Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Nicaragua (Ratificación : 1981)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2019, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)



Informaciones escritas proporcionadas por el Gobierno

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, considera oportuna la información a los Estados Miembros de OIT sobre la aplicación y cumplimiento del Convenio núm. 117 «sobre política social», publicada la ratificación de este Convenio en la Gaceta, Diario Oficial núm. 111, del sábado 23 de mayo de 1981.

El Gobierno de Nicaragua por medio del Programa Nacional de Desarrollo Humano en el período 2014-2018, implementó el desarrollo de políticas públicas a través de proyectos socioeconómicos cuyos avances están acordes con el espíritu del Convenio de política social, por tal razón estamos en desacuerdo con las causas que provocaron nuestra presencia ante la honorable Comisión de Normas.

Nicaragua continúa trabajando y cumpliendo con el compromiso de avanzar con la disminución de la pobreza y la erradicación de la extrema pobreza, a través de:

- el desarrollo de programas y proyectos que garantizan el acceso a la información y orientación técnica y profesional a grupos de mujeres, personas en las zonas rurales y en el sector por cuenta propia de la población;

- el cumplimiento de la política laboral de restitución y tutela de los derechos laborales de las y los trabajadores por la vía de continuar fortaleciendo el tripartismo, libertades sindicales, diálogo, alianza y consenso entre Gobierno, trabajadores y empleadores;

- continuar asegurando la estabilidad laboral en los diferentes sectores económicos del país;

- se asegura un modelo de salud familiar y comunitaria que garantiza cobertura universal de salud gratuita con calidad y calidez;

- se continúa asegurando educación gratuita en todos los niveles con equidad, calidad y formación de valores acorde al desarrollo del Plan de educación 2017-2021;

- el Estado de Nicaragua a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, garantiza la seguridad social de los trabajadores afiliados, proporcionando prestaciones económicas por invalidez, vejez, muerte y riesgos profesionales y asegurando servicios de salud;

- continuar avanzando en el fortalecimiento a nivel nacional, regional e internacional en el tema de la seguridad ciudadana tomando en cuenta que Nicaragua se reconoce como el país más seguro de la región Centroamericana y un referente en materia de seguridad en Latinoamérica, siendo el tercer país menos violento de América Latina. Se cuenta con una estrategia de seguridad soberana y ciudadana, y una policía nacional articulada al tejido social en la solución a los problemas de seguridad comunitaria;

- se asegura el acceso a la energía eléctrica en los sectores más vulnerables de la población en las áreas rurales y urbanas del país;

- avanza en el desarrollo de infraestructura de comunicación terrestre y acuática (puentes, carreteras y puertos);

- el Gobierno aseguró la provisión universal y equitativa al agua potable y saneamiento en las zonas urbanas y rurales del país;

- el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Gobernación bajo la Dirección General de Migración y Extranjería, compiló información estadística desagregada por sexo y edad sobre el número de trabajadores nicaragüenses que han viajado al exterior con motivo laboral, así como el número de trabajadores de otras nacionalidades que han ingresado a nuestro país con motivo de trabajo, en el período 2014-2018 salieron del país por motivos laborales un total de 794 160 siendo 247 694 mujeres y 546 466 hombres, y

- el Estado de Nicaragua a través del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) como ente encargado del registro nacional de cooperativas, tiene registradas a 524 cooperativas que realizan intermediación financiera con sus asociados, ya sea ahorro o crédito, o ambos, aglutinando un total de 123 862 socios, de los cuales 52 588 son mujeres.

Estas organizaciones son autónomas en la concepción de sus políticas crediticias y de los servicios que prestan a sus asociados, los cuales mediante sus formas de dirección y administración cooperativa, aprueban las normas de intermediación.

Continuar trabajando e incorporando a las mujeres, desde las perspectivas de género en políticas públicas, planes, programas y proyectos que garantizan la restitución de derechos y la participación plena y activa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Nicaragua subió cuatro posiciones para ocupar el sexto lugar en el índice de equidad a nivel mundial; ubicándose como el país con mayor equidad de género de las Américas, asimismo, el quinto lugar en participación de mujeres en el Parlamento y el primer lugar con respecto al número de mujeres en cargos públicos.

Discusión por la Comisión

El representante gubernamental — Nicaragua es tierra de amor, de bien común y fraternidad, bendecida por Dios con el restablecimiento de la paz y la armonía entre las familias. El Estado de Nicaragua presente, en esta Conferencia, aprovecha este espacio para informar los avances y logros que el Gobierno ha alcanzado con los programas y proyectos sociales en beneficio del bienestar y desarrollo de la población, a pesar del intento de golpe de Estado provocado por sectores minoritarios que están en contra del desarrollo del país.

Las políticas públicas implementadas tienen impactos positivos en la disminución de la pobreza general y erradicación de la pobreza extrema, con reconocimientos por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, entre otros.

En el año 2018 algunos sectores económicos registraron decrecimiento del 3,8 por ciento, como producto del atentado contra la economía, la paz y el trabajo; no obstante, el desarrollo económico del país no se detuvo. En el período 2014-2018, con el desarrollo de programas y proyectos, se garantiza el acceso a la información y orientación profesional de grupos de mujeres, personas en las zonas rurales y en el sector por cuenta propia, brindándose:

- asistencia técnica y acompañamiento a 205 979 productores y productoras bajo el Plan especial de apoyo a pequeños productores;

- se capitalizó a 30 655 familias mestizas, indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense, bajo el «Proyecto apoyo para el incremento de la productividad, seguridad alimentaria y nutricional en la Costa Caribe nicaragüense»;

- 14 273 familias productoras de café y cacao, recibieron capacitación y acompañamiento técnico bajo el «Proyecto apoyo de adaptación al cambio en los mercados y a los efectos del cambio climático»;

- se capitalizó a 920 familias bajo el «Programa adaptación de la agricultura al cambio climático»;

- se capitalizó a 545 protagonistas para la producción de pasto y planes en negocios, y 5 650 pequeños productores y productoras se capacitaron en agregación de valor para producción láctea;

- 106 641 protagonistas capacitados con acompañamiento técnico, para desarrollar capacidades en la producción y comercialización de granos básicos.

En cumplimiento a la política laboral de restitución y tutela de los derechos laborales de las y los trabajadores, se ha avanzado en el fortalecimiento del tripartismo, libertades sindicales, diálogo, alianza y consenso, con los resultados más relevantes en el período 2007-2018:

- 380 000 trabajadoras y trabajadores de los diferentes sectores económicos han ajustado su salario mínimo, de forma continua, dos veces al año, por la vía de la negociación tripartita, con un incremento porcentual de 276 por ciento;

- 1 489 nuevas organizaciones sindicales inscritas y 13 621 juntas directivas actualizadas;

- 773 convenios nuevos colectivos negociados y firmados en el sector público y privado, con cláusulas a favor de las mujeres;

- 3 342 700 trabajadores y trabajadoras tutelados en sus derechos laborales y de higiene y seguridad del trabajo a través de procesos de inspección;

- 14 101 inspecciones especiales en materia de trabajo infantil; a través de las cuales se retiraron 2 373 niños y niñas menores de 14 años de edad, y se tuteló el derecho laboral a 24 646 adolescentes trabajadores y trabajadoras;

- 1 082 540 personas asesoradas en sus deberes y derechos laborales;

- se tradujo y publicó el Código del Trabajo en lengua misquita;

- se ratificaron el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), y el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006).

El Estado de Nicaragua asegura un modelo de salud familiar y comunitaria que garantiza cobertura universal de salud gratuita, tales como:

- la creación de 178 nuevas casas maternas;

- 1 520 establecimientos de salud, entre éstos 41 hospitales de atención especializada;

- 66 clínicas móviles en atención a 2 820 982 personas;

- 83 casas construidas a personas con necesidades especiales, es decir, enfermedades crónicas;

- se incrementó de 5 566 a 6 318 el número de médicos especialistas y de trabajadores de la salud de 31 124 a 35 841;

- de 37 a 34 se disminuyó la mortalidad materna por cada 100 000 nacidos vivos;

- con el apoyo del «Programa amor para los más chiquitos», se atiende a 680 741 familias con niños menores de seis años, fomentando la crianza en valores para el buen vivir, construyendo una sociedad libre de violencia;

- 138 540 personas con discapacidad fueron atendidas por el «Programa todos con voz», entregándoseles 53 202 medios auxiliares;

- se han certificado y entregado 48 525 carnés a personas con discapacidad, asegurándoles su atención médica;

- se aumentó el número de máquinas de hemodiálisis de 155 a 406;

- 2 860 personas con VIH y el sida recibieron terapia antirretroviral;

- 2 632 fueron diagnosticadas y tratadas por tuberculosis;

- 752 052 trabajadores y trabajadoras afiliadas en el Sistema de Seguridad Social;

- 34 371 empleadores registrados en el Sistema del Seguro Social.

Se continúa asegurando el derecho humano a una educación gratuita con equidad, calidad y calidez. Se desarrolla el Plan de educación 2018-2021 cuyos objetivos estratégicos están orientados a continuar mejorando la calidad educativa y formación integral, incrementar la cobertura educativa con énfasis en las comunidades originarias y afrodescendientes.

Del 2014 al 2018 se han entregado: 2 772 631 paquetes escolares; 1 995 806 pares de zapatos escolares; 20 000 bicicletas; 11 541 635 libros escolares; 5 370 168 estudiantes reciben de manera permanente la merienda escolar; se mejoraron 1 748 escuelas y se ejecutan obras en 2 132 aulas y ambientes complementarios; 116 607 pupitres nuevos entregados; 765 escuelas con tecnología de la información y de la comunicación; 169 aulas digitales móviles, acceso a internet en 429 escuelas; capacitación en temas de tecnología educativa a 293 454 protagonistas; 37 008 trabajadoras y trabajadores de la educación fueron capacitados disminuyendo el porcentaje de empirismo docente en primaria y en secundaria; 77 161 niños y niñas integrados en el aprendizaje del inglés comunicativo desde el primer grado de primaria. Se incorporan al plan de estudio asignaturas como: «Creciendo en valores» y «Aprender, emprender y prosperar». Sistematización en línea del registro de matrícula por estudiante y creación del boletín escolar en todas las modalidades. Se cuenta con consejería de las comunidades educativas con voluntariado de 160 000 protagonistas y participan de 460 828 madres y padres de familia; 522 centros en la modalidad de secundaria a distancia en el campo y funcionando; 32 078 docentes de educación inicial, especial, primaria y secundaria, capacitado en estrategias metodológicas.

En atención a los niños, niñas y adolescentes, se aprobó y aplica la «Política de Estado para el fortalecimiento de la familia nicaragüense y prevención de la violencia», desarrollando estrategias que promueven el cuido y acompañamiento en el crecimiento de niños y niñas desde el embarazo, tales como: el Programa de bienestar a la niñez en extrema pobreza; Proyecto de bienestar social; Programa de acompañamiento a la implementación de la política nacional de primera infancia; 270 centros de desarrollo infantil activo en atención a niñas y niños. Se implementó el sistema de alerta temprana de prevención de la violencia en los colegios; 2 913 servidores públicos del sistema nacional para el bienestar social, capacitado en temas asociados a protección especial y prevención; 1 169 979 cartillas de amor para los más chiquitos entregadas, para el cuido y acompañamiento en el crecimiento de la niñez desde el embarazo hasta los seis años de edad; 160 978 visitas casa a casa para promover nuevos estilos de crianza; como las competencias parentales y el desarrollo de habilidades en las familias. Se crearon 75 juzgados especializados en familia, violencia y adolescencia.

En atención a los adultos mayores, se aprobó la ley núm. 900, Ley de Pensión Reducida por Vejez para las Personas Aseguradas. Restituyendo el derecho a la salud a 100 224 adultos mayores pensionados; 97 070 cirugías oftalmológicas a adultos mayores.

En atención a las mujeres, se ha priorizado la incorporación desde la perspectiva de género en políticas públicas, planes, programas y proyectos que garantizan la restitución de los derechos y la participación plena y activa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Nicaragua subió cuatro posiciones para ocupar el sexto lugar en el índice de equidad a nivel mundial; ubicándose como país con mayor equidad de género de las Américas. Asimismo, el quinto lugar en participación de mujeres en el Parlamento y el primer lugar con respecto al número de mujeres con cargos públicos con los siguientes resultados: 59,7 por ciento en el Poder Judicial; 56 por ciento en el Poder Ejecutivo; 45,7 por ciento en el Parlamento; 44 por ciento alcaldesas; 55,55 por ciento vicealcaldesas y 50 por ciento concejalas.

Se aprobó la ley núm. 779 y su reforma, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. 78 295 mujeres fortalecidas como líderes comunitarias con emprendimiento económicos productivos.

El Gobierno aseguró la provisión universal y equitativa al agua potable y saneamiento con los siguientes resultados. En las zonas urbanas: 575 541 personas beneficiadas con 104 627 nuevas conexiones de agua potable; 460 065 personas beneficiadas con 85 840 nuevas conexiones de alcantarillado sanitario. En las zonas rurales: se construyeron 53 pozos de agua; 93 106 personas beneficiadas con 10 159 nuevas conexiones y 2 010 conexiones rehabilitadas de agua potable; 73 223 personas beneficiadas con 10 001 nuevas unidades de saneamiento y 1 308 nuevas conexiones sanitarias.

Se asegura el acceso a la energía eléctrica de los sectores más vulnerables de la población en las áreas rurales del país. El índice de cobertura eléctrica pasó de un 80,4 por ciento en el 2014, a un 95,31 hasta octubre de 2018, y ahorita hemos avanzado más, que corresponde a la ejecución de 4 338 proyectos y 559 820 viviendas electrificadas, beneficiando a 2,9 millones de habitantes. El 60 por ciento de esta energía consumida es de generación renovable. En materia de infraestructura se construyeron seis puertos marítimos comerciales, de relevante importancia. Se construyó la vía terrestre que interconecta 15 departamentos y dos regiones de la Costa Caribe, beneficiando a 3,5 millones de habitantes. Construcción de 71 puentes. Se realizan los estudios y diseños del puerto de Bluefields, Costa Caribe Sur, el cual tendrá un impacto en todos los sectores de la economía nacional. Se concluyeron los estudios y diseños de la carretera Sasha a Puerto Cabeza, que incluyen el puente sobre el río Wawa. Se realizan obras para elevar la capacidad vial en los accesos a la ciudad de Managua. Se restituyó el derecho a la vivienda de las familias nicaragüenses y en especial a las más pobres, bajo el modelo de responsabilidad compartida se construyeron 57 859 viviendas nuevas y mejoradas, beneficiando a 236 165 personas; 138 737 títulos de propiedad entregado, beneficiando a 542 333 personas.

En el marco de la Constitución política de Nicaragua se reconoce la existencia del derecho colectivo de los pueblos originarios de las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur sobre sus tierras y, en este sentido, se entregaron 29 títulos comunitarios; esto beneficio a 92 comunidades indígenas, 81 cayos en 23 territorios, beneficiando a 17 257 familias.

Para finalizar, el Gobierno observa con grave inquietud cuales fueron los criterios utilizados para este llamamiento urgente ante esta honorable Comisión cuando los programas y proyectos sociales se han dirigido al cumplimiento del espíritu del Convenio que se refiere a las políticas sociales como resultado evidente de la buena gestión del Gobierno de reconciliación y unidad nacional y en aseguramiento del bienestar lógicamente de las familias nicaragüenses, en el marco de nuestro compromiso que se ha venido desarrollando y continuará, asegurándose y desarrollándose con el pueblo trabajador, con las mujeres trabajadoras, con los hombres trabajadores, con las familias nicaragüenses.

Deseo transmitir una cordial invitación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para que la Organización Internacional del Trabajo, como lo ha hecho en otras ocasiones, y casualmente ahora teníamos una reunión con ellos allí en mi país, nos visite nuevamente, en el tiempo que estime conveniente, y que verifiquen de primera mano el contenido de este informe con relación a los avances y desarrollo de las políticas sociales que ha venido desarrollando el Gobierno de Nicaragua como uno de sus principales objetivos para asegurar el bien común de la familia nicaragüense y continuar disminuyendo la pobreza en general y lógicamente cumpliendo con el objetivo común que es erradicar el flagelo de la pobreza de manera general.

