Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Brasil (Ratificación : 1969)

Caso individual (CAS) - Discusión: 1988, Publicación: 75ª reunión CIT (1988)

El Gobierno ha comunicado las informaciones siguientes:

El Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaria de Empleo y Salario y del Sistema Nacional de Empleo, vinculado a ésta, ha venido desarrollando una política de intermediación en materia de recursos laborales, en aplicación de la ley núm. 4923 de 26 de diciembre de 1965, con resultados positivos, así como prestando asistencia debida a los trabajadores desempleados a través del seguro de desempleo y de ayuda financiera.

Los datos requeridos para la implantación de la política del empleo se obtienen del Registro General de Personas Empleadas y Personas no Empleadas, que se establece en base a informaciones que suministran anualmente las empresas. Por medio de ese Registro, el Ministerio del Trabajo administra el proceso de admisión y distribución de los empleados, lo que le permite adoptar medidas contra el desempleo. Los datos obtenidos permiten evaluar el nivel del empleo, su fluctuación mensual, la tasa de variación mensual del empleo, la tasa de desempleo, etc., tal como puede corroborarse en los documentos comunicados. En el periodo de 1985-87, por ejemplo, se inscribieron en los puestos de servicio del SINE más de 2,6 millones de trabajadores, de los cuales 820000 fueron efectivamente empleados a través del referido Sistema.

Además, el Ministerio del Trabajo se esfuerza en ampliar los niveles de formalización de la relación de empleo mediante campanas para que se otorguen Cartas de Trabajo a los trabajadores. Durante los años 1985, 1986 y 1987 fueron emitidas 19 millones de Cartas de Trabajo. Con relación a los empleos creados, en los años 1985-86 figura un número significativo de 1,8 millones de empleos, lo que representa un promedio de crecimiento del 5 por ciento anual.

En 1987, la evolución de la economía presentó señales de estancamiento con matices negativos respecto del nivel del empleo. La tasa media de desempleo en 1987 - de 3,80 - es inferior a la del periodo 84/85/86 - de 7,45; 5,60; y 3,85 - respectivamente.

La función de intermediario desarrollada por el SINE se lleva a cabo en dos direcciones: la primera se dirige al sector organizado del mercado de trabajo, y la segunda se orienta a la prestación de servicios vinculados con el sector no organizado (informal).

El procedimiento para el sector formal consiste en registrar a los candidatos, someterlos a selección previa, clasificarlos y, posteriormente, encauzarlos a los puestos ofrecidos por las empresas o a instituciones de formación profesional.

Paralelamente a la función de intermediario en el sector formal, se encauza también la mano de obra hacia actividades informales, fundamentalmente de trabajadores autónomos prestatarios de servicios, destacándose los servicios domésticos a los que la Asamblea Nacional Constituyente acuerda nuevos derechos.

En algunos casos quienes ocupan puestos de intermediación realizan asimismo actividades de asistencia y apoyo al trabajador que comprenden desde la promoción de la orientación laboral, en materia de legislación y mercado de trabajo, hasta la expedición de Cartas de Trabajo y certificados de desempleo.

Las actividades de promoción de empleo realizadas a través del SINE se refieren básicamente a la ejecución de programas tendentes a proporcionar oportunidades de trabajo y garantizar mejores niveles de empleo e ingresos a la población vinculada al sector no organizado de la economía.

Las unidades operativas del SINE vienen actuando en apoyo de la implantación de cooperativas de pequeños productores y trabajadores independientes, del desarrollo de fuentes de empleo para la realización de obras de infraestructura de interés comunitario, microcomunidades de producción, estructuras de comercialización de productos administradas por pequeños productores y empresas comunitarias. En este ámbito de trabajo fueron ejecutados en los últimos años los siguientes programas: Programa de Atención a las Poblaciones de Bajos Ingresos en las Areas de Formación Profesional y Empleo; Proyecto Especial de Ciudades de Talla Media (PECPM/BIRD); Programa de Desarrollo de las Regiones Metropolitanas del Nordeste; Programa de Cooperativas de Trabajadores Rurales Móviles (COTRAVAN); Programa de Prioridades Sociales (PPS).

El Gobierno ha comunicado informaciones adicionales sobre "La Evolución de los Salarios y Utilidades en el Sector Urbano", y estadísticas laborales de 1987-88 relativas a movimientos de mano de obra en diversos sectores.

Además, habida cuenta de que durante dos años no se ha proporcionado ninguna memoria, los miembros trabajadores propusieron que no se tratara el presente Convenio en un debate, sino que se indicara en el informe que la Comisión espera que el Gobierno proporcionará dicha memoria, a fin de que la Comisión de Expertos pueda examinarla, y que se pueda discutir del caso el año próximo. Los miembros empleadores apoyarón esta propuesta. Así se decidió.

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

La Comisión toma nota de las observaciones del Sindicato de Médicos de Pernambuco (SIMEPE) y del Consejo Federal de Medicina (CFM) de 21 de enero de 2015, así como de la respuesta del Gobierno a las mismas, de fecha 5 de noviembre de 2015. Además, la Comisión toma nota de las observaciones de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) recibidas el 1.º de septiembre de 2017, así como de las observaciones de la Asociación Nacional de Magistrados de la Justicia del Trabajo (ANAMATRA) recibidas el 1.º de junio de 2018. La Comisión pide al Gobierno que presente sus comentarios sobre las observaciones formuladas por la CUT y la ANAMATRA.

Avances legislativos. En sus observaciones, la CUT alega que las reformas laborales («Reforma Trabalhista») introducidas por la ley núm. 13467 de 13 de julio de 2017, que modificaron la Consolidación de las Leyes del Trabajo de 1943, cambian considerablemente la política de empleo del Brasil. La CUT observa que, desde la perspectiva de los trabajadores, las reformas laborales tendrán efectos sumamente negativos en la creación de trabajos decentes y, por consiguiente, contravendrán los objetivos del Convenio. En particular, la CUT recuerda que el artículo 1 del Convenio requiere que la política nacional de empleo se conciba con el objetivo de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Añade que los puestos de trabajo que deben crearse por conducto de las políticas públicas deberían ser productivos y elegidos libremente, y que los trabajadores no deberían estar sujetos a unas condiciones socioeconómicas que les obliguen a aceptar cualquier tipo de trabajo para poder sobrevivir. En este contexto, la CUT se remite al artículo 442 B de la ley núm. 13467, que establece la categoría del «autónomo exclusivo», que puede que trabaje de manera exclusiva y continua para un empleador, pero no sea considerado como empleado en virtud de la Consolidación de las Leyes del Trabajo. La CUT sostiene que el artículo 442 B acaba con el concepto mismo de empleo, empleador y empleado, por lo que afecta directamente a la política de empleo. Además, la CUT alega que las reformas laborales se adoptaron en contravención del artículo 3 del Convenio, ya que se aprobaron sin la celebración de consultas con las organizaciones de trabajadores o con las personas interesadas. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno no ha presentado aún sus comentarios en respuesta a las observaciones de la CUT y de la ANAMATRA, la Comisión pide, no obstante, al Gobierno que suministre información detallada sobre la manera en que la ley núm. 13467 — en particular el artículo 442-B — se ha aplicado, y que comunique copias de cualquier decisión judicial relativa a la aplicación de las disposiciones de esta ley.

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Tendencias del empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que continuara proporcionando información detallada sobre las políticas puestas en práctica y las medidas adoptadas con miras a lograr los objetivos del Convenio, y sobre el impacto del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y del plan «Brasil Maior» (Brasil Mejor) en la promoción del empleo productivo. El Gobierno señala que su estrategia encaminada a crear puestos de trabajo y generar ingresos se centra en la estimulación de la innovación y de la actividad productiva a través de la concesión de créditos, lo que considera una manera sostenible de integrar a las personas en la economía productiva. Añade que el objetivo de su Programa para la Creación de Empleo y la Generación de Ingresos (FAT PROGER) es estimular la generación de ingresos proporcionando líneas de crédito y tipos de interés subvencionados, a fin de aumentar la producción y, por ende, la demanda de trabajo. El Gobierno indica que FAT PROGER realiza inversiones a largo plazo en pequeñas empresas, cooperativas y asociaciones productivas, y está presente en 3 600 municipios. Señala que, en 2016, FAT PROGER concedió 5 000 millones de reales brasileños en líneas de crédito destinadas a las empresas. El Gobierno pone de relieve asimismo el programa INOVACRED, que forma parte del plan «Brasil Maior», con el objetivo de apoyar el crecimiento económico mediante la inversión en innovación. De 2014 a 2017, INOVACRED puso 533 millones de reales brasileños a disposición de las empresas con este fin. Además, el Programa Nacional de Microcrédito Productivo Orientado (PNMPO) extiende los microcréditos a los pequeños empresarios a través de una red de instituciones especializadas que proporcionan asimismo la orientación necesaria para la realización sostenida de estas actividades. En 2016, el PNMPO puso 11 180 millones de reales brasileños a disposición de 3,7 millones de beneficiarios. El Gobierno indica que las mujeres representan el 60 por ciento de los clientes del PNMPO, y que el 90 por ciento de todos los clientes son operadores por cuenta propia. La Comisión toma nota asimismo del aumento del desempleo, el cual, según los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ascendió al 13,7 por ciento en el primer trimestre de 2017, cayendo en el segundo trimestre al 12,4 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que suministre información detallada actualizada, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo y edad sobre las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo visible observadas en las zonas urbanas y rurales y en las diferentes regiones. Además, pide al Gobierno que siga suministrando información exhaustiva sobre las medidas adoptadas o previstas para lograr los objetivos del Convenio, y sobre el impacto de tales medidas.

