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Comentarios adoptados por la CEACR: Sri Lanka

Adoptado por la CEACR en 2021

C098 - Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

La Comisión había tomado nota de las observaciones de la CSI recibidas el 1.º de septiembre de 2019, en las que se alegaban despidos antisindicales en una empresa y se denunciaba que la discriminación y el acoso antisindicales seguían siendo un gran problema en el país, y había pedido al Gobierno que enviara su respuesta a las mismas. Dado que el Gobierno no ha proporcionado información al respecto, la Comisión reitera su solicitud.
Artículo 1 del Convenio. Protección adecuada contra los actos de discriminación antisindical. Procedimientos efectivos y expeditivos. A lo largo de muchos años, la Comisión ha venido refiriéndose al hecho de que, en la práctica, solo el Departamento de Trabajo puede presentar casos de discriminación antisindical ante el Tribunal de Magistrados y que no existen plazos obligatorios para llevar los casos ante dicho Tribunal. Tras recordar la importancia de contar con procedimientos efectivos y expeditivos para reparar los actos de discriminación antisindical, la Comisión instó al Gobierno a que adoptara las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores víctimas de discriminación antisindical puedan interponer una queja ante los tribunales judiciales, y expresó su esperanza de que la Ley de Conflictos Laborales se enmendara en este sentido. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica una vez más que la posibilidad de que los trabajadores y los sindicatos presenten quejas ante los tribunales se ha debatido durante años en el Consejo Consultivo Nacional del Trabajo (NLAC). Sin embargo, no se ha alcanzado ningún consenso en la materia. El Gobierno añade que, por otra parte, en la reunión del NLAC celebrada el 24 de agosto de 2021, el Gobierno solicitó a los sindicatos que presentaran una propuesta alternativa a este respecto y que, cuando lo hayan hecho, el Gobierno entablará un debate sobre la manera de lograr el consenso entre las partes interesadas. La Comisión toma buena nota de esta información. No obstante, si bien destaca que las reformas legislativas en materia laboral deberían realizarse en consulta con los interlocutores sociales y, en la medida de lo posible, basarse en un consenso tripartito, la Comisión subraya que, en última instancia, es responsabilidad del Gobierno adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mediante la ratificación de los convenios internacionales del trabajo. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para enmendar la Ley de Conflictos Laborales con el fin de otorgar a los sindicatos el derecho de presentar ante los tribunales los casos de discriminación antisindical de manera directa. La Comisión pide además al Gobierno que siga transmitiendo información sobre el número de casos de discriminación antisindical examinados por los tribunales, y que indique la duración de los procedimientos y las sanciones o reparaciones que se hayan impuesto.
Artículo 4. Fomento de la negociación colectiva. Zonas francas de exportación (ZFE). La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que indicara el número de sindicatos y de consejos de trabajadores constituidos en las ZFE, respectivamente, y que siguiera informando sobre el número de convenios colectivos concluidos por los sindicatos en las ZFE y acerca del número de trabajadores cubiertos por estos con respecto al número total de trabajadores empleados en los sectores en cuestión. Al tiempo que recordó las observaciones anteriores de la CSI relativas a la negativa a reconocer a los sindicatos el derecho de negociar colectivamente en las ZFE, la Comisión también alentó al Gobierno a seguir adoptando medidas para fomentar la negociación colectiva en las ZFE y le pidió que proporcionara información al respecto. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual, con el inicio de la pandemia de COVID 19, el Gobierno estableció un Grupo de Trabajo tripartito para encontrar soluciones amistosas a los problemas a los que se enfrentan los trabajadores y los empleadores. El Gobierno afirma que se incluyó a los principales sindicatos que representan a los trabajadores de las ZFE en el Grupo de Trabajo, el cual contribuyó a resolver muchos problemas laborales. La Comisión también toma nota de que el Gobierno señala que el hecho de que solo los sindicatos puedan participar en la negociación colectiva disuade de crear consejos de trabajadores en las ZFE. En este sentido, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual hay 35 sindicatos y 123 consejos de trabajadores en las ZFE. La Comisión observa que el Gobierno también señala que desde 2019 se han celebrado cinco convenios colectivos en las ZFE en los sectores de la impresión, las cubiertas y cámaras de caucho, los productos de cuidado personal y artículos de aseo, y los productos de cristalería. Estos convenios colectivos cubren, respectivamente, a 646 trabajadores de los 2 577 trabajadores empleados en el sector de la impresión (25 por ciento), a 100 trabajadores de los 1 663 trabajadores del sector de las cubiertas y cámaras de caucho (6 por ciento), a 515 de los 983 trabajadores del sector de los productos de cuidado personal y artículos de aseo (52,3 por ciento), y a 480 de los 842 trabajadores del sector de los productos de cristalería (57 por ciento). Aunque toma buena nota de esta información, la Comisión observa que el número de consejos de trabajadores es muy superior al de los sindicatos y que hay un número limitado de convenios colectivos en vigor en las ZFE. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que refuerce las medidas adoptadas para fomentar la negociación colectiva en las ZFE y que informe sobre las medidas adoptadas para garantizar que los consejos de trabajadores no socaven la posición de los sindicatos. La Comisión pide además al Gobierno que continúe informando sobre el número de convenios colectivos concluidos por los sindicatos en las ZFE, especialmente en los sectores de la confección y del textil, y el número de trabajadores cubiertos por estos con respecto al número total de trabajadores empleados en este sector.
Requisitos de representatividad para la negociación colectiva. En sus comentarios anteriores la Comisión solicitó al Gobierno que revisara el artículo 32, A), g) de la Ley de Conflictos Laborales, según el cual ningún empleador deberá negarse a negociar con un sindicato que cuente con un número de afiliados no inferior al 40 por ciento de los trabajadores en cuyo nombre ese sindicato pretende negociar. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que esta cuestión se discutió en el NLAC, pero que, tanto los empleadores como los grandes sindicatos no acordaron bajar el umbral, dado que ello crearía más divisiones en el lugar de trabajo y diluiría la representación sindical y el poder de negociación. El Gobierno también insiste en que el umbral del 40 por ciento no impide que ningún sindicato participe en la negociación colectiva, ya que los sindicatos pueden celebrar convenios colectivos creando una federación con otros sindicatos minoritarios. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno señala que está dispuesto a considerar el asunto, pero que no puede entrar en materia debido a la falta de consenso entre las partes interesadas. Tras recordar que la CSI se había referido anteriormente a casos en los que las empresas se habían negado a negociar colectivamente con sindicatos que no alcanzaban el umbral del 40 por ciento, la Comisión subraya que los requisitos de representatividad establecidos en la legislación para ser designado como agente de negociación pueden tener una repercusión sustancial en el número de convenios colectivos concluidos y que los requisitos mencionados deberían estar pensados para fomentar de manera efectiva el desarrollo de la negociación colectiva libre y voluntaria. Al tiempo que resalta de nuevo que, en última instancia, es responsabilidad del Gobierno tomar las decisiones necesarias para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado a través de la ratificación de los convenios internacionales del trabajo, la Comisión reitera que espera que el Gobierno tome las medidas necesarias para revisar el artículo 32, A), g) de la Ley de Conflictos Laborales de conformidad con el artículo 4 del Convenio, con el fin de garantizar que, si no existe un sindicato que represente al porcentaje requerido de trabajadores para ser designado como agente de negociación colectiva, los sindicatos existentes tengan la posibilidad, juntos o por separado, de negociar colectivamente, al menos en nombre de sus propios afiliados. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información a este respecto y le recuerda que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina.
Artículo 6. Derecho de negociación colectiva para los trabajadores de la administración pública que no están adscritos a la administración del Estado. Durante muchos años, la Comisión se ha referido al hecho de que los procedimientos relativos al derecho de negociación colectiva de los trabajadores del sector público no prevén una genuina negociación colectiva, sino que establecen un mecanismo consultivo. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que: i) las estructuras gubernamentales existentes no exigen un sistema de negociación colectiva para los sindicatos del sector público, ya que los sindicatos tienen muchas vías para conseguir que se satisfagan sus peticiones; ii) los sindicatos del sector público no han solicitado negociar colectivamente, y iii) los trabajadores del sector público están cubiertos por un conjunto diferente de leyes, que son más protectoras, y gozan de más beneficios que los trabajadores del sector privado. En este sentido, la Comisión recuerda que para dar efecto al artículo 6 del Convenio, es conveniente establecer una distinción entre, por un lado, los funcionarios que cumplen actividades propias de la administración del Estado, quienes pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación del Convenio, y, por otro lado, todas las demás personas empleadas por el Gobierno, empresas públicas o instituciones públicas autónomas, quienes deberían gozar de las garantías previstas en el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 172). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que verá con buenos ojos que la OIT elabore un estudio técnico sobre esta cuestión, como ha propuesto la Oficina, para determinar la necesidad de dicha propuesta. Habida cuenta de lo anterior y considerando que en el artículo 49 de la Ley de Conflictos Laborales se excluye a los trabajadores estatales y gubernamentales del ámbito de aplicación de la Ley, la Comisión reitera su solicitud anterior de que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar el derecho de negociación colectiva de los funcionarios públicos que no estén adscritos a la administración del Estado con respecto a los salarios y a otras condiciones de trabajo y empleo. Asimismo, la Comisión confía en que el Gobierno solicite la asistencia técnica de la Oficina para este fin.

