Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Aruba

Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

La Comisión toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno, las cuales responden a las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior y no tiene otras cuestiones que plantear al respecto.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara o derogara el artículo 374, a) a c) del Código Penal y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, de 1964, que prohibía el derecho de huelga de los empleados públicos bajo amenaza de reclusión.

La Comisión tomó nota de que, según el Gobierno, las mencionadas disposiciones están en conformidad con el Convenio, ya que no prohíben que los empleados públicos recurran a la huelga. Según el Gobierno, el artículo 374, a), del Código Penal se refiere a la reclusión o a la multa de un funcionario, en caso de que éste, en el desempeño de sus tareas, actúe con el objetivo de ocasionar una paralización o de permitir la continuación de la paralización, incumpla la realización del trabajo correspondiente a sus deberes inherentes a la condición de funcionario o se niegue a su desempeño. El Gobierno había indicado asimismo que el artículo 82, 2) de la ordenanza núm. 159, establece que puede imponerse una sanción a los empleados públicos que incumplan la realización de un trabajo o que se nieguen al desempeño del mismo como se espera que haga cualquier buen funcionario. Este artículo está relacionado con la negación de las personas a dar cumplimiento a sus deberes y no con las huelgas colectivas o individuales. El Gobierno también informó a la Comisión de que el Código Penal no se verá afectado por una revisión de la legislación laboral, por cuanto el Código Penal es competencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, una comisión especial establecida en marzo de 2003 evalúa en la actualidad el Código. Se estima que su trabajo se complete en aproximadamente dos años. Tras el período de evaluación, comenzará el trabajo sobre las enmiendas sugeridas.

La Comisión recuerda que, en su memoria de 1992, el Gobierno reconoció que estaban prohibidas por ley (artículo 347, a) – 347, c), del Código Penal y artículo 82 de la ordenanza núm. 159 de 1964) las huelgas de los empleados públicos, incluidos los docentes del sector público, si bien, en la práctica, los empleados públicos habían recurrido a la huelga en diversas ocasiones y los tribunales locales habían considerado que tales huelgas eran legales con la condición de que se justificaran. La Comisión recuerda que el principio mediante el cual puede limitarse o prohibirse el derecho de huelga en la función pública o en los servicios esenciales, pasaría a carecer de significación si la legislación definiera demasiado ampliamente los servicios públicos o los servicios esenciales. La Comisión considera que la prohibición debería limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o a los servicios cuya interrupción pusiera en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. Tomando nota de que la memoria del Gobierno no proporciona informaciones a este respecto y de que el Código Penal se encuentra en la actualidad en evaluación, la Comisión espera que el Código, al igual que el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, se revisen de conformidad con los comentarios de la Comisión y pide al Gobierno que informe de todo progreso al respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que si lo desea la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su disposición.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara o derogara el artículo 374, a) a c), del Código Penal, y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, de 1964, que prohibía el derecho de huelga de los empleados públicos bajo amenaza de reclusión.

La Comisión tomó nota de que, según el Gobierno, las mencionadas disposiciones están en conformidad con el Convenio, ya que no prohíben que los empleados públicos recurran a la huelga. Según el Gobierno, el artículo 374, a), del Código Penal se refiere a la reclusión o a la multa de un funcionario, en caso de que éste, en el desempeño de sus tareas, actúe con el objetivo de ocasionar una paralización o de permitir la continuación de la paralización, incumpla la realización del trabajo correspondiente a sus deberes inherentes a la condición de funcionario o se niegue a su desempeño. El Gobierno había indicado asimismo que el artículo 82, 2) de la ordenanza núm. 159, establece que puede imponerse un castigo a los empleados públicos que incumplan la realización de un trabajo o que se nieguen al desempeño del mismo como se espera que haga cualquier buen funcionario. Este artículo está relacionado con la negación de las personas a dar cumplimiento a sus deberes y no con las huelgas colectivas o individuales. El Gobierno también informó a la Comisión de que el Código Penal no se verá afectado por una revisión de la legislación laboral, por cuanto el Código Penal es competencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, una comisión especial establecida en marzo de 2003 evalúa en la actualidad el Código. Se estima que su trabajo se complete en aproximadamente dos años. Tras el período de evaluación, comenzará el trabajo sobre las enmiendas sugeridas.

La Comisión recuerda que, en su memoria de 1992, el Gobierno reconoció que estaban prohibidas por ley (artículo 347, a) – 347, c), del Código Penal y artículo 82 de la ordenanza núm. 159 de 1964) las huelgas de los empleados públicos, incluidos los docentes del sector público, si bien, en la práctica, los empleados públicos habían recurrido a la huelga en diversas ocasiones y los tribunales locales habían considerado que tales huelgas eran legales con la condición de que se justificaran. La Comisión recuerda que el principio mediante el cual puede limitarse o prohibirse el derecho de huelga en la administración pública o en los servicios esenciales, pasaría a carecer de significación si la legislación definiera demasiado ampliamente los servicios públicos o los servicios esenciales. La Comisión considera que la prohibición debería limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o a los servicios cuya interrupción pusiera en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. Tomando nota de que el Código Penal se encuentra en la actualidad en evaluación, la Comisión espera que el Código, al igual que el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, se revisen de conformidad con los comentarios de la Comisión y pide al Gobierno que informe de todo progreso al respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que si lo desea la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su disposición.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara o derogara el artículo 374, a) a c), del Código Penal, y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, de 1964, que prohibía el derecho de huelga de los empleados públicos bajo amenaza de reclusión.

