Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Mozambique (Ratificación : 1996)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2021, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Informaciones escritas proporcionadas por el Gobierno

La información cubre sectores distintos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como se indica a continuación:

1. La Comisión de Expertos pide al Gobierno que proporcione información exhaustiva sobre los resultados obtenidos y los retos encarados para lograr los objetivos establecidos en la Política Nacional de Empleo, en particular sobre los resultados de los programas implantados para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, mejorar las condiciones de vida y de trabajo, responder a las necesidades del mercado de trabajo y afrontar el desempleo y el subempleo

El Gobierno aprobó la Política Nacional de Empleo (PNE) en 2016, y el Plan de Acción 2018 2022 respectivo, que contiene ocho pilares, a saber: 1) el desarrollo del capital humano; 2) la creación de nuevos empleos; 3) la armonización y priorización de las políticas y estrategias sectoriales; 4) la promoción de empleo decente, productivo y sostenible; 5) la mejora del sistema de información sobre el mercado de trabajo; 6) la salud, la higiene y la seguridad en el trabajo; 7) el fortalecimiento de la cooperación internacional, y 8) los asuntos transversales.

En el periodo 2015-2019, se registraron 1 893 921 empleos, 478 904 de ellos en 2019.

En 2020, debido al impacto de la pandemia de COVID-19, los empleos disminuyeron un 47,05 por ciento en relación con 2019, alcanzando 253 542.

De este total, 162 893 fueron nuevos empleos; 90 649 fueron el primer empleo de una persona; 158 468 fueron empleos permanentes; 69 311 fueron empleos estacionales y 25 763 empleos temporales; 153 171 fueron empleos ocupados por jóvenes, lo que corresponde al 60,4 por ciento, y 62 293 fueron empleos ocupados por mujeres, lo que corresponde al 25 por ciento del total.

La inflación promedio fue del 3,14 por ciento, frente al 2,78 por ciento registrado en 2019, por debajo del promedio del 6,6 previsto para el año 2020, y el producto interior bruto (PIB) de 2020 registró un descenso del 1,28 por ciento, lo que contrasta con el aumento del 2,29 experimentado en 2019.

La red eléctrica nacional se expandió, estableciendo 222 640 nuevas conexiones domiciliarias, por lo que el número de consumidores domésticos ascendió a 9 997 425, lo que corresponde al 38 por ciento del acceso a la energía en el territorio nacional; la construcción de cinco nuevas cisternas de suministro de agua en las zonas rurales y de dos nuevas cisternas de suministro de agua en las ciudades, lo cual culminó con el establecimiento de aproximadamente 38 677 conexiones domiciliaras, beneficiando a aproximadamente 114 000 habitantes.

La adopción de medidas de política fiscal y monetaria sostenible para ayudar al sector privado a afrontar el impacto económico de la pandemia de COVID-19. Dentro del alcance de esta medida y con el fin de proporcionar una mayor resiliencia al sistema financiero de Mozambique, para afrontar los crecientes riesgos dimanantes del impacto macroeconómico de la COVID-19, el Banco de Mozambique decidió liberar 500 millones de dólares de los Estados Unidos. a fin de establecer una línea de crédito para los bancos comerciales, con el objetivo de permitirles tener una mayor liquidez en moneda extranjera para cubrir las importaciones de bienes y servicios.

La introducción de nuevas modalidades de trabajo, dependiendo de las especificidades del área de actividad, asegurando, sin embargo, las medidas preventivas adoptadas por el sector de la salud y los mecanismos para controlar la eficacia.

La creación de formas alternativas de cuidado para sustituir el cuidado cara a cara en las instituciones públicas y privadas.

La adopción de medidas, en particular: i) la concesión de líneas de crédito en la moneda local a bancos locales y la recomendación de reestructurar los créditos de los clientes; ii) la creación de una línea de crédito de 1 600 millones de meticales para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, dirigida por el Banco Nacional de Inversión; iii) la suspensión de las interpelaciones, las constituciones atrasadas y las ejecuciones derivadas del retraso del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los créditos bancarios, a condición de que este retraso sea consecuencia de la aplicación de las medidas impuestas por el estado de emergencia nacional; iv) facilidades aduaneras y fiscales, incluida la autorización de salidas anticipadas para la importación de mercancías vinculadas con la prevención y el tratamiento de la COVID 19, la exención de los anticipos, y el aplazamiento del pago de las cotizaciones sociales, entre otras medidas; v) una reducción del 10 por ciento de las tarifas de electricidad del 1.º de junio al 31 de diciembre de 2020, a todos los consumidores (empresas y particulares), y vi) la exención del pago del IVA (el 17 por ciento) sobre el azúcar, los aceites comestibles y jabones, a partir del 26 de mayo y durante un año, a fin de mitigar los costos de estos productos esenciales.

2. La Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información actualizada, incluidos datos estadísticos desglosados por sector económico, sexo y edad, sobre la situación y las tendencias actuales en relación con la población activa, el empleo y el desempleo

Según los resultados de la Encuesta de Presupuestos de los Hogares de 2019/2020 (datos preliminares), la tasa de empleo es del 74 por ciento y la tasa de desempleo del 17,5 por ciento.

La tasa de empleo entre la población de 15 a 35 años es del 66,7 por ciento (del 67,7 por ciento para los hombres y del 65,8 por ciento para las mujeres).

La tasa de desempleo entre la población de 15 a 35 años es del 17,5 por ciento (del 17,4 por ciento para los hombres y del 17,7 por ciento para las mujeres).

3. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la manera en que la puesta en práctica de la PNE, las Normas de formación previa al empleo y otros programas que proporcionan educación y formación profesional para los jóvenes o que apoyan la iniciativa empresarial de las mujeres y hombres jóvenes han aumentado el acceso de los jóvenes al pleno empleo, productivo y sostenible

Se firmaron acuerdos para promover las pasantías previas al empleo con el sector empresarial y bancario, y se llevaron a cabo 3 008 pasantías previas al empleo, de las cuales 1 174 beneficiaron a mujeres.

Se introdujo la formación a distancia en la formación profesional para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Se revisaron los procedimientos de gestión para el Fondo de Apoyo a las Iniciativas de los Jóvenes y se financiaron 188 proyectos, que beneficiaron a aproximadamente 1 000 jóvenes.

Se creó un Premio para Jóvenes Creativos y se galardonó a 145 jóvenes en los ámbitos de la iniciativa empresarial, la innovación científica y la creación artística y para la revelación del año.

Se celebraron foros multigeneracionales para el diálogo con objeto de fomentar la participación y la integración de los jóvenes.

Se introdujo el programa «My Kit, My job», y se adquirieron y asignaron 741 cajas de herramientas para el empleo independiente, generando 2 101 empleos, 499 de ellos ocupados por mujeres.

Se introdujo la Regulación de Becas para Niñas con el fin de que se incorporaran a cursos en el sector industrial (ingeniería).

Se renovó la certificación internacional del Consejo de Formación del Sector de la Construcción y la Ingeniería (ECITB) para un centro de formación.

Se llevó a cabo la certificación ISO9001 Sistema Internacional de Normas de Gestión de Calidad para un centro de formación.

Se creó el Catálogo nacional de calificaciones profesionales para certificados laborales y profesionales de educación para los ámbitos de la hotelería y el turismo, la educación, la salud y la seguridad social, la administración y la gestión, la agricultura y la conservación de la naturaleza, la planificación, el mantenimiento industrial, la ingeniería y la producción industrial, las tecnologías de la información y la comunicación, los hidrocarburos, la minería, la construcción civil, las estadísticas, la acuicultura, la pesca y la navegación.

4. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre los resultados de las medidas específicas adoptadas y puestas en práctica en la PNE a fin de promover la igualdad de oportunidades de empleo y para obtener ingresos entre los hombres y las mujeres, y de cerrar la brecha de género, en particular en lo que respecta a las tasas de alfabetización

La tasa de matriculación neta para los estudiantes que entraron en el grado 1 a la edad de 6 años fue del 78,9 por ciento (el 78,1 por ciento niñas), en relación con el objetivo inicial del 94 por ciento. La tasa estudiantes/docentes fue del 67 por ciento (educación primaria) en relación con el objetivo anual del 63,6 por ciento.

Se contrató a 7 570 docentes de enseñanza primaria, en relación con el objetivo inicial de 7 639 docentes.

Se contrató a 7 266 docentes de alfabetización que beneficiaron a más de 181 000 estudiantes de alfabetización.

En el ámbito de la educación técnica profesional, se contrató a 104 docentes.

Se construyeron 551 aulas, en relación con el plan inicial de 1 355, que beneficiaron a 22 110 estudiantes.

Se adquirieron y distribuyeron 25 120 pupitres, en relación con el plan inicial de 33 875.

Se admitió a los instructores en los centros de formación profesional.

5. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información, incluida información estadística desglosada por edad y sexo, sobre el impacto de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y la formación profesional, y en su relación con posibles oportunidades de empleo

En 2020, la red de escuelas creció un 0,75 por ciento, equivalente a 99 escuelas nuevas. En la educación secundaria, la red de escuelas creció un 8,3 por ciento, de 819 escuelas en 2019 a 887 escuelas en 2020.

En la educación superior, se matricularon un total de 239 602 estudiantes, lo que corresponde a un logro del 99,7 por ciento del objetivo inicial y a un crecimiento del 6 por ciento, en comparación con el año 2019.

En la educación técnica profesional, se matricularon un total de 93 463 estudiantes, lo que corresponde a un logro del 98,9 por ciento del objetivo inicial y a un crecimiento del 5 por ciento, en comparación con el año 2019.

En el ámbito de la alfabetización y de la educación no formal, se matricularon 229 329 estudiantes de alfabetización, lo que corresponde al 69 por ciento del objetivo anual.

Se impartió formación a 3 430 mujeres en materia de iniciativa empresarial y gestión empresarial.

El Gobierno aprobó la estrategia de género en la elaboración de instrumentos sectoriales del Gobierno.

Se impartió formación a 1 140 mujeres para que accedieran a recursos productivos y a nuevas oportunidades en la industria extractiva.

6. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en la promoción y puesta en práctica de la PNE. La Comisión confía en que el Gobierno no escatimará esfuerzos a fin de adoptar las medidas necesarias en un futuro cercano

Los interlocutores sociales, en el Comité Consultivo del Trabajo, presentaron, discutieron y aprobaron la política de empleo y el plan de acción respectivo.

La puesta en práctica del programa «MozTrabalha» cubre el ámbito del empleo y este programa cuenta con la participación de los interlocutores sociales.

Discusión por la Comisión

Representante gubernamental, Director Nacional de Planificación y Cooperación. Es para nosotros un honor, además de una responsabilidad, tomar la palabra para proporcionar un breve informe sobre las respuestas a las preguntas planteadas por la Comisión de Expertos.

La Comisión de Expertos formuló seis preguntas al Gobierno de Mozambique. Las respuestas a estas preguntas se presentaron a tiempo a la Comisión de la Conferencia. Por motivos de tiempo, no compartiré los detalles de esta respuesta, ya que consiste en su mayor parte en datos estadísticos encaminados a evaluar el impacto de la política de empleo en la creación de empleo.

Cabe señalar que la política de empleo vigente en el país se aprobó en 2016, en un proceso en el que participaron los actores pertinentes del mercado de trabajo, incluidas las organizaciones de empleadores y de trabajadores. El Gobierno estableció asimismo un plan de acción para la aplicación de la PNE en un proceso en el que tomaron parte los interlocutores sociales.

La falta de capacidad institucional y de recursos financieros para supervisar el impacto de la política de empleo y de otras políticas económicas en el empleo es uno de los grandes retos. Sin unas encuestas sistemáticas de la población activa, es difícil analizar la estructura y la dinámica del mercado de trabajo. A pesar de esta dificultad, en 2015, el Gobierno creó un Observatorio del Mercado de Trabajo, y este Observatorio ha venido estableciendo un sistema de información sobre el mercado de trabajo que ha producido gradualmente algunos indicadores del mercado de trabajo basados en recursos administrativos.

En la actualidad, el Gobierno está preparando una encuesta de la población activa integrada, quince años después de la anterior, y ha concluido recientemente una encuesta de presupuestos de los hogares, que ha incluido una dimensión sobre el empleo. Estas son encuestas que pueden ayudarnos a comprender el impacto de diferentes políticas en la creación de empleo.

Como he señalado antes, hemos presentado las respuestas solicitadas por la Comisión de Expertos, subrayando las políticas fiscales y monetarias que se han adoptado, las medidas para estimular el sector privado en el contexto actual de la COVID-19, las medidas activas para promover el empleo, y algunos indicadores macroeconómicos y del mercado de trabajo. Lamentablemente, debido a la falta de producción de encuestas regulares, sigue siendo un reto observar tendencias en los indicadores del mercado de trabajo. Ante estos retos, el Gobierno proseguirá sus esfuerzos para seguir mejorando las estadísticas sobre el mercado de trabajo con miras a facilitar la supervisión y evaluación del impacto de la política de empleo, y en este proceso agradeceríamos la asistencia técnica de la OIT.

Miembros empleadores. El caso que nos ocupa hace referencia a la aplicación en la legislación y en la práctica del Convenio núm. 122 por el Gobierno de Mozambique. El Convenio núm. 122 es un Convenio prioritario de la OIT que, en esencia, exige que los Estados Miembros ratificantes declaren y persigan como objetivo importante una política activa concebida para promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido. Si bien el Convenio no describe los medios y estrategias para lograr este objetivo, debería reconocerse el principal papel del sector privado y la necesidad de un entorno favorable a la iniciativa empresarial y las empresas sostenibles para alcanzar dicho objetivo. Los miembros empleadores confían en que, en sus futuras evaluaciones del Convenio en Mozambique, la Comisión de Expertos tome debidamente en consideración un entorno favorable a las empresas sostenibles, tal como se indica en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo.

En la actualidad, retomando el caso de Mozambique, esta es la primera vez que la Comisión ha discutido la aplicación del Convenio por Mozambique, en la legislación y en la práctica. El Convenio fue ratificado por el Gobierno de Mozambique en 1996. Lamentablemente, debido a la ausencia de memoria del Gobierno, la Comisión de Expertos reiteró sus observaciones de 2017 en dos ocasiones, en 2019 y 2020.

Sin embargo, agradecemos al Gobierno la información escrita y su presentación anterior sobre este caso, respondiendo a la observación de la Comisión de Expertos. Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para recordar a todos los Estados Miembros que cumplan sus obligaciones constitucionales de presentación de memorias y, ante todo, que suministren información actualizada sobra la aplicación, en la legislación y en la práctica, de los convenios ratificados. Esta información es absolutamente fundamental para ayudar a la Comisión de Expertos en su evaluación no vinculante y para facilitar nuestras discusiones en esta comisión. Por lo tanto, alentamos al Gobierno de Mozambique a que cumpla sus obligaciones constitucionales de envío de memorias.

