Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Sudán (Ratificación : 1970)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2017, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)



Un representante gubernamental expresó su agradecimiento por la labor realizada por la Comisión para examinar la aplicación de las normas internacionales del trabajo. El orador confirmó el compromiso de su Gobierno de acatar dichas normas e indicó que para cumplir los artículos 1, 2 y 3 del Convenio hubo que desplegar esfuerzos considerables. Dichos esfuerzos incluían la elaboración de una hoja de ruta para formular una política nacional de empleo y definir sus principios rectores y metas estratégicas en consulta con los interlocutores sociales. Conforme a la solicitud del Gobierno, se había concluido un proyecto OIT/PNUD para elaborar la Hoja de ruta y un proyecto tendiente a reforzar las competencias técnicas y profesionales de hombres y mujeres, que se basaba en siete documentos de trabajo redactados por expertos internacionales en 2013, que tenían en cuenta visitas, reuniones y mesas redondas con los funcionarios competentes. Estas actividades han dado lugar a importantes recomendaciones para guiar la creación de una política nacional de empleo. En 2014, se estableció un grupo de trabajo de 35 miembros del Comité consultivo de alto nivel mediante el decreto ministerial núm. 33 (2014) de 28 de agosto de 2014, al que se le encargó crear una política nacional de empleo con la asistencia técnica de la OIT. Se nombró a un experto nacional para que redactara las directrices principales a fin de elaborar la política. El Comité consultivo de alto nivel, en cooperación con la OIT, había finalizado un proyecto de política nacional de empleo antes del final de 2016 para presentarlo a la autoridad competente, el Consejo de Ministros, y someterlo a su aprobación en enero de 2017, que tenía por objeto ayudar a reducir la tasa de desempleo y aliviar la pobreza en el Sudán. El orador volvió a confirmar el compromiso de su Gobierno con las obligaciones internacionales y sus esfuerzos renovados para alcanzar las metas del Programa de Reforma Económica (ERP) quinquenal 2015-2019. Asimismo, se facilitó información sobre las siguientes medidas: la ejecución de programas de microfinanciación; el ofrecimiento de oportunidades de trabajo decente para asegurar el empleo productivo en condiciones dignas; el establecimiento de políticas de empleo eficaces en consonancia con las necesidades del mercado de trabajo por medio de la mejora del clima de inversión y empleo para las pequeñas empresas, además de los proyectos de empleo por cuenta propia, los programas de empleo en el sector de servicios y los proyectos con alto coeficiente de empleo; la asociación de políticas y programas de educación con políticas y planes de empleo, en consonancia con las necesidades del mercado de trabajo; la presentación al Ministerio de Trabajo y de Reforma Administrativa de un proyecto final de política nacional de empleo creado en consulta con los interlocutores sociales para transmitirlo a las autoridades competentes; la renacionalización del sector del cultivo de trigo en las regiones del Nilo Azul y Norte que conlleva una producción y creación de empleos con eficacia; la instauración de proyectos agrícolas en la región del Nilo Azul que propicie la activación de más de 2 000 explotaciones, y la creación de asociaciones público-privadas para reactivar el sector textil, que conduzca a la generación de empleos para más de 3 000 trabajadores. El ERP quinquenal 2015-2019 contiene elementos adicionales, en particular, planes para productos de exportación y un programa destinado a recuperar el cultivo del algodón y la agricultura del país en la región del Nilo Azul, con inclusión de 2 400 explotaciones. El Gobierno ha adoptado una amplia política de empleo por medio de un proceso de diálogo nacional que, según lo previsto, tendrá un efecto considerable en las estructuras de organización y políticas, por ejemplo, en las entidades encargadas de ejecutar las políticas necesarias que requieren coordinación, como el Ministerio de Finanzas. Ello dio lugar a la creación de un organismo de planificación indicativa, que revisará algunas de las políticas económicas que incidan directamente en la creación de empleo en los planos nacional y local. El orador recordó la evolución positiva de las relaciones exteriores del Sudán, como las expectativas relacionadas con el levantamiento del embargo económico el próximo mes, para lo cual será necesario que el Gobierno vuelva a definir sus prioridades, sobre todo sus planes de inversión, que influyen directamente en las oportunidades de empleo. Por último, el orador dijo que confía que haya aportado a la Comisión las aclaraciones necesarias.

Los miembros empleadores señalaron que es la primera ocasión en la que la Comisión examina la aplicación del Convenio núm. 122 por el Sudán. En este Convenio prioritario se requiere que los gobiernos formulen una política activa de empleo en consulta con los interlocutores sociales. Sudán es un país en transición que pasa de una situación de conflicto a una situación posterior al conflicto que enfrenta múltiples desafíos y tiene grandes diferencias en el desarrollo de sus distintas regiones. El país ha sufrido conflictos militares y 20 años de sanciones, desastres naturales, y dificultades en el ámbito del crecimiento económico, en particular en sus sectores productivos, todos estos factores han contribuido a generar una inflación y unas tasas de desempleo elevadas. Estas condiciones afectaron claramente la elaboración de una política nacional de empleo. Sin embargo, el Gobierno tomó medidas encaminadas al desarrollo de una política nacional activa de empleo. Estas medidas recibieron el apoyo de la OIT, el PNUD y otras organizaciones internacionales, así como de los interlocutores sociales. En lo que concierne a los artículos 1 y 2 del Convenio, se han adoptado muchas medidas. En 2011, el Gobierno realizó una encuesta sobre la fuerza de trabajo con la asistencia de la OIT para definir los indicadores y formular una política nacional de empleo. Asimismo, el programa de recuperación tripartito prevé el aumento de los fondos destinados a la educación de los pobres; mayor financiación mediante microcréditos y el incremento de los fondos destinados a la agricultura y la industria; medidas para promover el empleo de los jóvenes y reducir la cantidad de trabajadores en la economía informal. En 2012, el Gobierno puso en marcha el Proyecto Nacional para el Desarrollo de las Mujeres Rurales y estableció el Departamento de Mujeres, Niños y Personas con Discapacidad. En 2014, el Ministerio de Trabajo creó la Unidad de Coordinación para el Empleo Intensivo centrada en la generación de puestos de trabajo sostenibles para jóvenes y personas vulnerables. En 2015, el Gobierno aprobó el ERP quinquenal 2015-2019, que tiene por objeto mejorar las políticas macroeconómicas, las oportunidades de inversión y la competitividad de los productos nacionales. En 2016, el Gobierno presentó una memoria en la que muestra las repercusiones de estas iniciativas en el empleo. En relación con el artículo 3 del Convenio, se tomaron las siguientes medidas: i) se estableció un Comité consultivo nacional sobre las normas del trabajo tripartito, ii) los interlocutores sociales se ocuparon de actualizar la Carta nacional para el empleo con objeto de tener en cuenta nuevos parámetros y mejorar la aplicación de la Carta, y iii) los interlocutores sociales trabajan, en colaboración con el Gobierno, en la ejecución del Programa de formación remunerada, que tiene por objeto impartir formación a 400 000 licenciados en todos los sectores de la actividad económica. Los miembros empleadores acogieron con beneplácito estas iniciativas encaminadas a fomentar el crecimiento económico, erradicar la pobreza, crear puestos de trabajo, y alentar las inversiones. El sector privado, como motor del empleo, necesita un entorno propicio para aumentar el comercio, facilitar las exportaciones y apoyar la diversificación de la economía. Esto sólo sucedería si se realizaran las reformas necesarias para luchar contra la burocracia, la corrupción y las prácticas ilegales, y construir un sistema reglamentario más favorable y transparente. Dada la urgencia que reviste la situación en el Sudán, los miembros empleadores hicieron un llamamiento al Gobierno para que elabore una política nacional de empleo coherente, reuniendo todas las estrategias sociales y económicas. Se alentó al Gobierno a que ejecute un plan de acción coordinado y transparente que aclare las funciones y responsabilidades de los interlocutores sociales para que éstos puedan colaborar y lograr objetivos cuantificables. Solicitaron también al Gobierno que fortalezca las capacidades de los interlocutores sociales para que impulsen juntos la aplicación de la política nacional de empleo.