Educación y formación profesional. Grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que siguiera proporcionando información sobre las medidas adoptadas para aumentar la participación en el mercado de trabajo de grupos específicos, como los jóvenes, los trabajadores de edad, las mujeres solicitantes de empleo, los trabajadores migrantes, las minorías étnicas y las personas con discapacidades. El Gobierno indica que el Plan Nacional de Calificación (PNQ) se reestructuró en abril de 2017 y se conoce actualmente como el Programa brasileño de calificación social y profesional («Qualifica Brasil»). Su objetivo es promover la calificación y la certificación profesional en el marco del seguro de desempleo dentro del Sistema Nacional de Empleo (SINE). «Qualifica Brasil» concede prioridad a determinados grupos, incluidas las personas desempleadas, quienes desempeñan empleos que se han visto afectados por los cambios tecnológicos, los jóvenes y otros. Ofrece cursos de calificación, incluidos cursos de aprendizaje a distancia y gratuitos en las instituciones participantes, y una certificación profesional que reconoce los conocimientos, competencias y experiencia profesional adquiridos. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno de que, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), más de 40 millones de personas — casi la mitad de los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años — están interesadas en cursos profesionales, pero sólo el 2,2 por ciento disponen de los medios para acceder a ellos. Con respecto al empleo juvenil, el Gobierno señala que el programa «Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã» del Ministerio de Trabajo y Empleo se está reestructurando. El programa, que se propone preparar para el mercado de trabajo a los jóvenes de 18 a 29 años de edad, benefició a 1 331 948 jóvenes entre 2008 y 2013. El Gobierno hace referencia asimismo al programa «Pronatec» creado en 2011 a fin de ampliar los cursos de educación técnica y profesional, indicando que en el segundo semestre de 2017, los Ministerios de Trabajo y Educación llevarán a cabo un estudio en el que se analizará la colocación en el mercado de trabajo de los jóvenes calificados. Además, el Gobierno hace referencia al programa de aprendizaje brasileño, que tiene por objeto promover la calificación profesional y la integración en el mercado del trabajo de los jóvenes de 14 a 24 años. Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo, de 2005 a 2017, un total de 3 051 942 jóvenes participaron en el programa de aprendizaje. La Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno proporcione información sobre las medidas adoptadas para aumentar la participación en el mercado de trabajo de los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente, tales como los jóvenes, las personas de edad, las mujeres solicitantes de empleo, los trabajadores migrantes, las minorías étnicas y las personas con discapacidades.

Programa «Mais Médicos». En sus observaciones, el SIMEPE y el CFM indican la inobservancia de una serie de convenios de la OIT, incluido el Convenio núm. 122, en relación con el programa «Mais Médicos» (Más Médicos). Ponen de relieve que, al crear el programa, el Gobierno contrató los servicios de médicos cubanos que trabajaban para el Ministerio de Salud de Cuba como mano de obra de bajo costo, pagándoles menos que a los médicos brasileños, en condiciones en las que no pudieron elegir libremente su empleo. Además, el SIMEPE y el CFM alegan que se enviaron a los médicos cubanos al Brasil como estudiantes médicos de intercambio, para que perfeccionaran sus calificaciones, y se les impidió que practicaran la medicina, cuando en realidad trabajaron prestando servicios de atención de salud en las zonas rurales para el sistema público de salud (Sistema Único de Salud (SUS)). En su respuesta de 2015, el Gobierno indica que el proyecto se estableció con miras a hacer frente a la escasez de médicos en el país, en particular en las zonas rurales, y selecciona a graduados tanto brasileños como no brasileños para que presten servicios de atención primaria de salud en zonas insuficientemente atendidas. El Gobierno indica que el proyecto es un programa internacional de intercambio médico, y no una relación de trabajo en el sentido estricto, remitiéndose a la ley núm. 12871/2013, que creó el programa, y cuyo artículo 17 prevé que «las actividades realizadas en el marco del programa ‘Mais Médicos’ no establecen ninguna relación». El Gobierno añade que las actividades llevadas a cabo no son con ánimo de lucro, pero que los médicos que participan reciben becas y otras prestaciones para sus viajes y gastos de instalación, y que después del primer año consiguió atraer a participantes de más de 40 nacionalidades diferentes, además de a médicos cubanos empleados por el Ministerio de Salud de Cuba. El Gobierno indica que el programa combinó un conjunto de incentivos — educativos, monetarios, normativos y apoyo clínico — para atraer a los médicos a las zonas menos atendidas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la situación actual del programa «Mais Médicos», incluida información estadística desglosada por nacionalidad, sobre el número de participantes, así como información sobre las condiciones que ofrece el programa, en particular las sumas recibidas en forma de remuneración, prestaciones, etc.

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. Tomando nota de las observaciones de la CUT relativas a la adopción de las reformas laborales, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales y las personas interesadas con respecto a la elaboración y aplicación de una política de empleo y de medidas activas del mercado de trabajo, incluidas aquéllas destinadas a los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente.

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. El Gobierno destaca en su memoria que la coordinación de las políticas en diferentes áreas permitió la formación de un ambiente productivo enfocado en la generación de puestos de trabajo, lo que se tradujo en la inclusión social en el trabajo, en el crecimiento de la clase media brasileña, del consumo, del crédito y de la oferta; y en la redistribución de los ingresos y la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota asimismo de que en 2011, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) entró en su segunda fase, con el mismo pensamiento estratégico, con más recursos y alianzas con los estados y municipios para la ejecución de obras estructurales que permiten mejorar la calidad de vida en las ciudades. También en 2011, el Gobierno lanzó el plan «Brasil Maior», el cual constituye la política industrial, tecnológica y de comercio exterior del Gobierno federal. El desafío de dicho plan es mantener el crecimiento económico inclusivo en un contexto económico adverso y generar un cambio estructural de la inserción del país en la economía mundial. El plan se centra en la innovación y la densificación productiva del parque industrial, con foco en las ganancias sustentadas en la productividad del trabajo. El Gobierno sostiene que cuando se reduce la demanda agregada se compromete la generación de puestos de trabajo. Las expectativas de ventas de las empresas, tomando como referencia el pasado reciente, determinan el nivel de empleo en el ámbito de cada empresa. Según el Gobierno, el consumo determina el nivel de empleo, ya que las contrataciones se llevan a cabo teniendo en cuenta el funcionamiento del mercado. Según los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el mercado de trabajo mantuvo una evolución favorable y en 2013 presentó una tasa de desempleo promedio anual del 5,4 por ciento, el menor nivel desde 2002. La CEPAL destaca asimismo la creación de 1,1 millones de nuevos puestos formales. Asimismo, en los primeros cuatro meses de 2014 continuó la disminución de la tasa de desempleo, que afectó a un 5 por ciento de la población activa (frente a un 5,6 por ciento en igual período de 2013). La Comisión invita al Gobierno a que continúe agregando información detallada sobre las políticas ejecutadas y medidas adoptadas para alcanzar los objetivos del Convenio. La Comisión invita también al Gobierno a que siga proporcionando información sobre el impacto que ha tenido el Programa de Aceleración del Crecimiento y del plan Brasil Maior para favorecer el empleo productivo. Sírvase asimismo, incluir información sobre las medidas adoptadas para incrementar la participación en el mercado de trabajo de los grupos socialmente vulnerables como los jóvenes, los trabajadores de edad, las mujeres demandantes de empleo, los trabajadores migrantes, las minorías étnicas y las personas con discapacidad; indicando la manera en que la tasa de desempleo de estos grupos se compara con la tasa nacional de desempleo.

Políticas educativas y de formación profesional. Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno sobre el Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) presentada en 2013, en la que informa sobre el inicio del Programa Nacional de Acceso a la Educación Técnica y al Empleo (PRONATEC/ley núm. 12513 de 2011) para ampliar la oferta de cursos de la educación profesional y tecnológica. El Gobierno indica que como consecuencia de la aprobación del PRONATEC, se han implementado cambios al Plan Nacional de Cualificación (PNQ). El Gobierno destaca que la mejora de la cualificación de los trabajadores es un factor crítico para el desarrollo del país e impacta directamente en la productividad y en los ingresos de los trabajadores. Durante el período 2004-2012 se observa un aumento en el número de trabajadores más cualificados en tanto se ha reducido el número de trabajadores con menos de ocho años de estudio. El Gobierno también hace referencia al programa «Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã» del Ministerio de Trabajo y Empleo, iniciado en 2008, que busca preparar a los jóvenes de 18 a 29 años para el mercado laboral. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el impacto que ha tenido el PRONATEC, el PNQ y el programa «Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã» así como otras iniciativas adoptadas para dar a los trabajadores la oportunidad de recibir la formación necesaria que les permita encontrar empleos adecuados y utilizar su formación y calificaciones en dichos empleos. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a que incluya indicaciones sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en el ámbito de las políticas educativas y de formación profesional y sobre su relación con las oportunidades de empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en noviembre de 2011, en respuesta a su observación de 2009. La memoria preparada por la Secretaría de Políticas Públicas de Empleo (SPPE) contiene indicaciones sucintas sobre el mercado del trabajo, una reseña de las actividades del Sistema Público de Empleo, Trabajo y Renta (SPETR) y de las actividades del Programa de Generación de Empleo y Renta (PROGER). La Comisión toma nota de la importante disminución del trabajo informal y del aumento en un 6,5 por ciento del número de trabajadores asalariados registrados en los grandes centros urbanos. Si bien la economía se desaceleró en 2011, se espera que el crecimiento económico vuelva a aumentar en 2012 (la tasa de crecimiento llegó a 7,5 por ciento en 2010, disminuyó al 2,9 por ciento en 2011y se anticipa un crecimiento del 3,5 por ciento en 2012). El Gobierno destaca que el dinamismo positivo de los indicadores macroeconómicos condujo a que disminuyera la tasa de desempleo del 7,5 por ciento en mayo de 2010 al 6,4 por ciento en mayo de 2011. Según los datos publicados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la OIT, en 2011 se crearon más de 2 millones de empleos. La Comisión observa que la tasa de desempleo femenino decreció del 8,8 por ciento en 2010 al 7,7 por ciento en 2011, y la tasa de desempleo juvenil se redujo del 16,7 por ciento en 2010 al 15 por ciento en 2011. La Comisión invita al Gobierno a comunicar en su próxima memoria informaciones sobre las políticas y los programas que se hayan adoptado para promover el pleno empleo. La Comisión desearía examinar una memoria que contenga indicaciones sobre la manera en que las políticas y los programas ejecutados se tradujeron en oportunidades de empleo productivo y duradero para los jóvenes y las mujeres, y la manera en que los interlocutores sociales han colaborado en su ejecución. Sírvase también facilitar información sobre los esfuerzos realizados para seguir incorporando al sector formal de la economía a los trabajadores que no están registrados. La Comisión agradecería al Gobierno que incluya información actualizada sobre la situación y tendencias del mercado de trabajo, desglosada por Estado, sector, edad, género y aptitudes, especialmente respecto de los grupos socialmente vulnerables como los jóvenes, las mujeres demandantes de empleo, las minorías étnicas y las personas con discapacidades (artículo 1, 2), y artículo 2, a), del Convenio).

