Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - República Dominicana (Ratificación : 2001)

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), recibidas el 1.º de septiembre de 2021. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Artículos 1 a 3 del Convenio. Formulación y aplicación de una política activa del empleo. Consultas. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Plan Nacional de Empleo (PNE) adoptado en 2014 no se ejecutó debido a restricciones institucionales y financieras. El Gobierno añade que, si bien, determinados proyectos en el PNE fueron implementados, no se realizaron evaluaciones sobre el impacto de los mismos. La Comisión toma nota de la información disponible en el sitio web del Ministerio de Trabajo relativa al proceso de elaboración de un nuevo Plan Nacional de Empleo (PLANE), con el apoyo del programa de la Unión Europea para la cohesión social en América Latina, denominado «Eurosocial+». El objetivo del nuevo PLANE es promover la creación de 600 000 nuevos empleos decentes para el periodo 2021-2024, 200 000 más que el PNE de 2014. En el proyecto de PLANE se propone, entre otras medidas, incentivos económicos a las inversiones; medidas de formación y capacitación técnica profesional para impulsar el desarrollo del talento humano y la empleabilidad en la población en situación de mayor vulnerabilidad; la modernización del Servicio Público de Empleo; así como apoyo técnico y financiero a los trabajadores independientes, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) e iniciativas de empleos verdes. La Comisión toma nota también de que la Comisión Nacional de Empleo, órgano tripartito consultor, fue reactivada en mayo de 2021, tras seis años de inactividad, con miras a iniciar el proceso de consulta para el desarrollo del PLANE. El proyecto resultante es el producto de un proceso en el que han participado a través de foros temáticos virtuales y consultas electrónicas numerosos actores, tales como representantes de los interlocutores sociales, diversas entidades gubernamentales, expertos académicos y miembros de la sociedad civil. El 17 de febrero de 2022, se presentó la propuesta del nuevo PLANE a representantes de los interlocutores sociales y organismos públicos para sus comentarios, antes de su redacción final. En lo que respecta a las tendencias del mercado de trabajo, el Gobierno informa de que, según información del Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD), entre 2018 y 2021, la tasa de ocupación disminuyó del 59,5 por ciento al 56,8 por ciento (71,8 por ciento entre los hombres y 42,9 por ciento entre las mujeres), la tasa de desocupación aumentó del 5,3 por ciento al 8 por ciento (4,6 por ciento entre los hombres y 12,8 por ciento entre las mujeres). La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre la situación en la que se encuentra la elaboración del nuevo PLANE y que envíe una copia del mismo una vez este sea adoptado. Asimismo, pide al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre el contenido y los resultados de las consultas celebradas con los interlocutores sociales y los representantes de las personas interesadas, en particular con representantes de los trabajadores en zonas rurales y en la economía informal, en relación con las políticas y programas de empleo. La Comisión pide también al Gobierno que envíe información estadística actualizada, desagregada por edad, sexo y región, que demuestren las tendencias en el mercado de trabajo, incluyendo las tasas de empleo, desempleo y subempleo.

Coordinación de políticas de formación con las políticas de empleo. En su respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que desde 2016 no se disponen de datos sobre el impacto de los programas de formación implementados debido a la falta de recursos económicos. El Gobierno expresa la esperanza de que, tras la implementación de las medidas de recuperación del empleo en el contexto de la pandemia de COVID-19, se logre alcanzar una base que permita realizar estos estudios con facilidad. Por otro lado, el Gobierno se refiere a la implementación del Programa de apoyo a la educación y formación técnico profesional (PRO ETP II), financiado por la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrolllo (AECID). El Programa tiene como objetivo general fortalecer el Sistema de Educación y Formación Técnico Profesional (EFTP) para responder mejor a las demandas del sector educativo, del sector productivo y a las necesidades de capacitación de la población económicamente activa. Como objetivo específico se propone contribuir al fortalecimiento de los componentes institucionales, normativos y funcionales del sistema nacional de EFTP. En este sentido, se prevé la adopción de medidas con miras a, inter alia, mejorar las capacidades de las instituciones vinculadas al sistema nacional de formación profesional para su participación en la elaboración, implementación, seguimiento y validación del marco nacional de cualificaciones; incrementar las capacidades de las instituciones competentes en la mejora de la calidad y la pertinencia de la oferta de EFTP para articular la oferta con el mercado laboral; y articular el sector privado con los mecanismos de diseño e implementación de políticas en EFTP a través de las alianzas público privadas para el desarrollo. Para alcanzar dichos objetivos se prevé, entre otras medidas, la actualización de la bolsa electrónica de empleo; así como la implementación de un sistema de información laboral que recopile los indicadores del mercado de trabajo y estadísticas de diversas instituciones públicas. Por último, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones, las confederaciones de trabajadores indican que el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional ha ampliado la oferta de capacitación y ha llevado a cabo una encuesta para identificar las exigencias de las principales profesiones demandadas y establecer una estrategia relativa a la competencia y aprendizaje que mejore la competitividad del país en el contexto de la era digital y el futuro del trabajo. No obstante, señalan que los planes de formación y capacitación para fomentar el empleo no están coordinados. La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada, incluyendo estadísticas desglosadas por edad, sexo y región, sobre los diversos programas de formación implementados, incluido el Programa de apoyo a la educación y formación técnico profesional (PRO ETP II), así como el impacto de estos en la obtención de empleos duraderos para hombres y mujeres. En relación con la recopilación de datos sobre el impacto de dichos programas, la Comisión recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este respecto. Asimismo, a la luz de las observaciones de las confederaciones de trabajadores, la Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada sobre cómo se coordinan los diferentes programas de formación y capacitación para el empleo y de qué manera se asegura la consulta con los interlocutores sociales.