Miembros trabajadores — Esta es la primera vez que se debate en nuestra Comisión la aplicación del Convenio por parte del Gobierno de Nicaragua. El caso fue objeto de una doble nota a pie de página por parte de la Comisión de Expertos, que observó con profunda preocupación que la crisis política y social que estalló en abril de 2018 ha perjudicado seriamente las condiciones de vida de la población y el disfrute de los derechos humanos.

Las propuestas dejaron un elevado número de víctimas. Se estima que, hasta febrero de 2019, 325 personas perdieron la vida durante las protestas y 2 000 resultaron heridas.

Además de los daños personales, la crisis ha tenido consecuencias evidentes en un país que ya sabemos que está marcado por el alto índice de pobreza e importantes niveles de migración.

Según el Banco Mundial, Nicaragua es el cuarto país más pobre de las Américas. Antes de iniciarse las protestas, el 36 por ciento de la población total de 6,3 millones vivía con menos de 5,50 dólares de los Estados Unidos al día. La situación de muchos nicaragüenses se deterioró considerablemente, dado que 215 000 personas perdieron su trabajo y 131 000 cayeron bajo la línea de pobreza desde el 28 de junio de 2018.

Quisiéramos puntualizar que al ratificar el Convenio, el Gobierno de Nicaragua se comprometió a mejorar el nivel de vida de la población y a fomentar el progreso social a través del desarrollo económico. A este respecto tomamos nota de que Nicaragua ha registrado tasas de crecimiento del producto interior bruto (PIB) significativas en los últimos años, gracias a la aplicación de programas de desarrollo humano cuyo objetivo es la mejora del empleo y reducir la desigualdad y la pobreza.

Basándose en el Plan nacional de desarrollo humano 2012-2016, el Gobierno de Nicaragua adoptó en diciembre de 2017 los ejes de un Programa nacional de desarrollo humano 2018-2021. Más recientemente en febrero de 2018, se adoptó la estrategia de alianza con el país para 2018-2022 con el Banco Mundial. Esta estrategia tiene entre sus objetivos fundamentales invertir en las personas, especialmente en relación con los grupos en situación de vulnerabilidad y fomentar la inversión privada para la creación del empleo.

No obstante, constatamos también que en los últimos años la economía del país desaceleró del 4,7 por ciento en 2016 al 4,5 por ciento en 2017 y se prevé una contracción en 2018 de un 3,8 por ciento adicional.

En un país donde el sector formal representa apenas el 20 por ciento de la economía y el salario mínimo legal promedio alcanza apenas para cubrir el 35 por ciento de la canasta básica para un trabajador o trabajadora y su familia, esta desaceleración económica tendrá graves repercusiones sobre las condiciones de vida de los nicaragüenses y la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de la población por medio de políticas nacionales focalizadas y debidamente financiadas.

Por otro lado, algunos observadores internacionales cifran el impacto económico de esta crisis en Nicaragua en más de 1 200 millones de dólares de los Estados Unidos en un país con un PIB de alrededor de 14 000 millones de dólares. Numerosos sectores han resultado particularmente afectados, especialmente la agricultura y el turismo, principales sectores de actividad de este país. Las inversiones en la economía se han paralizado desde abril de 2018. Esto podría afectar considerablemente la seguridad alimentaria a causa de la ocupación y destrucción de miles de hectáreas de tierras productivas y podría, incluso empujar a más trabajadoras y trabajadores nicaragüenses a emigrar a países vecinos en busca de empleo.

Hacemos referencia a la inquietud expresa en octubre de 2016 por el Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), al observar el considerable número de trabajadores fronterizos y de temporada que se dirigen, en particular, a Costa Rica y, en el número cada vez mayor, a Honduras, El Salvador y Panamá. El Comité indicó además que esta migración se debe principalmente a los niveles de pobreza, la desigualdad y la exclusión social, lo que puede poner a los trabajadores migrantes nicaragüenses y sus familias en situación de precariedad o inseguridad.

Por lo tanto, se requieren medidas nacionales, hemos escuchado algunas, adecuadas para asegurar que la migración laboral sea realmente una opción y que los nicaragüenses no se vean obligados a buscar empleo en los países vecinos por motivos económicos debido a la falta de oportunidades sostenibles en Nicaragua.

Así pues, los trabajadores pedimos al Gobierno de Nicaragua que adopte y aplique medidas, en consulta con los interlocutores sociales, con vistas a promover el desarrollo económico del país de tal manera que permita a todos los nicaragüenses mantenerse y mantener a sus familias y mejorar su nivel de vida. Habría que adoptar asimismo medidas para garantizar que las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras migrantes tengan en cuenta sus necesidades familiares, tal como lo establece el artículo 6 del Convenio.

Por otro lado, y sin perjuicio de los esfuerzos desplegados por el Gobierno para promover el ahorro voluntario, con el registro de 277 cooperativas de ahorro y crédito en las que participan alrededor de 107 615 asalariados y productores independientes, se observa con preocupación la falta de medidas para apoyar el acceso a los créditos a las instituciones financieras y promover mayores conocimientos financieros especialmente para las mujeres.

Por ello, solicitamos al Gobierno tomar medidas para alentar las formas voluntarias de ahorro y las facilidades para solicitar los préstamos; proteger a los trabajadores y a estos productores independientes frente a la usura, en particular con miras a reducir los tipos de interés de los préstamos, promover la adquisición de conocimientos financieros, particularmente para las mujeres, tal como lo establece el artículo 13 del Convenio.

Queremos hacer hincapié en la importancia de proporcionar servicios de salud a todos los heridos durante las protestas y manifestaciones ocurridas. El Gobierno debe instar la investigación de todas las alegaciones relativas a la denegación de atención médica y asegurarse que los profesionales de la salud no sufran ninguna repercusión por el hecho de haber ejercido sus responsabilidades profesionales.

Por último, observando que persisten enormes desafíos para el Gobierno de Nicaragua con vistas a mejorar las condiciones de vida de la población y garantizar el acceso a servicios básicos de calidad para todos, observamos la reciente adopción por parte de la Asamblea General Nacional de una ley que recortó el gasto público en casi 185 millones de dólares de los Estados Unidos, lo que representa aproximadamente un 7 por ciento del presupuesto anual. Este recorte presupuestario puede afectar y afectará a proyectos gubernamentales en los sectores de salud, vivienda, justicia y educación incluyendo la obra de infraestructura u obra pública, y advertimos que podrían poner en peligro el disfrute del derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la alimentación de la mayoría de la población.

Los trabajadores instamos al Gobierno de Nicaragua a continuar adoptando políticas y programas sobre desarrollo económico y social en consulta con los interlocutores sociales y teniendo como prioridad la urgente necesidad de mejorar el nivel de vida de la población.

En dichos procesos cualquier recorte presupuestario ha de reevaluarse cuidadosamente teniendo debidamente en cuenta el impacto sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones respecto al bienestar y al desarrollo de la población tal como lo establece el artículo 1 del Convenio.

Miembros empleadores — El Grupo de los Empleadores quisiera agradecer a la representante gubernamental y a los trabajadores por sus comentarios y la información que han compartido. El Gobierno de Nicaragua ratificó el Convenio en 1981. El Convenio contempla disposiciones cuyo objetivo se centra en el mejoramiento del nivel de vida, las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes, la remuneración de los trabajadores, la no discriminación y la formación profesional. Este Convenio cuenta con 33 ratificaciones y forma parte del programa inicial del mecanismo de examen de normas; su antecesor, el Convenio sobre política social (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 82), alcanzó únicamente cuatro ratificaciones.

Nicaragua ha sido Miembro de la OIT desde 1919 a 1938 y de 1957 a la fecha; ha ratificado 62 convenios, incluyendo los ocho convenios fundamentales de la OIT. Para Nicaragua éste no es un asunto nuevo, observamos que este Convenio ya había sido objeto de comentarios al Gobierno de ese país por parte de la Comisión de Expertos. En sus comentarios de 2013 la Comisión de Expertos formuló una solicitud directa al Gobierno pidiendo que proporcionase información sobre los resultados alcanzados en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y otras iniciativas adoptadas con miras a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población.

En esta ocasión, el informe de la Comisión de Expertos da cuenta de graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales que se iniciaron el 18 de abril de 2018, lo cual es de particular preocupación para el Grupo de los Empleadores. Además, de la pérdida de vidas humanas y la conculcación de los derechos más elementales, en estos hechos está la raíz de la agravación de la situación de empobrecimiento que enfrenta Nicaragua.

El presente caso se analiza como una doble nota a pie de página, con lo cual la Comisión de Expertos ha pedido al Gobierno que transmita información completa a esta Conferencia y que responda de forma completa a los comentarios que le fueron formulados.

Entrando en materia, con respecto al primer problema que se plantea, es decir, mejoramiento de nivel de vida, el informe de la Comisión de Expertos pone de relieve el impacto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y que ha perjudicado seriamente a las condiciones de vida de la población. En sus comentarios anteriores la Comisión de Expertos solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre los resultados alcanzados por el plan que ya mencioné y otras iniciativas adoptadas con miras a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población.

En este sentido, el informe nos da cuenta de la información presentada por el Gobierno relativa a la estrategia de alianza con el país de Nicaragua para 2018-2022 con el Banco Mundial, con la finalidad de reducir la pobreza y promover la prosperidad para más nicaragüenses, siendo ésta una estrategia enfocada a invertir en las personas, especialmente en aquellas en situación de vulnerabilidad: mujeres, jóvenes, pequeños productores que practican agricultura de subsistencia y comunidades indígenas y afrodescendientes en territorio rurales.

Al tiempo que el Grupo de los Empleadores toma nota de dicha estrategia, la cual reconoce que el 80 por ciento de la población es vulnerable o pobre, así como del reto que representa la creciente demanda de empleo, lamenta que el Gobierno hubiera sido omiso en cuanto a la representación de resultados del Plan nacional de desarrollo humano solicitado por los expertos.

Por otra parte, nos resulta alarmante la información que se desprende del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), denominado Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, de 18 de abril a 18 de agosto de 2018, que expresa que la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua desde el comienzo de las protestas sociales, el 18 de abril de 2018, se ha caracterizado por múltiples formas de represión y otras formas de violencia que han resultado en miles de víctimas incluyendo aproximadamente 300 personas fallecidas y 2 000 heridas.

En este sentido, el Grupo de los Empleadores urge al Gobierno a tomar acciones inmediatas para asegurar el pleno respeto a los derechos humanos y un ambiente propicio para la generación de empleos.

Como señaló el ACNUDH, la represión y la violencia son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y el Estado de derecho. La actual crisis ha profundizado, dice, la polarización de la sociedad nicaragüense. Los expertos toman nota de la estimación de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) de la que se desprende que la situación que prima en el país ha resultado en la pérdida de 215 000 empleos desde el inicio de la crisis, llevando a 131 000 personas a situarse por debajo de la línea de pobreza. De igual forma, nos da cuenta de la ola de ocupaciones ilegales de tierras privadas por parte de grupos progubernamentales que según estimaciones de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), al 10 de abril de 2019, resultaron en la ocupación de 3 291 hectáreas sin que el Gobierno dé muestras de garantizar el derecho de los propietarios. Ello es fuente de grave falta de certeza jurídica sin la cual no es posible implementar política social alguna.

El informe también atrae nuestra atención a otras series de violaciones de derechos humanos, incluyendo actos ilegales e inconstitucionales de intimidación, amenazas, represión, confiscaciones de hecho y retraso injustificados en la liberación de mercancías importadas, que han sido denunciados por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la organización más representativa de empleadores del país.

Al respeto, el Grupo de los Empleadores urge al Gobierno para que tome medidas que conlleven al mejoramiento de la vida de los nicaragüenses mediante la generación de empleo decente y productivo al tiempo que garanticen un entorno propicio para la sostenibilidad de las empresas. Otro aspecto importante que se desprende del informe de los expertos tiene que ver con las afectaciones al disfrute del derecho a la salud, el cual aparentemente se ha visto seriamente afectado.

El Grupo de los Empleadores toma nota con preocupación de la denuncia formulada por la Asociación Médica Nicaragüense relativa a la manipulación del sistema público de salud con el fin de negar atención médica a las personas heridas durante las protestas, así como el cierre de hospitales por parte de las autoridades. Asimismo, observamos con preocupación el despido de personal médico por proporcionar asistencia a heridos en el marco de las protestas.

En cuanto al aspecto económico, la Comisión observa que, según información oficial del Banco Central de Nicaragua, después de alcanzar un crecimiento record del 6,5 por ciento en 2012, la economía se desaceleró del 4,6 por ciento en 2016 al 4,7 por ciento en 2017 y se contrajo en 2018, 3,8 por ciento.

El Grupo de los Empleadores se hace eco de la solicitud que formula la Comisión de Expertos para que el Gobierno proporcione información detallada, incluyendo estadísticas desagregadas por sexo y edad, sobre los resultados alcanzados por el Plan Nacional de Desarrollo Humano, la estrategia de alianza con el país de Nicaragua, así como sobre todas aquellas medidas destinadas a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población nicaragüense. Solicita además al Gobierno que explique en qué medida el Plan Nacional de Desarrollo Humano y la estrategia de alianza con el país contribuyen a la creación de un entorno propicio para la sostenibilidad de las empresas.

Respecto a la segunda problemática, es decir, la que afecta a trabajadores migrantes, el informe da cuenta de la información proporcionada por el Gobierno en torno a la situación de los trabajadores migrantes, a ese respecto, el Grupo de los Empleadores toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno relativas al acuerdo celebrado con Costa Rica que han permitido la migración regulada y ordenada a ese país de 28 452 trabajadores nicaragüense. No obstante, manifestamos nuestra preocupación respecto a las observaciones finales, de 11 de octubre de 2016, del Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, que ponen de manifiesto que la migración proveniente de Nicaragua se debe principalmente a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, colocando a los trabajadores migratorios nicaragüenses y sus familiares en situaciones de precariedad o inseguridad.

El informe de coyuntura de FUNIDES, antes citada, da cuenta de que, desde el inicio de la crisis, más de 60 000 nicaragüenses han migrado de ese país. De acuerdo con datos de esta institución, alrededor 52 000 nicaragüenses ingresaron a Costa Rica y se han establecido en dicho país, entre enero y septiembre 2018; asimismo, se estima que aproximadamente 5 000 nicaragüenses se establecieron en Estados Unidos entre marzo y julio del 2018. Otros destinos relevantes que han elegidos los migrantes nicaragüenses han sido Panamá y España, sin embargo, no se cuenta con información del número de personas que han migrado a esos países en los últimos meses.

Por lo anterior, el Grupo de los Empleadores urge al Gobierno de Nicaragua a adoptar medidas que garanticen la protección de los trabajadores migratorios y sus familias, allegándose de la asistencia técnica que la Oficina les pueda proporcionar.

En suma, para la debida implementación del Convenio y para que las mismas sean sostenibles en el largo plazo, se requiere como mínimo de buena fe, por parte del Gobierno, en la concepción, consulta e implementación de estas políticas. Los graves actos de violencia referidos nos llevan a cuestionar si esa es la actitud del Gobierno de Nicaragua, es decir, que cumpla con tales requisitos.

También otros hechos nos generan esos cuestionamientos, como el nombramiento en esta Conferencia como representante de los empleadores de personas ajenas a la organización más representativa de los empleadores de Nicaragua, el COSEP, miembro de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), lo cual está siendo examinado por la Comisión de Verificación de Poderes.

De igual forma, el haber emitido una ley de amnistía que garantiza impunidad para quienes cometieron las graves violaciones a los derechos humanos más fundamentales, la vida el primero, que fueran señalados por los expertos, todo ello pone en tela de juicio esas intenciones del Gobierno.

Miembro trabajador, Nicaragua — Me dirijo a los miembros de esta Comisión extrañado por el hecho de que nuestro país esté con doble nota a pie de página, lo cual está sustentado en situaciones alejadas de lo que establece el Convenio en mención, ratificado por el Estado nicaragüense en 1981. Es el caso que se refiere a hechos acaecidos en el año 2018 señalándose como verdad absoluta lo que terceros han manifestado.