Apoyo a las micro y pequeñas empresas y a las cooperativas. La Comisión toma nota del empeño que pone el Gobierno en distribuir importantes recursos para democratizar el crédito productivo mediante el Programa de Generación de Empleo y Renta (PROGER). En 2010, se distribuyeron aproximadamente 8 036 millones de reales (equivalente a cerca de 4 450 000 dólares de los Estados Unidos) para actividades empresariales en 3 477 municipios. En febrero de 2011, se tomaron nuevas medidas para favorecer a las pequeñas empresas del sector formal y a los trabajadores autónomos. El Gobierno informa también sobre el impacto positivo en términos de generación de empleo de los créditos puestos a disposición de las micro y pequeñas empresas en el marco del PROGER urbano entre 2000 y junio de 2009. La Comisión invita al Gobierno a continuar transmitiendo indicaciones sobre las actividades del PROGER y su impacto para favorecer el empleo productivo. Sírvase también indicar si se elaboró un nuevo marco jurídico para las cooperativas destinado a favorecer la creación de empleo.

Contribución de los servicios de empleo. El Gobierno se refiere en su memoria al Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) y manifiesta que el Sistema Público de Empleo, Trabajo y Renta (SPETR) integra un conjunto de políticas públicas que buscan mayor efectividad para colocar trabajadores en actividades productivas mediante el empleo, el trabajo y la renta, con el objetivo de lograr la inclusión social. Según el Gobierno, el sistema público tuvo una evolución fragmentada y su consolidación constituye un importante desafío para el programa del Ministerio. La Comisión invita al Gobierno a exponer en su próxima memoria los progresos realizados para lograr que el servicio público del empleo contribuya plenamente al logro de los objetivos del Convenio.

Artículo 2, a). Compilación y utilización de datos sobre el empleo. El Gobierno recuerda que se mantienen dos registros principales sobre el funcionamiento del mercado del trabajo: el Registro General de Empleados y Desempleados (CAGED) y el Informe Anual de Informaciones Sociales (RAIS). Se realiza además una búsqueda mensual sobre empleo y desempleo (PED). La Comisión invita al Gobierno a que especifique en su próxima memoria la manera en que las informaciones recopiladas contribuyen a la adopción y revisión de las políticas y programas que se adoptaron para promover el pleno empleo.

Políticas educativas y de formación profesional. En su observación anterior, la Comisión había tomado nota de que el Programa de Cualificación Social y Profesional (QSP), entre 2003 y 2007, había permitido impartir formación profesional a 664.850 trabajadores para adquirir las condiciones necesarias para el empleo. En 2008, se ejecutaron 39 programas de formación para sectores económicos específicos. Además, dando una especial atención al sector de la construcción, el Gobierno promovió iniciativas de formación profesional y para la colocación de los beneficiarios del programa Bolsa Família. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria información sobre el impacto que han tenido el QSP y otras iniciativas adoptadas para dar a los trabajadores la oportunidad de recibir la formación necesaria que les permita encontrar empleos adecuados y utilizar su formación y calificaciones en dichos empleos. La Comisión también invita al Gobierno a que incluya indicaciones sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en el ámbito de las políticas educativas y de formación y sobre su relación con las oportunidades de empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio recibida en enero de 2009, así como de las detalladas respuestas al cuestionario para el Estudio General sobre el empleo (2010). En su memoria, el Gobierno explica que los indicadores macroeconómicos dinámicos y positivos han conducido a una disminución de la tasa de desempleo (que se redujo a un 9,5 por ciento en julio de 2007 a un 8,1 por ciento en julio de 2008). Asimismo, el Gobierno indica que la principal característica del ciclo de crecimiento fue la marcada formalización del mercado de trabajo. Según Panorama Laboral 2008, la evolución del mercado de trabajo en 2008 fue una de las más positivas de los últimos años. La tendencia a la reducción del desempleo y del empleo informal continúa. La tasa media de desempleo registrada en las seis regiones metropolitanas fue de un 8 por ciento en el período de enero a noviembre de 2008, o sea un 1,5 puntos porcentuales más baja que en el mismo período de 2007. En noviembre de 2008, se produjeron los primeros signos de desaceleración, con una pérdida de 40.800 empleos, lo cual representó el primer resultado negativo en un mes de noviembre desde hacía seis años. Asimismo, la Comisión toma nota de que el desempleo afecta más a las mujeres que a los hombres (en 2007, la tasa era del 10,8 por ciento entre las mujeres y del 6,1 por ciento entre los hombres). Los jóvenes también sufren una tasa de desempleo mayor que la del resto de la población (el desempleo de los jóvenes era del 15,4 por ciento en 2007, mientras que la tasa media de desempleo de toda la población era del 8,2 por ciento). Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), en Brasil el porcentaje de familias pobres bajó de un 35 por ciento a un 24,1 por ciento entre 2002 y 2008 en seis importantes ciudades del país, lo cual significa que 4 millones de personas dejaron de ser consideradas pobres. El Gobierno adoptó medidas anticíclicas y mantuvo sus proyectos de infraestructura con arreglo a un Plan de Aceleración del Crecimiento, lo que implicó inversiones de 300.000 millones de dólares en 2009. Se promueven programas para construir casas para las familias más pobres, y se fomenta la ampliación del número de beneficiarios del programa Bolsa Familia, que proporciona asistencia financiera a 11,1 millones de familias del país. La Comisión invita al Gobierno a transmitir en su próxima memoria una evaluación del impacto de las diversas medidas activas de mercado de trabajo, y pide que también incluya las opiniones de los interlocutores sociales sobre la actual situación del empleo.

Trabajadores de la economía informal. Apoyo a las micro y pequeñas empresas y a las cooperativas. La Comisión toma nota de que el Programa de Generación de Empleo y Renta (PROGER) continúa distribuyendo fondos entre sectores que generalmente tienen muy poco o ningún acceso al sistema financiero, tales como las micro y pequeñas empresas, las cooperativas y las asociaciones de trabajadores, los profesionales liberales, las familias de agricultores y las iniciativas productivas del sector informal. Asimismo, PROGER apoya a las empresas de sectores prioritarios para las políticas de desarrollo del Gobierno, desarrollando infraestructuras, promocionando actividades de exportación y estimulando la innovación tecnológica. Según las estadísticas transmitidas, entre 2000 y 2008, se firmaron más de 16,3 millones de contratos con arreglo al PROGER. La Comisión solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre el impacto en la creación de empleo de las actividades que promueve el PROGER. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según el Gobierno, incluso en circunstancias de crisis global, las micro y pequeñas empresas continúan generando empleos y una gran parte de esas empresas está presente en el sector formal del país. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las medidas llevadas a la práctica para promover el desarrollo de las calificaciones técnicas y de gestión de los trabajadores de esta categoría de empresas. Además, la Comisión toma nota de que el Congreso Nacional está desarrollando un nuevo proyecto para mejorar la legislación sobre cooperativas. La Comisión solicita que se informe sobre la elaboración de un nuevo marco jurídico en favor de las cooperativas y el impacto que se espera que tenga sobre la creación de empleo.

Contribución de los servicios de empleo. Respecto a las cuestiones planteadas en su observación de 2008, la Comisión toma nota de que el Gobierno considera necesario lograr una mayor integración de los 340 centros del Sistema Público de Empleo, Trabajo e Ingresos (SPETR) y entre las diversas actividades del sistema, y una distribución más apropiada de los recursos que se ponen a disposición a través del SPETR. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria transmita información sobre los progresos realizados para garantizar que los servicios de empleo público contribuyen al logro de los objetivos del Convenio.

Artículo 2, a). Compilación y utilización de datos sobre el empleo. La Comisión toma nota de que el Observatorio sobre el mercado de trabajo es una herramienta de investigación y planificación cuyo objetivo es recoger y divulgar información, y realizar análisis y propuestas de acción para asesorar a los gestores de las políticas públicas y los subsidios. La Comisión pide al Gobierno que indique la forma en la que la información y las estadísticas sobre la situación y las tendencias del empleo proporcionadas por el Observatorio del mercado de trabajo ha contribuido a la adopción y revisión de las políticas del empleo.

Políticas educativas y de formación profesional. La Comisión toma nota de la información proporcionada sobre el Programa de Cualificación Social y Profesional (QSP), que es un amplio programa de formación profesional que ha contribuido a que muchas personas sean parte activa del mercado de trabajo, ayudándoles de esta forma a lograr los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Formación (PNQ). Entre 2003 y 2007, el PNQ proporcionó formación profesional a 664.850 trabajadores del país para que reuniesen los requisitos necesarios para el empleo. En 2008, se estaban llevando a cabo 39 programas de formación para sectores económicos específicos. Una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo y Empleo, dirigida al sector de la construcción, promoverá una iniciativa de formación profesional y para la colocación de los beneficiarios del programa Bolsa Familia. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria información sobre el impacto que han tenido el QSP y otras iniciativas en lo que respecta a proporcionar a los trabajadores la oportunidad de recibir la formación necesaria para encontrar empleos adecuados y utilizar su formación y calificaciones en dichos empleos.