Este caso también hace referencia a la manera en que, tras recibir asistencia técnica de la OIT, Mozambique adoptó una Política Nacional de Empleo en 2016, de conformidad con su realidad nacional y en consulta con los interlocutores sociales, a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La política tiene por objeto promover la creación de empleo, la iniciativa empresarial y el empleo sostenible. Incluye entre sus principales objetivos: la creación de nuevos empleos; la puesta en práctica de programas que contribuyan a incrementar la productividad, la competitividad y el desarrollo del capital humano; el establecimiento de las condiciones institucionales necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, y la armonización efectiva de las políticas sectoriales, así como un marco institucional para el empleo y el empleo independiente.

Es importante subrayar que, en consonancia con el artículo 3 del Convenio, la política también fue el resultado del diálogo social tripartito, ya que fue examinada por la Comisión Consultiva Laboral antes de su adopción, y sigue siendo supervisada con el apoyo de los interlocutores sociales en la Comisión y por el observatorio del desarrollo.

Además, tomamos nota de que el Gobierno ha adoptado recientemente el plan de acción relacionado con la PNE para el periodo 2018-2022. Al escuchar al Gobierno, también hemos sabido la manera en que el plan de acción se ha adaptado a la situación específica causada por la pandemia de COVID-19 en el país, teniendo en cuenta la reducción de los empleos el año pasado, así como las dificultades económicas a las que se enfrenta el sector privado.

La pandemia ha puesto de relieve la importancia del sector privado, el innegable valor de las pequeñas y medianas empresas, y la pertinencia de las cadenas mundiales de suministro. Los entornos favorables a las empresas no son un objetivo, sino que proporcionan la base para la generación de empleo, el crecimiento y el desarrollo sostenible, también en Mozambique.

Las empresas en Mozambique necesitan que el Gobierno haga lo que solo pueden hacer los Gobiernos, a saber, facilitar y crear un entorno propicio para el crecimiento y la resiliencia del sector privado, para poder crear empleo productivo. En ausencia de Gobiernos que creen tal entorno, el crecimiento no puede tener lugar, y no pueden generarse empleos productivos. Un entorno empresarial favorable es esencial para crear un entorno estable, previsible e incentivador para la inversión, la innovación y el empleo, lo cual es fundamental para cualquier recuperación sostenida e intensiva en empleo de la crisis de la COVID-19.

Por lo tanto, invitamos al Gobierno a comunicar información actualizada a la Comisión de Expertos sobre la puesta en práctica del Plan de Acción de 2018-2022, incluidos datos estadísticos sobre la situación y las tendencias actuales en relación con la población activa, el empleo, el desempleo y el subempleo en todo el país.

Invitamos asimismo al Gobierno a proporcionar información a la Comisión de Expertos sobre el entorno empresarial propicio en Mozambique para la creación de empleo, y sobre la manera en que el plan nacional de acción sobre la política de empleo y un entorno favorable a las empresas van de la mano y están teniendo un impacto sobre el terreno. Esta información es importante porque ahora tenemos que ver el impacto sobre el terreno de la política y el plan de acción.

En lo tocante al empleo juvenil, acogemos con agrado los esfuerzos realizados para promover la inversión a fin de crear empleo para los jóvenes, y tomamos nota de que la PNE establece líneas de acción para promover la iniciativa empresarial de los jóvenes a través de programas de formación, especialmente en las zonas rurales, y del aumento del acceso al crédito, la inversión en formación destinada a los jóvenes, y el incremento de las pasantías disponibles para los jóvenes.

Tomamos nota de que el Gobierno ha organizado conferencias de sensibilización sobre las normas relativas a las pasantías previas al trabajo a nivel nacional y provincial, con objeto de alentar a las empresas a contratar a jóvenes pasantes, y de que el Gobierno ha establecido programas iniciales para apoyar las iniciativas empresariales emprendidas por los jóvenes.

Invitamos al Gobierno a proporcionar información detallada sobre la manera en que la aplicación de la PNE, y la puesta en marcha de su plan de acción y de diferentes programas gubernamentales que proporcionan educación y formación a los jóvenes y apoyan la iniciativa empresarial de las mujeres y hombres jóvenes, han aumentado o dificultado el acceso de los jóvenes a oportunidades de pleno empleo, productivo y libremente elegido. También invitamos al Gobierno a informar a la Comisión de Expertos sobre la manera en que la Política Nacional de Empleo, el plan de acción y los diferentes programas gubernamentales tienen en cuenta las necesidades de las empresas sostenibles a fin de garantizar un enfoque equilibrado.

En lo que respecta al empleo de las mujeres, señalamos que la PNE insta a tomar medidas para promover el empleo de las mujeres, también en las ocupaciones tradicionalmente masculinas; conceder prioridad a la educación y a la formación profesional con el fin de promover iguales oportunidades de empleo para las mujeres y los hombres, y eliminar la discriminación de género en el acceso al empleo. Invitamos al Gobierno a comunicar información detallada sobre el impacto concreto de la PNE en el acceso de las mujeres al pleno empleo, productivo y libremente elegido, incluido cualquier reto y obstáculo al que puedan estar enfrentándose.

Por último, en relación con la educación y la formación profesional, tomamos nota de la indicación del Gobierno de que el acceso a la enseñanza secundaria en el país es limitado, y de que la tasa de finalización de la enseñanza secundaria sigue siendo muy baja, al alcanzar apenas el 13 por ciento. La pertinencia de la educación y la formación profesional para las necesidades del mercado del trabajo también es escasa. Tomamos nota de que el Gobierno se refiere a las reformas introducidas en los ámbitos de la educación y la formación profesional a fin de encarar estos retos. Por lo tanto, alentamos al Gobierno a mostrar que las políticas y programas de educación y formación profesional se definan y lleven a cabo en estrecha consulta con las organizaciones de empleadores.

Miembros trabajadores. Lamentamos profundamente que la Comisión de Expertos no haya recibido la memoria del Gobierno desde 2016, y que haya tenido que reiterar sus comentarios anteriores al no recibir información actualizada. Agradecemos la información escrita comunicada por el Gobierno a la Comisión, pero lamentamos que esta información no se haya proporcionado oportunamente a la Comisión de Expertos.

Según las últimas estadísticas disponibles de 2016, la tasa de pobreza entre la población de Mozambique oscila entre el 41 y el 45 por ciento, lo que representa más de 10 millones de personas. Sobre la base de un estudio reciente, la tasa de desempleo se estimó en el 17,5 por ciento entre 2019 y 2020. Tomamos nota de estas cifras preocupantes, que ponen de relieve la necesidad de que el Gobierno adopte y aplique políticas de empleo inclusivas centradas en la creación de empleos decentes y seguros, con sólidas medidas de protección social.

Tomamos nota de que Mozambique adoptó una Política Nacional de Empleo en 2016 con la asistencia técnica de la OIT. Esta política está encaminada a promover la creación de empleo, la iniciativa empresarial y el empleo sostenible a fin de contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de la población. Fue complementada ulteriormente por un Plan de Acción para 2018-2022 y por un Plan de Aplicación para 2021-2024. Lamentablemente, el Gobierno no proporciona información sobre los resultados obtenidos o sobre las dificultades que han surgido para llevar a cabo estos planes, o para lograr los objetivos de política.

Sin embargo, tomamos nota de que, en septiembre de 2016, el Gobierno y la OIT emprendieron el proyecto «Trabajo decente para la transformación sostenible e inclusiva en Mozambique, también conocido como «MozTrabalha». Este proyecto, que finalizará en 2021, tiene por objeto apoyar la aplicación de la PNE promoviendo inversiones en infraestructuras de mercado intensivas en empleo, estimulando los empleos verdes a través del desarrollo de las pymes, y fomentando el empoderamiento económico de las mujeres. Las principales actividades del proyecto consisten en recopilar información sobre el mercado de trabajo, los procesos de política y la capacidad institucional, difundiendo información sobre la Política nacional de empleo y llevando a cabo proyectos experimentales para introducir programas de inversión con alto coeficiente de empleo en sectores y regiones seleccionados.

Si bien reconocemos los esfuerzos del Gobierno por aplicar su política nacional de empleo, nos preocupa que estas medidas no atiendan las necesidades de los trabajadores y no brinden las protecciones necesarias en consonancia con el ámbito de aplicación del Convenio.

Mozambique se enfrenta a retos enormes. Nueve de cada diez trabajadores están ocupados en la economía informal, con acceso limitado o inexistente a la protección social. Debido a la concentración de la fuerza de trabajo de Mozambique en la agricultura de subsistencia y las empresas informales de baja productividad, el país se caracteriza por altos niveles de vulnerabilidad individual y de los hogares, en particular en las zonas rurales situadas en las áreas septentrionales y centrales el país. Además, la pandemia ha tenido efectos devastadores en la economía. Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 80 000 empresas que emplean a 3 300 000 trabajadores se han visto afectadas por la pandemia. Existe una reducción de los empleos de aproximadamente el 47 por ciento en relación con 2019, es decir, se han perdido más de 250 000 empleos.

A la luz de estas realidades, el Gobierno debe llevar a cabo una política nacional encaminada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, superar el desempleo y el subempleo, y mejorar los niveles de vida en todo el país. Deben adoptarse medidas específicas para crear vías hacia la formalización de la economía informal de conformidad con la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), a fin de promover la inversión en la creación de trabajo decente, estable y duradero, y de reducir la pobreza. En el contexto de las políticas de recuperación después de la pandemia, las políticas deben atender en especial las necesidades de los trabajadores que se han visto gravemente afectados por la pandemia y sus consecuencias, debido a su sobreexposición al riesgo de infección, su falta de protección, o su mayor vulnerabilidad a la exclusión del mercado de trabajo.

Además, tomamos nota de que la Política Nacional de Empleo ha establecido objetivos concretos para promover el empleo de los jóvenes y las mujeres. En relación con esto, la Comisión de Expertos había pedido al Gobierno que proporcionara información sobre la manera en que la aplicación de la política y de las medidas que la acompañan había aumentado el acceso al empleo, la igualdad de trato en el empleo y las oportunidades de formación. En relación con esto último, la Comisión de Expertos había tomado nota de retos importantes en la educación y formación profesional, en particular en el acceso a la enseñanza secundaria, la baja tasa de finalización de la enseñanza secundaria y la escasa pertinencia de la educación y la formación profesional para las necesidades del mercado de trabajo. El Gobierno ha indicado que ha llevado a cabo varios programas para alentar las pasantías en ciertos sectores, como el sector bancario, y para promover el autoempleo. El Gobierno también proporciona estadísticas sobre la contratación de docentes en las escuelas primarias y la educación técnica profesional, y sobre la construcción de escuelas. Acogemos con agrado estos avances.

Sin embargo, el panorama presentado es incompleto, y no permite evaluar plenamente los efectos de estos programas. Deben adoptarse medidas firmes e impactantes orientadas a una economía intensiva en empleo, a la promoción de la inversión en la creación de empleo decente, estable y duradera, y a la mitigación de la pobreza. Su diseño y aplicación deben basarse en un análisis profundo y detenido de la composición de la fuerza de trabajo, el empleo y el mercado de trabajo en el país. Por consiguiente, nos hacemos eco del llamamiento de la Comisión de Expertos para que se proporcionen datos estadísticos más detallados y contextuales, en particular sobre la situación y las tendencias actuales en relación con la población activa, el empleo, el desempleo y el subempleo en todo el país.

Por último, tomamos nota de que la Comisión Consultiva Laboral y el Observatorio son los organismos a los que se ha encomendado el seguimiento de la aplicación de la Política Nacional de Empleo. Sin embargo, a pesar de la solicitud específica de la Comisión sobre este punto, el Gobierno no proporciona información sobre la participación de los interlocutores sociales en estas dos instituciones. Recordamos que para que la Política Nacional de Empleo tenga éxito, debe incluir plenamente a los interlocutores sociales en su diseño, aplicación y revisión. Subrayamos la necesidad de establecer mecanismos sólidos para la consulta de los interlocutores sociales.

Interpretación del portugués: miembro trabajador, Mozambique. Hablo en nombre de la Organización de Trabajadores de Mozambique (OTM). El 23 de diciembre de 1996, Mozambique ratificó el Convenio núm. 122. En el contexto de su nacionalización de este instrumento, el Gobierno adoptó su primera Política Nacional de Empleo en 2016, que se concibió para garantizar la participación de todos los interlocutores sociales —el Gobierno, los empleadores y los trabajadores. El Plan Nacional de Acción es un instrumento muy valioso para promover el empleo en cualquier país y en el caso particular de Mozambique. Por norma, esta política es algo que establece el marco general sobre la manera en que los interlocutores sociales están promoviendo y aplicando las leyes. Los sindicatos, como representantes y defensores de los trabajadores, son actores esenciales. Esto siempre debe tenerse en cuenta cuando se trata de iniciativas relacionadas con el empleo.

Además de un instrumento para la inclusión social, el empleo es un medio para luchar contra la pobreza, y para reducir desigualdades sociales, la mendicidad y la delincuencia, porque esos factores a menudo causan y exacerban la inestabilidad y los conflictos en los países en desarrollo, como Mozambique.

El nivel de desempleo notificado por la Política nacional de empleo, que contiene estadísticas para 2014-2015, presenta un panorama preocupante cuando se trata del logro de niveles aceptables de empleabilidad en el país. Más preocupantes todavía son el tipo de empleos que contribuyen a dichas estadísticas, porque a menudo no cumplen los criterios para el trabajo decente.

El hecho de que Mozambique tenga que aparecer en esta reunión de la Comisión tras los comentarios formulados por la Comisión de Expertos pone de relieve la debilidad de los mecanismos que se han aplicado en el marco de la PNE, así como la incapacidad del país de transformar la política en una hoja de ruta práctica para beneficiar a su población y a las instituciones pertinentes. En nuestra opinión, la PNE no debería ser meramente un instrumento político; también debería ser un instrumento práctico para la promoción del empleo.

