar la
671. firma de un convenio colectivo, podrá nombrar a un mediador
672. para que entre en
673. relación con las partes.
674. 4) Cuando se nombre un mediador para que entre en relación
675. con las partes, en
676. el plazo de diez días después de su primera reunión con las
677. partes o de
678. veiente después de su nombramiento, según cual sea el plazo
679. más corto, o, si
680. las partes lo aceptan, en un plazo más largo decidido por el
681. presidente, el
682. mediador deberá informar a éste, especificando los asuntos en
683. los cuales se
684. hanpuesto, o no, de acuerdo las partes y comunicándole
685. cualquier otra
686. información que considere necesaria para la negociación
687. colectiva entre las
688. partes.
689. 5) Cuando lo pida una de las partes al presidente o cuando el
690. presidente así
691. lo decida, el mediador facilitará al presidente y a las partes un
692. informe
693. sobre el conflicto de negociación colectiva, en el cual podrá
694. recomendar
695. fórmulas de solución del conflicto.
696. 6) Las partes que entren en relación con un mediador con
697. arreglo al presente
698. artículo deberán facilitar la información sobre la negociación
699. colectiva que
700. les pida el mediador.
701. Huelga o cierre patronal
702. 137.4 1) Una vez iniciada una huelga o un cierre patronal, el
703. sindicato o el
704. empleador que hayan declarado la huelga o el cierre patronal
705. deberán informar
706. inmediatamente al presidente por escrito, especificando la fecha
707. de comienzo
708. de la huelga o el cierre patronal.
709. 2) El comisario deberá mantener informado al ministro de las
710. huelgas y
711. cierres patronales pendientes o que sean inminentes.
712. Primer convenio colectivo
713. 137.5 1) Cuando un sindicato autorizado a actuar como agente
714. negociador y un
715. empleador hayan emprendido una negociación colectiva para
716. firmar su primer
717. convenio colectivo pero no lo hayan logrado, a petición de
718. cualquiera de las
719. dos partes y previas las investigaciones que estime necesarias o
720. convenientes,
721. el comisario podrá constituir un grupo del consejo, encargado
722. de examinar el
723. conflicto y, si el comisario lo estima conveniente, de establecer
724. los términos
725. y condiciones para el primer convenio colectivo.
726. 2) El grupo constituido con arreglo al apartado 1) deberá estar
727. integrado por
728. tres personas designadas por el comisario.
729. 3) Pese a la referencia que se hace en el apartado 1) al grupo
730. como grupo del
731. consejo, el comisario podrá designar como miembros del mismo
732. a dos personas
733. que no sean miembros del consejo, y se considerará que esas
734. personas, mientras
735. sean miembros del grupo, lo son también del consejo a todos los
736. efectos.
737. 4) Cuando el grupo establezca los términos y condiciones para
738. el primer
739. convenio colectivo, se estimará que éstos constituyen el
740. convenio colectivo
741. entre el sindicato y el empleador y que será de cumplimiento
742. obligatorio para
743. ellos y los trabajadores, salvo en la medida en que las partes
744. convengan en
745. modificar por escrito esos términos y condiciones.
746. 5) Cuando una de las partes en un conflicto a los que se refiere
747. el presente
748. artículo sea un empleador del sector público y se someta el
749. conflicto a un
750. grupo con arreglo a lo establecido en este artículo, se aplicará
751. el artículo
752. 137.96.
753. Términos y condiciones
754. 137.6 1) Al establecer los términos y condiciones a que se
755. refiere el
756. artículo 137.5, el grupo dará a las partes la oportunidad de
757. presentar pruebas
758. y de formular declaraciones, y podrá tener en cuenta, entre
759. otras cosas:
760. a) la medida en la cual las partes hayan negociado, o no, de
761. buena fe por el
762. afán de establecer un primer convenio colectivo, y
763. b) los términos y condiciones de empleo establecidos por
764. medio de una
765. negociación colectiva para trabajadores comparables que
766. desempeñen las mismas
767. funciones o funciones similares en las mismas circunstancias o
768. en
769. circunstancias similares.
770. 2) Todo convenio colectivo establecido por el grupo en virtud
771. del artículo
772. 137.5 expirará al año de la fecha en la cual el grupo haya
773. establecido los
774. términos y condiciones del convenio o en una fecha anterior
775. que especifique el
776. grupo.
777. Intervención del comisario
778. 137.7 1) Cuando un empleador y un sindicato hayan iniciado
779. una negociación
780. colectiva, el presidente, o una persona designada por él, podrán
781. examinar el
782. progreso de la negociación colectiva entre las partes, y, si se lo
783. pide el
784. presidente o la persona designada, éstas deberán facilitar al
785. presidente o a
786. la persona designada por él la información que le pidan.
787. 2) Cuando se haya presentado un aviso previo de huelga o
788. cierre patronal, o
789. haya empezado una huelga o cierre patronal o cuando el
790. presidente estime que
791. hay un conflicto entre las partes, deberá comunicárselo al
792. comisario.
793. 3) Al recibir el informe del presidente, el comisario podrá tomar
794. todas o
795. cualquiera de las siguientes decisiones que estime necesarias o
796. convenientes
797. para facilitar el establecimiento de un convenio colectivo entre
798. las partes:
799. a) remitir el asunto al presidente para el nombramiento de un
800. mediador que
801. entre en relación con las partes;
802. b) nombrar a un investigador para que actúe con arreglo a lo
803. establecido en
804. el artículo 137.91;
805. c) entrar en relación con las partes y hacerles
806. recomendaciones sobre el
807. modo de resolver su conflicto;
808. d) someter el asunto a una junta de interés público.
