Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Australia (Ratificación : 1969)

Comentarios anteriores: observación y solicitud directa

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) recibidas el 30 de agosto de 2021. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y medidas activas de mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que, en octubre de 2022, la tasa de actividad total ajustada estacionalmente se situó en el 6,6 por ciento, la tasa de empleo en el 3,5 por ciento (3,5 por ciento para hombres y 3,4 por ciento mujeres) y la tasa de subempleo en el 6 por ciento frente al 8,5 por ciento en julio de 2017 y 7,9 por ciento en 2021. Con respecto al desempleo de larga duración, el Gobierno señala que en junio de 2021, había 742 456 solicitantes de empleo de larga duración en el programa de búsqueda activa de empleo (Jobactive program), es decir las personas inscritas en el Servicio de Empleo desde hace 12 meses o más. Además, señala que entre el 1.º de julio de 2017 y el 30 de junio de 2021, 738 237 desempleados de larga duración fueron colocados en puestos de trabajo. La Comisión señala que a partir de julio de 2022, el nuevo modelo de servicios de empleo, provisto de un fondo de 5 mil millones de dólares australianos, reemplazó a la búsqueda activa de trabajo (jobactive program) como programa principal del servicio de empleo. Con su mayor inversión para trabajadores desfavorecidos, el modelo contiene una plataforma digital personalizada que contiene una serie de herramientas, incluso aprendizaje en línea y adecuación del empleo a las necesidades de los solicitantes de empleo, que reciben ayuda adicional en materia de gestión intensiva de casos a través de un proveedor de servicios de empleo. El Gobierno señala que el mercado de trabajo australiano es variado y flexible; proporciona diversas formas de organización del trabajo para responder a las distintas necesidades de las empresas y de los trabajadores; y ofrece mayores oportunidades de trabajo para facilitar tendencias como el aumento de la participación femenina, más personas en la educación y apoyar a trabajadores mayores en transición hacia la jubilación. Declara que en junio de 2021 el porcentaje del empleo a tiempo parcial se mantuvo en 31,5 por ciento del cual 51,6 por ciento es ocasional, es decir, empleados sin derecho a pago por licencias por enfermedad o vacaciones. En mayo de 2021, el 23,7 por ciento de todos los empleados eran empleados ocasionales, que equivale a 2,6 millones de personas. En agosto de 2020, el 4 por ciento de todos los empleados tenían contratos de duración determinada, de los cuales 18,3 por ciento sin derecho a vacaciones. En agosto de 2020, alrededor de 1 millón de trabajadores, u 8,2 por ciento de la fuerza laboral, eran contratistas independientes que operan su propio negocio contratando la prestación de servicios por cuenta ajena.

En sus observaciones recibidas el 30 de agosto de 2021, el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) considera el trabajo precario como uno de los problemas más urgentes a que se enfrentan los trabajadores en Australia y que el país tiene una de las tasas más altas de modalidades de trabajo atípicas en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con casi el 24 por ciento de los empleados trabajando en forma ocasional. El ACTU reconoce que aunque algunas de estas formas de empleo tienen un propósito legítimo, están siendo utilizadas por los empleadores con el fin de evitar las responsabilidades asociadas a un empleo permanente, con el marco jurídico existente fomentando el uso de diversos tipos de empleos para trasladar los riesgos y costes laborales para el trabajador. Concluye que actualmente no existen vías para que los trabajadores con empleos precarios accedan a trabajos más seguros y de mejor calidad.