Los miembros trabajadores recordaron que la promoción del empleo figura en el mandato constitutivo de la OIT. En efecto, el preámbulo de la Constitución de la OIT menciona que la lucha contra el desempleo es una de las medidas que se deben tomar para mejorar las condiciones de trabajo. Para atender esta preocupación, la OIT ha elaborado varios instrumentos, como el Convenio núm. 122. Los artículos 1 y 2 del Convenio imponen a los Estados Miembros adoptar como objetivo esencial una política activa de empleo para lograr ciertos objetivos y tomar las medidas necesarias para alcanzar dichos objetivos. En el caso del Sudán, la Comisión de Expertos señaló que el Gobierno ha proporcionado información relativa a la aplicación de estas disposiciones, como una encuesta sobre la fuerza de trabajo efectuada en 2011 y la preparación de una hoja de ruta y de informes conceptuales sobre la elaboración de una política de empleo. Los miembros trabajadores recordaron el vínculo indisociable entre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. De ello resulta que además de los objetivos cuantitativos, como el número de empleos que el Gobierno se ha fijado, conviene también tener objetivos más cualitativos para promover todas las dimensiones del trabajo decente. Se instó pues al Gobierno a dar seguimiento a la solicitud de la Comisión de Expertos relativa a la comunicación de más amplias informaciones sobre la elaboración y la aplicación de una política de empleo activa, teniendo en cuenta las dimensiones del trabajo decente. En cuanto a la aplicación del artículo 2 del Convenio, el Gobierno presentó una encuesta efectuada en 2011 en el marco de la elaboración del ERP que había permitido obtener datos interesantes, por ejemplo, sobre el desempleo en el país y su repartición según las zonas rurales o urbanas y según el género. Por consiguiente, se instó al Gobierno a seguir por este camino para disponer de datos estadísticos fiables y actualizados. Finalmente, con respecto a la consulta con los interlocutores sociales sobre las políticas de empleo, el Gobierno ha establecido un Comité Consultivo Nacional sobre las Normas del Trabajo. Recordando que la noción de interlocutores sociales incluye tanto a los representantes de los empleadores como a los representantes de los trabajadores, se instó al Gobierno a que se asegure de que la representación en el órgano mencionado es equilibrada, incluyendo entre otros a trabajadores ocupados en el sector informal y en las zonas rurales. El Convenio no precisa ni la forma que debe adoptar esta consulta ni el momento en que debe tener lugar. Sin embargo, es evidente que la consulta establecida debe ocurrir en un momento en el que todavía sea posible que los diferentes interlocutores puedan influir sobre la dirección de las medidas a tomar. Por consiguiente, se insta al Gobierno a dar plenamente efecto al Convenio respondiendo a las observaciones de la Comisión de Expertos y a las conclusiones de esta Comisión.

El miembro empleador del Sudán indicó que las organizaciones de empleadores del Sudán fueron consultadas reiteradamente sobre el desarrollo de una política de empleo nacional y las organizaciones de trabajadores participaron en varias reuniones en esta materia. Los empleadores del Sudán entablan en la actualidad consultas sobre la Ley de Asociación Público-Privada. La Comisión de Expertos ha señalado el plan quinquenal ERP 2015-2019, e indicó que la reducción en varios sectores productivos afectó al empleo. En el pasado, el Sudán fue un exitoso productor de trigo y el desafío fue reactivar este sector. Se pidió una mayor inversión en el cultivo de algodón y tuvo lugar una inyección de fondos, del sector privado especialmente en la región del Nilo Azul. Los empleadores son vitales para la promoción del empleo en este sector. Las políticas de inversión ayudaron a algunas industrias manufactureras y generaron oportunidades de empleo en algunos sectores. En el estado de Jartum el sector privado de la industria textil estableció nuevas empresas, lo cual redundó en la creación de 2 400 puestos de trabajo. Una mayor producción en el sector del aceite comestible dio lugar a la puesta en marcha de varias industrias y un relativo aumento de la producción en las empresas existentes. Además, se adoptaron medidas en relación con proyectos de ganadería y agroindustriales. También se introdujeron varios proyectos en la industria alimentaria para rehabilitar empresas. Además, se establecieron molinos para producir comida procesada a precios razonables. Se está llevando a cabo una revisión de las políticas sobre educación y formación técnica profesional, a efectos de garantizar que no se mantengan, en los programas de formación revisados, las áreas que no sean necesarias.

El miembro trabajador del Sudán indicó que las organizaciones de trabajadores del Sudán han sido parte en el proceso de consulta relacionado con el desarrollo de una política nacional de empleo. Por ejemplo, representantes de las organizaciones de trabajadores estuvieron representados en el Consejo Superior del Empleo y en la Comisión Nacional para la Administración Pública. El orador declaró que el Gobierno brindó su apoyo a las iniciativas en microfinanzas y al establecimiento de un banco del trabajo para los trabajadores. El Gobierno también aporta subvenciones para garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de los trabajadores, además de proporcionar un apoyo a la vivienda y a la aplicación de medidas de protección social. El orador concluyó destacando que las organizaciones de trabajadores del Sudán están estrechamente asociadas en todas las medidas dirigidas a la aplicación del Convenio y seguirían participando en todos los esfuerzos orientados al desarrollo socioeconómico del país.