809. 4) Antes de empezar una huelga o un cierre patronal, el
810. empleador de los
811. trabajadores de la unidad negociadora afectada podrá pedir que
812. se proceda a
813. una votación de esos trabajadores sobre la aceptación o
814. repudio de la última
815. oferta que haya recibido el sindicato en relación con todos los
816. asuntos
817. pendientes entre las partes, y cuando el empleador pida que se
818. proceda a una
819. votación, el comisario ordenará que se proceda, en la forma que
820. él decida, a
821. una votación de los trabajadores, para que acepten o rechacen
822. la oferta.
823. 5) Antes de empezar una huelga o cierre patronal, el sindicato
824. autorizado a
825. actuar como agente negociador de los trabajadores de la
826. unidad afectada podrá
827. pedir, cuando esté representado más de un empleador en el
828. conflicto por una
829. organización de empleadores, que se proceda a una votación
830. de esos empleadores
831. sobre la aceptación o repudio de la última oferta del sindicato
832. recibida por
833. la organización de empleadores en relación con todos los
834. asuntos pendientes
835. entre las partes y, cuando el sindicato pida que se proceda a
836. una votación, el
837. comisario ordenará que se proceda, en la forma que él decida, a
838. una votación
839. de los empleadores, para que acepten o rechacen la oferta.
840. 6) Cuando, en virtud del presente artículo, una votación dí un
841. resultado
842. favorable a la aceptación de una oferta final, quedará
843. establecido con ello un
844. convenio entre las partes.
845. 7) Ninguna votación o petición de votación con arreglo a lo
846. establecido en
847. los apartados 4) ó 5) podrá rebasar los plazos o límites de
848. tiempo
849. establecidos en el artículo 81 o en el artículo 82.
850. 8) No podrá haber más de una votación en relación con el
851. mismo conflicto con
852. arreglo a lo establecido en el apartado 4) ni más de una
853. votación en relación
854. con el mismo conflicto con arreglo a lo establecido en el
855. apartado 5).
856. 9) Cuando, durante una huelga o un cierre patronal, el comisario
857. estime que es
858. de interés público que los trabajadores de la unidad afectada
859. tengan la
860. oportunidad de aceptar o rechazar la última oferta del empleador
861. que haya
862. recibido el sindicato en relación con todos los asuntos
863. pendientes entre las
864. partes, el comisario podrá ordenar que se proceda, en la forma
865. que él decida,
866. a una votación de los trabajadores de la unidad negociadora
867. sobre la
868. aceptación o repudio de la oferta.
869. 10) Cuando, durante una huelga o un cierre patronal, esté
870. representado más de
871. un empleador en el conflicto por una organización de
872. empleadores y el
873. comisario considere que es de interés público que los
874. empleadores que integran
875. la organización de empleadores tengan la oportunidad de
876. aceptar o rechazar la
877. última oferta presentada por el agente negociador en nombre de
878. los
879. trabajadores que haya recibido la organización de empleadores
880. en relación con
881. todos los asuntos pendientes entre las partes, el comisario podrá
882. ordenar que
883. se proceda, en la forma que él decida, a una votación de los
884. empleadores
885. integrantes de la organización de empleadores sobre la
886. aceptación o repudio de
887. la oferta.
888. Servicios esenciales
889. 137.8 1) Cuando, después de recibir un informe del comisario
890. sobre un
891. conflicto, considere el ministro que el conflicto supone una
892. amenaza para la
893. economía de la provincia o para la salud, la seguridad o el
894. bienestar de sus
895. habitantes o para la prestación de servicios de educación en la
896. provincia, el
897. ministro podrá tomar una u otra de las decisiones siguientes o
898. ambas a la vez:
899. a) ordenar un período de reflexión no superior a cuarenta días;
900. b) encargar al consejo que designe los medios, producciones y
901. servicios que
902. el consejo considere necesarios o esenciales con objeto de
903. impedir un peligro
904. inmediato y grave para la economía de la provincia o para la
905. salud, la
906. seguridad o el bienestar de sus habitantes o para la prestación
907. de servicios
908. de educación en la provincia.
909. 2) Cuando se ordene un período de reflexión con arreglo al
910. presente artículo,
911. ningún trabajador o sindicato que sea parte en el conflicto podrá
912. declararse
913. en huelga, ni ningún empleador podrá decidir un cierre patronal
914. con respecto a
915. sus trabajadores y se deberá suspender toda huelga o cierre
916. patronal
917. existentes, impuestos por una parte en el conflicto.
918. 3) Cuando el consejo designe medios, producciones y servicios
919. con arreglo al
920. apartado 1, b), el empleador y el sindicato deberán suministrar,
921. proporcionar
922. o mantener plenamente dichos medios, producciones y servicios
923. y no podrán
924. restringir ni limitar un medio, producción o servicio de los así
925. designados.
926. 4) Podrá modificarse, o anularse, y sustituirse por otra, toda
927. orden,
928. instrucción o designación formuladas con arreglo al presente
929. artículo, pero el
930. ministro no podrá, en relación con un conflicto dado, ordenar un
931. segundo
932. período de reflexión.