Efectivamente, el Gobierno y el pueblo nicaragüense sufrieron y padecieron la intentona de un golpe de Estado para deponer a un gobierno legítimamente electo en elecciones conforme a nuestra legislación y a la voluntad de nuestro pueblo;

Los hechos violentos promovidos y amamantados por fuerzas externas y desarrolladas por la derecha política, cúpula empresarial y sectores de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, conllevaron a situaciones de destrucción, secuestros y muerte de 198 nicaragüenses; este intento de golpe de Estado fue frenado por la voluntad y decisión dirigida por el Gobierno y respaldada por el pueblo de mantener la paz y evitar enfrentamiento entre hermanos, como era el deseo de los golpistas y sus protectores.

La economía nicaragüense con un crecimiento sostenido, lo cual ha sido reconocido por los organismos especialistas en la materia, fue golpeada sensiblemente, cerca de 1 200 millones de dólares americanos fue la pérdida de esos tres meses de caos y destrucción golpista. La destrucción, saqueo y quema de edificios públicos y privados, así como de equipos y mobiliarios conllevó a pérdidas materiales cuantiosas y retrasos en programas de construcción e inversión pública.

El uso de redes sociales, noticias falsas, medios de comunicación ligados a los intereses de la derecha criolla y los medios de comunicación internacionales, al servicio de los fascistas y de intereses del imperio, fueron parte de los instrumentos utilizados para vender una imagen caótica de nuestro país, fijar la idea de una dictadura y la violación de los derechos humanos para justificar la intervención a través de organismos e instancias internacionales, algunos gobiernos se dieron a la tarea de enjuiciar a nuestro país sin tener la autoridad moral para ello.

En el informe se hace referencia a organizaciones promotoras y ejecutoras del intento del golpe de Estado, la cúpula empresarial COSEP, señalada en el informe, por medio del chantaje y presión laboral obliga a las y los trabajadores de sus empresas a participar en las acciones promovidas por los golpistas y posteriormente, dado que la crisis económicas les golpeó por sus aventuras políticas, despiden a las y los trabajadores, a más de 125 000 trabajadores han despedido de sus empresas, mientras que en el sector público se mantienen los puestos de trabajo y no hay retrasos o reducción de salarios.

La otra organización señalada en el informe, FUNIDES, es una ONG alimentada por los recursos enviados por agencias extranjeras. Está integrada por exfuncionarios de los gobiernos neoliberales y ligados a funcionarios antisandinistas del extranjero.

Lamentablemente en el informe no se señalan las medidas de bloqueo y asfixia económica decretadas por fuerzas externas. Esas medidas limitan y afecta directamente a programas sociales y de inversión pública, es una nueva forma de intervenir en los asuntos internos de nuestro país ya que en el pasado enviaron tropas para someter a nuestra soberanía y fueron derrotados en sus intenciones por patriotas como nuestro general Sandino.

Lamentamos que los organismos que se dicen velar por los derechos humanos se hayan parcializado en su acción, no han señalado ni condenado las acciones de destrucción de los vándalos y destructores, por el contrario, justifican y protegen a los culpables de la destrucción y promotores de la muerte, pueden leer sus notas y podrán constatar esa verdad. Han desnaturalizado su papel en relación a la situación presentada en nuestro país, bailan al son que les indica el imperio y cierran los ojos ante la violencia promovida por los gobiernos contra los trabajadores y las trabajadoras y movimientos sociales. Se dice que eran marchas pacíficas, pero para los que vivimos ese amargo momento de nuestras vidas no fue así; los tranques de la muerte, respaldados por algunos obispos de la Iglesia católica, cúpula empresarial y hasta organismos que se dicen defensores de derechos humanos, fueron centros de torturas, violación asesinato y quema de cuerpos humanos ¿Cómo considerar acciones pacíficas de los que intentan a través de la violencia alcanzar lo que el pueblo les ha negado?

Sólo para tener idea de lo que vivimos en estos tres meses de terror y orgías golpistas, les informo: Wilder Reyes Hernández, Marvin Meléndez, Carolina Collado, Jorge Gastón Vargas, Marlon Medina Toval, Yader Castillo, Bismark Martínez, dirigentes sindicales de nuestra Central Sindical Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) asesinados por los golpistas. Bismark Martínez fue secuestrado, vilmente torturado y desaparecido hasta hace tres semanas; se confirmó que el cadáver encontrado en una fosa cerca de un tranque en ciudad de Jinotepe pertenecía a nuestro dirigente, sus familiares y compañeros de trabajo no encontraron ecos en su denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos.

La emisora estatal Radio Nicaragua y la Nueva Radio ya fueron quemadas, en esta última se encontraban laborando 21 trabajadores, los golpistas trataron de impedir que salieran del edificio mientras éste tomaba fuego. Amnistía Internacional no se pronunció antes estos hechos vandálicos, argumentando que su papel es sólo vigilar a los gobiernos y que los delitos realizados por las personas deben ser juzgados por los tribunales nacionales, pero al cumplir el mandato de la ley por las autoridades de nuestro país estos señores hablan de secuestro y presos políticos.

Asesinaron a dos educadores, Alfredo Urroz Girón y Marvin Ugarte Campos, y a la Confederación de la Educación le quemaron la casa sindical en la ciudad de Masaya, así como saqueo y destrucción en la casa sindical en la ciudad de Jinotepe y la casa sindical en la ciudad de San Carlos. Secuestraron y torturaron a 14 educadores por no respaldar el intento del golpe y por estar garantizando el derecho a la educación de las y los niños nicaragüenses. Dos universidades públicas fueron utilizadas como puestos de mando y centros de torturas por los golpistas, la Universidad Nacional fue saqueada y parte de sus instalaciones fueron destruidas.

Con el uso de armas de guerra asesinaron a 22 policías, quemaron edificios de estaciones de policía nacional y mantuvieron sitiados a miembros de la policía que se encontraban concentrados por orden del presidente, a solicitud de los obispos y la cúpula empresarial. Quemaron viviendas de dirigentes sindicales de la federación de la salud, quemaron ambulancias y clínicas móviles, saquearon y robaron instrumentos quirúrgicos y medicinas en centros de salud.

En Nicaragua, se ha restablecido el orden y reconstruimos la paz. Tomando como referencia el buen ejemplo de práctica del tripartismo en Uruguay, mantenemos el modelo de tripartismo con más de 15 000 micros, pequeñas y medianas empresas, que al final son los que más generan fuentes de empleo, mantenemos los espacios para negociar la convención colectiva y los salarios mínimos.

Como movimiento sindical unido en la diversidad, hemos condenado este intento de golpe de Estado y rechazamos las medidas de bloqueo y las sanciones económicas promovidas por los que se consideran dueños del mundo. Se nos aplica la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (Nica Act), la cual condiciona el acceso a los créditos en organismos internacionales; estas medidas sólo perjudican a nuestro pueblo y limitan la inversión afectando las fuentes de empleo para las y los trabajadores.

La difícil situación económica que atraviesa nuestro país, producto de esta intentona golpista, no ha impedido que se garantice el acceso al derecho a la educación y salud pública gratuita. Se mantienen los programas sociales y la inversión en la construcción de infraestructuras requeridas para el acceso a la energía, sanidad, agua potable, movilidad vial y comunicaciones. Se está garantizando por las instituciones del Gobierno la atención a sectores productivos y a trabajadores por cuenta propia a través de programas para el acceso al crédito.

Respaldamos la mesa de negociación que ha propuesto el Gobierno y condenamos la actitud chantajista e irresponsable de la derecha política y cúpula empresarial que acuden a gobiernos extranjeros solicitando y rogando por la aplicación de sanciones económicas contra nuestro país.

Reiteramos nuestro señalamiento que organismos integrantes de las Naciones Unidas, como la OIT, no sean utilizados para los intereses de las transnacionales o de gobiernos que se consideran amos y dueños de este mundo, que promueven guerras para destruir países en desarrollo y después persiguen y condenan a los que emigran producto de estas acciones guerreristas.

La práctica del diálogo social, con resultados efectivos, ha permitido que a las y los trabajadores ser actores de las transformaciones económicas y sociales; así, en el marco de lo establecido en el Convenio, las políticas sociales promovidas por el Gobierno de reconciliación y unidad nacional han facilitado a las y los trabajadores enfrentar las dificultades económicas e ir erradicando la pobreza en nuestro país.

Nicaragua quiere paz y trabajo, los nicaragüenses queremos tranquilidad y construir desde nuestra realidad un consenso social sustentado en el respeto y la tolerancia.

Aun cuando varios de nuestros dirigentes sindicales y trabajadores fueron asesinados en la intentona de golpe de Estado el año pasado, respaldamos las medidas del Gobierno encaminadas a buscar la paz a través de leyes tales como la de amnistía y programas de atención a las víctimas y su familia.

Las y los trabajadores representados en esta Comisión por nuestra presencia solicitamos, basados en los argumentos y realidad vivida, que esta Comisión no emita ninguna recomendación contra nuestro país por no ajustarse este informe a lo establecido en el Convenio.

Miembro empleador, Nicaragua — Estoy aquí como representante del sector privado — empleador de una buena parte del área productiva, de construcción, transporte, comercio y servicios. En relación a la alusión, fui invitado por la institución del Gobierno de Nicaragua, como presidente de la asociación que yo dirijo y que en conjunto con el Consejo Nicaragüense de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (CONIMIPYME) representamos más del 60 por ciento de lo que es la capacidad empresarial. Hay otra organización que trabaja, que ha sido atendida, que tiene pérdidas también igual que nosotros, producto de todo lo que se ha venido planteando en relación a la actividad de violencia que se generó desde abril del año pasado. Aquí, estamos demostrando con nuestra presencia, el interés de este sector empresarial de lograr mejores relaciones laborales trabajador-empleador, incluida la instancia gubernamental, tomando en cuenta lo ya avanzado en materia laboral por la OIT y lo que pueda resultar de esta importante Conferencia.

Yo deseo ubicar a nuestro país, Nicaragua, en el contexto de las relaciones laborales, sus logros y afectaciones mencionando los siguientes aspectos que han incidido en ellos: se estableció a nivel constitucional (la ley máxima en el país) una relación entre gobierno, sector privado, en donde se privilegió a todas las fuerzas, todas las asociaciones empresariales privadas y seguimos trabajando desde hace varios años en donde tuvimos el crecimiento, que se ha mencionado, de manera continua. Ha sido un ejemplo de apertura y de excelente relación entre ambos, y hemos sido visitados por varios países para conocer de nuestra experiencia y procurar en sus países hacer algo similar; hay acuerdo entre empresas, gobierno y trabajadores, mediante el establecimiento de la comisión tripartita con su lógica de sesiones, de discusiones hasta llegar a las conclusiones y acuerdos; tuvimos — hablando ya en pasado — un crecimiento de la economía nacional que oscilaba entre 4,6 por ciento al 5,1 por ciento reconocido por el Banco Mundial por varios años consecutivos y mencionado inclusive por el organismo — FUNIDES —, alimentado, financiado y trabajando para otros intereses en detrimento del interés nacional; tuvimos crecimiento de los volúmenes de producción y por lo tanto de volumen de exportación de los principales productos que nosotros generamos; teníamos una seguridad ciudadana excelente y reconocida en la región, no sólo en Centroamérica, sino que a nivel de los países latinoamericanos, con visitas también para ver el nivel de funcionamiento de la policía nacional. En ese entonces, antes del problema, era lo mejorcito de la policía, los que cuidaban y teníamos la mayor seguridad en la región; con esta política, reducción de la pobreza, pobreza extrema, producida por ampliación de plazas de trabajo de parte de las empresas y la aplicación de las políticas del Gobierno. Hay varios aspectos más relevantes que generaban un clima muy positivo en el crecimiento integral de nuestro país.

Dicho lo anterior, lamentamos las consecuencias de la falta de consenso, la cual interrumpió una dinámica tripartita que hasta ese momento era efectiva y con grandes resultados, reconocidos por la comunidad internacional. La crisis implantada pudo haber sido detenida antes, si las partes políticas hubieran tenido la madurez de entablar un diálogo honesto, sincero y transparente. Por lo tanto, habiendo finalizado la parte más cruda de la crisis es momento nuevamente para hacer un llamado a todas las partes para sentarse a dialogar un verdadero compromiso económico, político-social, mediante mecanismo de diálogo para encontrar la solución pacífica de esta situación.

Con todo lo anterior, habíamos venido trabajando y creciendo en nuestros negocios hasta ser interrumpidos en el año 2018 por acciones de violencia, saqueos y atentados contra la seguridad ciudadana y el derecho al trabajo por obstáculos en las calles y carreteras, por los tranques con gente armada, cortando el fluido de mercancías que afectó en gran medida a todo el empresariado nicaragüense.

Todo esto nos ha sorprendido por crearse una situación maligna de la noche a la mañana, generando destrucción de áreas comerciales, edificios gubernamentales, planteles, equipos de construcción de manera directa a nuestras empresas, con la consecuente eliminación de fuentes de trabajo, la reducción de inversiones nacionales y extranjeras, reducción hasta el mínimo del turismo que teníamos en crecimiento y en pleno desarrollo. No me toca señalar aquí a los responsables de semejantes acciones destructivas. Estas acciones que afectaron la economía nacional, nos han afectado directamente a todas las demás empresas grandes, medianas y pequeñas y lógicamente ha obligado a nuestras empresas privadas a realizar suspensiones de trabajadores, y peor aún, la banca nacional ha cortado todo financiamiento, obstaculizando cualquier proceso de inversión en todas las áreas de la economía y limitando el servicio financiero de garantías para todas las empresas. O sea, que aparte de toda la acción destructiva, está un bloqueo financiero que limita el desarrollo de la mayor parte de la actividad económica.

A pesar de ello, luego de todo lo ocurrido y durante la crisis, nuestras capacidades empresariales continuaron y mantuvieron sus negocios y garantizaron, hasta cierto punto, el trabajo del personal, y brindando atención a la población y manteniendo abiertas las empresas a pesar de los llamados a paros nacionales, que afectan gravemente la economía, cabe recalcar que muchos de estos llamados estuvieron acompañados de amenazas a nuestras empresas, para obligarnos a cerrar. A la fecha de este informe se ha recuperado la seguridad ciudadana y la actividad económica con las limitaciones financieras, y la amenaza de sanciones que vendrían a afectar las inversiones tan necesarias para el desarrollo de mí país. Todo eso limita el acceso de la población en su movilidad, servicios, en las ofertas de plazas de trabajo. Aquí, quiero resaltar, el papel de la OIT para que conozcan nuestra realidad que es muy diferente a lo que se conoce por medio de documentos interesados, o de personas que no conocen, que ni siquiera se han acercado a nuestro país y a la fuente de información que ha distorsionado lo que nosotros como empresas estamos pasando y que ponen en riesgo el trabajo de nuestro personal.

Todo lo anteriormente mencionando ha generado grandes pérdidas a nuestras empresas y al empleo y más bien lo señalado en esta lista, genera una imagen negativa que nosotros los empresarios rechazamos y solicitamos que la OIT mantenga su perfil con el objetivo original del trabajo y no ser factor de intereses políticos ajenos a su bien valorada actividad.

Los empresarios nos vimos envueltos en una situación política ajena a nuestra naturaleza, sin embargo, nuestro sector se ha mantenido firme y organizado para mantener nuestros intereses vigentes. Aseguramos nuestro compromiso como empresarios comprometidos con el bienestar económico, que nuestra imparcialidad es nuestra visión única para continuar el trabajo productivo que tanto nos ha costado construir. Aseguramos nuestro compromiso social y empresarial por no permitir que asuntos políticos vanos se entremezclan y deterioren la imagen de nuestro país ni su productividad para continuar mejorando la vida de los nicaragüenses.

Miembro gubernamental, Rumania— Tomo la palabra en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, así como de la República de Macedonia del Norte, Montenegro y Albania, que son países candidatos; de Noruega, que integra la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Espacio Económico Europeo (EEE), y de Georgia. Atribuimos suma importancia a los derechos humanos y reivindicamos la función de la OIT de elaborar, promover y supervisar las normas internacionales del trabajo. La UE y sus Estados miembros estamos convencidos de que los convenios de la OIT son esenciales para la estabilidad social y económica de cualquier país, y de que un entorno propicio para el diálogo y la confianza entre los empleadores, los trabajadores y el gobierno ayuda a sentar las bases para un crecimiento sólido y sostenible y fomenta sociedades inclusivas.