El miembro gubernamental de Kuwait haciendo uso de la palabra en nombre de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), acogió con beneplácito la información detallada comunicada por el Gobierno, en relación con la observación más reciente de la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio. También se acogió con satisfacción la asistencia técnica prestada por la OIT. El orador expresa la esperanza de que prosiga esa asistencia, con el fin de brindar al Gobierno y a los interlocutores sociales el apoyo necesario para la plena aplicación de las disposiciones del Convenio. El orador concluyó haciendo un llamamiento a la OIT y al Gobierno para que continúe el diálogo y la colaboración en este sentido.

El miembro trabajador de Nigeria dijo que la participación en el empleo constituye un aspecto central de la dignidad, el bienestar y la prosperidad común de las personas, las comunidades y las economías. Si la definición de desempleo alude a las personas que no trabajan pero están dispuestas y con capacidad para hacerlo a cambio de una remuneración, están en condiciones de trabajar y han buscado trabajo activamente, cabe mencionar que la tasa del 20 por ciento de desempleo del Sudán es motivo de preocupación grave. Las consecuencias del desempleo en las personas, los hogares y las comunidades son bien conocidas, especialmente en relación con la pobreza y la desigualdad. La situación es peor para los jóvenes que por falta de un trabajo remunerado no pueden explotar su talento y sus habilidades para progresar en la vida y contribuir al bienestar de sus familias y comunidades. En algunos casos es la desesperación lo que impulsa a los jóvenes a emprender peligrosos viajes a través del desierto del Sahara o el mar Mediterráneo. La finalidad de las disposiciones del Convenio, tanto en su letra como en su espíritu, es ayudar a aumentar las oportunidades de creación de empleo decente, remunerado y productivo mediante una política de empleo bien articulada. La elaboración de una hoja de ruta demuestra la buena disposición del Gobierno para conseguir los logros establecidos en el Convenio. No obstante, el miembro trabajador instó al Gobierno a que no demore el proceso de adopción de una política nacional de empleo.

El miembro gubernamental de Argelia dio las gracias al representante del Gobierno del Sudán por la información detallada sobre la aplicación del Convenio, que refleja con claridad la voluntad política del Gobierno y los esfuerzos destinados a elaborar una política nacional de empleo que tenga en cuenta la capacidad y las condiciones económicas y sociales del país, y de conformidad con el Convenio. El miembro gubernamental recordó las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la elaboración de una política nacional en consulta con expertos nacionales, los interlocutores sociales y las partes interesadas, y destacó la importancia de la asistencia técnica de la OIT. El miembro gubernamental alentó al Gobierno a que prosiga los esfuerzos desinados a elaborar y poner en práctica una política nacional de empleo destinada a eliminar el desempleo y crear empleos decentes.

El miembro gubernamental de Qatar agradeció la información proporcionada por el Gobierno y señaló que ésta refleja su compromiso con la aplicación de las disposiciones del Convenio. El Gobierno ha adoptado importantes medidas y está cada vez más cerca de adoptar una política nacional de empleo en consulta con los interlocutores sociales. También ha adoptado medidas en colaboración con interlocutores sociales e inversores nacionales y extranjeros para crear oportunidades de empleo decente mediante programas destinados a promover el empleo pleno y productivo. El Gobierno está comprometido a aplicar el Convenio. El miembro gubernamental expresó la esperanza de que el Comité tome en consideración los esfuerzos mencionados y alentó a la OIT a que preste asistencia técnica para apoyar esos esfuerzos.

El representante gubernamental agradeció a todos los participantes en la discusión y destacó que su Gobierno se compromete a continuar su colaboración con la OIT. Pronto se adoptaría una política nacional de empleo. Se presentaría a la Comisión de Expertos una memoria sobre la aplicación del Convenio, a tiempo para su próxima reunión, así como memorias sobre los convenios fundamentales y otros convenios ratificados. En respuesta a la declaración formulada, el orador reitera el compromiso de su Gobierno a adoptar y aplicar una política nacional de empleo, en consonancia con el Convenio. En un país con una economía basada en gran medida en la agricultura, el Gobierno seguiría tomando medidas para reducir el desempleo, como parte de sus estrategias de reducción de la pobreza. Además, su Gobierno se compromete en proseguir las consultas con los interlocutores sociales, incluso en el Comité Consultivo de Alto Nivel, dado que se asigna una gran importancia al diálogo social. De hecho, el diálogo social es la única manera de aplicar una política nacional de empleo eficaz. Los datos de las encuestas de población activa se utilizarían para desarrollar indicadores para diversas regiones del país. El orador aseguró a la Comisión que su Gobierno está creando una unidad de planificación encargada de garantizar unos niveles equitativos de desarrollo en todo el país. El orador concluyó reiterando que su Gobierno seguiría cooperando plenamente con la OIT y los interlocutores sociales para aplicar con eficacia el Convenio.

Los miembros trabajadores agradecieron al Gobierno las explicaciones aportadas y esperan que los elementos desarrollados durante la discusión se traduzcan en medidas concretas. Es importante que el Gobierno dé seguimiento a la observación de la Comisión de Expertos en lo que se refiere a la comunicación de mayor información sobre la elaboración de una política activa del empleo, teniendo en cuenta la noción de trabajo decente. En lo que se refiere a la aplicación del Convenio, el Gobierno está obligado a elaborar métodos que le permitan recopilar datos sobre el mercado de trabajo de modo que pueda elaborar políticas coherentes. Estos métodos pueden consistir en encuestas regulares como la encuesta sobre la mano de obra efectuada en 2011. Otra pista puede conducir al establecimiento de un observatorio permanente del empleo encargado de recopilar datos a este efecto. Por último, tratándose de la consulta con los interlocutores sociales, se invita al Gobierno a garantizar un mecanismo apropiado y pertinente que implique al conjunto de los interlocutores sociales sobre un mismo plano de igualdad.

Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno la información proporcionada en relación con las medidas tomadas para adoptar una política nacional de empleo y para ayudar a atenuar el impacto de la situación actual en el país. Tomaron nota de la información suministrada relativa a las medidas económicas y de empleo integrales adoptadas a fin de declarar y continuar una política de empleo activa elaborada para promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido. También tomaron nota de la información relativa a las buenas cifras del empleo que indican que se emprendieron y que se crearon empleos en los sectores público y privado. El empleo surge cuando se realizan inversiones, la medida de si una política de empleo ha sido exitosa o no es, en primer lugar, si incentivó o desincentivó la inversión y si fomentó o no la creación de empleos. Los miembros empleadores pidieron al Gobierno: i) desarrollar una estrategia más coherente en la que todas las iniciativas dispersas estén relacionadas estructuralmente para reforzarse mutuamente; ii) desarrollar una gobernanza justa y efectiva que implique procedimientos, decisiones y resultados que aseguren soluciones reales a los problemas locales y que garantice un desarrollo sostenible; iii) aplicar un plan de acción nacional más coordinado y transparente en el que todos las partes interesadas y los interlocutores sociales tengan funciones y responsabilidades claras para participar y trabajar en forma conjunta con miras a lograr objetivos más tangibles y cuantificables; iv) desarrollar las capacidades de los grupos de empleadores y trabajadores mediante el diálogo social y la cooperación tripartita lo que ayudará a acelerar el proceso de adopción y aplicación de la política nacional de empleo, y v) continuar aceptando la asistencia técnica de la OIT para implementar los objetivos mencionados anteriormente y alcanzar los resultados previstos para combatir la pobreza.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información proporcionada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

Habida cuenta de la persistencia de una elevada tasa de desempleo y subempleo que afecta principalmente a las personas más vulnerables, mujeres y jóvenes, la Comisión pidió al Gobierno del Sudán que:

- desarrolle una estrategia coherente, en el marco de la política nacional, para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido con la participación de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, y

- continúe recurriendo a la asistencia técnica de la OIT con lo cual se reforzará la capacidad de los representantes de los empleadores y de los trabajadores.