C100 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

No disponible en español.

C100 - Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Trabajo de igual valor. Legislación. La Comisión expresó anteriormente su preocupación por la ausencia de legislación que prevea la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, y por las limitaciones a las que se ve sujeto el principio de igualdad de remuneración por el «mismo» o «sustancialmente el mismo» trabajo, que se derivan de las ordenanzas y de los convenios colectivos sobre los salarios. La Comisión toma nota de la declaración reiterada del Gobierno en su memoria de que, a pesar de que no existe ninguna disposición legislativa que prohíba explícitamente la discriminación en el empleo, las ordenanzas y los convenios colectivos sobre salarios no contienen disposiciones discriminatorias para la determinación de los salarios. Al tiempo de que toma nota de que el marco normativo y Plan nacional de acción para acabar con la violencia sexual o de género para 2016 2020, elaborados con la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tenían el objetivo de garantizar la igualdad de remuneración por «un trabajo similar», la Comisión llama una vez más la atención del Gobierno sobre el hecho de que el concepto de «trabajo de igual valor» constituye el núcleo del derecho fundamental a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor que va más allá de la igualdad de remuneración por un trabajo «igual», el «mismo» o «similar», y también engloba trabajos que son de una naturaleza absolutamente diferente y, sin embargo, de igual valor. La Comisión reitera que cuando los convenios colectivos o las ordenanzas salariales no establezcan explícitamente tasas de remuneración distintas para hombres y mujeres o cuando solo prohíban en general la discriminación salarial por motivos de sexo, esto no suele ser suficiente para dar cumplimiento al Convenio, habida cuenta de que no refleja el concepto de «trabajo de igual valor» establecido en el Convenio (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafos 673 y 676). Lamentando que a diferencia del anterior Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos, el nuevo Plan de acción de los derechos humanos para 2017 2021 ya no incluye como objetivo explícito «un salario igual por un trabajo de igual valor», la Comisión insta firmemente una vez más al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para dar plena expresión legislativa al principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y a que suministre información sobre todas las medidas concretas adoptadas a este respecto.
Artículos 1 y 2. Evaluación de la brecha salarial por motivos de género. Constatando que el Gobierno menciona únicamente la información estadística presentada, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre el hecho de que la información suministrada no permite a la Comisión evaluar la aplicación del principio del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de que, en 2017, las mujeres representaban únicamente el 37,3 por ciento de la población económicamente activa (en contraposición a un 62,7 por ciento en el caso de los hombres) y de que, a pesar del ritmo sostenido de crecimiento económico, la tasa de empleo de las mujeres sigue siendo baja con un 36 por ciento en 2017 (frente a un 41 por ciento en 2010), con más de un tercio de las trabajadoras ocupadas en la economía informal, caracterizada por salarios bajos. La Comisión toma nota con preocupación de que, según la «Encuesta sobre horas verificadas de trabajo y promedios salariales», publicada por la División de Estadística del Departamento de Trabajo en 2016, los ingresos promedio de las mujeres son inferiores a los de los hombres en casi todos los sectores económicos, incluso cuando los trabajadores y las trabajadoras pertenecen a la misma categoría profesional. La Comisión toma nota además de que, en sus observaciones finales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas expresó su preocupación por que la participación de las mujeres en el mercado laboral sea reducida y las mujeres suelen estar empleadas en puestos con baja remuneración en plantaciones de té y en el sector textil. El Comité recomendó al Gobierno que luche de forma eficaz contra las barreras socioculturales que menoscaban las oportunidades laborales de las mujeres, en particular en los sectores con salarios elevados (E/C.12/LKA/CO/5, 4 de agosto de 2017, párrafos 25 y 26). La Comisión toma nota también de que, en sus conclusiones finales, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por la gran desigualdad salarial por razones de género, el escaso nivel de aplicación y vigilancia del principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y la concentración de mujeres en el sector del empleo informal (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 de marzo de 2017, párrafo 32). Teniendo en cuenta la gran disparidad salarial por razón de género y la persistente segregación de las mujeres en el mercado de trabajo, la Comisión pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos para adoptar medidas más proactivas, incluidas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, a fin de sensibilizar, realizar evaluaciones, promover y hacer cumplir la aplicación del principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, en los términos consagrados en el Convenio. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas específicas adoptadas para poner fin a la brecha de remuneración por motivos de género, determinando y abordando las causas subyacentes de las diferencias salariales como la segregación vertical y horizontal en el empleo y los estereotipos de género, que engloban tanto la economía formal como la informal, y promoviendo el acceso de las mujeres a una amplia gama de puestos de trabajo con perspectivas profesionales y salarios más elevados. Reiterando que la recopilación, análisis y difusión de información es importante para detectar y combatir la desigualdad en la remuneración, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información estadística actualizada sobre el nivel promedio de ingresos de hombres y mujeres, desglosado por actividad económica y ocupación, tanto en el sector público como en el privado, y en la economía informal.
Artículo 2. Salarios mínimos. Juntas salariales. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que, según la declaración del Gobierno, ha dejado de utilizarse una terminología específica para cada sexo en las decisiones relativas a las juntas salariales. En relación con la petición anterior del Gobierno de recabar la asistencia técnica de la OIT para la simplificación del sistema de juntas salariales, la Comisión toma nota de que esta solicitud ha dejado de ser pertinente en vista de la adopción futura de la ley sobre el empleo único, que reemplazará a la Ordenanza sobre Juntas Salariales, la Ley de Empleados de Comercios y Oficinas, la Ley de Empleo de Mujeres, Jóvenes y Niños y a la Ordenanza sobre Prestaciones por Maternidad, sin perjuicio de los derechos laborales garantizados por la legislación laboral vigente. La Comisión saluda la adopción de la Ley Nacional sobre el Salario Mínimo núm. 3 de 2016, que establece un salario mínimo nacional, pero toma nota de que, en sus observaciones finales, el CESCR manifestó su preocupación por el hecho de que la ley no cubre a los trabajadores de la economía informal, a los que no están afiliados a ningún sindicato y a los que perciben un salario diario (por ejemplo, los trabajadores de las plantaciones y los trabajadores domésticos) (E/C.12/LKA/CO/5, 4 de agosto de 2017, párrafo 31). Reiterando que la fijación de salarios mínimos puede representar una contribución decisiva para la aplicación del principio del Convenio, destinado a todos los trabajadores y a todos los sectores, tanto de la economía formal como de la informal, y observando que según el Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos 2017 2021, el Gobierno considerará la ratificación del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), la Comisión pide al Gobierno que señale cómo se garantiza la observancia del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor a los trabajadores que no están cubiertos por la Ley Nacional sobre el Salario Mínimo, en particular a los trabajadores de la economía informal, a los que no están afiliados a ningún sindicato, a los que perciben un salario diario por su trabajo en las plantaciones, así como a los trabajadores domésticos, sectores todos ellos caracterizados por un elevado porcentaje de mujeres y especialmente de salarios bajos. La Comisión pide también al Gobierno que comunique información sobre los progresos realizados para simplificar el sistema de juntas salariales y sobre las medidas adoptadas para garantizar que los salarios fijados por las juntas salariales se basan en criterios objetivos exentos de sesgo de género (como las calificaciones, el esfuerzo, las responsabilidades y las condiciones de trabajo) con el fin de que el trabajo predominantemente realizado por mujeres, así como las competencias consideradas «femeninas» (tales como por ejemplo la destreza manual y las que se requieren para ejercer profesiones relativas a los cuidados) no se minusvaloren ni siquiera sean pasadas por alto, en comparación con el trabajo realizado predominantemente por hombres ni con las competencias consideradas tradicionalmente como «masculinas» (como levantar cargas pesadas).
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