Grupos específicos vulnerables a déficits del trabajo decente. La Comisión observa que, según ILOSTAT, en 2020 la tasa global de desocupación entre los jóvenes era del 14,9 por ciento (11,6 por ciento entre las mujeres y 20,7 por ciento entre los hombres), mientras que el 33,7 por ciento de todos los jóvenes no estaban ocupados, ni estudiaban ni recibían formación (44,2 por ciento entre las mujeres y 31,1 por ciento entre los hombres). La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno relativa a las medidas adoptadas para promocionar el empleo entre los jóvenes, tales como la adopción en 2019 del Programa «Primer Empleo», que prevé el acceso al empleo de 6 200 jóvenes de entre 18 y 29 años bajo la modalidad de entrenamiento para la inserción laboral en empresas formales, fomentando en particular la participación de mujeres y madres solteras y de personas con discapacidad. El Gobierno se refiere también a la implementación del Programa «Escuela Taller» que proporciona formación laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad en diversas áreas tales como: artesanía, carpintería, construcción y electricidad. Informa que, desde 2015 al primer semestre de 2021, 571 hombres y 265 mujeres han participado en dicho programa. Asimismo, el Gobierno informa de la discusión del 25 de mayo de 2021 en la Cámara de Diputados del proyecto de ley del Primer Empleo, que permite a los jóvenes recién egresados tener la oportunidad de realizar pasantías o trabajos a medio tiempo en diversas instituciones para que puedan desarrollar conocimientos adquiridos. La Comisión toma nota de que las organizaciones de trabajadores sostienen en sus observaciones que los jóvenes que han terminado la educación superior enfrentan importantes dificultades en el acceso al mercado de trabajo debido a la falta de estrategias de inserción de los jóvenes en el empleo. Sostienen además que existen barreras burocráticas y altas exigencias en relación con los niveles de experiencia previa que dificultan el acceso de los jóvenes al primer empleo o el cambio de trabajo. Además, denuncian que muchos de los empleos que se les ofrecen se caracterizan por la precariedad, la temporalidad y los bajos salarios y no proporcionan oportunidades de desarrollo. Por otro lado, el Gobierno indica que, con miras a promocionar el empleo entre las mujeres, se asegura una adecuada prestación de servicios en igualdad de oportunidades en los programas implementados por el Ministerio de Trabajo y se han llevado a cabo medidas de sensibilización dirigidas a las empresas para fomentar el empleo de mujeres. A este respecto, el Gobierno informa que se ha solicitado a las empresas omitir requisitos de edad y sexo en los perfiles para vacantes de trabajo. Por último, la Comisión se refiere a sus comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), en los que toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) para fomentar el empleo de las personas con discapacidad, así como sobre la implementación de la Ley núm. 5-13 orgánica sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad, cuya sección III establece una cuota del 2 por ciento de contratación de personas con discapacidad en las empresas privadas (comparado con el cinco por ciento en el sector público). La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a promocionar el acceso a empleo formal y duradero de los grupos de población vulnerables a los déficits de trabajo decente, en particular jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. Pide asimismo al Gobierno que envíe información estadística actualizada sobre el impacto de tales medidas. La Comisión pide también al Gobierno que envíe información actualizada sobre la situación en la que se encuentra la adopción del proyecto de ley de Primer Empleo y que envíe una copia de la misma una vez esta sea adoptada.

Trabajadores migrantes. En su respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno indica que la legislación laboral prohíbe cualquier tipo de práctica discriminatoria en la contratación de personas, sean nacionales o extranjeras, en el marco de un contrato de trabajo o que aspire a un puesto de trabajo (principios IV y VII del Código de Trabajo). El Gobierno informa de que se han capacitado a 3 931 personas, incluidos trabajadores, empleadores y empleados públicos en diversas materias relacionadas con la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el empleo y la ocupación. Asimismo, informa de la creación de la mesa de migración laboral que está conformada por representantes de diversas instituciones nacionales, tales como la Tesorería de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Migración y el Ministerio de Relaciones Exteriores. A este respecto, el Gobierno indica que cuenta con el asesoramiento y acompañamiento de la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Internacional de Trabajo. La Comisión toma nota de la aprobación el 22 de enero de 2021 de la resolución 119-21 con la que se normaliza la situación migratoria irregular de los nacionales venezolanos en territorio dominicano. Mediante esta resolución, los nacionales venezolanos que hayan ingresado en territorio dominicano haciendo uso de una tarjeta de turista o un visado expedido por las autoridades dominicanas, y que hayan permanecido en territorio nacional más allá de la vigencia autorizada, podrán ser beneficiarios de una extensión de permanencia y aplicar por un permiso de no residente en las subcategorías de estudiante o trabajador temporero. La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para prevenir abusos en la contratación de trabajadores extranjeros en el país, incluyendo la resolución 119-21, y de trabajadores nacionales que emigran para encontrar oportunidades de empleo en el exterior, incluidas aquellas adoptadas en el marco de la mesa de migración laboral.

Economía informal. La Comisión toma nota de que, con base en el informe del programa «Eurosocial+» de 28 de septiembre de 2021 relativo a la actualización del PLANE, la informalidad se ha instalado en el país como un problema estructural derivado de un modelo económico que mantiene un crecimiento sostenido en sectores que no crean empleo o lo generan de forma precaria. Además, el Gobierno indica que, como consecuencia de la pandemia, se produjo un aumento de la informalidad, especialmente en los sectores del comercio y la construcción. Según información estadística del OMLAD, la tasa de informalidad en 2021 era del 57,7 por ciento (61,7 por ciento entre los hombres y 51,5 por ciento entre las mujeres). A este respecto, se prevé que el PLANE incluya medidas para el desarrollo de políticas pasivas de empleo, así como el establecimiento de políticas para la protección social de trabajadores informales y la reducción de la informalidad en el mercado de trabajo. Asimismo, el Gobierno informa de la implementación de diversas medidas con miras a combatir la informalidad en el contexto de la pandemia a través del apoyo a las mipymes, tales como la implementación del programa de recuperación con el que se destinaron 4 100 pesos dominicanos para financiar mipymes. Por último, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno, desagregada por sexo, edad y región relativa al número de trabajadores formales que se incorporaron al mercado de trabajo por primera vez entre 2012 y julio de 2021. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para combatir la elevada tasa de informalidad en el país.

Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas para facilitar la creación de mipymes y de cooperativas en el país. El Gobierno se refiere, entre otras medidas, a la implementación desde 2013, de la Ventanilla Única de Formalización (VUF) para facilitar la creación de mipymes en todas las provincias del país. La Comisión toma nota con interés de la indicación del Gobierno de que, gracias al funcionamiento de la VUF, se ha reducido el tiempo y el coste del registro de empresas. Informa de que, entre 2014 y 2020, el porcentaje de empresas registradas a través de la VUF aumentó del 1,56 por ciento al 66 por ciento del total de empresas creadas. Según el Departamento de Políticas para mipymes, entre 2012 y 2021 se constituyeron 229 358 empresas a través de los canales presenciales y entre octubre de 2013 a junio de 2021, se constituyeron 36 695 empresas a través del portal web FormalízateRD. No obstante, el Gobierno indica que no dispone de información sobre el número de empleos generados por las nuevas empresas. Asimismo, el Gobierno indica que se prevé la modificación de la Ley 127-64 de Asociaciones Cooperativas y su reglamento de aplicación, con el objetivo de modernizar esta figura, así como adecuar la normativa para simplificar los trámites administrativos de creación. El Gobierno añade que, entre 2012 y 2021, se crearon 479 cooperativas, 133 agropecuarias y 2 cooperativas relativas al comercio. En lo que respecta a las políticas de adjudicación de contratos públicos a las pymes, el Gobierno indica que, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley 488-18, el 15 por ciento de las compras de bienes y servicios de las instituciones públicas deben ser efectuadas a mipymes, y el 20 por cierto a aquellas lideradas por mujeres (con más del 50 por ciento en participación accionaria o capital social). Por último, el Gobierno indica que el análisis del impacto de la política de compras y contrataciones públicas en las mipymes y mujeres de 2016 reveló un impacto positivo en las empresas beneficiaras, que experimentaron mayores beneficios económicos, mayor profesionalización y menor rotación de su personal, así como un aumento del salario promedio de sus trabajadores. La Comisión toma de las observaciones de las organizaciones de trabajadores, que indican que en julio de 2021 se alcanzó un acuerdo tripartito por el que se modifica la fijación de salarios, ya que la anterior metodología empleada para fijar los salarios no incluía a las mipymes, lo que afectaba a la situación de precarización e informalidad laboral de sus trabajadores. Las organizaciones de trabajadores también señalan que la Ley 688-16, sobre emprendimiento, fue adoptada sin consultar previamente a los interlocutores sociales e informan de que, en virtud de dicha ley, las empresas calificadas en la misma quedan exentas del pago de la cotización por conceptos de pensiones durante los tres primeros años a partir de la fecha de formalización. Denuncian que esto último obstaculiza el desarrollo del fondo de pensiones de los trabajadores, retrasando en edad el acceso de los mismos a una pensión. La Comisión pide al Gobierno que continue enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para facilitar la creación de mipymes y de cooperativas, particularmente en regiones desventajadas con las tasas de desempleo más altas. En particular, pide al Gobierno que envíe información sobre la situación en la que se encuentra la modificación de la Ley 127-64 de Asociaciones Cooperativas, así como su reglamento de aplicación. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que envíe información estadística sobre el número y tipo de empresas creadas. En relación con la recopilación de información estadística sobre el número de puestos de trabajo creados por dichas empresas, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre cualquier progreso realizado a este respecto y le recuerda que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT a este respecto. Por último, la Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el impacto de las políticas de adjudicación de contratos públicos a las pymes.