Por último, la Comisión invitó al Gobierno a recurrir a la asistencia técnica de la OIT a fin de aplicar estas conclusiones y lograr el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión recuerda que, en su reunión de junio de 2017, la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, habida cuenta de la persistencia de una elevada tasa de desempleo y subempleo en el país, que afecta principalmente a las personas más vulnerables, mujeres y jóvenes, pidió al Gobierno del Sudán que elaborara una estrategia coherente, en el marco de la política nacional, para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido con la participación de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores. Asimismo, pidió al Gobierno que continuara recurriendo a la asistencia técnica de la OIT a fin de reforzar las capacidades de los representantes de los empleadores y de los trabajadores.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Formulación de una política de empleo y coordinación con las actividades encaminadas a reducir la pobreza. Consulta con los interlocutores sociales. La Comisión acoge con agrado la información que se proporciona en la memoria del Gobierno sobre los esfuerzos realizados para aplicar las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas. El Gobierno indica que, con ese objetivo, se elaboró una hoja de ruta para la aplicación de la política nacional de empleo y, el Gobierno, la OIT y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmaron un acuerdo. Además, la formulación de la política se encomendó a un grupo de trabajo, compuesto por 35 miembros, del Alto Comité Consultivo tripartito para la política nacional del empleo, con arreglo a la decisión núm. 33, de 28 de agosto de 2014, del Ministerio de Trabajo y Reforma Administrativa. El Alto Comité Consultivo realizó su labor a través de comités especializados y grupos de trabajo apoyados por expertos internacionales. El Gobierno añade que, el 15 de noviembre de 2017, el Ato Comité Consultivo aprobó la versión final de la política, que después se presentó al Ministro de Trabajo y Reforma Administrativa que la aprobó el 13 de diciembre de 2017. Posteriormente la política se presentó al Consejo de Ministros y en enero de 2018 fue examinada en una reunión conjunta de los comités técnicos. El 25 de septiembre de 2018, la política se presentó al departamento competente del Consejo de Ministros y después de que dicho departamento realice una revisión final se someterá de nuevo al Consejo de Ministros para su aprobación. La Comisión toma nota de que el proyecto de política tiene por objetivo promover el trabajo productivo y libremente elegido en el que el trabajador pueda utilizar sus capacidades sin discriminación alguna. El Gobierno indica que la visión del futuro del Sudán se basa en su estrategia nacional 2007 2031 y en los planes nacionales quinquenales que se derivan de esta estrategia. Añade que la política también se basa en objetivos de desarrollo sostenible y en estrategias existentes en materia de reducción de la pobreza. El proyecto de política prevé estrategias operativas para: promover un crecimiento que fomente el empleo; mejorar el rendimiento del mercado laboral, y mejorar cualitativa y cuantitativamente el sistema de formación profesional. Asimismo, el Gobierno hace hincapié en que la protección social es prioritaria. La Comisión acoge con agrado los esfuerzos realizados por el Gobierno para elaborar y aplicar una política nacional de empleo de conformidad con las recomendaciones realizadas por la Comisión de la Conferencia y lo invita a continuar proporcionando información actualizada y detallada a este respecto, y a transmitir una copia de la política una vez que se haya adoptado. Además, la Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada sobre las consultas realizadas con los interlocutores sociales en relación con la formulación y aplicación de una política activa del empleo, y que proporcione información sobre las consultas con los representantes de las personas afectadas por las medidas que se adoptarán, tales como las mujeres, los jóvenes, y las personas que trabajan en las zonas rurales y en la economía informal.

Artículo 2. Recopilación y utilización de datos sobre el mercado de trabajo. Tendencias del empleo. En respuesta a la solicitud anterior de la Comisión, el Gobierno comunica de nuevo datos de la encuesta sobre la fuerza de trabajo de 2011. Tomando nota de que el Gobierno indica que la próxima encuesta sobre la fuerza de trabajo finalizará en 2019, una vez más la Comisión le pide que proporcione datos estadísticos actualizados y, en la medida de lo posible, desglosados sobre la situación y las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo visible en la economía formal y la economía informal.

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Federación Sudanesa de Hombres de Negocios y de Empleadores (SBEF), transmitidas junto con la memoria del Gobierno.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación de una política de empleo y coordinación con las actividades encaminadas a reducir la pobreza. En sus comentarios anteriores, la Comisión había invitado al Gobierno a que proporcionara información sobre los progresos hacía la formulación de una política activa de empleo, tal como exige el Convenio. El Gobierno indica en su memoria que, en 2011, se realizó una encuesta sobre la fuerza de trabajo con el fin de generar indicadores que contribuyeran a la formulación de una política de empleo. En 2013, expertos internacionales prepararon una Hoja de ruta y siete documentos conceptuales sobre diversos temas, entre ellos: la creación de oportunidades de empleo a través del desarrollo de proyectos de pequeña escala; la formulación de una política de formación profesional; la economía social; la protección social; el diálogo social y la dinámica del mercado de trabajo; y la economía informal. La Hoja de ruta y los documentos conceptuales fueron examinados en el marco de talleres y de una mesa redonda de alto nivel que formuló recomendaciones sobre la elaboración de una política de empleo. El Gobierno indica que, en 2014, se creó un Comité consultivo de alto nivel compuesto de expertos e interlocutores sociales, con objeto de formular una política de empleo. El comité consultivo de alto nivel ha elaborado las principales directrices que debe contener la política de empleo. En lo que respecta a los planes y programas concebidos para promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre el impacto de las medidas adoptadas durante el período que abarca la memoria, incluidas las repercusiones de las medidas de empleo adoptadas en el marco del Proyecto Nacional para el Desarrollo de las Mujeres Rurales, así como varias medidas de formación dirigidas a los jóvenes. La Comisión toma nota asimismo de que se ha establecido una Unidad de Coordinación para el Empleo Intensivo dentro del Ministerio de Trabajo y de Reforma Administrativa, que se focalizará en la creación de empleos sostenibles para los jóvenes. El Gobierno indica que se ha aprobado un Programa de Reforma Económica (ERP) 2015-2019, que tiene por objeto beneficiarse del valor añadido en el sector manufacturero y en la agroindustria, centrándose al mismo tiempo en la necesidad de aumentar la competitividad de los productos nacionales. En sus observaciones, la SBEF se refiere a la importancia que reviste el ERP 2015-2019. Éste comprende metas e indicadores cuantitativos concretos, incluso respecto de los diversos recursos disponibles en el país y del incremento de la competitividad de los productos nacionales. Entre los objetivos del ERP figura la creación de 1 millón de empleos en la industria manufacturera. El SBEF añade que será necesario llevar a cabo una amplia reforma gubernamental, a efectos de promover el interés en la economía real, reformar el servicio público y combatir la corrupción. La SBEF considera necesario abordar todas estas cuestiones importantes con miras a proporcionar empleos, luchar contra la pobreza y aumentar el trabajo productivo. La Comisión pide al Gobierno que comunique más información sobre la formulación y aplicación de una política activa de empleo destinada a fomentar el pleno empleo, como exige el Convenio, así como sobre la ejecución del Programa de Reforma Económica 2015-2019. Pide asimismo al Gobierno que transmita una copia del texto de la política nacional de empleo, una vez que se adopte. Pide igualmente al Gobierno que continúe comunicando información sobre las medidas de empleo adoptadas con objeto de promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido, y sobre sus resultados.