Los trabajadores en Mozambique reconocen los esfuerzos que ha estado realizando el Gobierno para garantizar que más mozambiqueños, en particular los jóvenes mozambiqueños, puedan tener acceso al empleo. También apreciamos la información proporcionada por el Observatorio Nacional del Empleo. Acogemos igualmente con agrado una serie de iniciativas concebidas por el Secretario de Estado para la Juventud y el Empleo. Estas merecen que se las fomente. Sin embargo, persisten las preocupaciones del Grupo de los Trabajadores. Por ejemplo, uno de los pilares de una política de empleo es el trabajo decente, por lo que es inconcebible que un país como Mozambique no tenga un Programa de Trabajo Decente por País que sea un instrumento rector para la cantidad y calidad de los empleos que se han de crear.

Los trabajadores entienden que la creación de empleos no incumbe únicamente al Gobierno. Esta responsabilidad también recae sobre el sector privado. En efecto, cuando hablamos del sector privado, deberíamos tener en cuenta el papel que este desempeña en el empleo. Sin embargo, consideramos que el sector privado debería redoblar sus esfuerzos para crear empleos seguros y sostenibles, especialmente empleos en los que se gocen de ciertos derechos.

No basta con hablar de flexibilidad o de simplicidad en la formulación de políticas. En los últimos años, el Gobierno ha aprobado muchas iniciativas y, en nuestra opinión, los resultados han dejado que desear.

Como es bien sabido, la creación de empleos decentes y la protección de los derechos de los trabajadores son objetivos esenciales para los sindicatos en todo el mundo. En el caso concreto de la OTM y de la Confederación Nacional de los Sindicatos Independientes y Libres de Mozambique, y del movimiento sindical en general, consideramos que es necesario fortalecer el diálogo social inclusivo cuando se trata del empleo y de los empleos.

Mozambique no es una isla, y para sensibilizar sobre la PNE, y sobre cómo aplicarla, el Gobierno debería haber proporcionado oportunamente más información a la Comisión de Expertos, como parte de sus obligaciones de envío periódico de memorias. El Grupo de los Trabajadores no comprende por qué ha habido este retraso, y confiamos en que no se deba a un mero descuido. Confiamos en que, en el futuro, el Gobierno de Mozambique cumpla con sus obligaciones de comunicar oportunamente información a la Comisión de Expertos.

Pedimos a la OIT que preste asistencia técnica al Gobierno para que mejore sus resultados al aplicar su política y al lograr la participación de los trabajadores en este proceso. Como representantes de los trabajadores, reiteramos nuestro compromiso de contribuir a los avances legislativos en el país y a la adopción de políticas sociales a nivel nacional que garanticen la protección de los derechos de los trabajadores, extiendan la protección social y desarrollen el diálogo social, y combatan asimismo todo tipo de discriminación. Reiteramos nuestro compromiso con el objetivo de la OIT de asegurar la paz universal duradera, que solo puede lograrse si se apoya en la justicia social y en el trabajo decente.

Interpretación del árabe: miembro gubernamental, Egipto. Hemos tomado nota de las medidas adoptadas y de los esfuerzos realizados por Mozambique para poner su legislación y su práctica de conformidad con las disposiciones del Convenio.

En efecto, en 2016 se adoptó una política de empleo a fin de impartir formación a las personas, crear empleos, y elaborar políticas y estrategias adecuadas para cubrir los diversos sectores de la economía, aumentar el empleo sostenible y productivo, y mejorar el sistema de información sobre el mercado de trabajo. Además, el Gobierno ha adoptado medidas para afrontar el impacto de la pandemia de COVID-19 y lograr que el sistema financiero sea más estable. Asimismo, ha emprendido acciones para frenar la pandemia de COVID-19 y ayudar a fortalecer los sectores de salud público y privado. Mozambique también ha alcanzado acuerdos para aumentar las oportunidades de formación profesional.

Como conclusión, acogemos con agrado los esfuerzos de Mozambique para cumplir las disposiciones del Convenio, y confiamos en que, en sus conclusiones, la Comisión tenga en cuenta plena y debidamente estos esfuerzos.

Interpretación del portugués: miembro trabajador, Portugal. El Convenio núm. 122 tiene como objetivo promover las políticas de empleo con miras al pleno empleo y fue ratificado por Mozambique en 1996. Esta es una señal del esfuerzo que ha realizado para mejorar las políticas de empleo en el país, respondiendo a los incentivos que la OIT proporciona en los principios que respaldan a la Organización, como la lucha contra el desempleo y la garantía de un salario que garantice condiciones de vida adecuadas.

La informalidad del trabajo precario y las bajas calificaciones son problemas a los que se enfrenta Mozambique y que en 2016 llevaron a que se adoptara la Política Nacional de Empleo. La creación de estas políticas, en las que tiene que ponerse énfasis en la generación de empleo, el aumento de la producción nacional, y la mejora de las cuestiones de apoyo a la salud y a la seguridad en el trabajo, tenía que haber garantizado una mayor participación de los sindicatos para generar trabajo con derechos y garantizar la protección social, que son elementos de vital importancia para que podamos retomar las actividades después de la pandemia.

Mozambique, en cooperación con otras organizaciones, y sobre todo con la OIT, ha llevado a cabo la labor de apoyo como resultado de estas políticas.

Ante lo anteriormente mencionado, el debate de este caso no puede dejar de suscitar ciertas dudas acerca de por qué se escogió. En el contexto en el que el Estado mozambiqueño está siendo víctima de atentados terroristas, asesinatos, saqueos, destrucción de infraestructuras y servicios públicos, la amenaza de expulsión de la población cuestiona los esfuerzos de las políticas de empleo, las cuales, como se ha reconocido, tienen mucha importancia para la recuperación de los países víctimas de agresión. También contribuyen a responder a quienes atentan contra la soberanía de Mozambique y tratan de instalar fuerzas militares extranjeras en el país, apoderándose de los recursos naturales que pueden constituir una ventana de esperanza para el pueblo mozambiqueño. Mozambique requiere la solidaridad y la cooperación verdaderas y desinteresadas, que nos lleven a fortalecer las políticas de creación de empleo de calidad y puedan permitirnos acceder a derechos.

Sobre la base de nuestros conocimientos de las políticas y del loable papel que la OIT ha desempeñado para aplicarlas, estamos convencidos de que hay que fortalecer la cooperación de la OIT con Mozambique para hacer avanzar la aplicación de las políticas que promuevan y protejan los derechos de los trabajadores, en cuyo desarrollo y apoyo los sindicatos mozambiqueños desempeñen un papel fundamental a través del diálogo social.

Miembro gubernamental, Zimbabwe. El Gobierno de Zimbabwe quisiera expresar su agradecimiento al representante del Gobierno de Mozambique por comunicar a esta comisión información sobre la manera en que Mozambique está dando efecto a los principios consagrados en el Convenio a través de su política nacional de empleo, adoptada en 2016. Tomamos nota asimismo de la información presentada por Mozambique acerca de que la Política de empleo fue adoptada a través de un proceso consultivo y está acompañada de un plan de aplicación muy sustantivo.

Mi Gobierno encomia a la República de Mozambique por nacionalizar el Convenio, e insta a la OIT a prestar asistencia técnica a Mozambique para que gestione mejor su información sobre el mercado de trabajo. Confiamos en que el Gobierno de Mozambique y la OIT continúen colaborando, como ha demostrado la presentación realizada por el Gobierno de Mozambique. También instamos a la OIT a que preste asistencia técnica para desarrollar la capacidad del Gobierno de Mozambique de proporcionar con frecuencia a la Oficina y a otros órganos de control los informes solicitados.

Miembro empleadora, Colombia. Quiero referirme a dos aspectos del caso. En primer lugar, el Convenio núm. 122 hace referencia a la necesidad de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos a través de la creación de políticas del empleo pleno, productivo y libremente elegido. En ese sentido, para implementar el Convenio, se requiere el marco de una estructura macroeconómica que permita atraer la inversión y la expansión de las actividades productivas por parte del sector privado.

Es así como toma mayor relevancia la creación de un entorno propicio para las empresas sostenibles y la necesidad de reconocer el rol del sector privado como la principal fuente de desarrollo económico y creación de empleos productivos. De acuerdo con lo anterior, encontramos que la memoria presentada por el Gobierno de Mozambique, aunque tardía, presenta importantes detalles sobre la política nacional de empleo y sobre la situación actual del país. Destacamos que dicha política fue desarrollada con la asistencia técnica de la OIT y en consulta con los actores sociales.

Solicitamos al Gobierno que, en la implementación de la Política Nacional de Empleo, tenga en cuenta la importancia de fomentar un entorno propicio para el desarrollo empresarial, e informe a la Comisión de Expertos cómo tiene en cuenta las necesidades de las empresas en la actualización e implementación de la política. Particularmente, para hacer frente a los efectos de la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

En segundo lugar, respecto a la educación y formación profesional, destacamos los avances y proyectos emprendidos por el Gobierno de Mozambique sobre la puesta en práctica de programas de formación previa al empleo. Solicitamos que se tenga en cuenta a los empleadores para conectar el sistema educativo con la formación para el trabajo, identificando las habilidades y competencias requeridas por los empresarios para generar más y mejores empleos de calidad y duraderos.

Miembro trabajadora, Canadá. Hablo en nombre del Congreso del Trabajo del Canadá. Los datos disponibles sitúan las tasas de pobreza nacionales de Mozambique entre el 41 y 45 por ciento. Esto significa que entre 10,5 y 11,3 millones de personas viven en la pobreza extrema en el país. La tasa de desempleo de Mozambique es aproximadamente del 25 por ciento, y los trabajadores asalariados representan tan solo el 20 por ciento del empleo. El 80 por ciento restante de los trabajadores son trabajadores independientes precarios, empleados como trabajadores familiares auxiliares o con un trabajo temporal u ocasional.

Muchos elementos de la PNE de Mozambique de 2016 indican importantes estrategias encaminadas a promover la creación de empleo y a contribuir hacia el desarrollo económico y el bienestar social de la población. El énfasis que ponen en el empleo de los jóvenes y las mujeres, así como en la educación y formación profesional, es esencial para crear trabajo decente y reducir la desigualdad.

El diálogo social constructivo será fundamental para el éxito de estos programas y políticas. En la actualidad, el acceso a la enseñanza secundaria es limitado y las tasas de finalización de la enseñanza secundaria siguen siendo muy bajas, al situarse en el 13 por ciento. Los estudios han mostrado que poner más énfasis en el diálogo social en los programas de educación y de empleo aumenta la capacidad para encarar los retos excepcionales a los que se enfrentan los participantes y conduce a unas tasas más altas de finalización de la enseñanza secundaria. Sin embargo, con objeto de asegurar el diálogo social constructivo, el Gobierno de Mozambique debe mejorar la recopilación y difusión de datos exactos sobre el empleo.

Por último, durante la discusión sobre el Estudio General, los empleadores indicaron que, en la recuperación de la pandemia de COVID-19, quisieran hacer avanzar las cuestiones de las empresas sostenibles y la flexibilidad. Una de las maneras más eficaces de asegurar empresas sostenibles es respetando los derechos de los trabajadores y fomentando la democracia en el lugar de trabajo a través de la participación de los trabajadores en las decisiones que les afectan a nivel de empresa. Como todos sabemos, el llamamiento de los empleadores a la flexibilidad se ha utilizado continuamente como una manera de aumentar las ganancias a expensas de los trabajadores corrientes, reduciendo el nivel de las condiciones de trabajo y creando empleos más precarios. Por otra parte, aumentar el diálogo social y la voz de los trabajadores apoyará el trabajo decente y contribuirá al logro de nuestro objetivo común de una recuperación justa y sostenible.

Interpretación del árabe: miembro gubernamental, Argelia. En primer lugar, Argelia desea reiterar su apoyo al Gobierno de Mozambique y respaldar las iniciativas emprendidas por el Gobierno a fin de cumplir con sus obligaciones dimanantes del Convenio.

Argelia considera que la adopción por Mozambique de la PNE en 2016, tras la celebración de consultas con los interlocutores sociales y la puesta en marcha del plan de acción para el periodo 2018-2022, son aspectos positivos. Tomamos nota de que las medidas adoptadas están orientadas fundamentalmente a los ámbitos de la promoción de la iniciativa empresarial, la mejora de los resultados cualitativos del sistema de educación y formación profesional, y la modernización del servicio público de empleo y la promoción del trabajo decente en relación con las oportunidades en el empleo. Todas estas iniciativas tendrán indudablemente un fuerte impacto en los objetivos que deben alcanzarse con miras a responder a las necesidades del mercado de trabajo en Mozambique y de combatir el desempleo y el subempleo.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Mozambique en relación con la política presupuestaria y monetaria sostenible también deberían acogerse con agrado. Estas medidas pretenden apoyar a las empresas y preservar el empleo. También tienen el efecto de responder al impacto económico de la pandemia de la COVID-19. Acogemos con agrado asimismo los esfuerzos realizados para orientar a los trabajadores y a las empresas hacia el desarrollo sostenible, con el objetivo de que la recuperación posterior a la COVID-19 sea mejor y más sólida.

Por último, Argelia alienta a la República de Mozambique a promover la cooperación regional e internacional, ya que la cooperación a estos dos niveles es la manera adecuada de facilitar el intercambio y la transferencia de conocimientos técnicos y prácticos con miras a promover su política nacional de empleo.

Miembro empleador, México. El caso que nos ocupa es muy importante, ya que, aun cuando sería deseable que las condiciones económicas y sociales reportadas hubieran sido más alentadoras, no podemos dejar de destacar algunos aspectos relevantes que muestran progreso y establecen una ruta pertinente que constituye un ejemplo a seguir.

Acogemos con agrado la adopción de la PNE de 2016 con la asistencia técnica de la OIT y que adicionalmente cuenta con un plan de acción en marcha, que contiene programas orientados hacia el aumento de la productividad, la competitividad y el desarrollo del capital humano, basados en principios correspondientes al empleo sostenible, lo que constituye un medio que sin duda contribuirá al desarrollo económico y social del país.

Está claro que, sin un entorno propicio para el desarrollo empresarial, el objetivo del pleno empleo libremente elegido es un objetivo abstracto, un anhelo difícil de alcanzar y sostener en el tiempo.

Habiéndose dado este importante paso, ahora resulta necesario articular la política de empleo, las prácticas de formación profesional y la educación, con los requerimientos del mercado laboral, de las empresas sostenibles, a fin de detonar la inversión y, consecuentemente, el desarrollo.

En estas condiciones es necesario e importante que el Gobierno informe cómo entiende y atiende las necesidades de las empresas sostenibles, y si ya está diseñando e implementando políticas públicas y programas que promuevan el empleo productivo de jóvenes y mujeres a fin de promover la igualdad en el empleo.