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política activa del empleo. La Comisión toma nota con interés de la adopción en 2014 del Plan Nacional de Empleo (PNE), que tiene entre sus objetivos la creación de 400 000 empleos en cuatro años, la promoción de empleos dignos, la formalización del empleo, la igualdad de oportunidades, la equidad y el acceso a la seguridad. La Comisión observa igualmente que, de acuerdo a los datos estadísticos presentados en el PNE, el 60,64 por ciento de la población activa es de sexo masculino, la tasa de desempleo ha disminuido en el transcurso de los últimos años, oscilando entre el 5,7 y el 6 por ciento, y los jóvenes que no trabajan ni estudian representan el 7,71 por ciento de la población en edad de trabajar. Por otra parte, en relación con la informalidad en el mercado laboral, el PNE indica que la disminución en la tasa de desempleo está basada en el aumento del empleo informal y que, en 2012, el 56,16 por ciento de la población activa trabajaba en la economía informal. A este respecto, el Gobierno indica en su memoria que la actual definición de «informalidad» está siendo revisada con la asistencia técnica de la OIT y que en el futuro las estadísticas reflejarán mejor la definición de la misma. Asimismo, la Comisión toma nota de la elaboración por parte del Gobierno de una guía para la formalización de los microemprendimientos. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre la aplicación y el impacto del PNE y que comunique datos estadísticos que demuestren las tendencias en el mercado laboral, incluyendo las tasas de empleo, desempleo y subempleo, desglosados por edad y sexo. Asimismo, pide al Gobierno que transmita informaciones actualizadas sobre la tasa de desempleo abierta y la tasa de informalidad en el mercado laboral, que incluya información sobre el impacto de las medidas adoptadas para facilitar la transición de los trabajadores de la economía informal hacia la economía formal. En este contexto, el Gobierno puede estimar útil tomar en cuenta las orientaciones de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204).

Coordinación de políticas de formación con las políticas de empleo. El Gobierno se refiere a programas de formación creados en el marco del PNE, tales como la capacitación laboral por parte de la Dirección General de Empleo de 10 037 jóvenes en condiciones vulnerables de desempleo entre 2013 y 2016, y la capacitación por parte del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional de 1 820 jóvenes emprendedores, de los cuales el 60 por ciento eran mujeres. Durante la formación mencionada, se concedió al 3 por ciento de los participantes el acceso al microfinanciamiento de sus negocios. La Comisión toma nota igualmente de que, en miras a facilitar el acceso a los servicios de empleo, en 2016 fue modernizada la plataforma virtual del Servicio Nacional del Empleo (SENAE), permitiendo el registro en la Bolsa Electrónica de Empleo de 55 966 demandas de empleo y 912 empresas. En ese mismo año, fue creado el Sistema Integrado de Registros Laborales (SIRLA), que facilitó el registro de nuevos empleados en la nómina de las empresas y el intercambio de información con la Tesorería del Sistema Nacional de Seguridad Social, permitiendo así la incorporación de 171 078 trabajadores. Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que la comisión técnica del Ministerio de Trabajo encargada de dar seguimiento a la ejecución del PNE se encuentra realizando una evaluación cualitativa del mismo. La Comisión pide al Gobierno que comunique datos pertinentes, incluyendo estadísticas desglosadas por edad y sexo, sobre el impacto de los programas de formación en la obtención de empleos duraderos. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que facilite una copia de la evaluación cualitativa del PNE desde que esté disponible.

Grupos específicos vulnerables a déficits del trabajo decente. El Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo ha creado una serie de programas y de proyectos para grupos específicos de trabajadores desfavorecidos, tales como los jóvenes, las personas con discapacidades y las mujeres. Al respecto, el Gobierno indica que: i) de 2013 a 2015, el Ministerio de Trabajo implementó el «Programa de capacitación de jóvenes en diferentes oficios», gracias al cual se proporcionó capacitación a 602 jóvenes desempleados entre edades de 16 a 26 años, de los cuales el 25 por ciento presentaba algún tipo de discapacidad; ii) a partir del año 2015 se inició el «Taller Proyectos Especiales», que tiene el objetivo de contribuir a la inserción laboral de personas con discapacidad auditiva e intelectual moderada; iii) la iniciativa denominada «Ministerio de Trabajo Acercándose a las Comunidades» que ofrece información en materia de empleo a los sectores más vulnerables del país, fue implementada en 11 comunidades en las que se atendieron a 4 197 personas desempleadas; iv) 430 jóvenes participaron en el programa de capacitación «Unidad de emprendimiento» dirigido a personas desempleadas de 20 a 35 años que pertenecen a un grupo desfavorecido (personas con discapacidad, madres solteras y jóvenes que ni estudian ni trabajan) y buscan desarrollar oportunidades de autoempleo, y v) la formación «Emprendimiento Juvenil» creó mesas territoriales de apoyo y de seguimiento local a los proyectos de jóvenes emprendedores y publicó una guía para formalización de negocios y una política nacional de emprendimiento. Con respecto a las personas con discapacidad, la Comisión toma nota de la adopción de la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana del 15 de enero de 2013, que prevé cuotas mínimas, deducciones y exenciones fiscales para las empresas que contraten personas con discapacidad. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de los programas para la promoción del empleo de los jóvenes, incluyendo datos estadísticos desglosados por sexo y edad. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre toda medida tomada o contemplada para promover el acceso de las mujeres al empleo formal y duradero, particularmente para las madres solteras. Asimismo, y refiriéndose a sus comentarios anteriores relativos al Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre el impacto de la ley núm. 5-13 y de su reglamento sobre el acceso de las personas con discapacidad al mercado abierto de trabajo.