La UE y Nicaragua han establecido una relación estrecha fundada en el Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, que comprende tres pilares principales: el diálogo político, la cooperación y el comercio. Un objetivo global del Acuerdo de Asociación es fomentar el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente.

Nos preocupa enormemente la gravísima crisis política, económica y social que afecta al país desde abril de 2018, así como la situación en materia de violaciones de los derechos humanos, y en particular de los derechos sociales y laborales. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de marzo pedimos al Gobierno de Nicaragua que pusiera fin a la represión y garantizara la justicia, el diálogo y la democracia, que son la única forma de salir de la crisis. También le pedimos que cooperara de forma constructiva con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y permitiera el regreso de la Oficina del ACNUDH.

En cuanto al caso concreto que nos ocupa, en relación con el Convenio, quisiéramos recordar que todas las políticas deben tender en primer lugar al bienestar y el desarrollo de la población, y que el mejoramiento del nivel de vida debe ser considerado como el objetivo principal de los planes de desarrollo económico. Como se señala en el informe, el 80 por ciento de la población de Nicaragua es vulnerable o pobre.

Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por la altísima tasa de desempleo, el elevado número de personas que han perdido el trabajo o que incluso han caído en la pobreza como consecuencia de la crisis en Nicaragua, los despidos de funcionarios públicos por motivos políticos, sobre todo en el sector de la salud, y los cierres de empresas ordenados por el Gobierno en represalia contra disidentes. Además, la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, la violencia, la inseguridad, la represión y la persecución están obligando a un número cada vez mayor de nicaragüenses a desplazarse a los países vecinos.

Por lo tanto, instamos al Gobierno a que tome las medidas necesarias para mejorar el nivel de vida de la población, empezando por el respeto de los derechos fundamentales. El objetivo de estas medidas debe ser, a corto plazo, atender las necesidades básicas relacionadas con la alimentación, la vivienda, la vestimenta, la atención médica y la educación y, a mediano o largo plazo, erradicar la pobreza mediante la aplicación de políticas económicas y sociales inclusivas. Observamos con preocupación los recortes en el gasto público aprobados por la Asamblea Nacional en agosto de 2018 e insistimos en la necesidad de que el Gobierno destine fondos suficientes a las políticas sociales para paliar los efectos de la crisis en la población nicaragüense.

A propósito de la estrategia de alianza de Nicaragua con el Banco Mundial para el período 2018-2022, que acogemos favorablemente, quisiéramos saber cuáles son las medidas adoptadas en ese marco para reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida de la población, especialmente de los grupos más vulnerables, como las mujeres, los niños, los jóvenes, los agricultores de subsistencia, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, y alentamos al Gobierno a que solicite la asistencia técnica de la OIT en este sentido.

También quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por la ola de ocupaciones ilegales de tierras privadas por parte de grupos progubernamentales, según se ha informado, y por otros casos de violación de derechos, como ataques contra empresas y demoras injustificadas en el despacho de mercancías importadas.

Por otra parte, quisiéramos recordar que el acceso a la financiación es una condición esencial para el crecimiento económico. La microfinanciación, en concreto, es fundamental para que los pobres puedan subsistir en el día a día, crear oportunidades de generación de ingresos, educar a sus hijos y atender a los enfermos y a los ancianos. En este contexto, suscribimos las recomendaciones de los expertos de que el Gobierno debe fomentar nuevas formas de ahorro voluntario, proteger a los asalariados y a los productores independientes de la usura, y difundir conocimientos financieros básicos, sobre todo entre las mujeres.

La UE seguirá observando de cerca la situación y está determinada a utilizar todos sus instrumentos de política para favorecer una salida pacífica y negociada de la crisis e impedir que la situación de derechos humanos y el nivel de vida en Nicaragua se sigan deteriorando.

Miembro trabajador, Colombia — En nombre de los trabajadores de Colombia, nos solidarizamos con los trabajadores en Nicaragua, pues comprendemos el reto que implica para una nación, para la sociedad civil y para los trabajadores construir paz, especialmente en Latinoamérica. Nicaragua fue incluida en la lista de países a ser examinados por esta Comisión por los comentarios especiales realizados con profunda preocupación por la Comisión de Expertos, «profunda preocupación» que los trabajadores colombianos esperamos también se exprese en el siguiente informe de la Comisión de Expertos frente al aumento desmedido de asesinatos contra líderes sociales y sindicales en nuestro país.

Nicaragua es un país que lucha por la reconstrucción de su tejido social, por la recuperación de la inequidad, la recuperación del empleo y la garantía en los derechos laborales que merecen la atención internacional pero no para el intervencionismo o juzgamiento en sus procesos, sino para rodear sus instituciones democráticas para solidarizarse con sus apuestas para la inclusión social y el mejoramiento del nivel de vida de la población y para contribuir a la implementación de estándares sociales óptimos. Hacer lo contrario, es estimular a quienes realmente no quieren el progreso ni el bienestar de los nicaragüenses, pueblo que se merece ahora más que nunca de un goce pleno de su soberanía para resolver sus asuntos internos como muchos otros del continente americano, víctimas hoy de quienes se creen con el derecho a violentar el libre derecho a la autodeterminación de los pueblos. De eso sí que hemos sido víctimas los colombianos por la pérdida de nuestra soberanía.

Los trabajadores de Nicaragua, al igual que los colombianos, creemos que es posible la superación de las causas de los conflictos y el establecimiento de una paz estable y duradera, a pesar de los constantes intentos de desestabilización de ésta o de retroceso que se reciben en ambos países desde el exterior o desde minorías internas que no quieren la paz, que promueven desórdenes internos arguyendo una falsa defensa de la democracia y así deslegitimar las instituciones nacionales. La vía de la violencia y el conflicto para desestabilizar procesos internos progresistas siempre pondrán en riesgo la garantía de los derechos de los trabajadores y la productividad.

Los desórdenes, por los cuales el informe de la Comisión de Expertos que dio origen a este llamamiento de Nicaragua a la Comisión y que efectivamente han puesto en riesgo la vida, seguridad y bienestar de la población, creemos nosotros que son causados por que no concuerdan con el actual Gobierno nacional, cuyas políticas pueden poner en riesgo sus particulares intereses.

En Nicaragua, así como en Colombia, líderes sociales y sindicales siguen dando su vida por luchar por los Derechos Humanos, por más y mejores empleos, por más ingresos para la mayoría de la población, por defender la producción y el desarrollo nacional y por apostar a la consolidación de la paz, único escenario que garantiza el progreso y bienestar de los pueblos. Dejemos que el pueblo nicaragüense construya su propio futuro y logre de esta manera acatar adecuadamente los requerimientos de esta casa.

Miembro gubernamental, Estados Unidos — Estamos consternados por la severa crisis política y social que vive el país desde las protestas de abril de 2018. En particular, nos preocupan las graves acusaciones de violencia, estigmatización e injerencia contra empleadores y trabajadores recogidas en el informe del ACNUDH sobre las protestas de 2018, que habla de una ola sin precedentes de ocupaciones ilegales de tierras privadas por parte de grupos progubernamentales; de denuncias de ataques contra empresas; y de represalias contra funcionarios públicos, entre ellas el despido de médicos, personal de enfermería y personal administrativo por atender a los heridos durante las protestas, y el despido de docentes por haber participado en éstas. Por otra parte, existe poca información disponible sobre los casos denunciados. Por ejemplo, ¿qué medidas se han adoptado en relación con las acusaciones y las represalias? ¿Qué medidas se adoptarán para impedir que se produzcan violaciones similares en el futuro? Instamos al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para cumplir las normas internacionales del trabajo en estrecha cooperación con la OIT y los interlocutores sociales, y lo alentamos a que solicite la asistencia técnica de la OIT a tales efectos.

Miembro trabajador, Panamá — Debemos en primera instancia lamentar los hechos acaecidos en nuestra hermana República de Nicaragua en abril del año pasado. Imágenes dantescas de personas siendo encendidas vivas no deben volverse a repetir. Y estas imágenes, no cabe duda, tienen responsables, que entendemos, los procesos judiciales han empezado a llamar a responder por actos bárbaros como éstos.

En los organismos de la OIT, como el presente, entendemos nosotros que debemos propugnar por la paz del pueblo nicaragüense, por una salida de la crisis general del año pasado. El diálogo social, que con mucho esfuerzo se ha empezado a desarrollar, ha permitido por lo menos algunos alcances importantes en esta etapa. Como ellos, podemos mencionar el proceso de reconstrucción de la paz y reconciliación entre los nicaragüenses después de los hechos lamentables antes mencionados. Este diálogo entre las partes ha sido incluso auspiciado por organismos de carácter internacional, de ello se han derivado la instalación de 1 500 mesas para la paz y se auspicia llegar a 5 000 en cada región del país para tratar la diversidad de los problemas que al país aqueja, incluyendo la situación generada del año pasado.

El proceso de recuperación de la estabilidad económica y social es latente y no cabe duda, en estos momentos, empieza a mostrar signos importantes. Sólo este mes se aprobó la Ley de Amnistía para todas las partes del conflicto generado el año pasado. Esto debe permitir, sin duda, que el diálogo avance.

Garantías de ese diálogo hablan de desarrollo de políticas sociales, de generación de empleo, vivienda, salud, agua potable, educación y reforma al Estado, incluso se han estado discutiendo.

Los acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo permiten, a corto plazo, que las partes puedan seguir desarrollando toda política que indique la paz en Nicaragua para los nicaragüenses.

Observador, Internacional de Servicios Públicos (ISP) — Tomamos la palabra en un caso atípico para esta Comisión, en el cual se analiza el cumplimiento de Nicaragua de los preceptos contenidos en el Convenio en un contexto de crisis, y post crisis política y social. Resaltamos esta cuestión porque es clave, y porque se repite y repetirá muchas veces en América, en Asia, en África, o en los países centrales.

Un país, por distintas circunstancias, políticas, económicas, de origen estructural o por efecto coyuntural, por razones ligadas a su política interna, o por incidencia de políticas externas, por causas regionales, o aún por efecto de las crisis económicas internacionales, puede sufrir una gran convulsión interna, con afectación grave de su economía real, y por tanto, con efectos inmediatos sobre sus presupuestos públicos, y en consecuencia, en el nivel de cobertura de sus políticas sociales.

Frente a esa situación, la comunidad internacional no puede ser indiferente, los organismos internacionales, los actores sociales no podemos ser indiferentes, y debemos involucrarnos, claro está. La forma en que nos involucramos encierra el desafío del respeto absoluto a la autonomía de los pueblos, y la comprensión de las decisiones populares soberanas.

Es por ello que nos preguntamos en el marco de este debate: ¿cuál debe ser el rol de la comunidad internacional y de esta propia OIT? ¿Juzgar los hechos?, ¿aplicar sanciones?, ¿tomar posición en favor de un sector o de otro?, ¿incidir en la política interna?

No, definitivamente no. El rol de la comunidad internacional debe ser el de colaborar en la búsqueda de la paz, en mediar para el consenso, en brindar ayuda franca, en proponer soluciones, y también, avanzando un paso más en el análisis, sostenemos que la comunidad internacional debería ayudar con recursos económicos concretos, financiamiento para el desarrollo, para la activación sustentable del sector público y privado, colaborando en la garantía de cumplimiento de los estándares de políticas sociales para beneficio de los y las que menos tienen y no pueden esperar.

Efectivamente, en abril de 2018 se desató una crisis en Nicaragua con un saldo doloroso de víctimas fatales de un lado y del otro de las posiciones antagónicas y los efectos se trasladaron a la actividad económica. Lo vimos en las universidades también que fueron tomadas, saqueadas, destrozados sus bienes y tuvimos imposibilidad de dictar clases.

El movimiento obrero quiere la paz en Nicaragua, y quiere el respeto de su autonomía, y de la voluntad popular expresada de manera democrática. Ayudemos a Nicaragua ya, ahora, con más recursos y menos discursos, con más énfasis en la coincidencia que en la disidencia, centrados en las necesidades de las personas que son las que necesitan en forma urgente la garantía de sus derechos consagrados en las normas de la OIT sobre política social. No usemos los problemas de Nicaragua, o de cualquier otro país, para camuflar discusiones ideológicas. No se ayuda a la paz y a la protección social bloqueando el financiamiento externo a Nicaragua, condicionando su comercio exterior, y hostilizando al Gobierno. Tampoco levantando el dedo acusador desde cómodos sillones en los países centrales.

Cambiaron muchas cosas en el mundo desde 1919 a este 2019, pero hay algo que no cambió, como dice la Declaración de Filadelfia: «la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para todas las partes» y agrega «la justicia social es esencial para lograr una paz social duradera».

Miembro gubernamental, República Bolivariana de Venezuela — El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela agradece la presentación de la representante gubernamental, con relación al cumplimiento del Convenio núm. 117. Hemos escuchado que el gobierno de reconciliación y unidad nacional implementa la política de seguridad y soberanía alimentaria de forma integral, con el fin de alcanzar los objetivos y metas del Programa nacional de desarrollo humanos, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Valoramos los avances del Gobierno nicaragüense para erradicar la pobreza general y extrema, así como la implementación de las políticas y leyes que promueven y aseguran los derechos laborales. Vale destacar que se han inscrito nuevas organizaciones sindicales que participan activamente en la negociación colectiva del sector público y privado. Nos complace que la inspección laboral tutele activamente la protección de los trabajadores, evitando todo tipo de discriminación, protegiendo a los niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y pueblos indígenas y que se garantice la educación gratuita.

Consideramos que esta Comisión debería tener presente los aspectos positivos que se desprenden de las explicaciones brindadas por el Gobierno de Nicaragua. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela espera que las conclusiones de esta Comisión, producto de este debate, sean objetivas y equilibradas, alejadas de intereses políticos contrarios al Gobierno de Nicaragua.

Miembro gubernamental, Canadá — El Canadá agradece la información detallada presentada por el Gobierno de Nicaragua y reconoce los importantes progresos que el país ha realizado en los últimos años para mejorar el nivel de vida de su población. Sin embargo, buena parte de esos progresos podrían perderse hoy debido a la situación de los derechos humanos, que viene deteriorándose desde abril de 2018, y al impacto que ese deterioro ha tenido en la economía del país. El Canadá sigue profundamente preocupado por la difícil situación social y política, y se hace eco de las preocupaciones de la Comisión de Expertos sobre la adhesión de Nicaragua al Convenio, cuyo objetivo primordial es garantizar el bienestar de la población.

En particular, el Canadá toma nota de que, según se ha informado: se ha perdido más del 17 por ciento de los puestos de trabajo en la economía formal y se han producido pérdidas considerables en la economía informal; ha aumentado la pobreza; se han denunciado ataques a empresas; se ha recortado el gasto social en salud, vivienda, justicia y educación; se ha denegado atención médica a participantes de las protestas de 2018 y se ha despedido a quienes se ofrecieron a prestarles atención; han migrado muchos trabajadores a causa de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social; y, supuestamente, no se han adoptado medidas para facilitar el acceso a las instituciones financieras y difundir conocimientos financieros básicos, especialmente entre las mujeres. Todo ello afecta seriamente las condiciones sociales y de vida de la población.

El Canadá teme que, si esta situación persiste, el desarrollo socioeconómico, la seguridad y la estabilidad de Nicaragua sufrirán graves consecuencias a largo plazo.

En este sentido, y recordando las recomendaciones que formuló a Nicaragua a principios de este año en el contexto del Examen Periódico Universal, el Canadá insta al Gobierno de Nicaragua a que, sin demora:

- siga aplicando medidas destinadas a mejorar el bienestar y el nivel de vida de todos los nicaragüenses y, en particular, de los grupos vulnerables de la población, satisfaciendo necesidades básicas como la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la atención sanitaria y la educación;

- garantice condiciones de trabajo decentes para todos los trabajadores y especialmente para los trabajadores migrantes, obligados a vivir lejos de sus hogares;

- proteja a los asalariados y a los productores independientes facilitando acceso a las instituciones financieras, incluidas las cooperativas de ahorro y crédito, y difunda conocimientos financieros básicos, y

- recurra a la asistencia técnica de la OIT para la consecución de estos objetivos.