Artículo 2. Recopilación y utilización de datos sobre el mercado de trabajo. El Gobierno indica que los datos recopilados por medio de la encuesta sobre la fuerza de trabajo fueran utilizados en la elaboración del ERP 2015-2019. La Comisión toma nota de que, según los datos proporcionados, la tasa de desempleo fue del 18,5 por ciento en 2011, y el desempleo en las zonas rurales se cifró en el 16 por ciento, en comparación con el 22,9 por ciento registrado en las zonas urbanas. Toma nota asimismo de los datos estadísticos proporcionados, desglosados por sexo, situación laboral, así como zonas urbanas y rurales. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando datos estadísticos actualizados, tan desglosados como sea posible, sobre la situación y las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo, tanto en la economía formal como informal.

Artículo 3. Celebración de consultas con los interlocutores sociales. La Comisión saluda la información proporcionada por el Gobierno sobre el establecimiento de un Comité Consultivo Nacional sobre las Normas del Trabajo, compuesto de representantes de los interlocutores sociales y de otras entidades competentes. El Gobierno indica que los interlocutores sociales buscan actualizar la Carta nacional para el empleo, con objeto de tener en cuenta nuevos parámetros y de mejorar la aplicación de la Carta, a fin de conservar los empleos existentes y de crear nuevos. Los interlocutores sociales también están concertando esfuerzos con el Gobierno para ejecutar el Programa de formación remunerada, que tiene por objeto impartir formación a aproximadamente 400 000 licenciados en todos los sectores de la actividad económica. Además, se están haciendo esfuerzos para regular las condiciones de los trabajadores empleados en la economía informal. La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales, incluso dentro del Comité Nacional Consultivo sobre las Normas del Trabajo, acerca de la formulación y aplicación de una política activa de empleo. Sírvase también incluir información sobre las consultas celebradas con los representantes de las personas afectadas por las medidas de empleo a ser adoptadas, como son aquellas que trabajan en las zonas rurales y en la economía informal.

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Políticas para promover el empleo y coordinación con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de la breve memoria del Gobierno recibida en mayo de 2013, donde se menciona el lanzamiento de un proyecto nacional de desarrollo de las mujeres rurales (2012 2016) y al establecimiento del Departamento de mujeres, niños y personas con discapacidad. El Gobierno enumeró las medidas adoptadas en virtud del Programa tripartito de recuperación para el período 2011-2013: i) un aumento de la financiación educativa en beneficio de los más pobres basada en incrementos de la tributación; ii) un aumento de la financiación dedicada a la microfinanza del 12 por ciento en 2011 al 13 por ciento en 2012; iii) un aumento de la financiación dedicada a los sectores productivos (agricultura e industria) del 30 por ciento en 2011 al 40 por ciento en 2012; iv) la promoción del empleo juvenil y la reducción del flujo de desempleados provenientes del extranjero, y v) la reducción del número de trabajadores en la economía informal, integrándolos en la economía nacional. La Comisión se refiere a sus observaciones anteriores e invita al Gobierno a señalar, en su próxima memoria, los progresos realizados para formular una política activa de empleo, como requiere el Convenio. La Comisión invita también al Gobierno a incluir información sobre la aplicación y los resultados de las medidas adoptadas en virtud del Proyecto Nacional de Desarrollo de las Mujeres Rurales, del Programa Tripartito de Recuperación o de otros planes y programas destinados a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido.

Recopilación y utilización de datos sobre el empleo. El Gobierno señala en su memoria que, en 2012, se realizó una encuesta sobre la población activa con la asistencia de la OIT. La Comisión toma nota de que los resultados preliminares de dicha encuesta sugieren que la población total suma alrededor de 29,95 millones de personas, de las cuales 19,2 millones (64,1 por ciento) reside en zonas rurales y otros 10,74 millones (35,9 por ciento) en zonas urbanas. La Comisión toma nota además de que la cifra total de población activa es de 8,97 millones de personas, de las cuales 1,66 millones están desempleadas (8,5 por ciento en zonas rurales y 10,7 por ciento en zonas urbanas). La Comisión invita al Gobierno a señalar, en su próxima memoria, de qué modo se utilizan los datos sobre el empleo recopilados en la encuesta sobre población activa para decidir y examinar las medidas en materia de empleo, en cooperación con los interlocutores sociales y los representantes de las partes interesadas en el sector rural y en la economía informal (artículos 2 y 3). La Comisión pide también al Gobierno que incluya estadísticas detalladas, lo más desglosadas posible, sobre la situación y las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo tanto en la economía formal como en la economía informal.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación e implementación de políticas. La Comisión hace referencia a sus comentarios anteriores y expresa una vez más su firme esperanza en que el Gobierno proporcionará, en su próxima memoria, información detallada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales sobre la formulación y la aplicación de una política activa de empleo. La Comisión pide también al Gobierno que suministre información sobre las consultas celebradas con los representantes de las personas afectadas por las medidas que adoptará para fomentar el empleo, como las que trabajan en el sector rural y en la economía informal.