Artículo 1, 2), c). Trabajadores migrantes o de origen haitiano. Con respecto a los trabajadores migrantes, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo, a fin de prevenir abusos al momento de su contratación y respetar la proporción de mano de obra nacional y extranjera prevista en el Código del Trabajo dominicano (del 80 y 20 por ciento, respectivamente), elaboró una propuesta de regularización de la contratación de la mano de obra extranjera. Asimismo, el Gobierno manifiesta que la Dirección General de Empleo elaboró un inventario de aquellas ocupaciones que por su naturaleza se les dificulta conseguir mano de obra nacional, lo que le permitirá a dicho organismo gozar de mayor discrecionalidad al momento de otorgar permisos de contratación, en particular en el sector de la construcción y el sector agropecuario. Al respecto, la Comisión se refiere a sus comentarios anteriores bajo el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) en relación con la discriminación en el empleo en contra de las personas de origen haitiano (ciudadanos dominicanos hijos de haitianos y personas extranjeras de ciudadanía haitiana) y espera que el PNE incluirá medidas para prevenir abusos en la contratación de trabajadores extranjeros en el país. La Comisión pide una vez más al Gobierno que indique las medidas adoptadas o contempladas para prevenir abusos en la contratación de trabajadores extranjeros en el país y de trabajadores nacionales que emigran para encontrar oportunidades de empleo en el exterior. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre el resultado de la propuesta del Ministerio de Trabajo en relación con la regularización de la contratación de la mano de obra extranjera.

Pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de que los objetivos que figuran en el PNE sobre el sector micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) contemplan la creación de 5 000 nuevas empresas y de 90 000 nuevos empleos en cuatro años, el aumento en un 10 por ciento de la tasa de la formalidad y la creación de 200 nuevas cooperativas agrícolas, pecuarias y de comercio. Al respecto, el Gobierno se refiere en su memoria a una serie de medidas adoptadas para facilitar la creación de las mipymes, tales como la creación de un fondo de garantía (previsto en la ley núm. 488-08), la instalación de una «ventanilla única» en la Dirección General de Impuestos Internos para agilizar los trámites de formalización y la promoción de nuevos mercados de exportación. Asimismo, la Comisión toma nota de que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno ha implementado políticas en la adjudicación de contratos públicos en favor de las pymes, las empresas que son propiedad de mujeres, las empresas ecológicas y los emprendimientos innovadores. El Gobierno ha tomado también medidas para evaluar el impacto de dichas políticas. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre las medidas tomadas o previstas para facilitar la creación de mipymes en el país y de cooperativas, particularmente en regiones desventajadas con las tasas de desempleo más altas. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione datos estadísticos sobre el número y tipo de empresas creadas y el número de puestos creados por dichas empresas. Por último, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la evaluación de las políticas de adjudicación de contratos públicos a las pymes y su respectivo impacto.

Artículo 3. Consultas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las consultas con los interlocutores sociales, tanto a nivel nacional como a nivel regional, en materia de elaboración y aplicación de medidas de política laboral y programas de empleo y de capacitación. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera se garantiza la consulta con las personas afectadas por las medidas tomadas o propuestas, en particular con representantes de los trabajadores en zonas rurales y en la economía informal, a fin de tomar en cuenta sus experiencias y sus perspectivas en la elaboración y aplicación de programas y medidas para promover el empleo pleno y productivo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas en septiembre de 2014 por la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM).

Artículos 1 a 3 del Convenio. Formulación y aplicación de una política activa del empleo. El Gobierno indica en su memoria que la Comisión Nacional de Empleo, un órgano tripartito que ha creado un espacio de coordinación interinstitucional bajo el liderazgo del Ministerio de Trabajo, aprobó un plan nacional de empleo cuyo lanzamiento intervino en octubre de 2014. La COPARDOM indica que, como resultado de las discusiones y trabajos realizados por la Comisión Nacional de Empleo, se han generado lineamientos para una política de empleo y el levantamiento de las necesidades de formación para las localidades y las zonas específicas del país. El Gobierno enumera las consultas realizadas con los distintos sectores económicos para elaborar el Plan nacional de empleo. La Comisión observa que la economía ha crecido a un ritmo sostenido (un 4,1 por ciento en 2013 y un 3,9 por ciento en 2014) pero que la tasa de desocupación abierta (tasa nacional que excluye el desempleo oculto) pasó del 6,5 por ciento en 2012 al 7 por ciento en 2013. La Comisión también toma nota de los datos actualizados sobre el empleo publicados por el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la ejecución del Plan nacional del empleo y la manera en que su aplicación permitió alcanzar, en consulta con los interlocutores sociales, los objetivos del pleno empleo productivo y libremente elegido. La Comisión reitera el pedido al Gobierno de que facilite copia del Plan nacional de empleo.

Coordinación de políticas de formación con las políticas de empleo. El Gobierno indica que el Proyecto de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE) hace énfasis en el entrenamiento para la inserción laboral de los jóvenes, lo que permite que las empresas otorguen empleo seguro a cambio del pago de un salario mínimo del sector público a los entrenados. Además, el Gobierno se remite a los programas ejecutados por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y al Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030. La Comisión pide al Gobierno que incluya indicaciones más precisas sobre los resultados de las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo. Sírvase también indicar el resultado de las actividades desarrolladas por el INFOTEP en términos de inserción profesional de quienes hayan beneficiado de sus programas.

Grupos vulnerables. El Gobierno se remite a los folletos, los documentos de programas y los proyectos del Ministerio de Trabajo para facilitar la inserción laboral de los jóvenes. En julio de 2014, la Dirección General de Empleo dio inicio a un curso de emprendedores para pymes dirigido a personas con discapacidad. Dicho curso fue diseñado para jóvenes desempleados, con edades entre 18 y 35 años, para que elaboren sus propios planes de negocios. El Gobierno también indica que se está llevando a cabo un curso destinado a las jefas de hogar. La Comisión pide al Gobierno que presente una evaluación de los resultados obtenidos en términos de inserción laboral por las medidas ejecutadas en favor de los jóvenes, de las mujeres, de los trabajadores de los sectores más pobres, tanto en la economía informal como en el sector rural. Sírvase indicar las medidas adoptadas para prevenir abusos en la contratación de trabajadores extranjeros en el país y de trabajadores nacionales que emigran para encontrar oportunidades de empleo en el exterior.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión toma nota de la memoria recibida en agosto de 2011, que contiene respuestas a algunos de los temas tratados en los comentarios anteriores e incluye un documento técnico preparado a solicitud del Ministerio del Trabajo, Lineamientos para una política de empleos en República Dominicana, de marzo de 2011. El Gobierno indica que, durante el año 2010, la Comisión Nacional de Empleo sesionó en cuatro ocasiones. En el mes de diciembre de 2010 se celebró un taller tripartito para conocer y enriquecer la propuesta de lineamientos para las políticas de empleo en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que contó con la asistencia de la OIT. La primera línea de acción propuesta para una política de empleo es garantizar una adecuada coordinación entre las políticas macroeconómicas y las políticas laborales. Asimismo, la Comisión toma nota de que en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (promulgada mediante la ley núm. 1-12 en enero de 2012) se incorporaron, entre las metas quinquenales correspondientes al Segundo Eje Estratégico, la reducción de la tasa de desocupación ampliada de la población de 15 años y más, la brecha regional de la tasa de desocupación ampliada y el incremento del porcentaje de la población de 15 años y más ocupada en el sector formal. La Comisión invita al Gobierno a indicar en su próxima memoria la manera en que planea formular una política nacional del empleo con la participación de los interlocutores sociales como lo requieren los artículos 1 y 3 del Convenio. La Comisión agradecería al Gobierno que se sirva incluir en su memoria aquellos documentos oficiales adoptados que contengan la política activa de empleo para dar efecto al Convenio.