La Comisión tomó nota de que, según el Gobierno, las mencionadas disposiciones están en conformidad con el Convenio, ya que no prohíben que los empleados públicos recurran a la huelga. Según el Gobierno, el artículo 374, a), del Código Penal se refiere a la reclusión o a la multa de un funcionario, en caso de que éste, en el desempeño de sus tareas, actúe con el objetivo de ocasionar una paralización o de permitir la continuación de la paralización, incumpla la realización del trabajo correspondiente a sus deberes inherentes a la condición de funcionario o se niegue a su desempeño. El Gobierno había indicado asimismo que el artículo 82, 2) de la ordenanza núm. 159, establece que puede imponerse un castigo a los empleados públicos que incumplan la realización de un trabajo o que se nieguen al desempeño del mismo como se espera que haga cualquier buen funcionario. Este artículo está relacionado con la negación de las personas a dar cumplimiento a sus deberes y no con las huelgas colectivas o individuales. El Gobierno también informó a la Comisión de que el Código Penal no se verá afectado por una revisión de la legislación laboral, por cuanto el Código Penal es competencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, una comisión especial establecida en marzo de 2003 evalúa en la actualidad el Código. Se estima que su trabajo se complete en aproximadamente dos años. Tras el período de evaluación, comenzará el trabajo sobre las enmiendas sugeridas.

La Comisión recuerda que, en su memoria de 1992, el Gobierno reconoció que estaban prohibidas por ley (artículo 347, a) – 347, c), del Código Penal y artículo 82 de la ordenanza núm. 159 de 1964) las huelgas de los empleados públicos, incluidos los docentes del sector público, si bien, en la práctica, los empleados públicos habían recurrido a la huelga en diversas ocasiones y los tribunales locales habían considerado que tales huelgas eran legales con la condición de que se justificaran. La Comisión recuerda que el principio mediante el cual puede limitarse o prohibirse el derecho de huelga en la administración pública o en los servicios esenciales, pasaría a carecer de significación si la legislación definiera demasiado ampliamente los servicios públicos o los servicios esenciales. La Comisión considera que la prohibición debería limitarse a los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado o a los servicios cuya interrupción pusiera en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población. Tomando nota de que el Código Penal se encuentra en la actualidad en evaluación, la Comisión espera que el Código, al igual que el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, se revisen de conformidad con los comentarios de la Comisión y pide al Gobierno que informe de todo progreso al respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que si lo desea la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su disposición.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.

Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que enmendara o derogara el artículo 374, a) a c), del Código Penal, y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, de 1964, que prohibía el derecho de huelga de los empleados públicos bajo amenaza de reclusión.

La Comisión toma nota de que, en opinión del Gobierno, las mencionadas disposiciones están de conformidad con el Convenio, ya que no prohíben que los empleados públicos recurran a la huelga. Según el Gobierno, el artículo 374, a), del Código Penal se refiere a la reclusión o a la multa de un funcionario, en caso de que éste, en el desempeño de sus tareas, actúe con el objetivo de ocasionar una paralización o de permitir la continuación de la paralización, incumpla la realización del trabajo correspondiente a sus deberes inherentes a la condición de funcionario o se niegue a su desempeño. El Gobierno indica asimismo que el artículo 82, 2) de la ordenanza núm. 159, establece que puede imponerse un castigo a los empleados públicos que incumplan la realización de un trabajo o que se nieguen al desempeño del mismo como se espera que haga cualquier buen funcionario. Este artículo está relacionado con la negación de las personas a dar cumplimiento a sus deberes y no con las huelgas colectivas o individuales. El Gobierno también informa a la Comisión de que el Código Penal no se verá afectado por una revisión de la legislación laboral, por cuanto el Código Penal es competencia del Ministerio de Justicia. Sin embargo, una comisión especial establecida en marzo de 2003 evalúa en la actualidad el Código. Se estima que su trabajo se complete en aproximadamente dos años. Tras el período de evaluación, comenzará el trabajo sobre las enmiendas sugeridas.