La Comisión recuerda que las políticas activas destinadas a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido también deben prestar atención a la medida en que el crecimiento económico se traduce en la creación de trabajo decente en la economía. También contribuyen a mejorar los resultados del mercado laboral y a reducir la pobreza. En este contexto, la Comisión espera que, en su próxima memoria, el Gobierno responda a las preocupaciones planteadas por el ACTU indicando de qué manera las cuestiones planteadas relacionadas, entre otras cosas, con el desempleo de larga duración, el subempleo y el trabajo precario, han sido debatidas en los foros de formulación y aplicación de políticas teniendo en cuenta el objetivo de promoción del empleo del Convenio que desempeña un papel fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, a pesar de las mejoras, por ejemplo, en lo que respecta a la tasa de desempleo, que disminuyó del 12,8 por ciento en julio de 2017 al 10,2 por ciento en junio de 2021, y de la disminución de la tasa de subempleo en 1,4 puntos porcentuales durante el periodo hasta el 16,2 por ciento, los jóvenes siguen enfrentándose a desventajas en el mercado de trabajo. Las tasas de desempleo y subempleo juvenil de hombres y mujeres disminuyeron durante este periodo. En lo que respecta a la tasa de desempleo, la misma disminuyó en 1,5 puntos porcentuales en el caso de los hombres, alcanzando el 12,1 por ciento, y en 3,9 puntos porcentuales para las mujeres, situándose en el 8 por ciento. En lo que respecta a la tasa de subempleo juvenil, se registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales en el caso de los hombres, que se situó en el 15,4 por ciento en junio de 2021, y de 2,7 puntos porcentuales en el caso de las mujeres, que alcanzaron el 17,1 por ciento. Durante el mismo periodo, el número de solicitantes de empleo menores de 25 años que participaron en «Jobactive» ascendió a un total de 319 660 (177 630 hombres y 142 030 mujeres). Además, la Comisión señala que durante dicho periodo, el servicio de Transición al Trabajo (TtW), que proporciona asistencia intensiva previa al empleo para mejorar la preparación laboral de los jóvenes que han abandonado el trabajo y los estudios, dio lugar a 64 932 colocaciones laborales (36 604 hombres y 28 328 mujeres) y 135 848 colocaciones en actividades (72 907 hombres y 62 941 mujeres). El programa ParentsNext, que prepara para el empleo a padres jóvenes menores de 25 años contó con un total de 73 827 participantes (1 458 hombres y 72 369 mujeres). Además, 37 742 hombres y 24 312 mujeres se acogieron al subsidio salarial de bonificación para jóvenes, que proporciona hasta 10 000 dólares australianos a las empresas durante un periodo de seis meses para que contraten a jóvenes solicitantes de empleo de entre 15 y 24 años que reúnan los requisitos. La Comisión toma nota de que, además de los programas específicos a nivel territorial, como en Australia Occidental, al 31 de mayo de 2021, 85 634 jóvenes participaron en el Fondo JobTrainer, creado mediante la cooperación entre el Gobierno federal y los Gobiernos territoriales para ofrecer formación gratuita o de bajo coste a los solicitantes de empleo y a los jóvenes, incluidos los que han abandonado los estudios, con el fin de mejorar o reciclar sus cualificaciones en ámbitos en los que se han detectado necesidades. También toma nota del Programa Nacional de Experiencia Laboral (NWEP), que ofrece a los solicitantes de empleo la oportunidad de participar en una experiencia laboral real no remunerada, ganar confianza y demostrar sus competencias a posibles empleadores (304 hombres y 226 mujeres menores de 25 años accedieron al programa). La Comisión toma nota del Fondo Job Ready de Tasmania, destinado a eliminar los obstáculos al empleo para los jóvenes que buscan trabajo por primera vez, mediante ayudas de hasta 500 dólares australianos para la compra de equipos esenciales, como la acreditación de la Tarjeta Blanca, botas de trabajo, ropa de protección o herramientas. Por otra parte, el Gobierno federal también siguió aplicando el programa Youth Jobs PaTH (Prepare, Trial, Hire) (Preparar, Ensayar, Contratar), que ofrece formación (en competencias para el empleo) a 73 488 hombres y 48 812 mujeres, y prácticas mediante pasantías y subsidios salariales a 7 432 hombres y 6 609 mujeres. Reiterando sus anteriores preocupaciones, el ACTU sigue insistiendo en que el PaTH no es eficaz para insertar a los jóvenes en el mundo laboral, ya que desplazaría empleos asalariados, no alcanzaría el objetivo de lograr cualificaciones significativas y excluiría a los participantes de la protección de la legislación en materia de SST. Si bien toma debida nota de las medidas adoptadas para promover las perspectivas de empleo de los jóvenes, la Comisión toma nota de las importantes preocupaciones planteadas por el ACTU sobre los efectos de las medidas adoptadas no solo en la cantidad sino también en la calidad del empleo de los jóvenes y pide al Gobierno que responda a estas observaciones en su próxima memoria.