Recopilación y utilización de datos sobre el empleo. La Comisión toma nota de las estadísticas recopiladas y de las publicaciones generadas por el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano. En el segundo semestre de 2010, la tasa de desocupación se estimaba en 14,13 por ciento, lo cual implica una disminución de 0,75 puntos porcentuales respecto a la de 2009. La Comisión reitera la importancia de compilar y analizar los datos estadísticos y las tendencias actualizadas, como base para la toma de decisiones en materia de empleo. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria las informaciones estadísticas actualizadas sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo que constituyen una fase indispensable para ejecutar una política activa del empleo en el sentido del Convenio.

Grupos vulnerables. La Comisión toma nota de que la población económicamente activa a finales de 2010 estaba conformada en un 39,18 por ciento por mujeres y en un 60,82 por ciento por hombres. Las mayores tasas de desocupación se encuentran en los trabajadores y trabajadoras más jóvenes, en las mujeres y en aquellos que sólo tienen un nivel de educación media. El Gobierno indica en su memoria que durante el período 2003-2010 el Programa Juventud y Empleo benefició a 55 003 jóvenes, incluyendo a 32 573 mujeres. La Comisión toma nota de que entre las líneas de acción establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo figuran el crear mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral (2.3.1.6), fortalecer los programas dirigidos a facilitar la inserción de la población joven en el mercado laboral (2.3.4.12) y desarrollar los institutos técnicos superiores para facilitar la incorporación de los jóvenes y mujeres al mercado laboral (3.3.3.6). La Comisión invita al Gobierno a incluir en la próxima memoria información detallada acerca de las medidas adoptadas para fortalecer los programas de facilitación de la inserción de la población joven y de las mujeres en el mercado laboral y los resultados obtenidos mediante dichos esfuerzos. Además, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que informe en detalle sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, indicando la medida en que afectan a los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, sectores más pobres de la población, trabajadores rurales y de la economía informal).

Trabajadores migrantes. En su memoria, el Gobierno se refiere a un proyecto de resolución para actualizar la resolución núm. 41-2004, de 28 de julio de 2004, de manera de incorporar los nuevos enfoques desarrollados por la OIT a la realidad de las agencias de empleo privadas y públicas sin fines lucrativos. La Comisión invita al Gobierno a indicar en su próxima memoria la manera en que, en el marco de una política activa del empleo, se han adoptado nuevas medidas que permitan prevenir abusos en la contratación de trabajadores extranjeros y de quienes emigran del país para encontrar oportunidades de empleo en el exterior.

Coordinación de políticas de formación con las políticas de empleo. La Comisión toma nota de la información brindada por el Gobierno respecto a la ejecución del programa Juventud y Empleo por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Dicho programa provee formación a los jóvenes a través de centros operativos del sistema INFOTEP para ubicarlos en el mundo del trabajo. En 2011, el Ministerio del Trabajo ejecutó con el INFOTEP 350 cursos en total de los que se beneficiaron 6 000 jóvenes. Asimismo, entre los objetivos específicos enunciados en los Lineamientos, se ha mencionado el hecho de consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo a fin de acompañar el aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que incluya en su próxima memoria informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo, incluyendo un resumen de los resultados alcanzados por los programas desarrollados por el INFOTEP.

Pequeñas y medianas empresas. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que, en su próxima memoria, incluya información acerca del impacto de la ley núm. 488-08 de diciembre de 2008, por la que se estableció un régimen regulatorio para el desarrollo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) para la creación de empleos de calidad y la reducción de la pobreza.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que, en el documento técnico de marzo de 2011, se dice que la implementación de las políticas de empleo se basará en el diálogo entre los actores sociales, como forma de generación de consensos sociales. El objetivo de dicha política será crear un diálogo permanente entre el sector empresarial, educativo, gubernamental y municipal, entre otros, en torno al problema del empleo. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones detalladas sobre las consultas efectuadas para diseñar y ejecutar una política activa del empleo. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a que brinde indicaciones sobre las consultas celebradas con los representantes «de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar» de otros sectores de la población económicamente activa tales como los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal.

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

En relación con los comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno en las memorias recibidas en julio y en noviembre de 2009. Además, el Gobierno transmitió una memoria conteniendo informaciones estadísticas para el período comprendido hasta octubre de 2010. En comentarios transmitidos al Gobierno en septiembre de 2010, la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) expresan que no existe una política definida de empleo sino que ésta depende de otras políticas diseñadas y aplicadas por el Gobierno en materia productiva, fiscal y social.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. El Gobierno indica en la memoria recibida en noviembre de 2009 que la economía dominicana logró un crecimiento promedio del PIB real superior al 6 por ciento anual entre 1991 y 2000. Una crisis financiera local sobrevino en 2003 como consecuencia de la quiebra de tres bancos. Desde 2005, se reinició el crecimiento del PIB hasta sentirse el impacto de la crisis financiera mundial. El Gobierno también indica que la ocupación quedó por debajo del dinamismo del PIB. Durante el período 2000-2008, el promedio de las tasas de crecimiento de la ocupación anual fue de 2,4 por ciento habiéndose creado 569.000 nuevos puestos de trabajo. El Gobierno lamenta que la mayoría de las personas se ocupan en trabajos precarios y de baja o ninguna calificación — alrededor de 1,4 millones de personas se consideran como trabajadores por cuenta propia no profesional. Además, en la memoria recibida en julio de 2009, el Gobierno indicó que fue reactivada, mediante decreto núm. 340/09, de abril de 2009 la Comisión Nacional de Empleo conformada por un equipo técnico intergubernamental. Las organizaciones sindicales mencionadas indicaron que, desde mayo de 2010, la Comisión Nacional no se ha vuelto a reunir. La Comisión se remite al párrafo 785 del Estudio General de 2010 sobre los instrumentos relativos al empleo, donde expresó que «hay tres pasos fundamentales para lograr el pleno empleo productivo y libremente elegido; siendo el primero de ellos, el asumir un compromiso político para alcanzarlo. La Comisión observa que el artículo 2 del Convenio dispone que los Estados Miembros adopten un marco claramente definido y establecido, para coordinar las políticas económicas y sociales». La Comisión invita nuevamente al Gobierno a que indique la manera en que se ha formulado una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido. La Comisión espera que la próxima memoria incluya informaciones estadísticas actualizadas sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo como fase indispensable para ejecutar una política activa del empleo en el sentido del Convenio.