933. Reincorporación al trabajo
934. 137.9 1) Cuando el ministro dí una orden o unas instrucciones
935. con arreglo al
936. artículo 137.8, 1) o el consejo haga una designación con
937. arreglo al artículo
938. 137.8, 1), b), el comisario deberá comunicar la orden,
939. instrucciones o
940. designación a las partes y en el momento, en la forma y en la
941. medida
942. dispuestas por él:
943. a) el empleador deberá reanudar las actividades de su
944. empresa,
945. instalaciones, industria o negocio;
946. b) el empleador deberá readmitir en el trabajo a aquíllos de sus
947. trabajadores que hayan sido objeto del cierre patronal;
948. c) el empleador no podrá declarar, autorizar, aceptar o
949. intervenir en un
950. cierre patronal con respecto a trabajadores;
951. d) todo trabajador deberá reanudar las tareas que entraña su
952. empleo con su
953. empleador, y
954. e) ningún sindicato ni otra persona en nombre suyo, ni ningún
955. trabajador del
956. empleador en cuyo nombre esté autorizado a negociar el
957. sindicato, podrá
958. declarar, autorizar, aceptar o intervenir en una huelga o
959. constitución de
960. piquetes con respecto a las actividades de la empresa,
961. instalación, industria
962. o negocio del empleador.
963. 2) Cuando se haga o se dí la orden, instrucciones o
964. designación mencionadas
965. en el apartado 1), mientras esa orden, instrucciones o
966. designación sigan
967. aplicándose, la relación entre el empleador y sus trabajadores se
968. regirán por
969. las condiciones del último convenio colectivo en vigor entre el
970. empleador y el
971. sindicato.
972. 3) Con arreglo al artículo 137.8, 1), b), el consejo podrá
973. designar medios,
974. producciones y servicios a cargo de los trabajadores del
975. empleador que estén
976. representados por otro sindicato que no haya intervenido en un
977. conflicto
978. colectivo con el empleador.
979. 4) Nada de lo dispuesto en el presente artículo invalida el
980. derecho de un
981. empleador a suspender, trasladar, despedir temporal o
982. definitivamente o
983. sancionar a un trabajador por una causa justa y razonable en
984. consonancia con
985. un convenio colectivo mencionado en el apartado 2).
986. 5) Una vez efectuada una notificación con arreglo al apartado
987. 1):
988. a) toda persona autorizada en nombre del sindicato a negociar
989. con el empleador
990. un convenio colectivo deberá:
991. i) comunicar inmediatamente a los trabajadores en cuyo
992. nombre está
993. autorizado a negociar que:
994. A) una notificación, declaración, autorización o instrucción
995. para emprender
996. una huelga, expresada, aprobada o dada a ellos antes o
997. después del momento en
998. que se hace o da la orden, instrucción o designación
999. mencionadas en el
1000. apartado 1) quedará suspendida en la medida y para el plazo
1001. especificado en
1002. la orden, instrucción o designación, y
1003. B) será ilegal toda huelga y constitución de piquetes, en la
1004. medida
1005. especificada en la orden, instrucción o designación
1006. mencionadas en el apartado
1007. 1) y;
1008. ii) deberá informar a esos trabajadores sobre las obligaciones
1009. que les
1010. incumben con arreglo al apartado 1), y
1011. b) todo empleador, sindicato o trabajador afectado por una
1012. orden, instrucción
1013. o designación formuladas con arreglo a la presente ley en
1014. relación con el
1015. conflicto deberá cumplir la orden, instrucción o designación.
1016. 6) Ningún empleador o persona que actúe en nombre del
1017. empleador podrá:
1018. a) negarse a permitir, o autorizar u ordenar a otra persona que
1019. se niegue a
1020. permitir, que un trabajador reanude las tareas de su empleo
1021. ordinario tal como
1022. se establece en el presente Título, ni
1023. b) suspender, despedir o sancionar de algún modo u autorizar
1024. o encargar a
1025. otra persona que suspenda, despida o sancione de algún modo,
1026. a dicho
1027. trabajador por haberse declarado en huelga, pero nada de lo
1028. dispuesto en el
1029. presente apartado invalida el derecho del empleador a
1030. suspender, despedir o
1031. sancionar a un trabajador por una causa justa y razonable.
1032. 7) A efectos de la presente ley, se considerará que el hecho de
1033. que un
1034. trabajador se niegue o no proceda, sin una excusa razonable, a
1035. proseguir o
1036. reanudar las tareas de su empleo tal como se estipulan en el
1037. presente
1038. artículo, o con arreglo al mismo, constituye una causa justa y
1039. razonable para
1040. la adopción de medidas disciplinarias.
1041. Investigación
1042. 137.91 1) El comisario podrá nombrar a un investigador en
1043. relación con un
1044. conflicto colectivo, y deberá comunicar por escrito su
1045. nombramiento a todas
1046. las partes en el conflicto.
1047. 2) En un plazo de siete días después de haber recibido una
1048. comunicación con
1049. nombramiento del investigador, cada una de las dos partes
1050. deberá comunicar por
1051. escrito al investigador y a la otra parte todos los asuntos en que
1052. se hayan
1053. puesto de acuerdo las partes con miras a su inclusión en un
1054. convenio colectivo
1055. y todos los asuntos pendientes entre las partes.
1056. 3) Cuando una parte no cumpla lo establecido en el apartado
1057. 2), el
1058. investigador podrá tomar una decisión sobre los asuntos
1059. mencionados en el
1060. apartado 2).
1061. 4) Incumbirá al investigador entrar en relación con las partes e
1062. indagar,
1063. cerciorarse y presentar un informe al presidente, exponiendo los
1064. asuntos sobre
1065. los que se hayan puesto de acuerdo las partes con miras a su
1066. inclusión en un
1067. convenio y los asuntos pendientes entre las partes.
1068. 5) El investigador podrá presentar en su informe sus
1069. conclusiones en relación
1070. con cualquier asunto que estime pertinente para el
1071. establecimiento de un
1072. convenio colectivo entre las partes.