C111 - Observación (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.
Artículo 1 del Convenio. Protección legislativa contra la discriminación. Desde hace varios años, la Comisión ha venido instando al Gobierno a introducir en su legislación nacional disposiciones para asegurar que todos los hombres y las mujeres sean protegidos contra la discriminación que abarquen todos los aspectos del empleo y la ocupación y con todos los motivos enumerados en el artículo 1, 1), a) del Convenio. La Comisión llamó anteriormente la atención del Gobierno sobre el hecho de que los artículos 12, 14 y 17 de la Constitución, que tratan sobre la discriminación, solo parezcan cubrir a los ciudadanos del país y no prohíban la discriminación basada en motivos de color o de ascendencia nacional. La Comisión saluda la declaración del Gobierno en su memoria, de que debatirá sobre esta cuestión con todas las partes interesadas a fin de explorar la posibilidad de modificar la legislación laboral vigente o de adoptar una nueva legislación para acabar con la discriminación en el empleo. La Comisión toma nota de que el Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017 2021 establece, entre sus objetivos explícitos, la promulgación de leyes que garanticen el derecho a la protección contra la discriminación sobre la base de cualquiera de los motivos prohibidos, incluidos el sexo, la raza, el origen étnico, la religión, la casta, el lugar de origen, la identidad de género, la discapacidad o cualquier otra condición civil en todos los lugares de trabajo, incluido en el sector privado. No obstante, la Comisión llama la atención del Gobierno sobre el hecho de que el plan de acción no se refiere a los motivos de «color», «opinión política», «ascendencia nacional» y «origen social», enumerados en el artículo 1, 1), a) del Convenio. La Comisión toma nota de que en sus observaciones finales, varios órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW), Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) y Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial) manifestaron también su preocupación por el hecho de que la legislación nacional no prohíba la discriminación sobre la base de motivos de color u origen nacional, y no prohíba específicamente las formas directas ni indirectas de discriminación (E/C.12/LKA/CO/5, de 4 de agosto de 2017, párrafo 13; CEDAW/C/LKA/CO/8, de 3 de marzo de 2017, párrafo 10; CMW/C/LKA/CO/2, de 11 de octubre de 2016, párrafo 26; y CERD/C/LKA/CO/10 17, de 6 de octubre de 2016, párrafo 8). La Comisión reitera, a este respecto, que disponer de definiciones claras y detalladas de lo que constituye discriminación en el empleo y la ocupación es determinante para poder identificar y abordar las muy distintas formas en las que esta puede manifestarse (véase Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, párrafo 743). La Comisión insta firmemente al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para introducir en su legislación nacional, disposiciones contra la discriminación directa e indirecta, a efectos de garantizar que todos los hombres y mujeres, ciudadanos y no ciudadanos, estén efectivamente protegidos de la discriminación en todos los aspectos del empleo y la ocupación sobre la base de todos los motivos comprendidos en el Convenio, incluidos el color y la ascendencia nacional. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre todos los progresos realizados a este respecto. La Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione información sobre el número y la naturaleza de los casos de discriminación en el empleo sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Supremo en virtud de los artículos 12, 1), y 17 de la Constitución, así como sobre sus resultados, y que envíe copias de todas las decisiones judiciales relevantes al respecto.
Artículo 1, 1), a). Discriminación por motivo de sexo. Acoso sexual. Al tiempo que saludó el Código de Conducta y Directrices para impedir y contrarrestar el acoso sexual en los lugares de trabajo, elaborado en 2013 por la Federación de Empleadores de Ceilán, en colaboración con la OIT, la Comisión planteó preocupaciones en sus comentarios anteriores relativas a la ausencia de protección efectiva de los trabajadores contra el acoso sexual en el empleo y la ocupación. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que los artículos 11 y 12 de la Constitución sobre protección contra la tortura y derecho a la igualdad, respectivamente, pueden servir como fundamento jurídico para amparar a las víctimas de acoso sexual y que los tribunales han considerado las peticiones de favores sexuales para promoción laboral como «soborno», un delito que puede ser castigado en virtud de la Ley contra el Soborno, 1980. Al tiempo que toma nota de que estas disposiciones generales no mencionan explícitamente «el acoso sexual», la Comisión toma nota de que el Gobierno vuelve a referirse al artículo 345 del Código Penal en relación con el acoso sexual, sin proporcionar la información solicitada con el fin de aclarar el ámbito de aplicación de dicho artículo en relación con la interpretación de la expresión «por una persona autorizada». La Comisión saluda la inclusión en el Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017 2021 de una propuesta de ley que trata específicamente del acoso sexual en el lugar de trabajo, tanto en el sector público como en el privado. La Comisión también saluda la inclusión de las medidas adoptadas con el fin de garantizar que los empleadores tanto en el sector público como en el privado introducen directrices obligatorias y nombrarán comités para hacer frente al acoso sexual en consulta con los sindicatos y las organizaciones de empleadores. La Comisión toma nota de que el marco de políticas y el Plan nacional de acción para poner fin a la violencia de carácter sexual y basada en el género para 2016-2020, desarrollada con la asistencia del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que destaca que las mujeres que trabajan en las zonas francas de exportación (ZFE) se ven particularmente expuestas a acoso sexual, establece también un modelo de promoción de la política para poner fin al acoso sexual en el lugar de trabajo y aplicar mecanismos para acabar con este problema en el sector privado. No obstante, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales, el CEDAW manifestó su preocupación por el elevado nivel de casos de violencia contra las mujeres por motivos de género, de los cuales muy pocos habían sido denunciados debido a la falta de legislación adecuada, al limitado acceso de las mujeres a la justicia por motivos entre los que cabe citar el miedo a represalias, una confianza limitada en la policía y el sistema judicial, rechazos extremos en la investigación y la adjudicación de estos casos, resultados arbitrarios y tasas de condena muy reducida. El CEDAW expresó también su preocupación por la falta de datos desglosados sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo y sobre las medidas adoptadas para corregir estos casos (CEDAW/C/LKA/CO8, 3 de marzo de 2017, párrafos 22 y 32). En lo que se refiere al Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017 2021, la Comisión insta firmemente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para incluir las disposiciones legislativas específicas en las que se determinan y prohíben claramente todos los tipos de acoso sexual en el lugar de trabajo, tanto los que se basan en contraprestaciones ( quid pro quo) como en un entorno hostil, y pide al Gobierno que comunique información sobre todos los progresos realizados a este respecto. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que señale si el artículo 345 del Código Penal se aplica únicamente al acoso sexual cometido por una persona con autoridad o también por un compañero de trabajo o un cliente o un proveedor de la empresa. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre todas las medidas adoptadas para garantizar que los empleadores de los sectores público y privado introduzcan directrices obligatorias y nombren comités para hacer frente al acoso sexual, en consulta con los sindicatos y las organizaciones de empleadores, incluidos en el marco del Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017-2021 y el Plan nacional de acción para poner fin a la violencia de carácter sexual y basada en el género para 2016-2020. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para promover el acceso de las mujeres a la justicia, incluso velando por que conozcan mejor sus derechos y los procedimientos jurídicos a su alcance, así como el número de quejas presentadas en materia de acoso sexual, las sanciones impuestas y las compensaciones otorgadas, en particular en el contexto de un despido injustificado.
Artículo 2. Igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. En relación a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que el proyecto de ley sobre los derechos de las mujeres fue rebautizado con el nombre de proyecto de ley de la comisión de las mujeres, que la redacción del texto se elaboró en 2017 y que se está esperando el refrendo del Fiscal General sobre su constitucionalidad. La Comisión toma nota de la Ley sobre las Elecciones de las Autoridades Locales (enmienda) núm. 1, de 2016, que prevé una cuota de un 25 por ciento para las mujeres en los organismos públicos municipales, pero observa que, en sus observaciones finales, el CESCR señaló que, no obstante, esta nueva legislación, la participación de las mujeres en la vida política y pública y en la toma de decisiones sigue siendo muy escasa (E/C.12/LKA/CO/5, de 4 de agosto de 2017, párrafo 23). La Comisión toma nota de que, en 2017, las mujeres representaban solamente el 37,3 por ciento de la población económicamente activa del país (en contraposición a un 62,7 por ciento de los hombres) y que, a pesar del crecimiento económico constante, la tasa de empleo de las mujeres sigue estando a un reducido porcentaje del 36 por ciento (mientras que en 2010 fue del 41 por ciento). La Comisión toma nota de que, según la encuesta anual de empleo de 2016, al mismo tiempo existe segregación profesional vertical y horizontal puesto que las mujeres se concentran en la agricultura, la manufactura y la educación, así como en ocupaciones básicas (28,5 por ciento) y tareas de secretaría (13 por ciento), mientras que solo unas pocas mujeres ocupan puestos como directoras o funcionarias superiores (3,3 por ciento) o en profesiones técnicas y afines (4,5 por ciento). La Comisión toma nota, en particular, de que en sus observaciones finales el Comité para la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de las Naciones Unidas (CMW) destacó que las mujeres en Sri Lanka siguen viéndose obligadas a convertirse en trabajadoras domésticas migratorias ya que no tienen igual acceso al empleo (CMW/C/LKA/CO/2, 11 de octubre de 2016, párrafo 52). La Comisión saluda las medidas incluidas en el Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017 2021, que tiene la finalidad de aumentar la participación de las mujeres en el empleo tanto en los sectores público como el privado, incluida la formación de las mujeres en profesiones que requieren competencias más elevadas en sectores de la economía formal y no tradicional, así como de cerrar la brecha salarial de género en el empleo formal mediante instalaciones dedicadas a los cuidados, el fomento de mecanismos laborales flexibles y la promoción de las funciones y responsabilidades que atañen a los hombres en el cuidado de los niños y las responsabilidades familiares. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre todas las normas y medidas que se adopten en el marco del Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos en 2017-2021 o de cualquier otra manera, para impulsar el acceso de las mujeres al empleo y a una gama más amplia de trabajos y puestos de mayor nivel, en particular mediante medidas destinadas a combatir los estereotipos en relación con las capacidades de las mujeres y sus funciones en la sociedad, y para conciliar mejor el empleo y las responsabilidades familiares. La Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la situación en que se encuentra la adopción del proyecto de ley sobre la comisión de las mujeres, así como una copia de la nueva legislación cuando haya sido adoptada. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información estadística actualizada sobre la participación de hombres y mujeres en la educación, la formación y el empleo, tanto en el sector público como en el privado, incluida la economía informal, desglosados por categorías y puestos profesionales, así como el número de mujeres en Sri Lanka empleadas como trabajadoras domésticas migrantes (incluyendo trabajadoras domésticas migrantes).
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