Artículo 3. Medidas para afrontar la crisis. Participación de los interlocutores sociales. En la memoria recibida en octubre de 2010, el Gobierno indica que la crisis económica mundial impactó a la economía haciendo declinar la tasa de crecimiento del PIB de un 5,3 por ciento en 2008 a 3,5 por ciento en 2009, habiéndose devaluado el peso dominicano en un 2,2 por ciento. El Gobierno evoca brevemente las medidas de estímulos que se adoptaron en materia fiscal. La Comisión ha tomado conocimiento de las reuniones mantenidas en enero y febrero de 2009 de la Mesa de Política Social y Empleo en el marco de la Cumbre por la unidad nacional frente a la crisis económica mundial. Para superar la crisis financiera mundial, los actores sociales y otras partes involucradas han discutido y formulado propuestas principalmente destinadas a promover el empleo; dar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; promover el emprendedurismo y crear nuevas empresas. La Comisión destaca la importancia que tienen las consultas tripartitas continuas y genuinas para afrontar y mitigar las consecuencias de la crisis económica mundial (párrafo 788 del Estudio General de 2010). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que en su próxima memoria informe de manera completa sobre las consultas efectuadas para diseñar y ejecutar una política activa del empleo. La Comisión pide también al Gobierno que brinde indicaciones sobre las consultas celebradas con los representantes «de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar» de otros sectores de la población económicamente activa tales como los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal.

Artículo 1, párrafo 3, y artículo 2. Política económica y social coordinada.  La Comisión toma nota de que la Secretaría de Estado y Economía, Planificación y Desarrollo con la colaboración del Consejo Nacional de Reforma del Estado ha elaborado una propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010‑2030. El tercer eje estratégico de la estrategia propone una economía articulada, innovadora y sostenible, con una estructura productiva que genere un crecimiento alto y sostenido con empleo decente, y que se inserte de forma competitiva en la economía global. Uno de los objetivos generales dentro de este tercer eje consiste en reorientar la estructura económica de forma que sea más favorable a la generación de suficientes empleos decentes. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria presente información sobre la manera en que se ha quedado plasmado el objetivo de generar trabajo decente al formular la política económica y social. Sírvase también indicar la manera en que se ha coordinado la Estrategia Nacional de Desarrollo con un plan nacional de empleo.

Recopilación y utilización de datos sobre el empleo. La Comisión toma nota de que según se indica en la memoria recibida en julio de 2009 se ha elaborado una primera edición del Panorama Laboral Dominicano. Se habría creado un observatorio para presentar una descripción del comportamiento de indicadores generales del mercado del trabajo, características generales de la economía, tendencias poblacionales y otros aspectos importantes como son la capacitación técnico-profesional y la seguridad social de la fuerza laboral. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria agregue ejemplos de las informaciones sobre el mercado del trabajo que se hayan elaborado en el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano.

Grupos vulnerables. Los datos sobre el mercado del trabajo que proporciona el Gobierno en la memoria recibida en octubre de 2010 indican que la tasa de desocupación se mantuvo en 14,9 por ciento de la población, aumentando todavía más para los jóvenes y manteniéndose a un nivel más elevado para las mujeres que para los hombres. El Gobierno reconoce que la informalidad es todavía alta. El 57 por ciento de las personas ocupadas se sitúa en la economía informal. La Comisión destaca que, entre las líneas de acción concretas del segundo eje estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se pretende elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza y fortalecer el sistema de capacitación laboral para facilitar la inserción al trabajo productivo de la población en condiciones de pobreza. La Comisión espera que la próxima memoria incluya información acerca de las medidas adoptadas para fortalecer los programas de facilitación de la inserción de la población joven y de las mujeres en el mercado laboral y los resultados obtenidos mediante dichos esfuerzos. La Comisión pide al Gobierno que informe en detalle sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan a los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, sectores más pobres de la población, trabajadores rurales y de la economía informal).

Trabajadores migrantes. La Comisión observa que uno de los objetivos específicos del segundo eje estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo es el de reordenar y modernizar el marco legal e institucional con fines de fortalecer el sistema de gestión y el control de los flujos migratorios, compatible con las mejores prácticas internacionales y respetuoso de los derechos de la población migrante. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre las medidas tomadas en el marco de una política activa de empleo para prevenir abusos en la contratación de trabajadores extranjeros y de quienes emigran del país para encontrar oportunidades de empleo en el exterior.

Coordinación de políticas de formación con las políticas de empleo. La Comisión observa que la Estrategia Nacional de Desarrollo prevé consolidar un sistema de educación superior de calidad y un sistema de formación y capacitación continua para facilitar la inserción en el mercado laboral, desarrollar capacidades emprendedoras y elevar la productividad de la población. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que incluya en su próxima memoria informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo, incluyendo un resumen de los resultados alcanzados por el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional.

Pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de la promulgación de la ley núm. 488-08, de diciembre de 2008, por la que se establece un régimen regulatorio para el desarrollo y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). La Comisión recuerda que en el Estudio General de 2010 también se destacó el papel central de las MIPYMES para la reducción de la pobreza, mediante la creación de empleos, según la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189). La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya información acerca del impacto de la ley núm. 488-08 para la creación de empleos de calidad y la reducción de la pobreza.

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

1. En su solicitud directa de 2006, la Comisión había pedido al Gobierno que preparase una memoria que contenga respuestas detalladas a todos los puntos planteados y recordado que la preparación de una memoria permitiría al Gobierno y a los interlocutores sociales evaluar la manera de alcanzar el objetivo de pleno empleo productivo establecido por el Convenio. La Comisión observa que la memoria recibida en agosto de 2007 contiene breves respuestas que no permiten examinar la manera en que se aplica este Convenio prioritario.

2. Artículos 1 y 2 del Convenio. Declaración de una política activa de empleo. El Gobierno indica que desde octubre de 2004 hasta septiembre de 2007 se planificó una política activa de nuevos empleos, creando 345.777 nuevos empleos — 59.141 se habían creado entre octubre de 2006 y abril de 2007. En su memoria anterior, el Gobierno había mencionado dos programas para reducir la pobreza («Comer es primero» y «Solidaridad») — a cargo de la Presidencia de la República. Según los datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2007, se sigue observando un desempleo urbano del 16,2 por ciento en el 2006, que afecta en un 9,2 por ciento a los hombres y en un 28,8 por ciento a las mujeres, así como a casi un 32 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años. La Comisión insiste en el papel central que debe tener la política del empleo en las políticas económicas y sociales y de desarrollo para generar empleo y reducir la pobreza. En consecuencia, la Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, informe en detalle sobre la manera en que se ha formulado una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido. La Comisión desea examinar los resultados obtenidos en términos de creación de empleo duradero y reducción del subempleo en el marco de una política nacional de empleo. La Comisión pide al Gobierno que incluya informaciones estadísticas actualizadas sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo como fase básica indispensable para ejecutar una política activa del empleo, en el sentido del Convenio.

3. El Gobierno indica en su memoria que el Consejo de Gobierno ha implementado un plan de acción para crear fuentes activas de empleos y una mayor productividad. El objeto programático sería el de crear 400.000 nuevos empleos. En este sentido, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que agregue a su memoria un resumen del plan de acción mencionado y de otros programas que contengan disposiciones específicas que compongan una política activa del empleo, en el sentido del artículo 1 del Convenio. La Comisión pide informaciones que permitan conocer si se han presentado dificultades particulares para alcanzar los objetivos del empleo establecidos en los planes y programas gubernamentales y saber en qué medida se han superado las dificultades.