La Comisión recuerda que, en su informe de 1992, el Gobierno reconoció que estaban prohibidas por ley (artículo 347, a) – 347, c), del Código Penal y artículo 82 de la ordenanza núm. 159 de 1964) las huelgas de los empleados públicos, incluidos los docentes del sector público, si bien, en la práctica, los empleados públicos habían recurrido a la huelga en diversas ocasiones y los tribunales locales habían considerado que tales huelgas eran legales con la condición de que se justificaran. La Comisión recuerda que el principio mediante el cual puede limitarse o prohibirse el derecho de huelga en la administración pública o en los servicios esenciales, pasaría a carecer de significación si la legislación definiera demasiado ampliamente los servicios públicos o los servicios esenciales. La Comisión considera que la prohibición debería limitarse a los funcionarios que ejercen una autoridad en nombre del Estado o a los servicios cuya interrupción pusiera en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. Tomando nota de que el Código Penal se encuentra en la actualidad en evaluación, la Comisión espera que el Código, al igual que el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, se revisen de conformidad con los comentarios de la Comisión y pide al Gobierno que la mantenga informada de todo progreso al respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que si lo desea la asistencia técnica de la Oficina se encuentra a su disposición.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

Artículo 3 del Convenio. La Comisión solicitó al Gobierno que enmendara o derogara el artículo 374 a) a c), del Código Penal, y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, de 1964, que prohíbe el derecho de huelga a los empleados públicos bajo amenaza de reclusión.

La Comisión confía en que se adoptarán, en un futuro próximo, las medidas necesarias para armonizar las mencionadas disposiciones de la legislación con el Convenio y solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las medidas adoptadas o previstas al respecto.

Además, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

La Comisión nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enmendara o derogara el artículo 374 a) a c), del Código Penal, y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, de 1964, que prohíbe el derecho de huelga a los empleados públicos bajo amenaza de reclusión. De la memoria del Gobierno de 1993, la Comisión tomó nota de que el Departamento de Trabajo emprendió una revisión completa de la legislación laboral vigente y que consideraba a este respecto la solicitud de la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión lamenta tomar nota de que, en su última memoria, el Gobierno simplemente indica que no se ha introducido cambio alguno al artículo 374, a) a c), del Código Penal, ni al artículo 82 de la ordenanza núm. 159, de 1964, sin hacer más referencias a la revisión de la legislación laboral.

La Comisión confía en que se adoptarán, en un futuro próximo, las medidas necesarias para armonizar las mencionadas disposiciones de la legislación con el Convenio y solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las medidas adoptadas o previstas al respecto.

Además, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno.

Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enmendara o derogara el artículo 374 a) a c), del Código Penal, y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159, de 1964, que prohíbe el derecho de huelga a los empleados públicos bajo amenaza de reclusión. De la memoria del Gobierno de 1993, la Comisión tomó nota de que el Departamento de Trabajo emprendió una revisión completa de la legislación laboral vigente y que consideraba a este respecto la solicitud de la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión lamenta tomar nota de que, en su última memoria, el Gobierno simplemente indica que no se ha introducido cambio alguno al artículo 374, a) a c), del Código Penal, ni al artículo 82 de la ordenanza núm. 159, de 1964, sin hacer más referencias a la revisión de la legislación laboral.

La Comisión confía en que se adoptarán, en un futuro próximo, las medidas necesarias para armonizar las mencionadas disposiciones de la legislación con el Convenio y solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, las medidas adoptadas o previstas al respecto.

Además, la Comisión dirige al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.

Observación (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

  Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno enmendar o derogar los apartados a) a c) del artículo 374 del Código Penal y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159 de 1964, que prohíbe el derecho de huelga por los empleados públicos bajo la amenaza de aplicar penas de prisión. La Comisión había tomado nota de que, según la última memoria del Gobierno, el Departamento de Trabajo había iniciado una revisión completa de la legislación laboral vigente y estaba considerando solicitar la asistencia técnica de la OIT a esos efectos. La Comisión espera que se adoptarán las medidas necesarias en un futuro próximo para poner las disposiciones antes mencionadas de la legislación en conformidad con el principio de libertad sindical y solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, los progresos registrados a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión lamenta tomar nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

  Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno enmendar o derogar los apartados a) a c) del artículo 374 del Código Penal y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159 de 1964, que prohíbe el derecho de huelga por los empleados públicos bajo la amenaza de aplicar penas de prisión. La Comisión había tomado nota de que, según la última memoria del Gobierno, el Departamento de Trabajo había iniciado una revisión completa de la legislación laboral vigente y estaba considerando solicitar la asistencia técnica de la OIT a esos efectos. La Comisión espera que se adoptarán las medidas necesarias en un futuro próximo para poner las disposiciones antes mencionadas de la legislación en conformidad con el principio de libertad sindical y solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, los progresos registrados a este respecto.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

La Comisión lamenta comprobar que no se ha recibido la memoria del Gobierno.

Artículo 3 del Convenio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno enmendar o derogar los apartados a) a c) del artículo 374 del Código Penal y el artículo 82 de la ordenanza núm. 159 de 1964, que prohíbe el derecho de huelga por los empleados públicos bajo la amenaza de aplicar penas de prisión. La Comisión había tomado nota de que, según la última memoria del Gobierno, el Departamento de Trabajo había iniciado una revisión completa de la legislación laboral vigente y estaba considerando solicitar la asistencia técnica de la OIT a esos efectos. La Comisión espera que se adoptarán las medidas necesarias en un futuro próximo para poner las disposiciones antes mencionadas de la legislación en conformidad con el principio de libertad sindical y solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, los progresos registrados a este respecto.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

No disponible en español.