1073. 6) Cuando las partes en un conflicto sean un empleador del
1074. sector público y
1075. un sindicato, el investigador deberá formular en su informe
1076. conclusiones
1077. basadas en los criterios de arbitraje de intereses establecidos en
1078. el artículo
1079. 137.96, en la medida en que los criterios se refieran a asuntos
1080. que sigan
1081. pendientes entre las partes.
1082. 7) El investigador fijará su propio procedimiento con arreglo a
1083. las
1084. directrices establecidas por el presidente, y cuando pida
1085. información a una
1086. parte, ésta deberá proporcionarle la información pedida.
1087. 8) El investigador tendrá las atribuciones y la competencia de
1088. un comisario
1089. con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12, 15 y 16 de la ley
1090. sobre
1091. pesquisas.
1092. 9) El investigador presentará su informe al presidente en un
1093. plazo de veinte
1094. días a partir de la fecha de su nombramiento, o en un plazo más
1095. largo que
1096. apruebe el presidente, y, al recibir el informe, el presidente
1097. deberá entregar
1098. una copia del mismo a las partes.
1099. 10) El informe del investigador no obligará a las partes y, al
1100. recibir ellas
1101. el informe, deberán esforzarse de buena fe por establecer un
1102. convenio
1103. colectivo o por renovar un convenio colectivo, según los casos.
1104. 11) El presidente no estará obligado a publicar el informe del
1105. investigador
1106. pero podrá publicarlo si le parece conveniente.
1107. Junta de interés público
1108. 137.92 1) Cuando el comisario estime apropiado establecer una
1109. junta de
1110. interés público, comunicará a las partes en el conflicto que:
1111. a) ha establecido una junta de interés público, o
1112. b) se propone establecer una junta de interés público.
1113. 2) El comisionario deberá constituir la junta de interés público
1114. en un plazo
1115. de cuarenta y ocho horas o antes de ese plazo después de
1116. haber presentado la
1117. comunicación a las partes con arreglo al apartado 1):
1118. a) nombrando a una o más personas como miembros de la
1119. junta, y
1120. b) si nombra a más de un miembro, designando a otro como
1121. presidente de la
1122. junta.
1123. 3) El comisario podrá remitir más de un conflicto a una misma
1124. junta de interés
1125. público.
1126. 4) No se podrá nombrar miembro de una junta de interés
1127. público, ni podrá
1128. actuar como tal, ninguna persona que esté directamente
1129. afectada por el
1130. conflicto en relación con el cual haya sido constituida la junta.
1131. 5) La junta de interés público podrá determinar su propio
1132. procedimiento y no
1133. está obligada a seguir las leyes de pruebas aplicables en los
1134. procedimientos
1135. judiciales respecto a las pruebas o sometimientos que acepte y
1136. una junta de
1137. interés público podrá escuchar las pruebas y recibir
1138. sometimientos de otras
1139. personas que no sean el empleador y el sindicato.
1140. 6) La junta de interés público tendrá las atribuciones y la
1141. competencia de un
1142. comisario según lo establecido en los artículos 12, 15 y 16 de la
1143. ley sobre
1144. pesquisas.
1145. 7) Cuando se nombre más de un miembro para la junta de
1146. interés público, las
1147. recomendaciones de la mayoría de los miembros de la junta
1148. serán las
1149. recomendaciones de la misma, pero, si no hay mayoría, se
1150. estimará que las
1151. recomendaciones del presidente son las recomendaciones de la
1152. junta.
1153. Defensor de interés público
1154. 137.93 Cuando, en virtud del presente Título, una junta de
1155. interés público
1156. organice pesquisas o audiencias, el comisario podrá nombrar a
1157. un defensor del
1158. interés público en representación de los intereses públicos en
1159. esas pesquisas
1160. o audiencias.
1161. Cometidos y procedimiento de la junta de interés público
1162. 137.94 1) La junta de interés público estudiará el conflicto entre
1163. las partes
1164. y procurará llegar a una solución del mismo.
1165. 2) Si la junta de interés público no consigue llegar a una
1166. solución del
1167. conflicto en el plazo de treinta días a partir de la fecha de su
1168. creación, o
1169. en el plazo más largo que puedan convenir las partes o fijar el
1170. comisario, la
1171. junta hará recomendaciones con respecto al conflicto en
1172. consonancia con el
1173. presente artículo y las enviará al comisario, el cual comunicará
1174. tras ello las
1175. recomendaciones a todas las partes en el conflicto.
1176. 3) Las recomendaciones de una junta de interés público
1177. tendrán debidamente en
1178. cuenta los intereses del público que considere que quedan o
1179. que pueden quedar
1180. afectados por el conflicto entre las partes y las
1181. recomendaciones de la junta
1182. y, cuando una de las partes en un conflicto sea un empleador
1183. del sector
1184. público, el consejo tendrá debidamente en cuenta, en sus
1185. recomendaciones o
1186. informe, los criterios de arbitraje de intereses establecidos en el
1187. artículo
1188. 137.96.
1189. 4) La junta de interés público podrá exponer lo que, a su juicio,
1190. debería
1191. hacer cada una de las partes en el conflicto para facilitar el
1192. establecimiento
1193. de un convenio colectivo.
1194. 5) Cuando el comisario reciba las recomendaciones de una
1195. junta de interés
1196. público sobre el conflicto con arreglo al apartado 2), facilitará
1197. una copia de
1198. las recomendaciones a las partes en el conflicto y podrá
1199. publicar las
1200. recomendaciones que haya recibido en el modo que le parezca
1201. más oportuno.