Mujeres. El Comité observa que la mayoría de los programas específicos a nivel federal y territorial, como Jobactive y TtW, tienen un componente femenino. Durante el periodo de aplicación de Jobactive y TtW y hasta el 30 de junio de 2021, 847 949 mujeres (41,7 por ciento del total) y 32 920 mujeres (43 por ciento del total) podrían ser colocadas en puestos de trabajo. La subvención para el cuidado de los hijos constituye la pieza central del paquete de medidas destinadas a ayudar económicamente a las familias con ingresos bajos y medios a sufragar los gastos de cuidado de los hijos, fomentando así la participación de las mujeres en el mercado laboral. Además, los subsidios salariales pagados en el marco de Jobactive, que se incrementan de 6 500 a 10 000 dólares australianos para incentivar a los empleadores a contratar, formar y retener a los solicitantes de empleo desfavorecidos, beneficiaron a 100 608 mujeres hasta junio de 2021. El Gobierno informa además, por lo que respecta a Victoria, de que la Ley de Igualdad de Género mejorará la igualdad de género en todas las organizaciones gubernamentales y del sector público y complementará la labor del Consejo Asesor sobre Igualdad de Lugares de Trabajo de Victoria para orientar y defender ante el Gobierno de Victoria y ante la industria y los empleadores de Victoria, formas prácticas y tangibles de lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres en los lugares de trabajo de Victoria. El ACTU observa que las mujeres estaban sobrerrepresentadas entre las trabajadoras con empleos precarios y mal remunerados, y asumían la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado antes de la pandemia de COVID-19, tras la cual el 21 por ciento de la mano de obra femenina (1,3 millones) perdió su empleo o está experimentando presiones sobre su capacidad para conservar un trabajo remunerado. Además, antes de la pandemia, solo el 43 por ciento de las mujeres australianas trabajaban en un empleo fijo a tiempo completo con derechos como la baja por enfermedad remunerada. Las ayudas inadecuadas para los padres que trabajan y la falta de una educación y atención de calidad y asequible en la primera infancia, así como de un permiso parental remunerado adecuado, hacían que muchas mujeres tuvieran más bien empleos a tiempo parcial. El ACTU concluye que las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres y las trabajadoras inmigrantes se enfrentan a una doble carga de discriminación e inequidad, con menos acceso a un trabajo seguro y a una remuneración justa debido tanto a su raza como a su género. La Comisión toma nota del reconocimiento de la importancia de coordinar las políticas de empleo y de protección social, en particular para contribuir a la promoción de resultados que tengan en cuenta las cuestiones de género. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a las observaciones formuladas por el ACTU y espera que en su próxima memoria el Gobierno proporcione información sobre las preocupaciones planteadas en relación con la representación excesiva de las mujeres en empleos precarios y mal remunerados. Se pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas políticas y técnicas destinadas a aumentar tanto la calidad como los niveles de empleo de las mujeres a nivel nacional.