4. Artículo 1, párrafo 3, y artículo 2. Coordinación de la política del empleo con la política económica y social. El Gobierno menciona en su memoria los cursos ofertados por el Servicio Nacional de Empleo en 2007. Se evoca además la realización de un taller sobre la política nacional del trabajo juvenil y de las mujeres. La Comisión pide que se precise la manera en que se establece una coordinación adecuada entre la Secretaría de Estado de Trabajo, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional de Planificación para elaborar y aplicar una política activa del empleo. En este sentido, la Comisión reitera su interés por conocer la manera en que se han tenido en cuenta los objetivos del empleo al establecer los demás objetivos económicos y sociales del Gobierno.

5. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. En la memoria recibida en agosto de 2007, el Gobierno se remite a las informaciones anteriores. La Comisión pide al Gobierno que informe de manera completa sobre las consultas efectuadas en el Consejo Consultivo de Trabajo para diseñar y ejecutar una política activa del empleo. Sírvase brindar indicaciones sobre las consultas celebradas con los representantes «de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar» de otros sectores de la población económicamente activa tales como los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal.

6. Promoción del empleo juvenil y de las mujeres. La Comisión pide que se agregue en la próxima memoria evaluaciones cuantificadas de la creación de empleo productivo como consecuencia de las medidas auspiciadas por el Gobierno a favor de los jóvenes y de las mujeres. Sírvase incluir datos estadísticos sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan a categorías particulares de trabajadores que tienen, en República Dominicana, dificultades para encontrar empleo duradero, como son las mujeres y los jóvenes.

7. Trabajadores migrantes. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas tomadas en el marco de una política activa de empleo para prevenir abusos en la contratación de trabajadores extranjeros y de quienes emigran del país para encontrar oportunidades de empleo en el extranjero.

8. Coordinación de la política de enseñanza y de formación con las oportunidades de empleo. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo. Sírvase precisar los resultados alcanzados en términos de inserción laboral de los beneficiarios de las actividades del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP).

9. Parte V del formulario de memoria. Cooperación técnica de la OIT. El Gobierno declara en su memoria que la Oficina Subregional de la OIT ha presentado un plan de acción. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había remitido a la Declaración tripartita para el fomento del empleo y el trabajo decente en Centroamérica y República Dominicana, suscripta por los Ministros de Trabajo y representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en Tegucigalpa, en junio de 2005. En dicha Declaración tripartita, se acordó, entre otras orientaciones importantes, incorporar el objetivo de creación de empleos dignos, sostenibles y de calidad, según los parámetros de la OIT, en el centro de la política macroeconómica — los esfuerzos se deben concentrar no sólo en el control de la inflación y del déficit fiscal, sino también y con igual prioridad, en la promoción de la inversión y en el crecimiento con equidad. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, se incluyan indicaciones sobre las iniciativas que han contado con el apoyo de la OIT para promover, en el marco del programa de trabajo decente por país, los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

1. Declaración de una política activa de empleo. La Comisión toma nota de las informaciones transmitidas por la memoria del Gobierno en octubre de 2005. El Gobierno agrega a su memoria el estudio auspiciado en 2002 por la OIT y la memoria del proyecto de fortalecimiento institucional para la Secretaría de Estado de Trabajo realizado en 2005 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. En su solicitud directa de 2004, la Comisión ya se había referido al estudio auspiciado por la OIT relativo a «problemas y desafíos para una política de empleo y trabajo decente» en República Dominicana. El Gobierno menciona dos programas para reducir la pobreza («Comer es primero» y «Solidaridad») — a cargo de la Presidencia de la República. La Comisión observa con preocupación que, según ha informado la OIT en Panorama laboral 2005, la tasa de desempleo abierto urbano alcanzó en 2004, un 18,4 por ciento — encontrándose entre las más altas tasas de desempleo de América Latina. La economía informal se constituyó en un recurso para los desempleados y los bajos ingresos — lo que incluso ha evitado un aumento mayor del desempleo. Se observa además una brecha muy grande entre el ingreso de los hogares más pobres y de los más ricos. Teniendo en cuenta el papel central que debe tener la política del empleo en las políticas económicas y sociales, y de desarrollo para generar empleo y reducir la pobreza, la Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, indique la manera en que se ha formulado una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido. La Comisión desearía conocer los resultados obtenidos en términos de creación de empleo duradero y reducción del subempleo en el marco de una política nacional de empleo. La Comisión pide al Gobierno que incluya informaciones estadísticas actualizadas sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo como fase básica indispensable para ejecutar una política activa del empleo, en el sentido del Convenio (artículos 1 y 2 del Convenio).

2. En su solicitud directa anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno que agregue a su memoria un resumen de los planes y programas de desarrollo que contengan disposiciones específicas que hayan previsto una política activa del empleo, en el sentido del artículo 1 del Convenio. La Comisión reitera su interés por examinar informaciones que le permitan conocer si se han presentado dificultades particulares para alcanzar los objetivos del empleo establecidos en los planes y programas gubernamentales y saber en qué medida se han superado las dificultades.

3. Coordinación de la política del empleo con la política económica y social. El Gobierno indica que se ha involucrado a todas las secretarías de Estado que tienen una vinculación directa con la política de empleo para aplicar y elaborar fuentes directas de empleo. La Comisión desearía obtener mayores precisiones sobre la coordinación que se establece entre la Secretaría de Estado de Trabajo, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional de Planificación para elaborar y aplicar una política activa del empleo. En este sentido, la Comisión reitera su interés por conocer la manera en que se han tenido en cuenta los objetivos del empleo al establecer los demás objetivos económicos y sociales del Gobierno (artículo 1, párrafo 3, y artículo 2).

4. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. El Gobierno informa que se han establecido dos procedimientos formales de consulta a través de COPARDOM y a través del Consejo Nacional de la Unidad Sindical. Además, la política de empleo se consolida mediante las reuniones del Consejo Consultivo de Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que informe de manera más completa sobre las consultas efectuadas en el Consejo Consultivo de Trabajo para diseñar y ejecutar una política activa del empleo. Sírvase también brindar las indicaciones sobre las consultas con los representantes «de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar» de otros sectores de la población económicamente activa tales como los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal (artículo 3).

5. Promoción del empleo juvenil y de las mujeres. La Comisión toma nota de las indicaciones proporcionadas por el Gobierno sobre las iniciativas emprendidas para favorecer el trabajo juvenil y el de las mujeres. La Comisión reitera su interés por tener conocimiento de evaluaciones cuantificadas de la creación de empleo productivo como consecuencia de las medidas auspiciadas por el Gobierno. Sírvase también incluir datos estadísticos sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan a categorías particulares de trabajadores que tienen en República Dominicana dificultades para encontrar empleo duradero, como son las mujeres y los jóvenes.