Programa de asistencia técnica de la OIT. La Comisión toma nota de que la OIT suministró asistencia técnica al Gobierno del Sudán mediante la organización de un taller tripartito en agosto de 2013, que incluía formación sobre la mejor manera de cumplir con la obligación dimanante del Convenio de presentar memorias. La Comisión confía en que el Gobierno, en su próxima memoria debida en 2015, estará en condiciones de proporcionar información detallada sobre la eficacia de las políticas activas de empleo para lograr los objetivos establecidos en el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 2011, redactada como sigue:

Artículos 1 y 2 del Convenio. Políticas para promover el empleo en coordinación con la reducción de la pobreza. En respuesta a su observación de 2009, el Gobierno proporcionó, en septiembre de 2010, una breve memoria donde recuerda que, en el contexto del plan quinquenal para el período 2007-2011, se adoptó una estrategia integral en cuyo marco el Gobierno financió, en colaboración con la Federación de Empleadores, pequeños proyectos de fomento del empleo orientados a reducir la pobreza. Además, se crearon oportunidades de trabajo mediante actividades de financiamiento y capacitación para graduados y personas con discapacidad. Asimismo, el Gobierno prestó especial atención a proyectos destinados a luchar contra la desertificación y promover actividades generadoras de ingresos en las regiones más afectadas por la pobreza. En su observación de 2009, la Comisión señaló que, según estimaciones, entre un 60 y un 70 por ciento de la población en el norte del país, y un 90 por ciento en el sur, vivía por debajo del umbral de la pobreza, con ingresos diarios inferiores a un dólar estadounidense. Las personas que viven en las zonas rurales, en particular las mujeres y las poblaciones desplazadas dentro del país, son las más gravemente afectadas por la pobreza. Fuera del estado de Jartum, la infraestructura es inexistente o está subdesarrollada. Una vez más, la Comisión recuerda que las Naciones Unidas adoptaron, después de los conflictos, una política para la creación de empleo, generación de ingresos y reintegración en la que se subraya que, con posterioridad a los conflictos, el empleo es crucial para la estabilidad, la reintegración, el crecimiento económico y la paz sostenible, a corto plazo. La Comisión pide al Gobierno que informe detalladamente acerca de las medidas adoptadas para elaborar y aplicar una política activa del empleo, de conformidad con el Convenio, con la asistencia de la OIT y otros organismos internacionales. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que facilite información detallada sobre los resultados obtenidos en el marco del plan quinquenal para el período 2007-2011, en lo que concierne a las necesidades de empleo de las categorías vulnerables de trabajadores, en particular las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de edad y las personas con discapacidad.

Recopilación y utilización de datos sobre el empleo. En su observación de 2009, la Comisión tomó nota de que, en 2008, el Gobierno había realizado un censo destinado a recopilar información necesaria para las instancias decisorias y normativas. El Gobierno manifestó su intención de divulgar los resultados del censo en 2009 y preparar una encuesta destinada a obtener datos e información sobre el mercado de trabajo. Al respecto, la Comisión observa que la OIT proporcionó capacitación al personal encargado de realizar la encuesta sobre el mercado de trabajo. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar, en su próxima memoria, una descripción de los progresos realizados para mejorar el sistema de información sobre el mercado de trabajo en la que se incluyan estadísticas detalladas relativas a la situación y las tendencias del empleo y se indique de qué manera se utilizaron los datos recopilados para determinar y examinar las medidas concernientes a la política del empleo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en el desarrollo y la aplicación de políticas. En su memoria, el Gobierno menciona el desarrollo y la aplicación de una política de empleo en consonancia con el Pacto Mundial para el Empleo. Además, el Gobierno indica que se elaboró una carta nacional con la plena participación de los interlocutores sociales. El Gobierno expresa que se proporcionará a la Comisión información sobre la elaboración de la carta nacional, en una memoria ulterior. En el Estudio General de 2010 sobre los instrumentos relativos al empleo, la Comisión destacó la importancia de efectuar las consultas tripartitas genuinas para afrontar y mitigar las consecuencias de la crisis económica mundial (Estudio General de 2010, párrafo 788). La Comisión confía firmemente en que el Gobierno proporcionará, en su próxima memoria, información detallada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales acerca del desarrollo y la aplicación de una política activa de empleo. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre las consultas celebradas con los representantes de las personas afectadas por las medidas que adoptará para fomentar el empleo, en particular las que trabajan en el sector rural y en la economía informal.

Asistencia técnica para facilitar el cumplimiento de la obligación de presentar memorias y de los requisitos del Convenio. Dadas las dificultades experimentadas en los últimos años para cumplir la obligación dimanante del Convenio de presentar memorias, así como de la falta de información en la última memoria recibida, la Comisión observa que la preparación de una memoria detallada, que incluya la información solicitada en la presente observación, ciertamente ofrecerá al Gobierno y a los interlocutores sociales una oportunidad para evaluar la eficacia de la política de empleo en relación con el logro de los objetivos de empleo pleno y productivo establecidos en el Convenio. A ese respecto, el Gobierno podría solicitar la asistencia técnica de las unidades pertinentes de la OIT para tratar las deficiencias en la aplicación de una política activa del empleo, en consonancia con el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Políticas para promover el empleo en coordinación con la reducción de la pobreza. En respuesta a su observación de 2009, el Gobierno proporcionó, en septiembre de 2010, una breve memoria donde recuerda que, en el contexto del plan quinquenal para el período 2007 2011, se adoptó una estrategia integral en cuyo marco el Gobierno financió, en colaboración con la Federación de Empleadores, pequeños proyectos de fomento del empleo orientados a reducir la pobreza. Además, se crearon oportunidades de trabajo mediante actividades de financiamiento y capacitación para graduados y personas con discapacidad. Asimismo, el Gobierno prestó especial atención a proyectos destinados a luchar contra la desertificación y promover actividades generadoras de ingresos en las regiones más afectadas por la pobreza. En su observación de 2009, la Comisión señaló que, según estimaciones, entre un 60 y un 70 por ciento de la población en el norte del país, y un 90 por ciento en el sur, vivía por debajo del umbral de la pobreza, con ingresos diarios inferiores a un dólar estadounidense. Las personas que viven en las zonas rurales, en particular las mujeres y las poblaciones desplazadas dentro del país, son las más gravemente afectadas por la pobreza. Fuera del estado de Jartum, la infraestructura es inexistente o está subdesarrollada. Una vez más, la Comisión recuerda que las Naciones Unidas adoptaron, después de los conflictos, una política para la creación de empleo, generación de ingresos y reintegración en la que se subraya que, con posterioridad a los conflictos, el empleo es crucial para la estabilidad, la reintegración, el crecimiento económico y la paz sostenible, a corto plazo. La Comisión pide al Gobierno que informe detalladamente acerca de las medidas adoptadas para elaborar y aplicar una política activa del empleo, de conformidad con el Convenio, con la asistencia de la OIT y otros organismos internacionales. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que facilite información detallada sobre los resultados obtenidos en el marco del plan quinquenal para el período 2007 2011, en lo que concierne a las necesidades de empleo de las categorías vulnerables de trabajadores, en particular las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de edad y las personas con discapacidad.