Interpretación del portugués: miembro trabajadora, Angola. Intervengo en nombre de las organizaciones sindicales de África. La esencia y la vocación del Convenio es la necesidad de abordar la pobreza y contribuir al logro de la justicia social, la productividad y la prosperidad, mediante la generación de empleo decente. Este convenio brinda la posibilidad de alcanzar todo eso mediante la promoción de políticas que generen creación de empleo decente en todos los sectores de la economía.

Teniendo en cuenta todo esto, hay motivos de preocupación, sobre todo porque el informe de la Comisión de Expertos indicó que la población pobre vive en la pobreza extrema en Mozambique —entre el 41 y el 45 por ciento—, y el trabajo independiente alcanza el 75 por ciento. Cuando se yuxtaponen estas cifras —el Informe del Director General indicó que más de 255 millones de empleos se perdieron debido a la COVID 19— es necesario considerar respuestas y una política de recuperación proactiva. Una de esas respuestas tendría que ser la elaboración de un plan pragmático para pasar de la economía informal a la economía formal.

La situación de desempleo en Mozambique es igual que la de todas las economías de nuestro continente. La situación se está agravando debido a los efectos de la COVID 19. Para tener una respuesta de recuperación eficaz y resiliente sería necesario contar con un proceso amplio y colaborativo. El Gobierno debe esencialmente desplegar esfuerzos conscientes para calibrar un proceso de diálogo social para la aplicación del Programa de Trabajo Decente por País, tener una hoja de ruta realista con un calendario de aplicación y adoptar el mismo proceso.

En cuanto al informe de la Comisión de Expertos, en el que se indica el 75 por ciento de trabajo independiente, muestra la voluntad de que las personas se autoayuden para ganarse la vida. Este esfuerzo es necesario, y es fundamental que ahora todas estas políticas se pongan a disposición de los trabajadores autónomos y de los trabajadores de la economía informal.

La crisis financiera y económica del 2008, así como la crisis mundial a nivel sanitario, económico y social de 2019, reafirmaron el papel fundamental del Estado en la adopción de políticas como algo esencial para enfrentar las crisis.

Mozambique, desafortunadamente, es un país que ha pasado por tres conflictos, se ha visto afectado por ciclones tropicales, como el Idai y el Kenneth, y no tenemos políticas ni espacios fiscales para hacer frente de manera eficaz a la situación de desempleo y subempleo, de modo que la deuda de nuestro PIB se sitúa en 113,70 puntos y el pago de la deuda externa, estimado en dólares de los Estados Unidos, es de 1 375 millones a finales de 2019. Necesitamos la asistencia técnica de la OIT a fin de poder superar esta fragilidad.

Miembro gubernamental, Namibia. Namibia acoge con agrado la respuesta detallada y los esfuerzos realizados por la República de Mozambique en relación con la Política Nacional de Empleo, en particular el Plan de Acción 2018-2022, que pone de relieve ocho pilares, entre los cuales cabe mencionar el desarrollo del capital humano, la creación de nuevos empleos, la armonización, y la priorización de las políticas y estrategias sociales.

Se encomia al Gobierno de Mozambique por lograr que los interlocutores sociales participen en la elaboración de la Política Nacional de Empleo y del Plan de Acción. Namibia elogia asimismo a la República de Mozambique por los esfuerzos desplegados en lo que respecta a las normas sobre la formación previa al empleo y otros programas que han aumentado el acceso de los jóvenes al empleo pleno, productivo y sostenible.

Miembro empleador, Nueva Zelandia. Como han comentado los miembros empleadores, Mozambique, con la asistencia técnica de la OIT, adoptó la Política Nacional de Empleo en 2016, y el principal objetivo fue, obviamente, potenciar el desarrollo económico y social del país y el bienestar de la población a través de la creación de empleo, de la iniciativa empresarial y del desarrollo sostenible.

Sin embargo, como también hemos escuchado, estos objetivos se ven desafiados por la realidad: la pobreza considerable aflige a casi la mitad de la población, y más de 11 millones de personas viven en la pobreza extrema. Además, debido a la concentración de la fuerza de trabajo de Mozambique en la agricultura de subsistencia y en las empresas informales de baja productividad, el país también se ha caracterizado por un alto nivel de vulnerabilidad individual y de los hogares, especialmente en la región septentrional. Hemos tomado nota además de que el acceso a la enseñanza secundaria en el país es limitado, y de que la tasa de finalización de la enseñanza secundaria sigue siendo muy baja, del 13 por ciento. Así pues, es evidente que los objetivos son ambiciosos en un país caracterizado por la pobreza.

La experiencia indica que el camino a seguir debe gestionarse cuidadosamente, ser incremental y, ante todo, apoyarse en la cooperación. Tanto los empleadores como los trabajadores apoyan los objetivos de la PNE. Sin embargo, no basta con respaldar estos objetivos. Lo que se necesita es el plan que permita lograrlos. Esta es la información que estamos buscando. En lo referente a esto, tomamos nota de que, con respecto al empleo juvenil, la PNE se centra en promover la inversión a fin de crear empleo para los jóvenes; establecer líneas de acción para promover la iniciativa empresarial a través de programas de formación, especialmente en las zonas rurales, y aumentar el acceso al crédito, invertir en la formación de los jóvenes, e incrementar el número de pasantías disponibles para los jóvenes.

Si bien la educación y la formación son loables, sin inversión no basta con desarrollar las economías formal e informal en Mozambique. Lo que también se necesita son empleos que utilizarán las competencias aprendidas. Una consecuencia temprana de no hacer esto es la salida de los jóvenes a los países en los que existe trabajo disponible. Este resultado no propicia la sostenibilidad.

Pueden plantearse cuestiones similares en lo que respecta al empleo de las mujeres. La Política nacional de empleo pretende promover el empleo de las mujeres, también en las ocupaciones en las que tradicionalmente han predominado los hombres; insta a priorizar la educación y la formación profesional con el fin de promover la igualdad de oportunidades de empleo para las mujeres y los hombres, y de eliminar las diferencias por motivo de género y la discriminación en el acceso al empleo. Sin embargo, si el empleo no aumenta, el efecto de la consecución de este objetivo es el desplazamiento de los hombres, jóvenes y mayores, del trabajo existente.

Como sucede con los jóvenes, lograr este objetivo requiere el crecimiento de los empleos disponibles, y esto sucederá únicamente si se invierte en oportunidades de empleo tradicionales y empresariales.

Por si hubiera dudas, los miembros empleadores tienen claro que la educación es una condición previa fundamental para construir una economía floreciente. Los progresos no se observarán de la noche a la mañana, pero no tendrán lugar en absoluto si la educación, la formación y los empleos no forman parte de un continuo establecido en el que la educación y la formación sean pertinentes para las necesidades del mercado de trabajo.

Instamos al Gobierno a seguir esforzándose por adoptar un enfoque que atraiga la inversión intensiva en empleo.

Miembro gubernamental, Eswatini. Mozambique es uno de los dos países más cercanos, por lo que estamos relacionados con sus circunstancias internas, sociales y políticas actuales y pasadas. Hemos tomado nota de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Mozambique para justificar las dificultades para presentar su memoria, que habría permitido a la Comisión de Expertos examinar los progresos realizados para poner en práctica los Comentarios de la Comisión, como hizo durante su examen anterior, e instamos a que se consideren en las conclusiones de este caso.

Al escuchar la información que ha presentado el Gobierno de Mozambique, tenemos la impresión de que el Gobierno está realmente decidido a poner plenamente en práctica los comentarios de la Comisión. Sin embargo, estos esfuerzos se ven limitados por perturbaciones paralelas, como la pandemia de la COVID-19 y otros desastres humanos y naturales.

Las medidas adoptadas por el Gobierno para adoptar una Política Nacional de Empleo integral cuyos objetivos son promover la creación de empleo, la iniciativa empresarial y el empleo sostenible para contribuir al desarrollo económico y social del país y el bienestar de la población merecen de por sí algunos comentarios y que se aliente al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para lograr este objetivo previsto a través de esta política.

Los principales objetivos de esta política, que son la creación de nuevos empleos (en particular en el sector privado); la puesta en marcha de programas que contribuyen a una mayor productividad; la competitividad y el desarrollo del capital humano; el establecimiento de las condiciones institucionales necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, y la armonización efectiva de las políticas sectoriales, así como el establecimiento de un marco para el empleo y el autoempleo, están plenamente en consonancia con las aspiraciones de la Declaración del Centenario de la OIT.

En lugar de imponerle la carga de más recomendaciones estrictas de los órganos de control de la OIT, debe proporcionarse al Gobierno de Mozambique asistencia técnica y apoyo continuos, a fin de impulsar al máximo la promoción y aplicación de la Política Nacional de Empleo, a través del plan de acción elaborado recientemente en estrecha consulta con los interlocutores sociales.

Observador, Internacional de Servicios Públicos. Nosotros también lamentamos que el Gobierno no haya enviado su memoria sobre un asunto tan fundamental como la política de empleo, y más aún teniendo en cuenta la situación económica y social del país.

A pesar de que el Gobierno se jacta de las altas tasas de crecimiento del PIB registradas en los últimos años, Mozambique es uno de los países más pobres del mundo y el nivel de desarrollo de su economía es limitado. La población por debajo del umbral de pobreza todavía se sitúa por encima del 50 por ciento, lo cual representa más de 11 millones de personas extremadamente pobres. Además, la gran mayoría de la población, alrededor del 80 por ciento, continúa dependiendo de una agricultura de subsistencia.

Por otra parte, el presupuesto público depende en gran medida de la ayuda externa. Mozambique está financieramente sometido al designio de los países e instituciones multilaterales donantes, cuyas aportaciones al presupuesto público representan aproximadamente un 40 por ciento. Estos aportes y donaciones condicionan las políticas económicas y laborales del país. Como parte de las reformas económicas emprendidas por Mozambique en los últimos decenios, en torno a 1 500 empresas estatales han sido privatizadas y ha habido una liberalización en todos los sectores de la economía. Sin embargo, la privatización y la reducción de personal en el sector público han provocado un aumento del desempleo, el incremento de la economía informal y el fenómeno del engañoso empleo por cuenta propia.

Asimismo, queremos destacar que el artículo 3 del Convenio obliga a celebrar consultas con los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, lograr su plena cooperación en la labor de formular la política de empleo y de obtener el apoyo necesario para su ejecución.

Lamentamos que el hecho de que el Gobierno no registre al sindicato de la administración pública, como recomiendan los órganos de control de la OIT, socave la capacidad de los trabajadores públicos para participar activamente en esos foros; asimismo, permite al Gobierno seguir tratando a los mismos como interlocutores sociales de tercera clase.

Para finalizar, queremos expresar que el Gobierno de Mozambique debe realizar más esfuerzos para regular efectivamente el mercado laboral, colaborar adecuadamente a través del diálogo social y comprometerse a incluir el Programa de Trabajo Decente en los procesos de creación de empleo.

Representante gubernamental. Quisiera invitar a mi colega, el Director Nacional del Observatorio del Mercado de Trabajo, a formular las observaciones finales.

Otro representante gubernamental. En primer lugar, quisiéramos agradecer a la Comisión esta oportunidad para presentar nuestra memoria, que ha sido leída atentamente por los delegados, y debatida intensamente en esta reunión. Quisiéramos poner de relieve los retos a los que nos enfrentamos como país en términos de recopilación y difusión de datos, pero, lo que es más importante, quisiera subrayar un aspecto esencial de esta cuestión de datos: los datos estadísticos.

Hace poco, y hablo del 20 de mayo de 2021, celebramos una reunión de alto nivel sobre el empleo, la cual contó con la presencia de tres personas de alto nivel de la OIT que se dirigieron a nuestra reunión y abordaron los progresos que hemos realizado. En esa reunión también hubo dos expertos que abordaron la cuestión del concepto de empleo que seguimos esforzándonos por perfilar, junto con las estadísticas que continuamos teniendo, como un problema de gran envergadura para el país. Nos están ayudando a identificar la mejor manera de gestionar estas cuestiones del concepto de empleo, la recopilación de datos y también la forma en que Mozambique debería abordar la cuestión de la informalidad, la transición de la economía informal a la economía formal. La reunión contó con la asistencia de 200 personas, y 5 000 participantes asistieron a ella a distancia.

Así pues, estamos plenamente de acuerdo con las recomendaciones formuladas aquí, pero quisiéramos reiterar asimismo nuestro compromiso de abordar estas cuestiones que constituyen grandes problemas para nosotros.

Si se examina nuestro plan de acción para la política de empleo para 2021-2024, es evidente que el Gobierno se compromete a atender las necesidades del pueblo mozambiqueño. Nos referimos a programas fiscales y monetarios que acelerarían la creación de empleo. Esto está muy claro en ese plan de acción. Estamos hablando del compromiso y de la participación de nuestros interlocutores sociales.

Un ejemplo muy claro de la manera en que Mozambique hace suyo el diálogo social es nuestra revisión de la legislación laboral. Está recibiendo un gran apoyo de nuestros interlocutores sociales, y contando con su participación activa. Nos referimos a los empleadores, por la Confederación de Asociaciones Económicas de Mozambique, así como a nuestros representantes de los trabajadores de la OTM y de la Confederación Nacional de los Sindicatos Independientes y Libres de Mozambique, y también participa la sociedad en general.

Estamos agradecidos por el apoyo prestado por todos los delegados, y pedimos con entusiasmo que la OIT extienda y profundice su apoyo y asistencia técnica a Mozambique.

Miembros empleadores. Comenzaré retomando el último punto de mi intervención original antes de pasar a mis observaciones finales. Lograr el objetivo del pleno empleo, productivo y elegido libremente requiere productividad, crecimiento y un entorno empresarial propicio para la creación de oportunidades de empleo. Esto solo sucederá si invertimos en oportunidades de trabajo tradicionales y empresariales. Si bien la inversión será lo que marque la mayor diferencia, en este caso la información de la que más carecemos es información sobre la inversión.

Deseamos que el Gobierno de Mozambique continúe desarrollando un entorno empresarial propicio para la creación de empleo. También instamos al Gobierno a seguir elaborando su plan para invertir en empleos y para aclarar estos planes, a fin de que la comunidad internacional pueda comprenderlos y apoyarlos.

Ahora paso a formular mis observaciones finales. El Grupo de los Empleadores quisiera expresar su agradecimiento al Gobierno por la información útil que ya ha proporcionado en la presentación escrita. Nos complace tomar nota de las medidas que el Gobierno de Mozambique ha adoptado a fin de elaborar, revisar y mantener actualizada su política nacional de empleo, en particular a la luz de la pandemia de COVID-19.