Pueblos indígenas. La Comisión toma nota de que en 2018-2019, la tasa de empleo de los pueblos indígenas en las zonas remotas y no remotas del país fue de 36 y 52 por ciento, respectivamente, siendo la más alta en el Territorio de la Capital Australiana (61 por ciento), seguido de Tasmania (54 por ciento y Nueva Gales del Sur (54 por ciento), y la más baja en el Territorio del Norte (37 por ciento) con los hombres reportando una tasa de empleo general más alta (54 por ciento) que las mujeres (45 por ciento) —estas tasas se han mantenido estables desde 2008. La Comisión toma nota de la información actualizada del Gobierno sobre la aplicación de programas específicos a nivel federal y territorial, como Jobactive y TtW, con especial atención a las necesidades de las poblaciones indígenas. La Comisión toma nota de que en 2020, todos los Gobiernos australianos y la Coalición de Organizaciones de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres adoptaron el Acuerdo Nacional para Cerrar la Brecha, por el que se comprometen a alcanzar para 2031 cuatro prioridades clave de reforma y 16 objetivos socioeconómicos para cerrar la brecha, entre ellos aumentar la proporción de jóvenes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres (15-24 años) con empleo, educación o formación hasta el 67 por ciento y la de personas de 25-64 años con empleo hasta el 62 por ciento. Por último, el Gobierno se refiere a los Programas de Desarrollo Comunitario (PDC) ofrecidos por 46 proveedores de PDC contratados por el Gobierno australiano para prestar una serie de servicios de empleo a los solicitantes de empleo remotos, 83 por ciento de los cuales se identificaron como australianos indígenas, a través de 60 regiones de PDC. Durante el periodo comprendido entre el 1.º de julio de 2015 y el 31 de julio de 2021, el programa prestó apoyo y permitió encontrar 48 608 puestos de trabajo, de los cuales 14 926 dieron lugar a que el solicitante de empleo permaneciera en el puesto de trabajo durante al menos 26 semanas. La ACTU critica que los trabajadores del CDP no fueron clasificados como trabajadores, reciben un salario muy por debajo del mínimo y no están cubiertos por la Ley de Trabajo Justo, se ven privados de las protecciones de SST, de la indemnización de los trabajadores y de la licencia anual, por enfermedad o por cuidado de personas o cultural «Sorry Business». Además, aunque la acumulación de derechos de asistencia social es desventajosa y las sanciones por infracciones son prohibitivas, el programa no ha producido resultados significativos en materia de empleo y se considera que debe ser sustituido. La Comisión pide al Gobierno que responda a las observaciones del ACTU en relación con la menor calidad de los empleos del CDP, indicando también si los objetivos de 2031 se encuentran bien encaminados e informando sobre cualquier nueva iniciativa adoptada para aumentar las oportunidades de empleo sostenible para los pueblos indígenas en todas las regiones del país, pero en particular en las regiones donde las vulnerabilidades entre los indígenas son mayores. Además, el Comité se remite a su solicitud directa en la que aborda otras categorías de trabajadores vulnerables al déficit de trabajo decente y a la exclusión.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de las políticas de empleo. El Gobierno afirma que todos los programas específicos focalizados a nivel federal y territorial incluyeron consultas a las partes interesadas respectivas, y que el nuevo modelo de servicios de empleo fue impulsado por un grupo consultivo de expertos que incluía a representantes de los empleadores, de los proveedores y de los grupos de bienestar, así como a un economista especializado en el mercado de trabajo y a un experto en transformación empresarial. Su adopción fue precedida de amplias consultas celebradas en toda Australia con más de 1 400 empleadores, proveedores, solicitantes de empleo, organizaciones comunitarias, sindicatos, grupos de reflexión/academia, industria y Gobiernos estatales y locales. La ACTU sostiene que el Gobierno no la consultó, como representante de los trabajadores, en relación con las políticas de empleo. Si bien toma debida nota de la información proporcionada por el Gobierno en lo que respecta a los procesos de consulta con las respectivas partes interesadas en relación con medidas específicas a nivel federal y territorial, la Comisión desea subrayar que, de conformidad con el artículo 3 del Convenio, los representantes de los empleadores y de los trabajadores deben ser consultados en relación con la elaboración y aplicación de las políticas de empleo, con miras a tener plenamente en cuenta su experiencia y sus opiniones y a obtener su plena cooperación en la formulación de dichas políticas y el apoyo a las mismas. Al mismo tiempo, recuerda que la integración de mecanismos de seguimiento y evaluación completos, participativos y transparentes en la política nacional de empleo permite a todas las partes interesadas identificar los logros y los retos en la consecución de los objetivos políticos establecidos. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno proporcionar información sobre la manera en que el Gobierno asocia a los interlocutores sociales a la elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas de empleo a nivel federal y territorial.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.