C111 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

No disponible en español.

MLC, 2006 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

No disponible en español.

Adoptado por la CEACR en 2020

C081 - Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

La Comisión toma nota de la información complementaria proporcionada por el Gobierno a la luz de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 338.ª reunión (junio de 2020). La Comisión procedió a examinar la aplicación del Convenio sobre la base de la información complementaria recibida del Gobierno este año, así como sobre la base de la información de que disponía en 2019.
La Comisión toma nota de que el Sindicato de Auxiliares de Vuelo (FAU) presentó al Consejo de Administración una reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT en la que se alega el incumplimiento por parte de Sri Lanka del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) y el Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95). En su 334.ª reunión (octubre de 2018), el Consejo de Administración decidió que la reclamación era admisible y designó un comité tripartito para examinarla (GB.334/INS/14/3). De conformidad con su práctica anterior, la Comisión ha decidido suspender el examen de la aplicación del Convenio, en lo que respecta a la aplicación efectiva de las medidas adoptadas por los inspectores del trabajo para incoar un procedimiento y a la imparcialidad del sistema de la inspección del trabajo, a la espera de la decisión del Consejo de Administración respecto a dicha reclamación.
La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato de los Empleados de Bancos de Ceilán (CBEU), el Sindicato de Plantaciones de Ceilán (CESU), la Federación del Trabajo de Ceilán (CFL) y el Sindicato de Trabajadores Mercantiles, Industriales y Otros Trabajadores (CMU) sobre la aplicación del Convenio, así como de la respuesta del Gobierno al respecto, ambas recibidas en 2018.
Artículos 3, 4, 5, a), 16, 20 y 21 del Convenio. Funcionamiento eficaz del sistema de la inspección del trabajo y estadísticas fiables para evaluar su eficacia. Informes anuales de la inspección del trabajo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria correspondiente al periodo que termina el 31 de agosto de 2016, en respuesta a sus comentarios anteriores, sobre la puesta en marcha de la aplicación para el sistema de inspección del trabajo (LISA), y de la indicación del Gobierno de que todos los inspectores del trabajo y de la seguridad y salud en el trabajo (SST) han recibido formación para utilizarla. En este contexto, el Gobierno afirma que, a partir de 2017, será posible presentar un informe anual completo de la inspección del trabajo, de conformidad con los artículos 20 y 21 del Convenio. No obstante, la Comisión toma nota de que las observaciones del CBEU, el CESU, la CFL y el CMU cuestionan la administración de la LISA y su eficacia en la recopilación de datos, y alegan que este dispositivo no permite sistematizar el trabajo de la inspección del trabajo o contribuir a mejorar su calidad. En respuesta, el Gobierno afirma que la LISA ha ido perfeccionándose constantemente desde su puesta en marcha, con nuevos módulos que deberían ayudar a acelerar las inspecciones conexas. La Comisión toma debida nota de que el informe anual de 2017 del Departamento de Trabajo contiene información sobre las leyes y reglamentos pertinentes para la labor de los servicios de inspección, así como estadísticas sobre el número de inspectores del trabajo, de fábricas registradas, de visitas efectuadas, de casos judiciales presentados por funcionarios de trabajo y de accidentes de trabajo. Sin embargo, este informe anual no incluye estadísticas sobre enfermedades profesionales, los lugares de trabajo sujetos a inspección o el número de trabajadores empleados en ellos, aparte de las fábricas. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que continúe publicando y transmitiendo a la OIT un informe anual de la inspección del trabajo, de conformidad con el artículo 20 del Convenio. La Comisión pide asimismo al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para que este informe anual de la inspección del trabajo contenga información completa sobre todas las cuestiones enumeradas en el artículo 21, a) a g), del Convenio, en particular, sobre las estadísticas de los establecimientos del trabajo sujetos a inspección y el número de trabajadores empleados en ellos (artículo 21, c)); y las estadísticas de las enfermedades profesionales (artículo 21, g)). La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas a este respecto. Además, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la implementación de la LISA en la práctica, incluidas sus repercusiones en la eficacia de la labor de la inspección del trabajo, tanto en lo que respecta al número y la calidad de las inspecciones como a la recopilación de estadísticas.
Artículos 3, 1, a) y b), 9, 13 y 14. Función de la inspección del trabajo en el ámbito de la SST. Notificación de los accidentes del trabajo y de los casos de enfermedad profesional a la inspección del trabajo. En relación con sus anteriores comentarios, la Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno sobre el número de visitas de inspección y del informe anual de 2017 del Departamento de Trabajo. La Comisión toma nota asimismo de las indicaciones del Gobierno sobre el papel del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH), que proporciona servicios continuos para formar a los inspectores del trabajo en materia de SST. A este respecto, la Comisión toma nota de que en las observaciones del CBEU, el CESU, la CFL y la CMU se afirma que el NIOSH cuenta con escasos recursos en términos de personal capacitado y equipamiento. Además, por lo que se refiere a las medidas para garantizar que la inspección del trabajo esté informada de los accidentes laborales y de los casos de enfermedades profesionales, el CBEU, el CESU, la CFL y el CMU alegan que no existe un vínculo adecuado entre la inspección general del trabajo y la inspección en materia de SST que permita: i) el intercambio y registro de información, y ii) determinar cuáles son los problemas detectados por los inspectores del trabajo ordinarios que deben ser objeto de seguimiento por parte de los inspectores de SST. Los sindicatos alegan además que no se denuncian suficientemente las lesiones profesionales. A este respecto, el Gobierno observa que, debido al ámbito de aplicación de la Ordenanza sobre las Fábricas, algunos lugares de trabajo, como las fincas de las plantaciones, solo pueden ser inspeccionados por inspectores generales del trabajo y no por inspectores de SST. La Comisión también toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria complementaria de que los accidentes de trabajo y los casos de enfermedades profesionales se comunican periódicamente a las divisiones respectivas, y de que el personal de inspección del Departamento de Trabajo (incluidos los funcionarios de trabajo, los ingenieros de inspección de fábricas, los ingenieros especializados de fábricas y los funcionarios médicos) reciben formación con componentes de SST. A este respecto, el Gobierno afirma que cuando identifican entornos de trabajo peligrosos o lugares de trabajo inseguros durante las inspecciones, los funcionarios laborales lo remiten a la Oficina de Ingenieros de Fábrica del Distrito o a la División de Seguridad Laboral. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información adicional sobre las medidas adoptadas para garantizar la cooperación efectiva entre los inspectores generales del trabajo y los inspectores de SST, con miras a garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones legales relativas a la SST. Además, la Comisión pide al Gobierno que indique la forma en que se garantiza que se notifiquen a la inspección del trabajo los accidentes del trabajo y los casos de enfermedad profesional, de conformidad con el artículo 14 del Convenio, y que proporcione más información sobre la aplicación de esta disposición en la práctica, incluidas estadísticas sobre los accidentes y enfermedades profesionales notificados.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