También agradecemos a todos los participantes sus interesantes aportaciones que han realizado hoy aquí. Los miembros empleadores recuerdan la importancia de presentar oportunamente la memoria a la Comisión de Expertos, porque es la única manera de que el mecanismo de control de la OIT pueda funcionar debidamente y suministrar información adecuada antes de las discusiones en esta comisión.

A la luz del debate, los miembros empleadores invitan al Gobierno a proporcionar información detallada actualizada sobre los resultados de las medidas concretas adoptadas, los retos encarados y las medidas adoptadas para superar esos retos relativos al empleo de las mujeres y hombres jóvenes, estimulando la formación profesional y la movilidad laboral de los jóvenes, el empoderamiento de las mujeres, y la educación y formación profesional.

Considerando la situación específica derivada de la pandemia de COVID-19, los miembros empleadores también quisieran pedir al Gobierno que informe sobre las políticas a largo plazo adoptadas en apoyo a una recuperación sostenible y resiliente de las empresas de la crisis de la COVID-19.

Las empresas en Mozambique y en todo el mundo necesitan que los Gobiernos hagan lo que los Gobiernos están empoderados para hacer —facilitar y crear un entorno propicio para el crecimiento y la resiliencia del sector privado y formar parte de las soluciones para las alianzas de financiación de las pymes. Si los Gobiernos no crean este entorno, el crecimiento no puede tener lugar y el empleo productivo no puede crearse. Un entorno empresarial habilitador es esencial para crear un entorno sostenible, previsible e incentivador para la inversión y la innovación.

Miembros trabajadores. Los miembros trabajadores quisieran agradecer al Gobierno de Mozambique sus comentarios. También quisiéramos agradecer a todos los demás oradores sus intervenciones. Acogemos con agrado los esfuerzos del Gobierno para adoptar una Política Nacional de Empleo a fin de encarar los enormes retos económicos y sociales a los que se enfrenta el país.

La gran mayoría de la población activa se concentra en la agricultura de subsistencia. La tasa de pobreza en Mozambique está aumentando. Nueve de cada diez trabajadores están ocupados en la economía informal, y la pandemia de la COVID 19 y su impacto en la sociedad han reducido casi por la mitad la tasa de crecimiento del empleo en comparación con 2019.

En vista de estos retos, instamos al Gobierno de Mozambique a que revise, en consulta con los interlocutores sociales, la PNE de 2016 a la luz de cualquier plan de recuperación, a fin de garantizar que la recuperación posterior a la pandemia se centre en las personas, sea inclusiva y respete los derechos laborales. Esto debe llevarse a cabo junto con una revisión del proyecto «Trabajo decente para una transformación económica sostenible e inclusiva en Mozambique», al que se hace referencia como «MozTrabalha».

El Gobierno de Mozambique debe revisar sus políticas y programas con objeto de promover la inversión en la creación de empleo decente, estable y duradero, y de reducir la pobreza. En relación con esto, recordamos la interdependencia de los objetivos económicos, sociales y laborales, y la necesidad de coordinar la Política Nacional de Empleo con otras políticas económicas y sociales, con miras a garantizar su complementariedad.

Además, teniendo en cuenta las características y la composición del empleo en el país, parece evidente la necesidad de adoptar medidas concretas a fin de crear vías hacia la formalización de la economía informal de conformidad con la Recomendación núm. 204, y de hacer frente a la pobreza en el sector agrícola.

En el contexto de la recuperación posterior a la pandemia, las políticas deben atender en particular las necesidades de los trabajadores que se han visto, o se siguen viendo, profundamente afectados por la pandemia y sus consecuencias debido a la sobreexposición al riesgo de infección, su falta de protección, o su mayor vulnerabilidad a la exclusión del mercado de trabajo.

La Política Nacional de Empleo también debe abordar las grandes desigualdades en el mercado de trabajo, que afectan en particular a las mujeres y jóvenes que trabajan. Es preciso redoblar los esfuerzos para lograr una mayor igualdad de oportunidades en términos de acceso al empleo, así como la igualdad de trato en lo que respecta a las condiciones de trabajo.

Todas estas medidas deben apoyarse en un sistema sólido de recopilación y análisis de datos estadísticos, en particular sobre la situación y las tendencias actuales en relación con la población activa, el empleo, el desempleo y el subempleo en todo el país.

Por último, y este es un punto clave, el Gobierno de Mozambique debe adoptar medidas para garantizar la plena participación de los interlocutores sociales y la verdadera consulta a los mismos en todas las etapas de la Política Nacional de Empleo, desde la formulación hasta la aplicación y evaluación.

Los objetivos y principios del Convenio siguen siendo el núcleo de cualquier política nacional de empleo y de cualquier respuesta nacional a la pandemia.

Por consiguiente, el Gobierno debe proporcionar información adecuada y actualizada a la Comisión de Expertos a fin de asegurar que las medidas adoptadas estén en consonancia con el Convenio. Instamos asimismo al Gobierno de Mozambique a aceptar la asistencia técnica de la OIT.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información escrita y oral proporcionada por el representante del Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión lamentó tomar nota de que el Gobierno no ha presentado ninguna memoria a la Comisión de Expertos desde 2016.

La Comisión tomó nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno con la asistencia técnica de la Oficina de la OIT que resultó en la adopción de una Política Nacional de Empleo. Sin embargo, la Comisión tomó nota de la persistencia del alto nivel de pobreza, desempleo e informalidad, y de la baja tasa de finalización de la enseñanza secundaria.

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión insta al Gobierno de Mozambique a:

- revisar, en consulta con los interlocutores sociales, la Política Nacional de Empleo de 2016, sus planes de aplicación ulterior y el proyecto «Trabajo decente para la transformación económica sostenible e inclusiva en Mozambique», o «MozTrabalha», en consonancia con el Convenio, a fin de garantizar una recuperación inclusiva y centrada en las personas posterior a la pandemia basada en el empleo decente y sostenible;

- adoptar medidas para crear vías hacia la formalización de la economía informal, de conformidad con la Recomendación núm. 204;

- en consulta con los interlocutores sociales, adoptar medidas para mejorar el acceso a la educación superior, aumentar la tasa de finalización de la educación superior y garantizar que la formación profesional sea pertinente para las necesidades del mercado de trabajo;

- establecer y mantener un sistema sólido de recopilación y análisis de datos estadísticos, especialmente sobre la situación y las tendencias actuales en relación con la población activa, el empleo, el desempleo y el subempleo en todo el país;

- adoptar medidas para remediar las desigualdades en el mercado de trabajo, que afectan específicamente a las mujeres y los trabajadores jóvenes, a fin de lograr una mayor igualdad de oportunidades en el empleo, así como la igualdad de trato en el trabajo;

- en el contexto de la recuperación posterior a la pandemia, informar sobre las políticas a largo plazo adoptadas para apoyar una recuperación económica y del empleo sostenible y resiliente de la crisis de la COVID-19, y sobre las medidas para proteger a los trabajadores, en especial quienes corren el riesgo de exponerse a la infección;

- comunicar información sobre la fase y el nivel de desarrollo económico y sobre las relaciones mutuas entre los objetivos de empleo y otros objetivos económicos y sociales, y sobre cualquier política activa concebida para promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido, y

- adoptar medidas para garantizar la plena participación y consulta de los interlocutores sociales de conformidad con el Convenio.

La Comisión pide al Gobierno que proporcione una memoria detallada a la Comisión de Expertos, antes de su próxima reunión en 2021, incluidos datos estadísticos sobre la situación y las tendencias actuales en relación con la población activa, el empleo, el desempleo y el subempleo en todo el país, así como información detallada sobre los resultados de las medidas concretas adoptadas para remediar las desigualdades en el mercado de trabajo, la formación profesional, la educación y el empoderamiento de las mujeres, y sobre los retos encarados.

Representante gubernamental. El Gobierno de Mozambique ha tomado nota de las observaciones y recomendaciones de esta honorable comisión. Como hemos señalado en nuestra presentación durante el debate de este caso, nos hemos enfrentado a la recopilación tardía de datos sobre las estadísticas del mercado de trabajo. Nuestro Gobierno proseguirá sus esfuerzos. Este año estamos empezando una encuesta de la fuerza de trabajo y, a mediados del año próximo, tendremos un informe que nos mostrará o nos permitirá determinar el impacto de la política de empleo y de otras políticas económicas en el mercado de trabajo.

El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para aplicar plenamente las recomendaciones de esta honorable comisión y, en este proceso esperamos contar con la asistencia técnica de la OIT.

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Comentario anterior

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2021. Toma nota asimismo de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 8 de septiembre de 2021. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Organización de Trabajadores de Mozambique (OTM), recibidas el 1.º de septiembre de 2023. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política y programas activos de empleo. La Comisión toma nota con interés de la serie de medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar los objetivos del Convenio. Recuerda que, tras recibir asistencia técnica de la OIT, Mozambique desarrolló su primera Política Nacional de Empleo (PNE), titulada «Promover más y mejores empleos para los mozambiqueños», adoptada en octubre de 2016. La PNE se elaboró mediante un proceso de consulta con los interlocutores sociales y se centra en ocho pilares: desarrollo de los recursos humanos; creación de empleo; armonización y priorización de las políticas sectoriales; promoción del trabajo decente, productivo y sostenible; mejora del sistema de información sobre el mercado de trabajo; salud y seguridad en el trabajo; fortalecimiento de la cooperación internacional; y cuestiones transversales. La PNE apunta a estimular la creación de nuevos empleos, promover el emprendimiento y el desarrollo sostenible para reducir la pobreza y contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de la población. En enero de 2018, se lanzó un Plan de Acción (PAPE 2018-2022) para implementar la PNE. El PAPE 20182022 se revisó posteriormente para alinearlo más estrechamente con el Programa Quinquenal 2020-2024 del Gobierno. Fue reemplazado en mayo de 2021 por un nuevo Plan de Acción para la Implementación de la NEP (PAPE 2021-2024). La Comisión toma nota de los importantes desafíos a los que se enfrenta el país, que incluyen altas tasas de pobreza, bajos niveles de educación y formación, así como una concentración de la mano de obra en la agricultura de subsistencia y en empresas informales de baja productividad, caracterizadas por altos niveles de vulnerabilidad individual y familiar, particularmente en la mitad norte del país. La Comisión toma nota, además, de la información comunicada por el Gobierno con respecto a las repercusiones socioeconómicas negativas de la pandemia de COVID-19. Según datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 90,4 por ciento de las empresas de Mozambique se vieron afectadas por la pandemia, lo que provocó la suspensión de actividades, la reducción de la jornada laboral y la suspensión o rescisión de contratos y el cierre de empresas, afectando a más de tres millones de trabajadores de la economía. El Gobierno adoptó una serie de medidas sociales, económicas, monetarias y financieras para responder a la pandemia. También proporciona información sobre una serie de políticas aplicadas para promover el empleo, en el marco del PAPE 20212024, entre las que se encuentran la Política y Estrategia Industrial (PEI) (20162025), cuyos principales objetivos son aumentar la producción industrial, atraer inversiones y generar empleo, centrándose en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas; la Política y Estrategia Comercial (PEC), que se dirige a estimular el comercio de bienes y servicios para responder a las necesidades del mercado interior; la Estrategia Nacional de Exportación (ENE) 2018-2022, para apoyar el proceso de industrialización y crear nuevos puestos de trabajo; la Estrategia Nacional de Energía (2018-2030); la política y estrategia de normalización y la política y estrategia de calidad; y la estrategia para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Mozambique 2007-2022. Esta última estrategia tiene el objetivo, entre otras cosas, de mejorar el entorno empresarial, aumentar la capacidad de las MIPYME y mejorar su acceso a los servicios y mercados financieros. Por último, el Gobierno se refiere a la adopción del Plan de acción para la mejora del entorno empresarial (PAMAN) 20192021, que se elaboró mediante amplias consultas con el sector privado y la sociedad civil. La Comisión toma nota de las observaciones de la OTM, que subraya la importancia de la PNE y del PAPE 2021-2024 para las organizaciones de trabajadores. No obstante, la OTM opina que las medidas adoptadas en virtud del artículo 5.3.1 de la PNE para mejorar el empleo y el trabajo decente en el sector de la agricultura y la pesca son insuficientes, y añade que en la mayoría de los casos los niveles de ingresos son bajos y los trabajadores de este sector no tienen acceso a la protección social. El OTM observa además que deben tomarse medidas más enérgicas para hacer frente a los niveles de desempleo en el país, así como para promover la transición de la economía informal a la economía formal. Además, respecto al crecimiento del empleo, la organización de trabajadores indica que, de los puestos de trabajo registrados en el segundo trimestre de 2023, el 76,5 por ciento de los mismos son temporales, siendo solo el 23,5 por ciento empleos fijos. De los empleos temporales, el 22,5 por ciento son estacionales y el 77,5 por ciento son eventuales. La OTM sostiene que el empleo precario ha aumentado en el país, mientras que el objetivo en el marco de la PNE es promover la creación de trabajo decente, productivo y sostenible (PNE, sección 5.4). La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo, edad y sector económico, sobre el impacto de las iniciativas tomadas en el marco de la Política Nacional de Empleo y su Plan de Acción 2021-2024, así como en el marco de las mencionadas estrategias, en la creación de oportunidades para que las mujeres y los hombres accedan a un empleo pleno, productivo y libremente elegido y a un trabajo decente. La Comisión pide asimismo al Gobierno que facilite información sobre las medidas adoptadas o previstas para reducir el empleo precario y promover la transición del empleo informal al formal, de conformidad con la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). A este respecto, la Comisión considera que las políticas de empleo desempeñan efectivamente un papel significativo en la promoción de las transiciones de la economía informal a la economía formal, abordando los factores que impulsan a las personas y a las empresas a operar de manera informal, lo que conduce a mercados de trabajo más inclusivos, productivos y resilientes, al tiempo que brindan un apoyo específico para facilitar el proceso de transición. Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno proporcionar información sobre las medidas específicas adoptadas para abordar los múltiples desafíos propios del trabajo en la economía informal, indicando en particular si las medidas adoptadas o previstas han incluido algunas de las siguientes mejores prácticas observadas a escala internacional: i) reducir la carga administrativa y los trámites burocráticos; ii) reforzar y ampliar la protección social como medio para afiliar a las empresas y a sus trabajadores; iii) promover el acceso a la financiación y a los servicios de desarrollo empresarial, incluido el acceso al crédito y a la formación, ya que a menudo las empresas informales carecen de ellos; iv) mejorar los servicios de colocación e intermediación en el mercado laboral y de desarrollo de competencias; v) sensibilizar y promover la formalización; vi) adaptar las políticas a sectores y ocupaciones específicos, ya que la economía informal no es monolítica, y los patrones de informalización varían según los sectores y las ocupaciones; vii) promover el diálogo y la colaboración entre todas las partes interesadas pertinentes para una formulación y aplicación eficaces de las políticas, y viii) supervisar y evaluar los efectos de las políticas, ya que esto es crucial para evaluar la eficacia de las políticas en la promoción de la transición de la informalidad a la formalidad. La Comisión también pide al Gobierno que siga comunicando información detallada y actualizada, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo y edad, sobre las tasas de informalidad en el país.