6. Trabajadores migrantes. El Gobierno indica que se han insertado extranjeros en el mercado de la construcción, del turismo y de los servicios. Mil trescientos dos (1.302) dominicanos se habrían beneficiado del acuerdo firmado con España sobre regulación y ordenación de los flujos migrantes laborales. La Comisión observa que casi 700.000 trabajadores migrantes de la República Dominicana se encuentran en Estados Unidos. Las remesas de los trabajadores migrantes participan entre un 10 y un 20 por ciento en el PIB del país. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre las medidas tomadas en el marco de una política activa de empleo para prevenir abusos en la contratación de trabajadores extranjeros y de quienes emigran del país para encontrar oportunidades de empleo en el extranjero.

7. El Gobierno menciona en su memoria la ejecución de actividades de capacitación para jóvenes, buscándose un adecuado equilibrio de género. La Comisión pide al Gobierno que informe más en detalle sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo. Sírvase precisar los resultados alcanzados en términos de inserción laboral de los beneficiarios de las actividades del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP).

8. Cooperación técnica de la OIT. La Comisión ha tomado conocimiento de la Declaración tripartita para el fomento del empleo y el trabajo decente en Centroamérica y República Dominicana, suscripta por los Ministros de Trabajo y representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en Tegucigalpa, en junio de 2005. En dicha Declaración tripartita, se acordó, entre otras orientaciones importantes, incorporar el objetivo de creación de empleos dignos, sostenibles y de calidad, según los parámetros de la OIT, en el centro de la política macroeconómica — los esfuerzos se deben concentrar no sólo en el control de la inflación y del déficit fiscal, sino también y con igual prioridad, en la promoción de la inversión y en el crecimiento con equidad. La Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, se incluyan indicaciones sobre las iniciativas que han contado con el apoyo de la OIT para promover, tanto a nivel nacional como subregional, los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio (parte V del formulario de memoria).

9. La Comisión pide al Gobierno que prepare una memoria que contenga respuestas detalladas a todos los puntos planteados en esta solicitud directa. La Comisión recuerda que la preparación de una memoria permite al Gobierno y a los interlocutores sociales evaluar la manera de alcanzar el objetivo de pleno empleo productivo establecido por el Convenio. El Gobierno puede estimar útil remitirse al Estudio general, de 2004, Promover empleo, y a las disposiciones de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

1. Declaración de una política activa de empleo. La Comisión toma nota de la primera memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio, recibida en septiembre de 2003, en la que se enuncian algunas disposiciones del Código de Trabajo y se afirma que el Estado lleva a cabo políticas de crecimiento y desarrollo económico destinadas a fomentar el empleo productivo. La Comisión ha tomado conocimiento de la asistencia brindada por la OIT para la elaboración de políticas de empleo, y en particular de la realización, en diciembre de 2002, de un taller tripartito sobre las opciones de políticas de empleo en la República Dominicana. En este sentido, la Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, precisara la manera en que se ha formulado una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido. Sírvase también indicar si se ha dado seguimiento a la asistencia técnica brindada por la OIT en este campo (artículo 1, párrafo 1, del Convenio).

2. La Comisión agradecería al Gobierno que agregue a su memoria un resumen de los planes y programas de desarrollo que contengan disposiciones específicas que hayan previsto una política activa del empleo, en el sentido del artículo 1 del Convenio. Sírvase indicar si se han presentado dificultades particulares para alcanzar los objetivos del empleo establecidos en los planes y programas e indicar en qué medida se han superado estas dificultades.

3. Coordinación de la política del empleo con la política económica y social. El Gobierno informa que la Dirección General de Empleo es miembro titular del Comité Nacional de Planificación del Sistema de Educación para el Trabajo (COMPLAN), cuyo objetivo es analizar los avances de la Secretaría de Estado de Trabajo en materia de lucha contra el desempleo. La Comisión agradecería al Gobierno que precise en su próxima memoria la coordinación que se establece entre la Secretaría de Estado de Trabajo, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional de Planificación para elaborar y aplicar una política activa del empleo. En este sentido, la Comisión desearía conocer la manera en que se han tenido en cuenta los objetivos del empleo al establecer los demás objetivos económicos y sociales de la política gubernamental (artículo 1, párrafo 3, y artículo 2).

4. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. El Gobierno declara que es su prerrogativa consultar todo lo relacionado con la política de empleo con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre el resultado de las consultas efectuadas y en particular la manera en que busca alcanzar la plena cooperación para la formulación y ejecución de la política del empleo de los representantes de los empleadores y de los trabajadores. Sírvase también brindar las indicaciones sobre las consultas con los representantes «de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar» de otros sectores de la población económicamente activa tales como los trabajadores rurales y los trabajadores de la economía informal (artículo 3).

5. Sírvase precisar si se han establecido procedimientos formales de consulta en las materias cubiertas por el Convenio.

6. La Comisión observa que una gran parte de la población vive bajo la línea de pobreza, en particular en las áreas rurales. La Comisión confía en que en su próxima memoria el Gobierno podrá también indicar la manera en que las medidas de la política del empleo contribuyen, en consulta con los representantes de las personas interesadas, a combatir la pobreza.

7. La Comisión apreciaría que el Gobierno incluya en su próxima memoria referencias a las políticas de desarrollo globales y sectoriales, al desarrollo de la infraestructura y al desarrollo industrial, comprendiendo evaluaciones cuantificadas de la creación de empleo productivo como consecuencia de las medidas auspiciadas por el Gobierno. Sírvase también incluir datos estadísticos sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo y en la medida en que afectan a categorías particulares de trabajadores que suelen tener dificultades para encontrar empleo duradero, como por ejemplo las mujeres, los jóvenes, los trabajadores extranjeros que buscan trabajo en la República Dominicana y quienes emigran del país para encontrar oportunidades de empleo en el extranjero.

8. En este sentido, la Comisión pide al Gobierno tener a bien, en su próxima memoria, incluir también indicaciones sobre los siguientes puntos:

-  las políticas en materia de enseñanza y de formación profesionales - indicando las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo. Al respecto, la Comisión desearía conocer los resultados alcanzados en relación con la inserción laboral de los beneficiarios de las actividades del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional (INFOTEP) y de los programas mencionados por el Gobierno en su memoria (Programa de capacitación y modernización laboral «juventud y empleo», Plan Dominicano de Formación Profesional);

-  la manera en que se promueve la creación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas;

-  las medidas adoptadas para la creación de empleo en el sector rural;

-  la manera en que las zonas de libre comercio contribuyen a la creación de empleos productivos y duraderos.

9. La Comisión invita al Gobierno a que, al preparar su próxima memoria sobre la aplicación del Convenio, tenga también presente los puntos planteados en la observación de 1995 sobre la aplicación del Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) y en relación con la evaluación de las políticas para integrar en el mercado del trabajo a las personas con discapacidades (Convenio núm. 159). La preparación de una memoria detallada que contenga respuestas a los puntos planteados en esta solicitud directa permitirá seguramente al Gobierno y a los interlocutores sociales hacer una evaluación sobre la manera de alcanzar el objetivo de pleno empleo productivo establecido por el Convenio. El Gobierno puede estimar útil remitirse al Estudio general de 2004, Promoviendo empleo, y a las disposiciones de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195).