C081 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

C105 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

C122 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

C138 - Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

La Comisión toma nota de la información complementaria proporcionada por el Gobierno a la luz de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 338.ª reunión (junio de 2020). La Comisión procedió a examinar la aplicación del Convenio sobre la base de la información complementaria recibida del Gobierno (véase el párrafo relativo a la aplicación del Convenio en la práctica y la inspección del trabajo), así como sobre la base de la información de que disponía en 2019.
Artículo 2, 2), del Convenio. Elevar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo. La Comisión había tomado nota con anterioridad de la información del Gobierno, según la cual el Ministerio de Trabajo y Relaciones Sindicales había iniciado el proceso de enmienda de la legislación laboral pertinente, como la Ley núm. 47, de 1956, sobre el Empleo de Mujeres, Jóvenes y Niños, con el fin de elevar la edad mínima de admisión al trabajo o al empleo de los 14 a los 16 años. Confiaba en que se adoptasen, en un futuro próximo, las enmiendas relativas a la elevación de la edad mínima de admisión al empleo a los 16 años.
La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno indica en su memoria que ha logrado que el Gabinete de Ministros apruebe la elevación de la edad mínima de admisión al empleo de los 14 a los 16 años. El Gobierno señala que los proyectos de leyes y reglamentos revisados, en concreto, la Ley núm. 47, de 1956, sobre el Empleo de Mujeres, Jóvenes y Niños, la Ley núm. 19, de 1954, sobre los Empleados de Tiendas y Oficinas, la Ordenanza núm. 45, de 1942, sobre las Fábricas, y la Ley núm. 15, de 1958, sobre el Fondo de Previsión de los Empleados, que contienen disposiciones por las que se eleva la edad mínima de los 14 a los 16 años, entrarán en vigor en 2020. La Comisión saluda las medidas adoptadas por el Gobierno para elevar la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo de los 14 a los 16 años, y espera que los proyectos de leyes y reglamentos laborales mencionados se aprueben en un futuro cercano. La Comisión recuerda al Gobierno las disposiciones del artículo 2, 2), del Convenio, en las que se establece que todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que ha elevado la edad mínima que fijó inicialmente. La Comisión agradecería que el Gobierno considerara la posibilidad de enviar a la Oficina una declaración de esta índole, una vez que se haya elevado la edad mínima establecida en la legislación nacional a los 16 años.
Artículo 2, 3). Escolaridad obligatoria. La Comisión ya había tomado nota con interés de la adopción del Reglamento núm. 1, de 2015, sobre la asistencia obligatoria de los niños a la escuela, que prevé la educación obligatoria de los 5 a los 16 años de edad. Sin embargo, la Comisión había constatado que la edad mínima de admisión al trabajo o al empleo era inferior a la edad en que termina la escolaridad obligatoria y, en consecuencia, había instado al Gobierno a que prosiguiese sus esfuerzos para elevar la edad mínima general. Habida cuenta de que el Gobierno ha iniciado el proceso de elevación de la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a los 16 años, la Comisión le pide una vez más que prosiga sus esfuerzos en la materia, a efectos de vincular dicha edad con la edad de finalización de la escolaridad obligatoria, de conformidad con el Convenio.
Aplicación del Convenio en la práctica e inspección del trabajo. La Comisión había alentado anteriormente al Gobierno a que prosiguiese sus esfuerzos para garantizar la abolición progresiva del trabajo infantil y a que adoptase medidas efectivas para fortalecer la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo para mejorar el seguimiento de los niños que trabajan en el sector informal, incluidos los trabajadores domésticos.
La Comisión toma nota de que el Gobierno comunica que hay un grupo de inspección especial que se encarga de inspeccionar los lugares de trabajo específicamente en materia de trabajo infantil, en el sector tanto formal como informal. En 2018 este grupo inspeccionó 472 lugares de trabajo. Además, existe un mecanismo para inspeccionar los lugares de trabajo, incluidos los hogares, en que se sospecha que pueda haber menores trabajando, según el cual son equipos interdepartamentales, compuestos por miembros de la policía y del Departamento de Asistencia Social y de Cuidado del Niño, los que llevan a cabo la inspección de forma conjunta. Así, en 2018 se llevaron a cabo 129 investigaciones interdepartamentales a raíz de denuncias relativas al trabajo infantil, que dieron lugar a dos causas judiciales. La Comisión toma nota además de que el Gobierno indica en su memoria complementaria que en 2019 se llevaron a cabo 169 investigaciones a raíz de denuncias relativas al trabajo infantil y se detectaron 12 casos. El Gobierno señala asimismo que las investigaciones llevadas a cabo a partir de denuncias de casos de trabajo infantil prosiguieron incluso durante el periodo de confinamiento debido a la COVID-19 con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de los niños. Así, hasta el 31 de agosto de 2020, se detectaron tres casos de trabajo infantil mediante investigaciones realizadas a raíz de 74 denuncias. Por otra parte, en 2019 se impusieron sanciones a cuatro empleadores y en 2020 a un empleador, y en 2019 se pagó una indemnización a dos víctimas de trabajo infantil.
Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno confirma que se han aumentado las medidas de sensibilización acerca de este asunto dirigidas a distintas partes interesadas, como los miembros de los Comités de Desarrollo del Niño, creados por el Ministerio de Asuntos de la Mujer y el Niño en los 25 distritos; los funcionarios del Departamento de Recursos Humanos y Empleo que trabajan en el terreno y están en contacto directo con los alumnos, los profesores y los padres, de los cinco distritos en los que se calcula que el trabajo infantil es más frecuente; y el público en general. Asimismo, en 2019, se impartieron cursos de formación sobre la legislación laboral que se aplica a los niños y la importancia de eliminar el trabajo infantil al personal del Departamento de Trabajo y del Departamento de Recursos Humanos y Empleo que trabaja en el terreno. Además, en junio de 2020, el canal oficial de YouTube del Departamento de Trabajo publicó cinco vídeos sobre la importancia de la prevención del trabajo infantil. Asimismo, el Gobierno declara que en 2017 se adoptó la Política Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, y que se está elaborando un plan de acción nacional para aplicarla. A este respecto, la Comisión toma nota de que el Comité Directivo Nacional del Ministerio de Trabajo se encarga de coordinar y supervisar la aplicación de la Política.
La Comisión toma nota de que, según la encuesta de actividades infantiles 2015 2016, la población infantil total de edades comprendidas entre los 5 y los 17 años sometida al trabajo infantil ascendía a 43 714 niños (el 1 por ciento). Además, observa que en la Política Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil de 2017 se indica que el trabajo infantil está especialmente extendido en los ámbitos de la pesca, el turismo, las pequeñas haciendas privadas y el trabajo doméstico. Asimismo, la Comisión constata que tanto el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por que, a pesar de que se haya progresado notablemente, hay niños que siguen trabajando como vendedores callejeros o en el servicio doméstico, la agricultura, la minería, la construcción, las manufacturas, el transporte y la pesca (CRC/C/LKA/CO/5 6, párrafo 41, y E/C.12/LKA/CO/5, párrafo 43). Al tiempo que saluda las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le pide que prosiga sus esfuerzos encaminados a la erradicación progresiva del trabajo infantil en el país, centrándose en la economía informal. Solicita al Gobierno que aporte información sobre las medidas tomadas y los resultados obtenidos al respecto, en particular en el marco de la Política Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil de 2017. Asimismo, le pide al Gobierno que siga transmitiendo información sobre las medidas que se adopten para fortalecer la capacidad y ampliar el alcance de la inspección del trabajo en lo relativo a los niños que trabajan en el sector informal, así como acerca del número de niños sometidos a trabajo infantil.