Artículo 2, a). Recopilación y utilización de la información sobre el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno con respecto al tamaño y a la composición de la población económicamente activa. El Gobierno indica que, según la Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por la INE para el periodo 2019-2020, la tasa global de desempleo descendió del 21,7 por ciento en 2019, al 17,1 por ciento en 2020, alcanzando el subempleo el 12,5 por ciento. Añade que, a finales de 2020, un total de 184 477 desempleados estaban registrados en los Centros de Empleo del INEP (Instituto Nacional de Empleo), el 26 por ciento de los cuales eran mujeres. El Gobierno informa de la creación de 2 495 nuevos puestos de trabajo creados por 196 nuevas empresas industriales, entre microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Sin embargo, el Gobierno indica que, según los datos recopilados por el INE, la economía nacional se contrajo un 3,25 por ciento en el segundo trimestre en comparación con el segundo trimestre de 2020. Añade que el bajo ritmo de crecimiento económico hace cada vez más difícil aliviar la pobreza y reducir el desempleo en el país. También señala que los empleos asalariados formales constituyen alrededor del 17 por ciento del empleo en Mozambique, señalando que cerca del 80 por ciento de la economía en Mozambique es informal. En sus observaciones, la CSI expresa la opinión de que es necesario adoptar medidas enérgicas dirigidas a construir una economía rica en empleo, promover la inversión para generar empleo decente, estable y duradero y aliviar la pobreza. Además, el diseño y la aplicación de dichas medidas deben basarse en un análisis en profundidad de la composición de la mano de obra, el empleo y el mercado de trabajo en el país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para reforzar el sistema de información sobre el mercado de trabajo y que indique la manera en que se utiliza la información recopilada para fundamentar el diseño y la aplicación de la política del empleo y las medidas activas del mercado de trabajo. También pide al Gobierno que facilite información actualizada, incluidos datos estadísticos desglosados por edad, sexo y sector económico, sobre la situación actual del empleo en el país, incluidas las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo visible en el país.

Empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota de que la PNE establece objetivos específicos para el empleo de los jóvenes. El Gobierno informa de que, en 2021, los jóvenes constituían aproximadamente dos tercios de la población activa nacional, que ascendía a 15 787 223 personas. Añade que alrededor del 21 por ciento de los jóvenes que residen en zonas urbanas están desempleados, mientras que en las zonas urbanas periféricas y en las zonas rurales, los jóvenes se dedican a actividades poco productivas. El Gobierno indica que tiene la intención de aumentar las oportunidades de empleo formal, incluso mediante la promoción del espíritu empresarial. A partir de 2021, el programa EMPREGA (Emplear) financia un concurso de planes de negocio, a través del cual 3 500 empresas jóvenes recibirán asistencia técnica para preparar planes de negocio con miras a la creación o la ampliación de sus actividades empresariales. El Gobierno también se refiere a la creación de un Fondo de Apoyo a las Iniciativas de los Jóvenes (FAIJ), ejecutado por el Instituto Nacional de la Juventud, que brinda apoyo material y financiero a las iniciativas empresariales de los jóvenes en diferentes ámbitos, como la agricultura, la agroindustria, la pesca, el turismo, las artes y la cultura, el embalaje y la innovación tecnológica. El programa del FAIJ «Mi kit, mi trabajo» (Meu kit, meu emprego), apoya el empleo por cuenta propia juvenil, mediante la asignación de kits a los jóvenes (como kits de fabricación de ladrillos y kits de instalación eléctrica). El Gobierno también lanzó el Premio Juventud Creativa, que reconoce a los jóvenes cuyas acciones repercuten en el desarrollo de la comunidad, incluso a través de actividades empresariales. En sus observaciones, la OIE toma nota de que la PNE pide la promoción del espíritu empresarial de los jóvenes a través de programas de formación en las zonas rurales y urbanas, así como a un mayor acceso al crédito, inversiones en formación dirigidas a los jóvenes y un mayor número de periodos de prácticas disponibles para los jóvenes. La Comisión también toma nota de la adopción, en junio de 2020, del Plan de Acción para la Implementación de la Política de Juventud 2014-2023 (PAIPJ de 2020), que apunta a abordar los principales retos a los que se enfrentan los jóvenes, incluido el acceso a la educación y al empleo. Los principales objetivos del PAIPJ de 2020 incluyen la mejora de la calidad de vida de los adolescentes y los jóvenes adultos, a través de la promoción de su acceso a la educación, la salud, el empleo, la vivienda, así como la prevención de los matrimonios forzados y los embarazos precoces. En sus observaciones, la CSI toma nota de las declaraciones del Gobierno en la discusión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en 2021, según las cuales había puesto en marcha programas para fomentar las prácticas y los periodos de prácticas en determinados sectores, como el sector bancario, así como programas para promover el empleo por cuenta propia. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada actualizada, incluidos datos estadísticos desglosados por edad, sexo y zona urbana/rural, sobre la naturaleza y el impacto de las políticas y los programas desarrollados y aplicados por el Gobierno para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido y el trabajo decente para los jóvenes de ambos sexos en todo el país. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que comunique información adicional detallada sobre el contenido, el alcance y el impacto de las medidas adoptadas para promover el espíritu empresarial de los jóvenes, incluida información sobre los programas de formación y desarrollo empresarial y su impacto en la creación de empleo y un mayor acceso a oportunidades de empleo decente y sostenible para los jóvenes de ambos sexos.

Empleo de las mujeres. La Comisión recuerda que la PNE establece líneas de acción específicas destinadas a promover la igualdad de género en los programas de desarrollo económico y social, entre las que se encuentran: promover el empleo de las mujeres, incluso en ocupaciones tradicionalmente masculinas; dar prioridad a la educación y la formación profesional para promover la igualdad de oportunidades de empleo, tanto para las mujeres como para los hombres; y eliminar la discriminación de género en el acceso al empleo. En su memoria, el Gobierno también hace referencia al Programa Quinquenal del Gobierno 2020-2024, que incluye la promoción de la igualdad de género en el desarrollo económico, social, político y cultural. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre una serie de medidas destinadas a promover la igualdad de género, entre las que se encuentran: la formación de 3 340 mujeres en iniciativa empresarial y gestión de negocios (135 por ciento de la meta anual de 2 542), 64 proyectos de generación de ingresos financiados por el FAIJ, en los que las mujeres representan el 28 por ciento de los beneficiarios, 741 kits asignados para el autoempleo en las áreas de mecánica automotriz, costura e instalaciones eléctricas, en beneficio de 499 mujeres (más del 67 por ciento de las beneficiarias), y la formación de 14 asociaciones de mujeres en el uso de técnicas de agro-procesamiento en dos provincias: Gaza y Sofala. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas activas del mercado de trabajo, incluidas las medidas de orientación profesional, educación y formación adoptadas para facilitar el acceso de las mujeres a un empleo sostenible y duradero y a un trabajo decente, en particular para las mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos, como las mujeres con discapacidad o las que viven en zonas rurales.

Educación y orientación y formación profesionales. La Comisión toma nota de que el acceso a la enseñanza secundaria en el país es limitado y que las tasas de finalización siguen siendo muy bajas, del 13 por ciento. En sus observaciones, la OIE señala que la adecuación de la educación y la formación profesional a las necesidades del mercado laboral es también muy baja. En este contexto, la OIE sugiere que las políticas y los programas de educación técnica y formación profesional se definan y apliquen en estrecha consulta con las organizaciones de empleadores. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que la ampliación del acceso a la educación básica para todos los mozambiqueños es un elemento central de su estrategia de reducción de la pobreza, con el objetivo de aumentar el acceso a oportunidades de empleo sostenible. A tal fin, el Gobierno ha introducido reformas en el sistema educativo nacional, en particular en el ámbito de la enseñanza y la formación profesional técnica. El Gobierno informa que se ha producido un aumento de las inversiones en educación primaria y secundaria general, centrándose en promover una mayor integración de las niñas, aumentar el equilibrio de género en las escuelas y permitir que más niñas asistan a cursos técnicos. El Gobierno proporciona información adicional sobre las medidas adoptadas para reducir las tasas de abandono escolar, aumentar la calidad y la pertinencia de la educación, en particular mediante el fortalecimiento de la formación del profesorado, y promover el acceso a la educación superior. Con respecto a la enseñanza superior y la formación profesional, el Gobierno indica que el número de estudiantes matriculados en la universidad aumentó en un 6 por ciento de 2019 a 2020, y el número de los matriculados en la enseñanza técnica aumentó en un 5 por ciento durante el mismo periodo. En 2020, 209 839 personas participaron en la formación profesional, el 61,7 por ciento en centros privados de formación profesional y el resto en centros públicos, incluidas las unidades móviles utilizadas en las zonas rurales. La Comisión observa que alrededor de un tercio de los graduados (33,6 por ciento) eran mujeres. El Gobierno también proporcionó 3 008 prácticas preprofesionales durante este periodo, en las áreas de contabilidad, fontanería y minería. Añade que 1 174 mujeres se beneficiaron de estas prácticas. La Comisión pide al Gobierno que transmita información actualizada sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas adoptadas para proporcionar una educación, una orientación profesional y una formación de calidad, en particular sobre el impacto de estas medidas en la creación de empleo y la colocación en el empleo, tanto para las mujeres como para los hombres, especialmente los pertenecientes a grupos desfavorecidos.

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. Consultas con los representantes de las personas afectadas por las medidas a adoptar. La Comisión recuerda que la PNE fue examinada y debatida en el seno de la Comisión Consultiva de Trabajo (LAC) tripartita en mayo de 2016, antes de su adopción. Asimismo, toma nota con interés de que el Plan de Acción para la Implementación de la PNE (PAPE 2021-2024) fue debatido en la LAC con la participación de los interlocutores sociales antes de su adopción. Sin embargo, la Comisión toma nota de las observaciones de la OTM, en las que se indica que, si bien el PNE se elaboró con la participación activa de los interlocutores sociales en 2016, las organizaciones de trabajadores no han participado efectivamente en su aplicación. En sus observaciones, la CSI recuerda que la LAC y el Observatorio del Desarrollo son los organismos encargados del seguimiento de la PNE. No obstante, señala que, en la discusión de la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2021 sobre la aplicación del Convenio por parte de Mozambique, el Gobierno no facilitó ninguna información sobre la participación de los interlocutores sociales en estas dos instituciones. La CSI considera que, para que la PNE tenga éxito, debe incluir plenamente a los interlocutores sociales en su diseño, aplicación y revisión, y pide que se establezcan mecanismos sólidos a este respecto. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada y actualizada sobre la manera y el grado en que se consulta a los interlocutores sociales en la aplicación de la Política Nacional de Empleo, su Plan de Acción 2021-2024 y todas las demás políticas de empleo y medidas activas del mercado de trabajo. Además, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre las consultas celebradas con los representantes de los grupos afectados por las medidas que han de adoptarse, como lo exige el artículo 3 del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Repetición

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política de empleo activa. La Comisión toma nota con interés de que contando con la asistencia técnica de la OIT, Mozambique adoptó una Política Nacional del Empleo (PNE) en 2016. Los principales objetivos de la PNE son: promover la creación de empleos, la iniciativa empresarial y el empleo sostenible para contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de la población. La PNE incluye entre sus objetivos fundamentales la creación de nuevos empleos (especialmente en el sector privado); la aplicación de programas que contribuyan a aumentar la productividad, la competitividad y el desarrollo del capital humano; el establecimiento de las condiciones institucionales necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, y garantizar la armonización de las políticas sectoriales así como del marco institucional para el empleo y el empleo independiente. La Comisión toma nota de la publicación del informe de la cuarta Evaluación de la Pobreza Nacional en 2016, que sitúa las tasas de pobreza nacional entre el 41 y el 45 por ciento de la población (lo que representa entre 10,5 y 11,3 millones de personas extremadamente pobres). El informe señala también que, debido a la concentración de la fuerza laboral de Mozambique en la agricultura de subsistencia y en las empresas informales con baja productividad, el país se caracteriza por un nivel elevado de vulnerabilidad individual y de los hogares, especialmente en las zonas rurales en el norte y el centro del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información completa sobre los resultados alcanzados y los problemas encontrados para lograr los objetivos fijados en la PNE, en especial sobre los resultados concretos de los programas creados para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, mejorar los estándares de vida y trabajo, responder a las necesidades del mercado laboral y abordar el desempleo y el subempleo.

Artículo 2, a). Recopilación y utilización de la información sobre el mercado de trabajo. La Comisión toma nota del desarrollo de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2014-2015. Asimismo, observa que, según la información estadística incluida en el informe sobre la política del empleo, la tasa de desempleo en 2015 fue del 25,3 por ciento. La principal fuente de empleo fue el empleo independiente (73,1 por ciento de la población económicamente activa (PEA)), mientras que el empleo asalariado representó el 20 por ciento de la PEA. Además, el 15 por ciento de la PEA fueron trabajadores familiares no remunerados (8,5 por ciento de hombres y 21 por ciento de mujeres), el 7,3 por ciento fueron trabajadores temporales y el 9 por ciento trabajadores ocasionales. La Comisión toma nota también de que la PNE aboga por el mejoramiento del sistema de información del mercado laboral del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada, incluidos los datos estadísticos desglosados por sector económico, edad y sexo, sobre la situación actual y las tendencias relativas a la población activa, el empleo, desempleo y subempleo en todo el país.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que los objetivos fundamentales de la PNE son entre otros la promoción de la inversión para la creación de empleos para mujeres y hombres jóvenes y la incentivación de la formación profesional y la movilidad laboral de los jóvenes. Para lograr estos objetivos la PNE establece líneas de acción que promueven la iniciativa empresarial de los jóvenes mediante programas de formación, en especial en las zonas rurales, así como el aumento del acceso al crédito, la inversión en la formación de los jóvenes y el aumento del número de las prácticas de formación. El Gobierno señala que, en 2015, se celebraron a nivel nacional y provincial conferencias sobre la reglamentación de las prácticas de formación preprofesional para sensibilizar y alentar a las empresas a que se contrataran aprendices. Además, el Gobierno se refiere a la creación de programas de financiación para apoyar iniciativas empresariales desarrolladas por los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la forma en que la aplicación de la PNE, la reglamentación sobre las prácticas de formación preprofesional y otros programas que ofrecen educación y formación profesional para los jóvenes o que respaldan la iniciativa empresarial de los jóvenes, hombres y mujeres, han aumentado el acceso de los jóvenes a un empleo pleno, productivo y sostenible.