El Canadá colabora con el pueblo nicaragüense desde hace mucho tiempo para ayudar al país a fomentar el desarrollo económico, reducir la pobreza y aumentar la seguridad, y está determinado a seguir haciéndolo, apoyando entre otras cosas los esfuerzos realizados por Nicaragua para aplicar y respetar los principios del Convenio.

Miembro empleador, Honduras — Vemos con preocupación cómo la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua ha sido provocada por las políticas adoptadas por el Gobierno. Lo que ha puesto en peligro derechos económicos y sociales de los ciudadanos, como ser el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación y a la iniciativa empresarial, generando una recesión económica que desalienta y aleja las inversiones y con ello deja sin oportunidad a los ciudadanos nicaragüenses, provocando el detrimento del nivel de vida de la población, principalmente de los más vulnerables.

Con base en los datos de la FUNIDES, al final del año 2019, el 9 por ciento de los nicaragüenses serán pobres extremos, el 21 por ciento pobres generales pero no extremos y el 21 por ciento estarán en situación vulnerable. Es decir, en caso de extenderse la crisis sociopolítica que afecta al país, la mitad de la población enfrentaría riesgos de pobreza.

Estos condenables índices, que van en detrimento de los derechos sociales y económicos de las personas y de las empresas, han tenido su origen en una serie de medidas adoptadas por el Gobierno, como ser el incremento al precio de la energía, la reforma a la seguridad social, las reformas tributarias, la falta de financiamiento y encarecimiento de la tasa de interés de crédito disponible, el incremento de la brecha cambiaria, el aumento del precio de los combustibles, la migración de la mano de obra, la reducción de la oferta de mano de obra en las zonas productivas, los bajos precios internacionales de los productos agropecuarios y la incertidumbre del clima en el sector agropecuario. Todo lo anterior evidencia una clara violación de las disposiciones del Convenio en lo que respecta a sus principios generales. El artículo 1, en el que se dispone que toda política debe de tender en primer lugar al bienestar y al desarrollo de la población y estimular sus propias aspiraciones para lograr el progreso social. La denuncia en el marco de este Convenio técnico es porque el Gobierno de Nicaragua se ha alejado de generar políticas sociales que impulsen a la mejor acción social de cualquier país, como es el empleo.

También condenamos los actos ilegales que incluyen intimidación, amenaza, represión y confiscaciones injustificadas en la liberación de la mercancía importada que ha sido denunciada por el COSEP, órgano representativo de los empleadores de Nicaragua.

Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que tome de forma urgente las acciones necesarias para generar condiciones dignas de vida para los ciudadanos nicaragüenses y que garantice el derecho de la libre empresa en Nicaragua.

Miembro gubernamental, Cuba — Mi delegación desea destacar los elementos aportados por el Gobierno de Nicaragua. El hecho de que el incremento económico sostenido se haya traducido en una disminución del coeficiente de desigualdad y en la reducción de la pobreza demuestran el compromiso de Nicaragua con la justicia social.

Reconocemos que el Gobierno haya destinado recursos para ampliar la infraestructura social y restituir los derechos de trabajo y seguridad social, de salud y educación, y los subsidios a servicios básicos a la población. También es positivo que haya promulgado normas jurídicas que reconocen, protegen y garantizan los derechos laborales, así como los derechos de las personas con discapacidad y otros grupos poblacionales. Por otro lado, se encuentran en aplicación diversos programas sociales dirigidos a proteger a la población y mejorar sus condiciones de vida.

Todos los avances económicos y sociales alcanzados por el Gobierno nicaragüenses y que han sido informados en esta sala se han hecho a pesar de las agresiones de diversa índole que sufre el Gobierno. En tal sentido, mi delegación rechaza los enfoques punitivos, las prácticas selectivas y la manipulación política de los órganos de control de la Organización, al tiempo que alertamos que de considerarse estas acciones, pudiera conducir a esta Comisión hacia la falta de credibilidad y de espíritu de cooperación.

Miembro trabajador, Cuba — Los argumentos presentados contra la República de Nicaragua demuestran, una vez más, que las agresiones externas, la incentivación al desorden interior, las motivaciones políticas por intereses ajenos e individuales, sólo conllevan al sufrimiento de los pueblos, a su desestabilización y al retroceso de los avances en materia social y laboral, entre otros males.

Cuba y la República Bolivariana de Venezuela, entre otros países, también hemos sido objeto de estos ataques, se nos han impuesto bloqueos económicos, financieros y comerciales, para frenar las políticas sociales y el desarrollo de nuestros países, y para desalentar a los trabajadores en el esfuerzo para construir nuestras naciones, y estimular el éxodo la fuerza laboral.

Evidentemente, éste es un caso que los elementos políticos que lo acompañan minimizan al extremo los matices técnicos que pudiera contener y que no se avienen a lo expresado en el Convenio.

Nicaragua, desde hace más de cuarenta años, ha trabajado en cumplimentar los proyectos de desarrollo social a través de planes nacionales y de integración regional para contribuir a elevar el nivel de vida de su población, promover la inclusión social y laboral.

Muchos de los argumentos que se toman como elementos en esta discusión son competencia del Consejo de Derechos Humanos y no de esta Comisión. Coincidimos plenamente en los criterios expresados por el delegado de los trabajadores de Nicaragua y esperamos que esta Comisión los tenga en consideración en las conclusiones de este caso, al que no vemos motivo de peso para incluirlo en la lista de los 24 casos a discusión.

Miembro gubernamental, Honduras — La delegación de Honduras presenta su muestra de apoyo a la hermana República de Nicaragua. Tomamos nota de las acciones que realiza el Gobierno de Nicaragua en la aplicación del Convenio, en la implementación del desarrollo de políticas públicas a través de proyectos socioeconómicos a favor de grupos de mujeres y poblaciones de las zonas rurales, de conformidad con el Programa nacional de desarrollo humano 2014-2018. Vemos con agrado que este Programa contempla también derechos fundamentales como, por ejemplo, la educación gratuita en todos los niveles y también la cobertura de un modelo de salud familiar y comunitaria, así como la garantía de la seguridad social. Observamos positivamente los esfuerzos y alcance de Nicaragua dirigidos a la equidad de género y al goce de las garantías y participación de la mujer de manera amplia. En materia de migración laboral, hacemos referencia a la importancia de la protección y promoción de los derechos laborales de los trabajadores migrantes al considerarse los pilares en la ejecución de programas de migración laboral, ordenada y temporal. Finalmente, Honduras alienta al Gobierno de Nicaragua a continuar impulsando el desarrollo de mecanismos institucionales bajo el espíritu del Convenio y primordialmente dentro de un esquema de diálogo social y consenso tripartito.

Miembro trabajador, República Bolivariana de Venezuela — La delegación de los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela apoya plenamente los esfuerzos realizados por el Gobierno de Nicaragua en la Estrategia de alianza con el país 2018-2022, con el fin de reducir la pobreza y promover la prosperidad para los nicaragüenses en su esfuerzo claro y preciso por cumplir el Convenio núm. 117.

Nicaragua, al igual que la República Bolivariana de Venezuela, coincide en la agenda nacional de buscar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, mediante políticas que permiten la justa distribución social de la riqueza generada por las empresas privadas o públicas, la creación de más y mejores empleos, la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la creación de programas de seguridad social y en especial la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad indígenas, jóvenes afrodescendientes y campesinos.

No entendemos cómo se introduce en los casos de la Comisión a países como Nicaragua que está muy lejos de ser un Gobierno violador de los convenios de la OIT. En nuestro continente latinoamericano enfrentamos la grosera injerencia del imperialismo, que tiene nombre propio, que tiene ubicación geográfica precisa y que en alianza con los empleadores no tienen vergüenza de confesar públicamente ante el mundo que su objetivo es apropiarse de las riquezas y potencialidades de crecimiento y desarrollo económico de nuestras naciones. No nos olvidemos que Nicaragua es potencialmente sede de un canal interoceánico de importancia estratégica para todo el comercio y para todos los pueblos del mundo. Para ello, el imperio acude al bloqueo, al boicot comercial contra nuestros países, para doblegar a los pueblos e incentivar hechos de violencia como los que han sido suficientemente explicados en este foro.

Los empleadores pretenden utilizar este foro internacional tripartito como instrumento injerencista. Los empleadores pretenden politizar cada vez más la acción de la Oficina para enfrentar a los gobiernos revolucionarios que defienden a los trabajadores y que religiosamente aplican las normas y convenios. Así como pasa con Nicaragua, los empleadores agreden a la República Bolivariana de Venezuela que en estos momentos está sometida a una Comisión de encuesta, que fue solicitada por los empleadores y un grupo de gobiernos latinoamericanos, pero sucede la ridícula paradoja de que esos empleadores no reconocen al Gobierno de Venezuela, pero solicitan que la OIT imponga un diálogo con un gobierno que no reconocen.

Alertamos a la Oficina de estas nefastas intenciones de los empleadores en alianza con el gobierno imperial y otros gobiernos de la subregión. Nicaragua al igual que Venezuela está construyendo una sociedad justa, amante de la paz. Es sumamente lamentable que en el centésimo aniversario de la OIT se pretenda aplicar tristes procedimientos de penalización de los gobiernos que atienen el bienestar de los trabajadores y trabajadoras.

Miembro gubernamental, México — En nombre del Gobierno de México agradecemos la presentación del informe sobre las medidas adoptadas por Nicaragua para atender los comentarios realizados por la Comisión de Expertos. Para México, el objetivo de una política social efectiva es lograr el bienestar de las personas y la cohesión dentro de las sociedades. Este bienestar requiere de una presencia decidida del Estado en el fomento de estrategias guiadas por una idea de desarrollo que subsane la desigualdad y las injusticias sociales e impulse el crecimiento económico sostenido a través del mejoramiento de la salud pública y la seguridad social, alimentación, la vivienda, la educación, las oportunidades laborales, las condiciones de trabajo y el aumento de los salarios.

Con respecto al caso que nos ocupa, México reconoce la disposición del Gobierno de Nicaragua de aportar mayor información sobre los comentarios formulados por la Comisión de Expertos, en particular, sobre las medidas que ha implementado para asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población nicaragüense, especialmente de aquellos sectores en situación de vulnerabilidad, como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pequeños productores que practican la agricultura de subsistencia, y comunidades indígenas y afrodescendientes.

Asimismo, el Gobierno de México destaca el anuncio de que Nicaragua está adoptando medidas para que las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes tengan en cuenta sus necesidades familiares. Desarrollar un marco de migración laboral con un enfoque de derechos humanos y trabajo decente, es un paso fundamental para garantizar el respeto pleno de los derechos de este sector, por lo que celebramos los avances que puedan darse en materia tan importante para nuestra región.

Por último, el Gobierno de México nota el anuncio del Gobierno de Nicaragua de buscar mecanismos efectivos de colaboración con la OIT para dar seguimiento oportuno de este caso. Alentamos al Gobierno de Nicaragua a que continúe colaborando con esta Organización para la consecución de políticas sociales incluyentes en beneficio del hermano pueblo nicaragüense.

Miembro gubernamental, Myanmar — Myanmar reconoce los esfuerzos realizados por Nicaragua en pos del desarrollo económico y social de su pueblo y acoge con beneplácito la aplicación del modelo de alianza entre el Gobierno central, el sector privado y los trabajadores. Observamos con optimismo la voluntad del Gobierno de Nicaragua de restablecer el derecho de la mujer a participar en los procesos de adopción de decisiones y la adopción de medidas más contundentes en este sentido. Reconocemos también los esfuerzos de Nicaragua para promover el acceso universal a la atención de la salud y fortalecer el derecho a la salud a través de un modelo de salud familiar y comunitaria. Encomiamos el Plan de educación de Nicaragua 2017-2021, que garantiza la educación para todos sin costo alguno, y celebramos los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua para promover y proteger los derechos laborales fortaleciendo el tripartismo, las libertades sindicales y la cooperación entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores. En vista de estos avances, especialmente en las áreas de educación, salud, derechos de la mujer y derechos laborales, creemos en que el caso de Nicaragua será uno de progreso si vuelve a examinarse en el futuro.

Miembro gubernamental, Federación de Rusia — Damos las gracias al representante del Gobierno de Nicaragua por la información sobre las medidas que se han adoptado para dar cumplimiento al Convenio y por haber expuesto los objetivos de su política social. Está claro que el Gobierno está tomando medidas para combatir la pobreza y mejorar la economía, y debe continuar por esa senda para resolver los difíciles problemas sociales que afronta Nicaragua en la actualidad. El éxito en este sentido dependerá de la capacidad del Gobierno para aplicar plenamente las disposiciones del Convenio; en última instancia, la estabilidad social de Nicaragua dependerá de ello.

Observamos con satisfacción el conjunto de medidas que el Gobierno ha venido aplicando en el ámbito de las relaciones laborales y en el marco del Programa nacional para la protección de la familia y la mujer. Las medidas adoptadas para mejorar el Programa nacional de educación ya han dado buenos resultados y han sido complementadas con reformas legislativas y mejoras en la administración pública y los tribunales. Valoramos enormemente la contribución técnica aportada por la OIT en este proceso y esperamos que se mantenga.

Miembro gubernamental, Belarús — Belarús agradece el informe presentado por la delegación de Nicaragua. Las medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población son fundamentales y no pueden tener un límite de tiempo, especialmente en condiciones económicas difíciles. Así pues, celebramos las medidas adoptadas por el Gobierno de Nicaragua para fomentar el desarrollo social, especialmente en los segmentos vulnerables de la población. Quisiéramos destacar la buena disposición del Gobierno para cooperar de forma constructiva con la OIT, que ha sido invitada incluso a realizar una visita en el país, e instamos a esta última a que preste apoyo al país por medio del diálogo social en pleno respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Por último, reconocemos la necesidad de una alianza con Nicaragua en el contexto más amplio de la consecución de los ODS.

Miembro gubernamental, Estado Plurinacional de Bolivia — El Estado Plurinacional de Bolivia agradece las estadísticas proporcionadas, así como la información detallada provista por el Gobierno de Nicaragua relativa a los esfuerzos y logros alcanzados mediante su política social.

Saludamos que se haya registrado una disminución de la pobreza y el crecimiento económico promedio superior al crecimiento económico promedio mundial. Saludamos también la disminución de la mortalidad materna, fruto del modelo de salud familiar y comunitaria. En materia de educación valoramos el esfuerzo del Gobierno de Nicaragua para garantizar el derecho humano a una educación gratuita para todos. Tomando en cuenta además la cosmovisión y lenguas de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Consecuentemente alentamos al Gobierno de Nicaragua a continuar profundizando sus políticas sociales a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Representante gubernamental — Nicaragua toma muy en serio su política exterior y a la comunidad internacional, sus compromisos internacionales y los que hemos adquiridos bajo los distintos convenios de la OIT y que ya hemos ratificado. Dicho lo anterior, me gustaría resaltar que el Gobierno de Nicaragua actúa con objetividad sobre los hechos acontecidos el 18 de abril, muestra de ello es que en días recientes el Gobierno de reconciliación y unidad nacional ha cumplido con todos los acuerdos de la mesa de diálogo, incluyendo la liberación de los ciudadanos que se encontraban privados de libertad por alterar la estabilidad económica, política, jurídica y desbaratar la estabilidad psicológica de las familias nicaragüenses. Esta liberación se cumple conforme la puesta en vigencia de la ley núm. 996, Ley de Amnistía, que luego de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial, otorga, como debe ser, el perdón a todas las acciones de todos los ciudadanos que participaron en los sucesos acaecidos en el territorio nacional, a partir del 18 de abril de 2018.