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

1. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de una breve memoria del Gobierno recibida en diciembre de 2007 que contiene indicaciones en relación con los artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión toma nota de que en enero 2007, el Gobierno lanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) para aumentar la inversión en infraestructuras, incrementar el crédito, mejorar el ambiente de inversión y las políticas fiscales a largo plazo destinadas a dar consistencia macroeconómica y sostenibilidad al conjunto de medidas adoptadas por el Programa. Según datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2007, el crecimiento del PIB, que fue de un 5,3 por ciento, se aceleró en 2007 en un 1,6 puntos respecto del año anterior (3,7 por ciento), lo que se asocia con la fuerte inversión privada así como con la inversión pública en infraestructura estimulada por el Gobierno a través del PAC. Los indicadores del mercado de trabajo también tuvieron un resultado favorable. La tasa de desempleo urbano disminuyó de 10,2 por ciento en 2006 a un 9,9 por ciento en 2007, con un incremento de la tasa de ocupación de 0,3 puntos porcentuales. Estos resultados positivos también se reflejan en el incremento del empleo formal, considerando que la proporción de asalariados privados registrados entre 2006 y 2007 (promedio de los nueve primeros meses) aumentó de 61,8 por ciento a 63,2 por ciento. Según datos publicados por el Catastro General de Empleados y Desempleados (CAGED) del Ministerio de Trabajo y Empleo del Brasil, entre enero y septiembre de 2007 se crearon 1,6 millones de puestos de trabajo lo que constituye uno de los mejores resultados para el período desde 1985. Las ramas de actividad que generaron más empleos fueron: la agricultura y silvicultura (13,7 por ciento), la construcción (12,8 por ciento) y la industria manufacturera (7,4 por ciento). La Comisión pide nuevamente al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones sobre la experiencia de los interlocutores sociales en relación con la aplicación del Convenio, en particular cuando se hayan incluido en las consultas a representantes del sector rural y de la economía informal. En relación con los comentarios anteriores relativos a las medidas incluidas en la Agenda Nacional de Empleo Decente, la Comisión espera poder examinar informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas para reducir la tasa de desempleo y disminuir la duración del desempleo de las personas desempleadas. En particular, la Comisión desea recibir información sobre las medidas que se han ejecutado para promover el desarrollo local, fortalecimiento de pequeñas y micro empresas y cooperativas e iniciativas de la economía solidaria con el fin de seguir generando empleo productivo.

2. La Comisión toma nota que los centros del Sistema Público de Empleo, Trabajo e Ingresos (SPETR) son más de 340. El Gobierno es consciente de que ante el aumento, durante los últimos diez años, de la red del SPETR debe lograrse una mayor integración de los servicios prestados en los distintos centros de diversas localidades en materia mediación, aptitudes sociales, cualificación ocupacional y seguro de desempleo. La Comisión pide información acerca de los avances logrados para conseguir una mayor integración entre las distintas actividades del sistema y la distribución más adecuada de los recursos que se han puesto a disposición del SPETR.

3. Artículo 2, a). Compilación y utilización de datos sobre el empleo. La Comisión toma nota de los avances alcanzados en la descentralización de recopilación sistemática de informaciones sobre el mercado de trabajo mediante la creación de la Comisión de Gestión de la Encuesta de Empleo y Desempleo que, entre otras funciones, supervisa la implementación de la Encuesta de Empleo y Desempleo en las distintas regiones del país, garantizando su uniformidad y consistencia metodológica. La Comisión desea seguir recibiendo información acerca de los progresos alcanzados en la tarea de recopilación de información y tendencias del mercado de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que precise la manera en que las estadísticas disponibles sobre la situación y las tendencias del empleo han contribuido a la adopción y revisión de la política del empleo.

4. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de los avances del Programa de Creación de Empleos e Ingresos (PROGER) como conjunto de líneas especiales de crédito para financiar las iniciativas de iniciar o invertir en su propio negocio tanto en zonas urbanas como rurales, incluyendo el área rural, emprendedores populares, exportación, conservación, inversiones productivas en turismo, etc. La Comisión desea seguir recibiendo información acerca del impacto que tiene el PROGER en los grupos más vulnerables tales como la población pobre, las mujeres, los jóvenes, la población negra y mulata y quienes residen en zonas con altas tasas de desempleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 2006, redactada como sigue:

1. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno recibida en septiembre de 2005. Durante el período considerado, la economía brasileña registró un crecimiento de su producto interno bruto del 4,9 por ciento alcanzándose una significativa expansión del empleo, con un incremento de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en el mercado formal, en particular en la industria manufacturera. La tasa media de desempleo cayó al 11,5 por ciento en 2004 (la Comisión había observado en 2003 una tasa de desocupación urbana de un 12,4 por ciento). Los indicadores en 2005 también mantienen una tendencia positiva, con una generación de 558.000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo del 10,8 por ciento hasta abril. El Gobierno confirma su estrategia a largo plazo basándose en la inclusión social y la redistribución de los ingresos con crecimiento del producto y del empleo. Las iniciativas que se promueven desde el Ministerio de Trabajo y Empleo tienden a la generación de empleo, trabajo e ingresos — recurriendo al diálogo social en el marco del Foro Nacional del Trabajo y de otros órganos tripartitos. Entre otros programas ejecutados por el Sistema Nacional de Empleo que ya se evocaron en comentarios anteriores, el Gobierno menciona en su memoria al Programa Nacional de Estímulo al Primer Empleo (PNEPE) destinado a contribuir a la generación de oportunidades de trabajo decente para la juventud movilizando al Gobierno y a la sociedad para la construcción conjunta de una política nacional de trabajo decente para la juventud. La Comisión entiende que entre los resultados esperados de la Agenda Nacional para el Trabajo Decente se cuenta fortalecer al sistema público de empleo, trabajo e ingresos, como un agente de integración de las políticas activas y pasivas del mercado de trabajo (seguro de desempleo, orientación profesional, intermediación de mano de obra, calificación y certificaciones profesionales, producción y gestión de informaciones sobre el mercado del trabajo y fomento del espíritu empresarial). La Comisión se remite a sus observaciones generales de 2005 y se felicita de que el crecimiento económico se haya traducido en mejores resultados concretos en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota con interés de que los objetivos del pleno empleo productivo y de trabajo decente que se expresan en la memoria del Gobierno constituyan metas fundamentales en las políticas gubernamentales. La Comisión alienta al Gobierno a que, en su próxima memoria, continúe presentando informaciones sobre la manera en que se han tomado en cuenta los objetivos del pleno empleo al formular la política económica y social. Asimismo, la Comisión desearía seguir recibiendo informaciones sobre la experiencia de los interlocutores sociales en relación con la aplicación del Convenio, en particular cuando se hayan incluido en las consultas a representantes del sector rural y de la economía informal (artículos 1, 2 y 3 del Convenio).

2. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido a su interés por conocer los resultados de las medidas adoptadas y de los mecanismos establecidos para analizar las informaciones y evaluar los progresos alcanzados por las medidas de política de empleo ejecutadas. En este sentido, la Comisión espera que, en su próxima memoria, el Gobierno incluirá informaciones sobre el funcionamiento en todo el país del Programa de Creación de Empleos e Ingresos (PROGER), especificando su impacto en relación con los grupos más vulnerables tales como la población pobre, las mujeres, los jóvenes, la población negra y mulata y quienes residen en zonas con altas tasas de desempleo.

 

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

1. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de la memoria detallada del Gobierno recibida en septiembre de 2005. Durante el período considerado, la economía brasileña registró un crecimiento de su producto interno bruto del 4,9 por ciento alcanzándose una significativa expansión del empleo, con un incremento de 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo en el mercado formal, en particular en la industria manufacturera. La tasa media de desempleo cayó al 11,5 por ciento en el 2004 (la Comisión había observado en 2003 una tasa de desocupación urbana de un 12,4 por ciento). Los indicadores en el 2005 también mantienen una tendencia positiva, con una generación de 558.000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo del 10,8 por ciento hasta abril. El Gobierno confirma su estrategia a largo plazo basándose en la inclusión social y la redistribución de los ingresos con crecimiento del producto y del empleo. Las iniciativas que se promueven desde el Ministerio de Trabajo y Empleo tienden a la generación de empleo, trabajo e ingresos — recurriendo al diálogo social en el marco del Foro Nacional del Trabajo y de otros órganos tripartitos. Entre otros programas ejecutados por el Sistema Nacional de Empleo que ya se evocaron en comentarios anteriores, el Gobierno menciona en su memoria al Programa Nacional de Estímulo al Primer Empleo (PNEPE) destinado a contribuir a la generación de oportunidades de trabajo decente para la juventud movilizando al Gobierno y a la sociedad para la construcción conjunta de una política nacional de trabajo decente para la juventud. La Comisión entiende que entre los resultados esperados de la Agenda Nacional para el Trabajo Decente se cuenta fortalecer al sistema público de empleo, trabajo e ingresos, como un agente de integración de las políticas activas y pasivas del mercado de trabajo (seguro de desempleo, orientación profesional, intermediación de mano de obra, calificación y certificaciones profesionales, producción y gestión de informaciones sobre el mercado del trabajo y fomento del espíritu empresarial). La Comisión se remite a sus observaciones generales de 2005 y se felicita de que el crecimiento económico se haya traducido en mejores resultados concretos en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota con interés de que los objetivos del pleno empleo productivo y de trabajo decente que se expresan en la memoria del Gobierno constituyan metas fundamentales en las políticas gubernamentales. La Comisión alienta al Gobierno a que, en su próxima memoria, continúe presentando informaciones sobre la manera en que se han tomado en cuenta los objetivos del pleno empleo al formular la política económica y social. Asimismo, la Comisión desearía seguir recibiendo informaciones sobre la experiencia de los interlocutores sociales en relación con la aplicación del Convenio, en particular cuando se hayan incluido en las consultas a representantes del sector rural y de la economía informal (artículos 1, 2 y 3 del Convenio).

2. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido a su interés por conocer los resultados de las medidas adoptadas y de los mecanismos establecidos para analizar las informaciones y evaluar los progresos alcanzados por las medidas de política de empleo ejecutadas. En este sentido, la Comisión espera que en su próxima memoria el Gobierno incluirá informaciones sobre el funcionamiento en todo el país, del Programa de Creación de Empleos e Ingresos (PROGER), especificando su impacto en relación con los grupos más vulnerables tales como la población pobre, las mujeres, los jóvenes, la población negra y mulata y quienes residen en zonas con altas tasas de desempleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

1. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas transmitidas por el Gobierno en las memorias recibidas en 2002 y 2003. En 2003, la tasa de desocupación urbana alcanzó un 12,4 por ciento (13,1 por ciento en el primer trimestre de 2004). La tasa de desempleo juvenil aumentó más que la de los adultos (Panorama Laboral 2003 indica que, en 2003, la tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 17 años creció en 3,3 puntos porcentuales y la de los 18 a 24 años en 1,7 puntos porcentuales en circunstancias que la tasa de desocupación total lo hizo en 0,4 puntos porcentuales). El Gobierno pone de relieve que, si se comparan los períodos 1998-2002 y 1992-1997, la participación en el mercado de trabajo de las personas entre 25 y 39 años ha aumentado en el último período y que los jóvenes postergan su ingreso en el mercado de trabajo. Teniendo en cuenta la mayor demanda de mano de obra calificada, son más los jóvenes que prefieren prolongar su escolaridad (tanto en el sistema formal como en cursos de calificación profesional). La tasa de participación de las mujeres ha aumentado, mientras que disminuyó la de los hombres.

2. El Gobierno informa sobre las actividades que realiza el Sistema Nacional de Empleo (SINE), que contribuyó a la colocación, en 2002, de cerca de 900.000 trabajadores - en colaboración con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, así como de entidades privadas. Se describen también las actividades del Programa de Creación de Empleos e Ingresos (PROGER urbano y PROGER rural), destinado a promover empleo e ingresos mediante créditos especiales a pequeñas y microempresas cooperativas y unidades productivas de la economía informal; el Programa de Expansión del Empleo y Mejora de la Calidad de Vida del Trabajador (PROEMPREGO), destinado a crear nuevos empleos a la población de más bajos recursos; y PROTRABALHO, destinado a financiar proyectos estructurales en sectores estratégicos. Se financian proyectos para la creación de empleo mediante el Programa de Crédito Productivo Popular (PCPP) y la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) y el Programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF). Además, para favorecer el desarrollo económico con crecimiento e inclusión social se ha introducido el concepto de economía solidaria.

3. La Comisión aprecia las iniciativas e importantes programas que realiza el Gobierno para favorecer la creación de empleo. La Comisión recuerda que el objetivo del pleno empleo productivo y libremente elegido requiere que se lo integre prioritariamente, desde una estrategia coordinada, en todas las políticas económicas y sociales. La Comisión desearía conocer mejor la manera en que el Gobierno ha hecho de la promoción del empleo un objetivo central de todos los mecanismos de política macroeconómica disponibles, especialmente de las políticas monetaria, financiera, presupuestaria, comercial y de desarrollo. En efecto, la Comisión considera esencial que se tomen en cuenta los objetivos del empleo, «como un objetivo de mayor importancia» desde el inicio de las discusiones para la formulación de políticas económicas y sociales de modo que dichos objetivos formen realmente parte integrante de las políticas que se adopten (véanse párrafos 487 y 490 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). En este sentido, la Comisión alienta al Gobierno a que, en su próxima memoria, incluya informaciones sobre la manera en que se han tomado en cuenta los objetivos del pleno empleo al formular la política económica y social.

4. En sus comentarios anteriores, la Comisión se había referido al funcionamiento del PROGER, en particular en Ceará, y agradecería al Gobierno que haga llegar indicaciones sobre las evaluaciones efectuadas de los distintos programas ejecutados y en particular su impacto en relación con los grupos más vulnerables tales como la población pobre, las mujeres, los jóvenes, la población negra y mulata y quienes residen en zonas con altas tasas de desempleo.

5. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. En relación con las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio, el Gobierno menciona nuevamente al Consejo Deliberativo del Fondo de Asistencia al Trabajador (CODEFAT). La Comisión agradecería al Gobierno indicaciones sobre la manera en que el diálogo social contribuye a la adopción y aplicación de las políticas de empleo y reitera su interés por recibir informaciones sobre el impacto del enfoque descentralizado del FAT y las medidas adoptadas para garantizar la eficacia de las consultas realizadas en las diversas comisiones de empleo del FAT. Sírvase también seguir comunicando información acerca de las medidas adoptadas para consultar a los representantes de la economía informal sobre los medios destinados a mejorar sus perspectivas de obtención de trabajo decente.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria detallada del Gobierno. La economía informal sigue expandiéndose, representando en la actualidad aproximadamente el 50 por ciento del empleo, comparado con el 44,5 por ciento del empleo de la economía formal. Las principales medidas del Gobierno que abordan las necesidades del sector informal, incluyen los incentivos orientados a llevar el comercio a la economía formal, mejorando la educación básica y secundaria y la formación profesional, y reformando las instituciones del mercado laboral. Sírvase seguir comunicando información acerca de las medidas adoptadas para consultar a los representantes del sector informal sobre los medios destinados a mejorar sus perspectivas de obtención de un trabajo decente.

2. La Comisión toma nota de que el Programa de Generación de Empleo y Renta (PROGER) concede créditos a las PYME, a las cooperativas, a las microempresas y a los trabajadores de la economía informal. Funciona tanto en las zonas urbanas como en las rurales, pero la mayor parte de los préstamos se destina a las comunidades rurales. La Comisión toma nota también de que la OIT y el Ministerio del Trabajo habían publicado conjuntamente un análisis del PROGER y de que se había llevado a cabo una evaluación del PROGER en el estado de Ceará. Estos estudios revelaban diversos problemas, incluida una alta tasa de incumplimiento de los préstamos, lo cual sería indicativo de una necesidad de asesoramiento y de extensión para la complementación de los servicios de préstamo. Sírvase comunicar más información acerca de las medidas adoptadas a la luz de las conclusiones de dichos estudios.

3. La Comisión toma nota de los programas establecidos en el Plan Plurianual de Inversiones (PPA) 2000-2003. El Plan de formación profesional para los trabajadores se dirige a formar a 20 millones de personas a lo largo del período de cuatro años. El Plan nacional de preparación del trabajador, se encamina a fortalecer la capacidad formadora y a mitigar los despidos debidos a los cambios relacionados con las tecnologías, poniéndose el acento en una formación más amplia y basada en la tecnología. Se da un trato preferencial a los pobres, a los analfabetos, a las mujeres, a los jóvenes, a los afrobrasileños, a las personas con discapacidad, a las poblaciones indígenas y a las poblaciones que residen en zonas con altas tasas de desempleo. Está supervisado por el PLANFOR, que es un órgano tripartito. Sírvase seguir comunicando información sobre el impacto del PPA en la promoción del empleo.

4. El Gobierno declara que el Fondo de Protección del Trabajador (FAT) es la piedra angular para la consolidación de las políticas de empleo del Gobierno. Lo administra el Consejo Deliberativo del Fondo de Asistencia al Trabajador (CODEFAT), que es tripartito y que incluye a representantes de la sociedad civil. Las comisiones de empleo estatales y municipales que distribuyen los fondos son también tripartitas. Sírvase continuar comunicando información acerca del impacto en la promoción del empleo del enfoque descentralizado del FAT y sobre las medidas adoptadas para garantizar un nivel mínimo de eficacia de las diversas comisiones de empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

1. La Comisión toma nota de la amplia y detallada memoria enviada por el Gobierno en respuesta a su observación de 1998. El Gobierno indica que las tasas de desempleo han subido de aproximadamente un 5,4 por ciento (1996 y 1997) hasta casi un 7,5 por ciento (1998 y 1999). El aumento de aproximadamente un 4,5 por ciento del producto nacional bruto (PNB) en 2000 y el descenso de la inflación ayudaron a que bajase ligeramente el desempleo, 7,1 por ciento en 2000 (4,6 por ciento en São Paulo y 3,3 por ciento en Río de Janeiro). El Gobierno declara que sus objetivos de política macroeconómica son controlar la inflación, promover el desarrollo sostenible y mejorar continuamente las condiciones de vida. El proceso de apertura de la economía ha tenido efectos positivos en la acumulación de capital, lo que se refleja en una mejora de la eficacia y productividad del trabajo y una reducción a largo plazo de las restricciones externas al crecimiento económico a través de una mejora de la competitividad de la economía nacional. El Gobierno ha dado pasos para integrar el empleo público y las políticas de ingresos a través del Sistema de información para la gestión de las acciones para el empleo (SIGAE). La Comisión agradecería recibir indicaciones sobre la forma en que las reformas estructurales emprendidas y las consecuencias de las crisis financieras regionales han afectado al mercado del trabajo. Se ruega continuar proporcionando información sobre cómo las políticas macroeconómicas y monetarias tienen en cuenta los objetivos de la política de empleo de los artículos 1 y 2 del Convenio.