Recopilación y utilización de datos sobre el empleo. En su observación de 2009, la Comisión tomó nota de que, en 2008, el Gobierno había realizado un censo destinado a recopilar información necesaria para las instancias decisorias y normativas. El Gobierno manifestó su intención de divulgar los resultados del censo en 2009 y preparar una encuesta destinada a obtener datos e información sobre el mercado de trabajo. Al respecto, la Comisión observa que la OIT proporcionó capacitación al personal encargado de realizar la encuesta sobre el mercado de trabajo. La Comisión invita al Gobierno a proporcionar, en su próxima memoria, una descripción de los progresos realizados para mejorar el sistema de información sobre el mercado de trabajo en la que se incluyan estadísticas detalladas relativas a la situación y las tendencias del empleo y se indique de qué manera se utilizaron los datos recopilados para determinar y examinar las medidas concernientes a la política del empleo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en el desarrollo y la aplicación de políticas. En su memoria, el Gobierno menciona el desarrollo y la aplicación de una política de empleo en consonancia con el Pacto Mundial para el Empleo. Además, el Gobierno indica que se elaboró una carta nacional con la plena participación de los interlocutores sociales. El Gobierno expresa que se proporcionará a la Comisión información sobre la elaboración de la carta nacional, en una memoria ulterior. En el Estudio General de 2010 sobre los instrumentos relativos al empleo, la Comisión destacó la importancia de efectuar las consultas tripartitas genuinas para afrontar y mitigar las consecuencias de la crisis económica mundial (Estudio General de 2010, párrafo 788). La Comisión confía firmemente en que el Gobierno proporcionará, en su próxima memoria, información detallada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales acerca del desarrollo y la aplicación de una política activa de empleo. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre las consultas celebradas con los representantes de las personas afectadas por las medidas que adoptará para fomentar el empleo, en particular las que trabajan en el sector rural y en la economía informal.

Asistencia técnica para facilitar el cumplimiento de la obligación de presentar memorias y de los requisitos del Convenio. Dadas las dificultades experimentadas en los últimos años para cumplir la obligación dimanante del Convenio de presentar memorias, así como de la falta de información en la última memoria recibida, la Comisión observa que la preparación de una memoria detallada, que incluya la información solicitada en la presente observación, ciertamente ofrecerá al Gobierno y a los interlocutores sociales una oportunidad para evaluar la eficacia de la política de empleo en relación con el logro de los objetivos de empleo pleno y productivo establecidos en el Convenio. A ese respecto, el Gobierno podría solicitar la asistencia técnica de las unidades pertinentes de la OIT para tratar las deficiencias en la aplicación de una política activa del empleo, en consonancia con el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Políticas para promover el empleo y la coordinación de la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno recibida en octubre de 2008. En su observación de 2005, la Comisión había solicitado información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar que el empleo, como elemento clave de reducción de la pobreza, ocupa un lugar central en las políticas macroeconómicas y sociales. El Gobierno se refiere a una estrategia adoptada para el período 2007-2013, mediante la cual el Ministerio de Trabajo trata de optimizar el uso de los recursos humanos en el marco de instituciones de justicia social que se encaminen a la concreción de un marco jurídico sólido en el país. Según el Gobierno, la política de empleo ocupa un eje central en el plan quiquenal de 2007-2011. En este contexto, se habían adoptado una estrategia y programas de reducción de la pobreza para el empleo de los graduados universitarios y de los trabajadores rurales. La Comisión toma nota de que, según una evaluación conjunta del Banco Mundial-PNUD, se estima en aproximadamente el 60-70 por ciento de la población del norte y el 90 por ciento de la población del sur del país, las personas que viven en una situación que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, con ingresos menores de 1 dólar al día. Las personas que viven en las zonas rurales, especialmente las mujeres y las poblaciones desplazadas en el interior, han sido las más golpeadas por la pobreza. Más allá del Estado de Kartum, la infraestructura (carreteras, ferrocarriles, energía y agua) o no existe o está subdesarrollada en el país. La Comisión recuerda que las Naciones Unidas habían adoptado una política para creación de empleo después de conflictos, la generación y la reintegración de los ingresos que destaca que, en situaciones posteriores a conflictos, el empleo es vital para una estabilidad a corto plazo para la reintegración, el crecimiento económico y una paz sostenible. Por consiguiente, la Comisión invita al Gobierno a que informe acerca de las medidas adoptadas para desarrollar y aplicar una política activa de empleo, de conformidad con el Convenio, con la asistencia de la OIT y de otros organismos internacionales. También se solicita al Gobierno que comunique información sobre la manera en que trata de satisfacer, en el contexto del plan quinquenal de 2007-2011, las necesidades de empleo de categorías vulnerables de trabajadores como las mujeres, los jóvenes, los trabajadores de más edad y las personas con discapacidad.

Compilación y utilización de los datos del empleo. En su memoria, el Gobierno indica que en 2008 había llevado a cabo un censo de población para que se contara con una fuente de información para los planificadores y los responsables de las políticas. Los resultados de las estadísticas se darían en 2009 y que tales datos conducirían a la preparación de una encuesta para la compilación de datos y de información sobre el mercado laboral. En septiembre de 2008, se había realizado un taller con la participación de expertos, especialistas y representantes de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sobre la compilación de datos. La Comisión también toma nota de que se había solicitado a la OIT que prestara asistencia técnica a efectos de llevar a cabo la encuesta sobre el mercado laboral. La Comisión invita al Gobierno a que informe sobre los progresos realizados para mejorar el sistema de información del mercado laboral y a que incluya, en su próxima memoria, estadísticas detalladas sobre la situación y las tendencias del empleo, especificando de qué manera se han utilizado los datos compilados para determinar y revisar las medidas de política de empleo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la preparación y la aplicación de las políticas. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno, en la que se indica que no se adopta decisión alguna sin la participación de empleadores y trabajadores. La Comisión sólo puede resaltar una vez más la importancia de dar pleno efecto al artículo 3 del Convenio, específicamente en el caso de Sudán, que atraviesa una situación de desempleo muy elevado y persistente. La Comisión espera que la próxima memoria incluya información sobre las consultas celebradas con los representantes de los interlocutores sociales para asegurar su cooperación en la formulación y en la aplicación de programas y medidas de política de empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. La Comisión lamenta tomar nota de que no ser recibió una memoria del Gobierno desde la muy breve comunicación de noviembre de 2004. La Comisión pide al Gobierno que comunique una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio incluyendo informaciones precisas y actualizadas con respuestas a su observación de 2005 en la que se habían planteado los puntos siguientes.