C182 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

C182 - Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

La Comisión toma nota de la información complementaria proporcionada por el Gobierno a la luz de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 338ª reunión (junio de 2020). La Comisión procedió a examinar la aplicación del Convenio sobre la base de la información complementaria recibida del Gobierno este año (véase el apartado relativo a los artículos 6 y 7, 2), a) y b), acerca de la explotación sexual de niños), así como sobre la base de la información de que disponía en 2019.
Artículo 3 del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Apartado a) y artículo 7, 2), a) y b). Venta y trata de niños, y medidas efectivas y en un plazo determinado para la prevención, asistencia y liberación de los niños de las peores formas de trabajo infantil. La Comisión tomó nota anteriormente de que en el país existen cuatro casas refugio, cuatro escuelas autorizadas y dos centros nacionales de formación y asesoramiento, que prestan servicios médicos, jurídicos y psicológicos a los niños víctimas de trata. El Gobierno señaló asimismo que, a nivel provincial, se mantenían 11 «lugares de seguridad» para los niños víctimas de trata, y que el Ministerio de Justicia había establecido un Grupo de Trabajo Nacional contra la Trata de Personas. Además, indicó que en 2016-2017, los fiscales habían logrado seis condenas por trata de niños. La Comisión pidió al Gobierno que indicara el número de niños víctimas de trata que se habían beneficiado de los servicios prestados por las casas refugio, las escuelas autorizadas y los centros nacionales de formación y asesoramiento. También pidió al Gobierno que continuara proporcionando información sobre el número de personas enjuiciadas, declaradas culpables y condenadas en lo que respecta a casos de trata de niños.
En su memoria, el Gobierno señala que ha adoptado diversas medidas para prevenir la trata de personas, incluido el desarrollo de campañas y programas de formación y sensibilización orientados a los funcionarios y al público en general. El Gobierno indica asimismo la adopción del Plan estratégico nacional para controlar y combatir la trata de personas 2015-2019. La puesta en práctica de este Plan estratégico incumbe fundamentalmente al Grupo de Trabajo Nacional contra la Trata de Personas, dirigido por el Ministerio de Justicia. El Gobierno señala además que el Grupo de Trabajo se encarga de supervisar y fortalecer la coordinación entre los actores estatales, aumentando la detección de las víctimas y el número de procesamientos, y mejorando la protección concedida a las víctimas. El Gobierno indica igualmente que, durante el periodo examinado, se notificaron a la Policía de Sri Lanka dos supuestos casos de trata de niños con fines de explotación laboral o de explotación sexual comercial. La Comisión toma nota de que, según las estadísticas de la Autoridad Nacional de Protección de la Infancia, en 2018, se notificaron 125 casos de trata. Toma nota de la indicación del Gobierno en su informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC) en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (OPSC), de abril de 2019, de que existe una unidad especial en la Policía de Sri Lanka para investigar las denuncias relativas a la trata de niños (CRC/C/OPSC/LKA/Q/1/Add.1, párrafo 4). Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para prevenir la trata de niños, la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar que se enjuicie efectivamente a los autores de la trata de niños y que se les impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica. Le pide que proporcione información a este respecto. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el número de niños víctimas de trata detectados por la unidad especial de la Policía establecida con este fin. Tomando nota de que el Gobierno no ha suministrado información sobre este punto, la Comisión le pide una vez más que indique el número de estos niños que se han beneficiado de los servicios prestados por las casas refugio, las escuelas autorizadas, y los centros nacionales de formación y asesoramiento.
Apartado b). Utilización, reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que los artículos 286A, 288A, 360A y 360B del Código Penal, en su forma enmendada, prohibían la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución o para actuaciones pornográficas. Tomó nota de la alta incidencia de niños en la prostitución. Por lo tanto, la Comisión instó al Gobierno a que intensificara sus esfuerzos para garantizar que los autores de dichos delitos fueran llevados ante la justicia, que se emprendieran investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos rigurosos de los autores, y que se impusieran sanciones suficientemente efectivas y disuasorias.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, aunque la prostitución infantil prevalece en determinadas zonas del país, faltan estadísticas detalladas a este respecto. Indica, en su Política sobre la Eliminación del Trabajo Infantil en Sri Lanka (2017), que la explotación sexual de jóvenes varones (el fenómeno denominado «beach boy») en el sector turístico suscita una gran preocupación, debido al rápido incremento del turismo y a la voluntad de impulsar más aún este sector. El Gobierno señala además, en su informe presentado ante el CRC en virtud del OPSC, de octubre de 2018, que las cuestiones relativas a la explotación sexual de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil son fundamentales, habida cuenta de que el acceso cada vez mayor a la tecnología de la información y las comunicaciones ha dado lugar a la preocupación de que a través de esas plataformas los niños estén expuestos a algún tipo de perjuicio (CRC/C/OPSC/LKA/1, párrafo 2). En este informe, señala asimismo que se ha establecido una base de datos nacional sobre las denuncias recibidas por las dependencias adscritas a la policía, que contiene un segmento especial sobre las denuncias relativas a la explotación sexual y la pornografía (párrafo 59).
La Comisión toma nota asimismo de que, en su informe presentado al CRC en virtud del OPSC, de abril de 2019, el Gobierno indica que la Policía de Sri Lanka detectó en 2018 nueve casos de pornografía infantil y siete casos de reclutamiento de niños (CRC/C/OPSC/LKA/Q/1/Add.1, párrafo 2). Toma nota de que, en sus observaciones finales en virtud del OPSC, de julio de 2019, el CRC expresó su preocupación por las bajas tasas de enjuiciamiento y el elevado número de causas pendientes y por las denuncias de complicidad de las autoridades en relación con casos de prostitución infantil y pornografía infantil (CRC/C/OPSC/LKA/CO/1, párrafo 29). Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para combatir la prostitución infantil y la pornografía infantil, cerciorándose de que los artículos 286A, 288A, 360A y 360B del Código Penal se apliquen efectivamente a través de investigaciones exhaustivas y enjuiciamientos rigurosos de las personas sospechosas de la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas, incluidos los funcionarios estatales sospechosos de complicidad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación de estos artículos en la práctica, indicando en particular la información contenida en la base de datos sobre las denuncias relativas a la prostitución y la pornografía con niños, el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas, y las sanciones específicas impuestas.