1202. 6) Si las partes en un conflicto aceptan las recomendaciones
1203. de la junta de
1204. interés público, esas recomendaciones obligarán a las partes y
1205. deberán figurar
1206. entre las condiciones del convenio colectivo entre ellas.
1207. 7) Si una parte en conflicto no comunica al comisario y a la
1208. junta de interés
1209. público que ha aceptado o rechazado las recomendaciones de
1210. la junta en un
1211. plazo de diez días después de haber recibido del comisario una
1212. copia de las
1213. recomendaciones, el comisario podrá decidir discrecionalmente
1214. que se proceda a
1215. una votación sobre la aceptación o repudio de las
1216. recomendaciones por:
1217. a) los trabajadores afectados por el conflicto;
1218. b) los empleadores afectados por el conflicto, o
1219. c) tanto los trabajadores como los empleadores afectados por
1220. el conflicto.
1221. 8) La Dirección de Solución de Conflictos fiscalizará las
1222. votaciones
1223. efectuadas con arreglo al apartado 7), y se comunicarán a las
1224. partes los
1225. resultados de la votación, una vez terminada ésta.
1226. 9) Si:
1227. a) el sindicato que sea parte en el conflicto o los trabajadores
1228. que voten
1229. con arreglo al presente artículo se pronuncian en favor de las
1230. recomendaciones
1231. de la junta de interés público y,
1232. b) el empleador que sea parte en el conflicto o los empleadores
1233. que voten
1234. con arreglo al presente artículo se pronuncian en favor de las
1235. recomendaciones
1236. de la junta de interés público. Las recomendaciones obligarán a
1237. las partes y
1238. deberán figurar entre las condiciones del convenio colectivo
1239. entre ellas.
1240. 10) Si una de las partes en el conflicto no participa, o se niega
1241. a
1242. participar, en la preparación de un convenio colectivo según lo
1243. establecido en
1244. los apartados 6) ó 9), la otra parte podrá preparar un convenio
1245. que aplique:
1246. a) las recomendaciones de la junta de interés público, y
1247. b) cualesquiera otras medidas convenidas por las partes. Y
1248. presentará el
1249. convenio a la junta de interés público para que ésta certifique
1250. que el
1251. convenio se ciñe exactamente a sus recomendaciones.
1252. 11) Cuando la junta de interés público haya certificado un
1253. convenio colectivo
1254. con arreglo al apartado 10), el convenio colectivo obligará:
1255. a) al sindicato que sea el agente negociador y a todos los
1256. trabajadores de
1257. la unidad o unidades negociadoras por cuenta de los cuales
1258. se haya negociado
1259. el convenio colectivo, y
1260. b) al empleador u organización de empleadores y a todos los
1261. empleadores
1262. por cuenta de los cuales se haya negociado el convenio
1263. colectivo.
1264. 12) Si surge algún problema en relación con las
1265. recomendaciones de una junta
1266. de interés público, a petición de las partes el comisario podrá
1267. pedir a la
1268. junta que proceda de nuevo a su investigación con objeto de
1269. expresar una
1270. opinión sobre el asunto y, una vez hecho esto, la nueva
1271. convocatoria de la
1272. junta surtirá los mismos efectos que el establecimiento de la
1273. junta con
1274. arreglo a lo dispuesto en el artículo 137.92.
1275. 13) Cuando el comisario considere que en una investigación
1276. relativa al
1277. empleador del sector público, la junta de interés público no ha
1278. tenido en
1279. cuenta los criterios de arbitraje de intereses establecidos en el
1280. artículo
1281. 137.96, ordenará a la junta que se reúna de nuevo en las
1282. condiciones y con las
1283. instrucciones que estime apropiadas el comisario, y, una vez
1284. convocada de
1285. nuevo la junta, su nueva convocatoria surtirá los mismos
1286. efectos que el
1287. establecimiento de la junta con arreglo al artículo 137.92.
1288. Arbitraje de intereses
1289. 137.95 1) Cuando un empleador del sector público y un
1290. sindicato hayan
1291. convenido en zanjar un conflicto entre ellos mediante un
1292. arbitraje
1293. obligatorio, o tenga la obligación de hacerlo en virtud del
1294. artículo 137.97
1295. para la solución de un conflicto mediante el arbitraje obligatorio,
1296. las partes
1297. tomarán de mutuo acuerdo las disposiciones necesarias para
1298. que un arbitraje
1299. resuelva el conflicto, fijando los términos y condiciones del
1300. convenio
1301. colectivo.
1302. 2) Cuando un empleador del sector público y un sindicato
1303. hayan convenido en
1304. resolver su conflicto mediante el arbitraje, se lo comunicarán al
1305. presidente.
1306. 3) Cuando las partes mencionadas en el apartado 1) o
1307. cualesquiera otras
1308. partes obligadas a ello por una orden con arreglo al artículo
1309. 137.97, 3), b),
1310. iv) no se pongan de acuerdo, en el plazo estipulado en el
1311. apartado 4) para la
1312. constitución de una junta arbitral, el presidente constituirá una
1313. junta
1314. arbitral para entender del conflicto y resolverlo fijando las
1315. condiciones de
1316. un convenio colectivo.
1317. 4) El plazo autorizado para que las partes se pongan de
1318. acuerdo sobre la
1319. constitución de una junta arbitral será:
1320. a) de diez días a partir de la notificación del presidente cuando
1321. se aplique
1322. el apartado 2), o
1323. b) en cualquier otro caso, de diez días después de que se
1324. haya comunicado
1325. la orden a las partes mencionadas en el apartado 1) o a otras
1326. partes
1327. vinculadas por la orden con arreglo al artículo 137.97, 3), b), iv).