También es meritorio señalar que se han instalado 1 594 comisiones de reconciliación, justicia y paz en toda Nicaragua, que funcionan en los ámbitos: departamental, nacional y municipal, y en la Costa Caribe Norte y Sur. A raíz del funcionamiento de las comisiones está la identificación de personas, familias y comunidades que fueron víctimas del intento de golpe de Estado frustrado. Las comisiones han desarrollado reuniones comunitarias de trabajo para estudiar, analizar y lograr una apropiación del plan de trabajo del Gobierno de reconciliación y unidad nacional para consolidar la estabilidad y la paz en Nicaragua, en coordinación con las instituciones gubernamentales y los liderazgos religiosos se están planificando acciones de acompañamiento para ayudar a superar resentimientos, duelos y sentimientos de pérdidas y dolor. Es por ello, que las comisiones impulsan acciones que ayudan a fortalecer la cultura de la fraternidad cristiana, el encuentro y el entendimiento. Lo más importante es que los que participan en las comisiones, durante sus instalación y funcionamiento, son familias, educadores, líderes de salud, líderes sociales, comunitarios y religiosos, jóvenes, delegados de la palabra, diáconos, diaconisas, pastores y pastoras, entre otros.

Sobre trabajadores migrantes se ha facilitado la movilización a través de las coordinaciones tanto nacionales como binacionales la cantidad de 28 452 trabajadores migrantes nicaragüenses que de forma regulada y ordenada se han movilizado hacia Costa Rica (pero no únicamente en el contexto del 18 de abril, antes ya, había migraciones por razones de empleo, o por razones voluntarias) en los diferentes ciclos agrícolas desde 2006 hasta 2018, con cantidades de trabajadores que desarrollan actividades agrícolas generalmente y en la construcción, las mismas se han realizado bajo la coordinación de las instituciones involucradas en el tema migratorio entre las que mencionamos lógicamente, la Dirección General de Migración y Extranjería y los Ministerios de Trabajo de ambos países, así como de la Dirección General Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. En su mayoría, los trabajadores que salen bajo el procedimiento binacional son hombres, debido a las actividades que solicitan las diferentes empresas que son del sector agrícola en los rubros de caña de azúcar, melones y piña. Pero cabe señalar que Nicaragua nunca ha sido de la opinión que sus nacionales migren a otros países.

Nicaragua se ha destacado por mantener niveles de crecimiento económico superiores al promedio de América latina y el Caribe.

La reforma tributaria, desde el Gobierno hemos hecho todo lo posible por que sea lo más equilibrada, lo más técnica y armoniosa posible, que esté en congruencia o que vaya en congruencia con la realidad nacional de nuestro país. Dicho esto, cabe mencionar que los presupuestos dirigidos a cubrir el área social son totalmente intocables, se garantizan en su totalidad, como se han venido haciendo desde que asumimos el Gobierno en 2007.

Deseo también resaltar que el Gobierno tiene como uno de sus programas emblemáticos, porque se hablaba aquí de la falta de crédito a sectores pequeños, el programa Usura Cero, que es el que cubre a nivel nacional y generalmente a todas las mujeres, mediante el cual se han entregado cantidades considerables de créditos para trabajar, avanzar en la producción y en el comercio, a 2 691 protagonistas de 820 grupos solidarios, en 86 municipios del país en lo que va del año 2019.

En mayo de este año, el Gobierno presentó, a través del Ministerio Agropecuario, el Plan de producción nacional, que contempla 13 áreas de políticas desde la promoción de las inversiones, recursos hídricos, sistemas fitosanitarios y políticas de promoción de la actividad productiva. También se ha realizado un acompañamiento extraordinario a alrededor de 70 000 familias productoras, acompañándolas para el inicio del ciclo agrícola 2019-2020 para aumentar la producción y por supuesto la productividad a nivel nacional. La producción no ha dejado de crecer, ha continuado su rumbo, creciendo en términos absolutos un 76por ciento, tanto en la producción pecuaria como la agrícola. Hemos alcanzado niveles de abastecimiento para el consumo nacional que garantiza la seguridad alimentaria de la familia nicaragüense.

El Ministerio de Educación está realizando el censo nutricional y escolar y tenemos reportados ya a esta fecha 176 702 niños y niñas pesados y tallados, de una meta de 1 600 000 de niños y niñas, lo que representa un avance del 11 por ciento. Seguimos trabajando lógicamente para complementar ese censo en el tiempo establecido.

En relación a comentarios sobre la supuesta grave situación de derechos humanos en mi país, Nicaragua, el mes pasado en el Consejo de Derechos Humanos el Estado de Nicaragua estuvo presentando su tercer informe periódico universal, por lo que insto a los interesados a conocer, a leer y a analizar dicho informe que se presentará en la 42.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Referente a otros comentarios sobre la toma de tierras, sería de vital importancia que se mostraran pruebas, porque escuchamos «toma de tierras» pero no nos enseñan ningún tipo de prueba necesaria que pudiera apoyar esta semejante aseveración.

Por otra parte, considero muy importante señalar que sobre los recortes de personal en algunas empresas, el Estado de Nicaragua, la administración pública de Nicaragua, se ha mantenido todos los días del año 2018 y hasta la fecha trabajando continuamente y no ha sido despedido ningún trabajador o trabajadora que se le atribuya causa política.

Quiero dejar bien claro que sí, ha habido suspensiones laborales, claro que sí, pero bien decían algunos que intervinieron, representantes de los empleadores, se han hecho suspensiones laborales pero la empresa privada ha venido haciendo suspensiones, recortes de personal, no es el Gobierno, y hay que analizar la historia de lo que sucedió, el nacimiento de lo que sucedió, a partir del 18 de abril.

Nuestro Gobierno está haciendo todos los esfuerzos por avanzar cada día en la reducción del desempleo y asegurar además la estabilidad en el empleo, y eso lo decíamos en los acuerdos tomados últimamente ante la mesa de negociación, que se debe de asegurar la participación de las y los trabajadores en la gestión del desarrollo activo de las empresas. Para eso dijimos, nuestro Gobierno, Nicaragua no es de la opinión de que sus nacionales migren por ningún motivo. Y entre esos acuerdos existe un plan, ya en ejecución, el plan de retorno voluntario de los nicaragüenses que estén en el exterior, que salieron en el contexto de esos hechos violentos ocurridos a partir del 2018, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), plan que garantizará todas las garantías constitucionales y de seguridad, porque Nicaragua continúa siendo uno de los países, si no el país más seguro de Centroamérica, para la debida reinserción de las personas que salieron en ese contexto, de esos hechos violentos ocurridos a partir del 18 de abril.

Concluyo, porque considero también de mucha relevancia para nosotros, el fortalecimiento y el trabajo de cerca, de la mano con los trabajadores, es muy importante y por eso es que hemos avanzado considerablemente en el aseguramiento y fortalecimiento del trabajo tripartito, donde estén los trabajadores, donde esté el Gobierno y donde esté la representación de los empleadores.

Concluimos confirmando nuestro ímpetu en erradicar todo acto de violencia porque eso es un paso más para contribuir al fortalecimiento de la paz que es el objetivo común para garantizar el trabajo y garantizar la erradicación de la pobreza en la familia nicaragüense.

Reitero también una vez más la invitación a la Organización Internacional del Trabajo que nos visite en Nicaragua para dar fe de la situación de tranquilidad y paz que hemos retomado. Todos trabajando en paz, todos trabajando en la vía de organizarnos para producir más, para tener mayor productividad, para asegurar que la educación no se detenga, que la salud de la familia de trabajadores continúe perfeccionándose; últimamente acabamos de comprar un equipo que no teníamos de detección del cáncer. Avanzar porque eso es desarrollo de políticas sociales en nuestro país, eso es avanzar y garantizar a la familia, a todas las familias sin discriminación alguna que vivan en paz, que trabajen en paz, que se desarrollen en paz.

Quería dejar bien claro que aquí se dijo, porque lo tengo en mis comentarios, que no estaban o no tenían presencia las organizaciones de empleadores más representativas. Aquí están las organizaciones de empleadores representativas, Nicaragua tiene organizaciones que andan en el 76 casi el 80 por ciento y que éstas incluyen a las micro, pequeñas y medianas empresas y eso lo podemos decir con causa justa.

Tenemos 19 cámaras miembros de la CONIMIPYME, empresas agremiadas a las cámaras de CONIMIPYME son 30, y 545 en otras que mencionábamos antes.

Miembros empleadores — Todos los que estamos o la mayoría de los que estamos en esta sala, estamos muy familiarizados con el principio de supremacía de la realidad en el derecho laboral, es un principio básico para nosotros entender, poder apreciar, eventualmente resolver una situación. Lo menos que debemos atender es a los hechos tal como han sucedido.

Nos parece que la realidad que nos ha mostrado el Gobierno, no es la que los informes dan cuenta. No es la que nuestra organización hermana en Nicaragua, el COSEP, nos da cuenta. Se vale tener diferentes opiniones, lo que quizás no se vale es tener diferentes cifras. Negar, ignorar lo que dicen los informes; el informe de la Comisión de Expertos, el del ACNUDH, creemos que en poco o nada contribuiría a resolver una situación. Y es que el presente caso se da en un contexto en el que resulta evidente que el Gobierno de Nicaragua encara grandes retos y que los debe atender de forma urgente. El crecimiento de la pobreza en Nicaragua es un tema que amerita toda nuestra atención y que denota especial relevancia frente a los objetivos que se propone el Convenio que nos ocupa, y también los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La problemática que hemos abordado el día de hoy tiene una relación directa con el objetivo 1, fin de la pobreza, objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, objetivo 10, reducir desigualdades. En este sentido, el Gobierno de Nicaragua deberá poner en práctica y reforzar de manera urgente a nivel nacional, provincial y local, sistemas y medidas apropiadas para erradicar la pobreza extrema y fomentar la resiliencia de los pobres y de las personas que se encuentran en situaciones vulnerables. El Gobierno de Nicaragua deberá garantizar de manera urgente la creación de marcos normativos sólidos en consulta con los actores sociales más representativos, libres e independientes, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. A estos fines, el Gobierno de Nicaragua también deberá trabajar en estrecho diálogo social con los actores ya referidos para alcanzar las metas del objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico. Lograr el crecimiento económico, el pleno empleo, empleo productivo desde luego y trabajo decente para todas las mujeres y todos los hombres, incluidos jóvenes y personas con discapacidad, son metas que resultan de crucial relevancia en el combate a la pobreza, lo que adquiere mayor relevancia, ya que con base en los datos que hemos mencionados en estas discusiones, en caso de extenderse la crisis sociopolítica que afecta al país, la mitad de la población al final del año 2019 enfrentaría riesgo de pobreza.

Una estrategia y políticas que permitan alcanzar de manera rápida esos objetivos, sólo será posible, en primer lugar, garantizando los derechos fundamentales de todos los habitantes y mediante el involucramiento de los interlocutores sociales más representativos, libres e independientes por medio de sus organizaciones más representativas, como actores relevantes en la generación de empleo. En este sentido, destacamos que, tanto el crecimiento económico como el empleo pleno y productivo y el trabajo decente como fuente de prosperidad sólo serán realizables si se garantiza un ambiente propicio para el desarrollo empresarial. Por ello, hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para allegarse de la asistencia técnica de la OIT y trabajar de manera conjunta con las organizaciones más representativas, libres e independientes de empleadores y de trabajadores en el fortalecimiento de los pilares necesarios para garantizar un entorno propicio para la creación de empresas sostenibles, la promoción del emprendimiento y el desarrollo de capacidades y dar cabal cumplimiento a las disposiciones del Convenio. Asimismo, la reducción de las desigualdades, objetivo 10, nos llama a garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados promoviendo legislaciones políticas y medidas adecuadas a ese respecto.

Por otra parte, en el contexto de migración por motivos de pobreza que enfrenta Nicaragua, es importante recordar la meta 10.7 de los ODS que nos llama a facilitar la migración ordenada regular y responsable. Alentamos al Gobierno de Nicaragua a continuar desarrollando esquemas de cooperación bilateral y regional que le permitan garantizar condiciones de trabajo decente para los trabajadores migrantes y sus familias. Al tiempo que reconocemos los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua en este sentido, es necesario redoblarlos y fortalecer las alianzas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas para la debida atención del fenómeno migratorio. Con la asistencia técnica de la OIT y el apoyo de la comunidad internacional, confiamos en que el Gobierno de Nicaragua podrá aplicar las recomendaciones de la Comisión de Expertos y avanzar en el bienestar de la población nicaragüense y mejorar su nivel de vida.

Miembros trabajadores — El Grupo de los Trabajadores toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno con vistas a cumplir con el Convenio y promover el progreso social a través de un desarrollo económico sostenido.

En los últimos años, los distintos programas y estrategias que ha venido aplicando el Gobierno de Nicaragua han dado resultados significativos con tasas de crecimiento récord. No obstante, creemos que deben fortalecerse estos programas para que dichos resultados se traduzcan en una reducción de las desigualdades y de la pobreza en el país. El 80 por ciento de la población, ya se ha dicho aquí, es vulnerable o pobre y persisten importantes lagunas en el diseño y la implementación de políticas que pueden corregirse cuanto antes.

A la situación de la población nicaragüense hay que sumar, además, la reciente crisis social y política que estalló en abril de 2018.

Reconocemos los esfuerzos desplegados por el Gobierno con la convocatoria de la mesa de negociación para la búsqueda del entendimiento y la paz en Nicaragua pero los nicaragüenses aún continúan sufriendo las consecuencias sociales y económicas de la crisis. Alentamos, por lo tanto, al Gobierno de Nicaragua, a continuar dialogando con vistas a una resolución más rápida y pacífica de esta crisis social y política. Instamos al Gobierno de Nicaragua a revisar sus políticas y estrategias sobre el desarrollo humano, teniendo en cuenta la acuciante necesidad de mejorar el nivel de vida de la población. Alentamos a que dicho proceso deberá llevarse a cabo mediante las consultas sostenidas y significativas con los interlocutores sociales y todas las partes interesadas, con el objetivo de que se adopten todas las medidas encaminadas a fomentar el desarrollo social y económico de la población, siempre en línea con los principios generales contenidos en el Convenio.

Si bien vemos con satisfacción y escuchamos la afirmación de la Señora Ministra que el presupuesto social no será rebajado, exhortamos al Gobierno de Nicaragua a revaluar cuidadosamente cualquier recorte del gasto público, teniendo en cuenta su impacto sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones respecto al bienestar y desarrollo de la población.

Por último, invitamos al Gobierno a alentar formas voluntarias de ahorros y facilidades para solicitar préstamos, como referimos en nuestra apertura, así como promover la adquisición de conocimientos financieros entre los asalariados y productores independientes.

Le pedimos al Gobierno de Nicaragua que se sirva bien informar a la Comisión de Expertos de todos los avances que se realicen a fin de asegurar un progreso rápido y sostenible respecto a la realización de los principios consagrados en el Convenio.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información suministrada por la representante gubernamental y del debate que se celebró a continuación.

Teniendo en cuenta la información presentada por el Gobierno y la discusión del caso, la Comisión insta al Gobierno a que, con carácter de urgencia:

- garantice que las políticas del mercado de trabajo se aplican en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, libres e independientes a fin de ayudar a cumplir los principios del Convenio núm. 117, con la asistencia técnica de la OIT;

- asegure que los trabajadores migrantes y sus familias reciban una protección adecuada contra la discriminación, y

- elabore y aplique políticas económicas y del mercado de trabajo sólidas y sostenibles, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, libres e independientes.

La Comisión alienta al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la OIT. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita a la Comisión de Expertos más información sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento al Convenio núm. 117, con el fin de que la examine en su reunión de noviembre de 2019.

El representante gubernamental: Agradecemos a los gobiernos e interlocutores sociales sus constructivos comentarios durante nuestro caso. Reafirmamos el compromiso como país, como Gobierno de reconciliación y unidad nacional, a fin de adoptar todas las recomendaciones posibles. Dicho lo anterior, tomamos nota de las conclusiones de la Comisión y les estaremos informando tan pronto como nos sea posible.