2. El Gobierno declara en su memoria que ha habido un descenso general de la eficacia del sistema de seguro de colocación de los desempleados, en parte debido a un aumento del número de los desempleados registrados. Sólo un 40 por ciento de las vacantes han sido ocupadas, indicando todo ello un alto desequilibrio y la dificultad de conseguir una formación apropiada. No obstante, el Gobierno ha emprendido un proyecto innovador para establecer servicios de agencias de empleo en colaboración con los representantes de los trabajadores y de los empleadores. El programa piloto fue lanzado en 1998, estableciendo agencias en varios sindicatos. Este programa dio como resultado un aumento de las colocaciones realizadas en 1999 por las oficinas nacionales de empleo (SINE). La Comisión toma nota con interés de esta información, y agradecería que se le siguiese enviando información sobre los resultados de este programa y los planes para expandirlo, así como información sobre todos los planes para aumentar el número de oficinas de la SINE.

3. En una solicitud directa, la Comisión comenta otros temas respecto a la aplicación del Convenio en la economía informal, los logros de algunos programas aplicados por el Gobierno y las consultas del Fondo de asistencia al trabajador (FAT).

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finaliza en junio de 1998, a la que se agregaron documentos sobre el resultado y evaluación del programa de generación de empleos y de ingresos (PROGER), del Fondo de Protección al Trabajador y de otras medidas ejecutadas por el Gobierno en relación con el mercado del trabajo. El Gobierno señala nuevas pérdidas de puestos de trabajo en el sector formal de la economía (335.646 puestos en 1997). El Gobierno afirma que pese a la reducción del nivel del empleo tuvo lugar un crecimiento de los ingresos reales de los trabajadores y una disminución de los conflictos sociales. El mercado de trabajo del Brasil está pasando por grandes transformaciones dando lugar a la reubicación de la fuerza de trabajo del sector industrial hacia el sector de los servicios y del sector formal al sector informal. La integración de la economía del Brasil en los mercados internacionales y la estabilidad económica provocan modificaciones profundas en el mercado del trabajo. En este contexto, el Ministerio del Trabajo adopta medidas de fomento del empleo y protección de los desocupados con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades de empleo. Considerando la importancia de las reformas estructurales que se realizaron durante los últimos años, y las consecuencias que las crisis financieras pueden tener sobre el mercado del trabajo, la Comisión agradecería nuevamente al Gobierno que se sirva comunicar, en su próxima memoria, indicaciones sobre la manera en que las medidas que se toman en los principales ámbitos de la política económica son regularmente revisadas en función de su incidencia sobre el empleo, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión confía en que la próxima memoria del Gobierno incluirá informaciones completas sobre la manera en que las medidas tomadas en particular en materia de política monetaria, presupuestaria y de tipos de cambio, de política de inversiones, de política industrial, de política comercial y de política de precios, de ingresos y de salarios, contribuyen a la consecución efectiva de los objetivos de empleo del Convenio (véase el formulario de memoria para su artículo 1).

2. Según datos transmitidos por el equipo técnico multidisciplinario de la Oficina, la parte del sector informal en la economía se ha incrementado de un 52 por ciento al 59,3 por ciento, entre 1990 y 1996. Aumentó el número de asalariados sin tarjeta de trabajo (sem carteria assinada) y por consiguiente sin protección legal adecuada. La Comisión agradecería al Gobierno tener a bien indicar las medidas que se adoptan para aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo en el sector no estructurado y facilitar su integración progresiva en la economía nacional. El Gobierno puede considerar conveniente referirse en su próxima memoria a las disposiciones pertinentes de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169) y de la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189) que pueden servir a orientar su acción. En este sentido, sería útil contar con informaciones detalladas sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, no sólo en las principales regiones industriales sino también en las zonas del norte, nordeste y el resto del país.

3. La Comisión apreciaría que el Gobierno incluya en su próxima memoria informaciones sobre la acción emprendida como consecuencia de la asistencia recibida de la Oficina destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido; a reforzar las instituciones que intervienen en el mercado del trabajo y en la coordinación de las actividades de formación profesional con las perspectivas del empleo (parte V del formulario de memoria).

4. La Comisión toma debida nota de las nuevas informaciones transmitidas por el Gobierno sobre el funcionamiento del Consejo Consultivo del Fondo de Asistencia para los Trabajadores (CODEFAT) y de las comisiones del empleo creadas a nivel de los Estados. La Comisión recuerda una vez más que las consultas exigidas por el artículo 3 del Convenio deberían ampliarse a todos los aspectos de la política económica y social que tienen una influencia sobre el empleo. Considerando las características de la población económicamente activa del Brasil, las consultas que requiere esta disposición del Convenio deberían involucrar también a representantes de las personas que trabajan en el sector rural y en el sector informal. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a dar efecto a esta importante disposición del Convenio, tanto en lo que concierne al sector formal como al sector informal del mercado del trabajo.

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finaliza en junio de 1996. El Gobierno señala la pérdida, en 1995, de más de 400.000 empleos en el conjunto de los sectores de la actividad formal. El Gobierno subraya que, si bien esta contracción del empleo es inferior a la que se registró a principios del decenio, esto demuestra que el crecimiento de la economía no se traduce por la creación de empleos en el mercado de trabajo formal. Refiriéndose a sus observaciones anteriores, la Comisión confía en que el Gobierno estará próximamente en condiciones de suministrar informaciones más detalladas sobre la evolución de la población activa, del empleo y del desempleo, no sólo en las principales regiones metropolitanas sino también en todo el país.

2. El Gobierno indica que su política económica tiene por objeto asegurar la estabilidad de los precios, que beneficia a las categorías más desfavorecidas de la población, y a favorecer la integración internacional de la economía. A este respecto, la Comisión observa que los progresos realizados con respecto al control de la inflación han sido acompañados por un menor crecimiento y una sobreevaluación de la moneda nacional. Además, la Comisión observa que la estrategia de apertura internacional de la economía aparentemente no ha tenido el efecto esperado sobre el empleo en el sector moderno. En este contexto, la Comisión agradecería al Gobierno que se sirviera comunicar, en su próxima memoria, informaciones más detalladas sobre la manera en que las medidas que se toman en los principales ámbitos de la política económica son regularmente revisadas en función de su incidencia constatada o esperada sobre el empleo, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión confía en que, en su próxima memoria, el Gobierno comunicará informaciones completas sobre la manera en que las medidas tomadas en particular en materia de política monetaria, presupuestaria y de tipos de cambio, de política de inversiones, de política industrial, de política comercial y de política de precios, de ingresos y de salarios, contribuyen a la consecución efectiva de los objetivos de empleo del Convenio.

3. La Comisión toma nota de la descripción detallada del conjunto de las medidas de política activa del mercado de trabajo puestas en práctica en el marco del Programa de generación de empleos y de ingresos (PROGER), cuyo objetivo es, mediante el otorgamiento de créditos preferenciales, la formación profesional y la asistencia técnica, preservar y promover el empleo en las actividades del sector informal y favorecer al mismo tiempo su inserción en el sector formal. La Comisión ha sido informada de que la OIT colaboraba en la evaluación de la eficacia de dichas medidas, y solicita al Gobierno se sirva comunicar los resultados de la evaluación. En relación asimismo con las disposiciones pertinentes del Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168), la Comisión toma nota de las informaciones comunicadas sobre las medidas tomadas, en el marco del programa integrado de asistencia a los trabajadores, a fin de garantizar una mejor coordinación entre el seguro contra el desempleo y las actividades de formación y de colocación del Sistema nacional del empleo (SINE). La Comisión solicita al Gobierno se sirva seguir comunicando informaciones sobre los progresos realizados a este respecto, así como también sobre toda nueva medida relacionada con la mejora de la coordinación de las actividades de formación profesional con las perspectivas del empleo.

4. La Comisión toma nota de las informaciones relativas a la composición tripartita del Consejo consultivo del Fondo de asistencia para los trabajadores (CODEFAT) y a las competencias de las comisiones del empleo creadas a nivel de los Estados. La Comisión solicita al Gobierno se sirva seguir comunicando informaciones sobre la forma en que los representantes de los empleadores y de los trabajadores participan en la elaboración y la aplicación descentralizada de las medidas de política del empleo. Además, la Comisión recuerda que las consultas exigidas por el artículo 3 del Convenio deberían ser ampliadas a todos los aspectos de la política económica y social que tienen una influencia sobre el empleo y por tanto deberían involucrar también a representantes de las personas que trabajan en el sector rural y en el sector informal, dado que estas personas son parte importante de la población activa. La Comisión invita al Gobierno a precisar en su próxima memoria los progresos realizados para dar pleno efecto a esta importante disposición del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

1. La Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno para el período 1993-1994, recibida en octubre de 1994. El Gobierno describe la situación del mercado del trabajo, haciendo referencia a los aspectos macroeconómicos, a la ocupación y a los salarios. Se refiere también a las medidas activas previstas o adoptadas en particular en el marco del Sistema Nacional de Empleo (SINE) y a las distintas modalidades a las que se recurre para la obtención de datos relacionados con el empleo. En 1993, la inflación había alcanzado un 2.489 por ciento lo que no impidió que el PIB haya logrado un crecimiento del 4,96 por ciento. En 1994, se mantuvo el crecimiento del PIB, pero se redujo sustancialmente la inflación que se situaba entre el 25-30 por ciento anual para 1994-1995. El Gobierno indica que a pesar del aumento del PIB (en 1993) el mercado del trabajo no dio señales de una franca y verdadera recuperación. De acuerdo con los datos del Catastro General de Empleados y Desempleados (ley núm. 4923/65), la generación de empleo alcanzó una cifra poco significativa. El Gobierno propone dos hipótesis para explicar lo que denomina una discrepancia entre el crecimiento económico y la generación de empleos: la primera hipótesis es que se hayan incorporado nuevas tecnologías al proceso productivo - lo que traería aparejado un crecimiento sin empleo que sería similar al de países europeos. Esta hipótesis se debería descartar, en opinión del Gobierno, dado que la recesión e incertidumbre económicas han seguramente inhibido inversiones sustanciales en nuevas tecnologías por parte de las empresas. La segunda hipótesis explicaría la falta de creación de empleos por la actitud de las empresas ante la incertidumbre económica, quienes han preferido lograr un aumento de la producción recurriendo a horas extraordinarias sin incurrir en nuevas inversiones ni en la adopción de nuevas tecnologías.