Apartado d) y artículo 4, 3). Trabajos peligrosos y revisión de la lista de tipos peligrosos de trabajo. La Comisión tomó nota anteriormente de que, según la Encuesta de actividad de los niños 2015-2016, el 0,9 por ciento de los niños de 5 a 17 años de edad (39 007 niños) realizaban un trabajo peligroso. Sin embargo, el Gobierno señaló que no se habían detectado incidentes de trabajo peligroso realizado por niños en la economía formal. La Comisión tomó nota asimismo de que, según la información proporcionada por el Gobierno, el Comisario General del Trabajo había nombrado un comité para que revisara la lista de trabajos peligrosos de conformidad con las normas internacionales. Pidió al Gobierno que prosiguiera sus esfuerzos para garantizar la protección de los niños contra los trabajos peligrosos, en particular en la economía informal, y que suministrara información sobre la adopción de la nueva lista de tipos peligrosos de trabajo.
La Comisión toma nota de que, según la información comunicada por el Gobierno, en 2018 se inspeccionaron 472 lugares de trabajo con el fin de detectar específicamente trabajos peligrosos realizados por niños y trabajo infantil, a través de un programa especial de inspección de grupo, lo cual condujo a la detección de un caso de trabajo peligroso realizado por niños. El Gobierno indica que se llevaron a cabo actividades de sensibilización sobre los trabajos peligrosos, destinadas, entre otros, a todos los comités de distrito de desarrollo del niño, y al personal sobre el terreno del Departamento de Trabajo y Empleo en los cinco distritos en los que el trabajo infantil es más frecuente. La Comisión toma debida nota de la indicación del Gobierno de que en 2018 se finalizó el nuevo proyecto de reglamento para las ocupaciones peligrosas, que abarca 77 formas de trabajo peligroso, y fue aprobado por el Gabinete de Ministros. El Gobierno también indica que suministrará una copia del reglamento, una vez se haya adoptado.
La Comisión toma nota del Plan nacional de acción para la protección y promoción de los derechos humanos 2017-2021, que incluye actividades para eliminar efectivamente las formas de trabajo peligrosas para los niños. La Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para garantizar que los niños menores de 18 años de edad no estén ocupados en trabajos que sean perjudiciales para su salud, seguridad o moralidad, y a que siga suministrando información sobre las medidas adoptadas a este respecto. Pide al Gobierno que se cerciore de que el nuevo proyecto de reglamento para las ocupaciones peligrosas se adopte en un futuro cercano, y que facilite una copia de la lista una vez se haya adoptado.
Artículos 6 y 7, 2), a) y b). Programas de acción y medidas efectivas y en un plazo determinado para la prevención, asistencia y liberación de los niños de las peores formas de trabajo infantil. Explotación sexual comercial de niños. La Comisión tomó nota anteriormente de la declaración del Gobierno de que se facilitaban al público y a los turistas programas de concienciación, a fin de promover un turismo seguro para los niños, y de que se había impartido formación a 360 miembros del personal hotelero acerca de la protección de los niños. Por consiguiente, la Comisión alentó al Gobierno a que intensificara sus esfuerzos para combatir el turismo sexual infantil.
La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, en 2016, la Autoridad Nacional de Protección de la Infancia inició programas específicos relacionados con la política de tolerancia cero del Gobierno relativa al turismo sexual infantil orientados a los extranjeros en Bentota y Kalutara, dos ciudades costeras del país. El Gobierno indica asimismo que se han llevado a cabo programas para combatir el trabajo infantil y el turismo sexual infantil orientados a 1 893 beneficiarios en el sector de las plantaciones y al personal docente y sanitario.
La Comisión observa que uno de los objetivos del Plan Nacional de Acción para los Niños en Sri Lanka 2016-2020 es proteger a los niños contra todas las formas de explotación sexual en relación con la trata, la venta y las redes de explotación sexual comercial, y responder a las necesidades de rehabilitación de estos niños. Toma nota asimismo del Marco de Política y del plan nacional de acción para afrontar la violencia sexual y de género en Sri Lanka 2016-2020, que se centra, entre otros aspectos, en prevenir la explotación sexual comercial de niños, creando conciencia en contra de este fenómeno, fortaleciendo el mecanismo existente de detección y respondiendo a las quejas. La Comisión toma nota de que, según la información contenida en el informe presentado por el Gobierno al CRC en virtud del OPSC, de octubre de 2018, con el objetivo de velar por la seguridad de los niños en Internet, y de protegerlos en particular contra la pornografía, el Gobierno está elaborando programas encaminados a sensibilizar a los niños (CRC/C/OPSC/LKA/1, párrafo 58). Sin embargo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales en virtud del OPSC, de julio de 2019, el CRC expresó su preocupación por los casos notificados de padres que alientan a los niños, especialmente las niñas, a entrar en la industria del sexo (CRC/C/OPSC/LKA/CO/1, párrafo 19). En este sentido, la Comisión toma nota de la información que proporciona el Gobierno en su memoria complementaria según la cual, en 2018, se emprendieron cuatro procedimientos judiciales por delitos relacionados con la explotación sexual comercial de niños y, en 2019 y desde enero hasta el 31 de agosto de 2020, se entablaron siete procedimientos judiciales en cada periodo. Tomando debida nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión le pide que prosiga sus esfuerzos para eliminar la explotación sexual comercial de niños, y para prevenir la ocupación de niños en la explotación sexual comercial, y que preste asistencia directa para librar, rehabilitar e integrar socialmente a los niños víctimas de explotación sexual comercial. También pide al Gobierno que suministre información sobre el número de niños a los que se ha librado de la explotación sexual comercial y a los que se ha rehabilitado e integrado socialmente.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