El empleo de mujeres. La Comisión toma nota de que la PNE prevé el fortalecimiento de las iniciativas que promueven la igualdad de género en los programas de desarrollo económico y social. Entre las líneas de acción establecidas en dichas políticas cabe destacar: promover el empleo femenino, incluso en las profesiones tradicionalmente masculinas; priorizar la educación y la formación profesional con miras a promover la igualdad de oportunidades de empleo para hombres y mujeres; y eliminar la discriminación de género en el acceso al empleo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre el resultado de las medidas específicas adoptadas y aplicadas en el marco de la PNE para promover la igualdad en el empleo y en las oportunidades de obtener ingresos para hombres y mujeres con miras a eliminar las desigualdades de género en la educación, en especial en relación con las tasas de alfabetización.

Educación y formación profesional. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados en el marco de la Estrategia de Empleo y de Formación Profesional (EEFP) 2006-2015 y el Programa Integrado para la Reforma de la Formación Profesional (PIREP). Asimismo, la Comisión toma nota del informe sobre la política del empleo que el acceso a la educación secundaria está limitado y que la tasa de finalización escolar sigue siendo muy baja: del 13 por ciento. El informe añade que la pertinencia de la educación y de la formación profesional en relación con las necesidades del mercado laboral también es muy escasa. El Gobierno señala que se han acometido reformas en los ámbitos de la educación y de la formación profesional para hacer frente a estos desafíos. El Gobierno se refiere, en particular, a la adopción de la Ley sobre Educación Profesional en el marco del PIREP, que establece que la Autoridad Nacional para la Formación Profesional, cuyo consejo ejecutivo incluye a representantes de los interlocutores sociales, es el órgano responsable del Sistema de Formación Profesional. Además, se han renovado los centros de formación profesional y los institutos técnicos del país. Por último, el Gobierno señala que en 2014, en el marco de la EEFP, se crearon 2 490 672 empleos (de los cuales 464 413 fueron para mujeres) y 633 971 personas participaron en la formación (de los cuales 219 260 fueron mujeres). La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información, incluida información estadística desglosada por edad y sexo sobre el impacto de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y la formación profesional y su relación con las posibles oportunidades de empleo.

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que, antes de su adopción, la PNE fue examinada por los interlocutores sociales en el marco de la Comisión Consultiva del Trabajo en mayo de 2016. Además, la PNE establece que la Comisión Consultiva del Trabajo y el Observatorio del Desarrollo son los órganos que tienen la responsabilidad del seguimiento de la aplicación de la política de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en la promoción y aplicación de la política de empleo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Repetición

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política de empleo activa. La Comisión toma nota con interés de que contando con la asistencia técnica de la OIT, Mozambique adoptó una Política Nacional del Empleo (PNE) en 2016. Los principales objetivos de la PNE son: promover la creación de empleos, la iniciativa empresarial y el empleo sostenible para contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de la población. La PNE incluye entre sus objetivos fundamentales la creación de nuevos empleos (especialmente en el sector privado); la aplicación de programas que contribuyan a aumentar la productividad, la competitividad y el desarrollo del capital humano; el establecimiento de las condiciones institucionales necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, y garantizar la armonización de las políticas sectoriales así como del marco institucional para el empleo y el empleo independiente. La Comisión toma nota de la publicación del informe de la cuarta Evaluación de la Pobreza Nacional en 2016, que sitúa las tasas de pobreza nacional entre el 41 y el 45 por ciento de la población (lo que representa entre 10,5 y 11,3 millones de personas extremadamente pobres). El informe señala también que, debido a la concentración de la fuerza laboral de Mozambique en la agricultura de subsistencia y en las empresas informales con baja productividad, el país se caracteriza por un nivel elevado de vulnerabilidad individual y de los hogares, especialmente en las zonas rurales en el norte y el centro del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información completa sobre los resultados alcanzados y los problemas encontrados para lograr los objetivos fijados en la PNE, en especial sobre los resultados concretos de los programas creados para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, mejorar los estándares de vida y trabajo, responder a las necesidades del mercado laboral y abordar el desempleo y el subempleo.

Artículo 2, a). Recopilación y utilización de la información sobre el mercado de trabajo. La Comisión toma nota del desarrollo de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2014-2015. Asimismo, observa que, según la información estadística incluida en el informe sobre la política del empleo, la tasa de desempleo en 2015 fue del 25,3 por ciento. La principal fuente de empleo fue el empleo independiente (73,1 por ciento de la población económicamente activa (PEA)), mientras que el empleo asalariado representó el 20 por ciento de la PEA. Además, el 15 por ciento de la PEA fueron trabajadores familiares no remunerados (8,5 por ciento de hombres y 21 por ciento de mujeres), el 7,3 por ciento fueron trabajadores temporales y el 9 por ciento trabajadores ocasionales. La Comisión toma nota también de que la PNE aboga por el mejoramiento del sistema de información del mercado laboral del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada, incluidos los datos estadísticos desglosados por sector económico, edad y sexo, sobre la situación actual y las tendencias relativas a la población activa, el empleo, desempleo y subempleo en todo el país.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que los objetivos fundamentales de la PNE son entre otros la promoción de la inversión para la creación de empleos para mujeres y hombres jóvenes y la incentivación de la formación profesional y la movilidad laboral de los jóvenes. Para lograr estos objetivos la PNE establece líneas de acción que promueven la iniciativa empresarial de los jóvenes mediante programas de formación, en especial en las zonas rurales, así como el aumento del acceso al crédito, la inversión en la formación de los jóvenes y el aumento del número de las prácticas de formación. El Gobierno señala que, en 2015, se celebraron a nivel nacional y provincial conferencias sobre la reglamentación de las prácticas de formación preprofesional para sensibilizar y alentar a las empresas a que se contrataran aprendices. Además, el Gobierno se refiere a la creación de programas de financiación para apoyar iniciativas empresariales desarrolladas por los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la forma en que la aplicación de la PNE, la reglamentación sobre las prácticas de formación preprofesional y otros programas que ofrecen educación y formación profesional para los jóvenes o que respaldan la iniciativa empresarial de los jóvenes, hombres y mujeres, han aumentado el acceso de los jóvenes a un empleo pleno, productivo y sostenible.

El empleo de mujeres. La Comisión toma nota de que la PNE prevé el fortalecimiento de las iniciativas que promueven la igualdad de género en los programas de desarrollo económico y social. Entre las líneas de acción establecidas en dichas políticas cabe destacar: promover el empleo femenino, incluso en las profesiones tradicionalmente masculinas; priorizar la educación y la formación profesional con miras a promover la igualdad de oportunidades de empleo para hombres y mujeres; y eliminar la discriminación de género en el acceso al empleo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre el resultado de las medidas específicas adoptadas y aplicadas en el marco de la PNE para promover la igualdad en el empleo y en las oportunidades de obtener ingresos para hombres y mujeres con miras a eliminar las desigualdades de género en la educación, en especial en relación con las tasas de alfabetización.

Educación y formación profesional. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados en el marco de la Estrategia de Empleo y de Formación Profesional (EEFP) 2006-2015 y el Programa Integrado para la Reforma de la Formación Profesional (PIREP). Asimismo, la Comisión toma nota del informe sobre la política del empleo que el acceso a la educación secundaria está limitado y que la tasa de finalización escolar sigue siendo muy baja: del 13 por ciento. El informe añade que la pertinencia de la educación y de la formación profesional en relación con las necesidades del mercado laboral también es muy escasa. El Gobierno señala que se han acometido reformas en los ámbitos de la educación y de la formación profesional para hacer frente a estos desafíos. El Gobierno se refiere, en particular, a la adopción de la Ley sobre Educación Profesional en el marco del PIREP, que establece que la Autoridad Nacional para la Formación Profesional, cuyo consejo ejecutivo incluye a representantes de los interlocutores sociales, es el órgano responsable del Sistema de Formación Profesional. Además, se han renovado los centros de formación profesional y los institutos técnicos del país. Por último, el Gobierno señala que en 2014, en el marco de la EEFP, se crearon 2 490 672 empleos (de los cuales 464 413 fueron para mujeres) y 633 971 personas participaron en la formación (de los cuales 219 260 fueron mujeres). La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información, incluida información estadística desglosada por edad y sexo sobre el impacto de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y la formación profesional y su relación con las posibles oportunidades de empleo.

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que, antes de su adopción, la PNE fue examinada por los interlocutores sociales en el marco de la Comisión Consultiva del Trabajo en mayo de 2016. Además, la PNE establece que la Comisión Consultiva del Trabajo y el Observatorio del Desarrollo son los órganos que tienen la responsabilidad del seguimiento de la aplicación de la política de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en la promoción y aplicación de la política de empleo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política de empleo activa. La Comisión toma nota con interés de que contando con la asistencia técnica de la OIT, Mozambique adoptó una Política Nacional del Empleo (PNE) en 2016. Los principales objetivos de la PNE son: promover la creación de empleos, la iniciativa empresarial y el empleo sostenible para contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de la población. La PNE incluye entre sus objetivos fundamentales la creación de nuevos empleos (especialmente en el sector privado); la aplicación de programas que contribuyan a aumentar la productividad, la competitividad y el desarrollo del capital humano; el establecimiento de las condiciones institucionales necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, y garantizar la armonización de las políticas sectoriales así como del marco institucional para el empleo y el empleo independiente. La Comisión toma nota de la publicación del informe de la cuarta Evaluación de la Pobreza Nacional en 2016, que sitúa las tasas de pobreza nacional entre el 41 y el 45 por ciento de la población (lo que representa entre 10,5 y 11,3 millones de personas extremadamente pobres). El informe señala también que, debido a la concentración de la fuerza laboral de Mozambique en la agricultura de subsistencia y en las empresas informales con baja productividad, el país se caracteriza por un nivel elevado de vulnerabilidad individual y de los hogares, especialmente en las zonas rurales en el norte y el centro del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información completa sobre los resultados alcanzados y los problemas encontrados para lograr los objetivos fijados en la PNE, en especial sobre los resultados concretos de los programas creados para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, mejorar los estándares de vida y trabajo, responder a las necesidades del mercado laboral y abordar el desempleo y el subempleo.

Artículo 2, a). Recopilación y utilización de la información sobre el mercado de trabajo. La Comisión toma nota del desarrollo de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2014-2015. Asimismo, observa que, según la información estadística incluida en el informe sobre la política del empleo, la tasa de desempleo en 2015 fue del 25,3 por ciento. La principal fuente de empleo fue el empleo independiente (73,1 por ciento de la población económicamente activa (PEA)), mientras que el empleo asalariado representó el 20 por ciento de la PEA. Además, el 15 por ciento de la PEA fueron trabajadores familiares no remunerados (8,5 por ciento de hombres y 21 por ciento de mujeres), el 7,3 por ciento fueron trabajadores temporales y el 9 por ciento trabajadores ocasionales. La Comisión toma nota también de que la PNE aboga por el mejoramiento del sistema de información del mercado laboral del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada, incluidos los datos estadísticos desglosados por sector económico, edad y sexo, sobre la situación actual y las tendencias relativas a la población activa, el empleo, desempleo y subempleo en todo el país.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que los objetivos fundamentales de la PNE son entre otros la promoción de la inversión para la creación de empleos para mujeres y hombres jóvenes y la incentivación de la formación profesional y la movilidad laboral de los jóvenes. Para lograr estos objetivos la PNE establece líneas de acción que promueven la iniciativa empresarial de los jóvenes mediante programas de formación, en especial en las zonas rurales, así como el aumento del acceso al crédito, la inversión en la formación de los jóvenes y el aumento del número de las prácticas de formación. El Gobierno señala que, en 2015, se celebraron a nivel nacional y provincial conferencias sobre la reglamentación de las prácticas de formación preprofesional para sensibilizar y alentar a las empresas a que se contrataran aprendices. Además, el Gobierno se refiere a la creación de programas de financiación para apoyar iniciativas empresariales desarrolladas por los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la forma en que la aplicación de la PNE, la reglamentación sobre las prácticas de formación preprofesional y otros programas que ofrecen educación y formación profesional para los jóvenes o que respaldan la iniciativa empresarial de los jóvenes, hombres y mujeres, han aumentado el acceso de los jóvenes a un empleo pleno, productivo y sostenible.

El empleo de mujeres. La Comisión toma nota de que la PNE prevé el fortalecimiento de las iniciativas que promueven la igualdad de género en los programas de desarrollo económico y social. Entre las líneas de acción establecidas en dichas políticas cabe destacar: promover el empleo femenino, incluso en las profesiones tradicionalmente masculinas; priorizar la educación y la formación profesional con miras a promover la igualdad de oportunidades de empleo para hombres y mujeres; y eliminar la discriminación de género en el acceso al empleo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre el resultado de las medidas específicas adoptadas y aplicadas en el marco de la PNE para promover la igualdad en el empleo y en las oportunidades de obtener ingresos para hombres y mujeres con miras a eliminar las desigualdades de género en la educación, en especial en relación con las tasas de alfabetización.

Educación y formación profesional. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados en el marco de la Estrategia de Empleo y de Formación Profesional (EEFP) 2006-2015 y el Programa Integrado para la Reforma de la Formación Profesional (PIREP). Asimismo, la Comisión toma nota del informe sobre la política del empleo que el acceso a la educación secundaria está limitado y que la tasa de finalización escolar sigue siendo muy baja: del 13 por ciento. El informe añade que la pertinencia de la educación y de la formación profesional en relación con las necesidades del mercado laboral también es muy escasa. El Gobierno señala que se han acometido reformas en los ámbitos de la educación y de la formación profesional para hacer frente a estos desafíos. El Gobierno se refiere, en particular, a la adopción de la Ley sobre Educación Profesional en el marco del PIREP, que establece que la Autoridad Nacional para la Formación Profesional, cuyo consejo ejecutivo incluye a representantes de los interlocutores sociales, es el órgano responsable del Sistema de Formación Profesional. Además, se han renovado los centros de formación profesional y los institutos técnicos del país. Por último, el Gobierno señala que en 2014, en el marco de la EEFP, se crearon 2 490 672 empleos (de los cuales 464 413 fueron para mujeres) y 633 971 personas participaron en la formación (de los cuales 219 260 fueron mujeres). La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información, incluida información estadística desglosada por edad y sexo sobre el impacto de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y la formación profesional y su relación con las posibles oportunidades de empleo.

