Observación (CEACR) - Adopción: 2020, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Mozambique (Ratificación : 1996)

La Comisión toma nota con preocupación de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

Repetición

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación y aplicación de una política de empleo activa. La Comisión toma nota con interés de que contando con la asistencia técnica de la OIT, Mozambique adoptó una Política Nacional del Empleo (PNE) en 2016. Los principales objetivos de la PNE son: promover la creación de empleos, la iniciativa empresarial y el empleo sostenible para contribuir al desarrollo económico y social del país y al bienestar de la población. La PNE incluye entre sus objetivos fundamentales la creación de nuevos empleos (especialmente en el sector privado); la aplicación de programas que contribuyan a aumentar la productividad, la competitividad y el desarrollo del capital humano; el establecimiento de las condiciones institucionales necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, y garantizar la armonización de las políticas sectoriales así como del marco institucional para el empleo y el empleo independiente. La Comisión toma nota de la publicación del informe de la cuarta Evaluación de la Pobreza Nacional en 2016, que sitúa las tasas de pobreza nacional entre el 41 y el 45 por ciento de la población (lo que representa entre 10,5 y 11,3 millones de personas extremadamente pobres). El informe señala también que, debido a la concentración de la fuerza laboral de Mozambique en la agricultura de subsistencia y en las empresas informales con baja productividad, el país se caracteriza por un nivel elevado de vulnerabilidad individual y de los hogares, especialmente en las zonas rurales en el norte y el centro del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información completa sobre los resultados alcanzados y los problemas encontrados para lograr los objetivos fijados en la PNE, en especial sobre los resultados concretos de los programas creados para estimular el crecimiento y el desarrollo económico, mejorar los estándares de vida y trabajo, responder a las necesidades del mercado laboral y abordar el desempleo y el subempleo.

Artículo 2, a). Recopilación y utilización de la información sobre el mercado de trabajo. La Comisión toma nota del desarrollo de la Encuesta de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2014-2015. Asimismo, observa que, según la información estadística incluida en el informe sobre la política del empleo, la tasa de desempleo en 2015 fue del 25,3 por ciento. La principal fuente de empleo fue el empleo independiente (73,1 por ciento de la población económicamente activa (PEA)), mientras que el empleo asalariado representó el 20 por ciento de la PEA. Además, el 15 por ciento de la PEA fueron trabajadores familiares no remunerados (8,5 por ciento de hombres y 21 por ciento de mujeres), el 7,3 por ciento fueron trabajadores temporales y el 9 por ciento trabajadores ocasionales. La Comisión toma nota también de que la PNE aboga por el mejoramiento del sistema de información del mercado laboral del país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada, incluidos los datos estadísticos desglosados por sector económico, edad y sexo, sobre la situación actual y las tendencias relativas a la población activa, el empleo, desempleo y subempleo en todo el país.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que los objetivos fundamentales de la PNE son entre otros la promoción de la inversión para la creación de empleos para mujeres y hombres jóvenes y la incentivación de la formación profesional y la movilidad laboral de los jóvenes. Para lograr estos objetivos la PNE establece líneas de acción que promueven la iniciativa empresarial de los jóvenes mediante programas de formación, en especial en las zonas rurales, así como el aumento del acceso al crédito, la inversión en la formación de los jóvenes y el aumento del número de las prácticas de formación. El Gobierno señala que, en 2015, se celebraron a nivel nacional y provincial conferencias sobre la reglamentación de las prácticas de formación preprofesional para sensibilizar y alentar a las empresas a que se contrataran aprendices. Además, el Gobierno se refiere a la creación de programas de financiación para apoyar iniciativas empresariales desarrolladas por los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre la forma en que la aplicación de la PNE, la reglamentación sobre las prácticas de formación preprofesional y otros programas que ofrecen educación y formación profesional para los jóvenes o que respaldan la iniciativa empresarial de los jóvenes, hombres y mujeres, han aumentado el acceso de los jóvenes a un empleo pleno, productivo y sostenible.

El empleo de mujeres. La Comisión toma nota de que la PNE prevé el fortalecimiento de las iniciativas que promueven la igualdad de género en los programas de desarrollo económico y social. Entre las líneas de acción establecidas en dichas políticas cabe destacar: promover el empleo femenino, incluso en las profesiones tradicionalmente masculinas; priorizar la educación y la formación profesional con miras a promover la igualdad de oportunidades de empleo para hombres y mujeres; y eliminar la discriminación de género en el acceso al empleo. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre el resultado de las medidas específicas adoptadas y aplicadas en el marco de la PNE para promover la igualdad en el empleo y en las oportunidades de obtener ingresos para hombres y mujeres con miras a eliminar las desigualdades de género en la educación, en especial en relación con las tasas de alfabetización.

Educación y formación profesional. La Comisión pidió anteriormente al Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados en el marco de la Estrategia de Empleo y de Formación Profesional (EEFP) 2006-2015 y el Programa Integrado para la Reforma de la Formación Profesional (PIREP). Asimismo, la Comisión toma nota del informe sobre la política del empleo que el acceso a la educación secundaria está limitado y que la tasa de finalización escolar sigue siendo muy baja: del 13 por ciento. El informe añade que la pertinencia de la educación y de la formación profesional en relación con las necesidades del mercado laboral también es muy escasa. El Gobierno señala que se han acometido reformas en los ámbitos de la educación y de la formación profesional para hacer frente a estos desafíos. El Gobierno se refiere, en particular, a la adopción de la Ley sobre Educación Profesional en el marco del PIREP, que establece que la Autoridad Nacional para la Formación Profesional, cuyo consejo ejecutivo incluye a representantes de los interlocutores sociales, es el órgano responsable del Sistema de Formación Profesional. Además, se han renovado los centros de formación profesional y los institutos técnicos del país. Por último, el Gobierno señala que en 2014, en el marco de la EEFP, se crearon 2 490 672 empleos (de los cuales 464 413 fueron para mujeres) y 633 971 personas participaron en la formación (de los cuales 219 260 fueron mujeres). La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información, incluida información estadística desglosada por edad y sexo sobre el impacto de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y la formación profesional y su relación con las posibles oportunidades de empleo.

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que, antes de su adopción, la PNE fue examinada por los interlocutores sociales en el marco de la Comisión Consultiva del Trabajo en mayo de 2016. Además, la PNE establece que la Comisión Consultiva del Trabajo y el Observatorio del Desarrollo son los órganos que tienen la responsabilidad del seguimiento de la aplicación de la política de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en la promoción y aplicación de la política de empleo.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.