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia International del Trabajo, 108.ª reunión, junio de 2019)

La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en junio de 2019, respecto a la aplicación del Convenio. La Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que, con carácter de urgencia: i) garantizase que las políticas del mercado de trabajo se aplican en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, libres e independientes a fin de ayudar a cumplir los principios del Convenio, con la asistencia técnica de la OIT; ii) asegurase que los trabajadores migrantes y sus familias reciban una protección adecuada contra la discriminación, y iii) elaborase y aplicase políticas económicas y del mercado de trabajo sólidas y sostenibles, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, libres e independientes. A este respecto, la Comisión de la Conferencia alentó al Gobierno a que recurriera a la asistencia técnica de la OIT. Asimismo, pidió al Gobierno que transmitiera a la Comisión de Expertos más información sobre las medidas adoptadas con miras a que fuera examinada en su siguiente reunión.

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. En sus comentarios anteriores, la Comisión expresó su profunda preocupación por la grave situación en el país provocada por la crisis política y social originada tras las protestas que se iniciaron el 18 de abril de 2018 y que perjudicó seriamente las condiciones de vida de la población. La Comisión tomó nota de la información incluida en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) «Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, del 18 de abril al 18 de agosto de 2018», en el que se expresó preocupación en relación con las violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas. En particular, la Comisión tomó nota de que, desde el inicio de la crisis, numerosas personas perdieron sus empleos, aumentó el número de personas en situación de pobreza, se produjeron ocupaciones ilegales de tierras privadas por parte de grupos progubernamentales y el derecho a la salud se vio significativamente afectado. Al respecto, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre los resultados alcanzados por el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012-2016), la Estrategia de Alianza con el País (EAP) de Nicaragua para 2018 2022, así como sobre todas aquellas medidas destinadas a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población nicaragüense, especialmente en relación con grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pequeños productores que practican agricultura de subsistencia, y comunidades indígenas y afrodescendientes. Asimismo, al tiempo que tomó nota del detrimento de las condiciones de vida de la población como consecuencia de la crisis política y social en el país, la Comisión solicitó al Gobierno que tomase las acciones necesarias para que tales medidas tuvieran en cuenta las necesidades familiares de los trabajadores, de carácter esencial. La Comisión solicitó además al Gobierno que enviase información sobre todas las medidas tomadas al respecto y el resultado de éstas. En este contexto, la Comisión recordó al Gobierno la posibilidad de solicitar la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, gracias a la implementación de diversos programas y proyectos sociales, se han alcanzado importantes avances en el aumento del bienestar de la población y la disminución de la pobreza y la pobreza extrema. El Gobierno informa, no obstante, de que, en 2018, algunos sectores económicos experimentaron un decrecimiento económico del 3,8 por ciento como consecuencia de los altercados acaecidos en el país en los últimos meses. La Comisión toma nota también de la información proporcionada por el Gobierno sobre los programas implementados en relación con los pequeños productores y los trabajadores del sector rural entre 2014 y 2018. Entre otros, el Gobierno se refiere a la implementación del «Proyecto apoyo de adaptación a cambios en los mercados y a los efectos del cambio climático», mediante el cual 14 273 familias productoras de café y cacao, recibieron capacitación y apoyo técnico. Además, en el marco del «Plan especial de apoyo a pequeños productores» se proporcionó asistencia técnica y acompañamiento a 205 979 productores y productoras. Por otro lado, el Gobierno indica que, gracias a la negociación colectiva, se incrementó el salario mínimo de 380 000 trabajadores de los diferentes sectores económicos. En lo que respecta al acceso a la salud de la población nicaragüense, el Gobierno indica que en el país hay 1 520 centros de salud y 66 clínicas móviles, y que el número de personal sanitario se incrementó de 5 566 a 6 318 médicos y de 31 124 trabajadores de la salud a 35 841. El Gobierno añade que 752 052 trabajadores se encuentran afiliados al sistema de la seguridad social. En lo que respecta a la educación, el Gobierno se refiere al desarrollo del «Plan de Educación 2017-2021», que tiene como objetivo continuar mejorando el acceso de la población a la educación (en especial de los miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes), así como la calidad educativa y la formación integral. Por último, el Gobierno informa de la construcción de 57 859 viviendas con miras a garantizar el derecho a la vivienda de 236 165 personas. La Comisión toma nota, no obstante, de que el Gobierno continúa sin proporcionar información sobre los resultados alcanzados por el PNDH 2012-2016 y la EAP de Nicaragua para 2018-2022. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información detallada, incluyendo estadísticas desagregadas por sexo y edad, sobre los resultados alcanzados por la Estrategia de Alianza con el País (EAP) de Nicaragua para 2018-2022, así como sobre todas aquellas medidas destinadas a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población nicaragüense (artículo 2), especialmente en relación con grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pequeños productores que practican agricultura de subsistencia, y comunidades indígenas y afrodescendientes. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre las acciones adoptadas para que tales medidas tengan en cuenta las necesidades familiares de los trabajadores, de carácter esencial, tales como los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el vestido, la asistencia médica y la educación en tales medidas (artículo 5, párrafo 2). Solicita además al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre todas las medidas tomadas al respecto y el resultado de éstas.

Parte III. Trabajadores migrantes. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las medidas adoptadas para que las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares tengan en cuenta sus necesidades familiares. Asimismo, solicitó al Gobierno que enviase información estadística sobre el número de trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares. La Comisión toma nota de que, según información proporcionada por la Dirección General de Migración y Extranjería, el número de nicaragüenses que han emigrado al extranjero por motivos laborales, así como de trabajadores extranjeros que llegaron al país buscando trabajo, ha ido en aumento. En 2014, el número de nicaragüenses que emigraron al extranjero fue de 2 641, mientras que en 2018 fueron 336 965 nacionales los que emigraron. Por su parte, el número de trabajadores inmigrantes en Nicaragua en 2014 era de 5 194, mientras que en 2018 había 183 275 trabajadores inmigrantes. Por otro lado, la Comisión toma nota de la copia del acuerdo celebrado entre Costa Rica y Nicaragua en diciembre de 2007, con miras a regular el procedimiento de gestión migratoria laboral binacional en materia de trabajadores temporales. El acuerdo establece que el Gobierno de Costa Rica deberá asegurar a los trabajadores nicaragüenses los mismos derechos laborales, remuneraciones y liquidaciones laborales que las previstas para los trabajadores nacionales en el ordenamiento jurídico nacional, así como condiciones de alojamiento que se ajusten a las recomendadas por las disposiciones nacionales en materia de higiene y seguridad. En el marco de dicho acuerdo, el Gobierno se refiere a la «recomendación colectiva específica sobre el trabajador temporal agrícola» aprobada el 1.º de septiembre de 2017 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Costa Rica, por la que se autoriza a 750 trabajadores extranjeros a trabajar por un período determinado en la siembra y cosecha del melón en Costa Rica. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información estadística actualizada, desagregada por sexo y edad, sobre el número de trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares.

Artículo 13. Ahorro voluntario. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre las medidas adoptadas para estimular a los asalariados y a los productores independientes que practiquen alguna de las formas de ahorro voluntario contempladas por el Convenio. La Comisión solicitó también al Gobierno que indicase las medidas adoptadas para proteger a los mismos contra la usura, especialmente las medidas dirigidas a las mujeres. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que 524 cooperativas se encuentran inscritas en el Registro nacional de cooperativas del Ministerio de la Economía Familiar, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA). El Gobierno añade que dichas cooperativas realizan actividades de intermediación financiera, tanto de ahorro como de crédito, con sus 123 862 asociados, de los cuales casi la mitad (52 588) son mujeres. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas para estimular a los asalariados y a los productores independientes que practiquen alguna de las formas de ahorro voluntario contempladas por el Convenio. Solicita también al Gobierno que envíe información específica y detallada sobre las medidas adoptadas para proteger a los mismos contra la usura, en particular, que especifique las medidas tomadas con miras a reducir los tipos de interés de los préstamos mediante el control de las operaciones de los prestamista y mediante el aumento de facilidades para obtener préstamos para fines apropiados por intermedio de organizaciones cooperativas de crédito o de instituciones sujetas al control de la autoridad competente. Por último, la Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre aquellas medidas adoptadas al respecto que estén especialmente dirigidas a las mujeres.

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre los resultados alcanzados por el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012-2016) y las otras iniciativas adoptadas con miras a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población. A este respecto, la Comisión toma nota de la aprobación en febrero de 2018 de la Estrategia de Alianza con el País (EAP) de Nicaragua para 2018-2022 con el Banco Mundial, con la finalidad de reducir la pobreza y promover la prosperidad para más nicaragüenses. La EAP tiene entre sus objetivos fundamentales invertir en las personas, especialmente en relación con grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, pequeños productores que practican agricultura de subsistencia y comunidades indígenas y afrodescendientes en territorios rurales como el Corredor Seco y las regiones del Caribe, donde se encuentran la mayoría de las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema), fomentar la inversión privada para la creación de empleos y mejorar las instituciones. Asimismo, de acuerdo al documento que recoge la citada estrategia, dado que el 80 por ciento de la población es vulnerable o pobre y que la fuerza de trabajo continuará expandiéndose en las próximas dos décadas, el CPF también contempla invertir en actividades que están focalizadas hacia la economía en su conjunto, mejorando su funcionamiento, apuntando a un crecimiento más rápido y ayudando a crear más y mejores empleos. La Comisión observa, sin embargo, que el Gobierno no proporciona información en su memoria sobre los resultados alcanzados por el PNDH 2012-2016, así como sobre todas aquellas medidas adoptadas con miras a mejorar el nivel de vida de la población.

La Comisión toma nota con profunda preocupación de la grave situación en el país provocada por la crisis política y social originada tras las protestas que se iniciaron el 18 de abril de 2018 y que ha perjudicado seriamente las condiciones de vida de la población. En este sentido, la Comisión toma nota de la información incluida en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) «Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, del 18 de abril al 18 de agosto de 2018», en el que se expresa preocupación en relación con las violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. La Comisión toma nota de que en el citado informe se destaca que la independiente Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estimó que, desde el inicio de la crisis, 215 000 personas habían perdido su trabajo y 131 000 habían caído bajo la línea de pobreza desde el 28 de junio de 2018. El informe señala que la crisis también ha estado marcada por una ola de ocupaciones ilegales de tierras privadas sin precedentes por parte de grupos progubernamentales. Según estimaciones de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), al 31 de julio de 2018, alrededor de 4 000 hectáreas habían sido ilegalmente ocupadas en los siete departamentos del Pacífico y del centro del país. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) ha denunciado otras violaciones de derechos, incluyendo ataques contra empresas y retrasos injustificados en la liberación de mercancía importada. Igualmente, el disfrute del derecho a la salud se ha visto significativamente afectado por la crisis, estimándose en 2 000 el número de personas heridas durante las protestas. Al respecto, el 25 de mayo de 2018, la Asociación Médica Nicaragüense denunció públicamente la manipulación del sistema público de salud con el fin de negar atención médica a las personas heridas durante las protestas, incluyendo el cierre de hospitales o su acordonamiento por parte de las autoridades, la policía, y/o elementos armados progubernamentales. Además, médicos y otros profesionales de la salud, entre otros, enfermeras y personal administrativo, han sufrido despidos por atender a personas heridas durante las protestas o por supuesto involucramiento en las mismas, al igual que aquellos maestros y profesores que apoyaron las protestas. La Comisión toma nota igualmente de que el informe señala que en este contexto, el 14 de agosto de 2018, la Asamblea Nacional aprobó una ley que recortó el gasto público en casi 185 millones de dólares DE LOS Estados Unidos (recortando así aproximadamente el 7 por ciento del presupuesto anual). De acuerdo al informe, estas medidas afectarán los proyectos gubernamentales de los sectores de salud, vivienda, justicia y educación, entre otros, y podrían poner en peligro el disfrute del derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la alimentación de la mayoría de la población, que ya ha estado experimentando los impactos negativos de los últimos meses debido a la crisis. Por otro lado, la Comisión observa que, según información publicada en octubre de 2018 por el Banco Mundial y disponible en su sitio web, después de alcanzar un crecimiento récord de 5,1 por ciento en 2011, la economía desaceleró del 4,7 por ciento en 2016 al 4,5 por ciento en 2017, y se prevé una contracción en 2018 de un 3,8 por ciento adicional. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada, incluyendo estadísticas desagregadas por sexo y edad, sobre los resultados alcanzados por el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012-2016), la Estrategia de Alianza con el País (EAP) de Nicaragua para 2018-2022, así como sobre todas aquellas medidas destinadas a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población nicaragüense (artículo 2), especialmente en relación con grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pequeños productores que practican agricultura de subsistencia, y comunidades indígenas y afrodescendientes. Al tiempo que toma nota del detrimento de las condiciones de vida de la población como consecuencia de la crisis política y social en el país, la Comisión solicita al Gobierno que tome las acciones necesarias para que tales medidas tengan en cuenta las necesidades familiares de los trabajadores, de carácter esencial, tales como los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el vestido, la asistencia médica y la educación en tales medidas (artículo 5, párrafo 2). Solicita además al Gobierno que envíe información sobre todas las medidas tomadas al respecto y el resultado de éstas. En este contexto, la Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de solicitar la asistencia técnica de la OIT.

Parte III. Trabajadores migrantes. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno informa que, en el marco del acuerdo celebrado con Costa Rica, 28 452 trabajadores nicaragüenses han emigrado de forma regulada y ordenada a Costa Rica en los diferentes ciclos agrícolas desde 2006 hasta 2018. El Gobierno indica que la mayoría de los trabajadores emigrantes son hombres que trabajan en el sector agrícola en los rubros de caña de azúcar, melones y piña. La Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 11 de octubre de 2016, el Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) observó el considerable número de trabajadores fronterizos y de temporada que se dirigen, en particular, a Costa Rica y, en el número cada vez mayor, a Honduras, El Salvador y Panamá. Asimismo, el CMW observó con preocupación que la migración procedente del Estado parte se debe principalmente a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, lo que puede poner a los trabajadores migratorios nicaragüenses y sus familiares en situaciones de precariedad o inseguridad (véase documento CMW/C/NIC/CO/1, párrafos 51 y 65). La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información actualizada y detallada sobre las medidas adoptadas para que las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares tengan en cuenta sus necesidades familiares. La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información estadística, desagregada por sexo y edad, sobre el número de trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares.

Artículo 13. Ahorro voluntario. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre la manera en que las cooperativas de ahorro y crédito han contribuido a estimular las formas de ahorro voluntario de los trabajadores y de los productores independientes. El Gobierno informa de que el Ministro de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), registra 277 cooperativas de ahorro y crédito, en las que participan 107 615 trabajadores y productores. La Comisión toma nota, no obstante, de que en sus observaciones finales de 11 de octubre de 2016, el CMW observó con preocupación la falta de medidas para apoyar el acceso a las instituciones financieras y promover mayores conocimientos financieros de los receptores, en particular de las mujeres (documento CMW/C/NIC/CO/1, párrafo 49). La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas para estimular a los asalariados y a los productores independientes que practiquen alguna de las formas de ahorro voluntario contempladas por el Convenio. Solicita también al Gobierno que indique las medidas adoptadas para proteger a los mismos contra la usura, en particular, que especifique las medidas tomadas con miras a reducir los tipos de interés de los préstamos mediante el control de las operaciones de los prestamista y mediante el aumento de facilidades para obtener préstamos para fines apropiados por intermedio de organizaciones cooperativas de crédito o de instituciones sujetas al control de la autoridad competente. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que proporcione información sobre aquellas medidas adoptadas al respecto que estén especialmente dirigidas a las mujeres.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 108.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas proporcionadas por el Gobierno, en la memoria recibida en agosto de 2013, en respuesta a la solicitud directa de 2009. El Gobierno indica que el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012 2016) tiene como alta prioridad el crecimiento económico con incremento del trabajo y reducción de la pobreza y desigualdades, reafirmando el objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos y todas las nicaragüenses, especialmente de los más pobres. La Comisión espera que en su próxima memoria el Gobierno incluya una síntesis actualizada sobre los resultados alcanzados por el PNDH 2012-2016 y las otras iniciativas adoptadas destinadas a asegurar que «el mejoramiento del nivel de vida» ha sido considerado como el objetivo principal de los planes de desarrollo económico (artículo 2 del Convenio).