1328. 5) Cuando un arbitraje vaya a determinar las condiciones de un
1329. convenio
1330. colectivo, la junta arbitral no podrá imponer, sin conocimiento de
1331. las partes,
1332. una condición del convenio colectivo que obliga a recurrir al
1333. arbitraje para
1334. resolver futuros conflictos relativos a convenios colectivos, y
1335. toda condición
1336. de esa índole que se imponga será nula.
1337. Factores que procede tomar en consideración
1338. 137.96 1) En un arbitraje entre un empleador del sector público
1339. y un
1340. sindicato con arreglo a lo dispuesto en el presente Título, al fijar
1341. las
1342. condiciones de un convenio colectivo, la junta arbitral tomará
1343. debidamene en
1344. consideración los argumentos de cada una de las partes y:
1345. a) una comparación de las condiciones globales de empleo en
1346. puestos de
1347. trabajos similares de la localidad pertinente de la provincia, al
1348. margen de
1349. las condiciones de empleo del empleador;
1350. b) la necesidad de mantener una relación apropiada entre tipos
1351. de trabajo o
1352. clasificaciones laborales en el establecimiento del empleador;
1353. c) las calificaciones, actividades y tareas que se exijan de los
1354. trabajadores y la índole del trabajo realizado;
1355. d) el costo y las consecuencias de las propuestas de las
1356. partes, incluidos
1357. los incrementos cuando proceda, y
1358. e) cualesquiera otros factores que no sean incompatibles con
1359. lo dispuesto en
1360. el presente apartado y que la junta arbitral considere adecuados
1361. para el
1362. conflicto entre las partes, una vez que las partes hayan tenido la
1363. oportunidad
1364. de exponer sus argumentos al respecto.
1365. 2) Cuando se trate de la capacidad de pagar de un empleador
1366. del sector
1367. público, pese a lo dispuesto en el apartado 1) el factor decisivo
1368. será dicha
1369. capacidad de pagar.
1370. 3) La junta arbitral no podrá:
1371. a) en la medida en que las remuneraciones de los trabajadores
1372. y las
1373. prestaciones establecidas en el convenio colectivo estén
1374. sometidas a las
1375. reglamentaciones y directrices estipuladas en la ley sobre la
1376. estabilización
1377. de las remuneraciones, pronunciar un laudo que sea
1378. incompatible con los
1379. requisitos de esas reglamentaciones y normas, ni
1380. b) pronunciar en cualquier otra forma un laudo que sea
1381. incompatible con la
1382. capacidad de pagar del empleador.
1383. 4) A efectos del presente Título, se entiende por "capacidad
1384. de pagar" la
1385. capacidad actual de un empleador del sector público de
1386. satisfacer, con cargo a
1387. los ingresos disponibles, los requisitos de toda política fiscal a la
1388. cual
1389. esté sometido y los efectos de un aumento de los costos sobre
1390. el mantenimiento
1391. de los niveles existentes de servicio público.
1392. 5) Cuando se ordene un arbitraje en virtud del artículo 137.97,
1393. la junta
1394. arbitral podrá aplicar con la aprobación del comisario, o deberá
1395. aplicar
1396. cuando se lo ordene el comisario, el método de solución de
1397. conflictos
1398. consistente en la " selección de oferta final" o la
1399. mediación-arbitraje en
1400. relación con todas o algunas de las condiciones del convenio
1401. colectivo sobre
1402. el cual estén en conflicto las partes.
1403. 6) Cuando el arbitraje haya venido precedido de las
1404. recomendaciones de una
1405. junta de interés público y se aplique el método de selección de
1406. la oferta
1407. final, la junta arbitral tomará en consideración, para la selección
1408. final, las
1409. recomendaciones de la junta de interés público relativas a la
1410. solución del
1411. conflicto entre las partes, además de los argumentos propuestos
1412. para la
1413. selección por una u otra parte, pero la junta arbitral solamente
1414. tomará en
1415. consideración, para la selección final, las recomendaciones de
1416. un mediador
1417. cuando no se haya designado una junta de interés público.
1418. 7) La ley sobre arbitraje comercial no se aplica a los arbitrajes a
1419. los que se
1420. refiere la presente ley.
1421. 8) Los artículos 99, 1), 101, 102, 105 y 107 se aplican a los
1422. arbitrajes a los
1423. que se refiere el presente Título.
1424. 9) Si la junta arbitral constata que no ha tratado de alguno de
1425. los elementos
1426. del conflicto o que hay un error aparente en la decisión, podrá,
1427. a petición de
1428. cualquiera de las partes en el conflicto y en un plazo de diez
1429. días a partir
1430. de la fecha efectiva de la decisión o laudo de la junta arbitral y
1431. después de
1432. dar a las partes la oportunidad de exponer sus argumentos,
1433. modificar o alterar
1434. la decisión o el laudo.
1435. 10) Previa solicitud al comisario de una parte en el conflicto
1436. presentada en
1437. el plazo de siete días después de haber recibido ella el laudo
1438. arbitral, el
1439. comisario podrá examinar el laudo arbitral en los siguientes
1440. casos:
1441. a) si la decisión o el laudo de la junta arbitral son incompatibles
1442. con los
1443. principios expresados o implícitos en los apartados 1), 2), 3), o
1444. b) si se ha negado, o es probable que se le haya negado, a
1445. una parte en el
1446. arbitraje la oportunidad de hacerse oír debidamente.