2. Artículos 1 y 2 del Convenio. Políticas para promover el empleo y coordinación con la reducción de la pobreza. El Gobierno había indicado que estaba considerando un programa para el período de 2005-2006, destinado a combatir el desempleo, con especial referencia a los graduados universitarios, y enumeraba los elementos principales de ese programa. El Gobierno también indicaba que se encontraba en el proceso de preparar, con la asistencia de la OIT, un documento sobre la estrategia para reducir la pobreza. La Comisión solicita al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, información detallada sobre las medidas adoptadas para garantizar que el empleo, como elemento clave de reducción de la pobreza, sea central en las políticas macroeconómica y social. Además, la Comisión destaca la importancia de establecer un sistema de compilación de los datos del mercado laboral y solicita al Gobierno que informe de todo progreso realizado en este terreno y que transmita, en su próxima memoria, datos desglosados sobre las tendencias del mercado laboral, incluida la información en torno a la situación, al nivel y a las tendencias del empleo, del subempleo y del desempleo, en todo el país, y la medida en que éstos afectan a las categorías más vulnerables de trabajadores (mujeres, jóvenes y trabajadores rurales). La Comisión también solicita al Gobierno que informe de la situación del documento sobre la estrategia para la reducción de la pobreza, así como de toda evaluación del impacto de su programa para combatir el desempleo en particular el desempleo de los graduados universitarios.

3. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y en la aplicación de políticas. La Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio exige consultas con los representantes de todas las personas afectadas, especialmente con los representantes de los empleadores y de los trabajadores, en la formulación y la aplicación de las políticas de empleo. Es responsabilidad conjunta del Gobierno y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores garantizar que los representantes de los grupos más vulnerables y marginales de la población activa participen, en la medida de lo posible, en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios [véase el párrafo 493 del Estudio general de 2004, Promover empleo]. La Comisión confía en que el Gobierno comunicará, en su próxima memoria, información detallada al respecto.

4. Parte V del formulario de memoria. Asistencia técnica de la OIT. Además, la Comisión solicita al Gobierno que describa, en su próxima memoria, las iniciativas que ha adoptado con el apoyo de la OIT para aplicar una política activa de empleo como lo requiere el Convenio.

5. La Comisión subraya que la preparación de una memoria detallada, en la que se incluyen respuestas a las cuestiones planteadas en esta observación, brindará indudablemente al Gobierno y a los interlocutores sociales una oportunidad de evaluar los logros relativos al objetivo de pleno empleo productivo establecido en el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 2005, redactada como sigue:

La Comisión toma nota de la muy breve memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2004.

1. Políticas para promover el empleo y coordinación con la reducción de la pobreza. El Gobierno indica que está examinando un programa para el período 2005-2006 destinado a combatir el desempleo, especialmente entre los graduados universitarios, y enumera los elementos principales de dicho programa. El Gobierno señala también que está preparando, con la asistencia de la OIT, un documento sobre estrategia para la reducción de la pobreza. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien facilitar información detallada en su próxima memoria sobre las medidas adoptadas para garantizar que el empleo, como elemento clave para la reducción de la pobreza, es una parte esencial de las políticas macroeconómicas y sociales. Además, la Comisión subraya la importancia de establecer un sistema de informaciones del mercado de trabajo y solicita al Gobierno que se sirva informar de todo progreso realizado en este ámbito, así como proporcionar en su próxima memoria datos desglosados sobre las tendencias del mercado de trabajo, incluyendo información relativa a la situación, nivel y tendencias del empleo, el subempleo y el desempleo en todo el país y la medida en que afectan a las categorías de trabajadores más vulnerables (como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores rurales). Además, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien informar sobre la situación del documento sobre estrategia para la reducción de la pobreza, y de toda evaluación sobre los efectos de su programa destinado a combatir el desempleo, especialmente entre los graduados universitarios (artículos 1 y 2 del Convenio).

2. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de política. La Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio, exige la consulta del conjunto de las personas interesadas, y esencialmente de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, en la elaboración y la aplicación de las políticas del empleo. Es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase Estudio general, de 2004, Promover empleo, párrafo 493). La Comisión confía en que el Gobierno facilitará información detallada a este respecto en su próxima memoria.

3. Parte V del formulario de memoria. Por último, la Comisión solicita al Gobierno se sirva describir en su próxima memoria las medidas tomadas para aplicar una política activa del empleo en el sentido del Convenio, como consecuencia de la asistencia técnica recibida de la OIT.

4. La Comisión subraya que la preparación de una memoria detallada, incluida la información solicitada en su observación, indudablemente proporcionará al Gobierno y los interlocutores sociales la oportunidad de evaluar los resultados alcanzados en relación con el objetivo del pleno empleo productivo previsto en el Convenio.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

 

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

La Comisión toma nota de la muy breve memoria del Gobierno recibida en noviembre de 2004.

1. Políticas para promover el empleo y coordinación con la reducción de la pobreza. El Gobierno indica que está examinando un programa para el período 2005-2006 destinado a combatir el desempleo, especialmente entre los graduados universitarios, y enumera los elementos principales de dicho programa. El Gobierno señala también que está preparando, con la asistencia de la OIT, un documento sobre estrategia para la reducción de la pobreza. La Comisión solicita al Gobierno tenga a bien facilitar información detallada en su próxima memoria sobre las medidas adoptadas para garantizar que el empleo, como elemento clave para la reducción de la pobreza, es una parte esencial de las políticas macroeconómicas y sociales. Además, la Comisión subraya la importancia de establecer un sistema de informaciones del mercado de trabajo y solicita al Gobierno que se sirva informar de todo progreso realizado en este ámbito, así como proporcionar en su próxima memoria datos desglosados sobre las tendencias del mercado de trabajo, incluyendo información relativa a la situación, nivel y tendencias del empleo, el subempleo y el desempleo en todo el país y la medida en que afectan a las categorías de trabajadores más vulnerables (como las mujeres, los jóvenes y los trabajadores rurales). Además, la Comisión solicita al Gobierno tenga a bien informar sobre la situación del documento sobre estrategia para la reducción de la pobreza, y de toda evaluación sobre los efectos de su programa destinado a combatir el desempleo, especialmente entre los graduados universitarios (artículos 1 y 2 del Convenio).

2. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de política. La Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio, exige la consulta del conjunto de las personas interesadas, y esencialmente de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, en la elaboración y la aplicación de las políticas del empleo. Es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase Estudio general, de 2004, Promover empleo, párrafo 493). La Comisión confía en que el Gobierno facilitará información detallada a este respecto en su próxima memoria.

3. Parte V del formulario de memoria. Por último, la Comisión solicita al Gobierno se sirva describir en su próxima memoria las medidas tomadas para aplicar una política activa del empleo en el sentido del Convenio, como consecuencia de la asistencia técnica recibida de la OIT.

4. La Comisión subraya que la preparación de una memoria detallada, incluida la información solicitada en su observación, indudablemente proporcionará al Gobierno y los interlocutores sociales la oportunidad de evaluar los resultados alcanzados en relación con el objetivo del pleno empleo productivo previsto en el Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

No disponible en español.