2. La Comisión ha tomado también conocimiento de las indicaciones comunicadas por el Equipo Técnico Multidisciplinario de la Oficina quien ha examinado en general el efecto de la liberalización comercial sobre el mercado del trabajo del Brasil. En su análisis técnico, se sugiere que frente a la competencia internacional, las empresas del Brasil han reaccionado suprimiendo empleos para estar en condiciones de reducir sus costos, provocando una pérdida de puestos de trabajo de calidad y acarreando un aumento relativo de la productividad. Lo anterior se deduce de la caída del número de asalariados con carteira assinada (aquellos que disponen de un contrato de trabajo duradero y gozan de la cobertura de la seguridad social) y del aumento relativo de trabajadores sin carteira assinada y en otras situaciones precarias por haber perdido sus empleos y agotado sus derechos a prestaciones por desempleo.

3. La Comisión observa que los datos disponibles (y a los que se refiere el Gobierno en su memoria) se limitan a las grandes áreas metropolitanas del país (Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Sao Paulo) - sin incluir elementos que permitan examinar la situación, el nivel y las tendencias del empleo, desempleo y subempleo en el conjunto del Brasil, y en la medida en que afectan a categorías particulares de trabajadores (por ejemplo, las mujeres, los jóvenes, los indígenas). La Comisión no puede sino recordar que como etapa imprescindible para la adopción de medidas en materia de política del empleo, se requiere recopilar y analizar información estadística y de otro tipo sobre la magnitud y distribución de la mano de obra, naturaleza y extensión del desempleo y tendencias al respecto (primera cuestión del formulario de memoria para el artículo 2 del Convenio).

4. La Comisión toma nota de las informaciones sobre los objetivos y aplicación de políticas activas del empleo destinadas a favorecer el empleo por parte de pequeñas empresas y microempresas, cooperativas y actividades del sector informal. Toma nota de que se ha previsto una reestructuración del Sistema Nacional de Empleo (SINE) que permita una interacción entre el programa del seguro de desempleo con las actividades de intermediación de mano de obra y la reorientación profesional. En este sentido, la Comisión toma nota con interés de que se ha registrado la ratificación del Convenio sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, 1988 (núm. 168), cuya primera memoria será examinada en ocasión de su próxima reunión. La Comisión agradecería al Gobierno que continúe brindando indicaciones que le permitan apreciar el impacto de las medidas adoptadas, por ejemplo en el marco del SINE, destinadas a armonizar la oferta y la demanda de mano de obra al cambio estructural consecuente a los cambios en el comercio internacional y a la introducción de nuevas tecnologías.

5. La Comisión considera oportuno reiterar su comprensión ante las presiones que no dejan de sentirse sobre las opciones de política económica del Gobierno. Se permite insistir en su interés por estar en condiciones de examinar una memoria del Gobierno que contenga indicaciones sobre la manera en que se adoptan medidas activas que atenúen los efectos sobre el empleo de las medidas de política económica que afectan a amplios sectores y regiones desfavorecidas de la población y del país. Mucho se agradecería al Gobierno que en su próxima memoria se indiquen las relaciones que se han establecido entre las finalidades de la política económica y los objetivos de una política activa destinada a fomentar los objetivos del pleno empleo, productivo y libremente elegido, en el sentido del Convenio. Las indicaciones requeridas en la presente observación, así como las informaciones que requiere el formulario de memoria para el Convenio (segunda cuestión para el artículo 2), le permitirán a la Comisión estar en condiciones de mejor apreciar los esfuerzos desplegados y los resultados alcanzados por el Gobierno para lograr una plena aplicación del Convenio.

6. La Comisión advierte que la memoria del Gobierno no contiene indicaciones sobre las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio. En un contexto como el evocado, la Comisión considera que las consultas con representantes de las personas interesadas son de gran importancia para tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y lograr también su plena cooperación para formular y ejecutar una política activa del empleo, en el sentido del Convenio. Se deben celebrar consultas con los representantes de las personas interesadas, en particular, representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La Comisión recuerda nuevamente que en consideración de su gravitación en la población activa sería sumamente oportuno que los representantes de trabajadores del sector rural y del sector no estructurado sean asociados a las consultas sobre la política del empleo. La Comisión confía en que la próxima memoria del Gobierno brindará las indicaciones que requiere esta disposición fundamental del Convenio.

7. La Comisión ha tomado nota de las observaciones formuladas por la Central Unica de Trabajadores del Estado de Paraná, sobre el despido de cerca de 4.000 trabajadores brasileros y paraguayos por parte del Ente Binacional Itaipú. Por su parte, el Gobierno ha hecho llegar una comunicación sobre la evolución de la mano de obra involucrada en la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, ente binacional Brasil-Paraguay. Se observa, de acuerdo con los datos transmitidos, una reducción gradual de la cantidad de trabajadores empleados por la entidad binacional. Se reconoce que el desempleo es un problema macroeconómico general que no puede ser solucionado por la entidad binacional. La Comisión agradecería al Gobierno que se sirva proporcionar, en su próxima memoria, mayores detalles sobre las ventajas financieras y las condiciones de reinserción social que ofrece el programa de incentivos para quienes acepten dejar el empleo (demissao voluntaria incentivada, que menciona el Gobierno en sus comunicaciones). El Gobierno podría remitirse también al Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), cuya ratificación fuera registrada en enero de 1995.

8. Sírvase también indicar, en su próxima memoria, la acción emprendida como consecuencia de la asistencia o asesoramiento recibido del Equipo técnico multidisciplinario o de otros servicios de la OIT para promover actividades relacionadas con la política del empleo (punto V del formulario de memoria).

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

1. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno. En referencia a su observación anterior, toma nota de que el Gobierno, tras el fracaso del programa de estabilización adoptado en marzo de 1990, continúa dando prioridad a la lucha contra la inflación, a las medidas de ajuste en el sector público y a la apertura al mercado internacional, en un contexto que sigue dominado por la presión de la deuda externa. El Gobierno, que señala las desigualdades generadas por la inflación, considera que las políticas seguidas para combatirla, a pesar de los sacrificios que implican a corto plazo, son indispensables para el establecimiento de la estabilidad monetaria y adecuadas para inducir la expansión a más largo plazo de la producción y del empleo. Sin embargo, admite que la política monetaria restrictiva y las medidas de reducción del gasto público puestas en práctica en 1991, han engendrado una situación del mercado del trabajo muy alejada del objetivo de pleno empleo en el curso del período considerado.

2. La Comisión toma nota de que los datos relativos al empleo y al desempleo, comunicados por el Gobierno, son parciales, varían sensiblemente según el organismo del que emanan y mantienen una cierta confusión entre el empleo en el sector no estructurado, el subempleo y el desempleo. Las estadísticas de desempleo son, por otra parte, efectuadas solamente para las grandes zonas urbanas y faltan los datos para el empleo rural. Comunican pocas, o ninguna, indicaciones sobre el empleo de grupos particulares y desfavorecidos de la población. A este respecto, la Comisión no puede sino señalar la necesidad de disponer de datos estadísticos suficientemente precisos y fiables sobre la situación y las tendencias de la evolución del empleo, del subempleo y del desempleo, tanto en el sector moderno, como en el sector no estructurado (en el que estaría empleado el 50 por ciento de la población activa), a los efectos de concebir y aplicar las medidas adecuadas en política del empleo. Invita al Gobierno a indicar en su próxima memoria las medidas adoptadas o previstas, a fin de garantizar que las decisiones en materia de política del empleo se fundamenten en un conocimiento suficiente de la naturaleza y de la amplitud del desempleo y del subempleo y de las tendencias en estos terrenos. Un elemento positivo sería la consideración de las recomendaciones internacionales sobre las estadísticas del trabajo.

3. Por otra parte, la Comisión toma nota de que, además de sus funciones de colocación y de orientación profesional, el Sistema Nacional de Empleo (SINE) se encarga de la planificación, de la coordinación y del seguimiento de los programas de empleo de los Estados. Para apreciar mejor el papel de este dispositivo, la Comisión desearía, sin embargo, que la próxima memoria incluyera informaciones sobre los objetivos y la aplicación de estos programas de empleo.

4. El Gobierno indica que los representantes de los empleadores y de los trabajadores participan de modo paritario en el consejo deliberativo tripartito del Fondo de Protección de los Trabajadores. Sin embargo, el diseño de la política del empleo no parece entrar directamente en las atribuciones de este organismo. Además, la Comisión recuerda que, en virtud del artículo 3 del Convenio, no son solamente los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores las que deben ser consultadas respecto de las políticas del empleo, sino también los representantes de las "personas interesadas" en las medidas que se hayan de adoptar "con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución". En consideración de su gravitación en la población activa, sería oportuno que los trabajadores, especialmente del sector rural y del sector no estructurado, se asociaran a las consultas sobre las políticas del empleo.

5. La Comisión es consciente de las presiones que inciden en la elección de la política económica del Gobierno. Sin embargo, no puede sino expresar su preocupación en cuanto al examen de una memoria en la que el Gobierno indica que, de conformidad con las prioridades fijadas, tiene la determinación de seguir una política de estabilización, que, según reconoce, obstaculiza a corto plazo el objetivo del pleno empleo. Además, el Gobierno no comunica información alguna sobre las medidas en materia de política de empleo que aplicaría al mismo tiempo para atenuar los efectos de su política económica en los sectores más desfavorecidos de la población. La Comisión espera que el Gobierno examine la posibilidad de revisar, en tanto que da efecto al artículo 2, y en el marco de una política económica y social coordinada, las medidas que han de adoptarse, con miras a alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 1. Confía en que la próxima memoria incluirá nuevos elementos encaminados a establecer que el Gobierno persigue "como un objetivo de mayor importancia" una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, en aplicación del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

1. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno y de las informaciones comunicadas en respuesta a su observación anterior.