1447. 11) Al recibir una solicitud con arreglo al apartado 10), el
1448. comisario podrá
1449. ordenar que no se aplique el laudo arbitral en su totalidad o en
1450. parte, en
1451. espera de que él lo haya examinado.
1452. 12) El comisario deberá examinar el laudo y dar a conocer su
1453. decisión en un
1454. plazo de treinta días después de haber recibido una solicitud
1455. con arreglo al
1456. apartado 10) o en un plazo más largo sobre el cual se pongan
1457. de acuerdo las
1458. partes en el laudo arbitral.
1459. 13) Cuando el comisario estime que el laudo arbitral no cumple
1460. lo establecido
1461. en los apartados 1), 2), 3) o que se aplica el apartado 10), b),
1462. comunicará su
1463. decisión por escrito a las partes en el arbitraje y a la junta arbitral
1464. y, no
1465. obstante cualquier otra disposición, ley o acuerdo, el comisario
1466. podrá pedir a
1467. la junta arbitral que vuelva a considerar y a formular su laudo ya
1468. sea en
1469. forma general o bien en relación con un asunto específico, y
1470. podrá dar a la
1471. junta arbitral y a las partes las instrucciones específicas que, en
1472. su
1473. opinión, sean necesarias o apropiadas para lograr el
1474. cumplimiento de los
1475. apartados 1), 2), 3) o para que las partes puedan hacerse oír
1476. debidamente.
1477. 14) Al dar las instrucciones a las que se refiere el apartado 13),
1478. el
1479. comisario explicará a la junta arbitral y a las partes sus motivos
1480. para
1481. hacerlo.
1482. 15) No se podrá apelar contra una decisión del comisario
1483. adoptada con arreglo
1484. a lo establecido en el presente artículo.
1485. Intervención de la Asamblea Legislativa o del Teniente
1486. Gobernador en Consejo
1487. 137.97 1) Cuando surja un conflicto, el comisario deberá
1488. resolverlo
1489. ejerciendo las atribuciones que le confiere el presente artículo
1490. cuando así se
1491. haya decidido en:
1492. a) una resolución de la Asamblea Legislativa, o
1493. b) una orden del Teniente Gobernador en Consejo.
1494. 2) El Teniente Gobernador en Consejo estará facultado para
1495. dar la orden
1496. establecida en el apartado 1) entre cada dos períodos de
1497. sesiones de la
1498. Asamblea Legislativa y si considera que el conflicto constituye
1499. una amenaza
1500. para la economía de la provincia, o para la salud, la seguridad y
1501. el bienestar
1502. de los habitantes o para la prestación de servicios de educación
1503. en la
1504. provincia.
1505. 3) Si se ha dado la orden mencionada en el apartado 1), con
1506. miras a la
1507. resolución del conflicto, el comisario:
1508. a) cuando se produzca una huelga o un cierre patronal con
1509. respecto al
1510. conflicto, comunicará a las partes que su huelga o cierre
1511. patronal debe
1512. suspenderse y que deben reanudar sus actividades y su empleo
1513. o, si no ha
1514. habido huelga o cierre patronal, dará las órdenes necesarias y
1515. apropiadas para
1516. prohibir toda huelga o cierre patronal, y
1517. b) ejercerá o hará que se ejerzan algunas de las siguientes
1518. atribuciones que
1519. considere necesarias para la solución del conflicto:
1520. i) encargar al presidente que nombre a un mediador con
1521. arreglo a lo
1522. establecido en el presente Título;
1523. ii) nombrar a un investigador con arreglo a lo establecido en el
1524. presente
1525. Título;
1526. iii) someter el asunto a una junta de interés público;
1527. iv) ordenar, sin el consentimiento de las partes, que se zanje
1528. el
1529. conflicto mediante el arbitraje con arreglo a lo establecido en el
1530. presente
1531. Título y decidir el método de arbitraje que haya de utilizarse;
1532. v) nombrar a un mediador especial con arreglo a lo
1533. establecido en el
1534. presente Título.
1535. 4) Cuando se haya ordenado el arbitraje con arreglo al apartado
1536. 3) y el
1537. empleador sea un empleador del sector público, la junta de
1538. arbitraje deberá
1539. cumplir los requisitos arbitrales del presente Título aplicables a
1540. los
1541. empleadores del sector público.
1542. 5) Cuando el comisario dí una notificación con arreglo al
1543. apartado 3), a), en
1544. un plazo de cuarenta y ocho horas después de ello:
1545. a) el empleador deberá reanudar las actividades en su
1546. empresa, instalación,
1547. industria o negocio;
1548. b) el empleador deberá reincorporar al trabajo a aquellos de
1549. sus
1550. trabajadores que hayan sido objeto de un cierre patronal;
1551. c) el empleador no podrá declarar, autorizar, aceptar o
1552. intervenir en un
1553. cierre patronal con respecto a trabajadores;
1554. d) todo trabajador deberá reanudar las tareas de su empleo
1555. con su empleador,
1556. en consonancia con las condiciones del último convenio
1557. colectivo vigente entre
1558. su empleador y el sindicato antes de comunicarse la
1559. notificación, y
1560. e) ni el sindicato ni ninguna persona en su nombre ni ningún
1561. trabajador del
1562. empleador en cuyo nombre está autorizado a negociar el
1563. sindicato podrá
1564. declarar, autorizar, aceptar o intervenir en una huelga o
1565. constitución de
1566. piquetes con respecto a las actividades de la empresa,
1567. instalación, industria
1568. o negocio del empleador.