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que, antes de su adopción, la PNE fue examinada por los interlocutores sociales en el marco de la Comisión Consultiva del Trabajo en mayo de 2016. Además, la PNE establece que la Comisión Consultiva del Trabajo y el Observatorio del Desarrollo son los órganos que tienen la responsabilidad del seguimiento de la aplicación de la política de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en la promoción y aplicación de la política de empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Aplicación de una política activa del empleo. La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno recibida en octubre de 2008 incluyendo respuestas detalladas a su observación de 2007. El Gobierno informa acerca de la adopción de una nueva ley de trabajo, mediante ley núm. 23 de 1.º de agosto de 2007, y de la aplicación de la Estrategia para el Empleo y la Formación Profesional (EEFP). La Comisión toma nota con interés de que la EEFP se adoptó como instrumento de orientación de la política gubernamental hasta 2015. Mediante la aplicación de la EEFP el Gobierno procura afianzar el papel del Estado en la promoción y supervisión de las medidas destinadas a proteger a los grupos vulnerables. La EEFP también propicia la maximización de la variable del empleo en todos los programas y proyectos de desarrollo destinados a combatir la pobreza absoluta; incrementar la creación de empleo y las oportunidades de generación de empleo para la población; el aporte de orientación e información en materia de formación profesional para alcanzar un máximo de igualdad entre los solicitantes de empleo en términos de potencial y de capacidades, y mejorar el funcionamiento de los servicios de empleo en colaboración con las agencias de empleo privadas. La Comisión toma nota además de que la OIT contribuye a la aplicación de la EEFP a través del programa «Trabajando para salir de la pobreza» (WOOP) elaborado para promover el trabajo decente, incrementar la sensibilización y la aplicación de las normas internacionales del trabajo, el fortalecimiento del diálogo social y el desarrollo de oportunidades generadoras de ingresos para grupos determinados. La Comisión expresa su aprecio por este enfoque y espera que en la próxima memoria del Gobierno podrá examinar información completa sobre la manera en que la EEFP ha mejorado las oportunidades de empleo y los casos en que no ha logrado satisfacer esas expectativas.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. En base a los datos disponibles en la OIT, la Comisión toma nota de que la tasa de desempleo sigue siendo muy elevada. En 2004-2005, la tasa de desempleo de la población urbana se situaba en el 31 por ciento y en las regiones rurales en el 13 por ciento. El Gobierno señala en su memoria que la economía de Mozambique ha mostrado signos espectaculares y alentadores de recuperación durante los últimos diez años y que las perspectivas para el futuro son sumamente promisorias. No obstante, el enorme desafío que plantea el desempleo, junto con los altos niveles de pobreza en el país, demuestran que un gran segmento de la población no se beneficia de la recuperación. La Comisión toma nota de que el Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza Absoluta (PARPA) finalizará en 2009. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que en su próxima memoria comunique información sobre los resultados de la aplicación del PARPA. La Comisión reitera su interés en examinar información sobre la medida en que el crecimiento económico repercute en la creación de empleo duradero y reducción de la pobreza para los trabajadores más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes trabajadores y los que trabajan en la economía informal.

Mujeres. La Comisión toma nota de que según los datos disponibles, la tasa de desempleo de las mujeres (22 por ciento) es muy superior a la de los hombres (15 por ciento) y que los niveles que alcanzan en materia educativa son muy bajos en comparación con los de los hombres. Además, las mujeres parecen estar afectadas por el VIH/SIDA en un porcentaje superior al de los hombres. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya información sobre los esfuerzos realizados para mejorar la situación del empleo de la mujer, especialmente en las zonas rurales, con especial referencia a las medidas que se aplican en virtud del PARPA.

Empleo de los jóvenes. La Comisión toma nota del alto nivel de desempleo de los jóvenes, especialmente en las zonas urbanas, en las que asciende al 57 por ciento para las personas entre los 20 y los 24 años. La Comisión entiende que se están aplicando medidas activas de empleo orientadas a los jóvenes recientemente titulados y a los jóvenes trabajadores y, en el contexto de las iniciativas locales para desarrollar las oportunidades de formación y de empleo, con la cooperación de las autoridades de distrito, se hace especial hincapié en la situación de los jóvenes. Se invita al Gobierno a que en su próxima memoria incluya información sobre la aplicación en el plano nacional y local de las medidas y programas destinadas a mejorar la inclusión social de los jóvenes trabajadores y su integración al mercado de trabajo.

Artículo 2, a). Compilación y utilización de datos sobre el empleo. El Gobierno informa que diversas instituciones públicas y privadas, coordinadas por el Ministerio de Trabajo, están encargadas de compilar información sobre el mercado de trabajo. No obstante, debido a la falta de recursos y a la escasez de personal calificado, los datos disponibles no son muy precisos. El Gobierno indica que se ha establecido un sistema de información del mercado de trabajo que permitirá el análisis de datos relativos al crecimiento económico y los empleos creados en el marco de la EEFP. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria incluya estadísticas sobre la situación y tendencias del empleo y que indique, en particular, de qué manera se utilizan dichas estadísticas al formular y revisar las medidas de política del empleo.

Educación y formación profesional. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica que se ha extendido la red de enseñanza con una amplitud sin precedentes y que actualmente se dispone de acceso a la enseñanza general, profesional y superior en todas las provincias y distritos. A este respecto, la Comisión toma nota de la adopción del plan estratégico para el sector de la educación, que tiene el objetivo de ampliar el acceso a la educación y la formación profesional y a modernizar las escuelas de enseñanza técnica, armonizando los programas de enseñanza con las realidades económicas a fin de establecer una sólida vinculación con los sectores productivos. Además, la Comisión toma nota de que, en el marco del Programa Integrado para la Reforma de la Enseñanza Profesional (PIREP), se ha creado un Fondo para el Desarrollo de las Competencias (FUNDEC) con el objetivo de prestar asistencia a los proyectos de educación y formación profesional en instituciones del sector público y privado y en organizaciones comunitarias a nivel de distrito. La Comisión pide al Gobierno que comunique mayor información sobre los resultados de las medidas aplicadas en el marco del PIREP.

Trabajadores en la economía informal. Apoyo a las pequeñas y medianas empresas y cooperativas. En relación con las medidas adoptadas en virtud de la EEFP para promover la creación de empleo mediante las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (PYME) e integrar al sector formal las actividades de la economía informal, la Comisión toma nota del establecimiento de un Fondo de Desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas coordinado por el Ministerio de Planificación y Finanzas, la introducción de incentivos fiscales, así como el acceso más amplio de las empresas locales a los programas de contratación pública. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno hace referencia en su memoria a la adopción de medidas activas del empleo de ayuda a las asociaciones y cooperativas en el ámbito de la producción para favorecer, entre otros aspectos, la inclusión social de los miembros vulnerables de la población. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas adoptadas para mejorar el marco legislativo y reglamentario para las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas, así como los esfuerzos realizados para transferir hacia la economía formal las actividades de la economía informal.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno señala que la participación activa de los representantes de las organizaciones de los trabajadores en la formulación de la política de empleo ha contribuido a la flexibilidad del mercado de trabajo y a la promoción de condiciones de trabajo equitativa, al tiempo que se fortalece el diálogo social en cuestiones relacionadas con el empleo y la formación profesional. Los interlocutores sociales participan en la movilización de recursos para la creación de un Fondo para el empleo y la formación profesional, así como para el establecimiento de un centro de formación profesional para los trabajadores metalúrgicos. Los interlocutores sociales también participan activamente en la campaña para la adopción de una nueva legislación para proteger los derechos de las personas con VIH/SIDA. La Comisión agradecería que el Gobierno continuara proporcionando información sobre la participación de los interlocutores sociales en la formulación de la política del empleo, así como su participación en las actividades de las instituciones de enseñanza y formación profesional. Además, pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para que en las consultas requeridas por el Convenio participen los representantes de otros sectores de la población activa, tales como los que trabajan en el sector rural y en la economía informal.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

La Comisión toma nota de la información que contiene la memoria del Gobierno, recibida en octubre de 2006, en respuesta a sus anteriores comentarios.

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de la adopción de una estrategia nacional de formación en cuestiones relacionadas con el empleo y la ocupación, durante la primera mitad de 2006, para hacer frente al aumento del desempleo. La estrategia nacional pretende promover el crecimiento del empleo a corto y medio plazo, para estimular el desarrollo de una economía favorable al empleo. Asimismo pretende responder a las demandas del mercado de trabajo con un enfoque que promueva las medidas activas de empleo y convertir la formación profesional en una prioridad, para que aumenten las posibilidades de empleo de los ciudadanos y preparar a los que buscan empleo para que cumplan con las demandas del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que la estrategia se desarrolla como medida de apoyo para conseguir una mayor eficacia de los centros públicos y privados de empleo; mejorar los programas de formación ocupacional para los jóvenes; apoyar el empleo por cuenta propia a través de la creación de micro y pequeñas empresas; promover los sistemas de formación profesional en el sector privado, y fortalecer el diálogo social y la inclusión de las partes de la población que tienen dificultades de integración debido a factores sociales. Asimismo, el Gobierno informa de que, durante la primera mitad de 2006, el desempleo continuó aumentando, y que en las provincias de Nampula, Sofala y Maputo se alcanzaron altos niveles de desempleo.

2. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha adoptado un Plan de acción para la reducción de la pobreza absoluta para 2006-2009 (PARPA II) con el que se pretende hacer aumentar el bajo nivel de vida de los grupos más desfavorecidos de la población cuya situación actual corresponde a una «pobreza absoluta». En concreto, el PARPA II se centra en el desarrollo en los distritos, la creación de un entorno favorable al crecimiento del sector productivo, la mejora del sistema financiero, las medidas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a prosperar en el sector formal, y el desarrollo tanto de un sistema de recolección interna de recursos como de métodos para distribuir recursos presupuestarios. Como parte del PARPA II, el Gobierno pretende coordinar iniciativas concretas que buscan la creación de empleo, como una forma de ayudar a la generación de ingresos y a reducir la pobreza absoluta, a través, entre otras cosas, de la promoción de la dimensión de empleo de todas las políticas, programas y proyectos sectoriales, garantizando de esta forma la adopción generalizada de una economía favorable al empleo en la batalla contra la pobreza absoluta; realizar su contribución a la creación de empleo, especialmente a través de asociaciones de productores; el seguimiento y control de las actividades productivas emprendidas por asociaciones y cooperativas; la identificación de las oportunidades de empleo para las personas que acaban de graduarse, y la promoción del empleo de dichos candidatos; y la compilación de estadísticas sobre empleo/desempleo fiables y actualizadas. La Comisión pide al Gobierno que transmita en su próxima memoria información sobre los resultados de la aplicación de la estrategia nacional de formación y del PARPA II en cuestiones relacionadas con el empleo y la ocupación. Asimismo, confía en que la información que contenga la próxima memoria del Gobierno sobre medidas de políticas activas de empleo aplicadas por el Gobierno permita examinar hasta qué punto el crecimiento económico se traduce en términos de creación de empleo productivo y de reducción de la pobreza.

3. Artículo 2, a). Compilación y utilización de datos sobre el empleo. La Comisión toma nota de que, además de las actividades estadísticas establecidas en el PARPA II, se ha realizado un estudio sobre la mano de obra, y empezado a publicar un nuevo Boletín de estadísticas del trabajo, que contiene datos sobre el desempleo registrado, los conflictos laborales, los contribuyentes a la seguridad social, sus beneficiarios, la formación profesional y otra información relacionada con el trabajo. La Comisión agradece los esfuerzos realizados por el Gobierno para proporcionarle estadísticas sobre la situación y las tendencias del empleo, y le insta a transmitirle estadísticas más detalladas al respecto y sobre otras tendencias del mercado de trabajo especificando cómo se utilizan dichas estadísticas para determinar las medidas sobre políticas de empleo y su revisión.

4. Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de que el Gobierno pretende lograr una expansión progresiva y sostenible del empleo y las estructuras de formación en Mozambique, incluso a través de la firma de un Memorando de Entendimiento con China para la construcción de tres centros regionales del trabajo en las provincias de Maputo, Sofala y Nampula. El Gobierno informa de que 1.509 desempleados se registraron en centros de empleo para participar en programas de formación para desempleados, lo que representaba el 75 por ciento del objetivo del Gobierno. Unos 699 candidatos recibieron formación en diferentes especialidades en centros de formación profesional, lo que representa el 27,2 por ciento del objetivo original del Gobierno. La Comisión pide que se transmita más información sobre las medidas adoptadas para mejorar el acceso a los programas educativos y de formación profesional, y sobre las medidas elaboradas para coordinar las políticas educativas y de formación profesional con las posibles oportunidades de empleo.

5. Apoyo a las micro y pequeñas empresas. La Comisión toma nota de que se han creado dos nuevos organismos de la Sociedad de Crédito de Mozambique (SOCREMO) para proporcionar asistencia financiera a los proyectos de empleo por cuenta propia a pequeña escala. 17.773 micro y pequeñas empresas recibieron financiación de la SOCREMO en 2005. Además, el Gobierno informa de que en Nampula, se estableció un comité de financiación de la Asociación para el Desarrollo de los Empresarios Locales y que se proporcionó apoyo y asistencia financiera en la implementación de 54 proyectos de empleo por cuenta propia. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas para mejorar el marco legislativo y reglamentario de las pequeñas y medianas empresas así como sobre los esfuerzos realizados para pasar las actividades de la economía informal a la economía formal. El Gobierno pude considera útil consultar las disposiciones de la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189).

6. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. La Comisión toma nota de que se han organizado seminarios provinciales para examinar el proyecto de revisión preliminar de la Ley del Trabajo, a fin de consultar con los representantes de los empleadores, trabajadores y asociaciones civiles, y reunir contribuciones que permitan conseguir un consenso dentro del Comité Tripartito sobre la revisión de la Ley del Trabajo. La Comisión pide información sobre las actividades de dichos órganos tripartitos en la formulación de políticas activas de empleo y sobre la participación de los interlocutores sociales en la aplicación de dichas políticas. Sírvase asimismo indicar las medidas adoptadas o previstas para que participen en las consultas establecidas por el Convenio no sólo los representantes de los empleadores y de los trabajadores sino también los representantes de otros sectores de la población activa, tales como las personas que trabajan en el sector rural o en la economía informal.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

No disponible en español.