2. En su memoria para el período 1988-1990, el Gobierno indica que ha decidido combatir de inmediato las causas del nivel elevado de la inflación, única alternativa para poder obtener ulteriormente el pleno empleo, pues considera que la mejor política del empleo es reavivar el crecimiento económico, lo que supone un control de la inflación. Este constituye un objetivo prioritario de la política económica, que se traduce especialmente por la aplicación de políticas presupuestarias y monetarias restrictivas, la congelación temporal de los precios y los salarios, la liberación de las importaciones. En cuanto a la evaluación de las consecuencias del plan económico para el nivel del empleo, el Gobierno indica que la disminución de la actividad económica consecutiva a la política antiinflacionista seguida, afectó a los estratos más pobres de la población y se acompañó de un aumento de las tasas, hasta ahora relativamente bajas de desempleo; se ha hecho sentir más en los sectores de los bienes de capital, la construcción civil, las industrias automovilística y metalmecánica; el Gobierno expresa su preocupación por las consecuencias negativas que ha tenido para las pequeñas y medianas empresas y para el sector no estructurado, teniendo en cuenta la tradicional función de estos sectores en materia de creación de empleo o absorción de la mano de obra o ambas cosas en períodos de crisis. Sin dejar de indicar de que no cuenta con informaciones precisas sobre las repercusiones del plan en el nivel del empleo, el Gobierno informa que según informaciones del movimiento sindical se habrían despedido unos 300.000 trabajadores entre marzo y abril de 1990, sólo en San Pablo. El Gobierno también prevé que se produzcan movimientos migratorios de las regiones Norte y del Noreste hacia el Sur, el centro y el Sudeste, con la consiguiente concentración de mano de obra, principalmente en esta última región. Con una tasa de crecimiento del producto interno bruto que para 1990 puede situarse entre -5,5 por ciento y -2 por ciento, el Gobierno prevé que la tasa de desempleo se situará entre el 7,6 y el 9,5 por ciento, en relación con el 3,7 por ciento de 1988.

3. En cuanto a los efectos políticos inevitables y a las estimaciones sobre el aumento de la tasa de desempleo, la Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria mencione con más detalles las medidas adoptadas o previstas para hacer surtir efectos a las disposiciones fundamentales del Convenio, de las cuales recuerda que el artículo 1 estipula que se deberá formular y llevar a cabo, "como un objetivo de mayor importancia", una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Sírvase indicar las dificultades registradas para alcanzar el cumplimiento de tal objetivo (artículo 1 del Convenio).

4. La Comisión también ha tomado nota de las informaciones sobre las disposiciones generales de la Constitución de 1988, relativas a la protección de los derechos de los trabajadores, así como sobre los textos reglamentarios adoptados en materia de despido, seguro de desempleo, salario mínimo e incluso sobre la descentralización del Sistema Nacional del Empleo (SINE). La Comisión agradecería al Gobierno se sirva comunicar informaciones sobre los procedimientos adoptados para garantizar que cuando se planifica y aplica la política económica y social se toman en consideración sus consecuencias para el empleo, y que las medidas principales de la política del empleo se establecen y revisan periódicamente, tomando como base los datos estadísticos o de otra naturaleza sobre el volumen total de la mano de obra y su forma de repartirse, la naturaleza y amplitud del empleo y el subempleo y las tendencias en esas materias (artículo 2).

5. En comentarios anteriores, la Comisión había recordado la importancia que atribuye a las consultas con los representantes de las personas interesadas en las medidas que se hayan de aceptar en relación con la política del empleo, con el objeto de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y en su aplicación. Además, había apreciado particularmente los resultados alcanzados por el Gobierno en materia de procedimientos establecidos para consultar a los representantes del sector no estructurado. La Comisión agradecería al Gobierno se sirva continuar comunicando ejemplos de consultas mantenidas en materia de la política del empleo con representantes de ese sector y del sector rural. Con carácter más general, la Comisión solicita al Gobierno se sirva comunicar informaciones detalladas sobre las otras consultas mantenidas para promover, con los representantes de los empleadores y de los trabajadores, los objetivos del Convenio (artículo 3).

6. Parte V del formulario de memoria. La Comisión ha tomado nota con interés de que la Secretaría Nacional del Trabajo, por conducto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), recibía apoyo del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC). La Comisión solicita al Gobierno se sirva precisar en su próxima memoria, la acción emprendida como consecuencia de ello e indicar, asimismo, los factores que hayan impedido o retrasado tal acción.

Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

1. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno para el período 1987-1988. Asimismo, ha tomado nota de las informaciones escritas y de la discusión en la Comisión de la Conferencia, en junio de 1988.

2. En su última memoria, el Gobierno ha indicado que se propone llevar a cabo una política activa del empleo, mediante una política de inversiones y programas sociales que permitan la absorción de mano de obra y ampliar la formalización del mercado de trabajo; una política de salarios que busque aumentar el poder de compra de los asalariados y una política de relaciones del trabajo que promueva los derechos de los trabajadores. El Plan de control macroeconómico, iniciado en el segundo semestre de 1987, ha tenido como objetivo lograr la estabilidad económica manteniendo como una preocupación explícita la creación de condiciones de crecimiento autosostenido del producto interno bruto para asegurar la expansión requerida del empleo. El Programa de Acción Gubernamental para 1987-1991 considera el empleo como un derecho del ciudadano y entiende que proporcionarlo es una prioridad social. Se han fijado, además, metas cuantitativas de generación de empleo para el período 1987-1991.

Por otra parte, el Gobierno ha enumerado los programas de promoción del empleo llevados a cabo por el Sistema Nacional del Empleo (SINE) en favor de los grupos más vulnerables de la población y de las regiones menos desarrolladas del país. En la memoria, se hace mención también a distintos aspectos de la legislación laboral y de las relaciones profesionales que requieren modificaciones, en particular, por ejemplo, la necesidad de reglamentar el despido colectivo e individual.

3. En sus comentarios anteriores, la Comisión había expresado su honda preocupación por el aumento continuo del desempleo en el período 1982-1983. La Comisión comprueba ahora que la tasa de desempleo declarada en los principales centros urbanos, que había alcanzado en 1984 un 7,1 por ciento, se logró disminuir a menos del 4 por ciento en 1987. Las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco del Plan Cruzado de 1986 conllevaron una fuerte generación de empleo, al mismo tiempo que, momentáneamente, se había logrado detener la inflación. Sin embargo, según las informaciones comunicadas a la Oficina por el Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), el Plan de control macroeconómico iniciado en junio de 1987 ha tenido un costo en términos de desaceleración del crecimiento y del empleo. Las metas del Programa de acción gubernamental, que comenzó en julio de 1987, no han sido logradas en lo que se refiere al mercado de trabajo. El empleo se estancó, el salario mínimo no mejoró y la inflación se aceleró hasta alcanzar una tasa anual de 934 por ciento. El sector formal muestra una baja absorción de empleo, y 25 millones de trabajadores, es decir 45 por ciento de la población económicamente activa se encontraban fuera del mercado formal del trabajo, en condición de subempleados o en una situación ocupacional precaria.

4. La Comisión agradecería al Gobierno tener a bien continuar enviando regularmente informaciones sobre sus principales políticas y las medidas adoptadas para promover el objetivo del pleno empleo productivo y libremente elegido, indicando las dificultades que se han encontrado para alcanzarlo. Estas informaciones podrían incluir en particular elementos sobre las políticas de inversiones, fiscales y monetarias, de precios, remuneraciones y salarios, medidas en pro de un desarrollo regional equilibrado (artículo 1 del Convenio). La Comisión apreciaría igualmente que el Gobierno describa los mecanismos adoptados para asegurar que los efectos relativos al empleo han sido tomados en consideración en el marco de la ejecución de la política económica y social; y que las principales medidas de la política del empleo son determinadas y revisadas regularmente, fundándose en los datos estadísticos sobre el volumen y naturaleza del desempleo y del subempleo (artículo 2).

5. Artículo 3. La Comisión recuerda la importancia que le atribuye a las consultas con los representantes de las personas interesadas en las medidas de políticas del empleo que se vayan a adoptar, así como de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones, y además, lograr su plena cooperación al elaborar y ejecutar una política del empleo. En este sentido, ha tomado nota con interés de que, según indica el Gobierno en su memoria, al evaluarse la ejecución del Programa de Prioridades Sociales (PPS) - instaurado en mayo de 1985 - se comprobó que los proyectos realizados con la participación efectiva de las comunidades beneficiarias fueron aquellos que presentaron mejores resultados y menores costos. El Gobierno agrega que pese a los pocos recursos del Ministerio del Trabajo, algunas unidades del SINE, en cooperación con otras instituciones, van otorgando su apoyo a microunidades de producción en estrecha relación con asociaciones y federaciones de beneficiarios. La Comisión aprecia particularmente los resultados alcanzados por el Gobierno en establecer procedimientos de consulta con representantes de los que trabajan en el sector no estructurado, rogándole al Gobierno que continúe incluyendo ejemplos de las consultas celebradas, en materia de política del empleo, con los que trabajen en el sector rural y en el sector no estructurado. Sírvase agregar informaciones detalladas sobre otras consultas celebradas para promover los objetivos del Convenio con representantes de los empleadores y de los trabajadores.

6. Finalmente, la Comisión ha tomado nota con interés de que el Gobierno beneficia de la asistencia técnica de la OIT, en el marco de un proyecto sobre política de empleo y salarios. La Comisión ruega al Gobierno que, en su próxima memoria, se sirva precisar la acción emprendida como consecuencia de la asistencia técnica recibida en los distintos proyectos sobre política del empleo, en particular para el sector rural, que se llevan a cabo en cooperación con la OIT.