C185 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

Adoptado por la CEACR en 2019

C029 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

C029 - Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Artículos 1, 1), 2, 1), y 25 del Convenio. I. Trata de personas. 1. Sanciones y aplicación de la ley. La Comisión había tomado nota con anterioridad de la indicación del Gobierno de que en 2016 y 2017 los tribunales superiores condenaron a seis personas por trata de seres humanos, a las cuales se impusieron penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los cinco años, además de multas. La Comisión también había tomado nota de la información del Gobierno, según la cual, en octubre de 2016, el departamento de policía creó la «Unidad contra la trata de seres humanos», compuesta por 13 oficiales para investigar casos relativos a la trata de personas. Bajo la autoridad de la Oficina de Empleo en el Exterior de Sri Lanka (SLBFE), se creó asimismo una unidad especial encargada de investigar los casos de trata a raíz de las denuncias que se presenten. La Comisión había pedido al Gobierno que prosiguiese sus esfuerzos para garantizar que se realizasen investigaciones exhaustivas y procesamientos rigurosos y que las sanciones que se impusiesen a los autores de trata de personas fuesen suficientemente eficaces y disuasorias.
El Gobierno indica en su memoria que, en las estadísticas relativas a los casos de trata de personas, se observa que el número de casos ha descendido notablemente y que la prevalencia de éstos es escasa. Señala que, entre abril de 2018 y marzo de 2019, se investigaron 18 casos de trata de personas, se presentaron diez acusaciones en los tribunales y se condenó a cinco personas, en virtud de los artículos 360A (proxenetismo) o 360C (trata de personas) del Código Penal. Entre abril de 2017 y marzo de 2018, se investigaron 16 casos de trata, se presentaron 28 acusaciones en los tribunales y se condenó a tres personas en virtud del artículo 360A del Código Penal. Además, el Gobierno indica que en 2019 dos personas han sido condenadas en virtud del artículo 360C del Código Penal y sentenciadas a dos años de prisión firme, en suspenso durante siete y diez años, respectivamente. La Comisión recuerda que, habida cuenta de la gravedad de la infracción, es esencial que las sanciones impuestas a los autores de los delitos de trata de personas sean lo suficientemente severas para tener un efecto disuasorio. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para garantizar que se juzgue a los autores del delito de trata de personas y que se les impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias en la práctica, y que especifique qué sanciones se han aplicado. Asimismo, le solicita al Gobierno que proporcione información sobre toda iniciativa de cooperación que se lleve a la práctica entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, como la Unidad contra la trata de seres humanos y la unidad especial creada bajo la autoridad de la SLBFE.
2. Identificación y protección de las víctimas. La Comisión había tomado nota de que se brindaba asistencia jurídica, médica y psicológica a las víctimas de trata en un centro de acogida sostenido por el Ministerio para el Desarrollo del Niño y Asuntos de la Mujer. La Comisión había alentado al Gobierno a que siguiese adoptando medidas para velar por que las víctimas de trata cuenten con la protección y los servicios adecuados, y a que comunicase información sobre el número de personas que se benefician de estos servicios.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el centro de acogida que dirige, donde se atiende a víctimas de trata tanto extranjeras como nacionales, cuenta con funcionarios especializados. Asimismo, tiene presente la información del Gobierno según la cual se han aprobado procedimientos operativos estándar para la identificación, protección y derivación de víctimas de trata, con el fin de identificar a las víctimas de trata entre los grupos vulnerables, como los extranjeros detenidos por quedarse después de que haya expirado su visado, las mujeres arrestadas por prostitución y otros delitos relacionados, y los ceilandeses que acaban siendo víctimas de trata o explotación cuando están trabajando en el extranjero, sea de forma regular o irregular. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos para asegurar que las víctimas de trata reciban una protección y una asistencia efectivas, y que proporcione información sobre la repercusión de los procedimientos operativos estándar en la identificación, derivación y protección de este tipo de víctimas. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que aporte información sobre el número de víctimas de trata que se ha identificado, así como acerca del número de víctimas que se han beneficiado de los servicios del centro de acogida mencionado.
3. Programa de acción y órgano de coordinación. La Comisión había tomado nota de que en febrero de 2016 se había adoptado el Plan estratégico nacional para vigilar y combatir la trata de personas 2015 2019, y de que una comisión de alto nivel presidida por el Primer Ministro y el Grupo nacional de tareas de lucha contra la trata de personas se ocupaba de vigilar la aplicación del plan estratégico. Había pedido al Gobierno que transmitiese información sobre la aplicación de dicho plan.
La Comisión constata la falta de información a este respecto en la memoria del Gobierno. Toma nota de la indicación del Gobierno, en el informe que presentó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en abril de 2019, de que el Grupo nacional de tareas de lucha contra la trata de personas tiene por objeto reforzar la coordinación entre las entidades gubernamentales clave, aumentar el número de procedimientos judiciales y mejorar la protección que se ofrece a las víctimas. El Grupo nacional de tareas de lucha contra la trata de personas es el órgano de coordinación nacional encargado de dirigir y supervisar las actividades que es preciso llevar a cabo para combatir la trata de personas en Sri Lanka (documento CCPR/C/LKA/6, párrafo 107). La Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para prevenir y luchar contra la trata de personas, y le pide que transmita información sobre las actividades llevadas a cabo a este respecto, incluidos los resultados obtenidos en el marco del Plan estratégico nacional para vigilar y combatir la trata de personas 2015-2019, y que comunique si dicho plan se ha renovado.
II. Vulnerabilidad de los trabajadores migrantes a la imposición del trabajo forzoso. La Comisión ya había tomado nota de las diversas medidas que había adoptado el Gobierno para salvaguardar los derechos de los trabajadores migrantes de Sri Lanka, como la ejecución de programas de sensibilización entre los trabajadores migrantes acerca de sus derechos y obligaciones, la firma de 22 memorandos de entendimiento con los principales países de acogida acerca de la protección de los derechos de los trabajadores migrantes, el plan obligatorio de inscripción por el que se les exige registrarse antes de irse a buscar empleo al extranjero y la creación de contratos con arreglo a las normas. La Comisión también había tomado nota de que la SLBFE gestionó la creación de un centro de acogida provisional para trabajadores migrantes con objeto de proporcionarles asistencia médica y alojamiento tan pronto les sean remitidos por la policía aeroportuaria al regresar a su país de origen. Asimismo, el Gobierno había señalado que se presta asistencia consular por medio de las misiones diplomáticas en 16 grandes países de destino y en 11 centros provisionales de acogida para trabajadoras migrantes que han sido víctimas de abusos o explotación. La Comisión pidió al Gobierno que siguiese realizando esfuerzos para velar por que los trabajadores migrantes se encuentren plenamente protegidos de las prácticas y condiciones abusivas equivalentes a la imposición de trabajo forzoso.
La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha organizado programas de formación para trabajadores migrantes antes de su partida, en particular para que sepan de la existencia del mecanismo de tramitación de denuncias de la SLBFE, a través del cual los trabajadores migrantes de Sri Lanka pueden presentar denuncias cuando están en el extranjero. Asimismo, el Gobierno indica que la asistencia consular se ha mantenido en los centros de acogida de las misiones diplomáticas. A este respecto, la Comisión toma nota, de que en el informe que presentó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en agosto de 2017, el Gobierno señaló que había 12 centros de acogida temporales («casas refugios») en diez países para trabajadoras migrantes, de los que se beneficiaron 3 552 trabajadoras migrantes (documento E/C.12/LKA/Q/5/Add.1, párrafo 74).
La Comisión observa que, de conformidad con el Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) 2018 2022, aproximadamente 212 162 trabajadores migrantes de Sri Lanka salieron del país en 2017 en busca de trabajo, lo que representa un descenso con respecto a los 242 816 trabajadores migrantes del año anterior, la mayoría de los cuales se dirigieron a Oriente Medio, donde encontraron empleos poco calificados. En el PDTP se indica que, a causa de factores como los exorbitantes gastos y comisiones de contratación a los que hacen frente los migrantes, estos se han visto expuestos a prácticas como la servidumbre por deudas y la explotación laboral. Asimismo, se señala que la aplicación de la política de migración laboral es deficiente, por la cual se rigen la contratación, el servicio activo, el regreso y la reintegración de los trabajadores migrantes, especialmente en la fase de contratación.
Asimismo, la Comisión toma nota de la adopción del Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos 2017 2021, que se centra en la protección de los derechos de las comunidades vulnerables, incluidos los trabajadores migrantes. Además, tiene en cuenta que el Gobierno ha introducido un Plan de acción nacional y una subnormativa sobre el regreso y la reintegración de los trabajadores migrantes para proteger sus derechos, en el marco de la política de migración laboral de Sri Lanka. Por otra parte, la Comisión toma nota de que, según un informe elaborado en diciembre de 2017 titulado «Labour migration, skills development and the future of work in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries» (Migración laboral, desarrollo de competencias y futuro del trabajo en los países del Consejo de Cooperación del Golfo), las condiciones de trabajo de los trabajadores de la construcción de Sri Lanka están mejorando y, por lo tanto, la diferencia salarial ya no es tan atractiva (pág. 7). El Gobierno también está invirtiendo en programas de perfeccionamiento y readaptación profesional en los sectores de la construcción, los servicios y la restauración con el fin de reducir la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes (pág. 12). Al tiempo que toma buena nota de las medidas emprendidas por el Gobierno, la Comisión le pide que prosiga sus esfuerzos para garantizar que los trabajadores migrantes no queden expuestos a prácticas que puedan acentuar su vulnerabilidad a la imposición del trabajo forzoso, y que transmita información sobre los resultados obtenidos en este sentido, en particular en el marco del Plan nacional de acción para la protección y la promoción de los derechos humanos 2017 2021. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para reforzar la protección de los trabajadores migrantes durante el proceso de contratación mediante agencias privadas, y que transmita información a este respecto. Por último, la Comisión alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para informar a los trabajadores migrantes acerca de sus derechos, en especial en el marco de los programas de formación previos a la partida, y a que proporcione información en lo relativo al regreso y la readaptación de los trabajadores migrantes, en particular en el marco del Plan de acción nacional y la subnormativa sobre el regreso y la reintegración de los trabajadores migrantes.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

C095 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

C110 - Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.
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