Parte III. Trabajadores migrantes. La Comisión toma nota de las acciones desarrolladas en el marco del convenio binacional suscrito por Nicaragua y Costa Rica, y en particular de la elaboración de un modelo concertado de contrato de trabajo para los trabajadores nicaragüenses que laboran en Costa Rica. El Gobierno indica que las personas cubiertas por el programa de trabajadores temporales suscriben su contrato de trabajo en la frontera (Peñas Blancas) y en presencia de un funcionario del Ministerio del Trabajo de Nicaragua. El Gobierno indica que durante el período que abarca la memoria, se han movilizado 10 008 personas trabajadoras migrantes. La Comisión invita al Gobierno a continuar informando sobre los progresos realizados sobre las cuestiones relativas a las migraciones laborales cubiertas por el Convenio.

Artículo 13. Ahorro voluntario. La Comisión toma nota de las indicaciones del Gobierno en lo que respecta al incremento del ahorro en el año 2012 y al desarrollo progresivo de nuevos servicios financieros en beneficio de los asociados de las cooperativas de ahorro y crédito, así como de la población en general. La Comisión toma nota de la creación, en junio de 2012, del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. La Comisión invita al Gobierno a que continúe informando sobre la manera en que las cooperativas de ahorro y crédito han contribuido a estimular las formas de ahorro voluntario de los trabajadores y de los productores independientes.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. La Comisión toma nota de la memoria recibida en enero de 2009, que incluye informaciones sobre las políticas educativas que también se examinan en el marco de la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) y del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142). La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria sobre el Convenio núm. 117 haga llegar informaciones que permitan examinar la manera en que se asegura que «el mejoramiento del nivel de vida» ha sido considerado como «el objetivo principal de los planes de desarrollo económico» (artículo 2).

Parte III. Trabajadores migrantes. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno informa sobre los proyectos para ordenar los flujos migratorios laborales entre Nicaragua y Costa Rica. Se ha creado en agosto de 2006, un Departamento de Migraciones Laborales para informar a los trabajadores migrantes sobre las condiciones de integración laboral en el país de acogida y la reincorporación productiva en caso de su retorno. En el período 2006-2007, casi 2.000 trabajadores se han movilizado en actividades económicas de caña de azúcar y palma africana. La Comisión invita al Gobierno a continuar informando sobre los progresos realizados sobre las cuestiones relativas a las migraciones laborales cubiertas por el Convenio.

Parte IV. Remuneraciones de los trabajadores. La Comisión se remite a los comentarios que ha formulado en 2008 sobre la aplicación del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) y del Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131). La Comisión invita al Gobierno que incluya en su próxima memoria sobre el Convenio núm. 117 informaciones relativas al efecto dado a las disposiciones de los artículos 10 y 11, párrafos 1 y 5, del Convenio.

Artículo 13. Ahorro voluntario. La Comisión toma nota con interés de las indicaciones brindadas sobre el funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito para estimular el ahorro voluntario. La Comisión recuerda que la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193) ha reconocido el potencial de las cooperativas para aumentar el ahorro y la inversión de sus socios. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria incluya informaciones actualizadas sobre la manera en que las cooperativas de ahorro y crédito han contribuido a estimular las formas de ahorro voluntario de los trabajadores y de los productores independientes.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión espera que se envíe una memoria para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contenga informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior, que estaba redactada del modo siguiente:

1. La Comisión toma nota de la memoria recibida en agosto de 2003 en la que el Gobierno ha transmitido informaciones sobre los programas ejecutados por INATEC en 2002. La Comisión se remite a los comentarios relacionados con las políticas de educación y formación profesionales que ha formulado en relación con la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) (artículo 15 del Convenio núm. 117).

2. Parte III del Convenio. Trabajadores migrantes. En la memoria recibida en agosto de 2003, el Gobierno indica que la migración de nicaragüenses con fines de empleo se dirige preferiblemente a Costa Rica y menciona el convenio bilateral de mano de obra migrante de 1993. El Gobierno destaca también que más del 15 por ciento del PIB proviene de remesas familiares de trabajadores migrantes. En la Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, transmitida por el Gobierno en su memoria sobre la aplicación del Convenio núm. 122, recibida en septiembre de 2004, se indica que «Nicaragua ha experimentado masivas migraciones internas, por la urbanización y el avance hacia la frontera agrícola; y externas, principalmente hacia Costa Rica donde reside el 53 por ciento de los nicaragüenses viviendo afuera y a Estados Unidos donde reside el 35 por ciento. Uno de cada cinco hogares nicaragüenses recibe alguna remesa del exterior y uno de cada seis tiene algún miembro viviendo de manera permanente en el extranjero... La política de migraciones laborales deberá impulsar mejores condiciones a la fuerza de trabajo en su destino migratorio, basadas en el respeto a sus derechos fundamentales consignados en las normas nacionales e internacionales de trabajo. A estos efectos, se gestionarán convenios de cooperación con los principales países de destino de los migrantes nicaragüenses y se impulsará su reglamentación y puesta en práctica en función del objetivo señalado por parte de embajadas y consulados. Simultáneamente, se desarrollarán servicios de información apropiados para facilitar la movilidad ordenada y segura de los migrantes, tanto a su destino laboral, como en su regreso al país y eventual reinserción en el mercado laboral nicaragüense. Asimismo, se promoverán mejores canales para los ingresos de los migrantes, a fin de que éstos se destinen a vivienda y mejores servicios para la comunidad que permanece en Nicaragua con mecanismos de ahorro y préstamos». La Comisión espera que en su próxima memoria el Gobierno podrá informar sobre los progresos realizados para ejecutar dicha política de migraciones laborales que parece encontrarse en plena conformidad con el Convenio núm. 117.

3. Parte IV. Remuneraciones de los trabajadores. En relación con los salarios mínimos, la Comisión se remite a su observación de 2004 sobre la aplicación del Convenio núm. 131 sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 — y espera contar con informaciones actualizadas sobre las cuestiones cubiertas por el artículo 10 del Convenio núm. 117.

4. La Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95), donde se habían requerido informaciones sobre las medidas administrativas, legislativas o de otro tipo, dirigidas a garantizar el pago regular de los salarios y la rápida solución de todo salario atrasado que ya estuviese pendiente, incluido el fortalecimiento efectivo de sanciones disuasorias por el impago de los salarios. Además, la Comisión había advertido que no existía en la legislación nacional ninguna disposición que prohíba al empleador limitar en forma alguna la libertad de los trabajadores de disponer de sus salarios (véase también el artículo 11, párrafo 1, del Convenio núm. 117).

5. La Comisión había solicitado también informaciones sobre la práctica de los economatos u otros servicios, y asimismo, que indique toda medida específica destinada a garantizar que no se obligue a los trabajadores a utilizarlos (véase el artículo 11, párrafo 5, del Convenio núm. 117).

6. En la memoria recibida en agosto de 2003 sobre la aplicación del Convenio núm. 117, el Gobierno se remite a las disposiciones del Código del Trabajo sobre protección del salario. La Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria sobre el Convenio núm. 117 se sirva brindar indicaciones actualizadas sobre los asuntos antes planteados y las otras cuestiones cubiertas por el Convenio núm. 117 tales como las formas de ahorro voluntario que puedan practicar los trabajadores y los productores independientes y su participación en cooperativas de crédito (artículo 13 del Convenio núm. 117).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

1. La Comisión toma nota de la memoria recibida en agosto de 2003 en la que el Gobierno ha transmitido informaciones sobre los programas ejecutados por INATEC en 2002. La Comisión se remite a los comentarios relacionados con las políticas de educación y formación profesionales que ha formulado en relación con la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) (artículo 15 del Convenio núm. 117).

2. Parte III del Convenio. Trabajadores migrantes. En la memoria recibida en agosto de 2003, el Gobierno indica que la migración de nicaragüenses con fines de empleo se dirige preferiblemente a Costa Rica y menciona el convenio bilateral de mano de obra migrante de 1993. El Gobierno destaca también que más del 15 por ciento del PIB proviene de remesas familiares de trabajadores migrantes. En la Propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, transmitida por el Gobierno en su memoria sobre la aplicación del Convenio núm. 122, recibida en septiembre de 2004, se indica que «Nicaragua ha experimentado masivas migraciones internas, por la urbanización y el avance hacia la frontera agrícola; y externas, principalmente hacia Costa Rica donde reside el 53 por ciento de los nicaragüenses viviendo afuera y a Estados Unidos donde reside el 35 por ciento. Uno de cada cinco hogares nicaragüenses recibe alguna remesa del exterior y uno de cada seis tiene algún miembro viviendo de manera permanente en el extranjero... La política de migraciones laborales deberá impulsar mejores condiciones a la fuerza de trabajo en su destino migratorio, basadas en el respeto a sus derechos fundamentales consignados en las normas nacionales e internacionales de trabajo. A estos efectos, se gestionarán convenios de cooperación con los principales países de destino de los migrantes nicaragüenses y se impulsará su reglamentación y puesta en práctica en función del objetivo señalado por parte de embajadas y consulados. Simultáneamente, se desarrollarán servicios de información apropiados para facilitar la movilidad ordenada y segura de los migrantes, tanto a su destino laboral, como en su regreso al país y eventual reinserción en el mercado laboral nicaragüense. Asimismo, se promoverán mejores canales para los ingresos de los migrantes, a fin de que éstos se destinen a vivienda y mejores servicios para la comunidad que permanece en Nicaragua con mecanismos de ahorro y préstamos». La Comisión espera que en su próxima memoria el Gobierno podrá informar sobre los progresos realizados para ejecutar dicha política de migraciones laborales que parece encontrarse en plena conformidad con el Convenio núm. 117.

3. Parte IV. Remuneraciones de los trabajadores. En relación con los salarios mínimos, la Comisión se remite a su observación de 2004 sobre la aplicación del Convenio núm. 131 sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 - y espera contar con informaciones actualizadas sobre las cuestiones cubiertas por el artículo 10 del Convenio núm. 117.

4. La Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95), donde se habían requerido informaciones sobre las medidas administrativas, legislativas o de otro tipo, dirigidas a garantizar el pago regular de los salarios y la rápida solución de todo salario atrasado que ya estuviese pendiente, incluido el fortalecimiento efectivo de sanciones disuasorias por el impago de los salarios. Además, la Comisión había advertido que no existía en la legislación nacional ninguna disposición que prohíba al empleador limitar en forma alguna la libertad de los trabajadores de disponer de sus salarios (véase también el artículo 11, párrafo 1, del Convenio núm. 117).

5. La Comisión había solicitado también informaciones sobre la práctica de los economatos u otros servicios, y asimismo, que indique toda medida específica destinada a garantizar que no se obligue a los trabajadores a utilizarlos (véase el artículo 11, párrafo 5, del Convenio núm. 117).

6. En la memoria recibida en agosto de 2003 sobre la aplicación del Convenio núm. 117, el Gobierno se remite a las disposiciones del Código del Trabajo sobre protección del salario. La Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria sobre el Convenio núm. 117 se sirva brindar indicaciones actualizadas sobre los asuntos antes planteados y las otras cuestiones cubiertas por el Convenio núm. 117 tales como las formas de ahorro voluntario que puedan practicar los trabajadores y los productores independientes y su participación en cooperativas de crédito (artículo 13 del Convenio núm. 117).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

La Comisión toma nota de la información proporcionada en la memoria del Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores.

Artículos 7 y 8, del Convenio. La Comisión toma nota de la breve indicación del Gobierno según la cual no se dan las condiciones para que se apliquen las disposiciones de estos artículos. La Comisión recuerda al Gobierno que había tomado nota de la información comunicada por el Gobierno en su memoria de 1994, relativa a los flujos migratorios desde 1979 a 1992. La Comisión solicita de nuevo al Gobierno que indique si se ha analizado la magnitud y dirección de la migración con fines de obtención de empleo; si se han adoptado medidas para estimular la transferencia de parte de los salarios de los trabajadores a la región de donde proceden (artículo 7); y si se han concertado acuerdos con Estados extranjeros con objeto de regular las cuestiones que puedan surgir en relación con los trabajadores migrantes (artículo 8).

Artículo 11, b). La Comisión ruega al Gobierno que se remita a los comentarios formulados en virtud del Convenio núm. 95 en relación con el pago regular de los salarios.

Artículo 15. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno con respecto a los programas de educación técnica y capacitación desarrollados en el marco del Instituto Nacional de Tecnología (INATEC). La Comisión ruega al Gobierno que continúe comunicando información sobre la realización de los principales objetivos y metas de INATEC 1997-2000.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Artículos 7 y 8 del Convenio. La Comisión antes tomó nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las corrientes migratorias. Solicita al Gobierno que indique si se ha analizado la magnitud y dirección de la migración con fines de obtención de empleo; si se han adoptado medidas para estimular la transferencia de los salarios de los trabajadores a la región de donde proceden (artículo 7); y se han concertado acuerdos con Estados extranjeros con objeto de regular las cuestiones que puedan surgir en relación con los trabajadores migrantes (artículo 8).

Artículo 15. La Comisión tomó nota de la detallada información comunicada con respecto a la formación profesional que se refiere, en particular, al Instituto Nacional de Tecnología (INATEC). La Comisión confía en que las futuras memorias del Gobierno incluirán también información sobre las medidas tomadas para desarrollar progresivamente los sistemas de educación, formación profesional y aprendizaje, de conformidad con las disposiciones del Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

Artículos 7 y 8 del Convenio. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre las corrientes migratorias. Solicita al Gobierno que indique si se ha analizado la magnitud y dirección de la migración con fines de obtención de empleo; si se han adoptado medidas para estimular la transferencia de los salarios de los trabajadores a la región de donde proceden (artículo 7); y se han concertado acuerdos con Estados extranjeros con objeto de regular las cuestiones que puedan surgir en relación con los trabajadores migrantes (artículo 8).

Artículo 15. La Comisión toma nota de la detallada información comunicada con respecto a la formación profesional que se refiere, en particular, al Instituto Nacional de Tecnología (INATEC). La Comisión confía en que las futuras memorias del Gobierno incluirán también información sobre las medidas tomadas para desarrollar progresivamente los sistemas de educación, formación profesional y aprendizaje, de conformidad con las disposiciones del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

La Comisión toma nota de que el Consejo de Administración en su 261.a reunión (noviembre, 1994) confió a un comité tripartito el examen de la reclamación presentada por la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, en la que se alega el incumplimiento por Nicaragua de determinados convenios, con inclusión del núm. 17.

Pendiente de la adopción por parte del Consejo de Administración de las conclusiones y recomendaciones del comité mencionado anteriormente, la Comisión dirige una solicitud directa al Gobierno sobre la aplicación de los artículos 7, 8 y 15 del Convenio, a los que no se hace referencia en la reclamación que se menciona con anterioridad.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

La Comisión toma nota de que el Consejo de Administración adoptó en su 264.a reunión (noviembre de 1995) el informe del Comité designado para examinar la reclamación presentada por la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), en virtud del artículo 24 de la Constitución, alegando el incumplimiento por Nicaragua de ciertos convenios, con inclusión del Convenio núm. 117. En el informe arriba mencionado se invita al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, de conformidad con el artículo 11 del Convenio para asegurar que todas las empresas apliquen las disposiciones legislativas, tales como las del Código de Trabajo relativas a la protección de los salarios y, en particular, que éstos se paguen regularmente. La Comisión solicita al Gobierno que se remita a la observación formulada en virtud del Convenio núm. 95 sobre la misma cuestión.

La Comisión también dirige una solicitud directa sobre algunos otros puntos.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria según la cual se está elaborando un proyecto de Código de Trabajo con la asistencia de la OIT y, a este respecto, solicita al Gobierno se sirva mantenerla informada.

La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene ninguna respuesta a la solicitud directa anterior, relativa al artículo 7 del Convenio, y por lo tanto le pide se sirva comunicar datos sobre la magnitud y orientación del flujo migratorio dentro del país, así como sobre las corrientes migratorias internacionales a efectos de poder fundar mejor su apreciación en cuanto a la necesidad y eficacia de las medidas que abarcan los artículos 7 y 8.

Artículo 15. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre la educación y la formación, en particular la declaración de que la educación primaria se imparte gratuitamente en todas las regiones del país. La Comisión solicita al Gobierno se sirva continuar informando sobre las medidas tomadas para desarrollar progresivamente un amplio sistema de educación, formación profesional y aprendizaje, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1987, Publicación: 74ª reunión CIT (1987)