1569. 6) Al comunicar la notificación el comisario con arreglo al
1570. apartado 3), a):
1571. a) toda persona autorizada en nombre del sindicato a negociar
1572. con el empleador
1573. un convenio colectivo deberá indicar inmediatamente a los
1574. trabajadores en cuyo
1575. nombre está autorizada a negociar cuáles son sus obligaciones
1576. con arreglo al
1577. apartado 5), y también que:
1578. i) queda suspendida toda notificación, declaración o
1579. instrucción para
1580. declararse en huelga, expresada, aprobada o dada a los
1581. trabajadores antes o
1582. después del momento en que se dió la orden, y
1583. ii) se prohibe toda huelga o piquete de huelga, y
1584. b) cualquier empleador, sindicato o empleado afectado por una
1585. orden, directriz
1586. o designación hecha en virtud de esta ley en relación con una
1587. disputa deberá
1588. cumplir con la orden, directriz o designación.
1589. 7) Ningún empleador o persona que actúe en nombre del
1590. empleador deberá:
1591. a) denegar permiso o autorizar o dirigir a otra persona a que se
1592. niege a
1593. permitir a un empleado a que reanude los deberes de su trabajo
1594. ordinario como
1595. se requiere por esta parte, o
1596. b) suspender, despedir o disciplinar de cualquier manera o
1597. ordenar a otra
1598. persona a suspender, despedir o disciplinar de cualquier manera
1599. a dicho
1600. empleado por razón de haber estado en huelga, pero nada en
1601. esta sección afecta
1602. el derecho del empleador a suspender, transferir, cesar,
1603. despedir o
1604. disciplinar a un empleado por causa justificada y razonable en
1605. virtud de un
1606. convenio colectivo a que se hace referencia en el apartado 5
1607. d).
1608. 8) Para los propósitos de esta ley, falta o negativa de un
1609. empleado, sin
1610. excusa razonable, de continuar o reanudar los deberes de su
1611. empleo como se
1612. requiere por o en virtud de este Título se considerará como
1613. causa justificada
1614. y razonable para tomar medidas disciplinarias.
1615. 9) Cuando, en virtud de este título se encomiende al comisario
1616. a que resuelva
1617. una disputa, el ministro deberá, tan pronto como sea posible,
1618. presentar ante
1619. la Asamblea Legislativa una copia del convenio colectivo
1620. acordado o
1621. determinado en virtud de:
1622. a) Título 137.94 (9);
1623. b) Título 137.95, o
1624. c) Título 137.98 y 137.99.
1625. 10) Cuando una copia del convenio colectivo es presentada
1626. ante la Asamblea
1627. Legislativa como lo requiere el apartado 9, la Asamblea
1628. Legislativa podrá a
1629. travís de una resolución:
1630. a) aprobar y confirmar el convenio colectivo, o
1631. b) rechazar el convenio colectivo. Y cuando la Asanblea
1632. Legislativa rechaza
1633. el convenio colectivo, éste cesa de producir efectos desde el
1634. día en que haya
1635. sido rechazado.
1636. 11) El apartado 10) no tiene aplicación cuando la disputa es
1637. resuelta por
1638. mutuo acuerdo de las partes.
1639. Mediador especial
1640. 137.98 1) Cuando el comisario ha sido encomendado en virtud
1641. del Título 137.97
1642. a que resuelva una disputa, el comisario podrá designar un
1643. mediador especial
1644. para que asista a las partes a sentar los términos y condiciones
1645. de un
1646. convenio colectivo o para la renovación de un convenio
1647. colectivo, como sea el
1648. caso.
1649. 2) Cuando el mediador especial haya sido designado por el
1650. comisario, éste
1651. podrá especificar los marcos de referencia del mediador
1652. especial y podrá
1653. cambiar dichos marcos de referencia.
1654. 3) El comisario podrá determinar la designación del mediador
1655. especial.
1656. 4) El mediador especial deberá de mantener informado al
1657. comisario sobre los
1658. progresos de la mediación.
1659. 5) En el desempeño de sus funciones con arreglo a la presente
1660. ley, el mediador
1661. especial tendrá la protección, los privilegios y las atribuciones de
1662. un
1663. comisario con arreglo a los artículos 12, 15 y 16 de la ley sobre
1664. pesquisas.
1665. 6) Se reembolsarán al mediador especial unos gastos de viaje
1666. razonables y
1667. efectivos y otros gastos que haya contraído y se le podrá pagar
1668. una
1669. remuneración si así lo decide el ministro.
1670. Plazo e informe del mediador especial
1671. 137.99 1) En el plazo especificado en su nombramiento cuando
1672. no se haya
1673. llegado a un acuerdo o renovado un convenio colectivo entre
1674. las partes, el
1675. mediador especial deberá presentar su informe al comisario y a
1676. las partes en
1677. forma de un convenio colectivo entre las partes.
1678. 2) El mediador especial podrá pedir, y el comisario aprobar, una
1679. prórroga del
1680. plazo especificado en el nombramiento.
1681. 3) Al ser presentado el informe establecido en el apartado 1), se
1682. estimará
1683. que se trata de un convenio colectivo entre las partes, salvo en
1684. la medida en
1685. que las partes decidan modificar sus condiciones.
1686. 4) Cuando una de las partes sometidas al informe de un
1687. mediador especial sea
1688. un empleador del sector público, el comisario examinará el
1689. informe del
1690. mediador especial con arreglo al apartado 1), en cumplimiento
1691. de lo dispuesto
1692. en el artículo 137.96, 10) y se aplicará el artículo 137.96.